Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02186-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2013-02186-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02186-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-02186-02
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
17 de junio de 2024
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-36-000-2013-02186-02 (66688)
Demandantes: INTERNATIONAL STRATEGIES GROUP LTDA. Y OTRO
Demandado: FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR Y OTROS
TEMAS: ENTIDADES SUJETAS A RÉGIMEN EXCEPTUADO - Naturaleza de los actos
precontractuales expedidos por entidades sometidas al derecho privado - En principio no expiden
actos administrativos. Por regla general son actos jurídicos que se rigen por el derecho privado, salvo
que la ley disponga lo contrario - Improcedencia de las causales de anulación de los actos
administrativos frente a las declaraciones de derecho privado. MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA – Es adecuado para demandar la responsabilidad precontractual de las
entidades sujetas a régimen exceptuado. BUENA FE EXENTA DE CULPA – Deberes de la
Administración en la fase precontractual – La Administración debe respetar las reglas establecidas
en sus convocatorias. RESPONSABILIDAD POR CULPA IN CONTRAHENDO DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS EN RÉGIMEN EXCEPTUADO - Para que se configure es menester que quien demande
acredite que las reglas de la convocatoria fueron desconocidas y que, de haber sido aplicadas de
forma adecuada, su ofrecimiento hubiese sido seleccionado. FALENCIAS EN TORNO A LA MEJOR
OFERTA – deben ser debidamente acreditadas, so pena de que no se controvierta que era la
propuesta más conveniente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad International
Strategies Group Ltda. y el señor Gustavo Monroy Morris contra la sentencia del 24
de octubre de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Con ocasión de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013, el 24 de junio de 2013,
el Fondo Nacional de Turismo -en adelante FONTUR-, administrado por el consorcio
Alianza Turística, adjudicó la convocatoria a la unión temporal Índices THR-
FONTUR -en lo sucesivo UT ITHR-, por considerar que contaba con el ofrecimiento
más favorable para la entidad.
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
A juicio de la sociedad International Strategies Group Ltda. y el señor Gustavo
Monroy Morris, quienes integraron la unión temporal PCC, proponente no
adjudicatario, la decisión de adjudicación fue irregular, dado que, por un lado, se les
exigió que debían allegar el acta de conformación del esquema asociativo y la
declaración juramentada de forma original y con la firma de todos los miembros de
la unión temporal, sin que hubiera sustento para tal proceder en las condiciones de
contratación y; por otra parte, a la oferente ganadora UT ITHR no se le pidió cumplir
tales condiciones, las que, de haberse verificado, no fueron satisfechas, en tanto
sus documentos no estaban suscritos por todos sus miembros y, además, tenían
enmendaduras, lo que debió llevar al rechazo de su ofrecimiento y, debido al orden
de elegibilidad, a que se le adjudicara el contrato a los aquí demandantes.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 13 de diciembre de 20131, la sociedad International Strategies Group Ltda. y
el señor Gustavo Alberto Monroy Morris, quienes integraron la unión temporal PCC
-en lo sucesivo se los denominará UT PCC- presentaron demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra FONTUR,
representado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. -a partir de
ahora se la catalogará como FIDUCOLDEX-, con el fin de que se anulara la decisión
del 24 de junio de 2013, mediante la cual se adjudicó la invitación abierta No. FPT-
029 de 2013 a UT ITHR.
Como consecuencia, solicitaron que la parte demandada fuera condenada, a título
de restablecimiento del derecho, al pago de la utilidad esperada producto de la no
adjudicación del proceso de selección a UT PCC pese a que, en su criterio, se
encontraba en el primer orden de elegibilidad, así como al reconocimiento de los
sobrecostos y gastos producto de la elaboración de la oferta.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
1 Folios 1 a 31 y 41 a 45 del cuaderno 1.
2
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
“2.2. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA PRINCIPAL-. Que se declare la nulidad de la resolución del 24
de junio de 2013 expedida por la directora de Fondo Nacional de Turismo
– FONTUR, por medio de la cual se adjudicó el proceso de selección
Invitación Abierta No. 029 de 2013 a la Unión Temporal ÍNDICES-THR.
PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL-. Que como consecuencia de la
declaratoria de nulidad de resolución del 24 de junio de 2013 expedida
por la directora de Fondo Nacional de Turismo – FONTUR, por medio de
la cual se adjudica el proceso de selección Invitación Abierta No. 029 de
2013 a la Unión Temporal ÍNDICES – THR, se condene al FONDO
NACIONAL DE TURISMO – FONTUR al restablecimiento de los derechos
de GUSTAVO MONROY MORRIS E ISG LTDA, integrantes de la Unión
Temporal PCC, y por consiguiente al pago de la utilidad esperada de los
integrantes de la Unión Temporal PCC según la estimación razonada de
la cuantía que se anexa a la presente demanda.
PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRINCIPAL-.
Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de resolución del
24 de junio de 2013 expedida por la directora de Fondo Nacional de
Turismo – FONTUR, por medio de la cual adjudica el proceso de selección
Invitación Abierta No. 029 de 2013 a la Unión Temporal ÍNDICES-THR,
se condene al FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR al
restablecimiento de los derechos de los integrantes de la Unión Temporal
PCC, y por consiguiente al pago de la utilidad esperada de acuerdo a los
precios del mercado y los requerimientos de las condiciones particulares
del proceso de selección Invitación Abierta No. 029 de 2013 a GUSTAVO
MONROY MORRIS e ISG LTDA, integrantes de la Unión Temporal PCC.
PRETENSIÓN SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRINCIPAL-.
Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de resolución del
24 de junio de 2013 expedida por la directora de Fondo nacional de
Turismo – FONTUR, por medio de la cual adjudica el proceso de selección
Invitación Abierta No. 029 de 2013 a la Unión Temporal ÍNDICES-THR,
se condene al FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR al
restablecimiento de los derechos de GUSTAVO MONROY MORRIS e ISG
LTDA integrantes de la Unión Temporal PCC, y por consiguiente al pago
de la utilidad proyectada dentro del presupuesto elaborado por el Fondo
Nacional de Turismo – FONTUR a los integrantes de la Unión Temporal
PCC.
PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL-. Que como consecuencia de la
pretensión Segunda principal y/o subsidiarias, se condene al FONDO
NACIONAL DE TURISMO – FONTUR al pago de la totalidad de los
sobrecostos y perjuicios de todo orden que su conducta omisiva le causó
a GUSTAVO MONROY MORRIS e ISG LTDA, integrantes de la Unión
Temporal PCC, por no haber verificado los requisitos habilitantes, y no
haber rechazado la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL
ÍNDICES-THR en cumplimiento de las exigencias de las Condiciones
Generales y Particulares del proceso de selección.
PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL-. Que se condene al FONDO
NACIONAL DE TURISMO – FONTUR al reconocimiento económico de
los gastos en los que GUSTAVO MONROY MORRIS e ISG LTDA,
3
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
integrantes de la UNIÓN TEMPORAL PCC incurrieron en la elaboración
de la oferta para participar en el proceso de selección Invitación Abierta
No. 029 de 2013.
PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL-. Que se condene al FONDO
NACIONAL DE TURISMO – FONTUR al pago actualizado de las sumas
reconocidas a favor de GUSTAVO MONROY MORRIS e ISG LTDA de
acuerdo a las pretensiones Segunda Principal, Primera y Segunda
Subsidiaria a la Segunda Principal.
PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL-. Que se ordene al FONDO
NACIONAL DE TURISMO – FONTUR a expedir una certificación a
nombre de los integrantes de la Unión Temporal PCC en la cual se
acredite que en el proceso de Invitación Abierta No. 029 de 2013 ocuparon
el primer puesto de elegibilidad.
PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL-. Que se ordene al FONDO
NACIONAL DE TURISMO – FONTUR a dar cumplimiento a la sentencia
que ponga fin a este proceso.
PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL-. Que se condene al FONDO
NACIONA DE TURISMO – FONTUR al pago de las costas del juicio y a
las agencias en derecho”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante
formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, con ocasión de la invitación abierta a presentar ofertas No. 029
de 2013, que tuvo por objeto “diseñar y estructurar productos turísticos del paisaje
cultural cafetero teniendo en cuenta las actividades y experiencias que pongan en
valor el patrimonio cultural, nacional y cafetero de sus diferentes subregiones”,
impulsada por FONTUR, UT PCC, conformada por los aquí demandantes y la
sociedad Chias Marketing Systems SL. -en lo sucesivo sociedad CMS-, presentó
oferta con el fin de que se le adjudicara el procedimiento de selección.
1.3.2. Arguyó que, el 27 de mayo de 2013, radicó una petición de información al
patrimonio autónomo, solicitando la copia de todas las propuestas presentadas en
el marco del procedimiento de selección.
1.3.3. Indicó que, el 29 de mayo de 2013, FONTUR le solicitó a UT PCC que a más
tardar el 31 de mayo de 2013 y so pena del rechazo del ofrecimiento, enviara los
documentos de conformación de la unión temporal y la declaración de juramento y
4
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
responsabilidad con la firma original del representante legal de la sociedad CMS,
con el fin de verificar su validez.
1.3.4. Adujo que, el 31 de mayo de 2013, radicó una comunicación en FONTUR, en
la que advirtió que el requerimiento de que los documentos -como el de
conformación de la unión temporal y el anexo 5 de las condiciones generales del
proceso de selección- vinieran firmados en original era una extralimitación legal que
no se derivaba de las condiciones de participación, ni del manual de contratación
de la entidad, así como que, de ser procedente, se debía otorgar un plazo razonable,
dado que uno de los proponentes de UT PCC era español, lo que hacía que llevara
tiempo recaudar su firma en físico.
1.3.5. Consideró que FONTUR le otorgó hasta el 5 de junio de 2013 para remitir los
documentos solicitados con la firma original, fecha en la cual fueron presentados.
1.3.6. Resaltó que, el 6 de junio de 2013, el patrimonio contratante resolvió la
petición del 27 de mayo de la misma anualidad, en el sentido de indicar que no se
otorgaría copia de la información financiera de los proponentes “hasta tanto no
estuvieran publicados los informes de evaluación”.
1.3.7. Aseveró que, el martes 11 de junio de 2013 acudió a las oficinas de FONTUR,
con el fin de retirar las copias de los ofrecimientos, ante lo cual “el recepcionista de
FONTUR reiteró que las copias no serían entregadas hasta tanto no se publicaran
los informes de evaluación”, lo cual fue objeto de rechazo por UT PCC, con base en
que ello constituía un condicionamiento injustificado al derecho de petición
presentado anteriormente.
Empero, puso de presente que, al final del día anteriormente reseñado, FONTUR
publicó los informes de evaluación y, seguidamente, remitió las copias de los
ofrecimientos presentados; no obstante, omitió entregar los balances financieros.
1.3.8. Señaló que, el 13 de junio de 2013, UT PCC remitió a FONTUR múltiples
observaciones al informe de evaluación.
5
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
1.3.9. Argumentó que, el 19 de junio de 2013, FONTUR respondió la petición del 31
de mayo del mismo año, en la cual UT PCC expuso la improcedencia de la solicitud
de firma original del documento de conformación de la unión temporal y del anexo
5 de las condiciones generales del proceso de selección, en el sentido de precisar
que, dado que eran requisitos habilitantes, debieron ser subsanados, so pena del
rechazo de la propuesta.
1.3.10. Indicó que, el 21 de junio de 2013, se publicó el documento denominado
“respuesta parcial a observaciones informes de evaluación de la invitación pública
a presentar ofertas FPT-029-2013” y, seguidamente, manifestó haber solicitado,
mediante memorial de la misma fecha, que la adjudicación del procedimiento
contractual se hiciera mediante audiencia pública.
1.3.11. Adujo que, el 24 de junio de 2013, FONTUR profirió el documento
denominado “selección del contratista”, mediante el cual adjudicó el contrato
resultante de la invitación abierta a presentar ofertas FPT-029 de 2013 a UT ITHR.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que la
decisión de adjudicación impugnada vulneró el principio de selección objetiva,
debido a que su oferta se valoró indebidamente por el hecho de que se le exigieron
aspectos que no estaban previstos en las condiciones de participación, lo que derivó
en que no hubiera resultado adjudicataria del procedimiento de selección.
1.4.1. Para comenzar, resaltó que, desde la respuesta a los requerimientos
documentales del 29 de mayo de 2013, advirtió que no se le debió exigir que los
documentos de conformación de la unión temporal y la declaración de juramento y
responsabilidad “en el anexo No. 5 de los términos de referencia generales” fueran
enviados con la firma original del representante legal de la sociedad CMS, por
cuanto en los términos de referencia nunca se exigió que debieran presentarse en
dicha forma, sino que bastaba con que se allegaran escaneados, tal y como se
aportaron.
En efecto, respecto del documento de declaración de juramento y responsabilidad,
resaltó que nunca se lo denominó como requisito habilitante y, en todo caso, no era
dable que contara con la firma de todos los miembros del esquema asociativo, pues,
6
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
en realidad, debía suscribirse por “el representante designado para tales efectos”,
como en efecto sucedió por parte de UT PCC, dado que “la presentación la hizo
quien ha sido designado como vocero, mandatario y representante de los
integrantes de la Unión Temporal”.
En ese punto, advirtió que tampoco era dable que FONTUR condicionara la no
entrega de los documentos descritos en precedencia “so pena de rechazo”, debido
a que tal circunstancia no se enmarcó en ninguna de las causales de rechazo de
los ofrecimientos, previstas en el procedimiento de selección o, dicho en otras
palabras, no se estableció que la falta de firma original en los documentos de
conformación de la unión temporal y de la declaración de juramento y
responsabilidad derivaran en la exclusión de los ofrecimientos.
Igualmente, aseveró que nada impedía allegar los documentos referidos de forma
escaneada, pues la Ley 527 de 1999 y el CPACA les dan plena validez a las copias
documentales y a aquellos presentados por medios electrónicos, de ahí que era
improcedente que se pidiera su presentación en original.
1.4.2. Por otro lado, advirtió que, tal como lo puso de presente en las observaciones
efectuadas a los ofrecimientos de las uniones temporales UT ITHR y Turismo
Sostenible 23, aquellas adolecieron de yerros que debieron llevar a que se
denominara mejor oferta la presentada por UT PCC.
Así pues, consideró que UT ITHR presentó una declaración juramentada “con
respecto al conocimiento del proceso” en la que hizo referencia a una convocatoria
distinta a la FPT-029 de 2013, pues inicialmente se refería a la invitación abierta No.
024 de 2013, que fue declarada desierta el 2 de mayo de 2013, y luego en el
documento se tachó a mano el “24” por el “29”. Como consecuencia, consideró que,
si el requisito que se le exigió a UT PCC es que tal documento debía ser firmado y
aportado en original, bajo ese derrotero debió rechazarse el ofrecimiento de los
proponentes mencionados inicialmente por el yerro advertido.
Frente a la unión temporal Turismo Sostenible 23, afirmó que suscribió la
declaración juramentada con la ausencia del representante legal del grupo Aviatur
Ltda. y el apoderado de Tourism and Leisure Advisory Services, quienes hicieron
7
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
parte del esquema asociativo, circunstancia que, bajo la óptica de las exigencias a
las que fue sometida UT PCC, debía llevar al rechazo de tal ofrecimiento, habida
cuenta de que el documento debía suscribirse por todos los miembros de la
asociación.
No obstante, advirtió que FONTUR, en la fase de respuesta a las observaciones de
las propuestas, concluyó, respecto de los ofrecimientos de las uniones temporales
UT ITHR y Turismo Sostenible 23, que la declaración juramentada, al no ser un
documento habilitante, no se tenía en cuenta para la calificación y que tampoco
requería ser suscrito por todos los miembros del esquema asociativo, sino que
bastaba que se firmara por la persona designada para tal efecto. De ese modo,
desestimó los reproches efectuados por UT PCC, en contravía de las exigencias
que le formuló a tal proponente, al paso que favoreció injustificadamente a los otros
oferentes mencionados.
1.4.3. En el contexto expuesto manifestó que su oferta fue desmeritada con base
en criterios no previstos en las condiciones de participación, a la par de que tales
exigencias no se predicaron respecto de los demás proponentes, incluyendo la UT
ITHR, que ganó la convocatoria, circunstancias que impidieron que su propuesta
hubiera sido calificada como la mejor y, por ende, que se le hubiera adjudicado el
contrato respectivo.
Así, defendió que, con base en el artículo 138 del CPACA, era dable acudir, a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para reclamar los
perjuicios derivados de la anterior situación que, en esencia, se originó en el
desconocimiento de los términos de referencia de la invitación abierta FPT-029 de
2013, los que, en línea con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el principio de
economía, debían regir integralmente y de forma clara la convocatoria a contratar,
normativa que, si bien en general no es aplicable a asuntos sometidos al derecho
privado como el de estudio, sí es extensible en cuanto a los principios que rigen la
función administrativa.
Igualmente, manifestó que el actuar de FONTUR, en desconocimiento de las
condiciones de contratación, representó una vulneración de la selección objetiva
8
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
que debía llevar a la anulación de la decisión de adjudicación del 24 de junio de
2013.
1.4.4. Respecto a la cuantía, el extremo activo la estimó en la suma de
$507’837.586, correspondiente a la utilidad que hubiera percibido de haberse
adjudicado el procedimiento de selección a UT PCC2.
2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones
2.1. El 19 de marzo de 20143, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por encontrar reunidos los
requisitos de ley, así como también tuvo como parte demandada a la Nación –
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo4, a FONTUR y a FIDUCOLDEX.
Igualmente, vinculó a UT ITHR al proceso, en calidad de “litisconsorte necesario en
la causa por pasiva”5. Posteriormente, mediante decisión del 16 de junio de 20146,
se vinculó como litisconsorte necesario en la causa por pasiva al consorcio Alianza
Turística, con sustento en que la decisión de adjudicación también fue suscrita por
ese esquema asociativo.
2.2. El 10 de julio de 20247, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
contestó el escrito inicial y se opuso a sus pretensiones, por considerar que no
participó en el trámite precontractual objeto de la controversia y que FONTUR es
administrado por FIDUCOLDEX, en virtud del contrato 137 de 2013, mediante el
cual se constituyó el “patrimonio autónomo Fondo Nacional de Turismo – Fontur
[…] para que sea administrado por la fiduciaria” y se indicó que esta última
representaría judicialmente el patrimonio autónomo. En esa línea, advirtió que no
2 La estimación de la cuantía se fundó en el “anexo de cuantificación razonada de la cuantía”, de
folios 33 a 34 del cuaderno 2.
3 Folios 45 a 96 del cuaderno 1.
4 La vinculación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fue objeto de recurso de reposición
del auto admisorio por tal cartera ministerial, el cual fue denegado mediante proveído del 16 de junio
de 2014, como obra en los folios 162 a 165 del cuaderno 1.
5 En el auto admisorio de la demanda se señaló que “Adicionalmente, se vinculará a la unión temporal
Índices-THR (conformada por Índices S.A. y THR asesores en Turismo, Hotelería y Recreación S.A,),
como litisconsorte necesario, por intermedio de su representante, esto es, el señor Santiago
Ernesto Martínez, pues este último figura como representante de la unión temporal en el contrato
FPT-289 de 2013”. Página 106 del archivo 60 del índice 41 de SAMAI. (Se subraya).
6 Folio 166 del cuaderno 1.
7 Folios 203 a 210 del cuaderno 1.
9
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
expidió las decisiones impugnadas, ni tuvo a cargo la gestión contractual de
FONTUR, por lo que no había lugar a que se emitiera ninguna condena en su
contra, de ahí que formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Seguidamente, aseveró que “la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no es
competente para conocer asuntos sometidos al derecho privado”, sobre la premisa
de que el artículo 32 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 40 de la Ley
1450 de 2011 y el artículo 22 de la Ley 1558 de 2013, previó que los procesos de
contratación del FONTUR se adelantarían según el derecho privado, de modo que
no profiere actos administrativos, aunado a que el ”Consorcio Alianza Turística,
quien ejerció la administración de FONTUR” para el momento de los hechos, era un
ente privado sin funciones administrativas, de tal suerte que, según afirmó, la
competencia para conocer de la disputa le correspondía a la Jurisdicción Ordinaria.
De igual modo, señaló que la controversia no se originó en el actuar de la cartera
ministerial demandada, por lo que se configuró la excepción de “ausencia de
responsabilidad”.
En todo caso, consideró que el procedimiento de selección adelantado por FONTUR
se realizó de conformidad con el principio de selección objetiva, debido a que se
evaluaron los ofrecimientos presentados conforme a derecho y según los términos
de referencia, lo que llevó a que la UT ITHR obtuviera el mejor puntaje y, como
consecuencia de ello, se le adjudicó el contrato.
En cuanto al anterior aspecto, también precisó “en relación con los documentos
solicitados a la Unión Temporal PCC, de las pruebas obrantes en el expediente y
las que se aportan, [que] se puede determinar que estos fueron allegados en tiempo
y que no constituyeron en causal de rechazo de la propuesta” -contexto añadido-,
aquello, sobre la premisa de que cumplió con los requisitos habilitantes, pero en
todo caso no satisfizo la exigencia de la propuesta metodológica concerniente a la
evaluación del ofrecimiento, obteniendo por tal ítem 0 puntos, “motivo por el cual
quien obtiene la mayor calificación es la empresa Unión Temporal Índices THR”.
10
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Finalmente, formuló la excepción de “oficio”, con el fin de que el fallador resolviera
cualquier otra que encuentre probada.
2.3. El 10 de julio de 20148, FONTUR contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que no existía jurídicamente al momento en que se
llevó a cabo el procedimiento de selección frente al cual gira la controversia. Como
consecuencia, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, falta de jurisdicción, inexistencia de acto administrativo y la genérica.
Para empezar, destacó que, desde la vigencia de la Ley 300 de 1996, se creó el
Fondo de Promoción Turística como un instrumento para el manejo de los recursos
provenientes de la contribución parafiscal de promoción del turismo y fue
administrado inicialmente por el consorcio Alianza Turística, a raíz de los contratos
088 y 089 del 28 de diciembre de 2007. De forma posterior, a partir de la Ley 1558
de 2012, el patrimonio autónomo pasó a denominarse FONTUR. En esa línea, el
Decreto 2251 de 2012 determinó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
celebraría contratos con el sector privado para su administración, normativa en
virtud del cual se eligió a FIDUCOLDEX para tal propósito, a través de la licitación
pública No. 03 de 2013 “momento a partir del cual nace a la vida jurídica FONTUR
como patrimonio autónomo”.
A partir del panorama anterior, FONTUR argumentó que las actuaciones realizadas
dentro del proceso de selección producto de la invitación abierta 029 de 2013 se
llevaron a cabo cuando tal entidad aún no existía y durante la administración del
consorcio Alianza Turística, en tanto persona jurídica legitimada para responder por
los reproches esbozados por el extremo activo de la litis, de ahí que manifestó no
estar legitimado en la causa por pasiva para comparecer en el presente asunto.
Por otro lado, manifestó que se configuró una falta de jurisdicción, en concordancia
con el artículo 104 del CPACA, dado que FONTUR, anteriormente Fondo de
Promoción Turística, no hace parte de los órganos del Estado, aunado a lo cual se
encuentra regido por el derecho privado, de ahí que “simplemente se trata de un
8 Folios 211 a 222 del cuaderno 1.
11
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
particular que en el marco de las leyes 300 de 1996, 1101 de 2006 y 1450 de 2011
administra los recursos pertenecientes al Fondo Nacional de Turismo”.
Adicionalmente, afirmó que el acto producto del proceso de selección “proferido por
el Consorcio Alianza Turística”, no tiene la naturaleza de acto administrativo, debido
a que, en tanto administrador del Fondo de Promoción Turística -actualmente
FONTUR, era una persona jurídica de derecho privado no habilitada para proferir
actos administrativos, de modo que tal decisión no podía ser impugnada en el marco
de los presupuestos del CPACA.
2.4. El 23 de junio de 20159, UT PCC descorrió las excepciones formuladas por el
Ministerio de Comercio, industria y Turismo y FONTUR.
Primero, adujo que FONTUR, representado por FIDUCOLDEX, se encuentra
legitimado en la causa por pasiva para comparecer en el presente asunto, habida
cuenta de que fueron los órganos que llevaron a cabo la invitación abierta a contratar
No. FPT-029 de 2013, en la cual se profirió la decisión de adjudicación del 24 de
junio de 2013, objeto de la disputa.
Primero, advirtió que no le asistía razón a FONTUR en el hecho de que no pudiera
comparecer al sub lite y que incurría en una contradicción, ya que, mientras que en
la etapa de conciliación extrajudicial argumentó que quien debía comparecer era
FIDUCOLDEX, en su contestación a la demanda indicó que en realidad ese ente no
se encontraba legitimado por pasiva. Como consecuencia, aseveró que, al margen
de que el fondo haya sido administrado por distintas personas jurídicas, contaba
con capacidad legal para suscribir contratos, en virtud del artículo 21 de la Ley 1558
de 2012, lo que deriva en que debe responder por las falencias en virtud de tal
actuar.
Segundo, consideró que el hecho de que FONTUR se rigiera por el derecho privado
no daba lugar a que sus controversias no pudieran ser conocidas por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, ya que, en virtud de lo previsto en el artículo 104
9 Folios 243 a 253 del cuaderno 1.
12
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
del CPACA, a aquella le corresponde conocer de los conflictos de carácter
contractual del Estado “cualquiera que sea su régimen”.
Tercero, indicó que la decisión mediante la cual se aceptó la oferta en el proceso de
invitación abierta No. 029 de 2013 “creó una situación jurídica en firme que
culminaba el proceso de adjudicación del proceso de selección”, lo que encuadra
dentro del supuesto del artículo 43 del CPACA para que tal decisión sea
considerada acto administrativo pasible de control judicial.
Finalmente, reiteró que, con la decisión del 24 de junio de 2013, mediante la cual
se adjudicó la invitación abierta No. FPT-029 de 2013, se incurrió en una vulneración
de la normativa superior que le era aplicable e, igualmente, de los principios de la
función pública, por no haber asignado el contrato al mejor ofrecimiento, situación
por la cual FONTUR está llamado a responder.
2.5. El 21 de marzo de 201710 el consorcio Alianza Turística contestó la demanda
y se opuso a sus pretensiones, por considerar que la invitación abierta No. FPT-029
de 2013 se llevó a cabo con el lleno de exigencias de ley, por lo que no existió
ninguna irregularidad que justificara la anulación de la decisión del 24 de junio de
2013; además, formuló la excepción genérica.
En su escrito adujo que los requerimientos efectuados a UT PCC para que aportara
debidamente varios documentos buscaban, simplemente, verificar que fueran
allegados con el lleno de las exigencias de las condiciones de contratación, en
concordancia con el literal d) del numeral 1.8 del capítulo 1 de los términos de
referencia, que habilitaron al patrimonio contratante a solicitar la información
adicional del caso en cualquier momento de las evaluaciones. En ese punto, resaltó
que la aquí demandante resultó habilitada, por lo que el requerimiento en comento
no derivó en que fuera desfavorecida en el curso del procedimiento precontractual.
Precisado lo anterior, consideró que la adjudicación del proceso se dio en garantía
de los principios de la función pública y de la contratación, debido a que, evaluadas
10 Folios 308 a 315 del cuaderno 1. El consorcio Alianza Turística fue notificado personalmente del
auto admisorio de la demanda hasta el 14 de diciembre de 2016.
13
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
las ofertas, la de la UT-ITHR obtuvo el mayor puntaje -88- frente al ofrecimiento de
los aquí demandantes -42-, por lo que la primera resultó adjudicataria. En particular,
UT PCC obtuvo un puntaje menor respecto de aspectos tales como las
certificaciones de experiencia, el valor de la oferta y la propuesta metodológica.
A partir de lo expuesto, afirmó que FONTUR se limitó a adjudicar el procedimiento
de contratación al proponente que ofreció las mejores condiciones, en garantía de
los principios de transparencia y selección objetiva, y en observancia del deber de
verificación a cargo del patrimonio contratante.
3. Audiencia inicial
3.1. El 24 de febrero de 201611, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio
comienzo a la audiencia inicial, en la que no se encontró vicio alguno que debiera
ser objeto de saneamiento. En ese punto se aclaró, en virtud de los artículos 53 y
54 del CGP, que en el proceso funge como demandado FONTUR, representado por
su vocera, FIDUCOLDEX, “por lo que la vinculación de esta última es solo en
calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo”. Posteriormente, la
audiencia se suspendió con el fin de notificar a una de las vinculadas como
litisconsortes en la causa por pasiva.
3.2. El 24 de enero de 201812 el a quo reanudó la audiencia inicial y resolvió las
excepciones previas de “el acta de selección proferida por el consorcio alianza
turística no tiene la naturaleza de acto administrativo”, falta de jurisdicción,
caducidad -la cual fue estudiada de oficio- y legitimación de las partes.
Respecto de la excepción denominada “el acta de selección proferida por el
consorcio alianza turística no tiene la naturaleza de acto administrativo”, adujo que,
para la fecha de la invitación abierta a presentar ofertas FPT-029 de 2013 el
consorcio Alianza Turística era coadministrador de FONTUR, por lo que actuó como
particular en ejercicio de funciones públicas, aunado a lo cual el fondo cuenta con
ingresos mayoritariamente públicos, todo lo cual le permitió concluir que “la
11 Folios 262 a 271 del cuaderno 1.
12 Folios 367 a 372 del cuaderno 5.
14
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
actuación desplegada por el consorcio Alianza Turística de adjudicación del
contrato 289 de 2013 tiene la connotación de un acto administrativo”.
Frente a la excepción de falta de jurisdicción, manifestó que, en la medida en que
la demanda se formuló contra un acto administrativo, su conocimiento le
corresponde a esta jurisdicción, según lo previsto en el artículo 104 del CPACA.
En relación con la excepción de caducidad, que se estudió de oficio, aseveró que,
dado que el acto administrativo demandado se publicó el 24 de junio de 2013, en
concordancia con lo previsto en el literal C del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, la parte actora disponía hasta el 25 de octubre de la misma anualidad para
ejercer el derecho de acción. Al punto, dado que el trámite de la conciliación
extrajudicial se surtió entre el 5 de septiembre y el 4 de diciembre de 2013, indicó
que el término para demandar se extendió hasta el 24 de enero de 2014 y,
considerando que el escrito inicial se radicó el 13 de diciembre de 2013, concluyó
que fue allegado en tiempo.
Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa, argumentó que: i)
Gustavo Monroy Morris y la sociedad International Strategies Group están
legitimados en la causa por activa, en tanto integrantes de UT PCC, pues se
acreditó que conformaron ese esquema asociativo y participaron en la invitación a
presentar ofertas FTP-029 de 2013; y ii) FONTUR está legitimado por pasiva, al
margen de la entidad que ejerza su administración, por ser el ente que llevó a cabo
el procedimiento contractual cuya adjudicación originó la disputa.
En tal punto, advirtió que: i) FIDUCOLDEX solo acudió al proceso en calidad de
vocera de FONTUR, ii) el consorcio Alianza Turística fue vinculado como
litisconsorte en la causa por pasiva, por haber suscrito junto a FONTUR la decisión
aquí impugnada, iii) el Ministerio de comercio, Industria y Turismo está legitimado
en la causa por pasiva, ya que suscribió con el consorcio Alianza Turística el
contrato para la administración de FONTUR y iv) UT ITHR está legitimada como
“litisconsorte cuasinecesario”, debido a que fungió como adjudicatario de la
invitación abierta a contratar relacionada con la disputa.
15
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró imprósperas las excepciones de “el acta de selección proferida por el
consorcio alianza turística no tiene la naturaleza de acto administrativo”, falta de
jurisdicción, falta de legitimación en la causa por pasiva y caducidad. En ese punto,
la audiencia fue suspendida por la interposición de múltiples recursos de apelación
respecto de las excepciones previas denegadas; sin embargo, el Consejo de Estado
confirmó integralmente la decisión tomada por el a quo13.
3.3. El 27 de noviembre de 201814 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
reanudó la audiencia inicial y procedió a fijar el litigio, en el entendido de:
i) Determinar si el consorcio Alianza Turística, como coadministrador de
FONTUR, omitió precisar en las condiciones generales de la invitación
abierta a presentar ofertas FPT-029 de 2013 que los documentos de
conformación de UT PCC y la declaración de juramento y responsabilidad
debían contar con la firma original de la representante legal de CMS y, en
caso afirmativo, si la parte demandada desconoció los lineamientos y
disposiciones vigentes del procedimiento contractual, lo que la llevó a
infringir el principio de selección objetiva, dando paso a que se anule la
decisión de adjudicación.
ii) De acreditarse lo anterior, si hay lugar a condenar a la parte demandada
al pago de los emolumentos pretendidos en el escrito inicial, a título de
indemnización de perjuicios.
13 Frente a tal decisión, FIDUCOLDEX y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentaron
recursos de apelación, en el caso del primero, por considerar que la disputa era de derecho privado,
por lo que no correspondía ser conocida por el a quo y, frente al segundo, debido a que no se formuló
ningún reproche contra tal cartera ministerial. Mediante decisión del 20 de marzo de 2018, esta
Corporación confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
manera integral, con sustento en que: i) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fue quien
suscribió los contratos de administración de FONTUR y, en el marco de tal actividad, asumió
obligaciones como revisar periódicamente las actividades ejercidas por el administrador, de ahí que
se encuentra legitimado en la causa por pasiva; y ii) FONTUR es un ente con recursos
mayoritariamente públicos, provenientes del presupuesto general de la Nación, el impuesto de
turismo, la imposición de multas y la contribución parafiscal de turismo, por lo que se está ante una
entidad pública, sin perjuicio de la naturaleza jurídica del consorcio Alianza Turística, quien, al
margen de su composición, ejerció funciones administrativas. Folios 376 a 383 del cuaderno 5.
14 Folios 394 a 397 del cuaderno 5.
16
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
iii) De prosperar las pretensiones de la demanda, si es posible imputar el
daño al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por haber suscrito los
contratos de administración de FONTUR.
Finalmente, el a quo decretó como pruebas los documentos aportados por los
sujetos procesales en sus intervenciones, así como de oficio solicitó al consorcio
Alianza Turística que allegara los antecedentes contractuales de los contratos 88 y
89 de 2007, suscritos entre aquel y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
4. Audiencia de pruebas
El 2 de abril de 201915, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la
audiencia de pruebas, en la cual incorporó las decretadas de oficio en la audiencia
inicial.
5. Alegatos de conclusión
Una vez finalizada la práctica de pruebas, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito,
respectivamente16.
5.1. UT-ITHR presentó alegatos de conclusión17, en los cuales manifestó que la
oferta de UT PCC no fue desestimada con base en los documentos que se exigieron
inicialmente, y el procedimiento de selección se adjudicó al oferente que obtuvo el
mejor puntaje. Igualmente, afirmó que, si bien los documentos que presentó en el
marco de la invitación a contratar tuvieron enmendaduras y errores formales,
aquellos no tuvieron la vocación de desestimar su propuesta, ya que no eran
suficientes para que fuera desvirtuada, en virtud del principio de primacía del
derecho sustancial sobre las formas.
En desarrollo de lo anterior, argumentó que el anexo 5 de declaración juramentada
no era habilitante, por lo que las falencias en torno a este, en especial de naturaleza
15 Folios 401 a 403 del cuaderno 5.
16 Folio 403 del cuaderno 5.
17 Folios 404 a 406 del cuaderno 5.
17
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
formal, no podían llevar al rechazo de su ofrecimiento, lo cual la parte actora
argumentó en su favor, para que no se le desestimara su propuesta, pero respecto
de la propuesta de UT ITHR sí solicita un actuar contrario, lo que “no atiende lo
establecido en las reglas del proceso de selección”.
5.2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo alegó de conclusión18 y
reiteró los razonamientos presentados en su contestación, entre ellos que la
invitación a contratar se surtió con el lleno de las exigencias de ley, considerando
que se adjudicó el procedimiento de selección al proponente que obtuvo el puntaje
más alto, y que la solicitud de verificación documental efectuada respecto de UT
PCC se hizo con el único objetivo de constatar la veracidad de lo allí contenido, al
punto de que, respecto de tales anexos se consideró que tal oferente estaba
habilitada. Finalmente, volvió a indicar que a tal cartera ministerial no le asiste
ninguna responsabilidad, debido a que no fungió como convocante en la
contratación y, por ende, no se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
5.3. Fiducoldex formuló alegaciones conclusivas19, en las cuales aseveró que se
debían negar las pretensiones de la demanda, debido a que la invitación abierta No.
FPT-029 de 2013 no vulneró el principio de selección objetiva, ya que la Ley 80 de
1993 y sus reformas no rigieron el procedimiento precontractual y, en todo caso, se
adjudicó la convocatoria al mejor ofrecimiento, en concordancia con la buena fe,
pese a que no era imperativo tal proceder, en tanto el régimen de derecho privado
aplicable a FONTUR lleva a establecer que tal entidad podía contratar según su
mera liberalidad.
A su vez, argumentó que para la procedencia de las pretensiones debían acudir
todos los miembros de UT PCC; sin embargo, solo comparecieron dos de tres
sujetos que conformaron el esquema asociativo. Finalmente, aseveró que para
cuando se llevó a cabo el procedimiento de selección FONTUR no existía como
persona jurídica, pues hasta el 31 de agosto de 2013 fue un patrimonio autónomo,
sumado a lo cual FIDUCOLDEX no representaba a tal ente para ese entonces, por
18 Folios 407 a 410 del cuaderno 5.
19 Folios 411 a 416 del cuaderno 5.
18
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
lo que se presentó una “ausencia de legitimación material” que debe llevar a que se
denieguen las pretensiones del libelo introductorio.
5.4. El consorcio Alianza Turística allegó sus alegatos de conclusión20, en los
cuales reiteró los argumentos esbozados en oportunidades procesales
precedentes, entre ellos que la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 se llevó a
cabo con el lleno de requisitos de ley, dentro de lo cual se le exigió a UT PCC la
presentación de unos documentos, con el exclusivo propósito de verificar su
autenticidad, sin que ello perjudicara su habilitación en la convocatoria, pues no se
le adjudicó el contrato porque no obtuvo la máxima puntuación.
5.5. La parte demandante alegó de conclusión21 y reiteró los argumentos
formulados en el escrito inicial, entre ellos, que FONTUR transgredió la normativa
que le era aplicable y las condiciones de participación de la invitación abierta No.
FPT-029 de 2013 por haberla adjudicado a un proponente que no contaba con el
mejor ofrecimiento. Lo anterior, por cuanto se le solicitó, injustificadamente, que
allegara los documentos de conformación de la unión temporal y la declaración
juramentada de los integrantes de UT PCC con la firma original de todos sus
integrantes, lo cual no se derivaba de las exigencias predispuestas por la entidad,
requisito que, de todos modos, UT ITHR no satisfizo, lo que le llevó a afirmar que
“la unión temporal Índices THR no presentó un documento habilitante para el
proceso”, por lo que debía ser inhabilitada.
5.6. El Ministerio Público profirió concepto22, en el cual argumentó que la invitación
abierta No. FPT-029 de 2013 se surtió con el lleno de exigencias que le eran
aplicables, por lo que había lugar a denegar las pretensiones de la demanda.
En efecto, resaltó que documentos como el de conformación de UT PCC debían
remitirse en original, exigencia que fue predispuesta en las condiciones de
contratación y frente a la cual no se solicitó su aclaración, de ahí que FONTUR se
restringió a cumplir con el deber de verificar que la documentación aportada fuera
auténtica. Como consecuencia, advirtió que, dada la no prosperidad de tal reproche,
20 Folios 417 a 422 del cuaderno 5.
21 Folios 431 a 456 del cuaderno 5.
22 Folios 423 a 430 del cuaderno 5.
19
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
y debido a que no se formularon otros encaminados a desvirtuar que la decisión de
adjudicación atribuyó la convocatoria al mejor oferente, no cabe duda de que el
extremo activo de la litis “no cumplió con su deber legal de probar causal alguna
que permita inferir la nulidad del mencionado acto administrativo”.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de octubre de 201923, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 y la decisión
del 24 de junio de 2013 dictada con ocasión de la misma se efectuaron con garantía
de la selección objetiva y de la normativa aplicable a la convocatoria.
Al respecto, el a quo manifestó que no le asistió razón a la parte actora en que
existiera irregularidad alguna por la solicitud que FONTUR le efectuó respecto de
los documentos de conformación de la unión temporal y la declaración de juramento
y responsabilidad, ya que, si bien aquellos no otorgaban puntaje, hacían parte de
“las condiciones y calidades exigidas a los oferentes para participar”, por lo que eran
“aspectos jurídicos habilitantes” frente a los cuales era válido su verificación por el
patrimonio contratante, de ahí que tal proceder no constituyera un desconocimiento
de los términos de referencia.
De todos modos, precisó que UT PCC resultó habilitada en general y respecto de
los ítems de experiencia y equipo de trabajo, de ahí que el requerimiento efectuado
por FONTUR frente a los documentos indicados en el párrafo anterior no tuvo la
vocación de perjudicar al proponente; sin embargo, aquel obtuvo una puntuación
menor a la de UT ITHR, quien quedó en el primer orden de elegibilidad, por lo que,
indefectiblemente, al patrimonio contratante no le quedaba otro camino que
adjudicarle la convocatoria a la ganadora.
Ahora bien, advirtió que la parte actora no allegó ninguna prueba concerniente a
demostrar que la oferta de UT ITHR contaba con defectos formales, aunado a lo
cual, aunque hubiera presentado la declaración juramentada con una
23 Folios 464 a 474 del cuaderno del Consejo de Estado.
20
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
enmendadura, tal aspecto no constituía una causal de rechazo de la propuesta,
máxime si se tiene en cuenta que la misma parte actora alegó, respecto de sus
propios documentos, que no eran per sé factores de rechazo de los ofrecimientos,
por lo que, con mayor razón, respecto de los aportados por la proponente ganadora
la conclusión debía ser la misma.
En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que,
en la invitación abierta No. FPT-029 de 2013, FONTUR se atuvo a las condiciones
de participación y, en virtud de aquellas, determinó que el ofrecimiento de UT ITHR
era el mejor, sin que UT PCC hubiera demostrado contar con la mejor oferta, y sin
que hubiera lugar a estudiar aspectos distintos a los revisados anteriormente, dado
que “la parte actora no formuló cuestionamiento alguno” adicional.
7. Recurso de apelación
El 11 de diciembre de 201924, UT PCC interpuso recurso de apelación, que fue
concedido el 16 de diciembre de 202025 y admitido el 9 de abril de 202126.
En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, FONTUR incurrió en sendos errores en la invitación abierta
No. FPT-029 de 2013, que llevaron a que adjudicara la convocatoria a UT ITHR
pese a que el mejor ofrecimiento era el de UT PCC.
7.1. En efecto, manifestó que FONTUR, administrada para el momento de la
controversia por el consorcio Alianza Turística, incurrió en una extralimitación legal
y en una transgresión de los términos de referencia, por solicitarle a UT PCC la
subsanación de los documentos de conformación del esquema asociativo y la
declaración juramentada, para que fueran entregados en original y debidamente
firmados, so pena de rechazo, por cuanto no se contempló tal aspecto en las
condiciones de participación, punto que fue advertido desde la convocatoria y frente
24 Folios 490 a 513 del cuaderno del Consejo de Estado.
25 Índice 142 del expediente digital de primera instancia en la plataforma SAMAI y folios 539 a 540
del cuaderno del Consejo de Estado.
26 Índice 3 del expediente digital de segunda instancia en la plataforma SAMAI y folios 545 a 546 del
cuaderno del Consejo de Estado.
21
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
al cual no hubo una respuesta del patrimonio contratante, distinta a ampliar el plazo
para allegar los textos requeridos.
En tal contexto, añadió que no le asistió razón al a quo en indicar que FONTUR
encontró que UT PCC cumplió los requisitos habilitantes, pero no contaba con la
mejor oferta, ya que ello no desvirtúa que existió una clara extralimitación por parte
de la entidad demandada que tuvo por fin perjudicar a la proponente con la exigencia
de aspectos no contemplados en la convocatoria, en contravía “del principio de
equivalencia funcional de los documentos” predispuesto en la Ley 527 de 1999, del
cual se predica que basta con aportar tales textos de forma simple, sin necesidad
de exigencias no prescritas en la ley.
Así, aseveró que “con la oferta presentada por la unión temporal PCC se cumplieron
los dos requisitos exigidos en los términos de referencia, puesto que se aportó el
documento suscrito por sus integrantes en el que se observó la duración de la Unión
Temporal de un año adicional al plazo del contrato”.
7.2. Por otro lado, advirtió que la exigencia de aportar la declaración juramentada y
el acta de conformación del esquema asociativo de forma original y con la firma de
todos sus miembros no se le exigió a UT ITHR “con el único fin de que fuera la que
resultara adjudicataria”, y en contravía de la igualdad. En ese marco, expuso que
FONTUR adjudicó la convocatoria a un proponente que debió ser excluido, habida
cuenta de que “brilla por su ausencia en la oferta presentada por la Unión temporal
Índices THR las declaraciones de juramento y responsabilidad de los miembros de
la misma”, lo que debió llevar al patrimonio contratante a desestimar el ofrecimiento
de esa proponente.
Al respecto, adujo que los documentos que allegó UT ITHR al procedimiento de
selección, referidos a la declaración de juramento y responsabilidad y al acta de
conformación del esquema asociativo, eran ajenos a la invitación abierta No. 029
de 2013 y se refirieron al proceso NPT 024 de 2013 -aunque se tacharon para
indicarse que hacían alusión a la invitación 029 de 2013-, por lo que no podían ser
tenidos en cuenta por FONTUR y debían llevar al rechazo del ofrecimiento, el que,
una vez excluido, habría conducido a que la oferta de UT PCC fuera la mejor. En
22
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
ese sentido, reprochó que frente a tales anexos el patrimonio contratante ni siquiera
solicitó su subsanación.
7.3. En el contexto expuesto, manifestó que FONTUR vulneró el derecho a la
igualdad, ya que, mientras que a UT PCC le exigió los documentos mencionados
anteriormente en su versión original y debidamente firmados, a UT ITHR no le
solicitó tales requisitos. Así, concluyó que UT ITHR “no presentó un documento
habilitante para el proceso”, pues sus anexos se refirieron al proceso 024 de 2013
y no al 029 de la misma anualidad, aunado a que no fueron entregados con la firma
de todos los miembros del esquema asociativo y de forma original.
7.4. Entretanto, adujo que, como debían prosperar las pretensiones principales del
libelo introductorio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió pronunciarse
sobre la imputación del eventual daño probado respecto del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, considerando que suscribió con el consorcio Alianza Turística
un contrato para la administración de FONTUR -anteriormente Fondo de Promoción
Turística-, por lo que el esquema asociativo participó como delegataria de la cartera
ministerial, lo cual no la exime de responsabilidad.
7.5. Finalmente, impugnó la decisión mediante la cual el a quo la condenó en costas,
por considerar que, como debían prosperar las pretensiones de la demanda, y no
se actuó con temeridad o mala fe, no había lugar a que asumiera las agencias en
derecho.
8. Actuación en segunda instancia
Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el 28 de mayo de 202127, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.
27 Índice 13 del expediente digital de segunda instancia en la plataforma SAMAI y folio 548 del
cuaderno del Consejo de Estado.
23
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
8.1. UT ITHR presentó alegaciones conclusivas28, en las cuales reiteró lo esbozado
en intervenciones precedentes, resaltando que la invitación abierta No. 029 de 2013
se efectuó con el lleno de exigencias de ley y que, en el marco de lo ofrecido por los
participantes de la convocatoria, se adjudicó al mejor proponente, todo lo cual no
fue desvirtuado por UT PCC en el proceso.
8.2. El consorcio Alianza Turística allegó alegatos de conclusión29, en los cuales
ratificó que la invitación abierta a contratar No. 029 de 2013 se surtió conforme a la
normativa aplicable y a las condiciones de contratación y que FONTUR se limitó a
verificar que UT PCC allegara en debida forma los documentos de su oferta, sin que
por ello hubiera transgredido la libertad de concurrencia en la convocatoria. A su
vez, resaltó que la oferta de UT PCC no fue la mejor, como sí lo fue la de UT ITHR.
8.3. FONTUR alegó de conclusión30 y reafirmó que la convocatoria No. 029 de 2013
se realizó debidamente y de forma congruente con la transparencia y la selección
objetiva, a lo cual sumó que, en concordancia con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, se debía confirmar la sentencia recurrida.
8.4. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formuló alegaciones
conclusivas31, mediante las cuales recalcó que no estaba legitimada para
comparecer al asunto de la referencia por no haber intervenido en el procedimiento
contractual que originó la controversia, de ahí que no podía proferirse condena en
su contra.
8.5. UT PCC presentó alegaciones de conclusión32, a partir de las cuales replicó lo
formulado en oportunidades procesales precedentes, en cuanto al hecho de que,
en el curso de la convocatoria No. 029 de 2013 y al proferirse la decisión del 24 de
junio de 2013 FONTUR, a través de la entidad que la administraba, incurrió en
sendos errores, referidos a que, por un lado, se le exigieron aspectos no
contemplados en las condiciones de contratación y, paralelamente, se manejaron
28 Índice 19 del expediente digital de segunda instancia en la plataforma SAMAI.
29 Índices 20 a 21 del expediente digital de segunda instancia en la plataforma SAMAI.
30 Índice 22 del expediente digital de segunda instancia en la plataforma SAMAI.
31 Índice 23 del expediente digital de segunda instancia en la plataforma SAMAI.
32 Índice 24 del expediente digital de segunda instancia en la plataforma SAMAI.
24
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
tales exigencias de manera flexible frente al proponente ganador, el que incumplió
los requisitos para ser habilitado, de ahí que se debía rechazar su oferta y
considerarse como la mejor la de la aquí demandante.
8.6. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) régimen de la invitación abierta No.
FPT-029 de 2013, (3) procedencia del medio de control, (4) oportunidad de la
demanda incoada, (5) legitimación en la causa, (6) problema jurídico, (7) hechos
probados, (8) solución al problema jurídico, y (9) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10433 del CPACA, vigente para la fecha de
presentación de la demanda, pues la decisión del 24 de junio de 2013, mediante la
cual se adjudicó la invitación abierta No. FPT-029 de 2013, fue adoptada por
FONTUR -en tanto patrimonio autónomo con una conformación de capital público-
con ocasión de tal procedimiento de selección que adelantó, como se pasa a
explicar.
33 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”. La Ley 1437 de 2011 o CPACA resulta aplicable al
presente asunto, sin consideración a la reforma de la Ley 2080 de 2021, dado que la demanda se
radicó el 13 de diciembre de 2013 y el recurso de apelación se presentó el 11 de diciembre de 2019,
esto es, de manera previa a la entrada en vigor de tal norma. Igualmente, la Ley 1564 de 2012 o
CGP es aplicable al sub lite, por remisión expresa del artículo 306 del primer estatuto mencionado.
25
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
1.1. Inicialmente, los artículos 42 de la Ley 300 de 199634 y 12 del Decreto 505 de
199735 crearon y reglamentaron, respectivamente, el Fondo de Promoción Turística
como una cuenta especial, con carácter de patrimonio autónomo, para el manejo de
los recursos provenientes de la contribución parafiscal de turismo, el cual estaría
sometido a los lineamientos de las políticas públicas sobre la materia definidos por
el otrora Ministerio de Desarrollo Económico. De forma posterior, el artículo 40 de
la Ley 1450 de 201136 reformuló el mandato anterior, en el sentido de que el fondo
se sometería a los parámetros del Ministerio de Comercio, industria y Turismo y sus
procesos de contratación se regirían por el derecho privado.
La administración del Fondo de Promoción Turística estuvo a cargo del consorcio
Alianza Turística, integrado por la sociedad L’Alianxa Travel Network Colombia S.A.
y la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica -ACODRES-., el cual
gestionó los recursos del patrimonio autónomo, para los fines según los cuales fue
instituido37.
1.2. Posteriormente, el artículo 21 de la Ley 1558 de 201238 modificó la
denominación del Fondo de Promoción Turística, que pasó a llamarse Fondo
34 “Artículo 42. Del fondo de promoción turística. Créase el Fondo de Promoción Turística para el
manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal que se crea en el artículo 40 de
esta Ley, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de
Desarrollo Económico. El producto de la contribución parafiscal se llevará a una cuenta especial bajo
el nombre Fondo de Promoción Turística, con destino exclusivo al cumplimiento de los objetivos
previstos en esta Ley”.
35 “Artículo 12. Naturaleza y objetivos del Fondo de Promoción Turística. El Fondo de Promoción
Turística creado por el artículo 42 de la Ley 300 de 1996 es una cuenta especial, con carácter de
patrimonio autónomo, cuyos recursos serán destinados exclusivamente a la ejecución de los planes
de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector turístico para
incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico”.
36 “Artículo 40. Créase el Fondo de Promoción Turística como un instrumento para el manejo de los
recursos provenientes de la contribución parafiscal a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, el cual
se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo. Para todos los efectos, los procesos de contratación que lleve a cabo la Entidad
administradora del Fondo de Promoción Turística se adelantarán de conformidad con el derecho
privado”.
37 Folios 126 a 135 del cuaderno 1.
38 “Artículo 21. Los recursos señalados en el artículo 1o y 8o de la Ley 1101 de 2006, así como los
asignados en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turística, promoción y la competitividad
Turística, y el recaudo del Impuesto al Turismo, formarán parte de los recursos del Fondo de
Promoción Turística que en adelante llevará el nombre de Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y se
constituirá como Patrimonio Autónomo con personería jurídica y tendrá como función principal el
recaudo, la administración y ejecución de sus recursos. // Parágrafo. Como parte de la infraestructura
turística, las cámaras de comercio en asocio con el Fondo Nacional de Turismo, la Nación, las
entidades territoriales, con otras entidades públicas o privadas, o individualmente, continuarán
destinando recursos de origen público o privado provenientes del desarrollo de sus actividades a la
26
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Nacional de Turismo -FONTUR- y ordenó que sería un patrimonio autónomo, a
cargo de los recursos relacionados con la contribución parafiscal de turismo y el
impuesto homónimo, así como los asignados en el presupuesto nacional para la
infraestructura, promoción y competitividad sobre la materia.
En la medida en que la Ley 1558 de 2012 no suprimió la normativa que regía el
otrora Fondo de Promoción Turística, sino que la modificó parcialmente, de cara a
su nombre y funciones principales, el derecho privado continuó rigiendo las
transacciones negociales que efectuara el actual FONTUR, en concordancia con el
artículo 40 de la Ley 1450 de 2011 precitado.
Igualmente, a partir del 1 de septiembre de 2013, la administración de FONTUR
pasó a ser asumida por FIDUCOLDEX, en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil
No. 137 del 28 de agosto de 2013, suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y la mencionada fiduciaria39.
1.3. Finalmente, el artículo 307 de la Ley 2294 de 2023 modificó el artículo 21 de la
ley 1558 de 2012 y ratificó su naturaleza de patrimonio autónomo, sin personería
jurídica y regido por las normas de derecho privado, a cargo de la administración de
la contribución parafiscal de turismo y el impuesto homónimo, así como los que se
le asignen con origen en el presupuesto general de la Nación. Allí también se
prescribió que FONTUR sería administrado por la Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior S.A. -FIDUCOLDEX- o aquella sociedad fiduciaria que determine
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
1.4. A partir de las consideraciones precedentes, para la Sala no cabe duda de que
el Fondo de Promoción Turística fue inicialmente concebido como un patrimonio
autónomo, con el fin de la gestión de ingresos públicos relacionados con el turismo,
lo cual se mantuvo con su transformación en FONTUR, órgano que tiene a cargo
recursos de naturaleza pública, como lo son la contribución parafiscal del turismo y
creación y operación de centros de eventos y convenciones y de recintos feriales mediante la
celebración de eventos, congresos y actividades feriales, con el fin de que contribuyan a la
generación de empleo y al desarrollo turístico de sus regiones”.
39 Folios 136 a 154 del cuaderno 1.
27
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
el impuesto homónimo, así como las asignaciones con cargo al presupuesto general
de la Nación que se efectúen en su favor.
Al punto, no cabe duda de que FONTUR es un órgano sin personería jurídica pero
con capital público, que ejerce funciones de la misma naturaleza y que está sujeto
a las directrices del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues “es un
instrumento administrativo y financiero con el que cuenta el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo para recaudar, administrar, invertir y ejecutar los recursos
señalados por la ley, con el fin de llevar a cabo planes, programas y proyectos de
competitividad, promoción y mercadeo de turismo interno y receptivo (es decir,
proveniente del exterior), dentro del marco de las políticas fijadas en este campo
por dicho ministerio”40.
Ahora bien, aunque FONTUR es administrado desde el 1 de septiembre de 2013
por FIDUCOLDEX y, anteriormente, tal labor era cumplida por el consorcio Alianza
Turística, lo cierto es que la naturaleza del fondo no puede ser confundida con la de
aquel que lo gestiona, en tanto, si bien este no es una persona jurídica distinta, es
un patrimonio autónomo que se constituyó con específicos propósitos, y la labor del
administrador es simplemente actuar en su nombre, pero no mezclarse con este.
Lo anterior ha sido ratificado por la jurisprudencia de esta Sección, en el contexto
judicial, a efectos de establecer que, en asuntos donde otros patrimonios autónomos
como el FOMAG han fungido como parte procesal, “quien intervino en el proceso
fue el Fondo y no su representante, pues la Sala acoge aquí la postura de que esta
exigencia legal [en referencia a la competencia del juez de lo contencioso
administrativo para conocer de las controversias relativas a laudos arbitrales] está
referida al patrimonio sobre el que recaen los efectos de las decisiones que se
adopten, y no a quien lo represente judicial o extrajudicialmente” (Contexto
añadido)41.
40 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta del 20 de noviembre de 2013.
Radicado 11001-03-06-000-2013-00408-00 (2167).
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 16 de septiembre de 2021.
Radicado 11001-03-26-000-2020-00076-00 (66091)
28
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
En ese orden de ideas, es claro que FONTUR es un patrimonio autónomo de
naturaleza pública, no solo por las labores que ejerce, sino por el capital que lo
conforma, originado en la contribución parafiscal del turismo y en el impuesto
homónimo, así como en los recursos del presupuesto general que se le asignen, de
ahí que sus actuaciones, realizadas por medio de su gestor o administrador, pueden
ser controvertidas judicialmente y, en razón del criterio orgánico previsto en el
artículo 104 del CPACA, corresponderá su conocimiento a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, aspecto que, por lo demás, no resulta novedoso,
debido a que en otros asuntos esta Corporación ha conocido de controversias en
las que ha sido parte dicho patrimonio autónomo, tanto en calidad de demandante,
como de demandado42.
1.5. A partir de las consideraciones expuestas, resulta claro para la Subsección que
es competente para conocer del asunto, debido a que la invitación abierta No. FPT-
029 de 2013 y la decisión del 24 de junio de 2013 dictada en virtud de aquella fueron
proferidas por FONTUR, en tanto patrimonio autónomo de naturaleza pública, al
margen de que actúe por medio de un administrador o gestor.
1.6. Finalmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con el artículo 15043 y el numeral 3 del artículo 15244
del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C: i) auto del 11 de mayo de 2020. Radicado
25000-23-36-000-2016-00627-01 (58562) y ii) auto del 12 de mayo de 2023. Radicado
25000233600020200031001 (68462).
43 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
44 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en
ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,
diferentes al Procurador General de la Nación […]”.
29
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
que la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 13 de diciembre
de 2013, supera los 300 SMLMV45.
2. Régimen de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 y la decisión del 24 de
junio de 2013
Antes de continuar con el estudio de los restantes presupuestos procesales, es
menester precisar el régimen jurídico de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013
y la decisión del 24 de junio de 2013 que ocupan la atención de la Sala, comoquiera
que, según será materia de posterior análisis, aquel tiene particular incidencia en la
naturaleza que ostenta el acto precontractual objeto de la controversia y, por tanto,
en el medio de control adecuado y en la oportunidad para su ejercicio, a la vez que
determina la óptica bajo la cual ha de abordarse el análisis sobre el fondo del asunto.
Tal y como se expuso en precedencia, el artículo 40 de la Ley 1450 de 2011 previó
que el Fondo de Promoción Turística se regía por el derecho privado, entre otros,
respecto de su gestión contractual, lo cual se mantuvo una vez modificado tal
patrimonio autónomo, a través del artículo 21 de la Ley 1558 de 2012, para pasar a
ser denominado FONTUR, y se ratificó por medio del artículo 307 de la Ley 2294 de
2013 de forma expresa.
Como se observa, el querer del legislador fue que, dado que FONTUR es un
patrimonio autónomo que gestiona recursos públicos relacionados con el sector
turístico, su gestión contractual se rigiera por el derecho común y no por el Estatuto
General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, de manera que,
como la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 y la decisión del 24 de junio de 2013
fueron llevadas a cabo por tal órgano para el desarrollo de sus actividades y
funciones, tal procedimiento contractual se rige por el derecho civil y mercantil.
Ahora bien, tal y como lo ha indicado de tiempo atrás esta Subsección, las
consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al
45 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho. La parte demandante estimó una única cuantía en
$507’837.586, monto que excedió 300 veces la suma de $589.500 (589.500 x 300 = 176’850.000),
que correspondía al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de presentación de la
demanda -13 de diciembre de 2013-.
30
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también concierne a los
actos de las partes, encaminados a su formación. De ahí que en casos como el de
FONTUR, en los que la Ley excluye la aplicación del EGCAP y remite a las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso, dicha regulación no
puede limitarse a la fase de ejecución negocial, sino que abarca todo el iter
contractual, es decir, las fases precontractual, contractual y postcontractual del
negocio jurídico, de tal suerte que en cada uno de aquellos momentos la regla
predominante será la autonomía privada y las normas supletivas46.
En estos casos, como la entidad pública no actúa en posición de supremacía de la
Administración, sino como un particular, no emite actos administrativos con carácter
ejecutivo y ejecutorio. Por tanto, aquellos corresponderán a actos de gestión
contractual como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos
en los que las disposiciones legales y reglamentarias dispongan lo contrario47.
Descendiendo al caso concreto, se observa que la controversia sometida a juicio
gira en torno a la responsabilidad de FONTUR por proferir la decisión mediante la
que se adjudicó un contrato a UT ITHC, en la invitación abierta No. FPT-029 de
2013, debido a que, a juicio de la parte actora, la oferta de la proponente ganadora
no cumplió con todas las exigencias, de modo que no era la más favorable para la
entidad. Tal declaración de voluntad tiene la naturaleza de acto de gestión de
derecho privado, habida cuenta de que está fundada de forma exclusiva en el
derecho civil y mercantil, en concordancia con la jurisprudencia referenciada.
En ese contexto, la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 y la decisión del 24 de
junio de 2013 se rigen por las disposiciones de derecho privado en virtud de lo
previsto en la normativa referenciada con anterioridad, que excluyó la aplicación de
la Ley 80 de 1993 y sus reformas a los contratos que celebre el FONTUR, sin
distingo de su contenido. Igualmente, la decisión de adjudicación no es un acto
administrativo, sino uno de derecho privado.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020.
Radicado 05001233100019960056701 (31628).
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de julio de 2018. Radicado
05001233100019970268601 (59530).
31
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
3. Procedencia del medio de control
Comoquiera que la controversia formulada en el asunto sub judice guarda relación
con la responsabilidad precontractual de FONTUR, al expedir la decisión del 24 de
junio de 2013, dado que su naturaleza es de derecho privado, como se explicó
anteriormente, en virtud de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 3
de septiembre de 202048, y de jurisprudencia relacionada que ha considerado que
las declaraciones de ese tipo de entidades son actos de gestión y no actos
administrativos49, tales declaraciones de voluntad se deben revisar a la luz del
medio de control de reparación directa.
Lo anterior, considerando que la decisión de unificación referenciada estableció que,
salvo las excepciones de ley, las controversias relativas a actos precontractuales de
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta
jurisdicción que no correspondan a actos administrativos se tramitarían a través del
medio de control de reparación directa, lo que mutatis mutandis es extensible a los
actos de patrimonios autónomos sujetos a derecho privado como FONTUR, que
tampoco son administrativos.
De igual modo, de conformidad con las reglas fijadas en la sentencia de unificación
referida, tratándose de demandas presentadas antes de la notificación de dicha
providencia, en las que se debatan controversias relativas a actos precontractuales
de conocimiento de esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos y
mediante las cuales se hubiere ejercido la acción equivocada, el juez deberá
resolver de fondo el caso en el marco del medio de control de reparación directa y
de conformidad con el régimen jurídico aplicable a este tipo de actos.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Radicado 25000-
23-26-000-2009-00131-01 (42.003). La postura unificadora ha sido reiterada en otras decisiones
como la sentencia del 21 de octubre de 2022, en el expediente con radicado
44001234000020140008301 (68781) y en la sentencia de esta Subsección del 11 de octubre de
2023, con radicación 54001-23-31-000-2007-00150-01 (62909), entre otras.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 18 de diciembre de 2020. Radicado
68001-23-33-000-2016-01044-01 (64558). En la decisión se indicó: “En las decisiones adoptadas
por parte de Ecopetrol en la etapa precontractual, como el “acto de asignación del contrato”, no
pueden considerarse como actos administrativos, pues dicha entidad los expide en ejercicio de la
expresión de la autonomía privada, situación que, ineludiblemente, tiene incidencia en la procedencia
del medio de control […] al tratarse de un acto jurídico privado y no de uno administrativo, el
despacho concluye que el medio de control procedente era el de reparación directa y no otro”.
32
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Así las cosas, dado que el régimen de contratación aplicable a FONTUR es el
previsto en las normas civiles y comerciales y que, por tanto, las actuaciones que
esta entidad lleva a cabo en la etapa precontractual son expresiones de la
autonomía privada que, por ende, son actos de gestión contractual50 que no pueden
catalogarse como actos administrativos, salvo que la ley disponga lo contrario,
resulta claro que la responsabilidad que en este contexto se pudiere causar es
pasible de demandarse a través del medio de control de reparación directa y bajo
las reglas de la culpa in contrahendo.
En el contexto descrito, el medio de control procedente frente a la decisión del 24
de junio de 2013, proferida por FONTUR en el marco de la invitación abierta No.
FPT-029 de 2013, es el previsto en el artículo 140 del CPACA51, en virtud del cual
todo interesado puede demandar la reparación del daño causado en las acciones u
omisiones de los agentes del Estado, o por cualquier otra causa imputable a una
entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo su instrucción.
A lo anterior se añade que, a pesar de que la parte demandante ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar el referido acto,
50 Sobre el particular, esta Subsección ha resaltado que “La aplicación del derecho privado, en la
fase de formación del contrato, implica que la entidad estatal se encontrará en la misma posición que
el particular, es decir, que tiene la posibilidad de escoger un contratista mediante un concurso
público, sin que ello signifique que emita actos administrativos. Los actos precontractuales de las
entidades de los “regímenes exceptuados”, de la misma forma que los de los particulares, no se
catalogan como actos administrativos porque estos se fundan en la posición de supremacía de la
administración, por virtud de las competencias que les asigna la ley y que les permiten imponer sus
decisiones en contra de la voluntad de los particulares. // Las decisiones que adoptan en la fase
previa de formación del contrato, corresponden a actos de gestión contractual, iguales a los que
adoptaría un particular, quien por razón de la autonomía privada, define cómo y con quién entablar
una relación de naturaleza contractual. Ello no quiere decir que estén exentas de responsabilidad,
pues, como se verá más adelante, la aplicación del principio de buena fe exenta de culpa le impone
obligaciones durante la etapa de las negociaciones previas. // Con esta perspectiva, la Sala ha
subrayado que las decisiones adoptadas durante la etapa de formación del contrato adoptadas por
las entidades sometidas a los “regímenes exceptuados”, son expresiones de la autonomía privada
como las que adoptan los particulares durante la fase de negociación y, por lo mismo, no son actos
administrativos, salvo aquellos casos en los cuales la ley disponga expresamente lo contrario”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de febrero de 2020, Radicado
05001233100019960056701 (31628).
51 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. // De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. […]”.
33
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala no tiene
impedimento para resolver esta controversia bajo la óptica de la reparación directa,
y al amparo de la misma se analizarán las pretensiones de la demanda que versan
sobre el acto precontractual de FONTUR, pues el líbelo introductorio se promovió
antes de notificada52 la pluricitada sentencia de unificación, lo que, sin lugar a dudas,
abre paso al examen del fondo de la controversia, bajo el entendido de que el daño
alegado no proviene de un acto administrativo, ni lo que se pretende es adelantar
un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que refleje la posición de supremacía
de la Administración. Justamente, en la sentencia de unificación se indicó:
“Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de
conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas
antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia de fondo, aunque
no se haya empleado la acción (medio de control) que corresponda, en el marco del
régimen jurídico aplicable a este tipo de actos”53.
4. Oportunidad del medio de control
De acuerdo con lo previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 16454 del CPACA,
la parte actora contaba con dos años para demandar el acto de derecho privado del
24 de junio de 2013, contados a partir del día siguiente a la fecha en que fue
comunicado al destinatario, dado que desde ese momento la relación jurídica que
se considera dañosa se consolidó.
Así las cosas, como la decisión del 24 de junio de 2013 fue conocida por la parte
demandante en la misma fecha, aquel podía ejercer el derecho de acción desde el
25 de junio de 2013 y hasta el 25 de junio de 2015 y, en la medida en que la
demanda se radicó el 13 de diciembre de 2013, no hay duda de que fue presentada
en término, al margen de que la etapa de la conciliación extrajudicial se surtió entre
el 5 de septiembre y el 4 de diciembre de 201355.
52 La sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 se notificó mediante edicto electrónico el
18 de septiembre de 2020, como obra en el índice 39 del expediente digital en SAMAI.
53 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 3 de septiembre
de 2020. No. Interno 42.003.
54 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la
reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia […]”.
55 Folios 275 a 280 del cuaderno 2.
34
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
5. Legitimación en la causa
5.1. La sociedad International Strategies Group Ltda. y el señor Gustavo Alberto
Monroy Morris, quienes integraron UT PCC, se encuentran legitimados en la causa
por activa, debido a que se reputaron perjudicados con la decisión del 24 de junio
de 2013, mediante la cual se adjudicó la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 a
UT ITHR, por el hecho de no haber sido los proponentes adjudicatarios del negocio
jurídico pese a manifestar contar con el ofrecimiento más favorable para la entidad.
5.2. En el mismo sentido, FONTUR, quien comparece al asunto de estudio como un
patrimonio autónomo de carácter público, se encuentra legitimado en la causa por
pasiva, debido a que profirió la decisión impugnada por la parte demandante, en el
marco de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 y, como se indicó en el acápite
de jurisdicción y competencia, puede acudir al proceso judicial de forma directa.
5.3. En lo que respecta al consorcio Alianza Turística y FIDUCOLDEX, la Sala
estima que su comparecencia al proceso solo puede entenderse en calidad de
administradores de FONTUR, antes y después de la expedición de la decisión
impugnada por UT PCC, debido a que cuando la primera se encontraba a cargo de
la gestión del patrimonio autónomo se profirió el acto de derecho privado del 24 de
junio de 2013 y la segunda entró a asumir tal rol hasta la fecha, lo que las habilitaba
a acudir al sub examine únicamente en virtud de tal labor.
5.4. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, ya que suscribió con el consorcio Alianza Turística el contrato
para la administración de FONTUR, y en el marco del referido acuerdo de
voluntades se obligó a supervisar que la labor del patrimonio autónomo se efectuara
debidamente, incluida su gestión contractual, lo que habilita que se pase a estudiar
si, respecto de aquella existe alguna responsabilidad por la decisión impugnada.
Efectivamente, a propósito del recurso de apelación que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo presentó contra la decisión tomada en audiencia inicial, en la
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que debía conformar el
35
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
extremo pasivo de la litis en calidad de parte, esta Corporación, mediante proveído
del 20 de marzo de 2018, indicó que, dado que dicha cartera ministerial suscribió
los contratos de administración de FONTUR, y en el marco de tal actividad asumió
obligaciones como revisar periódicamente las actividades ejercidas por el
administrador, no cabe duda de que se encontraba legitimada en la causa por
pasiva, ratificando así la carga que le asiste de acudir el presente asunto56.
En punto a lo expuesto, en la cláusulas sexta del contrato No 88 del 28 de diciembre
de 2007 y quinta del contrato No. 89 del 28 de diciembre de 2007, suscritos entre
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el consorcio Alianza Turística, se
estipuló que serían obligaciones de la cartera ministerial velar por el cumplimiento
del contrato y verificar periódicamente la calidad de los servicios prestados por el
contratista, por lo que tenía un deber general de supervisar que la administración
del patrimonio autónomo se efectuara en debida forma y, en esa medida, estaba
obligado a verificar el adecuado desenvolvimiento de su gestión contractual,
aspecto frente al cual podría ser objeto de eventual responsabilidad, por lo que es
plenamente válido que asista al sub lite como parte del extremo pasivo de la litis57.
5.5. Finalmente, UT ITHR está legitimada en la causa en calidad de litisconsorte
necesaria en la causa por pasiva, debido a que fungió como adjudicataria de la
invitación abierta No. FPT-029 de 2013 mediante la decisión del 24 de junio de 2013
frente a la cual UT PCC formuló reproches, por lo que le asiste un interés respecto
de las resultas del proceso. En tal aspecto se precisa que, si bien en la audiencia
inicial el a quo indicó que la vinculación del mencionado sujeto era en calidad de
litisconsorte cuasinecesario -por un error formal-, de la lectura del auto admisorio de
la demanda se observa que, en realidad, se lo incorporó como litisconsorte
necesario, por lo que así se tendrá su vinculación en la presente disputa.
56 Folios 376 a 383 del cuaderno 5.
57 En específico, en la cláusula sexta del contrato No 88 del 28 de diciembre de 2007, suscrito entre
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el consorcio Alianza Turística, se estipuló que serían
obligaciones de la cartera ministerial velar por el cumplimiento del contrato y verificar periódicamente
la calidad de los servicios prestados por el contratista, por lo que tenía un deber general de supervisar
que la administración efectuada se llevara a cabo de manera adecuada. El anterior mandato fue
reiterado en la cláusula quinta del contrato No. 89 del 28 de diciembre de 2007, suscrito por las
mismas partes negociales. Folios 170 a 179 del cuaderno 3.
36
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
6. Problema jurídico
De acuerdo con los cargos del recurso de alzada, corresponde a la Sala determinar
si FONTUR incurrió en culpa in contrahendo con ocasión la invitación abierta No.
FPT-029 de 2013 y al haber adjudicado la convocatoria a UT ITHR, pese a que a
UT PCC se le exigió aportar la declaración de juramento y responsabilidad y el acta
de constitución del esquema asociativo en original y con la firma de todos sus
miembros, mientras que a la proponente ganadora no se le demandó tal requisito.
Si la respuesta a los anteriores interrogantes es afirmativa, corresponderá a la Sala
resolver si la oferta del demandante era la más favorable y, por lo mismo, ha debido
resultar favorecida con la adjudicación del proceso de selección, y si hay lugar al
reconocimiento de los emolumentos exigidos en el escrito inicial, a título de
indemnización de perjuicios. Asimismo, es imperativo estudiar si era procedente la
condena en costas efectuada por el a quo, debido a que tal aspecto fue objeto de
cuestionamiento en la apelación.
Cabe advertir que, si bien en la demanda se formuló un reproche contra la oferta
presentada por la unión temporal Turismo Sostenible 23, aquel no fue objeto de
pronunciamiento por el a quo, ni mencionado en la apelación formulada por la parte
actora, de ahí que la Sala no se pronunciará sobre tales aspectos, so pena de
infringir el principio de congruencia, que enmarca la presente decisión a lo
impugnado por el demandante y en virtud del cual el ad quem, al momento de
resolver el recurso de apelación, debe circunscribirse a lo estrictamente cuestionado
en la alzada, sin que le esté permitido, por regla general, resolver aspectos no
ventilados en la impugnación58.
A partir de lo indicado, se resolverán únicamente los cargos de apelación
formulados por el demandante.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado
18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).
37
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
7. Hechos probados
En el marco de lo expuesto, se procederá a establecer cuáles son los hechos
probados que resultan relevantes para decidir la controversia sometida a juicio en
esta instancia. Para tal efecto, la Sala analizará los documentos aportados al
proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 24659 del CGP.
7.1. Los términos generales de referencia de FONTUR
FONTUR dispuso, para todos sus procedimientos de invitación abierta, unas
condiciones generales de los términos de referencia60, dentro de las cuales
estableció que a tales mecanismos les aplicaría el derecho civil y mercantil y que
las propuestas se presentarían por escrito, con sus páginas foliadas y sin borrones,
tachaduras o enmendaduras, salvo que se hagan con salvedad, la cual se
entendería saneada con la firma del representante legal.
Seguidamente, se prescribió que el “CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA – FONDO
NACIONAL DE TURISMO se reserva el derecho de verificar la información
suministrada por cada proponente [por lo que] se podrá solicitar información
adicional en cualquier momento de las evaluaciones”. En línea con tal aspecto, se
estableció que “EL CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA – FONDO NACIONAL DE
TURISMO se reserva de forma exclusiva la potestad de interpretar el presente
documento y los términos de referencia de conformidad con la normativa aplicable”.
Igualmente, se indicó que “los documentos otorgados en el exterior deberán
presentarse en original bajo las mismas condiciones que los documentos
equivalentes expedidos en Colombia”, así como “el Consorcio Alianza Turística –
Fondo Nacional de Turismo se reserva la facultad de requerir la autenticación y/o
apostille de los documentos presentados por el proponente”.
59 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
60 Folios 1 a 37 del cuaderno 3.
38
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Dentro de los documentos exigidos para integrar el ofrecimiento, se incluyeron,
entre otros, los del anexo 3 de conformación de la unión temporal y el anexo 5 de
declaración juramentada. Frente al primero, se exigió que debía indicarse si la
conformación se hacía como consorcio o unión temporal y el porcentaje de
participación de cada uno. Respecto al segundo, se estableció que allí se plasmaría
que se conocen las condiciones ambientales, sociales y económicas del lugar donde
se ejecutarán las obras correspondientes al objeto mencionado.
Finalmente, se indicó que serían causales de rechazo: la falsedad de cualquiera de
los documentos o cualquier intento de fraude o engaño; cuando la experiencia
certificada provenga de uno de los integrantes del esquema asociativo -
autocertificación-; presentación extemporánea del ofrecimiento; interferencia en el
análisis de las propuestas; configuración de un conflicto de interés o de una
inhabilidad o incompatibilidad; inhabilitación o rechazo en convocatorias anteriores
por el FONTUR; cuando la propuesta sea condicionada o parcial; en caso de no
presentarse garantía de seriedad del ofrecimiento; en el evento de que la oferta
económica no sea en pesos colombianos o no se cumpla con la capacidad
financiera; “cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes”; cuando
se presente más de una oferta de forma directa o indirecta; y “cuando no presente
los documentos habilitantes completos”.
7.2. Las condiciones generales de contratación de la invitación abierta a
contratar No. 029 de 2013
En mayo de 2013, FONTUR dio apertura a la invitación abierta a presentar ofertas
No. 029 de 201361, con el objeto de “diseñar y estructurar los productos turísticos
del paisaje cultural cafetero, teniendo en cuenta las actividades y experiencias que
pongan en valor al patrimonio cultural, natural y cafetero de sus diferentes
subregiones”, con un presupuesto estimado de $946’941.360 y un plazo del contrato
que se suscribiría de 8 meses, cuyos documentos habilitantes serían: i) los estados
financieros, ii) la tarjeta profesional del contador y el revisor fiscal, iii) la declaración
de renta del año 2012; iv) el registro único tributario y iv) la certificación bancaria.
Así, las propuestas se evaluarían según los siguientes ítems:
61 Folios 38 a 72 del cuaderno 3.
39
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Criterios de selección Puntaje
Experiencia general del proponente Habilitante
Equipo de trabajo Habilitante
Experiencia específica 40
Valor de la propuesta económica 20
Propuesta metodológica 40
TOTAL 100
La experiencia general del proponente hizo referencia a la ejecución de negocios
jurídicos previos relacionados con el asunto del contrato a celebrar, el equipo de
trabajo se refirió a la idoneidad del personal con el que contaba el proponente, la
experiencia específica buscó que el oferente acreditara haber manejado aspectos
como consultorías relacionadas con la creación de sistemas de calidad y la gestión
turística, el valor de la propuesta pretendió que se puntuara considerando el menor
precio y, finalmente, la propuesta metodológica consistió en la materialización de
los pasos para cumplir el objeto negocial futuro.
Por otro lado, dentro de la experiencia jurídica y financiera, se indicó que se tendrían
en cuenta, entre otros, el documento de constitución del consorcio o la unión
temporal, sin que, en todo caso, tal verificación fuera objeto de puntuación.
Finalmente, dentro de la normativa aplicable al procedimiento precontractual se
indicó que se debían considerar, además del derecho privado, “las condiciones
generales de los términos de referencia y el manual de contratación del consorcio
Alianza Turística – Fondo Nacional de Turismo-.
7.3. Los requerimientos de FONTUR a UT PCC respecto de los documentos de
conformación del esquema asociativo y la declaración juramentada
7.3.1. El 29 de mayo de 201362, FONTUR requirió a UT PCC para que los
documentos de conformación del esquema asociativo y la declaración de juramento
y responsabilidad fueran allegados “con la firma original de la representante legal
de CMS, en tanto miembro de la unión temporal, “con el fin de verificar la validez de
62 Folio 73 del cuaderno 3.
40
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
los mismos”. Para tal efecto, otorgó como plazo máximo el 31 de mayo de 2013,
antes de las 4 de la tarde “so pena de rechazo”.
7.3.2. El jueves 30 de mayo de 201363 UT PCC manifestó enviar la información
solicitada en forma remota y en formato digital; sin embargo, advirtió que los
documentos físicos fueron remitidos a la ciudad de Barcelona por correo certificado
y “serán entregados a Fontur a la mayor brevedad”. Además, aseveró que con la
información ya allegada “se cumplen los requisitos previstos en los TDR”.
7.3.3. En la misma fecha, FONTUR le otorgó a UT PCC hasta el 5 de junio de 2013,
de forma improrrogable, para allegar los documentos en original “los cuales se
necesitan para verificar la validez de la forma, so pena de rechazo”64.
7.3.4. El 31 de mayo de 201365, UT PCC formuló varias observaciones respecto de
los requerimientos documentales que le hizo FONTUR, en el sentido de advertir que
en los términos de referencia no se concibieron tales exigencias, de ahí que la
declaración juramentada y los documentos de conformación del esquema asociativo
podían ser entregados “mediante un mensaje de datos y/o en forma escaneada”. A
su vez, resaltó que para la conformación de la unión temporal bastaba que ello se
hiciera por escrito, sin que hubiera algún requisito adicional. En cuanto a la
declaración juramentada, adujo que solo requería la firma del representante de la
unión temporal. A lo anterior adicionó que la insatisfacción de lo requerido por el
órgano contratante no fue un aspecto previsto como causal de rechazo.
7.3.5. Los días 4 a 6 de junio de 201366, FONTUR respondió las observaciones de
UT PCC, en el sentido de que las condiciones de contratación exigieron la entrega
de los documentos de conformación de la unión temporal y la declaración
juramentada de forma original, para poder verificar su autenticidad, ello sobre la
premisa de que el patrimonio contratante se reservó el derecho a verificar la
información suministrada por cada proponente, como se indicó en los términos de
referencia, y de que allí mismo se prescribió que tales anexos eran habilitantes.
63 Folios 74 a 75 del cuaderno 3.
64 Folio 75 del cuaderno 3.
65 Folios 78 a 85 del cuaderno 3.
66 Folios 86 a 97 del cuaderno 3.
41
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Asimismo, destacó que, en virtud de la Ley 527 de 1999, las firmas electrónicas o
digitales de las personas naturales o jurídicas debían ser certificadas por entidades
acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, requisito que
no cumplió “la documentación presentada por la Unión Temporal PCC”.
7.3.6. El 5 de junio de 201367, UT PCC aportó el documento de conformación de la
unión temporal, así como la declaración de juramento y responsabilidad “con la firma
original de la representante legal de Chias Marketing Systems S.L., que conforma
la unión temporal PCC, con el fin de verificar su validez”. El primer documento fue
entregado en original, mientras que el segundo fue suscrito por CMS.
7.4. La evaluación de los ofrecimientos de la invitación No 029 de 2013
7.4.1. Las proponentes UT PCC, UT ITHR, unión temporal Turismo Sostenible No.
23 -UT TS 23- y consorcio EPYSA ITR Turismo presentaron ofertas y, el 4 de junio
de 201368, FONTUR las evaluó.
7.4.1.1. Previo a la evaluación de las ofertas, se encontró que todos los proponentes
cumplieron con la entrega de los siguientes documentos, en el ítem de capacidad
jurídica: i) certificado de existencia y representación legal; ii) anexo de unión
temporal o consorcio; iii) certificado de aportes parafiscales y de seguridad social,
iv) autorización del órgano societario para comprometer a la persona jurídica; iv)
autorización de órgano societario de conformación de consorcio o unión temporal;
v) garantía de seriedad de la propuesta; vi) boletín o certificación de responsabilidad
fiscal; vii) fotocopia de la cédula de la persona natural o el representante legal de la
persona jurídica; y viii) el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el
Ministerio Público. Como consecuencia, concluyó que todos los ofrecimientos
estaban “habilitados jurídicamente”.
67 Folios 235 a 237 del cuaderno 2 y 88 a 90 del cuaderno 3.
68 Folios 91 a 100 del cuaderno 3.
42
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
7.4.1.2. Seguidamente, se efectuó le evaluación de las ofertas según los ítems
prestablecidos por el patrimonio contratante así:
Criterio Puntaje UT TS 23 UT PCC UTT I-THR
Experiencia Habilita/no habilita Habilitado Habilitado Habilitado
general del
proponente
Equipo de trabajo Habilita/no habilita No habilitado Habilitado Habilitado
Experiencia 40 puntos 0 24 28
específica
Valor de la 20 puntos 0 18 20
propuesta
económica
Propuesta 40 puntos 0 0 40
metodológica
TOTAL 100 puntos 0 42 88
En virtud de los resultados anteriores, el comité técnico de FONTUR, conformado,
entre otros, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sugirió adjudicar el
contrato a UT I-THR, pues, pese a que también resultó habilitada con UT PCC, fue
la que obtuvo la puntuación más alta en la evaluación69.
7.5. La decisión de adjudicación del 24 de junio de 2013 y la suscripción del
contrato FTP 289 de 2013
7.5.1. El 24 de junio de 201370, FONTUR, representada por el consorcio Alianza
Turismo, adjudicó el contrato resultante de la invitación abierta a presentar ofertas
No. FTP-029 de 2013 a UT ITHR, por considerar que, de la evaluación de los
ofrecimientos, tal proponente obtuvo la puntuación de 88, respecto de 42 puntos de
UT PCC y 0 de UT TS 23, por lo que presentó la mejor propuesta.
7.5.2. El 1 de agosto de 201371, FONTUR, administrada por el consorcio Alianza
Turística y UT ITHR suscribieron el contrato de prestación de servicios FPT 289 de
2013, que tuvo por objeto “diseñar y estructurar los productos turísticos del paisaje
cultural cafetero teniendo en cuenta las actividades y experiencias que pongan en
valor el patrimonio cultural, natural y cafetero de sus diferentes subregiones […]”,
por el valor total de $853’000.000.
69 Se precisa que la oferta del consorcio EPYSA ITR Turismo fue rechazada por no cumplir los
requisitos habilitantes de carácter financiero, como obra en el folio 112 del cuaderno 2.
70 Folios 137 a 140 del cuaderno 1.
71 Folios 213 a 234 del cuaderno 2.
43
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
8. Solución al problema jurídico
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la parte demandante consideró que
la decisión del 24 de junio de 2013, proferida en el marco de la invitación abierta No.
FPT-029 de 2013, mediante la cual se adjudicó el contrato producto aquella a UT
ITHR, adoleció de sendas irregularidades y transgredió la selección objetiva, por
cuanto FONTUR: i) le exigió que los documentos de conformación de la unión
temporal y la declaración de juramento y responsabilidad, requeridos en las
condiciones de participación, debían constar en original y con la firma de todos los
miembros del esquema asociativo y ii) tales requerimientos no se le pidieron en los
mismos términos a UT ITHR, proponente que no los satisfizo, habida cuenta de que
sus anexos se refirieron a la convocatoria No. 24 y no a la No. 29 y adolecieron de
enmendaduras que debían llevar al rechazo de su propuesta, lo que
indefectiblemente habría derivado en que la mejor oferta era la de UT PCC y, por
ende, se le debió adjudicar el contrato.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó los anteriores reproches,
con sustento en que: i) FONTUR se limitó a cerciorarse de que los documentos
aportados por UT PCC cumplieran las exigencias de los términos de referencia, sin
que por tal aspecto haya desbordado sus atribuciones, a lo cual adicionó que, de
todos modos, frente a tal proponente se concluyó que estaba habilitada, de ahí que
las exigencias de la entidad contratante no repercutieron negativamente en la
evaluación del ofrecimiento y; ii) los demandantes no aportaron ningún documento
referido a la oferta de UT ITHR, que permitiera verificar si adoleció de algún yerro
frente a los aspectos advertidos en el escrito inicial, de ahí que no se desvirtuó que
aquella hubiera aportado la mejor oferta.
Inconforme con la anterior decisión, el extremo activo de la litis interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó que fuera revocada, apoyada en que: i) el a quo omitió
analizar que, al exigírsele que los documentos de conformación de la unión temporal
y la declaración de juramento y responsabilidad debían constar en original y con la
firma de todos los miembros del esquema asociativo se exigieron condiciones no
previstas en los términos de referencia de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013,
sin que por tal aspecto hubiera lugar al rechazo del ofrecimiento y ii) la sentencia
44
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
recurrida omitió el hecho de que UT ITHR infringió las condiciones exigidas a UT
PCC, porque no presentó los documentos mencionados anteriormente sin
enmendaduras y en los términos pedidos por FONTUR.
Adicionalmente, la parte actora cuestionó la condena en costas efectuada por el a
quo, debido a que manifestó no haber actuado con temeridad o mala fe.
En el contexto planteado, corresponde analizar si FONTUR infringió los términos de
referencia de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 por: i) exigirle a UT PCC
que aportara los documentos de conformación de la unión temporal y la declaración
de juramento y responsabilidad en original y con la firma de todos los miembros del
esquema asociativo, so pena de rechazo y ii) omitir solicitarle a UT ITHR que
cumpliera las mismas condiciones anteriores, en especial, considerando que, según
lo afirmado por la parte apelante, sus anexos adolecieron de falencias como
tachaduras. Igualmente, se debe establecer si iii) la condena en costas proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca era procedente.
Como quedó visto, los actos precontractuales proferidos por FONTUR se sujetan al
derecho privado, de tal suerte que el análisis del caso que ocupa la atención de la
Sala no tendrá como referente el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, sino las disposiciones civiles y comerciales en el contexto
de la responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo72, así como los
términos generales de referencia del patrimonio autónomo, ya que en la invitación
abierta No. FPT-029 de 2013 se dispuso que tales mandatos harían parte de la
convocatoria y los participantes aceptaron dichas condiciones.
En este sentido, según el artículo 863 del Código de Comercio73 las partes deberán
proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de
indemnizar los perjuicios que se causen. Por tanto, para que se configure la
responsabilidad precontractual del Estado, es menester que concurran los
presupuestos aludidos, es decir, la actuación contraria a la buena fe y la culpa.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021.
Radicado 25000232600020110020302 (51962).
73 “Artículo 863. Las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”.
45
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Al respecto, conviene señalar que a partir de lo expresamente consagrado en los
artículos 1603 del Código Civil74 y 871 del Código de Comercio75, a lo largo del iter
contractual los intervinientes deben obrar de conformidad con los postulados de la
buena fe, la cual “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado,
en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución lo
convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en
desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del
contrato”76. Así, según ha tenido la oportunidad de precisar esta Sección 77, en la
etapa precontractual o de formación del negocio jurídico la buena fe impone el
respeto, entre otros, a los deberes de información, veracidad, lealtad y corrección.
En el contexto plasmado, la Sala analizará los subcargos del recurso de apelación.
8.1. La exigencia del aporte de los documentos en debida forma por parte de
FONTUR a UT PCC no infringió la buena fe y la selección objetiva
La Sala considera que la exigencia a la UT PCC, dirigida a que aportara los
documentos de conformación de la unión temporal y la declaración de juramento y
responsabilidad en original y con la firma de todos los miembros del esquema
asociativo, no infringió la buena fe y la selección objetiva, debido a que, con tal
proceder, FONTUR se restringió a verificar que aquellos fueran allegados
debidamente y, además, dicho requerimiento no incidió negativamente en la
propuesta de UT PCC, al punto de que resultó habilitada en la convocatoria.
Comoquiera que los términos generales de referencia aceptados por los
proponentes para que rigieran el procedimiento precontractual estipularon que
FONTUR se reservaría el derecho de verificar que la información suministrada por
74 “Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a
lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligación, o que por ley pertenecen a ella”.
75 “Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia,
obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza
de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de noviembre de 2012. Radicado
25000232600019980032401 (22043).
77 Consejo de Estado. Sección Tercera: i) Sala Plena. Sentencia de unificación del 3 de septiembre
de 2020. Radicado 25000-23-26-000-2009-00131-01(42003) y ii) Subsección C. Sentencias del 28
de febrero de 2020. Radicado 05001233100019960056701 (31628) y del 22 de noviembre de 2021.
Radicado 25000232600020110020302 (51962).
46
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
cada oferente sea verídica, por lo que podría, entre otros, solicitar datos adicionales
en cualquier momento de las evaluaciones, y considerando que aquellos también
dispusieron que los documentos otorgados en el exterior debían otorgarse en
original -véase el hecho probado 7.1-, resulta evidente para la Subsección que la
entidad contratante se limitó, con base en tales mandatos, a verificar que UT PCC
allegara documentos esenciales como el de conformación de la unión temporal y la
declaración de juramento y responsabilidad en las condiciones necesarias para que
no se configurara ninguna irregularidad.
En efecto, el documento de conformación de la unión temporal resultaba esencial
para determinar con toda claridad quiénes presentaron oferta en la convocatoria,
mientras que la declaración juramentada era imperativa, pues en tal anexo se
indicaría que se conocían las condiciones ambientales, sociales y económicas del
lugar donde se habrían de ejecutar las obras correspondientes al objeto
mencionado, por lo que luego no podían formularse desavenencias al respecto, de
ahí que la entidad contratante debía constatar que ambos documentos se hubieran
consolidado de manera adecuada y, además, en original, dado que uno de sus
miembros era una sociedad extranjera -en particular, la sociedad CMS-, tal y como
lo prescribieron en ese escenario las condiciones de contratación.
Ahora bien, aunque UT PCC afirmó que los documentos cuya subsanación se le
exigió no constituían causal de rechazo, lo cierto es que, de la lectura de las
condiciones de contratación, referenciadas en los hechos probados 7.1. y 7.2., es
claro que el documento de conformación del esquema asociativo sí se previó dentro
de la evaluación jurídica, que constituyó un ítem habilitante, por lo que su ausencia
o su presentación sin el lleno de las exigencias prestablecidas derivaba
indubitablemente en el rechazo del ofrecimiento, circunstancia que justifica que
FONTUR hubiera exigido que se enmendaran los anexos aportados por la
proponente o, en caso contrario, desestimaría su propuesta.
A lo anterior se suma que, ante las dificultades planteadas por UT PCC para
satisfacer los requisitos exigidos por FONTUR, aquella otorgó un plazo adicional -
como se precisó en el hecho probado 7.5.3.-, lo que hizo efectivo que la proponente
pudiera subsanar los documentos exigidos, tanto así que respecto de aquellos se
concluyó que estaba habilitada para continuar en la convocatoria -hechos probados
47
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
del numeral 7.4.1.-, en garantía del debido proceso que, en concordancia con la
jurisprudencia de esta Corporación, rige la gestión contractual del Estado y es
extensible a sus asuntos de derecho privado en virtud de la buena fe, de la cual se
predica que la interacción negocial no puede ser sorpresiva ni temeraria, sino que
debe responder a la expectativa legitima de que se obrará debidamente78.
En punto a la habilitación de UT PCC, es claro que, en cualquier caso, las exigencias
de FONTUR frente a los documentos pluricitados no truncaron la participación de
tal proponente, debido a que, como ya se resaltó, de todos modos resultó habilitado
y, en realidad, la no adjudicación del contrato en su favor se originó en que obtuvo
un puntaje menor a UT ITHR, por falencias en el ítem de propuesta metodológica -
hecho probado 7.4.1.2-, circunstancia que no le mereció ningún reparo en sede
judicial y que, por ende, no permite desvirtuar que la proponente ganadora presentó
el ofrecimiento más favorable para el patrimonio contratante.
Por lo tanto, no se vislumbra una transgresión de la buena fe y de la selección
objetiva derivada de los términos de referencia, de los cuales se predica que
FONTUR ha de elegir al proponente que le ofrezca la propuesta más favorable, por
lo que no se configuró la responsabilidad por culpa in contrahendo.
En suma, pese a que está acreditado que FONTUR requirió a UT PCC para que
aportara múltiples documentos en original y debidamente firmados, no se encuentra
que tal proceder fuera irregular, aunado a lo cual frente a ese preciso aspecto la
proponente mencionada resultó habilitada, por lo que no existió ninguna afectación
fundada en dicho requerimiento. Por lo tanto, el subcargo analizado se desestima.
8.2. La parte actora no acreditó que la oferta de UT ITHR hubiera incurrido en
falencias documentales e improcedencia de las demás pretensiones
A partir del material probatorio obrante en el proceso, la Subsección estima que, en
el asunto que ocupa su atención, los miembros de UT PCC omitieron allegar la
oferta de UT ITHR, aspecto que resultaba necesario para estudiar si los documentos
78 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de marzo de 2010. Radicado 05001-23-
26-000-1992-00117-01(18394). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del
20 de abril de 2022. Radicado 25000-23-26-000-2007-00636-01 (49561).
48
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
aportados por esa oferente tuvieron tachaduras que impedían aceptar su validez y
que debían derivar en el rechazo de la oferta.
En efecto, los sujetos procesales presentaron los documentos referidos a las
condiciones generales de la convocatoria No 29 de 2013, la seguidilla de
comunicaciones entre FONTUR y la UT PCC respecto de los documentos de
conformación de la unión temporal y la declaración de juramento y responsabilidad
y los contratos suscritos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la
administración del patrimonio autónomo demandado, sin que ninguno de aquellos
hubiera presentado la oferta de UT ITHR, necesaria para poder establecer si las
falencias advertidas por el extremo activo de la litis se configuraron.
Sobre tal punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado79 ha considerado que, en
aquellos eventos en que se lleva a cabo un procedimiento reglado para seleccionar
a un contratista y el proponente no adjudicatario de aquel considera que contaba
con la mejor oferta, por lo que se le debía adjudicar el contrato, se debe acreditar
que: i) la oferta ganadora no era la más favorable y ii) que su ofrecimiento era el
más ventajoso, en virtud de la carga que le asiste al actor de probar los hechos en
que fundamenta su demanda80, en concordancia con el artículo 16781 del CGP. En
ese escenario, de tratarse de un contrato de derecho privado, como se explicó, se
deben verificar las exigencias descritas sobre la premisa de la buena fe en la etapa
precontractual y la culpa in contrahendo -que no como una infracción de los
principios y reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas-.
Asimismo, el precedente de esta Corporación ha sostenido que, en aquellos casos
en que se alega un trato desigual injustificado como causante de una situación
lesiva, aquel debe ser debidamente probado82, so pena de que el juzgador esté
79 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 15 de julio de 2022. Radicado
25000-23-36-000-2017-00564-01 (67937).
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2014.
Radicado 25000-23-26-000-1995-10866-01 (26.332). Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2018. Radicado 76001-23-31-000-2001-02942-01
(39.066). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de agosto de 2020.
Radicado 05001-23-31-000-1997-02583-01 (44.212).
81 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023. Radicado
11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516).
49
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
impedido para analizar tal aspecto, ante la falta de elementos de juicio para efectuar
la comparación que le permita dilucidar si el tratamiento diferenciado era legítimo o
espurio y/o discriminatorio.
En concordancia con los mandatos anteriores, la Sala considera que ninguno de los
requisitos descritos se satisfizo por UT PCC, debido a que, con su omisión en
aportar la oferta de UT ITHR es imposible determinar si aquella adolecía de
falencias, sumado a lo cual en el primer subcargo analizado en precedencia se
demostró que FONTUR no actuó indebidamente en relación con la subsanación
documental solicitada a UT PCC, lo que, sin duda, deriva en que no se acreditó que
la oferta ganadora no fuera la más ventajosa, así como tampoco se probó que la de
la parte actora cumpliera las exigencias para ser la primera en orden de elegibilidad,
ni, menos aún, que se hubiera dado un trato desigual.
En virtud de las consideraciones plasmadas en las páginas precedentes, la
Subsección concluye que no se demostró que la oferta de UT ITHR hubiera incurrido
en alguna irregularidad que justificara su rechazo, sino que, por el contrario, se
acreditó que FONTUR, por medio de su administrador, el consorcio Alianza
Turística, se atuvo a las reglas de juego prestablecidas en la invitación abierta No.
FPT-029 de 2013 y, a partir de esos mandatos, adjudicó el contrato a la oferente en
comento, sin que con tal proceder hubiera contrariado una selección objetiva y los
postulados de la buena fe.
8.3. La condena en costas proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en primera instancia era procedente
La parte apelante reprochó la sentencia de primera instancia, por haber dictado
decisión de condena en costas por la suma total de $4’968.696, en tanto, a su juicio,
como debían prosperar las pretensiones del libelo introductorio y, dado que no actuó
con temeridad o mala fe, no había lugar a tal proceder.
Pues bien, el numeral 1 del artículo 365 del CGP83 estableció que se condenaría en
costas a la parte vencida en el proceso, lo que, en concordancia con la
83 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
50
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
jurisprudencia de esta Corporación, representa un criterio objetivo para su
imposición, que dista de los elementos de tal figura en el régimen anterior del
Decreto 01 de 1984, en los cuales prevalecía un criterio subjetivo que pendía de
que se actuara con temeridad y/o mala fe84.
Sobre el particular, el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
considerado que (se transcribe de forma literal):
“Adicionalmente, bajo las reglas del código en cita, la condena en costas
no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de
la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha
condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo,
en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, «siempre que
exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley»”85.
Así pues, en el régimen del CPACA se condenará en costas al sujeto procesal
derrotado, aunque siempre que se evidencie que se causaron y en la medida de su
comprobación -como se predica del numeral 8 del artículo 365 del CGP-, lo que se
cumple en el asunto de estudio, dado que la parte actora fue vencida totalmente en
la primera instancia y, además, se evidenció la generación de agencias en derecho,
por las intervenciones de los distintos sujetos que conformaron el extremo pasivo
de la litis en las diferentes etapas a cargo del Tribunal a quo.
En el contexto esbozado, es claro que la condena en costas interpuesta por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se sustentó en el supuesto normativo del
artículo 365 del CGP y, además, en el expediente del asunto analizado, por lo que
no existe ninguna irregularidad al respecto que lleve a revocar tal determinación.
Como consecuencia de la improsperidad de todos los cargos de apelación, esta
Corporación confirmará la sentencia del 24 de octubre de 2019, proferida por la
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
84 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 26 de mayo de 2021. Radicado
05001233100020020443702 (45558).
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de diciembre de 2022.
Radicado 20001-23-33-000-2019-00259-01 (68837).
51
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
9. Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que, “[…] salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para
proceder a la condena en costas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de
primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias […].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.
Bajo ese entendido, se condenará en costas a la parte demandante, quien interpuso
el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que
su impugnación no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a
quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en
consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las costas que aparezcan efectivamente probadas en
el proceso.
52
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues
FONTUR, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el consorcio UT ITHR, el
consorcio Alianza Turística y FIDUCOLDEX actuaron con apoderado en esa etapa
y presentaron alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala las determinará,
con base en lo dispuesto en el Acuerdo 1887 del 26 de junio 200386, según el cual,
en los procesos contencioso administrativos, en segunda instancia, cuando el
asunto tenga cuantía, serán de hasta el 5% del valor de las pretensiones.
En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en el 1%
de $507’837.586, correspondiente a la suma de $5’078.375, en favor de FONTUR,
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el consorcio UT ITHR, el consorcio
Alianza Turística y FIDUCOLDEX en partes iguales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2019, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la sociedad
International Strategies Group Ltda. y el señor Gustavo Alberto Monroy Morris,
quienes integraron la unión temporal PCC. Para el efecto, se fijan las agencias en
derecho en $5’078.375, en favor de los miembros que conformaron el extremo
pasivo de la litis en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada
por el Tribunal a quo.
86 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 13 de diciembre de 2013,
cuando se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 6°. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de
agencias en derecho: […] III contencioso administrativo […] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía:
hasta siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con cuantía: hasta el 5% del valor de
las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
53
Radicado: 250002336000201302186-02 (66688)
Demandantes: International Strategies Group Ltda. y otro
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
VF
54
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.