Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2025-00664-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2025-00664-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2025-00664-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
19 de agosto de 2026
Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (CPACA)
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00664-01 (74311)
Demandante: OSC ENGINEERING GROUP S.A.S.
Demandado: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
TEMAS: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – Puede ser unilateral o bilateral. Cuando es
bilateral, es un auténtico negocio jurídico producto de un consentimiento sin vicios. PLAZO PARA
LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES - Cuando no se conviene un plazo especial,
se debe acudir a los criterios del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, según los cuales se cuenta con
4 meses para efectuarla bilateralmente, 2 meses para realizarla unilateralmente y 2 años,
concurrentes con el término para demandar, para llevarla a cabo en forma adicional. DEMANDA EN
TIEMPO FRENTE AL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Cuando
no se liquida el contrato y debía liquidarse, los 2 años para accionar comienzan a correr pasados 2
meses desde que finalizó el plazo para efectuar el corte de cuentas bilateral. – Dicho plazo no se ve
alterado por negociaciones posteriores. CADUCIDAD – Es aquel fenómeno en virtud del cual fenece
el intervalo para ejercer el derecho de acción, lo cual busca otorgar seguridad jurídica y evitar la
parálisis del tráfico jurídico. Es un límite y garantía a la vez. – No depende del capricho o la
discrecionalidad de la parte demandante, sino que debe determinarse según los criterios que fije el
legislador para el efecto. PRINCIPIOS PRO ACTIONE Y PRO DAMATO – No aplican en aquellos
eventos en que es claro el término para ejercer el derecho de acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad OSC
ENGINEERING GROUP S.A.S. contra la sentencia anticipada del 10 de febrero de
2026, mediante la cual la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró probada la excepción de caducidad.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Como resultado de la licitación No. 70007072, el 30 de diciembre de 2020 el distrito
especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín -en adelante distrito de
Medellín- y la sociedad OSC ENGINEERING GROUP S.A.S. -en lo sucesivo OSC
Engineering- celebraron el contrato No. 4600088552, que tuvo por objeto la
construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de espacios públicos de la ciudad,
negocio que tuvo un plazo de 11 meses, que se suscribió bajo la modalidad de
precios unitarios, por lo que el pago estaba sujeto a la presentación de actas,
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Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
posteriores a los avances de obra, y que comenzó a ejecutarse el 10 de enero de
2021.
En tal sentido, una vez fue materializándose el objeto negocial, el contratista radicó
las actas de obra Nos. 1 a 7, que se le pagaron debidamente. Posteriormente, allegó
a la entidad contratante las actas de reajuste Nos. 8 a 10, por un valor total de
$353’678.542, monto que no se le pagó. El contrato finalizó el 5 de mayo de 2022,
sin que se hubieran realizado la totalidad de las obras, pues no se culminó la del
parque El Pedregal.
Posteriormente, OSC Engineering radicó varias facturas, dirigidas a obtener el pago
de los saldos supuestamente adeudados por concepto de las actas de obra Nos. 8
a 10, así como también presentó varias solicitudes de liquidación bilateral del
acuerdo de voluntades; sin embargo, la Administración se abstuvo de proceder en
tal sentido y, entre otros, se le terminó iniciando un procedimiento administrativo de
declaratoria de siniestro por falencias en las obras efectuadas.
Inconforme, OSC Engineering presentó demanda de controversias contractuales
contra el distrito de Medellín, con el fin de que se declarara el incumplimiento del
contrato No. 4600088552 frente al reconocimiento de los saldos derivados de las
actas de obra Nos. 8 a 10 y el deber de liquidación bilateral del acuerdo de
voluntades y, como consecuencia, se condenara a la demandada a pagar las
erogaciones supuestamente adeudadas en su favor.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 6 de mayo de 20251, OSC Engineering presentó demanda, en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales, contra el distrito de Medellín, con
el fin de que se declarara el incumplimiento de la obligación de pago del contrato
No. 4600088552 del 30 de diciembre de 2020 y, como consecuencia, se ordenara
a la demandada cancelar los saldos adeudados, en concordancia con múltiples
facturas electrónicas.
1 Carpeta “01 Demanda y Anexos” del link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente digital
de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“FPRETENCIONES (Sic) PRINCIPALES
A. Que se declare que por parte del MUNICIPIO DE MEDELLIN,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS, se incumplió el contrato Nro. 4600088552
de 2020, establecido con OSC ENGINEERING GROUP S.A.S con NIT
Nro. 890.905.211-2 Representada Legalmente por las razones expuesta
(Sic) en los hechos de este escrito de Conciliación Judicial (Sic).
B. Que se ordene a al MUNICIPIO DE MEDELLIN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
el pago de la factura OSFE147, con fecha de emisión 4/12/2024, por valor
de $660.832.267. más intereses Moratorios a la Tasa Máxima Legal
Permitida por la Superfinanciera, a nombre de OSC ENGINEERING
GROUP S.A.S con NIT Nro. 890.905.211-2 Representada Legalmente.
C. Que se ordene al MUNICIPIO DE MEDELLIN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS,
el pago de la factura OSFE136, con fecha de emisión 13/03/2023, por
valor de $132.415.326. más intereses Moratorios a la Tasa máxima Legal
Permitida por la Superfinanciera, a nombre de OSC ENGINEERING
GROUP S.A.S con NIT Nro. 890.905.211-2 Representada Legalmente.
D. Que se ordene al MUNICIPIO DE MEDELLIN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, SECRETARIAS DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS, el pago de la factura OSFE137, con fecha de emisión
13/03/2023, por valor de $131.075.793. más intereses Moratorios a la
Tasa máxima Legal Permitida por la Superfinanciera, a nombre de OSC
ENGINEERING GROUP S.A.S con NIT Nro. 890.905.211-2
Representada Legalmente.
E. Que se ordene al MUNICIPIO DE MEDELLIN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, SECRETARIAS DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS, el pago de la factura OSFE140, con fecha de emisión
21/11/2023, por valor de $90.187.420. más intereses Moratorios a la Tasa
máxima Legal Permitida por la Superfinanciera, a nombre de OSC
ENGINEERING GROUP S.A.S con NIT Nro. 890.905.211-2
Representada Legalmente.
F. Que se ordene al MUNICIPIO DE MEDELLIN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS,
Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el pago de Gastos
Administrativos causados y no reconocidos en el contrato por el tiempo
que se amplió la ejecución del contrato por 03 meses y 25 días, por valor
de $927.781.035, a nombre de OSC ENGINEERING GROUP S.A.S con
NIT Nro. 890.905.211-2 Representada Legalmente.
G. Que se ordene al MUNICIPIO DE MEDELLIN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS,
Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el pago de Perjuicios de
Terceros a OSC ENGINEERING GROUP S.A.S., por falta de pago
oportuno, demandas civiles y laborales, por valor de $209.060.680, a
nombre de OSC ENGINEERING GROUP S.A.S con NIT Nro.
890.905.211-2 Representada Legalmente.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
H. Que se ordene al MUNICIPIO DE MEDELLIN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS,
Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el pago Gastos por encargo
Fiduciario administrador de los fondos del contrato, por valor de
$43.593.834, a nombre de OSC ENGINEERING GROUP S.A.S con NIT
Nro. 890.905.211-2 Representada Legalmente. Reliquidado al momento
del pago, se solicitará la certificación a la fiduciaria correspondiente”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante
formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, producto de la licitación No. 70007072, el 30 de diciembre de
2020, el distrito de Medellín y OSC Engineering celebraron el contrato No.
4600088552, cuyo objeto consistió en construir, mejorar y mantener espacios
públicos de encuentro y esparcimiento de la ciudad, con un plazo inicial de 11 meses
y un valor inicial de $8.535’338.524, sujeto a la modalidad de precios unitarios y sin
pagos anticipados.
1.3.2. Señaló que la ejecución del contrato No. 4600088552 comenzó el 10 de enero
de 2021, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del acuerdo de voluntades.
1.3.3. Aseveró que las actas de obra Nos. 1 a 7 se pagaron, aunque tardíamente y,
tras múltiples vicisitudes, radicó las actas de reajuste Nos. 8, 9 y 10 por un valor
total de $353’678.542, valor que se habría de utilizar para que el contratista
terminara las obras del parque El Pedregal, pero que no se pagó, debido a la
configuración de vigencias expiradas, lo que llevó a que ese proyecto específico no
se hubiera culminado.
1.3.4. Declaró que, en criterio del distrito de Medellín, el contrato No. 4600088552
culminó el 5 de mayo de 2022.
1.3.5. Arguyó que el supervisor del contrato nunca tramitó ante la entidad
contratante el presupuesto para cubrir los reajustes del negocio jurídico, lo que
ocasionó que no se pagaran las últimas 3 actas de reajuste, por la suma de
$353’678.539 y, a la postre, llevó a que tuviera que formular salvedades en el acta
No. 10, reservándose el derecho a reclamar los saldos pendientes de pago.
También reprochó que aquel no hubiera tramitado las vigencias expiradas para
obtener los emolumentos adeudados.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
1.3.6. Puntualizó que, el 21 de noviembre de 2023, radicó múltiples facturas,
dirigidas a obtener el pago de los saldos adeudados por cuenta de las actas No. 8-
10.
1.3.7. Evidenció que, el 12 de enero de 2024, la interventoría le manifestó que,
revisado el proyecto de acta de liquidación del contrato “la encontramos ajustada a
lo acordado en las diferentes mesas de trabajo llevadas a cabo de forma conjunta
entre la entidad y la interventoría, por tanto vemos conveniente continuar con el
trámite de la misma”.
1.3.8. Aseguró que, el 13 de julio de 2024 presentó una petición al distrito de
Medellín, dirigida a reiterar otra petición del 4 de diciembre de 2023, a efectos de
solicitar que se suscribiera el acta de liquidación bilateral del contrato No.
4600088552 para, así, proceder al pago de las actas pendientes de reconocimiento.
1.3.9. Puntualizó que las respuestas a las peticiones que presentó no fueron
“satisfactorias ni de fondo”, pues solamente se le señaló que la fecha probable de
la firma del acta de liquidación bilateral habría de ser febrero de 2024 y el pago de
lo adeudado se extendería hasta mayo de 2024; sin embargo, para la fecha de
radicación de la demanda nada de aquello se ha llevado a cabo.
1.3.10. Consideró que, el 5 de agosto de 2024, el distrito de Medellín dio apertura a
una actuación administrativa dirigida a declarar el siniestro de amparo de calidad y
correcto funcionamiento de los bienes, en virtud de la garantía única de
cumplimiento No. 3004466.
1.3.11. Adujo que, el 3 de diciembre de 2024, el distrito de Medellín le informó que
como la fecha límite para liquidar el contrato fue el 5 de noviembre de 2024 “no fue
posible terminar su trámite antes de la fecha límite, por lo anterior no se logró realizar
la liquidación bilateral en los términos de ley”, de suerte que los pagos solicitados
debían resolverse con el área jurídica de la entidad territorial, motivo por el cual
afirmó haber radicado múltiples facturas a partir del 6 de diciembre de 2024, a
efectos de obtener el pago del saldo adeudado.
1.3.12. Estimó que, entregó a satisfacción todos los bienes producto del objeto
negocial y, frente al parque El Pedregal no pudo ser entregado en óptimas
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condiciones, dada la falta de flujo de caja del contratista por el impago de las actas
8 a 10.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, OSC Engineering expuso que el
distrito de Medellín incumplió el contrato No. 4600088552 y, por ende, desconoció
el artículo 29 de la Constitución, la Ley 640 de 2001, el artículo 41 de la Ley 80 de
1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1437 de 2011, el Código Civil y el Código de
Comercio, al abstenerse de pagar las actas de reajuste Nos. 8 a 10 presentadas
para su pago, circunstancia que le causó afectaciones a su flujo de caja que
impidieron que pudiera culminar una parte de las obras a su cargo. También
reprochó que la demandada no hubiera liquidado el contrato bilateralmente, pues
estimó que dicho proceder habría llevado a que se reconocieran las erogaciones
pendientes de pago a su favor.
Al efecto, consideró que tanto la tardanza de la entidad en el pago de las actas de
obra Nos. 1 a 7 por circunstancias como el retraso de los planos, como el impago
de las actas de reajuste Nos. 8 a 10 le causaron perjuicios y contrariaron la buena
fe, afectando sus flujos de caja, lo que lo llevó a incumplir las obligaciones
contraídas con distintos proveedores y, a la postre, los deberes negociales
adquiridos con ocasión del contrato No. 4600088552, entre ellas la intervención del
parque El Pedregal, que a su juicio no pudo culminar por la iliquidez que padeció.
Por otro lado, reprochó que, a su juicio, el supervisor impuso su criterio en la
ejecución negocial para obstaculizar el desarrollo técnico de las obras, por
conductas como el cambio intempestivo de los diseños iniciales y su negligencia en
la tramitación del presupuesto, al haber avalado uno menor, sin el cual no era
posible cubrir los costos asumidos en el marco del acuerdo de voluntades.
A su turno, adujo que su vinculación al procedimiento de declaratoria de siniestro
vulneró su debido proceso, pues no se le permitió controvertir las irregularidades
que se le imputaron y, entre otros, la desatención obligacional se originó en la propia
conducta del distrito de Medellín de impago de parte del saldo al que tenía derecho
el contratista, pues ese dinero se habría de utilizar, precisamente, en la culminación
del objeto negocial.
A la vez, sostuvo que la tardanza en liquidar bilateralmente el acuerdo de voluntades
obedeció a un actuar dilatorio de la demandada, dirigido a desconocer el pago que
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Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
se le adeuda y a privarla de poder efectuar el cruce de cuentas consensualmente y,
en tal virtud, destacó que el cómputo de 2 años para el referido balance debía
computarse en forma garantista “desde el momento de firmar el acta de recibo de
la obra a satisfacción”.
Finalmente, la cuantía se estimó en $2.194’946.312, correspondientes a la
sumatoria de los emolumentos perseguidos en las pretensiones de la demanda.
2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones
2.1. El 16 de septiembre de 20252-3, la Sala Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia admitió la demanda por encontrar reunidos los
requisitos de ley, decisión que fue notificada en debida forma.
2.2. El distrito de Medellín4 contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones,
por considerar que el escrito inicial no se presentó en tiempo y, en todo caso, atendió
cabalmente sus deberes negociales con ocasión del contrato No. 4600088552 del
30 de diciembre de 2020 y, por el contrario, fue OSC Engineering quien los
desconoció. Como consecuencia, formuló las excepciones de caducidad, pérdida
de competencia para liquidar el contrato e inexistencia de incumplimiento
contractual.
Previo a los reproches de fondo, la demandada advirtió que, a su juicio, operó el
fenómeno jurídico de la caducidad, por cuanto el término de 2 años para demandar,
consagrado en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, comenzó a
correr a partir del 6 de noviembre de 2022, es decir, pasados 6 meses después de
finalizado el plazo de ejecución -5 de mayo de 2022-, de modo que el interregno
para accionar finalizó el 6 de noviembre de 2024 y, como la solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho se presentó el 10 de febrero de 2025 y la demanda se allegó
el 6 de mayo de 2025, no hay duda de que fue radicada extemporáneamente.
Precisado lo anterior, manifestó que, en cualquier caso, OSC Engineering
desatendió el deber de entregar la totalidad de las obras a su cargo y, a la vez,
2 Inicialmente, mediante proveídos del 8 y 27 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia inadmitió la demanda por no haberse aportado el certificado de existencia y representación
de la sociedad OSC Engineering, así como el poder debidamente otorgado. Índices 4 y 9 del
expediente digital de primera instancia en SAMAI.
3 Índice 14 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
4 Índice 19 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
radicó tardíamente las facturas de cobro, así como “no tramitó una nueva adición
presupuestal”, de suerte que no era posible reconocer pago alguno en favor del
contratista, por haber pasado más de 2 años y medio desde que feneció el acuerdo
de voluntades y las peticiones de pago, por lo que hubo una “pérdida de
competencia para liquidar el contrato”, dado que el negocio jurídico podía
liquidarse hasta el 5 de noviembre de 2024 y las solicitudes de OSC Engineering
desconocieron ese límite temporal, por lo que las obligaciones en favor del
contratista se volvieron en naturales, al no ser exigibles de manera forzosa.
A su vez, consideró que, si bien mediante documentos preliminares mencionó la
existencia de reparaciones pendientes y condicionamientos al pago de las actas de
reajuste, ello no tiene efectos jurídicos vinculantes, pues no se consagró en decisión
definitiva alguna, sino en tratativas preparatorias de la entidad, motivo por el cual,
concluyó que mal se haría en darle el carácter conclusivo a una simple negociación.
También agregó que, aunque intentó liquidar el contrato antes de que feneciera la
fecha para ese fin -5 de noviembre de 2024-, no logró hacerlo por incumplimiento
en los compromisos adquiridos por el contratista, así como tampoco logró efectuar
el pago total porque las vigencias futuras que se comprometieron para asumir los
costos del acuerdo de voluntades expiraron y, si bien se procuró efectuar un trámite
para volver a comprometer dichos saldos, ello no se logró porque “no se había
aportado la documentación completa para iniciar la solicitud de vigencias
expiradas”, de manera que no podía reconocerse erogación alguna ante escenarios
de incertidumbre y falta de claridad. A ello sumó que, a su juicio, no hay una
obligación de que, en todos los casos, se suscriba un corte de cuentas bilateral con
ocasión de un contrato estatal, pues puede suceder que no se logre un acuerdo
producto de discrepancias entre los sujetos negociales, como en efecto sucedió en
el asunto de estudio. Como consecuencia, consideró que hubo una “inexistencia
de incumplimiento contractual”.
Igualmente, puntualizó que las actuaciones del supervisor y el interventor se
desarrollaron de conformidad con la Constitución, la Ley y los reglamentos de la
entidad, pues estos se restringieron a verificar el cabal cumplimiento del acuerdo de
voluntades, sin tener una incidencia directa en la negociación de su contenido
obligacional y/o en el libre margen de configuración del contratista para la ejecución,
por lo que no puede ahora OSC Engineering excusar su negligencia en aquellos.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
Por último, reconoció que inició un procedimiento administrativo de declaratoria de
siniestro mediante la Resolución No. 202450055181 del 5 de agosto de 2024,
debido a serias fallas en la calidad de las obras efectuadas por el contratista, así
como, en concordancia con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, dicha actuación
no era pasible de recursos por ser de trámite, de modo que no se le desconoció
derecho alguno a OSC Engineering por impedirle recurrir el referido acto.
2.3. OSC Engineering5 descorrió las excepciones propuestas por el distrito de
Medellín, en el sentido de oponerse a aquellas, para lo cual reiteró los argumentos
esbozados en la demanda, en el sentido de reafirmar que, a su juicio, el distrito de
Medellín desconoció el contrato No. 4600088552 en la obligación de pago de las
facturas Nos. 8 a 10 y en el deber de su liquidación bilateral. A su vez, en lo atinente
a la caducidad, argumentó que no se puede tener como fecha de finalización del
acuerdo de voluntades la señalada por la parte demandada, ya que existían obras
pendientes de concluir que mantuvieron en vilo el plazo negocial, de ahí que, en su
criterio, no se hubiera desatendido los artículos 141 y 164 del CPACA.
De ese modo, concluyó que “no hubo caducidad del medio de control, ya que los
hechos narrados demuestran que mi representado actuó con diligencia, y al
contrario el señor supervisor del contrato No. 4600088552 de 2020, arquitecto Juan
José Moreno Atehórtua, no solo actuó con negligencia, sino también con un
presunto dolo agravado”. A ello adicionó que “Es por ello que la fecha para
caducidad no opera, el señor Juan José Moreno no entregó los documentos legales
a tiempo”.
3. Intervención del Ministerio Público
3.1. El 4 de noviembre de 20256, el Ministerio Público intervino para advertir la
configuración de la excepción previa de caducidad, pues, a su juicio, el contrato No.
4600088552 finalizó el 5 de mayo de 2022, por lo que los 6 meses para liquidarlo
fenecieron el 6 de noviembre de 2022, de manera que los 2 años a que se refiere el
literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA transcurrieron entre el 6 de
noviembre de 2022 y el 6 de noviembre de 2024 y, como la solicitud de conciliación
extrajudicial se allegó el 27 de marzo de 2025 y, la demanda se presentó el 7 de
5 Índices 20 y 21 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
6 Índice 22 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
mayo de 2025, operó la caducidad del medio de control de controversias
contractuales.
3.2. OSC Engineering7 se pronunció sobre la excepción de caducidad advertida por
el Ministerio Público, en el sentido de pedir que se desestimara, por considerar que
dicha circunstancia no fue alegada por la referida entidad al momento de dirigir el
agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial. A lo anterior agregó que
evidenció la ocurrencia de un supuesto fraude con ocasión de la ejecución del
contrato No. 4600088552 por parte del supervisor.
4. Trámite de sentencia anticipada
4.1. El 11 de noviembre de 20258-9, la Sala Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia ordenó dictar sentencia anticipada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021, debido a que tanto el distrito de Medellín como el Ministerio Público
formularon la excepción de caducidad. Como consecuencia, corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía,
rindiera concepto.
4.1.1. OSC Engineering10 ratificó que, a su juicio, el distrito de Medellín incumplió el
contrato No. 4600088552 en las obligaciones de pago y liquidación del acuerdo de
voluntades, como resultado de un actuar dilatorio que, a la postre, bajo su
consideración lo llevó “al límite de la caducidad”. Con todo, posteriormente agregó
que “no hubo ninguna caducidad, porque fuimos asaltados en nuestra buena fe por
buscar hasta el final una conciliación para liquidar el contrato en forma bilateral”. Por
ello, estimó que el término de caducidad debía computarse a partir del 28 de octubre
de 2024, fecha última en la cual el distrito de Medellín dio visto bueno del acta de
liquidación bilateral que, en todo caso, nunca se suscribió.
7 Índice 23 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
8 Índice 24 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
9 Inconforme con la anterior decisión, OSC Engineering presentó recurso de reposición, por
considerar que, a su juicio, no operó la caducidad, por lo que no procedía llevar a cabo el trámite de
la sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA, reformado por la Ley 2080 de 2021.
Con todo, mediante proveído del 5 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
resolvió no reponer el auto del 11 de noviembre de 2025, para lo cual argumentó que la decisión de
sentencia anticipada se adoptó según los supuestos de ley. Índices 29 y 37 del expediente digital de
primera instancia en SAMAI.
10 Índice 41 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
4.1.2. El Ministerio Público11 reafirmó que, en su criterio, operó el fenómeno jurídico
de la caducidad, por cuanto el contrato No. 4600088552 finalizó el 5 de mayo de
2022, por lo que los 6 meses para liquidarlo transcurrieron hasta el 6 de noviembre
de 2022, por lo que se contaba hasta el 6 de noviembre de 2024 para ejercer el
derecho de acción, según el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y,
con todo, tanto la solicitud de conciliación extrajudicial como la demanda fueron
radicados posteriormente, es decir, extemporáneamente.
4.1.3. El distrito de Medellín guardó silencio.
5. Sentencia anticipada de primera instancia
Mediante sentencia anticipada del 10 de febrero de 202612, la Sala Octava de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de
caducidad propuesta por el distrito de Medellín y el Ministerio Público, por evidenciar
que la demanda se radicó más de 2 años después de la fecha en que debió
liquidarse el contrato No. 4600088552, de conformidad con el literal j) del numeral
2 del artículo 164 del CPACA.
Efectivamente, el a quo señaló que el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA dispuso que, cuando se estuviera ante acuerdos de voluntades pasibles de
ser liquidados, los 2 años para ejercer el derecho de acción se contarían a partir de
pasados dos meses de cuando se debió efectuar el cruce de cuentas bilateral, lo
que, aterrizado al asunto de estudio, reveló que la demanda allegada por OSC
Engineering fue extemporánea, por cuanto el contrato No. 4600088552 objeto de la
contienda terminó el 5 de mayo de 2022, por lo que los 4 meses para el corte de
cuentas culminaron el 6 de septiembre de 2022 y, los dos meses adicionales
previstos por el referido estatuto procesal transcurrieron hasta el 6 de noviembre de
2022, por lo que los 2 años para ejercer el derecho de acción finalizaron el 6 de
noviembre de 2024 y, considerando que la solicitud de conciliación extrajudicial se
allegó el 10 de febrero de 2025 y la demanda el 6 de mayo de 2025, no cabe duda
de que fueron extemporáneas.
Por último, frente al argumento de la parte actora según el cual la demanda en
tiempo debió contabilizarse a partir del 28 de octubre de 2024, fecha en la cual se
11 Índice 28 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
12 Índice 45 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
dio visto bueno del acta de liquidación bilateral, se consideró que “la simple
aprobación de un proyecto de acta no puede hacer las veces de un acta de
liquidación del contrato”, por lo que no era posible tener en cuenta dicho momento
como punto de partida para determinar si operó o no la caducidad.
6. Recurso de apelación
6.1. El 25 de febrero de 202613, OSC Engineering presentó recurso de apelación,
que fue concedido el 12 de marzo de 202614 y admitido el 10 de abril de 202615.
6.2. En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, no operó la caducidad respecto a las pretensiones de
incumplimiento del contrato No. 4600088552, pues “el término de 2 años no había
fenecido al momento de presentación de la demanda”, por lo que debieron
resolverse sus pretensiones de fondo y favorablemente.
Efectivamente, OSC Engineering manifestó que se incurrió en un “error en la fijación
de la fecha de inicio del término”, debido a que, en su criterio, el intervalo para
ejercer el derecho de acción comenzó a correr el 28 de octubre de 2024 y no el 5
de noviembre de 2022, ya que en tal momento se le notificó al supervisor del
contrato su aquiescencia con la liquidación del acuerdo de voluntades y se le pidió
que informara fecha y hora para la suscripción del acta bilateral. Al punto, especificó
que, en línea con la sentencia del expediente No. 61631, la ausencia de salvedades
y/o de una liquidación bilateral no exime al juez para que haga un estudio de fondo
de la controversia.
De ese modo, aseguró que, como los 2 años para accionar comenzaron a correr el
28 de octubre de 2024, tanto la solicitud de conciliación como la demanda se
radicaron en tiempo, pues solo habían pasado 3 meses y 13 días desde el plazo en
referencia para cuando se allegó el escrito inicial, de suerte que se configuró una
“no ocurrencia de la caducidad”. A lo anterior sumó que, en sintonía con la
providencia del Consejo de Estado en el expediente con número interno 62009, ante
la duda existente en el cómputo del término, se debían aplicar los principios pro
actione y pro damato para resolver la controversia de fondo. De ese modo, concluyó
13 Índice 48 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
14 Índice 50 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
15 Índice 3 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
que el a quo erró al declarar probada la excepción de caducidad, incurriendo en una
“configuración del hecho de derecho”.
Por su parte, reprochó que el mismo Ministerio Público que surtió el trámite de la
conciliación extrajudicial no hubiera advertido desde ese momento la ocurrencia de
una caducidad y, contradictoriamente, la pusiera de presente durante el trámite de
primera instancia. Lo propio cuestionó al a quo, por considerar que admitió la
demanda y, por ese hecho, debió resolver de fondo la controversia, circunstancia
que le puso de presente al recurrir el auto que resolvió que se surtiera el trámite de
la sentencia anticipada.
Por último, reiteró que, en su criterio, el distrito de Medellín incumplió el contrato No.
4600088552 en cuanto a sus obligaciones de pago y liquidación, por negarse a
cancelar las actas de reajuste Nos. 8-10 pese a que radicó las facturas
correspondientes para el efecto y, a la vez, por dilatar el trámite del corte de cuentas,
al punto que no pudo llevarse a cabo dentro del plazo legal, entre otros, por un
actuar doloso y de mala fe del supervisor.
7. Trámite de segunda instancia
7.1. Dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación, OSC
Engineering16 manifestó que se ratificaba “en todos y cada uno de los hechos
narrados y sustentados en la demanda y respuesta a excepciones de la
demandada, incluyendo los perjuicios económicos y morales que mi representado
ha padecido”.
7.2. Una vez en firme el auto que admitió el recurso de apelación, el expediente
ingresó para fallo.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) procedencia del medio de control de
controversias contractuales, (3) problema jurídico, (4) solución al problema jurídico
y (5) costas.
16 Índice 11 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10417 del CPACA, pues el contrato No.
4600088552 del 30 de diciembre de 2020 fue suscrito por el distrito de Medellín, en
tanto entidad pública territorial del orden distrital18-19, en el marco de su actividad
contractual.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con el artículo 15020 y el numeral 4 del artículo 15221 del
CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que
la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los 500
SMLMV22.
17 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación
de la demanda -6 de mayo de 2025- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las
modificaciones de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos no
contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer estatuto
procesal. // “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública”.
18 Ley 2286 de 2023. “Artículo 3. Régimen aplicable. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín será una entidad territorial con autonomía, sujeta al régimen político,
administrativo y fiscal que establece expresamente la Constitución, la presente ley, y las leyes
especiales que para su organización y funcionamiento se dicten”.
19 Constitución de 1991. “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los
municipios y los territorios indígenas. // La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las
regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”.
20 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación
[Modificado por el artículo 615 del CGP]. // [Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de
2021]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También
conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado
en el artículo 245 de este código […]”.
21 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. [Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021]. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: […] 4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de
funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.
22 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento la pretensión mayor ascendió a
$927’781.035, monto que excedió 500 veces la suma de $1’423.500 (1.423.500 x 500 =
711’750.000), que correspondía al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de
presentación de la demanda -2025-.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
2. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14123 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
eventual responsabilidad contractual del distrito de Medellín, como resultado del
supuesto impago de varias actas relacionadas con ocasión del contrato No.
4600088552 -obligación de pago-, así como por la falta de acuerdo en su liquidación
bilateral, el medio de control procedente es el de controversias contractuales.
3. Problema jurídico
La caducidad es un fenómeno jurídico en virtud del cual el paso del tiempo extingue
la posibilidad de ejercer el derecho de acción, y está sujeta a los plazos que la ley
designe para ese efecto, así como puede ser verificada de oficio, de suerte que,
aunque no haya sido alegada por los sujetos procesales, el juez puede declararla
de encontrarse configurada24.
Aclarado lo anterior, de manera previa a cualquier estudio de fondo, a la Sala le
corresponde analizar si la demanda de controversias contractuales presentada por
OSC Engineering contra el distrito de Medellín, mediante la cual se advirtió el
23 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2025. Radicado
25000-23-36-000-2022-00315-01 (70843).
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
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incumplimiento del contrato No. 4600088552 en sus obligaciones de pago y
liquidación bilateral, se radicó en el plazo de 2 años exigido por el literal j) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA y, dentro de ello, si se debe tener como punto
de partida para el cómputo de dicho plazo la fecha siguiente al plazo para efectuar
el cruce de cuentas o, por el contrario, el momento en que la apelante dio visto
bueno para realizarlo.
4. Solución al problema jurídico
A efectos de determinar si se configuró o no el fenómeno jurídico de la caducidad,
corresponde verificar los sucesos alrededor de la suscripción del contrato No.
4600088552 del 30 de diciembre de 2020, su finalización y las negociaciones para
intentar su liquidación. Luego, se retomarán los cargos de apelación, a efectos de
determinar si la demanda fue radicada extemporáneamente o no.
4.1. El contrato No. 4600088552 del 30 de diciembre de 2020 y su ejecución
4.1.1. El 30 de diciembre de 202025, el distrito de Medellín y OSC Engineering
suscribieron el contrato No. 4600088552, que tuvo por objeto la “construcción,
mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento
de la ciudad”, por un valor de $8.535’338.524, con un plazo inicial de 11 meses,
contrato al que, por demás, le aplican las previsiones establecidas en el EGCAP.
Entre otros, en la cláusula 25 del acuerdo de voluntades se dispuso que la
liquidación se habría de efectuar “de conformidad con lo establecido en la Ley 1150
de 2007”, por lo que se efectuaría dentro de los 4 meses siguientes a la expiración
del término para la ejecución negocial y, de no lograrse un acuerdo, se liquidaría
unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes. En el evento en que lo anterior no
se llevara a cabo, se indicó que el corte de cuentas podría efectuarse “en cualquier
tiempo dentro de los dos años siguientes […] sin perjuicio de lo previsto en el artículo
164 del CPACA”.
25 Páginas 361 a 381 del archivo “02LinkPoderPruebas” de la carpeta
“13ContestaciónDemandaDistritoMde” del link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente
digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
4.1.2. El 10 de enero de 202126, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato,
con una fecha estimada de terminación del 9 de enero de 2022.
4.1.3. El 24 de agosto de 202127, el distrito de Medellín llevó a cabo una reunión
general para verificar la fórmula de reajuste del contrato No. 4600088552, donde se
analizó la inclusión de algunos índices representativos para el contrato que no
habían sido tenidos en cuenta y se concluyó que, si a bien lo tenía, el contratista
podía realizar reclamaciones posteriores en caso de demostrar que la fórmula
presentada no suplió los cambios reales de precio del mercado.
4.1.4. El 12 de mayo de 202228, el distrito de Medellín y OSC Engineering Group
suscribieron el acta de terminación y recibo de obra pública, en la cual señalaron
que el contrato No. 4600088552 finalizó el 5 de mayo de 2022, debido a que fue
ampliado hasta esa fecha.
4.1.5. El 4 de diciembre de 202329, OSC Engineering presentó una petición al distrito
de Medellín, en el cual solicitó la gestión del pago del acta de obra No. 10 y las actas
de reajuste Nos. 8-10.
4.1.6. El 5 de agosto de 202430, el distrito de Medellín inició una “actuación
administrativa tendiente a declarar el siniestro” por fallas en la calidad de las obras
desarrolladas con ocasión del contrato No. 4600088552.
4.1.7. El 28 de octubre de 202431, OSC Engineering le compartió al interventor y al
distrito de Medellín un acta de liquidación bilateral “con las observaciones que
consideramos no tenemos un acuerdo con el municipio”. Con todo, argumentó que
26 Páginas 382 a 383 del archivo “02LinkPoderPruebas” de la carpeta
“13ContestaciónDemandaDistritoMde” del link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente
digital de primera instancia en SAMAI.
27 Páginas 152 a 155 del archivo “006ED_6soporteprobatoriodo” de la carpeta “01 Demanda y
Anexos” del link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
28 Páginas 101 a 140 del archivo “02LinkPoderPruebas” de la carpeta
“13ContestaciónDemandaDistritoMde” del link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente
digital de primera instancia en SAMAI.
29 Página 222 del archivo “006ED_6soporteprobatoriodo” de la carpeta “01 Demanda y Anexos” del
link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
30 Página 223 a 240 del archivo “006ED_6soporteprobatoriodo” de la carpeta “01 Demanda y Anexos”
del link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
31 Páginas 177 a 179 del archivo “006ED_6soporteprobatoriodo” de la carpeta “01 Demanda y
Anexos” del link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
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“estamos atentos […] para proceder a firmar el acta bilateral de liquidación y que
nos indiquen la fecha exacta de pago”.
4.1.8. El 27 de enero de 202532, el distrito de Medellín le indicó a OSC Engineering
que no era posible efectuar pago alguno o liquidar el contrato No. 4600088552
debido a que se perdió la competencia para ello, por haber pasado más de 2 años
desde la finalización del acuerdo de voluntades.
4.2. La demanda radicada por OSC Engineering fue extemporánea y, por ello,
operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales
La sociedad OSC Engineering presentó demanda de controversias contractuales
contra el distrito de Medellín, a efectos de que se declarara el incumplimiento del
contrato No. 4600088552 frente a las obligaciones de pago de las actas nos. 8-10 y
del deber de liquidar bilateralmente el referido acuerdo de voluntades. Lo anterior,
por considerar que se presentaron costos con ocasión de la ejecución negocial cuyo
valor no le fue reconocido, aunado a lo cual llevó a cabo todo el trámite necesario
para efectuar el corte de cuentas y; sin embargo, la referida entidad territorial se
abstuvo de concertarla.
El distrito de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar
que, además de que no había lugar a reconocer suma alguna al contratista, ni era
una obligación liquidar bilateralmente el acuerdo de voluntades, operó el fenómeno
jurídico de la caducidad, debido a que, considerando que el contrato No.
4600088552 finalizó el 5 de mayo de 2022, los 6 meses para liquidarlo
transcurrieron entre el 6 de mayo y el 6 de noviembre de 2022, por lo que, el plazo
para demandar feneció el 6 de noviembre de 2024 y; sin embargo, la solicitud de
conciliación extrajudicial y la demanda se allegaron de manera posterior, tesis que
fue acogida por el Ministerio Público en sus intervenciones y, a la vez, adoptada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de primera instancia, donde
se declaró probada la excepción de caducidad.
Inconforme, OSC Engineering solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, por considerar que no operó
el fenómeno jurídico de la caducidad, por cuanto, en su criterio, el distrito de
32Páginas 259 a 264 del archivo “006ED_6soporteprobatoriodo” de la carpeta “01 Demanda y
Anexos” del link de OneDrive obrante en el folio 54 del expediente digital de primera instancia en
SAMAI.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
Medellín incurrió en un actuar dilatorio frente a la liquidación del contrato No.
4600088552, por lo que no podía tenerse en cuenta como punto de partida para el
cómputo de la oportunidad de la demanda la fecha en que feneció el plazo de 6
meses para liquidarlo, sino el 28 de octubre de 2024, fecha en la cual compartió el
proyecto de acta de liquidación a la demandada, dando el visto bueno para su firma,
por constituir el fundamento de hecho y de derecho de las pretensiones, de suerte
que, bajo esa premisa, tanto la solicitud de conciliación como la demanda habrían
sido radicados en tiempo.
A lo anterior se agregó que resultaba contradictorio que el Ministerio Público hubiera
dado aval del acta del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial sin
advertir la ocurrencia de la caducidad para, después, sorprender a la parte actora
con la advertencia de la configuración de la aludida figura, lo que a su juicio es
inadecuado. Lo propio advirtió frente al a quo, al haberle reprochado que admitiera
la demanda sin poner de presente que esta se radicó fuera de tiempo, para luego
contradecirse al indicar que fue extemporánea.
Finalmente, especificó que las sentencias de los expedientes con Nos. Internos
61631 y 62009 habilitaban a esta Corporación a concluir que la demanda se radicó
en tiempo, considerando que: i) la ausencia de salvedades y/o de una liquidación
no son impedimento para un estudio de fondo y ii) ante la duda frente al cómputo
para contabilizar la caducidad, se debe estudiar la controversia en virtud de los
principios pro actione y pro damato.
Así las cosas, tal y como se anticipó en el apartado del problema jurídico, previo a
cualquier estudio de fondo corresponde analizar si la demanda presentada por OSC
Engineering se allegó en tiempo, o si por el contrario se formuló por fuera del plazo
legal y, por tanto, operó la caducidad del medio de control de controversias
contractuales, para lo cual se hará referencia a esa última figura y su alcance, y a
lo debidamente acreditado para efectos de determinar la oportunidad de la
demanda.
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general33, estableció en el proceso contencioso administrativo
33 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción34 y ofrecer estabilidad del
derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato
judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.
Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.
20
Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
justicia35, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la
ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las
Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y 2220 de 2022; tampoco admite renuncia y, de
encontrarse probada, debe ser declarada aun de oficio por el juez.
Bajo el anterior contexto, el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA36 dispuso que, en las pretensiones relativas a contratos, cuando el acuerdo
de voluntades no es liquidado, el término para demandar será de 2 años, contados
una vez cumplido el término de 2 meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para efectuar el corte de cuentas bilateralmente o, en su defecto, del
término de 4 meses siguientes a la terminación del contrato.
Con el mencionado criterio para el cómputo de la oportunidad de la demanda, el
legislador supeditó el inicio del referido plazo al hecho de que no se liquidara el
acuerdo de voluntades, bajo la premisa de que dicha etapa posterior a la finalización
de los contratos es facultativa y, por tanto, no puede quedar en vilo indefinidamente,
por lo que, en el caso en que no se logra llevar a cabo, los cocontratantes quedan
plenamente investidos para acudir al juez contencioso administrativo y, de ser el
caso, perseguir judicialmente que se declare el incumplimiento y/o que en ese
estadio judicial se lleve a cabo el corte de cuentas, entre otros37.
35 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998: “[...] Si el actor deja transcurrir
los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho
fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos
constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la
caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto
de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas
por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado [...]”.
36 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta
no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]”.
37 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de junio de 2016. Radicado
11001-03-06-000-2015-00067-00 (2253).
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
En la práctica, en aquellos eventos en que se está ante un contrato sometido a la
Ley 80 de 1993 -y sus reformas- (como ocurre en el presente caso) y no se pacta
un plazo especial para la liquidación, debe tenerse en cuenta el artículo 11 de la Ley
1150 de 200738, que dispuso que el corte de cuentas bilateral se efectuaría en los 4
meses siguientes a la terminación del acuerdo de voluntades y, de no lograrse
consensualmente, la Administración podría llevarlo a cabo unilateralmente dentro
de los 2 meses posteriores.
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 también previó que, de no
liquidarse el contrato estatal dentro de los 4 y 2 meses referidos anteriormente, ello
podría efectuarse dentro de los 2 años siguientes, con una precisión, y es que
remitió al otrora artículo 136 del Decreto 01 de 1984 -CCA-, hoy artículo 164 del
CPACA, lo que evidencia que dispuso en forma concurrente el plazo de 2 años para
demandar con el mismo término para que se pudiera efectuar el corte de cuentas,
tras lo cual la Administración pierde competencia para ello y, a la vez, opera la
caducidad del medio de control de controversias contractuales39.
En ese orden de ideas, en aquellos casos en que se presenta una demanda ante el
juez contencioso administrativo con ocasión de un contrato estatal sometido a la
Ley 80 de 1993 -y sus reformas- cuya liquidación no fue llevada a cabo, el criterio
para determinar los 2 años para ejercer el derecho de acción es el contenido en el
ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, debido a que fue
querer del legislador establecer que, en tales casos, el inicio del plazo de referencia
comienza a correr pasados 2 meses desde que se debió llevar a cabo el cruce de
cuentas de forma bilateral, mandato que prevalece sobre los demás criterios
38 “Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará
de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato
o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. // Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. // Los
contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto
de acuerdo”.
39 Dicho criterio para contabilizar la demanda en tiempo ha sido aplicado en las siguientes decisiones:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias: i) del 1° de junio de 2026. Radicado
25000-23-36-000-2019-00184-01 (68756) y ii) del 17 de julio de 2026. Radicado 25000-23-36-000-
2018-00497-01 (67880).
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
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previstos en el mismo literal j) para otros escenarios y que no puede ser
desconocido, por ser una auténtica norma procesal de orden público.
Aclarado lo anterior, en el caso concreto está demostrado que, el 30 de diciembre
de 2020, el distrito de Medellín y OSC Engineering suscribieron el contrato No.
4600088552, con el objeto de construir, mejorar y mantener los espacios públicos
de encuentro y esparcimiento de la ciudad homónima, negocio en el cual se convino
la liquidación en los términos de la Ley 1150 de 200740 (apartado No. 4.1.1.). El
acuerdo de voluntades en comento comenzó a ejecutarse el 10 de enero de 2021
y, tras diferentes vicisitudes y ampliaciones en su plazo, finalizó el 5 de mayo de
2022 (apartados Nos. 4.1.2. a 4.1.4.).
En forma posterior, existe evidencia de que OSC Engineering solicitó el pago de las
actas de reajuste Nos. 8-10 y el acta de obra No. 10 y, paralelamente, el distrito de
Medellín inició una actuación administrativa para declarar el siniestro por fallas en
la calidad de las obras efectuadas, así como existió una serie de negociaciones
dirigidas a suscribir un acta de liquidación bilateral, sin que, en todo caso, esta se
hubiera logrado concretar, al punto que para el 28 de octubre de 2024 no se había
signado y, para el 27 de enero de 2025, la Administración se rehusó a hacerlo, por
considerar que había perdido la competencia para tal efecto (apartados Nos. 4.1.5.
a 4.1.8.).
A partir del anterior bosquejo fáctico, la Sala considera que operó el fenómeno
jurídico de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, debido
a que la demanda se radicó más de 2 años después desde que se debió liquidar el
contrato, como se pasa a exponer.
Efectivamente, las partes coincidieron, y los documentos adjuntos con la demanda
y su contestación evidencian que el contrato No. 4600088552 del 30 de diciembre
40 Vale precisar que, en los términos de los artículos 2 y 13 de la Ley 80 de 1993, al contrato le era
aplicable dicha normativa, por cuanto fue suscrito por el distrito de Medellín, en tanto entidad estatal
distrital. “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos
efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) […] La Nación, las regiones, los
departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas,
las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en
las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación
pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y
niveles”. // “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que
celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en
esta ley […]”.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
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de 2020 finalizó el 5 de mayo de 2022, por lo que el plazo para su liquidación
bilateral corrió entre el 6 de mayo y el 6 de septiembre de 2022 -4 meses- y el
interregno para su liquidación unilateral transcurrió entre el 7 de septiembre de 2022
y el 7 de noviembre de 2022 -2 meses-.
Luego a partir del 7 de noviembre de 2022, comenzó a correr el término de 2 años
tanto para ejercer el derecho de acción frente al vínculo contractual, como para su
posibilidad final de liquidación, plazo que transcurrió entre el 7 de noviembre de
2022 y el 7 de noviembre de 2024, sin que, para esa última fecha, se hubiera logrado
efectuar el corte de cuentas -bilateral o unilateralmente-.
Posteriormente, el 10 de febrero de 2025, OSC Engineering presentó solicitud de
conciliación extrajudicial, que fue declarada fallida mediante audiencia del 27 de
marzo de 202541, tras lo cual, el 6 de mayo de 2025 presentó demanda de
controversias contractuales.
Lo anterior evidencia que la demanda se radicó extemporáneamente, pues se
contaba hasta el 7 de noviembre de 2024 para presentar el escrito inicial y, con todo,
este se allegó hasta el 6 de mayo de 2025, sin que el agotamiento del trámite de la
conciliación extrajudicial en derecho hubiera tenido la vocación de interrumpir el
referido plazo, habida cuenta de que también se presentó ante el Ministerio Público
cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad -10 de febrero de
2025-.
Ahora bien, respecto al argumento de OSC Engineering según el cual el plazo para
computar los 2 años para demandar debía contabilizarse a partir del 28 de octubre
de 2024, pues en esa fecha compartió el proyecto de acta de liquidación a la
demandada, dando el visto bueno para su firma, la Sala advierte que ese suceso
no puede tenerse como punto de partida para determinar la demanda en tiempo,
debido a que ello no fue más que una simple remisión de un mensaje manifestando
la voluntad de efectuar un corte de cuentas (apartado No. 4.1.7.), mas no se
constituyó con ello una voluntad suficientemente determinante para que se
entendiera que con ello se celebró un balance de activos y pasivos, en los términos
de la Ley 1150 de 2007.
41Archivo “005ED_5Constancia057429pdf” de la carpeta “01 Demanda y Anexos” del link de
OneDrive obrante en el folio 54 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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En ese sentido, es común que, una vez finaliza el contrato estatal las partes puedan
entablar negociaciones para procurar la suscripción de una liquidación bilateral, sin
que ello sea una camisa de fuerza para la Administración, pues dicha modalidad de
corte de cuentas está sujeta a un consentimiento para su celebración, tanto así que
ha sido considerada por la jurisprudencia de esta Subsección42 un negocio jurídico
vinculante para sus suscriptores, de suerte que no se conforma por simples
tratativas previas, sino con una auténtica manifestación expresa de voluntad sin
vicios que, en el caso de estudio, no se configuró, pues aunque hubo un intento de
llegar a un acuerdo sobre los activos y pasivos producto de la relación negocial, no
se logró un consenso sobre ello -como lo advirtieron las propias partes del proceso
en sus intervenciones-.
Ligado a esto, no cabe duda de que la manifestación de voluntad de OSC
Engineering del 28 de octubre de 2024, dirigida a expresar su aquiescencia para la
realización de un corte de cuentas, fue unívoca o unidireccional, es decir, solamente
fue expresada por su parte, sin que el distrito de Medellín hubiera convalidado ese
querer, así como tampoco se evidencia que con la referida declaración se hubieran
establecido las condiciones para la liquidación, circunstancia que evidencia que, de
ningún modo, esta se efectuó entre las partes del contrato No. 4600088552 en esa
u otra fecha y, por tanto, tal momento no puede ser tenido en cuenta para computar
la demanda en tiempo.
De ese modo, el hecho de que el 28 de octubre de 2024 OSC Engineering hubiera
manifestado su intención de lograr un acuerdo liquidatorio no era una circunstancia
pasible de reanudar el término para demandar, pues el ordinal v) del literal j) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA fue claro en señalar que, de no lograrse
liquidar el contrato, los 2 años para demandar comenzaban a correr pasados 2
meses desde que debió liquidarse bilateralmente, sin que se le diera alguna
relevancia para ese cómputo a los intentos de realizar el cruce de cuentas.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.
Radicado 52001-23-33-000-2018-00555-01 (67567). En la referida providencia se indicó, entre otros,
que: “Dentro de los momentos donde se puede disponer y/o renunciar de obligaciones y/o derechos,
el acta de liquidación es uno de los más comunes, pues mediante el corte de cuentas final de la
relación negocial se determinan los activos y pasivos producto del acuerdo de voluntades y, además,
ha sido considerado como un negocio jurídico autónomo, en el que, a propósito de la inejecución
contractual, se puede aceptar el reconocimiento de los gastos en que haya incurrido el contratista, y
se puede descartar el de otros emolumentos como la utilidad esperada de percibir, si a bien lo tienen
los cocontratantes”.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
Una interpretación contraria, dirigida a sostener que cualquier negociación
preliminar sobre la liquidación del contrato tiene la vocación de variar el mandato
sobre el cómputo de la caducidad previsto por el legislador en el ordinal v) del literal
j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA llevaría a aceptar que el plazo para
accionar quedara sujeto al arbitrio y el capricho de los sujetos procesales, lo cual no
es de recibo para esta Subsección, pues es el Congreso de la República el único
habilitado para definir los plazos para accionar, precisamente porque, como se
indicó precedentemente, con ello se establecen reglas objetivas y claras para acudir
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero también se fomenta dar
conclusión a situaciones en vilo y, así, promover la seguridad jurídica.
A lo anterior se suma que, en el evento en que no se liquida el contrato estatal, la
Sección Tercera del Consejo de Estado43 ha señalado que los intercambios de
oficios, las mesas de trabajo o la decisión mediante la cual se advierte la pérdida de
competencia para el corte de cuentas no constituyen momentos idóneos para alterar
el plazo para demandar, ni mucho menos tienen la vocación de ser el punto de
partida para ello, pues una simple expectativa no reemplaza el hecho de que se
hubiera efectuado -o no- el balance de activos y pasivos, motivo por el cual, ante
ese escenario, el plazo para accionar se sigue rigiendo por el criterio previsto en el
ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
En ese orden de ideas, la Sala descarta que, en el asunto de estudio, se deba
contabilizar la demanda en tiempo a partir del 28 de octubre de 2024.
Por otro lado, OSC Engineering consideró que el hecho de que el Ministerio Público
hubiera emitido la constancia de no conciliación extrajudicial sin advertir de la
caducidad, para luego ponerla de presente durante el trámite de primera instancia,
constituyó un actuar sorpresivo que debe llevar a pretermitir dicho fenómeno jurídico
para, en su lugar, efectuarse un estudio de fondo. Lo propio cuestionó frente al
Tribunal Administrativo de Antioquia, al sostener que de haberse presentado la
demanda extemporáneamente, debió rechazarla desde un comienzo.
Sobre ello, cabe poner de presente que, como se expuso apartes atrás, la
declaratoria de la caducidad puede efectuarse a solicitud de las partes o de oficio,
y en cualquier momento del proceso, por ser un presupuesto procesal de orden
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 8 de mayo de 2026. Radicado 54001-
23-33-000-2025-00071-01 (73.978).
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
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público que corresponde verificar tanto en primera como en segunda instancia, sin
que el hecho de que no se advierta desde los primeros estadios del proceso impida
declararla con posterioridad, pues en ningún caso le corresponde al juez efectuar
un estudio de fondo cuando la demanda se radicó por fuera de tiempo.
Así las cosas, no se comparte el reproche de la parte apelante, pues si bien ni el
Ministerio Público o el Tribunal Administrativo de Antioquia advirtieron la ocurrencia
de la caducidad desde un primer momento, ello de ningún modo es óbice para
declarar dicha excepción al momento de dictar sentencia en primera o, incluso,
durante la segunda instancia, sin que, una vez más, por ese simple hecho se deba
exceptuar tal circunstancia, debido a que las oportunidades para ejercer el derecho
de acción no penden del capricho de los sujetos procesales, sino que están sujetas
a la legislación procesal vigente en cada caso.
A su turno, OSC Engineering estimó, con fundamento en las sentencias de los
expedientes Nos. 61631 y 62009 que esta Corporación debía concluir que su
demanda se radicó en tiempo, por cuanto la ausencia de salvedades y/o de una
liquidación no impiden efectuar un estudio de fondo y, ante las dudas en el cómputo
para contabilizar la caducidad, corresponde estudiar la controversia de fondo.
En cuanto a esos cuestionamientos, vale poner de presente que el Consejo de
Estado unificó su jurisprudencia44 para señalar que, efectivamente, la ausencia de
salvedades cuando se pactan suspensiones o modificaciones del contrato no impide
el análisis de los reclamos económicos de las partes, con lo cual se quiso evitar
sentencias inhibitorias en tales escenarios; sin embargo, con ello no se quiso decir
que se debieran estudiar de fondo demandas presentadas extemporáneamente,
pues, incluso en el evento en que no se formulan reparos durante el íter contractual,
en caso de que se susciten controversias por esas circunstancias, el escrito inicial
debe ser presentado en tiempo, motivo por el cual no se comparte la interpretación
44 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 27 de julio de
2023. Radicado 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121). En específico, la regla de unificación fue
la siguiente: “Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá
estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya
formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual
o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El
deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según
las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos
contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena
fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las partes pretendieron o no, con ese
acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí
que, si no se acordó nada por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si
esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que
resulte probado”.
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
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efectuada por la parte apelante para justificar un análisis de fondo de su demanda
extemporánea.
Igualmente, tampoco se comparte que al presente asunto apliquen los principios pro
actione y pro damato, pues si bien esta Corporación45 ha analizado
diferenciadamente el cómputo para demandar, o establecido criterios específicos
en aquellos eventos en que existen dudas sobre su inicio y finalización, o en
escenarios en los cuales se evidencian vacíos legislativos para determinar el plazo
para accionar, ello se debe, precisamente, a la falta de claridad sobre el momento
en que se debe ejercer el derecho de acción, lo cual no sucede en el asunto de
estudio, no solamente porque el legislador dispuso en el ordinal v) del literal j) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA que, cuando no se liquida el contrato estatal
que debía liquidarse, el plazo para determinar los 2 años para demandar se cuenta
pasados 2 meses desde que finaliza el plazo para la liquidación bilateral, sino
también porque en el expediente obran pruebas que dan cuenta del momento en el
que finalizó el contrato y, por tanto, de los plazos para su liquidación.
De ello se sigue que, como en el sub examine se está ante un contrato estatal frente
al cual no se efectuó su liquidación, los 2 años para presentar la demanda debían
contabilizarse pasados 2 meses tras la finalización del interregno para efectuar el
cruce de cuentas bilateral, lo que, aterrizado al caso concreto, revela que, como ya
se indicó, se debía demandar entre el 7 de noviembre de 2022 y el 7 de noviembre
de 2024 y, con todo, tanto la solicitud de conciliación extrajudicial como el escrito
inicial radicado por OSC Engineering fueron ostensiblemente posteriores.
La Sala recuerda que la caducidad, en su dimensión bifronte, es un derecho de los
sujetos procesales para acceder a la administración de justicia, pero también trae
consigo un deber de hacerlo dentro de los plazos legales, lo que, frente al sub lite,
evidencia que a OSC Engineering le asistía la carga de radicar su demanda dentro
de los 2 años siguientes a cuando debió liquidarse el contrato No. 4600088552, sin
haber procedido en ese sentido y sin que el hecho de que entablara negociaciones
posteriores con la Administración para intentar un cruce de cuentas tras los 6 meses
iniciales constituyera un nuevo punto de partida para accionar.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto de unificación del 1° de agosto de
2019. Radicado 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009).
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
A partir de todo lo expuesto, para la Sala no cabe duda de que la demanda
presentada por OSC Engineering fue extemporánea, por cuanto debió presentarla
hasta el 7 de noviembre de 2024, es decir, pasados 2 años desde que finalizaron
los 6 meses para liquidar bilateral y/o unilateralmente el contrato No. 4600088552
del 30 de diciembre de 2020 y; sin embargo, fue radicada hasta el 6 de mayo de
2025, cuando habían transcurrido 5 meses y 29 días desde que operó la caducidad,
motivo por el cual, como el a quo declaró probada la excepción de caducidad, dicha
decisión se considera acertada y, por tanto, la apelación no prospera.
En conclusión, la Sala confirmará la sentencia anticipada del 10 de febrero de 2026,
mediante la cual la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró probada la excepción de caducidad, por encontrar que la demanda
presentada por el OSC Engineering fue allegada extemporáneamente, en los
términos argumentados en la presente decisión.
5. Costas en segunda instancia
El numeral 1 del artículo 365 del CGP46 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación47.
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la sociedad
OSC Engineering, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que,
de todos modos, en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la
demandada no intervino en segunda instancia48, motivo por el cual aquellas no se
entienden causadas.
46 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
47 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado
17001233300020120017601 (51034).
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Radicado: 050012333000202500664-01 (74311)
Demandante: OSC Engineering Group S.A.S.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia anticipada del 10 de febrero de 2026,
proferida por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad, en virtud de las
consideraciones plasmadas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la sociedad OSC
Engineering Group S.A.S., las cuales serán liquidadas de manera concentrada por
el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8
y 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
VF
30
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