Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2007-00150-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2007-00150-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2007-00150-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
11 de octubre de 2023
Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV–CPT (INTEGRADO POR MANOV
INGENIERÍA LTDA. Y COMPAÑÍA DE PROYECTOS
TÉCNICOS CPT S.A.)
Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
CÚCUTA E.S.P. -EIS CÚCUTA S.A. E.S.P.-
Temas:
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Régimen jurídico -
Naturaleza de los actos precontractuales que profieren – En principio no expiden actos
administrativos – Por regla general son actos jurídicos que se rigen por el derecho privado, salvo que
la ley disponga lo contrario. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Es la acción adecuada para
demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado – Casos
en los que es deber del juez estudiar de fondo la controversia, a pesar de que la parte demandante
haya acudido a la acción inadecuada. BUENA FE EXENTA DE CULPA – Deberes de la
Administración en la fase precontractual – La Administración debe respetar las reglas establecidas
en la convocatoria – No toda invitación a participar en una convocatoria implica una oferta en los
términos establecidos en el Código de Comercio. RESPONSABILIDAD POR CULPA IN
CONTRAHENDO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN RÉGIMEN EXCEPTUADO - Para que se
configure es menester que quien demande acredite que las reglas de la convocatoria fueron
desconocidas y que, de haber sido aplicadas de forma adecuada, su ofrecimiento hubiese sido
seleccionado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 6 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, que declaró probada de oficio la excepción de inepta
demanda por indebida escogencia de la acción.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta E.S.P., en lo sucesivo la
Empresa o la EIS Cúcuta S.A. E.S.P., adelantó la convocatoria pública n.º 001 de
2007, con el fin de contratar la interventoría técnica, ambiental, operativa, jurídica y
financiera del contrato n.º 30 de 20061. Al proceso de selección se presentaron: el
1 Su objeto consistió en la ampliación, rehabilitación, mantenimiento y gestión comercial de la
infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la ciudad de san José de
Cúcuta.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
Consorcio Concol-Buhols, el Consorcio Manov-CPT, el Consorcio Aguas del Norte,
el Consorcio Hidrogestión Cúcuta (integrado por Betty Parada Montes, la sociedad
Cicico Ltda. y Hernando José García Amaya) y el Consorcio Interventoría y Gestión.
Por medio de la Resolución n.º 000044 del 16 de abril de 2007, la Empresa adjudicó
la convocatoria al oferente Consorcio Hidrogestión Cúcuta. El 23 de abril de 2007,
la Empresa y el Consorcio Hidrogestión Cúcuta suscribieron el contrato de
interventoría n.º OJ-008.
El Consorcio Manov-CPT solicita que se declare la nulidad de la Resolución n.º
000044 del 16 de abril de 2007, pues, según aduce, la propuesta del consorcio
adjudicatario no cumplió con los requisitos del pliego, puntualmente en cuanto a la
carta de presentación, la garantía de seriedad de la oferta, la experiencia de su
Representante Legal, la información financiera de uno de sus integrantes, el pago
de parafiscales de dos de los integrantes y la capacidad residual. Además, alega
que la entidad pública se equivocó al evaluar su propuesta, pues le restó puntaje en
lo que respecta a la experiencia del director de su equipo de trabajo. A título de
restablecimiento, pretende el reconocimiento de los perjuicios reclamados, bajo el
entendido de que su propuesta cumplió con todos los requisitos contenidos en el
pliego y era la mejor, de tal suerte que debió resultar adjudicataria del contrato.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 8 de junio de 20072, el Consorcio Manov-CPT, mediante apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho -art 85 CCA-,
presentó demanda en contra de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P.
1.2. El 4 de julio de 20073, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
inadmitió la demanda, la cual fue subsanada en la oportunidad respectiva y admitida
mediante providencia del 30 de julio de 20074. Posteriormente, el 29 de octubre de
20075 la actora reformó la demanda, habiendo sido admitida por el Tribunal el 2 de
noviembre de 20076.
2 Fl. 4 a 21, C.1.
3 Fl. 43, C. 1.
4 Fl. 50 y 51, C. 1.
5 Fl. 132 y 133, C. 1.
6 Fl. 134, C. 1.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
1.3. En la demanda, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones, que
se transcriben textualmente, incluso con eventuales errores:
“PRIMERO: Que es NULA la Resolución 000044 de 16 de Abril de 2007 “por la cual
se adjudica un Concurso Público Convocatoria 001 de 2007 originaria del Agente
Especial de EIS CÚCUTA S.A. E.S.P.”
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior NULIDAD se restablezca
plenamente en sus derechos al CONSORCIO MANOV – C.P.T., disponiendo para
el efecto lo siguiente:
2.1. Principal. Que se dé como merecido adjudicatorio del contrato de
interventoría a la concesión “AGUAS KAPITAL”, al CONSORCIO MANOV –
C.P.T., hasta la culminación del plazo, en caso de no responder la firma a
quien indebidamente le fue adjudicada CONSORCIO HIDROGESTIÓN
CÚCUTA.
2.2. En el supuesto negado de la petición principal, que se condene a EIS
CÚCUTA S.A. E.S.P., a la Reparación del daño conforme lo prevé el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, disponiendo para el
efecto el pago de las sumas indemnizatorias que resulten probadas en el
plenario.
2.3. Que se condene en costas a la EIS CÚCUTA S.A. E.S.P.
2.4. Que se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos y
previsiones de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso
Administrativo”.
1.4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora enunció los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.4.1. Afirmó que la EIS Cúcuta S.A. E.S.P adelantó la convocatoria pública n.º 001
de 2007, con el objeto de contratar la interventoría de la concesión del operador del
servicio de acueducto y alcantarillado de Cúcuta.
1.4.2. Indicó que al proceso de selección se presentaron: (i) el Consorcio Concol-
Buhols; (ii) el Consorcio Manov-CPT; (iii) el Consorcio Aguas del Norte; (iv) el
Consorcio Hidrogestión Cúcuta (integrado por Betty Parada Montes, la sociedad
Cicico Ltda. y Hernando José García Amaya); y (v) el Consorcio Interventoría y
Gestión.
1.4.3. Puso de presente que por medio de la Resolución n.º 000044 del 16 de abril
de 2007, la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. adjudicó el proceso de selección al Consorcio
Hidrogestión Cúcuta.
1.5. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora manifestó que la
Resolución n.º 000044 del 16 de abril de 2007 es nula, porque infringe los artículos
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Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
29 y 83 de la Constitución Política y 23 y 24 de la Ley 80 de 1993 y fue expedida
irregularmente, con falsa motivación y con desviación de poder.
1.5.1. Al efecto, recalcó que la carta de presentación allegada por el consorcio
adjudicatario no fue aportada con la firma original de todos sus integrantes,
precisando que la firma de Hernando García Amaya “estaba digitalizada
(escaneada) y copiada en el original de la carta”.
1.5.2. Refirió que el consorcio adjudicatario no presentó el original de la póliza sino
un certificado de modificación con inconsistencias en los nombres de sus
integrantes y sin número de cédula.
1.5.3. Manifestó que la representante legal del consorcio adjudicatario -Betty Parada
Montes- no demostró haber laborado desde el año 2000 y afirmó que tampoco tenía
experiencia alguna en consultorías o interventorías relacionadas con el
mantenimiento de obras de acueducto y alcantarillado.
1.5.4. En cuanto a los integrantes del consorcio adjudicatario, indicó que: (i) la
capacidad financiera de Betty Parada Montes presentaba inconsistencias, pues su
declaración de renta carece de sellos, lo que a su modo de ver ofrece serias dudas;
(ii) contrario a lo certificado en la propuesta, Betty Parada Montes y Cicico Ltda.
presentaban deudas frente al pago de parafiscales; y (iii) Cicico Ltda. faltó a la
verdad, pues para acreditar la capacidad residual certificó haber celebrado un
contrato con la Corporación Centro Cultural de Oriente, que supuestamente había
finalizado, pero lo cierto es que el negocio jurídico se encontraba en ejecución,
aspecto que fue “desestimado” por la entidad pública demandada.
1.5.5. Adujo que la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. se equivocó al evaluar su ofrecimiento,
porque al examinar la experiencia del director de su equipo de trabajo le desconoció
puntaje. A este respecto precisó que en la convocatoria “[…] debía acreditarse
experiencia en contratos similares relativos al tema objeto de licitación en ciudades
que por lo menos tengan 50.000 usuarios. Mi representada acreditó experiencia
(entre otras en ciudades con esa condición sobrada) en Bogotá […] Presentada la
propuesta de MANOV – CPT y presentada constancia un tanto desactualizada del
número de usuarios (mucho más de 1.200.000) le desconocen puntaje ya que
supuestamente no acreditó más de los 50.000 usuarios requeridos”.
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1.5.6. Finalmente, refirió que su propuesta se sujetó a las condiciones previstas en
el pliego y era la mejor, de tal suerte que debió adjudicársele el proceso de
selección.
2. Contestación de la demanda
2.1. Mediante autos del 30 de julio de 20077 y del 2 de noviembre de 20078, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda y su corrección,
respectivamente, ordenando notificar a la demandada y al Ministerio Público.
2.2. El 25 de octubre de 20079 la EIS Cúcuta S.A. E.S.P contestó la demanda,
mediante escrito en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto
a los hechos, aceptó unos y negó otros.
2.2.1. Al respecto, precisó que el contrato fue adjudicado al proponente que
presentó la mejor propuesta y que, en todo caso, el demandante no demostró la
“ilicitud en la actuación”.
3. Vinculación de terceros interesados
3.1. El 20 de febrero de 200810, el Ministerio Público solicitó vincular al proceso como
terceros interesados a los integrantes del Consorcio Hidrogestión Cúcuta, pues su
ofrecimiento se vio favorecido en el marco de la convocatoria sometida a juicio.
3.2. Por medio de auto del 18 de septiembre de 200811, el Tribunal ordenó vincular
al proceso como terceros interesados a Betty Parada Montes, Cicico Ltda. y
Hernando José García Amaya, integrantes del Consorcio Hidrogestión Cúcuta12.
3.3. El 4 de septiembre de 200913, Betty Parada Montes, por intermedio de
apoderado judicial, contestó la demanda mediante escrito en el que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó unos, negó otros
y respecto de otro tanto indicó que eran apreciaciones subjetivas del demandante.
Al efecto, manifestó que la parte actora no desvirtuó la legalidad del acto acusado.
7 Fl. 50 a 51, C.1.
8 Fl. 134, C. 1
9 Fl. 56 a 66, C.1.
10 Fl. 141, C.1.
11 Fl. 153 a 154, C.1.
12 Fl. 152, C. 1.
13 Fl. 179 a 182, C. 1.
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3.4. La sociedad Cicico Ltda. y Hernando José García Amaya guardaron silencio.
4. Alegatos de conclusión
4.1. Mediante auto del 8 de julio de 201414, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.2. El consorcio demandante15 reiteró lo manifestado en el líbelo introductorio,
puntualmente lo correspondiente a los defectos de la propuesta presentada por el
oferente adjudicatario.
4.3. La parte demandada16 insistió en los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda.
4.4. Betty Parada Montes17, tercera vinculada al proceso, manifestó que las
causales de nulidad invocadas por la parte actora no se acreditaron.
Adicionalmente, indicó que el en caso concreto se encontraba configurada la
caducidad de la acción, pues el proceso de selección se adjudicó en audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de abril de 2007, de tal suerte que a partir de ese
momento se debía computar el término de 30 días para demandar, de conformidad
con lo establecido en el artículo 87 del CCA.
4.5. La sociedad Cicico Ltda., Hernando José García Amaya y el Ministerio Público
guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
5.1. Mediante sentencia del 6 de septiembre de 201818, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda
por indebida escogencia de la acción.
5.2. Como sustento de su decisión, el Tribunal, tras constatar que la parte actora
ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la
14 Fl. 390, C.2.
15 Fl. 397 a 401, C.2.
16 Fl. 391 a 396, C.2.
17 Fl. 406 a 409, C.2.
18 Fl. 496 a 503, C. Ppal.
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legalidad de la Resolución n.º 000044 del 16 de abril de 2007 y que la misma fue
promovida el 8 de junio de 2007, esto es, después de celebrado el contrato de
interventoría n.º OJ-008 del 23 de abril de 2007, concluyó que en el caso concreto
se configuró la inepta demanda por indebida escogencia de la acción, pues la acción
procedente era la de controversias contractuales.
En efecto, el fallo impugnado indicó que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 87 del CCA y de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, “cuando el contrato se encuentra perfeccionado, ya no es
posible invocar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de manera
autónoma sino que la acción procedente era la de controversias contractuales
regulada en el citado artículo 87. Ello es así por cuanto la jurisprudencia del Consejo
de Estado, al interpretar la regla legal prevista en el artículo 87 del C.C.A., ha
sostenido en forma reiterada que a partir de la celebración de un contrato, la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho ya no podrá interponerse de manera
independiente sino que la acción procedente es la de controversias contractuales
en la cual deberá demandarse tanto la nulidad del contrato como la nulidad de los
actos previos”.
6. Recurso de apelación
6.1. El demandante interpuso recurso de apelación19, el cual fue concedido el 16 de
octubre de 201820 y admitido el 20 de febrero de 201921.
6.2. En su recurso, la parte actora indicó que el Consorcio Manov-CPT no fue parte
del contrato, de tal suerte que no era dable acudir a la acción de controversias
contractuales, sino a la “opción viable (nulidad y restablecimiento del derecho)”.
Además, adujo que la propuesta del consorcio adjudicatario no cumplió con los
requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Actuación en segunda instancia
Mediante providencia del 9 de mayo de 201922, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
19 Fl. 509 a 511, C. Ppal
20 Fl. 512, C. Ppal.
21 Fl. 519, C. Ppal.
22 Fl. 531, C. Ppal.
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7.1. La demandada23 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
7.2. Betty Parada Montes alegó de conclusión de forma extemporánea24.
7.3. El demandante, la sociedad Cicico Ltda., Hernando José García Amaya y el
Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto; (2) problemas jurídicos; (3) acción
procedente; (4) legitimación en la causa; (5) caducidad; (6) el caso concreto; (6.1.)
hechos probados y pruebas relevantes; (6.2) análisis de la Sala; y (7) costas.
1. Jurisdicción y competencia
Con fundamento en el artículo 82 CCA., modificado por el artículo 30 de la Ley 446
de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006 25, se
advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer
del presente asunto, pues se demanda a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Cúcuta E.S.P., la cual ostenta la calidad de empresa de servicios públicos
mixta26, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.627 de la Ley 142 de 1994,
23 Fl. 541 a 547, C. Ppal.
24 Fl. 547, 549 y 550, C. Ppal. El término común de 10 días para alegar de conclusión transcurrió
entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 2019; sin embargo, la tercera vinculada allegó su escrito de
alegatos el 7 de junio de 2019.
25 “Artículo 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de
la Ley 446 de 1998, quedaría así:
"Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo
contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la
actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público
superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos
órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados
administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de
Gobierno.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de
policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales
de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional".
26 Mediante acuerdo n.º 009 del 20 de mayo de 2005, el Concejo Municipal de Cúcuta autorizó la
transformación de la empresa industrial y comercial de Cúcuta en sociedad por acciones bajo los
parámetros dispuestos en los artículos 17, 18 y 19 de la ley 142 de 1994 y los artículos 97 y 98 de
la ley 489 de 1998, en la que el municipio participaría accionariamente en no menos del 51%.
Información recuperada en: https://eiscucuta.com.co/resena-historica/
27 “14.6. Empresa de Servicios Públicos Mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores
al 50%”.
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en concordancia con el artículo 1728 ibídem, de donde se desprende claramente su
naturaleza pública.
Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 6 de septiembre de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dada la vocación de doble
instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para la fecha de
presentación de la demanda, 8 de junio de 200729, supera los 500 SMLMV, de
conformidad con lo establecido en los artículos 12930, 132-631 y 18132 del CCA.,
vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
2. Problemas jurídicos
2.1. En el presente caso la Sala se ve obligada, en primer lugar, a determinar si la
acción ejercida por la actora es la adecuada y si, en tal sentido, hay lugar a estudiar
las pretensiones de la demanda.
2.2. En caso de encontrar que resulta procedente examinar las pretensiones de la
demanda, esta colegiatura continuará con el análisis de los restantes presupuestos
procesales, entrando a determinar, en segundo lugar, si con ocasión de la
Convocatoria n.º 001 de 2007 adelantada por la EIS Cúcuta S.A. E.S.P la entidad
desconoció sus reglas al evaluar las ofertas y adjudicar el contrato y si se configuran
28 “Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo
objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.
Parágrafo 1o. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos
propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de
empresa industrial y comercial del estado.
Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa,
sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el
régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios
públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta Ley. La
Superintendencia de Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades
descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no
se ajustan a lo dispuesto en esta Ley”.
29 Para el año 2007 el valor del salario mínimo legal mensual vigente era de $433.700. Información
obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia
https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para este año, el tope correspondiente a los 500 SMLMV
equivalía a $216.850.000. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en un monto de
$12.600.000.000.
30 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión”.
31 “Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos […] 6. De los de reparación
directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.
32 “Artículo 181.Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales […]”
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los presupuestos de la responsabilidad precontractual de las entidades públicas
sujetas a régimen exceptuado.
3. Acción procedente
La actora considera que, contrario a lo resuelto por el Tribunal, la acción procedente
para demandar era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la contractual,
pues el Consorcio Manov-CPT no fue parte del contrato.
3.1. El Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al caso sub judice33,
previó diferentes mecanismos de acceso a la administración de justicia, cuya
elección depende de la finalidad que persiguen las pretensiones de la demanda, así
como de la fuente del daño del cual éstas se derivan.
En este orden, si lo que se pretende es preservar el ordenamiento con ocasión de
la expedición de un acto administrativo que lo vulnera, la acción procedente es la
de simple nulidad, prevista en el artículo 84 ibídem, subrogado por el artículo 14 del
Decreto 2304 de 198934 la cual, en principio, está desprovista de un término de
caducidad, es decir, que se puede intentar en cualquier tiempo, comoquiera que a
través de la misma se busca la defensa del interés general.
En cambio, si lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter
particular y concreto que se considera ilegal, así como el restablecimiento de algún
derecho amparado en una disposición normativa, en cuya violación se fundamenta
la pretensión de nulidad, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento
del derecho, consagrada en el artículo 85 del CCA, subrogado por el artículo 15 del
Decreto 2304 de 198935, requiriéndose para su prosperidad desvirtuar las
presunciones de legalidad y de veracidad que lo revisten y que hacen obligatorio su
33 Al presente caso le resulta aplicable el Código Contencioso Administrativo, atendiendo a que la
demanda fue presentada el 8 de junio de 2007.
34 “ARTÍCULO 84. ACCIÓN DE NULIDAD. Subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989.
Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los
actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse,
sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro”.
35 “ARTÍCULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Subrogado por
el artículo 15 del Decreto 2304 de 1989: Toda persona que se crea lesionada en un derecho
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se
le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción
tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo
que pago indebidamente.”
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cumplimiento. En este caso, dado que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho persigue el restablecimiento de un derecho particular y concreto, como
consecuencia de la nulidad de un acto administrativo de la misma índole, la acción
no puede ejercerse en cualquier tiempo, sino que, por regla general, tiene un límite
temporal de cuatro (4) meses, contados de acuerdo con las reglas del artículo 136
del CCA36.
A su turno, otras de las acciones previstas en el CCA para acceder a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es la de reparación directa, que se encuentra
contenida en el artículo 8637 ejusdem. Esta acción resulta procedente cuando se
persigue la indemnización de perjuicios derivados de “un hecho, una omisión, una
operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por
causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”. Adicionalmente, la
jurisprudencia de esta Corporación ha concluido que la acción de reparación directa
es la vía adecuada para reclamar indemnización de perjuicios derivados de la
ruptura del principio de la igualdad frente a las cargas públicas, producto de actos
administrativos respecto de los cuales no se cuestiona su legalidad38.
A este efecto, según el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, el término de caducidad de
la acción de reparación directa es de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia
de cada una de las referidas hipótesis como las posibles fuentes del daño por el que
se demanda indemnización39.
36 “ARTÍCULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. Subrogado por el Decreto 2304 de 1989: (…)
La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día
de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante es una entidad
pública, la caducidad será de dos (2) años. Si se demanda un acto presunto, el término de caducidad
será de cuatro (4) meses, contaos a partir del día siguiente a aquel en que se configure el silencio
negativo.
Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier
tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
(…)
La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora- caducarán en dos (2) años, contados
desde la publicación, cuando sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos.”
37“ARTÍCULO 86. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. Subrogado por el artículo 16 del Decreto
2304 de 1989: La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando
la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos.”
38 Al respecto, véase, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de
noviembre de 2014, Rad No. 76001-23-31-000-1998-01093-01(31297).
39 “ARTÍCULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. (…)
La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.”
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Por otro lado, entre otras acciones previstas en el estatuto procesal administrativo,
el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 199840, también
consagra la acción de controversias contractuales, mecanismo procesal idóneo
para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a
cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como resulta
procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones
desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la
legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así,
cualquiera de las partes del contrato puede solicitar: (i) que se declare la existencia
o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o
restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su
incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios
derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas; no
obstante, en virtud de la ley, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite
un interés directo pueden pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. En
este caso, el término de caducidad para formular la demanda es de dos (2) años
contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirvan
de fundamento a la acción, según las voces del inciso final del artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo.
De igual modo, tratándose de los actos administrativos precontractuales, el artículo
87 señaló que aquellos serían demandables a través de la acción de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los treinta (30) días siguientes a
su comunicación, notificación o publicación; sin embargo, una vez celebrado el
contrato la legalidad de los actos previos únicamente puede controvertirse como
fundamento de la nulidad absoluta del contrato.
40 “ARTÍCULO 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Subrogado por el artículo 32 de
la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Cualquiera de las partes de un contrato estatal
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o
restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y
condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho,
según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación.
La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución
del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse
como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare
su nulidad absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre
que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes.
En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida
en el Código de Procedimiento Civil”.
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A partir de lo anterior, se concluye que el legislador consagró en el CCA un conjunto
de acciones para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 41, cuya
elección, de acuerdo con uniforme y reiterada jurisprudencia, la determina la fuente
del daño que se pretende resarcir y la causa petendi42. En otras palabras, la fuente
del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la
acción judicial procedente para acudir al órgano judicial, así como la técnica
apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad
en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional43.
También ha sostenido esta Corporación que la acción judicial ejercida tiene
evidentes efectos en el ejercicio de defensa y contradicción del demandado, en
tanto ofrece los límites dentro de los que el sujeto pasivo de la acción podrá
estructurar los diferentes medios de defensa a su disposición. Es por ello que
escoger indebidamente la acción procesal no puede entenderse como un simple
defecto formal de la demanda, sujeto a la corrección del juez de conocimiento44, en
tanto que es un aspecto que tiene relación directa con la causa petendi y el objeto
de la acción escogida y, por ende, afecta tanto la competencia del juez, como el
debido proceso de la contraparte45.
Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar la acción
indebidamente formulada, siempre que el derecho de defensa del demandado no
resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi ni de las pretensiones
41 Sobre el particular, Cfr.: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de octubre de
2018, Rad. :(41069)
42 Al respecto, la jurisprudencia ha señalado de modo uniforme y reiterado que, dado que las normas
que establecen las condiciones para el ejercicio de una u otra acción son de orden público y de
imperativo acatamiento, su elección no se encuentra al arbitrio del demandante. Sobre el particular,
esta Corporación ha señalado que, “[…] cómo a cada acción le corresponde una pretensión, según
los hechos que conforman o constituyan el conflicto. El sistema procesal para endilgarle al Estado
responsabilidad por daños está, en consecuencia, configurado por los arts. 85, 86 y 87 C.C.A. No se
trata de un aspecto o tema librado a la voluntad de la parte actora, o de quien va a accionar.” Cfr.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de octubre de 2017. Rad.:42878.
43 Al respecto véanse, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero
de 2001, Rad.: 17769; Sentencia del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de
2007, Rad.: 16474; Sentencia del 19 de julio de 2007, expediente 30905; Sentencia del 31 de agosto
de 2005, expediente 29511; Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente 36705.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530.
45 En relación con la indebida escogencia de la acción, esta Corporación ha señalado:
“En ese sentido, resulta oportuno señalar que el carácter sustantivo de la ineptitud de la demanda,
por indebida escogencia de la acción, se explica porque cada una de las acciones que fueron
contempladas en el Decreto 01 de 1984 tienen una causa y un objeto propios que delimitan el marco
del litigio que a través suyo podrá tramitarse y resolverse, es decir, el asunto alrededor del cual ha
de versar la controversia jurídica - la causa que le da origen -, así como las declaraciones que según
el objeto de la acción de la que se trate podrán válidamente realizarse, aspectos estos que demarcan
la competencia del juez y garantizan a la vez el derecho de defensa de la contraparte, pues le
aseguran un mínimo de certeza jurídica en cuanto a los términos en los que ha de desarrollarse y
fallarse el proceso”. Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014.
Rad.:27723.
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de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado46. En todo caso,
la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales para
pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se edifica la
adecuación de la acción.
3.2. Ahora bien, cabe señalar que en sentencia del 3 de septiembre de 2020 la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en lo que respecta
a la naturaleza de los actos precontractuales proferidos por las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, así como también frente a la acción
procedente para demandarlos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
A este efecto, en la providencia referida se fijaron los siguientes criterios de
unificación:
“-Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos
precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos
administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como, de resultar
aplicables, por los principios que orientan la función administrativa.
• Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las
controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios públicos
domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan a actos
administrativos, deberán tramitarse a través de la acción (medio de control en el
CPACA) de reparación directa.
• Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador
de conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas
presentadas antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia
de fondo, aunque no se haya empleado la acción (medio de control) que
corresponda, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de actos”47.
A partir de lo anterior, resulta claro que el régimen de contratación aplicable a las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es el previsto en las
normas civiles y comerciales48 y que, por tanto, al encontrarse en la misma posición
que un particular, las actuaciones que estas entidades llevan a cabo en la etapa
precontractual son expresiones de la autonomía privada que, por ende, son actos
de gestión contractual49 que no pueden catalogarse como actos administrativos,
46 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, Rad:
26870.
47 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020.
Rad.: 42003.
48 Al efecto, de acuerdo con la naturaleza de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta
E.S.P., el régimen de sus contratos es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, que reza
lo siguiente: “Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos
a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa […]”.
49 Sobre el particular, esta Subsección ha resaltado que “La aplicación del derecho privado, en la
fase de formación del contrato, implica que la entidad estatal se encontrará en la misma posición que
el particular, es decir, que tiene la posibilidad de escoger un contratista mediante un concurso
público, sin que ello signifique que emita actos administrativos. Los actos precontractuales de las
entidades de los “regímenes exceptuados”, de la misma forma que los de los particulares, no se
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salvo que la ley disponga lo contrario, de tal suerte que la responsabilidad que en
este contexto se pudiere causar es pasible de demandarse a través de la acción de
reparación directa y bajo las reglas de la culpa in contrahendo.
De igual modo, de conformidad con las reglas fijadas en la sentencia de unificación
referida, en tratándose de demandas presentadas antes de la notificación de dicha
providencia, en las que se debatan controversias relativas a actos precontractuales
de entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de
esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos y mediante las cuales
se hubiere ejercido la acción equivocada, el juez deberá resolver de fondo el caso
en el marco de la acción de reparación directa y de conformidad con el régimen
jurídico aplicable a este tipo de actos.
3.3. Descendiendo al caso concreto, en el asunto sub judice se observa que el 8 de
junio de 2007 el Consorcio Manov-CPT, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, presentó
demanda en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta E.S.P.,
-empresa de servicios públicos domiciliarios- en la que solicitó la nulidad de la
Resolución n.º 000044 del 16 de abril de 2007, por medio de la cual se adjudicó la
convocatoria n.º 001 de 2007 al proponente Consorcio Hidrogestión Cúcuta, cuyo
objeto consistió en contratar la interventoría técnica, ambiental, operativa, jurídica y
financiera del contrato n.º 30 de 2006, y el consecuente restablecimiento del
derecho50.
Así las cosas, aunque la parte actora acudió a esta sede judicial en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de demandar un acto
precontractual proferido por una empresa de servicios públicos domiciliarios, de
conformidad con los criterios de unificación fijados por esta Sección en la sentencia
del 3 de septiembre de 2020 citada en precedencia, se estima que la acción
catalogan como actos administrativos porque estos se fundan en la posición de supremacía de la
administración, por virtud de las competencias que les asigna la ley y que les permiten imponer sus
decisiones en contra de la voluntad de los particulares. // Las decisiones que adoptan en la fase
previa de formación del contrato, corresponden a actos de gestión contractual, iguales a los que
adoptaría un particular, quien por razón de la autonomía privada, define cómo y con quién entablar
una relación de naturaleza contractual. Ello no quiere decir que estén exentas de responsabilidad,
pues, como se verá más adelante, la aplicación del principio de buena fe exenta de culpa le impone
obligaciones durante la etapa de las negociaciones previas. // Con esta perspectiva, la Sala ha
subrayado que las decisiones adoptadas durante la etapa de formación del contrato adoptadas por
las entidades sometidas a los “regímenes exceptuados”, son expresiones de la autonomía privada
como las que adoptan los particulares durante la fase de negociación y, por lo mismo, no son actos
administrativos, salvo aquellos casos en los cuales la ley disponga expresamente lo contrario”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de febrero de 2020,
Rad.:31.628.
50 Fl. 4 a 21, C.1.
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procedente para examinar el sub lite es la de reparación directa, y al amparo de la
misma se analizarán las pretensiones de la demanda, pues en efecto el líbelo
introductorio se promovió antes de notificada51 la sentencia referida, lo que, sin lugar
a dudas, abre paso al examen del fondo de la controversia, bajo el entendido de
que el daño alegado no proviene de un acto administrativo, ni lo que se pretende es
adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que refleje la posición de
supremacía de la Administración.
En suma, como el reproche formulado por la actora se centra en el desconocimiento
de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P respecto de las reglas que regularon la convocatoria
n.º 001 de 2007 -invitación a presentar propuestas F.J. 6-, particularmente su
evaluación y adjudicación, aspecto que se traduce en la presunta violación a los
deberes que emanan de la buena fe exenta de culpa durante la fase precontractual
(F.J. 6.), bajo esta perspectiva procederá la Sala al examen de la controversia
sometida a examen.
4. Legitimación en la causa
En el presente caso se advierte que el Consorcio52 Manov-CPT y la EIS Cúcuta S.A.
E.S.P. están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente: el
primero, porque participó en la convocatoria n.º 001 de 2007 y considera que se le
causó un daño con la decisión adoptada el 16 de abril de 2007 y, la segunda, porque
adelantó la convocatoria, evaluó las ofertas y llevó a cabo la selección del contratista
(hechos probados 6.1.1.6. y 6.1.1.12.).
51 La sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 se notificó mediante edicto electrónico
el 18 de septiembre de 2020. Cfr. Índice 39, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
52 En sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 19933, la Sección Tercera del
Consejo de Estado rectificó su jurisprudencia y dispuso que los consorcios y las uniones temporales
están facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales
originados con ocasión del procedimiento de selección, la celebración o la ejecución del contrato. Al
respecto, en este providencia se indicó que, “a partir del presente proveído se concluye que tanto
los consorcios como las uniones temporales sí se encuentran legalmente facultados para concurrir,
por conducto de su representante, a los procesos judiciales que pudieren tener origen en
controversias surgidas del procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la
celebración y ejecución de los contratos estatales en relación con los cuales tengan algún interés,
cuestión que de ninguna manera excluye la opción, que naturalmente continúa vigente, de que los
integrantes de tales consorcios o uniones temporales también puedan, si así lo deciden y siempre
que para ello satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el efecto,
comparecer a los procesos judiciales –bien como demandantes, bien como demandados, bien como
terceros legitimados o incluso en la condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según
corresponda–, opción que de ser ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las
exigencias relacionadas con la debida integración del contradictorio, por manera que, en aquellos
eventos en que varios o uno solo de los integrantes de un consorcio o de una unión temporal
concurran a un proceso judicial, en su condición individual e independiente, deberán satisfacerse las
reglas que deban aplicarse, según las particularidades de cada caso específico, para que los demás
integrantes del correspondiente consorcio o unión temporal deban o puedan ser vinculados en
condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda”.
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5. Caducidad
Comoquiera que el presente caso gira en torno a la responsabilidad precontractual de
la EIS Cúcuta S.A. E.S.P., la Sala abordará el examen de caducidad teniendo en
cuenta para ello el plazo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del CCA, según el
cual la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
De acuerdo con lo anterior, en el sub judice se advierte que el derecho de accionar
se ejerció en tiempo, esto es, dentro de los dos (2) años contados a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho que motivó la reclamación en la presente
demanda, teniendo en cuenta: (i) que el 26 de abril de 2007 la actora tuvo
conocimiento de la decisión adoptada por la entidad mediante la denominada
“Resolución n.º 000044” del 16 de abril de 2007 (hecho probado 6.1.1.13.); y (ii)
que la demanda se radicó el 8 de junio de 200753.
6. El caso concreto
Como quedó visto, los actos precontractuales proferidos por las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios se sujetan a las reglas del derecho
privado (F.J. 3.2.), de tal surte que el análisis del caso que ocupa la atención de la
Sala no tendrá como referente el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, sino las disposiciones civiles y comerciales en el contexto
de la responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo54.
En este sentido, según el artículo 863 del Código de Comercio las partes deberán
proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de
indemnizar los perjuicios que se causen. Por tanto, para que se configure la
responsabilidad precontractual del Estado, es menester que concurran los
presupuestos aludidos, es decir, la actuación contraria a la buena fe y la culpa.
53 Fl. 2 a 54, C. 1 y 2 a 52, C. 2.
54 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021.
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Al respecto, conviene señalar que a partir de lo expresamente consagrado en los
artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, a lo largo del iter
contractual los intervinientes deben obrar de conformidad con los postulados de la
buena fe, la cual “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado,
en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución lo
convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en
desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del
contrato”55. Así, según ha tenido la oportunidad de precisar esta Sección56, en la
etapa precontractual o de formación del negocio jurídico la buena fe impone el
respeto, entre otros, a los deberes de información, veracidad, lealtad y corrección.
Ahora bien, en el presente caso se encuentra acreditado que la EIS Cúcuta S.A.
E.S.P., por medio de la convocatoria n.º 001 de 2007, invitó a los oferentes
interesados a presentar propuestas, para luego, tras realizar la correspondiente
evaluación de los requisitos habilitantes y ponderables, seleccionar el ofrecimiento
más favorable para la entidad y así, posteriormente, suscribir el respectivo contrato
(hecho probado 6.1.1.1.).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala emerge con claridad que la invitación
efectuada por la Administración no constituyó una oferta en los términos del artículo
84557 del estatuto mercantil y mucho menos se trató de una licitación pública de las
reguladas en el artículo 86058 ibídem, pues a través de la misma no se realizó una
propuesta de negocio jurídico, sumado al hecho de que los ofrecimientos tampoco
suponían el nacimiento del contrato; de conformidad con las reglas previstas por la
entidad, para suscribir el contrato era menester adelantar todas las etapas del
proceso de selección, con las respectivas evaluaciones de los diferentes criterios,
para posteriormente, en caso de cumplir con el lleno de los mismos, seleccionar el
55 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de noviembre de 2012. Rad.: 22043.
56 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020.
Rad.: 42003. Sentencia del 28 de febrero de 2020. Rad.: 31628 y Sentencia del 22 de noviembre de
2021. Rad.: 51962.
57 “ARTÍCULO 845. <OFERTA ELEMENTOS ESENCIALES>. La oferta o propuesta, esto es, el
proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos
esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido
comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario”.
58 “ARTÍCULO 860. <LICITACIONES PLIEGO DE CARGOS>. En todo género de licitaciones,
públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la
celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor
postor, se desecharán las demás”.
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ofrecimiento más favorable y suscribir el acuerdo de voluntades, lo que abre paso
al examen del presente caso.
En este orden, en el marco de convocatorias o invitaciones a presentar ofertas59,
como la que adelantó la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. mediante la convocatoria n.º 001
de 2007, la Administración está en el deber de respetar las reglas de selección por
ella establecidas. Estas reglas, aunque no constituyen actos administrativos, son
actos jurídicos que gobiernan la negociación y que, por tanto, no pueden ser
desconocidos o desatendidos, pues se afectarían los deberes con los que aquella,
en virtud de la buena fe, debe comportarse en la fase precontractual60.
Al respecto, esta Subsección en sentencia del 22 de noviembre de 2021, al
examinar la responsabilidad precontractual del Estado por el desconocimiento de
las reglas de una invitación a contratar, manifestó que:
“[…] cuando un sujeto convoque a otros a presentar ofertas, definiendo —de forma
manifiesta, voluntaria y unilateral— los requisitos de los oferentes, así como unos
criterios de calificación de las ofertas y el procedimiento a seguir para contratar,
emite un acto jurídico unilateral, con el que, en ejercicio de la autonomía negocial,
se obliga. Con tal acto, a su vez, se genera en los destinatarios de la invitación a
ofertar, unas expectativas, por las cuales desarrollan unas actuaciones que pueden
tener un contenido patrimonial. Tales destinatarios y eventuales oferentes no tienen,
pues, el deber jurídico de soportar el menoscabo a los intereses jurídicos que
puedan padecer, como consecuencia de una actuación del convocante contraria a
sus propios actos, con la que es traicionada la buena fe”61.
Ahora bien, comoquiera que en el presente caso solo el Consorcio Manov-CPT
interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 6 de septiembre de 2018, de
59 Frente a la diferencia que existe entre una invitación a ofertar y una oferta propiamente dicha, esta
Subsección en sentencia del 28 de febrero de 2020 -Rad.: 31628- precisó que: “no toda intención
dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya invitación pública, supone la existencia
de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar o formular
ofertas. En este caso, la invitación pública no tendrá los efectos de la oferta, porque no tiene los
elementos esenciales del artículo 845 del C. Co. y, por ende, la sola respuesta a esa invitación no
implica la formación del contrato. Esta respuesta será una oferta que podrá ser aceptada por quien
invitó a los demás a participar en el proceso, luego de surtido un procedimiento que se caracteriza
por un anuncio -que no es oferta-, el concurso en sí mismo y “la escogencia del concursante que
reúne las mejores condiciones”. En el mismo sentido Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. Sentencia de 23 de noviembre de 1989. Gaceta Judicial n.º 2435, pág. 114. y
sentencia del 12 de agosto de 2002. Rad.: 6151 -citada en sentencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 2020. Rad.: 42003-.
60 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020.
Rad.: 31628
61 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021.
Rad.: 51962.
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 35762 del CPC se resolverá el asunto
sub-lite en aquello que el recurrente reprocha como desfavorable63.
En este orden, de conformidad con lo expuesto en precedencia la Sala analizará la
responsabilidad precontractual de EIS Cúcuta S.A. E.S.P. desde la órbita de la culpa
in contrahendo y, en tal sentido, entrará a determinar si la entidad pública respetó
las reglas establecidas en la convocatoria n.º 001 de 2007, atinentes: (i) a la carta
de presentación; (ii) a la garantía de seriedad de la oferta; (iii) a la experiencia de
su representante legal; (iv) a la información financiera de uno de los integrantes del
consorcio adjudicatario; (v) al pago de los aportes parafiscales de dos de los
integrantes del consorcio adjudicatario; y (vi) a la competencia residual de uno de
los integrantes del consorcio adjudicatario. Además, deberá establecer si, con
ocasión de la evaluación de la experiencia del director del equipo de trabajo del
consorcio demandante, la Administración actuó de forma contraria a los postulados
de la buena fe exenta de culpa.
Bajo esta óptica, a continuación se relacionarán los hechos probados y las pruebas
adicionales que resultan relevantes para decidir la controversia sometida a juicio.
6.1. Hechos probados y pruebas adicionales
En el caso concreto la Sala analizará los documentos aportados en copia simple,
siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista
alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una
determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201337.
62 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…) Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
63 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre de 2011. Rad.: 18082.
Respecto de la competencia del juez en segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en esta providencia se concluyó que, “(…) debe
quedar claro -desde ahora- que en todo caso la competencia de la Sala se circunscribirá a los
aspectos o temas apelados, es decir –según acontece en el proceso-, que de la infinidad de
pretensiones que hicieron parte de la demanda -algunas de las cuales concedió el a quo- la Sala sólo
se ocupará de revisar los aspectos que fueron objeto de inconformidad en el recurso de apelación.
Por ende, lo que la parte no planteó como motivo de diferencia con el a quo no será revisado en la
segunda instancia”.
37 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013. Rad.:
25022, en la que se manifestó que, “[…] Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que
componen el acervo del proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas,
pueden ser valoradas toda vez que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia
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6.1.1. Hechos probados
6.1.1.1. Está acreditado que en el mes de febrero de 2007 -sin día determinado-, la
EIS Cúcuta S.A. E.S.P. dio a conocer las condiciones para participar en la
convocatoria n.º 001 de 2007, cuyo objeto consistió en realizar la “interventoría
administrativa, técnica, ambiental, operativa, jurídica y financiera del contrato n.º
OJJ030-2006 para la operación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y gestión
comercial de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado de la ciudad de San José de Cúcuta”, según da cuenta copia simple
del pliego de condiciones64.
De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.5. del pliego, se estableció que
a la convocatoria podrían concurrir consorcios y uniones temporales, así:
“3.1.5 Consorcios y Uniones Temporales
En el evento en que las personas naturales o jurídicas participen en la presente
convocatoria a través de consorcios o uniones temporales deberán presentar en
original, el documento de constitución del consorcio o unión temporal, el cual deberá
contener:
a. Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal.
Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar los términos
y extensión, actividades y porcentaje de su participación en la propuesta
y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados son el
consentimiento previo y escrito de la E.I.S. Cúcuta S.A.;
b. (sic)
c. Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal
del consorcio o de la unión temporal. Si al representante legal del
consorcio o unión se le imponen limitaciones y este las excede, la
propuesta será rechazada;
d. (sic)
e. Señalar que la duración del consorcio o unión temporal no será inferior a
la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) años más.
f. (sic)
g. La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y la falta
de designación de representante legal, no son subsanables y generan el
rechazo de la propuesta”.
de la demandada, y solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue
coadyuvada por las demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción […] En consideración
a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en
el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado
en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales
con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no
han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento
aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además,
aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda”.
64 Fl. 1 a 86, C. Pruebas 1.
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Con relación a los requisitos legales y de participación, en el numeral 3.3 del pliego
quedó previsto que no podrían participar “quienes se encuentren en cualquiera de
las circunstancias previstas en el artículo 44.4 de la ley 142 de 1.994, en el numeral
4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y demás disposiciones legales vigentes”.
Además, se estableció que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 5065
de la Ley 789 de 200266, “[…] las personas jurídicas que integren o hagan parte de
un Proponente deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones durante los
últimos seis (6) meses con los subsistemas de seguridad social en salud, riesgos
profesionales y pensiones, así como el cumplimiento de los aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante la presentación de la
certificación expedida por su revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por su representante legal, según el caso […]”.
En lo que corresponde a la presentación de las propuestas, en el numeral 4.1. del
pliego se determinó que los ofrecimientos debían allegarse por escrito en un (1)
sobre original y dos (2) copias, debidamente numerados y con el respectivo índice.
Además, se precisó que las ofertas tenían que dividirse en los componentes jurídico,
técnico y económico, y que se deberían diligenciar todos los formatos. Asimismo, la
entidad fue enfática en señalar que no exigiría “[…] sellos, autenticaciones,
documentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas, traducciones
oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando
en forma perentoria lo exijan las leyes especiales”.
Frente al contenido de las propuestas, en el numeral 4.6. del pliego se dispuso que
le correspondía a los proponentes allegar, entre otros documentos: (i) la carta de
presentación, con el visto bueno del representante legal (numeral 4.6.2.); (iii) el
acuerdo consorcial o de unión temporal, especificando los integrantes, participación
porcentual y responsabilidades (numeral 4.6.4.); (iii) la garantía de seriedad de la
oferta, expedida por una entidad bancaria o una compañía de seguros legalmente
establecida en el país, a favor de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P., por valor de
$50.000.000 y con una vigencia mínima de 6 meses contados a partir del cierre de
la convocatoria y en caso de consorcios o uniones temporales se debía poner de
presente el nombre del consorcio, así como el de sus integrantes con la respectiva
participación y se precisó que “La no presentación de este documento es un
65 Que guarda relación con el control a la evasión de los recursos parafiscales.
66 "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo".
23
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requisito no subsanable” (numeral 4.6.5.); (iv) como parte de la información
financiera, el balance general y estado de pérdidas y ganancias con corte a 31 de
diciembre de 2005, firmados por un contador público o un revisor fiscal, requisito
que tratándose de consorcios o uniones temporales se debía acreditar de forma
separada por cada integrante (numeral 4.6.7.); y (viii) el paz y salvo por concepto
de aportes a parafiscales -aportes a empleados, sistema de salud, riesgos
profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA-
(numeral 4.6.9.).
En lo que guarda relación con la información financiera, en el numeral 6.5.5.1. del
pliego, igualmente quedó establecido que los proponentes deberían presentar el
balance general y estado de pérdidas y ganancias, y las notas a los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de 2005 “correspondientes a la declaración
de renta”, suscritos por el representante legal y por el contador o el revisor fiscal, y
en el numeral 6.5.5.2. se dispuso que era menester allegar la declaración de renta
del año 2005.
En cuanto al análisis y evaluación de los ofrecimientos, en el numeral 6.6. del pliego
se indicó que de la evaluación de los ofrecimientos calificados como admisibles se
seleccionaría al más favorable para la entidad y se establecieron como criterios de
evaluación: (i) la experiencia general y especifica del proponente, (ii) la experiencia
especifica de los profesionales -equipo de trabajo-; (iii) el enfoque, metodología,
plan de trabajo y organización; y (iv) la evaluación de la propuesta económica, así:
“Todas las propuestas presentadas válidamente, y clasificadas como ADMISIBES,
se analizarán bajo los parámetros, procurando con ello una selección objetiva que
permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la E.IS.
CUCUTA S.A. E.S.P. y para la ciudad de SAN JOSÉ DE CUCUTA […]
CRITERIO Puntaje
Máximo
EXPERIENCIA 350
▪ Experiencia General del Proponente 200
▪ Experiencia Específica del Proponente 150
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROFESIONALES 300
ENFOQUE, METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y 250
ORGANIZACIÓN
EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 100
TOTAL EVALUACIÓN 1000
6.6.1. Experiencia General del Proponente (200 puntos)
Los contratos que se podrán relacionar para acreditar la experiencia general serán:
24
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CONCEPTO
Gerencia de Proyectos, Dirección o Coordinación de Proyectos
Consultaría en Interventorías, Estudios o Asesorías o Auditorías
[…]
Para obtener el máximo puntaje, el proponente deberá demostrar una facturación
superior a 1000 SMLMV a través de la prestación de máximo seis (6) contratos cuya
fecha de terminación este comprendida en los últimos ocho (8) años antes de la
fecha de cierre de la presente convocatoria. El valor de la facturación se llevara (sic)
a pesos de diciembre 31 de 2006, con base en los siguientes valores de cada
contrato ejecutado en Colombia, a partir del mes siguiente de terminación del
Contrato. El valor de los SMLMV se calculara (sic) dividiendo el valor de la
facturación indexada a diciembre 31 de 2006 entre el SMLMV correspondiente al
año 2007. Para indexar los valores facturados a 31 de diciembre de cada año, se
deducirá, del acumulado anual del IPC de dicho año, los porcentajes
correspondientes a los meses anteriores a la fecha de terminación del contrato,
incluyendo el mes de terminación del contrato. El puntaje de las propuestas que no
cumplan lo requerido para obtener el puntaje máximo, se otorgará de manera
proporcional a los SMLMV acreditados por el proponente utilizando la siguiente
fórmula […]
6.6.2. Experiencia Específica del Proponente (150 Puntos)
Los contratos terminados o en ejecución en los últimos diez (10) años que podrán
relacionarse para la experiencia específica, serán:
CONCEPTO SMMLV PUNTAJE
MÁXIMO
▪ Contratos en Interventoría o Supervisión
Administrativa, Técnica, Operativa,
Económica, Financiera y Ambiental de
Concesiones de Operación de Servicios
Públicos domiciliarios terminados o en
150
ejecución, en municipios que cumplan con
el nivel de complejidad ALTO de acuerdo
con las condiciones establecidas por el
RAS 2000 y tenga como mínimo 50.000
suscriptores.
El puntaje máximo solo se otorgará a los contratos ejecutados en el país.
Para acreditar la experiencia específica de que trata el numeral 6.2.2 de este
PLIEGO DE CONDICIONES, además del certificado del ente CONTRATANTE se
deberá anexar copia del CONTRATO. No se aceptan subcontratos. Cuando se
registren diferencias entre la certificación de la experiencia específica y el contrato,
la propuesta es INHABIL, y no podrá evaluarse.
6.6.3. Experiencia de los profesionales postulados para realizar la interventoría (300
puntos)
PROFESIONAL Y TÉCNICO PUNTOS
▪ Director 80
▪ Especialista Financiero 50
▪ Ingeniero de Acueducto y Alcantarillado 50
▪ Especialista ambiental 40
▪ Especialista en Sistema Comercial y Tarifas 40
▪ Contador 20
▪ Abogado 20
TOTAL 300
25
Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
[…]
La calificación de cada profesional será asignada así:
Director (Máximo 80 Puntos)
Por estudios:
Título en Ingeniería Civil 15 puntos
Por Experiencia:
Un (1) punto por año de ejercicio profesional hasta un máximo de veinte puntos.
Cinco (5) puntos por cada consultoría de estudios y diseños de Redes de Acueducto
o alcantarillado, hasta un máximo de 20 puntos.
Cinco (5) puntos si ha participado como Interventor de Planes Maestros de
Acueducto o Alcantarillado, hasta un máximo de quince (15) puntos.
Diez (10) puntos por haber participado como ingeniero de diseño en al menos
un (1) plan maestro de acueducto o alcantarillado para una empresa de mas
de cincuenta mil suscriptores a la fecha del estudio.
[…]
6.5.5 (sic) Capacidad y disponibilidad financiera
La evaluación de la Solvencia Financiera del proponente no tendrá puntaje, pero la
falta de cualquier documento exigido o el no cumplimiento de uno (1) de los
indicadores, será causal de descalificación de la propuesta. La evaluación de la
Solvencia Financiera comprende:
(…)
6.5.6 (sic) Evaluación de la propuesta económica: 100 puntos
Para ser elegible TÉCNICAMENTE se deberá tener una calificación de
“ADMISIBLE” en la capacidad financiera y la suma del puntaje obtenido en la
propuesta técnica debe ser mayor a setecientos (700) puntos del total de
novecientos (900) puntos”. (negrillas y subrayas fuera de texto)
6.1.1.2. Quedó demostrado que el 6 de marzo de 2007, la EIS Cúcuta S.A. E.S.P.
modificó, entre otros apartes, el numeral 6.6.2. del pliego de condiciones, atinente
a la experiencia específica del proponente, según da cuenta copia simple de la
adenda n.º 467. El este sentido, la regla referida quedó de la siguiente manera:
CONCEPTO SMMLV PUNTAJE
MÁXIMO
67 Fl. 245 a 250, C. 1.
26
Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
▪ Contratos en Interventoría o Supervisión
Administrativa, o Técnica, u Operativa, o
Económica, o Financiera o Ambiental de
Concesiones de Operación de Servicios
Públicos domiciliarios terminados o en
150
ejecución, en municipios que cumplan con
el nivel de complejidad ALTO de acuerdo
con las condiciones establecidas por el
RAS 2000 y tenga como mínimo 50.000
suscriptores.
El puntaje máximo solo se otorgará a los contratos ejecutados en el país.
Para acreditar la experiencia específica de que trata el numeral 6.2.2 de este
PLIEGO DE CONDICIONES, además del certificado del ente CONTRATANTE se
deberá anexar copia del CONTRATO. No se aceptan subcontratos. Cuando se
registren diferencias entre la certificación de la experiencia específica y el contrato,
se tendrá en cuenta el contenido del contrato”.
6.1.1.3. Se acreditó que el 10 de abril de 2007, la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. modificó
el cronograma de la convocatoria y, entre otros, estableció como fecha de cierre del
proceso el 15 de marzo de 2007, según da cuenta copia simple de la adenda n.º
1068.
6.1.1.4. Consta que el 12 de marzo de 2007, la Previsora S.A. Compañía de
Seguros expidió la póliza n.º 1010879 en la que figura como tomador el Consorcio
Hidrogestión Cúcuta y como asegurado la “E.I.S. CUCUTA E.S.P. (sic)”. En la
garantía se amparó la seriedad de la oferta por valor de $50.000.000, con vigencia
desde el 13 de marzo de 2007 hasta el 29 de septiembre de 2007. Además, se
describió el objeto de la convocatoria y se relacionaron los integrantes del consorcio
con su respectiva participación, así: “COMPAÑÍA DE INGENIERIA CIVIL DE
CONSTRUCCIONES LTDA “CICICO LTDA 10% […] HERNANDO JOSE GARCIA
AMAYA 1% […] BETTY PARADA MONTES 89%”. Lo anterior, según da cuenta
copia auténtica de la póliza expedida el 12 de marzo de 2007, aportada al proceso
por la compañía de seguros69.
6.1.1.5. Se acreditó que el 15 de marzo de 2007, La Previsora S.A. Compañía de
Seguros, por solicitud del tomador, modificó la póliza n.º 1010879, en el sentido de
corregir el objeto de la convocatoria y precisar el nombre del asegurado. Según se
desprende de la modificación referida, el afianzado fue el Consorcio Hidrogestión
Cúcuta y el asegurado la “E.I.S. CUCUTA S.A. E.S.P.”, y se garantizó la seriedad
de la oferta por valor de $50.000.000, con vigencia desde el 13 de marzo de 2007
68 Fl. 250 y 261, C. 1.
69 Fl. 335, C. 2.
27
Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
hasta el 29 de septiembre de 2007. En la modificación nuevamente se describió el
objeto de la convocatoria -corregido- y se relacionaron los integrantes del consorcio
con su respectiva participación, así: “COMPAÑÍA DE INGENIERIA CIVIL DE
CONSTRUCCIONES LTDA CICICO LTDA 10% […] HERNANO (sic) JOSE
GARCIA AMAYA 1% […] BETTY PARA (sic) MONTES 89%”. Lo anterior, según da
cuenta copia auténtica de la modificación a la póliza del 15 de marzo de 2007,
aportada al proceso por la compañía de seguros70.
6.1.1.6. Está probado que a la convocatoria se presentaron: (i) el Consorcio Concol-
Buhols; (ii) el Consorcio Manov-CPT; (iii) el Consorcio Aguas del Norte; (iv) el
Consorcio Hidrogestión Cúcuta (integrado por Betty Parada Montes, la sociedad
Cicico Ltda. y Hernando José García Amaya); y (v) el Consorcio Interventoría y
Gestión, según da cuenta copia simple de las propuestas71 y del informe de
evaluación72.
De cara a la controversia sometida a juicio, se probó que el oferente Consorcio
Hidrogestión Cúcuta, entre otros, aportó con su ofrecimiento el acuerdo consorcial
suscrito por sus integrantes, en el que se puso de presente su participación (Betty
Parada Montes con un 89% de participación, Cicico Ltda. con un 10% de
participación y Hernando José García Amaya). Además, se indicó que Betty Parada
Montes sería la representante legal, se establecieron sus facultades y se informó
acerca de la responsabilidad de cada integrante.
Igualmente, allegó el formulario n.º 1, correspondiente a la carta de presentación de
la propuesta, que fue suscrito, por un lado, por su representante legal -Betty Parada
Montes- y, por el otro, por la totalidad de sus integrantes -Betty Parada Montes, el
representante legal de la sociedad Cicico Ltda. y Hernando García Amaya-.
De igual modo, aportó la modificación a la póliza n.º 1010879 del 15 de marzo de
2007, expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros y, en lo que atañe a la
información financiera de Betty Parada Montes, el proponente arrimó a la
convocatoria el balance general, estado de ganancias y pérdidas, las notas a los
estados financieros y el análisis financiero con corte a 31 de diciembre de 2005,
avalados por la contadora Fanny Yáñez Vera, así como también su declaración de
renta del año 2005.
70 Fl. 337 y 337, C. 2.
71 Fl. 241 CD.
72 Fl. 126 a 186, C. Pruebas 1.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
Finalmente, aportó los certificados expedidos por Betty Parada Montes, la sociedad
Cicico Ltda. y Hernando José García Amaya, en los que se indicó que se
encontraban a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, riesgos
profesionales, pensiones, caja de compensación, ICBF y SENA.
6.1.1.7. Se probó que el 26 de marzo de 2007, el comité evaluador dio a conocer el
informe de evaluación, según da cuenta copia simple del informe y de sus anexos73.
Con relación a la experiencia general y específica, y al consolidado de experiencias,
en el informe se estableció el siguiente puntaje:
“A. EXPERIENCIA GENERAL:
[…]
PROPONENTE PUNTAJE
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 200
2. CONSORCIO MANOV-CPT 200
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 200
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 200
5. CONSORCIO INTERVENTORIA Y GESTION 0
B. EXPERIENCIA ESPECIFICA
[…]
TABLA 2
PROPONENTE PUNTAJE
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 150
2. CONSORCIO MANOV-CPT 150
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 150
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 150
5. CONSORCIO INTERVENTORIA Y GESTION 150
TABLA 3
CONSOLIDADO DE EXPERIENCIAS
PROPONENTE TOTAL PUNTAJE
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 350
2. CONSORCIO MANOV-CPT 350
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 350
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 350
5. CONSORCIO INTERVENTORIA Y GESTION 150
En cuanto a la experiencia de los equipos de trabajo, en el informe quedó
establecido el siguiente puntaje:
C. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
[…]
TABLA 4
PROPONENTE TOTAL PUNTAJE
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 275
2. CONSORCIO MANOV-CPT 280
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 242
73 Fl. 126 a 186, C. Pruebas 1.
29
Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 282
5. CONSORCIO INTERVENTORIA Y GESTION 266
A este respecto, en el anexo técnico se describió el puntaje otorgado a los equipos
de trabajo de cada proponente y en lo que respecta al puntaje otorgado al Director
del Consorcio Manov-CPT se afirmó lo siguiente:
PROPONENTE 2 [se refiere al Consorcio Manov-CPT] PUNTOS
DIRECTOR
JOSE MARIA SIERRA CARRASQUILLA
15
TITUTLO: INGENIERO CIVIL
EJECICIO PROFESIONAL 20
CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE DISEÑOS DE
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 20
INTERVENTORIA DE PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 15
INGENIERO DE DISEÑO DE PLAN MAESTRO 10
TOTAL 80
Con relación a evaluación del enfoque, metodología, plan de trabajo y organización,
los puntajes asignados por el comité fueron los siguientes:
[…]
“TABLA 5
PROPONENTE TOTAL PUNTAJE
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 250
2. CONSORCIO MANOV-CPT 250
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 250
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 250
5. CONSORCIO INTERVENTORIA Y GESTION 250
En lo que atañe a la calificación económica, el comité precisó que el ofrecimiento
del Consorcio Interventoría y Gestión no sería evaluado, pues no alcanzó el puntaje
máximo requerido para tal efecto, esto es, 700 puntos, tras lo cual asignó el
siguiente puntaje a los ofrecimientos que fueron objeto de calificación:
“TABLA 7
PROPONENTE TOTAL PUNTAJE
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 98
2. CONSORCIO MANOV-CPT 98
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 89
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 100
En tal sentido, y después de evaluar todos los criterios ponderables, el comité
asignó el puntaje final y estableció el orden de elegibilidad, así:
30
Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 982
2. CONSORCIO MANOV-CPT 978
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 973
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 931
6.1.1.8. Está probado que el 11 de abril de 2007, el oferente Consorcio Hidrogestión
Cúcuta, por solicitud de la Administración, allegó la póliza n.º 1010879 del 12 de
marzo de 2007, tal y como costa en copia simple del oficio de la fecha suscrito por
la representante legal del consorcio y del certificado de expedición74.
6.1.1.9. Quedó demostrado que el 29 y 30 de marzo de 2007, el Consorcio Manov-
CPT presentó observaciones al informe de evaluación, según da cuenta copia
simple de sus escritos75. Con relación a la propuesta formulada por el Consorcio
Hidrogestión Cúcuta, adujo: (i) que la firma del representante legal de la sociedad
Cicico Ltda., no cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 4.6.2. del
pliego, porque estaba escaneada; (ii) que el término de duración del Consorcio no
cumplió con los requisitos de la convocatoria; (iii) que el oferente no cumplió con el
requisito de prestación de la garantía de seriedad de la oferta; (iv) que la información
financiera de Betty Parada Montes presentaba inconsistencias; (v) que lo certificado
en cuanto al pago de parafiscales no correspondía con la realidad; (vi) que la
sociedad Cicico Ltda. manifestó haber culminado un contrato, pero lo cierto es que
el negocio jurídico se encontraba en ejecución, de tal suerte que la información
atinente a la capacidad residual no era concordante; (vii) que no se aportó el plan
de trabajo ni el organigrama de acuerdo con la metodología requerida por la entidad;
y (viii) que varios de los factores de la propuesta económica no se discriminaron.
6.1.1.10. Está acreditado que el 2 de abril de 2007, el Consorcio Aguas del Norte
presentó observaciones al informe de evaluación, según da cuenta copia simple de
su escrito76. En lo que guarda relación con la propuesta formulada por el Consorcio
Manov-CPT, entre otros, manifestó que el oferente no acreditó en que su director
hubiera participado como ingeniero de diseño en al menos un (1) plan maestro de
acueducto o alcantarillado para una empresa de más de 50.000 suscriptores, de tal
suerte que había lugar a restarle 10 puntos a la evaluación.
74 Fl. 241 CD.
75 Fl. 115 a 122 y 187 a 199, C. Pruebas 1.
76 Fl. 105 a 112, C. Pruebas 1.
31
Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
6.1.1.11. Consta que el 16 de abril de 2007, la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. dio respuesta
a las observaciones presentadas por los oferentes, según da cuenta copia simple del
documento contentivo de las respuestas77.
Con relación a los cuestionamientos presentadas por el Consorcio Manov-CPT frente
a la propuesta del Consorcio Hidrogestión Cúcuta, la Administración refirió: (i) que la
representante legal del consorcio suscribió la carta de prestación; (ii) que el consorcio
estaría conformado durante un tiempo mayor al de la ejecución del contrato; (iii) que
la garantía de seriedad de la oferta cumplió con los requisitos del pliego, pues se indicó
su valor, beneficiario, vigencia e integrantes del consorcio; (iv) que la información
financiera de Betty Parada Montes se tomó de su declaración de renta; (v) que las
certificaciones aportadas dan cuenta del pago de parafiscales; (vi) que había lugar a
modificar la capacidad residual del proponente, porque uno de los integrante del
consorcio omitió restar de la capacidad total un contrato que se encontraba en
ejecución, de tal suerte que se aceptó la observación; (vii) que el plan de trabajo y el
organigrama cumplieron con la metodología prevista en el pliego; y (viii) que el
proponente presentó de forma adecuada los factores económicos de la propuesta.
De otro parte, en cuanto a las observaciones formuladas por el Consorcio Aguas del
Norte frente a las certificaciones aportadas por el Consorcio Manov-CPT para acreditar
la experiencia del director del equipo de trabajo, el comité precisó lo siguiente:
“SEGUNDA OBSERVACIÓN
Personal
Director
Manifiesta el proponente que dentro de las certificaciones anexas a la propuesta no se
anexa una que cumpla que haya participado como ingeniero de diseño en un plan
maestro de acueducto y alcantarillado para una empresa de más de cincuenta mil
suscriptores a la fecha del estudio. Solicita se reconsidere el puntaje otorgado.
Manifiesta el proponente que se debe revisar la calificación asignada a este profesional
por no ser clara la certificación que anexa por no indicar la duración de los distintos
proyectos, en los cuales participó y no se indica la duración de los proyectos. Solicita
se disminuya el puntaje asignado.
RESPUESTA.
A folios 152 a 209 aparecen un inventario de proyectos y certificaciones del que se hizo
un barrido especifico para determinar si hubo un error en la evaluación inicial y si las
certificaciones cumplieron o no con el perfil especifico, que para este caso era ser
ingeniero de diseño en al menos un plan maestro de acueducto y alcantarillado para
una empresa de mas de 50.000 suscriptores a la fecha del estudio, es así como
redefiniendo la búsqueda solamente analizaremos los documentos que contienen
planes maestros de acueducto y alcantarillado:
77 Fl. 204 a 264, C. Pruebas 1.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
A folio 182 aparece una certificación del FONADE en el que certifica que la firma
MANOV realizó los estudios de plan maestro y los diseños para el acueducto de la
inspección de Cambao en el municipio de San Juan de Rioseco, a pesar de existir un
contrato entre MANOV y el ing. Carrasquilla este plan maestro no prueba que sea en
empresa de servicios públicos de más de 50.000 suscriptores, por lo tanto no cumple
con el perfil especifico.
A folio 194 aparece una certificación en relación a que INGETEC, realizó estudio de
interventoría general a un plan maestro, no un diseño, por lo tanto no se acepta.
A folio 196 y 197 aparece una certificación de INGETEC S.A en la que certifica que el
ing. SIERRA CARRASQUILLA se desempeñó como ing. Jefe de sección no aclarando
la sección en que trabajó, sin embargo incluye el cálculo y diseño dentro del plan
maestro del acueducto de alcantarillado, pero no se especifica que Villavicencio tenga
más de 50.000 suscriptores a la fecha del estudio, y pudiendo aclararlo en la propuesta
o en las observaciones no se realizó.
A folio 202 aparece que el Ing. SIERRA CARRASQUILLA, sí participó como ing. De
Diseño y coordinó planes maestros de acueducto y alcantarillado en varios municipios
entre ellos Armenia y Villavicencio, pero no se certifica que a esa fecha tuvieran los
50.000 suscriptores, por tanto no cumple uno de los elementos específicos que se
exigen en el pliego.
Por lo anterior, se acepta la observación y se le descontarán los 10 puntos que
se le otorgaron en la evaluación por haber participado como ing. de diseño en al
menos un plan maestro de acueducto y alcantarillado de una empresa de
servicios públicos de más de 50.000 suscriptores a la fecha del estudio”.(negrillas
fuera de texto)
A continuación, el comité evaluador, a partir de todas las observaciones presentadas
por los oferentes, actualizó el informe de evaluación otorgando los siguientes puntajes
finales:
“TABLA CONSOLIDADO PERSONAL PROFESIONAL
PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 247
2. CONSORCIO MANOV-CPT 261
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 261
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 290
5. CONSORCIO INTERVENTORIA Y GESTION 243
[…]
Por lo anterior y una vez realizada la ponderación de cada uno de los ítems
calificables, los puntajes obtenidos por los proponentes son:
PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 945
2. CONSORCIO MANOV-CPT 959
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 950
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 990
6.1.1.12. Está probado que el 16 de abril de 2007 se llevó a cabo la audiencia de
adjudicación, según da cuenta copia de algunos apartes del acta de la audiencia78.
En el marco de la audiencia, el Consorcio Interventoría y Gestión presentó
78 Fl. 265 a 279, C. Pruebas 1.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
observaciones a las certificaciones aportadas por el Consorcio Hidrogestión Cúcuta
para acreditar el pago de parafiscales, petición que fue coadyuvada por el Consorcio
Manov-CPT, quienes afirmaron que el proponente adjudicatario presentaba deudas
por este concepto.
6.1.1.13. Se acreditó que por medio de la Resolución n.º 000044 del 16 de abril de
2007 -acto jurídico-, comunicada a la parte demandante el 26 de abril de 2007, la
EIS Cúcuta S.A. E.S.P. adjudicó la convocatoria n.º 001 de 2007 al Consorcio
Hidrogestión Cúcuta, según da cuenta copia simple de la decisión79 y del original
del oficio 0421 suscrito por el Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad80.
6.1.1.14. Consta que el 21 de diciembre de 2007, la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. y el
Consorcio Hidrogestión Cúcuta celebraron el contrato de interventoría n.º OJ-008
de 2007, según da cuenta copia auténtica del negocio jurídico81.
6.1.2. Pruebas adicionales
Además de las pruebas documentales que dan cuenta de los hechos probados
anteriormente referidos, dentro del proceso reposan y se practicaron las siguientes
pruebas:
6.1.2.1. Obra el testimonio rendido por Eduardo Antonio Rodríguez Silva, quien
laboró en el área de contaduría del municipio de Cúcuta en el año 2007 y, además,
hizo parte del comité que evaluó las propuestas presentadas en el marco de la
convocatoria n.º 001 de 2007, particularmente el componente económico. En su
relato afirmó que los ofrecimientos cumplieron con las condiciones establecidas en
la convocatoria, de tal suerte que fueron habilitadas. Indicó que en la audiencia de
adjudicación los proponentes presentaron observaciones, que fueron resueltas por
el área correspondiente, es decir, la técnica, la jurídica y la financiera. Afirmó que el
comité evaluador solo determinó si los proponentes cumplieron o no con las
condiciones del pliego y que el encargado de adjudicar fue el gerente de la Empresa.
Precisó que no advirtió irregularidad alguna en la convocaría y que la evaluación
económica se desarrolló de conformidad con las reglas. Manifestó no acordarse
específicamente de las observaciones que se presentaron frente al ofrecimiento
allegado por el Consorcio Hidrogestión Cúcuta. Tras ponerle de presente la
79 Fl. 22 y 23, C. 1.
80 Fl. 25, C. 1.
81 Fl. 466 a 487, C. 1.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
observación relacionada con las inconsistencias en la información financiera de
Betty Parada Montes, el testigo afirmó que para la evaluación de la propuesta del
consorcio adjudicatario tuvo en cuenta la declaración de renta de la señora Parada
Montes, porque se presume que la información allí contenida es cierta, pero afirmó
no acordarse de los detalles.
6.1.2.2. Igualmente, reposa el testimonio rendido por Xiomara Astrid Granados,
quien hizo parte del comité que evaluó las propuestas presentadas en el marco de
la convocatoria n.º 001 de 2007, puntualmente el componente técnico. En su
declaración afirmó que estuvo presente en la audiencia de adjudicación. Precisó
que la convocatoria fue adjudicada al consorcio representado por Betty Parada
Montes. Manifestó que durante la audiencia se presentaron observaciones que
fueron atendidas por la Administración. Refirió que el comité evaluador estaba
dividido en tres grupos: el técnico, el jurídico y el financiero, y que cada uno evaluó
lo que le correspondía. Adujo que no se acordaba si alguna de las propuestas fue
rechazada. Precisó que una vez realizó la evaluación a su cargo se la entregó al
gerente de la Empresa. Adujo no acordarse de las observaciones que se
presentaron en la audiencia. Refirió que la evaluación técnica de las propuestas se
adelantó de conformidad con las reglas de la convocatoria y que para evaluar la
propuesta del consorcio adjudicatario, así como los demás ofrecimientos, tuvo en
cuenta la experiencia específica, la general y el precio. Indicó no acordarse
concretamente de los requisitos establecidos en el pliego para evaluar el
ofrecimiento del proponente adjudicatario, reiterando al respecto que para dicha
labor tuvo en cuenta las reglas de la convocatoria. Afirmó no acordarse de la
calificación de los proponentes
La Sala estima que las declaraciones referidas carecen de eficacia probatoria,
comoquiera que, de cara al fondo de la controversia y puntualmente a las
reclamaciones elevadas por la parte actora, no brindan información ni mayor detalle
acerca de la evaluación efectuada a la oferta allegada por el Consorcio Hidrogestión
Cúcuta, ni respecto de las observaciones presentadas frente a la misma. Tampoco
dan cuenta de los pormenores de las respuestas otorgadas por la Administración,
ni de las circunstancias particulares que rodearon la adjudicación de la convocatoria.
Por el contrario, los testigos manifestaron no acordarse de las observaciones
presentadas, ni de las condiciones puntuales previstas en la convocatoria para su
adjudicación, ni tener presente si alguna propuesta fue rechazada, de tal suerte que
no brindan elementos de convicción que conduzcan a resolver el asunto sub judice.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
6.1.2.3. Obran las copias auténticas de las declaraciones de renta de la señora Betty
Parada Montes, correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007, aportadas al proceso por la División de Gestión y Asistencia al Cliente,
Seccional Cúcuta, de la DIAN82.
6.1.2.4. Asimismo, reposa copia simple de la relación de usuarios y cobertura de la
red de acueducto y alcantarillado de varias ciudades del país, entre ellas, Bogotá,
Cali, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, correspondiente a los años 1998 a 2001,
allegada al plenario por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios83.
6.1.2.6. Igualmente, obra el dictamen pericial84 rendido por la contadora pública
Doris Yazmin Pabuence Hernández, cuyo objeto consistió en “cuantificar el Lucro
Cesante y Daño emergente reclamado por la parte actora, que trae en causa por la
adjudicación de un Concurso o Convocatoria Pública No. 001 de 2007 realzada por
la EIS Cúcuta E.S.P.”. Como la prueba recae sobre el componente indemnizatorio
de la demanda, será valorada en caso de que se acredite la responsabilidad
precontractual de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P.
6.2. Análisis de la Sala
La parte actora alega, por un lado, que la propuesta del consorcio adjudicatario no
cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria, puntualmente en cuanto
a: la carta de presentación del ofrecimiento, la presentación de la garantía de
seriedad de la oferta, la experiencia de su representante legal, la información
financiera de uno de sus integrantes, el pago de los aportes parafiscales de dos de
los integrantes y la capacidad residual; y, por el otro, que la entidad pública se
equivocó al evaluar su ofrecimiento, pues le restó puntaje frente a la experiencia del
director de su equipo de trabajo.
En este orden de ideas, a partir de los cargos invocados en la demanda, la Sala
entrará a examinar si con ocasión de la evaluación de las ofertas y la selección del
contratista efectuadas por la EIS Cúcuta S.A. E.S.P en el marco de la convocatoria
n.º 001 de 2007, la entidad transgredió los deberes que le asistían en la fase
precontractual y si, por tanto, se causó un daño antijurídico a la parte demandante.
82 Fl. 267 a 288, C. 1.
83 Fl. 338, 339, 341, 342 y 374 a 376, C. 2.
84 Fl. 343 a 355, C. 2.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
6.2.1. La actora alegó que la carta de presentación del ofrecimiento allegada por el
Consorcio Hidrogestión Cúcuta no cumplió con los requisitos establecidos en la
convocatoria, porque no fue aportada con la firma original de todos sus integrantes,
pues la firma de Hernando José García Amaya “estaba digitalizada (escaneada) y
copiada en el original de la carta”.
Según las pruebas obrantes en el proceso, puntualmente el pliego de condiciones
(hecho probado 6.1.1.1.), los oferentes debían allegar su ofrecimiento por escrito
(numeral 4.1. del pliego), adjuntando para tal efecto los formatos establecidos por
la entidad y, entre ellos, la carta de presentación de la propuesta, la cual debía estar
avalada por el representante legal del proponente. Además, tratándose de
consorcios era menester que el oferente aportara el acuerdo consorcial, indicando
sus integrantes, participación porcentual y responsabilidades (numerales 4.6.2. y
4.6.3. del pliego).
En tal sentido, tras examinar el ofrecimiento presentado por el Consorcio
Hidrogestión Cúcuta (hecho probado 6.1.1.6.), se advierte que el proponente allegó
la carta de presentación de la oferta firmada por su representante legal -Betty
Parada Montes-, así como también por sus integrantes, es decir, por Betty Parada
Montes, por el representante legal de la sociedad Cicico Ltda. y por Hernando José
García Amaya. En este último caso, es decir, en lo que respecta al señor García
Amaya, se observa que su firma fue escaneada o digitalizada.
Sumado a lo anterior, se aprecia que el oferente adjudicatario aportó, entre otros, el
acuerdo consorcial en el que se enlistaron los integrantes del consorcio y su
porcentaje de participación, así: Betty Parada Montes con un 89% de participación,
la sociedad Cicico Ltda. con un 10% de participación y Hernando José García
Amaya con un 1% de participación. Además, se indicó que Betty Parada Montes
sería la representante legal y que, en tal sentido, estaría facultada para “firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el
contrato y tomar todas las determinaciones que fueran necesarias respecto a la
liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades” (hecho probado
6.1.1.6.).
Bajo el anterior contexto probatorio, en lo que atañe a la carta de presentación de
la oferta, la Sala no encuentra acreditado que la conducta de la entidad pública
demandada haya sido contraria a los deberes que le asistían en la etapa
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
precontractual, porque no se probó que se hubiera apartado de las condiciones
establecidas en la convocatoria, tal como pasa a exponerse.
Al efecto, se aprecia que en la convocatoria n.º 001 de 2007 la EIS Cúcuta S.A.
E.S.P., contrario a lo aducido en la demanda, no se estableció que la carta de
presentación tendría que estar firmada en original y mucho menos que tratándose
de consorcios o uniones temporales debería estar suscrita por todos sus
integrantes. Por el contrario, según las reglas fijadas por la Administración, tan solo
era necesario que aquella estuviese precedida del visto bueno del representante
legal del oferente, como ocurrió en el presente caso, en el que la carta de
presentación del Consorcio Hidrogestión Cúcuta fue firmada por su representante
legal -Betty Parada Montes-, quien, por demás, estaba facultada para tal efecto
(hecho probado 6.1.1.6.).
Con todo, aun en el evento en el que se hubiese concluido que la carta de prestación
de la oferta presentada por consorcios o uniones temporales debía estar signada o
avalada por todos sus integrantes, se advierte que la oferta presentada por el
Consorcio Hidrogestión Cúcuta, además de estar suscrita por su representante
legal, fue firmada por los integrantes del consorcio (hecho probado 6.1.1.6.), y que,
si bien la firma de Hernando José García Amaya aparece escaneada o digitalizada,
dicha circunstancia no iría en contra de las reglas de la convocatoria, pues en el
pliego la Administración estableció expresamente que no exigiría “[…] sellos,
autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas,
traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales,
salvo cuando en forma perentoria lo exijan las leyes especiales” (hecho probado
6.1.1.1.), de acuerdo con lo cual podrían presentarse ofertas incluyendo firmas
escaneadas o digitalizadas.
En suma, la Sala concluye que la entidad pública demandada no transgredió los
deberes a su cargo en la fase precontractual, pues la carta de prestación allegada
por el oferente adjudicatario, contrario a lo afirmado en la demanda, cumplió con las
condiciones establecidas en la convocatoria.
6.2.2. Por otro lado, el demandante alegó que la garantía de seriedad de la oferta
del consorcio adjudicatario no cumplió con las condiciones de la convocatoria,
porque “no se presentó el original de la póliza sino un certificado de modificación,
los nombres de los asegurados no corresponden con los nombres de las personas
que integran el CONSORCIO y no se identifican siquiera con número de cédula”.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
De conformidad con las reglas de la convocatoria, puntualmente lo establecido en
el numeral 4.6.5. del pliego, los oferentes estaban en la obligación de allegar con su
propuesta “una garantía de seriedad de la misma, expedida por una entidad
bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el país. La garantía
deberá otorgarse por el proponente a favor de E.I.S. CUCUTA S.A. E.S.P. por una
suma fija de $50.000.000 de pesos moneda corriente, con una vigencia mínima de
seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria […] En
caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, la garantía debe
constituirse a favor de E.I.S. CUCUTA S.A. E.S.P. indicando los integrantes del
consorcio o unión temporal y la denominación del consorcio o unión temporal […]
La no presentación de este documento es un requisito no subsanable” (hecho
probado 6.1.1.1.).
A este respecto, en el proceso quedó acreditado que el consorcio adjudicatario
presentó con su oferta la modificación de la póliza n.º 1010879 del 15 de marzo de
2005, expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros (hecho probado
6.1.1.6.), documento que, más allá de un simple certificado como lo afirma la actora,
en estricto sentido se trata de la modificación a la póliza originalmente suscrita por
el oferente el 12 de marzo de 2007 (hecho probado 6.1.1.4.). De hecho, según se
desprende del documento, que igualmente fue aportado al proceso en copia
auténtica por la aseguradora (hecho probado 6.1.1.5.), la Sala observa que el
Consorcio Hidrogestión Cúcuta constituyó a favor de la E.I.S. Cúcuta S.A. E.S.P.
una garantía de seriedad de la oferta por valor de $50.000.000, con vigencia desde
el 13 de marzo de 2007 y hasta el 29 de septiembre de 2007. Asimismo, en la
modificación se señaló el nombre de los integrantes del consorcio y su porcentaje
de participación así: “BETTY PARA (sic) MONTES” 89%, Compañía de Ingeniería
Civil de Construcción Ltda. -Cicico Ltda.- 10% y “HERNANO (sic) JOSE GARCIA
AMAYA” 1% y, finalmente, se indicó que “por el presente certificado y a solicitud del
tomador se corrige el nombre del asegurado y el objeto del contrato”.
De otro lado, consta que el 11 de abril de 2007, por solicitud de la Administración,
el consorcio adjudicatario presentó la póliza n.º 1010879 del 12 de marzo de 2007,
que en efecto se trata de la póliza original, expedida por La Previsora S.A.
Compañía de Seguros (hecho probado 6.1.1.8.), documento que, igualmente, fue
aportado al proceso en copia auténtica por la aseguradora (hecho probado 6.1.1.4.).
A partir del contenido de este documento, se advierte que el tomador de la póliza
fue el Consorcio Hidrogestión Cúcuta, que el asegurado lo fue la “E.I.S. CUCUTA
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
E.S.P. (sic)”, que el amparo cubierto fue la seriedad de la oferta, que el valor se
acordó en la suma de $50.000.000 y que la vigencia de la póliza comprendió desde
el 13 de marzo de 2007 y hasta el 29 de septiembre de la misma anualidad. Además,
en la póliza también se indicaron los nombres de los integrantes del consorcio y su
porcentaje de participación, así: “BETTY PARADA MONTES” 89%, COMPAÑÍA DE
INGENIERÍA CIVIL DE CONSTRUCCIÓN LTDA. -CICICO LTDA.- 10% Y
HERNANDO GARCÍA AMAYA 1%”.
Bajo el anterior contexto probatorio, para la Sala resulta claro que la Administración
no desconoció los deberes propios de la buena fe en la etapa precontractual, porque
la propuesta presentada por el oferente adjudicatario, de conformidad con las reglas
establecidas en la convocatoria, estuvo acompañada de la garantía de seriedad de
la oferta -póliza n.º 1010879- y no de un “certificado” como lo pretende hacer valer
la actora, garantía que fue expedida por una compañía de seguros debidamente
autorizada, por el valor y vigencia solicitados por la entidad y en la se indicaron los
datos requeridos por la Administración.
En efecto, según se desprende de la modificación a la póliza n.º 1010879 del 15 de
marzo de 2007, se advierte que La Previsora S.A. Compañía de Seguros expidió
una garantía de seriedad de la oferta en la que figuraba como afianzado el
Consorcio Hidrogestión Cúcuta y como beneficiario la E.I.S. Cúcuta S.A. E.S.P por
valor de $50.000.000 y con vigencia desde el 13 de marzo de 2007, esto es, dos (2)
días antes del cierre del proceso contractual (hecho probado 6.1.1.3.), hasta el 29
de septiembre de 2007 – durante más de 6 meses-. Además, en la garantía se
informó el nombre del consorcio -Hidrogestión Cúcuta-, así como el de sus
integrantes y la participación de cada uno -Betty Parada Montes con un 89% de
participación, Cicico Ltda. con un 10% de participación y Hernando José García
Amaya con un 1% de participación- (hechos probados 6.1.1.5. y 6.1.1.6.), todo lo
cual permite concluir que con su ofrecimiento el consorcio adjudicatario arrimó la
información requerida por la entidad.
Ahora bien, la Sala no pasa por alto que en la modificación a la póliza n.º 1010879
del 15 de marzo de 2005 se plasmó de forma errónea el nombre de dos (2) de los
integrantes del consorcio adjudicatario, pues en efecto se indicó que aquel estaba
integrado por “BETTY PARA (sic) MONTES” y por “HENANDO (sic) JOSE GARCIA
AMAYA”. Sin embargo, dicha circunstancia no da cuenta de que la entidad pública
hubiese desatendido los deberes a su cargo durante la fase precontractual; una
cosa es no presentar la garantía -que daba lugar al rechazo del ofrecimiento
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
(numeral 4.6.5. del pliego)- y otra completamente diferente presentarla con errores
de forma.
Frente a este último particular, se observa que la E.I.S. Cúcuta S.A. E.SP., con
ocasión de los errores de forma que advirtió en la garantía aportada por el oferente
adjudicatario, adelantó las gestiones pertinentes a efectos de validar la información,
pues en efecto se probó que el 11 de abril de 2007 el Consorcio Hidrogestión
Cúcuta, por solicitud de la Administración, allegó la póliza original expedida por La
Previsora S.A. Compañía de Seguros el 12 de marzo de 2007, en la que, como
quedo visto (hecho probado 6.1.1.4.), estaban relacionados de forma adecuada los
nombres de los integrantes del consorcio, todo lo cual le permitía inferir que la
garantía se otorgó en los términos señalados en la convocatoria y que la entidad
adelantó las gestiones pertinentes para confirmar la información, como le
correspondía.
Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con las reglas establecidas por la entidad
pública demandada, en la garantía de seriedad de la oferta no era menester
incorporar los números de las cedulas o el número de identificación tributaria -Nit de
sus integrantes, como erróneamente lo pretende hacer valer la parte actora; tan solo
se dispuso que se debería insertar su nombre con el porcentaje de participación,
como en efecto ocurrió.
En este orden, resulta forzoso concluir que no está probado que la entidad pública
hubiese desconocido sus deberes durante la etapa precontractual, porque, contrario
a lo afirmado en la demanda, la demandada observó las reglas de la convocatoria
al advertir que la propuesta del oferente adjudicatario estuvo acompañada de la
garantía de seriedad de la oferta con los requisitos establecidos por la entidad para
tal efecto.
6.2.3. De otra parte, la actora alegó que la representante legal del consorcio
adjudicatario -Betty Parada Montes- no demostró haber laborado desde el año 2000
y que tampoco tenía experiencia en consultorías o interventorías relacionadas con
el mantenimiento de obras de acueducto y alcantarillado.
A este respecto, tras examinar el pliego de condiciones de la convocatoria n.º 001
de 2007, se advierte que la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. no estableció la experiencia de
los representantes legales de los oferentes como requisito habilitante o ponderable,
de tal suerte que la experiencia laboral de la señora Parada Montes no era un factor
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Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
a tener en cuenta por la Administración en la etapa precontractual (hecho probado
6.1.1.1.).
A juicio de la Sala, la actora confunde los criterios de evaluación de las propuestas,
puntualmente la experiencia general (numeral 6.6.1. del pliego), la experiencia
específica (numeral 6.6.2. del pliego) y la experiencia de los equipos de trabajo
(numeral 6.6.3. del pliego), con la experiencia de la representante legal del
consorcio adjudicatario, que se itera, no tenía incidencia alguna en la adjudicación
de la convocatoria, pues en las reglas establecidas por la entidad pública
demandada no se dispuso nada frente al particular.
En suma, como la experiencia de los representantes legales no era un criterio a
tener en cuenta por la Administración al momento de habilitar o evaluar los
ofrecimientos, la Sala estima que la entidad pública demandada no desatendió las
reglas de la invitación en lo que respecta a la experiencia del representante del
oferente, de modo que sobre este particular la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. no
desconoció los deberes a su cargo en la fase precontractual.
6.2.4. Por otra parte, el demandante adujo que la capacidad financiera de Betty
Parada Montes presentó inconsistencias, las cuales, según indicó, se demostrarían
“en el plenario con los informes técnicos-tributarios que habrán de solicitarse a la
D.I.A.N.”, recalcando al efecto que su declaración de renta carecía de sellos.
Según las reglas establecidas en la convocatoria n.º 001 de 2007 (hecho probado
6.1.1.1.), para corroborar la información financiera los proponentes debían allegar
el balance general y estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2005,
firmados por un contador público o un revisor fiscal, requisito que tratándose de
consorcios o uniones temporales tenía que presentarse de forma separada por cada
integrante. Igualmente, era menester aportar la declaración de renta del año 2005
(numeral 6.5.5.2. del pliego).
Al respecto, en lo que atañe a la información financiera de la integrante Betty Parada
Montes, en el proceso se acreditó que el Consorcio Hidrogestión Cúcuta aportó con
su propuesta: el balance general con corte a 31 de diciembre de 2005, el estado de
ganancias y pérdidas con corte a 31 de diciembre de 2005, las notas a los estados
financieros con corte a 2005 y el análisis financiero con corte a 31 de diciembre de
2005, documentos que, según se aprecia, están debidamente firmados por la
contadora pública Fanny Yáñez Vera. Además, se allegó una copia de su
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declaración de renta del año 2005, que contiene el sello de recibido del Banco de
Occidente de fecha 27 de febrero de 2007 (hecho probado 6.1.1.6.).
En este orden, la Sala no encuentra acreditado que la entidad pública demandada,
al evaluar la información financiera de la integrante del consorcio adjudicatario Betty
Parada Montes, haya transgredido los deberes a su cargo en la etapa
precontractual, pues no se probó que la información aportada por el consorcio
adjudicatario presentara irregularidades.
Por el contrario, las pruebas que reposan en el expediente dan cuenta de que el
Consorcio Hidrogestión Cúcuta allegó de forma adecuada los soportes financieros
de la integrante Betty Parada Montes. Es así como, la Sala encuentra que con su
propuesta el consorcio adjudicatario arrimó su balance general y estado de pérdidas
y ganancias con corte a 31 de diciembre de 2005, documentos que fueron firmados
por una contadora pública -Fanny Yáñez Vera-, y aportó su declaración de renta de
2005, la cual, contrario a lo afirmado en la demanda, contiene el sello de la entidad
bancaria en la que fue presentada (hecho probado 6.1.1.6.), aspecto que se ve
reafirmado con la copia auténtica de la declaración del año 2005 allegada al proceso
por la DIAN (prueba adicional 6.1.2.3.)., documento que coincide en su integridad
con aquel que fue suministrado por el consorcio oferente con la propuesta.
Sumado a lo anterior, tras revisar el contenido del balance general y del estado de
pérdidas y ganancias, en contraste con la declaración de renda de Betty Parada
montes, se aprecia que la información es concordante. De hecho, las cifras
atinentes al efectivo de caja, a las cuentas por cobrar, al total del patrimonio bruto,
al total de pasivos, al total del patrimonio líquido, a los activos fijos y a la renta liquida
son similares en cada uno de los documentos, de tal suerte que no se refleja
irregularidad o variación alguna.
Así las cosas, la Sala concluye que la parte actora no probó que la EIS Cúcuta S.A.
E.S.P., al evaluar la información financiera de Betty Parada Montes, hubiera
incumplido los deberes que le asistían en virtud del principio de la buena fe, lo que
conduce a negar el cargo invocado.
6.2.5. De otra parte, la actora indicó que los integrantes del consorcio adjudicatario
Betty Parada Montes y Cicico Ltda., contrario a lo certificado en su propuesta,
presentaban deudas frente al pago de parafiscales.
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Al tenor de lo establecido en numeral 3.3. del pliego, los proponentes debían “[…]
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones durante los últimos seis (6) meses
con los subsistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y
pensiones, así como el cumplimiento de los aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante la presentación de la certificación
expedida por su revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por su representante legal, según el caso […]” (hecho probado 6.1.1.1).
A este respecto, en el proceso quedó acreditado que el Consorcio Hidrogestión
Cúcuta, con el fin de dar cumplimiento a la regla establecida en la convocatoria
frente al pago de parafiscales, allegó las certificaciones expedidas por el
representante legal de la sociedad Cicico Ltda. y por Betty Parada Montes, en las
que certificaron encontrarse a paz y salvo por concepto de parafiscales, esto es, por
aportes a seguridad social, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de
compensación familiar, ICBF y SENA. (hecho probado 6.1.1.6.).
Además, se probó que en la etapa de observaciones y en la audiencia de
adjudicación, el Consorcio Manov-CPT y el Consorcio Interventoría y Gestión,
dieron a conocer sus inconformidades respecto al pago de los parafiscales del
consorcio adjudicatario (hechos probados 6.1.1.9, y 6.1.1.12.).
Bajo el anterior contexto probatorio, aunque en el marco de la convocatoria se
prestaron observaciones frente a las certificaciones del pago parafiscales allegados
por el Consorcio Hidrogestión Cúcuta con su propuesta (hechos probados 6.1.1.9.
y 6.1.1.12.), cabe resaltar que más allá del dicho de la demanda y de lo manifestado
por los oferentes en la etapa de observaciones y en la audiencia de adjudicación, al
proceso no se allegó ninguna prueba que desvirtuara lo certificado por la sociedad
Cicico Ltda. y Betty Parada Montes. En otras palabras, tras el estudio del material
probatorio que obra al expediente, la Sala observa que no reposa al plenario prueba
alguna que permita corroborar que los integrantes del consorcio adjudicatario
presentaban deudas por concepto de parafiscales.
En este orden, la Sala no aprecia que la que EIS Cúcuta S.A. E.S.P. haya actuado
durante la etapa precontractual con desconocimiento de los deberes emanados del
principio de la buena fe, porque no se probó que en efecto al momento de presentar
la propuesta la sociedad Cicico Ltda. y Betty Parada Montes no hubieren estado al
día respecto del pago de parafiscales, como lo afirmó la actora.
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6.2.6. Asimismo, la actora manifestó que, a pesar de haber formulado una
observación frente a la capacidad residual del consorcio adjudicatario,
puntualmente en cuanto a que la sociedad Cicico Ltda. certificó la capacidad a
través de un contrato que estaba en ejecución, la entidad pública la desestimó.
Al respecto, en el proceso se acreditó que el Consorcio Manov-CPT presentó
observaciones al informe de evaluación, particularmente en lo que atañe a la
capacidad residual del Consorcio Hidrogestión Cúcuta (hecho probado 6.1.1.9), en
la que precisó que:
“En el folio 79 el proponente manifiesta que los integrantes Cicico y Betty Parada no
tienen contratos vigentes. Sin embargo, en la información de la firma Cicico folio 42,
se reporta un contrato en ejecución con la Corporación Centro Cultural de Oriente
lo que nos indica que la capacidad residual de contratación no corresponde con la
información presentada. Adicionalmente, en el formato 1 de los Pliegos – Carta de
Presentación de la Propuesta, se determina “Que no existe ninguna falsedad en
nuestra propuesta y que asumimos total responsabilidad frente a E.I.S., cuando los
datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de los (sic)
dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes”, lo que tampoco se
está cumpliendo”.
Igualmente, quedó probado que la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. dio respuesta a la
observación presentada por el Consorcio Manov-CPT respecto de la capacidad
residual del oferente adjudicatario (hecho probado 6.1.1.11.). Al efecto, en su
respuesta la entidad pública manifestó lo siguiente:
“Capacidad Residual de Contratación
Manifiesta el Proponente [se refiere al consorcio que en el folio 79 manifiestan que
los integrantes CICICO y la Ing. BETTY PARADA no tienen contratos vigentes, sin
embargo a folio 42, la firma CICICO presenta un contrato vigente con la
CORPORACIÓN CENTRO CULTURAL DE ORIENTE, disminuyendo la capacidad
de contratación y hace relación a la carta de presentación de la propuesta. Solicita
calificar la oferta como rechazada.
RESPUESTA
Al estudiar nuevamente la propuesta encontramos que evidentemente la firma
CICICO LTDA, presentó un error en el calculo (sic) de su K residual pues no restó a
la capacidad total como consultor un contrato en curso suscrito con la Corporación
centro cultural de oriente, por tanto en aplicación del principio del fondo sobre la
forma se procederá a revisar su capacidad residual.
Se acepta la observación
Por lo tanto en aplicación de los principios que guían la actuación administrativa (Art.
3 C.C.A.) y la función pública Art. 209 de la Constitución Política en especial la
eficacia y la celeridad, la nueva capacidad residual del consorcio Hidrogestión es de
10.395,15 SMLMV cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones por
ser mayor a 3000 SMLMV”.
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Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
Bajo el anterior contexto probatorio, para la Sala resulta claro que la entidad pública
demanda no infringió los deberes que le asistían en la etapa precontractual,
comoquiera que, contrario a lo afirmado en la demanda, la Empresa se pronunció
acerca de la observación formulada por el Consorcio Manov-CPT frente a la
capacidad residual del Consorcio Hidrogestión Cúcuta, al punto que la aceptó.
De hecho, según se observa, la EIS Cúcuta S.A. E.S.P., con ocasión de la
observación presentada por el Consorcio Manov-CPT, se abstuvo de tener en
cuenta el contrato suscrito entre la sociedad Cicico Ltda. y la Corporación Centro
Cultural del Oriente para evaluar la capacidad residual del Consorcio Hidrogestión
Cúcuta, pues, según adujo, el acuerdo de voluntades se encontraba en ejecución.
A partir de lo anterior, modificó la capacidad residual del oferente adjudicatario en
10.395,15 SMLMV con lo cual, en todo caso, continuaba cumpliendo con los
requisitos de participación (hecho probado 6.1.1.11.).
En suma, las pruebas allegadas al expediente dan cuenta de que la entidad pública
demandada no “desestimó” la observación presentada por el consorcio
demandante; por el contrario, no solamente se pronunció frente a la misma, sino
que la aceptó, conducta que se ajusta a los deberes de corrección y lealtad que le
asistían en la tapa precontractual, razón por la cual el cargo no está llamado a
prospera.
6.2.7. Finalmente, la actora adujo que la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. se equivocó al
evaluar su ofrecimiento, particularmente al analizar la experiencia del director de su
equipo de trabajo. A este efecto, refirió que la entidad pública le descontó puntaje
frente a este factor, porque los contratos certificados no tenían como mínimo 50.000
suscriptores, lo que a su juicio no es cierto.
De conformidad con lo manifestado por esta Subsección, para que se configure la
responsabilidad del Estado por culpa in contrahendo, es menester que la parte
actora acredite no solamente que las reglas de la convocatoria fueron desconocidas,
sino también que de haber sido aplicadas de forma adecuada su ofrecimiento
hubiese sido seleccionado. Al respecto, en sentencia del 28 de febrero de 2020, se
precisó lo siguiente:
“La responsabilidad por culpa in contrahendo, frente a las entidades públicas,
supone que estas no cumplan con la invitación pública a presentar ofertas. No se
ajusta a la buena fe exenta de culpa (art. 863 del C.Co.) que, para la fase de
formación del contrato, se establezcan unos parámetros que determinaron la
conducta de quienes presentan sus ofertas y luego esos criterios no sean los
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
determinantes para la evaluación de las propuestas. La configuración de esta
responsabilidad supone, como se dijo ya, que quien demanda los perjuicios acredite
no solo que las bases del proceso de negociación fueron desconocidas, sino que,
de haber sido aplicadas correctamente hubiera sido seleccionado como
contratista”85.
Descendiendo al caso concreto, de acuerdo con las reglas establecidas en la
convocatoria n.º 001 de 2007 (numeral 6.6.3. del pliego), se observa que la
experiencia de los equipos de trabajo -como factor ponderable- otorgaba a los
oferentes un máximo de 300 puntos, distribuidos así: 80 puntos al director, 50
puntos al especialista financiero, 50 puntos al ingeniero de acueducto y
alcantarillado, al especialista ambiental máximo 40 puntos, al especialista en
sistema comercial y tarifas máximo 40 puntos, al contador máximo 20 puntos y al
abogado máximo 20 puntos (hecho probado 6.1.1.1.).
Ahora bien, en lo que atañe al cargo de director del equipo de trabajo, se advierte
que el puntaje máximo con el que se calificaría este factor -80 puntos- estaría
distribuido de la siguiente manera: “Un (1) punto por año de ejercicio profesional
hasta un máximo de veinte puntos […] Cinco (5) puntos por cada consultoría de
estudios y diseños de Redes de Acueducto o alcantarillado, hasta un máximo de 20
puntos […] Cinco (5) puntos si ha participado como Interventor de Planes Maestros
de Acueducto o Alcantarillado, hasta un máximo de quince (15) puntos” y “Diez (10)
puntos por haber participado como ingeniero de diseño en al menos un (1)
plan maestro de acueducto o alcantarillado para una empresa de más de
cincuenta mil suscriptores a la fecha del estudio. (negrillas y subrayas fuera de
texto)
A partir de estas reglas, según se aprecia en el expediente, la EIS Cúcuta S.A.
E.S.P. evaluó de forma preliminar todos los ofrecimientos que hicieron parte de la
convocatoria, entre ellos, el presentado por el Consorcio Manov-CPT, el cual, en lo
atinente a la experiencia del director del equipo de trabajo como ingeniero de diseño
en al menos un (1) plan maestro de acueducto y alcantarillado para una empresa
de más de 50.000 suscriptores, fue calificado con 10 puntos (hecho probado
6.1.1.7.).
No obstante lo anterior, con ocasión de la observación formulada por el Consorcio
Aguas del Norte, quien discrepó acerca de la acreditación de la experiencia del
director del equipo de trabajo del Consorcio Manov-CPT (hecho probado 6.1.1.10.),
85 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020.
Rad.: 31628.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
se aprecia que la Administración, tras examinar nuevamente el contenido de la
información aportada por el oferente, aceptó la observación porque el oferente no
demostró que en efecto el director de su equipo de trabajo hubiera participado como
ingeniero de diseño en al menos un (1) plan maestro de acueducto y alcantarillado
para un empresa de más de 50.000 suscriptores. En consecuencia, restó los 10
puntos conferidos inicialmente en la evaluación al consorcio demandante (hecho
probado 6.1.1.11.).
Continuando con el examen del cargo, se observa que la EIS Cúcuta S.A. E.S.P.,
tras dar respuesta a todas las observaciones presentadas por los distintos
oferentes, calificó nuevamente las propuestas, asignando el siguiente puntaje
consolidado de personal y total ponderado final (hecho probado 6.1.1.11.):
“TABLA CONSOLIDADO PERSONAL PROFESIONAL
PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 247
2. CONSORCIO MANOV-CPT 261
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 261
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 290
5.CONSORCIO INTERVENTORIA Y GESTIÓN 243
[…]
Por lo anterior y una vez realizada la ponderación de cada uno de los ítems calificables, los
puntajes obtenidos por los proponentes son:
PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 945
2. CONSORCIO MANOV-CPT 959
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 950
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 990
Bajo el anterior contexto, y comoquiera que el argumento planteado por la actora
parte de la base de que su ofrecimiento debió haber sido seleccionado si la EIS
Cúcuta S.A. E.S.P. le hubiera otorgado los 10 puntos atinentes a la experiencia del
director de su equipo de trabajo, la Sala estima que en el asunto sub judice no podría
llegar a concluirse que la entidad pública demandada actuó de forma contraria a la
buena fe exenta de culpa, pues, al margen de lo alegado y de la forma en la que se
calificó este factor, el orden de elegibilidad de la convocatoria no llegaría a verse
afectado. De hecho, aún en el hipotético evento en el que se incluyeran en la
calificación del demandante los 10 puntos atinentes a la experiencia del director de
su equipo de trabajo, lo cierto es que la oferta del proponente Consorcio
Hidrogestión Cúcuta continuaría ocupando el primer lugar en orden de elegibilidad.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
A este respecto, se aprecia que el ponderado final de las propuestas que hicieron
parte de la etapa de evaluación, sumando los 10 puntos de experiencia del director
del equipo de trabajo del Consorcio Manov-CPT, sería el siguiente:
PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1. CONSORCIO CONCOL – BUHOLS 945
2. CONSORCIO MANOV-CPT 969
3. CONSORCIO AGUAS DEL NORTE 950
4. CONSORCIO HIDROGESTIÓN CUCUTA 990
Como se puede constatar, la propuesta presentada por el oferente Consorcio
Manov-CPT alcanzaría una sumatoria total de 969 puntos, de tal suerte que no
igualaría ni superaría en puntaje a la presentada por el Consorcio Hidrogestión
Cúcuta, que obtuvo 990 puntos, todo lo cual permite concluir que el orden de
elegibilidad no se vería alterado y que, por tanto, no podría configurarse la
responsabilidad precontractual de la demandada, lo que en suma lleva a negar el
cargo alegado.
A partir de lo anterior, la Sala estima que el Consorcio Manov-CPT no cumplió con
la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo dispuesto el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “[i]ncumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”, de donde la responsabilidad precontractual examinada
requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus,
impide su declaratoria.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 6 de septiembre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se
declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida escogencia
de la acción, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
providencia, esto es, al constatar: (i) que el examen del fondo del asunto, en casos
como el que nos ocupa, se abre paso a través de la acción de reparación directa
desde la perspectiva de la culpa in contrahendo; y (ii) que no se probó que en el
presente caso la EIS Cúcuta S.A. E.S.P., al evaluar las ofertas y seleccionar al
contratista, hubiera transgredido los deberes que, en virtud de la buena fe exenta
de culpa, le asistían en la fase precontractual.
7. Costas
No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se
evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
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Radicado: 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909)
Demandante: CONSORCIO MANOV - CPT
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
REVOCAR la sentencia del 6 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia, y en su lugar:
PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
AUSENTE CON EXCUSA
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado (E)
Aclaración de voto
VF
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