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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00244-02

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00244-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de 151 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”. 152 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. 153 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado 17001233300020120017601 (51034). 92 Radicado: 200012339000201600244-02 (66878) Demandante: Seguros del Estado S.A. la demanda, en virtud de las consideraciones plasmadas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la sociedad Seguros del Estado S.A., las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que determinen las eventuales responsabilidades producto de la inejecución del contrato de obra No. 022 del 16 de enero de 2014 y la pérdida del anticipo girado a la sociedad OLT Logistics S.A.S. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-39-000-2016-00244-02

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

24 de marzo de 2026

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – APELACIÓN
Radicación: 20001-23-39-000-2016-00244-02 (66878)
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE PELAYA Y OTRO

TEMAS: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Las aseguradoras
están legitimadas para incoarlo contra decisiones como los actos administrativos que se dictan
durante el iter negocial, siempre que tal reproche esté basado en una afectación derivada de ese
tipo de declaraciones. ACTO ADMINISTRATIVO – Es una declaración de voluntad unilateral, general
o particular, con efectos jurídicos directos, expedida por una entidad pública o un particular en
ejercicio de la función administrativa. – Tiene elementos de la existencia, validez y eficacia cuya
ausencia lleva a consecuencias diferenciadas, sin que puedan equivalerse entre sí.
ASEGURAMIENTO EN LOS CONTRATOS ESTATALES – persigue la protección de los recursos
públicos invertidos y de la obra o proyecto a realizar. EMPRESA ASEGURADORA O GARANTE –
Es un tercero del negocio cubierto mediante la póliza por lo que no puede reemplazar a las partes.
VARIACIÓN DEL RIESGO CUBIERTO – puede llevar a la terminación de la póliza de seguros, pero
debe acreditarse que operó y no se le dio a conocer a la garante. FACULTAD SANCIONATORIA
CONTRACTUAL DE LA LEY 1474 DE 2011 – Exige citar a la aseguradora y notificarle las decisiones
que la puedan afectar mediante audiencia. – No corresponde acudir al CPACA salvo que haya una
ausencia total de regulación sobre algún aspecto. – No es dable variar dicho procedimiento a
capricho de los interesados. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE – Requiere el
conocimiento integral del contenido de una decisión. ANTICIPO – Tiene por fin la destinación de
recursos para la correcta materialización del proyecto derivado del contrato estatal, por lo que su
desembolso suele realizarse al comienzo de la ejecución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Seguros del
Estado S.A. contra la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El municipio de Pelaya y la sociedad OLT Logistics S.A.S. suscribieron el contrato
de obra No. 022 del 16 de enero de 2014, que tuvo por objeto la construcción de
pavimentación de asfalto de la vía ubicada entre el corregimiento de San Bernardo

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

y la cabecera de la entidad territorial contratante, con un plazo inicial de seis meses
y un valor de $6.440’000.000. Frente al aludido acuerdo de voluntades la sociedad
Seguros del Estado S.A. otorgó la póliza de cumplimiento No. 2132723.

Ante la mora obligacional del contratista, y luego de convocarlo junto con la
aseguradora a audiencia sancionatoria, el 10 de julio de 2014 el municipio de Pelaya
expidió la Resolución No. 220 de 2014, a partir de la cual le impuso una multa con
el fin de exhortarlo a atender sus deberes negociales, decisión que fue confirmada
en sede de reposición por la Resolución No. 228 del 15 de julio de 2014.

Ante la persistencia del desconocimiento obligacional de la sociedad OLT Logistics
S.A.S., y tras volver a convocarlo junto con la aseguradora a una nueva audiencia
sancionatoria, el 21 de agosto de 2014 el municipio de Pelaya emitió la Resolución
No. 271 de 2014, en la cual le impuso una nueva multa, decisión que fue confirmada
en sede de reposición mediante la Resolución No. 273 del 26 de agosto de 2014.

Finalmente, y tras llamar a audiencia a OLT Logistics S.A.S. y a Seguros del Estado
S.A. el ente territorial dictó la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014, en
virtud de la cual declaró el incumplimiento definitivo del contratista, hizo efectiva
tanto la cláusula penal pecuniaria, como la póliza de cumplimiento, exhortando a la
aseguradora a pagar las multas, la pena y el anticipo girado al contratista por su uso
indebido como parte de la cobertura ofrecida, y declaró el siniestro de buen manejo
y correcta inversión del anticipo.

A juicio de Seguros del Estado S.A., los actos administrativos de multa e
incumplimiento derivados del contrato No. 022 de 2014 no le eran oponibles, porque
no se le notificaron, no se le trasladó una prueba en el curso del proceso
sancionatorio, ni se le permitió ejercer su derecho de defensa virtualmente.
Subsidiariamente consideró que, de no prosperar lo anterior, las referidas
decisiones debían anularse, ya que le vulneraron el debido proceso, sumado a lo
cual el anticipo sí se utilizó por el contratista y, además, el municipio de Pelaya
incumplió sus obligaciones, lo que tornaba en inocuo el aseguramiento ofrecido, de
ahí que presentara demanda de controversias contractuales, con el fin de que se
declarara la prosperidad de las anteriores pretensiones y se ordenara la devolución
de los saldos que pagó por cuenta de las actuaciones en comento.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 23 de mayo de 20161, la sociedad Seguros del Estado S.A. presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra
el municipio de Pelaya y, como litisconsorte, la sociedad OLT Logistics S.A.S., con
el fin de que se declarara que los actos administrativos Nos.: i) 220 del 10 de julio
de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014, ii) 271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del
26 de agosto de 2014, y iii) 355 del 22 de octubre de 2014, dictados con ocasión
del contrato No. 022 del 16 de enero de 2014, mediante los cuales se impusieron
multas, se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva tanto la cláusula penal como
la póliza de aseguramiento del negocio no produjeron efectos en su contra o,
subsidiariamente, incurrieron en vicios de legalidad, de ahí que debían anularse.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“PRETENSIONES

A.- PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERA: Que se declare que la Resolución No. 220 del 10 de julio de
2014 y su confirmatoria, Resolución No. 228 del 15 del mismo mes y año,
NO PRODUCEN EFECTOS LEGALES frente a seguros del Estado S.A.,
por cuanto ni en la parte motiva ni en la parte resolutiva de dichos Actos
Administrativos, se vinculó o dispuso que Seguros del Estado S.A. estaba
obligada a pagar el valor de la multa impuesta a la Sociedad OLT Logistics
S.A.S., por la suma de $64.400.000.

SEGUNDA: Que se declare que como consecuencia de la declaratoria de
NO PRODUCCIÓN DE EFECTOS LEGALES de las Resoluciones
anteriores (No. 220 y No. 228), Seguros del Estado S.A. no estaba ni está
obligada a realizar pago alguno al Municipio de Pelaya, derivado de las
decisiones adoptadas en dichos Actos Administrativos con cargo al
amparo de cumplimiento cubierto mediante la Póliza No. 74-44-
101054421.

TERCERA: Que como consecuencia de la declaración de NO
PRODUCCIÓN DE EFECTOS LEGALES de las Resoluciones anteriores
(No. 220 y No. 228), se ordene la devolución de los dineros que haya

1 Folios 1 a 107 del cuaderno 1.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

pagado o llegare a pagar Seguros del Estado S.A., debidamente
indexados, esto es, la suma de $64.400.000, con ocasión de la expedición
de los actos administrativos demandados, proferidos por la Alcaldesa
Encargada del Municipio de Pelaya (Cesar).

CUARTA: Que se declare que la Resolución No. 271 del 21 de agosto de
2014 y su confirmatoria, Resolución No. 273 del 26 del mismo mes y año,
mediante las cuales se declaró otro incumplimiento parcial del contrato
No. 022 de 2014, imponiéndole a la sociedad OLT Logistics S.A.S., una
multa equivalente al 9% del valor del contrato ($579.600.000), NO
PRODUCEN EFECTOS LEGALES frente a Seguros del Estado S.A., por
cuanto dichos Actos Administrativos no fueron notificados a la
Aseguradora.

QUINTA: Que se declare que como consecuencia de la declaratoria de
NO PRODUCCIÓN DE EFECTOS LEGALES de las Resoluciones
anteriores (No. 271 y No. 273), Seguros del Estado S.A. no estaba ni está
obligada a realizar pago alguno al Municipio de Pelaya, derivado de las
decisiones adoptadas en dichos Actos Administrativos con cargo al
amparo de cumplimiento cubierto mediante la Póliza No. 74-44-
101054421.

SEXTA: Que como consecuencia de la declaración de NO PRODUCCIÓN
DE EFECTOS LEGALES de las Resoluciones anteriores (No. 271 y No.
273), se ordene la devolución de los dineros que haya pagado o llegare a
pagar Seguros del Estado S.A., debidamente indexados, esto es, la suma
de $579.600.000, con ocasión de la expedición de los actos
administrativos demandados, proferidos por la Alcaldesa Encargada del
Municipio de Pelaya (Cesar).

SÉPTIMA: Que se declare que la Resolución No. 355 del 22 de octubre
de 2014, mediante la cual se declaró formalmente incumplido el Contrato
de Obra No. 022 de 2014, haciendo efectiva la totalidad de la Cláusula
Penal Pecuniaria en él pactada, equivalente a $1.288.000.000 y
declarando también el siniestro de buen manejo y correcta inversión del
anticipo, por valor de $2.459.497.826,45, NO PRODUCE EFECTOS
LEGALES frente a Seguros del Estado S.A., por cuanto dicho Acto
Administrativo no fue notificado a la Aseguradora.

OCTAVA: Que se declare que como consecuencia de la declaratoria de
NO PRODUCCIÓN DE EFECTOS LEGALES de la Resolución No. 355
del 22 de octubre de 2014, Seguros del Estado S.A. no estaba ni está
obligada a realizar pago alguno al Municipio de Pelaya, derivado de las
decisiones adoptadas en dicho Acto Administrativo con cargo a los
amparos de cumplimiento y anticipo, cubiertos mediante la Póliza No. 74-
44-101054421.

NOVENA: Que como consecuencia de la declaración de NO
PRODUCCIÓN DE EFECTOS LEGALES de la Resolución anterior, se
ordene la devolución de los dineros ya pagados por Seguros del Estado
S.A., debidamente indexados, esto es, la suma de $1.288.000.000 por
concepto de Cláusula Penal Pecuniaria; y $1.601.916.691 por concepto
de anticipo no amortizado por la Sociedad Contratista, con ocasión de la
expedición del acto administrativo demandado, proferido por la Alcaldesa
Encargada del Municipio de Pelaya (Cesar).

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

DÉCIMA: Que se condene al Municipio de Pelaya al pago de costas y
agencias en derecho, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

DÉCIMA PRIMERA: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en
los términos previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

B.- PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

En subsidio a las Pretensiones Principales, me permito proponer las
siguientes:

PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 220 del 10 de
julio de 2014, proferida por la Alcaldesa Encargada del Municipio de
Pelaya, mediante la cual declaró un incumplimiento parcial del Contrato
de Obra No. 022 de 2014 […]

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 228 del 15 de
Julio de 2014, proferida por la Alcaldesa Encargada del Municipio de
Pelaya, mediante la cual confirmó la Resolución No. 220 de 2014 […]

TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones anteriores, se declare que Seguros del Estado S.A. no
estaba ni está obligada a pagar suma alguna derivada de los actos
administrativos, Resolución No. 220 del 10 de julio de 2014, mediante la
cual se declara el incumplimiento del contrato de obra No. 022 de 2014,
suscrito entre el Municipio de Pelaya y la sociedad OLT Logistics S.A.S. y
se toman otras determinaciones y su confirmatoria, la Resolución No. 228
del 15 de julio de 2014.

CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones anteriores (No. 220 y No. 228), se ordene la devolución de
los dineros que haya pagado o llegare a pagar Seguros del Estado S.A.,
debidamente indexados, esto es, la suma de $64.400.000, con ocasión
de la expedición de los actos administrativos demandados, proferidos por
la Alcaldesa Encargada del Municipio de Pelaya (Cesar).

QUINTA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 271 del 21 de
agosto de 2014, proferida por la Alcaldesa Encargada del Municipio de
Pelaya, mediante la cual declaró otro incumplimiento parcial del Contrato
de Obra No. 022 de 2014 […]

SEXTA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 273 del 26 de
agosto de 2014, proferida por la Alcaldesa Encargada del Municipio de
Pelaya, mediante la cual confirmó la Resolución No. 271 de 2014 […]

SÉPTIMA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones anteriores, se declare que Seguros del Estado S.A. no
estaba ni está obligada a pagar suma alguna derivada de los actos
administrativos, Resolución No. 271 del 21 de agosto de 2014, mediante
la cual se declara el incumplimiento del contrato de obra No. 022 de 2014,
suscrito entre el Municipio de Pelaya y la Sociedad OLT Logistics S.A.S.
y se toman otras determinaciones y su confirmatoria, la Resolución No.
273 del 26 de agosto de 2014.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

OCTAVA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones anteriores (No. 271 y No. 273), se ordene la devolución de
los dineros que haya pagado o llegare a pagar Seguros del Estado S.A.,
debidamente indexados, esto es, la suma de $579.600.000, con ocasión
de la expedición de los actos administrativos demandados, proferidos por
la Alcaldesa Encargada del Municipio de Pelaya (Cesar).

NOVENA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 355 del 22 de
octubre de 2014, proferida por la Alcaldesa Encargada del Municipio de
Pelaya, mediante la cual declaró formalmente incumplido el Contrato de
Obra No. 022 de 2014, haciendo efectiva la totalidad de la Cláusula Penal
Pecuniaria en él pactada, equivalente a la suma de $1.288.000.000 y
declarando también el siniestro de buen manejo y correcta inversión del
anticipo, por valor de $2.459.497.826,45 […]

DÉCIMA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la
Resolución No. 355 de 2014, se declare que Seguros del Estado S.A. no
estaba ni está obligada a pagar suma alguna derivada de dicho acto
administrativo, mediante el cual se declara el incumplimiento formal del
contrato de obra No. 022 de 2014, suscrito entre el Municipio de Pelaya y
la Sociedad OLT Logistics S.A.S., se hizo efectiva la Cláusula Penal y se
declaró el siniestro de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.

DÉCIMA PRIMERA: Que como consecuencia de la declaración anterior,
se ordene la devolución de los dineros ya pagados por Seguros del Estado
S.A., debidamente indexados, esto es, la suma de $1.288.000.000 por
concepto de Cláusula Penal Pecuniaria; y $1.601.916.691 por concepto
de Anticipo no amortizado por la Sociedad Contratista, con ocasión de la
expedición del acto administrativo demandado, proferido por la Alcaldesa
Encargada del Municipio de Pelaya (Cesar).

DÉCIMA SEGUNDA: Que se condene al Municipio de Pelaya al pago de
costas y agencias en derecho, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

DÉCIMA TERCERA: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en
los términos previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante
formuló los siguientes hechos jurídicamente relevantes que, a continuación, la Sala
sintetiza:

1.3.1. Aseveró que, el 5 de septiembre de 2013, el FONADE y el municipio de
Pelaya suscribieron el contrato interadministrativo “derivado” No. 2132723, cuyo
objeto fue “ejecutar, bajo su responsabilidad, el proyecto denominado «construcción
de pavimentación en asfalto de la vía que va desde el corregimiento de San
Bernardo conduce hacia la cabecera del municipio de Pelaya – Cesar», de
conformidad con lo establecido en la ficha de estructuración definitiva y los estudios

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

y diseños suministrados por FONADE”, con un valor de $6.444’774.499 y con un
plazo de ejecución que iría hasta el 30 de junio de 2014.

1.3.2. Afirmó que, mediante la Resolución No. 008 del 16 de enero de 2014, la
alcaldía municipal de Pelaya adjudicó la licitación pública No. 005 de 2013 a la
sociedad OLT Logistics S.A.S., que persiguió la contratación de la realización de la
infraestructura del contrato interadministrativo “derivado” No. 2132723, tras lo cual,
el 17 de enero de 2014, ambos suscribieron el contrato de obra No. 022, que tuvo
por objeto la “construcción de pavimentación en asfalto de la vía que va desde el
corregimiento de San Bernardo conduce hacia la cabecera del municipio de Pelaya
Cesar”, con un plazo de 6 meses y un valor de $6.440’000.000.

A juicio de la parte actora, el objeto del contrato se dividió en la fase de
preconstrucción o verificación y la fase de obra o construcción.

1.3.3. Adujo que, el 23 de enero de 2014, Seguros del Estado S.A. expidió la póliza
de seguro No. 75-44-101054421, a efectos de garantizar el cumplimiento del
contrato de obra No. 022 de 2014 frente aspectos como el cumplimiento, el buen
manejo y correcta inversión del anticipo, los salarios y prestaciones sociales y la
estabilidad de la obra, garantía que en su criterio fue aprobada en la misma fecha.

1.3.4. Arguyó que, el 19 de febrero de 2014 se suscribió el acta de iniciación de la
etapa de preconstrucción o verificación, tras lo cual la sociedad OLT Logistics S.A.S.
suscribió otros negocios jurídicos de suministro de materiales para obra civil y de
transporte y alquiler de maquinaria y equipos.

1.3.5. Anotó que, el 5 de marzo de 2014 la interventoría y el contratista suscribieron
el acta No. 001, mediante la cual dejaron constancia del recibo y aprobación de la
terminación de la etapa de estudios y diseños del contrato No. 022 de 2014.
Seguidamente, afirmó que el 6 de marzo de 2015 se suscribió el acta de iniciación
de la etapa de construcción del proyecto.

1.3.6. Argumentó que, el 25 de mayo de 2014, el Subsecretario de Obras y
supervisor de Obras delegado del municipio de Pelaya solicitó a la alcaldesa de la
entidad territorial iniciar el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento del

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

contrato y, eventualmente, la declaratoria del siniestro, ante la desatención de varias
de las obligaciones a cargo del contratista. Como consecuencia, aseveró que, el 8
de julio de 2014, la interventoría exhortó a OLT Logistics S.A.S. a cumplir las
obligaciones del contrato, entre ellas, la entrega de planos de obras firmados.

1.3.7. Consideró que, el 10 de julio de 2014, se llevó a cabo la audiencia pública de
declaratoria de incumplimiento parcial del contrato de obra No. 022 de 2014 y, en el
curso de aquella, afirmó que se expidió la Resolución No. 220 del 10 de julio de
2014, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial del acuerdo de
voluntades, se impuso una multa equivalente al 1% de su valor, a saber,
$64’000.000 y se ordenó descontar dicha suma del valor de liquidación del contrato.

1.3.8. Precisó que contra la anterior decisión Seguros del Estado interpuso recurso
de reposición, por considerar que “se había sancionado a la sociedad contratista sin
haberla escuchado”, por no haber estado presente en la audiencia sancionatoria,
reproche que a su juicio fue deprecado desfavorablemente mediante la Resolución
No. 228 del 15 de julio de 2014.

1.3.9. Indicó que, mediante la comunicación No. CSC-PC-1103-027-2014 del 29 de
julio de 2014, el interventor le informó al contratista que las obras objeto del contrato
se encontraban abandonadas desde el 21 de julio de 2014, presentando el proyecto
un atraso del 49,48%. A su turno, aseveró que el 12 de agosto de 2014 la
interventoría reiteró la circunstancia en comento, indicando que el retraso era del
59,12% y, el 20 de agosto de 2010, pasó a señalar que la desatención obligacional
se incrementó a un 59,55%.

1.3.10. Manifestó que el 21 de agosto de 2014, el municipio de Pelaya realizó una
nueva audiencia de cumplimiento, mediante la cual dictó la Resolución No. 271,
por medio de la cual declaró el incumplimiento parcial del contrato de obra 022 de
2014 e impuso una nueva multa al contratista. Al efecto, adujo que también se dejó
constancia de que “el garante fue citado en debida forma y que no se presentó a la
diligencia”, aunque afirmó que había pedido el aplazamiento de la misma.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

1.3.11. Apuntó que, el 26 de agosto de 2014, se reanudó la audiencia del 21 de
agosto de la misma anualidad, y se profirió la Resolución No. 273, mediante la cual
se negó el recurso de reposición incoado.

1.3.12. Expresó que, el 26 de agosto de 2014, la interventoría le volvió a advertir al
contratista su preocupación por el hecho de que las obras se encontraban
abandonadas desde el 21 de julio de 2014, presentando un atraso del 59,99% y, en
su consideración, para el 1° de septiembre el desconocimiento obligacional ya era
del 63,25% y para el 23 de septiembre siguiente ascendió al 94,12%.

1.3.13. Destacó que, el 16 de octubre de 2014, el municipio de Pelaya dio inicio a
otra audiencia sancionatoria, que fue suspendida para practicar una prueba
solicitada por Seguros del Estado S.A., que a su juicio no se trasladó, lo que la llevó
a solicitar un nuevo aplazamiento, que fue denegado con apoyo en que no era
necesario hacer un traslado virtual de la prueba practicada.

1.3.14. Consideró que, el 22 de octubre de 2014, el municipio de Pelaya realizó la
audiencia de incumplimiento, y emitió la Resolución No. 355, “por medio del cual
declaró el incumplimiento del contrato de obra 022 de 2014”; hizo efectiva la
cláusula penal y se ordenó su pago “con cargo a la garantía de cumplimiento”
expedida por Seguros del Estado S.A.; así como declaró el siniestro de buen manejo
y correcta inversión del anticipo.

1.3.15. Subrayó que, mediante comunicación del 10 de noviembre de 2014, el
municipio de Pelaya solicitó a Seguros del Estado S.A. el pago de las dos multas,
la cláusula penal impuestas, y el anticipo asegurado.

1.3.16. Aseguró que, el 27 de febrero de 2015, Seguros del Estado S.A. informó al
municipio de Pelaya haber cancelado las sumas atinentes a la cláusula penal
pecuniaria y los amparos de cumplimiento y buen manejo del anticipo.

1.3.17. Adujo que, el 8 de mayo de 2015, el municipio de Pelaya le remitió a Seguros
del Estado S.A. “copia del acta de liquidación del contrato de obra 022 de 2014”, sin
que a su juicio estuviera firmada por el contratista.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

1.3.18. Indicó que, en octubre de 2015, Seguros del Estado S.A. presentó demanda
ejecutiva contra las sociedades OLT Logistics S.A.S. y OLT Construcciones S.A.S.
por la suma de $4.300’000.000 más intereses moratorios y, el 11 de diciembre de
2015, el Juzgado 13 Civil del Circuito Oral de Barranquilla libró mandamiento de
pago a su favor.

1.4. Como fundamentos jurídicos de la demanda, la parte demandante expuso
que el extremo pasivo de la litis infringió los artículos 6, 29, 83 y 121 de la
Constitución; 1568, 1596, 1602, 1603 y 1609 del Código Civil; 834, 835, 867, 1045,
1055, 1060 y 1077 del Código de Comercio; y 3, 40, 66, 72 y 86 del CPACA. Al
punto, aseveró que también se desconocieron los numerales 4.5.2., 4.5.3., y 4.6.
del pliego de condiciones y las cláusulas segunda, tercera, sexta, décima tercera,
décima cuarta y décima sexta del contrato de obra No. 022 de 2014.

En general, consideró que los actos administrativos cuestionados no produjeron
efectos jurídicos y/o debían anularse pues frente a algunos no se incluyó a Seguros
del Estado S.A. en las determinaciones, mientras que los otros no fueron notificados
en debida forma, sin perjuicio de lo cual pagó algunas de las sumas allí contenidas
“para no hacer más complicada y onerosa su situación”.

1.4.1. En cuanto a las Resoluciones Nos. 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del
15 de julio de 2014, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del
contrato No. 022 de 2014 y se impuso una multa, reprochó que aquellas no le
impusieron ninguna obligación a Seguros del Estado S.A. en la parte motiva o
resolutiva y, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, le
correspondía al municipio de Pelaya no solo demostrar frente a Seguros del Estado
S.A. la ocurrencia del siniestro y su cuantía, sino incluir a la aseguradora en el acto
administrativo para que asumiera tal aspecto, nada de lo cual se hizo, de suerte
que, a su juicio, debía declararse que dichas decisiones no surtieron efectos legales
frente a la aseguradora.

Subsidiariamente sostuvo que, de no prosperar el reconocimiento de ineficacia de
los actos administrativos, aquellos debían entonces anularse por una violación
directa de la ley y del debido proceso -incluyendo los derechos de audiencia y de
defensa-, al haberse negado la entidad territorial a aplazar la diligencia

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

sancionatoria sin justificación, así como por falsa motivación, por ser decisiones
“oscuras u adolecen de falta de claridad”, ya que se incurrió en contradicciones
respecto de la fecha de la comunicación de los hechos al contratista para citarlo a
la diligencia sancionatoria.

1.4.2. Respecto a las Resoluciones Nos 271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del
26 de agosto de 2014, en virtud de las cuales se declaró el incumplimiento parcial
del contrato No. 022 de 2014 y se impuso una multa al contratista por el 9% del
valor del acuerdo de voluntades, cuestionó que aquellas no le fueron notificadas a
la aseguradora, en contravía del CPACA, lo que llevó a que Seguros del Estado
S.A. no estuviera presente en las audiencias donde se emitieron, de ahí que no
podían surtir efectos frente a aquella, al no cumplirse los elementos para su eficacia.

Al efecto, afirmó que solicitó el aplazamiento de las audiencias donde se profirieron
las resoluciones enjuiciadas y, con todo, el municipio de Pelaya las realizó, lo que a
su juicio implicó que no conociera adecuadamente las decisiones en estrados, ni
personalmente, ni a partir de otro medio de los señalados en los artículos 3, 66 y 72
del CPACA y 86 de la Ley 1474 de 2011, por lo que devinieron en ineficaces
respecto a Seguros del Estado S.A.

De otro lado, indicó que, de no accederse al reconocimiento de ineficacia de los
actos demandados, subsidiariamente estos debían anularse, considerando que
incurrieron en un desconocimiento del debido proceso -y los derechos de audiencia
y de defensa-, así como las normas superiores, por haberse negado
injustificadamente el aplazamiento de las audiencias en la cual se profirieron las
decisiones en cuestión aun cuando se estaba a la espera de contar con la presencia
de expertos en ingeniería, entre otros pendientes y bajo el argumento errado de que
quería evitar perder la facultad sancionatoria con la finalización del plazo negocial,
pues aún faltaba tiempo para que este feneciera.

A su turno, manifestó que, aunque estuvo presente en el momento de la expedición
de la Resolución No. 273 del 26 de agosto de 2014, no le permitieron participar
“aduciendo que el objeto de dicha audiencia era únicamente resolver el recurso de
reposición presentado por la sociedad OLT Logistics S.A.S. contra la Resolución
No. 271”

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

1.4.3. Frente a la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014, a partir de la
cual se declaró “formalmente incumplido” el contrato de obra No. 022 de 2014,
haciéndose efectiva la cláusula penal pecuniaria y declarándose la ocurrencia del
siniestro, reprochó que aquella no fue notificada a la aseguradora, en contravía de
los artículos 3, 66 y 72 del CPACA, así como del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

En desarrollo de lo anterior, estimó que al igual que con las resoluciones anteriores,
la audiencia de incumplimiento en virtud de la cual se dictó el acto administrativo en
cuestión fue llevada a cabo sin la presencia de la apoderada de Seguros del Estado
S.A. “por razones debidamente justificadas” que, en todo caso, no fueron aceptadas
por el municipio de Pelaya, “por lo que se concluye que la Resolución No. 355 de
2014 no fue notificada en estrados a la aseguradora”, de ahí que sea ineficaz.

Subsidiariamente solicitó la nulidad de la Resolución No. 355 del 22 de octubre de
2014, con apoyo en que la negativa en aplazarse la audiencia sancionatoria en
virtud de la cual se dictó la decisión o en escucharse por medio digital a la
aseguradora, así como por el rechazo al traslado de una prueba en favor de la
aseguradora violó el debido proceso, los artículos 40 y 86 del CPACA.

Dentro del cargo subsidiario también indicó que el acto administrativo en comento
debía anularse por no proceder la devolución del anticipo no amortizado por la suma
de $2.459’497.826,45, por cuanto la contratista invirtió el anticipo en la ejecución
negocial en compra de materiales -$1.463’712.514- y en transporte y alquiler de
maquinaria -$731’856.257-, de ahí que habiendo inversión del anticipo no había
lugar a afectar la póliza de cumplimiento.

A su vez, en forma subsidiaria alegó que la Resolución No. 355 del 22 de octubre
de 2014 debía anularse por una violación directa de la ley, “por alteración del estado
del riesgo”, debido a que, a su juicio, las condiciones aseguradas se vieron alteradas
por el propio actuar del municipio de Pelaya, por haber incumplido el contrato debido
a: i) haber entregado el anticipo sin haberse suscrito el acta de inicio de la fase II
del contrato -etapa de construcción-; ii) haber entregado el anticipo sin autorización
del interventor; y iii) haber realizado un tercer giro del anticipo sin autorización del

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

interventor, “actos que conducen a la terminación del contrato de seguro
instrumentado en la póliza No. 75-44-101054421”.

Finalmente, de forma subsidiaria pidió la nulidad del acto administrativo en mención
por una falsa motivación y violación directa de la ley, porque a su criterio los pagos
efectuados a la contratista se constituyeron en culpa grave y actos meramente
potestativos del contratante, siendo por tanto inasegurables, con base en las
mismas circunstancias de incumplimiento expuestas en el párrafo anterior.

1.4.4. En relación con todos los actos administrativos impugnados, argumentó
que incurrieron en una violación directa de la ley, por cuanto la Administración no
podía sancionar al contratista, pues, simplemente, fue el municipio de Pelaya quien
desatendió el contrato gravemente, lo que habilitaba a la aplicación de la figura de
excepción de contrato no cumplido. En particular se resaltaron como desatenciones
de la entidad territorial las siguientes:

i) Entrega del anticipo sin haberse suscrito el acta de inicio de la fase II del
contrato (etapa de construcción), lo cual a su juicio era imperativo cumplir
según el numeral 4.5.2. del pliego de condiciones y, pese a ello, los tres
giros del anticipo se hicieron antes del 5 de mayo de 2014, cuando se
firmó el documento en comento.

ii) Entrega del anticipo sin autorización del interventor, requisito necesario
de agotar según los numerales 4.5.3. y 4.6. del pliego de condiciones y
de las cláusulas tercera y sexta del contrato No. 022 de 2014 y que no se
satisfizo.

iii) Realización de un tercer giro de anticipo sin autorización del interventor,
transgrediendo los numerales 4.5.3. y 4.6. del pliego de condiciones y
partiendo de la base de que la interventoría había autorizado los dos
primeros giros del anticipo, pero no el tercero, de ahí que, al haberse
incumplido el acuerdo de voluntades por el municipio de Pelaya, ello
excusaba al contratista de cumplir sus obligaciones.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

Precisados los anteriores incumplimientos del municipio de Pelaya que, a juicio de
Seguros del Estado S.A. se configuraron, la demandante consideró que dicha
circunstancia relevaba a la entidad territorial a declarar el incumplimiento, en los
términos del artículo 1609 del Código Civil, por haber un “incumplimiento bilateral
de las obligaciones de contratante y contratista”, así como debió esperar a la
liquidación del acuerdo de voluntades para cobrar el siniestro.

1.5. Entretanto, la cuantía se estimó en la suma de $4.391’497.826,45 por concepto
de las erogaciones impuestas a la aseguradora mediante los actos administrativos
cuestionados.

1.6. Por último, se concluyó que la demanda fue presentada en tiempo, por
considerar que no han acaecido más de 2 años desde que tales decisiones fueron
expedidas.

2. Admisión de la demanda, etapa de contestación y traslado de excepciones

2.1. El 9 de junio de 20162, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda
por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada.

2.2. El municipio de Pelaya contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones3,
por considerar que los actos administrativos dictados con ocasión del contrato de
obra No. 022 del 16 de enero de 2014 y cuestionados por Seguros del Estado S.A.
se ajustaron a derecho y, en concreto, se emitieron como producto del
incumplimiento de la sociedad OLT Logistics S.A.S., sin que correlativamente la
entidad territorial hubiera desatendido sus obligaciones. Como consecuencia
formuló las excepciones de pleito pendiente, falta de legitimación en la causa por
activa, legalidad de los actos administrativos demandados, inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido y la “innominada o ecuménica”.

2.2.1. Frente a la excepción de pleito pendiente puso de presente que por la vía
ejecutiva judicial civil se pretende lo mismo que en esta contienda, en el sentido de

2 Folios 121 a 122 del cuaderno 1.
3 Folios 193 a 208 del cuaderno 1.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
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buscar que la sociedad OLT Logistics S.A.S. o el municipio de Pelaya le devuelvan
el dinero pagado producto del aseguramiento.

2.2.2. En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
consideró que aquella se configuró, pues la aseguradora no fue el sujeto pasivo de
los actos administrativos cuestionados, sino un simple tercero garante de las
obligaciones de sociedad OLT Logistics S.A.S., de ahí que “no está legitimada para
demandar los actos administrativos”, aunque en todo caso se le haya garantizado
el debido proceso durante la actuación administrativa “con el fin de salvaguardar
sus derechos”.

2.2.3. En relación con la excepción de legalidad de los actos administrativos
demandados, expuso que desde el comienzo de la ejecución del contrato “ya se
evidenciaba el mal manejo de los recursos públicos y la falta de compromiso del
contratista para la culminación de la obra”, que llevó a la configuración de sendos
incumplimientos atribuibles a la sociedad OLT Logistics S.A.S., lo que a la postre
generó que ninguna etapa del contrato fuera recibida a satisfacción por parte del
Municipio, la interventoría y la supervisión del contrato.

Entretanto, adujo que a la aseguradora no se le transgredió el debido proceso, ni
los derechos de contradicción y defensa, pues: i) aquella fue convocada en debida
forma e intervino en los procedimientos sancionatorios a través de su apoderada,
conociendo los avances de obra y sus retrasos y participando activamente en el iter
negocial; ii) si no se aplazaron las diligencias a efectuar fue por la gravedad de las
conductas omisivas del contratista y, en cualquier caso, no existía una obligación
de utilizar canales digitales; iii) a la demandante se le dio la oportunidad de
controvertir la prueba practicada durante el procedimiento sancionatorio en el mismo
acto de su recaudo, sin que existiera una etapa de correr traslado al dictamen; y iv)
se le notificaron los actos administrativos que ahora cuestiona.

A su turno advirtió que la apoderada de la sociedad aseguradora “trató de dilatar y
hacer incurrir en error a los funcionarios de la administración municipal con el fin de
beneficiar a su cliente y con ello alinear su estrategia para efectos de demandar los
actos administrativos expedidos”.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

2.2.4. Finalmente, en lo que concierne a las excepciones de inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido, argumentó que, al no existir ilegalidad de los
actos administrativos demandado no nació el derecho de cancelar y/o devolver a la
aseguradora los dineros que en virtud del contrato de seguro pagó por la ocurrencia
de los siniestros frente a los cuales ofreció cobertura.

2.3. La sociedad OLT Logistics S.A.S. se abstuvo de contestar la demanda.

2.4. La sociedad Seguros del Estado S.A. descorrió las excepciones y pidió que
fueran desestimadas así: i) frente a la excepción de pleito pendiente adujo que puso
en conocimiento del tribunal la existencia del proceso ejecutivo ordinario donde pidió
la ejecución de las obligaciones en cabeza de OLT Logistics S.A.S. y que, en todo
caso, no ha logrado pago alguno por esa vía, de ahí que pidiera el retiro de la
demanda y; ii) en cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva aseveró que frente a lo dispuesto en los actos administrativos cuestionados
“se hizo surtir efectos respecto de Seguros del Estado S.A.”, de ahí que fuera
procedente impugnarlos como en efecto lo hizo4.

3. Trámite de primera instancia

3.1. El 29 de noviembre de 20175 el Tribunal Administrativo del Cesar llevó a cabo
la audiencia inicial, en la que no encontró vicio alguno que debiera ser objeto de
saneamiento. Seguidamente se resolvieron las excepciones previas, en el sentido
de declarar imprósperas: i) la excepción de pleito pendiente, pues el proceso
ejecutivo impulsado por Seguros del Estado S.A. se terminó por desistimiento tácito
y; ii) la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la
aseguradora “fue sujeto pasivo de los actos administrativos cuestionados”.

Posteriormente se fijó el litigio, en el sentido de determinar si: i) resultan oponibles
a la sociedad Seguros del Estado S.A. los actos administrativos expedidos en virtud
del proceso en el cual se declaró el siniestro por el incumplimiento de las
obligaciones a cargo de la sociedad OLT Logistics S.A.S., y si como consecuencia

4 Folios 986 a 991 del cuaderno 4.
5 Folios 1.023 a 1.032 del cuaderno 5.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
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de ello hay lugar a ordenar la devolución de las sumas de dinero que se hayan
pagado en virtud de los actos cuestionados; y si ii) subsidiariamente, hay lugar a
anular los actos administrativos acusados por ser contrarios a la ley y,
subsiguientemente, a ordenar el retorno de las erogaciones pagadas al respecto.

Finalmente, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes
y se hicieron varios requerimientos para que se allegaran archivos adicionales.

3.2. El 20 de septiembre de 20186 el a quo realizó la audiencia de pruebas, en la
que se incorporaron varias documentales allegadas como producto de los oficios
realizados en la audiencia inicial y se suspendió la diligencia a la espera del aporte
de otras faltantes. El 13 de diciembre de 20187 se reanudó la etapa probatoria,
donde se excluyeron varias aportadas por Seguros del Estado por extemporáneas
y “nuevas”, así como se agregaron al plenario los archivos que faltaban.

3.3. Vencido el término probatorio, el Tribunal corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para presentar concepto8.

3.3.1. La sociedad Seguros del Estado S.A. ratificó lo pretendido en su escrito inicial
en idénticos términos a la demanda -se transcribió la totalidad de argumentos del
escrito inicial-, y entre otros afirmó que: i) los planos en físico a cargo de la sociedad
OLT Logistics S.A.S. sí fueron entregados tras ser aprobados por la interventoría,
ii) no existen contradicciones frente a los hechos en torno a la asistencia o no de la
aseguradora a las diligencias mediante las cuales se dictaron los actos
administrativos y, entre otros, se demostró que aquella no pudo asistir por causas
imputables al municipio de Pelaya; y iii) se le vulneró el debido proceso al no
permitírsele aplazar las audiencias de incumplimiento y por no trasladársele la
prueba practicada en sede sancionatoria9.

3.3.2. El municipio de Pelaya reiteró que los actos administrativos cuestionados por
Seguros del Estado, dictados a partir del contrato No. 022 de 2014, garantizaron el

6 Folios 1.293 a 1.301 del cuaderno 5.
7 Folios 1.516 a 1.519 del cuaderno 7.
8 Folio 1.518 del cuaderno 7.
9 Folios 1.528 a 1.624 del cuaderno 7.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

debido proceso de esa aseguradora, quien participó activamente en las diligencias
que, como garante del acuerdo de voluntades, eran de su interés. Al punto, precisó
que la diligencia de práctica de prueba en el procedimiento sancionatorio se aplazó
inicialmente por la inasistencia injustificada de la garante, por lo que no podía ahora
excusarse en su propio dolo para alegar vulneración alguna. Igualmente, detalló que
las justificaciones de inasistencia de la aquí demandante revelan que sí fue
convocada a las audiencias que manifestó no conocer. Por último, advirtió que al
procedimiento de la Ley 1474 de 2011 no le aplicaba el CPACA10.

3.3.3. El Ministerio Público y la sociedad OLT Logistics S.A.S. guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 16 de julio de 202011, el Tribunal Administrativo del Cesar
negó las pretensiones de la demanda, por considerar que los actos administrativos
dictados con ocasión de la ejecución del contrato No. 022 de 2014 se ajustaron a
derecho, porque se le garantizó debidamente el debido proceso a Seguros del
Estado S.A. y, en cuanto a los cargos subsidiarios, no se demostró ningún
incumplimiento del municipio de Pelaya, ni que su actuar hubiera causado la
negligencia obligacional de la sociedad OLT Logistics S.A.S.

Frente a la declaratoria de ineficacia de los actos administrativos, el a quo
argumentó que, contrario a lo señalado por la demandante, el municipio de Pelaya
adelantó adecuadamente los trámites contemplados para imponer las multas,
declarar el incumplimiento y hacer efectiva la póliza de seguro suscrita con ocasión
del contrato No. 022 de 2014, con el entero conocimiento de la aseguradora, ya que:
i) esta fue vinculada expresamente en los procedimientos sancionatorios
contractuales y participó activamente para ejercer la defensa sobre sus intereses; y
ii) aunque presentó algunas solicitudes de aplazamiento, no era obligatorio para la
entidad aceptarlas, máxime si se tiene en cuenta que las diligencias se anunciaron
con antelación y se requerían medidas correctivas urgentes.

10 Folios 1.521 a 1.527 del cuaderno 7.
11 Páginas 184 a 233 del cuaderno 7.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

A su turno anotó que, considerando que la liquidación del contrato es un corte de
cuentas de la relación negocial, la Administración estaba plenamente habilitada para
incluir en dicho balance los saldos que el contratista le adeudaba por concepto de
las sanciones previamente impuestas.

De otro lado, desestimadas las pretensiones principales, pasó a estudiar el supuesto
incumplimiento del municipio de Pelaya como argumento para la nulidad de los
actos administrativos enjuiciados, encontrando que aquel “adelantó el proceso
contractual, y avaló el pago de los recursos que fueron girados con ocasión del
contrato No. 022 de 2014, de acuerdo a lo pactado en el mismo”, lo cual fue
reafirmado por la interventoría, que dio visto bueno a los presupuestos exigidos para
efectuar los giros de recursos en el iter contractual, sin que, entonces, existan
pruebas de actuaciones irregulares o negligentes atribuibles al ente territorial.

Por el contrario, anotó que el contratista desconoció el contenido obligacional del
acuerdo de voluntades, razón por la cual se hizo exigible la garantía que se había
otorgado por la entidad aseguradora, siendo “el instrumento más efectivo para
salvaguardar los intereses de carácter general, garantizar el cumplimiento del objeto
contractual, así como proteger el patrimonio público de los detrimentos que se
causaron con ocasión de los incumplimientos en que incurrió el contratista”.

Bajo el anterior contexto, el Tribunal Administrativo del Cesar concluyó que ninguna
de las pretensiones incoadas contra los actos administrativos dictados con ocasión
del contrato No. 022 de 2014 tenían la vocación de prosperar, pues dichas
decisiones se dictaron de forma armónica con el ordenamiento jurídico y fueron
producto de la garantía del debido proceso respecto a Seguros del Estado S.A.

5. Recurso de apelación

El 5 de agosto de 202012, la sociedad Seguros del Estado S.A. presentó recurso de
apelación, que fue concedido el 27 de agosto de 202013 y admitido el 14 de mayo
de 202114. En su escrito, la parte recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y,

12 Archivos 22 y 23 del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
13 Archivo 40 del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
14 Índice 5 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que,
contrario a lo concluido por el a quo, los actos administrativos proferidos en virtud
del contrato No. 022 de 2014 se emitieron en desconocimiento del debido proceso
de Seguros del Estado S.A., por lo que le resultaban inoponibles, aunado a lo cual,
de no accederse a ello, adolecieron de sendos vicios de legalidad que debían llevar
a su anulación.

Previo a efectuar los reproches, la parte apelante retrató -a modo de antecedente-
las causales con base en las cuales se sustentaron las pretensiones principales de
la demanda, así como los principales argumentos del a quo para denegar sus
pretensiones. En el mismo sentido, procedió a transcribir in extenso “cada uno de
los argumentos contenidos en los alegatos de conclusión”.

De otro lado, formuló los reparos de la alzada, para lo cual esbozó los cargos que
a continuación la Sala reseña:

5.1. Respecto al primer cargo de apelación, denominado “sobre la no producción de
efectos legales de las Resoluciones demandadas frente a Seguros del Estado S.A.”
manifestó que el a quo se restringió a señalar que el municipio de Pelaya adelantó
los trámites legales para imponer las multas, declarar el incumplimiento y hacer
efectiva la póliza de seguro, sobre la base de que estos fueron puestos de presente
a la aseguradora en debida forma, y que el hecho de que aquella hubiera solicitado
el aplazamiento de las audiencias no implicaba que tuviera que accederse a las
mismas, sin más, lo que a su juicio denotó una “total falta de motivación de la
sentencia”, pues las afirmaciones explicadas no se fundamentaron con la realidad
fáctica del caso, y se limitaron a ser juicios de valor carentes de argumentación.

5.2. Frente al segundo cargo de apelación, denominado “sobre la declaratoria de
nulidad de las resoluciones demandadas”, consideró que el tribunal no estudió de
manera pormenorizada y detallada los planteamientos formulados por la parte
actora frente a cada uno de los actos administrativos enjuiciados, sino que se limitó
a señalar que el municipio de Pelaya cumplió con el contrato y, en particular, con el
pago de recursos girados al contratista, sin analizar aspectos como la transgresión
del debido proceso por la negativa en aplazar las audiencias sancionatorias, los

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
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supuestos incumplimientos del municipio de Pelaya y el argumento según el cual sí
se utilizaron los dineros del anticipo.

5.3. En virtud de lo anterior, la apelante advirtió que el Tribunal Administrativo del
Cesar debió analizar cada cargo por separado e individualmente frente a todos los
actos administrativos enjuiciados “con fundamento en el examen crítico de las
pruebas que obraban en el expediente”. Como consecuencia, pidió que esta
Corporación estudiara en segunda instancia:

i) Si las Resoluciones Nos. 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio
de 2014 eran inoponibles y/o ilegales por el hecho de no haber incluido a
Seguros del Estado S.A. en la parte resolutiva, por negar el aplazamiento
de la audiencia donde se dictaron y por ser poco claras;

ii) Si las Resoluciones Nos. 271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26 de
agosto de 2014 eran inoponibles y/o ilegales por no haberle sido
notificadas a la aseguradora, lo que llevó a que no pudiera asistir a las
audiencias sancionatorias en que se dictaron, por la negativa al
aplazamiento de esas diligencias, y por considerarse que no se le permitió
intervenir en dicha etapa.

iii) Si la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014 era inoponible y/o
ilegal por no habérsele notificado y por: i) negarse el aplazamiento de la
audiencia en la que se dictó la decisión, ii) desestimarse la posibilidad de
escuchar virtualmente a la aseguradora y iii) no trasladarse una prueba
en favor de aquella; y por no proceder la devolución del anticipo no
amortizado por haber sido invertido.

iv) Si todos los actos administrativos son ilegales, ya que el municipio
desatendió el contrato en cuanto a: i) la entrega del anticipo sin suscribirse
el acta de inicio de la fase II del contrato y sin autorización del interventor,
ii) la realización de un tercer giro de anticipo sin el visto bueno del
interventor, lo cual justifica la excepción de contrato no cumplido y iii) si
se debió esperar a la liquidación del contrato para cobrar el siniestro.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

6. Actuación en segunda instancia

Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, rindiera
concepto15.

6.1. La sociedad Seguros del Estado S.A. reiteró y transcribió -en idénticos
términos- los argumentos esbozados en la demanda y en los alegatos de conclusión
de primera instancia, transcribiendo literalmente y con el mismo alcance los
reproches allí contenidos. Dentro de ello reafirmó que, a su juicio, la sentencia
recurrida fue carente de motivación y se limitó a hacer simples conjeturas o
afirmaciones desprovistas de fundamento y sin sustento probatorio16.

6.2. El municipio de Pelaya, la sociedad OLT Logistics S.A.S. y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta instancia.

III. CUESTIÓN PRELIMINAR

Mediante memorial allegado el 1º de diciembre de 2025 y reiterado el 18 de marzo
de 202617, el apoderado de Seguros del Estado solicitó fijar fecha y hora para llevar
a cabo una audiencia de conciliación judicial dentro del proceso de la referencia. Lo
anterior, con fundamento en lo que denominó un “preacuerdo” que, no obstante, no
aparece signado y/o avalado por el municipio de Pelaya18.

De conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 2220 de 2022 -
Estatuto de Conciliación-, que derogó el artículo 104 de la Ley 446 de 1998 y la Ley
640 de 200119, “En cualquier estado del proceso el juez o magistrado podrá autorizar

15 Índice 9 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
16 Índice 13 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
17 Índices 62 y 64 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
18 En efecto, los documentos allegados por el apoderado de Seguros del Estado no fueron suscritos

por el Municipio o su representante, ni tampoco dan cuenta de la aquiescencia del ente territorial.
19 En específico, la Ley 2220 de 2022 derogó las disposiciones de las Leyes 640 de 2001 y 446 de

1998 que en su momento instituyeron la posibilidad de convocar a una audiencia de conciliación
judicial en cualquier estado del proceso, para pasar a consagrar la “fórmula de arreglo” a cargo del
Ministerio Público. “Artículo 131. Fórmulas de arreglo. En cualquier estado del proceso el juez o
magistrado podrá autorizar al Ministerio Público para que realice labores de avenimiento entre las
partes, con el fin de estructurar fórmulas de arreglo que serán sometidas a su posterior
consideración”.

22

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

al Ministerio Público para que realice labores de avenimiento entre las partes, con
el fin de estructurar fórmulas de arreglo que serán sometidas a su posterior
consideración”.

Bajo el anterior contexto normativo -vigente al momento de la presentación de la
solicitud referida-, y sin perjuicio de la etapa de conciliación prevista para la
audiencia inicial -numeral 8 del artículo 180 del CPACA20-, así como de la posibilidad
de conciliar cuando existan fallos condenatorios contra el Estado en primera
instancia -artículo 192 ibidem21-, es claro que, a partir de la expedición de la Ley
2220 de 2022, en lo que respecta a la conciliación judicial en asuntos contencioso-
administrativos, particularmente en relación con la posibilidad de conciliar en
segunda instancia, el legislador consagró la denominada “fórmula de arreglo”. En
virtud de esta figura, y según lo estime el juez o magistrado, se “podrá” autorizar al
Ministerio Público para que adelante gestiones orientadas a promover acuerdos
entre las partes, con el propósito de alcanzar fórmulas de arreglo que,
posteriormente, sean sometidas a consideración de la autoridad judicial respectiva.

En este orden de ideas, y tomando como punto de partida la decisión que respecto
del caso sometido a juicio habrá de adoptar la Sala de Subsección en la parte
resolutiva de esta providencia, en el asunto sub-lite y con ocasión de la solicitud
allegada por la parte demandante no se estima procedente habilitar la intervención
del Ministerio Público para adelantar gestiones orientadas a promover fórmulas de
arreglo entre las partes.

Lo anterior obedece a que, dadas las especificidades del caso, la naturaleza de los
asuntos sometidos a consideración y la decisión que sobre el particular se dictará

20 Como se verá más adelante, al presente asunto le aplica el CPACA sin las modificaciones de la

Ley 2080 de 2021, pues la demanda y la apelación se presentaron previo a tal disposición jurídica.
“Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención
según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las
siguientes reglas: […] 8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá
invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo,
sin que ello signifique prejuzgamiento […]”.
21 “Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas […]

4. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga
el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá
celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será
obligatoria. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso […]”. Actualmente,
la figura de la conciliación cuando se emite una sentencia condenatoria por el Estado puede ser
encontrada en el artículo 247 del CPACA, reformado por la Ley 2080 de 2021.

23

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

en esta providencia, no se advierte un escenario que justifique acudir a la labor de
advenimiento prevista en el Estatuto de Conciliación, máxime si se tiene en cuenta
que la solicitud presentada para fijar fecha y hora de la audiencia de conciliación
provino únicamente de la parte demandante, y que el preacuerdo allí mencionado
no aparece suscrito por el municipio de Pelaya, por lo que de igual forma no se
advierte una concurrencia de voluntades que en el presente caso habilite la
intervención del Ministerio Público.

Así las cosas, al no ser procedente acudir a la figura de advenimiento consagrada
en el Estatuto de Conciliación, la Sala entrará a proferir decisión de fondo.

IV. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) procedencia del medio de control, (3)
oportunidad del medio de control, (4) legitimación en la causa, (5) problemas
jurídicos, (6) solución a los problemas jurídicos y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10422 del CPACA, pues los actos
administrativos Nos.: i) 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014, ii)
271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014, y iii) 355 del 22 de
octubre de 2014, dictados con ocasión del contrato No. 022 del 16 de enero de

22 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación

de la demanda y del recurso de apelación -23 de mayo de 2016 y 5 de agosto de 2020- es decir, la
Ley 1437 de 2011 -CPACA-, sin incluir las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 -pues dicha norma
aún no se encontraba vigente- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos no contemplados en
el primero, por virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer estatuto procesal. //
“Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá de los siguientes
procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte
una entidad pública […]”.

24

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

201423, fueron proferidos por el municipio de Pelaya, en tanto entidad territorial del
orden municipal24.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, de conformidad con el artículo 15025 y el numeral 5 del artículo 15226 del
CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que
la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera 500
SMLMV27.

2. Procedencia del medio de control

En virtud de lo previsto en el artículo 14128 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su

23 El contrato No. 022 del 16 de enero de 2014 se rige por la Ley 80 de 1993 y sus reformas, en

virtud de los artículos 2 y 32 de ese estatuto, dado que fue suscrito por un municipio. “Artículo 2. De
la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se
denominan entidades estatales: […] los municipios […]”. // “Artículo 32. De los contratos estatales.
Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad […]”.
24 “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los

territorios indígenas. // La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y
provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”.
25 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos […]”.
26 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
27 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento la pretensión mayor fue de

$1.601’916.691, monto que excedió 500 veces la suma de $689.454 (689.454 x 500 = 344’727.000),
que correspondía al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de presentación de la
demanda -2016-.
28 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla

25

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas.

La Sala destaca que la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido que, aunque
las sociedades aseguradoras no son partes del contrato estatal, sino simplemente
garantes de sus obligaciones en virtud de su función de otorgamiento de pólizas, se
encuentran investidas para ejercer el medio de control de controversias
contractuales contra decisiones como los actos administrativos que se dictan
durante el iter negocial, siempre que tal reproche esté originado en la existencia de
supuestos perjuicios o una afectación derivada de ese tipo de declaraciones, como
cuando se hacen efectivas las coberturas y, a juicio de tales entes, no se cumplían
los supuestos para ello29.

Comoquiera que la contienda formulada se refiere a la inoponibilidad y/o legalidad
de varios actos administrativos proferidos por el municipio de Pelaya en el marco de
la ejecución del contrato de obra No. 022 del 16 de enero de 2014, mediante los
cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se le impusieron varias multas,
así como se hizo efectiva tanto la cláusula penal pecuniaria, como la póliza de
cumplimiento No. 75-44-101054421, la Sala estima que el medio de control
procedente es el de controversias contractuales.

3. Oportunidad del medio de control

De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del literal j) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA30, en las controversias relativas a contratos la parte interesada

de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de abril de 2020. Radicado

63001-23-33-000-2018-00132-01 (64154): “En atención al hecho de que, por regla general, la
aseguradora garante es parte del contrato de seguro, en el cual la entidad estatal tiene la calidad de
beneficiaria de la póliza de cumplimiento correspondiente, se concluye que está legitimada por activa
o por pasiva, según sea el caso, para obrar como demandante o demandada en los litigios en los
que se discuten las obligaciones derivadas de la póliza de cumplimiento por ella expedida”.
30 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […]”.

26

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

cuenta con 2 años para ejercer el derecho de acción, contados a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento, sin perjuicio de otros criterios previstos por el legislador.

Así pues, en el caso de estudio se observa que la sociedad Seguros del Estado S.A.
pretende la declaratoria de ineficacia y, subsidiariamente, la nulidad de los actos
administrativos Nos.: i) 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014, ii)
271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014, y iii) 355 del 22 de
octubre de 2014, dictados con ocasión del contrato No. 022 del 16 de enero de
2014, mediante los cuales se declararon varios incumplimientos, se impusieron
multas, así como se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y una póliza de
cobertura del acuerdo de voluntades.

Lo anterior amerita un cómputo de la caducidad por separado frente a los tres
grupos de actos administrativos anteriormente referenciados, por tratarse de
actuaciones dictadas en diferentes momentos y con fines totalmente distintos, a
saber, una primera multa, otra posterior y la declaratoria de incumplimiento junto
con la efectividad de la cláusula penal pecuniaria.

3.1. Bajo el anterior contexto, vale advertir que no se aportó ninguna constancia de
notificación a la aseguradora de la Resolución No. 228 del 15 de julio de 2014,
mediante la cual se confirmó la Resolución 220 del 10 de julio de 2014, por medio
de la cual se impuso una multa a la sociedad OLT Logistics S.A.S., pues únicamente
obra que aquella se le dio a conocer al contratista en la audiencia sancionatoria a la
cual Seguros del Estado S.A. no acudió31 -a pesar de que fue citada-, sin perjuicio
de lo cual salta a la vista que no habían pasado dos años desde la fecha de emisión
de dicha decisión -15 de julio de 2014- y la radicación de la demanda -23 de mayo
de 2016-, de suerte que, con mayor razón, se concluya que la demanda se radicó
en tiempo desde que eventualmente la demandante pudo conocer la actuación, sin
perjuicio del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió
entre el 11 de agosto y el 26 de noviembre de 201532.

31 Página 125 del cuaderno de anexos No. 2.
32 Páginas 299 a 304 del cuaderno de anexos 3.

27

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

3.2. En lo que respecta a la Resolución No. 273 del 26 de agosto de 2014, a partir
de la cual se resolvió no reponer la Resolución No. 271 del 21 de agosto de 2014,
mediante la cual se impuso una segunda multa al contratista, se evidencia que
aquella fue notificada a la sociedad Seguros del Estado S.A. en la misma fecha,
dado que dicha aseguradora acudió a la diligencia sancionatoria33, de modo que los
dos años para ejercer el derecho de acción frente a dichas actuaciones corrieron
entre el 27 de agosto de 2014 y el 27 de agosto de 2016 y, considerando que la
demanda se allegó el 23 de mayo de 2016, no hay duda de que fue radicada en
tiempo, sin desmedro del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial,
que se surtió entre el 11 de agosto y el 26 de noviembre de 201534.

3.3. Finalmente, frente a la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014 no existe
constancia de notificación respecto a Seguros del Estado S.A., dado que no acudió
a la audiencia sancionatoria donde tal decisión se profirió35 -a pesar de que fue
citada-, lo que en todo caso no impide concluir que la demanda se radicó en tiempo,
considerando que entre la fecha de su expedición -22 de octubre de 2014- y la de
radicación de la demanda -23 de mayo de 2016- no acaecieron más de 2 años, aun
si se tiene en cuenta la interrupción del término a propósito del agotamiento del
trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 11 de agosto y el 26 de
noviembre de 201536, por lo que con mayor razón el escrito inicial fue oportuno,
considerando que el conocimiento de la actuación debió ser posterior a su emisión.

En conclusión, resulta claro para la Sala que la demanda se radicó en tiempo
respecto a las Resoluciones: i) Nos. 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio
de 2014; ii) Nos. 271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014; y
iii) No. 355 del 22 de octubre de 2014.

4. Legitimación en la causa

La sociedad Seguros del Estado S.A. se encuentra legitimada en la causa por
activa, considerando que fue quien otorgó la póliza de cumplimiento No. 75-44-

33 Folio 275 del cuaderno 2.
34 Páginas 299 a 304 del cuaderno de anexos 3.
35 Página 168 del cuaderno de anexos No. 3.
36 Páginas 299 a 304 del cuaderno de anexos 3.

28

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
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101054421 del contrato No. 022 del 16 de enero de 2014, que se hizo efectiva
mediante los actos administrativos demandados, frente a los cuales alega una
afectación, y que fueron producto de múltiples audiencias a las cuales se la
convocó. Correlativamente, el municipio de Pelaya se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, en atención a que fue la entidad que expidió las resoluciones en
virtud de las cuales se hizo efectiva la cobertura de aseguramiento en comento.

Finalmente, la sociedad OLT Logistics S.A.S. -quien fue debidamente vinculada en
el trámite de la primera instancia- también se encuentra legitimada en la causa por
pasiva en calidad de litisconsorte, en atención a que las resoluciones cuestionadas
también la tuvieron como destinataria, de modo que le asiste un interés en las
resultas del proceso.

5. Problemas jurídicos

El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así como, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP37, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”38.

En tal contexto, la Sala encuentra que, en virtud de los cargos del recurso de
apelación, corresponde establecer de manera general si el a quo erró al concluir

37 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
38 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala

Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018
(radicado 05001233100020010306801 (46005)), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.

29

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

que los actos administrativos enjuiciados eran oponibles a Seguros del Estado S.A.,
así como se evidenció que no adolecieron de vicios de legalidad, por haberse
dictado en virtud del debido proceso o si, por el contrario, la providencia recurrida
se ajustó tanto a derecho, como a los hechos probados. Para tal efecto, se deben
estudiar los siguientes problemas jurídicos:

5.1. Determinar si son inoponibles a Seguros del Estado S.A. y, por ende, no
producen efectos jurídicos frente a aquella, las Resoluciones Nos. 220 del 10 de
julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014, mediante las cuales se declaró el
incumplimiento parcial del contrato No. 022 de 2014 y se impuso una multa, por no
haberse incluido a la aseguradora en la parte resolutiva de tales declaraciones.

En caso de concluirse que los mencionados actos administrativos le son oponibles
a Seguros del Estado S.A. debe establecerse si desconocieron el ordenamiento
jurídico por una vulneración directa de la ley y del debido proceso y, por
consiguiente, deben anularse, por haberse negado el aplazamiento de la audiencia
donde se dictaron y por ser poco claros al incurrir en contradicciones frente a la
fecha de comunicación de los hechos que originaron la sanción al contratista.

5.2. Definir si son inoponibles a Seguros del Estado S.A. y, por ende, no producen
efectos jurídicos frente a aquella, las Resoluciones Nos. 271 del 21 de agosto de
2014 y 273 del 26 de agosto de 2014, mediante las cuales se declaró el
incumplimiento parcial del contrato No. 022 de 2014 y se impuso una multa, pues
en criterio de la apelante no le fueron notificadas a la aseguradora, lo que llevó a
que aquella no asistiera a las audiencias sancionatorias donde se emitieron, pese a
haber pedido su aplazamiento, sin que por tanto pudieran surtir efectos frente a ella.

De concluirse que los actos administrativos le son oponibles, debe analizarse si
desconocieron el ordenamiento jurídico por una vulneración del debido proceso y la
normativa superior, por la negativa del municipio de Pelaya tanto a aplazar la
audiencia en la cual se profirieron las decisiones en cuestión, como a que la
aseguradora participara en la diligencia que resolvió el recurso de reposición contra
la Resolución No. 271 del 21 de agosto de 2014 bajo la premisa de que esa etapa
solo estaba prevista para resolver los reproches del contratista frente a la decisión
administrativa en comento.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

5.3. Estudiar si es inoponible a la sociedad Seguros del Estado S.A. y, por ende, no
produce efectos jurídicos frente a aquella, la Resolución No. 355 del 22 de octubre
de 2014, a partir de la cual se declaró el incumplimiento definitivo del contrato de
obra No. 022 de 2014, haciéndose efectiva la cláusula penal pecuniaria y
declarándose la ocurrencia del siniestro, pues en criterio de la parte apelante no fue
notificada a la aseguradora, lo que llevó a que aquella no asistiera a la audiencia
sancionatoria donde se emitió pese a haber pedido su aplazamiento, sin que por
tanto pudiera ser exigible frente a aquella.

En el evento de concluirse que el acto administrativo le es oponible, debe
determinarse si desconoció el ordenamiento jurídico por una vulneración del debido
proceso y, por ende, debe anularse, por: i) negarse el aplazamiento de la audiencia
en la que se dictó la decisión, ii) desestimarse la posibilidad de escuchar
virtualmente a la aseguradora, y iii) no trasladarse una prueba en favor de aquella.

A su vez, en el marco del anterior cargo subsidiario, ha de establecerse si el acto
debe anularse por el hecho de que no procedía la devolución del anticipo no
amortizado por la suma de $2.459’497.826,45, por cuanto la contratista
supuestamente lo invirtió en la ejecución negocial en compra de materiales -
$1.463’712.514- y en transporte y alquiler de maquinaria -$731’856.257-, de ahí que
no había lugar a afectar la póliza de cumplimiento por cuenta de ello.

5.4. De no prosperar los problemas jurídicos anteriores, la Sala debe definir, como
último problema jurídico subsidiario, si todos los actos administrativos incurrieron
en una violación directa de la ley, por haber sido el municipio de Pelaya quien
desatendió el contrato gravemente, lo que tornaba en procedente la excepción de
contrato no cumplido y, por tanto, relevaba a Seguros del Estado S.A. a asumir los
escenarios cubiertos por la póliza de cumplimiento No. 75-44-101054421 por una
alteración del estado de riesgo, una culpa grave de la contratante y actos
meramente potestativos.

En particular, los supuestos incumplimientos enunciados fueron los siguientes: i) la
entrega del anticipo sin haberse suscrito el acta de inicio de la fase II del contrato,
ii) la entrega del anticipo sin autorización del interventor y iii) la realización de un

31

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

tercer giro de anticipo sin autorización del interventor39. También se sostuvo que se
debió esperar a la liquidación del acuerdo de voluntades para cobrar el siniestro.

6. Solución a los problemas jurídicos

A efectos de determinar si hay lugar o no a acceder a los reproches formulados por
la sociedad Seguros del Estado S.A., corresponde verificar los sucesos
jurídicamente relevantes alrededor de la ejecución del contrato No. 022 de 2014 y
la emisión de los actos administrativos enjuiciados, mediante los cuales se
impusieron varias multas, se hizo efectiva la cláusula penal y se declaró el siniestro
para hacer efectiva la póliza No. 75-44-101054421, en la medida en que se
relacionen con la controversia, para lo cual se analizarán las pruebas documentales
incorporadas en primera instancia, según lo previsto en el artículo 24640 del CGP.

Luego, se hará una referencia conceptual a los elementos de existencia, validez y
eficacia de los actos administrativos, considerando que la sociedad Seguros del
Estado S.A. ha solicitado la inoponibilidad y, subsidiariamente, la nulidad de los
actos administrativos cuestionados, para luego analizarse el alcance del
aseguramiento en los contratos estatales para, bajo ese derrotero, identificar si a la
apelante le asistió razón o no con sus reproches de apelación.

6.1. Las circunstancias en torno al contrato de obra No. 022 del 16 de enero
de 2014

6.1.1. Los antecedentes del procedimiento licitatorio No. 005 de 2013

6.1.1.1. El 5 de julio de 201341, el municipio de Pelaya remitió una carta de intención
al Departamento para la Prosperidad Social para ejecutar el proyecto denominado

39 Se advierte que idénticos reproches se formularon de manera separada frente a la Resolución No.

355 del 22 de octubre de 2014, pero también frente a todos los actos administrativos en el último
cargo, por lo que se estudiarán todos en un mismo momento por economía procesal.
40 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
41 Página 33 del cuaderno de anexos No. 1.

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“construcción de pavimentación en asfalto de la vía que desde el corregimiento de
San Bernardo conduce hacia la cabecera del municipio de Pelaya, Cesar”.

6.1.1.2. El 5 de septiembre de 201342, el FONADE y el municipio de Pelaya
suscribieron el contrato interadministrativo No. 2132723, cuyo objeto fue la
ejecución por parte de la entidad territorial del proyecto denominado "construcción
de pavimentación en asfalto de la vía que va desde el corregimiento de San
Bernardo conduce hacia la cabecera del municipio de Pelaya, Cesar”, con un valor
de $6.444’774.499 y un plazo hasta el 30 de junio de 2014.

Allí se dispuso que, dentro de las obligaciones de la entidad municipal, esta tendría
la de adelantar bajo su cargo el procedimiento de selección para contratar las obras
respectivas, bajo el estricto cumplimiento del Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública, sus decretos reglamentarios y demás normas que los
modifiquen. Correlativamente, el FONADE se obligó a entregar a la entidad territorial
los estudios, diseños y presupuestos definitivos del proyecto.

6.1.1.3. En virtud de lo anterior, el 26 de noviembre de 201343 el municipio de Pelaya
ordenó la apertura de la licitación pública No. 005-2013, mediante la cual se buscó
contratar la construcción de pavimento en asfalto de la vía que desde el
corregimiento de San Bernardo conduce hacia la cabecera del municipio de Pelaya,
en el Cesar, con una cuantía de $6.444’774.499 y un plazo de 6 meses.

6.1.1.4. Para el efecto, publicó los pliegos de condiciones de la licitación,
señalando en su numeral 1.8. que al procedimiento de selección le aplicaría el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-44.

Seguidamente, en el numeral 4.5., se dispuso que el contratista entregaría, a título
de anticipo, el 40% del valor adjudicado, a través de una fiducia que tendrá como
beneficiario del encargo al FONADE y cuyo costo de comisión sería cubierto
directamente por el contratista.

42 Páginas 66 a 100 del cuaderno de anexos No. 1.
43 Páginas 285 a 290 del cuaderno de anexos No. 1.
44 Páginas 105 a 284 del cuaderno de anexos No. 1.

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Posteriormente, los numerales 4.5.1. y 4.5.2. prescribieron que el valor entregado
como anticipo sería amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas
mensuales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo, y que
se tendrían como requisitos para la entrega: i) la suscripción del acta de inicio del
plazo de ejecución de las obras objeto del contrato y ii) la presentación del contrato
de fiducia.

El numeral 4.5.3. dictó que, para el manejo e inversión del anticipo se aplicarían las
siguientes reglas: i) el costo de comisión fiduciaria sería asumido por el contratista;
ii) los rendimientos del anticipo serían del FONADE y la contratante; iii) el anticipo
no se destinaría a fines distintos de los del plan de inversión aprobado por la
interventoría; iv) se realizarían amortizaciones mensuales del 30% por concepto del
anticipo a cada una de las actas de obra mensual; v) el contratista presentaría el
plan de inversión del anticipo a la interventoría para ser aprobado y constaría en el
contrato de fiducia; vi) los gastos del anticipo contarían con aval del interventor, y/o
el ordenador del gasto y/o la persona que el FONADE designe; vii) el interventor y
el contratista elaborarían el documento de solicitud de pago del anticipo para su
desembolso; vii) el contratista le permitiría a la interventoría la revisión permanente
del flujo de fondos y le rendiría un informe mensual de gastos; y viii) la ejecución
del anticipo se justificaría con gastos necesarios para desarrollar las obras.

De otro lado, el numeral 4.6. estableció las “reglas comunes para los pagos y la
entrega de recursos”, señalando para el efecto que: i) debían ser refrendados por
el interventor en los formatos que el FONADE suministre para el efecto; ii) el
contratista debía acreditar el cumplimiento de las obligaciones del inciso 2 del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993; iii) se realizarían dentro de los 10 días calendario
siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, o de la fecha en que
el contratista subsanara las glosas que se le formularan; iv) el FONADE haría las
retenciones del caso, entre ellas de impuestos, cumpliendo las obligaciones fiscales
de ley; y v) todos los documentos de pago debían ser avalados por el interventor
que contratara o designara el FONADE.

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6.1.1.5. El 16 de enero de 201445, el municipio de Pelaya adjudicó la licitación
pública No. 005 de 2013 a la sociedad OLT Logistics S.A.S., por el valor de
$6.440’000.000 y un plazo de 6 meses.

6.1.2. El contrato de obra No. 022 del 16 de enero de 2014

El 16 de enero de 201446, la sociedad OLT Logistics S.A.S. y el municipio de Pelaya
suscribieron el contrato No. 022 de 2014, que tuvo por objeto la construcción de
pavimentación en asfalto de “la vía que va desde el corregimiento de San Bernardo
conduce hacia la cabecera del municipio de Pelaya – Cesar”, con un plazo de 6
meses “contados a partir de la firma del acta de inicio” y un valor de $6.440’000.000,
que se administraría y pagaría a través de una fiducia47.

En la cláusula segunda se convino que el contratista se obligaría a acatar el
ordenamiento jurídico; cumplir con el objeto del contrato y con las condiciones
exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta; presentar en tiempo los
documentos, informes y requisitos técnicos exigidos tanto para suscribir el acta de
inicio, como para el desarrollo contractual; reparar los daños que se ocasionen en
el sitio de la obra; seleccionar a personal altamente calificado; constituir y mantener
vigentes todas las garantías que amparan el contrato; y cumplir los requerimientos
ambientales, entre otros.

Correlativamente, en la cláusula tercera se dispuso que la entidad contratante
estaría obligada a pagar las facturas presentadas por el contratista, previa
autorización expresa del interventor; poner a disposición del contratista los bienes y
lugares requeridos para el proyecto; asignar un supervisor; y cumplir y hacer cumplir
el contrato.

En cuanto al pago, la cláusula sexta prescribió que este se realizaría de la siguiente
forma:

45 Páginas 313 a 314 del cuaderno de anexos No. 1.
46 Páginas 315 a 328 del cuaderno de anexos No. 1.
47 Folios 1.213 a 1.228 del cuaderno 5.

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i) Fase 1: Etapa de preconstrucción o verificación por la suma de
$20’208.270 -100% de esa etapa-, una vez concluida dentro de los 15
días siguientes, “previa suscripción del acta por las partes y contraentrega
y aprobación del informe de aceptación de los estudios y diseños”.

ii) Fase 2: Etapa de obra o construcción por la suma de $6.419’791.730, que
se habría de pagar de la siguiente manera: a) anticipo: equivalente al 40%
del valor del contrato, por la suma de $2.567’916.692, desembolsado a la
fiducia que se constituya para la ejecución del proyecto previo
perfeccionamiento del mismo, aprobada la garantía única, una vez se
inicie la fase de preconstrucción o verificación, y aprobado el plan de
inversión y buen manejo del anticipo por la interventoría y el visto bueno
de la entidad territorial; b) pagos parciales: de hasta el 90% del valor
correspondiente a la fase 2 -etapa de obra o construcción- mediante actas
parciales de ejecución suscritas por el interventor y el supervisor; y c)
pago final: correspondiente al 10% del valor del negocio, que se pagaría
a los 10 días siguientes a su presentación y una vez suscrita tanto el acta
de liquidación del contrato, como el acta de recibo a satisfacción y la
aprobación de las garantías correspondientes.

A su turno, en el parágrafo de la cláusula sexta se estipuló que los pagos y la entrega
de recursos quedaba sometida a su refrendación y aval por el interventor en los
formatos que el FONADE suministrara para el efecto y tras el visto bueno de la
contratante, así como el parágrafo primero indicó que la forma de definición del pago
era a precios unitarios.

La cláusula novena previó que la interventoría sería ejercida o contratada por el
FONADE y, entre otros, se encargaría de vigilar la obra y su correcta realización,
aprobar los documentos de orden técnico e informar a la compañía de seguros
sobre los incumplimientos del contratista.

Seguidamente, la cláusula décima instituyó en cabeza del contratista el deber de
constituir en una compañía de seguros una garantía de cumplimiento que amparara:
i) el buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% del valor del contrato
y una vigencia igual al plazo de su ejecución y 4 meses más; ii) el cumplimiento del

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contrato, por el 30% de su valor y con una vigencia igual a su plazo de ejecución y
4 meses más; iii) el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones de
personal, por el 5% del valor del contrato y con una vigencia igual a su plazo de
ejecución y 3 años más; iv) la estabilidad de la obra y buena calidad de los
materiales utilizados, por un valor equivalente al 30% del valor final de las obras y
con una vigencia de 3 años contados a partir de la suscripción de su acta de recibo
y, para otras actividades diferentes, por 5 años; y v) el amparo de responsabilidad
civil extracontractual por un valor equivalente al 30% del contrato y una vigencia
igual a su duración.

Por otra parte, en la cláusula décima tercera se convino la posibilidad de imposición
de multas mediante resolución motivada así: i) por un 1% del valor del contrato por
cada día de retraso en la presentación de los documentos para iniciar la ejecución
del contrato; y ii) por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones hasta el 1%
del valor del contrato por cada día en mora, sin superar el 10% y siendo tanto
acumulables como pasibles de ser descontadas del pago al contratista.

Asimismo, la cláusula décima cuarta incorporó al acuerdo de voluntades la cláusula
penal pecuniaria, la cual se fijó en el 20% del valor del contrato “a título de
indemnización para imputar el valor de los perjuicios que este llegare a sufrir en
caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del
presente documento adquiere”, considerándose el monto que se hiciera efectivo
como pago parcial, pero no definitivo, de los perjuicios causados y partiendo de la
premisa de que dicho valor podría ser descontado del valor del contrato.

En tal línea argumentativa, el parágrafo segundo de la cláusula anterior estableció
que, advertida cualquiera de las circunstancias anteriores, la contratante le
comunicaría por escrito al contratista los hechos en que se funda el incumplimiento
correspondiente, instándolo a cumplir las obligaciones pertinentes, para luego
citarlo a audiencia de descargos y tras lo cual se decidiría la sanción o no. De no
existir saldo a favor del contratista, se previó que se haría efectiva la garantía única
constituida y, de no ser posible, se cobraría mediante la “jurisdicción competente”.

Entre otros, la cláusula décima quinta incluyó dentro del contrato las facultades de
terminación, modificación e interpretación unilaterales a que se refiere el artículo 14

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de la Ley 80 de 1993 y, posteriormente, la cláusula décima sexta concibió la figura
de la liquidación del contrato, que habría de hacerse bilateralmente dentro de los 4
meses siguientes al término previsto para la ejecución negocial, mediante acta
suscrita por el ordenador del gasto, el contratista y el interventor y, de no llegarse a
un acuerdo, la misma se realizaría unilateralmente por la contratante mediante acto
administrativo dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del término anterior.

Finalmente, la cláusula vigésima tercera estipuló que hacen parte del contrato los
estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta del contratista en lo
compatible, el acta de adjudicación, los informes y actas de interventoría y las
garantías pactadas, así como la cláusula vigésima séptima dispuso que el contrato
contaba con respaldo presupuestal y, una vez suscrito, se procedería al registro
presupuestal.

6.1.3. La póliza suscrita con ocasión del contrato de obra No. 022 del 16 de
enero de 2014

6.1.3.1. El 23 de enero de 201448 la sociedad Seguros del Estado S.A. otorgó en
favor del municipio de Pelaya y con base en el contrato No. 022 de 2014, la póliza
de cumplimiento No. 75-44-101054421, mediante la cual se constituyeron los
amparos de: i) cumplimiento, por la suma de $1.932’000.000; ii) buen manejo y
correcta inversión del anticipo, por la suma de $2.576’000.000; iii) salarios y
prestaciones sociales, por la suma de $322’000.000; y iv) estabilidad de la obra, por
la suma de $1.932’000.000.

Frente al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, se señaló que
habría de cubrir los perjuicios que se lleguen a causar con ocasión de: i) la no
inversión, ii) el uso indebido y/o iii) la apropiación indebida que el contratista realice
de los dineros o bienes entregados como anticipo.

En cuanto al amparo de cumplimiento, se señaló que cubre a la entidad estatal
asegurada por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones contraídas por el contratista, así como por su
cumplimiento tardío o defectuoso, dentro de lo cual se debía entender incorporado

48 Páginas 331 a 348 del cuaderno de anexos No. 1.

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el pago de multas, así como de la cláusula penal pecuniaria, “siempre que se
hubieran pactado previamente en el contrato garantizado”.

Por último, los anexos de la póliza indicaron que se entenderían excluidos de los
amparos aquellas circunstancias que tuvieran como origen causas extrañas como:
i) fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la
víctima, en este caso la entidad estatal; ii) daños causados por el contratista
garantizado; iii) uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento y/o iv) el
deterioro de los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado por el
transcurso del tiempo.

6.1.3.2. El 23 de enero de 201449, el municipio de Pelaya aprobó la póliza No. 75-
44-101054421 del 23 de enero de 2014 “por cumplir con todos y cada uno de los
riesgos y cuantías exigidas en el contrato de consultoría”.

6.1.4. La ejecución del contrato de obra No. 022 del 16 de enero de 2014 frente
a la fase de preconstrucción

6.1.4.1. El 19 de febrero de 201450, las partes del contrato y el interventor
suscribieron el acta de inicio del proyecto con el comienzo de la “etapa de
verificación”, que debía concluir el 5 de marzo de 2014.

6.1.4.2. En la misma fecha las partes del contrato y el interventor suscribieron el
plan de inversión del anticipo, que fue estimado en el 40% por la suma de
$2.567’916.692 y se previó que se utilizaría así51:

ANTICIPO
Actividad Porcentaje Valor
Pago de salarios y jornales 10% $258’791.669,20
Transporte y alquiler de maquinarias 30% $770’375.007,60
Compra de materiales y accesorios 60% $1.540’750.015,20

6.1.4.3. El 20 de febrero de 201452, la sociedad OLT Logistics S.A.S. suscribió con
la sociedad OLT Constructores S.A.S. un contrato de suministro de materiales para

49 Página 349 del cuaderno de anexos No. 1.
50 Página 351 del cuaderno de anexos No. 1.
51 Página 353 del cuaderno de anexos No. 1.
52 Páginas 355 a 356 del cuaderno de anexos No. 1.

39

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obra civil y, en tal virtud, se expidió una “cuenta de cobro” donde se hizo constar
que la primera le debía a la segunda la suma de $1.463’712.514 por concepto de
“anticipo 45% producto del contrato de suministro de materiales para obra civil”.

6.1.4.4. El 10 de marzo de 201453, la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. emitió la orden
de giro No. 1., mediante la cual transfirió a la sociedad OLT Constructores S.A.S. la
suma de $1.463’712.514.

6.1.4.5. El 20 de febrero de 201454, la sociedad OLT Logistics S.A.S. y la sociedad
Construcciones Maquinaria y Vías de Colombia S.A.S. suscribieron el contrato de
transporte y alquiler de maquinaria y equipos No. OLT-PAP-002-2014 y, a partir de
ello, se expidió la cuenta de cobro No. 001-2013 por la suma de $731’856.257 por
concepto de “anticipo 47% producto contrato de transporte alquiler de maquinaria y
equipos”.

6.1.4.6. El 10 de marzo de 201455, la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. emitió la orden
de giro No. 2., mediante la cual transfirió a la sociedad Construcciones Maquinaria
y Vías de Colombia S.A.S. la suma de $731’856.257.

6.1.4.7. En la misma fecha, el interventor requirió a la sociedad OLT Logistics S.A.S.
para que entregara el cronograma de la etapa de preconstrucción, manifestando su
preocupación pues, transcurrido el 73% de dicha fase, no se había recibido
documentación alguna56.

6.1.4.8. El 31 de marzo de 201457, el interventor advirtió al FONADE, como
supervisor del contrato, que el contratista incumplió el contrato en la entrega de los
productos de la etapa de preconstrucción, por no haber entregado documentos
como las hojas de vida, el informe técnico de viabilidad, los documentos
contractuales del PGIO -plan de gestión integral de obra- y el balance presupuestal.

53 Página 367 del cuaderno de anexos No. 1.
54 Páginas 3 a 12 del cuaderno de anexos No. 2.
55 Página 14 del cuaderno de anexos No. 2.
56 Página 18 del cuaderno de anexos No. 2.
57 Página 20 del cuaderno de anexos No. 2.

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6.1.4.9. En la misma fecha58 la interventoría emitió un informe de intervención y
buen manejo del anticipo, donde dio cuenta de las facturas de cobro efectuadas por
las sociedades OLT Constructores S.A.S. y Construcciones Maquinaria y Vías de
Colombia S.A.S y restó dichos saldos al valor del anticipo, para una suma total de
$243’952.066,40 libres.

6.1.4.10. El 15 de abril de 201459, el interventor informó al FONADE sobre el
incumplimiento del contratista de “la totalidad de los productos de la etapa de
preconstrucción la cual venció desde el 18 de marzo de 2014 y a la fecha aún se
tiene pendiente de recibo de […] documentos contractuales PGIO de las canteras a
utilizar”.

6.1.4.11. En mayo de 201460 la interventoría elaboró el “informe mensual N° 1 –
etapa obra”, en el cual se advirtió un avance de 0,60% sobre un programado del
6,64%, con un atraso de obra del 6,04%. Como consecuencia, se requirió al
contratista para que implementara la totalidad del PGIO, entregara los planos
actualizados, implementara un plan de acción para cumplir el contrato y presentara
los certificados de la cantera que le suministra el material.

6.1.4.12. El 5 de mayo de 201461, la sociedad OLT Logistics S.A.S. y el interventor
suscribieron el “acta No. 001”, a partir de la cual se hizo la entrega formal de los
planos, el PGIO y un informe técnico, finalizando la etapa de preconstrucción en
dicha fecha.

6.1.5. La ejecución del contrato de obra No. 022 del 16 de enero de 2014 frente
a la fase de obra y los incumplimientos presentados

6.1.5.1. El 6 de mayo de 201462 la sociedad OLT Logistics S.A.S., el supervisor y el
consorcio Proyectar Colombia, quien fungió como interventor, suscribieron el “acta
de iniciación del proyecto”, mediante la cual dejaron constancia “del inicio real y

58 Página 22 del cuaderno de anexos No. 2.
59 Página 23 del cuaderno de anexos No. 2.
60 Páginas 138 a 178 del cuaderno de anexos No. 2.
61 Página 24 del cuaderno de anexos No. 2.
62 Página 17 del cuaderno de anexos No. 2.

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efectivo de la etapa de construcción”, que debería concluir el 5 de octubre de
2014.

6.1.5.2. El 20 de mayo de 201463, la interventoría le advirtió a la sociedad OLT
Logistics S.A.S. que desde el comienzo de la fase de obra transcurrieron 17 días de
actividades sin avance alguno y, entre otros, sin que se hayan realizado actividades
de obra o entregado los diseños de mezclas, por lo que “se presenta
incumplimiento”.

Ello le fue puesto de presente al municipio de Pelaya por el FONADE, quien le
señaló que se venían presentando incumplimientos frente al contrato respecto a: i)
el personal, pues quienes venían adelantando las pocas actividades desarrolladas
no corresponden al personal ofertado; ii) las sumas para cubrir gastos de oficina y
servicios públicos que no se invirtieron; iii) la radicación de los documentos que
dieran cuenta de la revisión de estudios técnicos y diseños; iv) el inicio de las
actividades de obra, que no se han iniciado; vi) la acreditación de la afiliación y el
pago de parafiscales; v) el adelantamiento de actividades sin radicar la copia del
PGIO, vi) la radicación de informes mensuales, pues no se han allegado; y vii) el
envío de varias actas que a juicio del supervisor fueron suscritas sin su
consentimiento64.

6.1.5.3. En junio de 201465, la interventoría emitió el “informe mensual N° 2 – etapa
obra”, en el cual reseñó que el avance era del 1,52% sobre un programado del
16,40%, por lo que había un retraso del 14,78%, de suerte que se recomendó al
contratista elaborar un plan de acción para adelantarse, la entrega de planos
actualizados, la remisión de los certificados de cantera y la dotación al personal de
trabajo.

6.1.5.4. El 17 de junio de 201466, la interventoría le advirtió a la sociedad OLT
Logistics S.A.S. que se iniciaron los trabajos de la conformación de la calzada sin
informar a la interventoría, sin que el material de trabajo proviniera de las canteras

63 Páginas 49 a 50 del cuaderno de anexos No. 2.
64 Páginas 53 a 66 del cuaderno de anexos No. 2.
65 Páginas 178 a 230 del cuaderno de anexos No. 2.
66 Páginas 73 a 77 del cuaderno de anexos No. 2.

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aprobadas en el PGIO y sin las labores de señalización y manejo de tráfico, pese a
sugerencias frente a las cuales se hizo caso omiso. También se puso de presente
que no se habían entregado los planos de la etapa de preconstrucción.

6.1.5.5. El 20 de junio de 201467, el municipio de Pelaya convocó a la sociedad
Seguros del Estado S.A. para que acudiera a un comité técnico para evaluar los
incumplimientos del contratista.

6.1.5.6. En julio de 201468, la interventoría expidió el “informe mensual N° 3”, en el
cual se puso de presente que el avance ejecutado era del 1,68% sobre un
programado del 59,61%, con un retraso del 57,93%. En tal virtud, se solicitó al
contratista crear un plan de acción para quedar al día, la entrega de planos
actualizados y certificados de la cantera que le suministra el material, identificar a
los trabajadores de las obras y cesar el abandono a la obra.

6.1.5.7. El 2 de julio de 201469, la sociedad OLT Logistics S.A.S. fue citada por el
municipio de Pelaya para la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011, con fundamento en que el contratista incurrió en sendos incumplimientos de
sus obligaciones por aspectos como el cambio de personal sin autorización, el cobro
de costos que no se causaron, la falta de entrega de diseños y otros documentos,
el desconocimiento del comienzo de la fase de obra y el inicio de algunas
actividades sin radicar la copia del PGIO.

Así las cosas, se recomendó multar al contratista para conminarlo a cumplir sus
deberes obligacionales.

En la misma fecha también se citó a la sociedad Seguros del Estado S.A. y se puso
de presente que “a pesar de que el municipio ha citado en reiteradas ocasiones al
contratista a la reunión en la alcaldía, no ha sido posible que este asista, finalmente
este citó el 1 de julio de 2014 al contratista y a la aseguradora quienes no asistieron
nuevamente”70.

67 Folio 537 del cuaderno 3.
68 Páginas 231 a 255 del cuaderno de anexos No. 2.
69 Páginas 78 a 83 del cuaderno de anexos No. 2.
70 Folio 613 del cuaderno 3.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

6.1.5.8. El 8 de julio de 201471, la interventoría le reiteró al contratista que cumpliera
con sus obligaciones, entre ellas la entrega de documentación pendiente, la
verificación del material granular instalado, la remisión de las constancias de la
afiliación y pago de parafiscales y las constancias de pago de los desembolsos 1 y
2 del anticipo, así como la vinculación de los residentes aprobados por la
interventoría y la señalización de la obra requerida, entre otros.

6.1.5.9. El 9 de julio de 201472, la sociedad Seguros del Estado S.A. otorgó poder a
la señora Marcela Galindo Duque para que acudiera a la audiencia de
incumplimiento.

6.1.5.10. El 10 de julio de 201473 el municipio de Pelaya prosiguió con la audiencia
de imposición de multa por un incumplimiento parcial -que se había iniciado el 7 de
julio de la misma anualidad con la presencia de la aseguradora y el contratista74-, a
la cual acudió la sociedad Seguros del Estado S.A., quien previamente había
solicitado el aplazamiento de la diligencia y, en todo caso, “rindió descargos” sobre
la base de que a su juicio la atribución de cumplimiento resultaba imprecisa.

Enseguida se hizo lectura de la Resolución No. 220 del 10 de julio de 201475, por
medio de la cual “se declara el incumplimiento parcial del contrato de obra 022 de
2014 y se impone una multa al contratista”. En dicha decisión se plasmó que la
sociedad OLT Logistics S.A.S. ha sido requerida en múltiples ocasiones por el
incumplimiento de sus obligaciones, aspecto frente al cual se la convocó para que
enmendara sus falencias y ejerciera su derecho de defensa, sin que a la fecha
hubiera subsanado la desatención en cuestión, lo que llevó a que: i) se declarara el
incumplimiento contractual parcial; ii) se impusiera una multa del 1% del contrato,
por la suma de $64’400.000 -que habría de descontarse del valor de la liquidación
del contrato-; y iii) se exhortara al contratista a cumplir con sus obligaciones.

71 Páginas 84 a 85 del cuaderno de anexos No. 2.
72 Folios 686 a 687 del cuaderno 3.
73 Páginas 86 a 98 del cuaderno de anexos No. 2.
74 Folio 334 del cuaderno 2.
75 Páginas 99 a 110 del cuaderno de anexos No. 2.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

6.1.5.11. En la audiencia del 10 de julio de 2014 la sociedad Seguros del Estado
S.A. interpuso recurso de reposición76, en el que solicitó que la Resolución No. 220
del 10 de julio de 2014 -que le fue notificada en dicha diligencia- fuera revocada,
con base en que el contratista no estuvo presente, sin “debatir si la multa procedía
o no”.

6.1.5.12. El 15 de julio de 201477, el municipio de Pelaya profirió la Resolución No.
228, por medio de la cual “se decide [el] recurso de reposición” presentado por la
sociedad Seguros del Estado S.A. contra la Resolución No. 220 de 2014, en el
sentido de no reponer la decisión recurrida. Para el efecto, manifestó que el 4 de
julio de 2014 citó en debida forma al representante legal de la sociedad OLT
Logistics S.A.S., oficio que fue recibido por aquel, quien solicitó su aplazamiento y
lo cual se denegó mediante oficio del 9 de julio de 2010, en el sentido de que se
designara otro apoderado, de manera que no se le vulneró el debido proceso pues,
pese a ello, se rehusó a acudir.

También advirtió que la simple inasistencia del contratista pese a ser citado
debidamente no podía impedir la realización de la diligencia, ya que de dejarse
pasar el tiempo la función conminatoria de las multas quedaría vaciada de
contenido, aunado a lo cual no se puede dejar al capricho del sujeto a sancionar la
fecha de la audiencia.

Igualmente, puntualizó que está totalmente acreditado y no fue objeto de
cuestionamiento que el contratista venía incumpliendo sus obligaciones, lo que
ameritaba una respuesta rápida para conjurar tal situación. En detalle, indicó que se
incumplieron varias obligaciones, dentro de las cuales se destacan: i) personal, ii)
falta de respuesta de los informes y iii) ubicación y funcionamiento de la oficina del
contratista.

Finalmente, destacó que todas las pruebas del procedimiento sancionatorio se
valoraron, incluidas las pedidas por la aseguradora y, con todo, no lograron
desvirtuar el desconocimiento obligacional de la sociedad OLT Logistics S.A.S.

76 Páginas 96 a 98 del cuaderno de anexos No. 2.
77 Páginas 111 a 124 del cuaderno de anexos No. 2.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

La decisión fue notificada al contratista en la audiencia; sin embargo, la aseguradora
no acudió a la diligencia78.

6.1.5.13. El 25 de julio de 201479, el municipio de Pelaya profirió la Resolución No.
241, por medio de la cual se deprecó desfavorablemente una solicitud de
revocatoria directa de la Resolución No. 220 del 10 de julio de 2014 solicitado por
la sociedad OLT Logistics S.A.S. con base en que, a juicio de la entidad territorial,
la decisión se dictó en derecho y con respecto de las garantías de los interesados
en la sanción. La decisión fue notificada mediante estado del 28 de julio del mismo
año80.

6.1.5.14. El 29 de julio de 201481, la interventoría requirió a la sociedad OLT
Logistics S.A.S. ante la existencia de sendos incumplimientos en la obra,
presentado un retraso del 49,48%, entre otros, por fallas como obtención del
material granular en una cantera no autorizada, la no entrega de los soportes de
pago de parafiscales, la falta de envío de los planos de obra y de los soportes de
pago de los desembolsos 1 y 2 del anticipo, la ausencia de los residentes aprobados
por la interventoría, la falta de señalización de la obra, la indisponibilidad de los
elementos de protección de personal y la ausencia tanto de las actas de vecindad,
como de los materiales de la obra.

6.1.5.15. En agosto de 201482, la interventoría publicó el “informe mensual N° 4 –
etapa obra”, en el cual se plasmó que el avance ejecutado era del 2% sobre un
programado del 65,24%, de modo que se advirtió un atraso del 63,24%, por lo que
se recomendó al contratista crear un plan de acción para quedar al día y entregar
tanto los planos actualizados, como los certificados de la cantera que le venía
suministrando el material para la construcción.

78 Página 125 del cuaderno de anexos No. 2.
79 Folios 284 a 292 del cuaderno 2.
80 Folio 634 del cuaderno 3.
81 Páginas 13 a 15 del cuaderno de anexos No. 3.
82 Páginas 256 a 306 del cuaderno de anexos No. 2.

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6.1.5.16. El 12 de agosto de 201483, la interventoría le advirtió al municipio de Pelaya
que las obras se abandonaron desde el 21 de julio de 2014, sin que las falencias
del contratista se hubieran subsanado hasta la fecha. Al día siguiente el municipio
internamente le informó a la alcaldesa de los incumplimientos de la sociedad OLT
Logistics S.A.S., en cuanto a aspectos como el abandono de actividades con un
avance menor al 2%, la ausencia de los estudios de suelos y permisos para la
explotación del material granular, el impago de los costos parafiscales, la falta de
entrega de los planos de obra y de los soportes de pago de los desembolsos 1 y 2
del anticipo, la deficiencia en la señalización de la obra y en los elementos de
dotación personal, así como la no realización de las actas de vecindad.

6.1.5.17. El 14 de agosto de 201484, el municipio de Pelaya citó a la sociedad
Seguros del Estado S.A. para que “en aplicación del principio del debido proceso y
derecho de defensa” se pronunciara y controvirtiera en forma clara cada una de las
situaciones de incumplimiento planteadas, que fueron reiteradas en los mismos
términos de los hechos probados anteriores. Al punto, se fijó la diligencia de multa
para el 21 de agosto de 2014.

6.1.5.18. El 19 de agosto de 201485, la sociedad Seguros del Estado S.A. le solicitó
al municipio de Pelaya que se aplazara la diligencia, debido a que su apoderada
tenía otro asunto ante una entidad distinta donde se programó una diligencia en la
misma fecha y dado que su ingeniero tenía otros compromisos de carácter técnico,
lo cual fue descartado por la entidad municipal por la premura de salvaguardar la
efectividad del objeto negocial.

6.1.5.19. El 21 de agosto de 201486, el municipio de Pelaya llevó a cabo una nueva
audiencia de incumplimiento y multas, donde dejó constancia de que el garante fue
citado en debida forma, sin haberse presentado a la diligencia y, aunque solicitó su
aplazamiento “se le respondió de manera negativa” por la urgencia de sancionar al
contratista.

83 Páginas 17 a 25 del cuaderno de anexos No. 3.
84 Páginas 25 a 30 del cuaderno de anexos No. 3.
85 Páginas 36 a 44 del cuaderno de anexos No. 3.
86 Páginas 50 a 65 del cuaderno de anexos No. 3.

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Posteriormente, y en virtud de los hechos probados anteriores, reafirmó que el
contratista incumplió el contrato ampliamente, por lo que pasó a proferir la
Resolución No. 271, por medio de la cual “se declara el incumplimiento parcial del
contrato de obra 022 de 2014 y se impone una multa al contratista”, con apoyo en
que, ante el desconocimiento obligacional de la sociedad OLT Logistics S.A.S.,
aquella ha sido requerida para subsanar tal aspecto sin que ello hubiera sucedido
hasta esa fecha.

En concreto, se despacharon desfavorablemente los reparos formulados por el
contratista y se encontró que el incumplimiento no se encontraba justificado, pues
entre otros la obra se encuentra abandonada y con un retraso superior al 59,12%.

Por todo lo indicado, se declaró el incumplimiento de la sociedad OLT Logistics
S.A.S., se le impuso una multa de $579’600.000 y se ordenó “descontar el valor de
la multa impuesta del valor de la liquidación del contrato de obra No. 022 de 2014,
o con cargo a la garantía de incumplimiento […] siendo el valor asegurado del riesgo
de cumplimiento del contrato por valor de $1.932’000.000”.

6.1.5.20. El 26 de agosto de 201487, el municipio de Pelaya profirió la Resolución
No. 273, por medio de la cual “se decide un recurso de reposición [del contratista]”,
en el sentido de “no reponer la decisión recurrida”. En ese sentido, argumentó que
la sociedad OLT Logistics S.A.S. no logró desvirtuar o justificar los incumplimientos
del contrato No. 022 de 2014 y, entre otros, aseveró que: i) no se aportó la
certificación de la cantera que estaba surtiendo la obra; ii) no se allegó prueba del
personal ofertado; iii) la obra no estaba suspendida, sino abandonada; y iv) no se
transgredió el non bis in ídem, por cuanto la primera multa fue por la falta de
informes y el no reporte de personal, mientras que la segunda se refiere a hechos
posteriores como el atraso y abandono de la obra, la falta de pago de parafiscales
y la ausencia de licencias ambientales.

La decisión fue notificada en estrados al contratista y a la sociedad Seguros del
Estado S.A., quien suscribió el acta con la frase “constancia no puedo intervenir”88.

87 Páginas 67 a 82 del cuaderno de anexos No. 3.
88 Folio 275 del cuaderno 2.

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6.1.5.21. El mismo 26 de agosto de 201489, la sociedad Seguros del Estado S.A.
solicitó la nulidad de “toda la actuación iniciada el pasado 21 de agosto de 2014”
para lo cual alegó una transgresión del debido proceso, por tomarse decisiones sin
presencia de la aseguradora.

6.1.5.22. El 28 de agosto de 201490, la sociedad Alianza Fiduciaria, a cargo del
fideicomiso corregimiento San Bernardo, remitió el extracto correspondiente al mes
de julio de 2014 de dicha cuenta, señalando que existía solamente un saldo de
$2’868.939,15.

6.1.5.23. El 1° de septiembre de 201491, la interventoría acudió al contratista para
manifestarle su preocupación por el incumplimiento continuado de sus obligaciones,
al punto que “a la fecha el proyecto presenta un atraso del 63,25%”, sin que para
esa fecha se hubieran subsanado falencias como: i) la precisión de la cantera de la
cual proviene el material granular instalado, ii) la falta de constancia del pago de
aportes parafiscales, iii) la ausencia de los planos de obra, iv) los soportes de pago
de los desembolsos 1 y 2 del anticipo, v) la ausencia de varios residentes y el
director aprobados por la interventoría, vi) la falta de señalización de la obra, vii) la
deficiencia en los elementos de protección personal, viii) el no recibo de las actas
de vecindad y xix) la inexistencia de material en el sitio de las obras.

6.1.5.24. Los días 9 y 22 de septiembre de 201492, la interventoría le indicó a la
sociedad Alianza Fiduciaria S.A. que el 8 de septiembre de 2014 recibió la copia de
los 2 desembolsos autorizados por la suma de $1.463’712.514 y $731’856.257, de
modo que a su juicio “en la fiducia debería existir un saldo de $234’225.810,91”, por
lo que pidió que se le informara por qué solamente existe un saldo de $2’838.939,15
“es decir $231’356.871,76 menos de lo que debería existir”.

6.1.5.25. El 23 de septiembre de 201493, la interventoría le reiteró a la sociedad OLT
Logistics S.A.S. su preocupación, puesto que las obras se encuentran

89 Folios 1.263 a 1.265 del cuaderno 5.
90 Páginas 89 a 91 del cuaderno de anexos No. 3.
91 Páginas 92 a 95 del cuaderno de anexos No. 3.
92 Páginas 96 a 101 del cuaderno de anexos No. 3.
93 Páginas 106 a 111 del cuaderno de anexos No. 3.

49

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abandonadas, presentando el proyecto un retraso del 94,12%. Frente a los
incumplimientos, se reiteraron los hechos probados anteriores y se añadió que en
la fiducia existe un saldo menor al que debería existir.

6.1.5.26. El 30 de septiembre de 201494, el municipio de Pelaya citó a la sociedad
Seguros del Estado S.A. a una audiencia de incumplimiento que habría de
realizarse, colocándole de presente todos los incumplimientos del contratista, que
llevaron a una ejecución del contrato menor al 2%.

6.1.5.27. El 17 de octubre de 201495, el municipio de Pelaya volvió a informar a la
sociedad Seguros del Estado S.A. sobre los incumplimientos atribuibles a la
sociedad OLT Logistics S.A.S., aspecto dentro del cual advirtió que “el contrato de
obra 022 de 2014 tiene fecha de inicio 6 de mayo de 2014, es decir a la fecha han
transcurrido más de cinco (5) meses de actividades, sin embargo, hay un avance
de obra del 2%, teniendo hasta la fecha un atraso del 98%”. Como consecuencia,
se le puso de presente que se tomarían las medidas respectivas del caso, incluida
la realización de una audiencia de declaratoria de incumplimiento total.

6.1.5.28. El 21 de octubre de 201496, la sociedad Seguros del Estado S.A. solicitó
al municipio de Pelaya el aplazamiento de la audiencia de incumplimiento frente a
la cual fue convocada para el 22 de octubre de 2014, “debido a que el municipio de
Pelaya no envió la prueba técnica que realizó el pasado viernes 17 de octubre de
2014 y mediante la cual se debía determinar el porcentaje exacto de ejecución
contractual”.

6.1.5.29. En la misma fecha97, el municipio de Pelaya le respondió a la sociedad
Seguros del Estado S.A. que no era posible aceptar la solicitud de aplazamiento de
la audiencia de incumplimiento pues, además de que era apremiante tomar medidas
para proteger el patrimonio público, la Ley 1474 de 2011 no menciona que sea un
requisito trasladar la prueba practicada y, en todo caso, cuando se fijó la fecha y
hora de esa diligencia “Ud. No asistió a su práctica […] quiere decir que mañana en

94 Páginas 181 a 185 del cuaderno de anexos No. 3.
95 Páginas 112 a 126 del cuaderno de anexos No. 3.
96 Páginas 127 a 130 del cuaderno de anexos No. 3.
97 Páginas 131 a 132 del cuaderno de anexos No. 3.

50

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

audiencia será leída la prueba practicada y por ende se continuará con el desarrollo
de la audiencia”.

6.1.5.30. El mismo día98 la sociedad Seguros del Estado S.A. le reiteró al municipio
de Pelaya su “gran preocupación por las constantes violaciones al debido proceso”
y, a su turno, argumentó que, aunque la Ley 1474 de 2011 no previó ningún traslado
de pruebas en el procedimiento administrativo sancionatorio, el artículo 40 del
CPACA sí estableció dicho deber, de modo que pidió que se le otorgaran 10 días
para presentar los alegatos del caso y que, además, la audiencia se llevara a cabo
vía “Skype” o telefónicamente.

6.1.5.31. El 22 de octubre de 201499, el municipio de Pelaya le reiteró a la
aseguradora que el CPACA no es aplicable, dado que solo es extensible a los
procesos sancionatorios no regulados por normas especiales. Igualmente, adujo
que tampoco era dable acceder a la solicitud de la realización de la diligencia en
forma virtual, por no contarse con las herramientas tecnológicas para ese fin.
Finalmente, destacó que la fecha de la audiencia fue fijada por solicitud de la propia
sociedad Seguros del Estado S.A.

6.1.5.32. El mismo 22 de octubre de 2014100, el municipio de Pelaya expidió la
Resolución No. 355, a partir de la cual “se declara el incumplimiento del contrato
de obra 022 de 2014”, con sustento en que la sociedad OLT Logistics S.A.S.
desatendió absolutamente sus obligaciones pese a la imposición de dos multas con
el fin de conminarla a superar dicha falencia.

La sociedad Seguros del Estado S.A. solicitó la liquidación del contrato, que se
descuenten los dineros invertidos por el contratista, que se hiciera una visita a la
obra y que se le garantizara el debido proceso, lo que fue respondido en el sentido
de reiterar que el incumplimiento es claro y existe trazabilidad de ello, con un avance
de obra de apenas el 2% y con la pérdida de recursos del anticipo por haber un
saldo disponible de “$2’868.939,15, es decir, $231’356.871,76 menos de lo que
debería existir”.

98 Páginas 133 a 136 del cuaderno de anexos No. 3.
99 Páginas 137 a 144 del cuaderno de anexos No. 3.
100 Folios 145 a 167 del cuaderno de anexos No. 3.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

Por otro lado, puntualizó que en el curso de la audiencia en los descargos la
aseguradora solicitó la práctica de una prueba, que se decretó en la misma
audiencia y por ello se suspendió para continuarla el 17 de octubre de 2014, decisión
que fue notificada en la diligencia sin reparos, por lo que en esa última fecha se
realizó la visita de obra solicitada -con la inasistencia de todas las partes- y se
determinó que: i) el valor ejecutado fue de $108’418.865,55; ii) se encontró material
de arrastre instalado no autorizado por la interventoría y iii) el avance de obra no
superó el 2%.

También reafirmó que no estaba en el deber de enviar la prueba a la aseguradora,
máxime si aquella no asistió a su práctica, sin que el CPACA fuera aplicable para
ese efecto.

Por lo demás indicó que consideró y resolvió todas las solicitudes de aplazamiento
de la aseguradora y del contratista, que son más de 6, aceptando algunas en
principio y negando otras posteriores por ser dilatorias y por la necesidad de
proteger el patrimonio público ante el dinero que no fue ejecutado y que fue retirado
de la fiducia, pero no invertido en el proyecto de infraestructura.

En virtud de todo lo expuesto, resolvió: i) declarar el incumplimiento contractual; ii)
hacer efectiva la cláusula penal por el 20% del valor del contrato, es decir, por la
suma de $1.288’000.000; iii) ordenar el pago de la cláusula penal con cargo a la
póliza de cumplimiento No. 75-44-101054421; y iv) declarar el siniestro de buen
manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de $2.459’497.826,45 “suma
que se obtiene luego de descontar al valor del amparo el porcentaje de obra
ejecutado y que pudo ser determinado en la visita de obra realizado, y ratificado por
la interventoría mediante comunicación del 21 de octubre de 2014 denominada
CSC-PC-1103-050-2014”.

Según el acta de asistencia de la diligencia, solamente acudió la alcaldía de
Pelaya101.

101 Página 168 del cuaderno de anexos No. 3.

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6.1.6. El cobro de los saldos producto del incumplimiento del contrato No. 022
del 16 de enero de 2014 y las actuaciones posteriores

6.1.6.1. El 10 de noviembre de 2014102, el municipio de Pelaya requirió a la sociedad
Seguros del Estado S.A. para que asumiera, en virtud de la póliza de cumplimiento
No. 75-44-101054421, el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y el
siniestro de buen manejo del anticipo respecto al contrato No. 022 del 16 de enero
de 2014, montos que se individualizaron así:

PAGOS A CARGO DE LA ASEGURADORA
Concepto Resolución Valor
Multa 1 No. 220 del 10 de julio de 2014. $64’400.000
Multa 2 No. 271 del 21 de agosto de 2014. $579’600.000
Cláusula penal No. 355 del 22 de octubre de 2014. $1.288’000.000
Anticipo Buen manejo y correcta inversión del $2.576’000.000
asegurado anticipo.
TOTAL $4.508’000.000.

6.1.6.2. El 19 de noviembre de 2014103, la sociedad Alianza Fiduciaria le indicó a la
interventoría que los dineros de la fiducia del proyecto se movieron en un período
comprendido entre el 10 de marzo al 19 de diciembre de 2014, “los cuales ascienden
a $2.441’295.046,09 con una diferencia aproximada de $1.774’189,09 comparando
el saldo inicial con el saldo girado”. A continuación, argumentó que “Alianza
Fiduciaria ha solicitado ese reintegro en repetidas ocasiones […] y hemos obtenido
como respuesta que sí realizarán este reintegro, pero a la fecha no lo han
transferido”.

6.1.6.3. El 26 de noviembre de 2014104, la interventoría le puso de presente a la
sociedad Alianza Fiduciaria S.A. que “no hemos autorizado algún giro adicional [a]
los dos primeros giros [...] los cuales fueron los únicos giros aprobados por esta
interventoría”, en referencia a los desembolsos 1 y 2, correspondientes a la compra
de materiales por $1.463’712.514 y al transporte y alquiler de maquinaria por
$731’856.257, respectivamente. Como consecuencia, pidió remitir las copias de
autorización de los giros.

102 Páginas 186 a 187 del cuaderno de anexos No. 3.
103 Páginas 188 a 191 del cuaderno de anexos No. 3.
104 Páginas 192 a 193 del cuaderno de anexos No. 3.

53

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
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6.1.6.4. El 27 de noviembre de 2014105, la interventoría le manifestó a la sociedad
Seguros del Estado S.A. su preocupación por las inconsistencias presentadas en
los desembolsos de los anticipos, ya que a su juicio solo autorizó los desembolsos
1 y 2, correspondientes a la compra de materiales por $1.463’712.514 y al transporte
y alquiler de maquinaria por $731’856.257, respectivamente y, en cualquier caso,
los beneficiarios de aquellos se comunicaron con el supervisor manifestándole que
dichos saldos no les fueron entregados por el contratista, quien manifestó que “el
dinero reposa en la cuenta del representante legal, lo cual es inexplicable e ilegal”.

6.1.6.5. El 3 de diciembre de 2014106, la sociedad Seguros del Estado S.A. pidió que
se efectuara la liquidación del contrato No. 022 de 2014 para determinar el alcance
del incumplimiento de la sociedad OLT Logistics S.A.S. y, de existir saldos a favor
del contratista, pidió que de allí se pagara el municipio por los perjuicios causados
para así determinar si a la aseguradora le correspondía pagar alguna suma
adicional.

6.1.6.6. El 27 de febrero de 2015107, la sociedad Seguros del Estado S.A. allegó un
memorial al municipio de Pelaya, en el cual argumentó que: i) frente a la afectación
del amparo de cumplimiento reconoció dicho saldo y la consignó; y ii) en cuanto a
la afectación del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo también
canceló solamente la suma de $1.601’916.691, “correspondiente a la parte no
amortizada por la firma contratista del anticipo entregado” sin que a su juicio
correspondiera reconocer un saldo adicional, por lo que, en total, afirmó pagar la
suma de $2.889’996.691.

En ese contexto, afirmó haber consignado en favor del municipio de Pelaya la suma
de $2.889’916.691 “a título de indemnización total y definitiva a favor del municipio
de Pelaya como consecuencia de la afectación de la póliza No. 75-44-101054421,
en sus amparos de cumplimiento y anticipo”, aportando como prueba de ello un
comprobante de transacción.

105 Páginas 194 a 197 del cuaderno de anexos No. 3.
106 Páginas 198 a 204 del cuaderno de anexos No. 3.
107 Páginas 209 a 212 del cuaderno de anexos No. 3.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

6.1.6.7. El 4 de marzo de 2015108, el municipio de Pelaya certificó que se le consignó
la suma de $4.161’546.661 por concepto de indemnización que “incluye el amparo
de cumplimiento y buen manejo del anticipo”.

6.1.6.8. El mismo 4 de marzo de 2015109, el municipio de Pelaya profirió la
Resolución No. 071, por medio de la cual “se declara la terminación unilateral del
contrato de obra 022-2014”. Como consecuencia, ordenó la liquidación del acuerdo
de voluntades.

6.1.7. La liquidación del contrato de obra No. 022 de 2014 y los nuevos cobros
de los saldos en favor del municipio a la aseguradora

6.1.7.1. El 5 de marzo de 2015110, el municipio de Pelaya profirió el “acta de
liquidación del contrato de obra 022-2014”, mediante el cual efectuó unilateralmente
el corte de cuentas de esa relación negocial así:

CORTE DE CUENTAS
CONCEPTO VALOR A FAVOR
Valor del contrato de obra $6.440’000.000 Municipio
Valor ejecutado $108’418.865,76 Contratista
Valor multa 1 $64’400.000 Municipio
Valor multa 2 $579’600.000 Municipio
Valor incumplimiento $1.288’000.000 Municipio
Valor siniestro del anticipo $2.459’497.826,45 Municipio
VALOR TOTAL 4.391’497.826,45

Como contexto de lo anterior, la entidad territorial precisó que el valor ejecutado no
tenía la vocación de restar, pues ya había sido descontado del valor total del
siniestro del anticipo.

La liquidación fue remitida en la misma fecha a la sociedad OLT Logistics S.A.S.111.

6.1.7.2. El 29 de julio de 2015112, el municipio de Pelaya efectuó un nuevo cobro a
la sociedad Seguros del Estado S.A., fundado en la póliza de cumplimiento No. 75-
44-101054421, por la suma total de $1.501’581.135,55, saldo que se encontraba

108 Folios 216 a 219 del cuaderno 2.
109 Folios 237 a 246 del cuaderno 2.
110 Páginas 215 a 223 del cuaderno de anexos No. 3.
111 Folio 628 del cuaderno 3.
112 Páginas 224 a 230 del cuaderno de anexos No. 3.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

compuesto por: i) $ 644’000.000 por el saldo a favor del municipio por concepto de
multas que aún no ha sido pagado y ii) $857’581.135,55 por cuenta del saldo
pendiente de pago por el siniestro del anticipo.

6.2. La existencia, validez y eficacia de los actos administrativos y la
consecuencia de los vicios en torno a sus elementos

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la apelante considera que los actos
administrativos que enjuició no le son oponibles y, subsidiariamente, no son legales
y deben anularse, pues, a su juicio, no solo no se le dieron a conocer, sino que
cuentan con serios vicios de legalidad, aspecto que amerita efectuar una
diferenciación sobre los elementos de existencia, validez y eficacia de esas
declaraciones de la Administración, para así delimitar el derrotero base sobre el cual
se analizarán los cargos de alzada.

La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que es acto administrativo
toda declaración de voluntad unilateral, que puede ser general o particular, con
efectos jurídicos directos, en ejercicio de la función administrativa, expedido por una
entidad pública o un particular que ejerce la función administrativa, elementos sin
los cuales este no existe y/o no nace a la vida jurídica, o deviene en una figura
distinta, sin que ello necesariamente requiera de una declaración113.

Por su parte, son elementos de la validez del acto administrativo que se emita con
competencia114, motivación, una finalidad pública y un objeto y causa lícitos, en

113 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.
Radicado 11001-03-26-000-2015-00098-00 (54485).
114 La competencia ha sido tratada tradicionalmente como un vicio de la validez -que no de la

existencia-, de suerte que, si una autoridad no investida para dictar ese tipo de decisiones las
profiere, la legalidad de aquellas debe desvirtuarse. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 10 de marzo de 2025. Radicado 25000-23-36-000-2012-00501-01
(67190). // Lo propio ha sostenido la doctrina foránea, al sostenerse, en el caso francés que: «L’acte
administratif unilatéral doit émaner d’une autorité compétente. Il doit également respecter des règles
de procédure et des règles de forme […] La violation des règles de compétence est sévèrement
sanctionnée par le juge administratif. En effet, il s’agit de règles d’ordre public, ce qui signifie que
l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté est un moyen d’annulation […] », lo que traducido al
castellano quiere decir que “El acto administrativo unilateral debe emanar de una autoridad
competente. Asimismo, debe respetar las reglas de procedimiento y las reglas de forma […] La
violación de las reglas de competencia es severamente sancionada por el juez administrativo. En
efecto, se trata de reglas de orden público, lo que significa que la incompetencia del autor del acto
impugnado constituye un motivo de anulación”. TIFINE, Pierre. Droit administratif français. Disponible
dans : Revue générale du droit online. Saarbrücken : 2019. Numéro 40524. Partie 4 – Chapitre 1 –
Section 2.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

garantía del debido proceso y con respeto de la normativa superior, aspectos sin los
cuales, aunque esa declaración de la Administración hubiera nacido a la vida
jurídica, se encontraría viciado en su legalidad, circunstancia que podría ponerse de
presente en la sede administrativa al recurrir la decisión, o ante el juez contencioso
administrativo115.

En efecto, el legislador estableció en el artículo 137 de ese estatuto116 los vicios de
legalidad de los actos administrativos, en punto a los medios de control de nulidad
simple y nulidad y restablecimiento del derecho, en el sentido de que, de incurrir en
una infracción de las normas superiores y/o expedirse en forma irregular, en
desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa, mediante falsa motivación
o desviación de poder, deberán anularse, eso sí, siempre que ello se haya pedido
por la parte interesada.

De otro lado, se han catalogado como elementos de la eficacia la publicación y/o
comunicación de los actos administrativos generales y la notificación y/o el
conocimiento de los actos administrativos particulares a sus destinatarios, de ahí
que, en caso de existir vicios en torno a tales elementos, dicha decisión existe y,
eventualmente, será válida, pero resulta a todas luces inoponible, por lo que sus
efectos jurídicos directos -creación, modificación o extinción de un derecho, deber
u obligación- no se pueden predicar respecto a la persona, el sector o la población
frente a la cual se tomó la decisión.

Así pues, los artículos 65117 y 66 del CPACA reafirman el deber de publicar los actos
administrativos generales en el diario oficial o las gacetas territoriales, a la vez que

115 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 31 de enero de 2019. Radicado 11001-03-

25-000-2016-01017-00 - 4574-2016.
116 CPACA. “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,

que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. // Procederá cuando
hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió […]”. // “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior […]”. (Subrayas añadidas).
117 “Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. [Modificado

por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021]. Los actos administrativos de carácter general no serán
obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales,
según el caso […]”. // “Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

disponen la notificación de los actos administrativos particulares, so pena de que no
sean obligatorios.

Ahora bien, bajo la premisa de que el CPACA como norma que contiene los
procedimientos administrativo -primera parte del Código- y contencioso-
administrativo -segunda parte del Código- es residual, es decir, solo aplica a
aquellos asuntos no regulados específicamente en disposiciones especiales o
frente a aquellos ante la existencia de vacíos118, debe tenerse en cuenta que existen
eventos donde el legislador estableció reglas especiales que pueden morigerar o
hacer más estrictos los elementos de existencia, validez y/o eficacia, por ejemplo,
añadiendo alguna exigencia “ad substantiam actus -con una solemnidad especial
para su surgimiento- o flexibilizando aspectos como su notificación y/o conocimiento
-como justamente sucede con los actos de registro, cuya notificación se entiende
surtida cuando se haga la correspondiente anotación-”119, motivo por el cual debe
verse caso a caso el cumplimiento de los elementos de dichas decisiones para
verificar si se satisfacen o no.

En virtud de lo expuesto, la diferenciación entre elementos de la existencia, validez
y eficacia de los actos administrativos es de trascendental importancia para
diferenciar las consecuencias de los vicios en torno a aquellos120, pues las resultas
de sus falencias es variable, motivo por el cual se analizarán los reproches de
inoponibilidad e invalidez bajo ese derrotero, teniendo en cuenta, además, las
especificidades y/o normas especiales que hayan regulado las decisiones objeto de
cuestionamiento.

particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los
términos establecidos en las disposiciones siguientes”.
118 CPACA. “Artículo 2. Ámbito de aplicación. […] Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los

procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en
leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código”.
119 CPACA. “Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de inscripción

realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el
día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado
por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá
comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
correspondiente anotación”.
120 El tratadista Libardo Rodríguez enfatiza en el hecho de que los elementos de la existencia, validez

y eficacia de los actos administrativos tienen consecuencias diferenciales y, en cualquier caso, de
cumplirse todos, puede pasar a predicarse la firmeza de esa decisión, claro está, una vez se
satisfagan otros aspectos como el eventual agotamiento de los recursos de la sede administrativa o
su no interposición. RODRIGUEZ, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano. Tomo 2.
Bogotá: 2021. Editorial Temis. P. 79-84.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

6.3. El aseguramiento en el marco la actividad contractual y el rol de las
aseguradoras en el procedimiento administrativo sancionatorio contractual

En el asunto de estudio la sociedad Seguros del Estado S.A. cuestionó varios actos
administrativos dictados con ocasión de la actividad sancionatoria en materia
contractual del municipio de Pelaya, alegando varios vicios que a su juicio
representaron el desconocimiento de la normativa aplicable al procedimiento en
comento, motivo por el cual la Sala efectuará una referencia al marco jurídico que
cimenta dicha labor, previo a resolver los cargos de apelación, considerando que
ese razonamiento resulta transversal a todo el reproche efectuado.

El legislador de la Ley 80 de 1993 -y sus reformas, contenidas en normas como las
Leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018- instituyó un estatuto -General de la
Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, que buscó dotar la contratación
del Estado de unas reglas de juego especiales para que así se garantizaran
mandatos constitucionales como la selección objetiva, la transparencia y la
economía121, motivo por el cual incorporó no solo procedimientos de selección y
potestades excepcionales, sino también la obligación de suscripción de garantías
para asegurar la suscripción del contrato, proteger los recursos públicos, así como
respaldar la estabilidad y calidad de la obra o los servicios adquiridos122, de manera
que aquellas se deben interpretar conjuntamente con el contrato estatal una vez se
pactan, aunque son negocios jurídicos distintos y autónomos123, y en general, su
gestión le corresponde al oferente y posterior contratista124.

121 Constitución de 1991. “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. // Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
122 Sobre ello, la jurisprudencia ha afirmado que la actividad contractual del Estado trae consigo

riesgos que deben ser cubiertos para la protección de los recursos públicos y la efectividad del objeto
contractual. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1° de junio de 2020.
Radicado 08001-23-33-000-2012-00254-01 (48945).
123 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2025. Radicado

25000-23-36-000-2022-00315-01 (70843).
124 Corte Constitucional. Auto A-199 del 24 de febrero de 2022.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

Es así como el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 125 atribuyó a las
entidades estatales el deber de adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere
lugar.

En general, en el EGCAP y su reglamento se concibieron como garantías el contrato
de seguro, el patrimonio autónomo y la garantía bancaria126-127, así como las
coberturas de seriedad de la propuesta, incumplimiento -que incluye el buen manejo
del anticipo, la devolución del pago anticipado, el cumplimiento propiamente y el
pago de prestaciones sociales- y la estabilidad de la obra -que incluye la estabilidad,
la calidad y el correcto funcionamiento-, entre otras128.

Frente a la garantía de cumplimiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sostenido que tiene por fin respaldar la satisfacción de todas las obligaciones que
surgen a cargo del contratista frente a la entidad estatal129, y respecto al buen
manejo y correcta inversión del anticipo, ha argumentado que cubre los perjuicios
sufridos por: i) la no inversión del anticipo, ii) su uso indebido, y/o iii) su aprobación

125 “Artículo 4. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los

fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: […] 2o. Adelantarán las gestiones
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere
lugar […]”.
126 Ley 1150 de 2007. “Artículo 7. De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán

garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes
prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. // Las garantías consistirán en pólizas
expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por
el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que
deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. // El Gobierno
Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las clases
y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos en que por las características
y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o
riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato […]”.
127 Decreto 1082 de 2015. “Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías. Las garantías que los

oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1.
Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria”.
128 Decreto 1082 de 2015. “Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la

contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con
ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los
que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título”.
129 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de octubre de 2012.

Radicado 25000-23-26-000-1997-04167-01 (20967).

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

indebida130, motivo por el cual se busca otorgar un respaldo a la entidad estatal
cuando dicho emolumento es indebidamente utilizado durante la ejecución negocial,
considerando que se debe destinar a los gastos iniciales de la concreción del objeto
contractual131.

Por otro lado, vale decir que durante la ejecución contractual las entidades estatales
sometidas a la Ley 80 de 1993 y sus reformas se encuentran habilitadas para
imponer multas conminatorias, sanciones o para declarar el incumplimiento en
forma definitiva, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474
de 2011132 -Estatuto Anticorrupción-, trámite frente al cual la jurisprudencia de la
Sección Tercera ha efectuado precisiones, en punto a señalar que las multas
buscan exhortar al contratista a corregir las falencias obligacionales en el curso de

130 Decreto 1082 de 2015. “Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía de
cumplimiento del contrato debe cubrir: 1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo
cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii)
el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de
anticipo […]”.
131 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de febrero de 2025.

Radicado 15001-23-33-000-2019-00280-01 (66572).
132 “Artículo 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en
el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad
pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada
de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que
se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a
la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; // b) En desarrollo de la
audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan
la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá
el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; // c) Hecho lo precedente, mediante
resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se
entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no
de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede
el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión
sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; // d) En cualquier momento del
desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando
de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas
que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada,
ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al
adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por
terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la
cesación de situación de incumplimiento”.

61

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

la concreción del objeto contractual, por lo que no son resarcitorias, sino
conminatorias; las sanciones persiguen penalizar el actuar indebido del contratista;
mientras que la declaratoria de incumplimiento es definitiva y puede llevar a que,
adicionalmente, como producto de dicho mecanismo, se haga efectiva la cláusula
penal pecuniaria y, eventualmente, la garantía de cumplimiento mediante la
declaratoria del siniestro, por lo que las tres figuras tienen distinto alcance133.

Frente a la facultad de la Administración en materia contractual, materializada a
través de la imposición de multas y/o la declaratoria de incumplimiento, la norma
antes citada exige que, evidenciado un posible desconocimiento obligacional, la
entidad pública debe citar al contratista y al garante -en caso de que la garantía
consista en una póliza de seguros, como lo dispuso el legislador- a una audiencia
para debatir lo ocurrido, haciendo mención expresa y detallada de los hechos que
la soportan, junto con el informe de la interventoría y la supervisión, y convocando
la audiencia definitiva “que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible”.

Durante la audiencia, la entidad presentará las circunstancias de hecho que motivan
la actuación, para lo cual enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en el
desarrollo de la actuación. Luego, concederá la palabra al contratista y al garante
para que presenten descargos y alleguen las pruebas del caso y, tras ello, proferirá
decisión motivada, donde consignará lo ocurrido durante la audiencia y decidirá
sobre la imposición o no de las multas, las sanciones o la declaratoria de
incumplimiento -entre otras determinaciones-, decisión sobre la cual solo procede
el recurso de reposición, que se interpondrá y resolverá en la misma diligencia.
Todas las actuaciones dictadas con ocasión de la audiencia serán notificadas allí.

Finalmente, el legislador dispuso que la audiencia podría suspenderse de oficio o a
petición de parte, cuando fuera necesario para practicar pruebas que se estimen
pertinentes, o para el correcto desarrollo de la actuación administrativa.

133 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 11 de mayo de 2022. Radicado

25000-23-36-000-2016-00889-02 (65016).

62

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
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El anterior procedimiento, de raigambre especial, persigue la protección del
patrimonio público, por lo que es expedito y sobrio, sin que se hubieran consagrado
mayores exigencias rituales, sino que basta con citar al contratista y al garante, así
como en el curso de la audiencia se dictan y notifican las actuaciones que haya
lugar a proferir, por lo que no corresponde establecer formalismos mayores a los
previstos por el propio legislador, pues ello tornaría en inocuo, ineficaz y tardío el
poder sancionatorio que se le otorgó a las entidades del Estado134.

Ciertamente, la jurisprudencia de esta Subsección ha sostenido que el
procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 es especial y regula
integralmente las sanciones de multa e incumplimiento en sede contractual,
tratándose de contratos sometidos al EGCAP, por lo que solo se ha de acudir al
CPACA supletivamente, en aquellos casos donde exista una ausencia total de
regulación sobre un asunto determinado135.

Al punto, la doctrina especializada considera que “se trata de un procedimiento
administrativo particular, que no se sujeta al dispuesto en los artículos 47 a 52 del
CPACA, salvo para suplir sus vacíos, en cuyo caso se debe acudir primero a la parte
especial del procedimiento sancionatorio -arts. 47 a 52- y en su defecto a la parte
general del mismo CPACA, y que se surte por unas reglas propias previstas en el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011”136.

En ese orden de ideas, es claro que el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474
de 2011 es regulado ampliamente por esa misma norma, por lo que prevalece frente
al procedimiento residual del CPACA y, por ende, solo se acudirá a la segunda
norma ante vacíos totales sobre algún asunto relacionado.

Por último, considerando que la aseguradora es garante de las obligaciones del
contrato, está facultada para intervenir en el procedimiento a efectos de defender

134 Precisamente, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 prescribe que la audiencia mediante la cual

se ejerce la potestad sancionatoria debe ser producto de un “procedimiento mínimo que garantice el
debido proceso del contratista”, mandato con el cual buscó que dicho trámite fuera expedito, de
manera que no corresponde incorporarle exigencias o rituales distintos a los previstos en esa norma
y la Ley 1474 de 2011.
135 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1° de junio de 2020. Radicado

08001-23-33-000-2012-00254-01 (48945).
136 RODRÍGUEZ TAMAYO, Mauricio Fernando. Los contratos estatales en Colombia. Bogotá: 2022.

Ed. Tirant Lo Blanch. P. 411.

63

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

sus intereses y los del contratista -sin que en todo caso pueda reemplazar a las
partes del acuerdo de voluntades en el ejercicio de las prerrogativas inherentes a
aquellos-137, para lo cual, en general, como tercero del iter negocial, basta la
comunicación de las diligencias a realizarse para que, si a bien lo tiene, ejerza el
debido proceso -en virtud del cual puede presentar descargos, aportar y contradecir
pruebas, e interponer recursos, entre otros-, y en la misma audiencia se le notifica
la decisión correspondiente, incluso si se declara el siniestro en esa diligencia, en
concordancia con el inciso 4 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007138.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, comunes a los cargos de apelación
formulados, la Sala pasará a resolver los reproches efectuados por la Sociedad
Seguros del Estado S.A. frente a la sentencia del a quo.

6.4 Solución al primer problema jurídico: Las Resoluciones Nos. 220 y 228 de
2014 le son oponibles a la aseguradora y se dictaron en derecho

6.4.1. La Sociedad Seguros del Estado S.A. consideró en su alzada que el a quo
erró al negar las pretensiones de la demanda respecto a las Resoluciones Nos. 220
del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014, por considerar que: i) no le
son oponibles por no haberse incluido a la aseguradora en la parte resolutiva de
esas decisiones, así como; ii) subsidiariamente, son ilegales debido a una
vulneración directa de la ley y del debido proceso, por haberse negado el
aplazamiento de la audiencia donde se dictaron y por ser poco claras al incurrir en
contradicciones frente a la fecha de comunicación de los hechos que originaron la
sanción al contratista.

6.4.2. Al respecto, se encuentra acreditado que, el 16 de enero de 2014, la sociedad
OLT Logistics S.A.S. y el municipio de Pelaya suscribieron el contrato de obra No.
022, que tuvo por objeto la construcción de una vía entre el corregimiento de San
Bernardo y la cabecera de la entidad territorial contratante, con un plazo de seis
meses y un valor de $6.440’000.000, en virtud del cual se convino la póliza de

137 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de mayo de 2025. Radicado

25000-23-36-000-2017-01461-01 (68473).
138 “Artículo 7. De las garantías en la contratación. […] El acaecimiento del siniestro que amparan

las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la
notificación del acto administrativo que así lo declare […]”.

64

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

cumplimiento No. 75-44-101054421, que incluyó, entre otros, la cobertura de buen
manejo del anticipo (hechos probados 6.1.2. y 6.1.3.).

El 19 de febrero de 2014 se suscribió el acta de inicio del proyecto en su fase de
preconstrucción y, para el 31 de marzo de 2014, se comenzaron a vislumbrar
incumplimientos del contratista. Con todo, el 6 de mayo siguiente se signó el acta
de inicio de la fase de construcción; sin embargo, desde el primer momento la
sociedad OLT Logistics S.A.S. desconoció el acuerdo de voluntades, lo cual fue
retratado por medio de varios informes de interventoría que justificaron que, el 2 de
julio de 2014, se citara al contratista a una audiencia de multa, diligencia frente a la
cual está demostrado que también se convocó a la sociedad Seguros del Estado
S.A. como garante del contrato (hechos probados 6.1.4.1., 6.1.4.8., 6.1.5.1.,
6.1.5.3., 6.1.5.6. y 6.1.5.7.).

Como consecuencia, el 9 de julio de 2014 la sociedad Seguros del Estado S.A. le
otorgó poder a la señora Marcela Galindo Duque para que acudiera a la audiencia
de cumplimiento, que se llevó a cabo el 10 de junio de 2014, con la presencia de la
aseguradora, quien había solicitado su aplazamiento y, en todo caso, ejerció su
debido proceso oponiéndose a la imputación hecha al contratista, tras lo cual el
municipio de Pelaya dictó la Resolución No. 220, imponiendo una multa al
cocontratante por el 1% del valor del contrato y lo exhortó a cumplir sus
obligaciones. La decisión, que se notificó en audiencia, se sustentó en un retraso
cercano al 60%, con falencias como la consecución de pocas actividades, la falta
de inversión de sumas que debían destinarse en gastos de oficina, la radicación de
documentos como los estudios técnicos, la acreditación del pago de parafiscales, la
ausencia de informes mensuales y el envío de actas sin consentimiento del
supervisor, circunstancias que se le habían puesto de presente a la parte incumplida
en distintas ocasiones (hechos probados 6.1.5.2. a 6.1.5.10.).

Finalmente, en la misma diligencia del 10 de julio de 2014, la sociedad Seguros del
Estado S.A. interpuso recurso de reposición, en el que solicitó que la Resolución
No. 220 de 2014 fuera revocada por considerar que el contratista no estuvo
presente, sin debatir si la multa procedía o no, cuestionamiento que fue desestimado
desfavorablemente en audiencia del 15 de julio de 2014 mediante la Resolución No.
228, en el sentido de que a la sociedad OLT Logistics S.A.S. se le citó

65

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

oportunamente y aun así no acudió, trámite al cual no se presentó la aseguradora
(hecho probado 6.1.5.12.).

6.4.3. Las anteriores consideraciones evidencian que, a juicio de esta Subsección,
no existe ningún vicio de eficacia y/o legalidad en torno a las Resoluciones Nos. 220
del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014, debido a que el hecho de que
la aseguradora no fuera mencionada no constituyó ninguna irregularidad, aunado a
lo cual la negativa al aplazamiento era plenamente válida, y no se evidenciaron
contradicciones, como se pasa a exponer.

6.4.3.1. Efectivamente, la Sala considera que lo que la parte apelante denominó una
ausencia de mención de la aseguradora en la parte resolutiva no se trata de un
aspecto con la vocación de mermar la eficacia de las decisiones estudiadas,
considerando que, como ya se indicó párrafos atrás, dicho elemento de todo acto
administrativo consiste en que, una vez existen y se presumen válidos, se dan a
conocer a sus destinatarios o a terceros, sin que las discusiones sobre el contenido
de la decisión sean relevantes para ese efecto.

Con todo, tampoco existía ninguna obligación en cabeza de la entidad estatal de
incluir a la aseguradora en la parte resolutiva de los actos administrativos mediante
los cuales se multó al contratista incumplido, porque, a pesar de haberla convocado
para notificarle la decisión y que, si a bien lo tenía, manifestara sus reparos al
respecto, cierto es que en los actos cuestionados en el presente cargo no se profirió
ni había de proferirse ninguna decisión respecto de la aseguradora -no existía un
deber de declarar la ocurrencia del siniestro, ni se estaba haciendo exigible ninguno
de los amparos-, pues, en realidad, dichas decisiones se limitaron a imponer una
multa por un incumplimiento parcial y exhortar al contratista a cumplir con sus
obligaciones (hecho probado 6.1.5.10.).

En desarrollo de lo anterior, los artículos 7 (inciso 4) de la Ley 1150 de 2007 y 86
de la Ley 1474 de 2011 ya citados establecieron un deber a cargo de la entidad
estatal de otorgarle una participación a la aseguradora en los trámites de
incumplimiento para garantizar su debido proceso y, entre otros, de notificarle las
decisiones que se profieran en audiencia, lo que busca que, de tomarse
determinaciones como la efectividad de la póliza otorgada en dicha diligencia, ello

66

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

sea producto de un trámite garante de la defensa de los involucrados, sin que en
todo caso se sacrifique la eficacia del procedimiento administrativo con ritualismos
no previstos, pues de ser así dicho mecanismo de protección de recursos públicos
resultaría inane y tardío139.

Al efecto, es del caso destacar que las anteriores disposiciones normativas no
dispusieron un momento específico para la declaración del siniestro, sino que se
restringieron a señalar que aquel debía llevarse a cabo mediante acto administrativo
que, posteriormente, debía ser notificado, de manera que no era mandatorio que,
en la primera multa conminatoria que el municipio de Pelaya le impuso al contratista
la entidad automáticamente tuviera que hacer efectiva la póliza otorgada por
Seguros del Estado S.A., máxime si para ese estadio temprano del iter contractual
no se sabía si el contratista la habría de pagar o si se iba a negar a hacerlo.

En cualquier caso se probó que, en garantía del debido proceso, el municipio de
Pelaya vinculó a la sociedad Seguros del Estado S.A. en el procedimiento
sancionatorio que devino en los actos cuestionados, a efectos de escucharla y que
manifestara su posición al respecto si a bien lo tenía (hecho probado No. 6.1.5.7.),
sin que, de nuevo, la entidad territorial estuviera obligada a mencionar a dicha
persona jurídica en las decisiones, pues dicho deber fue reservado solamente para
la resolución definitiva de declaratoria de siniestro, de suerte que, al haber proferido
la Resolución No. 220 de 2014 sin referenciarla no se incurrió en ninguna
irregularidad por esa razón.

Por lo demás, está acreditado que, de todos modos, mediante la Resolución No.
355 del 22 de octubre de 2014 el municipio de Pelaya, entre otros: ordenó el pago
de la cláusula penal con cargo a la póliza de cumplimiento No. 75-44-101054421; y
declaró el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de
$2.459’497.826,45; lo anterior, en el marco de una actuación sancionatoria a la que
compareció la sociedad Seguros del Estado S.A. con ocasión de la póliza expedida
a favor del contratista y en la que figuraba como beneficiario el municipio de Pelaya,
con lo cual satisfizo los deberes que, sobre la materia, dicta el inciso 4 del artículo

139 Sobre el debido proceso en materia sancionatoria contractual véase: Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de abril de 2025. Radicado 68001233300020150023002
(71.800).

67

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

7 de la Ley 1150 de 2007140, aspecto que, de nuevo, no le impedía multar al
contratista previamente, o ejercer las demás potestades contractuales a su cargo
antes de hacer efectiva la póliza de seguros (hecho probado No. 6.1.5.32).

Ahora bien, en lo que versa a la Resolución No. 228 de 2014, se observa que sí se
mencionó a la aseguradora pues, justamente, mediante ese proveído se resolvió el
recurso de reposición en su contra, por lo que con mayor razón no existe ninguna
deficiencia en la eficacia de esa decisión, pues en efecto la parte actora conoció del
desarrollo y demás decisiones proferidas al interior de la actuación administrativa,
motivo por el cual los actos administrativos de estudio eran plenamente oponibles a
la aseguradora pese a no haber sido mencionada en la parte resolutiva de la primera
actuación.

Por lo demás, se advierte que el análisis del reproche de apelación en cuanto a la
falta de efectos jurídicos respecto a las decisiones estudiadas se circunscribió
solamente a la ausencia de mención de la aseguradora en la parte resolutiva de las
decisiones, mas no a otros aspectos que atañen a la eficacia de esos actos
administrativos, pues no corresponde estudiar de oficio aspectos no ventilados por
la parte procesal.

En suma, las Resoluciones Nos. 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de
2014, por medio de las cuales se impuso una multa al contratista, no se vieron
mermadas en su eficacia por no haberse mencionado a la aseguradora en la
primera de ellas, dado que para el estadio en que se encontraba el iter contractual
no resultaba imperativo incorporarla expresamente en la parte resolutiva de la
actuación, tal y como se explicó párrafos atrás.

6.4.3.2. Segundo, tampoco se encuentra que las Resoluciones Nos. 220 del 10 de
julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014 sean ilegales por una vulneración directa
de la ley y del debido proceso, debido a que no se evidenció ninguna irregularidad
por la negativa de la entidad a aplazar la audiencia de incumplimiento, sumado a lo

140 A cuyo tenor se expone que “[…] El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será

comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto
administrativo que así lo declare”.

68

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

cual no se vislumbra ninguna contradicción frente a los aspectos esenciales de los
actos administrativos.

Si bien se encuentra demostrado que el 7 de julio de 2014 se había iniciado la
audiencia sancionatoria y la sociedad Seguros del Estado S.A. pidió su
aplazamiento (hecho probado No. 6.1.5.10.), en realidad el artículo 86 de la Ley
1474 de 2011 es claro en que la suspensión de la diligencia solo procede “para
allegar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra
razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de
la actuación administrativa”, lo que revela que el trámite de incumplimiento no podía
ser paralizado a capricho de la otorgadora de la póliza, sino que debía sujetarse a
circunstancias esenciales para que la diligencia se efectuara de manera exitosa.

En concordancia con lo anterior, no se evidencia, para el estadio procedimental en
el cual se dictaron los actos administrativos recurridos, que hubiera resultado
necesario suspender y/o aplazar la audiencia de incumplimiento, pues no existe
medio probatorio alguno dirigido a demostrar que la aseguradora pidió pruebas en
esa etapa, ni tampoco justificó su petición de paralización en el correcto desarrollo
de la actuación administrativa.

A lo anterior se suma que, en cualquier caso, el 10 de julio de 2014 la sociedad
Seguros del Estado S.A. asistió a la diligencia de incumplimiento, donde se profirió
el primer acto administrativo cuestionado, lo que demuestra que, si en gracia de
discusión hubiera sido irregular la negativa de la entidad territorial al aplazamiento
de la audiencia, en todo caso la empresa de seguros resultó participando y se le
garantizó el debido proceso, sin que se hubiera demostrado alguna nueva petición
de aplazamiento respecto a la audiencia donde se profirió el segundo acto
administrativo.

Por otra parte, la Sala no encuentra ninguna contradicción en las decisiones
administrativas cuestionadas con la capacidad de viciar su validez, dado que,
revisado su contenido se encuentra que están basadas en los incumplimientos
identificados por los informes técnicos de la interventoría (hechos probados Nos.
6.1.5.3. a 6.1.5.8.), los cuales no fueron desvirtuados por la sociedad OLT Logistics

69

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

S.A.S. y, además, tampoco saltan a la vista yerros formales con la vocación de
afectar la validez de las resoluciones.

Precisamente, esta Corporación ha sostenido que no todo vicio respecto a los actos
administrativos es configurativo de una ilegalidad, sino solo aquel que es
determinante para el sentido de la decisión y/o que desconoce formalidades
previstas en el ordenamiento jurídico141, lo cual reafirma el propio legislador al
disponer en el artículo 45 del CPACA142, al prescribir que los errores simplemente
formales contenidos en los actos administrativos pueden ser corregidos en cualquier
tiempo, ya sean aritméticos, de digitación, transcripción o de omisión de palabras.

Es por ello que, aunque la sociedad Seguros del Estado S.A. sostuvo que en los
actos administrativos se incurrió en contradicciones frente a la fecha de
comunicación de los hechos que originaron la sanción al contratista, ello no se
encontró configurado en las decisiones, sumado a lo cual dicho aspecto tampoco
los habría afectado en su legalidad, por ser simples yerros de forma que no
impedían comprender su motivación, finalidad y los efectos jurídicos que traen
consigo.

Sostener lo contrario llevaría a incurrir en un exceso ritual manifiesto por el hecho
de desestimar los efectos jurídicos directos de los actos administrativos por simples
errores formales, verbi gracia una tilde o un nombre mal escrito, lo cual no es de
recibo para la Sala, pues implicaría hacer prevalecer aspectos no previstos por la
ley por encima la eficacia útil de la función administrativa que solo se encuentra
limitada por lo que disponga el ordenamiento jurídico.

Por todo lo argumentado, se concluye que las Resoluciones Nos. 220 del 10 de julio
de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014 se ajustaron a derecho y no adolecen de
ninguna falencia en su legalidad.

141 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Radicado

05001-23-33-000-2014-02189-01 (1171-18).
142 “Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte,

se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los
interesados, según corresponda”.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

En mérito de lo expuesto, la Sala desestima el primer cargo de apelación tanto frente
a los cuestionamientos principales, como frente a los subsidiarios, por encontrarse
que las Resoluciones Nos. 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014
le son oponibles a la sociedad Seguros del Estado S.A. y, además, fueron dictadas
con el lleno de requisitos de ley, en el marco de los cuestionamientos formulados
por la aseguradora.

6.5. Solución al segundo problema jurídico: Las Resoluciones Nos. 271 y 273
de 2014 le son oponibles a la aseguradora y se dictaron en derecho

6.5.1. La Sociedad Seguros del Estado S.A. consideró en su alzada que el a quo
erró al negar las pretensiones de la demanda respecto a las Resoluciones Nos. 271
del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014, pues: i) no le son
oponibles, ya que no se le notificaron, lo que llevó a que no pudiera asistir a las
audiencias sancionatorias donde se profirieron pese a haber pedido su
aplazamiento y; ii) subsidiariamente, son ilegales, debido a una infracción del
debido proceso y de la normativa superior por la negativa del municipio de Pelaya
tanto a aplazar las audiencias donde se profirieron las decisiones en cuestión, como
por restringir la participación de la aseguradora en la diligencia que resolvió el
recurso de reposición bajo el argumento de que solo estaba prevista para resolver
los reproches del contratista frente a la decisión recurrida.

6.5.2. Al efecto, se encuentra demostrado que, una vez que se le impuso una
primera multa a la sociedad OLT Logistics S.A.S., los incumplimientos de aquella
persistieron, al punto que fue requerida para subsanar aspectos como fallas en la
obtención del material granular en una cantera no autorizada, el pago de
parafiscales, el envío de los planos de obra y de los soportes de pago de los
desembolsos 1 y 2 del anticipo, los residentes aprobados por la interventoría, la
señalización de la obra, la indisponibilidad de los elementos de protección personal
y la ausencia de material de obra, así como también existía un avance del proyecto
de menos del 2% (hechos probados Nos. 6.1.5.14. a 6.1.5.16.).

Pese a lo anterior, la contratista no enmendó los incumplimientos advertidos, por lo
que el 14 de agosto de 2014 fue citada junto con la sociedad Seguros del Estado

71

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

S.A. para una nueva audiencia de cumplimiento; empero, el 19 de agosto siguiente
la empresa aseguradora solicitó el aplazamiento de la audiencia debido a que tenía
otro asunto ante una entidad distinta y porque su ingeniero tenía otros compromisos,
lo cual fue resuelto desfavorablemente por la entidad territorial con base en que era
imperativo sancionar al contratista (hechos probados 6.1.5.17. a 6.1.5.19.).

Así las cosas, el 21 de agosto de 2014 el municipio de Pelaya realizó una segunda
audiencia de incumplimiento a la que la aseguradora no se presentó, lo que en
cualquier caso no le impidió proferir la Resolución No. 271, en la cual impuso una
segunda multa a la sociedad OLT Logistics S.A.S., con base en las circunstancias
de incumplimiento descritas en el párrafo anterior (hecho probado Nos. 6.1.5.19).

Inconforme, la sociedad OLT Logistics S.A.S. presentó recurso de reposición contra
la Resolución No. 271 del 21 de agosto de 2014, que fue resuelto mediante
audiencia del 26 de agosto siguiente, en la cual se expidió la Resolución No. 273 en
el sentido de no reponer la decisión recurrida, que le fue notificada a la sociedad
Seguros del Estado en la misma diligencia por haber asistido, quien en todo caso
suscribió el acta de asistencia con la frase “constancia no puedo intervenir”.

6.5.3. A partir del panorama fáctico anterior, esta Subsección advierte, de entrada,
que no se evidencia ninguna falencia en la eficacia o la legalidad de las
Resoluciones Nos. 271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014,
debido a que sí se convocó a la aseguradora a la audiencia donde se dictaron, sin
que hubiera una obligación de aceptar el aplazamiento pedido, así como la segunda
diligencia estaba circunscrita a resolver el recurso de reposición presentado por la
sociedad OLT Logistics S.A.S., de manera que no resultaba imperativa su
participación, como se pasa a exponer.

6.5.3.1. Primero, es claro que el 14 de agosto de 2014 se citó a la contratista y a la
aseguradora para una nueva audiencia (hecho probado No. 6.1.5.17.), lo que
desvirtúa totalmente la afirmación de la sociedad Seguros del Estado S.A. según la
cual no se le notificó de la diligencia, tanto así que habiendo conocido la
convocatoria, se opuso a la fecha programada y solicitó que se realizara en otra
fecha, motivo por el cual no puede ahora decir que no sabía que se iba a realizar el
trámite sancionatorio.

72

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

En ese sentido, y en línea con las consideraciones plasmadas en apartes anteriores
sobre el procedimiento de incumplimiento de la Ley 1474 de 2011 respecto a las
aseguradoras, la citación de dichas sociedades no requiere mayor formalismo, pues
de lo contrario el legislador habría optado por hacer una remisión expresa a los
medios de notificación del CPACA que a todas luces son mucho más estrictos, pero
en todo caso, residuales para eventos donde no hay normas especiales143.

En el asunto de estudio, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 reguló integralmente
el procedimiento de incumplimiento a efectos de, entre otros, la imposición de
multas, y simplemente estableció que “en el evento en que la garantía de
cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma
manera [que el contratista]”, es decir, solamente se prescribió que a la aseguradora
se le comunicaría o pondría en conocimiento la diligencia para que, si a bien lo tiene,
ejerza su derecho de defensa.

Es por lo expuesto que la Sala no encuentra ninguna irregularidad en la citación a
la sociedad Seguros del Estado S.A. frente a la convocatoria a la diligencia mediante
la cual se interpuso la segunda multa.

De otro lado, si Seguros del Estado S.A. quería conocer la Resolución No. 271 del
21 de agosto de 2014 y/o pronunciarse al momento de su expedición y/o notificación
-en estrados-, tenía la carga de asistir a la diligencia sancionatoria cuya fecha se le
comunicó en debida forma y, no obstante, se abstuvo de acudir pese al rechazo de
la solicitud de aplazamiento (hecho probado 6.1.5.18), situación que relevaba al
municipio de Pelaya a efectuar algún otro tramite respecto a aquella, no solo porque
el legislador no lo previó, sino porque implicaría incorporar un ritual no previsto en
la ley para un trámite que por los objetivos que persigue es expedito, pronto y
suscito. En pocas palabras, si la sociedad aseguradora no asistió a la audiencia y,
por tanto, no interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo fue debido
a su actuar, pero no porque el Municipio le hubiera limitado dicha posibilidad.

143 Sobre ello, el artículo 2 del CPACA prescribe: “Artículo 2. Ámbito de aplicación […] Las
autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin
perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos
se aplicarán las disposiciones de este Código” (Subrayas añadidas).

73

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

Aunado a lo anterior, la Sala estima que, en el presente caso, de cualquier modo,
tampoco correspondía surtir el trámite de notificación del CPACA, pues, una vez
más, como quedó viso en precedencia, prevalece la regulación integral que sobre
la materia consta en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, disposición jurídica que
determinó que las decisiones dictadas en la diligencia en referencia se notifican en
la misma audiencia.

Ahora bien, con relación a la Resolución No. 273 del 26 de agosto de 2014, está
acreditado que dicho acto se dictó en presencia de la aseguradora, por lo que no es
acertado que alegue que no le fue notificado. A ello se añade que, si en gracia de
discusión hubiera alguna indebida notificación, aquella se habría de entender
subsanada, porque la aquí apelante ha descrito en el curso del proceso los actos
administrativos acusados y su contenido, aspecto que revela que, aunque fuera
mediante conducta concluyente, conoce absolutamente de aquellas actuaciones144.

A partir de las consideraciones precedentes, la Subsección no encuentra que se
hubiera incurrido en alguna irregularidad que mermara o afectara la eficacia de las
Resoluciones Nos. 271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014,
por lo que el segundo cargo de apelación principal no prospera.

6.5.3.2. Segundo, subsidiariamente, tampoco se vislumbra ninguna infracción al
debido proceso y de la normativa superior por la negativa del municipio de Pelaya
a aplazar la segunda audiencia de incumplimiento y por limitar la diligencia para
decidir el recurso de reposición presentado por la sociedad OLT Logistics S.A.S. a
esa labor, pues, como se explicará, ello no representó irregularidad alguna, y estuvo
enmarcado en las reglas de la potestad sancionatoria de la Administración del
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Tal y como se puso de presente al resolver el primer cargo de apelación -en sus
dimensiones principal y subsidiario-, y en concordancia con las consideraciones

144 Al efecto, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que puede predicarse que operó una

notificación por conducta concluyente cuando, si bien el destinatario de una decisión administrativa
no la conoció por los medios convencionales, se evidencia que conoce integralmente el contenido
de la decisión. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de junio de
2025. Radicado 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050).

74

Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

generales sobre el procedimiento administrativo sancionatorio contractual de la Ley
1474 de 2011 ya explicado, es claro que el querer del legislador fue prever un
mecanismo expedito de protección al patrimonio público y para la efectividad del
objeto contractual, lo que lo llevó a dotar a la Administración de herramientas como
la imposición de multas para impulsar el cumplimiento de obligaciones retrasadas,
para lo cual debe realizarse una audiencia y garantizarse el debido proceso del
contratista y la garante.

Con todo, comoquiera que la imposición de multas y/o declaratoria de
incumplimiento es expedita, su aplazamiento o suspensión se previó de manera
excepcional solamente cuando “ello resulte en su criterio necesario para allegar o
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier
otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la actuación administrativa”, nada de lo cual se configuró en el asunto
que ocupa la atención de la Sala.

Así pues, la sociedad Seguros del Estado S.A. solicitó el aplazamiento de la
audiencia de incumplimiento basada en que su apoderada tenía otro asunto ante
una entidad distinta, así como porque su ingeniero tenía compromisos de carácter
técnico, argumento que, a juicio de la Sala y derivado de las circunstancias
particulares del caso, resultaba a todas luces insuficiente para excusarse por no
asistir teniendo en cuenta que se le dio a conocer la fecha del trámite de manera
temprana y podía designarse un nuevo apoderado -teniendo en cuenta que se está
ante una persona jurídica que ofrece servicios de aseguramiento en todo el territorio
nacional-, a lo cual se suma que para ese momento tampoco solicitó ninguna prueba
(hecho probado 6.1.5.18).

En ese orden de ideas, es claro que el municipio de Pelaya debía hacer prevalecer
la eficacia administrativa y mantener la fecha de la audiencia de incumplimiento,
máxime si se tiene en cuenta que para el 21 de agosto de 2014 que se realizó la
diligencia el avance del contrato era menor al 2%, lo que obligaba a promover un
impulso al contratista para que corrigiera las fallas que le habían impedido cumplir
sus deberes negociales como en efecto sucedió, aspecto que se hubiera tornado
en inocuo si se suspendiera la audiencia entre otros, porque el plazo del contrato
era de 6 meses y habría de concluir el 5 de octubre de 2014 (hecho probado No.

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6.1.5.1.), de ahí que no era dable esperar hasta el último día de vigencia para
exhortar a la sociedad OLT Logistics S.A.S. a quedar al día en su mora obligacional.

De ese modo, es claro para la Sala que las Resoluciones Nos. 271 del 21 de agosto
de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014 no adolecen de algún vicio de legalidad por
la negativa del municipio de Pelaya a aplazar la audiencia donde la primera decisión
se profirió.

Ahora bien, en cuanto al reproche según el cual fue ilegal que no se permitiera la
intervención de Seguros del Estado S.A. durante la audiencia del 26 de agosto de
2014, en la cual se dictó la Resolución No. 273 desestimando el recurso de
reposición presentado por el contratista, se considera que ello no fue irregular, por
el hecho de que el momento donde la aseguradora pudo cuestionar la Resolución
No. 271 del 21 de agosto de 2014 fue en la audiencia de esa misma fecha, en la
cual debía notificársele la actuación y, aun así, se abstuvo de asistir a aquella.

En tal sentido, hay que comenzar por indicar, de nuevo, que el artículo 86 de la Ley
1474 de 2011 impuso en cabeza de la entidad estatal el deber de comunicar a la
garante del contrato sobre el impulso del procedimiento sancionatorio de
incumplimiento, señalando el alcance de la imputación que se pretende efectuar,
para que si a bien lo tiene aquella ejerza su derecho de defensa y, tras ello, se dicte
la decisión correspondiente, frente a la cual procederá recurso de reposición.

Los anteriores mandatos delimitan la manera en que interviene la garante y la forma
en que puede defenderse, por lo que puede participar directamente en la audiencia
respectiva -e incluso antes- oponiéndose a la imposición de multas o a la
declaratoria definitiva de incumplimiento y, una vez se le notifique en esa misma
diligencia la actuación que se tome, está investida para recurrirla en sede de
reposición y, así, volver a intervenir eventualmente durante el trámite donde se
resuelva su reproche.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demostró que el municipio de
Pelaya citó a la sociedad Seguros del Estado S.A. a la segunda audiencia de
incumplimiento y, no obstante, se rehusó a acudir tras denegarse su solicitud de
aplazamiento. Luego, como la sociedad OLT Logistics S.A.S. sí compareció, aquella

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recurrió en sede de reposición la Resolución No. 271 del 21 de agosto de 2014,
reproche que fue resuelto desfavorablemente mediante audiencia de la misma
fecha, a través de la Resolución No. 273 del 26 de agosto de 2014, diligencia en la
cual la aseguradora quería ser oída (hechos probados 6.1.5.19 y 6.1.5.20).

Pues bien, comoquiera que la sociedad Seguros del Estado S.A. no quiso acudir a
la segunda audiencia de incumplimiento, dicha falencia no podía ser suplida a
capricho, pues para la diligencia el 26 de agosto de 2014 la Administración solo
debía resolver el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Seguros del
Estado S.A., que fue el cuestionamiento que se formuló en el momento idóneo, sin
que correspondiera devolver el trámite al comienzo por el simple hecho de que la
garante estuvo ausente anteriormente.

Es cierto que, como ya se ha reiterado, existe un deber de la entidad estatal de
convocar a la garante, pero ello no quiere decir que aquella pueda acudir e intervenir
ilimitadamente, desconociendo las etapas previstas en el artículo 86 de la Ley 1474
de 2011, pues ello dejaría indefinidamente en suspenso la actuación administrativa
sancionatoria y, por consiguiente, terminaría vaciándola de contenido práctico.

En ese orden de ideas, si Seguros del Estado S.A. quería intervenir y/o cuestionar
la Resolución No. 271 de 2014, pudo acudir a la audiencia en la que se dictó,
momento en el cual aquella se le habría notificado para, de ser el caso, recurrirla,
nada de lo cual sucedió, de suerte que no correspondiera retrotraer el trámite.

A partir de las consideraciones que anteceden, resulta claro para esta Subsección
que, en general, las Resoluciones Nos. 271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26
de agosto de 2014 se dictaron con el lleno de los requisitos de ley y, por
consiguiente, no adolecen de ningún vicio de validez.

En ese orden de ideas, se concluye que las Resoluciones Nos. 271 del 21 de agosto
de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014 surtieron plenos efectos por no padecer de
falencias en su eficacia, aunado a lo cual se profirieron en derecho, por lo que el
segundo cargo de apelación -tanto principal como subsidiario- se desestima.

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6.6. Solución al tercer problema jurídico: La Resolución No. 355 de 2014 le es
oponible a la aseguradora y se dictó en derecho

6.6.1. La Sociedad Seguros del Estado S.A. consideró en su alzada que el a quo
erró al negar las pretensiones de la demanda respecto a la Resolución No. 355 del
22 de octubre de 2014, ya que: i) a su juicio no le es oponible, pues no le fue
notificada, lo que llevó que no pudiera asistir a la audiencia sancionatoria donde se
emitió, pese a haber pedido su aplazamiento; y ii) subsidiariamente es ilegal por
vulnerar el debido proceso al negar el aplazamiento de la audiencia donde se dictó,
desestimarse la posibilidad de escuchar virtualmente a la aseguradora, no
trasladarse una prueba en favor de aquella y por no proceder, en su criterio, la
devolución del anticipo no amortizado por la suma de $2.459’497.826,45,
considerando que la contratista supuestamente lo invirtió en la compra de materiales
y en el transporte y alquiler de maquinaria.

6.6.2. Al efecto, se encuentra acreditado que, una vez suscrito el contrato de obra
No. 022 del 16 de enero de 2014 entre el municipio de Pelaya y la sociedad OLT
Logistics S.A.S. y tras el perfeccionamiento de la póliza de cumplimiento No. 75-44-
101054421, el 19 de febrero de 2014 se signó el acta de inicio del acuerdo de
voluntades y se definió el plan de inversión del anticipo, que debía destinarse en un
10% al pago de salarios y jornales, por la suma de $258’791.669,20; en un 30% al
transporte y alquiler de maquinarias, por la suma de $770’375.007,60; y en un 60%
a la compra de materiales y accesorios, por la suma de $1.540’750.015,20 (hechos
probados 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.1., y 6.1.4.2.).

Seguidamente, la sociedad OLT Logistics S.A.S. suscribió varios contratos de
suministro de materiales y arrendamiento de maquinaria y equipos, a partir de lo
cual se emitieron varias cuentas de cobro y la autorización de giros por las sumas
de $1.463’712.514 y $731’856.257; empero, no se demostró que, en efecto, dichos
insumos estuvieran disponibles en la obra, pues como ya se ha reseñado, esta no
llegó ni a un 2% de ejecución y, precisamente, dentro de los incumplimientos
atribuidos al contratista se encontraban la indisponibilidad de materiales y
maquinaria para la consecución de la obra (hechos probados Nos. 6.1.4.3. a
6.1.4.6., 6.1.5.3., 6.1.5.4., 6.1.5.7. y 6.1.5.14.).

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Asimismo, durante la ejecución contractual el municipio de Pelaya le advirtió a la
sociedad OLT Logistics S.A.S. en múltiples ocasiones que no allegó los soportes de
pago de los desembolsos 1 y 2 del anticipo, lo que, junto con su mora obligacional,
que ascendió al 98% de inejecución, llevó a que, el 17 de octubre de 2014, se la
citara a una audiencia definitiva de incumplimiento cuyo aplazamiento, no obstante,
pidió la sociedad Seguros del Estado S.A., por considerar que la entidad territorial
no le había enviado una prueba técnica dirigida a determinar el porcentaje exacto
de avance del contrato (hechos probados Nos. 6.1.5.23. a 6.1.5.27 y 6.1.5.28.).

Con todo, el 21 de octubre de 2014, el municipio de Pelaya descartó el aplazamiento
de la audiencia por considerar que era apremiante tomar medidas para proteger el
patrimonio público ante los graves incumplimientos presentados, así como la Ley
1474 de 2011 no previó un deber de traslado de las pruebas practicadas y en todo
caso cuando se fijó la diligencia de práctica no asistió la garante, por lo que se le
habría de dar a conocer el medio probatorio en la diligencia de incumplimiento
definitivo (hecho probado 6.1.5.29.).

En la misma fecha la sociedad Seguros del Estado S.A. aseveró que la negativa al
aplazamiento de la audiencia le vulneró el debido proceso, y pidió que se le aplicara
el CPACA en cuanto a la prueba no trasladada y que la audiencia fuera virtual; sin
embargo, una vez más, el municipio de Pelaya desestimó sus reclamos por estimar
que ese estatuto procesal no era aplicable y que no existía un deber de realizar la
diligencia digitalmente (hechos probados Nos. 6.1.5.29. y 6.1.5.31.).

Finalmente, el 22 de octubre de 2014, el municipio de Pelaya realizó la audiencia
de incumplimiento y expidió la Resolución No. 355, mediante la cual lo declaró frente
al contrato de obra 022 de 2014 en ausencia del contratista y de la sociedad Seguros
del Estado S.A., se hizo efectiva la cláusula penal por el 20% del valor del contrato,
se ordenó el pago de la cláusula penal con cargo a la póliza de cumplimiento y se
declaró el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de
$2.459’497.826,45, obtenida de descontar al valor del amparo del porcentaje de
obra ejecutado y que pudo ser determinado en la visita de obra realizada.

En la diligencia se abordaron varios cuestionamientos de la aseguradora -no consta
que hubiera asistido, pero sí se deprecaron sus reproches- en cuanto a: i) descontar

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el porcentaje ejecutado, considerando que la ejecución fue de cerca del 2%; ii)
haberse practicado una prueba a cuya práctica la garante no asistió y que, en todo
caso, revela que el valor ejecutado fue solo de $108’418.865,55; y iii) poner de
presente las más de 6 solicitudes de aplazamiento de la aseguradora durante todo
el trámite sancionatorio del contrato, lo que se consideró dilatorio.

6.6.3. A la vista de las consideraciones que anteceden, esta Subsección encuentra
que no existe ninguna irregularidad respecto a la Resolución No. 355 del 22 de
octubre de 2014 en cuanto a su eficacia y validez, debido a que sí se le notificó a la
aseguradora la fecha de realización de la audiencia y, no obstante, no acudió; no
era dable aplazarla o realizarla virtualmente por no existir justificación para ello; no
existieron anomalías respecto a la prueba recaudada y; finalmente, la suma que se
fijó por indebido manejo del anticipo fue acertada, como se pasa a explicar.

6.6.3.1. Primero, en cuanto al reproche de eficacia a partir del cual la apelante indicó
que la audiencia donde se dictó la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014 y
dicha decisión no le fueron notificadas, vale destacar, como se hizo al resolver el
segundo cargo de apelación, que en virtud del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011,
a la entidad estatal le corresponde, de programar una audiencia de incumplimiento
contractual, convocar al contratista y, además, a la aseguradora garante,
comunicándole aspectos como la fecha de la diligencia y el alcance de la mora que
busca atribuirle al cocontratante incumplido.

Una vez se inicie la diligencia, se oirá a los interesados, de haber asistido, para
luego dictar la decisión que corresponda, que se notificará en la misma diligencia.

Dado que ya ha sido precisado que el régimen del artículo 86 de la Ley 1474 de
2011 reguló de forma integral la facultad sancionatoria de las entidades estatales
en punto a la imposición de multas y/o a la declaratoria de incumplimiento definitivo,
no corresponde añadir al trámite en comento exigencias adicionales a las previstas
por el propio legislador para ese específico escenario, lo que, aterrizado a la
contienda de estudio, revela que no existió irregularidad alguna con las
notificaciones a la sociedad Seguros del Estado en torno a la Resolución No. 355
del 22 de octubre de 2014.

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En efecto, está claro que la sociedad Seguros del Estado S.A. fue convocada a la
audiencia de incumplimiento mediante proveído del 17 de octubre de 2014,
informándole del alcance de la mora obligacional de la sociedad OLT Logistics
S.A.S. (hecho probado 6.1.5.17.), circunstancia que pone en evidencia que no es
cierto que no se le hubiera informado que se realizaría una nueva actuación
sancionatoria, como se sostuvo en la demanda y la apelación, aspecto que resulta
suficiente para desestimar ese cuestionamiento.

Sobre ello, se reafirma que para la convocatoria a la audiencia de incumplimiento
no es necesario ningún formalismo distinto a la comunicación de los datos generales
de la mora obligacional, así como de la fecha, hora y lugar de la realización de la
diligencia, por lo que es claro que el municipio de Pelaya satisfizo esos aspectos
frente a la sociedad Seguros del Estado S.A.

Por otro lado, aunque se encuentra que la aseguradora solicitó el aplazamiento de
la audiencia por una prueba que a su juicio no se le había trasladado y por su deseo
de que el trámite fuera virtual, tras lo cual el municipio de Pelaya se rehusó porque
ya se había realizado una diligencia con ese fin y aquella no asistió, aunado a lo
cual el medio probatorio se le daría a conocer en la diligencia del 22 de octubre de
2014 y no había una obligación de efectuarla virtualmente (hechos probados
6.1.5.27. a 5.1.5.30), lo cierto es que ello revela un actuar garante del debido
proceso por la entidad territorial.

Efectivamente, el municipio convocó una audiencia para trasladarle la prueba a la
aseguradora y sin justificación alguna esta se ausentó y, en todo caso, se ofreció a
que conociera de dicho medio probatorio en la audiencia final de incumplimiento, a
la cual la aseguradora tampoco asistió, por lo que la apelante no puede ahora
achacarle su negligencia a la entidad territorial y pretender que se debía paralizar
todo el trámite ante los gravísimos incumplimientos presentados y considerando que
el plazo del acuerdo de voluntades estaba por fenecer.

Lo propio sucede con la solicitud de Seguros del Estado S.A. de realización de la
audiencia en forma virtual, por no evidenciarse ninguna obligación de la utilización
de esos canales en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 -norma especial que, de
nuevo, regula la materia- y considerando que, como se indicó al analizar cargos

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

anteriores, la aseguradora en comento es una persona jurídica que tiene la
capacidad de contar con múltiples apoderados para suplir las necesidades jurídicas
a su cargo, de modo que no es posible paralizar los procedimientos administrativos
sancionatorios con los riesgos que ello representa por aspectos como que el
apoderado designado tiene dos diligencias al tiempo.

A partir de las consideraciones que anteceden, no cabe duda de que la convocatoria
a la diligencia final de incumplimiento se hizo con respeto de los derechos de la
sociedad Seguros del Estado S.A., en tanto garante de las obligaciones derivadas
del contrato No. 022 de 2014.

Ahora bien, frente a la notificación propiamente de la Resolución No. 355 del 22 de
octubre de 2014, se insiste en que el trámite del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
prevé que las decisiones tomadas en el marco de esa facultad sancionatoria se
notificarán -al contratista y la sociedad garante- en audiencia, sin que sean
aplicables las reglas de notificación del CPACA, por lo que a la sociedad Seguros
del Estado S.A. le asistía la carga de acudir al trámite correspondiente para conocer
esa decisión y, como en todo caso se ausentó sin una justificación, el municipio de
Pelaya no tenía la obligación de siquiera remitirle la decisión por otro medio.

A lo anterior se añade que, de todos modos, y de manera similar a lo sostenido en
el estudio del segundo cargo de apelación, la apelante describió integral, exhaustiva
y minuciosamente el contenido de la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014
en sus intervenciones durante el curso de este proceso, por lo que, si en gracia de
discusión hubiera habido alguna irregularidad en su notificación, lo cierto es que se
vio saneada por haber conocido la actuación en cuestión por conducta concluyente.

En ese orden de ideas, la Sala descarta la existencia de algún vicio de eficacia frente
a la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014, por haber sido producto de la
debida comunicación de la audiencia donde se dictó y dada la inasistencia de la
sociedad Seguros del Estado en la diligencia.

6.6.3.2. Segundo, tampoco se encuentra que la Resolución No. 355 del 22 de
octubre de 2014 sea ilegal por negarse el aplazamiento de la audiencia,
desestimarse su realización virtual, no trasladársele una prueba fuera de audiencia

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y por atribuírsele a la aseguradora el pago de la suma de $2.459’497.826,45 por
anticipo no amortizado, como se verá a continuación.

Al respecto, la Sala advierte que los cuestionamientos de negarse el aplazamiento
de la audiencia y desestimarse su realización virtual, así como no trasladarse a la
aseguradora una prueba fuera de audiencia son idénticos a los planteados frente al
tercer problema jurídico principal, en punto al reproche de falta de efectos jurídicos
de la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014, de suerte que basta precisar
que como aquellos no prosperaron, ello es plenamente extensible al análisis del
cargo subsidiario de invalidez, sin que corresponda indicar nada adicional, de
manera que este no prospera en cuanto a dichos argumentos.

Ahora bien, en lo que concierne al cuestionamiento según el cual a la aseguradora
no le correspondía asumir la suma de $2.459’497.826,45 por concepto de anticipo
no amortizado, en consideración a que la contratista invirtió dichos saldos en la
compra de materiales y en el transporte y alquiler de maquinaria, es absolutamente
claro que ello no fue así, pues si bien, como ya se precisó anteriormente, se
suscribieron varios contratos de suministro de materiales de obra y de alquiler de
maquinaria y equipos, frente a los cuales los montos de $1.463’712.514 y
$731’856.257 se comprometieron y desembolsaron por la entidad territorial (hechos
probados Nos. 6.1.4.3. a 6.1.4.6.), durante la ejecución negocial se echó de menos
la presencia de tales insumos, que de ninguna manera se utilizaron en la obra.

Inclusive, el 27 de noviembre de 2014 los proveedores de la sociedad OLT Logistics
S.A.S. manifestaron expresamente que los dineros girados dentro del anticipo por
las sumas de $1.463’712.514 y $731’856.257 no les fueron entregados (hecho
probado 6.1.6.4.), lo que pone en evidencia que, con mayor razón, dichos saldos no
se utilizaron y/o siquiera giraron por el contratista para adquirir los insumos
necesarios para la correcta consecución del proyecto, escenario que, a su vez,
guarda coherencia con un porcentaje de avance final menor al 2%.

A partir del contexto anterior, es forzoso concluir que, contrario a lo sostenido en la
apelación por la sociedad Seguros del Estado S.A., el anticipo no fue invertido en el
proyecto como lo exigían el numeral 4.5.3. de los pliegos de condiciones y la
cláusula sexta del contrato No. 022 del 16 de enero de 2014, en el sentido de que

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“no se destinaría a fines distintos a los del plan de inversión aprobado por la
interventoría” (hechos probados Nos. 6.1.1.4. y 6.1.2.), lo que habilitaba totalmente
al municipio de Pelaya a hacer efectiva la póliza No. 75-44-101054421 en cuanto a
su buen manejo y correcta inversión.

Así las cosas, la Sala encuentra que no existe ninguna irregularidad en cuanto a la
Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014 respecto de sus elementos de
eficacia y/o de validez, de modo que tenía la vocación de surtir plenos efectos
jurídicos frente a la sociedad Seguros del Estado S.A. y, además, contaba con los
atributos de ejecutoriedad y ejecutividad, producto de su legalidad y firmeza. En
mérito de lo expuesto, el tercer cargo de apelación -en sus dimensiones principal y
subsidiario- no prospera.

6.7. Solución al cuarto problema jurídico: Las resoluciones cuestionadas no
incurrieron en ninguna violación directa de la ley y se ajustaron a derecho

6.7.1. La Sociedad Seguros del Estado S.A. consideró en su alzada que el a quo
erró al negar las pretensiones de la demanda respecto a la nulidad de todos los
actos administrativos cuestionados, debido a que aquellos adolecieron de una
violación directa de la ley, por haber sido el municipio de Pelaya quien desatendió
el contrato gravemente, lo que justificaba la excepción de contrato no cumplido y,
por consiguiente, relevaba a la aseguradora de asumir los escenarios cubiertos por
la póliza de cumplimiento debido a una alteración del estado del riesgo.

Para sustentar lo anterior, puntualizó que los incumplimientos atribuidos al municipio
de Pelaya consistieron en: la i) la entrega del anticipo sin haberse suscrito el acta
de inicio de la fase II del contrato, ii) la entrega del anticipo sin aval del interventor
y iii) la realización de un tercer giro de anticipo sin autorización del interventor.

También se consideró que se debió esperar a la liquidación del acuerdo de
voluntades para cobrar el siniestro.

6.7.2. En ese contexto, se encuentra acreditado que el pliego de condiciones y el
contrato de obra No. 022 de 2014 suscrito entre el municipio de Pelaya y la sociedad
OLT Logistics S.A.S. establecieron que el anticipo ascendía al 40% del valor del

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contrato y se administraría a través de una fiducia, así como se tendrían como
requisitos para su entrega: i) la suscripción del acta de inicio del plazo de ejecución
de las obras, ii) la presentación del contrato de fiducia, iii) la aprobación del plan de
inversión y buen manejo del anticipo y, iv) el visto bueno de la entidad territorial. Los
gastos del anticipo debían contar con el aval del interventor, el ordenador del gasto
y la persona que el FONADE designara (hechos probados Nos. 6.1.1.4. y 6.1.2.).

El contrato también dispuso un deber en cabeza del contratista de constituir en una
compañía de seguros una garantía de cumplimiento que, entre otros, amparara el
buen manejo y la correcta inversión del anticipo y, de configurarse el siniestro sin
haber saldos a favor del contratista, se haría efectiva la garantía única constituida.

A partir del anterior panorama, el 23 de enero de 2014 la sociedad Seguros del
Estado S.A. otorgó la póliza de cumplimiento No. 75-44-101054421, en la cual,
además de precisar que traía consigo el reconocimiento de sumas como multas y
la cláusula penal pecuniaria, incorporó la cobertura de buen manejo y correcta
inversión del anticipo, que habría de cubrir los perjuicios que se causaran por la no
inversión, el uso indebido y/o la apropiación indebida (hecho probado No. 6.1.3.).

El 19 de febrero de 2014 las partes del contrato y el interventor suscribieron el acta
de inicio del proyecto y, ese mismo día, se suscribió el plan de inversión del anticipo
con los siguientes rubros (hechos probados Nos. 6.1.4.1. y 6.1.4.2.):

ANTICIPO
Actividad Porcentaje Valor
Pago de salarios y jornales 10% $258’791.669,20
Transporte y alquiler de maquinarias 30% $770’375.007,60
Compra de materiales y accesorios 60% $1.540’750.015,20

A su vez, el 20 de febrero de 2014 la sociedad OLT Logistics S.A.S. suscribió varios
contratos de suministro de materiales para obra civil y de alquiler de maquinaria y
equipos, por las sumas de $1.463’712.514. y $731’856.257, tras lo cual la fiduciaria
emitió varias órdenes de giro para transferir a los subcontratistas dichos saldos
(hechos probados Nos. 6.1.4.3. a 6.1.4.6.).

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Luego, los días 9 y 22 de septiembre de 2014 se encontró que, aunque se había
autorizado solamente dos desembolsos derivados del anticipo, por las sumas de
$1.463’712.514 y $731’856.257, solamente quedaba en la fiducia un saldo
disponible de $2’838.939,15, mucho menor al valor que debía haber restándose los
dos primeros emolumentos (hecho probado No. 6.1.5.24.).

Tras ello, y como ha sido narrado durante la resolución de los otros cargos de
apelación, se configuró un incumplimiento de un 98% del contrato por la sociedad
OLT Logistics S.A.S. que llevó tanto a la imposición de dos multas como a la
declaratoria de incumplimiento definitiva el 22 de octubre de 2014, junto con lo cual
se hizo efectiva la cláusula penal por el 20% del contrato y se declaró el siniestro de
buen manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de $2.459’497.826,45,
emolumento producto del valor total del anticipo menos el pequeño porcentaje de
obra ejecutado (hecho probado No. 6.1.5.32.).

Finalmente, los proveedores de la sociedad OLT Logistics S.A.S. manifestaron que
los saldos producto de la subcontratación del contratista no les fueron entregados
(hecho probado No. 6.1.6.4.) y, el 19 de noviembre de 2014, la sociedad Alianza
Fiduciaria le indicó a la interventoría que los dineros de la fiducia se movieron entre
el 10 de marzo y el 19 de diciembre de 2014 y que ha solicitado el reintegro en
repetidas ocasiones sin éxito, pese a que la interventoría solo había autorizado el
giro de las sumas de $1.463’712.514 y $731’856.257 (hechos probados Nos.
6.1.6.2. y 6.1.6.3.).

6.7.3. A partir de los anteriores hechos jurídicamente relevantes, la Sala no
encuentra ninguna irregularidad respecto a la totalidad de actos administrativos
demandados, no solo porque no se encontró ningún mal manejo del anticipo por el
municipio de Pelaya o la interventoría, sino porque no requería efectuar el corte de
cuentas para cobrarle a la sociedad Seguros del Estado S.A. el valor identificado
que debía asumir por cuenta de la póliza No. 75-44-101054421, como se pasa a
exponer.

Previo a estudiar el último cargo de apelación, la Sala advierte que, aunque se
encuentra que el valor inicial cobrado a la aseguradora -$4.508’000.000- no coincide
con el valor de la liquidación del contrato No 022 de 2014 -$4.391’497.826,45-

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

(hechos probados 6.1.6.1. y 6.1.7.1.), en realidad ello no fue objeto de apelación, ni
tampoco se acreditó cuál fue con exactitud la suma total que pagó la sociedad
Seguros del Estado S.A. al municipio de Pelaya -pues obra el pago de sumas mucho
menores a esos dos saldos-, de manera que no se emita pronunciamiento alguno
de fondo sobre ello.

Precisado lo anterior, vale destacar que la parte apelante alegó un indebido manejo
del anticipo como circunstancia eximente de la asunción del riesgo cubierto por la
póliza bajo la premisa de una excepción de contrato no cumplido y una culpa
exclusiva de la entidad territorial municipal, lo que se pasará a analizar para
determinar si, en efecto, ello acaeció y, de haber sido así, si tiene la vocación de
eximir a la aseguradora.

Vale recordar que, como fue ampliado en párrafos anteriores, la función de
aseguramiento de los contratos estatales tiene por fin preservar el objeto negocial y
los recursos invertidos para su materialización, por lo que la cobertura adquirida
suele prever los riesgos más destacados durante la ejecución negocial, entre ellos
el indebido manejo del anticipo y la calidad de la obra.

Con todo, puede haber eventos en los cuales, sin perjuicio de la garantía otorgada,
el riesgo cubierto declarado en línea con el artículo 1058 del Código de Comercio145
se distorsiona por circunstancias que pueden ser ajenas o del entero resorte de una
de las partes, lo que, en los términos del artículo 1060 del Código de Comercio
cuando no se notifica en debida forma en principio lleva a la terminación del contrato

145 “Artículo 1058. El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que

determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La
reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo
hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen
la nulidad relativa del seguro. // Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario
determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por
culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. // Si la
inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero
el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la
tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. //
Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el
contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de
la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente […]”.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

de seguro146-147, con la precisión de que el seguro permanecerá vigente, y la
aseguradora deberá indemnizar los perjuicios que se ocasionen por los siniestros
que se originen en amparos cuyo riesgo no se alteró.

Aclarado el alcance de la alteración del estado del riesgo, no se evidencia que la
figura en cuestión se configure respecto a todos los actos administrativos
cuestionados, debido a que no se encontró ningún mal manejo del municipio de
Pelaya o de la interventoría frente al anticipo, ni el ente territorial estaba obligado a
liquidar el contrato para cobrar las sumas de dinero cubiertas por la garantía.

6.7.3.1. Ciertamente, de la lectura del pliego de condiciones y la cláusula
decimocuarta del acuerdo de voluntades No. 022 de 2014 no se deriva ninguna
obligación de entregar el anticipo luego de la suscripción del inicio de la fase II del
contrato, pues bastaba para tal efecto la emisión del acta de inicio del plazo de
ejecución de las obras -además de otros requisitos cuyo incumplimiento no se
invocó- (hecho probado No. 6.1.2.) y, además, no habría tenido sentido esperar al
comienzo de las obras cuando, precisamente, la entrega temprana del pago del
contrato tiene por fin otorgar liquidez al contratista para la preparación de la
ejecución negocial148, circunstancia que resulta suficiente para descartar que el
municipio de Pelaya hubiera incurrido en alguna irregularidad sobre ese aspecto
pasible de viciar la legalidad de las decisiones enjuiciadas.

146 “Artículo 1060. El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado

del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o
circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que,
conforme al criterio consignado en el inciso lo del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo o
variación de su identidad local. // La notificación se hará con antelación no menor de diez días a la
fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del asegurado o del tomador. Si le
es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella,
conocimiento que se presume transcurridos treinta días desde el momento de la modificación. //
Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior, el asegurador
podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima. // La falta de
notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del asegurado
o del tomador dará derecho al asegurador a retener la prima no devengada […]”. (Se subraya).
147 Sobre la alteración del estado del riesgo ver: i) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.

Sentencia del 2 de agosto de 2001. Expediente No. 6146 y ii) Consejo de Estado, Sección Tercera:
a) sentencia del 30 de enero de 2008. Radicado 52001 23-31-000-2005-00512 01(32867) y b)
Subsección B. Auto del 17 de marzo de 2021. Radicado 73001-23-31-000-2011-00166-01 (52705).
148 En cuanto a las funciones del anticipo en el contrato estatal ver: Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de septiembre de 2016. Radicado 73-001-23-00-003-1999-
01046-01 (51341). En dicha decisión, se sostuvo que, aunque no se pacte el momento en que
corresponda desembolsar el anticipo “por su naturaleza y alcance la Sala considera que debía
efectuarse antes o, a lo sumo, al tiempo en que se suscribiera el acta de iniciación de obras”.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

Tampoco se deriva del clausulado contractual o del pliego de condiciones un deber
del interventor de avalar el anticipo, como sí de dar un visto bueno los gastos que
se pretendiera cubrir con esa erogación, lo cual se efectuó al aprobarse el plan de
inversión del anticipo, que contó con la firma del representante legal de la
interventoría, aspecto que era suficiente para que, una vez presentadas las órdenes
de giros por los valores allí consignados la fiduciaria efectuara los desembolsos
correspondientes, como en efecto sucedió frente a las sumas de $1.463’712.514 y
$731’856.257 (hechos probados 6.1.1.4., 6.1.2. y 6.1.4.2. a 6.1.4.6.).

Asumir que la interventoría debía aprobar todos y cada uno de los actos del contrato,
incluso desconociendo el alcance de sus atribuciones por las propias partes,
implicaría subestimar que el rol de aquella es simplemente de vigilante del negocio
jurídico, por lo que, al igual que la aseguradora, funge como tercero de la relación
contractual, sin que esté investida para modificar el acuerdo de voluntades, so pena
de la desnaturalización su función, de suerte que, a efectos del anticipo, no debía
aprobarlo como tal, sino avalar los gastos que se buscaba cubrir con ese saldo,
pues ese fue el querer de los cocontratantes del acto jurídico No. 022 de 2014149.

Ahora bien, en cuanto a lo que la apelante denominó “tercer giro del anticipo”, se
probó que consistió en el vaciamiento de la fiducia constituida para proteger dicho
saldo sin autorización de la entidad contratante y de la interventoría (hechos
probados 6.1.5.32., 6.1.6.2., 6.1.6.3. y 6.1.6.4.), motivo por el cual, sin perjuicio de
que la última entidad no estaba obligada a avalar el movimiento monetario en
cuestión, no existe ninguna responsabilidad en cabeza de aquellas por esa razón,
cuando se encuentra que indagaron a la sociedad fiduciaria y fue aquella la que
asumió la culpa de lo acaecido mediante actos como solicitar la devolución de los
saldos despojados (hechos probados Nos. 6.1.6.2. y 6.1.6.4.).

Ante ese escenario, la aseguradora estaba plenamente facultada para, a partir de
la subrogación de que trata el artículo 1096 del Código de Comercio 150, perseguir

149 La jurisprudencia de esta Subsección ha sostenido que el interventor debe atenerse a lo
convenido tanto en su contrato de consultoría, como en el acuerdo de voluntades vigilado, sin que
esté investido para reemplazar a las partes de este último, so pena de desbordar sus funciones.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicado
25000-23-36-000-2015-02630-02 (67095).
150 “Artículo 1096. El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley

y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

judicialmente al directo responsable de la pérdida de recursos, que en este caso
habría sido la sociedad OLT Logistics S.A.S. y, eventualmente, la sociedad
fiduciaria, en lugar de atribuirle los costos de la cobertura a la víctima del siniestro,
máxime si no tuvo que ver con la concreción del riesgo asegurado.

Por lo anterior, es claro que la interventoría se atuvo a cumplir su rol frente al aval
de los gastos que se pretendía suplir con el anticipo y el municipio aprobó los
desembolsos 1 y 2 por cumplir con las exigencias convencionales y legales, sin que
por ello se haya presentado una alteración del riesgo asegurado por circunstancias
como una culpa de aquellos o actos meramente potestativos. Como consecuencia,
el cuarto cargo de apelación no prospera en cuanto a esos aspectos.

6.7.3.2. Por último, frente al reproche según el cual solo se podía cobrar el monto
cubierto por la póliza hasta que se liquidara el contrato, esta Subsección evidencia
que en el contrato de obra No. 022 de 2014 se convino que la póliza de seguros se
haría efectiva de no haber saldos a favor del contratista (hecho probado No. 6.1.2.),
sin que necesariamente se deduzca de ello algún deber de liquidar el contrato para
llegar a esa conclusión, como erradamente lo sostiene la parte apelante.

Se reitera que la aseguradora no es más que un simple tercero de la relación
negocial cubierta mediante la garantía otorgada, por lo que, aunque tiene derecho
a participar en diligencias como las audiencias sancionatorias, no puede introducir
un querer no estimado por los cocontratantes para desconocer las obligaciones de
seguros a su cargo, lo que, aterrizado al caso concreto, permite concluir que no era
necesario realizar un corte de cuentas del contrato No. 022 de 2014 para el cobro
de la póliza respectiva.

Por el contrario, era plenamente claro que no había ningún saldo en favor de la
sociedad OLT Logistics S.A.S., debido a que ejecutó apenas el 2% del contrato y
se apropió de un gran porcentaje de los recursos del anticipo en forma -al parecer-
fraudulenta e ilegal (como se narró en el hecho probado No. 6.1.6.4.), lo cual fue

del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer
valer contra el damnificado. // Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado
cuando éste, a título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la
cosa asegurada”.

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

sustento de decisiones como la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014,
donde entre otros se practicó una prueba para determinar con el mayor detalle
posible la mora obligacional, sin que, entonces, fuera dable esperar hasta liquidar
el negocio jurídico para que la aseguradora asumiera sus obligaciones.

Vale recordar que la liquidación del contrato es una prerrogativa en favor de las
partes del acuerdo de voluntades, por lo que terceros ajenos a la relación negocial
no están investidos para pedirla y/o realizarla por su cuenta, so pena de usurpar los
derechos de los cocontratantes.

Así las cosas, es palmario concluir que no se encontró demostrada ninguna de las
circunstancias de supuesta ilegalidad que la sociedad Seguros del Estado S.A. les
endilgó a los actos administrativos cuestionados en esta contienda, motivo por el
cual el cuarto cargo de apelación no prospera.

6.8. Finalmente, la Sala no puede perder de vista, a partir de los hechos probados
reseñados, que el objeto del contrato de obra No. 022 del 16 de enero de 2014 no
se logró materializar pese a que el municipio de Pelaya efectuó varios giros de
dinero por cuenta del anticipo convenido, emolumentos que, por demás, no fueron
invertidos en el proyecto y, a su vez, fueron retirados indebidamente por la sociedad
OLT Logistics S.A.S., conductas que le corresponde evaluar a las autoridades
competentes en sede disciplinaria, fiscal y penal.

Como consecuencia, se compulsarán copias a la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación
para que, si a bien lo tienen, determinen las eventuales responsabilidades derivadas
de la situación en comento.

6.9. A partir de las consideraciones expuestas a lo largo del acápite de solución a
los problemas jurídicos, cabe concluir que no se acreditó ningún vicio de eficacia
y/o validez de los actos administrativos cuestionados, pues al expedirlos y
notificarlos el municipio de Pelaya actuó atenido al ordenamiento jurídico y, entre
otros, garantizó el debido proceso de la aseguradora, motivo por el cual la apelación
no prospera y, por tanto, se confirmará la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

7. Costas

El numeral 1 del artículo 365 del CGP151 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación152 .

Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la sociedad
Seguros del Estado S.A., quien interpuso el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará
de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del
Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en
cuenta que, de todos modos, en esta instancia no se fijarán agencias en derecho,
dado que la demandada no intervino en segunda instancia153, motivo por el cual
aquellas no se entienden causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de

151 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
152 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
153 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado

17001233300020120017601 (51034).

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Radicado: 200012339000201600244-02 (66878)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

la demanda, en virtud de las consideraciones plasmadas en la parte motiva de esta
decisión.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la sociedad Seguros
del Estado S.A., las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal
de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366
del Código General del Proceso.

TERCERO: Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, a la
Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que
determinen las eventuales responsabilidades producto de la inejecución del contrato
de obra No. 022 del 16 de enero de 2014 y la pérdida del anticipo girado a la
sociedad OLT Logistics S.A.S.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO

VF

93

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