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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01807-02

Fecha
19 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01807-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 27 de julio de 2017, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a las sociedades BDO Audit S.A. y BDO outsourcing S.A.S. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en $1’239.612 a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en favor de quienes conformaron el extremo pasivo de la litis en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-01807-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

19 de febrero de 2024

Radicado: 250002336000201301807-02 (60126)
Demandante: BDO AUDIT S.A. Y BDO OUTSOURCING S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 25000-23-36-000-2013-01807-02 (60126)
Demandante: BDO AUDIT S.A. Y BDO OUTSOURCING S.A.S.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL – CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

TEMAS: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – conoce de las controversias
relativas a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones
financieras, cuando no correspondan a su giro ordinario de los negocios. GIRO ORDINARIO DE LOS
NEGOCIOS – concepto – es diferente del objeto social. CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA
MILITAR Y DE POLICIA – naturaleza – régimen contractual. ENTIDADES SUJETAS A RÉGIMEN
EXCEPTUADO - naturaleza de los actos precontractuales expedidos por entidades sometidas al
derecho privado - en principio no expiden actos administrativos – por regla general son actos jurídicos
que se rigen por el derecho privado, salvo que la ley disponga lo contrario - improcedencia de las
causales de anulación de los actos administrativos frente a las declaraciones de derecho privado.
CONSENTIMIENTO - como elemento configurativo de las obligaciones y vicios que lo afectan.
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – es adecuado para demandar la
responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado. BUENA FE EXENTA
DE CULPA – deberes de la Administración en la fase precontractual – la Administración debe
respetar las reglas establecidas en la convocatoria – no toda invitación a participar en una
convocatoria implica una oferta en los términos establecidos en el Código de Comercio.
RESPONSABILIDAD POR CULPA IN CONTRAHENDO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN
RÉGIMEN EXCEPTUADO - para que se configure es menester que quien demande acredite que las
reglas de la convocatoria fueron desconocidas y que, de haber sido aplicadas de forma adecuada,
su ofrecimiento hubiese sido seleccionado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 27 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte actora.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO,
adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación

Radicado: 250002336000201301807-02 (60126)
Demandante: BDO AUDIT S.A. Y BDO OUTSOURCING S.A.S.

de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales
de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de
aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii)
administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó
el proceso contractual al CONSORCIO BDO.

Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las
propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de
contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con
consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el
proceso contractual. Posteriormente, el 3 de mayo de 2013 se adjudicó el negocio
jurídico al proponente EVERIS BPO Colombia Ltda., con quien se suscribió el
acuerdo de voluntades.

En su demanda las sociedades BDO AUDIT S.A. y BDO OUTSOURCING S.A.S.,
integrantes del CONSORCIO BDO, solicitan que se declare la nulidad de las
decisiones que revocaron el acto adjudicatario inicial y adjudicaron nuevamente el
proceso de selección a EVERIS BPO Colombia Ltda., porque, a su juicio, infringen
la Ley y adolecen de desviación de poder y de falsa motivación. Como consecuencia
de lo anterior, pretenden que se declare la nulidad absoluta del contrato de
prestación de servicios celebrado entre CAPROVIMPO y EVERIS BPO Colombia
Ltda. y que se condene a la indemnización de los perjuicios causados.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 18 de octubre de 20131, las sociedades BDO Audit S.A. y BDO Outsourcing
S.A.S., integrantes del Consorcio BDO, en adelante CONSORCIO BDO, mediante
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, presentaron demanda en contra de CAPROVIMPO, con el fin de que
se declare la nulidad: i) de la “Resolución 099” del 20 de marzo de 2013, mediante
la cual se revocó el acto de adjudicación del 14 de marzo del mismo año y se saneó

1 Archivo 22 del índice 45 de SAMAI.

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el procedimiento de selección para la solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-
SUOSA-2013, y ii) del acto del 3 de mayo de 2013 que adjudicó el concurso a
EVERIS BPO Colombia Ltda., -en lo sucesivo EVERIS-. Como consecuencia de lo
anterior, la parte demandante solicita que: i) se declare la nulidad absoluta del
contrato de prestación de servicios No. 55 del 14 de mayo de 2013, suscrito entre
CAPROVIMPO y EVERIS; ii) se declare que pese a que el CONSORCIO BDO era
adjudicatario de la solicitud privada de ofertas, no pudo celebrar y ejecutar el
contrato, como era su derecho; y iii) se condene a la demandada a pagar a la actora
la utilidad que dejó de percibir por no haber suscrito el acuerdo de voluntades, así
como los intereses moratorios y las costas procesales.

1.2. En su demanda BDO Audit S.A. y BDO Outsourcing S.A.S formularon las
siguientes pretensiones, que se transcriben textualmente, incluso con eventuales
errores:

“1.1. PRIMERIA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 099 del 20 de marzo de
2013 “Por la cual se revoca el acta de adjudicación y se dispone el
saneamiento del proceso de selección para la solicitud privada de ofertas
No. 05-GERG-SUOSA-2013” expedida por el Gerente General de la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, General (R) Luis Felipe
Paredes Cadena, por haber incurrido en desviación de poder, ya que, aun
cuando el agente de la administración realizó un acto de su competencia
con las formalidades prescritas para ello, lo hizo para una finalidad
diferente para la cual le fue atribuida la facultad, consistente en el
favorecimiento de uno de los proponentes del proceso inicial, Everis BPO,
el cual, sin ello, no habría resultado ser el adjudicatario.

1.1.1. PRIMERIA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PRIMERA
PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA:

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 099 del 20 de marzo de
2013 “Por la cual se revoca el acta de adjudicación y se dispone el
saneamiento del proceso de selección para la solicitud privada de ofertas
No. 05-GERG-SUOSA-2013”, expedida por el Gerente General de la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, General (R) Luis Felipe
Paredes Cadena, por haber incurrido en falsa motivación, toda vez que
no existieron materialmente las razones en virtud de las cuales la
administración basó la decisión de revocar, con el consentimiento previo
y viciado, el acto de adjudicación inicial.

1.2. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución
No. 099 del 20 de marzo de 2013 “Por la cual se revoca el acta de
adjudicación y se dispone el saneamiento del proceso de selección

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para la solicitud privada de ofertas No. 05-GERG-SUOSA-2013”, se
declare la nulidad del acto administrativo contenido en el “ACTA DE
ADJUDICACIÓN DE LA SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS NO. 05-
GERG-SVADM-2013.’’ de fecha 3 de mayo de 2013, expedida por el
Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía,
General (R) Luis Felipe Paredes Cadena.

1.3 TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA:

Que, Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto
administrativo contenido en el “acta de adjudicación de la solicitud
privada de ofertas no. 05-GERG-SUADM-2013.”, de fecha 3 de mayo
de 2013, expedida por el Gerente General de la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, General (R) Luis Felipe Paredes Cadena, se
declare la nulidad absoluta del contrato de “PRESTACIÓN DE
SERVICIOS NO. O55 DE 2013” cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES INTEGRALES DE LOS PROCESOS DEL AREA DE
OPERACIONES, RELACIONADOS CON: I) ADMINISTRACIÓN DE
APORTES, II) RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SUBSIDIO Y APOYO
FINANCIERO Y, III) ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍAS”, suscrito entre
la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA y
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA.

1.4 CUARTA PRETENSION PRINCIPAL:

Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que al ser el
CONSORCIO BDO el adjudicatario del contrato objeto de Solicitud
Privada de Ofertas No. 05-GERG-SUOSA-2013, no lo pudo celebrar y
ejecutar, como era su derecho, por causas imputables a la CAJA
PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA.

2. PRETENSIONES CONDENATORIAS:

2.1 PRIMERA PRETENSION CONDENATORIA:

Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a
la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -
CAMPROVIMPO a pagar a los integrantes del CONSORCIO BDO, BDO
AUDIT S.A. y BDO OUTSORCING S.A.S, por concepto de indemnización
por lucro cesante, la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($1.239.611.711 M/CTE), correspondiente a la
utilidad esperada que dejó de percibir el contratista.

2.2 SEGUNDA PRETENSION CONDENATORIA:

Que se condene a la entidad demandada al pago de intereses moratorios,
a la máxima taza legal permitida, sobre la utilidad dejada de percibir desde
el día en que debió terminarse el contrato.

2.3 TERCERA PRETENSION CONDENATORIA:

Que se condene a la parte demandada a las costas procesales y agencias
en derecho.

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2.4 CUARTA PRETENSION CONDENATORIA:

Que se dé cumplimiento a la sentencia que se llegue a proferir conforme
a los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”.

1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte demandante enunció
los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que en marzo de 2013 CAPROVIMPO convocó el procedimiento de
solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013, con el objeto de contratar
la prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades
integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con la
administración de aportes, el reconocimiento y pago de subsidios y apoyo
financiero, y la administración de cesantías.

1.3.2. Precisó que, con ocasión del proceso de selección, CAPROVIMPO invitó a
las siguientes empresas a presentar propuestas: BDO AUDIT S.A., DELOITTE
Asesores y Consultores, CONCIC S.A.S., SIPROINTEGRAL, EVERIS BPO
Colombia Ltda., RESTREPO Y URIBE S.A.S. y SERTIC S.A.S.

1.3.3. Manifestó que el 7 de marzo de 2013, el CONSORCIO BDO radicó su oferta
en el procedimiento No.05-G ERGE-SUOSA-2013. Igualmente, SERTIC S.A.S., la
Unión Temporal SIPROINTEGRAL, RESTREPO Y URIBE S.A.S. y EVERIS hicieron
ofrecimientos en la convocatoria.

1.3.4. Señaló que el 14 de marzo de 2013, CAPROVIMPO adjudicó la solicitud
privada de ofertas No 05-GERGE-SUOSA-2013 al CONSORCIO BDO, por haber
obtenido 99,78 puntos, respecto de los demás ofrecimientos.

1.3.5. Puso de presente que el 18 de marzo de 2013, el proponente EVERIS BPO
Colombia Ltda. formuló observaciones, tras lo cual CAPROVIMPO ordenó la
revisión del proceso de selección, arrojando como resultado la necesidad de revocar
el acto de adjudicación del 14 de marzo de 2013, porque la entidad incurrió en un
error aritmético y desconoció ciertos aspectos del manual de contratación.

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1.3.6. Adujo que el 20 de marzo de 2013, el representante legal del CONSORCIO
BDO dio su consentimiento para revocar el acto de adjudicación del 14 de marzo de
2013.

1.3.7. Indicó que, por medio de la Resolución n.º 099 del 20 de marzo de 2013,
CAPROVIMPO revocó la adjudicación del 14 de marzo de 2013 y saneó el proceso
contractual, con sustento en que: i) existieron yerros al evaluar financieramente las
propuestas, puntualmente en cuanto a la determinación de la media aritmética y ii)
en las condiciones de participación se omitieron varios presupuestos obligatorios
del manual de contratación, en particular, frente a la forma de acreditar la
experiencia mediante contratos que se estuvieran ejecutando.

1.3.8. Refirió que el 21 de marzo de 2013 CAPROVIMPO reanudó el procedimiento
contractual, para lo cual modificó el cronograma contenido en el documento de
condiciones de participación y fijó, como nueva fecha de cierre, el 4 de abril
siguiente, fecha en la cual el CONSORCIO BDO y EVERIS presentaron ofertas
nuevamente.

1.3.9. Expuso que el 9 de abril de 2013, el CONSORCIO BDO argumentó que, dado
que solo se allegaron dos propuestas, el número podría tener repercusiones en el
cálculo de la media aritmética del factor económico, considerando que EVERIS
“ofreció el 100% del presupuesto oficial con una cifra más baja para determinar el
promedio de asignación del puntaje”.

1.3.10. Anotó que la entidad convocante evaluó las ofertas y encontró que la de
EVERIS era la mejor, frente a lo cual, el 16 de abril de 2013, el CONSORCIO BDO
advirtió a CAPROVIMPO que aquella tenía que haber sido inhabilitada, ya que no
se había acreditado la experiencia específica en gerencia de proyectos de la
persona propuesta como gerente de proyectos, no se habían presentado estados
financieros certificados y existían 2 ofertas económicas con diferente alcance, lo que
contrariaba las condiciones generales de participación de la solicitud privada de
ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013.

1.3.11 Informó que el 3 de mayo de 2013 CAPROVIMPO adjudicó la solicitud
privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013 al proponente EVERIS, por la suma

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de $2.358’666.660, frente a lo cual, el 6 de mayo siguiente, el CONSORCIO BDO
solicitó copia de la documentación que soportó el procedimiento de selección.

1.3.12. Afirmó que el 14 de mayo de 2013 CAPROVIMPO y EVERIS suscribieron el
contrato de prestación de servicios No. 55, cuyo objeto consistió en "la prestación
de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales
de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de
aportes, ii) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y iii) administración
de cesantías”.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora manifestó que los
actos cuestionados son nulos, pues infringen el artículo 209 de la Constitución
Política y el manual de contratación de la entidad. Además, adujo que fueron
proferidos con desviación de poder y falsa motivación.

1.4.1. Para la parte actora, la demandada incurrió en una desviación de poder al
proferir la Resolución 099 de 2013, infringiendo los principios de moralidad, eficacia
e imparcialidad del artículo 209 de la Constitución de 1991, y de selección objetiva
y transparencia consagrados en el manual de contratación interno de la entidad,
dado que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria
estuvo viciado, pues se le formularon unos motivos para que accediera a ello, pero
fueron otros los que realmente fundaron esa decisión, en particular el favorecimiento
de EVERIS, sin el cual no hubiera resultado adjudicatario.

1.4.2. Argumentó que CAPROVIMPO le indicó que era necesario revocar el acto
adjudicatario inicial porque: i) se evaluaron erróneamente las ofertas económicas y
ii) el documento de las condiciones de participación omitió varios requisitos del
manual de contratación; empero, no se justificó cuáles fueron los yerros en comento
y, por el contrario, se desatendieron los de EVERIS, quien resultó adjudicataria sin
haber satisfecho las exigencias de la convocatoria, de modo que la decisión por la
cual se le atribuyó el contrato a la aquí demandante debía mantenerse.

1.4.3. Frente a la Resolución n.º 099 del 20 de marzo de 2013, manifestó que no
estaban dados los presupuestos para que fuera revocado el acto de adjudicación
del 14 de marzo de 2013, pues el error aritmético aducido no modificaba la

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calificación definitiva y no se había incumplido el manual de contratación de la
entidad.

Al respecto, anotó que el CONSORCIO BDO atendió las exigencias del manual de
contratación de la entidad, entre ellas la atinente al valor ejecutado de los contratos
en curso igual o superior al 50%, mientras que EVERIS modificó el precio entre la
primera y la segunda oferta y mantuvo los yerros que inicialmente presentaba su
ofrecimiento, sin que CAPROVIMPO hubiera advertido tales falencias, por lo que,
en vez de solicitar el consentimiento para revocar el acto de adjudicación, debió
suscribir el contrato con el CONSORCIO BDO y, al no haber procedido de ese
modo, favoreció injustificadamente a EVERIS.

1.4.4. Con relación al acto de adjudicación del 3 de mayo de 2013, adujo que la
propuesta formulada por el oferente adjudicatario presentaba falencias que de haber
sido advertidas por la entidad pública habrían conducido a rechazarla, puntualmente
en cuanto a los estados financieros, el número de personal acreditado y la
información del gerente del proyecto. Además, afirmó que la entidad demandada no
tuvo en cuenta que el oferente adjudicatario, al presentar la nueva propuesta,
modificó el precio.

Así, tras resaltar que EVERIS presentó dos ofertas, no certificó los estados
financieros, solo contaba con un personal mínimo de 25 personas, aunque
CAPROVIMPO exigía 26, y no acreditó la profesión, el posgrado, ni la experiencia
relacionada del gerente del proyecto, concluyó que EVERIS desatendió las
exigencias de la entidad convocante y que, por ende, la oferta del CONSORCIO
BDO era la única opcionada para ser tenida en cuenta.

1.4.5. Finalmente, alegó subsidiariamente que, de no prosperar el cargo de
desviación de poder, se configuró una falsa motivación respecto de la Resolución
099 de 2013, en tanto “no existieron materialmente las razones en virtud de las
cuales la administración basó la decisión de revocar, con el consentimiento previo
y viciado, el acto de adjudicación inicial”. Al respecto, insistió en que la corrección
de los supuestos errores al evaluar las propuestas no habría alterado el orden de
elegibilidad inicial y resaltó que, aun cuando se omitió un requisito del manual de
contratación -el relacionado con la experiencia a través de contratos en curso-, su

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oferta lo satisfizo debidamente, por lo que los presupuestos de hecho del acto
administrativo no existieron.

2. Contestaciones de la demanda y traslado de excepciones

2.1. Mediante auto del 20 de enero de 20142, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a CAPROVIMPO, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Posteriormente, en el marco de la audiencia inicial celebrada el 7 de octubre de
20143, el Tribunal vinculó como “litisconsorte cuasinecesaria en la causa por pasiva”
a EVERIS, por tener interés en el resultado del proceso, y ordenó notificarle esta
decisión, así como también el auto admisorio de la demanda4.

2.2. El 22 de abril de 20145 CAPROVIMPO contestó la demanda, mediante escrito
en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, “por carecer de sustento
constitucional, jurisprudencial, legal y fáctico”, al considerar que inicialmente el
procedimiento de la solicitud privada de ofertas adoleció de irregularidades que
llevaron a la revocatoria del acto de adjudicación inicial del 14 de marzo de 2013;
empero, luego este se llevó a cabo de manera adecuada, por lo que las decisiones
dictadas con posterioridad se ajustaron a derecho. En cuanto a los hechos, aceptó
unos, negó otros y manifestó que otro tanto no le constaban.

2.2.1. Adujo que hubo yerros en el primer acto adjudicatario, en particular, un error
aritmético y la omisión de algunas disposiciones del manual de contratación de la
entidad, que fundaron la revocatoria de esa decisión, previo consentimiento del
CONSORCIO BDO, quien había fungido como adjudicatario.

2.2.2. En cuanto al error aritmético, indicó que, al evaluar el componente económico
de los ofrecimientos, el comité evaluador no tuvo en cuenta el valor del presupuesto
oficial, tal y como lo establecían las reglas del proceso. En este sentido, afirmó que
la fórmula fijada en la convocatoria consistió en sumar las propuestas de los

2 Archivo 27 del índice 45 de SAMAI.
3 Folios 269 a 272 del cuaderno 1.
4 Archivos 47 y 53 del índice 45 de SAMAI.
5 Archivos 33 y 72 del índice 45 de SAMAI.

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proponentes habilitados con inclusión del valor del presupuesto de la entidad y
dividir el monto resultante por el número de ofertas presentadas; sin embargo, al
efectuarse el cálculo de la media aritmética al comienzo del procedimiento de
selección no se incluyó el presupuesto oficial, ocasionando un yerro matemático que
inicialmente dio como adjudicatario al CONSORCIO BDO. Como consecuencia, se
revocó el acto de adjudicación y, al efectuar el cálculo correctamente, arrojó como
mejor ofrecimiento el de EVERIS.

2.2.3. Respecto a la inobservancia del manual interno de contratación, argumentó
que tal documento dispuso, en el ítem de experiencia, que para acreditarla mediante
contratos en ejecución, la certificación respectiva debía contener el porcentaje y/o
valor ejecutado, el cual debía ser igual o superior al 50% del monto contratado a la
fecha de cierre del proceso; empero, tal regla no se tuvo en cuenta en el primer
momento del procedimiento de selección, aunque precisó que, en todo caso, tanto
EVERIS como el CONSORCIO BDO cumplían con esa exigencia.

2.2.4. Anotó que las anteriores consideraciones llevaron a que CAPROVIMPO
revocara el acto de adjudicación inicial del 14 de marzo de 2013, y a que se ajustara
el calendario del procedimiento de solicitud privada de ofertas, para volver a evaluar
las que se presentaran de manera adecuada, dentro de lo cual se les permitió a los
proponentes acceder a todos los documentos de la convocatoria. En este sentido,
añadió que la entidad pública decidió retrotraer el proceso hasta la etapa de
presentación de las ofertas, con el propósito de garantizar la libre concurrencia, y
que, luego de la mencionada revocatoria, el CONSORCIO BDO no solicitó acceder
a información documental.

2.2.5. Seguidamente, defendió que el ofrecimiento de EVERIS fue el más favorable,
para lo cual indicó que: i) presentó una sola oferta y no dos; ii) según las reglas de
la convocatoria, se requirió experiencia relacionada con gerencia de proyectos, mas
no necesariamente que la persona propuesta se hubiese desempeñado como
gerente, es decir, que no se exigió experiencia específica en gerencia de proyectos,
sino relacionada, lo cual fue satisfecho por este oferente; iii) la certificación de
estados financieros solo era exigible si se estaba obligado a tenerlos por mandato
de la ley o de los estatutos y, en el caso de EVERIS, no era obligatoria, pues no
debía tener revisor fiscal en 2011; vi) al igual que el CONSORCIO BDO, también

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resultó habilitado en el procedimiento de selección antes de la revocatoria del acto
adjudicatario 099 de 2013; y v) no se probó que CAPROVIMPO lo hubiera
favorecido injustificadamente.

2.2.6. Finalmente, formuló los siguientes medios exceptivos:

i) “INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS
FORMALES – FALTA DE AGOTAMIENTO DE REQUISITOS DE
PROCEDIBILIDAD EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL Y
CONCRETAMENTE DE LAS PRETENSIONES”, bajo el entendido de
que la parte actora no agotó en debida forma el requisito de la conciliación
extrajudicial, comoquiera que las pretensiones de la solicitud de
conciliación no coinciden con las pretensiones de la demanda.

ii) “CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO”, frente a lo cual afirmó que, dado
que la actora no agotó el requisito de procedibilidad respecto de las
pretensiones que ahora plantea en la demanda, se debe volver a acudir
a la Procuraduría General de la Nación para satisfacer esa exigencia, lo
cual llevaría a que, cuando se presentara nuevamente la demanda,
habrán pasado más de 4 meses desde que se expidieron los actos
demandados, por lo que el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sería extemporáneo.

iii) “INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS
FORMALES”, porque el demandante no probó el agotamiento de los
recursos en la sede administrativa contra las decisiones objeto de la
demanda, ni que estuvieran ejecutoriadas al momento del trámite de la
conciliación.

iv) “VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE INDEMNIZACIÓN DE
PERJUICIOS – AUSENCIA DE PRUEBA QUE ACREDITE UNA
INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE EN UNA CUANTÍA DE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE
MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE

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($1.239´611.711 M/CTE)”, porque la parte actora no determinó, con cada
uno de sus conceptos, el juramento estimatorio, ni demostró la causación
de los perjuicios cuyo reconocimiento solicitó y, entre otros, el contrato
que se pretendió tuvo una duración y un precio menores a los alegados
por las sociedades demandantes, de 6 meses y $1.016’666.664
respectivamente, del cual se derivó una utilidad de unos $300’000.000,
monto considerablemente inferior al pedido por la actora en sede judicial.
En ese punto también solicitó condenar a la demandante a pagar el 10%
del monto que excedió en más del 50% la estimación de la cuantía, en
virtud del artículo 206 del CGP.

2.3. El 4 de julio de 20156, el CONSORCIO BDO se opuso a las excepciones
formuladas por CAPROVIMPO, por considerar que: i) su demanda no fue inepta,
ya que la exigencia del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial no
era exigible frente a las pretensiones de nulidad de los actos administrativos objeto
de la controversia, porque la legalidad no es transigible, de modo que al haberse
pretendido solamente la conciliación de sus efectos económicos se satisfizo el
requisito de procedibilidad; ii) como se demostró haberse agotado la exigencia
anterior, la demanda se formuló en tiempo; y iii) se sustentó debidamente el monto
indemnizatorio pedido, fundado en la utilidad que hubiera percibido de habérsele
adjudicado el contrato.

2.4. El 25 de septiembre de 20157, el litisconsorte en la causa por pasiva EVERIS
contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, para lo cual argumentó que
los actos y el contrato impugnados se ajustaron a derecho y no adolecen de vicio
alguno, debido a que por medio de esas decisiones CAPROVIMPO se limitó a
corregir un yerro en la solicitud privada de ofertas, tras lo cual eligió el mejor
ofrecimiento y suscribió el contrato, sin que hubiera ninguna irregularidad al
respecto. Como consecuencia, arguyó la inexistencia de desviación de poder y de
falsa motivación.

6 Archivo 43 del índice 45 de SAMAI.
7 Archivo 56 del índice 45 de SAMAI.

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2.4.1. Adujo que el acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante el
cual se recomendó otorgar el contrato al CONSORCIO BDO, tuvo yerros en la
evaluación aritmética de los ofrecimientos y también desconoció el manual de
contratación de la entidad, lo que tornó en imperativo revocarlo, previo
consentimiento del beneficiado, el cual fue otorgado sin reparos o vicios.

Recalcó que, de conformidad con lo establecido el manual de contratación de la
entidad pública, CAPROVIMPO estaba facultado para sanear el proceso ante la
omisión de requisitos que afectaran los principios esenciales, como ocurrió en el
presente caso, y añadió que el consentimiento del representante legal del
CONSORCIO BDO no estuvo viciado, pues la entidad fue clara y enfática al
exponerle las razones por las cuales era menester revocar el acto de adjudicación
del 14 de marzo de 2013.

2.4.2. Indicó que, tras la revocatoria de la adjudicación, se reanudó el procedimiento
de selección y, enmendados los errores encontrados, la propuesta de EVERIS
obtuvo la mejor calificación, por lo que se suscribió el contrato con aquella,
subsanándose así las irregularidades inicialmente identificadas y sin que se hubiera
incurrido en una falsa motivación o desviación de poder. En ese punto, advirtió que
los demandantes no formularon reproches frente al segundo acto adjudicatario, sino
que se limitaron a hacerlo frente al primero revocatorio, ni tampoco acreditaron que
su ofrecimiento hubiera sido el más favorable para la entidad demandada.

2.4.3. Asimismo, advirtió que el monto indemnizatorio pedido no fue debidamente
sustentado y que, por ende, se trató de una estimación especulativa.

2.4.4. Finalmente, planteó como excepción la que denominó “INEXISTENCIA DE
DESVIACIÓN DE PODER AL EXPEDIR LA RESOLUCIÓN 099 DE 2013”, bajo el
entendido de que en el presente caso el acto referido se dictó para cumplir los
postulados establecidos en el manual de contratación de la entidad.

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2.5. El 2 de octubre de 20158, la parte actora se opuso a las excepciones formuladas
por EVERIS, en el sentido de reiterar que se configuró una desviación de poder y,
subsidiariamente, una falsa motivación, al revocarse el acto que inicialmente
adjudicó el contrato al CONSORCIO BDO el 14 de marzo de 2013, así como que el
manual de contratación de la entidad no permitía subsanar yerros después de
adjudicado el contrato.

3. Audiencia inicial

Los días 1 de marzo9 y 4 de octubre10 de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca llevó a cabo la audiencia inicial, en la que no se encontró vicio alguno
que debiera ser objeto de saneamiento y se declararon imprósperas las
excepciones de ineptitud de la demanda11 y caducidad12, por considerar que sí se
agotó el requisito de la conciliación extrajudicial y que el escrito inicial se radicó en
tiempo13. El a quo también concluyó que todos los sujetos procesales se encuentran
legitimados para asistir al proceso, debido a que el demandante fue a quien se le
revocó el acto adjudicatario inicial, mientras el demandado fue quien profirió tal
determinación y la litisconsorte en la causa por pasiva es la sociedad a la que se le

8 Archivo 57 del índice 45 de SAMAI.
9 Minutos 1:00 a 1:23:24 del archivo 75 y paginas 1 a 7 del archivo 74 del índice 45 de SAMAI.
10 Minutos 1:00 a 1:44:59 del archivo 76 y páginas 43 a 51 del archivo 74 del índice 45 de SAMAI.
11 Frente a la ineptitud de la demanda, el a quo manifestó que se cumplió el requisito del agotamiento

de la conciliación administrativa, debido a que la parte demandante solicitó en ese procedimiento
conciliar sobre los efectos económicos de los actos demandados, sin que fuera posible hacer lo
propio con su legalidad, por ser un asunto exclusivo del juez. Igualmente, precisó que frente a los
actos demandados no correspondía agotar la “vía gubernativa”.
12 Respecto de la excepción de caducidad, de un lado, indicó que como sí se agotó el requisito de la

conciliación extrajudicial, no le asistió razón a la entidad demandada en su argumento de falta de
oportunidad del escrito inicial, además de lo cual precisó que la Resolución 099, mediante el cual se
revocó el acto adjudicatario inicial, se profirió el 20 de marzo de 2013, por lo que los 4 meses para
el ejercicio del derecho de acción comenzaron a correr a partir de ese momento, término que fue
interrumpido mediante la solicitud de conciliación extrajudicial del 18 de julio de 2013, cuando
faltaban 3 días para que operara la caducidad.
Así las cosas, debido a que el 16 de octubre de 2013 se declaró fallida la audiencia de conciliación,
el plazo para demandar se reanudó el 17 de octubre siguiente, por lo que el demandante contaba
hasta el 19 de octubre de 2013 para radicar el escrito inicial y, en la medida en que ello tuvo lugar el
18 de octubre de la misma anualidad, fue presentado en tiempo. Respecto de los demás actos
demandados indicó que, por ser posteriores al mencionado, con mayor razón la demanda se formuló
oportunamente respecto de aquellos.
13 La anterior determinación fue objeto de apelación por la parte demandante; sin embargo, mediante

proveído del 20 de abril de 2016, el Consejo de Estado la confirmó. Páginas 12 a 19 del archivo 74
del índice 45 de SAMAI.

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adjudicó el contrato de prestación de servicios y con quien, a la postre, se suscribió
el acuerdo de voluntades.

Luego, se fijó el litigio en el entendido de determinar si las resoluciones impugnadas
y el contrato demandado infringieron la normativa aplicable e incurrieron en una
desviación de poder y, subsidiariamente, en una falsa motivación, por haber
revocado la adjudicación inicial efectuada al CONSORCIO BDO, para pasar a
otorgar el contrato con posterioridad a EVERIS. De prosperar lo anterior,
correspondería establecer si ello ocasionó perjuicios a la parte demandante14.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó como pruebas los
documentos aportados por las partes, los antecedentes administrativos de la
solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013 y el testimonio del señor
Alfonso Escobar Barrera.

4. Audiencia de pruebas

El 7 de febrero de 201715 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la
audiencia de pruebas, en la que se incorporaron al proceso los antecedentes
administrativos del procedimiento de solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-
SUOSA-2013 y se recaudó el testimonio del señor Alfonso Escobar Barrera -
representante legal de los miembros del CONSORCIO BDO-.

14 El Tribunal fijó el litigio de la siguiente manera: “1. Si se presentó la institución jurídica de desviación

de poder como motivo para expedir la Resolución 099 de 20 de marzo de 2013, a través de la cual
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía CAPROVIMPRO (sic), revoca el acta de
adjudicación de la selección privada No. 05 GRG SOUSA 2013, porque se alegó unos motivos para
obtener un consentimiento y se utilizaron otros. Y si además de querer una finalidad distinta a la del
buen servicio, a la de la conservación del patrimonio, la trasparencia del contrato y a todos los
principios de las los (sic) principios de la contratación estatal se incurrió en falsa motivación. […] 2.-
Si el consentimiento expresado por el representante legal del consorcio BDO fue inducido en error y
expresó un consentimiento viciado es decir invalido. […] 3.- Si para el nuevo proceso de adjudicación
se incurrió en algún vicio de nulidad de los actos administrativo[s]. que debe ser la violación a los
principios de la contratación estatal, desviación de poder o falsa motivación. […] 4.- Si de la primera
situación, es decir en el evento que se demuestre la desviación de poder o falsa motivación de la
Resolución 099 de 20 de marzo de 2013 se ocasionaron perjuicios al demandante, consorcio BDO
y los perjuicios que se pudieron derivar de la nulidad que eventualmente proceda de la adjudicación
de la selección privada”.
15 Archivo 62 y minutos 0:01 a 1:08 del archivo 70 del índice 45 de SAMAI.

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5. Alegatos de conclusión

Una vez finalizada la práctica de pruebas se declaró cerrada la etapa probatoria y
se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y
presentar concepto por escrito, respectivamente16.

5.1. La parte demandante alegó de conclusión17, reiterando los razonamientos
presentados en su escrito inicial, entre ellos que CAPROVIMPO, al revocar el acto
de adjudicación del 14 de marzo de 2013, buscó beneficiar injustificadamente a la
proponente EVERIS, la que no contaba con la mejor oferta e incurrió en
inconsistencias, pues la propuesta más favorable era la suya. Trajo al caso el
testimonio practicado en el proceso para concluir que el consentimiento otorgado
para revocar el acto de adjudicación “estuvo viciado” y afirmó que la demandada no
explicó en qué consistió el error que dio lugar a dicha revocatoria. Además, insistió
que su propuesta cumplía con todos los requisitos y que, por tanto, no debió
revocarse la adjudicación inicial.

5.2. En la oportunidad respectiva, CAPROVIMPO presentó alegatos de
conclusión18, en los que reiteró los argumentos formulados en oportunidades
precedentes y adicionó que el CONSORCIO BDO, al haber otorgado su
consentimiento para la revocatoria de la adjudicación inicial, no podía luego actuar
en contra de esa declaración de voluntad. También advirtió que la no prosperidad
de la nulidad de la Resolución 099 de 2013 derivaba automáticamente en que la
Resolución del 3 de mayo de 2013 y el contrato de prestación de servicios No. 55
del 14 de mayo de 2013 tampoco pudieran ser anulados.

5.3. EVERIS formuló alegatos de conclusión19, mediante escrito en el que reiteró los
argumentos presentados en la contestación a la demanda, entre ellos que no hubo
ningún vicio del consentimiento en la autorización del CONSORCIO BDO para la
revocatoria del acto adjudicatario inicial, ya que no se configuró un error, fuerza y/o
dolo, en los términos del artículo 1508 del Código Civil.

16 Folio 336 del cuaderno 1.
17 Archivo 65 del índice 45 de SAMAI.
18 Archivo 63 del índice 45 de SAMAI.
19 Archivo 64 del índice 45 de SAMAI.

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5.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

6. Sentencia de primera instancia

6.1. Mediante sentencia del 27 de julio de 201720, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se
demostró que los actos y el contrato impugnados hubieran contrariado el
ordenamiento jurídico por falsa motivación o desviación de poder.

6.2. Como sustento de su decisión, el Tribunal empezó por referirse al
consentimiento previo y expreso del representante legal del CONSORCIO BDO,
frente a lo cual indicó que la actora no acreditó haberlo otorgado con vicios al
autorizar la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial, en especial porque, a
partir del material probatorio, se demostró que CAPROVIMPO le “expresó los
motivos reales de la decisión” al momento de pedirle su aprobación para tal efecto,
concretamente, un error en la evaluación financiera de las propuestas y la omisión
de varios mandatos del manual de contratación.

A su juicio, los aquí demandantes conocían con claridad los motivos por los cuales
se solicitó su aquiescencia para revocar la decisión del 14 de marzo de 2013, sin
que hubieran presentado objeción alguna frente a aquellos, y sin que se haya
demostrado que la entidad contratante formuló razones para tal proceder distintas
a los yerros que se presentaron en la evaluación de las ofertas, o que engañó o hizo
incurrir en error al proponente, de modo que no se vislumbró una discordancia entre
la realidad y lo que el CONSORCIO BDO creyó al respecto.

6.3. Frente a los cargos de desviación de poder y falsa motivación, indicó que en el
proceso se acreditó que la Resolución n.º 099 del 20 de marzo de 2013 se profirió
con el propósito de subsanar los errores sustanciales que se cometieron dentro del
proceso de selección, “con el fin de preservar el interés general y los principios de
la contratación estatal”. Además, advirtió que el CONSORCIO BDO no demostró

20 Folios 395 a 408 del cuaderno principal.

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que la revocatoria del acto adjudicatario hubiera tenido como fin favorecer
injustificadamente a EVERIS o a otro proponente, sin que la simple afirmación de
tal aspecto de lugar a que el juez lo considere como un hecho, de modo que
descartó que la Resolución 099 de 2013 hubiera incurrido en tal irregularidad.

6.4. En cuanto a las inconsistencias alegadas respecto de la nueva adjudicación, el
a quo señaló que la parte actora no precisó los motivos por los cuales
CAPROVIMPO habría incurrido en aquellas, ni del material probatorio se avizoró
que este hubiera contrariado el ordenamiento jurídico.

Respecto de la afirmación según la cual no se le permitió al CONSORCIO BDO
acceder a los documentos contractuales tras revocarse el primer acto adjudicatario,
indicó que no se encontró ninguna solicitud del proponente para revisarlos y, por el
contrario, de las pruebas documentales consta que CAPROVIMPO sí permitía la
revisión de los anexos de la convocatoria.

6.5. Frente a la supuesta inhabilidad de EVERIS para contratar, basada en que se
incumplió el requisito de experiencia de la persona que iba a ocupar el cargo de
gerente de proyecto y la no certificación de los estados financieros, el Tribunal
señaló que ello no sucedió, puesto que: i) la persona propuesta por EVERIS para
dicho cargo cumplía con las exigencias consignadas en las condiciones generales
de participación, en particular, era una profesional con al menos 3 años de
experiencia relacionada con gerencia de proyectos; y ii) si bien inicialmente se
aportó un certificado de aportes a seguridad social firmado solo por el contador,
posteriormente tal anexo fue subsanado para ser suscrito igualmente por el
representante legal, tal y como se exigió en la solicitud privada de ofertas.

6.6. En ese orden de ideas, concluyó que no se demostró ninguna irregularidad
frente a los actos y el contrato impugnados, por lo cual denegó las pretensiones de
la demanda y, por último, condenó en costas por concepto de agencias en derecho
a la parte demandante, las cuales fueron tasadas en el 0.5% del valor de las
pretensiones, es decir, en la suma de $6’198.058.

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7. Recurso de apelación

7.1. El 17 de agosto de 201721, los miembros del CONSORCIO BDO interpusieron
recurso de apelación, que fue concedido el 28 de agosto de 201722 y admitido el 13
de abril de 201823.

En su escrito, se solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda, con sustento en que los actos y el contrato
demandados incurrieron en una desviación de poder y en una falsa motivación.
Además, a su juicio el Tribunal a quo no examinó de forma adecuada las pruebas
obrantes en el expediente.

7.2. El CONSORCIO BDO comenzó por considerar que no se permitió que los
proponentes accedieran a las propuestas en la primera etapa del procedimiento,
pero sí luego de la revocatoria del acto adjudicatario y que el contrato se adjudicó
sin obtener respuesta a las observaciones que formuló.

Luego, insistió en el argumento según el cual el consentimiento del representante
legal del CONSORCIO BDO fue viciado por la entidad pública demandada, a
propósito de lo cual manifestó que, con el aporte de los antecedentes
administrativos en el proceso, se acreditó que unas fueron las razones formuladas
al solicitársele la autorización para la revocatoria del acto adjudicatario inicial y otras
las que realmente fundaron esa decisión, pues con aquella se buscó favorecer
injustificadamente a EVERIS, en contravía de los principios de la función
administrativa, la selección objetiva y la transparencia. Enfatizó en que con el
testimonio del señor Alfonso Escobar Barrera también se acreditó la mencionada
disparidad en las razones para revocar la actuación en cuestión.

7.3. Respecto de los cargos de desviación de poder y de falsa motivación
desestimados por el a quo, arguyó que debían haber prosperado, habida cuenta de

21 Archivo 93 del índice 45 de SAMAI.
22 Folio 438 del cuaderno principal.
23 Folio 453 del cuaderno principal.

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que se probó con suficiencia que con la solicitud privada de ofertas se buscó
favorecer injustificadamente a EVERIS. En este sentido, nuevamente adujo que, al
momento de solicitársele su aquiescencia para revocar el acto adjudicatario inicial,
CAPROVIMPO le indicó que se había cometido un error aritmético en la evaluación
económica y que se omitieron requisitos del manual de contratación, nada de lo cual
sucedió en esos términos.

En cuanto al error aritmético, añadió que no se motivó en la Resolución 099 de 2013
ni en ningún otro documento, lo que evidencia el actuar caprichoso y discrecional
de la entidad demandada y la vulneración del deber de publicidad.

7.4. De otra parte, puso de presente que la propuesta presentada por el oferente
EVERIS no cumplió con las condiciones del proceso de selección, de tal suerte que
no debió resultar adjudicatario de este. Puntualmente, sostuvo que adoleció de los
siguientes yerros: i) los estados financieros que aportó estaban incompletos desde
2011, por lo que no se cumplieron las condiciones en que debían presentarse, ni
ello fue subsanado; ii) solamente se incluyeron 25 personas en la oferta, pese a que
la convocatoria exigía 26, sin que tal aspecto fuera enmendable, so pena de mejorar
el ofrecimiento; iii) se presentaron dos propuestas diferentes y se modificó el precio
entre la primera y la segunda; y iv) no se acreditó la profesión y el posgrado exigidos
para el gerente del proyecto, pues se debía aportar el diploma y no las actas de
grado y, además, tampoco se acreditó su experiencia en proyectos, en tanto la
certificación expedida no demostraba el cumplimiento de tal exigencia.

A propósito de lo anterior, resaltó que, pese a haber advertido a CAPROVIMPO
sobre los yerros mencionados, no fueron verificados debidamente, lo que constituyó
una afrenta al legitimo interés del CONSORCIO BDO en que se le adjudicara la
solicitud privada de ofertas.

7.5. Sumado a lo anterior, resaltó que su propuesta cumplía con todos los requisitos,
inclusive con aquellos contenidos en el manual de contratación de la entidad
pública, razón por la cual debió habérsele adjudicado el proceso contractual.

Respecto de la desatención de los mandatos del manual de contratación al
comienzo del procedimiento de selección, adujo que, de todos modos, cumplió tal

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documento pese a que no hubiera sido tenido en cuenta en su totalidad en un primer
momento, debido a que, aunque inicialmente no se estableció un parámetro para la
forma en que se aportarían los contratos en ejecución para demostrar la experiencia
mientras que posteriormente se incluyó que frente a aquellos el valor ejecutado
debía ser del 50% o superior al valor total contratado, lo cierto es que sus
certificaciones satisficieron a cabalidad ambas exigencias, por lo que ese aspecto
no podía dar lugar a revocar el acto adjudicatario inicial.

7.6. Siguiendo esta línea argumentativa, concluyó que, dado que la oferta de
EVERIS ni siquiera debía considerarse en la media aritmética por incumplir varias
exigencias del procedimiento de selección, al paso que la propuesta del
CONSORCIO BDO reunió todos los requisitos necesarios, no había lugar a revocar
el acto adjudicatario del 14 de marzo de 2013, pues en cualquier caso el mejor
ofrecimiento era el suyo y, como se procedió en sentido opuesto, la verdadera
finalidad de esa determinación fue favorecer “fraudulentamente” a EVERIS.

Añadió que, en gracia de discusión, si no se consideran las irregularidades
anteriormente mencionadas respecto del acto 099 del 20 de marzo de 2013, de
todos modos con tal decisión se habría incurrido en una falsa motivación, ya que,
como se indicó, la corrección del supuesto error aritmético en la evaluación de las
propuestas no habría modificado al adjudicatario de la invitación y, pese a que se
omitió un requisito del manual de contratación de la entidad, este fue atendido a
cabalidad desde el comienzo por el CONSORCIO BDO, por lo que las supuestas
irregularidades existentes que sustentaron esa declaración de voluntad de la
entidad contratante no eran afines a la realidad.

Finalmente, solicitó que, en caso de considerarse que no se incurrió en las
irregularidades mencionadas, se declare la nulidad del acto de adjudicación del 3
de mayo de 2013 y del contrato de prestación de servicios 055 de la misma
anualidad “por haber sido expedidos de manera irregular”, debido a que EVERIS
debía ser descalificada.

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8. Actuación en segunda instancia

El 28 de agosto de 201724 el a quo concedió el recurso de apelación y remitió el
expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde se admitió mediante
proveído del 13 de abril de 201825. Posteriormente, el 6 de julio de 201826, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a
bien lo tenía, rindiera concepto.

8.1. EVERIS presentó alegatos de conclusión27, en los cuales reiteró los argumentos
formulados en oportunidades procesales precedentes, en virtud de los cuales se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con sustento en que los
actos y el contrato impugnados no adolecieron de una desviación de poder o de una
falsa motivación, ya que la revocatoria del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo
de 2013, con el consentimiento previo y sin vicios del CONSORCIO BDO, se
sustentó en yerros cometidos en el procedimiento de selección y no en el capricho
de la entidad contratante, así como también indicó que su oferta fue la más
favorable, motivo por el cual se le adjudicó el contrato.

8.2. CAPROVIMPO allegó escrito de alegatos de conclusión28, en el que reafirmó el
razonamiento de defensa presentado con la contestación de la demanda y, en
particular, adujo que el CONSORCIO BDO no incurrió en un error, fuerza o dolo que
viciara su consentimiento al momento de avalar la revocatoria del acto adjudicatario
inicial, y que no se demostró que el actuar de la entidad contratante hubiera sido
caprichoso o por fuera de los mandatos constitucionales y legales.

8.3. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

24 Archivo 94 del índice 45 de SAMAI.
25 Archivo 101 del índice 45 de SAMAI. Aunque la controversia le correspondió inicialmente al
despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, posteriormente fue remitida al magistrado
sustanciador en compensación, tras lo cual se presentó impedimento, el cual fue declarado
infundado mediante proveído del 18 de enero de 2023. Índices 36 a 39 y archivos 110 a 111 del
índice 45 de SAMAI.
26 Archivo 103 del índice 45 de SAMAI.
27 Archivo 104 del índice 45 de SAMAI.
28 Archivo 105 del índice 45 de SAMAI.

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8.4. El 19 de septiembre de 202229, el Magistrado Ponente formuló impedimento al
considerar que se configuraba la causal prevista en el artículo 141-12 del CGP, dado
que en su calidad de Procurador 11 Judicial II para Asuntos Administrativos conoció
y actuó en el marco de la conciliación extrajudicial que se llevó a cabo entre las
partes como requisito de procedibilidad previo al inicio del proceso.

8.5. Por medio de auto del 18 de enero de 202330, se declaró infundado el
impedimento, porque el supuesto fáctico aducido no se encuadra taxativamente en
las causales previstas en el artículo 141 del CGP.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto; (2) procedencia de los medios de control;
(3) oportunidad de los medios de control incoados; (4) legitimación en la causa; (5)
problemas jurídicos; (6) solución a los problemas jurídicos; (7) caso concreto; y (8)
costas.

1. Jurisdicción y competencia

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, con fundamento en el artículo 10431 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
vigente a la fecha de presentación de la demanda, pues las decisiones del 20 de
marzo de 2013 y del 3 de mayo de 2013, así como el contrato No. 55 del 14 de
mayo de 2013 fueron adoptadas y celebrado, respectivamente, por CAPROVIMPO
-en tanto Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden

29 Índice 36 de SAMAI.
30 Índice 39 de SAMAI.
31“Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen,
en los que sea parte una entidad pública […]”. (Se subraya).

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nacional32- con ocasión de la solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-
2013 adelantada en el marco de su actividad contractual.

En efecto, si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA dispone que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de las controversias
relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos de entidades
públicas que ostenten el carácter de instituciones financieras, como lo es
CAPROVIMPO, ello se supeditó a que tales asuntos versen sobre el giro ordinario
de sus negocios, lo que no sucede en el sub lite, tal como se pasa a explicar.

1.2. El CPACA redefinió el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, que anteriormente era eminentemente orgánico33, estableciendo en
su artículo 104, lo siguiente:

“Artículo 104.- La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para
conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales,
de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan
función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad
pública, cualquiera sea el régimen aplicable.

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que
sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones
propias del Estado.

32 De conformidad con el artículo 2 de la Ley 973 de 2005, a cuyo tenor: “Artículo 2. Naturaleza. La

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado
de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza
especial, dotada de personería jurídica autonomía administrativa y capital independiente, vinculada
al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Bancaria”.
33 Decreto 1 de 1984. “Artículo 82. [Modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006]. La

jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de
los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos
y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá
juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno // La jurisdicción
de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
no tendrán control jurisdiccional”.

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3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse
cláusulas exorbitantes […]”. (negrilla fuera del texto)

Como puede verse, el CPACA, modificó el objeto de la jurisdicción, al contemplar
una cláusula general de competencia, prevista en el inciso 1º del artículo 104, de
conformidad con la cual le corresponde el conocimiento de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al
derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa, de modo que no basta con que
en el litigio se encuentre involucrada una entidad pública–criterio orgánico-, sino que
también es menester que los actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones
generadores de responsabilidad se encuentren sometidos al derecho administrativo
-criterio material-. Además, consignó un listado de asuntos específicos que se
encuentran asignados a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los
que, para los efectos que aquí interesa, se destacan los numerales 1º y 2º, en virtud
de los cuales le corresponde conocer de los procesos relativos a la responsabilidad
extracontractual o contractual en los que sea parte una entidad pública o un
particular en ejercicio de funciones pública, cualquiera que sea su régimen,
privilegiándose aquí, por tanto, el criterio orgánico.

En este panorama, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha resaltado que el
artículo 104 del CPACA privilegia la especialidad como criterio determinante de la
competencia, a la par de que se vale del criterio orgánico para definir los asuntos a
cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo que se está ante
un “régimen mixto de criterios de determinación de competencia -material y
orgánico-”, de ahí que, en cada caso debe evaluarse cuál de los dos prevalece34.

1.3. A su turno, el artículo 105 del CPACA prevé un conjunto de excepciones a la
competencia atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el artículo
104 ejusdem, entre las que se resalta la dispuesta en el numeral 1, al amparo del
cual se encuentran excluidas de su conocimiento las controversias relativas a la
responsabilidad extracontractual y las contractuales en las que haga parte una

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Auto del 17 de junio de 2015, Radicado

27001233300020130021001 (50526).

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entidad pública de carácter financiero, cuandoquiera que correspondan al giro
ordinario de sus negocios. Es así como, la citada norma reza:

“Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no
conocerá de los siguientes asuntos: 1. Las controversias relativas a la
responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades
públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras,
intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la
Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los
negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos […]”.
(resaltado añadido).

Como se observa, para que se configure la excepción consagrada en el numeral 1
del artículo 105 del CPACA: i) la entidad pública debe tener el carácter de institución
financiera -elemento orgánico- y ii) la controversia ha de versar sobre asuntos que
correspondan al giro ordinario de los negocios de aquellas -elemento material-35.

1.4. Ahora bien, la excepción contemplada en el numeral 1 del artículo 105 CPACA
crea algunas dificultades interpretativas en cuanto a lo que debe entenderse por
giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras, pues se trata de un
concepto jurídico indeterminado cuyo alcance ha dado origen a opiniones disímiles,
máxime teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico alude a dicha noción en
diferentes ámbitos y para diversos efectos, lo que implica que en la labor de
hermenéutica que corresponde efectuar no puede dejarse de lado el contexto al que
se refiere la norma que, en cada caso, remite a esta noción -artículo 30 del Código
Civil-, su finalidad, recurriendo “a su intención o espíritu, claramente manifestados
en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento” -artículo 27 del
Código Civil- y, en general, las diversas reglas de interpretación de la ley.

Para los efectos que aquí concierne, no puede desconocerse que el numeral 1 del
artículo 105 del CPACA establece una excepción, que, por ser tal, debe
interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y no de manera analógica ni extensiva.
Además, también es menester acudir al “sentido natural y obvio” de las palabas,
según su uso general -artículo 28 del Código Civil-, lo que lleva a destacar que la

35Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Providencias del 31 de enero de 2022.
Radicado 25001-23-31-000-2013-02028-01 (60.388), del 29 de julio de 2022. Radicado 88001-23-
33-000-2018-00026-01 (62.851), y del 8 de octubre de 2021. Radicado 25000-23-26-000-2006-
00779-01 (36320).

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palabra “ordinario”, según el Diccionario de la Real Academia de la lengua, significa
“común, regular y que sucede habitualmente”, por oposición a aquello que es
extraordinario o excepcional.

De igual modo, en lo que concierne a la finalidad de la norma, la excepción del
numeral 1 del artículo 105 CPACA que se analiza, responde a la intención del
legislador de privilegiar, para este tipo de controversias, la especialidad de la
materia objeto del litigio como criterio fundamental para la determinación de la
competencia, toda vez que la temática propia de los negocios y actividades
habituales u ordinarias que adelantan las entidades públicas financieras, versa en
torno a materias de contenido económico y financiero, que se ubican en la
especialidad de la Jurisdicción Ordinaria36-37.

1.5. A la vista de las precisiones que anteceden es menester precisar si el concepto
de “giro ordinario de los negocios” equivale o no al objeto social y, dentro de ello, si
se limita solo a las actividades principales o comprende las conexas y
complementarias. Asimismo, debe dilucidarse si la noción alude a actos y negocios
que en cualquier caso se realicen como parte de la gestión ordinaria o de modo
habitual, por el contrario, también incluye actos, actividades y negocios que se
adelanten de modo incidental, todo ello, desde luego, siempre que se encuentren
dentro del marco de su capacidad legal, pues los actos que no están comprendidos

36 Así fue expresado por algunos integrantes de esta Corporación que hicieron parte de la Comisión

Redactora de la Ley 1437 de 2011. Por ejemplo, en Sesión de Sala Plena del 20 de enero de 2010,
la consejera Ruth Stella Correa Palacio señaló en su intervención que “La intención de la comisión
fue que la responsabilidad contractual y extracontractual de esas entidades financieras fuera
conocida por la justicia ordinaria, por tratarse de una actividad eminentemente económica […]”.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Memorias de la Ley 1437 de 2011. Bogotá: sin
fecha. Volumen III, Parte A, Imprenta Nacional. P. 443.
37
Sobre el particular, refiriéndose al enfoque que se dio al objeto de la jurisdicción contenciosa en la
Ley 1437 de 2011 y, puntualmente, a la razón de ser de la excepción dispuesta en el numeral 1º del
artículo 105 ibidem, esta Corporación ha resaltado que “(…) el motivo por el cual se resolvió incluir
esta excepción fue porque se consideró que la jurisdicción ordinaria tenía mayor experiencia en el
tema económico financiero y, por ende, era más acorde con su especialidad que conociera este tipo
de controversias contractuales y extracontractuales. Esto también fue puesto de presente por
algunos de los integrantes de esta Corporación que en su momento hicieron parte de la Comisión
Redactora del nuevo código, de las que se destacan las siguientes intervenciones (…). De igual
forma, la Comisión Primera del Senado dejó ver en sus debates que era con ocasión de la
connotación privada de las temáticas que desarrollaban las instituciones financieras, aseguradoras,
intermediarios de seguros o intermediarios de valores, que se le asignaba el conocimiento de sus
controversias a la jurisdicción ordinaria”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Auto del 17 de junio de 2015, Rad. 50526.

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dentro del objeto exceden las atribuciones de la persona jurídica y, por lo mismo,
estarán viciados de nulidad.

Bajo este contexto, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que el objeto de
cualquier persona jurídica está conformado por el denominado “objeto principal” y
el llamado “objeto secundario, complementario o subsidiario”. El primero está
compuesto por los actos y contratos expresamente previstos en los estatutos o en
el acto de creación de la entidad, al paso que el segundo comprende: i) los actos y
contratos que, sin estar mencionados expresamente, guardan una relación o
conexidad directa con el objeto principal, y ii) todos aquellos que resultan necesarios
para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que implican la existencia y el
funcionamiento de la persona jurídica, tales como el pago de impuestos, la
contratación de personal y la adquisición de insumos, entre otros38.

Refiriéndose al concepto de objeto social y su diferencia con el giro ordinario de los
negocios, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que, en virtud de lo
previsto en el numeral 4 del artículo 110 del Código de Comercio, en los estatutos
sociales deben enunciarse en forma clara y completa las actividades que
comprenden el objeto social, teniendo en cuenta que la capacidad del ente
societario estará circunscrita a los actos y negocios allí consignados39.

Además, ha resaltado que el objeto social comprende el “objeto principal”, que “se
refiere a los negocios o actividades principales que la sociedad se propone
desarrollar, los cuales pueden tener o no conexión entre sí, siempre que se
encuentren debidamente enunciados en la escritura social” y, también, el “objeto
secundario”, en el que “se entienden incluidos todos aquellos actos o contratos
tendientes al desarrollo del objeto social principal”. De igual modo, la misma
Superintendencia ha expuesto:

“Es preciso tener en cuenta que existe una normatividad especial que define el
campo de acción de las instituciones financieras y de las llamadas empresas de
objeto social exclusivo, según la cual, no les es permitido desarrollar actividades
distintas a las que allí se indican.

38 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de abril de 2013, Radicado

11001-03-06-000-2013-00002-00 (2135).
39Superintendencia de Sociedades. Oficio No. 220-53338 del 25 de agosto de 2000.

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Si bien el llamado giro ordinario de los negocios se encuentra determinado por las
actividades que constituyen el objeto social, resultan oportunas algunas
precisiones conceptuales en torno al empleo constante en la práctica mercantil de
la referida expresión ‘giro ordinario de los negocios’. Partiendo de las anteriores
consideraciones en cuanto al tema del objeto social, se concluye que éste
alude a las actividades que desarrolla o se propone realizar el ente social, al
paso que solamente quedan cobijadas por ‘giro ordinario’ aquellas
actividades que en forma habitual u ordinaria, ejecuta la sociedad.

Advierte el profesor GAVIRIA GUTIÉRREZ (Lecciones de Derecho Comercial,
Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, 1987, pag. 251) que ‘el objeto social tiene un
significado de mayor amplitud que el giro ordinario, pues aquel comprende
cuanto acto sea necesario o conveniente para realizar el fin social propuesto, ya
sea de simple gestión ordinaria, como la compra de materias primas y la venta de
productos elaborados, ya de gestión extraordinaria, como un traslado de las
instalaciones industriales, un despido masivo, un cambio de marcas y demás
signos distintivos’, de lo cual puede deducirse una relación de género a especie
entre ambos conceptos, siendo el giro ordinario una especie que se enmarca
al interior del genérico objeto social. Así las cosas, debe entenderse que el
objeto social está circunscrito tanto al giro ordinario como a aquellas
actividades que se adelantan de manera extraordinaria o esporádica, de
manera que cualquier operación que no esté allí comprendida será catalogada
como extralimitación o desbordamiento del objeto social, independientemente de
que los estatutos sociales limiten o restrinjan las facultades de quien represente
legalmente la sociedad, en los términos del artículo 196 del Código de Comercio.
[…]40”. (Negrilla fuera del texto).

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado41 ha
indicado que el giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una
entidad, descrito con anterioridad, sino solo aquellas actividades que se realizan de
forma permanente y que, además de que son inescindibles con su propósito
primario, corresponden a actos de comercio o mercantiles habituales42, premisa en
virtud de la cual es claro que no todas las labores de un ente financiero están
incluidas en tal concepto, pues, de ser así, bastaría que el legislador exceptuara del
conocimiento de esta jurisdicción todas las controversias de esos órganos sin más43.

40 Ibíd.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de octubre de 2013, Radicado

25000232600020020128201 (30763).
42 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 31 de mayo de 2018. Radicado 250002337000-

2013-00615-01 (21776).
43 Sobre ese punto, la jurisprudencia también ha señalado que corresponde en cada caso establecer

si una controversia de una entidad de carácter financiero versa sobre el giro ordinario de sus
negocios, pues, de lo contrario, tal exigencia del numeral 1 del artículo 105 del CPACA quedaría
vaciada de contenido. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 12 de
octubre de 2011. Radicado 44001234000020140008301 (68781).

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Bajo este contexto, tal como lo tiene definido la Superintendencia de Sociedades44
y ha sido reiterado por esta Corporación, si bien todos los actos y contratos que una
persona jurídica celebra “dentro del giro ordinario de sus negocios” deben estar
comprendidos en su objeto -principal o secundario-, existen algunos actos que las
personas jurídicas pueden celebrar válidamente, por estar incluidos dentro de su
objeto, que no corresponden, sin embargo, al “giro ordinario de sus negocios”, por
realizarse de forma extraordinaria, inusual o esporádica.

1.6. A partir de lo anterior y siguiendo el derrotero expuesto por la Sala de Consulta
y Servicio Civil45 de cara a la jurisdicción competente para resolver los conflictos
contractuales en los que sea parte Fonade, criterio que comparte y reitera esta Sala
de Subsección y que resulta aplicable al presente asunto -en tanto Fonade, al igual
que Caprovimpo, son instituciones públicas financieras-, se puede concluir que
forman parte del giro ordinario de los negocios de las entidades financieras y, dentro
de estas, Caprovimpo:

a) Todos los actos que celebre para realizar las actividades y cumplir las
funciones que la ley le asigna expresamente, ya sea que correspondan a
actividades financieras o no -objeto principal-;

b) Todos los que celebre en conexión o en relación directa con dichos
negocios -actos conexos y objeto secundario-; y/o que resulten necesarios
para su existencia y funcionamiento normal, siempre que sean habituales
u ordinarios, tales como, por ejemplo, la contratación de personal, la
asesoría jurídica, contable o técnica ordinaria, la compra de papelería y la
contratación de servicios de aseo o vigilancia, entre otros.

Como los mencionados actos y contratos -literales a y b- forman parte del
denominado “giro ordinario de los negocios”, todos y cada uno se subsumen en la
excepción prevista en el numeral 1º del artículo 105 del CPACA, es decir, se
encuentran por fuera de la órbita de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

44 Superintendencia de Sociedades. Oficios Nos. 220-53338 del 25 de agosto de 2.000, 220-055759

del 11 de octubre de 2006 y 220-016468 del 15 de marzo de 2012, entre otros.
45 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de abril de 2013, Radicado

11001-03-06-000-2013-00002-00 (2135).

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A contrario sensu, no estarán incluidos dentro del giro ordinario de los negocios y,
por ende, son del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
aquellos actos y contratos que las entidades celebren dentro del marco de su objeto,
pero no de manera ordinaria o habitual, sino en forma extraordinaria o esporádica,
como sería el caso de “la adquisición de una nueva sede principal, el cambio integral
de su plataforma tecnológica, una consultoría especial (por ejemplo, para una
eventual reestructuración interna o «reingeniería»), el cambio general de sus
marcas y demás signos distintivos, entre otros”46.

1.7. En el caso bajo análisis en esta instancia judicial, se tiene que, según el artículo
247 de la Ley 973 de 2005, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía -
CAPROVIMPO está instituida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado
de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de
crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica autonomía
administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional
y vigilada por la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-.

En concordancia con lo anterior, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 200748, la gestión
contractual de CAPROVIMPO se rige por el derecho privado, debido a que, según
tal disposición jurídica, los contratos que celebren las entidades financieras de
carácter estatal, como lo es aquella, no estarán sujetos a las disposiciones del

46 Ibíd.
47 “Artículo 2. Naturaleza. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como
establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica autonomía
administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la
Superintendencia Bancaria. // Parágrafo 1. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, no
podrá destinar, ni utilizar sus recursos, utilidades y rendimientos o excedentes, para fines distintos a
los previstos en la ley, su objeto y funciones. La Caja no estará sometida al régimen de encaje, ni
inversiones forzosas establecidas para el sistema financiero. // Parágrafo 2. En ejercicio de la tutela
administrativa, corresponde al Ministerio de Defensa Nacional la orientación, coordinación y control
de la Caja en los aspectos de organización, personal y actividades que debe desarrollar este, de
acuerdo con la política general del Gobierno Nacional”.
48 Ley 1150 de 2007. “Artículo 15. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:

«Artículo 32. Parágrafo 1o. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a
las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. // En todo caso, su
actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley»”.

31

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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y se
regirán por las normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad.

Ahora bien, tal y como lo ha indicado de tiempo atrás esta Subsección, las
consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al
ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los
actos de las partes, encaminados a su formación. De ahí que en casos como el de
CAPROVIMPO, en los que la ley excluya la aplicación del EGCAP y remita a las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso, dicha regulación no se
limita a la ejecución contractual, sino que abarca todo el iter contractual, es decir,
las fases precontractual, contractual y postcontractual, de tal suerte que en cada
una de estas etapas la regla será la autonomía privada y las normas supletivas49.

En estos casos, como la entidad pública no actúa en posición de supremacía de la
Administración, sino como un particular, no emite actos administrativos con carácter
ejecutivo y ejecutorio. Por tanto, aquellos corresponderán a actos de gestión
contractual como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos
en los que las disposiciones legales y reglamentarias prescriban lo contrario50.

1.8. Descendiendo al caso concreto, la Sala resalta que la controversia sometida a
juicio gira en torno a: i) la responsabilidad de CAPROVIMPO al proferir, por un lado,
el acto de gestión contractual n.º 099 del 20 de marzo de 201351, mediante el cual
revocó la adjudicación de la solicitud privada de ofertas n.º 05-GERGE-SUOSA-
2013 y saneó el proceso contractual y el acto de gestión contractual del 3 de mayo
de 201352, por medio del cual adjudicó nuevamente el procedimiento de selección;
y ii) a la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios n.º 55 del 14 de
mayo de 2013 suscrito por CAPROVIMPO, cuyo objeto consistió en la prestación
de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales
de los procesos del área de operaciones, relacionados con la administración de

49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020.
Radicado 05001233100019960056701 (31628).
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de julio de 2018. Radicado

05001233100019970268601 (59530).
51 Folios 44 a 48 del cuaderno 3.
52 Folios 53 a 55 del cuaderno 3.

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aportes, el reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y la administración
de cesantías53.

1.9. Comoquiera que la controversia formulada en el sub judice guarda relación con
la responsabilidad precontractual de CAPROVIMPO al expedir actos de gestión
contractual y suscribir un contrato en virtud de aquellos, la que ostenta la naturaleza
de empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden
nacional, la Sala encuentra cumplido el primero de los presupuestos contemplados
en la excepción de que trata el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, esto es, el
elemento orgánico, dado que la demandada, al tenor de lo previsto en el artículo
2 de la Ley 973 de 2005, tiene el carácter de institución financiera.

Pasando ahora a estudiar el elemento material, ha de verificarse si la controversia
sometida a juicio se ocasionó en el giro ordinario de los negocios de CAPROVIMPO,
a partir de las consideraciones y criterios que han quedado vistos precedentemente.

Al respecto, se parte por reiterar que la controversia aquí planteada se circunscribe
al proceso contractual y la posterior contratación de la prestación de servicios de
apoyo a la gestión de CAPROVIMPO para la ejecución de las actividades integrales
de los procesos del área de operaciones, relacionados con la administración de
aportes, el reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y la administración
de cesantías de sus afiliados.

Así, según lo previsto en el artículo 1 de la Ley 973 de 2005, el objeto de
CAPROVIMPO consiste en “facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda propia,
mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado
inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y administración del ahorro
de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas,
financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto […]".

Además, de conformidad con el artículo 3 ejusdem, se aprecia que la entidad pública
tiene a su cargo las siguientes funciones, que se derivan de su objeto:

53 Folios 67 a 96 del cuaderno 3.

33

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i) Colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional en la formulación de la
política y planes generales de vivienda propia para sus afiliados.
ii) Administrar directa o indirectamente los bienes muebles o inmuebles y los
recursos de capital que constituyen el patrimonio de la entidad.
iii) Fomentar el ahorro voluntario de sus afiliados.
iv) Organizar sistemas especiales de administración de los recursos de los
afiliados, a través de entidades fiduciarias, bancos u otras entidades del
sector financiero vigiladas por la Superintendencia Bancaria.
v) Celebrar contratos de mandato, encargos de la gestión, administración
fiduciaria y fiducia pública, conforme a las normas de la Ley 80 de 1993,
o las que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
vi) Recibir y administrar los aportes de sus afiliados.
vii) Llevar el registro de los aportes de sus afiliados a través de cuentas
individuales.
viii) Pagar a los afiliados el ahorro que por cesantías sea trasladado a la Caja
por el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.
ix) Conceder crédito hipotecario para sus afiliados, con destino a la
consecución de vivienda y organizar para el efecto sistemas y
procedimientos especiales, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del
artículo primero de la Ley 546 de 1999, cuando cumplan el tiempo
requerido para acceder a la solución de vivienda.
x) Identificar las necesidades de vivienda de sus afiliados, por categoría
relativamente homogénea, con el fin de que puedan participar
colectivamente en proyectos específicos.
xi) Identificar en el mercado proyectos habitacionales de vivienda nueva o
usada, para facilitar a los afiliados la adquisición de vivienda a través de
los sistemas disponibles.
xii) Propiciar a solicitud de los afiliados, la ejecución de programas de
vivienda, asesorar su vinculación a estos y velar por el cumplimiento de
las condiciones técnicas y financieras pactadas.
xiii) Ejercer a nombre de los afiliados, la asesoría técnica del desarrollo de los
programas de vivienda a los que se vinculen.
xiv) Gestionar los subsidios y apoyos de carácter técnico y financiero que
contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda de los afiliados.

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1.10. Como puede verse, el objeto de CAPROVIMPO es la adquisición de vivienda
propia para sus afiliados mediante distintas herramientas para tal efecto, de manera
que su objeto social se constituye por la realización de tal actividad, mientras que la
gestión de aportes, el pago de subsidios y la administración de cesantías
corresponde a labores incidentales de su función principal, al punto de que podrían
no efectuarse algunas o todas ellas en todos los casos y ello no torna en nugatorio
el objetivo de obtención de vivienda para sus miembros.

Ello se refuerza con el parágrafo del artículo 1 de la Ley 973 de 2005, en virtud del
cual “[…] La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá administrar las
cesantías del personal de la Fuerza Pública, que haya obtenido vivienda de
conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional. Para quienes gozan del
efecto retroactivo en esta prestación, esta se sujetará al plan de pagos establecido
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, de lo cual se deriva que tales
actividades son facultativas y de ninguna manera permanentes, pues “podrá” y no
“deberá” efectuarlas.

Así, se advierte que la solicitud privada de ofertas y el contrato suscrito entre
CAPROVIMPO y EVERIS, pluricitados en la presente decisión, versaron sobre un
aspecto comprendido dentro del objeto secundario o complementario de la entidad
y, dentro de este, correspondieron a una labor incidental que, además, se llevó a
cabo en el marco del proceso de reestructuración de la entidad adelantado a lo largo
del año 201354, tal como pasa a precisarse, de todo lo cual se concluye que no se
trató de un proceso de selección y un contrato de prestación de servicios que hiciera
parte del giro ordinario de los negocios de CAPROVIMPO, en el sentido de que, si
bien contribuían al desarrollo de actividades propias de la entidad y a su
funcionamiento, tuvieron lugar de manera provisional e inusual.

Es así como, en punto a la mencionada reestructuración de CAPROVIMPO, en la
que se enmarcó la solicitud de ofertas que aquí concierne, la Sala pone de presente
que, mediante la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios celebrado

54 Al respecto, ver el Acta No. 5 del 18 de marzo de 2013 en la que la Junta Directiva de
CAPROVIMPO decidió someter a la aprobación del Gobierno Nacional la modificación de su
estructura y el Decreto 1900 de 2013 “por el cual se modifica la estructura de la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones”.

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entre Caprovimpo y Everis, se dispuso que la ejecución del objeto negocial se
encontraba condicionada a la entrada en vigencia del acuerdo de restructuración de
la entidad contratante, por lo que, de comenzar a regir tal reforma el acuerdo de
voluntades se entendería terminado anticipadamente, circunstancia que evidencia
que tanto el procedimiento de selección como el negocio jurídico en virtud de aquel,
se llevaron a cabo en un contexto de anormalidad e incidentalidad, mientras se
modificaba la estructura interna de la contratante55.

De ese modo, es claro que las actividades que se buscó contratar mediante la
solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013 no correspondían al giro
ordinario de los negocios de CAPROVIMPO, toda vez que se encaminaron a la
prestación de servicios para apoyar actividades relacionadas con la realización de
aportes, reconocimiento y pago de subsidios y administración de cesantías,
incidentales a su labor principal de proveer vivienda a sus afiliados, a lo cual se
suma que el procedimiento de selección y el contrato se llevaron a cabo de manera
condicionada a la reestructuración de la entidad, lo que desde luego denota su
connotación de inusual, ocasional o no habitual.

Así las cosas, se concluye entonces que, al no encontrarse dentro del supuesto del
numeral 1 del artículo 105 del CPACA, la controversia corresponde al juez de lo
contencioso administrativo.

55
Así se observa en acta de terminación anticipada del contrato de prestación de servicios No. 55
de 2013 celebrado entre CAPROVIMPO y EVERIS, suscrita el 16 de noviembre de 2013 y cuya
copia reposa en el expediente (expediente digital, Samai índice 45: folios 351 y ss. del archivo PDF
correspondiente al Cuaderno No. 10), en cuyo texto se lee:
“(…) 5. Que teniendo en cuenta los Decretos 1900 y 1901 de 2013 expedidos por el señor Presidente
de la república, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, y atendiendo las disposiciones jurídicas
citadas, se hará efectiva la CLÁUSULA QUINTA del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 55 de 2013, la cual contempla: “CONDICIÓN RESOLUTORIA: La ejecución del contrato se
encuentra condicionada a la entrada en vigencia del acuerdo de reestructuración interna de
CAPROVIMPO. Por lo anterior, si en vigencia del contrato, acaece la entrada en vigencia de los
planes de reestructuración, las partes acuerdan que el presente contrato se dará por terminado
anticipadamente, sin que por dicha situación se genere erogación alguna por concepto de
indemnización de perjuicios…”.
6. Que mediante oficio de fecha de septiembre de 2013 el Doctor (…) Subgerente Administrativo,
comunica al contratista EVERIS BPO COLOMBIA LTDA, la terminación de manera anticipada del
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 55 de 2013. (…)
(…) las partes acordamos: CLAUSULA PRIMERA. Terminar anticipadamente el CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 55 de 2013 celebrado entre LA CAJA PROMOTORA DE
VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA y el Contratista EVERIS BPO COLOMBIA LTDA (…)”

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Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con el artículo 15056 y los numerales 5 y 6 del
artículo 15257 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo
en cuenta que la cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 18 de
octubre de 2013, supera los 500 S.M.L.M.V.58.

2. Procedencia de los medios de control

Dado que la controversia formulada en el asunto sub judice gira en torno a
decisiones adoptadas por CAPROVIMPO en la fase precontractual y a un contrato
celebrado por la misma entidad, a efectos de determinar el medio de control
procedente, la Sala estima pertinente analizar de manera separada las pretensiones
contra los actos 099 del 20 de marzo y del 3 de mayo de 2013 de la anulatoria del
contrato de prestación de servicios No. 55 del 14 de mayo de 2013, pues se trata
de declaraciones de distinta naturaleza.

2.1. Respecto de las decisiones precontractuales 099 del 20 de marzo y del 3 de
mayo de 2013 de CAPROVIMPO, dado que se trata de actos de derecho privado,
en la medida en que fueron expedidos por una empresa industrial y comercial del
Estado de carácter financiero cuyas decisiones se encuentran regidas por el
derecho civil y mercantil, según se vio atrás, en virtud de la sentencia de unificación

56 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
57 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) SMLMV.
// 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes […]”.
58 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de

reparación directa y controversias contractuales. La parte demandante estimó la mayor cuantía en
$1.239’611.711, monto que excedió 500 veces la suma de $589.500 (589.500 x 500 = 294’750.000),
que correspondía al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de presentación de la
demanda -18 de octubre de 2013-.

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del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 202059 y de jurisprudencia
relacionada que ha considerado que las declaraciones de ese tipo de entidades son
privadas y no actos administrativos60, tales declaraciones de voluntad se deben
revisar a la luz del medio de control de reparación directa.

Lo anterior, considerando que la decisión de unificación referenciada estableció que,
salvo las excepciones de ley, las controversias relativas a actos precontractuales de
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta
jurisdicción que no correspondan a actos administrativos se tramitarían a través del
medio de control de reparación directa, lo que mutatis mutandis es extensible a los
actos de derecho privado de las empresas industriales y comerciales del Estado,
que tampoco son administrativos.

De igual modo, de conformidad con las reglas fijadas en la sentencia de unificación
referida, en tratándose de demandas presentadas antes de la notificación de dicha
providencia, en las que se debatan controversias relativas a actos precontractuales
de conocimiento de esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos y
mediante las cuales se hubiere ejercido la acción equivocada, el juez deberá
resolver de fondo el caso en el marco del medio de control de reparación directa y
de conformidad con el régimen jurídico aplicable a este tipo de actos.

Así las cosas, dado que el régimen de contratación aplicable a entidades públicas
financieras, como lo es CAPROVIMPO, es el previsto en las normas civiles y
comerciales y que, por tanto, las actuaciones que esta entidad lleva a cabo en la
etapa precontractual son expresiones de la autonomía privada que, por ende, son
actos de gestión contractual que no pueden catalogarse como actos

59 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Radicado 25000-

23-26-000-2009-00131-01 (42.003). La postura unificadora ha sido reiterada en otras decisiones
como la sentencia del 21 de octubre de 2022, en el expediente con radicado
44001234000020140008301 (68781), y en la sentencia de esta Subsección del 11 de octubre de
2023, radicación 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909), entre otras.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 18 de diciembre de 2020. Radicado

68001-23-33-000-2016-01044-01 (64.558). En tal decisión se indicó que: “En las decisiones
adoptadas por parte de Ecopetrol en la etapa precontractual, como el “acto de asignación del
contrato”, no pueden considerarse como actos administrativos, pues dicha entidad los expide en
ejercicio de la expresión de la autonomía privada, situación que, ineludiblemente, tiene incidencia en
la procedencia del medio de control […] al tratarse de un acto jurídico privado y no de uno
administrativo, el despacho concluye que el medio de control procedente era el de reparación directa
y no otro”.

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administrativos61, salvo que la ley disponga lo contrario, resulta claro que la
responsabilidad que en este contexto se pudiere causar es pasible de demandarse
a través del medio de control de reparación directa y bajo las reglas de la culpa in
contrahendo.

En el contexto descrito, el medio de control procedente frente a los actos 099 del 20
de marzo y del 3 de mayo de 2013, proferidos por CAPROVIMPO, es el de
reparación directa, previsto en el artículo 140 del CPACA62, en virtud del cual todo
interesado puede demandar la reparación del daño causado en las acciones u
omisiones de los agentes del Estado, o por cualquier otra causa imputable a una
entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo su instrucción.

A lo anterior se añade que, a pesar de que la parte demandante ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar los referidos actos,
en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala no tiene
impedimento para resolver esta controversia bajo la óptica de la reparación directa,
y al amparo de la misma se analizarán las pretensiones de la demanda que versan
sobre actos precontractuales de la demandada, pues el líbelo introductorio se
promovió antes de notificada63 la pluricitada sentencia de unificación, lo que, sin
duda, abre paso al examen del fondo de la controversia, bajo el entendido de que
el daño alegado no proviene de un acto administrativo, ni lo que se pretende es
adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que refleje la posición de
supremacía de la Administración. Así, en la sentencia de unificación se indicó:

“Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador
de conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas
presentadas antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia
de fondo, aunque no se haya empleado la acción (medio de control) que
corresponda, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de actos”64.

61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de febrero de 2020,
Radicado 05001233100019960056701 (31628).
62 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. // De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. […]”.
63 La sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 se notificó mediante edicto electrónico el

18 de septiembre de 2020, como obra en el índice 39 de SAMAI.
64 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 3 de septiembre

de 2020, expediente No. 42.003, C.P. Alberto Montaña Plata

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2.2. Por su parte, en concordancia con el artículo 141 del CPACA65, corresponde
estudiar la legalidad del contrato de prestación de servicios No. 55 del 14 de mayo
de 2013, suscrito entre CAPROVIMPO y EVERIS, a través del medio de control de
controversias contractuales, en tanto el legislador previó esa figura procesal para
solicitar la nulidad de los negocios jurídicos suscritos por el Estado.

2.3. Finalmente, las pretensiones de reparación directa y controversias
contractuales pueden ser estudiadas de manera acumulada, en los términos del
artículo 165 del CPACA66, habida cuenta de que el juez es competente para conocer
de ambas, no son excluyentes, deben tramitarse por el mismo procedimiento -el
ordinario- y no ha operado la caducidad respecto de aquellas, como se razonará a
continuación.

3. Oportunidad de los medios de control incoados

De acuerdo con lo previsto en los literales i) y j) del numeral 2 del artículo 16467 del
CPACA, la parte actora contaba con dos años para demandar los actos de derecho

65 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
66 “Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de

nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa,
siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos: 1. Que el juez sea competente para
conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras,
será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que
el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán
acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su
conocimiento y resolución. // 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan
como principales y subsidiarias. // 3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
// 4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento”.
67 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la
reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que

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privado, contados a partir del día siguiente a la fecha en que fueron comunicados al
destinatario, dado que desde ese momento la relación jurídica que se considera
dañosa se consolidó; mientras que frente a los contratos estatales se puede alegar
la nulidad absoluta dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento.

Teniendo en cuenta que en el presente caso se acumularon las pretensiones de
reparación directa y controversias contractuales, es del caso analizar la oportunidad
en la presentación de la demanda de manera separada frente a cada una de ellas,
pues el hecho de que la Sala las conozca en un solo proceso no quiere decir que
ello posibilite pretermitir los términos previstos por el legislador para ejercer cada
uno de los medios de control del CPACA68.

3.1. Demanda en término frente a los actos de derecho privado impugnados

Se somete a consideración de la Sala la nulidad de los actos de derecho privado
099 del 20 de marzo de 2013, mediante el cual se revocó el acto adjudicatario del
14 de marzo del mismo año y se saneó el procedimiento de selección para la
solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013, y del 3 de mayo de 2013,
en el que se adjudicó el concurso a EVERIS.

En atención a que la parte actora conoció los actos de derecho privado 099 de 2013
el 20 de marzo de la misma anualidad69 y del 3 de mayo de 2013 el 6 de mayo
siguiente70, los miembros del CONSORCIO BDO podían ejercer el derecho de
acción frente a tales declaraciones desde el 21 de marzo de 2013 hasta el 21 de
marzo de 2015 y desde el 7 de mayo de 2013 hasta el 7 de mayo de 2015,
respectivamente, y, en la medida en que la demanda se radicó el 18 de octubre de

pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia […] j) En las relativas a
contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente
a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Cuando se
pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años
que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá
demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente”.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020.

Expediente 47001-23-33-000-2014-00045-02 (62.538).
69 Como obra en la constancia de comunicación del acto de la página 19 del archivo 78 del índice 45

de SAMAI.
70 Cuando manifestó conocer la declaración de derecho privado, como obra en el correo electrónico

de la página 37 del archivo 78 del índice 45 de SAMAI.

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2013, no hay duda de que fue presentada en término, al margen de que la etapa de
conciliación extrajudicial se surtió entre el 18 de julio y el 17 de octubre de 201371.

3.2. Demanda en término frente al contrato impugnado

En la controversia objeto de estudio se solicitó la nulidad absoluta del contrato de
prestación de servicios No. 55, suscrito entre CAPROVIMPO y EVERIS, que se
perfeccionó el 14 de mayo de 201372, de modo que el derecho de acción debía
ejercerse entre el 15 de mayo de esa anualidad y el 15 de mayo de 2015 y, dado
que la demanda se presentó el 18 de octubre de 2013, se concluye que fue radicada
en tiempo, sin desmedro del plazo en que se agotó la etapa de conciliación
extrajudicial, referenciado en precedencia.

En suma, la demanda se presentó en término en relación con los actos y el contrato
impugnados.

4. Legitimación en la causa

Los miembros del CONSORCIO BDO se encuentran legitimados en la causa por
activa, debido a que, de un lado, se reputaron perjudicados con los actos de derecho
privado mediante los cuales se revocó el otorgamiento que se les hizo de la solicitud
privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013 para atribuirla posteriormente a
EVERIS y, por ende, por ser los proponentes no adjudicatarios del negocio jurídico
suscrito en virtud de aquel, en los términos de los artículos 140 y 141 del CPACA,
citados con antelación, que disponen que, frente a la reparación directa, la persona
interesada podría demandar la reparación del daño causado por el Estado, y, en
cuanto a las controversias contractuales, el tercero interesado podría impugnar los
acuerdos de voluntades estatales.

En el mismo sentido, CAPROVIMPO se encuentra legitimada en la causa por
pasiva, debido a que llevó a cabo el procedimiento de selección No.05-GERGE-

71 Como obra en las constancias de conciliación de páginas 2 a 7 del archivo 78 del índice 45 de

SAMAI.
72 Como obra en el contrato de páginas 38 a 50 del archivo 78 del índice 45 de SAMAI.

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SUOSA-2013 y en el marco de aquel profirió y suscribió los actos y el contrato que
fueron impugnados por la parte demandante.

Finalmente, EVERIS se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en calidad de
litisconsorte en la causa por pasiva, ya que fungió como adjudicataria del contrato
del 14 de mayo de 2013 mediante el acto del 3 de mayo de 2013, cuya anulación
fue solicitada por la parte demandante y que, de ser procedente, incidiría en el
derecho que tuvo a ser la contratista del acuerdo de voluntades.

5. Problemas jurídicos

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala determinar:

i) si el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa
del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099
del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los
yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error
aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió
ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se
debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a
las propuestas en la primera etapa del procedimiento;

ii) si como consecuencia del consentimiento con vicios otorgado y de que EVERIS
no contaba con el mejor ofrecimiento en el procedimiento de selección, con la
revocatoria del acto adjudicatario del 14 de marzo de 2013 se buscó favorecer
injustificadamente a esa proponente, lo que llevó a que el acto 099 de 2013
incurriera en irregularidades que la parte apelante denominó “una desviación de
poder y una falsa motivación”, lo que debe llevar a dejarlo sin efectos;

iii) si es procedente anular el acto de adjudicación del 3 de mayo de 2013 y el
contrato de prestación de servicios No. 55 del 14 de mayo de 2013 como
consecuencia de los reproches anteriormente descritos y;

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iv) si las anteriores circunstancias le ocasionaron al CONSORCIO BDO perjuicios
patrimoniales que deban ser reconocidos en sede judicial en la presente decisión,
como consecuencia de las pretensiones anulatorias.

6. Solución a los problemas jurídicos

De la lectura del recurso de apelación se observa que la pretensión subsidiaria de
lo que se denominó una falsa motivación contiene los mismos reproches que la
denominada desviación de poder, pues en ambos casos se alegó que los motivos
que fundaron la aprobación del CONSORCIO BDO para la revocatoria del acto del
14 de marzo de 2013 mediante la decisión 099 del 20 de marzo de la misma
anualidad fueron distintos a la realidad, de manera que ambos argumentos serán
estudiados de manera uniforme.

Igualmente, se encuentra que los problemas jurídicos i) y ii) aluden a una misma
causa, cual es la existencia de vicios en la manifestación de voluntad del
CONSORCIO BDO que llevaron a que el acto revocatorio 099 del 20 de marzo de
2013 adoleciera de una desviación de poder o una falsa motivación, de manera que
serán estudiados en un mismo acápite, en tanto lo contrario llevaría a reiterar los
mismos argumentos al resolver ambos aspectos. En el mismo sentido, los
problemas jurídicos iii) y iv) serán estudiados en conjunto, por ser consecuenciales
de las pretensiones anulatorias de los actos y del contrato impugnados.

7. Caso concreto

7.1. El acto revocatorio 099 del 20 de marzo de 2013 no contravino los deberes
emanados de la buena fe, ni el consentimiento otorgado por el CONSORCIO
BDO para su procedencia estuvo viciado

7.1.1. Como quedó visto, los actos precontractuales proferidos por las entidades
públicas financieras se sujetan a las reglas del derecho privado, de tal suerte que el
análisis del caso que ocupa la atención de la Sala no tendrá como referente el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino las

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disposiciones civiles y comerciales en el contexto de la responsabilidad
precontractual por culpa in contrahendo73.

En este sentido, según el artículo 863 del Código de Comercio las partes deberán
proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de
indemnizar los perjuicios que se causen. Por tanto, para que se configure la
responsabilidad precontractual del Estado, es menester que concurran los
presupuestos aludidos, es decir, la actuación contraria a la buena fe y la culpa.

Al respecto, conviene señalar que a partir de lo expresamente consagrado en los
artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, a lo largo del iter
contractual los intervinientes deben obrar de conformidad con los postulados de la
buena fe, la cual “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado,
en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución lo
convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en
desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del
contrato”74. Así, según ha tenido la oportunidad de precisar esta Sección 75, en la
etapa precontractual o de formación del negocio jurídico la buena fe impone el
respeto, entre otros, a los deberes de información, veracidad, lealtad y corrección.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el fundamento de la
respectiva obligación resarcitoria dependerá, según las reglas de la oferta y la
demanda, de si “el lazo contractual se ha perfeccionado o no”, así: (i) si se
perfeccionó el contrato por la confluencia del consentimiento de las partes, existirá
un derecho subjetivo al cumplimiento del contrato, de manera que la otra parte será
contractualmente responsable de un comportamiento antijurídico que le es
imputable y que habilita la reclamación del interés positivo, ya sea mediante la
ejecución de la obligación o el pago del valor del objeto del contrato y, en ambos
casos, con la indemnización de perjuicios; y (ii) si el contrato no se perfeccionó pero
las negociaciones estaban lo suficientemente avanzadas para que el demandante

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021.

Radicado 25000232600020110020302 (51962).
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2012.

Radicado 25000232600019980032401 (22043).
75 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020.

Radicado 25000232600020090013101 (42003) y Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Radicado
25000232600020110020302 (51962).

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considerara que ello iba a producirse o las reglas del proceso de negociación
suponían que con él debía celebrarse el contrato, el demandante tendrá derecho al
“interés negativo o de confianza”76.

7.1.2. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró
que el CONSORCIO BDO no demostró que el consentimiento que otorgó para la
revocatoria del acto del 14 de marzo de 2013 estuviera viciado, en tanto del material
probatorio se vislumbró que desde que CAPROVIMPO le solicitó a tal proponente
que autorizara esa decisión, le indicó que las razones de aquella eran un error
aritmético y la omisión de varios mandatos del manual de contratación, sin que
hubiera manifestado ningún reparo.

Igualmente, afirmó que el CONSORCIO BDO tampoco acreditó que la revocatoria
de la adjudicación inicial del 14 de marzo de 2013 hubiera tenido como fin favorecer
injustificadamente a EVERIS, en tanto se probó que, con la subsanación de los
yerros cometidos en el procedimiento de selección tal proponente contaba con la
mejor oferta, de ahí que se le haya otorgado el contrato objeto de la convocatoria.

En desarrollo de lo anterior, el a quo adujo que la oferta de EVERIS no adoleció de
las irregularidades advertidas por el CONSORCIO BDO, habida cuenta de que: i) la
gerente del proyecto cumplía los requisitos de las condiciones generales de
profesión y experiencia relacionada y ii) aunque inicialmente se aportó un certificado
de aportes a seguridad social firmado solamente por el contador, luego se subsanó
tal escrito para añadirse la firma del representante legal del proponente.

En el mismo sentido, advirtió que no existe prueba de que CAPROVIMPO le hubiera
impedido al CONSORCIO BDO acceder a los documentos de la solicitud privada de
ofertas y, en particular, que tampoco existió una solicitud de dicho oferente para tal
fin en la primera etapa del procedimiento de selección.

Finalmente, el Tribunal argumentó que no se incurrió en una desviación de poder,
ni en una falsa motivación con el acto revocatorio 099 del 20 de marzo de 2014,
debido a que, dada la existencia de un error aritmético y del desconocimiento del

76 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, en G.J. 2435

y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de junio de 1990, Rad. 239.

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manual de contratación de la entidad en la fase inicial de la solicitud privada de
ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013, era un deber de CAPROVIMPO revocar el
acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013 que fue producto de tales yerros,
lo cual se hizo respetando los derechos del CONSORCIO BDO, que autorizó tal
proceder sin reparos.

7.1.3. La parte apelante se opuso a lo anterior, por considerar que sí se acreditaron
los vicios en la voluntad por ella otorgada para revocar la adjudicación inicial del 14
de marzo de 2013, pues, en realidad: i) EVERIS incurrió en varios yerros que
descalificaban su propuesta para la fase de evaluación, por lo que, al margen del
error aritmético cometido por CAPROVIMPO al determinar la media aritmética, que
inicialmente ni siquiera fue explicado, la oferta del CONSORCIO BDO habría sido
la mejor, debido a que los demás ofrecimientos también fueron descalificados; así
como también ii) cumplió todas las exigencias del manual de contratación de la
entidad, pese a que no hubieran sido atendidas en su totalidad en el primer
momento del procedimiento de selección por CAPROVIMPO, todo lo cual evidencia
que no había lugar a dejar sin efectos esa primera decisión que lo favoreció.

Respecto de los yerros de EVERIS, precisó que consistieron en: i) la falta de
certificación de los estados financieros en 2011 y falencias en su suscripción, ii) la
inclusión de solo 25 personas en la oferta en vez de 26, iii) la presentación de dos
propuestas diferentes y la modificación del precio entre ambas; y iv) el
incumplimiento de los requisitos de profesión y experiencia de la gerente del
proyecto, todo lo cual derivó en que la propuesta de esa proponente debió ser
descalificada desde un comienzo y solo habría quedado la del CONSORCIO BDO
a efectos de la media aritmética, lo que en cualquier caso lo hubiera llevado a
obtener el máximo puntaje, pues todos los otros oferentes también habían
incumplido requisitos similares, lo cual fue advertido desde la solicitud privada de
ofertas.

Frente al cumplimiento de los requisitos del manual de contratación de la entidad,
arguyó que, en un primer momento, el procedimiento contractual No.05-GERGE-
SUOSA-2013 omitió que, para acreditar la experiencia con contratos en ejecución,
aquellos debían haber superado el 50% o más de su objeto, lo cual en todo caso

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satisfizo, de modo que tal aspecto no habría variado el hecho de que contaba con
la mejor oferta.

En ese contexto, concluyó que, aunque inicialmente se le indicó que las razones
para revocar el acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013 fueron un yerro
aritmético y el desconocimiento del manual de contratación de la entidad, lo cierto
es que ello no sucedió de ese modo, ni variaba el orden de elegibilidad que lo
privilegió para que se le adjudicara el contrato, por lo que el consentimiento
expresado para la revocatoria de la adjudicación inicial estuvo viciado.

Finalmente, consideró que, el hecho de que no había razones para revocar el acto
adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, y que EVERIS no contaba con la mejor
oferta, como sí el CONSORCIO BDO, evidencia que las decisiones 099 del 20 de
marzo y del 3 de mayo de 2013 buscaron favorecer injustificadamente al primer
oferente mencionado y, al no atender a la realidad del procedimiento de selección,
incurrieron en lo que denominó una desviación de poder y en una falsa motivación.

7.1.4. Previo a resolver el cargo de apelación, la Sala precisa que no es posible
analizar la legalidad del acto revocatorio 099 del 20 de marzo de 2013 bajo la óptica
de las figuras de la desviación de poder y de la falsa motivación, ya que se trata de
vicios de legalidad propios de los actos administrativos, previstos por el legislador
únicamente para esas declaraciones de voluntad y, dado que en la presente
controversia se está ante actos de derecho privado, no es posible hacerlos
extensibles a aquellos, de manera que se revisará, en general, si la decisión en
comento incurrió en una irregularidad que contrariara la ley aplicable, las
condiciones generales de contratación o el manual de contratación de
CAPROVIMPO77 y, en general, si dicha decisión comporta una actuación contraria
a la buena fe exenta de culpa en el período precontractual.

77 Así se ha establecido en otras decisiones en las que se han estudiado actos de derecho privado.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de junio de 2021. Radicado
15001-23-31-000-2010-00924-01 (65.466). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Se precisa que el
manual de contratación de la entidad resulta aplicable al sub lite y extensible a los participantes del
procedimiento de selección adelantado por CAPROVIMPO, en la medida en que desde las
condiciones generales de participación se estableció que tal documento regiría el iter contractual.
Páginas 51 a 99 del archivo 78 del índice 45 de SAMAI.

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Igualmente, no es dable estudiar el consentimiento otorgado por el CONSORCIO
BDO para revocar el acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013 a la luz de
la figura de la revocatoria directa, debido a que, en el mismo sentido del argumento
anterior, tal figura fue prevista para los actos administrativos y no para los actos de
derecho privado, lo que en todo caso no lleva a concluir que el aval de esa
proponente fue carente de efectos en el procedimiento de selección, pues se allanó
a la postura de CAPROVIMPO y, por ende, renunció al derecho que tenía de
suscribir el contrato de prestación de servicios, lo cual debe ser analizado bajo la
premisa de la buena fe.

A efectos de resolver el problema jurídico en comento, a partir de los medios
probatorios obrantes en el expediente corresponde establecer los hechos que
quedaron demostrados en torno a la solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-
SUOSA-2013 hasta la revocatoria del acto adjudicatario -por lo que aquellos que no
incidan en la resolución del caso no serán mencionados-, a partir de los cuales se
establecerá si le asiste razón o no a la parte apelante con su reparo.

7.1.4.1. En las condiciones generales de participación de la solicitud privada de
ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013 de marzo de 201378 se indicó que el objeto del
negocio a contratar sería la prestación de servicios de apoyo en la gestión para la
ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones,
relacionados con la administración de aportes, el reconocimiento y pago de subsidio
y ahorro financiero y la administración de cesantías.

Como criterios generales de evaluación se establecieron los siguientes:

Criterio Factor Puntaje
Capacidad Índice de liquidez 5 15
financiera Nivel de endeudamiento 5
Patrimonio 5
Capacidad Experiencia, seriedad y 40 70
comercial cumplimiento

78 Como obra en las condiciones generales de participación de páginas 51 a 99 del archivo 78 del

índice 45 de SAMAI.

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Precio 30
Otros Certificados de calidad 10 15
Apoyo a la industria nacional 5
TOTAL 100

En el mencionado documento también se dispuso como exigencias a los
proponentes, entre otros: i) el aporte de la certificación de los estados financieros
con corte al 31 de diciembre de 2011 y dictamen del revisor fiscal “si está obligado
a tenerlo por disposición legal o estatutaria” y ii) el envío de hasta 5 certificaciones
sobre contratos ejecutados y/o en ejecución, con un objeto similar o igual, cuyo valor
en conjunto fuera igual o mayor a 5.000 S.M.L.M.V., celebrados en los últimos 5
años, para acreditar la experiencia relacionada, so pena de rechazo.

Respecto al precio del ofrecimiento, CAPROVIMPO determinó que la evaluación
económica se efectuaría frente al valor total ofertado a partir de la figura de la media
aritmética, entendida como aquella que resulta de “la suma de las propuestas de los
proponentes habilitados, con inclusión del valor del presupuesto de la entidad,
dividida por el número de propuestas presentadas”, a partir de la formula “MX= X1
+ X2 + X3 …… Xn)/n”, donde MX equivalía a la media aritmética, Xn al valor de
cada propuesta y n al número de propuestas presentadas.

Las propuestas debajo del 90% o por encima del 105% de la media aritmética
obtendrían 0 puntos, mientras que las que se encontraran en ese rango lograrían
hasta 30 puntos, dependiendo de si están por debajo o por encima de ese valor,
aplicando las siguientes fórmulas: P = (VP* PMax)/MX en el primer escenario y P =
(MX * PMax)/VP en el segundo, donde VP significa el valor de la propuesta
evaluada, MX la media aritmética y PMAX el puntaje máximo otorgado (30 puntos).

Seguidamente, se prescribió que el gerente del proyecto debía ser profesional en
derecho, administración de empresas, economía o en áreas relacionadas con
finanzas, así como debía contar con una especialización y mínimo 3 años de
experiencia “relacionada” con gerencia de proyectos. Además, se exigió que el
personal de apoyo a cargo del contratista debía estar conformado por un total de
“25 personas”, entre profesionales y técnicos. Finalmente, no se dispuso ninguna

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regla especial respecto a la acreditación de la experiencia con los contratos que
estuvieran siendo ejecutados.

7.1.4.2. El 5 de marzo de 201379 se dio apertura a la solicitud privada de ofertas y,
el 8 de marzo siguiente80, Sertic S.A.S., Siprointegral 2, el CONSORCIO BDO,
Restrepo y Uribe S.A.S. y EVERIS presentaron ofrecimientos.

7.1.4.3. La propuesta de EVERIS: i) estableció como valor del ofrecimiento la suma
de $2.311’555.200, ii) indicó que se contaría con 25 personas para llevar a cabo el
objeto del contrato y iii) presentó a la señora Julieth Rodríguez Buitrago como
gerente del proyecto, junto con lo cual se aportaron sus títulos profesionales, que
prueban que es administradora de empresas y especialista en gerencia de
proyectos, con más de 7 años de experiencia relacionada demostrada81.

Asimismo, el revisor fiscal de la entidad declaró que “los estados financieros al 31
de diciembre de 2011 no fueron auditados debido a que la compañía no tenía revisor
fiscal por requerimiento legal”.

Finalmente, obran datos de otro valor de la oferta por $2.358’666.66082.

7.1.4.4. El CONSORCIO BDO, conformado un 20% por la sociedad BDO Audit S.A.
y en un 80% por la sociedad BDO Outsourcing S.A.S., allegó oferta 83, en la que: i)
estableció como valor del ofrecimiento la suma de $2.276’112.000, ii) manifestó que
contaba con 25 personas para materializar el objeto del negocio jurídico, y iii)
presentó los estados financieros en los términos exigidos por CAPROVIMPO en las
condiciones generales de contratación.

En cuanto a la experiencia, acreditó contratos suscritos, así:

79 Como obra en el escrito de páginas 88 a 89 del archivo 84 del índice 45 de SAMAI.
80 Como obra en el documento de páginas 136 a 142 del archivo 84 del índice 45 de SAMAI.
81 Como obra en la oferta de páginas 113 a 412 del archivo 78 del índice 45 de SAMAI.
82 Como obra en el documento de páginas 91 a 263 del archivo 86 del índice 45 de SAMAI.
83 Como obra en la oferta de páginas 3 a 456 del archivo 80 del índice 45 de SAMAI.

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Contratante Plazo Precio
Ciena International INC 25-06-09 a 25-06-12 $448’973.024
Equant Colombia S.A. 1-01-09 a 31-12-09 $271’589.708
Louis Vuitton S.A. 1-01-09 a 28-02-12 $387’967.220
Equant Colombia S.A. 1-01-11 a 31-12-13 $762’993.689
Caprovimpo 16-02-12 a 15-03-13 $2.979’166.668
Ciena International INC 25-06-09 a 25-12-12 $473’557.634
Ecop S.A. 1-10-10 a 31-12-12 $195’900.440
Equant Colombia S.A. 1-01-11 a 31-12-12 $762’993.689

Como gerente del proyecto se ofreció al señor Gerardo Sotelo Vanegas, contador
público y especialista en control gerencial corporativo, con una experiencia mayor a
7 años en gerencia de proyectos, para lo cual se aportaron diplomas y actas de
grado de ambos estudios y los soportes laborales respectivos. Finalmente, obran
datos de otro valor de la oferta por $2.322’107.33484.

7.1.4.5. CAPROVIMPO efectuó la evaluación de las ofertas que se mantuvieron
habilitadas según la media aritmética, a saber: el CONSORCIO BDO, Siprointegral
S.A.S. y EVERIS, la cual fue calculada en $2.292’555.731,68 sin tener en cuenta el
presupuesto oficial de la entidad85. Para tal efecto, se consideraron los siguientes
valores de esos proponentes: $2.276’111.999 por el CONSORCIO BDO -quien
obtuvo 29,78 puntos-, $2.289’999.996 por Siprointegral S.A.S. -quien obtuvo 29,70
puntos- y $2.311’555.200 por EVERIS -quien obtuvo 29,75 puntos-.

7.1.4.6. El 14 de marzo de 201386, CAPROVIMPO otorgó el contrato producto de la
solicitud privada de ofertas al CONSORCIO BDO, por haber obtenido el puntaje
máximo de 99,78, mientras que EVERIS logró 97,25 puntos y Siprointegral S.A.S.
83,47.

7.1.4.7. El 21 de marzo de 201387, el CONSORCIO BDO manifestó su
consentimiento previo, expreso y escrito para la revocatoria del acto adjudicatario

84 Como obra en el documento de páginas 264 a 487 del archivo 86 del índice 45 de SAMAI.
85 Como obra en el escrito de la página 54 del archivo 88 del índice 45 de SAMAI.
86 Como obra en los documentos de páginas 79 a 81 del archivo 88 y páginas 18 a 19 del archivo 82

del índice 45 de SAMAI.
87 Como obra en el documento de páginas 104 a 105 del archivo 80 del índice 45 de SAMAI.

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inicial del 14 de marzo de 2013, así como también desistió de la facultad de
interponer cualquier “recurso” contra el “acto administrativo” que procediera de esa
manera, ante la existencia de errores en la evaluación financiera y el
desconocimiento de varios mandatos del manual de contratación en lo concerniente
a los contratos en ejecución para demostrar la experiencia.

7.1.4.8. Mediante acto de derecho privado que se denominó “Resolución 099 del 20
de marzo de 201388” CAPROVIMPO revocó, con el aval previo, expreso y escrito
del CONSORCIO BDO, el acto de adjudicación del 14 de marzo de 2013, que
inicialmente le había atribuido el procedimiento de selección, con sustento en que:
i) hubo una errada evaluación financiera, que desconoció el presupuesto de la
entidad para determinar la media aritmética y ii) se omitieron varias disposiciones
del manual de contratación de la entidad, entre ellas la regla según la cual la
experiencia frente a contratos en ejecución será válida siempre que fuera igual o
superior al 50% del objeto contratado a la fecha de cierre del proceso 89.

Asimismo, se precisó que, si bien la decisión era pasible del recurso de reposición,
el CONSORCIO BDO se rehusó a interponerlo con su aquiescencia a validar la
revocatoria del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013. Asimismo, se
retrotrajo el procedimiento hasta la etapa de entrega de ofrecimientos.

7.1.4.9. Posterior al cierre de la entrega de ofertas, únicamente allegaron
propuestas EVERIS y el CONSORCIO BDO, lo que le mereció un reparo al segundo
de ellos, por considerar que podía afectar la media aritmética90.

7.1.4.10. La nueva oferta del CONSORCIO BDO contenía la misma información en
lo concerniente a los puntos reseñados frente a la primera propuesta, y se ofreció
como valor del contrato la suma de $2.322’107.33491.

88 Como obra en el acto de derecho privado de páginas 10 a 19 del archivo 78 del índice 45 de

SAMAI.
89 En efecto, en el manual de contratación de la entidad se dispuso tal aspecto, como obra en el

archivo 35 del índice 45 de SAMAI.
90 Como obra en los escritos de páginas 108 del archivo 88 y 114 a 115 del archivo 80 del índice 45

de SAMAI.
91 Como obra en la nueva oferta de páginas 116 a 348 del archivo 88 del índice 45 de SAMAI.

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7.1.4.11. Lo propio sucedió con EVERIS, quien mantuvo las condiciones iniciales
en la propuesta inicial, y ofreció como valor del contrato la suma de $2.358’666.660.
Entre otros, también se hizo una referencia de los contratos con los cuales
demostraría la experiencia92.

7.1.4.12. CAPROVIMPO efectuó el cálculo de la media aritmética, para lo cual tuvo
en cuenta los valores de las dos ofertas presentadas y el presupuesto de la entidad,
lo que le arrojó un total de $2.346’480.220,49, de ahí que otorgó a EVERIS 29,85
puntos y al CONSORCIO BDO 29,6993. En tal etapa se tuvieron en cuenta las sumas
de $2.322’107.334 del CONSORCIO BDO y $2.358’666.660 de EVERIS.

7.1.4.13. El 10 de abril de 201394, el CONSORCIO BDO presentó observaciones
frente a la propuesta de EVERIS, en el sentido de reprochar que: i) ofreció 25
personas cuando las condiciones generales exigían que fueran 26, ii) presentó dos
ofrecimientos distintos; iii) no aportó el certificado de aportes a seguridad social con
la totalidad de las firmas exigidas, iv) la póliza de seriedad de la oferta contaba con
irregularidades, v) no allegó la certificación de los estados financieros; vi) existieron
inconsistencias para demostrar la experiencia y vii) la gerente del proyecto
propuesta no acreditó debidamente su especialización por aportar solo el acta de
grado, ni tampoco la experiencia, al considerar que es relacionada y no directa.

Los anteriores reparos fueron reiterados el 16 de abril de 201395.

7.1.4.14. El 12 de abril de 201396, EVERIS manifestó que no requería certificación
y dictamen del revisor fiscal, ya que no estaba obligada a tener tal profesional
durante la vigencia de 2011.

7.1.4.15. En escrito sin fecha, CAPROVIMPO97 desestimó los reproches del
CONSORCIO BDO, pues, a su juicio, existía una sola oferta económica de EVERIS;
esa proponente ofertó las personas exigidas en las condiciones generales; y la
gerente de proyectos cumplió los requisitos, entre ellos ser profesional

92 Como obra en la nueva oferta de páginas 349 a 531 del archivo 88 del índice 45 de SAMAI.
93 Como obra en la evaluación de páginas 532 a 547 del archivo 88 del índice 45 de SAMAI.
94 Como obra en el escrito de páginas 121 a 127 del archivo 80 del índice 45 de SAMAI.
95 Como obra en el escrito de páginas 162 a 171 del archivo 80 del índice 45 de SAMAI.
96 Como obra en el escrito de páginas 136 a 151 del archivo 80 del índice 45 de SAMAI.
97 Como obra en el documento de páginas 189 a 191 del archivo 78 del índice 45 de SAMAI.

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especializada, para lo cual bastaba demostrar dicha calidad con documentos como
el acta de grado.

7.1.4.16. El 3 de mayo de 201398, CAPROVIMPO desestimó otras observaciones
del CONSORCIO BDO, ya que, en su criterio: i) no consideró problemático que en
la nueva fase del procedimiento solo se hubieran presentado dos oferentes; ii) la
media aritmética debía incluir el presupuesto oficial, por lo que la circunstancia de
haberse omitido en la primera evaluación validó la decisión de retrotraer el
procedimiento; iii) se subsanaron las falencias en los documentos de aportes
parafiscales; iv) la póliza de seriedad de la oferta no adoleció de irregularidades; v)
nunca negó la exhibición de los documentos de la solicitud privada de ofertas; vi)
solo existió una oferta de EVERIS; vii) se subsanó el documento de certificación de
los estados financieros y examen del revisor; y viii) con los documentos aportados
se acreditó que la gerente del proyecto propuesta cumplió los requisitos exigidos.

7.1.4.17. En la misma fecha anterior99 CAPROVIMPO expidió el “acta de
adjudicación de la solicitud privada de ofertas N° 05-GERGE-SUOSA-2013”,
mediante la cual otorgó el contrato producto del procedimiento de selección a
EVERIS, por la suma de $2.358’666.660, por contar con el mejor ofrecimiento, luego
de las correcciones a los yerros cometidos en la primera fase del procedimiento.

En particular, el CONSORCIO BDO obtuvo un puntaje global de 99.69, mientras
que EVERIS logró un total de 99.85 puntos.

7.1.4.18. El 6 de mayo de 2013100, el CONSORCIO BDO manifestó su asombro
frente al hecho de que el contrato se le hubiera adjudicado a EVERIS y solicitó, a
título de petición, una copia de todo el expediente contentivo de los documentos de
la solicitud privada de ofertas.

7.1.4.19. El 14 de mayo de 2013101, CAPROVIMPO y EVERIS suscribieron el
contrato de prestación de servicios No. 55, producto de la solicitud privada de

98 Como obra en el escrito de páginas 198 a 210 del archivo 80 del índice 45 de SAMAI.
99 Como obra en el acto de derecho privado y en el documento de páginas 23 a 36 del archivo 78 y

de páginas 32 a 33 del archivo 82 del índice 45 de SAMAI.
100 Como obra en el correo electrónico de la página 37 del archivo 78 del índice 45 de SAMAI.
101 Como obra en el contrato de páginas 38 a 50 del archivo 78 del índice 45 de SAMAI.

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ofertas N° 05-GERGE-SUOSA-2013, por la suma de $2.588’666.660, cuyo objeto
consistió en la “prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de
las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados
con: I) administración de aportes, II) reconocimiento y pago de subsidio y ahorro
financiero y III) administración de cesantías”.

7.1.5. En el presente caso se encuentra acreditado que la entidad demandada, por
medio de la solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013 de marzo de
2013102, invitó a presentar propuestas, para luego, tras realizar la correspondiente
evaluación, seleccionar el ofrecimiento más favorable para la entidad y así,
posteriormente, suscribir el respectivo contrato (hechos probados 7.1.4.1. y 7.1.4.2).

Previo a resolver el cargo, cabe anotar que el artículo 860 del Código de Comercio
establece que, en todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego
constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un
contrato condicionado a que no haya postura mejor. Así las cosas, en el evento en
que se haga invitación pública a contratar y esa invitación en sí misma contenga los
elementos de una oferta, el contrato se formará con la aceptación presentada y que
cumpla con los requisitos previstos en aquella. Sin embargo, como lo ha precisado
la Corte Suprema de Justicia, no toda intención dirigida a la formación de un
contrato, incluso cuando haya invitación pública, supone la existencia de una oferta,
pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar, a
formular ofertas o a que se presenten cotizaciones103.

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la invitación efectuada por
CAPROVIMPO no constituyó una oferta en los términos del artículo 845104 del
Código de Comercio, al no contener todos los elementos esenciales del negocio
jurídico; además, los ofrecimientos que fueron presentadas tampoco suponían el
nacimiento del contrato, toda vez que, de conformidad con las condiciones

102 Como obra en las condiciones generales de participación de páginas 51 a 99 del archivo 78 del

índice 45 de SAMAI.
103 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989,

en G.J. 2435, p. 114 y sentencia 12 de agosto de 2002, Rad. 6151.
104 “ARTÍCULO 845. La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona

formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al
destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio
adecuado para hacerla conocer del destinatario”.

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generales de participación previstas por la entidad, para la celebración del contrato
era menester adelantar todas las etapas del proceso de selección, con las
respectivas evaluaciones de los diferentes criterios, para posteriormente, en caso
de cumplir con el lleno de los mismos, escoger la propuesta más favorable y
suscribir el acuerdo de voluntades. En otras palabras, se trató de una invitación a
ofertar, que suponía un concurso para la suscripción de un contrato y la escogencia
del contratista, en el marco de las reglas de aquel y con observancia de los deberes
emanados del principio de buena fe exenta de culpa durante la etapa de las
negociaciones previas.

Sobre el particular, conviene señalar que la Corte Suprema de Justicia ha
manifestado que, mientras que la oferta constituye una invitación a suscribir el
contrato y se agota con su aceptación, en la solicitud de ofrecimientos -como la que
se efectuó en el sub lite- sencillamente se invita a una persona a allegar una
propuesta, por lo que, en ese segundo escenario, la respuesta que se otorgue no
lleva necesariamente a que se perfeccione un negocio jurídico, lo que desde luego
no significa que en tal evento no pueda haber lugar al surgimiento de la obligación
de indemnizar los perjuicios causados si las negociaciones estaban suficientemente
avanzadas y se produjo una ruptura abrupta e injustificada de las mismas.

En este sentido, tratándose de invitaciones públicas a contratar, de las previstas en
el artículo 860 C. Co., la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la “ruptura
brusca del procedimiento adoptado en forma unilateral y sin causa justificada por el
anunciante”105 mientras subsiste el periodo preparatorio, habilita a los “participantes
perjudicados” a solicitar indemnización de perjuicios, con fundamento en lo previsto
en el artículo 863 C. Co. y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la
invitación.

En el marco de convocatorias o invitaciones a presentar ofertas106, como la que
adelantó la CAPROVIMPO, la Administración está en el deber de respetar las reglas

105 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989 y

sentencia de 27 de junio de 1990, Rad. 239.
106 Frente a la diferencia que existe entre una invitación a ofertar y una oferta propiamente dicha,

esta Subsección en sentencia del 28 de febrero de 2020 -Radicado 05001233100019960056701
(31628) precisó que: “no toda intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya
invitación pública, supone la existencia de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente

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de selección por ella establecidas. Estas reglas, aunque no constituyen actos
administrativos, son actos jurídicos que gobiernan la negociación y que, por tanto,
no pueden ser desconocidos o desatendidos, pues se afectarían los deberes con
los que aquella, en virtud de la buena fe, debe comportarse en la fase
precontractual107.

Al respecto, esta Subsección en sentencia del 22 de noviembre de 2021, al
examinar la responsabilidad precontractual del Estado por el desconocimiento de
las reglas de una invitación a contratar, manifestó que:

“[…] cuando un sujeto convoque a otros a presentar ofertas, definiendo —de forma
manifiesta, voluntaria y unilateral— los requisitos de los oferentes, así como unos
criterios de calificación de las ofertas y el procedimiento a seguir para contratar,
emite un acto jurídico unilateral, con el que, en ejercicio de la autonomía negocial,
se obliga. Con tal acto, a su vez, se genera en los destinatarios de la invitación a
ofertar, unas expectativas, por las cuales desarrollan unas actuaciones que
pueden tener un contenido patrimonial. Tales destinatarios y eventuales oferentes
no tienen, pues, el deber jurídico de soportar el menoscabo a los intereses jurídicos
que puedan padecer, como consecuencia de una actuación del convocante
contraria a sus propios actos, con la que es traicionada la buena fe”108.

7.1.6. A partir de los argumentos anteriores y de conformidad con los medios
probatorios que militan en el expediente, no cabe duda de que CAPROVIMPO
incurrió en varios yerros al evaluar las ofertas en la primera fase del procedimiento
de selección, en cuanto a la evaluación económica de las ofertas y la acreditación
de la experiencia, como se amplía a continuación.

Primero, la evaluación económica de las propuestas no tuvo en cuenta el
presupuesto de la entidad para determinar la media aritmética, como se prescribió
con claridad en el documento “condiciones generales de participación” de la solicitud

de una invitación a contratar o formular ofertas. En este caso, la invitación pública no tendrá los
efectos de la oferta, porque no tiene los elementos esenciales del artículo 845 del C. Co. y, por ende,
la sola respuesta a esa invitación no implica la formación del contrato. Esta respuesta será una oferta
que podrá ser aceptada por quien invitó a los demás a participar en el proceso, luego de surtido un
procedimiento que se caracteriza por un anuncio -que no es oferta-, el concurso en sí mismo y “la
escogencia del concursante que reúne las mejores condiciones”. En el mismo sentido, revísese:
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 23 de noviembre de 1989. Gaceta
Judicial n.º 2435, pág. 114. y sentencia del 12 de agosto de 2002. Radicado 6151 -citada en la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 2020.
Radicado 25000232600020090013101 (42003)-.
107 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020.

Radicado 05001233100019960056701 (31628).
108 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021.

Radicado 25000232600020110020302 (51962).

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privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-2013, en el que se dispuso que dicha
evaluación se efectuaría respecto del valor total ofertado a partir de la figura de la
media aritmética, definida como la cantidad resultante de “la suma de las propuestas
de los proponentes habilitados, con inclusión del valor del presupuesto de la
entidad, dividida por el número de propuestas presentadas”109.

Segundo, CAPROVIMPO desconoció que la acreditación de la experiencia a través
de contratos en ejecución valdría siempre que esta fuera igual o superior al 50%,
como se lo exigía el capítulo IV del manual de contratación de la entidad para ese
entonces, concretamente el numeral 4.1.3.2.2 “criterios de evaluación y
calificación”, a cuyo tenor, para acreditar experiencia mediante contratos o
transacciones comerciales en ejecución cuyo objeto fuese igual o similar al objeto
del correspondiente proceso de selección, el porcentaje y/o valor ejecutado debía
ser igual o superior al 50% del valor total contratado, a la fecha de cierre del
proceso110.

De ese modo, es evidente que sí existieron irregularidades que mal podía pasar por
alto la entidad y que hacían necesario dejar sin efectos su propio acto adjudicatario,
pues, aunque se tratara de un proceso de selección regido por el derecho privado,
debía garantizar el cumplimiento de todas las normas que le eran aplicables,
incluyendo las condiciones generales y el manual de contratación de la entidad, so
pena de infringir la buena fe y la confianza legitima de los participantes en la solicitud
privada de ofertas.

Ahora, aclarado que las irregularidades en torno al procedimiento de selección en
su fase inicial sí existieron, no le asiste razón a la parte apelante al afirmar que, con
todo, no procedía dejar sin efectos la decisión con el fin de enmendar las falencias
advertidas porque supuestamente la oferta de EVERIS adoleció de irregularidades
que habrían llevado a descalificarla, circunstancia que habría llevado a que la única
oferente pasible de ser calificada en la media aritmética era el CONSORCIO BDO,
ya que aquellas no fueron demostradas.

109 Archivo 78 del índice 45 de SAMAI.
110 Archivo 35 del índice 45 de SAMAI.

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En efecto, a partir de las pruebas allegadas al proceso observa la Sala que no hubo
un error frente a los estados financieros aportados por EVERIS, toda vez que se
presentaron según lo prescribió el manual de contratación, esto es, suscritos por el
revisor fiscal. Además, las condiciones generales de participación establecieron que
el aporte de ese documento solo procedería en los casos en que fuera obligatorio
contar con revisor fiscal y, como consecuencia de ese mandato, EVERIS no aportó
los de 2011 por no estar obligada a tener tal profesional para ese año.

En ese punto se precisa que, en virtud de lo previsto en el artículo 203 111 del Código
de Comercio, están obligadas a contar con revisor fiscal las sociedades por
acciones, las sucursales de compañías extranjeras y aquellas en las que la ley o los
estatutos dispongan que la administración corresponda a todos los socios, causales
que no se configuraron frente a EVERIS, la que fue constituida como una sociedad
limitada, tal como consta en el correspondiente certificado de existencia y
representación legal que milita en el plenario112.

Asimismo, la parte apelante no demostró y ni siquiera razonó sobre cómo las demás
causales para la obligatoriedad del revisor fiscal se configuraron frente a EVERIS
para la vigencia de 2011, lo que deriva en que no se acreditó que esa proponente
debía contar con tal profesional y, en los términos estipulados en las condiciones
generales de participación de la solicitud privada de ofertas No.05-GERGE-SUOSA-
2013, tampoco estaba sometida a contar con estados financieros para ese año, de
ahí que no incumplió los términos del procedimiento de selección en ese aspecto.

Lo propio sucedió con el requisito relacionado con el personal, debido a que el
CONSORCIO BDO, en una lectura errada de las condiciones de participación,
concluyó que se solicitaron 26 personas dentro del personal -considerando al
gerente del proyecto- y que como EVERIS solo enunció 25 incumplió ese mandato,
circunstancia que no acaeció de esa manera, pues, pese a que la proponente solo
se refirió a esa segunda cantidad de personas en su ofrecimiento, también
mencionó en todo momento a la gerente del proyecto y la detalló debidamente, de

111 “Artículo 203. Deberán tener revisor fiscal: 1) Las sociedades por acciones; 2) Las sucursales de

compañías extranjeras, y 3) Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración
no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de
la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital”.
112 Páginas 156 a 167 del archivo 78 del índice 45 de SAMAI.

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modo que no omitió ofrecer la cantidad total de individuos exigida por
CAPROVIMPO.

De otro lado, la Sala encuentra que, desde el primer momento en que se
presentaron las ofertas existió una disparidad en los ofrecimientos de EVERIS y el
CONSORCIO BDO respecto al precio, ya que la primera formuló en unos apartes la
suma de $2.311’555.200 y en otros la de $2.358’666.660; mientras que la segunda
indicó en unos apartes la suma de $2.276’112.000 y en otros la de $2.322’107.334.

Ahora bien, desde la evaluación de las propuestas CAPROVIMPO tuvo como sumas
las de $2.276’112.000 del CONSORCIO BDO y $2.311’555.200 de EVERIS, dando
prevalencia en ambos casos a la cifra que más apareció en las ofertas y en garantía
de la primacía del derecho sustancial sobre las formas, que impide rechazar los
ofrecimientos por errores cosméticos, sin que ello le hubiera merecido ningún reparo
a los proponentes de la solicitud privada de ofertas, de manera que, en realidad,
ninguno hizo dos propuestas sino que incurrieron en un error de redacción,
circunstancia que en sí misma no lleva a concluir que EVERIS hubiera incurrido en
una conducta desleal.

Asimismo, en la segunda evaluación de los ofrecimientos tras la revocatoria de la
adjudicación inicial, se tuvieron en cuenta las sumas de $2.322’107.334 del
CONSORCIO BDO y $2.358’666.660 de EVERIS, pues en esa ocasión las ofertas
que se presentaron nuevamente solo incluyeron esas cifras, lo cual, una vez más,
evidencia que no se cometió irregularidad alguna sobre esos montos, o que algún
proponente hizo más de un ofrecimiento en un mismo momento.

Finalmente, EVERIS no incumplió las exigencias que debían cumplirse en cuanto al
gerente del proyecto, dado que, si bien solo se aportó el acta de grado para acreditar
la especialización de la señora Julieth Rodríguez Buitrago, las condiciones
generales de contratación no restringieron la prueba de tal circunstancia al título
profesional, pues, como se indicó en etapas procesales anteriores, incluso una
certificación habría bastado y, en cualquier escenario, le habría correspondido al
CONSORCIO BDO demostrar que la profesional no era especialista, nada de lo cual
sucedió.

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Asimismo, las certificaciones laborales que se aportaron mencionaron
expresamente dentro de las labores de la señora Julieth Rodríguez Buitrago la
gerencia de proyectos, sin que, una vez más, las condiciones generales de
contratación hubieran restringido tal aspecto a que expresamente hubiera tenido tal
labor de manera exclusiva anteriormente, interpretación que no se acompasa al
querer de la entidad contratante al establecer esa exigencia.

Los anteriores argumentos dan cuenta de que ninguno de los reparos expuestos
frente a la oferta de EVERIS se demostraron, de ahí que no tiene cabida la
afirmación según la cual debía ser descalificada, para que solamente el
CONSORCIO BDO participara en la conformación de la media aritmética,
aseveración que, además, desconoce que para tal momento también se calculó esa
suma junto con la proponente Siprointegral S.A.S., sin que le hubiera merecido
ninguna objeción tal aspecto.

Así las cosas, los yerros en torno a media aritmética en la primera fase de la solicitud
privada de ofertas sí tuvieron la vocación de llevar a un resultado distinto, que
favoreció en un primer momento y de manera injustificada al CONSORCIO BDO, lo
que da sustento a la decisión de CAPROVIMPO de revocar la adjudicación inicial a
efectos de enmendar su error, sin el cual cambiaba el orden de elegibilidad.

A pesar de lo anterior, el CONSORCIO BDO demostró haber cumplido la exigencia
de experiencia con los contratos aportados, pues la suma de aquellos daba un
monto superior a 5000 SMLMV, aun cuando en un primer momento no se consideró
la regla del manual de contratación de la entidad, según la cual frente a los negocios
jurídicos en ejecución ese ítem se acreditaría solo si sus objetos habían sido
materializados en un 50% o más.

Con todo, el cumplimiento del CONSORCIO BDO del ítem de experiencia no podía
llevar a ignorar que, en virtud de la regla de la media aritmética, su puntaje no era
mayor que el de EVERIS para que se le hubiera asignado el contrato de prestación
de servicios, circunstancia que, una vez más, justificó que el acto adjudicatario inicial
del 14 de marzo de 2013 fuera revocado.

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Por lo demás, la parte apelante no probó que CAPROVIMPO le hubiera impedido
revisar los documentos del procedimiento de selección, al punto de que ni siquiera
obra una solicitud en tal sentido, en tanto que, por el contrario, en el proceso sí se
demostró que la entidad contratante advirtió al CONSORCIO BDO sobre las
circunstancias que conducían a invalidar la adjudicación del 14 de marzo de 2013 y
también resolvió los reparos de ese oferente en el procedimiento de selección.

Ahora, pese a que el señor Alfonso Escobar Barrera –representante legal de los
miembros del CONSORCIO BDO-113 declaró en su testimonio que sí existieron
irregularidades que llevaron a viciar la voluntad del CONSORCIO BDO114, es deber
del juzgador evaluar todo el material probatorio en su integridad con el fin de que la
verdad procesal y la verdad fáctica sean coincidentes, lo que no habría sucedido de
aceptar esa versión aislada que no es correlativa con el resto del material probatorio
obrante, de conformidad con el cual se evidencia que se cometieron yerros que
validaban dejar sin efectos el acto del 14 de marzo de 2013 y que ante tal situación
el proponente que inicialmente había ganado aceptó la revocatoria de la decisión
que lo favoreció con la debida información para proceder de ese modo.

En virtud de todo lo expuesto, es claro que las irregularidades que CAPROVIMPO
le manifestó al CONSORCIO BDO para dejar sin efectos la decisión del 14 de marzo
de 2013 eran coincidentes con la realidad, aunado a que no demostró haber sido
constreñida ni menos aún que se hubiera querido favorecer injustificadamente a
EVERIS. En este orden, no se advierte que la demandada hubiere actuado en forma
desleal, así como tampoco se encuentra que no hubiera revelado toda la
información relevante o que la misma no se hubiera ajustado a la realidad del

113 El artículo 211 del Código General del Proceso establece: “Cualquiera de las partes podrá tachar

el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las
partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”. En este caso particular hay que
señalar el testimonio del señor Alfonso Escobar Barrera no fue tachado, a pesar de la relación de
dependencia con la parte actora. Sobre este particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que los testimonios que resulten sospechosos no pueden despacharse de plano, sino
que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el
expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Radicado
41001233100019990098701 (36932). C.P. Hernán Andrade Rincón.
114 Como obra de los minutos 1:00 a 1:08:59 de la audiencia de pruebas obrante en el archivo 70 del

índice 45 de SAMAI.

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proceso de selección, de cara a las reglas del mismo y al manual de contratación
de CAPROVIMPO.

Todo lo anterior deriva en que, al no haber existido irregularidad alguna con la
decisión revocatoria del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, contrario
a lo reprochado por la parte apelante, no se configuró ningún vicio del
consentimiento respecto de aquella, como se explica a continuación.

Al respecto, la Sala precisa que, en los términos del artículo 1502115 del Código
Civil, para que una persona se obligue respecto de otra por un acto o declaración
de voluntad es necesario, entre otros, que lo consienta y su declaración no adolezca
de vicios, que pueden ser error, fuerza y dolo116. El error ha sido entendido por la
doctrina como una distorsión entre una idea y la realidad que pretende representar
que solo afectará la voluntad si la ley le da ese efecto taxativamente117, el dolo como
un artificio para engañar a otro, y la fuerza como una presión física o moral que se
ejerce sobre una persona para obligarla a otorgar su consentimiento118.

En ese contexto, no se vislumbra la existencia de un error como vicio del
consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria del acto
adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, debido a que no se evidenció una
disparidad entre los yerros advertidos por la entidad demandada para tomar tal
determinación y la realidad, dado que, como se indicó, aquellos estuvieron
debidamente demostrados, pues en la fase inicial del procedimiento de selección
se había desconocido el presupuesto de la entidad dentro de la media aritmética y
se desatendió la regla predispuesta para acreditar la experiencia en los contratos
en ejecución.

115 “Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es

necesario: 1o.) que sea legalmente capaz. 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolezca de vicio. 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito. 4o.) que tenga una
causa lícita. // La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el
ministerio o la autorización de otra”.
116 Código Civil. “artículo 1508. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza

y dolo”.
117 La jurisprudencia constitucional ha reafirmado la proscripción del error de derecho como

configurativo de un vicio de la voluntad. Corte Constitucional. Sentencia C-993 del 29 de noviembre
de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería.
118 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría del contrato y del negocio

jurídico. Bogotá: 2022. Octava reimpresión. Editorial Temis. P.179-222.

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Lo propio sucede respecto de los vicios del consentimiento de fuerza y dolo, en tanto
tampoco se demostró que se hubiera forzado a los miembros del consorcio BDO a
avalar la revocatoria de la adjudicación inicial del 14 de marzo de 2013, ni menos
aún que se los hubiera engañado para otorgar su consentimiento, debido a que se
les formularon las razones reales que justificaron tal determinación.

Como consecuencia, el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO no
estuvo viciado, ni la decisión mencionada incurrió en una irregularidad, pues se
fundó en la normativa aplicable a la solicitud privada de ofertas, en las condiciones
generales de contratación y en el manual de contratación de la entidad, de modo
que no se advierte una actuación de la entidad demandada contraria a la corrección
(información, veracidad y lealtad) y a la buena fe en la etapa precontractual.

7.2. El acto del 3 de mayo de 2013 y el contrato 55 del 14 de mayo de 2013 se
dictaron conforme a la normativa aplicable y a los postulados de la buena fe
en el campo negocial y no se probó la causación de perjuicios

7.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó la pretensión de
anulación del acto adjudicatario del 3 de mayo y del contrato No. 55 del 14 de mayo
de 2013, así como las pretensiones indemnizatorias, de manera consecuencial a la
negativa de la pretensión anulatoria del acto 099 del 20 de marzo de 2013. La parte
apelante se opuso a lo anterior y solicitó la anulación del acto del 3 de mayo de 2013
y del contrato de prestación de servicios suscrito con EVERIS, de prosperar la
nulidad del acto 099 de 2013 “debido a que Everis debía ser descalificada”, así como
el reconocimiento de los perjuicios solicitados.

7.2.2. En lo que respecta al acto del 3 de mayo de 2013, habida cuenta de que no
cabe endilgar reproche alguno frente a la decisión de revocar la adjudicación inicial
y no observándose tampoco una actuación contraria a la buena fe exigida en el
campo negocial respecto de la decisión de adjudicar el contrato a EVERIS,
determinación frente a la cual, por lo demás, no se presentaron cargos autónomos,
resulta claro que no se reúnen los presupuestos de la responsabilidad
precontractual.

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En otras palabras, como se ajustó a las reglas de la invitación la decisión de
CAPROVIMPO de dejar sin efectos el acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de
2013 y, dado que en argumentos precedentes se evidenció que la mejor oferta era
la de EVERIS, a la aquí demandada no le quedaba otra senda distinta que
adjudicarle el procedimiento de selección a esa última proponente, como en efecto
lo realizó mediante la decisión del 3 de mayo de 2013.

En suma, bajo la perspectiva de la responsabilidad precontractual por culpa
incontrahendo, una vez analizada la naturaleza de la invitación y las reglas fijadas
en ella, así como las actuaciones desplegadas en el marco de las negociaciones, la
Sala concluye que no se encuentra establecida una ruptura intempestiva y sin
justificación de las tratativas preliminares, pues no se evidencia una desatención de
las reglas del proceso de selección así como tampoco se advierte que
CAPROVIMPO hubiere incurrido en un comportamiento contrario al deber de actuar
con corrección y lealtad con ocasión de la formación del negocio jurídico.

7.2.3. De otro lado, en cuanto al contrato 55 del 14 de mayo de 2013, la Sala
advierte, partiendo de la base del régimen de derecho privado aplicable al sub
examine, que no es posible analizar su nulidad absoluta de manera consecuencial
a una eventual pérdida de efectos del acto que revocó la decisión adjudicataria
inicial en que se fundó, a la luz del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 119, tal y como
se invocó en la demanda, toda vez que esa normativa no resulta aplicable al asunto
de estudio y, como se explicó en múltiples oportunidades precedentes, en el caso
sub examine no tiene cabida ni corresponde efectuar el análisis propio del
contencioso de legalidad, sino el de la responsabilidad por las tratativas
preliminares.

A su vez, no se encuentra que la circunstancia sobre la base de la cual se fundó el
reproche de la nulidad absoluta -eventual pérdida de vigor del acto en que se fundó
el contrato- se encause en alguna de las causales para la procedencia de esa figura
según el derecho común -objeto o causa ilícita, falta del agotamiento de un requisito
ad substantiam actus, falta de capacidad absoluta o contradicción con una norma

119 “Artículo 44. De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente

nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: […] 4o. Se declaren nulos los
actos administrativos en que se fundamenten […]”.

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imperativa- y, de todos modos, se pone de presente que, precisamente, al
resolverse el primer cargo de la apelación se encontró que no había lugar a dejar
sin efectos el acto revocatorio de la decisión adjudicataria inicial, lo que dejó sin
sustento el argumento de ilicitud del negocio jurídico demandado por el
CONSORCIO BDO. Por lo demás, tampoco advierte la Sala que aparezca de
manifiesto una causal de nulidad absoluta del contrato que fuere menester declarar
de oficio.

De ese modo, es claro que la pretensión de nulidad absoluta del contrato 55 del 14
de mayo de 2013 no tiene la vocación de prosperar, pues no se vislumbra que se
hubiera configurado alguna de las causales para la procedencia de tal figura al
amparo del derecho común y, además, debido a que el reproche fue supeditado a
la prosperidad de la pérdida de vigencia del acto que revocó la decisión adjudicataria
inicial y aquella fue desestimada.

7.2.4. En el mismo sentido, resulta inane estudiar la procedencia de las pretensiones
indemnizatorias planteadas en el libelo introductorio, pues un supuesto para ello era
que hubieran prosperado las peticiones principales, lo que no sucedió, según lo
expuesto.

8. Condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que “[…] salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para
proceder a la condena en costas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]

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2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.

Bajo este entendido, se condenará en costas a la parte demandante, quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que su impugnación no prosperó, y su liquidación la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es
decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las costas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.

En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues
CAPROVIMPO y la litisconsorte cuasinecesaria en la causa por pasiva EVERIS
adelantaron gestiones de manera activa durante esa etapa y, en particular,
presentaron alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala las determinará con
base en lo dispuesto en el Acuerdo 1887 del 26 de junio 2003 120, según el cual, en
los procesos contencioso administrativos, en segunda instancia, cuando el asunto
tenga cuantía, las agencias serán de hasta el 5% del valor de las pretensiones.

En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en el
0,1% de $1.239’611.711, correspondiente a la suma de $1’239.612 a la fecha de
ejecutoria de esta providencia, en favor de quienes conformaron el extremo pasivo
de la litis, en partes iguales.

120 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 18 de octubre de 2013,

cuando se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 6°. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de
agencias en derecho: […] III contencioso administrativo […] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía:
hasta siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con cuantía: hasta el 5% del valor de
las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 27 de julio de 2017, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a las sociedades BDO
Audit S.A. y BDO outsourcing S.A.S. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho
en $1’239.612 a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en favor de quienes
conformaron el extremo pasivo de la litis en partes iguales. Las costas se liquidarán
de manera concentrada por el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

VF

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