Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00184-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00184-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00184-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
1 de junio de 2026
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (CPACA)
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00184-01 (68756)
Demandante: GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
TEMAS: DICTAMEN PERICIAL – tiene por fin verificar hechos que interesen al proceso y no procede
frente a asuntos de derecho, so pena de que no tenga eficacia probatoria. INTERPRETACIÓN DE
LOS CONTRATOS ESTATALES – Se debe llevar a cabo de la mano con los documentos
precontractuales que los originaron y, en especial, junto con el pliego de condiciones y la oferta
presentada. PAGO A PRECIOS UNITARIOS – Es aquella modalidad propia de los contratos de obra
en la que el pago se efectúa por unidades o cantidades de obra, que pueden ser mayores o menores.
El valor total corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas por el precio de
cada una. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN – Tiene un carácter bifronte, en cabeza de la entidad
contratante y de los proponentes que resulten adjudicatarios. Persigue que se establezcan con rigor
y detalle las condiciones de la contratación a realizar. Las falencias que se presenten en torno a
aquel pueden devenir en circunstancias de incumplimiento contractual. RIESGOS – Deben estimarse
y asignarse en la fase precontractual. Quien desempeña más labores, naturalmente asumirá
mayores riesgos. INTERVENTORÍA – Su actividad se concreta en vigilar el contrato, pero no es parte
de aquel, ni responde por los incumplimientos de los cocontratantes. MAYORES CANTIDADES DE
OBRA – Se presentan cuando, en los contratos de obra a precios unitarios, el estimado inicial de un
costo es sobrepasado durante la ejecución. OBRAS ADICIONALES – Se entienden como
actividades que no hacen parte del objeto principal y, por consiguiente, son nuevas. SALVEDADES
– Son los reparos realizados por el contratista durante el iter contractual sobre aspectos que no se
comparten. Su no realización no impide acudir al juez, pero en tales casos se ha de determinar cuál
fue el querer de las partes durante la ejecución y la suscripción de modificaciones, adiciones o
prórrogas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Gaico Ingenieros
Constructores S.A. contra la sentencia del 21 de abril de 2022, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Como resultado de la licitación pública No. LP-SGT-SRN-043-2012, el 26 de
octubre de 2012, el Instituto Nacional de Vías -en adelante se lo denominará el
Invías- suscribió con la sociedad Gaico Ingenieros Constructores S.A. -en lo
sucesivo se la catalogará como Gaico- el contrato No. 1541, que tuvo por objeto los
diseños y el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de la carretera Honda –
Villeta – Tobia Grande – Bogotá, del departamento de Cundinamarca.
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
En el marco de la ejecución del referido acuerdo de voluntades, una vez aprobados
los diseños por la interventoría, Gaico procedió a intervenir los tramos objeto de la
obra. Con todo, meses después, varios de aquellos presentaron abolladuras,
ahuellamientos, deformaciones y abultamientos, que llevaron a que tuvieran que
hacerse nuevas intervenciones para corregir dichas falencias con una mezcla
distinta a la inicialmente utilizada, lo cual, entre otros, llevó a que el acuerdo de
voluntades se modificara tanto en su plazo, como en su presupuesto inicial.
Posteriormente, finalizado el objeto contractual, se suscribió el acta de entrega y
recibo definitivo de la obra y el acta de cierre ambiental.
Inconforme, Gaico presentó demanda de controversias contractuales contra el
Invías, a efectos de que se declarara su responsabilidad patrimonial, pues a su
juicio, como resultado de fallas en la estructuración del proyecto, se vio obligado a
asumir obras adicionales, consistentes en el uso de una mezcla de asfalto MAM tipo
5 no prevista en el contrato, cuyo pago no le fue reconocido, de ahí que pidiera ser
indemnizado por dicha causa al considerar que ello no estaba incluido dentro de las
obligaciones del acuerdo de voluntades.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 8 de marzo de 20191, Gaico presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, contra el Invías, con el fin de que se
declarara que, con ocasión del contrato de obra pública No. 1541 del 26 de octubre
de 2012, se vio obligado a asumir injustificadamente actividades no previstas en el
objeto negocial, como resultado de fallas de la infraestructura construida originadas
en deficiencias en la estructuración del proyecto, lo cual, a su juicio, le causó
sobrecostos no reconocidos por la contratante.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“1. PRETENSIONES DECLARATIVAS:
1.1. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
1 Folios 1 a 18 del cuaderno principal.
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Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
Que se DECLARE que todos los estudios, diseños y exigencias de
construcción, elaborados por GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES
S.A., fueron revisados y aprobados por la interventoría, según lo
estipulado en el Numeral 1.4 del Apéndice A y en el Numeral 4 de la
Especificación Particular 1P del Apéndice B, al Contrato de Obra Pública
No. 1541 fechado el 26 de octubre de 2012.
1.2. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que el Numeral 1.6 del Apéndice A,
al Contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012, taxativamente limita las
obligaciones del contratista solamente a las labores de "mantenimiento
preventivo, periódico, refuerzo estructural o rehabilitación", excluyendo las
labores de "restauración, reciclado y reconstrucción" previstas en el
Numeral Primero de la Especificación Particular 1P del Apéndice B al
contrato de referencia.
1.3. TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que el estudio de Deflectometría
elaborado por Bateman Ingeniería S.A., fue ejecutado bajo las premisas
contenidas en la "Guía metodológica para diseño de obras de
rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras - del INVIAS".
1.4. CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que en los Comités Técnicos de
Seguimiento No. 37 y 39, de fecha 2 y 11 de julio de 2013,
respectivamente, la Interventoría aprobó los estudios y diseños de
rehabilitación del pavimento de los tramos comprendidos entre el
PR8+535 al PR20+500, y del PR33+000 al PR46+000, en ambos casos
con Mezcla Convencional Tipo MDC-2.
1.5. QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que durante el proceso de
producción y colocación de mezcla asfáltica, se cumplieron, por parte del
contratista, las exigencias del diseño y las especificaciones de
construcción del INVIAS, tal como lo acreditan los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados por el contratista y la Interventoría.
1.6. SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que, dada la mala estructuración del
proyecto por parte de la entidad contratante, las intervenciones realizadas
presentaron daños prematuros de tipo funcional (ahuellamientos) no
imputables al contratista.
1.7. SÉPTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que, ante los daños de
ahuellamiento y desplazamiento de la mezcla asfáltica empleada en la
ejecución del contrato de referencia, la Interventoría, mediante
Comunicado No. 001-004-0027-14 del 10 de febrero del 2014, sugirió
fresar la superficie afectada y emplear mezclas asfálticas modificadas.
1.8. OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que el estudio realizado por GICA
S.A.S., contratado por el contratista para determinar la mejor opción
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Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
técnica para la atención de las patologías prematuras de los tramos
afectados, arrojó como resultado la necesidad de incorporar al contrato la
Mezcla Densa en Caliente de Alto Módulo (MAM).
1.9. NOVENA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que, tanto el Contratante como la
Interventoría, estuvieron de acuerdo en su totalidad en incorporar Mezcla
Densa en Caliente de Alto Módulo (MAM).
1.10. DÉCIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que el contratista atendió y
solucionó las patologías prematuras incorporando la Mezcla Densa en
Caliente de Alto Módulo (MAM), al igual que el fresado necesario para
tales efectos, a pesar de no ser del alcance contractual ni estar prevista
en la estructuración del proyecto.
1.11. DÉCIMA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:
Que se DECLARE, específicamente, que, los tramos reparados con
Mezcla Densa en Caliente de Alto Módulo (MAM), por exigencia del
Contratante y la Interventoría, son los siguientes:
SECTOR VOLUMEN REPARADO (m3)
K8+545 a K12+260 1.514
K12+540 a K17+630 812
K17+790 a K18+650 45
K24+000 a K26+000 27
K26+000 a K28+150 45
K28+150 a K28+700 64
K33+000 a K34+960 1.065
K34+960 a K39+875 426
K39+920 a K42+970 25
K42+970 a K43+030 17
K43+030 a K43+150 8
K43+170 a K44+990 28
K45+090 a K48+000 4
TOTAL 4,080
2. PRETENSIONES PRINCIPALES CONDENATORIAS:
2.1. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL CONDENATORIA:
Que se CONDENE al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS, a pagar
a mi Poderdante, por concepto de (i) fresado del pavimento asfáltico; y (ii)
la Mezcla MAM tipo V, con corte al 31 de diciembre del 2018, la suma de
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
($2.732’343.174.00), todo ello de conformidad con la discriminación
expuesta en el juramento estimatorio, o la que, en su defecto, en mayor o
menor cantidad, se determine durante el proceso judicial, cifra que deberá
ser actualizada al momento de proferirse la sentencia.
2.2. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL CONDENATORIA:
Que se CONDENE al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS, a pagar
a mi Poderdante, por concepto de los intereses de mora, con el mismo
corte, la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCO PESOS ($2.384’357.305.00), todo ello de conformidad con la
discriminación expuesta en el juramento estimatorio, o la que, en su
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defecto, en mayor o menor cantidad, se determine durante el proceso
judicial, cifra que deberá ser actualizada al momento de proferirse la
sentencia.
2.3. TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL CONDENATORIA:
Que, como consecuencia de las condenas anteriores, se condene en
costas y en agencias en derecho a la parte convocada, de conformidad
con lo previsto en el Código General del Proceso”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, como resultado de la licitación pública No. LP-SGT-SRN-043-
2012, que tuvo por objeto el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Honda –
Villeta – Tobia Grande – Bogotá del departamento de Cundinamarca, el Invías
adjudicó el procedimiento de selección a Gaico, por la suma de $41.981’784.478.
1.3.2. Aseveró que, como consecuencia de lo anterior, el 26 de octubre de 2012 el
Invías y Gaico suscribieron el contrato No. 1541, con el mismo objeto y valor
reseñados en el hecho anterior, con un plazo de 21 meses, previo cumplimiento de
los requisitos del perfeccionamiento y ejecución.
1.3.3. Anotó que: i) en el numeral 1.4. del apéndice A del contrato, referido a los
“estudios y diseños” se contempló que aquellos debían ser realizados por el
contratista de obra; ii) en el numeral 1.6. del apéndice A del contrato, referido a su
alcance, se precisó que aquel debía atender a las necesidades de mantenimiento
preventivo, periódico, refuerzo estructural o rehabilitación; iii) en la especificación
particular 1P, numeral 1 del apéndice B se diferenciaron los términos de
rehabilitación, restauración, refuerzo, reciclado y reconstrucción; iv) y en la
especificación 1P numeral 4 del apéndice B se indicó que los estudios y diseños
realizados por el contratista serían aprobados por la interventoría.
1.3.4. Señaló que, mediante la comunicación SRN 65263 del 14 de diciembre de
2012, se dio la orden de inicio de ejecución del contrato.
1.3.5. Arguyó que, entre el 14 y 20 de diciembre de 2012, los cocontratantes y la
interventoría realizaron una visita de inspección al tramo objeto del proyecto, tras lo
cual se determinó que era necesario realizar una deflectometría para determinar los
tramos más afectados para realizar el diseño de rehabilitación de la estructura de
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Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
pavimento, la cual fue entregada el 30 de enero de 2013 por la contratada para tal
fin, que fue la sociedad Bateman Ingeniería S.A.
1.3.6. Consideró que, el 8 de febrero de 2013, la interventoría y el contratista
establecieron, con base en la deflectometría, que los tramos a priorizar para su
rehabilitación eran los comprendidos entre: i) el PR8+000 al PR20+500 (25 kms), y
ii) el PR26+000 a PR30+000 (4 kms).
1.3.7. Estimó que, en comité de obra del 12 de febrero de 2013, los cocontratantes
convinieron iniciar los estudios en los tramos: i) PR8+000 a PR20+500, ii)
PR33+000 a PR46+000, y iii) PR26+000 a PR30+000.
1.3.8. Adujo que, los días 2 y 11 de julio de 2013, la interventoría aprobó los estudios
y diseños de rehabilitación y pavimento de los tramos comprendidos entre el
PR8+535 al PR20+500, y el PR33+000 al PR46+000, respectivamente, con mezcla
convencional tipo MDC-2.
1.3.9. Precisó que, durante el proceso de producción y colocación de mezcla
asfáltica en el segundo semestre de 2013, cumplió con las exigencias del diseño y
las especificaciones de construcción en los tramos diseñados y aprobados por la
interventoría.
1.3.10. Puntualizó que el acuerdo de voluntades se modificó mediante: i) el adicional
No. 1 del 11 de diciembre de 2013, en virtud del cual se incrementó el precio en
$1.929’161.845,33; ii) el adicional No. 2 del 20 de diciembre de 2013, por medio del
cual se subió el precio en $5.730’668.266; y iii) el modificatorio No. 1. del 20 de
diciembre de 2013, en el cual se elevó el anticipo adicional en $2.397’960.519.
1.3.11. Evidenció que, a mediados de 2014, en algunos sectores entre el PR8+500
y PR20+500 se evidenciaron daños de ahuellamiento, deformación y abultamiento
de la mezcla asfáltica, lo cual llevó a que la interventora requiriera al contratista y a
que este último contratara a la sociedad Gica S.A.S. para realizar la evaluación del
estado de la mezcla asfáltica y la determinación de la intervención requerida en los
sectores afectados.
1.3.12. Declaró que el contrato se volvió a modificar mediante: i) el adicional No. 3
del 4 de julio de 2014, en el sentido de adicionar su precio en $2.270’000.000 y de
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prorrogar su plazo desde el 1° de diciembre de 2014 hasta el 29 de diciembre de la
misma anualidad; y ii) el adicional No. 4, en virtud del cual se prorrogó el plazo del
contrato del 29 de diciembre de 2014 al 30 de enero de 2015.
1.3.13. Manifestó que el 14 de diciembre de 2014, la sociedad Gica S.A.S. entregó
el estudio de evaluación del estado de la mezcla asfáltica en el sector PR8+500 a
PR15+660, en el cual se concluyó que el proyecto aplicó con buenos resultados
mezcla asfáltica de alto módulo -en lo sucesivo se le denominará MAM- y que se
requería el uso de ligantes asfálticos de menor penetración al convencional.
1.3.14. Aseguró que el Invías y la interventoría aprobaron realizar las reparaciones
sugeridas por la sociedad Gica S.A.S., es decir, aplicando la mezcla MAM tipo 5.
1.3.15. Sostuvo que el contrato se modificó, de nuevo, mediante: i) el adicional No.
5 del 29 de diciembre de 2014, en virtud del cual se extendió el plazo del contrato
desde el 30 de enero de 2015 hasta el 15 de febrero siguiente; ii) el adicional No. 6
del 30 de enero de 2015, a partir del cual se volvió a ampliar el término de ejecución
negocial, desde el 15 de febrero de 2015 y hasta el 30 de abril siguiente; iii) el
adicional No. 7., en el que se adicionó el precio en $3.617’131.000 y se amplió el
interregno en comento hasta el 31 de julio de 2015; y iv) el adicional No. 8., por
medio del cual se volvió a incrementar el plazo contractual hasta el 15 de agosto de
2015.
1.3.16. Expresó que, previa solicitud del contratista, el contrato fue suspendido
mediante el acta de suspensión No. 1. del 13 de agosto de 2015, por un término de
2 meses, plazo que posteriormente fue ampliado hasta el 13 de diciembre de esa
anualidad.
1.3.17. Destacó que, el contrato se volvió a modificar mediante: i) el adicional No. 9
del 9 de diciembre de 2015, en el sentido de incrementar el valor del contrato en
$2.240’000.000 y en prorrogar su plazo hasta el 31 de diciembre de 2015; ii) el
adicional No. 10 del 9 de diciembre de 2015, para aumentar el precio en
$3.590’000.000 y ampliar el interregno negocial hasta el 30 de abril de 2016; iii) el
adicional No. 11 del 3 de marzo de 2016, para adicionar el valor en $581’000.000 y
prorrogar el plazo hasta el 30 de junio de 2016; y iv) el adicional No. 12 del 30 de
junio de 2016, en el que se extendió el plazo por última vez hasta el 30 de julio de
2016.
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Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
1.3.18. Justificó que, el 23 de noviembre de 2016, el contratista y la interventoría
suscribieron el acta de entrega y recibo definitivo de la obra y las reparaciones sobre
la carpeta asfáltica con mezcla MAM tipo 5.
1.3.19. Consignó que, “el 16 de junio de 2018", el contratista y la interventoría
suscribieron el acta de cierre ambiental.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, Gaico expuso que mientras su
actuar se dirigió a cumplir sus obligaciones con ocasión del contrato No. 1541 del
26 de octubre de 2012, el Invías falló en la estructuración del proyecto y, en esa
medida, ello llevó a que la aquí demandante tuviera que asumir obras adicionales
que no le fueron reconocidas, todo lo cual desconoció el artículo 209 de la
Constitución, el CPACA, la Ley 80 de 1993 “y las demás normas concordantes del
ordenamiento jurídico nacional”.
Al efecto, consideró que con ocasión de la ejecución del contrato No. 1541 del 26
de octubre de 2012 se presentó un ahuellamiento del asfalto en varios tramos que,
según la evaluación del estado de la mezcla asfáltica elaborado por Gica S.A.S., no
le resultaba atribuible al contratista, dado que este respetó las exigencias de diseño
y las especificaciones de construcción del Invías.
Bajo ese entendido manifestó que, durante la ejecución de las reparaciones, solo
se le reconoció la diferencia entre el precio de la mezcla densa en caliente tipo MDC-
1 modificada con polímero tipo 5 y la mezcla en caliente tipo MDC-2, quedando
pendiente de remunerar: i) el valor del fresado ($52.852/m3 precio a origen de
contrato) y ii) el valor restante de la mezcla densa en caliente tipo MDC-1 modificada
con polímero tipo 5 ($654.562/m3 precio a origen de contrato), lo que habría tenido
un valor de $2.384’357.305.
Por otro lado, consideró que su demanda se formuló en tiempo, debido a que, como
el contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 no se liquidó, debía acudirse al
criterio previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
en virtud del cual los 2 años para demandar debían contabilizarse después de 2
meses vencido el plazo de 4 meses para liquidar bilateralmente el negocio jurídico,
cruce de cuentas que, a su vez, se debía efectuar a partir de la fecha en que se
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Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
suscribiera el acta de recibo definitivo o final de obra y suscripción del acta de cierre
ambiental, para la cual había 45 días de plazo.
En tal virtud, Gaico consideró que, como el acta de recibo definitivo o final de la obra
fue suscrita el 23 de noviembre de 2016 y el acta de cierre ambiental se signó el “16
de junio de 2018” -por fuera del término contractual-, si se tiene en cuenta cualquiera
de esas dos fechas, para contar el término de 2 años y 6 meses “en ninguno de los
casos es procedente la caducidad de la acción”.
Finalmente, se formuló juramento estimatorio por la suma de $5.116’700.479 por
concepto de: i) el fresado del pavimento asfáltico y mezcla MAM tipo 5 por la suma
de $2.732’343.174; y ii) los intereses de mora causados por el primer monto en
cuestión, que ascienden a $2.384’357.305.
2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones
2.1. El 28 de abril de 20192, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada.
2.2. El Invías3 contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar
que atendió cabalmente sus deberes negociales con ocasión del contrato No. 1541
del 26 de octubre de 2012 y, por el contrario, fue Gaico quien incurrió en serias
falencias en los diseños de la obra que llevaron al ahuellamiento de la vía objeto del
acuerdo de voluntades. Como consecuencia, formuló como excepciones la
genérica, la caducidad de la acción, la “falta de relación de causalidad entre el daño
y la actuación de Invías”, y “la inexistencia de la obligación”.
Frente a la excepción de caducidad, expresó que la demanda fue formulada por
fuera de tiempo, por cuanto el plazo del acuerdo de voluntades feneció el 30 de julio
de 2016, por lo que se contaba hasta el 1° de agosto de 2018 para radicar la
demanda y, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó fuera de esa
fecha y el escrito inicial se radicó posteriormente, estimó que fue extemporáneo.
En cuanto a las demás excepciones, aseveró que, como resultado del contrato No.
1541 de 2012, Gaico actuó como autor de los estudios y diseños y, a su vez, como
constructor, asumiendo el 100% de los riesgos derivados de la obra, entre ellos
2 Folios 23 a 24 y 54 del cuaderno principal.
3 Folios 42 a 48 del cuaderno principal.
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Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
aquellos atinentes a “la actividad de estudios y diseños” y al “mantenimiento y
rehabilitación”, de suerte que debía resolver por cuenta propia los ahuellamientos
presentados en el tramo vial construido, en los términos de los artículos 4 y 5 de la
Ley 80 de 1993, máxime si se tiene en cuenta que la propia interventora asintió en
que la responsabilidad por tal suceso era del contratista y, además, que se le
reconocieron los costos adicionales por el uso de asfaltos con polímeros tipo 5.
A su vez, argumentó que, dentro del AIU se encuentra incorporado un porcentaje
de imprevistos que, precisamente, debía utilizar Gaico para cubrir las falencias
presentadas en la obra a su cargo, motivo por el cual destacó que no correspondía
reconocerle valor adicional alguno, so pena de un doble pago por la infraestructura
recibida, en especial porque el contratista no acreditó que tales montos no le fueron
suficientes para cubrir los ajustes que realizó.
Por lo anterior, concluyó que las falencias presentadas en la obra debían ser del
entero resorte del contratista, dado que se encontraban a su cargo las obras
correctoras de reparación por daños tempranos o fallas prematuras y que, por
demás, cualquier sobrecosto que se hubiera presentado que no le resultara
imputable fue cubierto por el Invías mediante las adiciones que efectuó en el precio.
2.3. El 4 de febrero de 20214, Gaico descorrió las excepciones formuladas por el
Invías y argumentó: i) frente a la caducidad, que aquella no operó, por cuanto la
demandada no tuvo en cuenta el punto de partida idóneo para contabilizarla, ya que
no podía definirse a partir del momento en que feneció el contrato, sino desde que
debió liquidarse, lo que, en los mismos términos formulados en la demanda, debía
llevar a concluir que aquella se formuló en tiempo; y ii) en cuanto a la “falta de
relación de causalidad entre el daño y la actuación de Invías y la inexistencia de la
obligación”, que adolece de una “falta de seriedad”, pues a su juicio se demostró
mediante el material probatorio obrante la responsabilidad de la demandada.
3. Decisión de excepciones previas
El 25 de marzo de 20215, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió la
excepción previa de caducidad formulada por el Invías, en el sentido de declararla
no probada, por encontrar que la demanda se presentó en tiempo.
4 Índice 15 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
5 Índice 16 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Efectivamente, comenzó por señalar que, en el asunto de estudio, el criterio para
contabilizar los dos años para demandar es aquel según el cual dicho plazo
comienza a correr a partir de vencidos dos meses desde que debió liquidarse el
contrato, considerando que en el acuerdo de voluntades No. 1541 del 26 de octubre
de 2012 se convino el corte de cuentas.
Así las cosas, el a quo consideró que los 2 años para demandar debían
contabilizarse después del “17 de junio de 2018”, fecha en la cual a su juicio se
suscribió el acta de cierre ambiental y, por tanto, feneció el plazo negocial, lo que
evidencia que la demanda, radicada el 8 de marzo de 2019, se allegó dentro del
plazo legal. Sobre ello también se precisó que, aunque se hubiera tenido como
punto de partida para formular el libelo introductorio el acta de recibo final de la obra
-23 de noviembre de 2016-, la demanda también se habría allegado en tiempo, por
cuanto la parte actora habría contado hasta el 24 de mayo de 2019 para interponer
el medio de control. Finalmente, se detalló que, incluso, si el inicio del interregno
para accionar se hubiera comenzado a computar a partir del 13 de septiembre de
2016 -fecha última en la que se debía suscribir el acta de recibo final-, igualmente,
no habría operado la caducidad, pues el término para formular el medio de control
se habría extendido hasta el 14 de marzo de 2019.
4. Trámite de primera instancia
4.1. El 6 de julio de 20216, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llevó a cabo
la audiencia inicial, en la que no encontró vicio alguno que debiera ser objeto de
saneamiento y, a su vez, se evidenció la ausencia de ánimo conciliatorio.
Posteriormente se fijó el litigio, en el entendido de determinar si, con ocasión del
contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012, Gaico incurrió en la asunción de costos
adicionales e imprevistos por cuenta de un actuar negligente del Invías, o si por el
contrario aquellos sucesos debían ser del entero resorte del contratista. Por último,
el a quo decretó como pruebas las documentales adjuntadas por los sujetos
procesales, otras pendientes de ser aportadas, un dictamen pericial allegado por
Gaico y varios testimonios.
4.2. Los días 27 de julio7 y 2 de agosto de 20218 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca realizó la audiencia de pruebas, en la cual se incorporaron las
6 Índice 26 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
7 Índice 31 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
8 Índice 35 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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documentales pendientes de ser aportadas, se efectuó la contradicción del
dictamen pericial y se recaudaron los testimonios decretados. Finalmente, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a
bien lo tenía, rindiera concepto.
4.2.1. Gaico ratificó que, a su juicio, no debió asumir las obras adicionales
presentadas como resultado de la ejecución del contrato No. 1541 del 26 de octubre
de 2012, por cuanto desde la fase precontractual se restringieron sus obligaciones
a la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, de suerte que, cualquier
actividad que superara dicho marco debía ser asumida por el Invías, como en efecto
sucedió, pues se presentaron obras complementarias no asignadas a ninguna de
las partes que desbordaron las condiciones originales previstas y que no podían ser
tratadas como falencias a cubrir mediante la garantía de la obra. Es por ello que se
consideró que el hecho de que el contratista cambiara el tipo de mezcla para la capa
rodante de asfalto constituyó una nueva obligación que debía ser reconocida
económicamente a aquel9.
4.2.2. El Invías reafirmó que, a su juicio, atendió integralmente las obligaciones del
contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 y, en su criterio, fue Gaico quien falló
en el material utilizado para las actividades de rehabilitación y mantenimiento a su
cargo, de ahí que debía asumir los costos de las reparaciones que efectuó, producto
de la garantía sobre la infraestructura a su cargo. A la vez, enfatizó en que, dentro
del valor en favor del contratista, contaba con un porcentaje de imprevistos frente al
cual no se demostró su insuficiencia para cubrir las circunstancias acaecidas, así
como, en todo caso, el Invías adicionó presupuestalmente el acuerdo de voluntades
ante el hecho de que se requerían materiales distintos a los inicialmente
contemplados, motivo por el cual consideró que la aquí demandante no asumió
ningún sobrecosto10.
Adicionalmente, el Invías aseguró que el contratista no formuló salvedades en
ninguna de las modificaciones efectuadas al acuerdo de voluntades, lo que debía
llevar a concluir que asintió las adiciones presupuestales que se hicieron sin
reparos.
4.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
9 Índice 39 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
10 Índice 38 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 21 de abril de 202211, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
por encontrar que, si bien se presentaron fallas en varios de los tramos intervenidos
por Gaico con ocasión de la ejecución del contrato No. 1541 del 26 de octubre de
2012, en realidad ello fue producto de falencias en los diseños a cargo del
contratista, de suerte que debía ser un asunto para resolver por su cuenta. Por lo
demás adujo que, dado que las deficiencias en comento se asignaron a Gaico
dentro de la matriz de riesgos, con mayor razón debió asumirlas, sin que, por tanto,
le fueran atribuibles al Invías.
Efectivamente, argumentó que, a su juicio, el objeto del contrato No. 1541 del 26 de
octubre de 2012 consistió en “atender las necesidades de mantenimiento
preventivo, periódico, refuerzo estructural o rehabilitación”, marco en virtud del cual
los diseños y obras a desarrollar por Gaico no se limitaban solo a la atención de
aspectos funcionales superficiales de la vía, sino a su mantenimiento estructural
integral, al punto que, en los anexos del acuerdo de voluntades, se incluyó dentro
de las funciones de rehabilitación la restauración, el refuerzo, el reciclado y la
reconstrucción, actividades que fueron consentidas por el contratista sin reparos.
Bajo el anterior derrotero, sostuvo que la realización de los diseños y la intervención
en la obra debían hacerse teniendo en cuenta el “mejoramiento funcional y
estructural de la calzada”, lo que incluía actividades de mantenimiento, pero también
de reconstrucción, por lo que concluyó que no le asistió razón a Gaico en sostener
que dichas actividades estaban limitadas a atender el aspecto funcional de la vía y
no el estructural, cuando el querer de los cocontratantes fue que la rehabilitación
fuera más allá de un mantenimiento superfluo.
Ahora bien, en cuanto a la mezcla asfáltica utilizada, puntualizó que, si bien en los
estudios previos se establecieron de manera preliminar dos ítems correspondientes
a las mezclas asfálticas que, a simple vista, la entidad consideraba que se podían
usar en el proyecto, en últimas, era el contratista quien debía efectuar la elaboración
de los diseños, determinando de forma detallada el tipo de intervención que debía
realizarse sobre la vía y los materiales a utilizar.
11 Índice 40 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Expresado en otros términos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca afirmó
que en el iter precontractual nunca se le impuso al contratista la utilización de
determinados materiales, tanto así que, precisamente, ante la necesidad de mayor
detalle técnico en la elección del asfalto a utilizar se incorporó como obligación del
proponente que resultara adjudicatario la realización de los diseños y, a la vez, se
previó la posibilidad de incluir y ejecutar ítems nuevos no previstos inicialmente,
siempre que fueran necesarios para garantizar la estabilidad de la obra, lo que
implica que Gaico contaba con la posibilidad de establecer los insumos para el
proyecto y su calidad, así como de incluir cualquier otro material necesario para el
debido ejercicio de sus obligaciones negociales.
Así las cosas, concluyó que los ahuellamientos, ondulaciones y abultamientos
presentados en los tramos intervenidos por Gaico debían ser asumidos por ese
contratista, debido a que tenía a su cargo los diseños e intervención de la vía para
su mejoramiento funcional y estructural y, dentro de ello, le correspondía evaluar
todos los aspectos que podían incidir en su estabilidad, tales como los geológicos,
topográficos y geotécnicos para así, sobre la base de ello, elegir los materiales a
utilizar. Bajo ese derrotero, evidenció que la aquí demandante no eligió los insumos
adecuados para intervenir la vía a su cargo, por haberse limitado a replicar los
sugeridos en el pliego de condiciones, sin hacer un análisis detallado y diferenciado,
tal y como lo advirtió la sociedad Gica S.A.S. en los estudios contratados.
Ligado a ello, consideró que no le correspondía al Invías asumir los mayores costos
en que incurrió el contratista por concepto de las reparaciones producto de las fallas
en la elección de los productos a utilizar en la obra, ya que en el contrato se atribuyó
a Gaico la asunción del riesgo por la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas,
así como por las mayores cantidades de obra, los materiales y/o procedimientos
constructivos inadecuados, para lo cual se le trasladó el deber de efectuar toda
reconstrucción o reparación que por cuenta de las anteriores circunstancias fuera
necesario efectuar, de suerte que dichas actividades debían ser asumidas
económicamente por Gaico.
Finalmente, el a quo advirtió que, en cualquier caso, Gaico no solicitó en el curso
del iter contractual el reconocimiento de los mayores costos aquí reclamados, sino
que, por el contrario, una vez recibida la obra por el Invías, le remitió un escrito
exigiéndole el pago de valores adeudados, lo que desconoció el pliego de
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condiciones, que dispuso que cualquier reclamo que se efectuara debía hacerse
previamente para que el interventor verificara la procedencia de los reparos.
6. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
6.1. El 13 de mayo de 202212, Gaico interpuso recurso de apelación, que fue
concedido el 26 de mayo de 202213 y admitido el 4 de noviembre de 202214.
6.2. En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, existe evidencia de que, producto de la ejecución del contrato
No. 1541 del 26 de octubre de 2012, incurrió en obras adicionales debido a falencias
en la estructuración del proyecto, por lo que el Invías debía reconocerle los
sobrecostos que se presentaron por la reparación de múltiples tramos de la vía a
intervenir debido a una elección errada del tipo de asfalto.
Al efecto anotó que el a quo erró al interpretar los documentos precontractuales del
acuerdo de voluntades, pues a su juicio, no es cierto que, so pretexto de la
rehabilitación de la vía, el contratista debiera llevar a cabo labores de reconstrucción
o reforzamiento estructural a lo largo y ancho de la totalidad de la capa asfáltica de
la misma. Lo anterior, por considerar que, desde los estudios previos, y en
concordancia con las consideraciones esbozadas en el dictamen pericial aportado,
el objeto de la obra a realizar se enmarcó exclusivamente en la “rehabilitación y
mantenimiento” y no en la “reconstrucción”.
Igualmente, adujo que fue el Invías quien causó las fallas en la vía, por cuanto
estipuló en los pliegos de condiciones “un ítem contractual que, finalmente, no fue
el adecuado por las condiciones propias del terreno”, en referencia al material
sugerido en dichos documentos para llevar a cabo la obra. Al punto, precisó que,
aunque tenía a cargo la elaboración de los diseños de la obra, esa actividad estaba
atada a las condiciones preestablecidas por la entidad contratante, entre ellas los
ítems contractuales determinados en el pliego de condiciones.
También consideró que los precios estaban condicionados a no alterar las
especificaciones existentes de la vía, a tal punto que cualquier cambio que surgiera
12 Índice 44 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
13 Índice 45 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
14 Índice 4 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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por fenómenos como obras complementarias conllevaría a la modificación de las
obligaciones negociales y un pago adicional, así como no podía tratarse dentro de
la figura de las garantías, de suerte que, en su criterio, el Tribunal de primera
instancia erró al estimar que las reparaciones que efectuó estaban inmersas en sus
obligaciones convencionales cuando, en realidad, fueron actividades adicionales
cuyo pago no fue reconocido.
Asimismo, estimó que no podían atribuírsele las fallas en la vía intervenida por el
hecho de que la interventoría aprobó los diseños, la tipología de mezcla asfáltica y
las obras realizadas, y debido a que ni en la matriz de riesgos ni en los estudios
previos se le atribuyó el riesgo asociado a la reposición del pavimento. Así, al haber
reparado las deficiencias presentadas, sin que a su juicio se le reconociera monto
adicional por tales labores, consideró que el a quo debió acceder a lo pretendido en
primera instancia.
Ligado a ello afirmó que, aunque no formuló salvedades respecto a cada una de las
modificaciones que se efectuaron al contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012,
ello no impedía conocer de fondo la controversia, en atención a la tesis
jurisprudencial vigente de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la
materia y considerando que no es admisible renunciar al acceso a la administración
de justicia.
Finalmente, expresó que el silencio frente a cada modificación pactada no tuvo un
efecto de convalidación o ratificación de las causas y las consecuencias de aquellas.
Bajo ese contexto solicitó que se descartaran las cláusulas y disposiciones
contractuales que fueron predispuestas por el contratante y que limitan de manera
desproporcionada los derechos patrimoniales del contratista.
6.3. Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el expediente ingresó
para fallo, ya que no se solicitaron pruebas durante la segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) régimen del contrato objeto de la
controversia, (3) procedencia del medio de control, (4) oportunidad de la demanda,
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(5) legitimación en la causa, (6) problemas jurídicos, (7) solución a los problemas
jurídicos y (8) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10415 del CPACA, pues el contrato No. 1541
del 26 de octubre de 2012 fue suscrito por el Invías, en tanto establecimiento público
del orden nacional16, en el marco de su actividad contractual.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con el artículo 15017 y el numeral 4 del artículo 15218
del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta
que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los
500 SMLMV19.
15 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación
de la demanda y del recurso de apelación -8 de marzo de 2019 y 13 de mayo de 2022,
respectivamente- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las modificaciones de la Ley
2080 de 2021 y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos no contemplados en el primero, por
virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer estatuto procesal. // “Artículo 104. De la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de
las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos
al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá de los siguientes procesos: […] 2.
Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad
pública”.
16 El Instituto Nacional de Vías -Invías- fue creado mediante el Decreto No. 2171 de 1992 como un
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Transporte: “Artículo 52.
Reestructuración del Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías. Reestructúrase el
Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías, establecimiento público del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de
Transporte”. Actualmente, también se encuentra regido por el Decreto 1292 de 2021.
17 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[Modificado por el artículo 615 del CGP]. // [Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de
2021]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También
conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado
en el artículo 245 de este código […]”.
18 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. [Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021]. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: […] 4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de
funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.
19 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento la pretensión mayor ascendió a
$2.732’343.174, monto que excedió 500 veces la suma de $828.116 (828.116 x 500 = 414’058.000),
que correspondía al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de presentación de la
demanda -2019-.
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2. Régimen del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012
Antes de continuar con el estudio de los restantes presupuestos procesales, es
menester precisar el régimen jurídico del contrato No. 1541 del 26 de octubre de
2012, que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene particular
incidencia en la naturaleza que ostenta dicho negocio jurídico y el marco normativo
sobre la base del cual se evaluará la existencia de obras adicionales por supuestas
circunstancias atribuibles al Invías.
Así las cosas, la Sala encuentra que los artículos 220 y 1321 de la Ley 80 de 1993
estipularon que entidades estatales como los establecimientos públicos están
sometidas a dicho estatuto en cuanto a su gestión contractual, de ahí que, dado que
el Invías ostenta tal naturaleza, el contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012, que
tuvo por objeto ejecutar, por el sistema de “precios unitarios con ajustes”, el
“mantenimiento y rehabilitación de la carretera Honda – Villeta- Tobia Grande –
Bogotá, sector Honda – Villeta, ruta 50, tramo 5008, departamento de
Cundinamarca” y fue suscrito por aquel, se encuentra sujeto a ese régimen.
Cabe añadir que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como
aquel que “celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento,
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. De igual
manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que la Ley 80 de 1993 establece
que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales
que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate,
pudiendo la partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad,
las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el
ordenamiento jurídico22.
20 “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos
de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) […] los establecimientos públicos […]”.
21 “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las
entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. // Los
contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde
se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia. // Los contratos que se celebren en
Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera”.
22 El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en efecto dispone: "Del contenido del contrato estatal. Las
estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. / Las entidades podrán celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales. / En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren
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3. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14123 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
eventual responsabilidad contractual del Invías como resultado de la realización de
unas supuestas obras adicionales por Gaico que no le fueron retribuidas, el medio
de control procedente es el de controversias contractuales.
4. Oportunidad del medio de control
4.1. De conformidad con lo previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA24 en las pretensiones relativas a contratos, cuando el
acuerdo de voluntades no es liquidado, el término para demandar será de 2 años,
contados una vez cumplido el término de 2 meses siguientes al vencimiento del
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público
y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración."
23 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
24 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta
no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]”.
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plazo convenido para efectuar el corte de cuentas bilateralmente o, en su defecto,
del término de 4 meses siguientes a la terminación del contrato.
4.2. Así las cosas, vale destacar que el contrato No. 1541 del 26 de octubre de
201225 tuvo un plazo inicial de 21 meses que, no obstante, se extendió
sucesivamente mediante múltiples modificaciones hasta el 30 de julio de 201626. A
su vez, en su cláusula vigésima segunda se convino que el acuerdo de voluntades
sería objeto de liquidación, que se realizaría en un término de seis meses, de los
cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses
se reservarían para realizarla unilateralmente.
Como punto de partida para el cómputo del plazo para la liquidación, la cláusula
vigésima segunda señaló que aquel comenzaría a correr una vez suscrita el acta de
recibo definitivo o final de la obra y el acta de cierre ambiental y, frente al segundo
documento, estableció que sería emitido en un plazo no mayor a 45 días calendario
“siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato”.
En ese contexto, en el sub-lite quedó acreditado que el acta de recibo final de la
obra se suscribió el 23 de noviembre de 201627 y, posteriormente, el 17 de mayo de
201828 se signó el acta de cierre ambiental, esto es, de forma extemporánea, pues
para el efecto las partes convinieron un plazo de no más de 45 días calendario.
Asimismo, luego de esa fecha los cocontratantes se abstuvieron de efectuar un
corte de cuentas.
Es por ello que, en atención a la literalidad de la cláusula vigésima segunda del
contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012, el acta de cierre ambiental del 17 de
mayo de 2018 no puede ser tenida en cuenta para determinar el inicio del cómputo
para liquidar el acuerdo de voluntades, debido a que los 45 días para suscribirla
transcurrieron entre el 1° de agosto de 2016 -día siguiente al fenecimiento del plazo
del contrato- y el 14 de septiembre de 2016 -fecha última en que se podía suscribir
dicho documento- y, con todo, el referido escrito se signó de forma posterior a ese
interregno.
25 Folios 18 a 26 del cuaderno de pruebas No. 1.
26 Folios 117 a 118 del cuaderno de pruebas No. 1.
27 Folios 129 a 133 del cuaderno de pruebas No. 1.
28 Folios 134 a 136 del cuaderno de pruebas No. 1.
20
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
A partir de lo expuesto, como el acta de cierre ambiental se habría tenido que
suscribir máximo el 14 de septiembre de 2016 y el acta de recibo final de la obra se
emitió el 23 de noviembre de 2016, sin que frente al segundo documento se hubiera
fijado un plazo específico para su expedición -como sí sucedió con el primero-, el
punto de partida del término para liquidar el contrato No. 1541 de 2012 es el día
siguiente a la última fecha en cuestión -teniendo en cuenta que los cocontratantes
sujetaron el inicio de ese plazo a la suscripción de los dos documentos-. Por tanto,
los 4 meses para liquidar bilateralmente el acuerdo de voluntades acontecieron
entre el 24 de noviembre de 2016 y el 24 de marzo de 2017.
4.3. Sobre la base de las apreciaciones precedentes, y en concordancia con el
criterio establecido en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, citado con antelación, Gaico contaba con 2 años para ejercer el derecho
de acción, que acontecieron pasados dos meses desde el fenecimiento del plazo
para la liquidación bilateral, esto es, entre el 25 de mayo de 2017 y el 25 de mayo
de 2019 y, considerando que la aquí demandante radicó el escrito inicial el 8 de
marzo de 2019, no cabe duda de que fue allegado en tiempo, sin perjuicio del
agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 8 de
agosto de 2018 y el 17 de septiembre de 201829.
5. Legitimación en la causa
Gaico y el Invías están legitimados en la causa por activa y por pasiva
respectivamente, ya que fueron suscribientes del contrato No. 1541 del 26 de
octubre de 2012 frente al cual se alega la asunción de obras adicionales.
6. Problemas jurídicos
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP30, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
29 Folios 137 a 138 del cuaderno de pruebas No. 1.
30 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
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fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”31.
Sobre la base de lo anterior, cabe señalar que, en su apelación, Gaico solicitó que
se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda pues, en su criterio, contrario a lo concluido por el a
quo, se demostró que tuvo que asumir obras adicionales no respaldadas en la
garantía de la obra derivada del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 que,
con todo, no le fueron reconocidas económicamente, razón por la cual pidió que su
pago fuera ordenado en sede judicial.
Ciertamente, adujo que: i) el objeto del contrato versó sobre la rehabilitación y
mantenimiento vial y no la reconstrucción, por lo que no debía efectuar
intervenciones profundas; ii) asumió obras adicionales como resultado de una falta
al deber de planeación del Invías y que no le fueron atribuidas en la matriz de
riesgos, ya que desde los pliegos de condiciones se exigieron tipologías de asfalto
de menor calidad a las requeridas, motivo por el cual no podían entenderse
cubiertas por la garantía de calidad; iii) aunque los diseños del proyecto estaban a
su cargo, aquellos fueron aprobados por la interventoría y, en todo caso, no podía
desconocer las exigencias de materiales de las condiciones precontractuales; iv) se
convino que, de haber obras adicionales, aquellas serían retribuidas con
emolumentos distintos al pago inicial; y v) aunque no formuló salvedades, ello no
impide estudiar de fondo el caso, pues el silencio frente a las modificaciones no
convalidó las obras adicionales sin pago.
A partir de lo anterior, a la Sala le corresponde resolver si Gaico asumió obras
adicionales con ocasión del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 que no le
fueron reconocidas por el Invías, por fallas en la estructuración de la entidad, o si
por el contrario las labores reparativas efectuadas se circunscribieron a la garantía
de calidad de la obra a su cargo y, por ende, eran de su entero resorte. Dentro de
31 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018
(radicado 05001233100020010306801 (46005)), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
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ello se verificará: si se exigió determinado tipo de material para la obra; si el acuerdo
de voluntades estaba restringido solo al mantenimiento, o si implicaba labores de
reconstrucción; si las fallas presentadas se asignaron en la matriz de riesgos; si la
aprobación de los diseños por la interventoría eximía de responsabilidad a la
contratista; y el alcance de la ausencia de salvedades frente a las modificaciones
efectuadas al negocio jurídico.
Por último, en caso de que prosperen las pretensiones declarativas, se pasarán a
estudiar las indemnizatorias.
7. Solución a los problemas jurídicos
A efectos de determinar si le asistió razón a Gaico en sus reproches de apelación,
corresponde verificar los sucesos alrededor de la suscripción y/o ejecución del
contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012, para lo cual se analizarán las pruebas
del expediente, incluidos: i) los documentos aportados al proceso, de conformidad
con el artículo 24632 del CGP; ii) los testimonios recaudados durante la primera
instancia, en virtud del artículo 21133 del CGP; y iii) el dictamen pericial allegado por
la parte actora, en concordancia con el artículo 22634 del CGP, evento último dentro
del cual se revisarán los requisitos generales de esa prueba para evaluar si procede
o no considerarla.
32 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
33 “Artículo 211. Imparcialidad del testimonio. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. // La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
34 “Artículo 226. Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen
al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. // Sobre un mismo
hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se
rendirá por un perito. // No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la
costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos
serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. // El perito deberá manifestar bajo
juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y
corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos
que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. //
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes,
métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos,
científicos o artísticos de sus conclusiones […]”.
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7.1. El iter del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012
7.1.1. La licitación pública No. LP-SGT-SRN-043-2012 y el contrato No. 1541
del 26 de octubre de 2012
7.1.1.1. Como resultado de la licitación pública No. LP-SGT-SRN-043-2012, el
Invías elaboró los estudios previos del aludido procedimiento, que tuvo por fin
suscribir un contrato de obra para el mantenimiento y rehabilitación vial de la vía
Honda Bogotá que sería a precios unitarios, con un valor estimado de
$33.707’596.621. También se precisó que el alcance de las labores de
mantenimiento y rehabilitación sería el dispuesto en el apéndice A elaborado por el
Invías35.
Igualmente, se dispuso que los ítems de obra contemplaban el A.I.U -
administración, imprevistos y utilidad esperada-, donde el porcentaje de imprevistos
no sería menor al 5%. A su vez, se estableció que se denominarían “obras
adicionales” aquellas que pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato y en donde todos los ítems tienen precios unitarios pactados, mientras que
se entendería por “obras complementarias” aquellas no incluidas en las condiciones
originales del contrato y que, por tanto, no pueden ejecutarse con los precios del
mismo.
Mientras que las obras complementarias se pagarían como producto de la
elaboración de planillas diarias de control allegadas por el contratista, las obras
adicionales se pagarían “a los precios establecidos en el formulario de la propuesta”.
7.1.1.2. En julio de 201236, el Invías elaboró el pliego de condiciones de la
licitación pública No. LP-SGT-SRN-043-2012, en los cuales señaló, entre otros que,
para la ejecución del acuerdo de voluntades, se tendrían en cuenta las
especificaciones contenidas en los documentos precontractuales, adecuadas al
objeto negocial. Así, se previó que “El proponente favorecido con la adjudicación
del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros
que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos”. Al punto, se
prescribió que “el Instituto no aceptará ningún reclamo del constructor por los
35 Archivo “estudios previos” del CD2 del folio 53 del cuaderno principal.
36 Archivo “Pliego de condiciones” del CD2 del folio 53 del cuaderno principal.
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costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes de materiales o
elementos de construcción” (Subrayas añadidas).
Dentro de los criterios de calificación de las propuestas, entre otros, se previeron
los de apoyo a la industria nacional, factor de calidad, anticipo solicitado, A su vez,
la contratante ordenó que “el contratista deberá responder por la calidad y
estabilidad de la obra diseñada y construida”. Como consecuencia “Toda obra
rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra
de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de
construcción o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o
reparada por cuenta del contratista”.
En cuanto a las “cantidades de obra”, se precisó que son “aproximadas” y están
calculadas con base en las evaluaciones iniciales, por lo tanto se podrán aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra, sin que el contrato se viciara
por ello, de ahí que el contratista estaría obligado a ejecutar las mayores cantidades
de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presentaran
circunstancias imprevisibles, habida cuenta que en la fase de estudios y diseños a
cargo del futuro contratista se detallaría la manera en que se efectuaría la
intervención en cada tramo objeto del procedimiento licitatorio, por lo que las
estimaciones de la entidad contratante eran preliminares y no definitivas.
Por su parte, se estableció que “El proponente deberá inspeccionar y examinar el
sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del
sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales
necesarios para su ejecución”. Como consecuencia se fijó que “Es responsabilidad
del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán
ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para
posteriores reclamaciones al INVIAS”.
Finalmente, se fijó que serían elementos del contrato: los documentos de la
licitación, el acto de adjudicación, las garantías otorgadas y demás anexos
relacionados.
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7.1.1.3. En junio de 201237, el Invías emitió el documento “Apéndice A” de la
licitación No. LP-SGT-SRN-043-2012, con el objetivo de precisar el “alcance del
contrato” a celebrar. En general, se indicó que el objetivo del proyecto era llevar a
cabo labores de mantenimiento, refuerzo estructural, rehabilitación y atención en
sitios críticos de la vía objeto de la licitación.
A la vez, se determinó que “las obras que se proyectan ejecutar son producto de
una inspección superficial -visual- mediante la cual se determinó las necesidades
de rehabilitación y mantenimiento de esta carretera, situación que puede variar una
vez se suscriba el contrato. Por tanto, está sujeto a modificación por cantidades de
obra y/o ítems no previstos, de acuerdo con las necesidades de la carretera y una
vez se entregue por parte del contratista y se apruebe por la interventoría el cálculo
de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras de geotecnia
requeridas para garantizar la estabilidad de las obras y de la banca de la carretera”.
Para el efecto, se estipuló que, para lograr los objetivos planteados en la
contratación, se requería el diseño de la rehabilitación de la estructura del pavimento
en los sectores más afectados, y el diseño de las estructuras de drenaje y
contención, así como los estudios de estabilidad y el diseño de las obras requeridas.
Por otro lado, se dictaminó que “correrían por cuenta y responsabilidad del
contratista, la obtención y conservación durante el plazo del contrato de los
derechos de explotación de las fuentes de materiales, [que] serán las que determine
el contratista, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes
y las especificaciones particulares del anexo técnico”.
Finalmente, se establecieron como “actividades generales a desarrollar dentro del
alcance del contrato” las de: i) elaboración de estudios y diseños; ii) obras de
mantenimiento; iii) refuerzo estructural, construcción y/o rehabilitación; iv) atención
de sitios críticos; v) señalización de las obras; y vi) “todas aquellas [obras de
contención y estabilización] que se requieran de acuerdo con los estudios y diseños
que debe realizar el contratista” (aclaración añadida). Así, se concluyó que Gaico
debería garantizar la transitabilidad y mantenimiento permanente del corredor vial.
37 Folios 27 a 43 del cuaderno de pruebas No. 1 y archivo “043_APENDICE A_11JUL2012” de la
carpeta de anexos numeral 1 del CD1 del folio 20 del cuaderno principal.
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7.1.1.4. En junio de 201238, el Invías expidió el “apéndice B” de la licitación No. LP-
SGT-SRN-043-2012, con el objetivo de establecer las especificaciones y normas
técnicas de diseño, construcción y mantenimiento para carreteras.
En cuanto a la elaboración de estudios y diseños para rehabilitación de carreteras,
se explicó que aquellos tenían como fin establecer el alcance de las obras
requeridas frente a aspectos como estructura del pavimento, obras de contención,
arte y drenaje, señalización y bermas, entre otros. Con todo, se estableció que el
documento constituía una simple guía básica, sin perjuicio de los diseños a cargo
del contratista. Así, se definieron las labores de restauración, refuerzo, reciclado y
reconstrucción, objeto del contrato, así:
• Restauración: Entendida como la ejecución de trabajos que mejoran la
condición superficial del pavimento, pero no aumentan su capacidad
estructural.
• Refuerzo: Definida como la colocación de capas de pavimento que
proporcionan capacidad estructural adicional o mejoran el nivel de servicio a
los usuarios.
• Reciclado: Comprendida como la reutilización de parte de las capas de la
estructura existente, para mejorar su capacidad estructural, y que trae
consigo el deber de adicionar nuevos materiales para mejorar la resistencia
y el comportamiento del pavimento mejorado.
• Reconstrucción: Determinada como la remoción de capas y el reemplazo
parcial o total del pavimento, para mejorar su capacidad estructural,
adaptándolo a las necesidades del tránsito futuro.
A la sazón, se indicó que, para el diseño de pavimentos, se debía contar con la
caracterización completa de los materiales estructurales a utilizar, así como con la
evaluación estructural de los tramos a intervenir, “para determinar las
intervenciones”.
Posteriormente, en la “especificación particular 450-P”, se hizo referencia a las
mezclas asfálticas en caliente (concreto asfáltico y mezcla de alto módulo) tipo
MDC-2 y se especificó que “en caso de requerirse aditivos mejoradores de
adherencia, su costo debería estar incluido en el precio unitario de la mezcla”, por
38 Folios 44 a 75 del cuaderno de pruebas No. 1 y archivo “043_APENDICE B_11JUL2012” de la
carpeta de anexos numeral 1 del CD1 del folio 20 del cuaderno principal.
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lo que, según lo que se definiera en los estudios y diseños, podía acudirse a mezclas
con polímeros de mayor calidad. De otro lado, en la especificación particular 621-
07P se estableció que, para la construcción de los pilotes pre-excavados o caissons
-pozos de cimentación- se usaría concreto con asentamiento 20+/-2cm y resistencia
a la compresión inconfinada.
Por último, en las “especificaciones generales de mantenimiento de carreteras” del
Invías se recomendaron las siguientes mezclas asfálticas según cada escenario39:
• Parcheo de calzada y bermas pavimentadas: Se usarían materiales como los
ligantes y mezclas asfálticas en caliente de gradación continua de forma
preferencial o, de ser impracticables, mezclas densas en frio.
• Parcheo temporal en calzada y bermas pavimentadas: Se usarían materiales
como los ligantes y mezclas asfálticas en caliente de gradación continua o
mezclas abiertas con emulsión asfáltica de rotura media.
• Bacheo de pavimentos asfálticos: Se usarían materiales como los ligantes y
mezclas asfálticas en caliente de gradación continua, aunque “el tipo o los
tipos de mezcla por emplear dependerán del espesor compacto de las capas
de reparación”.
• Nivelación de bermas granulares no revestidas: Se usarían los materiales
que se señalen en cada contrato.
• Sobrecapa delgada: Se usarían materiales como agregado pétreo, cemento
asfáltico y aditivos mejoradores de adherencia.
7.1.1.5. En 201240 el Invías profirió el “apéndice C”, atinente a la gestión del riesgo,
para lo cual comenzó por señalar que, como el contrato a suscribir sería a precios
unitarios, existe un compromiso del contratista de realizar todas las actividades
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones bajo su cuenta y riesgo. Así,
se prescribió que “el contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno
de los riesgos asociados a este contrato al igual que respecto a los que logre
determinar, salvo los definidos en la matriz de riesgos y en el apéndice C”.
39 Archivo “Manual de Mantenimiento de Carreteras 2016_V2-165-225” de la carpeta de anexos
numeral 1 del CD1 del folio 20 del cuaderno principal.
40 Archivo “Apéndice C pliego” del CD2 del folio 53 del cuaderno principal.
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En específico, se resaltan los siguientes riesgos relevantes con la contienda y su
asignación preliminar, en línea con la matriz de riesgos41 adjunta con el apéndice C:
TIPO DE DEFINICIÓN ASIGNACIÓN
RIESGO
Estudios y Consiste en toda dificultad derivada de los estudios y Lo asume el
diseños para diseños de rehabilitación del proyecto, y los ajustes contratista.
la que sean necesarios durante la ejecución del
rehabilitación proyecto, cumpliendo con la normatividad,
del pavimento especificaciones y normas técnicas vigentes y
obligatorias para el proyecto.
Riesgo de Consiste en la probabilidad de que el monto y la Lo asume el
mantenimiento oportunidad del costo de la inversión y plazo de contratista.
y ejecución no sean los previstos por mayores
rehabilitación cantidades de obra, por los costos, disponibilidad y
calidad de los materiales, por la disponibilidad,
calidad, daño y antigüedad de los equipos utilizados y
su correcta operación, por los procesos constructivos
y la tecnología de construcción, por la estabilidad de
las obras ejecutadas, por la programación de
actividades, por acceso y disponibilidad de las fuentes
de materiales y botaderos, por la interferencia de
redes de servicios y en general por todas las
actividades y recursos físicos, humanos y
administrativos requeridos para la ejecución del
alcance del proyecto.
Expropiación Consiste en un procedimiento con el fin de privar a un Lo asume el
judicial particular de la titularidad de un bien a cambio de una Invías
indemnización.
Nuevas Consiste en la expedición de nueva normativa durante Lo asume el
normas la ejecución del contrato que sea aplicable al proyecto Invías
Precios Consiste en el evento en que los precios unitarios se Lo asume el
unitarios por encuentran por debajo del 95% de cada uno de los contratista.
debajo del ítems del presupuesto oficial y/o de cada uno de los
presupuesto costos directos e indirectos en la propuesta del
proponente y/o contratista.
Mayor Consiste en aquel riesgo en el que el contratista se ve Lo asume el
permanencia sometido a durar un tiempo mayor al previsto en la contratista.
ejecución del contrato. Incluye mayor permanencia y
standby de maquinaria y disponibilidad de personal,
el no inicio de las obras y/o demoras en la ejecución
y/o parálisis de la mismas ocasionadas por la no
entrega oportuna de los estudios y diseños del
proyecto, que lleve a cabo el contratista, de acuerdo
con lo estipulado en el Numeral respectivo del
Apéndice A, en caso de que dichos estudios y
diseños estén a cargo del contratista. Riesgo que
asume el proponente y/o contratista.
Mayores Consiste en la ejecución de mayores cantidades de Lo asume el
cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o contratista.
obra procedimientos constructivos inadecuados
imputables al proponente y/o contratista, o por
deficiente programación (o cronología) de ejecución
de las obras.
41 Archivo “Copia de matriz de riesgo” del CD2 del folio 53 del cuaderno principal.
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7.1.1.6. Gaico presentó oferta por la suma de $41.981’784.478, valor dentro del cual
incluyó costos tales como demolición de estructuras, pisos y andenes de concreto;
mezcla densa en caliente tipo MDC-2; acero, disipadores de energía y cunetas; y
transporte de material, entre otros42.
7.1.1.7. Como resultado de la licitación pública No. LP-SGT-SRN-043-2012, el 8 de
octubre de 201243, el Invías profirió la Resolución No. 05611, mediante la cual
adjudicó a Gaico el procedimiento de selección, cuyo objeto consistió en elegir a
un contratista para el mantenimiento de la vía Honda – Villeta – Tobia Grande –
Bogotá, del departamento de Cundinamarca.
7.1.1.8. El 26 de octubre de 201244, el Invías y Gaico suscribieron el contrato de
obra No. 1541, que tuvo por objeto ejecutar, por el sistema de “precios unitarios con
ajustes”, el “mantenimiento y rehabilitación de la carretera Honda – Villeta- Tobia
Grande – Bogotá, sector Honda – Villeta, ruta 50, tramo 5008, departamento de
Cundinamarca”, con un valor de 41.981’784.478, para lo cual se señaló que “incluye
provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales, obras ambientales,
estudios e IVA), con un plazo de 21 meses.
En la cláusula primera se estableció que el contratista asumiría de forma obligatoria
los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones, así
como aceptados en su propuesta. Seguidamente, la cláusula segunda dispuso que
el precio del contrato se determinaría con “la suma de los productos que resulten de
multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados
en la propuesta del contratista”, por lo que “las cantidades de obra son aproximadas
y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la
obra”.
Por su parte, en las cláusulas quinta y sexta se prescribió que el contrato sería
vigilado por el interventor contratado por la entidad, quien daría visto bueno de
aspectos como el Programa de Inversiones. Sucesivamente, la cláusula octava
dictaminó que el pago al contratista se haría mediante la presentación de actas
mensuales de obra, que deberían ser refrendadas por aquel y el interventor, y en
42 archivo “043_Propuesta_económica Gaico” de la carpeta de anexos numeral 3 del CD1 del folio
20 del cuaderno principal.
43 Folios 11 a 17 del cuaderno de pruebas No. 1.
44 Folios 18 a 26 del cuaderno de pruebas No. 1.
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las que se anexaría el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente
mes y la verificación del pago de parafiscales.
A su turno, la cláusula décima estipuló que se entendería por: i) obras adicionales,
aquellas que por su naturaleza pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde
todos los ítems tengan precios unitarios pactados, las cuales serían ordenadas por
escrito por la entidad contratante, y se pagarían a los precios establecidos en el
respectivo formulario de la propuesta; y ii) obras complementarias, aquellas que
no están incluidas en las condiciones originales del contrato y que no pueden
ejecutarse con los precios del mismo, las cuales se podrían ordenar por la
contratante y el contratista estaría obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos
hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarios para ejecutar la
obra o protegerla, y cuyo precio sería convenido por los cocontratantes.
Dentro de los costos directos de las obras complementarias, se incluyeron los de i)
el valor de los materiales puestos al pie de la obra; ii) los jornales y sueldos útiles,
aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el contratista
en la propuesta; iii) el alquiler del equipo y herramientas; y iv) eventualmente, las
tarifas no establecidas en la propuesta.
Como obligaciones del contratista se establecieron, además de las relacionadas con
la concreción del objeto negocial, las de fijar vallas informativas -cláusula décima
primera-, el nombramiento de personal -cláusula décima segunda-, el pago de
aportes parafiscales y seguridad social -cláusula décima tercera- y la gestión
ambiental -cláusula décima cuarta-.
A la vez, en el parágrafo tercero de la cláusula décima cuarta también se precisó
que el contratista debía prever que “los precios unitarios del presupuesto oficial a
pagar por el instituto cubren, entre otros, todos los gastos de explotación, costos por
evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalías,
arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación,
almacenamiento, cargue, transporte y descargue”.
En la cláusula décima octava las partes convinieron, dentro de la garantía única que
debía suscribir el contratista, el amparo de la estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas, por el equivalente al 30% del valor final de las obras, con vigencia de 5
31
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años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a
satisfacción de las obras por parte del Invías.
Asimismo, la cláusula vigésima primera estipuló que el contrato se liquidaría en los
términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, es decir, en 4 meses bilateralmente
y, de no lograrse de esa forma, en 2 meses unilateralmente, plazo que habría de
contabilizarse a partir del acta de recibo definitivo o final de la obra y la suscripción
del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada, que se suscribiría dentro de
los 45 días calendario siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
De otro lado, en la cláusula vigésima tercera se indicó que el contratista debía
proporcionar al Invías un trabajo acorde con la calidad definida en el contrato, para
lo cual habría de ejecutar y controlar los trabajos a su cargo bajo el enfoque de un
modelo de aseguramiento de la calidad, conforme con la norma NTC-ISO 9001,
versión 2000 o 2008. Como consecuencia, se le exigió desarrollar un plan de calidad
específico para el proyecto, incluyendo los requisitos del sistema de aseguramiento
de la calidad, donde definiría las labores claves del mismo para cumplir dicho
objetivo, documento que se presentaría al interventor.
Finalmente, la cláusula vigésima quinta prescribió que se entenderían como
documentos del contrato: i) las especificaciones generales de construcción y las
especificaciones técnicas particulares del pliego de condiciones; ii) los pliegos de
condiciones de la licitación; iii) la propuesta del contratista; iv) certificaciones
bancarias alusivas a las cuentas para efectuar los pagos; v) los contratos que se
suscriban para la obtención de las garantías; vi) el registro presupuestal; y vii) los
formularios alusivos a tributos.
7.1.2. La ejecución del Contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012, sus
modificaciones y las fallas presentadas en el asfalto intervenido
7.1.2.1. El 18 de diciembre de 201245, el Invías profirió la “orden de iniciación” del
contrato No. 1541 del 8 de octubre de 2012. A la vez, se informó que la entidad
contrató al consorcio CCC-AIM/10 -en adelante se lo denominará la interventoría-
para que efectuara la interventoría del proyecto.
45 Folios 76 a 77 del cuaderno de pruebas No. 1.
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7.1.2.2. Gaico elaboró los “estudios y diseños del mantenimiento y
rehabilitación de la carretera Honda – Villeta – Tobia Grande – Bogotá – Sector
Honda – Villeta Ruta 50 Tramo 5008”46 en los cuales se hizo un análisis de las
condiciones de la vía a intervenir. Entre ello se clasificaron los tramos según el nivel
de deterioro en dos categorías “la primera correspondiente a los deterioros Tipo A,
que caracterizan la condición estructural del pavimento y la segunda a los deterioros
Tipo B, que en su mayoría son funcionales”.
Posteriormente, se indicó, en cuanto al sector PR33+0000 a PR46+000047, que “a
lo largo del corredor no se evidencian sectores homogéneos claros, en cuanto a
características de la estructura del pavimento se refiere”, con todo, se precisó que
dicho tramo “presenta un índice de deterioro superficial promedio de 4,84 = 5,0, el
cual corresponde a una condición DEFICIENTE según la metodología VIZIR”.
Empero, luego se señaló que, de cualquier forma, “la superficie del pavimento se
encuentra en general en un estado aceptable”, por lo que se propuso, dentro de las
labores de mantenimiento, actividades como parcheo y sello de fisuras, así como la
colocación de una sobrecarpeta asfáltica.
Luego se aseveró que “al evaluar las deformaciones admisibles para cada una de
las estructuras existentes se observa que estas presentan problemas de fatiga ya
que en los tres (3) tramos los valores actuantes en las carpetas asfálticas superan
los admisibles; igualmente en los tres (3) tramos se superan las deformaciones en
la superficie del pavimento pues las deflexiones superan los valores admisibles; lo
anterior corrobora que el pavimento requiere un refuerzo estructural para soportar
las exigencias del tráfico”. Al punto, se arguyó que “Es claro que la superficie del
pavimento, presenta tanto daños de tipo estructural (Tipo A) como daños de tipo
funcional (Tipo B), que deben ser solucionados, y que indican el envejecimiento de
la carpeta asfáltica ante las solicitaciones del tráfico y las condiciones climáticas, la
rehabilitación propuesta requiere que estos daños sean solucionados con
anterioridad a la colocación del refuerzo”.
Ante la anterior problemática, Gaico propuso en los estudios realizados lo siguiente
(se transcribe de forma literal, incluso con eventuales errores):
46 Folios 225 a 400 del cuaderno de pruebas No. 1.
47 Archivo “INFORME PAVIMENTOS V1 TRAMO 2” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1
obrante en el folio 20 del cuaderno principal.
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“Por tal motivo para la atención integral del pavimento se recomienda
como primera medida la ejecución de actividades de parcheo en las zonas
donde se presentan fisuras piel de cocodrilo (FPC), ahuellamientos (AH)
y deformaciones transversales y longitudinales (DL y DT), igualmente se
recomienda el sello de las diferentes fisuras que hacen presencia en
varias zonas del tramo estudiado. Para las actividades de parcheo se
debe fresar un espesor de 10 cm, con el fin de garantizar el reemplazo de
la carpeta desde profundidad a la que aparecen las fisuras.
Como segundo paso y teniendo en cuenta que el envejecimiento de la
carpeta asfáltica es continuo, que en las fibras inferiores de la carpeta
asfáltica existente se superan las deformaciones horizontales por flexión
y que en superficie también se superan las deformaciones del pavimento,
se recomienda después de haber realizado la solución de los diferentes
daños existentes, la colocación de una sobrecarpeta de mezcla densa en
caliente tipo MDC-2, con el fin de proveer una superficie nueva al
pavimento y de proteger la carpeta existente, reduciendo estas
deformaciones en las carpetas existentes”.
En cuanto a los sectores 1 PR26+000 – PR30+00048, Gaico indicó que “se
establecieron sectores homogéneos en cuanto al perfil estratigráfico se refiere” y
que se cuenta con “una carpeta asfáltica envejecida”. Luego se precisó que “la
estructura del pavimento existente en el sector 1, se encuentra sobre un material de
relleno, constituido por materiales arenosos, de grano medio y con algo de gravas.
De igual forma en el sector 2 la estructura de pavimento se encuentra apoyada
sobre suelos arcillosos, con algo de arena fina, de plasticidad media y baja
comprensibilidad”.
Posteriormente se argumentó que “como resultado de la auscultación visual se tiene
en general que el sector comprendido entre el PR26+000 y el PR30+000 presenta
un índice de deterioro superficial promedio de 4,88 (aproximadamente 5), el cual
corresponde a un estado deficiente del tramo vial en estudio según la metodología
VIZIR. Esta calificación se debe principalmente a que a lo largo del tramo en estudio
se encuentra un área de alrededor del 6,10% sometida a mantenimientos mediante
bacheos y parcheos; se encuentran en menor medida daños como ahuellamientos
AH como un 1,98%, y fisuras longitudinales por fatiga FLF. Además de lo anterior,
más del 12% en el área del tramo evidencia daños tipo B, con el daño característico
de pérdida de la película de litigante PL con un porcentaje de daños superior al 14%
del área total del tramo”.
Ante ese panorama, se propuso la ejecución de actividades de parcheo en las zonas
donde se presentaban fisuras, así como el sello de aquellas para luego implementar
48 Archivo “Informe pavimentos V1” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el folio 20
del cuaderno principal.
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la colocación de una sobrecarpeta de mezcla asfáltica, con el fin de proveer una
superficie nueva al pavimento y de proteger la carpeta existente. Sobre ello, se
puntualizó que “se recomienda después de haber realizado la reparación de los
daños existentes la colocación de una sobrecarpeta en mezcla asfáltica tipo MAM”.
Finalmente, en el sector 1PR08+0000-PR20+050049, se diagnosticó que su carpeta
asfáltica había sido modificada por acciones de bacheo y parcheo y “presenta un
índice de deterioro superficial promedio de 4,84 = 5,0, el cual corresponde a una
condición deficiente”.
Sobre ello se arguyó que “es claro que la superficie de pavimento presenta daños
de tipo estructural (tipo A) como daños de tipo funcional (tipo B) que deben ser
solucionados, y que indican en envejecimiento de la carpeta asfáltica ante las
solicitaciones del tráfico y las condiciones climáticas”. Como solución, se propuso
“la ejecución de actividades de parcheo en las zonas donde se presentan fisuras”,
su sellado y, como segundo paso “la colocación de una sobrecarga de mezcla densa
en caliente tipo MDC-2, con el fin de proveer una superficie nueva al pavimento de
proteger la carpeta existente”.
7.1.2.3. El 30 de enero de 201350 se emitió el acta de comité técnico No. 5, en el
cual se entregaron resultados de deflectometría, se hicieron varias observaciones,
se inició la señalización de varios sitios críticos y se hizo un balance de las
actividades ejecutadas la semana anterior a esa fecha.
7.1.2.4. El 12 de febrero de 201351, se expidió el acta de comité técnico No. 8, en el
cual se manifestó que hay varios sitios que, en virtud de la garantía, requieren
mantenimiento inherente a la conservación del pavimento.
7.1.2.5. El 10 de abril de 201352, se expidió el acta de comité técnico No. 10, en el
cual, entre otros, la interventoría solicitó revisar algunos hundimientos presentados
en las ampliaciones de sobreanchos.
49 Archivo “INFORME PAVIMENTOS V3” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el
folio 20 del cuaderno principal.
50 Archivo “Acta comité técnico No.5” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
51 Archivo “Acta comité técnico No.8” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
52 Archivo “Acta comité técnico No.19” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
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7.1.2.6. El 6 de mayo de 201353, la interventoría le indicó al contratista que encontró
deterioro en varios de los tramos que intervino Gaico para colocar la segunda capa
de la sobrecarpeta en MDC-2, específicamente en el sector PR24+000/500. Así, se
advirtió que “en particular nos referimos al sector del PR24+000/500 donde se
observan áreas con pérdida de finos, lo cual se originó demasiado temprano
teniendo en cuenta que la mezcla asfáltica en este sector se colocó antes del 22 de
abril”.
7.1.2.7. El 9 de mayo de 201354 se expidió el acta de comité técnico No. 25, en el
cual, entre otros, se dejó constancia de que se atendieron varias observaciones
hechas al contratista sobre los diseños realizados.
7.1.2.8. El 21 de mayo de 201355, la interventoría le trasladó a Gaico las opiniones
elaboradas por su especialista de pavimentos, donde se argumentó que las fallas
presentadas en el asfalto pudieron deberse a fenómenos de venteo al momento de
instalación y/o segregación térmica durante el transporte a la compactación, con
tendencia futura al desprendimiento de agregados debido al tráfico pesado del
corredor. Es por ello que se pidió al contratista subsanar las falencias en cuestión.
7.1.2.9. El 2 de julio de 201356 se expidió el acta de comité técnico No. 37, en el cual
se hicieron varias observaciones en cuanto al pavimento respecto del sector PR-
8+000 al PR 8-535, en el sentido de pedir que se presentara una propuesta para el
uso de asfaltos modificados en ese tramo, a la vez que, en cuanto al tramo PR
8+535 al 20+500 se aprobó el diseño presentado.
7.1.2.10. El 11 de julio de 201357 se expidió el acta de comité técnico No. 39, en el
cual se dejó constancia de las actividades ejecutadas por el contratista, los avances
en los estudios y diseños y las novedades que, en parte, han dificultado la
producción, transporte y colocación de la carpeta asfáltica y parcheo.
53 Página 13 del archivo “25_25000” del índice 34 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
54 Archivo “Acta comité técnico No.25” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
55 Páginas 14 a 16 del archivo “25_25000” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
56 Archivo “Acta comité técnico No.37” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
57 Archivo “Acta comité técnico No.39” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
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7.1.2.11. El 18 de julio de 201358, la interventoría remitió al Invías el informe de
pavimentos (tomo 1 versión 3) y el informe de pavimentos (tramo 2 versión 1),
manifestando que estaban aprobados por la interventoría.
7.1.2.12. El 11 de diciembre de 201359, el Invías y Gaico suscribieron el adicional
No. 1 al contrato principal 1541 de 2012, en el cual se adicionó el acuerdo de
voluntades en la suma de $1.929’161.845,33, para un valor total de
$43.910’946.323,33. Finalmente, se prescribió que “continúan vigentes todas las
estipulaciones del contrato y adicionales que no se hayan modificado por lo
acordado en este documento”.
7.1.2.13. El 20 de diciembre de 201360, el Invías y Gaico convinieron el
modificatorio No. 1 al contrato No. 1541 de 2012, en el sentido de modificar la
cláusula novena y, por tanto, entregarle al contratista un anticipo adicional de
$2.397’960.519. Subsiguientemente se estipuló que “continúan vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento”.
7.1.2.14. El 20 de diciembre de 201361, el Invías y Gaico celebraron el adicional
No. 2 al contrato principal No. 1541 de 2012, en el cual se prorrogó el plazo del
acuerdo de voluntades desde el 14 de septiembre de 2014 hasta el 1° de diciembre
de 2014 y se adicionó su valor en $5.730’668.266, para un valor total acumulado de
$49.641’614.489,33. Seguidamente se indicó que “continúan vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento”.
7.1.2.15. El 10 de febrero de 201462, la interventoría le señaló a Gaico, frente a las
PR 26+000 y 30+000, que se encuentran altas pendientes combinadas con radios
de giro cerrados donde el tráfico ha generado ahuellamiento y desplazamiento de
la mezcla asfáltica existente, por lo que se sugirió el empleo de mezclas
modificadas.
58 Páginas 24 a 25 del archivo “25_25000” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
59 Folios 78 a 80 del cuaderno de pruebas No. 1.
60 Folios 80 a 81 del cuaderno de pruebas No. 1.
61 Folios 82 a 83 del cuaderno de pruebas No. 1.
62 Archivo “C.E 0027-2014 HONDA-VILLETA esta” del CD1 obrante en el folio 20 del cuaderno
principal.
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7.1.2.16. El 28 de febrero de 201463, la interventoría le informó a Gaico que, frente
a las reparaciones que debiera efectuar el contratista, como producto de fallas del
pavimento, de acuerdo a lo indicado en el contrato, estas se harían por cuenta y
riesgo del contratista.
7.1.2.17. El 4 de marzo de 201464, Gaico le informó a la interventoría, en línea con
el oficio No. BIL-17777-091 del 5 de marzo de 2014, que en el tramo PR08+0000 y
PR08+0600 “se observa que la mezcla tipo MDC-2 instalada en un espesor de 10
cm, entre el PR08+0000 y el PR08+0600, en general cumple con los diferentes
parámetros establecidos por las especificaciones INVIAS, lo que indica que los
daños tipos ahuellamiento presentes en este tramo no son producto de deficiencias
de la mezcla asfáltica”. Sin perjuicio de ello, se recomendó “el retiro total de la sobre-
carpeta de refuerzo instalada” para, posteriormente, “la colocación de 10 cm de una
mezcla asfáltica modificada con polímeros del tipo V”.
7.1.2.18. El 12 de marzo de 201465, la interventoría le manifestó a Gaico que, ante
las fallas presentadas en el tramo PR 8+000 a PR 8+6000, que se consideraba
válida la alternativa de retirar los 10 cm de mezcla normalizada instalada en el sector
afectado, e implementar mezclas asfálticas modificadas con polímeros tipo 5.
7.1.2.19. El 14 de mayo de 201466, la interventoría le informó a Gaico que, realizado
un recorrido desde el PR8+000 al PR20+500 se encontraron zonas con pavimento
afectado por fenómenos como ahuellamiento y ondulación en las cuales era
necesario realizar reparaciones.
7.1.2.20. El 4 de julio de 201467, el Invías y Gaico signaron el adicional No. 3 y
modificación No. 2 al contrato No. 1541 de 2012, en el cual se prorrogó el plazo
del acuerdo de voluntades desde el 1° de diciembre de 2014 hasta el 29 de
diciembre de 2014 y se adicionó su valor en $2.270’000.000, para un valor total de
$51.911’614.589,33. Posteriormente se indicó que “continúan vigentes todas las
63 Página 49 del archivo “25_25000” del índice 34 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
64 Páginas 1 a 7 del archivo “24_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
65 Archivo “C.E 0052-2014 HONDA-VILLETA esta” del CD1 obrante en el folio 20 del cuaderno
principal.
66 Páginas 52 a 55 del archivo “25_25000” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
67 Folios 84 a 86 del cuaderno de pruebas No. 1.
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estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento”.
7.1.2.21. El 16 de julio de 201468, se emitió el acta de comité técnico No. 103, en la
cual se dejó constancia de las actividades ejecutadas, incluyendo las del “sitio crítico
PR53-100”, donde se llevaron a cabo labores de fundido de pilotes, relleno, anclajes
y obras de mitigación.
7.1.2.22. El 31 de julio de 201469, la interventoría le informó a Gaico que el 25 de
junio se realizó una visita técnica al sitio del proyecto entre el PR-8+500 y el PR
9+000 y, junto con otro recorrido del 31 de julio de 2014 “se evidenciaron
afectaciones superficiales como es el caso de ahuellamientos y ondulaciones”.
Como consecuencia, pidió que se consultara al especialista respectivo sobre el tipo
de intervención requerida.
7.1.2.23. El 11 de agosto de 201470, la sociedad Bateman Ingeniería S.A., quien fue
contratada para realizar los estudios de deflectometría, le informó a Gaico que,
frente a los tramos del PR8+000 al PR20+500, del PR33+000 al PR46+000 y del
PR21+750 al PR24+000, “en la gran mayoría de sectores la estructura de pavimento
existente no está en capacidad de resistir las cargas de tráfico de diseño”, de modo
que se consideró viable utilizar una mezcla asfáltica tipo MAM -enunciada como tipo
V de alto módulo con el comunicado mediante el cual se adjuntó el diagnóstico
efectuado por la consultora-.
7.1.2.24. El 14 de agosto de 201471, se emitió el acta de comité técnico No. 108, en
el cual, entre otros, se solicitó a la interventoría hacer un inventario detallado de las
áreas de pavimento que registraban problemas.
En esa misma fecha, la consultora Bateman Ingeniería S.A., a través de la
interventoría, le informó a Gaico que se identificaron varios sectores con falencias
en la superficie del pavimento, consistentes en ahuellamientos y deformaciones en
68 Archivo “Acta comité técnico No.103” de la carpeta “Anexos numeral 2” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
69 Páginas 83 a 88 del archivo “25_25000” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
70 Páginas 35 a 42 del archivo “24_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
71 Archivo “Acta comité técnico No.108” de la carpeta “Anexos numeral 3” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
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la superficie asfáltica así (se transcribe en forma literal, incluso con eventuales
errores)72:
SECTOR TIPO DE PATOLOGÍA
PR08+0000 - PR08+0550 Ahuellamiento
PR08+0700 - PR09+0150 Ondulaciones
PR09+0950 Ondulaciones
PR10+0300 - PR10+0600 Ondulaciones
PR10+0750 - PR10+0780 Ondulaciones
PR12+0730 - PR12+0880 Ondulaciones
PR12+0900 - PR12+0930 Ondulaciones y ahuellamiento frente a
muro
PR13+0380 - PR12+0550 Ondulaciones
PR15+0655 - PR15+0660 Ondulaciones
Ante ese contexto, argumentó que “para esta asesoría los daños encontrados se
deben a condiciones específicas de operación de la vía en cada sitio, estas
condiciones específicas han generado solicitaciones que sobrepasan la capacidad
estructural de la mezcla densa en caliente tipo MDC-2”. En tal virtud, se anotó que
“la capa asfáltica a utilizar para estas reparaciones corresponde a la mezcla tipo
MAM Invías 2007, modificada con polímero tipo V”.
7.1.2.25. El 22 de agosto de 201473, Gaico le informó a la interventoría que, con el
fin de terminar la colocación de la mezcla asfáltica modificada MAM en el tramo
comprendido entre el PR8+000-PR8+500 “produciremos y colocaremos mezcla
durante los días sábado 23 y domingo 24 de agosto de 2014”. En la misma fecha,
la interventoría le indicó al Invías que, una vez la interventoría evidenció la falla
prematura del pavimento del PR8+000 al PR8+500 a mediados de agosto de 2013,
se le solicitó al contratista la propuesta de intervención en ese sitio, para lo cual se
propuso utilizar un asfalto modificado con polímeros, aspecto que está siendo
ajustado por el sujeto pasivo de la relación negocial74.
7.1.2.26. El 25 de agosto de 201475, la interventoría le manifestó a Gaico su
desacuerdo con el hecho de que hubiera instalado la primera capa en el carril
derecho de la mezcla de alto módulo MAM tipo 5 desde el PR8+545 al PR8+000.
72 Páginas 16 a 18 del archivo “24_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
73 Página 14 del archivo “24_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
74 Páginas 92 a 97 y 107 a 114 del archivo “25_25000” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
75 Páginas 115 a 116 del archivo “25_25000” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
40
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Lo anterior, por considerar que el contratista se rehusó a realizar el sello de grietas,
de ahí que se dejara constancia de tal irregularidad.
7.1.2.27. El 10 de septiembre de 201476, Gaico le solicitó a la interventoría la adición
del contrato No. 1541 de 2012, en cuanto a la inclusión de los análisis de precios
unitarios no previstos, consistentes en la mezcla densa en caliente tipo MDC1 y
mezcla densa en caliente tipo MDC1 modificada con polímero tipo 5. Frente al
segundo insumo, se indicó que se habría de utilizar para contrarrestar el deterioro
prematuro que se puede ocasionar por las condiciones de uso que va a tener el
pavimento en este tramo.
En la misma fecha77, Gaico allegó para su firma el acta de fijación de ítems no
previstos y otros documentos, incluyendo: i) la mezcla densa en caliente tipo MDC-
1 modificada con polímero tipo 5, con un precio unitario de $654.562, así como ii)
la mezcla densa en caliente tipo MDC-1, con un valor unitario de $541.535, con el
fin de que le fueran reconocidos los costos en cuestión.
7.1.2.28. El 12 de septiembre de 201478, la interventoría le pidió a Gaico que
informara la fecha en que estaría realizando las reparaciones a los daños
presentados en la carpeta asfáltica.
7.1.2.29. El 15 de septiembre de 201479, Gaico le informó a la interventoría que se
evidenciaron afectaciones superficiales puntuales, como ahuellamientos y
ondulaciones en varios sitios, ubicados dentro del tramo comprendido entre el
PR8+550-PR16+000 aproximadamente; sin embargo, enfatizó que durante la
construcción y/o instalación de la capa asfáltica de refuerzo se cumplieron todas las
exigencias de diseño, junto con las especificaciones de construcción del Invías.
Finalmente, destacó que iniciaría la reparación de zonas afectadas una vez
realizado el estudio técnico mencionado en el sector II comprendido entre el
PR26+000-PR30+00.
76 Páginas 22 a 25 del archivo “24_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
77 Páginas 26 a 34 del archivo “24_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
78 Páginas 26 a 34 del archivo “24_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
79 Páginas 20 a 21 del archivo “24_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
41
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7.1.2.30. El 18 de septiembre de 201480, la interventoría le manifestó al Invías que
“comparte en su totalidad en cuanto a que el contratista Gaico Ingenieros
Constructores está en la obligación de responder por la calidad de las obras objeto
del contrato 1541 de 2012”. Además, sostuvo que: i) el contratista presentó la
propuesta de reparación del tramo comprendido entre el PR8+000 y PR 8+550, que
fue avalada por la interventoría; ii) también realizó la reparación de ese tramo
mediante la aplicación de mezcla asfáltica modificada y; iii) “la interventoría en el
Acta de obra N° 21 realizó el pago de la mezcla asfáltica modificada instalada entre
el PR 8+000 y el PR 8+550 y se hicieron los respectivos descuentos del valor de la
mezcla inicialmente colocada MDC-2 en el tramo mencionado”.
7.1.2.31. El 1° de octubre de 201481, la interventoría le indicó a Gaico que, efectuado
un recorrido en la carpeta asfáltica modificada en el PR8+000 a PR 8+500, se han
podido observar anomalías en la superficie, por lo que pidió atender dicha falencia.
Posteriormente se le envió al contratista el listado de sitios a reparar. Entre otros,
se destacó que “dadas las condiciones actuales del corredor y teniendo en cuenta
que los daños presentados están asociados a las mezclas de concreto asfáltico
instaladas durante las actividades de rehabilitación, se hace urgente y necesario
presentar una metodología de estudio y análisis de las causas de los daños
presentes, indicando cada una de las actividades a realizar y los ensayos a efectuar
sobre los materiales instalados”.
7.1.2.32. El 7 de noviembre de 201482, la interventoría le resaltó a Gaico que, en las
cunetas construidas desde el PR8+000 al PR8+600 se observan nuevamente losas
fracturadas, a pesar de que varias han sido reparadas.
7.1.2.33. El 28 de noviembre de 201483, el Invías y Gaico suscribieron el adicional
No. 4. Al contrato No. 1541 de 2012, en el cual se prorrogó el plazo del acuerdo de
voluntades desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 30 de enero de 2015.
También se convino que la ampliación del plazo se concedió por solicitud del
contratista y no implicaba ninguna adición en el valor, ni sobrecostos para el Invías.
80 Páginas 117 a 119 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
81 Páginas 120 a 136 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
82 Páginas 139 a 141 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
83 Folios 87 a 88 del cuaderno de pruebas No. 1.
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Finalmente, se señaló que “continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato
que no se hayan modificado por lo acordado en este documento”.
7.1.2.34. El 4 de diciembre de 201484, la sociedad Gica S.A.S. elaboró una
evaluación del estado de la mezcla asfáltica en servicio y determinación de la
intervención requerida en el sector PR8+500 – PR15+660, debido a que “después
de rehabilitado el pavimento mediante la colocación de carpeta asfáltica de refuerzo
(año 2013), se presentaron daños tipo ahuellamiento, deformación y abultamiento
de mezcla asfáltica, lo cual generó un requerimiento por parte de la interventoría del
proyecto en lo que se refiere a la corrección del mencionado estado”.
Efectivamente, Gica S.A.S. estimó que, para el tramo en comento, se eligió una
mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y mezcla de alto módulo MAM -para el tramo
PR8+000- “según “los requerimientos del Instituto Nacional de Vías”. Sobre esa
decisión, las conclusiones de la sociedad en comento fueron las siguientes:
• La mezcla evaluada -que estaba en ese momento en superficie y que cambió
totalmente las condiciones con las cuales fue diseñada y colocada- requiere
ser retirada en muchos sitios de la vía, dado el grado de alteración que
generaron las condiciones a las cuales se sometió la mezcla convencional.
• La baja densidad y el elevado flujo de la mezcla asfáltica, después de los
análisis realizados “se concluye que son generados por dos importantes
aspectos en el diseño y desempeño de una mezcla y que se relacionan entre
sí, como son los vacíos en la mezcla y el contenido de asfalto, componentes
de la mezcla asfáltica que además afectan otras variables del
comportamiento”.
• Las curvas granulométricas obtenidas, perturbadas por los procesos
anómalos que han sucedido en el campo, muestran mala distribución del
agregado grueso.
• En el caso de la mezcla existente en el proyecto, lo anterior, se corrobora con
los valores obtenidos de flujo para ambas capas de refuerzo (3.9 mm, 4.3
mm, 4.6 mm y 4.8 mm), los cuales están por encima del valor límite que
84 Folios 424 a 487 del cuaderno de pruebas No. 4 y archivo “20141205 GicaGaico HonVillIF_Rev1
Presentado a Interventoría” de la carpeta “Anexos numeral 5” del CD1 obrante en el folio 20 del
cuaderno principal.
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normalmente tiene una mezcla de 3.5 mm. Por tanto, la mezcla se considera
en un estado plástico, donde todas las deformaciones son permanentes,
como es evidente en el proyecto.
• El área total afectada que requiere intervención inmediata en función del
estado del pavimento (deformación manifiesta), conforme con lo registrado
durante la visita realizada el 18 de noviembre de 2014, corresponde a 18,615
m2.
• Cuando una mezcla asfáltica se deforma, por las razones ya descritas, se
concluye que su resistencia al corte no fue suficiente para evitar los
movimientos hacia abajo y laterales. Siendo lo anterior, las condiciones
particulares de servicio de la mezcla asfáltica en el sector objeto del presente
estudio, debió preverse el uso de asfaltos modificados.
• Teniendo en cuenta, que en el proyecto ya se ha aplicado, con buenos
resultados, mezcla asfáltica de alto módulo (MAM_Artículo 450-07 INV), se
considera que la intervención posterior al retiro de los daños que actualmente
presentan el pavimento corresponde al uso de este tipo de mezcla, cuyo
ligante constitutivo es el asfalto modificado tipo 5 y cuyas propiedades de alta
consistencia hacen de esta mezcla asfáltica una mezcla con alta resistencia
a la deformación plástica.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, se concluyó que: i) existe una
problemática en las mezclas asfálticas colocadas por Gaico, que se ha manifestado
con importantes deformaciones de la mezcla; ii) se evidencian valores de porcentaje
vacíos con aire en la mezcla asfáltica muy bajos para la capa superior y bajos a
moderados en la capa inferior; y iii) como consecuencia, se requiere mezcla MAM
tipo 5 -con alta resistencia a la deformación plástica- para la intervención del sector
en estudio.
7.1.2.35. El 18 de diciembre de 201485 se emitió el acta de comité técnico No. 126,
en el que se dejó constancia de que estaba pendiente la entrega del diseño PR
46+800, así como se solicitó la limpieza en los sitios donde se ejecuta la
construcción y otras tareas similares. En la misma fecha, se reiteró al contratista la
85 Archivo “Acta comité técnico No.126” de la carpeta “Anexos numeral 5” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
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solicitud de reparación de sitios con ahuellamiento y abultamiento, especialmente
en el PR8 y el PR20+50086.
7.1.2.36. 29 de diciembre de 201487, el Invías y Gaico celebraron el adicional No.
5 al contrato No. 1541 de 2012, en el cual convinieron prorrogar el plazo del acuerdo
de voluntades desde el 30 de enero de 2015 hasta el 15 de febrero de 2015.
También se convino que la ampliación del plazo se concedió por solicitud del
contratista y no implicaba ninguna adición en el valor, ni sobrecostos para el Invías.
Finalmente, se señaló que “continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato
que no se hayan modificado por lo acordado en este documento”.
7.1.2.37. El 6 de enero de 201588, la interventoría le pidió a Gaico aclaraciones sobre
la metodología que se estaba ejecutando para la reparación del pavimento en el
tramo PR8+500 al PR20+500.
7.1.2.38. El 14 de enero de 201589, se emitió el acta de comité técnico No. 128, en
el cual se reiteró que estaba pendiente la entrega de los estudios frente al PR 46+8
y se pidieron varias aclaraciones sobre los diseños ya presentados.
7.1.2.39. El 30 de enero de 201590, el Invías y Gaico convinieron el adicional No. 6
al contrato No. 1541 de 2012, en el cual se prorrogó el plazo del acuerdo de
voluntades desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 30 de abril de 2015. También
se señaló que la ampliación del plazo se concedió por solicitud del contratista y no
implicaba ninguna adición en el valor, ni sobrecostos para el Invías. Por último, se
precisó que “continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se
hayan modificado por lo acordado en este documento”.
7.1.2.40. El 4 de febrero de 201591 se expidió el acta de comité técnico No. 132, en
el que se puso de presente que en algunos tramos se colocó mezcla MAM tipo III
segunda capa, se reparó el pavimento en el PR 29+260 a PR 9+800 MD. También
se reiteró que faltaba la entrega del diseño del sitio PR 46+800.
86 Páginas 51 a 54 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia
en SAMAI.
87 Folios 89 a 90 del cuaderno de pruebas No. 1.
88 Página 160 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
89 Archivo “Acta comité técnico No.128” de la carpeta “Anexos numeral 5” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
90 Folios 91 a 92 del cuaderno de pruebas No. 1.
91 Archivo “Acta comité técnico No.132” de la carpeta “Anexos numeral 5” del CD1 obrante en el folio
20 del cuaderno principal.
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7.1.2.41. El 13 de febrero de 201592, el Invías y Gaico suscribieron el adicional No.
7 al contrato principal 1541 de 2012, en el cual se prorrogó el plazo del acuerdo de
voluntades desde el 30 de abril de 2015 hasta el 31 de julio de 2015, así como se
adicionó su valor en $3.617’131.000. A su vez, se dictaminó que “continúan vigentes
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado
en este documento”.
7.1.2.42. El 14 de febrero de 201593, la interventoría requirió a Gaico ante hallazgos
de defectos constructivos en el pavimento entre el PR08+000 al PR8+0500, a
efectos de que las corrigiera “a costo del contratista”.
7.1.2.43. El 20 de febrero de 201594, la interventoría le manifestó a Gaico que,
producto de un recorrido en la obra, se detectaron falencias en la carpeta asfáltica
entre el PR 8+550 y el PR 11+000 y “aun conociendo las características propias de
la mezcla MAM con asfalto modificado tipo V, se observa una mezcla muy abierta,
con desprendimiento de material fino, por lo tanto me permito solicitarle su atención
al respecto y el concepto por parte de sus especialistas”.
7.1.2.44. El 24 de febrero de 201595, la interventoría le señaló a Gaico, frente a las
reparaciones de la carpeta asfáltica realizadas entre el PR8+500 y el PR10+000,
que el acabado superficial del pavimento con asfalto modificado tipo 5 evidencia
una gradación abierta, que favorece la infiltración de agua en períodos de lluvia.
7.1.2.45. El 6 de marzo de 201596, la interventoría le manifestó a Gaico, frente al: i)
PR 8+000 a PR8+500, que “se evidencia un patrón de fisuramiento con filtración y
posterior evacuación de agua de escorrentía”; ii) PR10+340, que se debe intervenir
nuevamente el sector; iii) PR10+350, que se evidencia una mejora en las
condiciones del asfalto por el uso de mezcla MAM tipo 5; iv) PR8+900 y PR8+960,
que existe un cambio de coloración sobre la superficie del pavimento que torna
necesario realizar labores de auscultación; v) PR8+500 a PR1+000 que existen
92 Folios 93 a 94 del cuaderno de pruebas No. 1.
93 Páginas 161 a 162 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
94 Páginas 163 a 164 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
95 Páginas 177 a 180 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
96 Páginas 181 a 193 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
46
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fisuras longitudinales; vi) PR17+650, que contiene movimiento; vii) PR47-050, que
presenta deformaciones; y viii) PR61-900 – PR63+580, que adolece de un
humedecimiento entre la nueva capa asfáltica modificada con polímeros tipo 5 y la
capa de concreto asfáltico antigua.
7.1.2.46. El 15 de abril de 201597, la interventoría le señaló a Gaico que persisten
fallas entre el PR 8+500 y PR 10+000.
7.1.2.47. El 30 de abril de 201598, el Invías y Gaico suscribieron el adicional No. 8
al contrato No. 1541 de 2012, en el cual se prorrogó el plazo del acuerdo de
voluntades desde el 31 de julio de 2015 hasta el 15 de agosto de 2015. Al efecto,
se precisó que la extensión del plazo se originó “por solicitud del contratista”, sin
que implicara adición en el valor, ni sobrecostos para el Invías. Asimismo, el valor
convenido se adicionó en $3.617’131.000, para un total de 55.528’745.589,33.
Finalmente, se reafirmó que “continúan vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento”.
7.1.2.48. El 12 de junio de 201599, la interventoría le puso de presente a Gaico que
durante los días 9 y 10 de junio de 2015, se procedió a efectuar reparaciones en la
carpeta del sector PR8+000 a PR8+500; empero, se utilizó mezcla asfáltica tipo
MDC-1, cuando ha debido emplearse la mezcla asfáltica MDC-2 con asfalto de alto
módulo tipo 5.
7.1.2.49. El 10 de julio de 2015100, la interventoría le resaltó a Gaico y al Invías que,
desde el año 2013, se evidenciaron fallas tempranas frente al pavimento, que
llevaron a sendos requerimientos al contratista. En específico, frente a: i) los tramos
PR24+000 al PR26+000 se emitieron varios conceptos sobre a la apariencia de la
carpeta asfáltica, así como la pérdida de material ligante y de finos; ii) los tramos
PR8+000 al PR20+500, se puso de presente la existencia de daños en la carpeta
asfáltica MDC-2 inicialmente colocada, como ahuellamientos, pérdida de finos, para
lo cual se recolocó una mezcla MAM tipo 5 “bajo cuenta y costa del contratista”,
aunque posteriormente fue necesario hacer nuevos requerimientos por la
97 Páginas 194 a 195 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
98 Folios 95 a 96 del cuaderno de pruebas No. 1.
99 Páginas 204 a 206 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
100 Páginas 211 a 224 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
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persistencia de deficiencias; y iii) los tramos PR33+000 al PR46+000, se
demarcaron zonas deformadas en el pavimento.
Así, se sostuvo que las reparaciones realizadas por el contratista se realizaron bajo
su cuenta y costo, y la interventoría realizó el descuento del volumen de MDC-2,
correspondiente a las áreas afectadas, Gaico asumió los costos del fresado y retiro
de ese material y, luego, se procedió a colocar mezclas con asfalto modificado tipo
5, frente a lo cual solo se reconoció en su favor “la diferencia en el valor de estos
dos tipos de mezclas”. Por último, destacó que, tras nuevos estudios de
deflectometría en los tramos intervenidos “se observa un comportamiento
estructural adecuado del pavimento”.
7.1.2.50. El 16 de julio de 2015101, la interventoría le hizo saber a Gaico que en el
tramo PR8+000 al PR8+500, al realizar reparaciones que impliquen reemplazo de
materiales existentes, los nuevos insumos a emplear debían corresponder a una
calidad igual o superior. Por ende, solicitó la programación para corregir las
reparaciones realizadas, que serían a cuenta y costo del contratista. Por su parte,
se halló que, en los sectores PR33+000 al PR46+000 se observaron nuevas fallas
de ahuellamiento y ondulaciones que deben ser enmendadas.
7.1.2.51. El 13 de agosto de 2015102, el Invías y Gaico suscribieron el acta de
suspensión No. 1 del contrato No. 1541 de 2012 hasta el 13 de octubre de 2015,
y ampliaron su plazo hasta el 15 de octubre de 2015, con apoyo en que “con las
actividades ejecutadas no se estarían cubriendo sectores de vital importancia para
la seguridad de los usuarios de la vía como los tramos entre el PR53+0200 al
PR62+0000 y del PR63+0500 al PR64+0000 (Villeta), así como la atención del sitio
crítico del PR 63+500, donde hay una pérdida de banca del cuarenta por ciento
(40%), lo cual constituye un riesgo inminente para el usuario de la vía, afectando la
transitabilidad por este corredor vial y que no se afecte el interés general; por tanto,
con la construcción de las obras requeridas para este sitio crítico se da solución
definitiva al paso por este corredor de vital importancia para garantizar la movilidad
de la ciudadanía […]”.
Como consecuencia, se vio necesario paralizar el acuerdo de voluntades, para
planificar la ejecución de obras en el PR63+0500. Adicionalmente, el contratista
101 Páginas 165 a 176 del archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
102 Folios 97 a 99 del cuaderno de pruebas No. 1.
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“libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la
suspensión, posterior reanudación y subsiguiente adición en el valor del contrato y
su respectiva prórroga, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos
generados por lucro cesante y/o daño emergente; y desequilibrio económico […]”.
7.1.2.52. El 9 de octubre de 2015103, Gaico solicitó la ampliación de la suspensión
No. 1 al contrato No. 1541 de 2012 hasta el 12 de noviembre de 2015, ya que, a su
juicio, “las condiciones que generaron dicha suspensión no han sido superadas”. El
propio contratista manifestó formalmente que “con la presente suspensión renuncia
a cualquier pretensión de reclamación por mayor permanencia en el período de
suspensión”.
7.1.2.53. El 13 de octubre de 2015104, el Invías y Gaico celebraron la ampliación
del acta de suspensión No. 1 del contrato No. 1541 de 2012 hasta el 12 de
noviembre de 2015, así como ampliaron el plazo negocial hasta el 14 de noviembre
de 2015, por pervivir las razones que propiciaron a la última pausa del acuerdo
negocial. Igualmente, el contratista “libre y espontáneamente renuncia
expresamente, en el momento de solicitar la suspensión, posterior reanudación y
subsiguiente adición en el valor del contrato y su respectiva prórroga, a reclamar
judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por lucro cesante y/o daño
emergente; y desequilibrio económico […]”.
7.1.2.54. El 10 de noviembre de 2015105, Gaico solicitó al Invías una nueva
ampliación a la suspensión del contrato No. 1541 de 2012, por considerar que, de
la revisión de los diseños del PR63-0500 “se evidencia que es necesario realizar
obras de mitigación inmediatas y atender las obras de mantenimiento periódico del
sector comprendido del Alto del Trigo (PR54) a Villeta (PR64), para garantizar la
transitabilidad y seguridad vial del usuario de la vía”.
7.1.2.55. El 10 de noviembre de 2015106, el Invías y Gaico convinieron una nueva
ampliación del acta de suspensión No. 1. del contrato No. 1541 de 2012 hasta el
15 de diciembre de 2015, e incrementaron el plazo negocial hasta el 15 de diciembre
de 2015, por las mismas razones que fundamentaron la paralización inicial.
Igualmente, el contratista “libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el
103 Folios 100 a 101 del cuaderno de pruebas No. 1.
104 Folios 102 a 104 del cuaderno de pruebas No. 1.
105 Folios 105 a 106 del cuaderno de pruebas No. 1.
106 Folios 107 a 110 del cuaderno de pruebas No. 1.
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
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momento de solicitar la suspensión, posterior reanudación y subsiguiente adición
en el valor del contrato y su respectiva prórroga, a reclamar judicial o
extrajudicialmente mayores costos generados por lucro cesante y/o daño
emergente; y desequilibrio económico […]”.
7.1.2.56. El 7 de diciembre de 2015107, el Invías y Gaico suscribieron el acta de
reanudación del contrato No. 1541 de 2012, en el cual se indicó que su nuevo plazo
se habría de extender hasta el 9 de diciembre de 2015.
7.1.2.57. El 9 de diciembre de 2015108, el Invías y Gaico celebraron la adicional No.
9 al contrato No. 1541 de 2012, en el cual se prorrogó el plazo del acuerdo de
voluntades desde el 9 de diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 y se
adicionó su valor en la suma de $2.240’000.000, para un total de
$57.768’745.589,33. Asimismo, se determinó que “continúan vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento”.
7.1.2.58. El 30 de diciembre de 2015109, el Invías y Gaico signaron el adicional No.
10 al contrato No. 1541 de 2012, en el cual se amplió el plazo del acuerdo de
voluntades desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2016 y se
adicionó su valor en la suma de $3.590’000.000.
7.1.2.59. El 3 de marzo de 2016110 el Invías y Gaico suscribieron el adicional No.
11 al contrato No. 1541 de 2012, en el cual se prorrogó el plazo del acuerdo de
voluntades desde el 30 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 y se adicionó
su valor en la suma de $581’000.000, para un total de $61.939’745.589,33. También
se estableció que “continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no
se hayan modificado por lo acordado en este documento”.
7.1.2.60. El 30 de junio de 2016111, el Invías y Gaico celebraron el adicional No. 12
al contrato No. 1541 de 2012, en el cual se amplió el plazo del acuerdo de
voluntades desde el 30 de junio de 2016 hasta el 30 de julio de 2016, como producto
de una solicitud del contratista en ese sentido “y no implica adición en valor ni
sobrecostos para el Instituto, por lo que el contratista efectuará la reprogramación
107 Folios 110 del cuaderno de pruebas No. 1.
108 Folios 111 a 112 del cuaderno de pruebas No. 1.
109 Folios 113 a 114 del cuaderno de pruebas. No. 1.
110 Folios 115 a 116 del cuaderno de pruebas No. 1.
111 Folios 117 a 118 del cuaderno de pruebas No. 1.
50
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
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con los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por
mayor permanencia en el sitio de las obras que tenga como causa la prórroga
otorgada”. Finalmente, se reiteró que “continúan vigentes todas las estipulaciones
del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento”.
7.1.2.61. El 23 de noviembre de 2016112, la interventoría y Gaico suscribieron -sin
reparos- el acta de entrega y recibo definitivo de la obra, en la cual se indicó que
el acuerdo de voluntades feneció el 30 de julio de 2016 y se hizo referencia de los
tramos intervenidos, así como de los materiales usados para el efecto. Como únicas
“notas” se indicó que “el contratista se encuentra en remates de obra y reparaciones
menores”. A su vez, se precisó que “mediante la suscripción del acta de entrega y
recibo definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la
información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y
responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del período
de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala
calidad de la obra, el Invías deberá exigir al constructor las reparaciones del caso
o, en su defecto, hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente”.
7.1.2.62. La interventoría autorizó el pago solamente de la diferencia entre el MDC-
2 inicialmente instalado por el contratista ($563.350 por metro cúbico) y el MAM tipo
5 utilizado al realizar las reparaciones ($654.562 por metro cúbico), reconociendo
por concepto de mayores costos derivados de las reparaciones efectuadas la suma
de $91.212 por metro cúbico113.
7.1.2.63. El 15 de febrero de 2017114, Gaico le manifestó al Invías que los aspectos
a corregir registrados en un acta de visita previa no le eran imputables y, por ende,
no atendería las “solicitudes de intervención”, salvo que se reconocieran dentro de
un nuevo contrato. Así, aseveró que “por causas ajenas a la calidad del producto de
la mezcla asfáltica que fue elaborada conforme a las especificaciones del Invías
2007 previstas para el proyecto, se presentaron mínimas deficiencias en el
parámetro de lisura, las cuales son imperceptibles al usuario”. También consideró
que “como alternativa para atender las mínimas deficiencias las partes acordaron
que las zonas afectadas fueran atendidas con Mezcla Densa en Caliente tipo MDC
1 modificada con polímero tipo V”; empero, solo se le reconoció la diferencia entre
112 Folios 129 a 133 del cuaderno de pruebas No. 1.
113 Archivo “anexos numeral 7 preactas – Honda Villeta” del CD1 del folio 20 del cuaderno principal.
archivo “25_2500023” del índice 34 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
114 Páginas 1 a 3 del archivo “CONS - CR 0010 - 2017 - Pronunciamiento sobre el acta de Visita
Previa - CCC-AIM-010” de la carpeta “anexos numeral 7” del CD1 del folio 20 del cuaderno principal.
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los precios de la mezcla densa en caliente modificada con polímero tipo 5 y la
mezcla densa en caliente tipo MDC2, situación que a su juicio debía ser conciliada.
7.1.2.64. El 23 de febrero de 2017115, Gaico le indicó al Invías que, en atención a
actividades a corregir registradas en un acta de visita previa no son imputables al
contratista, este no atendería ninguna solicitud de intervención, excepto si se
suscriba nuevo contrato. Por lo demás, adujo que la producción e instalación de
mezcla asfáltica de refuerzo, en todos los tramos del corredor cumplió con todas las
exigencias del diseño y las especificaciones de construcción.
A su vez, indicó que “por causas ajenas a la calidad del producto de la mezcla
asfáltica que fue elaborada conforme a las especificaciones del Invías 2007
previstas para el proyecto, se presentaron mínimas deficiencias en el parámetro de
lisura, las cuales son imperceptibles al usuario”, motivo por el cual “las partes
acordaron que las zonas afectadas fueran atendidas con Mezcla Densa en Caliente
tipo MDC 1 Modificada con polímero Tipo V” y “Que sin atender las causas
constatadas anteriormente, el Invías, en decisión no motivada, solamente reconoció
al contratista la diferencia entre los precios de la mezcla densa en caliente tipo MDC-
1 modificada con polímero tipo V y la mezcla densa en caliente tipo MDC2”.
Bajo el anterior derrotero, consideró que la ejecución de las actividades de
reparación le ocasionó un detrimento económico al contratista que no ha sido
compensado por el Invías, de ahí que pidiera conciliar la diferencia.
7.1.2.65. El 17 de mayo de 2018116, el Invías y Gaico signaron -sin reparo alguno-
el acta de cierre ambiental, en la cual se indicó que “no se presentaron pasivos
ambientales, de acuerdo a la resolución N°0888 de 1 de abril de 2018”.
7.1.2.66. El 17 de agosto de 2018117, el interventor respondió un correo enviado por
el supervisor del contrato, en el que le solicitó pronunciarse sobre la pretensión
indemnizatoria de Gaico por la asunción de obras adicionales, en el sentido de
señalar que “el contratista es responsable de la reparación de los daños que se
presentaron durante la construcción y el período de garantía cubierto por las pólizas
exigidas por el Instituto Nacional de Vías – Invías, para garantizar la estabilidad y
calidad de la obra”, por considerar que: i) los diseños y la construcción fueron
115 Folios 544 a 546 del cuaderno de pruebas No. 4.
116 Folios 134 a 136 del cuaderno de pruebas No. 1.
117 Folio 50 del cuaderno principal.
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adelantados por el mismo contratista y ii) se reconocieron los costos adicionales por
el uso de asfaltos modificados con polímeros tipo 5.
7.1.3. Los testimonios recaudados
Durante la etapa de pruebas se recaudaron los testimonios118 de los señores:
i) Gustavo Gamaliel Fernández Niño, quien fungió como director territorial
del Invías, y declaró que, a su juicio, no tuvo un conocimiento directo
sobre la controversia en torno al contrato No. 1541 del 26 de octubre de
2012 y solo intervino en la certificación del comité de conciliación; y
ii) Carlos Eduardo Arredondo Arango, quien obró como representante legal
de la interventora, quien resaltó que Gaico se obligó a desempeñar
labores de rehabilitación y reconstrucción y, tras realizar dichas
actividades, se presentaron daños prematuros sobre tramos que
intervino, lo que llevó a que la interventoría lo hubiera requerido para
subsanar tales falencias, lo cual se hizo en debida forma, sin que el Invías
debiera asumir costo alguno por ello, dado que las deficiencias
presentadas se originaron en su propia negligencia. Por lo demás,
enfatizó que el contratista nunca reclamó durante la ejecución que la
estructuración del proyecto por el Invías hubiera sido deficiente.
7.1.4. El dictamen pericial aportado por Gaico
Gaico aportó un “informe pericial de obra”119, elaborado por la ingeniera civil Liliana
Estrada Parias120. En general, en dicho escrito se describió el proyecto y el alcance
del contrato y, entre otros, se indicó que el objeto negocial se restringió a la
elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de varios tramos viales,
lo que a su juicio constituyó un “mantenimiento netamente funcional”.
118 Índices 31 y 35 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
119 Obrante en el cuaderno de pruebas No. 2.
120 En consideración del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el objeto del dictamen versó sobre
“i) la descripción del proyecto y el alcance del contrato, ii) los estudios, diseños y resultados de los
mismos, iii) la ejecución de las obras; iv) la incidencia del alcance contractual VS la tipología de la
vía, v) el comportamiento real de la vía y la necesidad de ajustes concertados, vi) el comportamiento
actual de la vía y vii) la valoración de la atención re imprevistos”. Índice 26 del expediente digital de
primera instancia en SAMAI.
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En tal virtud sostuvo que “el consultor quedó sujeto a proyectar un mantenimiento
acorde al estado general de la vía solo en términos superficiales, dado el alcance
contractual limitado que se configuró en el contrato, es decir, el consultor, con
independencia de la heterogeneidad encontrada, no podía proyectar una solución
de fondo (reconstrucción)”. Por ende, adujo que “el contratista […] realiza un diseño
de una rehabilitación y no de una reconstrucción, en pro de mejorar las
características funcionales de la vía”.
Bajo esa senda argumentativa, manifestó que “el contratista ejecutó un diseño cuyo
objetivo fundamental era proyectar un mantenimiento preventivo, periódico, refuerzo
estructural o rehabilitación, descartando las labores de restauración, reciclado y
reconstrucción en los sectores más afectados, actividades que debían ejecutarse
en coordinación con la interventoría, quien debía aprobar las intervenciones a
ejecutar en cada tramo”.
Posteriormente anotó que “se puede establecer con lo observado en esta fase, que
bajo un marco de rehabilitación y no reconstrucción, sectores como K8+000 A
K14+000 y K33+000 A K40+500 evidentemente presentarían problemas futuros
asociados netamente a la configuración propia del contrato y de su estructuración
base. De allí que efectivamente el mismo constructor, durante la ejecución de su
proyecto, tuviese que solucionar, a su cuenta y riesgo (sin que ello estuviera incluido
en su alcance contractual), problemas de estructuración base del proyecto”.
Así, adujo que “la intervención de los primeros tramos priorizados claramente
obedecía a los ítems contractuales derivados de la estructuración del proyecto por
parte de la entidad, y un cambio derivado de una etapa inicial hubiese dado lugar a
una reformulación presupuestal no mencionada ni requerida por la interventoría ni
la entidad contratante”. Específicamente, afirmó que hubo una mala estructuración
desde la planeación del proyecto -al no contemplar reconstrucción sino
rehabilitación- que devino en ahuellamientos en varios tramos de la vía intervenida.
Como consecuencia, argumentó que, por cuenta de las labores de rehabilitación
efectuadas por Gaico, no previstas en el contrato, y que fueron aprobadas por la
interventoría, se le debe la suma total de $2.732’343.174 y, además, unos intereses
de mora que ascienden a $2.384’357.305, para un total de $5.116’700.479, monto
que debe ser asumido por el Invías.
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Tras analizar la prueba referida, la Sala encuentra que dicho documento versa sobre
puntos de derecho, por cuanto en lugar de clarificarse sobre aspectos atinentes a
los antecedentes fácticos del caso, la experticia se soportó sobre una interpretación
y calificación eminentemente jurídicas del contrato No. 1541 del 26 de octubre de
2012. Ciertamente, el artículo 226 del CGP121 indica que la prueba pericial tiene por
fin verificar “hechos” que interesen al proceso, de suerte que no serán admisibles
los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho122.
Descendiendo al caso concreto, de la lectura del dictamen pericial se evidencia que
este hizo una interpretación de los conceptos de rehabilitación y mantenimiento,
para determinar si ello incluía o no labores reconstructivas, y sobre esa premisa
señaló que Gaico se restringió a efectuar tareas de reparación superficial. Luego,
destacó que el contratista supuestamente se vio sometido a asumir fallas en la
estructuración del Invías -sin señalar el porqué de ello-, lo que evidencia, no
solamente una interpretación del clausulado del contrato, sino también un auténtico
juicio de responsabilidad contra una de las partes que, aspectos que, al ser
eminentemente jurídicos, no podrían ser expuestos en la referida prueba, pues el
legislador fue claro en que toda experticia que se refiriera a asuntos de derecho no
podía valorarse.
Bajo el anterior derrotero, y en concordancia con las reglas de la sana crítica que
imponen a esta Subsección la carga de verificar que las pruebas aportadas por las
partes y, entre ellas, los dictámenes periciales que a bien tengan las partes por
presentar, cumplan los requisitos de ley para así valorarlas y tenerlas en cuenta, en
concordancia con el artículo 232 del CGP123, se concluye que la experticia aportada
121 “Artículo 226. Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen
al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. // Sobre un mismo
hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se
rendirá por un perito. // No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la
costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos
serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. // El perito deberá manifestar bajo
juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y
corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos
que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito”.
122 En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 del CGP, la prueba pericial es
procedente para la verificación de hechos que interesen al proceso y requieran especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos, sin comprender aspectos de índole jurídico, tal como
lo establece el inciso 3º ibidem, según el cual: “No serán admisibles los dictámenes periciales que
versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la
prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de
abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas”.
123 “Artículo 232. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el dictamen
permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la
cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación
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por Gaico y elaborada por la ingeniera civil Liliana Estrada Parias no tiene eficacia
probatoria, por lo que las conclusiones allí contenidas no serán analizadas al
estudiar los cargos de apelación.
7.2. No le asiste responsabilidad al Invías por la realización de labores
correctivas por parte de Gaico en virtud del contrato No. 1541 de 2012
Gaico consideró en su recurso de apelación que el a quo erró al negar las
pretensiones de la demanda, pues, en su opinión, se acreditó en debida forma que
asumió obras adicionales con ocasión de la ejecución del contrato No. 1541 del 26
de octubre de 2012 que, por no originarse en su negligencia, sino en la del Invías,
debían serle reconocidas en lugar de entenderse inmersas en la garantía de calidad
de la obra.
En específico, manifestó que el contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 tuvo
por objeto la rehabilitación y/o mantenimiento vial de un tramo de la vía Bogotá
Honda, lo que implicaba simples labores superficiales, por lo que cualquier labor
reconstructiva que tuviera que asumir debía ser con cargo al presupuesto del Invías
y no podía ser cubierta con el valor del acuerdo de voluntades.
Bajo el anterior contexto, reprochó que, a su juicio, tuvo que asumir obras
adicionales de reparación de múltiples tramos de la vía cuyo mantenimiento estaba
a su cargo, debido a que, por fallas en la estructuración del proyecto por el Invías,
y debido a las exigencias de los pliegos de condiciones, terminó utilizando una
mezcla de calidad inferior -MDC 2- a la realmente requerida -MAM tipo 5-,
circunstancia que, por demás, bajo su criterio no le fue asignada en la matriz de
riesgos, de ahí que debía pagársele por fuera del precio inicial.
También estimó que con menor razón podía atribuírsele responsabilidad alguna por
lo sucedido, ya que fue la interventoría quien aprobó los diseños que elaboró, en
virtud de los cuales, una vez más, no podían desconocerse las exigencias de
mezclas asfálticas contenidas en los documentos de la licitación No. LP-SGT-SRN-
043-2012.
A lo anterior sumó que en el contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 se convino
que, de haber obras adicionales, aquellas serían retribuidas con emolumentos
del dictamen. // Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a
la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del artículo 228”.
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distintos al pago inicial, situación que, en su criterio, se presentó frente a los costos
de la colocación de la mezcla asfáltica MAM tipo 5, por lo que el Invías no solo debió
reconocerle la diferencia del valor de ese insumo restando el del MDC-2, sino el
costo total de aquel.
Finalmente, destacó que aunque no formuló salvedades, ello no podía ser óbice
para que el juez contencioso administrativo conociera de fondo su caso, pues el
silencio no podía entenderse como una convalidación de la falta de pago de las
supuestas obras adicionales que llevó a cabo.
Con apego estricto a los anteriores reproches, la Sala pasará a definir si le asiste
razón a Gaico en que, como resultado de la ejecución del contrato No. 1541 del 26
de octubre de 2012, asumió obras adicionales que no le fueron reconocidas y que
se fundaron en fallas de estructuración de la entidad contratante, o si por el contrario
las labores reparativas desempeñadas se debían entender inmersas dentro de sus
obligaciones generales y, además, le fueron debidamente retribuidas.
7.2.1. El contrato No. 1541 de 2012 instituyó en cabeza del contratista labores
de mantenimiento y rehabilitación que podían implicar la reconstrucción
En relación con el reproche de Gaico, según el cual el contrato No. 1541 del 26 de
octubre de 2012 incluyó en su objeto únicamente labores de mantenimiento y
rehabilitación vial superficial -que no reconstrucción-, vale comenzar por señalar
que, en los términos de la jurisprudencia de esta Sección, los contratos estatales no
deben interpretarse aisladamente, sino de manera armónica y en sincronía con los
documentos precontractuales que los originaron, considerando que, entre otros, el
pliego de condiciones ostenta la doble naturaleza de acto administrativo
precontractual y conjunto de reglas que dan alcance al negocio jurídico, así como la
oferta presentada en las licitaciones contiene aquellas obligaciones que se
comprometió a ejecutar el proponente adjudicatario, de manera que, en cada caso,
deba determinarse la finalidad y las obligaciones de los acuerdos de voluntades
según lo preceptuado en tales documentos, y considerando su finalidad124.
Descendiendo al caso concreto, corresponde analizar los documentos
precontractuales de la licitación No. LP-SGT-SRN-043-2012 y el subsiguiente
124 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 1° de junio de 2022. Radicado
25000-23-36-000-2015-01126-01 (60248) y del 21 de octubre de 2025. Radicado 52001-23-33-000-
2014-00354-01 (65441).
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contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 para determinar el alcance del objeto
negocial.
En desarrollo de lo anterior, se encuentra acreditado que, en la licitación No. LP-
SGT-SRN-043-2012, el Invías publicó los estudios previos y, en dicho documento,
dispuso que el alcance de las labores de mantenimiento y rehabilitación sería el
dispuesto en el apéndice A anexado con la convocatoria. Por su parte, en los pliegos
de condiciones, señaló que el contrato sería a precios unitarios, los materiales de la
obra serían del resorte del contratista y todos los documentos precontractuales
harían parte del contrato (hechos probados 7.1.1.1. a 7.1.1.2).
Por su parte, en el “apéndice A”, se le dio “alcance” al contrato a celebrar y se
determinó que su objeto era llevar a cabo labores de mantenimiento, refuerzo
estructural, rehabilitación y atención en los sitios críticos de la vía Bogotá – Honda,
de tal modo que se incluyeron, dentro de las actividades a desarrollar, labores de
realización de estudios y diseños, mantenimiento, refuerzo estructural, y/o
rehabilitación, atención de sitios críticos, señalización y obras de contención y
estabilización (hecho probado No. 7.1.1.3).
En el “apéndice B” se determinaron más a detalle las obligaciones del suscribiente
del eventual contrato, y se puntualizó que, dentro de las labores propias del objeto
negocial, se desempeñarían actividades de restauración, refuerzo, reciclado y,
eventualmente, reconstrucción, entendida como la “remoción de capas y el
reemplazo parcial o total de pavimento, para mejorar su capacidad estructural,
adaptándolo a las necesidades del tránsito futuro” (hecho probado No. 7.1.1.4).
En consonancia con los referidos documentos, Gaico presentó oferta en la licitación,
incluyendo, dentro de los costos por la ejecución del futuro contrato, la demolición
de estructuras, pisos y andenes de concreto, en sintonía con las actividades de
mantenimiento y rehabilitación que habría de asumir. Fue por ello que, el 8 de
octubre de 2012, el Invías le adjudicó el procedimiento de selección (hechos
probados Nos 7.1.1.6. a 7.1.1.7.).
Como resultado del acto adjudicatario, el 26 de octubre de 2012, el Invías y Gaico
suscribieron el contrato de obra No. 1541 del 26 de octubre de 2012, donde se
reafirmó que su objeto consistía en la realización de actividades de mantenimiento
y rehabilitación en la carretera Bogotá – Honda, y se convino que harían parte del
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acuerdo de voluntades los documentos precontractuales (hecho probado No.
7.1.1.8.).
A partir de las anteriores consideraciones, para la Sala no cabe duda que el objeto
negocial del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 no se reducía únicamente
a la realización de labores de mantenimiento y rehabilitación limitadas a actividades
superficiales -como lo sostuvo la apelante desde la primera instancia- pues dentro
del contenido obligacional y los documentos precontractuales se especificó que, en
el marco de las labores generales propias del negocio jurídico, el contratista
realizaría actos de restauración, refuerzo, reciclado y “reconstrucción”, categorías
que, según el contrato y los documentos que hacen parte del mismo, pueden
implicar tanto una reparación superficial, como una más profunda que, en algunos
casos, podría llevar a remover capas asfálticas profundas y rehacerlas.
Es por ello que, para determinar si en cada tramo se efectuaban labores de
restauración, refuerzo, reciclado y/o reconstrucción, Gaico debía realizar unos
estudios y diseños, donde habría de llevar a cabo un análisis pormenorizado para
así determinar los tramos que requerían simplemente una reparación superficial,
aquellos que necesitaban labores más profundas de enmienda, y los que debían
ser reconstruidos.
De no haber sido así, no tendría sentido que en el “apéndice B” se hubieran incluido
labores de reconstrucción, ni mucho menos habría sido necesario incorporar en el
objeto negocial la categoría de rehabilitación, sino simplemente la de
mantenimiento, pues para efectuar una simple corrección ligera no era necesario
sino cubrir grietas, lo que claramente no sucedió, pues si bien Gaico realizó dicha
actividad, también llevó a cabo sin oposición auténticas labores de remoción y
reemplazo de asfalto en varios tramos.
A lo anterior se suma que no habría tenido sentido trasladar a Gaico la obligación
de elaborar los diseños de la obra si únicamente se hubieran requerido labores de
saneamiento superficial, pues, precisamente, la finalidad de tales estudios consistía
en determinar, tramo por tramo, la gravedad de las fallas estructurales y, con
fundamento en ello, definir la necesidad de ejecutar intervenciones de mayor o
menor profundidad, según correspondiera en cada caso.
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Precisamente, en los estudios y diseños del “mantenimiento y rehabilitación de la
carretera Honda – Villeta – Tobia Grande – Bogotá – Sector Honda – Villeta Ruta
50 Tramo 5008” Gaico hizo un diagnóstico diferenciado de los sectores PR33+0000
– PR46+0000, PR26+000 – PR30+000, PR08+0000 – PR20+0500, donde evidenció
que, en el primer caso, el índice de deterioro era de 4,84/5, en el segundo ascendía
a 4,88/5 y en el tercero a 4,84/5. Además, en cada uno de esos tramos se
encontraron dificultades distintas, que ameritaron la intervención del contratista con
diferentes mezclas de concreto en cada caso, sin que, una vez más, la labor fuera
simplemente superficial, pues solo podía entenderse de ese modo cuando alguna
parte de la vía estuviera en un estado aceptable y, por tanto, solamente se ameritara
una enmienda de falencias pequeñas (hecho probado No. 7.1.2.2.).
A partir de las consideraciones que anteceden, para la Sala no cabe duda de que el
objeto del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 no solo incluyó labores de
mantenimiento y rehabilitación superficiales, sino también de reconstrucción, por lo
que no le asistió razón a Gaico en sostener que sus deberes derivados del aludido
acuerdo de voluntades solo se limitaban a labores ligeras.
7.2.2. En el contrato No. 1541 de 2012 no se determinó una única mezcla
asfáltica para utilizar en las labores de mantenimiento y rehabilitación vial
Gaico también consideró en su apelación que, producto de la ejecución del contrato
No. 1541 de 2012, se vio obligado a utilizar la mezcla asfáltica MDC 2, pues, desde
los pliegos de condiciones de la licitación No. LP-SGT-SRN-043-2012 se le exigió
que contara solo con ese insumo y, por ende, no pudo utilizar el que realmente se
necesitaba, que a su juicio era el MAM tipo 5.
En tal virtud, se encuentra demostrado que, en el pliego de condiciones, se dispuso
que los materiales, suministros y demás elementos necesarios para el cumplimiento
del objeto contractual serían los exigidos en las especificaciones del procedimiento
de selección, adecuados a su uso práctico, motivo por el cual su elección, obtención
y utilización eran del entero resorte del contratista, sin que, por consiguiente, el
Invías aceptara reclamos por los costos, plazos, falta o escasez de materiales, o por
“cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción”, de suerte que, en
el caso en que se presentaran deficiencias en los materiales, las reparaciones del
caso serían asumidas por Gaico (hecho probado No. 7.1.1.2.).
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De forma correlativa a la obligación de definir los materiales a cargo del contratista,
se le atribuyó el deber de inspeccionar y examinar el sitio para determinar los
insumos necesarios para su ejecución, máxime si se tiene en cuenta que el Invías
hizo una simple “inspección superficial -visual-” a la hora de definir preliminarmente
las labores de mantenimiento, refuerzo, rehabilitación y atención, así como
considerando que el proponente adjudicatario debía efectuar unos diseños
diferenciados para determinar distintas formas de intervención de los segmentos
objeto de la obra (hechos probados 7.1.1.2. a 7.1.1.3.).
Es por ello que, precisamente, desde la estructuración del procedimiento de
selección, y en el contrato No. 1541 de 2012 se eligió la modalidad de precios
unitarios, donde las cantidades de obra podían ser mayores o menores a las
estimadas preliminarmente, dependiendo del cálculo de la estructura del pavimento,
análisis estructurales y/o la definición de las obras de geotecnia correspondientes
(hechos probados Nos. 7.1.1.3. a 7.1.1.8.).
A su turno, en la “especificación particular 450-P” se definieron las mezclas
asfálticas en caliente que, en principio, y preliminarmente, serían tipo MDC-2
aunque “en caso de requerirse aditivos mejoradores de adherencia, su costo
debería estar incluido en el precio unitario de la mezcla” (hecho probado 7.1.1.4.).
En cuanto a Gaico, esta presentó una oferta por la suma de $41.981’784.478, dentro
de la cual incluyó la asunción de costos como los de mezcla densa en caliente tipo
MDC-2 (hecho probado No. 7.1.1.6.).
En concordancia con los antecedentes descritos, la Sala no evidencia que, en algún
momento, el Invías hubiera establecido de manera imperativa, pétrea e
inmodificable que las intervenciones a cargo del proponente adjudicatario -Gaico-,
debían realizarse con mezclas asfálticas en caliente tipo MDC-2 exclusivamente,
pues aquellas apenas fueron sugeridas y, de hecho, ni siquiera se estableció una
tipología específica de asfalto para que fuera puntuada en el procedimiento
licitatorio No. LP-SGT-SRN-043-2012 (hecho probado No. 7.1.1.2.).
En realidad, lo que se encuentra es que el Invías simplemente recomendó una
tipología de mezcla asfáltica, sin perjuicio de que, producto de un análisis
pormenorizado de los tramos a intervenir, el contratista definiera otras distintas,
tanto así que, por eso, el contrato se suscribió bajo la modalidad de precios unitarios
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y, además, se trasladó la obligación de estudios y diseños al sujeto pasivo del
negocio, por lo que no habría sido congruente con dichos aspectos determinar,
desde los pliegos de condiciones, los materiales para las intervenciones viales a
efectuar, pues, como se argumentó al resolver el alcance del acuerdo de
voluntades, la entidad contratante hizo un simple análisis general de las
necesidades que se habrían de cubrir con el negocio jurídico.
Sobre la modalidad de precios unitarios, la jurisprudencia de esta Subsección ha
argumentado que consiste en aquella figura atinente a los contratos estatales de
obra, en virtud de la cual el pago se efectúa por unidades o cantidades de obra, que
pueden ser mayores y menores según se vaya definiendo en la ejecución negocial,
por lo que el valor total corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra
ejecutadas por el precio de cada una, motivo por el cual, al momento de suscribirse
el contrato, no se tiene total certeza del alcance total de los volúmenes de insumos
que se van a gastar125.
La anterior manera de pago tiene por finalidad otorgar flexibilidad en aquellos
eventos en que la determinación completa del alcance del objeto negocial aún no
se conoce, pues su definición le corresponde al contratista, y contrasta con la
modalidad de precio global, donde se pacta como pago una suma fija dado que, en
tal evento, se conoce con total claridad el alcance de las obligaciones a ejecutar126.
Bajo esa premisa, si en el asunto de estudio el Invías y Gaico convinieron celebrar
el contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 bajo la modalidad de precios
unitarios, fue porque para ese momento no se conocía con certeza el alcance de la
intervención a realizar por el contratista, ya que primero le correspondía realizar los
estudios y diseños correspondientes y, ahí sí, definir en detalle los costos que habría
de asumir según las mezclas de concreto a utilizar para intervenir los tramos de la
vía objeto del negocio, razón por la cual, naturalmente, para el momento en que se
perfeccionó el acuerdo de voluntades ni se impuso un determinado tipo de insumo,
ni había cómo saber cuál era el óptimo para las reparaciones.
Efectivamente, fue el propio Gaico quien, en los estudios y diseños realizados,
determinó, de manera libre y voluntaria que, entre otros, la mezcla densa a utilizar
125 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de septiembre de 2022.
Radicado 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714).
126 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1° de noviembre de 2023.
Radicado 05001233100019970035501 (45.723).
62
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
para la sobrecarpeta de asfalto debía ser en caliente y tipo MDC-2, sin que esté
acreditado que la entidad contratante o el interventor le hubieran exigido elegir
solamente ese insumo para la concreción del objeto negocial.
La conclusión en comento es congruente con el actuar de Gaico, quien, desde la
elaboración de los estudios y diseños, y durante su ejecución, no se restringió a
utilizar mezclas asfálticas en caliente tipo MDC-2 sino que, en cada tramo aplicó
insumos diferentes según las especificidades presentadas, por lo que no puede
ahora, en contravía de su propio actuar, aseverar que el Invías le impuso el uso de
determinados materiales, pues ello es ajeno a las condiciones de contratación y a
la realidad fáctica (hechos probados 7.1.22. y 7.1.2.).
Es por todo lo expuesto que esta Subsección concluye que, contrario a lo sostenido
por Gaico en su apelación, no es cierto que el Invías le hubiera impuesto como
condición inmodificable al contratista el uso de mezclas asfálticas en caliente tipo
MDC-2, sino que, por el contrario, la definición de los insumos a utilizar estaba sujeto
a aspectos como los diseños y estudios y el estado de cada tramo de la vía a
intervenir. Como consecuencia, se desestima dicho reproche de la parte apelante.
7.2.3. Durante la ejecución del contrato No. 1541 de 2012, Gaico reparó varios
tramos previamente intervenidos por fallas en la mezcla de concreto elegida
Gaico consideró en su apelación que, en el marco de la ejecución del contrato No.
1541 de 2012, tuvo que asumir obras adicionales frente a múltiples tramos de la vía
cuya reparación le correspondía hacer, debido a que, por las exigencias de los
pliegos de condiciones, y como resultado de fallas en la estructuración del proyecto,
para intervenir varios de los sectores de trabajo, utilizó la que bajo su criterio era la
única mezcla asfáltica permitida -MDC 2-, en lugar de la que realmente se
necesitaba -MAM tipo 5-, lo que devino en que, luego de que reparara varios puntos,
aquellos volvieron a presentar fallas, tras lo cual se vio obligado a volver a arreglar
los segmentos defectuosos con el segundo insumo en comento y, a la postre, ello
le ocasionó sobrecostos por una circunstancia que no se le atribuyó en la matriz de
riesgos.
Al respecto, se encuentra acreditado que, el 18 de diciembre de 2012, el Invías
profirió la “orden de iniciación” del contrato No. 1541 del 8 de octubre de 2012, tras
lo cual Gaico elaboró los estudios y diseños de mantenimiento y rehabilitación,
donde se evidenció el estado de la vía a intervenir antes de su mejoramiento y, entre
63
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
otros, se definió que, para la colocación de las sobrecarpetas se utilizaría la mezcla
densa en caliente tipo MDC-2. Una vez este comenzó a reparar los sectores a su
cargo, el 6 de mayo de 2013 la interventoría le advirtió al contratista que se
presentaron nuevos deterioros en tramos que ya habían sido intervenidos, en este
caso, con mezcla asfáltica MDC-2, tras lo cual se pidió al contratista presentar una
propuesta para el uso de asfaltos modificados en ese tramo (hechos probados Nos.
7.1.2.1., 7.1.2.2., 7.1.2.6. y 7.1.2.9.).
El 10 de febrero de 2014, la interventoría se refirió a afectaciones en otros tramos,
específicamente las PR 26+000 y 30+000, así como, el 28 de febrero del mismo
año, le advirtió al contratista que cualquier reparación que debiera efectuar se haría
por su cuenta y riesgo y, el 4 de marzo de 2014, Gaico le informó que la mezcla tipo
MDC-2 instalada en varias secciones de la vía cumplió con los parámetros pedidos
por el Invías, por lo que los daños presentados no fueron por deficiencias en el
material elegido. En esa medida, la interventoría puso de presente en distintas
ocasiones que sendos tramos de la vía objeto del contrato presentaban
ahuellamientos y ondulaciones pese a que ya habían sido intervenidos. Con todo,
Gaico propuso la reparación de los apartes afectados con mezcla asfáltica
modificada con polímeros tipo 5. (hechos probados 7.1.2.15., 7.1.2.16., 7.1.2.17,
7.1.2.24., 7.1.2.29., 7.1.2.31., 7.1.2.32., 7.1.2.34., 7.1.2.42., 7.1.2.43., 7.1.2.45.,
7.1.2.46.,).
Así, el 12 de marzo de 2014, la interventoría consideró válido que se utilizaran
mezclas asfálticas con polímeros tipo 5 en los frentes donde hubo defectos frente al
asfalto intervenido. Pese a ello, para el 31 de julio de 2014 se advirtió que persistían
afectaciones superficiales, especialmente en el tramo entre el PR-8+500 y el
PR9+000, frente al cual, el 22 de agosto de 2014, se anunció que su reparación se
haría en los días siguientes. En todo momento la interventoría efectuó una vigilancia
y manifestó reparos sobre la metodología que el contratista iba a utilizar para tal fin
(hechos probados 7.1.2.18., 7.1.2.22., 7.1.2.25., 7.1.2.37., 7.1.2.44., 7.1.2.48. y
7.1.2.50.).
Las circunstancias descritas llevaron a que, en la medida en que fue avanzando el
plazo de ejecución del contrato, se efectuaron las reparaciones del caso con el visto
bueno de la interventoría y, tras ello, el 10 de septiembre de 2014 Gaico allegó el
acta de fijación de ítems no previstos, donde incluyó los valores unitarios de las
mezclas densas con polímeros tipo 5 que tuvo que asumir. El 18 de septiembre de
64
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
2014, la interventoría manifestó que el contratista efectuó las reparaciones del
asfalto previamente intervenido que presentó defectos y se le pagó el valor de la
mezcla tipo 5, pero restando el valor de la mezcla inicialmente colocada -MDC-2-
(hechos probados 7.1.2.27., 7.1.2.29., 7.1.2.40., 7.1.2.49. y 7.1.2.62.).
Los sucesos descritos relevan que, efectivamente, Gaico tuvo que asumir la
reparación de varios tramos que ya había intervenido previamente de la vía Bogotá
Honda en el marco del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012, debido a que
la mezcla asfáltica MDC-2 no resultó tener el nivel de resistencia óptimo y cedió en
períodos menores a 2 meses, lo que llevó a que el contratista tuviera que usar, en
su lugar, mezclas asfálticas con polímeros tipo 5, tras lo cual subsanó las
deficiencias presentadas, y a partir de lo cual el Invías le reconoció solamente el
pago del valor del último producto, restando el costo del primero utilizado.
A pesar de ello, y contrario a lo sostenido por Gaico en su recurso de apelación, de
entrada, la Sala no encuentra que la causa de lo anterior hubiera sido lo exigido en
los pliegos de condiciones, o faltas en la planeación a cargo del Invías, por cuanto,
como ya se indicó apartes atrás, al contratista no se le exigió el uso exclusivo o
imperativo de la mezcla asfáltica MDC-2 y, además, tampoco se vislumbra que la
entidad demandada hubiera fallado en la estructuración del proyecto.
Primero, es claro que la elección de la mezcla asfáltica MDC-2 atendió a un deber,
en cabeza de Gaico, de determinar, según los estudios y diseños a su cargo, los
materiales óptimos para mantener, rehabilitar y reparar “la carretera Honda – Villeta-
Tobia Grande – Bogotá, sector Honda – Villeta, ruta 50, tramo 5008, departamento
de Cundinamarca”, por lo que la elección de esos insumos no podía hacerla la
entidad contratante, y está acreditado que no impuso que se debiera elegir alguno
determinado, motivo por el cual no puede ahora sostener la parte apelante que esa
fue la razón que lo llevó a elegir un combinado de materiales de menor calidad al
que realmente se necesitaba (dicha conclusión, en concordancia con lo señalado
en el acápite No. 7.2.2.).
Segundo, no se evidencia que el Invías hubiera fallado en la estructuración del
proyecto, pues su labor se restringió a definir preliminarmente la problemática que
se quería superar con el acuerdo de voluntades por suscribir, sin que hubiera
realizado una verificación detallada de la manera en que se debía intervenir la vía
65
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
Bogotá Honda, pues precisamente una de las obligaciones a cargo del contratista
era la de elaborar los estudios y diseños de la obra.
Frente al principio de planeación en los contratos estatales, cabe decir que trae
consigo un deber bifronte, en cabeza de la entidad contratante y de los proponentes
que eventualmente pueden resultar adjudicatarios, de establecer con rigor y detalle
las condiciones de la contratación a realizar, así como de justificar el procedimiento
de selección con las necesidades de la entidad, lo cual persigue que el gasto público
mediante la suscripción de negocios jurídicos públicos no sea caprichoso, sino que
redunde en los objetivos constitucionales del Estado127.
En esa medida, el pliego de condiciones que se profiera en la fase precontractual
debe atender a exigencias razonables y útiles para una selección objetiva, a la vez
que a los oferentes les corresponde asistir a las audiencias donde se socialice todo
documento precontractual, para poner de presente las mejoras que se puedan
efectuar128.
Es así que, en los términos de la jurisprudencia de esta Subsección, si bien el
principio de planeación “tiene incidencias en la etapa de formación del contrato, se
refleja con mayor importancia en su ejecución, pues es este momento en el que las
omisiones de la Administración generaron graves consecuencias; razón por la cual
su desconocimiento ha sido considerado como un supuesto de incumplimiento
contractual, de acuerdo con el postulado de la buena fe”129.
En ese orden, no se evidencia que el pliego de condiciones proferido por el Invías y
los demás documentos precontractuales (referidos en los hechos probados del
acápite No. 7.1.1.), hubieran diagnosticado a detalle el grado de afectación de la vía
objeto de la obra, ni definido con amplitud los materiales a utilizar, comoquiera que
fue un querer claro y expreso de la contratante que dicha tarea la hiciera el futuro
contratista, y por ello precisamente se le pagó.
127 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del del 28 de octubre de 2024.
Radicado 52001-23-33-000-2018-00555-01 (67567) y del 14 de junio de 2025. Radicado 47001-23-
33-000-2014-00400-01 (69520).
128 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de febrero de 2026.
Radicado 11001-03-26-000-2020-00106-00 (66189).
129 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. sentencia del 17 de junio de 2024. Radicado
20001-23-31-000-2014-00052-01 (58641).
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
Por lo demás, el Invías determinó en debida forma la necesidad a contratar, justificó
el procedimiento de selección elegido, razonó sobre por qué el mejor método de
pago era el de precios unitarios y estableció, preliminarmente, una serie de mezclas
asfálticas que podían ser tenidas en cuenta. A lo anterior se suma que Gaico,
cuando era proponente, no formuló reparo alguno a las condiciones objeto de la
convocatoria, motivo por el cual la Sala no comparte el planteamiento de la parte
recurrente según el cual las fallas en la estructuración del proyecto causaron las
afectaciones en los tramos previamente intervenidos con mezcla densa tipo MDC2.
Tampoco es cierto que las circunstancias ocurridas no le fueron atribuidas a ninguna
de las partes en la matriz de riesgos, como lo sostuvo Gaico, pues, de la lectura del
“apéndice C” de los documentos precontractuales (hecho probado No. 7.1.1.5.), se
encuentra que los riesgos de estudios y diseños -que se configuraba por dificultades
frente a esos documentos-, mantenimiento y rehabilitación -referido a la
probabilidad de que el costo de la inversión no sea el previsto por la estabilidad de
las obras ejecutadas- y de mayores cantidades de obra -aunque solo cuando se
origina en materiales y procesos constructivos inadecuados imputables a una de las
partes- fueron asignados al contratista para su gestión, escenarios dentro de los
cuales, a juicio de la Sala, se encuadra totalmente el hecho de que tuviera que
adquirir mezclas asfálticas superiores a las estimadas inicialmente por una indebida
selección de la tipología óptima, pues era un asunto de su entero resorte.
Así pues, los riesgos fueron asignados sobre la base de premisas como que: i) el
proponente debía examinar el sitio y los alrededores de la obra y así determinar los
materiales necesarios para su ejecución (hecho probado No. 7.1.1.2.), y ii) el
contratista asumiría en forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en los pliegos de condiciones (hecho probado No. 7.1.1.8.). A la vez, la
interventoría le advirtió a Gaico que las fallas presenciadas debían ser asumidas
por su cuenta y riesgo, según lo indicado en el contrato (hecho probado No.
7.1.2.16.).
Sobre ello, el artículo 4 de la ley 1150 de 2007130 preceptuó que los pliegos de
condiciones, o sus equivalentes, deben incluir la estimación, tipificación y
130 “Artículo 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de condiciones o
sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
involucrados en la contratación. // En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las
entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las
ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su
distribución definitiva”.
67
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
asignación de riesgos previsibles que, en los términos de la jurisprudencia
contencioso-administrativa, han de atribuirse a quien esté en mejores condiciones
de gestionarlos, pues su distribución no puede obedecer al capricho de la entidad
contratante, ni basarse en la premisa de que todo lo asumirá el contratista 131.
De ahí que, en la medida en que el contrato No. 1541 de 2012 instauró en cabeza
del contratista las obligaciones generales de: i) elaborar los estudios y diseños de
la obra a realizar y ii) efectuar las actividades de mantenimiento y rehabilitación vial
(hecho probado No. 7.1.1.8.), era evidente que Gaico tenía un mayor rol en el
desarrollo del objeto negocial, que no se limitaba a labores constructivas, sino que
también implicaba actividades de carácter técnico-documental, de suerte que, en
sincronía con ello, la asunción de riesgos a su cargo no se limitó a lo atinente a
fallas en la construcción, sino que también implicaba responsabilizarse por cualquier
falencia derivada del análisis de los tramos a intervenir132.
Ahora bien, revisada la oferta de Gaico (hecho probado No. 7.1.1.6.) y los estudios
y diseños que aquella realizó (hecho probado No. 7.1.2.2.), se encuentra que la
razón general que llevó al contratista a elegir la mezcla densa en caliente tipo MDC-
2 obedeció al hecho de que, bajo su interpretación, era el único material posible
para utilizar en la obra porque así se lo pidieron en los documentos precontractuales
-así lo afirmó en la demanda (acápite No. 1.1.), sus alegatos de conclusión (acápite
No. 4.2.1.) y en la apelación (acápite No. 7.2.)-, aspecto que fue desestimado en
apartes anteriores (acápite No. 7.3.2.) bajo la idea de que, en realidad, la indicación
de mezclas asfálticas en la fase precontractual obedeció a un asunto meramente
estimativo -que no definitivo-.
De tal modo, a juicio de esta Subsección es desacertado que Gaico hubiera basado
su criterio de elección de la mezcla asfáltica únicamente en el hecho de que era la
misma tipología señalada en los documentos precontractuales, ya que, en su lugar,
le correspondía realizar un estudio pormenorizado de cada tramo a efectos de
definir cuál era el producto más óptimo para la realización de las labores de
mantenimiento y rehabilitación en cada caso, y como no procedió de esa forma,
131 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 7 de febrero de 2025.
Radicado 25000233600020200039601 (70.250) y ii) Subsección C. Sentencia del 8 de febrero de
2017. Radicado 25000-23-36-000-2013-01717-01 (54614).
132 En efecto, la doctrina sobre la materia ha indicado que, mientras que en los contratos tradicionales
de obra la única labor general es la de construcción, en otras tipologías como la concesión la labor
del contratista es mucho mayor y, por ende, asume más riesgos. DÁVILA VINUEZA, Guillermo.
Régimen jurídico de la contratación estatal. Bogotá: 2016. Editorial Legis. P. 883-886.
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
terminó implementando una mezcla densa en caliente tipo MDC-2 en gran parte de
la vía que no duró más de 2 meses (hecho probado No. 7.1.2.6.) y que lo obligó a
tener que recolocar una mezcla asfáltica modificada con polímeros del tipo 5.
Así las cosas, se destaca que, como lo indicó el propio acuerdo de voluntades, para
la ejecución negocial debían tenerse en cuenta la totalidad de documentos
precontractuales y el clausulado negocial, cuya interpretación sistemática arroja que
la definición de los materiales de la obra a realizar no le correspondía al Invías, sino
al contratista, una vez se realizaran los diseños y estudios correspondientes, sin
que tales reglas de juego puedan considerarse ineficaces, como lo alegó la parte
apelante en su alzada, pues fueron producto de la autonomía de la voluntad y se
aceptaron por Gaico sin reparos al suscribirse el negocio jurídico.
A partir de todo lo expuesto, es claro que, aunque está totalmente acreditado que
se presentaron varias fallas en los tramos objeto de intervención del Invías que, a
la postre, fueron enmendadas por Gaico, en realidad, la causa de ello no fue alguna
exigencia en los documentos precontractuales, o una falta al deber de planeación
del Invías, sino una ausencia de diligencia suficiente en la fase de estudios y diseños
a cargo de Gaico, que en los términos de la matriz de riesgos, llevan a concluir que
se está ante una circunstancia que debía gestionar el contratista y no la entidad
contratante, en armonía con la asignación que se le hizo de los riesgos de estudios
y diseño, mantenimiento y rehabilitación y mayores cantidades de obra.
7.2.4. Las falencias en los tramos previamente intervenidos durante la
ejecución del contrato No. 1541 de 2012 no son atribuibles a la interventoría
Gaico aseveró en su apelación que no le asistía responsabilidad por las
afectaciones en los tramos de la vía Bogotá – Honda presentadas después que los
rehabilitó, por cuanto la interventoría fue quien aprobó los diseños que elaboró, a
partir de los cuales no podían desconocerse las exigencias de mezclas asfálticas
enunciadas en la fase precontractual.
Sobre tales aspectos está probado que, el 18 de diciembre de 2012, el Invías dio
inicio a la ejecución del contrato y le informó a Gaico que el consorcio CCC-AIM/10
fungiría como interventor (hecho probado No. 7.1.2.1.). A la interventoría se le
asignó una labor general de vigilancia y de aprobar aspectos como los estudios y
diseños y las intervenciones a efectuar (hechos probados Nos. 7.1.1.3. y 7.1.1.8.).
Sobre la base de ello, aquella avaló los referidos documentos (hecho probado No.
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
7.1.2.11.) y advirtió constantemente a Gaico sobre las fallas presentadas en los
tramos que aquella ya había, todo ello, hasta el momento en que suscribió el acta
de entrega y recibo final de la obra intervenido (hechos probados Nos. 7.1.2.6.,
7.1.2.17., 7.1.2.30., 7.1.2.45., 7.1.2.49. y 7.1.2.61.)
Ahora bien, sobre la labor del interventor en la contratación estatal, la Subsección
ha sido clara en señalar que aquel funge como un simple vigilante de la relación
negocial que persigue que la ejecución contractual se haga de forma adecuada y
que, no obstante, es ajeno a las obligaciones que asumen los cocontratantes, por
lo que no puede reemplazarlos a la hora de ejecutar el contrato y/o modificarlo, pues
dichos aspectos se reservaron exclusivamente a las partes negociales133.
Bajo esa premisa, aunque la interventoría aprobó los estudios y diseños de Gaico,
ello no es argumento suficiente para que la contratista considere que no le asiste
responsabilidad por las mezclas asfálticas elegidas cuya aplicación resultó fallida,
habida cuenta de las falencias presentadas posteriormente sobre los tramos
trabajados, ya que dicho ente era un simple consultor a quien le correspondía
verificar que el contrato saliera avante, mas no reemplazar a la aquí apelante en la
verificación de cuáles eran los mejores materiales para las labores de
mantenimiento y rehabilitación.
De ello se sigue que, en cualquier caso, Gaico no demandó a la interventoría por
alguna negligencia en este proceso y, como no fungió como parte, mal haría esta
Corporación en instaurar un juicio sobre su responsabilidad, cuando no hizo parte
de la contienda, ni tuvo derecho a defenderse.
Lo que sí es evidente es que la labor de realización de estudios y diseños fue
otorgada exclusivamente a Gaico en el contrato No. 1541 de 2012, por lo que era
aquel quien debía responder por las fallas allí presentadas, sin que la simple
aprobación de la interventoría de esos documentos lo eximiera de responsabilidad.
A partir de los argumentos esbozados precedentemente, la Sala concluye que las
falencias en los tramos previamente intervenidos durante la ejecución del contrato
No. 1541 de 2012 no son atribuibles a la interventoría, sino a Gaico.
133 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicado
25000-23-36-000-2015-02630-02 (67095).
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
7.2.5. El Invías pagó el valor correcto por la utilización de mezcla asfáltica tipo
5, dadas las reparaciones realizadas en el marco del contrato No. 1541 de 2012
Gaico destacó en su apelación que en el contrato No. 1541 del 26 de octubre de
2012 se pactó que, de haber obras adicionales, aquellas serían retribuidas con
emolumentos diferentes al pago inicial, de suerte que, comoquiera que tuvo que
asumir mayores costos por la colocación de la mezcla asfáltica MAM tipo 5, el Invías
no solo le debió reconocer la diferencia entre el valor de ese insumo menos el del
MDC-2 inicialmente utilizado, sino su costo total.
Sobre ese punto, está demostrado en el proceso que, tanto en los documentos
precontractuales como en el contrato No. 1541 de 2012, se entendieron como
“obras adicionales” aquellas que pudieran ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato y donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados.
Por su parte, las “obras complementarias” se definieron como aquellas que no están
incluidas en las condiciones originales del contrato y que no pueden ejecutarse con
los precios del mismo, y que serían ejecutadas siempre que su precio fuera
convenido por los cocontratantes (hechos probados Nos 7.1.1.1. y 7.1.1.8.).
Como ya se estudió en apartados anteriores, también se evidencia que la asunción
de mayores costos por parte de Gaico como resultado de la utilización de mezcla
MDC2 obedeció a su propia percepción errada de creer que solo se podía usar ese
insumo, pues supuestamente así se le exigió en los documentos precontractuales
(acápites Nos. 7.3.3. a 7.3.4.). A la vez, se demostró que, en la práctica, el único
valor que corrió enteramente por cuenta de Gaico fue el de la mezcla tipo MDC-2,
debido a que el Invías le reconoció la diferencia entre ese valor y el del primer
insumo mencionado, ya que el del material dañado era del resorte del contratista
por las fallas que cometió (hechos probados Nos. 7.1.2.49, 7.1.2.62. y 7.1.2.63).
A propósito de ello, el Consejo de Estado se ha referido a aquellos casos en que,
como resultado de una modificación del contrato de obra, se asumen nuevas
obligaciones, para lo cual distinguió las obras adicionales de las mayores cantidades
de obra, en el sentido de que, como ya se señaló párrafos atrás, las primeras se
generan cuando se adicionan actividades que no formaban parte del objeto
contractual, mientras que las segundas se dan en casos de contratos pactados en
71
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
precios unitarios y en los que el valor ejecutado de los ítems sobrepasó los cálculos
efectuados inicialmente134.
En efecto, partiendo de la base de que las modalidades de pago del contrato de
obra pueden ser a precios unitarios, precio global, por administración delegada o
por el sistema de reembolso de gasto, frente a la primera posibilidad, indicó que ello
no presupone la estimación exacta de las cantidades de obra que definan el valor
total de la construcción, por lo que el precio del negocio no está determinado, pero
es determinable. Por el contrario, la segunda modalidad implica que se señala un
precio fijo que ha de ser la remuneración definitiva que percibirá el contratista.
Bajo la anterior premisa, en los contratos sometidos a precio global el contratista se
obliga a cumplir las obligaciones de determinado negocio a cambio de una suma
fija, lo que implica que se encuentran incorporados los costos directos e indirectos,
mientras que en los contratos a precios unitarios el pago es por unidades o
cantidades de obra, razón por la cual, como ya se indicó, el valor total corresponde
a la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una.
Así las cosas, las mayores cantidades de obra se enmarcan en los contratos a
precios unitarios y consisten en que esta fue contratada pero su estimativo inicial
fue sobrepasado durante la ejecución, sin que ello implique una modificación al
objeto negocial, mientras que las obras adicionales suponen que no fueron parte
del objeto principal y, por lo tanto, son nuevas y distintas135.
En ese orden de ideas, comoquiera que las reparaciones en los tramos que ya
habían sido intervenidos se originaron en el propio actuar errado de Gaico, no puede
hablarse propiamente de obras adicionales, o de obras complementarias, pues lo
que en realidad sucedió es que el contratista terminó corrigiendo parte de una obra
a su cargo por falencias que le eran atribuibles (hechos probados Nos. 7.1.2.16.,
7.1.2.30. y 7.1.2.49.), sin que la entidad contratante se hubiera visto beneficiada de
forma alguna con tramos adicionales intervenidos no previstos en el negocio jurídico
por cuenta de esa circunstancia. En la práctica, Gaico simplemente cumplió su
obligación de entregar en buenas condiciones los tramos viales que tras repararse
presentaron deficiencias.
134 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de agosto de 2023.
Radicado 85001-23-33-000-2015-00211-01 (58.634).
135 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 23 de septiembre de 2024.
Radicado 41001-23-33-000-2012-00184-02 (65351) y del 19 de mayo de 2025. Radicado 68001-23-
33-000-2016-00565-01 (68140).
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
Contrario a ello, el tratamiento que se le dio a los sobrecostos acaecidos fue el de
manejar el cambio de mezcla asfáltica como un aspecto contenido en la figura de
las mayores cantidades de obras, sujeta a un pago a precios unitarios, teniendo en
cuenta que Gaico se limitó a allegar al Invías para su firma un acta de fijación de
ítems no previstos (hecho probado No. 7.1.2.27) y, sobre esa base, el Invías le
reconoció la diferencia entre la mezcla en caliente tipo MDC-2 y la MAM tipo 5
(hechos probados Nos 7.1.2.49, 7.1.2.62. y 7.1.2.63), motivo por el cual la Sala no
encuentra que se esté ante obras adicionales -o complementarias-, o que por ello
al contratista se le habría tenido que reconocer un valor distinto al pagado.
A juicio de esta Subsección, el Invías acertó en pagar solamente la diferencia entre
la mezcla asfáltica MDC-2 y la MAM tipo 5, por cuanto la entidad contratante no
debía gestionar el riesgo de la indebida selección de material para la obra, como sí
el contratista y, por demás, lo único que le habría correspondido reconocer en caso
de que no se hubieran presentado los errores descritos era la mezcla MAM tipo 5,
por lo que era evidente que, ante el panorama planteado, únicamente tenía que
asumir el valor adicional entre el producto inicial pero erradamente usado, y el que
sí correspondía haber utilizado desde un comienzo en virtud de la mayor cantidad
que se presentó, lo cual es afín a esa última figura, a partir de la cual se reconoce
el valor superior acreditado que sea adicional al inicialmente previsto.
Recuérdese que, en concordancia con la matriz de riesgos, pero también en sintonía
con el acuerdo de voluntades (hechos probados Nos. 7.1.1.5. y 7.1.1.8) a efectos
de determinar quién debía asumir la circunstancia acaecida, el contratista estaba en
el deber de asumir los costos que fueran producto de procesos constructivos
inadecuados, pero, a la vez, podían presentarse mayores o menores cantidades de
obra producto de lo que detalladamente se definiera en los estudios y diseños y/o
en la ejecución contractual, en virtud de la modalidad de precios unitarios adoptada.
Bajo ese panorama, la mezcla asfáltica perdida por las fallas presentadas -mezcla
asfáltica MDC-2- debía ser costeada por Gaico -como en efecto sucedió-, y al Invías
solamente le correspondía pagar el producto que se colocó definitivamente después
del error presentado -mezcla asfáltica tipo 5- que, una vez más, constituyó una
mayor cantidad cuyo valor fue cancelado así: i) primero, se entendió que el monto
inicialmente transferido por la mezcla asfáltica MDC-2 debía cubrir el producto
73
Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
definitivo, que era el tipo 5, pero como aquel era más costoso ii) se completó su
precio para que, así, el Invías terminara asumiendo solo el producto definitivo.
De ello se sigue que, en síntesis, el Invías pagó a Gaico las sumas correctas por
concepto de mayores cantidades de obra -mezcla asfáltica con polímeros tipo 5-,
en un contexto de precios unitarios, mientras que la pérdida de la mezcla asfáltica
MDC-2 la asumió correctamente el contratista en comento por el hecho de que
utilizó ese insumo sin el sustento debido.
En mérito de lo expuesto, a Gaico no le asiste razón en indicar que las falencias
presentadas en la obra objeto del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012
fueron obras adicionales -o complementarias-, ni mucho menos en sostener que por
ello se le deben valores adicionales.
7.2.6. Las pretensiones de Gaico se estudiaron de fondo, sin perjuicio de que
no se hubieran formulado reparos o salvedades durante el iter contractual
En último lugar, Gaico argumentó que no se le podía negar un estudio de fondo de
la apelación por el hecho de que no formuló salvedades en el marco del iter negocial
del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012, ya que el silencio no podía
entenderse como una convalidación de la falta de pago de las actividades
reparativas “adicionales” que llevó a cabo.
En tal virtud, cabe destacar que, como ya se ha señalado reiteradamente, el 26 de
octubre de 2012 el Invías y Gaico celebraron el contrato de obra No. 1541, que tuvo
por objeto la realización de labores de mantenimiento y rehabilitación en la vía
Bogotá – Honda, y cuya modalidad de pagos convenida fue la de precios unitarios
(hecho probado No. 7.1.1.8).
Durante la ejecución del acuerdo de voluntades se suscribieron las siguientes
modificaciones, entre el 26 de octubre de 2012 y el 30 de junio de 2016 : i) adicional
No. 1; ii) modificatorio No. 1; iii) adicional No. 2; iv) adicional No. 3 y modificación
No. 2; v) adicional No. 4; vi) adicional No. 5; vii) adicional No. 6; viii) adicional No.
7; ix) adicional No. 8.; x) acta de suspensión No. 1.; xi) ampliación del acta de
suspensión No. 1.; xii) otra ampliación del acta de suspensión No. 1.; xiii) acta de
reanudación; xiv) adicional No. 9.; xv) adicional No. 10; xvi) adicional No. 11.; y
xvii) adicional No. 12 (hechos probados Nos. 7.1.2.12., 7.1.2.13., 7.1.2.14.,
7.1.2.20., 7.1.2.33 a 7.1.2.39., 7.1.2.41. a 7.1.2.51., 7.1.2.53. y 7.1.2.55 a 7.1.2.60.).
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
En los referidos actos jurídicos modificatorios se amplió el plazo -hasta el 30 de julio
de 2016-, se adicionó en repetidas ocasiones el valor del contrato -para un total de
$61.939’745.589,33- y se paralizó el interregno de ejecución. Con todo, en ninguna
de esas actuaciones Gaico efectuó salvedades o reparos por el hecho de que no se
le hubieran reconocido costos adicionales a los pagados. A la vez, el acuerdo de
voluntades nunca llegó a liquidarse.
Sobre este particular, cabe señalar que, aun cuando el aspecto alegado por la
recurrente no tuvo incidencia alguna en el fallo apelado, pues en efecto el tribunal -
al igual que esta Sala- estudio a fondo el caso al margen de si se formularon o no
salvedades en los acuerdos modificatorios, es menester precisar que, de
conformidad con la Jurisprudencia de Unificación de esta Sección, estándose ante
mayores cantidades de obra, obras adicionales o mayores permanencias, cuando
además concurren fenómenos como las suspensiones, adiciones o prórrogas, y
luego se persigue en sede judicial una retribución indemnizatoria por aquellos, de
llegarse a dichos acuerdos, se deben estudiar las pretensiones, aunque no se hayan
formulado reparos o salvedades cuando se suscribieron las suspensiones,
adiciones o prórrogas, o al haberse pactado contratos adicionales u otrosíes, por lo
que, en tales casos, el juez deberá desentrañar cuál fue el acuerdo y su alcance
según las reglas de interpretación de los contratos y su ejecución de buena fe136.
En otras palabras, la falta de manifestación de reparos al momento de suscribirse
modificaciones contractuales para solventar situaciones como mayores cantidades
o permanencias de obra no impiden el estudio judicial de fondo de dichas
pretensiones, razón por la cual, ante dichos escenarios, debe verse qué fue lo que
las partes quisieron convenir con los ajustes y si dentro de ello regularon
integralmente aspectos como la remuneración137.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, la Sala resalta que en el presente
caso las pretensiones de la demanda no se desestiman bajo la premisa de que no
se hubieran formulado salvedades en los acuerdos modificatorios antes referidos,
sino porque, del estudio a fondo de la controversia, se encuentra acreditado que a
Gaico no le correspondía el reconocimiento de los valores solicitados en la
136 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 27 de julio de
2023. Radicado 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121).
137 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.
Radicado 52001-23-33-000-2018-00555-01 (67567).
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
demanda, ya que contrario a asumir obras adicionales gestionó la corrección de
tramos previamente reparados por su propio actuar negligente, por lo que no le
asiste derecho en sus reclamaciones.
7.2.7. A partir de las consideraciones precedentes, esta Subsección concluye que
le asistió razón al a quo en negar las pretensiones de la demanda, pues del análisis
de los hechos y la normativa aplicable, no se evidencia que Gaico hubiera asumido
obras adicionales con ocasión del contrato No. 1541 del 26 de octubre de 2012 que
no le fueron reconocidas por el Invías, sino que, por el contrario, la demandada le
pagó en debida forma únicamente los costos que asumió en razón de la ejecución
convencional del acuerdo de voluntades, razón por la cual la apelación no prospera
y, por tanto, se confirmará la sentencia del 21 de abril de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
8. Costas en segunda instancia
El numeral 1 del artículo 365 del CGP138 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación139 .
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a Gaico, quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, ya
que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en
los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal
efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que, de todos modos, en esta
instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino
en segunda instancia140, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
138 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
139 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
140 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado
17001233300020120017601 (51034).
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Radicado: 250002336000201900184-01 (68756)
Demandante: Gaico Ingenieros Constructores S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de abril de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la sociedad Gaico
Ingenieros Constructores S.A., las cuales serán liquidadas de manera concentrada
por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos
365.8 y 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
VF
77
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