RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 25000-23-36-000-2015-02630-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02630-02

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02630-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia del 17 de septiembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento parcial del contrato de interventoría 1684 del 28 de noviembre de 2013 por el Instituto de Desarrollo Urbano, respecto de la obligación de pago de las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de estudios y diseños, según la parte motiva de la decisión. SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el contrato de interventoría 1684 del 28 de noviembre de 2013, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio Interventoría Estaciones, de la siguiente manera: SUJETO NEGOCIAL DEL CONTRATO 1684 DE 2013 VALOR A SU FAVOR CONSORCIO INTERVENTORÍA ESTACIONES, A TRAVÉS $96’314.097 DE LA SOCIEDAD 3B PROYECTOS S.A.S. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $0 Como consecuencia, DECLARAR que, al Consorcio Interventoría Estaciones, por medio de la sociedad 3B Proyectos S.A.S., le corresponde el pago de la suma total de $96’314.097, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, por concepto de saldo 88 Radicado: 250002336000201502630-02 (67095) Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S. pendiente de pagar por las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de estudios y diseños. TERCERO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia y de manera parcial a la sociedad 3B Proyectos S.A.S. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en $666.488 a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en favor del Instituto de Desarrollo Urbano. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02630-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de abril de 2024

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S. Y OTRO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - CPACA
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

TEMAS: CONSORCIO - Es un esquema mediante el cual varias personas se asocian para cumplir
un mismo objetivo y, en el caso de la figura de que trata el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, para
presentar una misma oferta. - No conforman una persona jurídica distinta de sus miembros, pero
cuentan con capacidad jurídica para obligarse. / REFORMAS SOCIETARIAS - Corresponde
registrarlas ante la Cámara de Comercio para hacerlas oponibles a terceros. / CONTRATO DE
INTERVENTORÍA - Es una especie del género consultoría y tiene por objeto supervisar la debida
ejecución de un objeto contractual u otra actividad. - La obligación del interventor es de medio, pero
no se restringe a observar la ejecución negocial, sino que debe advertir debidamente los problemas
que surjan al respecto y ofrecer soluciones frente a aquellos. - No le corresponde modificar el contrato
vigilado. / CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS – En principio, frente a tal modalidad de pago no
procede el límite de adiciones del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. / PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
• Es un conjunto de actividades orientadas a mitigar el impacto de un proyecto en el ambiente. /
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL - Procede ante la ausencia de liquidación
bilateral o unilateral. - Consiste en la determinación de las acreencias y deudas pendientes, una vez
finalizado el acuerdo de voluntades. / CONDENA PARCIAL EN COSTAS - Procede cuando la
demanda prospera solo parcialmente, en los términos del numeral 5 del artículo 365 del CGP.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Instituto de Desarrollo
Urbano y por la sociedad 3B Proyectos S.A.S. contra la sentencia del 17 de
septiembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad 3B Proyectos S.A.S y Tecnidesarrollo S.A.S. constituyeron el Consorcio
Interventoría Estaciones para la presentación de oferta en el concurso de méritos
abierto No. IDU-CMA-SGI-005-2013 que adelantó el Instituto de Desarrollo Urbano
– IDU con el fin de celebrar un contrato de interventoría. Las sociedades integrantes

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

del citado consorcio se fusionaron por la absorción de Tecnidesarrollo S.A.S. por
parte de 3B Proyectos S.A.S.

Con ocasión del proceso de selección mencionado, el Instituto de Desarrollo Urbano
– IDU, mediante la Resolución 2923 del 13 de noviembre de 2013, adjudicó al
Consorcio Interventoría Estaciones -en adelante CIE- el contrato de interventoría
No. 1684 de 2013 -con el propósito de vigilar un contrato de obra-.

La sociedad 3B Proyectos S.A.S. -integrante del consorcio contratista, absorbente
de Tecnidesarrollo S.A.S y demandante en el proceso-, afirma que atendió a
cabalidad las obligaciones a su cargo, y que la contratante incumplió el acuerdo de
voluntades, toda vez que, en su criterio, la demandada: i) sin causa justificada se
abstuvo de pagar tres facturas de cobro que presentó a la entidad, las cuales no
fueron canceladas aduciendo que los miembros de CIE se fusionaron, sin que tal
decisión societaria fuera impedimento para reconocer las sumas a las que tenía
derecho por la ejecución contractual; y ii) no aprobó varios informes que presentó,
a pesar de que cumplieron las exigencias del acuerdo de voluntades a plenitud.

Por lo anterior, la sociedad 3B Proyectos S.A.S -en adelante 3B-, pretende el
reconocimiento y pago del valor del contrato, junto con los correspondientes
intereses. A su vez, solicita la liquidación judicial del negocio jurídico.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 20 de noviembre de 20151, 3B, quien conformó el CIE, presentó demanda,
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra el IDU, con
el fin de que se declarara el incumplimiento del contrato de interventoría 1608 de
2013, se liquidara ese negocio jurídico y se reconociera la suma a su favor producto
de lo anterior, estimada en $666’488.190, junto con los intereses a que haya lugar.

1 Folios 6 a 142 y 151 a 152 del cuaderno 1.

2

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“3.1. PRETENSIONES DECLARATIVAS

PRIMERA- DECLARAR la existencia y validez del contrato de
interventoría No. 1684 de 2013, así como sus efectos y obligaciones para
el CONSORCIO INTERVENTORÍA ESTACIONES, actualmente
conformado por 3B PROYECTOS S.A.S.

SEGUNDA- DECLARAR el INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL IDU al no
efectuar los pagos de las facturas de venta Nos. 000001, 000002 y
000003 correspondiente a las actas de pago de los tres primeros meses
de la etapa de estudios y diseños.

TERCERA- DECLARAR el INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL IDU al no
aprobar los informes mensuales Nos. 5, 6, 7, 8 9 y 10 correspondientes a
la etapa de interventoría de construcción.

CUARTA- CONSECUENCIAL – DECLARAR el INCUMPLIMIENTO
GRAVE DEL IDU al no efectuar los pagos correspondientes a la
interventoría de construcción, establecidos en las cláusulas segunda y
tercera del contrato IDU-1684-2013.

QUINTA- DECLARAR el CUMPLIMIENTO del CONSORCIO
INTERVENTORÍA PRESTACIONES frente a las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato IDU-1684-2013.

SEXTA- DECLARAR el cumplimiento del CONSORCIO
INTERVENTORÍA PRESTACIONES al aprobar el diseño de pavimentos
elaborado por el CONSORCIO AWCETTT-ASSIGNIA durante la etapa de
estudios y diseños en la medida en que se ajustaba a las condiciones y
especificaciones técnicas establecidas.

SÉPTIMA- DECLARAR el INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL IDU al no
contar con estudios de pre-factibilidad y factibilidad, en lo relativo al
componente económico y financiero para estructurar el proceso licitatorio
No. IDU-LP-SGI-007-2013 y el proceso de selección abreviada IDU-SA-
SGI-002-2013, que se aperturaron con el fin de ejecutar las obras sobre
las cuales el CONSORCIO INTERVENTORÍA ESTACIONES realizaría la
interventoría.

OCTAVA- DECLARAR el INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL IDU al no
tramitar de forma oportuna los procedimientos de multa y caducidad
sugeridos por el CONSORCIO INTERVENTORÍA ESTACIONES, ante el
incumplimiento del contratista de obra.

NOVENA- DECLARAR que todas y cada una de las razones que dieron
origen al incumplimiento del contrato de obra correspondiente a la
construcción para la ampliación de las estaciones del sistema
Transmilenio Grupo 1 Pepe Sierra, Calle 127, ubicadas en la autopista
norte, en Bogotá D.C., son ajenas al CONSORCIO INTERVENTORÍA
ESTACIONES, e imputables al IDU y al contratista de obra.

3

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

DÉCIMA- LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato de interventoría No.
1684 de 2013, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y
S&SO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA
AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO
GRUPO 1 PEPE SIERRA, CALLE 127, UBICADAS EN LA AUTOPISTA
NORTE EN BOGOTÁ D.C.

3.2. PRETENSIONES DE CONDENA

PRIMERA- Como consecuencia de las anteriores declaraciones,
CONDENAR al IDU al pago del valor del contrato de interventoría No.
1684 de 2013, en todas sus etapas.

SEGUNDA- Como consecuencia de las anteriores declaraciones,
CONDENAR al IDU al pago de intereses moratorios causados desde la
fecha en la que debería haberse efectuado el pago de las facturas de
venta Nos. 000001, 000002 y 000003 correspondiente a las actas de pago
y el valor total de la etapa de estudios y diseños y hasta la fecha en que
se acuerde su pago, de acuerdo a la conciliación.

TERCERA- Como consecuencia de las anteriores declaraciones,
CONDENAR al IDU al pago de intereses remuneratorios por el valor
correspondiente a la interventoría de construcción, desde la fecha en la
que se debió aprobar los informes mensuales y hasta la fecha en la que
se acuerde su pago, de acuerdo a la conciliación.

CUARTA- CONDENAR en su oportunidad al IDU a pagar los gastos,
agencias en derecho y demás costas generadas por el presente trámite”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que, mediante Acta No. 16 de la asamblea de accionistas del 30 de
julio de 2013, inscrita el 7 de noviembre de 2013 ante la Cámara de Comercio de
Bogotá bajo el número 01779814 del libro IV, la sociedad 3B absorbió por fusión a
Tecnidesarrollo S.A.S., quien también integró el CIE. La anterior decisión fue
aprobada por medio del Acta No. 113 de la asamblea de accionistas de
Tecnidesarrollo S.A.S. del 14 de agosto siguiente, así como se publicó por aviso en
el diario El Nuevo Siglo el 9 de octubre de la misma anualidad.

1.3.2. También indicó que, el 10 de octubre de 2013, suscribió con Tecnidesarrollo
S.A.S. un acuerdo mediante el cual constituyeron el CIE con el objeto de presentar
oferta en el concurso de méritos abierto No. IDU-CMA.SGI005-2013, adelantado
por el IDU para contratar la interventoría de estudios, diseños y construcción para

4

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

la ampliación de múltiples estaciones de la troncal del norte de Transmilenio de la
ciudad de Bogotá.

1.3.3. Adujo que, mediante la Resolución 2923 del 13 de noviembre de 2013, el IDU
adjudicó al CIE el contrato de interventoría objeto del concurso de méritos abierto
No. IDU-CMA-SGI-005-2013.

1.3.4. Advirtió que, como consecuencia de la adjudicación mencionada, el 28 de
noviembre de 2013 el IDU y el CIE suscribieron el contrato de interventoría 1684 de
2013, que tuvo por objeto la vigilancia de los estudios, diseños y construcción para
la ampliación de varias estaciones de Transmilenio de la ciudad de Bogotá, proyecto
originado en un contrato de obra en el que el consorcio Fawcett Assignia fungió
como contratista -en adelante se lo denominará el contratista de obra-.

En punto al contrato de interventoría, sostuvo que las partes acordaron que: i) el
plazo de ejecución del contrato sería de 11 meses; ii) el valor ascendería a
$666’488.190; y iii) se causarían intereses moratorios de no pagarse por el IDU las
facturas presentadas dentro de los 45 días hábiles siguientes a su recepción. A su
vez, en cuanto a la forma de pago, anotó que el valor del contrato se pagaría así:

i) En la interventoría de estudios y diseños: un 40% distribuido en 4 pagos,
mes vencido, y un 60% con la aprobación de la interventoría de la
totalidad de los productos, previo recibo por parte del IDU del informe final
y entrega de la totalidad de los diseños debidamente aprobados.

ii) En la interventoría de construcción: a) el 40% en la etapa de obras,
mediante 7 pagos mensuales de igual valor y sobre los cuales se hubiere
ejercido la interventoría en el período mensual de actividades objeto de
pago; b) hasta el 50% del valor total por avance de obra, según el
adelanto registrado en el acta de obra respectiva en proporción al valor
total; y c) un 10% restante, de cumplirse el plan de terminación y
liquidación del contrato.

1.3.5. En ese orden de ideas, indicó que el 27 de enero de 2014 se suscribió el acta
de iniciación del contrato de interventoría 1684 de 2013 y se dispuso que la etapa

5

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

de estudios y diseños se realizaría entre el 27 de enero y el 26 de mayo de 2014,
mientras que la etapa de construcción se efectuaría entre el 27 de mayo y el 26 de
diciembre de 2014. No obstante, el 12 de mayo de 2014 se suspendió el contrato
por varios días, hasta el 24 de octubre de la misma anualidad, cuando fue
reanudado, de modo que la etapa de estudios y diseños del contrato de interventoría
se ejecutó entre el 27 de enero y el 27 de octubre de 2014.

1.3.6. En cuanto a la ejecución de la etapa de estudios y diseños, afirmó que el CIE
remitió los siguientes informes mensuales de interventoría al IDU, referidos a la
mencionada fase, a propósito de lo cual anotó que la “subdirectora técnica de
ejecución del subsistema de transporte” manifestó que dichos informes estaban bien
realizados:

INFORME FECHA
Informe mensual de interventoría 1 16 de abril de 2014
Informe mensual de interventoría 2 15 de mayo de 2014
Informe mensual de interventoría 3 10 de junio de 2014
Informe mensual de interventoría 4 16 de junio de 2014

1.3.7. Igualmente, advirtió que el CIE remitió las siguientes facturas al IDU:

FACTURA VALOR
Factura No. 1 $10’242.547
Factura No. 2 $10’242.547
Factura No. 3 $10’242.547

1.3.8. Posteriormente, arguyó que el 18 de julio de 2014 el IDU devolvió las facturas
Nos. 1, 2 y 3.

1.3.9. Así las cosas, manifestó que, el 22 de septiembre de 2014, se requirió al IDU
para el pago de las facturas Nos. 1, 2 y 3 y el 29 de enero de 2015 este último se
reunió con el CIE y allí se puso de presente la inexistencia de una afectación para
la contratante por la fusión de los miembros del consorcio.

1.3.10. En esa línea, advirtió que, el 17 de febrero de 2015, el IDU respondió el
requerimiento de CIE frente a las facturas Nos. 1, 2 y 3, afirmando que no era
procedente el pago en la medida en que el que el titular de la cuenta bancaria resulta
ser una empresa distinta a quien suscribió como contratista la relación negocial.

6

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

1.3.11. Argumentó que, el 25 de marzo de 2015, CIE respondió que los miembros
de ese esquema colaborativo se fusionaron, en tanto 3B absorbió a Tecnidesarrollo
S.A.S., lo que no impedía el pago de las facturas allegadas con ocasión de la
ejecución del contrato de interventoría. Ello llevó a que, el 16 de abril de 2015, el
IDU reiterara que en las certificaciones bancarias solo se encontraba el nombre de
3B y no del consorcio y que, por tal motivo, no era posible pagarle a una empresa
distinta a quien suscribió el negocio jurídico.

1.3.12. En criterio del demandante, lo anterior ha llevado a que a la fecha de
presentación de la demanda no se hayan pagado las sumas correspondientes a las
facturas Nos.1, 2 y 3, así como tampoco se ha podido radicar la factura 4.

1.3.13. Por otro lado, adujo que los días 28 de enero, 11 de febrero, 10 y 18 de
marzo, 17 de abril y 28 de mayo de 2015, CIE remitió al IDU los informes mensuales
de interventoría Nos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, los cuales fueron devueltos con
observaciones por parte de la entidad contratante.

1.3.14. Asimismo, advirtió que, el 16 de marzo de 2015, el IDU inició un
procedimiento de multa en su contra por: i) la aprobación del diseño de pavimentos
del contratista de obra en contravía de las condiciones contractuales establecidas;
ii) la aprobación del documento PIPMA sin cumplir los parámetros mínimos exigidos
por el IDU y la falta de vigilancia al componente ambiental, de seguridad y salud
ocupacional; y iii) el atraso en remitir a la entidad los productos correspondientes a
la etapa de estudios y diseños debidamente aprobados, o la conminación y solicitud
de mora e incumplimiento frente al contratista de obra en caso de ser negligente. La
suma de la sanción fue de $93’308.346.

1.3.15. Argumentó que, en el marco del procedimiento sancionatorio de multa, el 30
de abril de 2015 se llevó a cabo la audiencia de descargos, en la que el CIE puso
de presente la ausencia de varios documentos necesarios para ejercer su derecho
de defensa, referidos a la variación del presupuesto del contrato de obra desde que
se elaboraron los estudios previos y cuando se adjudicó y suscribió, lo cual fue
reiterado mediante oficio del 13 de mayo de 2015. El 22 de mayo de 2015 se
reanudó la mencionada etapa, manifestándose por parte de la entidad contratante

7

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

que había entregado los anexos a su cargo, pero que los restantes dependían de
otras autoridades, lo que no impedía la continuación del procedimiento
administrativo sancionatorio, determinación que fue objeto de recurso de reposición
por la contratista, el cual fue denegado en la misma audiencia.

1.3.16. De otro lado, resaltó que, el 10 de junio de 2015, el Juzgado 74 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías tuteló el derecho fundamental de
petición del CIE y ordenó que el IDU aportara los documentos faltantes, frente a lo
cual el 19 de junio siguiente el IDU manifestó haber acatado la decisión judicial en
cuestión; empero, el 1 de julio de 2015 el interventor interpuso un incidente de
desacato, por estimar que no se cumplió a cabalidad la providencia judicial.

1.3.17. Finalmente, manifestó que el contrato de obra, que fue supervisado por el
interventor, finalizó sin que se hubiera cumplido a satisfacción su objeto, pese a
distintos requerimientos efectuados por CIE para la imposición de multas y la
declaratoria de caducidad al contratista de obra.

1.4. Como fundamentos jurídicos de la demanda, 3B argumentó que cumplió a
cabalidad las obligaciones contenidas en el contrato de interventoría y, por el
contrario, el IDU desatendió los deberes relacionados con el acuerdo de voluntades.

1.4.1. En desarrollo de lo anterior, adujo que no había lugar a que la contratante
denegara el pago de las facturas 1, 2 y 3 por el hecho de que los miembros del
consorcio se hubieran fusionado, no solo porque cumplió las exigencias para tal
efecto, sino porque los mismos miembros objeto de esa decisión societaria eran los
contratistas de la interventoría, lo cual se le hizo saber al IDU, sin que ello hubiera
derivado en que se concedieran los pagos adeudados, de modo que hubo una
“inexistencia de irregularidades de cara a la fusión efectuada entre los
consorciados”.

Además, arguyó que la devolución de los informes y, posteriormente, de las
facturas, tuvo como verdadera razón evitar el pago de las sumas adeudadas por
concepto de la interventoría bajo el pretexto de formalismos injustificados, como
desconocer la fusión de que fueron objeto los miembros del consorcio.

8

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Así las cosas, solicitó el pago de las facturas adeudadas, así como también el de
los intereses moratorios de esos emolumentos, con fundamento en la cláusula
quinta del contrato de interventoría, al amparo de la cual el IDU debía cancelarlas
dentro de los 45 días hábiles siguientes a su radicación, so pena de causarse
intereses de mora.

1.4.2. Igualmente, consideró que no era dable que se le improbaran los informes
Nos. 5 a 9 que allegó en el marco de la interventoría en la etapa de construcción,
en los cuales se describieron las actividades efectuadas y el estado del proyecto,
pues pese al incumplimiento del contratista de obra, cumplió a cabalidad la labor de
supervisión y de ello dejó constancia en los mencionados documentos, por lo que
la entidad debió aceptarlos en vez de responsabilizar al interventor por la
desatención de los deberes por parte del contratista de la obra.

1.4.3. En cuanto al cumplimiento de las demás obligaciones de la interventoría, 3B
alegó que se atendieron cabalmente las que estaban a su cargo, por lo que solicitó
que se declarara su satisfacción en ese aspecto, conclusión que sustentó
señalando, en síntesis, lo siguiente:

1.4.3.1. Primero, frente al argumento del IDU, plasmado en la etapa contractual, en
virtud del cual CIE aprobó el diseño de pavimentos elaborado por el contratista
de obra durante la etapa de estudios y diseños en contravía de las condiciones
contractuales establecidas, por haberse excedido en un 86% el valor del contrato,
por fuera del límite de adiciones, así como en un plazo mayor al pactado, adujo que,
en realidad, ello se debió a un incumplimiento del deber de planeación de la entidad
contratante, originado desde la fase precontractual del negocio jurídico de obras, en
contravía del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

En concreto, argumentó que advirtió al IDU en la etapa de estudios y diseños, sobre
el hecho de que en el contrato de obra no se previeron múltiples ítems necesarios
para la correcta ejecución del proyecto, así como se pretermitió llevar a cabo las
etapas de prefactibilidad y factibilidad. A su vez, adujo que el límite del 50% de las
adiciones aplicaba a las obras adicionales, pero no a las mayores cantidades de
obra. Así, manifestó que, al haberse pactado la forma de pago a precios unitarios,
no había un límite de un 50% de adiciones.

9

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

1.4.3.2. Segundo, frente al reproche en el procedimiento de multa, concerniente a
sostener que CIE aprobó el documento PIPMA sin cumplir con los parámetros
mínimos exigidos por el IDU e incurrió en una falta de vigilancia en los
componentes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, argumentó que,
contrario a ello, sí verificó que el anexo en comento cumpliera las exigencias a las
que estaba sometido, en cuanto a aspectos como el encabezado, el listado de obras
a ejecutar, los proveedores de materiales y el plan de gestión de residuos de
demolición y construcción.

En consonancia con lo expuesto, manifestó que, desde el 23 de abril de 2014, el
interventor requirió al contratista de la obra para que realizara ajustes al documento
PIPMA, pues en un comienzo no cumplió con los requerimientos contractuales, los
que se efectuaron así:

INFORME FECHA DEL INFORME FECHA DE LAS OBSERVACIONES
PIPMA DEL INTERVENTOR
Versión 0 17 de junio de 2014 24 de julio de 2014
Versión 1 17 de septiembre de 2014 2 de octubre de 2014
Versión 2 7 de octubre de 2014 10 de octubre de 2014
Versión 3 27 de octubre de 2014 5 de noviembre de 2014
Versión 4 24 de noviembre de 2014 16 de diciembre de 2014
Versión 5 20 de enero de 2015 22 de enero de 2015. En tal fecha se
envió el PIPMA al IDU.

En particular, también arguyó que exhortó al contratista de la obra a actualizar la
legislación, corregir la fórmula de evaluación de riesgos, ajustar el COPASST y el
cronograma de actividades en el área de seguridad y salud en el trabajo, elaborar
el plan de acción de riesgos prioritarios y diligenciar el plan de acción de control de
riesgos, entre otros.

Asimismo, afirmó haber cumplido la supervisión de que el contratista contara con el
personal y con los requerimientos del contrato, la revisión de informes del proyecto,
la valoración del desempeño ambiental de acuerdo al apéndice E del contrato y la
elaboración y presentación al IDU de los informes de interventoría con la gestión de
la obra y el seguimiento a las medidas del programa de gestión en seguridad y salud
ocupacional, todo ello, aunque el contratista vigilado no hubiera satisfecho sus

10

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

obligaciones a cabalidad, frente a lo cual el interventor lo exhortó a hacerlo,
cumpliendo así con sus obligaciones.

1.4.3.3. Tercero, en relación con el reproche en virtud del cual incurrió en un atraso
en remitir a la entidad contratante todos los productos correspondientes a la
etapa de estudios y diseños debidamente aprobados, o en la conminación y
solicitud de incumplimiento frente al contratista de obra en caso de
negligencia, argumentó que verificó que tales documentos se hubieran allegado y,
frente a otros como los de georreferenciación, no fueron aprobados por incumplir
con lo exigido en relación a basarse los planos en “formato SCAD_GIS”.

1.4.3.4. Cuarto, en cuanto al reproche de que el CIE incurrió en una mora en el
trámite de los procedimientos de multa y caducidad que solicitó que se le
impusieran al contratista de la obra, manifestó que ello no sucedió, ya que
conminó en distintas ocasiones al responsable de la obra para que cumpliera sus
obligaciones y, ante su desatención, solicitó varios procedimientos de multa así:

No. SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO DE MULTA FECHA
1 Se advirtió la existencia de incumplimientos de la fase 18 de noviembre de
previa a la ejecución de la obra. 2014.
2 Se advirtió la existencia de incumplimientos de la fase 5 de febrero de 2015.
previa a la ejecución de la obra y se puso en
consideración una declaratoria de caducidad.
3 Se advierte la falta de asistencia a los comités de obra 26 de marzo de 2015.
por el contratista.
4 Se advierte la falta de entrega de varios informes 25 de marzo de 2015.
requeridos.

Igualmente, advirtió haber solicitado la caducidad del contrato mediante proveídos
del 23 de abril y 24 de mayo de 2015; no obstante, el negocio jurídico de obra
feneció sin que el primer procedimiento de multa hubiera concluido, lo que denota
no solo una adecuada gestión del interventor, sino la negligencia del IDU al
desatender sus requerimientos.

1.4.4. Para finalizar, el demandante también solicitó la liquidación judicial del
contrato de interventoría, habida cuenta de que existen desavenencias que
impidieron que se efectuara de manera bilateral o unilateral.

11

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones

2.1. El 27 de junio de 20162, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por encontrar reunidos los
requisitos de ley, decisión que fue notificada debidamente.

2.2. El 20 de septiembre de 20163, el IDU contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que 3B incumplió el contrato de interventoría y, por su
parte, satisfizo todas las obligaciones a su cargo, por lo que no había lugar a
conceder las pretensiones del libelo introductorio. Igualmente, formuló las
excepciones de falta de legitimación en la causa, “inaplicabilidad del principio de la
buena fe contractual por el demandante”, contrato no cumplido por CIE, contrato
viciado por nulidad absoluta y la genérica.

2.2.1. Frente al no pago de las facturas Nos. 1, 2 y 3, advirtió que ello era imputable
al actuar de la contratista, pues, en contravía de la buena fe, no informó de la fusión
de los miembros del consorcio al IDU, de modo que tal acto societario no le era
oponible, ni había lugar a reconocer intereses moratorios por ello, en tanto el impago
se originó en las omisiones de CIE. En ese punto, adujo que reconocer el pago de
las sumas allí contenidas a una persona jurídica distinta a aquella con la cual
suscribió el contrato habría implicado pagarlo a alguien ajeno a la relación negocial.

También especificó que, en cuanto se enteró de que los miembros del consorcio se
habían fusionado resolvió que se debía suspender el contrato de interventoría, pues
se requería modificarlo, en tanto el negocio jurídico y las pólizas adquiridas se
suscribieron con una persona distinta a la que resultó de esa medida societaria. Lo
anterior, considerando que la decisión societaria se efectuó antes de la adjudicación
del negocio jurídico, sin que se le hubiera informado para ese entonces al IDU.

En ese orden, indicó que no era dable pagar las facturas 1 a 3 porque aparecían en
favor de CIE, pero las certificaciones bancarias estaban a nombre de 3B.

2 Folio 163 del cuaderno 1.
3 Folios 187 a 243 del cuaderno 1.

12

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Así, manifestó haber presentado una demanda contra CIE, en la cual solicitó la
nulidad absoluta del contrato de interventoría No. 1684 de 2013 por el hecho de que
aquel con el que se suscribió no fue el mismo que ganó el concurso abierto o, en
otras palabras, “el contratista no existía al momento de la celebración del contrato”.

2.2.2. En lo que respecta a la improbación de los informes de la etapa de
construcción, argumentó que aquellos no solo debían ajustarse a lo establecido
contractualmente para su presentación, sino a la situación real del contrato
supervisado, lo que no sucedió y, pese a que el IDU los devolvió en distintas
ocasiones para que se hicieran los ajustes correspondientes, el interventor no los
retornó con las modificaciones exigidas, circunstancia que impidió avalarlos.

También adujo que el CIE no presentó una solicitud de pago de la supervisión en la
etapa de construcción, lo que impidió que se concediera respecto de aquella.

2.2.3. De otro lado, advirtió que impulsó los procedimientos sancionatorios contra el
contratista de obra que estuvieran sustentados y, en especial, mediante
comunicación del 25 de febrero de 2015 se le informó que incumplió el contrato
durante la fase de construcción, por lo cual se acumularon los mecanismos
sancionatorios en uno solo.

2.2.4. Igualmente, afirmó haber iniciado un procedimiento sancionatorio de multa
contra el interventor, quien, en todo caso, actuó de manera dilatoria, solicitando
reiteradamente el aplazamiento de la audiencia de descargos y acudiendo a otros
formalismos que impidieron que tal mecanismo llegara a buen término. En ese
aspecto precisó que cumplió la orden de tutela en su contra, relacionada con una
petición, en el marco de la imposición de la multa.

2.2.5. Asimismo, indicó que efectuó gestiones para liquidar el contrato, sin lograr
una respuesta positiva del contratista. En particular, el 27 de mayo de 2015 “recordó
al Consorcio interventoría Estaciones sobre la obligación de tramitar las actas de
terminación para cada uno de los Contratos de obra e interventoría”. El 12 de junio
de 2015 se le exigió a CIE presentar el consolidado de gestión social y el formato
de cierre social y el 16 de junio siguiente se solicitó radicar el informe final ambiental.

13

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

A su vez, el 24 de julio de 2015 se pidió a la interventoría informar sobre los trámites
para la liquidación contractual, el estado de la entrega del balance de la etapa de
estudios y diseños y los trámites para los pagos del contratista de obra, sin que
hubiera pronunciamiento del interventor.

2.2.6. De otra parte, precisó, en lo concerniente a la excepción de falta de
legitimación en la causa, que el CIE no podía actuar en el presente asunto, por
haberse extinguido debido a la fusión de sus miembros y porque 3B no suscribió el
negocio jurídico.

2.2.7. En lo que se refiere a la excepción de inaplicabilidad de la buena fe contractual
por el demandante argumentó, en consonancia con lo plasmado anteriormente, que
se desatendió tal mandato por el interventor, debido a que se fusionó antes de la
suscripción del contrato estatal y sin informar de tal cambio al IDU, sorprendiendo a
la entidad contratante, en la medida en que, como se indicó en precedencia, se
suscribió el contrato con una parte distinta a la que se le adjudicó.

2.2.8. Frente a la excepción de contrato no cumplido por CIE adujo que fue tal motivo
el que impidió pagar las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de diseños,
y aprobar los informes 5 a 10 de la etapa de construcción.

2.2.9. Finalmente, advirtió que el contrato de interventoría adoleció de una nulidad
absoluta, ya que se suscribió con una parte distinta a la que se le adjudicó ese
negocio jurídico sin que el IDU estuviera enterado de ello, dada la fusión de los
miembros de CIE sin que tal decisión se le hubiera comunicado.

2.3. En la misma fecha de la contestación de la demanda, el IDU llamó en garantía
a la sociedad Seguros del Estado S.A. y, mediante proveído del 13 de diciembre de
20164, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el llamamiento, por
considerar que, si bien la demandada fue tomadora de la póliza de cumplimiento
No. 11-44-101049223 con la convocada, lo cierto es que su cobertura incluía el
incumplimiento del contratista y no de la entidad contratante, de ahí que “el
despacho estima que no existe vínculo jurídico o legal entre la demandada y

4 Folios 1 a 14 del cuaderno 10.

14

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Seguros del Estado, que implique la vinculación de la aseguradora como llamada
en garantía, pues la entidad estatal dentro del contrato de seguros ostenta la calidad
de beneficiario y no de asegurado”.

2.4. El 25 de enero de 20175, 3B descorrió las excepciones formuladas por el IDU
y, en concreto, argumentó que: i) la excepción de falta de legitimación era carente
de sustento, porque si bien los miembros del consorcio se fusionaron, no dejaron
de ser los contratistas de la interventoría, a través de CIE; ii) la excepción de
transgresión a la buena fe no se configuró, debido a que atendió integralmente todas
las obligaciones de la interventoría; iii) la excepción de contrato no cumplido no
operó, habida cuenta de que las facturas que aportó cumplieron las exigencias de
ley y los demás deberes negociales se cumplieron a cabalidad; y iv) la excepción
de nulidad absoluta del contrato no se configuró, en tanto la fusión de los miembros
de CIE no representó ninguna irregularidad.

3. Audiencia inicial

3.1. El 1 de junio de 20176 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca convocó la
audiencia inicial, que inicialmente fue suspendida para que se allegara la copia del
proceso 2015-00539 en el cual se solicitó la nulidad absoluta del contrato de
interventoría.

3.2. Los días 10 de julio de 2017 y 5 de marzo de 20187, se reanudó la audiencia
inicial, en la que no se encontró vicio alguno que debiera ser objeto de saneamiento
y, en ese punto, se indicó que no se acumularía el expediente con el de radicado
2015-00539, debido a que no se encontraban en la misma instancia “y en el mismo
estadio procesal”. Posteriormente, el a quo se pronunció sobre las excepciones
previas de falta de legitimación en la causa y caducidad -esta última de oficio-.

La primera excepción fue desestimada por el hecho de que se demostró que 3B y
Tecnidesarrollo S.A.S., quienes conformaron CIE, se fusionaron por la absorción de
la segunda por la primera de ellas, de ahí que ello habilitó a la actora para acudir al

5 Folios 405 a 422 del cuaderno 1.
6 Folios 435 a 436 del cuaderno 1.
7 Folios 504 a 507 y 546 a 549 del cuaderno 12.

15

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

proceso. Igualmente, se concluyó que el IDU estaba legitimado en la causa por
pasiva, al ser la parte del contrato de interventoría 1684 de 2013 a la cual se le
atribuyó un incumplimiento8.

El segundo medio exceptivo también fue descartado, ya que, a juicio del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca la demanda se presentó en tiempo, en particular,
porque el 27 de mayo de 2015 las partes suscribieron el acta de terminación del
contrato de interventoría y, como la demanda se presentó el 20 de noviembre
siguiente, se radicó dentro del término de ley.

Seguidamente, se fijó el litigio, en el entendido de determinar si:

i) El IDU incumplió el contrato de interventoría por: a) el impago de las facturas
Nos. 1 a 3 presentadas por CIE, referidas a los tres primeros meses de la
etapa de estudios y diseños del contrato de interventoría 1684 de 2013, por
el hecho de que el titular de los documentos era distinto al que aparecía en
la suscripción del contrato; b) la no aprobación de los informes 5 a 10,
correspondientes a la interventoría de construcción, dado que no se
atendieron las observaciones frente a esos documentos; c) la ausencia de
estudios de prefactibilidad y de factibilidad del contrato de obra en sus
componentes económicos y financieros; d) la falta de trámite oportuno a las
solicitudes de multa y caducidad efectuadas por CIE, ante el incumplimiento
del contratista de obra y; e) la falta de pago de la totalidad del contrato.

ii) CIE incumplió el contrato por: a) aprobar el diseño de pavimentos elaborado
por el contratista de la obra por fuera de lo previsto en el negocio jurídico y
de la normativa que le era aplicable; b) una inadecuada gestión que pudo
llevar a que el contrato de obra fuera incumplido; y c) por aprobar el
documento PIPMA en contravía de las condiciones contractuales y sin los

8 En la audiencia inicial, el IDU presentó recurso de apelación contra la decisión que declaró
impróspera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, por considerar que 3B no
fue la parte con la cual suscribió el contrato de interventoría, por lo que adolecía de interés para
recurrir el negocio jurídico. El 28 de agosto de 2017, el despacho del magistrado sustanciador
confirmó la providencia recurrida, pues el derecho de acción fue ejercido por los miembros del
consorcio, figura asociativa que de conformarse no implica que se constituya una persona jurídica
diferente de sus miembros individualmente considerados.

16

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

parámetros exigidos, así como por su retraso al remitir a la entidad los
productos correspondientes a la etapa de estudios y diseños.

iii) Hay lugar a liquidar el contrato de interventoría 1684 de 2013.

Finalmente, se decretaron como pruebas las documentales aportadas por las
partes. A su vez, se requirió al IDU para que presentara los estudios de
prefactibilidad y factibilidad que fundaron el contrato de obra IDU-1638-2013 objeto
de la interventoría, la copia el contrato IDU-004-2011 y sus antecedentes, los
documentos que dan cuenta del estado del proceso de nulidad contra el contrato
de interventoría y los antecedentes de las multas que impuso al interventor.
Finalmente, se decretó el interrogatorio de parte del representante legal de 3B.

4. Audiencia de pruebas

Los días 27 de junio y 2 de octubre de 20189, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca realizó la audiencia de pruebas, en la cual se incorporaron las
documentales pendientes de ser aportadas y se recaudó la declaración de parte de
3B, a través de su representante Jhuliana Andrea Sarmiento García.

5. Alegatos de conclusión

Una vez finalizada la práctica de pruebas, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito,
respectivamente10.

5.1. El IDU alegó de conclusión11 y reiteró los razonamientos presentados en
oportunidades procesales precedentes, entre ellos que el contrato se suscribió con
una persona distinta a la adjudicataria del proceso de selección correspondiente, lo
que configuró la nulidad absoluta del negocio jurídico celebrado y derivaba en que
las facturas Nos. 1 a 3 no podían pagarse. De igual modo, ratificó que los diseños

9 Folios 587 a 589 y 623 a 624 del cuaderno 12.
10 Folio 624 del cuaderno 12.
11 Folios 625 a 637 del cuaderno 12.

17

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

aprobados por CIE no cumplieron con los requerimientos contractuales y que, en
general, el interventor no satisfizo las obligaciones a las que se sometió.

5.2. CIE presentó alegatos de conclusión12 y reiteró la posición formulada en su
escrito inicial, encaminada a advertir que el IDU incumplió el contrato de
interventoría 1684 de 2013 y para tal efecto, mantuvo su argumento de que la fusión
de los miembros de ese esquema asociativo no vició el acuerdo de voluntades
mencionado y que bastó con publicar esa decisión a través de un diario de amplia
circulación. A su vez, volvió a indicar que no incumplió los deberes a su cargo, a
pesar de lo cual la entidad contratante no efectuó el pago correspondiente a la
ejecución de la interventoría, lo que constituye una transgresión de la buena fe.

5.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 17 de septiembre de 202013, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar el incumplimiento parcial del
contrato de interventoría 1684 de 2013 por el IDU, así como también liquidó el
acuerdo de voluntades y negó las demás pretensiones del libelo introductorio.

6.1. Previo a resolver el fondo del asunto, advirtió que en el proceso en el que el
IDU solicitó la nulidad absoluta del contrato de interventoría 1684 de 2013 se
denegó tal pretensión, con sustento en que, si bien para cuando se suscribió ese
acuerdo de voluntades los miembros del consorcio ya se habían fusionado,
contaban con capacidad plena para desarrollar el objeto negocial y, por ende, 3B,
en calidad de absorbente del otro miembro del consorcio, pasó a asumir el 100%
del esquema asociativo.

6.2. En consonancia con lo anterior, el a quo consideró que le asistió razón a 3B en
el cargo de impago injustificado de las facturas Nos. 1 a 3 presentadas por CIE,

12 Folios 638 a 672 del cuaderno 12.
13 Archivo “2015-02660 Fallo” del CD obrante en el cuaderno 12.

18

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

debido a que, al ser claro que los mismos miembros del consorcio se mantuvieron
como extremo pasivo de la relación negocial, en este caso representado por la aquí
demandante, quien absorbió a Tecnidesarrollo S.A.S., no había lugar a rechazar el
reconocimiento de los emolumentos contenidos en esos documentos por tal razón.

Dicho de otra forma, el IDU no podía rehusarse a pagar las facturas Nos. 1 a 3 de
la etapa de interventoría de diseños por el hecho de que los miembros del consorcio
se habían fusionado, en tanto ello no implicó un cambio de la parte contractual y,
además, el contrato se ejecutó sin reparos con 3B, quien conformó CIE.

6.3. Por el contrario, desestimó el cargo relacionado con la falta de aprobación de
los informes de interventoría de construcción Nos. 5 a 10, debido a que se acreditó
que, mediante sendas comunicaciones del 10 de junio, 26 de junio y 9 de julio de
2015, el IDU los devolvió con observaciones que nunca fueron atendidas por CIE,
en tanto no se probó en el proceso que tales documentos hubieran sido devueltos
con los cambios pedidos, lo que deriva en que dichos informes no cumplieran las
exigencias de la entidad contratante, por lo que bien hizo aquella en improbarlos.

6.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó que tampoco le asistió
razón a la parte actora al afirmar que el contrato de obra adoleció de falencias desde
su procedimiento de selección, como la falta de estudios de prefactibilidad y
factibilidad en cuanto al componente económico y financiero, ya que, de haber sido
así, el interventor debió abstenerse de suscribir el contrato para la vigilancia de unas
obras que contaban con supuestos problemas; por el contrario, no manifestó ningún
reparo sobre tal aspecto en su oportunidad, viniendo solo a ventilar el asunto en
sede judicial. Como consecuencia, concluyó que no había lugar a que el interventor
pretendiera la modificación de las condiciones contractuales sobre un supuesto
aspecto que conoció desde que suscribió el negocio jurídico.

6.5. De otro lado, el cargo de trámite tardío de los procedimientos de multa y
caducidad sugeridos por CIE al IDU por los incumplimientos del contratista de obra
tampoco prosperó, con base en que, según concluyó el Tribunal, sí se demostró
que la entidad contratante impulsó procedimientos sancionatorios contra el
contratista de la obra, al punto de que el aquí demandante asistió a varias de las
audiencias de ese mecanismo.

19

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

6.6. Aclarado que el IDU únicamente incumplió la obligación de pago de las facturas
Nos. 1 a 3 de la etapa de interventoría de diseños, el a quo también encontró que
CIE i) aprobó los diseños de pavimentos elaborados por el contratista en la etapa
de estudios y diseños en contravía de las condiciones contractuales; ii) aprobó el
documento PIPMA sin cumplir con los parámetros del IDU y faltó en la vigilancia en
los componentes ambiental, de seguridad y salud ocupacional; y iii) también incurrió
en una demora al solicitar el incumplimiento frente al contratista de obra.

6.6.1. Frente a lo primero adujo que el interventor aprobó un diseño de pavimentos
que “no cumplía con los requerimientos contractuales establecidos tanto en el
contrato de obra como en el de interventoría”, pues el diseño excedió en un 86% el
valor del contrato y extendió injustificadamente el plazo de su ejecución, en
desconocimiento del límite de adiciones del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

En esa línea, el a quo manifestó que, pese a que el IDU solicitó a la interventoría
evaluar técnica y económicamente la alternativa de mantener y/o rehabilitar el
pavimento existente y que se procediera solo con la construcción de las obras
requeridas para garantizar el carril de sobrepaso para Transmilenio, se aprobó un
diseño que implicaba una intervención total, lo que excedió el objeto contractual.

6.6.2. En cuanto a lo segundo y lo tercero, advirtió que ello fue objeto de un
procedimiento sancionatorio contra el interventor que no finalizó porque el contrato
feneció primero y que en otro proceso judicial con radicado 2015-00954, en el que
el contratista de la obra demandó al IDU, se indicó que los diseños y documentos
de la obra, como el PIPMA, desconocieron los principios de la contratación estatal
y el articulado del contrato de obra, a lo cual adicionó que se acreditaron falencias
en la vigilancia de los componentes ambiental, de seguridad social y salud
ocupacional, lo cual fue acogido por el a quo para reiterar el incumplimiento de CIE.

6.6.3. Así las cosas, consideró que CIE incumplió sus obligaciones de interventoría
y actuó deficientemente frente a las falencias que se presentaron en el contrato de
obra, propiciando así que aquel no pudiera salir avante.

20

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

6.7. Finalmente, dada la prosperidad del cargo de impago de las facturas Nos. 1 a
3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca liquidó el contrato en cuanto a ese
aspecto, para lo cual estimó que correspondía reconocer el valor de las sumas allí
contenidas, esto es, $30’142.870, en especial porque el resto de obligaciones
contractuales fueron incumplidas.

7. Recursos de apelación

7.1. El 8 de octubre de 202014, el IDU presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, con el fin de que se revocara en cuanto al cargo
concedido y, en su lugar, se denegaran la totalidad de las pretensiones de la
demanda, con sustento en que CIE incumplió todas sus obligaciones, incluida la
presentación de las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de diseños según
las exigencias convenidas por las partes y aquellas fundadas en la ley.

7.1.1. En ese sentido, precisó que CIE fue quien ganó el concurso abierto para que
posteriormente se suscribiera el contrato de interventoría con aquel; no obstante, la
certificación bancaria para el pago de las facturas Nos. 1 a 3 fue presentada por 3B,
con quien no se suscribió ningún acuerdo de voluntades, y sin que se hubiera
informado que tal entidad absorbió a Tecnidesarrollo S.A.S., quien fungió como el
otro miembro del consorcio. Así, para la apelante el contratista no aportó las facturas
con el lleno de los requisitos para el pago.

Igualmente, manifestó que, una vez el IDU se rehusó a pagar las facturas Nos. 1 a
3, 3B posteriormente presentó una corrección con la certificación bancaria a nombre
de CIE, la cual tampoco tenía justificación, en tanto ya no existía el esquema
asociativo. En ese punto, también advirtió que al asunto le aplicaba la excepción de
contrato no cumplido contemplada en el artículo 1609 del Código Civil, que exigía
que el interventor hubiera cumplido a satisfacción sus obligaciones para la
constitución en mora del contratante, lo cual no sucedió, pues quedó claro que
desconoció los mandatos del acuerdo de voluntades.

14 Carpeta “Recurso de apelación IDU” del CD obrante en el cuaderno 12.

21

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.1.2. Finalmente, advirtió que existen denuncias penales que involucran a las
partes por los mismos hechos, conocidos por la Fiscalía 21 local de Bogotá y el
Juzgado Noveno Penal Circuito Conocimiento, cuyo número de proceso es
11001600004920151403700 sobre el contrato de interventoría 1684 de 2013.

7.2. El 9 de octubre de 202015, 3B interpuso recurso de apelación, en el que solicitó
revocar parcialmente la sentencia apelada en los puntos en que se denegaron las
pretensiones del libelo introductorio y, en su lugar, acceder a todas las pretensiones
de la demanda, con sustento en que, contrario a lo concluido por el a quo, el IDU
incumplió todo el contrato de interventoría 1684 de 2013 y, por el contrario, CIE
satisfizo las obligaciones de la interventoría a plenitud.

7.2.1. Frente al impago de las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de
diseños, si bien manifestó su conformidad con que frente a este el a quo hubiera
concluido que hubo un incumplimiento del IDU, el tribunal no reconoció la causación
de intereses moratorios “desde la fecha en que debería haberse efectuado el pago
de las facturas y hasta cuando se haga el pago efectivo de las mismas”, en
concordancia con el numeral 5 de la cláusula tercera del contrato de interventoría,
montos que debía conceder, habida cuenta de que tenía derecho al pago de los
emolumentos contenidos en esos documentos desde que los radicó al contratante.

En ese punto también manifestó que el a quo omitió pronunciarse frente al informe
4 de la fase de interventoría de estudios y diseños, “que corresponde al último de
los pagos establecidos en el literal a) de la cláusula tercera”, que fue presentado y
aprobado por la entidad accionada, lo que causó el derecho al pago, sin que se le
hubiera permitido allegar la factura, pues en la comunicación 2-027757 del 6 de
enero de 2015 se consultó a la entidad sobre la viabilidad solicitar el pago frente al
informe en comento y el 17 de enero siguiente el IDU se opuso.

7.2.2. En cuanto a la improbación de los informes 5 a 10, correspondientes a la
interventoría de la construcción advirtió que, si bien la entidad contratante los
devolvió con observaciones, todas fueron atendidas en el comunicado del 27 de
mayo de 2015. Igualmente, adujo que la comunicación del 26 de junio de 2015 del

15 Carpeta “Recurso de apelación 3B” del CD obrante en el cuaderno 12.

22

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

IDU no le fue notificada y que la negativa en aprobar los documentos se originó en
evitar a toda costa que se consolidara el posterior derecho al pago frente a aquellos.
Asimismo, precisó que otros reparos de la entidad contratante fueron
extemporáneos, todo lo cual debía llevar a que los documentos mencionados
tuvieran el visto bueno del IDU.

7.2.3. Respecto de la falta de estudios de prefactibilidad y factibilidad en los
componentes económico y financiero del contrato de obra, arguyó que la
interventoría no estaba en condiciones de detectar con anterioridad al inicio del
contrato tal aspecto, sino hasta que se vislumbraron las falencias de los estudios y
diseños entregados al IDU para la ejecución de las obras, porque la revisión de esos
documentos solo se efectuó una vez iniciada la ejecución del contrato de
interventoría, de ahí que, cuando se tuvo certeza de las dificultades de planeación
del negocio a vigilar, este ya se encontraba en curso.

7.2.4. A propósito de la falta de trámite en tiempo de los procedimientos de multa y
caducidad ante el incumplimiento del contratista de obra, reiteró que la interventoría
fue oportuna al advertir tal circunstancia al IDU, mediante comunicados del 18 de
noviembre de 2014, 5 de febrero, 25 y 26 de marzo de 2015, sin que la entidad
contratante hubiera actuado oportunamente, de ahí que “se encuentra soportado en
las pruebas que obran en el plenario que la interventoría sí puso en marcha los
mecanismos de apremio al contratista de obra, sin que el IDU hubiera gestionado
en forma ágil y eficiente su trámite”.

7.2.5. En lo que respecta a la aprobación del diseño de pavimentos elaborado por
el contratista de obra durante la etapa de estudios y diseños manifestó que, dado
que el IDU incurrió en falencias al adelantar los estudios necesarios para la correcta
ejecución de la obra, al interventor no le quedaba otro camino que avalar los diseños
aun cuando superaban el límite de adiciones de ley y con un plazo mayor al previsto.

En efecto, 3B manifestó que se carecía de elementos de juicio serios y sustentados
que le permitieran dar soporte al presupuesto oficial asignado al proyecto, que fue
el referente que justificó avalar los diseños más allá del límite de adiciones, a lo cual
se suma que “no era técnica ni contractualmente responsable definir el proyecto

23

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

exclusivamente con base en el monto de inversión reservado por la entidad para su
ejecución”, so pena de que la obra no llegara a buen término.

De todos modos, el apelante advirtió que, dado que la modalidad de pago del
contrato de obra era a precios unitarios, el límite de adiciones del artículo 40 de la
Ley 80 de 1993 no era aplicable y tal restricción solo operaba frente a obras nuevas
o adicionales, mas no en cuanto a las mayores cantidades de obra.

7.2.6. El apelante también manifestó que cumplió con la aprobación del PIPMA y no
faltó a la vigilancia en los componentes ambiental, de seguridad y salud
ocupacional, en tanto los reparos efectuados por el IDU en el comunicado del 3 de
febrero de 2015 al documento mencionado carecían de sustento, ya que: i) el
Decreto 1443 de 2014 no era aplicable, ii) la fórmula de evaluación del riesgo era
clara, iii) la actualización del COPASTT y del cronograma de actividades en
seguridad y salud en el trabajo se efectuaron, iv) se diligenció el plan de acción y
control de riesgos, v) se supervisó que el contratista dispusiera de infraestructura y
se advirtió la no entrega de informes por aquel, vi) no se evaluaron las listas de
chequeo por el incumplimiento del contratista de obra y vii) los informes de
interventoría se improbaron por el actuar del contratista de obra.

En virtud de todo lo expuesto, concluyó que el interventor “buscó los mecanismos
necesarios para que el contratista diera cumplimiento a sus obligaciones
contractuales; sin embargo, a pesar de las solicitudes de multa, comunicaciones,
comités de obra y calificaciones, este hizo caso omiso a los requerimientos de la
interventoría” sin que el IDU hubiera tomado ninguna acción al respecto.

8. Actuación en segunda instancia

8.1. Los días 21 de marzo y 23 de abril de 202116 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fue declarada fallida
ante la falta de ánimo conciliatorio y, seguidamente, se concedieron los recursos de
apelación interpuestos por las partes. Posteriormente, el 25 de junio de 2021, el
Consejo de Estado admitió los recursos de impugnación y, luego, el 26 de julio de

16 Carpeta “Audiencia de conciliación” del CD obrante en el cuaderno 12.

24

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

202117, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.

8.2. El IDU presentó alegatos de conclusión18, en los cuales reiteró la improcedencia
del pago de las facturas Nos. 1 a 3 presentadas por el interventor, correspondientes
a la fase de interventoría de los diseños de la obra, pues, en esencia, los montos
fueron cobrados por una parte distinta a la que suscribió el contrato y, además, no
se le hizo oponible la fusión de los miembros de CIE.

8.3. CIE también formuló alegaciones conclusivas19, en las que indicó, en línea con
lo formulado desde la demanda, que cumplió las obligaciones a su cargo, en
particular, en cuanto a la aprobación de los diseños de pavimentos y el PIPMA, y,
por el contrario, el IDU desconoció las suyas, en especial, por el impago de las
facturas Nos. 1 a 3, la no aprobación de los informes 5 a 10 y la falta de estudios de
prefactibilidad y factibilidad de la obra vigilada.

8.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver los recursos de apelación, la Sala analizará los siguientes aspectos:
1) jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer el presente
asunto; 2) régimen del concurso de méritos abierto No. IDU-CMA-SGI-005-2013; 3)
procedencia del medio de control; 4) oportunidad de la demanda incoada; 5)
legitimación en la causa; 6) problemas jurídicos; 7) hechos probados; 8) solución a
los problemas jurídicos; y 9) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10420 del CPACA, pues el contrato de

17 Índices 3 a 10 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
18 Índice 16 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
19 Índice 17 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
20“Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución

25

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

interventoría 1684 de 2013 fue suscrito por el IDU -en tanto establecimiento público
del nivel distrital21-, con ocasión del concurso de méritos abierto No. IDU-CMA-SGI-
005-2013 que adelantó.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 15022 y el numeral 5 del artículo
15223 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en
cuenta que la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 20 de
noviembre de 2015, superó los 500 S.M.L.M.V.24.

2. Régimen del concurso de méritos abierto No. IDU-CMA.SGI005-2013 y el
contrato de interventoría 1684 de 2013

Antes de continuar con el estudio de los restantes presupuestos procesales, es
menester precisar el régimen jurídico del concurso de méritos abierto No. IDU-
CMA.SGI005-2013, que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene
particular incidencia en la naturaleza que ostenta el contrato de interventoría 1684

Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”. Se precisa que al presente asunto le son aplicables la
Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la ley 1564 de 2012 -CGP-, en virtud de lo previsto en el artículo 306
del primer estatuto mencionado, sin incluir la reforma de la Ley 2080 de 2021, debido a que no se
encontraba vigente para la fecha de presentación de la demanda.
21 Creada mediante el Acuerdo 19 de 1972 como un “establecimiento público, con personería jurídica,

autonomía administrativa y patrimonio independiente. Su domicilio será en la ciudad de Bogotá”.
22 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
23 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.
24 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de

controversias contractuales, en las cuales la parte actora estimó una única cuantía en $666’488.190,
monto que excedió 500 veces la suma de $644.350 (644.350 x 500 = 322’175.000), que correspondía
al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de presentación de la demanda -20 de
noviembre de 2015-.

26

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

de 2013 objeto de la controversia y en el marco normativo sobre la base del cual se
evaluará la existencia de un incumplimiento.

En esa línea, el artículo 2 de la Ley 80 de 199325 dictaminó que se denominarían
entidades estatales, entre otras, los establecimientos públicos, sin distingo del nivel
territorial al que pertenezcan y, en el artículo 1326 de ese estatuto, se precisó que
los contratos estatales suscritos por aquellas se regirían por esa normativa y, en lo
no regulado en aquella, por disposiciones civiles y mercantiles vigentes.

Como se observa, el querer del legislador fue que los negocios jurídicos suscritos
por establecimientos públicos, como lo es el IDU, se rigieran por el Estatuto General
de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, y se
consideraran contratos estatales, de ahí que la Sala estudiará el presente asunto
bajo ese derrotero.

En cualquier caso, el parágrafo 1 de la cláusula 8 del contrato de interventoría 1684
de 2013 estableció, en concordancia con todo lo expuesto que, al acuerdo de
voluntades, de naturaleza estatal, le aplican la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
y su decreto reglamentario27.

3. Procedencia del medio de control

En virtud de lo previsto en el artículo 14128 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su

25 “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos

de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: […] los establecimientos públicos […] así como
las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha
participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los
órdenes y niveles […]”.
26 “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las

entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley […]”.
27 Folios 262 a 263 del cuaderno 1.
28 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y

27

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

Comoquiera que la controversia formulada en el sub judice se refiere a la
responsabilidad contractual del IDU por incumplir las obligaciones contenidas en el
contrato de interventoría 1684 de 2013, el medio de control procedente es el de
controversias contractuales, ya que se está ventilando la desatención de múltiples
obligaciones de un contrato estatal, es decir, se está pidiendo que se declare su
incumplimiento y, además, se está solicitando liquidar el acuerdo de voluntades.

4. Oportunidad del medio de control

Según lo previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 16429 del CPACA, 3B
contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir de cumplidos 2
meses desde el vencimiento del plazo convenido para liquidarlo bilateralmente.

En ese sentido, se encuentra que la cláusula 21 del contrato de interventoría 1684
de 2013 estipuló que el contrato se liquidaría “dentro de los NUEVE (9) meses
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato de
interventoría o la expedición de acto administrativo que ordene la terminación, o la
fecha del acuerdo que lo disponga […]”30.

138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
29 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […]. En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y
esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]”.
30 Folio 119 del cuaderno 2.

28

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Así las cosas, dado que el acta de terminación del contrato de interventoría 1684 de
2013 se suscribió el 27 de mayo de 2015, poniendo fin al acuerdo de voluntades,
los sujetos negociales podían liquidarlo bilateralmente hasta el 28 de febrero de
2016, por lo que los 2 meses para que comenzara a correr el derecho de acción
corrieron hasta el 28 de abril de 2016, fecha a partir de la cual los dos años para
demandar transcurrieron hasta el 29 de abril de 2018. Debido a que 3B radicó la
demanda el 20 de noviembre de 2015, no hay duda de que fue presentada en
término, al margen de que la etapa de conciliación extrajudicial se surtió entre el 27
de agosto, cuando se radicó la solicitud en tal sentido y el 17 de noviembre de 2015,
cuando se profirió el acta de no conciliación31.

5. Legitimación en la causa

3B se encuentra legitimado en la causa por activa, debido a que fungió como
miembro del consorcio CIE, el que en calidad de contratista suscribió el contrato de
interventoría No. 1684 de 2013, frente al cual se alega un incumplimiento.

En el mismo sentido, el IDU se encuentra legitimado en la causa por pasiva, debido
a que llevó a cabo el concurso de méritos abierto No. IDU-CMA.SGI005-2013 y en
el marco de aquel suscribió el contrato de interventoría impugnado por 3B.

6. Problemas jurídicos

Previo a determinar el alcance de las apelaciones, la Sala advierte que, entre otros,
3B alegó en su alzada (acápite 7.2. de los antecedentes) que el a quo se abstuvo
de pronunciarse sobre la procedencia del pago de la factura 4, correspondiente a la
etapa de interventoría de estudios y diseños, lo cual no puede ser estudiado en
segunda instancia, debido a que en las pretensiones del libelo introductorio nunca
se solicitó el pago de aquella e, incluso, en el hecho de la demanda plasmado en el
numeral 1.3.14 del presente documento se afirmó que esta no se radicó.

Asimismo, la parte actora formuló en la apelación que no se le notificó debidamente
una comunicación del 26 de junio de 2015 por el IDU, en el marco del procedimiento

31 Páginas 153 a 157 del archivo 24 del índice 22 del expediente digital en la plataforma SAMAI.

29

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

de ejecución del contrato de interventoría 1684 de 2013, aspecto que, al igual que
el anterior, no fue cuestionado en la demanda, circunstancia que impide un
pronunciamiento en segunda instancia, pues aquella no fue prevista para ventilar
nuevos aspectos no formulados en el escrito inicial, so pena de perpetuar la
controversia indefinidamente.

Comoquiera que resolver los anteriores aspectos implicaría vulnerar el principio de
congruencia, contenido en el artículo 281 del CGP 32, de conformidad con el cual la
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la
demanda, así como con las excepciones alegadas33, de entrada, la Sala descarta
un pronunciamiento de fondo en torno a aquellos.

En esa línea, a partir de los cargos expuestos en las alzadas, corresponde a la Sala
determinar si el IDU y 3B incumplieron el contrato de interventoría 1684 de 2013 en
cuanto a los siguientes puntos y, en dado caso, si hay lugar al reconocimiento de
algún emolumento en favor de la parte actora, por lo que se debe establecer si:

i) El impago de las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de estudios y
diseños por el IDU estaba justificado en que 3B no le informó sobre la fusión
de los miembros de CIE, o si por el contrario tal situación era conocida por la
entidad contratante y debió cancelar las sumas adeudadas y, de ser así, si
hay lugar a reconocer intereses moratorios por tales emolumentos.

ii) La aprobación por CIE de los diseños de pavimentos efectuados por el
contratista de obra infringió el límite de adiciones de que trata el artículo 40
de la Ley 80 de 1993, extendió el plazo injustificadamente y desconoció tanto
las recomendaciones del IDU al respecto, como el contrato de interventoría

32 “Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. // No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede de
lo probado se le reconocerá solamente lo último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier
hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después
de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la
parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio”.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Radicado

50001-23-31-000-1997-06093-01 (21060). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2020, radicado 25000-23-26-000-2011-01424-01 (54407).

30

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

1684 de 2013. También se debe estudiar si tal determinación se encontraba
justificada en una falta de planeación del contrato de obra.

iii) La aprobación del documento PIPMA desconoció los mandatos del contrato
de interventoría y por ello faltó a la vigilancia en los componentes ambiental,
de seguridad y salud ocupacional, en desconocimiento de las observaciones
efectuadas por el IDU y de sus deberes contractuales.

iv) La improbación de los informes 5 a 10 de la fase de interventoría de la
construcción por el IDU se justificó en la desatención por CIE de varios
ajustes solicitados por aquel, o si el interventor atendió la totalidad de las
modificaciones exigidas y, por ende, la entidad contratante se rehusó a
aprobar los documentos mencionados en contravía de sus obligaciones.

v) El IDU desatendió las observaciones efectuadas por CIE, ante los
incumplimientos reiterados del contratista de obra, que obligaban a efectuar
un procedimiento sancionatorio y, eventualmente, una declaratoria de
caducidad y, además, si se remitieron oportunamente todos los productos
correspondientes a la etapa de estudios y diseños debidamente aprobados.
También se verificará si las advertencias de CIE fueron insuficientes.

vi) En caso de prosperar una o todas las pretensiones de la apelación,
corresponde liquidar en sede judicial el contrato de interventoría.

7. Hechos probados

En el marco de lo expuesto, se procederá a establecer cuáles son los hechos
probados que resultan jurídicamente relevantes para decidir la controversia
sometida a juicio en esta instancia. Para tal efecto, la Sala analizará los documentos
aportados al proceso y el interrogatorio de parte recaudado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 24634 del CGP.

34 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.

31

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.1. La fusión entre 3B y Tecnidesarrollo S.A.S., miembros de CIE

7.1.1. El 30 de julio de 2013, 3B aprobó, mediante el acta de la asamblea
extraordinaria de accionistas No. 16, absorber a Tecnidesarrollo S.A.S. y, como
consecuencia, fusionarse con aquella. A su vez, el 14 de agosto de la misma
anualidad, Tecnidesarrollo S.A.S. aprobó la reforma societaria en comento.
Seguidamente, el 9 de octubre de 2013 se publicó el acuerdo de fusión mediante
aviso en el medio de amplia circulación “El nuevo Siglo”35.

7.1.2. El 7 de noviembre de 201336, 3B y Tecnidesarrollo S.A.S. efectuaron
aclaraciones a la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la fusión por absorción
entre ambas, por un requerimiento de esa entidad del 30 de octubre de 2013.
Seguidamente, mediante las actas adicionales No. 16 y 113, 3B procedió a
“subsanar los inconvenientes presentados en el Acta No. 16 del 30 de julio de 2013”,
en cuanto a la precisión de varios datos de la fusión37. En esa misma fecha, se
inscribió ante tal entidad privada el acta de la reforma societaria descrita 38.

7.1.3. El 23 de julio de 201439, el representante legal de CIE puso en conocimiento
al IDU que mediante el acta 16 de la asamblea de accionistas del 30 de julio de
2013, inscrita ante la Cámara de Comercio el 7 de noviembre de 2013 bajo el
número 01779814 del libro IX, 3B absorbió a Tecnidesarrollo S.A.S. “trámite
societario del que se da cuenta a través del certificado de existencia y
representación que se adjunta a la presente”.

7.2. El concurso de méritos abierto No IDU-CMA-SGI-005-2013 y el contrato de
interventoría 1684 de 2013

7.2.1. El 30 de septiembre de 201340, el IDU dio apertura concurso de méritos
abierto No. IDU-CMA-SGI-005-2013, en el que buscó contratar la “interventoría

35 Folios 153 a 195 del cuaderno 1.
36 Folios 138 a 152 del cuaderno 2.
37 Folios 480 a 482 del cuaderno 3.
38 Como obra en el certificado de existencia y representación de 3B, consultado en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.
39 Folio 280 del cuaderno 1.
40 Folio 476 del cuaderno 3.

32

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y S&SO de los estudios,
diseños y construcción para la ampliación de varias estaciones del sistema
Transmilenio”, proyecto de obra contenido en el contrato 1638 del 21 de noviembre
de 2013, producto del procedimiento licitatorio IDU-LP-SG1-007-201341.

7.2.1.1. El procedimiento licitatorio IDU-LP-SG1-007-201342 dispuso las condiciones
generales de participación para la suscripción de un contrato de obra, con el objetivo
de efectuar los estudios, diseños y la construcción para la ampliación de varias
estaciones del sistema Transmilenio. Uno de los ítems que dispuso fue el de
construcción, dentro del cual se encontraba el de pavimentación.

A su vez, en el documento mencionado se dictaminó que, de ser necesario que se
ejecutaran obras complementarias u otros ítems no contemplados en el contrato
inicial se pactarían nuevos precios que se suscribirían mediante acta por los sujetos
negociales, para posteriormente ser aprobados por la Dirección Técnica de
Planeación del IDU y “sin esta aprobación estos ítems no pueden ser utilizados en
las Actas de Recibo Parcial de Obra”43.

7.2.1.2. El valor del contrato de obra 1638 del 21 de noviembre de 201344 fue: i) en
la fase de estudios y diseños $373’156.862, ii) en la de construcción
$9.528’352.813, iii) en la gestión ambiental $226’019.046, iv) en la gestión social
$64’570.859, v) en el plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos $48’134.516,
vi) en el fondo de ajustes para actividades de construcción por cambio de vigencia
$351’780.074, vii) en el fondo especial de compensaciones, evaluación y
seguimiento $38’525.584 y ix) en el permiso de ocupación de cauce la suma de
$30’178.742, para un total de $10.660’718.496, producto de la convocatoria IDU-
LP-SGI-007-2013, que tuvo por objeto “los estudios, diseños y construcción para la
ampliación de las estaciones del sistema Transmilenio […]45”.

Igualmente, se estableció en la cláusula 3 del contrato que la fase de estudios y
diseños se pagaría a precios globales fijos, mientras que la etapa de construcción

41 Folios 2 a 61 del cuaderno 2.
42 Folios 1 a 389 del cuaderno 3.
43 Folio 375 del cuaderno 3.
44 Folios 1.112 a 1.127 del cuaderno 5.
45 Folios 326 a 389 del cuaderno 3.

33

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

sería a precios unitarios con ajustes. Igualmente, en la cláusula 4 se determinó que
“el reconocimiento de mayores cantidades de obra por parte del IDU requiere
previamente de la evaluación técnica y económica por parte de la interventoría y de
su respectiva aprobación”, así como que “estas mayores cantidades de obra deben
ajustarse a los ítems previstos en el Pliego de Condiciones y a los precios que para
cada uno de ellos está dispuesto en el mismo pliego”. También se advirtió que, si la
mayor cantidad de obra superaba el 15% se debía atender lo dispuesto en el
“Manual de Contratación de la Entidad vigente al momento en que este proceda”.

Aunque en el mencionado acuerdo de voluntades no se dijo nada en cuanto a una
eventual modificación de los pavimentos aledaños a la obra, en el apéndice A anexo
al acuerdo de voluntades46 se dispuso un acápite dedicado a tal aspecto y se indicó
que, dentro de las labores del contratista de obra, se encontraba la gestión del
pavimento, que implicaba la rehabilitación de los existentes.

Asimismo, en el numeral 4.2.2. del precitado apéndice A se prescribió que el
contratista ajustaría, revisaría y complementaría durante la etapa de estudios y
diseños “las especificaciones particulares de construcción que utilizará para la
construcción de las calzadas conectantes, orejas y cualquier otra vía que haga parte
del contrato de obra”.

7.2.1.3. El pliego de condiciones definitivo47 de la convocatoria para la interventoría
estableció en la cláusula 1.3.3. que el pago se efectuaría según lo pactado en el
contrato. A su vez, en la cláusula 1.14 se dispuso que era deber de los proponentes
visitar e inspeccionar las zonas del proyecto, para así realizar las evaluaciones y
estimaciones necesarias para presentar su propuesta, por lo que “si el proponente
que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su
responsabilidad por la ejecución completa de sus labores”.

En el componente de “gestión social”48 se dispuso que la supervisión incluiría tal
aspecto, de conformidad con el contrato de obra, y de los requerimientos que

46 Folios 1.128 a 1.163 del cuaderno 5.
47 Folios 209 a 324 del cuaderno 3.
48 Folios 79 a 84 del cuaderno 4.

34

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

efectuara el IDU. Para tal efecto, se incorporó dentro de los deberes del interventor
elaborar y presentar al IDU el informe final consolidado de gestión social del
contrato, así como aprobar los documentos del contratista de la obra relacionados.
Allí también se previó que se daría aviso a la entidad contratante “en un plazo no
mayor a 24 horas”, cuando prevea el incumplimiento de los términos, requisitos,
condiciones, exigencias u obligaciones señaladas en el contrato.

En consonancia con lo anterior, el “apéndice E – gestión social” incluyó que, en la
etapa de estudios y diseños, se verificarían los impactos socioeconómicos y
culturales de la construcción de la obra, mientras que en la fase de construcción se
establecería que lo establecido en ese aspecto fuera efectivamente materializado.
En el documento también se dispuso que, dentro de los 5 primeros días de cada
mes, el contratista presentaría un informe mensual de gestión social, con los datos
de la actividad desarrollada por el contratista en el mes y sus debidos soportes49.

7.2.2. El 10 de octubre de 201350, las sociedades 3B y Tecnidesarrollo S.A.S.
constituyeron el CIE, con el objetivo de presentar propuesta al IDU en el concurso
de méritos abierto IDU-CMA-SGI-005-2013 y, eventualmente, suscribir el contrato
de interventoría producto de aquel. Así, se determinó que el esquema asociativo
estaría conformado en un 70% por Tecnidesarrollo y en un 30% por 3B.

7.2.3. El 13 de noviembre de 201351, el IDU adjudicó el contrato producto del
concurso de méritos abierto No. IDU-CMA-SGI-005-2013 a CIE, por haber contado
con la oferta más ventajosa para la entidad52, de acuerdo con los requisitos de la
convocatoria.

7.2.4. El 28 de noviembre de 201353, el IDU y CIE suscribieron el contrato 1684 de
2013, cuyo objeto consistió en “la interventoría técnica, administrativa, legal,
financiera, social, ambiental y S&SO de los estudios, diseños y construcción para la
ampliación de las estaciones del sistema Transmilenio: grupo 1: pepe sierra, calle
127, ubicadas en la autopista norte, en Bogotá D.C.”.

49 Folios 86 a 108 del cuaderno 4.
50 Folios 130 a 132 del cuaderno 2.
51 Folios 269 a 277 del cuaderno 1.
52 Obrante de folios 287 a 387 del cuaderno 1.
53 Folios 255 a 266 del cuaderno 1.

35

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.2.4.1. Según la cláusula 2, el valor del contrato se fijó en $666’488.190. En la
etapa interventoría de los diseños, el valor se estimó en $103’491.710 y en la
interventoría de la fase de construcción en $562’996.480. Igualmente, en la cláusula
3 se estableció que el pago se realizaría:

i) En la etapa de estudios y diseños: un 40%, distribuidos en cuatro pagos
mensuales de igual valor, mes vencido, una vez entregado el informe de
actividades desarrolladas, y un 60% con la aprobación de la totalidad de los
productos, previo recibo del informe final al IDU y la entrega de la totalidad
de los diseños aprobados.

ii) En la etapa de interventoría de construcción: a) pago mensual de la etapa
de obras: el 40% del valor total mediante 7 pagos mensuales de igual valor y
sobre los cuales se haya ejercido interventoría en el período mensual de
actividades objeto de pago, el que se efectuará una vez aprobado por el IDU
el informe mensual respectivo; b) pago por avance de obra: hasta el 50% del
valor total de la interventoría de construcción sería pagado según el avance
registrado en el acta de obra respectiva, en proporción al valor total del
contrato de obra; y c) terminación y liquidación: el 10% restante cuando se
cumpla el plan de terminación y liquidación del contrato.

El parágrafo primero de la cláusula 3 también dictaminó que, para la procedencia
del pago, se debía anexar, entre otros, la factura totalmente diligenciada “conforme
los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario” y la certificación
de aprobación del informe mensual. Para tal efecto, el parágrafo 4 exigió al
interventor abrir una cuenta bancaria en un establecimiento financiero afiliado al
Sistema Automático de pagos SAP y presentar una certificación que así lo
acreditara o, en caso de tener una cuenta activa, allegar el certificado
correspondiente. A su vez, el parágrafo 5 prescribió que, de no ejecutarse el
contrato en su totalidad, las partes acordarían el pago en forma proporcional.

La cláusula 5 contractual dispuso que el IDU debía pagar las facturas en los 45 días
hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago “debidamente elaborada”,
documentada y aprobada por el IDU, so pena de incurrir en intereses de mora “a la

36

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado
con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por
el numeral 8 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993”.

7.2.4.2. Como plazo del contrato, la cláusula sexta estableció que tendría 11 meses,
de los cuales 4 serían para la etapa de estudios y diseños y 7 para la ejecución de
obras, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación.

7.2.4.3. Como obligaciones del interventor se establecieron en la cláusula 8, entre
otros, las de estudiar la propuesta del contratista, con el fin de familiarizarse con las
condiciones y exigencias de la misma; verificar que aquel dispusiera del equipo
técnico y profesional requerido y exigido en los pliegos de condiciones; supervisar
el cumplimiento del contrato de obra en cuanto a su aspecto técnico, administrativo
y financiero; y controlar y verificar la ejecución del acuerdo de voluntades.

Además, en la etapa de estudios y diseños se dispuso como deberes de carácter
técnico que el interventor debía revisar los diseños entregados por el IDU y “demás
documentos necesarios para la ejecución de las obras”; efectuar los ajustes del
caso, según la normativa técnica vigente; así como revisar, verificar y aprobar el
alcance, la metodología, el enfoque, el plan anual de caja -PAC-, los cronogramas
del proyecto, el acta suscrita de los análisis de precios unitarios y el plan de inversión
del anticipo -PIA-. En caso de incumplimiento, debía apremiar al constructor e
impulsar los procedimientos de multa y declaratoria de incumplimiento. También se
estableció el deber del interventor de revisar, aprobar y verificar los entregables
definidos para el contratista de obra en la etapa de estudios y diseños.

En “materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional”, se acordó que el
interventor estaba obligado a aprobar el PIPMA y remitirlo al IDU, una vez cumpliera
las exigencias del contrato y sus anexos, documento sin el cual no se podrían
ejecutar las obras.

En la etapa de obra se prescribió que el interventor debía hacer cumplir la normativa
y los mandatos aplicables a la construcción; pronunciarse y plantear soluciones
sobre cualquier inconsistencia que se presente “respecto de los estudios y diseños”;
efectuar los informes del contrato; atender a las reclamaciones del contratante;

37

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

estudiar los incumplimientos e impulsar los procedimientos sancionatorios
respectivos; hacer cumplir los compromisos adquiridos en el PIPMA; recibir del
constructor la información del desarrollo del contrato y emitir las observaciones del
caso; convocar reuniones para hacer seguimiento al cumplimiento de actividades
relacionadas con el seguimiento ambiental, de seguridad y salud ocupacional y
elaborar las actas de esas visitas; y efectuar una vigilancia a la labor del contratista
de obra, para asegurar que cumpla de manera estricta sus obligaciones.

Finalmente, en la etapa de liquidación se debía efectuar un informe final de
interventoría, radicar los documentos de acta de recibo final y la liquidación del
contrato de interventoría. Igualmente, se estipuló que el interventor estaba sometido
por todas las obligaciones del contrato, el pliego de condiciones y el manual de
interventoría y/o supervisión del contrato.

7.2.4.4. Como obligaciones del IDU la cláusula 9 del contrato previó que, entre
otros, prestaría su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del
interventor y facilitaría la información que este requiriera.

7.2.4.5. De otro lado, la cláusula 13 del acuerdo de voluntades estipuló que solo se
cedería el contrato “con autorización previa, expresa y escrita del IDU”, cuando el
cesionario acredite iguales o mejores condiciones jurídicas, técnicas y financieras
que las que demostró el cedente para el proceso de selección. Los anteriores
eventos aplicaban en los eventos en que este fuera una unión temporal o consorcio
“y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participación en el contrato”.

7.2.5. El 27 de enero de 201454 el IDU y CIE suscribieron el acta de iniciación del
contrato, donde se estableció que se ejecutaría entre el 27 de enero y el 26 de
diciembre de 2014.

7.3. La ejecución del contrato de interventoría 1684 de 2013 en la fase de
estudios y diseños

7.3.1. Luego de comenzarse a ejecutar el contrato de interventoría 1684 de 2013 en

54 Folio 268 del cuaderno 1.

38

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

la fase de interventoría de estudios y diseños de la obra, este fue suspendido de la
siguiente manera y en el período que se menciona a continuación, debido a la falta
de concepto y aprobación por la Secretaría Distrital de Movilidad de documentos
como las propuestas geométricas:

Fecha Acta Plazo de Fecha reinicio Fecha
suspensión finalización
21 de mayo Acta 2 de 30 días. 20 de junio de 25 de enero de
de 201455. suspensión. 2014. 2015.
16 de junio Acta 3 de prórroga 20 días. 10 de julio de 15 de febrero
de 201456. de suspensión. 2014. de 2015.
9 de julio de Acta 7 de prórroga 32 días. 11 de agosto de 16 de marzo de
201457. de suspensión 2. 2014. 2015.
8 de agosto Acta 8 de prórroga 30 días. 10 de septiembre 15 de abril de
de 201458. de suspensión 3. de 2014. 2015.
9 de Acta 9 de prórroga 12 días. 22 de septiembre 27 de abril de
septiembre de suspensión 4. de 2014. 2015.
de 201459.
19 de Acta 10 de prórroga 15 días. 7 de octubre de 12 de mayo de
septiembre de suspensión 5. 2014. 2015.
de 201460.
6 de octubre Acta 11 de prórroga 15 días. 22 de octubre de 27 de mayo de
de 201461. de suspensión 6. 2014. 2015.
24 de Acta 12 de N/A. 22 de octubre de 27 de mayo de
octubre de reiniciación del 2014. 2015.
201462 contrato.

7.3.2. Mediante comunicados del 29 de abril, 16 de mayo, 11 de junio y 21 de julio
de 201463, la Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte del
IDU dio visto bueno a los informes 1 a 4 de la fase de interventoría de diseños, por
encontrarse “acordes con lo establecido en el contrato de la referencia y en el
manual de interventoría”.

7.3.3. El 1 de julio de 201464 CIE presentó al IDU la factura de venta No. 1,
correspondiente a la fase de interventoría de diseños, por la suma de $10’242.547,
fundada en la aprobación del acta 4, junto con su certificación bancaria vigente,

55 Folios 504 a 505 del cuaderno 3.
56 Folios 505 a 506 del cuaderno 3.
57 Folios 507 a 508 del cuaderno 3.
58 Folios 508 a 509 del cuaderno 3.
59 Folios 510 a 511 del cuaderno 3.
60 Folios 511 a 512 del cuaderno 3.
61 Folios 513 a 514 del cuaderno 3.
62 Folios 514 a 515 del cuaderno 3.
63 Folios 518 a 521 del cuaderno 3.
64 Folios 522 a 537 y 546 del cuaderno 3.

39

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

expedida por el Banco de Bogotá, a nombre de 3B. Igualmente, se profirió un acta
de ajuste por $194.924 y un acta 4 de pago mensual de interventoría donde se
indica que el valor total a pagar es de $10’047.623.

7.3.4. El 1 de julio de 201465 CIE presentó al IDU la factura de venta No. 2,
correspondiente a la fase de interventoría de diseños, por la suma de $10’242.547,
fundada en la aprobación del acta 5, junto con su certificación bancaria vigente,
expedida por el Banco de Bogotá, a nombre de 3B. Igualmente, se profirió un acta
de ajuste 2 por $194.924 y un acta 5 de pago mensual de interventoría donde se
indica que el valor total a pagar es de $10’047.623 y el acumulado $20’095.247.

7.3.5. El 1 de julio de 201466 CIE presentó al IDU la factura de venta No. 3, de la
fase de interventoría de diseños, por la suma de $10’242.547, fundada en la
aprobación del acta 6, junto con su certificación bancaria vigente, expedida por el
Banco de Bogotá, a nombre de 3B. Igualmente, se profirió un acta de ajuste 3 por
$194.924 y un acta 6 de pago mensual de interventoría donde se indica que el valor
total a pagar es de $10’047.623, con un acumulado de $30’142.870.

7.3.6. El 18 de julio de 201467, el IDU devolvió las facturas de venta Nos. 1 a 3,
debido a la “fusión de los dos [miembros del] consorcio, la cual no era de
conocimiento del IDU y que amerita un análisis para establecer el estado legal del
contrato” (aclaración añadida).

7.3.7. El 23 de julio de 201468, el IDU manifestó a CIE que desde el 17 de julio de
2014 se le puso de presente la fusión entre las dos firmas que integraron el
consorcio, frente a lo cual manifestó estar esperando un concepto técnico al
respecto, debido a que “la certificación bancaria que acompaña las mencionadas
facturas no corresponde al consorcio, sino a uno de sus integrantes”.

7.3.8. El 24 de julio de 201469, CIE manifestó al contratista de la obra haber
aprobado los diseños de pavimentos que proponían su intervención total, con el fin

65 Folios 388 a 400 del cuaderno 1.
66 Folios 548 a 554 del cuaderno 3.
67 Folio 281 del cuaderno 1.
68 Folio 279 del cuaderno 1.
69 Folio 600 del cuaderno 3.

40

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

de que fueran firmados. Como consecuencia, el 7 de octubre siguiente se envió al
IDU el informe de diseño de pavimentos del contratista de la obra.

7.3.9. El 9 de septiembre de 201470, el IDU le puso de presente a CIE que aprobar
los diseños en la forma dispuesta por el contratista de obra -es decir, reemplazando
toda la estructura de pavimento- implicaría un costo que “excede en
aproximadamente un 86% el valor del presupuesto”, por lo que “se requiere evaluar
técnica y económicamente la alternativa de mantener y/o rehabilitar el pavimento
existente y proceder solo con la construcción de las obras requeridas para
garantizar el carril de sobrepaso para Transmilenio”.

7.3.10. El 22 de septiembre de 201471, CIE requirió al IDU para que le informara
sobre el proceso a seguir para radicar las facturas Nos. 1 a 3, ante la negativa de la
entidad en recibirlas por la fusión de los miembros del esquema consorcial.

7.3.11. El 17 de octubre de 201472, CIE justificó al IDU la aprobación de los diseños
de pavimentos, que propusieron una intervención total, en que para definir la
viabilidad del proyecto no solo era necesario tener en cuenta el aspecto económico
y, en ese sentido, se avalaron los diseños más acordes con el objeto de la obra.
Igualmente, el 20 de octubre siguiente73, le indicó al IDU que la única alternativa
viable frente a los diseños de pavimentos fue aquella frente a la cual otorgó su visto
bueno.

7.3.12. El 6 de enero de 201574, CIE reiteró los requerimientos en los que buscó que
se explicara la negativa al pago de las facturas Nos. 1 a 3, porque no se había tenido
respuesta de aquellos desde que se radicaron.

7.3.13. El 23 de enero de 201575, CIE remitió al IDU el documento PIPMA aprobado,
luego de haber efectuado varias sugerencias al contratista de obra respecto de tal
escrito, que se detallan así:

70 Folios 606 a 607 del cuaderno 3.
71 Folio 553 del cuaderno 3.
72 Folios 601 a 603 del cuaderno 3.
73 Folios 675 a 677 del cuaderno 3.
74 Folio 523 del cuaderno 3.
75 Folios 848 a 849 del cuaderno 5.

41

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Fecha de Fecha de las Contenido de las observaciones de
presentación del observaciones de CIE CIE
informe PIPMA al
interventor
17 de junio de 201476 24 de julio de 201477 Se sugirió corregir aspectos formales
como la ortografía, el no
diligenciamiento de un formato de
gestión social y detalles sobre el
manejo de aspectos como emisiones
atmosféricas y cuerpos de agua.
79
17 de septiembre de 2 de octubre de 2014 Se reitera la existencia de errores
201478 formales, la falta de datos como el
número de trabajadores y la
referencia de normas que ya no
estaban vigentes.
80
7 de octubre de 2014 10 de octubre de 2014 Se sugirieron ajustes formales y se
reiteró la necesidad de inclusión de
otros datos necesarios para
determinar los aspectos esenciales
del documento.
27 de octubre de 2014 5 de noviembre de Se insiste en la corrección de
201481 aspectos formales y se advierten
imprecisiones en el contenido del
documento.
24 de noviembre de 16 de diciembre de Se reitera la existencia de errores
201482 201483 formales y se exige la corrección de
otras falencias como la falta de
correspondencia del programa de
recolección, reciclaje y
aprovechamiento según lo exigido.
20 de enero de 201584 23 de enero de 201585 Se aprueba definitivamente el
PIPMA y se remite al IDU.

7.3.14. El 5 de febrero de 201586, el IDU le indicó a CIE que el documento PIPMA
aprobado por la interventoría tiene falencias que deben ser subsanadas, como
actualizar el encabezado del formato 1, precisar el objeto del contrato, la adición del
listado de obras a ejecutar con las fechas de intervención, los proveedores de
materiales, la determinación de los campamentos, la definición de las rutas de
desvíos y el sistema constructivo a implementar.

76 Folio 744 del cuaderno 5.
77 Folios 745 a 780 del cuaderno 5.
78 Folios 781 a 794 del cuaderno 5.
79 Folios 795 a 827 del cuaderno 5.
80 Folios 832 a 814 del cuaderno 5.
81 Folios 1.184 a 1.192 del cuaderno 5.
82 Folios 842 a 845 del cuaderno 5.
83 Folios 845 a 847 del cuaderno 5.
84 Folios 848 a 849 del cuaderno 5.
85 Folio 850 del cuaderno 5.
86 Folios 617 del cuaderno 3 y 851 a 855 del cuaderno 5.

42

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Del mismo modo, estimó que la estructura del PIPMA contaba con varios errores,
pues no se clasificó el tipo de proyecto a ejecutar, no se anexaron las hojas de vida
de los profesionales de la etapa de construcción, no se incorporaron los planos
georreferenciados, no se allegó el plano de ubicación del campamento, no se
actualizó el documento a la etapa de construcción, no se aportó el inventario
forestal, no se determinaron los campamentos y centros de acopio, ni se acogieron
demás ajustes formales, entre otros.

Se añadió que el documento mencionado tampoco contaba con legislación
actualizada en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de COPAST,
ni con un cronograma de actividades en esa área. También se advirtieron otros
yerros frente al plan de gestión integral de residuos construcción y demolición, como
la ausencia del componente C.

Como consecuencia, se requirió al interventor y al contratista de obra para que en
no más de 3 días, allegaran el documento con la información faltante.

7.3.15. El 12 de febrero de 201587, el IDU respondió a CIE, en cuanto a las facturas
Nos. 1 a 3 de la interventoría de los estudios y diseños de la obra, que no era
procedente un pago en el que el titular de la cuenta bancaria fuera una empresa
diferente a quien suscribe la relación contractual, aunque sea uno de los
consorciados.

7.3.16. El 19 de marzo de 201588, el contratista de obra manifestó haber acogido las
observaciones del IDU y allegó un nuevo documento PIPMA a CIE; sin embargo, el
25 de marzo siguiente89, CIE reiteró al contratista de obra que era necesario que
efectuara ajustes adicionales a tal escrito, tales como incluir al profesional aprobado
por la interventoría, los tratamientos silviculturales, los permisos ambientales
requeridos, incorporar el anexo del plano de ubicación del campamento y el plan de
acción, así como debía enmendar otros errores de naturaleza formal.

87 Folio 278 del cuaderno 1.
88 Folio 859 del cuaderno 5.
89 Folios 860 a 864 del cuaderno 5.

43

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.3.17. El 25 de marzo de 201590, CIE explicó, de nuevo, que procedía el pago de
las facturas Nos. 1 a 3 a favor de 3B, porque al haberse fusionado con
Tecnidesarrollo S.A.S., esa primera sociedad pasó a conformar el 100% del
consorcio en el contrato de interventoría.

7.3.18. El 16 de abril de 201591, el IDU reiteró que no ha podido pagar las facturas
Nos. 1 a 3, porque la certificación bancaria adjunta no se encontraba a nombre de
CIE, sino de 3B, que apenas conforma el 70% del esquema asociativo. De ese
modo, advirtió que no le era posible pagar los emolumentos contenidos en tales
documentos a un sujeto distinto al de la relación negocial.

7.4. La ejecución del contrato de interventoría 1684 de 2013 en la fase de
construcción

7.4.1. El 21 de noviembre de 201492, CIE requirió al contratista de la obra para que
cumpliera el contrato en la fase de construcción y, en la misma fecha, exhortó al
IDU para que impulsara un procedimiento de multa contra el contratista. Los días
26 de diciembre siguiente y 21 de enero de 201593 reiteró la exhortación de inicio
de la fase de construcción94.

7.4.2. Los días 30 de enero, 5 y 24 de febrero y 1 de abril de 201595, CIE informó al
IDU que, pese a haber requerido al contratista de obra en varias ocasiones, aquel
no ha cumplido el contrato en la fase de construcción. Como consecuencia, exhortó
al IDU para que le impusiera multas al contratista de obra por la desatención de sus
deberes negociales.

7.4.3. Los días 11 de febrero, 9 de marzo, 18 de marzo, 16 de abril y 28 de mayo
de 201596, CIE allegó los informes de interventoría 5 a 10.

7.4.3.1. El informe 5 de la interventoría de construcción se efectuó del período

90 Folios 555 a 557 del cuaderno 3.
91 Folio 530 del cuaderno 3.
92 Folios 870 a 880 del cuaderno 5.
93 Folios 898 a 900 del cuaderno 5.
94 Folios 889 a 846 del cuaderno 5.
95 Folios 895 a 902, 1.079 y 1.216 a 1.220 del cuaderno 5.
96 Folios 587 a 589 del cuaderno 3.

44

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

que va del 29 de octubre al 30 de noviembre de 201497.

Allí se explicó que, para la fecha, se ha ejecutado el 95% del contrato en la fase de
estudios y diseños, que finalizó el 28 de octubre de 2014 “quedando pendiente la
aprobación de los documentos en su última versión del diseño eléctrico, diseño
urbanístico paisajístico y arquitectónico, PIPMA, presupuestos y programación de
obra”, mientras que en la fase de construcción “no se ha presentado ningún avance
por parte del contratista”, puesto que manifestó no poder proceder de ese modo
hasta tanto no se defina el alcance total del contrato con su presupuesto y
cronograma. Así, advirtió que en el interregno en comento “no se evidenció ninguna
actividad relacionada con las obras objeto del contrato”, pues el contratista
consideró “no tener definida la intervención del pavimento”.

Igualmente, precisó que entre el 19 de mayo de 2014 y el 22 de octubre de 2014 el
contrato de obra fue suspendido por la falta de varios conceptos por parte de la
Secretaría Distrital de Movilidad. De otro lado, durante el período del informe se
recibieron varios documentos de observaciones técnicas de estudios de
pavimentos, estudios arquitectónicos y de espacio público, diseños de señalización
y reparos al PIPMA.

Frente a esos puntos, el interventor manifestó su desacuerdo con el contratista de
obra por su inejecución, ya que pudo haber ejecutado aspectos como las
actividades silviculturales, fabricación de estructuras metálicas, instalación de
vagones, traslado de postes y demás. Igualmente, si bien el contratista de obra
ofreció alternativas, todas fueron desestimadas, porque no cumplían con el alcance
del contrato, en tanto en algunas de ellas se ofrecía hacer una estación menos y en
otras construir las previstas, pero con una capacidad menor a la convenida.

Por el incumplimiento mencionado CIE adujo haber solicitado al IDU, mediante
proveído del 18 de noviembre de 2014, el inicio de un procedimiento sancionatorio
contra el contratista de obra y, además, advirtió que aquel tampoco ha presentado
la documentación previa necesaria para el inicio del proyecto en su construcción.

97 Folios 1.299 a 1.400 del cuaderno 6.

45

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

En cuanto a las “actividades desarrolladas por la interventoría”, manifestó haber
asistido a las reuniones coordinadas por el IDU, elaborado informes de interventoría,
supervisado actividades ejecutadas por el contratista, revisado los informes de cada
especialidad entregados por el contratista y proyectado el informe final. En virtud de
aquello, recomendó “la intervención total del pavimento, generando costos
adicionales a los presupuestados, pues la estimación es mayor al 96%”, pero no se
ha materializado esa posibilidad, ni otras alternativas.

7.4.3.2. El informe 6 de la interventoría de construcción se efectuó del período
que va del 1 al 31 de diciembre de 201498.

Allí se reiteró que estaba pendiente la aprobación de varios diseños y del PIPMA y
que la fase de estudios y diseños culminó con un 95% de ejecución, mientras que
“en la etapa de construcción no se ha presentado ningún avance hasta tanto no se
defina el alcance total del contrato con su presupuesto y cronograma”, de ahí que,
durante el período del informe “no se evidenció ninguna actividad relacionada con
las obras objeto del contrato”, debido a que el contratista adujo no hacerlo por no
tener definida la intervención del pavimento. Como consecuencia, se vislumbró un
retraso del 11%.

A partir de lo anterior arguyó que, en vista de que los requerimientos realizados por
la interventoría para que el contratista de obra realice la obra han sido en vano, pues
no se ha evidenciado la intención de proseguir a la construcción del proyecto, “se
han tenido que generar en cumplimiento a los requerimientos contractuales
solicitudes de sanciones y advertencias de incumplimiento”, como una petición de
multa, a la que ya se había hecho alusión en el informe 5.

Al igual que en el informe 5, el interventor formuló su desacuerdo en la inejecución
del contrato de obra en la fase de construcción por desavenencias con el pavimento,
por considerar que ello no impedía iniciar actividades silviculturales, contratación de
fabricación de la estructura metálica, instalación de los vagones, traslado de postes
y demás labores. En ese punto también precisó que, si bien el contratista de obra
formuló varias alternativas respecto de la intervención del pavimento, que de ser

98 Folios 1.402 a 1.511 del cuaderno 6.

46

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

total superaría el 96% del valor del contrato, aquellas distan del objeto contractual.

Igualmente, precisó que asistió a múltiples reuniones y dio respuesta a las
observaciones realizadas por el IDU, así como aprobó los informes presentados por
el contratista; empero, “no se reportaron actas ya que no se han realizado
actividades inherentes a la etapa de construcción”.

Asimismo, advirtió que durante el interregno del documento efectuó actividades de
supervisión, control y seguimiento a la labor del contratista y que se le entregó el
cronograma de ejecución de las obras, ajustado a los 7 meses del plazo negocial y
por la suma de $9.528’352.813.

7.4.3.3. En el informe 7 de la interventoría de construcción, del período que va del
1 al 31 de enero de 2015, se reiteró que, en la etapa de construcción “no se ha
presentado ningún avance por parte del contratista, aduciendo que no puede dar
inicio al contrato hasta tanto no se defina el alcance total del contrato con su
presupuesto y cronograma”, en tanto “no se evidenció ninguna actividad relacionada
con las obras objeto del contrato, esto debido a que el contratista aduce no hacerlo
por no tener definida la intervención del pavimento”, que, de llevarse a cabo en la
forma propuesta por aquel, llevaría a un costo 96% mayor al valor del contrato99.

Al respecto, el interventor reiteró, como lo hizo en los informes 5 y 6, que, aunque
el contratista de obra ofreció alternativas a la problemática relacionada con la
intervención del pavimento, aquellas distaron del objeto contractual y,
eventualmente, deberían llevar a su modificación y, en esa línea, afirmó no estar de
acuerdo con la inejecución del contrato de obra, pues se pudo ir desarrollando otras
actividades como las silviculturales y la instalación de vagones empero; contrario
sensu, la ejecución del negocio jurídico en la fase de construcción es del 0%.

También se indicó que estaba pendiente la aprobación de varios diseños y el
documento PIPMA y que durante el período del informe efectuó supervisión a las
actividades del contratista, asistió a reuniones y revisó y aprobó informes como los
S&SOMA.

99 Folios 1.513 a 1.633 del cuaderno 6.

47

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.4.3.4. En el informe 8 de la interventoría de construcción, del período que va del
1 al 28 de febrero de 2015, se reiteró, como se señaló en los informes anteriores,
que “no se ha presentado ningún avance por parte del contratista aduciendo que no
se puede dar inicio al contrato hasta tanto no se defina el alcance total del contrato
con su presupuesto y cronograma”, de ahí que ”no se evidenció ninguna actividad
relacionada con las obras objeto del contrato”, frente a lo cual el interventor
manifestó su desacuerdo en los términos de los informes precedentes. Como
consecuencia, indicó que existe un retraso injustificado del 44% del acuerdo de
voluntades y un 0% de ejecución de la fase de construcción100.

Como consecuencia de la anterior situación, CIE solicitó al IDU la imposición de dos
multas al contratista de obra, por la desatención total de sus obligaciones en la fase
de construcción. Por lo demás, indicó haber asistido a múltiples reuniones y
efectuado múltiples informes.

Finalmente, manifestó que se recomendó por estabilidad de la obra la intervención
total del pavimento “generando costos adicionales a los presupuestados, pues la
estimación es mayor al 96%”, aspecto frente al cual el contratista de obra ha
formulado alternativas que no fueron consideradas por distar del objeto contractual.

7.4.3.5. En el informe 9 de la interventoría de construcción, del período que va del
1 al 31 de marzo de 2015 se reiteró, como en los informes precedentes, que en la
etapa de construcción “no se ha presentado ningún avance por parte del contratista
aduciendo que no se puede dar inicio al contrato hasta tanto no se defina el alcance
total del contrato con su presupuesto y cronograma”, por lo que “no se evidenció
ninguna actividad relacionada con las obras objeto del contrato, esto debido a que
el contratista aduce no hacerlo por no tener definida la intervención del pavimento”,
frente a lo cual, una vez más, el interventor manifestó su desacuerdo, por considerar
que ello no le impedía ejecutar las principales actividades del objeto negocial, de
modo que el acuerdo de voluntades presentó, para ese momento, un retraso del
58% y un 0% de ejecución en la construcción101.

100 Folios 1.634 a 1.803 del cuaderno 7.
101 Folios 1.805 a 1.933 del cuaderno 7.

48

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Al igual que en informes anteriores, CIE manifestó que coadyuvó al IDU para que
impulsara procedimientos de multa contra el contratista de la obra, y que presentó
varios informes semanales, así como también supervisó las actividades efectuadas
por el contratista.

Finalmente, reiteró que se recomendó, por estabilidad de la obra, la intervención
total del pavimento, con un costo adicional del 96%, frente al cual el contratista de
la obra presentó alternativas que, en todo caso, se separaban del objeto negocial.

7.4.3.6. En el informe 10 de la interventoría de construcción, del período que va
del 1 al 30 de abril de 2015, en el que se indicó que “no se ha presentado ningún
avance por parte del contratista, aduciendo que no puede dar inicio al contrato hasta
tanto no se defina el alcance total del contrato con su presupuesto y cronograma”,
por lo que “no se evidenció ninguna actividad relacionada con las obras objeto del
contrato” por “no tener definida la intervención del pavimento”, CIE se opuso,
aduciendo que esa circunstancia no impedía llevar a cabo el objeto negocial. Como
consecuencia, para la fecha del documento se configuró un retraso del 71%102.

En esa línea, CIE manifestó que realizó labores de supervisión y redacción de
informes, y también requirió al IDU para la imposición de cinco multas al contratista
de la obra.

Finalmente, se puso de presente que se recomendó, por la estabilidad de la obra,
la intervención total del pavimento, con un sobrecosto del 96%; empero, el
contratista de la obra formuló alternativas que no se aceptaron por distar de lo
pactado en la obra.

7.4.4. El 4 de marzo de 2016103, el contratista de obra rechazó al interventor que se
estuviera incurriendo en un incumplimiento, pues no se han dado las condiciones
para la correcta ejecución del contrato, así como también adujo que “pretende
imponer de manera unilateral el inicio de una etapa contractual sin el lleno de los

102 Folios 1.935 a 2.056 del cuaderno 7.
103 Folios 907 a 909 del cuaderno 5.

49

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

requisitos esenciales de la relación contractual”. El anterior documento fue
respondido por CIE, mediante proveído del 12 de marzo de 2015104, en el sentido
de desestimar que el contratista de obra hubiera satisfecho las obligaciones
negociales en la fase de construcción, a lo cual sumó que no existía una razón
justificada de tal proceder.

7.4.5. Los días 1 y 22 de abril de 2015105, CIE le volvió a indicar al IDU que se
mantiene el incumplimiento del contratista de obra y, por ende, solicitó la apertura
de otro procedimiento de multa.

7.4.6. El 29 de abril de 2015106, el IDU devolvió los informes 5 a 9 de la fase de
interventoría de construcción, por considerar que estaban incompletos y debían
atenderse observaciones para ser aprobados con posterioridad. La comunicación
fue reiterada en los mismos términos el 26 de junio de 2015.

Frente a los informes 5 y 6 adujo que faltaba la postura de la interventoría en cuanto
al no inicio de la obra por el contratista debido a percances con los diseños de
pavimentos, pues sobre tal aspecto el interventor se limitó a transcribir los
requerimientos de la entidad.

En cuanto a los informes 8 y 9 manifestó que, además de que le eran extensibles
los reparos anteriores, aunque incluyeron las obligaciones contractuales y su
estado, allí no se evidencia ningún análisis técnico, jurídico y financiero relacionado
con el avance del contrato, de acuerdo con lo establecido en los documentos
contractuales suscritos de común acuerdo entre las partes y los cronogramas para
la etapa de estudios y diseños y la fase de obra aprobados.

Finalmente, se advirtió que, de no haber una ejecución de la obra, de todos modos,
la interventoría estaba en la obligación de documentar debidamente la trazabilidad
de las gestiones adelantadas por la interventoría en desarrollo de sus obligaciones
contractuales.

104 Folios 1.036 a 1.056 del cuaderno 5.
105 Folios 1.060 a 1.061 y 1.069 a 1.071 del cuaderno 5.
106 Folios 581 a 585 del cuaderno 3.

50

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.4.7. El 27 de mayo de 2015107, CIE respondió la comunicación mediante la cual
se devolvieron los informes 5 a 9, en el sentido de señalar que con aquellos se
satisfizo lo exigido en el contrato y en los requerimientos del IDU, por lo que no
había lugar a allegar otros modificados.

7.4.8. El 27 de mayo de 2015108, el IDU y CIE suscribieron el acta de finalización
del contrato de interventoría 1684 de 2013, en el cual se precisó que el acuerdo
de voluntades feneció hasta esa fecha, dado que fue objeto de varias suspensiones
y ampliaciones.

Igualmente, se precisó que, de la etapa de estudios y diseños, para la fecha del acta
no se habían aprobado los documentos correspondientes al presupuesto y
georreferenciación y el PIPMA, pues el contratista de la obra se encontraba
ajustándolos, según las observaciones realizadas por el interventor. A su vez, se
puso de presente que la ejecución de la obra en la fase de construcción fue del 0%
por desavenencias en materia del pavimento, lo que propició el impulso de
procedimientos sancionatorios como multas y una declaratoria de caducidad.

Asimismo, se advirtió que, mediante oficio del 24 de marzo de 2015, se inició un
procedimiento sancionatorio de multa contra el interventor, por incumplimientos en
la aprobación de diseños de pavimento, del PIPMA y la falta de entrega de la
georreferenciación y los productos correspondientes a la etapa de estudios y
diseños debidamente aprobados; no obstante, se indicó que no existe un acto
definitivo de tal asunto.

Finalmente, se argumentó que no fue posible efectuar el pago en la etapa de
diseños, pues los miembros del consorcio interventor se fusionaron, lo que ocurrió
de manera previa a la suscripción del contrato.

7.4.9. El 12 de junio de 2015109, el IDU requirió a CIE para que presentara el
consolidado de gestión social, previsto en el “apéndice E Obligaciones de gestión
social”, así como el formato de cierre social.

107 Folios 586 a 587 del cuaderno 3.
108 Folio 282 del cuaderno 1.
109 Folio 286 del cuaderno 1.

51

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.4.10. El 16 de junio de 2015110, el IDU requirió a CIE para que allegara el informe
final ambiental y SST, que debía incluir aspectos como un resumen, la descripción
del proyecto, el manejo ambiental y de seguridad y salud ocupacional de las obras,
acciones de la interventoría ambiental y conclusiones y recomendaciones.

7.4.11. El CIE presentó varios informes sociales de interventoría -distintos de los
informes 5 a 10 de la interventoría de construcción-111, donde dio cuenta de su
gestión en ese ámbito.

7.4.12. En la audiencia de pruebas se recaudó la declaración de parte de 3B, a
través de la señora Jhuliana Andrea Sarmiento García112, representante de esa
sociedad, quien dio cuenta de la gestión de la interventoría en el contrato 1684 de
2013 y manifestó que CIE satisfizo todas las obligaciones de ese negocio jurídico.

7.4.13. Aunque se aportó un documento denominado “peritaje a los estudios y
diseños realizados por el consorcio Fawcett-Assignia y aprobados por la
interventoría CIE”113, de abril de 2015, efectuado por quien se denominó “ingeniero
Juan Pablo Huertas”, su práctica no fue solicitada como experticia en la demanda,
por lo que no procede su valoración en esos términos y, de todos modos, el
supuesto autor del escrito tampoco acreditó sus calidades, por lo que tal prueba no
puede ser tenida en cuenta, comoquiera que se desconoce si realmente es
profesional y si cuenta con experiencia en el tema del anexo, ello, en virtud del
artículo 219 del CPACA en su redacción original, a cuyo tenor se expone que las
partes “podrán aportar dictámenes emitidos por instituciones o profesionales
especializados e idóneos” (se subraya), lo cual exige demostrar tales condiciones.

7.5. El procedimiento administrativo sancionatorio impulsado contra CIE por
un incumplimiento del contrato 1684 de 2013

7.5.1. El 16 de marzo de 2015114, el IDU informó a CIE el inicio de un procedimiento

110 Folios 284 a 285 del cuaderno 1.
111 Folios 2.057 a 2.291 del cuaderno 8 y 2.292 a 2.748 del cuaderno 9.
112 Archivo 50 del índice 22 del expediente judicial en la plataforma SAMAI.
113 Folios 37 a 41 del cuaderno 4.
114 Folios 590 a 599 del cuaderno 3.

52

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

sancionatorio en su contra, por infringir la cláusula 8 del contrato y el artículo 40 de
la Ley 80 de 1993.

Primero, manifestó que en la cláusula 8 del contrato se estipuló que el interventor
estaba obligado a velar por los intereses de la entidad contratante, observando que
la ejecución vigilada estuviera dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad
pactados, lo cual no se cumplió, pues los diseños de pavimentos aprobados por la
interventoría excedieron “en aproximadamente un 86% el valor del contrato
(alrededor de $19.800´000.000 contra un valor contractual de $10.660’718.496)”,
más allá del límite de adiciones del 50% de que trata la Ley 80 de 1993, con un
plazo mayor de 11 meses, frente a los 7 convenidos inicialmente.

A lo anterior se sumó que, para la fecha del escrito, no habían sido entregados a la
entidad los productos de los estudios y diseños en su totalidad, pues, entre otros,
faltaban los presupuestos y la georreferenciación.

Segundo, también reprochó que se hubiera aprobado el documento PIPMA, sin el
cumplimiento de los parámetros exigidos por el IDU, como la estructura, datos sobre
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el plan de gestión integral
de residuos, así como la información de construcción y demolición RCD en obra.

Asimismo, se destacó que CIE no cumplió su obligación de vigilar los componentes
ambientales, de seguridad y salud ocupacional y, entre ello, de verificar otros
aspectos como el técnico y S&SOMA, en cuanto a aspectos como supervisar que
el contratista dispusiera de la infraestructura y personal y que cumpliera con los
requerimientos del apéndice E del contrato, revisar los informes del contratista,
valorar su desempeño ambiental, elaborar y presentar al IDU los informes de
interventoría con la gestión S&SO del contratista y de la interventoría y hacer
seguimiento a las medidas del programa de gestión en seguridad y salud
ocupacional del contratista.

Tercero, manifestó que CIE incurrió en atrasos al remitir a la entidad los productos
correspondientes a la etapa de estudios y diseños debidamente aprobados y en
conminar al constructor a cumplir el contrato de obra, dada su negligencia.

53

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.5.2. La audiencia de descargos del procedimiento administrativo sancionatorio
contra CIE se llevó a cabo en distintas fechas, de la siguiente manera:

Audiencia Fecha de la audiencia Motivos de la suspensión de la audiencia
1. 7 de abril de 2015115 Se suspendió para efectuar la revisión
documental de varios anexos.
2. 28 de abril de 2015116 Se suspendió por la ausencia del
representante legal de CIE.
3. 30 de abril de 2015117 Se suspendió porque el interventor presentó
una excepción de inconstitucionalidad por la
falta de acceso a varios documentos.

Los días 7 y 12 de mayo de 2015118 el IDU
manifestó aclarar los puntos solicitados y
remitió varias copias de los anexos pedidos.
4. 19 de mayo de 2015119 Se suspendió porque se alegó una falta de
respuesta a la petición de varios
documentos.

En consonancia con tal situación, el 21 de
mayo de 2015120 el IDU reiteró que no ha
accedido a múltiples documentos
relacionados con otros procesos
contractuales, pero cuyo contenido le
permiten ejercer el derecho de defensa.

7.5.3. El 10 de junio de 2015121, el Juzgado 74 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías, en el asunto con radicado 2015-061, resolvió una tutela
presentada por 3B, frente a una petición de documentos incoada por aquel frente al
IDU, concediéndola parcialmente y ordenándole al IDU que la resolviera de fondo.
Como consecuencia, el 19 de junio siguiente122 la accionada ofreció a CIE
información adicional respecto a la petición incoada.

7.5.4. El 1 de julio de 2015123 3B formuló un incidente de desacato de la tutela que
concedió parcialmente su derecho fundamental a presentar peticiones, por
considerar que no se entregaron los documentos que necesitaba.

115 Folios 623 a 624 del cuaderno 3.
116 Folios 630 a 632 del cuaderno 3.
117 Folios 633 a 636 del cuaderno 3.
118 Folios 13 a 23 del cuaderno 4.
119 Folios 641 a 646 del cuaderno 3.
120 Folios 42 a 47 del cuaderno 4.
121 Folios 664 a 672 del cuaderno 3.
122 Folios 467 a 468 del cuaderno 3.
123 Folios 674 a 677 del cuaderno 3.

54

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

7.6. Otros procesos judiciales impulsados por los sujetos negociales
relacionados con la controversia

7.6.1. En el asunto con radicado 11001-33-36-032-2015-00539-00, el IDU presentó
demanda de controversias contractuales contra el contrato No. 1684 de 2013, en el
que solicitó su declaratoria de incumplimiento y la nulidad absoluta, por la fusión de
los miembros de CIE, incluso antes de que se suscribiera el negocio jurídico, sin
que se le hubiera informado a la entidad contratante sobre tal aspecto124.

El asunto le correspondió al Juzgado Administrativo 32 de Bogotá, el que, mediante
proveído del 23 de julio de 2018 negó las pretensiones de la demanda, decisión que
fue confirmada mediante la providencia del 13 de agosto de 2020 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con sustento en que, si bien los miembros de CIE
se fusionaron “no comporta ninguna nulidad, en tanto que 3B Proyectos SAS como
sociedad absorbente continúa siendo obligada con la entidad contratante, mucho
más si se advierte que con la fusión ninguna quedó excluida de la relación
contractual con el IDU”. Una vez notificada la decisión, el 6 de octubre de 2020 se
devolvió el expediente al juzgado de origen.

7.6.2. Asimismo, cursa un asunto, con radicado 25000-23-36-000-2015-00954-01,
en el cual el contratista de obra interpuso una demanda de controversias
contractuales contra el IDU y manifestó que la entidad contratante incumplió el
contrato de obra supervisado por CIE, el cual fue resuelto en primera instancia
mediante la sentencia del 4 de julio de 2018, en el sentido de denegar las
pretensiones de la demanda, ya que no se encontró que la demandada hubiera
desatendido las obligaciones a su cargo. La decisión fue objeto de apelación y se
encuentra en esta Corporación para fallo de segunda instancia125.

7.6.3. Finalmente, también existe un proceso penal con radicado 11001-60-000-49-
2015-14037-00 ante el Juzgado 9 penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
contra el señor Hernando Ignacio Vega Camerano, otrora representante legal de
3B, por el delito de fraude procesal por hechos relacionados con la fusión de los

124 Folios 196 a 263 del cuaderno 2 y expediente digital en la plataforma SAMAI.
125 Como obra en el expediente digital en la plataforma SAMAI.

55

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

miembros de CIE previo a la adjudicación del contrato de interventoría, frente al cual
fue absuelto en primera instancia; empero, se presentó recurso de apelación y el
expediente se remitió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá126.

8. Solución a los problemas jurídicos

8.1. El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas Nos. 1 a 3 de la fase
de interventoría de estudios y diseños del contrato

8.1.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó que le asistió razón a 3B
en el reproche de impago injustificado de las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de
interventoría de diseños, debido a que, pese a que las sociedades que conformaron
CIE se fusionaron, quedando únicamente 3B, se mantuvo el extremo pasivo de la
relación negocial, tanto así que aquel ejecutó el contrato de interventoría, por lo que
no hubo un cambio del interventor y así lo ratificó la justicia al resolver en otro asunto
que no había lugar a anular el contrato 1684 de 2013 por tal circunstancia, de ahí
que el IDU no podía rehusarse a pagar las sumas exigidas por tal circunstancia.

8.1.2. En su impugnación el IDU se opuso a lo anterior, con sustento en que, pese
a haber suscrito el contrato de interventoría con CIE, junto con las facturas Nos. 1
a 3 aportadas se allegó el certificado bancario de 3B que, si bien era uno de los
miembros del esquema asociativo, no fue con el que se suscribió el negocio jurídico,
de ahí que no procedía pagarle únicamente a uno de los consorciados, a lo cual
sumó que tampoco se le informó de la fusión de los miembros del consorcio, lo que
derivó en que no se hubieran aportado los documentos en comento con el lleno de
las exigencias convenidas por los sujetos negociales.

Asimismo, la entidad demandada señaló que cuando se rehusó a pagar las facturas
Nos. 1 a 3 se presentó posteriormente una certificación bancaria a nombre de CIE,
la cual tampoco tenía justificación, dado que ese esquema asociativo ya no existía
por la fusión de sus miembros. Como consecuencia, advirtió que, como el contratista
interventor incumplió su obligación de allegar debidamente las facturas, en virtud de
la excepción de contrato no cumplido era imperativo para el IDU no pagarlas.

126 Como obra en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial.

56

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

8.1.3. Por su parte, 3B coincidió en su apelación con que el a quo hubiera
reconocido el incumplimiento del IDU respecto del impago de las facturas Nos. 1 a
3 de la fase de interventoría de diseños; sin embargo, reprochó que no se hubiera
reconocido la causación de intereses de mora desde que aquellas debieron
cancelarse y como se pactó en el acuerdo de voluntades.

8.1.4. En el asunto de estudio, se encuentra acreditado que, mediante las
decisiones societarias del 30 de junio y el 14 de agosto de 2013, 3B se fusionó con
Tecnidesarrollo S.A.S. por haberla absorbido; no obstante, para el 7 de noviembre
de 2013 aquellas aún se encontraban subsanando tal determinación, como se le
hizo saber a la Cámara de Comercio de Bogotá mediante escrito de esa fecha y,
hasta ese momento se registró el procedimiento societario ante ese ente mercantil.

De manera paralela, el 10 de octubre de 2013, y sin que hubiera concluido aún la
fusión societaria, 3B y Tecnidesarrollo S.A.S constituyeron CIE, con el objetivo de
presentar oferta en el concurso de méritos abierto IDU-CMA-SGI-005-2013 y, el 28
de noviembre de la misma anualidad, suscribieron el contrato de interventoría 1684
de 2013 producto del referido procedimiento de selección. En la cláusula 3 del
contrato 1684 de 2013 se convino que para el pago se debía anexar factura y un
certificado de cuenta bancaria y la cláusula 5 precisó que este se efectuaría dentro
de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago.

Posteriormente, los sujetos negociales suscribieron el acta de iniciación del contrato
el 27 de enero de 2014 y, en virtud de ello, dieron inicio a la fase de interventoría de
diseños, frente a la cual, una vez aprobados los informes respectivos por el IDU,
CIE allegó las facturas de venta Nos. 1 a 3 el 1 de julio de 2014, por la suma total
de $30’142.870.

El 18 de julio de 2014, el IDU se rehusó a pagar las mencionadas facturas, por
encontrar que desconocía la fusión de los miembros del consorcio, dado que se
enteró hasta el 17 de julio de 2014 de tal novedad. En esa línea, se opuso de manera
posterior, por el hecho de que había allegado el certificado bancario de 3B y el
contrato había sido suscrito con CIE, lo que impedía pagarle a tal sociedad. A su
vez, el interventor reiteró la solicitud de pago en comunicados posteriores, como el

57

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

del 25 de marzo de 2015, respondida por el IDU en los mismos términos el 16 de
abril siguiente.

Por cuenta de la fusión entre 3B y Tecnidesarrollo S.A.S. de manera previa a la
adjudicación del contrato, en el asunto con radicado 11001-33-36-032-2015-00539-
00, el IDU presentó demanda de controversias contractuales contra el contrato No.
1684 de 2013, en la cual solicitó su nulidad absoluta, pretensión que fue
desestimada en primera y segunda instancia y, en el caso del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 13 de agosto de 2020
manifestó que, dado que la unión entre ambas sociedades no representó un cambio
del contratista de la relación negocial, no se configuró ninguna irregularidad.

8.1.5. Aclarados los antecedentes fácticos del cargo de apelación, de entrada, para
la Sala, la fusión de 3B con Tecnidesarrollo S.A.S. no impedía el pago de las
facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de estudios y diseños, ya que, como
se detallará, tal novedad no tuvo la vocación de impedir el perfeccionamiento del
negocio jurídico y, además, fue validada por el IDU al haber manifestado su
aquiescencia en la ejecución negocial con 3B.

En efecto, el artículo 6 de la Ley 80 de 1993127, en su redacción original, establecía
que podrían celebrar contratos con las entidades estatales todas las personas
consideradas capaces en las disposiciones vigentes y, además, los consorcios y las
uniones temporales. En consonancia con lo anterior, el artículo 7 subsiguiente128,

127 “Artículo 6. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas

legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las
entidades estatales, los consorcios y uniones temporales. // Las personas jurídicas nacionales y
extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año
más”.
128 “Artículo 7. De los consorcios y uniones temporales. Para los efectos de esta ley se entiende por:

1º. Consorcio. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para
la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones,
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos
los miembros que lo conforman // 2°. Unión temporal. Cuando dos o más personas en forma conjunta
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión
temporal […] Parágrafo 3o. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las
modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar
un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta
ley para los consorcios”.

58

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

antes de la modificación de la Ley 2160 de 2021, estipuló que esos dos últimos
esquemas asociativos consisten en la presentación conjunta por dos o más
personas de una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de
un negocio jurídico, sin que por tal razón conformen una persona jurídica separada.

Como se observa, el legislador previó que cualquier persona capaz, sea natural o
jurídica y, además, los consorcios y uniones temporales, podrían suscribir negocios
jurídicos con el Estado, por lo que, en la práctica, acogió una definición amplia del
“proponente” y “contratista” de los acuerdos de voluntad estatales, solo restringida
por aquellos casos en que la misma ley considere que no se cuenta con capacidad
para obligarse. A su vez, la doctrina ha sostenido que, para que una persona jurídica
celebre contratos con el Estado debe tener una duración no inferior al plazo de
ejecución del contrato y un año más, su objeto social le debe permitir ejecutar las
prestaciones de aquel, se debe estar exento de inhabilidades e incompatibilidades
y se debe estar inscrito en el RUP si hay lugar a ello129.

En cuanto a los consorcios y uniones temporales, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha considerado que no conforman una persona jurídica distinta de quienes
lo integran, sin desmedro de lo cual cuentan con capacidad jurídica para obligarse,
en nombre de sus miembros, a efectos de la suscripción del contrato estatal, así
como para comparecer a los procesos judiciales en su contra130.

Así pues, esquemas asociativos como el consorcio y la unión temporal son formas
de joint venture a través de las cuales dos o más personas se asocian, sin conformar
una persona jurídica distinta, para llevar a cabo un objeto específico, los que, en los
términos del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, en su redacción original, eran las

129 Sobre el particular, el tratadista Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo sostiene, de la lectura del

artículo 6 de la ley 80 de 1993, que “pueden celebrar contratos estatales con entidades públicas, las
personas naturales legalmente capaces y las personas jurídicas. Ahora bien, la misma ley le otorga
capacidad para contratar a las uniones temporales y a los consorcios […]”. En consonancia con ello,
manifiesta posteriormente que “[…] se requieren varias condiciones para que [las personas jurídicas]
queden habilitadas para hacer negocios con la administración, así: i) que el objeto social les permita
ejecutar las prestaciones de un contrato estatal, ii) que la persona jurídica tenga una duración no
inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más, iii) que la persona jurídica no se encuentra
inhabilitada para contratar con las entidades estatales y iv) que la persona jurídica esté inscrita en el
RUPS, cuando le corresponda […]” (contexto añadido). RODRÍGUEZ, Mauricio. Los contratos
estatales en Colombia. Bogotá: 2022. Ed. Tirant Lo Blanch. P. 235-237.
130 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1 de febrero de 2024.

Radicado 25000-23-36-000-2019-00462-02 (70607).

59

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

formas convencionales en que, por mandato del legislador, se podía presentar una
oferta en los procedimientos de selección públicos regidos por esa normativa,
además de los otros sujetos con capacidad para tal efecto.

En el asunto de estudio, las sociedades 3B y Tecnidesarrollo S.A.S. se fusionaron
mediante los acuerdos societarios del 30 de junio y el 14 de agosto de 2013,
procedimiento que se registró ante la Cámara de Comercio el 7 de noviembre de
2013 y solo hasta tal fecha tuvo efectos respecto a terceros. De manera paralela, el
10 de octubre de la misma anualidad se constituyó CIE y, el 28 de noviembre
siguiente, el IDU suscribió el contrato 1684 de 2013 con aquel.

Así las cosas, para cuando el 3B y Tecnidesarrollo conformaron el consorcio,
aunque se había iniciado un procedimiento de fusión entre aquellos, este no se
había registrado en la Cámara de Comercio y, por ende, aún no era oponible a
ninguna persona ajena a ese acuerdo societario, por lo que, para el 10 de octubre
de 2013 era plenamente viable que las dos sociedades unieran esfuerzos para
presentar un ofrecimiento en el procedimiento de selección IDU-CMA-SGI-005-
2013.

Respecto de las actas de juntas de socios o de asamblea general de accionistas, el
artículo 5 del Decreto 805 de 2013, compilado por el artículo 2.2.2.39.5131 del
Decreto 1074 de 2015, estipuló que corresponde registrarlas ante las Cámaras de
Comercio, que tienen a su cargo la información mercantil de las sociedades
legalmente constituidas, a través de herramientas como el registro mercantil, que
ha sido considerado por la Corte Constitucional132 como un medio de oponibilidad
de las novedades sobre la materia que surjan o, dicho de otro modo, como una de
las maneras a través de la cual se informa de aquellas a terceros y demás
interesados, so pena de no tener efectos frente a aquellos.

131 “Artículo 2.2.2.39.5. Actuaciones sujetas a registro. Cuando se trate de actas de junta de socios

o de asamblea general de accionistas que contengan decisiones y/o actuaciones sujetas a registro,
adicional a su asiento en el respectivo libro de manera electrónica, el comerciante deberá solicitar el
registro individual de las mismas ante la correspondiente Cámara de Comercio. En todo caso, el
comerciante podrá elegir entre el registro en medios electrónicos o en medios físicos. En el evento
en que este decida utilizar los medios electrónicos, deberá firmar digital o electrónicamente, a
elección del comerciante, la respectiva solicitud de inscripción y el extracto o copia del acta
correspondiente. Para los casos en que se elija la firma electrónica, se hará de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 2.2.2.47.1. y siguientes del presente decreto […]”.
132 Corte Constitucional. Sentencia T-974 del 22 de octubre de 2003.

60

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

En ese punto, no es exigible respecto de dos o más sociedades que conformen un
consorcio su existencia indefinidamente, sino que, como sucede frente a cualquier
entidad de esa naturaleza, están sujetas al vaivén de la actividad mercantil que
desempeñan y, nada obsta para que terminen siendo fusionadas, escindidas o
incluso liquidadas, aun cuando hayan sido objeto de la adjudicación de un contrato
estatal, en cuyo caso, de cualquier forma, deben atender el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo al margen de los cambios de que sean objeto.

En ese orden, la Sala no avizora una irregularidad con la fusión de los miembros de
CIE, pues el esquema consorcial se constituyó antes de que tal decisión fuera
oponible y, además, no se puede perder de vista que, en virtud del esbozo doctrinal
antecedente, el consorcio no es más que la unión de esfuerzos para un objetivo
común, sin que con ello se cree una persona jurídica distinta de la de los miembros
que lo conforman, de modo que el hecho de que en el sub lite se hubieran fusionado
no implicaba que CIE dejara de tener a cargo la relación negocial, pues estaba
representado por 3B, que pasó a asumir en su totalidad las obligaciones de
Tecnidesarrollo S.A.S. por haberse fusionado con aquella.

Lo anterior guarda consonancia con lo concluido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el asunto con radicado 11001-33-36-032-2015-00539-00,
procedimiento judicial en el que, si bien el análisis se limitó a determinar la existencia
o no de una nulidad absoluta del contrato 1684 de 2013 -que no la configuración de
una irregularidad por fuera de ese aspecto- se dictaminó, al igual que en la primera
instancia, que aquel no fue suscrito con una persona carente de capacidad, habida
cuenta de que, si bien los miembros de CIE se fusionaron, la sociedad producto de
tal decisión fue la que pasó a asumir las obligaciones negociales de la interventoría,
de ahí que no se configuró ninguna irregularidad en ese punto.

A lo expuesto se suma que, una vez celebrado el contrato 1684 de 2013, para el
IDU, la fusión de los miembros de CIE no fue pretexto para que el esquema
consorcial, donde aún se encontraba 3B, llevara a cabo la ejecución negocial, pues,
más allá de los reparos sobre el pago de las facturas Nos. 1 a 3, no manifestó
objeciones a que esa sociedad materializara el objeto contractual hasta que feneció
el plazo y se suscribió el acta de terminación del acuerdo de voluntades, lo que

61

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

evidencia que, aunque la demandada conocía de la situación en mención, ello no le
impidió que CIE, tras la fusión de sus miembros y conformada por 3B, realizara las
labores de interventoría.

En otras palabras, aunque los miembros de CIE se fusionaron, decisión que se hizo
oponible tras la conformación del esquema consorcial, al ser su único miembro
restante 3B, fue esa sociedad la que, con la aquiescencia del IDU, ejecutó el
contrato a través del consorcio, sin que ello representara una restricción en su
capacidad que le impidiera asumir el objeto negocial, en especial porque para
cuando se constituyó tal asociación, la absorción de Tecnidesarrollo S.A.S aún no
era oponible a terceros.

Aclarado lo anterior, la Sala estima que, en la medida en que la fusión de los
miembros de CIE no fue irregular, no podía ser un argumento para impedir el pago
de las facturas Nos. 1 a 3 en favor de 3B, que era la única sociedad que se mantuvo
en el esquema consorcial una vez efectuada y registrada la fusión, pues aquel era
el miembro restante del esquema asociativo y, como se explicó, fue el que ejecutó
el contrato de interventoría sin que tal aspecto le mereciera reparos al IDU.

Ciertamente, una vez celebrado el contrato 1684 de 2013 y suscrita su acta de
iniciación, CIE, con 3B como miembro restante, comenzó a ejecutar la fase de
interventoría de diseños, actividad que propició la aprobación por el IDU de varios
informes a partir de los cuales se allegaron las facturas Nos. 1 a 3.

En ese punto, si bien la entidad contratante conoció la fusión de los miembros del
consorcio hasta el 17 de julio de 2014, cuando estaban corriendo los 45 días hábiles
para el pago, lo que en un principio justificó el impago frente a 3B hasta ese
momento, pues técnicamente también debía procederse de ese modo con
Tecnidesarrollo S.A.S., ello no podía ser argumento para rehusarse a pagar luego
de esa fecha y una vez fenecido el plazo para tal efecto, pues 3B pasó a asumir las
labores que también le hubieran correspondido a esa segunda sociedad, sin que
para la aquí demandada ello hubiera llevado a desacuerdos al respecto, debido a
que el aval de los mencionados informes evidencia que hubo una conformidad con
la ejecución de la primera fase del negocio jurídico.

62

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Así las cosas, debido a que, más allá de la fusión de los miembros de CIE el IDU no
formuló otras razones para denegar el pago de las facturas Nos. 1 a 3 allegadas por
el interventor, y considerando que la mencionada reforma societaria no tuvo la
vocación de impedir el cumplimiento de esa obligación, no cabe duda de que a la
aquí demandada no le quedaba otro camino que reconocer las sumas dinerarias
contenidas en los títulos mencionados y, al no proceder en tal sentido, incurrió en la
desatención de la obligación de pago contenida en el contrato 1684 de 2013.

Igualmente, el reconocimiento de los emolumentos contenidos en las facturas 1 a 3
de la fase de interventoría de diseños debía efectuarse hasta 45 días hábiles
después de su radicación ante el IDU, so pena de la causación de intereses de
mora, tal y como se convino en la cláusula quinta del contrato 1684 de 2013,
interregno que comenzó a correr el 1 de julio de 2014, cuando CIE, a través de 3B
allegó los mencionados documentos a la entidad, de ahí que, como para el 5 de
septiembre de 2014 ya había fenecido ese término, es evidente que a partir de tal
momento comenzó a operar la mora.

En esa línea, se advierte que le asistió razón a 3B en su apelación en que, derivado
del incumplimiento de la obligación de pago de las sumas de las facturas Nos. 1 a
3 de la fase de interventoría de estudios y diseños, también había lugar a reconocer
intereses de mora, habida cuenta de que así lo convinieron las partes en la cláusula
5 del acuerdo de voluntades, una vez fenecieran 45 días hábiles desde la
exigibilidad de la obligación, por lo que, igualmente, se reconocerán tales
emolumentos a la parte actora, desde el momento en que ese interregno concluyó.

A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que el IDU incumplió la obligación de
pago de las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de estudios y diseños del
contrato 1684 de 2013, presentadas por CIE, debido a que la fusión por absorción
entre sus miembros no era una razón válida para denegar el reconocimiento de las
sumas dinerarias allí contenidas, en tanto, además de haber sido oponible luego de
la constitución del esquema societario, el IDU aceptó la ejecución por la sociedad
absorbente sin reparos.

Como consecuencia, corresponde ordenar el pago de los emolumentos contenidos
en los títulos, así como los intereses de mora que se hayan causado desde el 5 de

63

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

septiembre de 2014, cuando fenecieron los 45 días para cumplir la obligación
dineraria, por lo que, en ese preciso aspecto, la apelación de 3B tiene la vocación
de prosperar y, por ende, la oposición del IDU será desestimada.

8.2. CIE desatendió sus obligaciones negociales al aprobar los diseños de
pavimento del contratista de obra sobre la base de una intervención total

8.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró en la sentencia
recurrida que CIE aprobó los diseños de pavimento del contratista de obra, que
propendieron por una intervención total de tal espacio, en contravía del clausulado
contractual -incluido el objeto negocial- y de la ley, porque aquellos excedieron en
un 86% el valor del contrato y extendieron injustificadamente el plazo convenido, en
desconocimiento del límite de adiciones a que se refiere el artículo 40 de la Ley 80
de 1993 y pese a que el IDU le advirtió al interventor en múltiples ocasiones que el
camino idóneo era estudiar la alternativa que intervenía el pavimento existente de
manera parcial.

Por otro lado, el a quo arguyó que no le asistió razón a la parte actora en que el
contrato de obra objeto de la interventoría hubiera adolecido de falencias desde su
procedimiento de selección, tales como la falta de estudios de prefactibilidad y
factibilidad, pues, de haber sido así, el aquí demandante debió abstenerse de
suscribir el contrato 1684 de 2013, habida cuenta de que, de conocer tales
dificultades, no habría sido ventajoso para aquel celebrar el acuerdo negocial aquí
demandado. En ese aspecto también se destacó que durante el iter contractual, 3B
no formuló ningún reparo frente al negocio jurídico de obra, lo que llevó a concluir
que no había lugar a advertir tal aspecto frente al cual antes había conformidad.

8.2.2. 3B se distanció de la conclusión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
ya que, en su criterio, no tenía otra opción distinta a aprobar los diseños de
pavimentos que optaban por su intervención total, aun cuando superaban el límite
de adiciones de ley y el plazo negocial, en tanto, de no haber procedido de ese
modo, el objeto negocial se habría visto truncado. Asimismo, indicó que, de haberse
estructurado adecuadamente el contrato de obra por el IDU, el interventor no habría
tenido que proceder de esa manera.

64

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

En cuanto a ese aspecto, precisó que, de todos modos, no le era aplicable el límite
de adiciones de que trata el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en tanto en el sub lite
lo que se configuró fue una mayor cantidad de obra, figura que no estaba regida por
la restricción en comento.

3B también advirtió, en lo concerniente a la falta de estudios de prefactibilidad y
factibilidad del contrato de obra objeto de vigilancia, que la interventoría no contaba
con elementos para identificar ese tipo de falencias en el momento en el que se
suscribió el contrato 1684 de 2013, en especial, porque la revisión de los
documentos de ese primer negocio jurídico se efectuó una vez iniciada la ejecución
del segundo de ellos.

8.2.3. Al respecto, obra en los hechos probados que el IDU y CIE suscribieron el
contrato 1684 de 2013, que tuvo por objeto la interventoría del objeto negocial del
contrato de obra 1638 de 2013, consistente en la ampliación de varias estaciones
de Transmilenio en Bogotá, y en el cual se dispuso que la fase de estudios y diseños
se pagaría a precios globales fijos, mientras que la de construcción a precios
unitarios. En el negocio también se convino que el reconocimiento de mayores
cantidades de obra requería de la aprobación del interventor y que, si superaba el
15%, se debía atender lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad.

Por su parte, en el contrato de interventoría 1684 se pactó, en general, la obligación
de vigilancia del proyecto de obra para que llegara a buen término y, en específico,
en la cláusula 8 se dispuso que el interventor debía revisar y aprobar los diseños y
demás documentos necesarios para la ejecución de la obra.

Posteriormente, en el marco de la ejecución del contrato de obra vigilado por CIE,
en la fase de interventoría de estudios y diseños surgió una discusión en torno al
alcance que debía tener la modificación del pavimento por el contratista del
proyecto, debido a que, de un lado, este propuso que aquella fuera total y, como
alternativa, también se indicó que se podrían modificar solo algunos tramos, pero
no el 100% para garantizar la estabilidad financiera del objeto negocial.

El 24 de julio de 2014, CIE aprobó los diseños de pavimentos que proponían una
intervención total. Frente a tal determinación, el 9 de septiembre de 2014, el IDU le

65

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

advirtió al interventor que dar visto bueno a unos diseños que llevaran a una
modificación absoluta del pavimento no era viable, ya que con ello se excedería en
un 86% el valor del presupuesto y el plazo negocial, de ahí que era más idónea la
alternativa de mantener y/o rehabilitar el pavimento actual y proceder solamente con
las obras requeridas para garantizar el carril de sobrepaso de Transmilenio,
teniendo en cuenta que el objeto convenido consistió en la ampliación de varias
estaciones de ese sistema de transporte. Pese a ello, el 7 de octubre siguiente CIE
entregó los diseños en la versión avalada inicialmente.

En línea con lo expuesto, los días 17 y 20 de octubre de 2014 CIE justificó la
aprobación de los diseños de pavimentos con su intervención total en que fueron
los más afines con el objeto de la obra y que sin una modificación del 100% aquella
no culminaría en buen término. Igualmente, detalló que para definir la viabilidad del
proyecto no solo podía tener en cuenta los aspectos económicos.

La anterior circunstancia llevó al IDU a impulsar un procedimiento sancionatorio
contra CIE, en el cual se puso de presente que los diseños de pavimentos
aprobados excedieron en un 86% el valor del contrato “alrededor de
$19.800´000.000 contra un valor contractual de $10.660’718.496” y su plazo en 11
meses, respecto de los 7 previstos inicialmente.

8.2.4. A partir del esbozo fáctico elaborado anteriormente, la Sala considera que
CIE incumplió la obligación general de vigilar el contrato de obra y, en específico, el
deber de aprobar debidamente los diseños y demás documentos del proyecto,
debido a que avaló los diseños de pavimentos sin el lleno de los requisitos para tal
efecto y más allá del objeto y plazo convenidos.

Al respecto, cabe destacar que, en los términos del numeral 2 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993133, el contrato estatal de interventoría es una especie del contrato
de consultoría, en virtud del cual se supervisa la debida ejecución de otro negocio

133 “Artículo 32. […] 2o. Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las

entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión,
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. // Son también contratos de
consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos,
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”.

66

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

u otra actividad que se espera concluya debidamente, lo que representa un servicio
prestado por una persona de calidades especiales, para que, entre otros, un
proyecto se lleve a cabo de conformidad con lo estipulado en el contrato134.

Como se observa, es un elemento de la esencia del contrato de interventoría que
se vigile un objeto negocial o una actividad específica para que llegue a buen
término, obligación que, si bien es de medio, pues la labor del supervisor se restringe
a verificar el cumplimiento del objeto negocial, sin que ello necesariamente asegure
el resultado esperado, no se limita a observar, sino que, según lo que se pacte, debe
llevar a advertir cualquier circunstancia que se lleve a cabo por fuera del iter negocial
y, además, efectuar actividades que pueden incluir aprobar informes y documentos,
necesarios para la consecución de la actividad respectiva.

En esa línea, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que al interventor
le corresponde verificar y controlar la ejecución del contrato objeto de supervisión
“pero no le compete introducir modificación alguna de los términos del negocio
jurídico sobre el cual recae su función”, por tratarse de un asunto exclusivo de las
partes del acuerdo de voluntades135.

A partir de las consideraciones jurídicas anteriores, de entrada, se considera que le
asiste razón al demandante en cuanto al argumento de que el límite de adiciones
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 no es extensible al sub lite, debido a que la
reforma de los pavimentos hacía parte de la etapa de construcción y, al haberse
pactado su pago en la modalidad de precios unitarios, el valor estipulado era
estimativo y estaba sujeto a multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el
precio de cada una de ellas.

Sobre el particular, esta Corporación ha considerado que el límite de adiciones de
que trata el artículo 40 de la Ley 80 de 1993136, en virtud del cual no es posible

134 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 28 de febrero de 2013.
Radicado 25000-23-26-000-2000-00732-01 (24266).
135 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección B. Sentencia del 28 de febrero de 2013.

Radicado 25000-23-26-000-2001-02118-01 (25199) y ii) Subsección C. Sentencia del 2 de marzo
de 2022. Radicado 25000-23-36-000-2017-00442-01 (64165).
136 “Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. […] Los contratos no podrán adicionarse en más

del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales
mensuales […]”.

67

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

incrementar el valor del contrato en más de un 50%, es aplicable a acuerdos de
voluntades sometidos al pago como precio global, pues en esos casos la suma que
se fija desde un inicio es definitiva para los sujetos negociales, mientras que en los
contratos cuyo pago es a precios unitarios no es aplicable, dado que el valor del
negocio jurídico es provisional y el valor definitivo se determina al finalizarse el
objeto contractual137.

A partir de esa precisión, no cabe duda de que, por haberse sometido el pago en la
fase de construcción del contrato 1638 de 2013 a la modalidad de precios unitarios,
no era procedente hacer extensible el límite de adiciones de ley a los diseños de
intervención total del pavimento que se aprobaron, debido a que tal modificación de
infraestructura estaba sujeta al valor de la cantidad de obra que se ejecutara por el
precio de cada una.

Pese a lo anterior, la Sala encuentra que, al aprobar los diseños de pavimento, CIE
contravino lo pactado en el contrato de obra 1638 de 2013, no solo porque
desconoció el alcance del objeto y plazo allí fijado, sino porque, igualmente, no llevó
a cabo a cabalidad el procedimiento predispuesto para tal efecto, como se pasa a
explicar.

En efecto, si bien en el contrato de obra se dispuso, dentro del ítem de construcción,
la intervención del pavimento, en ningún caso se estableció que aquella sería total,
máxime si se tiene en cuenta que la modificación de esa infraestructura no hacía
parte de la actividad principal del objeto contractual, consistente en la remodelación
de las estaciones de transporte público Pepe Sierra y Calle 127 -grupo 1- . Como
consecuencia, si la labor de CIE era vigilar tal obra, no le correspondía, ni se extrae
del clausulado contractual, ampliar el objeto negocial para incluir en aquel la
pavimentación total de la estructura aledaña, máxime si ello representaba una
ampliación del plazo y un incremento de costos, lo que, de ser necesario, le hubiera
correspondido convenirlo al IDU y al contratista de obra, verbi gracia, a manera de
una adenda modificatoria.

137 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de septiembre de 2022.

Radicado 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714).

68

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Igualmente, CIE desconoció que, en la cláusula 4 del contrato de obra, se prescribió
que, en caso de que la mayor cantidad de obra superara el 15%, como en efecto
sucedió en cuanto a los diseños de pavimento, dado que implicaban un incremento
del 86% del valor total del acuerdo de voluntades, se debía acudir a las reglas del
Manual de Contratación de la Entidad que existieran para cuando se ocasionara ese
incremento del precio, el que, para el 14 de julio de 2014 que se aprobaron tales
documentos138, estableció que: i) en todos los casos en que se configurara debían
contar con certificados de disponibilidad y registro presupuestal, la suscripción del
acta respectiva y la aprobación de las garantías y ii) cuando superen el 15% del
componente de construcción, deberán ser informadas al IDU.

En desarrollo de lo anterior, no se acreditó y ni siquiera se afirmó en las
intervenciones procesales de la parte actora que se hubiera tramitado el certificado
de disponibilidad y registro presupuestal, la suscripción del acta respectiva y la
aprobación de las garantías por el mayor costo y la ampliación del plazo que
implicaba una intervención total del pavimento, sino que CIE se restringió a dar visto
bueno de tal aspecto, no solo por fuera del objeto y plazo convenidos por las partes
del contrato de obra, sino pretermitiendo esas exigencias que, en virtud de ese
acuerdo de voluntades, debían ser atendidas.

A partir de lo expuesto, para la Sala resulta evidente que la aprobación de los
diseños de interventoría por CIE fue contraria a lo pactado por los sujetos del
contrato de obra y al Manual de Contratación del IDU, lo que deriva en que aquella
desatendió sus propias obligaciones de interventoría, por haber incumplido el
procedimiento para proceder de esa manera.

138 Documento MG-GC-006 Manual de Gestión Contractual del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

Versión 12.0 del 30 de mayo de 2014. “8.9.1. Mayores cantidades de obra. Son aquellas que se
reconocen en los contratos pagados a precios unitarios, cuando las cantidades de obra o ítems
contratados exceden el estimativo inicial. En los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la
mayor cantidad de obra supone que ésta fue contratada pero que su estimativo inicial fue
sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación
debida, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. // Por lo anterior, las
mayores cantidades de obra no requieren la celebración de adiciones ni contratos
adicionales, pero si contar con los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal,
con la suscripción del acta respectiva y con la aprobación de las garantías correspondientes
//. Cuando las mayores cantidades de obra superen el quince por ciento (15%) del valor inicial
del componente de construcción, incluidas sus adiciones, deberán ser informadas a la
Dirección General de IDU, previo concepto favorable del Interventor y/o Supervisor. Lo
anterior, sin perjuicio del ejercicio de las funciones delegadas que en dicha materia y en ordenación
del gasto les corresponde a los Subdirectores Generales y/o Directores Técnicos, de conformidad
con lo establecido en el acto administrativo de delegación de funciones vigente”. Subrayas añadidas.

69

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Lo anterior, en consonancia con el hecho de que CIE estaba circunscrita a velar por
la correcta ejecución del contrato de obra, pero no a variar las condiciones para su
desarrollo, pues no le correspondía reemplazar a los sujetos del contrato
supervisado, de ahí que la aprobación de unos diseños que desbordaron lo querido
por aquellos infringió la cláusula 8 del contrato de interventoría 1684 de 2013, que
le exigía al interventor aprobar los diseños y demás documentos, pero enmarcado
en la ejecución de lo pactado en la obra.

Igualmente, se pone de presente que tales circunstancias fueron advertidas a CIE
por el IDU luego de la aprobación de los diseños de interventoría en distintos
momentos, lo cual fue respondido de manera escueta por el interventor, en el
sentido de que el aspecto económico no era relevante y que la modificación total
del pavimento era necesaria, lo cual nunca fue sustentado en las obligaciones del
contrato de obra.

Adicionalmente, de los hechos probados se evidencia que la gravedad de la
aprobación de los diseños de pavimentación fue tal que luego el contratista de obra
se excusó en tal circunstancia para no ejecutar la fase de construcción del acuerdo
de voluntades, lo que desencadenó que esa etapa no fuera materializada en ningún
aspecto.

Finalmente, tampoco le asiste razón al apelante al justificar su actuar en el hecho
de que, supuestamente, en el procedimiento de selección del contrato de obra se
incurrió en faltas al deber de planeación, como no efectuar estudios de
prefactibilidad y factibilidad, no solo porque no allegó los documentos de tal etapa
de ese negocio jurídico en su totalidad, sino porque tampoco demostró cómo ello
derivaba en que tuviera que reemplazar la voluntad de las partes para aprobar
actividades negociales más allá de los límites por aquellas previstos.

Además, de haber existido las irregularidades advertidas, la cláusula 1.14 del pliego
de condiciones de la interventoría estableció el deber de los proponentes de visitar
e inspeccionar las zonas y los componentes del proyecto de la obra, lo que obligaba
a CIE a identificar cualquier irregularidad existente desde ese entonces y advertirla
desde tal momento, so pena de aceptarla sin reparos, aspecto en virtud del cual

70

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

cabe resaltar que el interventor no manifestó ningún reproche en ese sentido sino
solo hasta que se le inició un procedimiento sancionatorio.

Las consideraciones expuestas llevan a la Sala a concluir que CIE incumplió su
obligación general de vigilar el contrato de obra y, en específico, el deber de la
cláusula 8 de verificar y aprobar los estudios que se le presentaran, por el hecho de
haber avalado unos estudios de pavimentos que propendieron por una intervención
total de ese espacio, más allá del objeto y el plazo convenido por los sujetos
negociales y desatendiendo el procedimiento previsto para esa mayor cantidad de
obra, por lo que en cuanto a tal aspecto la apelación de la demandante no tiene la
vocación de prosperar.

8.3. CIE desatendió las observaciones del IDU frente al documento PIPMA y,
por ende, incumplió la obligación de aprobarlo debidamente

8.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que CIE aprobó el
documento PIPMA en contravía de las obligaciones contractuales, ya que, tal y
como se advirtió en un procedimiento sancionatorio contra el interventor, con tal
proceder se desconocieron los principios de la contratación estatal y el articulado
del contrato de obra.

8.3.2. El apelante formuló su desacuerdo en cuanto a la anterior conclusión, por
estimar que los reparos frente a ese documento presentados por el IDU carecían de
sustento, ya que el Decreto 1443 de 2014 no era aplicable, la fórmula de evaluación
del riesgo era clara, la actualización del COPASTT y otros documentos se efectuó,
se diligenció el plan de acción de riesgos, se supervisó que el contratista dispusiera
de infraestructura y se advirtieron sus incumplimientos, no se evaluaron las listas de
chequeo por incumplimiento del contratista de obra y los informes de la interventoría
se improbaron por el actuar de aquel.

8.3.3. En los hechos probados obra que, en la cláusula 8 del contrato de
interventoría 1684 de 2013 se estipuló que, dentro de las obligaciones del
interventor, en la etapa de interventoría de estudios y diseños, estaría la de aprobar
el PIPMA y remitirlo al IDU, así como hacer cumplir lo allí dispuesto, documento sin
el cual no se podrían ejecutar las obras.

71

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Así pues, el 23 de enero de 2015, CIE remitió al IDU el documento PIPMA aprobado,
luego de haber efectuado varias sugerencias al contratista de la obra, en el sentido
de la realización de ajustes formales y algunas precisiones sobre la información allí
contenida, tal y como se detalló en el hecho probado 7.3.13.

Frente a ello, el 5 de febrero siguiente, el IDU le puso de presente al interventor que
el documento contenía falencias que debían ser subsanadas, como actualizar el
encabezado del formato 1, precisar el objeto del contrato, la adición del listado de
obras a ejecutar, los proveedores de materiales, la determinación de campamentos,
la definición de las rutas de desvíos y el sistema constructivo a implementar.
También se advirtió que el documento no clasificó el tipo de proyecto a ejecutar, no
contaba con las hojas de vida de los profesionales de construcción y los planos
georreferenciados, estaba desactualizado frente a la etapa de construcción, no
incluyó el inventario forestal, ni tenía la legislación actualizada en materia de gestión
de seguridad y salud del trabajo y de COPAST. Así, se requirió al interventor para
que en los 3 días siguientes allegara el escrito con tales yerros enmendados.

El 19 de marzo de 2015, el contratista de obra manifestó haber subsanado los
anteriores aspectos y allegó un nuevo documento PIPMA; sin embargo, el 25 de
marzo siguiente el interventor le reiteró que había ajustes pendientes, como incluir
al profesional aprobado por la interventoría, los tratamientos silviculturales, los
permisos ambientales requeridos, incorporar el anexo del plano de ubicación del
campamento y el plan de acción, así como otros errores de naturaleza formal.

El 27 de mayo de 2015, se suscribió el acta de finalización del contrato 1684 de
2013, en el que se puso de presente que el documento PIPMA nunca fue aprobado,
ya que el contratista de la obra y el interventor se encontraban ajustándolo, situación
que, además, propició el inicio de un procedimiento sancionatorio contra CIE.

En particular, en el procedimiento sancionatorio se estipuló que CIE incumplió la
obligación de aprobar el documento PIPMA, pues en un principio lo avaló con la
ausencia de datos como como la estructura, información sobre el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo y el plan de gestión integral de residuos,
construcción y demolición RCD en obra.

72

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

8.3.4. Del esbozo probatorio retomado en precedencia, para la Sala no hay duda de
que CIE incumplió la obligación de aprobar el documento PIPMA con la información
que debía contener, como se pasa a exponer.

El artículo 1 del Decreto 2041 de 2014, compilado por el artículo 2.2.2.3.1.1. del
Decreto 1076 de 2015139 estableció, fundado en La Ley 99 de 1993, que el Plan de
Manejo Ambiental -PMA- es un conjunto de actividades y medidas que, producto de
una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados que se
causen en desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

En esa línea, el documento del Programa de Implementación del Plan de Manejo
Ambiental -PIPMA- da cuenta de la materialización de lo dispuesto en el PMA, para
que así quede constancia de que se acató esa obligación legal y reglamentaria y
que una obra o proyecto determinado se impulsó en respeto del ambiente junto al
cual se llevó a cabo. Por ello, en el escrito en comento suele obrar información sobre
el tratamiento silvicultural, el manejo de los árboles aledaños, la colocación de
campamentos de los obreros, la experiencia del personal contratado y el inventario
forestal, que informa sobre el manejo que se le dio a la zona durante la ejecución
de un objeto negocial específico.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, CIE incumplió su obligación de aprobar
el PIPMA con la información esencial que debía contener, pues, como ya se indicó,
desde el 23 de enero de 2015 avaló tal documento sin el lleno de datos como la
determinación de campamentos, la hoja de vida de los profesionales de
construcción, el inventario forestal y la legislación actualizada relacionada, error que
persistió el 19 de marzo de 2015, ya que, aunque se allegó un escrito modificado,
se mantuvieron yerros como la ausencia de los tratamientos silviculturales, los

139 “Artículo 2.2.2.3.1.1. Definiciones. […] Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de

medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento,
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. // El plan de
manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o como instrumento de manejo
y control para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de
transición”.

73

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

permisos ambientales y los datos de la ubicación del campamento, falencias que se
mantuvieron, inclusive, una vez fenecido el plazo del contrato.

Tal y como se indicó en la resolución del cargo del numeral 8.2., las obligaciones
del interventor, encaminadas a la vigilancia de un objeto contractual o una actividad,
para que concluya en buenos términos, son de medio, esto es, consisten en que se
lleve de mejor manera tal labor de supervisión, pero ello no asegura que, en todos
los casos, la actividad supervisada siempre finalice de forma exitosa, debido a que
pueden existir factores ajenos que impidan el cumplimiento de ese objetivo140.

Pese a tal premisa, la materialización obligacional del interventor no puede llevarse
al extremo de concluir que su actividad se reduce a observar y avalar cualquier
documento que se le presente, sin más, dado que ello tornaría inocua su función de
velar por el buen desenvolvimiento del objeto negocial. De ese modo, su actuar
también incluye advertir sobre situaciones que configuren el incumplimiento e,
igualmente, verificar con detalle que los documentos a cargo del obrero y que estén
sujetos a su aprobación hayan sido diligenciados debidamente.

Dicho lo anterior, es claro que el documento PIPMA allegado por el contratista de
obra nunca dio cuenta de manera detallada sobre las actividades de implementación
del PMA, pues, incluso, una vez enmendado y vuelto a presentar, adolecía de datos
como los tratamientos silviculturales, los permisos ambientales y la ubicación de los
campamentos, necesarios para determinar de qué forma se dispondría la
satisfacción de los deberes ambientales relacionados con la ampliación de las
estaciones de Transmilenio.

Ante la ausencia de la información descrita, no era posible para el IDU, ni para las
autoridades ambientales, determinar a ciencia cierta de qué forma se implementaría
el PMA, considerando que alrededor de la ampliación de las estaciones Calle 127 y
Pepe Sierra de la ciudad de Bogotá, objeto del negocio vigilado, existen áreas
forestales cuyo tratamiento exigía contar con parámetros detallados para su manejo
con el menor impacto ambiental, todo lo cual no sucedió, dado que CIE se restringió

140 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Radicado

85001233100020020036201 (35.763).

74

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

a dar visto bueno a un documento que contaba con serias falencias y la ausencia
de información esencial para cumplir ese propósito.

A lo anterior se suma que, como se estipuló en el contrato, el PIPMA era necesario
para proseguir a la fase de construcción, de ahí que, como las falencias de tal escrito
persistieron hasta el acta de finalización del acuerdo de voluntades, ello permite a
la Sala aseverar que, en parte, la inejecución de tal momento del negocio jurídico
de obra no fue posible por los yerros con los que contaba ese documento.

Igualmente, y a partir de los razonamientos jurídicos de párrafos anteriores, se pone
de presente que no bastaba con que CIE cumpliera con aprobar cualquier
documento de PIPMA que se le presentara, debido a que su obligación de
supervisión no se restringía a observar y avalar sin más, sino que debía verificar
que, al desempeñar tales labores, el objeto negocial vigilado se estuviera
materializando, por lo que le correspondía comprobar que el anexo en comento
contara con una información suficiente para dar cuenta de la implementación del
PMA, lo que no sucedió, pese a diversos requerimientos del IDU para que se
incorporara tal información.

Ahora bien, aunque 3B se restringió en su alzada a indicar que el PIPMA sí cumplió
los elementos necesarios para ser aprobado, los argumentos que formula para tal
efecto, encaminados a que el Decreto 1443 de 2014 no era aplicable, la fórmula de
evaluación del riesgo era clara, la actualización del COPASTT fue realizada, se
diligenció el plan de acción de riesgos y se advirtieron los incumplimientos del
contratista de obra, no pasaron de ser afirmaciones que no guardan un sustento
argumentativo detallado y, en todo caso, tampoco son correlativas a la ausencia de
aspectos como los tratamientos silviculturales, los permisos ambientales y la
ubicación de los campamentos, frente a los cuales no obra ningún reproche del aquí
demandante, encaminados a defender que aquellos hubieran sido satisfechos, ni
mucho menos se aportó prueba alguna en tal sentido.

De ese modo, la Sala concluye que CIE incumplió la obligación de aprobar el
documento PIPMA con el lleno de los elementos necesarios para dar cuenta de la
implementación del PMA, desatendiendo así la cláusula 8 del contrato 1684 de
2013, por lo que, en ese preciso aspecto, la apelación de 3B no prospera.

75

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

8.4. CIE incumplió la obligación de presentar debidamente los informes 5 a 10
de la fase de interventoría de construcción

8.4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó que el IDU hubiera
incumplido la obligación de aprobar los informes 5 a 10 de la fase de interventoría
de construcción, con sustento en que, al haber sido allegados, este los devolvió a
CIE para que fueran ajustados, observaciones que no fueron tenidas en cuenta por
el interventor, ya que nunca los retornó con las modificaciones exigidas, de modo
que a la contratante no le quedaba otro camino que no tenerlos en cuenta.

8.4.2. CIE se opuso a lo anterior con su alzada, por estimar que todas las
observaciones formuladas por el IDU frente a los informes 5 a 10 de la fase de
interventoría de construcción fueron atendidas mediante el comunicado del 27 de
mayo de 2015, por lo que la negativa en aprobar tales documentos se fundó en que
la entidad contratante quiso evitar a toda costa que se consolidara el derecho al
pago en favor de la aquí demandante. Además, reprochó que las observaciones
efectuadas por la demandada fueron extemporáneas, por lo que no había lugar a
tenerlas en cuenta.

8.4.3. En los hechos probados obra que, en la cláusula 8 del contrato 1684 de 2013,
se previeron como obligaciones del interventor, en la etapa de obra, efectuar los
informes en medio físico y digital, estudiar los incumplimientos e impulsar los
procedimientos sancionatorios respectivos, ello en consonancia con el deber de
efectuar una adecuada vigilancia a la gestión del contratista de la obra.

Como consecuencia, una vez feneció la etapa de interventoría de estudios y diseños
el 28 de octubre de 2014, e iniciada la fase de construcción, los días 11 de febrero,
9 de marzo, 18 de marzo, 16 de abril y 28 de mayo de 2015, CIE allegó los informes
de interventoría 5 a 10, correspondientes al interregno entre el 29 de octubre al 30
de abril de 2015, en los cuales advirtió que: i) el documento PIPMA quedó pendiente
de aprobación, ii) el contratista de obra no ejecutó el contrato por la falta de
definición de la intervención del pavimento por la incertidumbre frente a los diseños,
iii) ante ese incumplimiento se debía iniciar procedimientos sancionatorios en su
contra y iv) cumplió con su labor de supervisión, asistiendo a reuniones y advirtiendo

76

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

al IDU sobre la situación presentada.

El 29 de abril de 2015, el IDU devolvió los informes por considerar que: i) aquellos
no contaban con una opinión del interventor respecto al no inicio de la obra por
dificultades como los diseños de pavimentos y ii) los 8 a 9 adolecen de un análisis
técnico, jurídico y financiero relacionado con el avance del contrato.

En respuesta a lo anterior, el 27 de mayo de 2015 CIE adujo que con los informes
allegados se cumplió con lo previsto en el contrato y en los requerimientos del IDU,
por lo que no había lugar a modificarlos.

8.4.4. Con base en el esbozo fáctico precedente, la Sala considera, de entrada, que
CIE incumplió su obligación de elaborar debidamente los informes de interventoría
de la fase de construcción, pues se limitó a hacer una descripción escueta de la
inejecución del contrato de obra en tal etapa.

Tal y como se indicó en los cargos de apelación resueltos en los acápites 8.2 y 8.3,
aunque las obligaciones del interventor, por regla general, son de medio, por lo que
su actuar no necesariamente asegura el cumplimiento del contrato supervisado, ello
no quiere decir que se deba limitar a observar el objeto negocial vigilado, sin más,
sino que su actuar exige, además, una conducta diligente a través de la cual se
advierta toda situación que impida su correcta realización, para lo cual, igualmente,
debe señalar con claridad sus causas y posibles salidas. De no ser así, sería inocuo
para una entidad contratar ese tipo de servicios, pues no le representaría ninguna
ventaja frente a la debida supervisión de los asuntos a su cargo141.

En virtud de la premisa anterior, no cabe duda de que CIE se restringió en la
presentación de sus informes en la etapa de construcción a describir que el
contratista de obra no había cumplido el contrato en tal fase y a solicitar la
prosecución de procedimientos sancionatorios en su contra, pero no se detuvo a
especificar las razones de tal situación, en especial, que, como lo advirtió el IDU, en
parte, la inejecución del contratista de obra se debió al hecho de que no se

141
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2013.
Radicado 25000233600020210049001 (69.492).

77

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

aprobaron debidamente los diseños de pavimentos y el documento PIPMA, frente a
los cuales en el sub lite se razonó, al resolver otros cargos, que aquellos se avalaron
por el interventor en desconocimiento de sus obligaciones, en especial las de la
cláusula 8 del contrato de interventoría.

Así pues, el interventor no detalló en sus informes sobre cuáles eran las alternativas
para la intervención del pavimento, considerando que su reforma total fue avalada
indebidamente más allá del objeto convenido y sin los requisitos previstos para tal
efecto, sino que se limitó a manifestar que era la única opción posible, debido a que
el contratista de obra no propuso alternativas viables, sin ofrecer salidas a tal
situación, como le correspondía, no solo por ser el sujeto a cargo de la vigilancia del
proyecto, sino porque por su actuar se había presentado tal circunstancia.

Igualmente, CIE guardó silencio sobre las dificultades derivadas de la aprobación
del PIPMA, frente al cual ni el contratista de obra ni el interventor subsanaron los
yerros advertidos por el IDU y, considerando que el documento era necesario para
proseguir a la fase de construcción, como lo dispuso la cláusula 8 del contrato 1684
de 2013, debió explicar cómo se superaría tal situación, de cara a que su vigilancia
no se limitara a una actividad de mera observación, sino que incorporara también
fórmulas de solución para una problemática originada en su actuar.

Las falencias mencionadas son tan palmarias, que al compararse los informes 5 a
10 la información contenida es prácticamente la misma, con algunos datos
adicionales menores, circunstancia que evidencia que el interventor se limitó a
replicar la información general de observación de la inejecución del contrato en cada
uno de ellos, sin que, como ya se argumentó, su labor se redujera a tal proceder,
sino que, igualmente, debía velar por la materialización del objeto contractual
supervisado, como se convino en el contrato 1684 de 2013 y, además, en virtud de
los elementos esenciales de ese negocio jurídico, que propenden por una labor que
va más allá de observar la ejecución de una actividad.

Ahora bien, aunque frente al informe 10 no obra que el IDU hubiera efectuado una
devolución con ajustes, lo cierto es que, en consonancia con lo indicado en el
párrafo anterior, tal documento fue una réplica de los anteriores, todos los cuales
adolecieron de falencias como la ausencia de argumentos sobre la aprobación de

78

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

los diseños de pavimentos y del documento PIPMA sin el lleno de los requisitos de
ley, así como de las alternativas para superar tal situación, entre otros, imputable al
propio interventor, lo que lleva a concluir que aquel tampoco cumplió el contenido
mínimo con el que debía contar, según las obligaciones negociales de CIE.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que CIE incumplió la cláusula 8 del contrato
de interventoría 1684 de 2013, en cuanto a las obligaciones de elaborar
debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción, debido a que
los documentos efectuados no dan cuenta a plenitud de las razones que llevaron al
incumplimiento del contratista de obra, en especial, debido a que no se hizo un
razonamiento de las causas de la aprobación defectuosa de los diseños de
pavimentos y del documento PIPMA, ni se ofrecieron alternativas para superar tales
dificultades, considerando que el aval fue otorgado por el propio interventor.

Como consecuencia, el cargo de apelación de 3B se desestima, por una falta debida
de vigilancia en componentes como el ambiental, de seguridad y salud ocupacional,
en concordancia con lo concluido en los demás cargos de apelación.

8.5. El IDU atendió debidamente las observaciones efectuadas por CIE ante
las circunstancias informadas por el interventor

8.5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó que el IDU hubiera
desatendido las advertencias que CIE le efectuó frente al incumplimiento del
contrato de obra objeto de la interventoría, dado que, contrario sensu, se acreditó
que aquel sí impulsó procedimientos sancionatorios contra el contratista de obra.

8.5.2. La parte apelante discrepó de lo anterior, pues, a su juicio, pese a haber
informado oportunamente en distintas ocasiones al IDU sobre la inejecución del
contrato de obra, la contratante actuó tardíamente frente a tal situación. En tales
términos, manifestó haber atendido la vigilancia en sus distintos componentes.

8.5.3. Comoquiera que de la lectura del clausulado del contrato 1684 de 2013 no se
deriva una obligación del IDU de impulsar procedimientos sancionatorios y demás
aspectos por el incumplimiento del contratista de obra, la Sala descarta un
incumplimiento de un aspecto de esa naturaleza, además de lo cual se resalta que,

79

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

en todo caso, actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento
del contrato de obra vigilado por aquel, como se pasa a explicar.

En general, conviene resaltar que no se acreditó que el actuar del IDU tuviera una
incidencia en las circunstancias que llevaron al incumplimiento de CIE frente a sus
obligaciones en la fase de interventoría de construcción, por lo que no se incumplió
la obligación de la cláusula 9 del contrato 1684 de 2013, referida a que la entidad
contratante prestaría su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del
interventor y le facilitaría la información necesaria para su labor.

En específico, obra con claridad en los hechos probados y, de ello se dio cuenta al
resolver cargos anteriores, que el IDU requirió al interventor en los casos de
incumplimiento para que enmendara las falencias cometidas, como cuando le indicó
que los diseños de pavimentos se avalaron por fuera del contrato de obra, dado que
superaron el límite presupuestal y el plazo convenido por las partes, o como cuando
le señaló que el documento PIPMA no daba cuenta de la implementación del PMA,
por la ausencia de datos esenciales para establecer tal aspecto.

Por lo demás, también se probó, mediante el acta de finalización del contrato del 27
de mayo de 2015, que el IDU también impulsó procedimientos sancionatorios contra
el contratista de obra de manera directa por su inejecución en la fase de
construcción, de modo que sí cumplió la obligación de contribuir al cumplimiento de
la labor del interventor y, sin embargo, este último no satisfizo sus labores de
manera integral, como lo exigía el clausulado del contrato 1684 de 2013.

Ahora bien, no hay lugar a efectuar un análisis directo para determinar si el IDU
cumplió a cabalidad el contrato de obra objeto de vigilancia, debido a que tal aspecto
desborda la presente controversia, en la que únicamente se impugnó el contrato
1684 de 2013, y considerando que en la Corporación obra un proceso judicial con
radicado 25000-23-36-000-2015-00954-01 en el que se estudia tal aspecto.

A partir de los argumentos precedentes, la Sala concluye que el IDU no incumplió
la obligación de facilitar el cumplimiento de las obligaciones del interventor y, dentro
de ello, de advertirle las actividades que realizó de manera defectuosa, así como de
acatar las advertencias efectuadas, de cara a la interposición de sanciones al

80

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

contratista de obra, pues fue debidamente acreditado que la entidad contratante
procedió de esa manera en la ejecución del contrato 1684 de 2013. Como
consecuencia, el cargo de apelación formulado por 3B se desestima.

8.6. Improcedencia de los demás cargos del recurso de apelación

En la medida en que el único cargo de apelación que prosperó fue el de impago de
las facturas Nos. 1 a 3 aportadas por CIE, que llevó a concluir que el IDU incumplió
la obligación de cancelar los emolumentos allí contenidos, la Sala desestima la
posibilidad de estudiar otros reproches, entre ellos aquellos referidos a que se
reconozca el valor total del contrato, debido a que para tal supuesto era necesario
que primero se acreditara que CIE satisfizo a cabalidad el acuerdo de voluntades
1684 de 2013, lo que no sucedió, según lo expuesto.

Ahora bien, aunque la declaración de parte de 3B, a través de su representante
legal Jhuliana Andrea Sarmiento García, se encaminó a argumentar que CIE
satisfizo la totalidad de las obligaciones a su cargo, lo cierto es que, de la revisión
de las demás pruebas, se encuentra que, en realidad, solo se cumplieron los
deberes derivados de las facturas Nos. 1 a 3, por lo que no hay lugar a considerar
esa conclusión, sino la constituida a partir de todos los elementos probatorios142.

Bajo este contexto, la Sala modificará la sentencia apelada, para en su lugar
declarar: i) el incumplimiento parcial del IDU frente al pago de las facturas Nos. 1 a
3, ii) el reconocimiento del derecho al pago en favor de la parte apelante, del monto
que se determine en el acápite de liquidación, con sus intereses de mora, y iii) se
denegarán las demás pretensiones formuladas.

8.7. Liquidación del contrato de interventoría 1684 de 2013

8.7.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca liquidó el contrato de

142 Sobre este particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que pruebas como los

testimonios o las declaraciones de parte deben valorarse junto con las demás pruebas que se
alleguen, todo ello basado en la sana crítica. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Radicado 41001233100019990098701 (36932). Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 4 de abril de 2022. Radicado 17001-23-33-
000-2020-00044-02 (67820).

81

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

interventoría 1684 de 2013 en concordancia con la prosperidad de la pretensión de
impago injustificado de las facturas 1 a 3 de la fase de interventoría de estudios y
diseños, para lo cual se limitó a tomar la sumatoria total de lo adeudado en virtud
de aquellas, para un total de $30’142.870, sin lugar a reconocer algún otro
emolumento, por haberse denegado las demás pretensiones.

8.7.2. El apelante solicitó, frente a la suma reconocida, que en virtud de la demanda
debía ser indexada, también debían reconocerse intereses de mora, como se pactó
en el contrato de interventoría, desde que se cumplió el plazo para pagar y hasta la
fecha en que se profiera la sentencia de segunda instancia, aspecto a partir del cual
le asiste razón a 3B, por cuanto, en efecto, el a quo se restringió a reconocer la
suma contenida en las facturas Nos. 1 a 3, sin la debida actualización y sin
considerar los intereses moratorios.

8.7.3. En los hechos probados 7.3.3. a 7.3.5. consta que, el 1 de julio de 2014, CIE
presentó tres facturas al IDU, por el cumplimiento de sus obligaciones en la fase de
interventoría de diseños, previa aprobación de los informes de esa etapa
contractual, por un valor total de $30’142.870. Tal emolumento nunca fue pagado
por la entidad aquí demandada, con sustento en que los miembros del consorcio se
fusionaron. A su vez, obra que el contrato 1684 de 2013 feneció el 27 de mayo de
2015, sin que hubiera sido liquidado bilateral o unilateralmente.

Tal y como se especificó al resolver el cargo 8.1. de la apelación, no había lugar a
que el IDU se rehusara a pagar las facturas Nos. 1 a 3 allegadas por CIE, debido a
que la fusión de sus miembros fue oponible de manera posterior a la creación de
ese esquema consorcial, de modo que para cuando se presentó la oferta aquel fue
conformado debidamente y nada impedía que en el transcurso del concurso abierto
sus sociedades tuvieran modificaciones mercantiles.

8.7.4. Frente a la anterior situación, la Sala considera que hay lugar a liquidar el
contrato de interventoría 1604 de 2013, solamente frente a las facturas Nos. 1 a 3,
debido a que la procedencia de su pago fue el único argumento de la demanda y
apelación que prosperó, a lo cual se suma que también le asiste razón a 3B en que
se efectúe la estimación de los intereses moratorios, debido a que en la cláusula 5
contractual se convino que, de no cumplirse la obligación de pago por el IDU dentro

82

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de las órdenes de pago, habría
lugar al reconocimiento de aquellos “a la tasa equivalente al doble del interés legal
civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE,
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4° de la Ley 80 de
1993”.

Adicionalmente, se retoma el hecho de que, en el asunto que ocupa la atención de
la Sala, los 45 días hábiles para el pago se deben contabilizar a partir de la
radicación de las facturas 1 a 3, esto es, desde el 1 de julio de 2014, debido a que
a partir de ese momento comenzó a correr el interregno previsto por los sujetos
negociales para cancelar las obligaciones dinerarias, de modo que el plazo para
pagar oportunamente feneció el 4 de septiembre de 2014 y, por ende, los intereses
de mora se comenzaron a causar a partir del 5 de septiembre siguiente, tal y como
se indicó al resolver el primer cargo de la apelación.

Lo anterior encuentra respaldo en lo previsto en el artículo 1608 del Código Civil143,
con arreglo al cual el deudor entrará en mora cuando no cumpla la obligación a su
cargo dentro del término establecido, comoquiera que en el asunto de estudio de la
Sala no se acreditó que el IDU hubiera satisfecho el pago de las facturas Nos. 1 a
3, pese a que la obligación dineraria allí contenida era plenamente exigible, como
se explicó en precedencia.

Sobre la liquidación de los contratos estatales, el artículo 11 de la Ley 1150 de
2007144 estipuló que, en los regidos por el EGCAP, esta puede efectuarse de mutuo

143 “Artículo 1608. El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del

término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para
constituirlo en mora […]”.
144 “Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará

de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato
o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. // Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. // Los
contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto
de acuerdo”.

83

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

acuerdo o de manera unilateral. A su vez, el artículo 141 del CPACA145 dispuso que,
dentro de las pretensiones del medio de control de controversias contractuales, es
posible solicitar la liquidación judicial del contrato, pero solo en el evento en que no
haya sido liquidado dentro de los supuestos de la primera norma referenciada.

En virtud de los mandatos anteriores, esta Corporación146 ha considerado que
liquidar un contrato consiste en determinar el valor de sus acreencias y deudas
insatisfechas, con el fin de establecer si existen valores pendientes de percibir o de
asumir por los sujetos negociales y que, como es natural, solo procede una vez
fenecido el plazo negocial, pues solo hasta ese momento es posible determinar los
remanentes del acuerdo de voluntades.

En ese contexto, se encuentra que el único ítem frente al cual se demostró el
cumplimiento del contrato 1684 de 2013 por 3B fue el referido a las facturas Nos. 1
a 3 de la fase de interventoría de estudios y diseños, frente al cual consta que existe
un saldo a favor de aquel, quien otrora conformó el consorcio CIE, por la suma de
$30’142.870, valor que, entre otros, no fue objeto de reproche, salvo en lo
concerniente a los intereses de mora.

8.7.5. Pues bien, primeramente, corresponde actualizar la suma de $30’142.870 así:

Vh x Índice final
Vp= ----------------------
Índice inicial

En donde:

Vp: Valor presente

Vh: Valor histórico ($30’142.870)

Índice Final: IPC vigente a la fecha del presente fallo (abril de 2024147) =141,48
145 “Artículo 141. Controversias contractuales. […] Así mismo, el interesado podrá solicitar la
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal
no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley […]”.
146 Consejo de Estado: i) Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de junio de 2016.

Radicado 11001-03-06-000-2015-00067-00 (2253) y ii) Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
del 9 de octubre de 2014. Radicado 25000-23-26-000-2001-02508-01 (28881).
147 Para tal efecto, se tuvo en cuenta el IPC del mes de marzo de 2024, por ser el más reciente

publicado por el DANE.

84

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Índice inicial: IPC vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago (septiembre
de 2014148) = 82,01

$30’142.870 x 141,48
Vp= ------------------------------------------------------ = $52’001.137
82,01

Vp= $52’001.137

8.7.6. Ahora bien, en lo concerniente al pago de intereses de mora sobre la anterior
suma de dinero, la Sala aclara que el mismo contrato 1684 de 2013 dispuso en su
cláusula 5 que su causación se determinaría “a la tasa equivalente al doble del
interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado
por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4° de
la Ley 80 de 1993”.

Así pues, comoquiera que la mora en el pago de las facturas Nos. 1 a 3 del contrato
1684 de 2013 se produjo a partir del 5 de septiembre de 2014, época para la cual
se encontraba en pleno vigor la Ley 80 de 1993, procede el pago de los respectivos
intereses moratorios en los términos señalados por el estatuto en referencia, pues
así lo convinieron las partes en este asunto.

Para calcularlos, el monto correspondiente se liquidará con el 12% anual -es decir,
el doble del interés legal civil que es del 6%149- o proporcional por fracción de tiempo,
de acuerdo con la fórmula tradicionalmente utilizada por el Consejo de Estado en
asuntos similares150, siguiendo los dictados del artículo 36 del Decreto 1510 de
2013, compilado por el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015, la cual arroja
el siguiente resultado:

148 Considerando que, como se indicó en precedencia, los 45 días hábiles de que trata la cláusula 5

del contrato de interventoría se contaron desde que se radicaron las facturas 1 a 3, el 1 de julio de
2014, por lo que la mora en el pago se configuró a partir del 5 de septiembre de 2014.
149 Código Civil. “Artículo 1617. […] El interés legal se fija en seis por ciento anual”.
150 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de septiembre de 2016.

Radicado 73-001-23-00-003-1999-01046-01 (51341).

85

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

Valor Período de IPC del año Valor Intereses
mora anterior del actualizado al (12% anual)
período de mora cierre del
período151
$30’142.870 5-9-2014 a 31- 0,05152 $30’157.941 $1’164.097153.
12-2014
$30’157.941 1-1-2015 a 31- 3,66 $31’261.722 $3’751.407
12-2015
$31’261.722 1-1-2016 a 31- 6,77 $33’378.141 $4’005.377
12-2016
$33’378.141 1-1-2017 a 31- 5,75 $35’297.384 $4’235.686
12-2017
$35’297.384 1-1-2018 a 31- 4,09 $36’741.047 $4’408.926
12-2018
$36’741.047 1-1-2019 a 31- 3,18 $37’909.412 $4’549.129
12-2019
$37’909.412 1-1-2020 a 31- 3,80 $39’349.970 $4’721.996
12-2020
$39’349.970 1-1-2021 a 31- 1,61 $39’983.505 $4’798.021
12-2021
$39’983.505 1-1-2022 a 31- 5,62 $42’230.578 $5’067.669
12-2022
$42’230.578 1-1-2023 a 31- 13,12 $47’771.229 $5’732.547
12-2023
$47’771.229 1-1-2024 a 24- 4,56154 $49’949.597 $1’878.105155
04-2024
INTERESES TOTALES $44’312.960

El valor total de los intereses moratorios derivados del impago de las facturas Nos.
1 a 3 de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato de interventoría
1684 de 2013 es $44’312.960

Frente al cálculo de intereses moratorios efectuados, la Sala descarta cualquier
posibilidad de calcular intereses corrientes de manera concurrente, ya que 3B solo
solicitó tales montos en la demanda frente a los informes 5 a 10, respecto de los
cuales se denegaron las pretensiones de la demanda.

8.7.7. A partir de lo expuesto, los valores que se deben reconocer en favor de la
parte actora se condensan en el siguiente cuadro:

151 Valor inicio de período + valor incremento anual.
152 Fracción proporcional al incremento del IPC de 2013. Cálculo de la fracción = 1,94 (Variación IPC

2013) – 1,86 (IPC acumulado hasta agosto de 2013) – 0,03 (Variación IPC fracción septiembre =
0,29 (Variación IPC septiembre) /30 x 4 (número de días antes del inicio de la mora)) = 0,05.
153 Calculado sobre 3,86%, equivalente a la fracción de la mora anual que comprende desde el 5 de

septiembre de 2014 -día siguiente a aquel en que debieron pagarse las facturas 1 a 3- al 31 de
diciembre de ese año.
154 Variación del IPC del corrido del año anterior hasta el 24 de abril de 2023.
155 Calculado sobre 3,76% (fracción de lo corrido del año).

86

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

CONCEPTO VALOR
Facturas Nos. 1 a 3 de la interventoría de estudios y diseños $52’001.137
Intereses moratorios por el impago de las facturas Nos. 1 a 3 de $44’312.960
la interventoría de estudios y diseños
TOTAL $96’314.097

9. Costas

El artículo 188 del CPACA establece que, “[…] salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del CGP, vigente para cuando se interpuso el recurso de
apelación, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas:

“ […] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

Bajo este entendido, se condenará en costas a 3B, quien interpuso el recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que la demanda
prosperó parcialmente, amén de la procedencia del cargo de impago de las facturas
Nos. 1 a 3, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las costas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues el IDU
actuó con apoderado en esa etapa y formuló alegatos de conclusión en segunda
instancia, motivo por el cual la Sala las determinará, con base en lo dispuesto en el
Acuerdo 1887 del 26 de junio 2003156, según el cual, en los procesos contencioso

156 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 20 de noviembre de

2015, cuando se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 6°. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de
agencias en derecho: […] III contencioso administrativo […] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía:
hasta siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con cuantía: hasta el 5% del valor de
las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

87

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

administrativos, en segunda instancia, cuando el asunto tenga cuantía, serán de
hasta el 5% del valor de las pretensiones.

En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en el
0,1% de $666’488.190, correspondiente a la suma de $666.488 a la fecha de
ejecutoria de esta providencia, en favor del IDU, como condena parcial, lo que lleva
a determinar un monto menor en comparación a si la parte actora hubiera sido
totalmente derrotada, dada la prosperidad de parte del libelo introductorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia del 17 de septiembre de 2020, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual
quedará así:

PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento parcial del contrato de interventoría 1684
del 28 de noviembre de 2013 por el Instituto de Desarrollo Urbano, respecto de la
obligación de pago de las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de estudios
y diseños, según la parte motiva de la decisión.

SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el contrato de interventoría 1684 del 28 de
noviembre de 2013, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio
Interventoría Estaciones, de la siguiente manera:

SUJETO NEGOCIAL DEL CONTRATO 1684 DE 2013 VALOR A SU FAVOR
CONSORCIO INTERVENTORÍA ESTACIONES, A TRAVÉS $96’314.097
DE LA SOCIEDAD 3B PROYECTOS S.A.S.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $0

Como consecuencia, DECLARAR que, al Consorcio Interventoría Estaciones, por
medio de la sociedad 3B Proyectos S.A.S., le corresponde el pago de la suma total
de $96’314.097, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, por concepto de saldo

88

Radicado: 250002336000201502630-02 (67095)
Demandante: 3B PROYECTOS S.A.S.

pendiente de pagar por las facturas Nos. 1 a 3 de la fase de interventoría de estudios
y diseños.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia y de manera parcial a
la sociedad 3B Proyectos S.A.S. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en
$666.488 a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en favor del Instituto de
Desarrollo Urbano. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal
a quo.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

VF

89

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.