Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2022-00315-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2022-00315-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2022-00315-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
9 de abril de 2025
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 25000-23-36-000-2022-00315-01 (70843)
Demandante: DROSERVICIO LTDA.
Demandado: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
TEMAS: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – conoce de las controversias
relativas a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones
aseguradoras, cuando no correspondan a su giro ordinario de los negocios. GIRO ORDINARIO DE
LOS NEGOCIOS – no lo conforman las actividades incidentales que se lleven a cabo, aunque hagan
parte del objeto social. EMPRESAS ASEGURADORAS - están sometidas al derecho privado, en
virtud de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007. CADUCIDAD DE LAS
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - opera cuando la demanda se presenta después de los 2
años desde que se configuraron los motivos de hecho y de derecho que sirven de fundamento a las
pretensiones, en virtud del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Droservicio
LTDA. contra la sentencia anticipada del 16 de noviembre de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 25 de agosto de 2013, Droservicio Ltda. y Positiva S.A. suscribieron el contrato
de prestación de servicios No. 689, que tuvo por objeto obtener el operador logístico
para suministrar y dispensar medicamentos e insumos médicos a cargo de la
aseguradora.
En criterio de Droservicio, el acuerdo de voluntades se ejecutó según lo convenido,
por lo que la contratista llevó a cabo la provisión de distintas medicinas dentro del
plazo pactado; empero, el 22 de agosto de 2018 cedió el contrato a la sociedad
Audifarma, quien prosiguió con la concreción del objeto negocial hasta su
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
culminación, tras lo cual la entidad contratante y el nuevo contratista liquidaron el
contrato el 26 de noviembre de 2021.
En criterio de la parte demandante, Positiva S.A. no le pagó la totalidad de las sumas
por concepto de retribución por sus servicios prestados, aunado a lo cual el
incremento del IPC hizo más onerosa la ejecución negocial, de ahí que presentara
demanda de controversias contractuales contra la aseguradora, con el fin de que se
declarara que se configuraron circunstancias de incumplimiento y desequilibrio
económico en su favor y, como consecuencia, se le reconocieran varios
emolumentos.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 21 de junio de 20221, la sociedad Droservicio Ltda. -en adelante Droservicio-
presentó demanda de controversias contractuales contra la sociedad Positiva
Compañía de Seguros S.A. -en lo sucesivo Positiva S.A.-, con el fin de que se
declarara el incumplimiento parcial del contrato No. 689 del 28 de agosto de 2013,
que tuvo por objeto la adquisición del operador logístico para el suministro y
dispensación de medicamentos e insumos médicos a los afiliados de la
aseguradora. Como consecuencia, pidió que se condenara a la demandada a pagar
la suma de $4.057’405.766 por cuenta de la desatención obligacional descrita.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“PRIMERA: Que, se declare el incumplimiento parcial en el pago del
contrato 689, de fecha 28 de agosto de 2013, celebrado entre la firma
DROSERVICIO LTDA., y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,
cuyo objeto fue la contratación del operador logístico para el suministro y
dispensación de medicamentos e insumos médicos a los afiliados de
Positiva Compañía de Seguros S.A. en el territorio nacional.
SEGUNDA: Que, se declare la grave afectación sufrida por la contratista
por el incumplimiento parcial de Positiva Compañía de Seguros S.A., al
1 Archivos 1 a 3 de la carpeta denominada “cuaderno principal” del índice 9 del expediente digital del
Consejo de Estado en SAMAI e índice 8 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: Droservicio Ltda.
no haber pagado el valor de NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHO PESOS
($9.173.220.108), ello, por concepto de administración logística de
medicamentos regulados dispensados a los usuarios de POSITIVA,
durante la ejecución del contrato 689 de 2013, con fundamento en la
prueba pericial aportada a la presente solicitud.
TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a cancelar la suma de
CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($4.057.405.766),
por concepto de cobro por el incremento del precio de los medicamentos
dispensados por el IPC, sector salud durante la vigencia del contrato No.
689 de 2013, con fundamento en la prueba pericial aportada a la presente
solicitud.
CUARTA: Que, a la condena que se profiera en el presente proceso se le
dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.
QUINTA: Que, se condene en costas y en agencias en derecho a la
entidad demandada”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, el 25 de agosto de 2013, Droservicio y Positiva S.A. suscribieron
el contrato de prestación de servicios No. 689 de 2013, cuyo objeto fue el de adquirir
el operador logístico para el suministro y dispensación de medicamentos e insumos
médicos a los afiliados de la aseguradora en el territorio nacional.
1.3.2. Aseveró que, una vez suscrito el acuerdo de voluntades descrito
anteriormente, comenzó a ejecutarse por Droservicio hasta el 15 de septiembre de
2018 y, en su criterio, el valor a cobrar como porcentaje de intermediación por la
operación de dispensación de medicamentos, insumos y cosméticos se debía fijar
según la “respuesta a la observación No. 19” dada por Positiva S.A. en la fase
precontractual, así como con base en el parágrafo tercero de la cláusula sexta del
acuerdo de voluntades, que previó para el efecto un porcentaje del 20%.
1.3.3. Argumentó que la instrucción mencionada anteriormente se mantuvo en vigor
hasta el 27 de agosto de 2016, fecha en la cual se modificó el acuerdo de voluntades
mediante el otrosí No. 4, donde se indicó que se le pagaría al contratista un
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Demandante: Droservicio Ltda.
porcentaje de operación logística del 13% sobre el total de medicamentos e insumos
médicos como “tasa de intermediación”.
1.3.4. Anotó que, el 13 de junio de 2015, Positiva S.A. pactó con el laboratorio
Grünenthal precios especiales para varios productos regulados, los que a juicio del
actor habrían de comenzar a regir desde el 1º de septiembre de la misma anualidad.
1.3.5. Señaló que, como consecuencia del panorama expuesto, Droservicio Ltda.
solicitó el pago de la administración logística de los medicamentos regulados
suministrados y dispensados a los usuarios de Positiva S.A., junto con los intereses
causados, por un total de $9.173’220.108, sin que su requerimiento hubiera sido
atendido favorablemente en su totalidad.
1.3.6. Arguyó que, el 22 de agosto de 2018, Droservicio cedió el contrato a la
sociedad Audifarma S.A., tras lo cual esta última continuó ejecutándolo en calidad
de contratista. Con todo, se puso de presente que existían situaciones financieras
en trámite de revisión que se resolverían posteriormente.
1.3.7. Adujo que, el 13 de febrero de 2019, Droservicio remitió a Positiva una
propuesta de liquidación del contrato; sin embargo, aquella no fue evaluada, por lo
que “los asuntos en discusión indefectiblemente se defirieron a la liquidación final
del contrato que debía realizarse entre Positiva y Audifarma”.
1.3.8. Indicó que, tras una prórroga en el plazo del contrato, Positiva S.A. lo liquidó
con Audifarma el 26 de noviembre de 2021, estableciendo el cruce final de cuentas
producto de la relación negocial, sin que, a criterio de la sociedad demandante,
aquella le hubiera sido notificada.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que Positiva
S.A. incumplió el contrato No. 689 de 2013 en cuanto a la obligación de pago, por
no haber satisfecho en su totalidad el pago por los medicamentos dispensados por
Droservicio a los afiliados de dicha aseguradora, infringiendo así los artículos 2 y 90
de la Constitución, 1602 del Código Civil, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y
“demás normas concordantes”.
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Demandante: Droservicio Ltda.
En efecto, consideró que, al no reconocérsele el pago de la administración logística
de los medicamentos regulados dispensados por Droservicio en forma integral se
desconoció tanto la buena fe, como la confianza legítima y los principios de legalidad
y transparencia, aplicables a los contratos suscritos por el Estado, ya que dichas
erogaciones eran la retribución que habría que obtener por la concreción del objeto
negocial y, pese a que este se materializó, no se le pagó lo prometido, en
desatención de la “regla ética de mutua confianza”.
Por otro lado, señaló que, con ocasión de la ejecución negocial, el objeto contractual
se hizo más oneroso para Droservicio debido al “incremento de precios por el IPC”,
lo que, en el marco del equilibrio o ecuación financiera del contrato debía llevar a el
reconocimiento de saldos en su favor, con el fin de restaurar el sinalagma del
acuerdo de voluntades.
Entretanto, advirtió que en la liquidación del contrato debió considerarse que este
se suscribió desde un principio entre Positiva y Audifarma S.A., así como aseveró
que se debió efectuar una liquidación parcial con Droservicio al momento de la
cesión o incluirse el análisis del impago de los saldos a su favor en el balance de
activos y pasivos que se efectuó, sin que nada de ello se hubiera llevado a cabo.
Finalmente, manifestó haber presentado la demanda en tiempo, habida cuenta de
que la discusión sobre los pagos por su participación en la ejecución del contrato se
dejó en vilo desde que fue cedido, de ahí que debiera computarse la oportunidad
para ejercer el derecho de acción desde que el acuerdo de voluntades se liquidó
entre Audifarma y Positiva S.A. y, como la demanda se presentó dentro de los dos
años siguientes, en su opinión fue allegada en tiempo.
2. Admisión de la demanda y su contestación
2.1. El 10 de noviembre de 20222, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, por encontrar
reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada debidamente.
2 Índice 9 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
2.2. El 23 de enero de 20233, Positiva S.A. contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que cumplió sus obligaciones a cabalidad, en la
medida en que consignó todos los pagos en favor de Droservicio. Como
consecuencia, formuló las excepciones de caducidad de la acción, indebida
formulación de pretensiones para solicitar el desequilibrio económico, cobro de lo
no debido e inexistencia de la obligación, compensación y “las demás que resultaren
probadas en el transcurso del proceso”.
Para el efecto, comenzó por señalar que la demanda fue extemporánea, dado que,
como el acuerdo de voluntades se cedió por Droservicio el 22 de agosto de 2018,
tenía dos años a partir de ese momento para ejercer el derecho de acción, sin que
dicho cómputo debiera establecerse a partir de la liquidación efectuada con
Audifarma, pues aquella no tuvo ninguna relación con la aquí demandante, de ahí
que, como el escrito inicial se radicó el 21 de junio de 2022, fue allegado
extemporáneamente.
A su vez, advirtió que, en consideración a que Positiva S.A. es una sociedad de
economía mixta, está sujeta al derecho privado por disposición expresa de los
artículos 13, 14 y 15 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.
Precisado lo anterior, pasó a afirmar que la relación contractual con Droservicio
estuvo vigente solo hasta el 22 de agosto de 2018, ya que, después de esa fecha,
el contratista cedió el contrato a Audifarma, por lo que quedó excluida de la relación
negocial. También advirtió que, durante el tiempo en que la demandante fungió
como cocontratante, se efectuaron incrementos y ajustes a los precios de los
medicamentos de mutuo acuerdo, frente a lo cual la aseguradora se atuvo a pagar
todas las sumas convenidas, de ahí que satisfizo la obligación de pago.
Bajo la misma línea argumentativa, adujo que mucho menos se configuró un
desequilibrio económico del contrato bajo las dinámicas del derecho privado, en
tanto régimen aplicable a las relaciones negociales de Positiva S.A., pues no se
configuró ningún supuesto constitutivo de mayor onerosidad que afectara el alea
3 Índice 14 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
del contrato, dado que el objeto negocial se materializó sin desavenencias o
circunstancias imprevistas, satisfaciéndose la obligación de pago integralmente.
Por todo lo expuesto, consideró que reconocer los saldos pretendidos por la parte
demandante implicaría constituir un enriquecimiento sin justa causa.
3. Auto de sentencia anticipada y alegatos de conclusión
3.1. El 2 de octubre de 20234, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió auto mediante el cual dispuso dictar
sentencia anticipada, en virtud del artículo 182A del CPACA, con apoyo en que la
Sala se pronunciaría en la sentencia sobre la excepción de caducidad, por lo que
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.
3.2. Droservicio presentó alegatos de conclusión, en los que reafirmó que su
demanda fue formulada en tiempo, considerando que, si bien el 22 de agosto de
2018 dejó de ser parte del contrato No. 689 de 2013, en el acta de cesión quedó en
vilo la negociación sobre varios aspectos pendientes, lo cual, en su criterio, supo
que no se efectuaría directamente hasta que se llevó a cabo la liquidación final del
acuerdo de voluntades, el 26 de noviembre de 2021, de ahí que los dos años para
demandar debieran computarse a partir de tal momento5.
A su vez, ratificó que se configuró un incumplimiento y desequilibrio económico del
contrato No. 689 de 2013, por el impago de parte de la obligación de pago y debido
al incremento del IPC.
3.3. Positiva S.A. formuló alegaciones conclusivas, en las cuales reiteró que la
demanda se presentó después de los 2 años de ley, en consideración a que a partir
del 22 de agosto de 2018 la parte actora dejó de ser contratista del acuerdo de
voluntades, por lo que debía radicar su líbelo introductorio a más tardar el 23 de
4 Índice 18 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
5 Índice 23 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
agosto de 2020 y, como lo allegó hasta el 21 de junio de 2022, su escrito inicial fue
extemporáneo6.
3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
4. sentencia anticipada de primera instancia
El 16 de noviembre de 20237, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad,
propuesta por Positiva, por encontrar que la demanda fue presentada por fuera del
plazo de ley para ejercer el derecho de acción en las controversias contractuales.
En efecto, el a quo manifestó que el artículo 164 del CPACA previó distintos criterios
para contabilizar los 2 años para ejercer la demanda en el medio de control de
controversias contractuales, dentro de los cuales se encuentra el de los motivos de
hecho y de derecho que sirvan de fundamento, el cual, a su juicio, resultaba ser el
procedente en el asunto de estudio, ya que el 22 de agosto de 2018 Droservicio
cedió el contrato No. 689 de 2013 a Audifarma, por lo que a partir de tal fecha “podía
establecer cuáles eran los pagos adeudados por la administración logística de los
medicamentos regulados que había dispensado a los usuarios de Positiva” y, por lo
tanto, desde ese momento se debía contabilizar el interregno para demandar.
Al punto, se descartó que la liquidación efectuada entre Audifarma y Positiva S.A.
pudiera tenerse en cuenta como fecha para contabilizar la demanda en tiempo, ya
que allí no se llevó a cabo ningún cruce de cuentas de la relación negocial que hubo
entre Droservicio y la aseguradora en cuestión.
En tal virtud, aseveró que, como el término para ejercer el derecho de acción corrió
entre el 23 de agosto de 2018 y el 24 de agosto de 2020, a lo cual había lugar a
adicionarle 3 meses y 14 días por la suspensión de términos durante el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica prevista en el Decreto 564 de 2020, la
6 Índice 22 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
7 Índice 24 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
demanda debió presentarse hasta el 15 de diciembre de 2020 y, no obstante, se
radicó hasta el 21 de junio de 2022, es decir, extemporáneamente.
A su vez, adujo que, si en gracia de discusión la revisión del estado financiero del
contrato pactado entre Positiva S.A. y Droservicio se hubiera tramitado como una
liquidación, esta debió realizarse bilateralmente hasta el 23 de diciembre de 2018,
por lo que el término para demandar habría fenecido el 11 de enero de 2021 y, por
tanto, en todo caso la demanda habría sido formulada extemporáneamente.
En ese orden de ideas, el a quo declaró probada la excepción de caducidad y dio
por terminado el proceso mediante sentencia anticipada.
5. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
5.1. El 11 de diciembre de 20238, Droservicio interpuso recurso de apelación, que
fue concedido el 12 de diciembre de 20239 y admitido el 15 de marzo de 202410.
En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, la demanda fue formulada en tiempo.
Así pues, aseveró que el Tribunal de primera instancia “incurrió en una defectuosa
valoración probatoria” y en un “defecto fáctico”, al pasar por alto que la cesión del
contrato No. 689 de 2013 fue solamente “parcial”, dado que en dicho acto jurídico
se dejaron en suspenso varias situaciones respecto a Droservicio y Positiva S.A.
para que posteriormente fueran revisadas, de tal suerte que, hasta tanto no se
resolviera dicha situación, se mantuvo la relación negocial entre las partes.
A lo anterior sumó que, el 13 de febrero de 2019, Droservicio remitió a Positiva S.A.
una propuesta de liquidación del contrato No. 689 de 2013; sin embargo, esta no
fue evaluada, “por lo que los asuntos en discusión indefectiblemente se defirieron a
la liquidación final del contrato que debía realizarse entre Positiva y Audifarma”, de
8 Índice 27 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
9 Índice 28 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
10 Índice 11 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
ahí que los aspectos pendientes entre la aquí apelante y la aseguradora tuvieron
como límite último la liquidación final del acuerdo de voluntades, efectuada el 26 de
noviembre de 2021, tras lo cual conoció que la contratante no habría de pagarle
algún otro saldo dinerario a su favor, aunque inicialmente no se le notificó de dicha
situación en desmedro del debido proceso, y, así, los dos años para demandar
comenzaron a correr a partir de tal momento.
En virtud de lo expuesto, señaló que el término para ejercer el derecho de acción
transcurrió entre el 27 de noviembre de 2021 y el 27 de noviembre de 2023 y, como
la demanda se radicó el 21 de junio de 2022, fue presentada en tiempo, de ahí que
el a quo erró en declarar probada la caducidad y, en su lugar, debió estudiar los
cargos de la demanda, encaminados a que: i) se declare el incumplimiento del
contrato No. 689 de 2013 en cuanto a la obligación de pago y ii) se reconozca la
configuración de un desajuste de precios irresistible e imprevisible que hizo más
onerosa la ejecución negocial, todo lo cual fue acreditado, entre otros, con el
dictamen pericial aportado junto con el escrito inicial, que fue descrito por el
recurrente en su contenido para reafirmar las anteriores pretensiones.
5.2. Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el expediente ingresó
para fallo, pues no se solicitaron ni se decretaron pruebas en segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por Droservicio, la Sala analizará
los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para
conocer el presente asunto, (2) procedencia del medio de control, (3) problema
jurídico, (4) solución al problema jurídico y (5) costas.
1. Jurisdicción y competencia
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA11, pues el contrato No.
11 Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -21 de junio de 2022- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos
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Demandante: Droservicio Ltda.
689 de 2013 fue suscrito por Positiva S.A., -en tanto sociedad aseguradora de
economía mixta de naturaleza anónima con capital mayoritariamente público 12- en
el marco de su actividad contractual.
En efecto, si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA dispone que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de las controversias
relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos de entidades
públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras, como lo es Positiva
S.A., ello se supeditó a que tales asuntos versen sobre el giro ordinario de sus
negocios, lo que no sucede en el sub lite, tal como se pasa a explicar.
1.2. El CPACA redefinió el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, que anteriormente era eminentemente orgánico13, estableciendo en
su artículo 10414 una cláusula general de competencia, en virtud de la cual le
corresponde el conocimiento de las controversias y litigios originados en actos,
no contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer
estatuto procesal. // “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. //
Igualmente, conocerá de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que
sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública […]”.
12 Estatutos Sociales de Positiva Compañía de Seguros S.A. “Artículo 2. Naturaleza jurídica y
nacionalidad. La Sociedad, constituida por Escritura Pública número 375 del 11 de febrero de 1956
otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá, es una sociedad anónima de economía mixta
de la rama ejecutiva del orden nacional, organizada como entidad aseguradora, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia”.
// Corte Constitucional. Auto A-1421 del 12 de julio de 2023. “Positiva S.A. «es una entidad
aseguradora organizada como Sociedad Anónima, tiene carácter de entidad descentralizada
indirecta del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, capital independiente,
sometida al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado de conformidad con el
artículo 97 de la Ley 489 de 1998»”.
13 Decreto 1 de 1984. “Artículo 82. [Modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006]. La
jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de
los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos
y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá
juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno // La jurisdicción
de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
no tendrán control jurisdiccional”.
14 “Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa […]”.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en
los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan
función administrativa, de ahí que no basta con que en el litigio se encuentre
involucrada una entidad pública -criterio orgánico-, sino que los actos, contratos,
hechos, omisiones y operaciones generadores de responsabilidad también deben
estar sometidos al derecho administrativo -criterio material-.
El artículo 104 del CPACA también consignó un listado de asuntos específicos que
se encuentran asignados a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los
que, para los efectos que aquí interesa, se destaca el numeral 2, en virtud del cual
le corresponde conocer de los procesos relativos a la responsabilidad contractual
en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones
públicas, cualquiera que sea su régimen, privilegiándose así el criterio orgánico15.
En este panorama, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha resaltado que el
artículo 104 del CPACA privilegia la especialidad como criterio determinante de la
competencia, a la par de que se vale del criterio orgánico para definir los asuntos a
cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo que se está ante
un “régimen mixto de criterios de determinación de competencia -material y
orgánico-”, de ahí que, en cada caso debe evaluarse cuál de los dos prevalece16.
1.3. A su turno, el artículo 105 del CPACA17 prevé un conjunto de excepciones a la
competencia atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el artículo
104 ejusdem, entre las que se resalta la dispuesta en el numeral 1º, al amparo del
cual se encuentran excluidas de su conocimiento las controversias relativas a la
responsabilidad extracontractual y las contractuales en las que haga parte una
15 “Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […] Igualmente conocerá de los
siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que
sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado […]”.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Auto del 17 de junio de 2015, Radicado
27001233300020130021001 (50526).
17 “Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los
siguientes asuntos: 1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los
contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras,
aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la
Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas
entidades, incluyendo los procesos ejecutivos. […]”.
12
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
entidad pública de carácter asegurador, cuandoquiera que correspondan al giro
ordinario de sus negocios.
Como se observa, para que se configure la excepción consagrada en el numeral 1
del artículo 105 del CPACA: i) la entidad pública debe tener el carácter de institución
aseguradora -elemento orgánico- y ii) la controversia ha de versar sobre asuntos
que correspondan a su giro ordinario de los negocios -elemento material-18.
1.4. Ahora bien, la excepción contemplada en el numeral 1 del artículo 105 CPACA
crea algunas dificultades interpretativas en cuanto a lo que debe entenderse por
giro ordinario de los negocios de las instituciones aseguradoras, pues se trata de un
concepto jurídico indeterminado cuyo alcance ha dado origen a opiniones disímiles,
máxime teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico alude a dicha noción en
diferentes ámbitos y para diversos efectos, lo que implica que en la labor de
hermenéutica que corresponde efectuar no puede dejarse de lado el contexto al que
se refiere la norma que, en cada caso, remite a esta noción -artículo 30 del Código
Civil-, su finalidad, recurriendo “a su intención o espíritu, claramente manifestados
en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento” -artículo 27 del
Código Civil- y, en general, las diversas reglas de interpretación de la ley.
Para los efectos que aquí concierne, no puede desconocerse que el numeral 1 del
artículo 105 del CPACA establece una excepción, que, por ser tal, debe
interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y no de manera analógica ni extensiva.
Además, también es menester acudir al “sentido natural y obvio” de las palabras,
según su uso general -artículo 28 del Código Civil-, lo que lleva a destacar que la
palabra “ordinario”, según el Diccionario de la Real Academia de la lengua, significa
“común, regular y que sucede habitualmente”, por oposición a aquello que es
extraordinario o excepcional.
De igual modo, en lo que concierne a la finalidad de la norma, la excepción del
numeral 1 del artículo 105 CPACA que se analiza, responde a la intención del
18Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Providencias del 31 de enero de 2022.
Radicado 25001-23-31-000-2013-02028-01 (60.388), del 29 de julio de 2022. Radicado 88001-23-
33-000-2018-00026-01 (62.851), y del 8 de octubre de 2021. Radicado 25000-23-26-000-2006-
00779-01 (36320).
13
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
legislador de privilegiar, para este tipo de controversias, la especialidad de la
materia objeto del litigio como criterio fundamental para la determinación de la
competencia, toda vez que la temática propia de los negocios y actividades
habituales u ordinarias que adelantan las entidades públicas aseguradoras, versa
en torno a materias de contenido económico y financiero, que se ubican en la
especialidad de la Jurisdicción Ordinaria19/20.
1.5. A la vista de las precisiones que anteceden es menester precisar si el concepto
de “giro ordinario de los negocios” equivale o no al objeto social y, dentro de ello, si
se limita solo a las actividades principales o comprende las conexas y
complementarias. Asimismo, debe dilucidarse si la noción alude a actos y negocios
que en cualquier caso se realicen como parte de la gestión ordinaria o de modo
habitual, o, por el contrario, si también incluye actos, actividades y negocios que se
adelanten de modo incidental, todo ello, desde luego, siempre que se encuentren
dentro del marco de su capacidad legal, pues los actos que no están comprendidos
dentro del objeto exceden las atribuciones de la persona jurídica y, por lo mismo,
estarán viciados de nulidad.
Bajo este contexto, la jurisprudencia ha señalado que el objeto de cualquier persona
jurídica está conformado por el denominado “objeto principal” y el llamado “objeto
secundario, complementario o subsidiario”. El primero está compuesto por los actos
y contratos expresamente previstos en los estatutos o en el acto de creación de la
19 Así fue expresado por algunos integrantes de esta Corporación que hicieron parte de la Comisión
Redactora de la Ley 1437 de 2011. Por ejemplo, en Sesión de Sala Plena del 20 de enero de 2010,
la consejera Ruth Stella Correa Palacio señaló en su intervención que “La intención de la comisión
fue que la responsabilidad contractual y extracontractual de esas entidades financieras y
aseguradoras fuera conocida por la justicia ordinaria, por tratarse de una actividad eminentemente
económica […]”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Memorias de la Ley 1437 de
2011. Bogotá: sin fecha. Volumen III, Parte A, Imprenta Nacional. P. 443.
20 Sobre el particular, refiriéndose al enfoque que se dio al objeto de la jurisdicción contenciosa en la
Ley 1437 de 2011 y, puntualmente, a la razón de ser de la excepción dispuesta en el numeral 1º del
artículo 105 ibidem, esta Corporación ha resaltado que “[…] el motivo por el cual se resolvió incluir
esta excepción fue porque se consideró que la jurisdicción ordinaria tenía mayor experiencia en el
tema económico financiero y, por ende, era más acorde con su especialidad que conociera este tipo
de controversias contractuales y extracontractuales. Esto también fue puesto de presente por
algunos de los integrantes de esta Corporación que en su momento hicieron parte de la Comisión
Redactora del nuevo código, de las que se destacan las siguientes intervenciones […]. De igual
forma, la Comisión Primera del Senado dejó ver en sus debates que era con ocasión de la
connotación privada de las temáticas que desarrollaban las instituciones financieras, aseguradoras,
intermediarios de seguros o intermediarios de valores, que se le asignaba el conocimiento de sus
controversias a la jurisdicción ordinaria”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Auto del 17 de junio de 2015, Rad. 50526.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
entidad, al paso que el segundo comprende: i) los actos y contratos que, sin estar
mencionados expresamente, guardan una relación o conexidad directa con el objeto
principal, y ii) todos aquellos que resultan necesarios para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones que implican la existencia y el funcionamiento de la persona
jurídica, tales como el pago de impuestos, la contratación de personal y la
adquisición de insumos, entre otros21.
Refiriéndose al concepto de objeto social y su diferencia con el giro ordinario de los
negocios, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que, en virtud de lo
previsto en el numeral 4 del artículo 110 del Código de Comercio, en los estatutos
sociales deben enunciarse en forma clara y completa las actividades que
comprenden el objeto social, teniendo en cuenta que la capacidad del ente
societario estará circunscrita a los actos y negocios allí consignados22.
Además, ha resaltado que el objeto social comprende el “objeto principal”, que “se
refiere a los negocios o actividades principales que la sociedad se propone
desarrollar, los cuales pueden tener o no conexión entre sí, siempre que se
encuentren debidamente enunciados en la escritura social” y, también, el “objeto
secundario”, en el que “se entienden incluidos todos aquellos actos o contratos
tendientes al desarrollo del objeto social principal”. De igual modo, la misma
Superintendencia ha expuesto que el giro ordinario consiste en aquellas labores que
se llevan a cabo en forma habitual u ordinaria y que, de todos modos, están
enmarcadas en el objeto social23.
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado24 ha
indicado que el giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una
entidad, descrito con anterioridad, sino solo aquellas actividades que se realizan de
forma permanente y que, además de que son inescindibles con su propósito
primario, corresponden a actos de comercio o mercantiles habituales 25, premisa en
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de abril de 2013, Radicado
11001-03-06-000-2013-00002-00 (2135).
22Superintendencia de Sociedades. Oficio No. 220-53338 del 25 de agosto de 2000.
23 Ibíd.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de octubre de 2013, Radicado
25000232600020020128201 (30763).
25 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 31 de mayo de 2018. Radicado 250002337000-
2013-00615-01 (21776).
15
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
virtud de la cual es claro que no todas las labores de un ente asegurador están
incluidas en tal concepto, pues, de ser así, bastaría que el legislador exceptuara del
conocimiento de esta jurisdicción todas las controversias de esos órganos sin más26.
Bajo este contexto, tal como lo tiene definido la Superintendencia de Sociedades 27
y ha sido reiterado por esta Corporación, si bien todos los actos y contratos que una
persona jurídica celebra “dentro del giro ordinario de sus negocios” deben estar
comprendidos en su objeto -principal o secundario-, existen algunos actos que las
personas jurídicas pueden celebrar válidamente, por estar incluidos dentro de su
objeto, que no corresponden, sin embargo, al “giro ordinario de sus negocios”, por
realizarse de forma extraordinaria, inusual o esporádica.
1.6. A partir de lo anterior, puede concluir que forman parte del giro ordinario de los
negocios de las entidades aseguradoras:
a) Todos los actos que celebre para realizar las actividades y cumplir las
funciones que la ley le asigna expresamente, ya sea que correspondan a
actividades aseguradoras o no -objeto principal-;
b) Todos los que celebre en conexión o en relación directa con dichos
negocios -actos conexos y objeto secundario-; y/o que resulten necesarios
para su existencia y funcionamiento normal, siempre que sean habituales
u ordinarios, tales como, por ejemplo, la contratación de personal, la
asesoría jurídica, contable o técnica ordinaria, la compra de papelería y la
contratación de servicios de aseo o vigilancia, entre otros28.
Como los mencionados actos y contratos -literales a y b- forman parte del
denominado “giro ordinario de los negocios”, todos y cada uno se subsumen en la
26 Sobre ese punto, la jurisprudencia también ha señalado que corresponde en cada caso establecer
si una controversia de una entidad de carácter asegurador versa sobre el giro ordinario de sus
negocios, pues, de lo contrario, tal exigencia del numeral 1 del artículo 105 del CPACA quedaría
vaciada de contenido. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 12 de
octubre de 2011. Radicado 44001234000020140008301 (68781).
27 Superintendencia de Sociedades. Oficios Nos. 220-53338 del 25 de agosto de 2.000, 220-055759
del 11 de octubre de 2006 y 220-016468 del 15 de marzo de 2012, entre otros.
28 Así lo sostuvo esta Subsección en la sentencia del 19 de febrero de 2024, en el proceso con
radicado 25000-23-36-000-2013-01807-02 (60126).
16
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
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excepción prevista en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, es decir, se
encuentran por fuera de la órbita de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
A contrario sensu, no estarán incluidos dentro del giro ordinario de los negocios y,
por ende, son del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
aquellos actos y contratos que las entidades celebren dentro del marco de su objeto,
pero no de manera ordinaria o habitual, sino en forma extraordinaria o esporádica,
como sería el caso de “la adquisición de una nueva sede principal, el cambio integral
de su plataforma tecnológica, una consultoría especial (por ejemplo, para una
eventual reestructuración interna o «reingeniería»), el cambio general de sus
marcas y demás signos distintivos, entre otros”29.
1.7. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que, como fue reseñado
inicialmente, Positiva S.A. es una sociedad anónima aseguradora y de economía
mixta con un capital mayoritariamente público30, por lo que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 15 de la Ley 1150 de 200731, su gestión contractual está
sometida al derecho privado, en exclusión del Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública -EGCAP-, dada su naturaleza de empresa de seguros con
participación mayoritaria del Estado, lo cual es predicable no solo frente al ámbito
de celebración o ejecución del contrato, sino también frente a los actos de las partes,
29 Superintendencia de Sociedades. Op. Cit.
30 Estatutos Sociales de Positiva Compañía de Seguros S.A. del 16 de mayo de 2024. “Artículo 2.
Naturaleza jurídica y nacionalidad. La Sociedad, constituida por Escritura Pública número 375 del 11
de febrero de 1956 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá, es una sociedad anónima
de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, organizada como entidad aseguradora,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera
de Colombia”. // Corte Constitucional. Auto A-1421 del 12 de julio de 2023. “Positiva S.A. «es una
entidad aseguradora organizada como Sociedad Anónima, tiene carácter de entidad descentralizada
indirecta del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, capital independiente,
sometida al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado de conformidad con el
artículo 97 de la Ley 489 de 1998»”.
31 Aplicable al sub lite no solo porque la entidad demandada es una aseguradora, sino porque dicha
norma se encontraba vigente para el momento en que se suscribió el contrato objeto de la
controversia. “Artículo 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales. El
parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así: “Artículo 32 […] «Parágrafo 1o. Los
Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás
entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a dichas actividades. // En todo caso, su actividad contractual se someterá
a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley»”.
17
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
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encaminados a su formación, por lo que abarca todo el iter contractual, de tal suerte
que en cada etapa la regla será la autonomía privada y las normas supletivas32.
En estos casos, como la entidad pública no actúa en posición de supremacía de la
Administración, sino como un particular, no emite actos administrativos con carácter
ejecutivo y ejecutorio, ni está habilitada para ejercer potestades del EGGAP como
la liquidación del contrato -salvo que las partes prevean dicha posibilidad en forma
convencional. Por tanto, aquellos corresponderán a actos de gestión contractual
como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos en los que las
disposiciones legales y reglamentarias prescriban lo contrario33.
1.8. Descendiendo al caso concreto, la Sala resalta que la controversia sometida a
juicio gira en torno a la responsabilidad de Positiva S.A., empresa de seguros con
capital mayoritario estatal, con ocasión de la ejecución del contrato No. 689 de 2013,
por el supuesto impago de la totalidad de la obligación dineraria a su cargo y debido
a una mayor onerosidad, de ahí que la Sala encuentra cumplido el primero de los
presupuestos contemplados en la excepción de que trata el numeral 1 del artículo
105 del CPACA, esto es, el elemento orgánico, dado que la demandada tiene el
carácter de institución aseguradora.
Pasando ahora a estudiar el elemento material, ha de verificarse si la controversia
sometida a juicio se ocasionó en el giro ordinario de los negocios de Positiva S.A.,
a partir de las consideraciones y criterios que han quedado vistos precedentemente.
Para el efecto, cabe resaltar que el contrato frente al cual versa la controversia tuvo
por objeto adquirir el operador logístico para el suministro y dispensación de
medicamentos e insumos médicos a los afiliados de la aseguradora en el territorio
nacional, y se justificó en que Positiva “debe garantizar las prestaciones de atención
de la salud de los trabajadores y reconocer y pagar a los afiliados y beneficiarios de
las prestaciones económicas a que haya lugar frente a las contingencias de
accidente de trabajo y enfermedad laboral y garantizar la calidad de estos servicios
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020.
Radicado 05001233100019960056701 (31628).
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de julio de 2018. Radicado
05001233100019970268601 (59530).
18
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
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[…], para lo anterior, es preciso entender el concepto de suministro y dispensación
de medicamentos e insumos médicos como el proceso integrador de las
necesidades y expectativas del afiliado siniestrado y su empresa, con las
instituciones prestadoras de servicios de salud que conforman la red de servicios
de salud de la compañía, y permitiéndole a esta última controlar, seguir e intervenir
favorablemente en el ciclo de vida del siniestro34.
En contraposición, el artículo 5 de los estatutos sociales de Positiva S.A.35, prevé
que su objeto societario consiste en la realización de operaciones de seguros de
vida individual y afines, coaseguros y reaseguros, así como el desarrollo de las
demás actividades que le sean permitidas a ese tipo de personas jurídicas. Además,
también tiene a cargo las siguientes funciones (se transcriben en forma literal,
incluso con eventuales errores):
“1. Adquirir, enajenar, arrendar, hipotecar y pignorar en cualquier forma
toda clase de bienes muebles e inmuebles, siempre que no se afecte la
libre disposición de los activos, excepto para aquellos casos autorizados
por la Ley.
2. Girar, endosar, aceptar, ceder, descontar, adquirir, garantizar,
protestar, dar en prenda o garantía, o recibir en pago toda clase de títulos
valores, o valores que se negocien en el mercado público.
3. Recibir dineros en mutuo, con o sin intereses; garantizar por medio de
fianzas, prendas, hipotecas y depósitos sus propias obligaciones, siempre
que no se afecte la libre disposición de los activos, excepto para aquellos
casos autorizados por la Ley.
4. Constituir o hacerse parte de otra u otras sociedades, entidades sin
ánimo de lucro, empresas públicas, mixtas o privadas.
5. Celebrar y ejecutar todos aquellos actos, contratos y operaciones que
tengan relación de medio a fin, anexos o conexos con el objeto social, y
todos los autorizados por las normas legales que reglamentan la inversión
del capital y reservas de la Compañía en los diferentes ramos, incluyendo
la realización de operaciones de libranza o descuento directo para el pago
de obligaciones a su favor.
34 Archivo 3 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
35 “Artículo 5. Objeto social. La Sociedad tendrá como objeto social principal la realización de
operaciones de seguros de vida individual y afines, bajo las modalidades y los ramos facultados
expresamente; de coaseguros y reaseguros en los mismos ramos facultados; y en aplicación de la
Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que los modifiquen o adicionen, el
desarrollo de todas aquellas actividades que por ley sean permitidas a este tipo de sociedades o
relacionadas y complementarias. Los contratos de reaseguro podrán celebrarse con personas,
sociedades o entidades domiciliadas en el país y/o en el exterior; y en virtud de tales contratos la
Sociedad podrá ceder y aceptar riesgos de otras aseguradoras […]”.
19
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
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6. Con base en las facultades que otorga el artículo 80 del Decreto 1295
de 1994 y el artículo 11 de la Ley 1562 del 2012, ofrecer servicios de
seguridad y salud en el trabajo, y de prevención, asesoría y evaluación de
los riesgos laborales, incluyendo la prestación de los servicios
correspondientes a los laboratorios de higiene y toxicología. Así como
ofrecer servicios del sistema integrado de gestión en los ámbitos de salud,
seguridad, ambiente y calidad (HSEQ), y servicios y actividades similares
orientados a prevenir y mitigar los riesgos de la población colombiana en
el Sistema General de Riesgos Laborales, Sistemas de Seguridad Social
Integral, o en sistemas excepcionados o especiales”.
1.9. Como puede verse, la razón de ser de Positiva es el ofrecimiento de seguros
de vida, coaseguros y reaseguros, por lo que su objeto social se constituye por la
realización de tal actividad, mientras que la provisión de medicamentos corresponde
a labores incidentales de su función principal, en la medida en que ello, en general,
solo se da cuando se concretan los riesgos objeto de la cobertura de los contratos
de seguros de riesgos laborales, de ahí que el suministro en cuestión podría no
efectuarse en todos los casos -como en el evento en el que la póliza no se hace
efectiva- y, por tanto, no torna en nugatorio el objetivo de ofrecer aseguramiento36.
A lo anterior se suma que, visto el clausulado del contrato, como la dispensación de
medicamentos es una labor que Positiva realiza solo en algunos casos, atados a la
efectividad de pólizas de riesgos laborales, y que convino tercerizar con Droservicio,
para que esta la prestara por su cuenta a cambio de una remuneración, es una labor
intermediada, aspecto que reafirma su carácter de incidental y ocasional, tanto así
que puede ser materializada por personas distintas a la aseguradora37.
Así, se advierte que el contrato suscrito entre Droservicio Ltda. y Positiva S.A. -y
posteriormente cedido a Audifarma- versó sobre un aspecto comprendido dentro del
objeto secundario o complementario de la entidad y, dentro de este, correspondió a
una labor incidental cuya ausencia no mermaría la efectividad del objeto general de
dicha persona jurídica, por lo que no se trató de un negocio que hiciera parte del
giro ordinario de los negocios de la aseguradora en cuestión, en el sentido de que,
36 Sobre este particular, cabe señalar que el Manual para la Gestión de Abastecimiento de Positiva
S.A. -versión 5-, indica que forman parte del giro ordinario de los negocios únicamente los contratos
de “seguros, coaseguro, reaseguro e intermediación de seguros, incluyendo corredores, agentes y
agencias, los cuales se regirán por las normas civiles, comerciales y reglamentarias aplicables a
dichas actividades y serán gestionados por cada uno de los procesos misionales dentro del ámbito
de su respectiva competencia”.
37 Archivo 3 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
20
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
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si bien contribuyó al desarrollo de sus actividades y a su funcionamiento, tuvo lugar
de manera provisional e inusual.
De este modo, es claro que el objeto del contrato No. 689 de 2013 no corresponde
al giro ordinario de los negocios de Positiva S.A., toda vez que se encaminó a la
contratación del proveedor para el suministro y dispensación de medicamentos e
insumos médicos a sus afiliados cuando hacen parte de la cobertura de riesgos
laborales, actividad que resulta ser incidental a su labor principal de ofrecer
aseguramiento a personas naturales y jurídicas, por lo que se concluye, entonces,
que al no encontrarse dentro del supuesto del numeral 1 del artículo 105 del CPACA,
la controversia corresponde al juez de lo contencioso administrativo.
1.10. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con el artículo 15038 y el numeral 4 del artículo 15239
del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta
que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial, el 21 de
junio de 2022, supera los 500 SMLMV40.
2. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14141 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
38 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012]. [Inciso modificado por el artículo 26 de la
Ley 2080 de 2021]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código […]”.
39 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. [Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021]. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: […] 4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de
funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
40 En el sub-lite se formularon pretensiones de controversias contractuales y la pretensión mayor fue
de $9.173’220.108, monto que excedió 500 veces la suma de $1’000.000 (500’000.000), que
correspondía al salario mínimo vigente para la fecha de presentación de la demanda.
41 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado al
responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo,
21
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
responsabilidad contractual de Positiva S.A. por la desatención de la obligación de
pago, así como por una mayor onerosidad, el medio de control procedente es el de
controversias contractuales.
3. Problema jurídico
En virtud de lo formulado en el recurso de apelación, corresponde determinar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una defectuosa valoración
probatoria y en un defecto fáctico al declarar probada la caducidad por contabilizar
el plazo para que Droservicio ejerciera el derecho de acción a partir de la cesión del
contrato No. 689 de 2013, realizada el 22 de agosto de 2018, y no desde la
liquidación de dicho acuerdo de voluntades tras haber sido cedido a Audifarma, la
cual se realizó el 26 de noviembre de 2021, considerando que la demanda se radicó
el 21 de junio de 2022.
4. Solución al problema jurídico
A efectos de determinar si el a quo erró o no al declarar probada la caducidad,
corresponde verificar los sucesos alrededor de la ejecución del contrato No. 689 de
2013, para lo cual se analizarán las pruebas incorporadas en primera instancia,
incluidos los documentos aportados al proceso, de conformidad con lo previsto en
el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de
mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del
término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con
ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138
de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
el artículo 24642 del CGP. Luego, se retomarán los cargos de apelación, a efectos
de determinar si operó o no la caducidad en el asunto de estudio.
4.1. La suscripción, modificación, cesión y liquidación del contrato No. 689 del
28 de agosto de 2013
4.1.1. El contrato No. 689 del 28 de agosto de 2013 y sus otrosíes
4.1.1.1. El 28 de agosto de 201343, Positiva S.A. suscribió con Droservicio el
contrato de “operación logística” No. 689, que tuvo por objeto el “suministro y
dispensación de medicamentos e insumos médicos a los afiliados de Positiva
Compañía de Seguros S.A. en el territorio nacional”.
En las cláusulas segunda y tercera, el contratista se obligó a cumplir el objeto
negocial de dispensar medicamentos, guardar confidencialidad del know how -saber
hacer- de la contratante, obrar con lealtad y buena fe, mantener vigentes las
garantías y las demás que correspondan. Correlativamente, en la cláusula cuarta
Positiva se obligó a pagar las facturas que presentara el cocontratante, suministrarle
la información que requiera, resolver las peticiones que le haga su contraparte
negocial y hacer cumplir las condiciones del contrato.
En la cláusula sexta se estableció que el valor del contrato sería de $34.400’000.000
y que el contratista cobraría a Positiva como porcentaje de intermediación el 20%,
de conformidad con lo establecido en la oferta. Al punto, la cláusula séptima
prescribió que, si durante la ejecución del contrato el gobierno regula los precios de
determinados medicamentos, el contratista habría de asumir dichos costos como
valores a cobrar a Positiva por el suministro y la dispensación.
Por otro lado, la cláusula vigésima novena fijó que el contrato sería liquidado de
común acuerdo por las partes dentro de los 6 meses siguientes a su terminación y
42 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
43 Archivo 3 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
que, de no presentarse el contratista a la liquidación, o no llegarse a un acuerdo
sobre su contenido, se podría liquidar unilateralmente dentro de los 2 meses
siguientes al vencimiento del plazo pactado o los 6 meses establecidos.
4.1.1.2. El 12 de febrero de 201544, Positiva S.A. y Droservicio suscribieron el “otrosí
No. 1 al contrato”, en el que ampliaron el plazo del acuerdo de voluntades.
4.1.1.3. El 12 de febrero de 201545, Positiva S.A. y Droservicio suscribieron el otrosí
No. 2 al contrato”, en el que modificaron la cláusula sexta, en el sentido de señalar
que el “valor del presente contrato es indeterminado y corresponderá al valor
ejecutado durante la vigencia del contrato”.
4.1.1.4. El 1 de abril de 201646, Positiva S.A. y Droservicio suscribieron el otrosí No.
3 al contrato”, en el que se fijaron precios frente a 161 medicamentos e insumos.
4.1.1.5. El 26 de agosto de 201647 Positiva S.A. y Droservicio suscribieron el “otrosí
No. 4 al contrato” No. 689 de 2013, en el cual prorrogaron su vigencia “hasta el día
27 de febrero del 2019”, así como se fijaron los precios de varios medicamentos.
4.1.2. La cesión del contrato No. 689 de 2013 y sus modificaciones posteriores
4.1.2.1. El 22 de agosto de 201848, Droservicio cedió el contrato No. 689 de 2013 a
Audifarma S.A., actuación aceptada por Positiva S.A. y dentro de la cual se señaló
que “hay situaciones del estado financiero del contrato 689 de 2013 que se
encuentran en trámite de revisión entre Positiva y el contratista cedente, lo cual se
realizará entre dichas partes en fecha posterior a la fecha de firma del presente
documento de cesión, sin que lo anterior cause o se genere perjuicio alguno por
parte de Positiva al contratista cedente”.
44 Páginas 51 a 52 del archivo 22 del índice 14 del expediente de primera instancia en SAMAI.
45 Archivo 4 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
46 Archivo 5 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
47 Archivo 6 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
48 Archivo 12 del índice 8 del expediente de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
4.1.2.2. El 26 de febrero de 201949, Positiva S.A. y Audifarma S.A suscribieron el
“otrosí número 5 al contrato No. 689 de 2013”, mediante el cual se convino prorrogar
su vigencia hasta el 31 de agosto de 2019, entre otras determinaciones.
4.1.2.3. El 29 de agosto de 201950, Positiva S.A. y Audifarma S.A. suscribieron el
“otrosí No. 6 al contrato No. 689 de 2013”, en el cual se dispuso que Positiva le
reconocería al contratista el valor de los medicamentos efectivamente
suministrados, con base en el anexo tarifario negociado con aquel. A su vez, el plazo
del contrato se prorrogó hasta el 29 de febrero de 2020 y se tomaron otras
determinaciones atinentes a la facturación y a las obligaciones del contratista.
4.1.3. El cruce de comunicaciones entre Droservicio y Positiva S.A. para la
realización de la liquidación del contrato No. 689 de 2013
4.1.3.1. El 13 de febrero de 201951, Droservicio presentó una propuesta de
liquidación del contrato No. 689 de 2013 a Positiva S.A. en el que concluyó que la
entidad contratante le adeuda la suma de $12.027’194.154.
4.1.3.2. El 18 de febrero de 201952 Positiva efectuó una citación para liquidar el
contrato No. 689 de 2013 con Droservicio, donde se solicitaron varios datos por
aspectos como los “regulados para red externa, incluyendo la operación logística,
para definir el valor total sobre el cual se llevará la liquidación del contrato” y sin que
dicho trámite se hubiera efectuado.
4.1.3.3. El 24 de abril de 201953, Droservicio requirió a Positiva S.A. a efectos de
que “emita respuesta positiva o negativa a la propuesta que presentó Droservicio
Ltda., de fecha 13 de febrero de 2019, para la liquidación del contrato 689 del 2013”,
en el sentido de emitir respuesta de fondo, oportuna y congruente.
4.1.3.4. El 10 de junio de 201954, Positiva S.A. le manifestó a Droservicio que, en
reunión del 18 de febrero de 2019 ya había respondido la solicitud por aquella
49 Páginas 75 a 80 del archivo 22 del índice 14 del expediente de primera instancia en SAMAI.
50 Archivo 10 del índice 8 del expediente de primera instancia en SAMAI.
51 Archivo 7 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
52 Páginas 107 a 113 del archivo 22 del índice 14 del expediente de primera instancia en SAMAI.
53 Archivo 8 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
54 Archivo 9 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
efectuada, en el sentido de que: i) frente a la variación del IPC se efectuaron de
mutuo acuerdo los incrementos de precios en los términos pactados; ii) respecto a
las glosas, con corte al 30 de mayo de 2019 existe una pendiente por sustentar de
Droservicio de $612’614.665 y otra pendiente de pago por $296’569.803; y iii) el
porcentaje de administración por operación logística para medicamentos regulados
no procede, pues el contrato se ha pagado adecuadamente.
4.1.3.5. El 4 de septiembre de 201955 Positiva S.A. se rehusó al pago de lo pedido
por Droservicio, como ya lo había advertido, en su criterio no procede ningún pago
por lo allí consignado. Lo anterior fue reiterado el 11 de octubre de 201956.
4.1.3.6. El 24 de septiembre de 201957, Droservicio presentó a Positiva S.A. la
factura de venta No. 2254 por el valor de $5.059’368.219,50 por concepto de
“servicio de operación logística de medicamentos regulados dispensados durante la
vigencia del contrato 679 de 2013”, que en términos de la solicitud ya había sido
rechazada, entre otros, porque la “fecha de presentación del servicio supera los 3
años con relación a la fecha de la presentación de la factura”, la solicitud fue
reiterada el 30 de octubre de 201958.
4.1.3.7. El 19 de noviembre de 201959, Positiva le reafirmó a Droservicio que “no es
viable el reconocimiento de ese valor [solicitado], teniendo en cuenta los
argumentos expuestos en comunicaciones anteriores, donde se ha manifestado que
su solicitud es improcedente”.
4.1.4. La liquidación del contrato No. 689 de 2013
El 26 de noviembre de 202160, Positiva S.A. y Audifarma -contratista en virtud de la
cesión que le hizo Droservicio- efectuaron la liquidación del contrato No. 689 de
2013, en el sentido de establecer que, el acuerdo de voluntades feneció el 28 de
55 Páginas 123 a 125 de los anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
56 Páginas 114 a 117 del archivo 22 del índice 14 del expediente de primera instancia en SAMAI.
57 Páginas 93 a 95 del archivo 22 del índice 14 del expediente de primera instancia en SAMAI.
58 Páginas 97 a 101 del archivo 22 del índice 14 del expediente de primera instancia en SAMAI.
59 Páginas 118 a 119 del archivo 22 del índice 14 del expediente de primera instancia en SAMAI.
60 Archivo 14 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
febrero de 2020 y que, por cuenta de la relación negocial, “no se presentaron saldos
pendientes para ninguna de las partes” y se declararon a paz y salvo.
4.1.5. Las comunicaciones posteriores al cruce de cuentas del contrato
4.1.5.1. El 2 de marzo de 202261, Droservicio presentó una petición a Positiva S.A.,
donde pidió que se le informara si el contrato No. 689 de 2013 ya se encontraba
liquidado o en fase de liquidación, lo cual fue resuelto por la peticionada, en el
sentido de que el corte de cuentas se efectuó el “26 de noviembre del 2021”.
4.1.5.2. El 22 de marzo de 202262, Droservicio solicitó a Positiva “hacer la precisión
contractual de rigor, ello ya que en el acta de liquidación se señala equivocadamente
que el contrato No. 689 del 28 de agosto de 2013 se celebró entre Positiva y
Audifarma S.A., lo cual no corresponde a la realidad jurídica contractual, dado que
el contrato en mención se celebró entre Positiva y Droservicio”.
Como consecuencia, pidió que se hiciera el ajuste respectivo en el acta de
liquidación, en el sentido de precisar que el acuerdo de voluntades fue suscrito con
Droservicio y no con Audifarma.
4.1.6. Los supuestos emolumentos adeudados por Positiva S.A. a Droservicio
Droservicio aportó un dictamen pericial, con el fin de acreditar los saldos pendientes
que supuestamente Audifarma le adeuda, por las sumas de $9.173’220.108 por el
porcentaje de intermediación por la operación logística para el suministro de
medicamentos regulados y $4.057’405.766 por cuenta del incremento del precio de
los medicamentos originado por el aumento del IPC63.
4.2. La demanda radicada por Droservicio fue extemporánea y, por ello, operó
la caducidad respecto al medio de control de controversias contractuales
4.2.1. En el caso concreto, el a quo declaró probada la excepción de caducidad
formulada por Positiva con apoyo en que, dado que el contrato No. 689 de 2013 fue
61 Archivos 12 y 13 de los anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
62 Archivo 15 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
63 Archivos 10 y 11 de los anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
cedido por Droservicio a Audifarma el 22 de agosto de 2018, el criterio para
contabilizar los 2 años para ejercer el medio de control de controversias
contractuales era el de los motivos que sirvieran de fundamento de hecho o de
derecho a las pretensiones de la actora, que en este caso se configuraron a partir
de tal momento, por lo que el plazo para demandar feneció el 15 de diciembre de
2020 -considerando la interrupción de términos efectuada con ocasión del COVID-
19- y, como la demanda se radicó hasta el 21 de junio de 2022, fue claramente
extemporánea, incluso considerando el período del agotamiento del trámite de la
conciliación extrajudicial, que también se surtió después de la primera fecha.
Al punto, el Tribunal de primera instancia también consideró que, si en gracia de
discusión la revisión del estado financiero se hubiera tramitado como una
liquidación, aquella debió realizarse hasta el 23 de diciembre de 2018, por lo que en
dicho escenario el plazo para demandar habría fenecido el 11 de enero de 2021, lo
que llevaría a la misma conclusión de la demanda fuera de tiempo.
4.2.2. Inconforme con lo anterior, Droservicio argumentó en su apelación que el a
quo incurrió en una defectuosa valoración probatoria y en un defecto fáctico, por
desconocer que, supuestamente, la cesión del contrato No. 689 de 2013 fue solo
parcial, pues allí se dejaron varias obligaciones en vilo, por lo que,
indefectiblemente, el único momento a tener en cuenta para contabilizar la
caducidad era la liquidación del 26 de noviembre de 2021, tras lo cual conoció que
no se le habría de pagar los saldos cuyo reconocimiento pide hoy en sede judicial,
momento a partir del cual, tanto su solicitud de conciliación, como su demanda,
habrían sido presentados dentro de los 2 años de ley y, por lo tanto, se debieron
estudiar las pretensiones de fondo.
4.2.3. De entrada, la Sala estima que, tal y como lo concluyó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la demanda se radicó por fuera de los 2 años
desde que acaecieron los motivos de hecho y de derecho que sirvieron de
fundamento a las pretensiones de Droservicio, como se pasa a exponer.
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
protección del interés general64, estableció en el proceso contencioso administrativo
unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción65 y ofrecer estabilidad del
derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
64 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.
Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.
29
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato
judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la
justicia66, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la
ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las
Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse
probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
Bajo el anterior contexto, conviene señalar que, según lo previsto en el inciso 1 del
literal j) del numeral 2 del artículo 16467 del CPACA, y en atención a que se está
ante un asunto exclusivamente regido por el derecho privado, los miembros de la
sociedad Droservicio contaban con 2 años para impugnar el contrato, contados a
partir del día siguiente a los motivos de hecho y de derecho que le sirvan de
fundamento a sus pretensiones.
En la medida en que en el asunto de estudio persigue la declaratoria de
incumplimiento y la configuración de una mayor onerosidad con ocasión del contrato
No. 689 del 25 de agosto de 2013, suscrito entre Positiva S.A. y Droservicio (hecho
probado 5.1.1.1.) , no se puede perder de vista que dicho acuerdo de voluntades
fue cedido por la contratista a Audifarma S.A. el 22 de agosto de 2018 (hecho
probado 5.1.2.1.), sin que le asista razón a la parte apelante con que dicho acto fue
66 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998: “[...] Si el actor deja transcurrir
los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho
fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos
constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la
caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto
de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas
por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado [...]”.
67 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […].
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
apenas parcial, dado que la totalidad de las obligaciones de que era titular fueron
trasladadas a la nueva cocontratante.
Ahora bien, aunque en la cesión se incluyó una cláusula que dispuso que a la fecha
del acto jurídico existían situaciones del estado financiero que se encontraban en
trámite de revisión entre Positiva y el contratista cedente, dicha circunstancia no
podía llegar a entenderse como una continuación del rol de contratista de
Droservicio, sino como una salvedad o reparo de que las partes se reservaban
verificar con posterioridad aspectos atenientes a los saldos que, eventualmente, se
debieran mutuamente o no producto del vínculo del que hicieron parte.
En efecto, producto de la salvedad convenida en la cesión, el 13 de febrero de 2019
Droservicio pidió a Positiva que liquidara el contrato con un saldo a su favor de
$12.027’194.154, liquidación que se intentó efectuar el 18 de febrero siguiente, pero
no se realizó en forma definitiva, tras lo cual, el 10 de junio de 2019, Positiva se
rehusó a reconocer emolumentos por concepto de la variación del IPC y el
porcentaje de administración por operación logística para medicamentos regulados
y luego, el 4 de septiembre y 11 de octubre de 2019, reafirmó que no procedía pagar
nada de lo pedido por Droservicio (hechos probados 5.1.3.1. a 5.1.3.5.).
Ante ese panorama, el 24 de septiembre de 2019 Droservicio pasó de solicitar el
pago de los saldos aquí perseguidos por medio de una liquidación, a hacerlo a
través de una factura de venta, lo cual, en todo caso, ya había sido desestimado por
Positiva S.A. y, bajo la misma senda, fue rechazado el 19 de noviembre de 2019
(hechos probados 5.1.3.6. y 5.1.3.7.).
En ese orden de ideas, el propio convenio de las partes estipuló que existían
aspectos pendientes de resolver entre Droservicio y Positiva, referidos a la discusión
de saldos pendientes reclamados por la cedente, lo que se discutió mediante
sendos cruces de comunicados que concluyeron el 19 de noviembre de 2019 (hecho
5.1.3.7.), por lo que, a partir de tal fecha, la aquí demandante tenía total certeza de
que la contratante no le iba a reconocer ningún saldo adicional al ya pagado y, por
tanto, dicho momento es el fundamento de hecho que cimenta las pretensiones de
la demanda, de ahí que los 2 años de que trata el artículo 164 del CPACA para
ejercer el derecho de acción deban contabilizarse desde allí.
31
Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
Sobre ese punto, la Sala descarta contabilizar la oportunidad para demandar a partir
de las solicitudes del 2 y 22 de marzo de 2022 (hechos probados 4.1.5.1. y 4.1.5.2),
pues mediante aquellas solo se redundó en lo ya pedido en momentos anteriores y
desde el 19 de noviembre de 2019 ya se contaba con total certeza de que Positiva
no habría de acceder a lo aquí perseguido por Droservicio, por lo que la cláusula
contenida en la cesión mediante la cual se mantuvo en vilo la discusión de aspectos
pendientes se agotó a partir de ese último momento mencionado.
A este respecto, tampoco es dable tener en cuenta como punto de partida para
contabilizar la demanda en tiempo la liquidación efectuada entre Audifarma y
Positiva S.A., pues como ya se aclaró, la cesión excluyó totalmente a Droservicio
de la relación negocial, de ahí que la continuación del acuerdo de voluntades le
resultaba ajena a esta última, incluyendo el balance de activos y pasivos efectuado
entre la contratante y la nueva contratista.
En virtud de lo expuesto, Droservicio contaba con 2 años para ejercer el derecho de
acción, los cuales ab initio corrieron entre el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de
noviembre de 2021 -considerando la fecha en que Positiva rechazó definitivamente
las solicitudes de reconocimiento de emolumentos de Droservicio-; sin embargo, en
virtud del Decreto Legislativo 564 de 202068, en concordancia con los Acuerdos
Nos. PCSJA20-11517 del 15 de marzo y PCSJA20-11657 del 5 de junio de 2020
del Consejo Superior de la Judicatura69, dicho plazo se suspendió entre el 16 de
marzo hasta el 30 de junio y se reanudó el 1° de julio de 2020.
68 “[...] Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema
de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […] Artículo 1.
Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones,
medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales,
sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta
el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos
judiciales. // El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del
día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por
el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos
por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la
caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día
siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación
correspondiente [...]” (Se subraya).
69 En atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19, el Consejo Superior de la
Judicatura, mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11517 del 15 de marzo 2020, ordenó la suspensión
de los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020, los cuales luego fueron reanudados a partir
del 1° de julio de 2020 a través del Acuerdo No. PCSJA20-11657 del 5 de junio de 2020.
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
Así las cosas, la parte activa tenía hasta el 6 de marzo de 2022 para radicar el
escrito inicial, plazo que se suspendió entre el 25 de febrero y el 25 de mayo de
2022, cuando acaecieron 3 meses desde que se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial70, en virtud del artículo 21 de la Ley 640 de 200171, por lo que se
extendió hasta el 6 de junio de 202272 y la demanda se radicó hasta el 21 de junio
de 2022, es decir, extemporáneamente, por lo que operó la caducidad.
La anterior circunstancia releva a la Sala de estudiar las pretensiones de fondo
formuladas por Droservicio, habida cuenta de que un supuesto para el efecto era
presentar la demanda en los tiempos previstos por el legislador, lo que no sucedió.
Como consecuencia, se desestima el recurso de apelación presentado por
Droservicio y, por tanto, se confirmará la sentencia del 16 de noviembre de 2023,
mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad, por encontrarse que
la demanda fue formulada extemporáneamente.
5. Costas
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA73 -adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del
70 Archivo 16 de la carpeta de anexos del índice 9 del expediente de segunda instancia en SAMAI.
71 Aunque la audiencia de conciliación extrajudicial se llevó a cabo el 16 de junio de 2022, el artículo
21 de la Ley 640 de 2001 estableció que el término para demandar se vería suspendido hasta que
se realizara la audiencia respectiva o acaecieran 3 meses, lo que ocurra primero, por lo que en el
caso de estudio ese interregno finalizó el 25 de mayo de 2022. “Artículo 21. Suspensión de la
prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en
derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta
que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los
casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se
refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero […]”.
72 Considerando que el término para demandar se extendió hasta el 4 de junio de 2022, pero dicho
día no era hábil, por lo que este feneció hasta el lunes siguiente.
73 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo en
los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil
(actualmente Código General del Proceso). En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal”. (Aclaración añadida).
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
CGP74, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que
en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada
no intervino en segunda instancia75, de tal manera que aquellas no se entienden
causadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de noviembre de 2023, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso.
74 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”
(Énfasis añadido).
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado
17001233300020120017601 (51034).
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Radicado: 250002336000202200315-01 (70843)
Demandante: Droservicio Ltda.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
VF
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