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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00193-00

Fecha
2 de junio de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00193-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, con fundamento en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a al extremo activo de la litis, en favor de la Agencia Nacional de Minería, para lo cual se fijan agencias en derecho por la suma equivalente a 1 SMLMV, vigente a la ejecutoria de la presente sentencia. TERCERO: por Secretaría de la Sección Tercera, LIQUIDAR las costas del proceso y proceder a la devolución del remanente de lo consignado por concepto de gastos del proceso, si lo hubiere. 63 Aplicable para el 20 de septiembre de 2021, cuando se radicó la demanda. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. En única instancia. […]. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.L.M.V.”. 27 Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516) Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00193-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

2 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: CLEOFE SILVA DE CORZO Y OTROS
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (CPACA)

Temas: SOLICITUD DE CONCESIÓN – no concede un derecho adquirido, sino solo
la prelación respecto de otras peticiones. / ÁREA DE RESERVA ESPECIAL –
procede en aquellas zonas en las cuales existan explotaciones tradicionales de
minería informal, según el artículo 31 del Código de Minas. / ÁREAS DE
INVERSIÓN DEL ESTADO – no procede su levantamiento por el hecho de que no
se hayan ofrecido en licitación, en virtud del artículo 355 del Código de Minas. /
SISTEMA DE CUADRÍCULA – se consagró en las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de
2019 y las Resoluciones 504 de 2019 y 505 de 2019 como un conjunto continuo de
celdas que sería aplicable retrospectivamente a las solicitudes en curso para el
otorgamiento de concesiones, lo que no afecta derechos adquiridos, pues la simple
petición minera solo genera meras expectativas. / MORA EN LA CONCLUSIÓN DE
UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO – puede comprometer la responsabilidad
patrimonial, pero no tiene la vocación de viciar el acto administrativo. / TRATO
DESIGUAL INJUSTIFICADO – debe acreditarse por quien lo alega.

La Sala resuelve, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por Cleofe Silva de Corzo y otros contra la Agencia Nacional
de Minería, en la que se pretendió la nulidad de las Resoluciones VPPF 108 de 2020
y VPPF 095 de 2021 y la continuación del trámite de la solicitud de área de reserva
especial que esas decisiones dieron por terminada.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante las Resoluciones VPPF 108 de 2020 y VPPF 095 de 2021, la Agencia
Nacional de Minería denegó una solicitud de declaración y delimitación de área de
reserva especial para la explotación de carbón que había sido presentada por
Cleofe Silva de Corzo y otros, con fundamento en una superposición. Los
solicitantes interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
dicha entidad, en la que impugnaron tales decisiones, por considerar que la
denegatoria se basó en normas posteriores a la radicación de la solicitud, por fuera
de los 8 meses de ley para que esta fuera resuelta, en desconocimiento de derechos
adquiridos, de la igualdad, la confianza legítima y de la Ley 685 de 2001.

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

II. ANTECEDENTES

1. La demanda y la solicitud de medida cautelar

El 20 de septiembre de 20211, Evelio Sánchez, Juan Crisóstomo Rojas Barajas,
Juan Crisóstomo Rincón Jiménez, Eugenio Ibáñez Prieto, José Hernández
Sandoval, Cleofe Silva De Corzo y Alberto Ibáñez Ruiz2 interpusieron demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Agencia Nacional de Minería (en adelante también ANM), con el fin de que se anulen
las Resoluciones: i) VPPF 108 del 30 de junio de 2020, que dio por terminada una
solicitud de declaración y delimitación de un área de reserva especial (en adelante
también ARE) y ii) VPPF 095 del 15 de junio de 2021, que confirmó la anterior.

A título de restablecimiento del derecho, pidieron que se ordene a la demandada
continuar con el trámite de la solicitud de ARE y concederla en su totalidad; que se
levante parcialmente el polígono del área pretendida; y que se tenga a los
solicitantes como mineros tradicionales. Dado que no solicitaron ninguna
indemnización, advirtieron que la demanda carecía de cuantía.

Como hechos relevantes, la demanda resaltó que, mediante la solicitud con
radicado No. 20175510124892 del 5 de junio de 2017, los actores pidieron a la ANM
la declaratoria y delimitación de un ARE para la explotación de carbón en los
municipios de Enciso y San Miguel del departamento de Santander, la que, a su
juicio, se rigió inicialmente por el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 -Código de
Minas- y la Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017 de la ANM.

El 9 de mayo de 2019, la ANM recomendó que la ARE solicitada fuera declarada;
empero, posteriormente se expidió el informe técnico No. 118 del 4 de junio de 2020,
en el que se concluyó, en concordancia con la Ley 1955 de 2019 y las Resoluciones
505 de 2019 y 266 de 2020 de la ANM, que se presentaba una superposición total
con el Área de Inversión del Estado (en adelante AIE) el Almorzadero 2. Como
consecuencia, se dictó la Resolución VPPF No. 108 del 30 de junio de 2020, que
dio por terminado el trámite de delimitación y declaración del ARE, decisión que fue
confirmada mediante la Resolución VPPF 095 del 15 de junio de 2021.

1 Índices 2 y 8 de SAMAI. Los cargos formulados por los demandantes y el curador ad litem de los

litisconsortes serán ampliados en detalle en la parte considerativa de la sentencia.
2 Inicialmente, Evelio Sánchez, Juan Crisóstomo Rojas, Juan Crisóstomo Rincón Jiménez, Eugenio

Ibáñez Prieto y Cleofe Silva De Corzo presentaron poder junto con la demanda; empero, durante el
término para su subsanación también se aportaron los poderes de José Hernández Sandoval y
Alberto Ibáñez Ruiz, por lo que la demanda se admitió respecto de todos. Índices 2 y 8 de SAMAI.

2

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Para los actores, las resoluciones vulneraron: i) el artículo 29 de la Constitución,
debido a que se denegó la solicitud de ARE con sustento en normas posteriores a
su presentación, en desconocimiento de derechos adquiridos; ii) el artículo 228 de
la Constitución, ya que, en caso de considerarse que la normativa posterior a la
solicitud era aplicable, debió levantarse parcialmente el AIE; iii) el numeral 2 del
artículo 3 del CPACA, en tanto se afirmó que se concedieron otras solicitudes con
los mismos supuestos; y iv) el artículo 12 de la Resolución 547 de la ANM, porque
la petición fue resuelta en un término mayor a los 8 meses previstos en la normativa.

Igualmente, se manifestó que la ANM incurrió en una falsa motivación, pues si bien
se advirtió la existencia de una superposición con un AIE, esta última debió
desafectarse, como consecuencia de que no se efectuó ninguna licitación dentro de
los 2 años siguientes a su declaración.

2. Admisión de la demanda e intervención del curador ad litem de los
litisconsortes necesarios por activa

2.1. El 21 de febrero de 20223, el despacho admitió la demanda por encontrar
reunidos los requisitos de ley, y ordenó la vinculación como litisconsortes necesarios
por activa y el emplazamiento de Alexi Gómez Fernández, Heliberto Rincón Jiménez
y Marina Martínez Blanco, quienes, si bien fueron destinatarios de las resoluciones
impugnadas, no ejercieron el derecho de acción.

2.2. Una vez se emplazó a los litisconsortes en la causa por activa, se les designó
curador ad litem, quien se pronunció en el sentido de coadyuvar los cargos del
escrito inicial4 y de alegar que las resoluciones demandadas vulneraron el principio
de confianza legítima, pues, inicialmente, la ANM concluyó que la solicitud de ARE
era procedente porque los solicitantes eran mineros tradicionales, pero luego
denegó su declaratoria con base en normas posteriores y pese a que había incurrido
en una mora en el plazo para resolver la petición.

3. Trámite de la sentencia anticipada

3.1. La parte demandada no contestó la demanda5 y el 3 de noviembre de 20226 se
prescindió de la audiencia inicial para dictar sentencia anticipada. La parte
demandante se abstuvo de alegar de conclusión.

3 Índice 10 de SAMAI.
4 Índices 14, 15, 17 y 25 de SAMAI.
5 La parte demandada fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, como obra

en la en la constancia de notificación (notificación 35503) de los índices 28 y 29 de SAMAI.
6 Índice 31 de SAMAI.

3

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

3.2. La ANM presentó alegatos de conclusión7, en los que consideró que las
resoluciones impugnadas fueron expedidas en derecho, debido a que la solicitud de
declaración y delimitación de ARE se denegó porque se encontró una superposición
con sustento en normas -Ley 1955 de 2019 y Resoluciones 505 de 2019 y 266 de
2020 de la ANM- cuyo régimen de vigencia previó su aplicación retrospectiva a las
solicitudes en curso, al margen de que aquellas se hubieran expedido después de
radicada la petición.

Advirtió que, hasta tanto no concluyera el trámite de declaración y delimitación de
ARE, no existía ningún derecho consolidado en favor de los solicitantes, sino meras
expectativas, por lo que, pese a que en la visita de verificación se había aceptado
la existencia de un área libre, nada impedía concluir después, con base en la nueva
normativa, que había una superposición.

3.3. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en el que
solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda, con sustento en que las
normas impugnadas se ajustaron al ordenamiento jurídico y, en particular, en que
los solicitantes no tenían ningún derecho consolidado, en virtud del artículo 50 del
Código de Minas, pues en el trámite de la solicitud no se concedió el ARE, sino que,
por el contrario, se concluyó que se configuró una superposición, por lo que la
petición fue desestimada debidamente.

También adujo que la normativa que fundamentó la denegatoria de la solicitud de
ARE era aplicable a ese asunto, pues la Ley 1753 de 2015 previó el sistema de
cuadricula, dispuso su aplicación retrospectiva para todas las solicitudes en curso y
proscribió la superposición de propuestas sobre una misma celda.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, y dado que se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales
de competencia, procedencia, oportunidad y legitimación, la Sala procede a resolver
de fondo la demanda formulada en este caso8.

7 Índice 35 de SAMAI.
8 Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de la
presentación de la demanda -20 de septiembre de 2021-, que corresponden al CPACA y al CGP, en
virtud de la integración normativa prevista en el artículo 306 del primero de dichos estatutos. El sub
lite también se rige por la Ley 2080 de 2021, salvo las disposiciones que modificaron el régimen de
competencias, debido a que estas entraron en vigor un año después de su publicación, pero solo
para las demandas que se radicaran a partir de esa fecha y no para los procesos en curso.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

1. Alcance de la demanda

A partir de lo formulado por las partes, corresponde resolver si las Resoluciones
VPPF 108 de 2020 y VPPF 095 de 2021 de la ANM, en las que se dio por terminada
una solicitud de ARE y se denegó un recurso de reposición, incurrieron en las
causales de nulidad de infracción de las normas en que dichos actos debían
fundarse y falsa motivación por: i) haberse aplicado normas posteriores a la solicitud
de ARE; ii) una resolución extemporánea de esa petición; iii) el no levantamiento
del AIE para que se otorgara el área inicialmente superpuesta en la solicitud de
ARE; y iv) un supuesto trato desigual respecto de otras solicitudes de ARE en las
que, no obstante se presentaron los mismos supuestos, sí fueron concedidas.

En este punto la Sala debe reiterar9 que, dado que uno de los pilares de esta
jurisdicción, que se relaciona con la presunción de legalidad del acto, es el principio
de la justicia rogada, el cual limita al juez a resolver lo pedido en la demanda, no
puede confrontar el acto acusado con disposiciones no invocadas ni atender
conceptos de violación diferentes a los contenidos en ella10.

Enseguida se analizará de fondo cada uno de tales cargos de nulidad, previniendo
que, solo si alguno de ellos prospera, la Sala deberá pasar a establecer si procede,
a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la ANM que reanude y conceda
el ARE, previa delimitación del área objeto de la solicitud 20175510124892, y que
reconozca a los actores como mineros tradicionales.

2. Marco normativo de la controversia

En virtud de los artículos 332 y 360 de la Constitución de 199111, el Estado es
propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, por lo que su
explotación causa a favor del Estado una contraprestación a título de regalía12. Para

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 7 de julio de 2022. Expediente

11001-03-26-000-2016-00140-00 (57819). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
10 Según lo ha reconocido la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, a esta

situación se enfrenta el juez, por ejemplo, en los medios de control de simple nulidad, nulidad y
restablecimiento del derecho, nulidad electoral y nulidad contractual. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia de 30 de marzo de 2022. Expediente 68001-23-31-000-2010-00025-01 (56190). C.P.
Freddy Ibarra Martínez.
11 “Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin

perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. //
“Artículo 360. [Modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011]. La explotación de un
recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título
de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará
las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. […]”.
12 En virtud de tal mandato, la jurisprudencia de esta Corporación ha afirmado que el contrato de

concesión minera no otorga un derecho real de propiedad del concesionario, sino que permite
explorar y explotar el área otorgada. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia

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Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

tal efecto, la Ley 685 de 200113 incorporó normas concernientes a la exploración y
explotación de los recursos mineros, con el propósito de estimular y regular tal
práctica, así como también propender por un aprovechamiento racional de aquellos.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 685 de 200114, el contrato de concesión
minera determina el surgimiento del derecho a explorar y explotar las minas del
Estado, negocio jurídico que, para tal efecto, debe encontrarse debidamente inscrito
en el Registro Minero Nacional y que es producto del cumplimiento de los requisitos
de ley, entre ellos, que no se configure una superposición total15. De ahí que, en
concordancia con el artículo 1616 de ese estatuto, la solicitud de concesión, por sí
sola, no confiere ningún derecho adquirido, sino únicamente la prelación o
preferencia respecto de peticiones posteriores.

Tratándose de áreas donde existan explotaciones tradicionales de minería informal,
la Ley 685 de 2001 estableció la posibilidad de que la autoridad minera delimite
reservas especiales para otorgarlas en concesión, a través del contrato respectivo,
a las mismas comunidades que hayan ejercido dichas actividades17.

Se trata de una previsión especial en relación con el régimen ordinario de concesión
regulado en el mismo Código de Minas, no solo por su finalidad (el adelantamiento
de estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para
el país y su puesta en marcha) y tiempo limitado para la iniciación de la concesión
(máximo dos años), sino también porque puede llegar a impedir las concesiones

del 3 de marzo de 2023. Radicado 250002336000-2013-01822-02 (56364). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
13 “Artículo 1. […]. El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración

técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas
actividades en orden a […] que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios
y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente […]”.
14 “Artículo 14. Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir,

declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato
de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional […]”.
15 “Artículo 274. Rechazo de la propuesta. La propuesta será rechazada si […] se superpone

totalmente a propuestas o contratos anteriores […]”.
16 “Artículo 16. Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de concesión, mientras se

halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de
concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de
prelación o preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales”.
17 “Artículo 31. Reservas especiales. [Modificado por el artículo 147 del Decreto 19 de 2012]. La

Autoridad Minera o quien haga sus veces, por motivos de orden social o económico, determinados
en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de Ia comunidad minera, en aquellas áreas en donde
existan explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales
temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será
adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país y su
puesta en marcha. En todo caso, estos estudios geológicos-mineros y Ia iniciación de los respectivos
proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a las mismas
comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de
terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos mineros vigentes”.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

concurrentes18 al imposibilitar la admisión de nuevas propuestas sobre todos o
algunos minerales. En todo caso, el régimen ordinario de concesión sigue
aplicándose frente a las áreas objeto de las reservas especiales que no hubieren
quedado vinculadas a los programas y proyectos mineros comunitarios19.

Al margen del otorgamiento del contrato de concesión, no puede perderse de vista
que el alcance de la delimitación de que trata la referida disposición puede depender
de si la actuación se inicia de oficio o por solicitud de parte, puesto que, en relación
con la disponibilidad de la zona a delimitar, mientras en el primer caso, la propia
autoridad minera asume la tarea de seleccionar áreas libres de explotación, en el
segundo caso, esta debe corroborar que el área solicitada por una comunidad
minera no presente superposiciones con la de títulos mineros vigentes sobre todos
o algunos minerales.

Entretanto, con el propósito de establecer los parámetros técnicos para delimitar las
áreas objeto de los contratos mineros, la Ley 1753 del 9 de junio de 201520 -Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018- estableció que la autoridad minera nacional
adoptaría un sistema de cuadrícula única y continua, que podría ser implementado
incluso respecto de los títulos vigentes si el beneficiario así lo decidía, el que fue
desarrollado por la ANM mediante la Resolución 504 del 18 de septiembre de
2018, en la que se dispuso que estaría conformado por un conjunto continuo de
celdas21 y que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, las
solicitudes anteriores estarían conformadas por celdas compuestas y colindantes
por un lado de la cuadrícula minera.

18 El artículo 63 de la Ley 685 de 2001 previó que “sobre el área objeto de una concesión en la que

se cuente con el Programa de Trabajos y Obras, podrán los terceros solicitar y obtener un nuevo
contrato sobre minerales distintos de los de aquella si el concesionario no ha ejercitado el derecho a
adicionar el objeto de su contrato […]”.
19 “Artículo 32. Las áreas libres. Las áreas objeto de las reservas especiales que no hubieren

quedado vinculadas a los programas y proyectos mineros comunitarios, quedarán libres para ser
otorgadas a los terceros proponentes, bajo el régimen ordinario de concesión regulado por este
Código”. [Subraya no original].
20 “Artículo 21. Clasificación de la minería. […] Parágrafo. A partir de la entrada en vigencia de la

presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadrícula para delimitar el
área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única y continua. Así mismo podrá
adaptar al sistema de cuadrículas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida […]”.
21 “Artículo 3. Cuadrícula minera. Se adopta como cuadrícula minera la conformada por un conjunto

continuo de celdas […]. Parágrafo. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, los
títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación de la cuadrícula minera, podrán
adaptarse a ésta en caso de que el beneficiario así lo decida […]”. // “Artículo 4. Trámites de
solicitudes. Las solicitudes y propuestas presentadas con anterioridad […] estarán conformados
espacialmente por celdas completas y colindantes por un lado de la cuadrícula minera”.

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Posteriormente, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 201922 -Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022, en la que se estipuló que la implementación del sistema
de cuadrícula se llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos que defina la
autoridad minera nacional, que todas las solicitudes y propuestas se evaluarán con
base en este y que no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma
celda, con excepción de las concesiones concurrentes. A su vez, se prescribió que
los títulos mineros otorgados con anterioridad a la vigencia de esa norma migrarán
a ese nuevo esquema, manteniendo las condiciones y coordenadas con las que
fueron otorgados.

En virtud del mandato anterior, la ANM profirió la Resolución 505 del 2 de agosto
de 2019, en la que se adoptaron los lineamientos para la evaluación de los trámites
y solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para
la migración de los títulos mineros a ese esquema, por lo que se previó un período
de transición desde la vigencia de ese acto administrativo y hasta el 31 de octubre
de 2019, en el que se realizaría la transformación y evaluación de las propuestas
de contratos de concesión y solicitudes mineras en trámite23.

Así, se estableció que la delimitación del área de las propuestas de contrato de
concesión y solicitudes mineras en trámite se establecerá y evaluará con base en
la cuadrícula minera prevista en la Resolución 504 de 201824.

Se precisa que, mediante la Resolución 703 del 31 de octubre de 2019 de la ANM,
la transición de que trata la Resolución 505 de 2019 se prorrogó “hasta el
establecimiento y puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera -
SIGM-”, que fue previsto mediante el Decreto 2078 del 18 de noviembre de 2019,

22 “Artículo 24. Sistema de cuadrícula en la titulación minera. La implementación del sistema de

cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los
lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. […] Todas las solicitudes y
propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad
minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma
celda, con excepción de las concesiones concurrentes. […] Los títulos mineros otorgados con
anterioridad a la entrada en operación del sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a
este sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual
se atenderá la metodología que para el efecto establezca la autoridad minera nacional”.
23 “Artículo 1. Adoptar los lineamientos para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras a

partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para la migración de los títulos mineros al
sistema de cuadrícula […]”. // “Artículo 3. Transición. Dar inicio al período de transición desde la
entrada en vigencia del presente acto administrativo y hasta el 31 de octubre de 2019. Durante este
período, se realizará la transformación y evaluación de las propuestas de contratos de concesión y
solicitudes mineras que se encuentren en trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la
presente resolución”.
24 “Artículo 3. […]. Parágrafo primero. La delimitación del área de las propuestas de contrato de

concesión y solicitudes mineras en trámite se establecerá y evaluará con base en la cuadrícula
minera de que trata la Resolución 504 de 2018 o la que la modifique, aclare o sustituya”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

que modificó el Decreto 1073 de 2015 -único reglamentario del sector administrativo
de minas y energía”.

Por otro lado, la Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017 de la ANM reguló
el trámite de declaración y delimitación de ARE, en relación con el cual estableció
que se aplicaría a las peticiones en curso25 y que, luego de realizarse la verificación
documental, se procedería con la visita de verificación de tradicionalidad26, para
posteriormente declarar el área solicitada, de cumplirse los requisitos exigidos para
tal fin. También se señaló que el procedimiento no duraría más de 8 meses27.

Posteriormente, la ANM dictó la Resolución 266 del 10 de julio de 2020, en la que
se derogó la resolución precedente y se modificó el trámite administrativo para la
declaración y delimitación de ARE, disponiéndose que: i) se aplicaría para las
solicitudes en curso28; ii) una vez cumplidos los requisitos de la petición se
procedería con la visita técnica de verificación29; iii) se rechazaría si se determina,
a través del sistema de cuadrícula minera, que no queda área libre 30; y iv) no
tardaría más de 8 meses en ser resuelta31.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que por medio de las Leyes 1753
de 2015 y 1955 de 2019, el legislador estableció el sistema de cuadrícula como un
mecanismo para delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera en
Colombia y previó su aplicación inmediata, incluyendo a las solicitudes que se
hubieran presentado con anterioridad a la creación de ese mecanismo.

25 “Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a todas las solicitudes de

declaración y delimitación de áreas de reserva especial, que se encuentren en trámite […]”.
26 “Artículo 6. Visita de verificación de la tradicionalidad. Una vez efectuada la revisión documental

aportada en la solicitud, el Grupo de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la
Agencia Nacional de Minería, o quien haga sus veces, realizará la visita técnica de verificación […]”.
27 “Artículo 12. […]. El término para adelantar el trámite de declaración y delimitación de áreas de

reserva especial no podrá exceder de ocho (8) meses contados a partir de la radicación de la
correspondiente solicitud”.
28 “Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a todas las solicitudes de

declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial que se encuentren en trámite y a las que
se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de esta resolución; así como a las zonas
declaradas y delimitadas como Áreas de Reserva Especial a la entrada en vigencia de la presente
resolución”.
29 “Artículo 8. Visita técnica de verificación. Una vez se determine que la solicitud de declaración y

delimitación de área de reserva especial cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 5 de
la presente resolución, la Autoridad Minera adelantará visita de verificación […]”.
30 “Artículo 10. […] Las solicitudes de declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial serán

rechazadas mediante acto administrativo cuando se presente alguna de las siguientes causales: […]
4. Se determine en la evaluación que no queda área libre, de acuerdo con el Sistema de Cuadrícula
Minera, o que las explotaciones se ubican por fuera del área susceptible de continuar con el trámite,
o que en el área resultante no se pueda desarrollar técnicamente un proyecto minero […]”.
31 “Artículo 13. […]. El término para adelantar el trámite de declaración y delimitación de Áreas de

Reserva Especial no podrá exceder de ocho (8) meses contados a partir de la radicación de la
correspondiente solicitud en el Sistema Integral de Gestión Minera – AnnA Minería o aquel que lo
reemplace o sustituya.”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

3. Análisis de los cargos

3.1. Vulneración del debido proceso y del principio de confianza legítima por
la aplicación retrospectiva del sistema de cuadrícula minera

La parte demandante considera que los actos impugnados vulneraron el artículo 29
de la Constitución, ya que radicó su solicitud de ARE 20175510124892 en vigencia
del artículo 31 de la Ley 685 de 2001 y la Resolución 546 de 2017 de la ANM,
normas a partir de las cuales esa entidad concluyó, preliminarmente, que se
cumplían los requisitos del procedimiento, lo que generó un “derecho adquirido” a
favor de los solicitantes; empero, luego la entidad denegó la petición con base en la
aplicación de la Ley 1955 de 2019 y las Resoluciones 505 de 2019 y 266 de 2020
de la ANM, normas que no estaban vigentes para la fecha en que aquella se radicó,
por lo que no podían servir de fundamento para esa decisión.

Por su parte, el curador ad litem de los litisconsortes por activa afirma que las
resoluciones demandadas vulneran el principio de confianza legítima, pues, pese a
que inicialmente la ANM había concluido que la solicitud de ARE era procedente en
virtud de la normativa vigente para la fecha de su radicación, luego aplicó normas
expedidas posteriormente y denegó la petición. También destacó que del artículo
40 de la Ley 153 de 1887 se deduce un régimen de transición que implicaba que, si
ya había sido superada la etapa de evaluación, no podía la ANM volver sobre la
misma, recalificando y revocando el área libre que se había recomendado delimitar,
lo que significó el desconocimiento de situaciones consolidadas.

La Sala empieza por precisar que, si bien los demandantes iniciales y los
litisconsortes por activa alegaron la transgresión de normas y principios jurídicos
distintos - el artículo 29 y el principio de la confianza legítima-, de la lectura de ambos
cargos se desprende que se fundan en un mismo reproche, concretamente la
aplicación de una normativa posterior a la solicitud de ARE, circunstancia que
justifica su análisis conjunto en este mismo acápite.

En los antecedentes del procedimiento de declaratoria de ARE correspondiente a la
solicitud 20175510124892, se observa que la ANM profirió un informe de evaluación
documental el 27 de agosto de 2018, en el que recomendó realizar la visita de
verificación de tradicionalidad, la que se efectuó del 12 al 15 de marzo de 2019,
según obra en el informe de visita del 3 de mayo de ese año, e inicialmente se

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

recomendó delimitar como ARE la zona solicitada, en virtud de lo previsto en el
Código de Minas y la Resolución 546 de 201732.

Posteriormente, el 28 de marzo de 2020, la ANM, a través del Sistema Integral de
Gestión Minera -Anna Minería- profirió el certificado de área libre ANM-CAL-0150-
20 y, mediante el informe técnico de evaluación de área 118 del 4 de junio de 2020
se concluyó, con base en la Resolución 505 del 2 de agosto de 201933, que “no
queda área libre susceptible de declarar y delimitar”, debido a que la zona de la
solicitud 20175510124892 se superponía con la del AIE Almorzadero 2, esta última
vigente desde el 24 de marzo de 200334.

En virtud de lo anterior, la Resolución 108 de 2020 de la ANM dio por terminada la
solicitud 20175510124892, en la medida en que, de acuerdo con el sistema de
cuadrícula minera, el área que allí se solicitó no estaba disponible o libre para poder
continuar el trámite, dado que presentaba una superposición del 90,01811% con el
AIE denominada “Almorzadero 2”. En relación con la aplicación de dicho sistema a
la referida solicitud, se precisó que las Leyes 1753 de 2015 y Ley 1955 de 2019 y
las Resoluciones 504 de 2018, 505 de 2019 y 266 de 2020 previeron la
implementación inmediata del sistema de cuadrícula a las peticiones en curso y
proscribieron la superposición de propuestas sobre una misma celda.

La ANM confirmó la decisión precedente mediante la Resolución 095 del 15 de junio
de 2021, en la que resolvió el recurso de reposición interpuesto por los solicitantes
–quienes alegaron los mismos cuestionamientos de la demanda35– reiterando que,
por tratarse de una solicitud en curso en la que no se configuraba ningún derecho
adquirido, le era aplicable el sistema de cuadrícula de la normativa referenciada en
el párrafo anterior. Agregó que en el trámite de la solicitud de ARE existen meras
expectativas, por lo que nada impide la aplicación de normas posteriores a la
respectiva petición y que no se vulneró la igualdad frente a lo decidido en otras
actuaciones, pues, en estas, los supuestos eran distintos, porque su resolución
aconteció antes de la implementación del sistema de cuadrícula.

En efecto, la ANM tramitó la solicitud 20175510124892 de declaración y delimitación
de un ARE, con base en el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 y la Resolución 546

32 Páginas 4 y 65 a 139 del archivo 4 del índice 2 de SAMAI.
33 En la parte resolutiva se decidió “DAR POR TERMINADA la solicitud minera de declaración y

delimitación de un área de reserva especial […] presentada mediante el radicado No.
20175510124892 del 05 de junio de 2017”.
34 Páginas 4 a 5 del archivo 4 del índice 2 de SAMAI.
35 Páginas 153 a 160 del archivo 4 del índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

de 2017, contexto en el que, inicialmente, en el informe de la visita de verificación
recomendó otorgar el área solicitada. No obstante, luego de que, por virtud de la
Ley 1955 de 2019, el Decreto 2078 de 2019 y las Resoluciones 505 de 2019 y 266
de 2020, se implementara el sistema de cuadrícula que había sido previsto en la
Ley 1753 de 2015 y que desarrolló la Resolución 504 de 2018, el mismo fue aplicado
para el caso de esa petición, encontrándose que se presentaba una superposición
sobre una misma celda con la AIE denominada “Almorzadero 2”, que desvirtuaba la
existencia de un área libre para ser otorgada en concesión.

La aplicación del sistema de cuadrícula a la solicitud 20175510124892 no tiene los
visos de ilegalidad que pretenden atribuirle los actores frente al artículo 29 de la
Constitución Política y al principio de la confianza legítima, dado que se trata de una
petición en trámite, en relación con la que, según se explicará enseguida, no existe
todavía ninguna situación consolidada que constituya un derecho adquirido en
cabeza de los particulares que la radicaron, que no podía surgir mientras no se
hubiera perfeccionado un contrato de concesión minera.

Esta Subsección36, en el contexto del procedimiento para la celebración y
perfeccionamiento del contrato de concesión minera bajo el régimen ordinario, que
corresponde a una actuación administrativa iniciada por solicitud de parte 37 en
ejercicio de un interés particular, ha sido categórica en advertir que la misma:

“i) No determina el derecho al otorgamiento del título minero y por ende,
tampoco el derecho a la celebración y perfeccionamiento del contrato de
concesión, de tal forma que durante todo el trámite gubernativo reglado y hasta
el perfeccionamiento del título, el proponente solo adquiere una mera
expectativa respecto al cumplimiento de los presupuestos legales exigidos para
la consolidación del derecho, los cuales, aunque puedan llegar a perfeccionarse
en el futuro, son tan solo probabilidades o esperanzas que no constituyen
derechos subjetivos consolidados;

“ii) Se otorga a dicha propuesta el valor y la fuerza legal para producir efectos
jurídicos bajo un derecho de prelación o preferencia frente terceros y otras
propuestas posteriores, así como frente a la Entidad, quien, en concurrencia de
proponentes, no tiene un poder discrecional para escoger, sino una facultad
reglada definida por el cumplimiento de los requisitos legales por la primera
propuesta recibida. En tal sentido, el cumplimiento de los requisitos básicos de
la propuesta crea una situación subjetiva que debe ser respetada por los demás
interesados y la Entidad bajo el principio prior in tempore potior iure (primero en
el tiempo, mejor en el derecho); y,

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de noviembre de 2021.
Radicado 11001-03-26-000-2015-00014-00 (53038). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
37 Según ya se avizoró, en el caso del artículo 31 de la Ley 685 de 2001, el procedimiento para la

celebración y perfeccionamiento de concesión con una comunidad minera corresponde a una
actuación administrativa que puede iniciarse por solicitud de parte o de oficio por la autoridad minera.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

“iii) Genera un derecho al proponente consistente en el estudio y definición de
la propuesta por parte de la Entidad a la luz de lo dispuesto por la ley,
exclusivamente bajo los documentos, permisos y demás que ésta defina, y solo
podrá ser rechazada con fundamento en los casos expresamente definidos por
la misma”.

Siguiendo esta directriz, tratándose de las solicitudes reguladas por el artículo 31
de la Ley 685 de 2001, la decisión de otorgar en concesión una zona de reserva
especial a las comunidades que hayan ejercido en ella explotaciones mineras
tradicionales no puede escapar al razonamiento jurisprudencial, motivo por el cual,
mientras el respectivo contrato no se perfeccione, los solicitantes solo cuentan con
una mera expectativa frente al cumplimiento de los presupuestos legales exigidos
para la consolidación del derecho, lo que de ninguna manera impedía que en este
caso la ANM aplicara el sistema de cuadrícula introducido e implementado con
posterioridad a la presentación de la petición 20175510124892.

Este planteamiento se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 14,
16 y 31 de la Ley 685 de 2001, en relación con los cuales, de los dos primeros se
deduce que, mientras no se otorgue o perfeccione con el primer interesado
solicitante un contrato de concesión o permiso especial para explorar y explotar
minas de propiedad estatal -según el caso-38, únicamente existe en cabeza suya un
derecho de preferencia respecto de los peticionarios posteriores.

Conjuntamente, la última disposición, concerniente a la solicitud de delimitación de
un ARE, se enmarca también en la misma premisa, con la particularidad de que,
además, el otorgamiento de la respectiva concesión involucra exclusivamente a las
comunidades mineras que hubieran ejercido las explotaciones tradicionales en el
área correspondiente –excluyendo cualquier solicitud de terceros–, y la suscripción
del subsiguiente contrato puede inclusive llegar a impedir las propuestas que se
presenten sobre los minerales que no sean objeto de la concesión.

Precisamente, en el caso de la solicitud 20175510124892, el trámite no había
culminado con el perfeccionamiento de un contrato de concesión, al margen de que
existiera un visto bueno preliminar de la ANM, con ocasión de la visita de verificación
que se realizó, lo cual, bajo la legislación minera, de ninguna forma otorga a los
otrora solicitantes, ahora actores en la presente causa, derecho alguno.

38 Si bien el artículo 14 del Código de Minas dispuso que solo el contrato de concesión otorga

derechos a explorar y explotar recursos mineros, no puede perderse de vista que, además de esa
figura, el legislador también previó otras -como la extracción ocasional y el barequeo- en las que
estos se conceden, sin necesidad de la suscripción de un negocio jurídico.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Sobre las diferencias entre derechos adquiridos y meras expectativas, la
jurisprudencia ha sostenido que, mientras los primeros se consolidan de manera
definitiva, las segundas se limitan a la probabilidad de la adquisición futura de un
derecho que, por no haber acaecido aún puede ser regulada por el legislador 39 y,
en el caso de las solicitudes mineras, ha advertido que su simple presentación
únicamente constituye una mera expectativa, por lo que su evaluación debe
efectuarse con “la normativa vigente para el momento en que se resuelva”40.

Así, dada la inexistencia de una situación jurídica generadora de derechos para los
miembros de comunidades mineras que presentan una solicitud de reserva especial
regulada por el artículo 31 de la Ley 685 de 2001, la aplicación retrospectiva del
sistema de cuadrícula para la verificación del requisito consistente en que dicha
solicitud verse sobre un área libre no desconoce ningún derecho, aun cuando sí
pueda legítimamente relegar las meras expectativas fundadas en la simple
posibilidad de alcanzar un derecho, dado que estas carecen de relevancia jurídica41.

Tampoco se transgredió una “expectativa legítima”, concepto acuñado por la Corte
Constitucional42, pues, por una parte, la determinación de la ANM sobre una
superposición de áreas, en observancia de las reglas de un sistema de cuadrícula,
no supone el establecimiento de una nueva condición o requisito para el
otorgamiento del contrato –la existencia de un área libre–, sino de la aplicación de
una metodología posterior a la presentación de la solicitud43; y, por otro lado, aún si

39 Corte Constitucional. Sentencia C-983 del 1 de diciembre de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
40 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de marzo de 2019. Radicado 17001-23-

00-000-2011-00337-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2021. Radicado 11001-03-26-000-2021-00071-00
(66795). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
41 Corte Constitucional. Sentencias T-164 del 27 de abril de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero,

C-168 del 20 de abril de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-596 del 20 de noviembre de 1997. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
42 En la sentencia T-662 del 7 de septiembre de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Iván

Palacio Palacio, la Corte Constitucional indicó que “Cuando en vigencia de la ley, se señalan tales
requisitos y estos llegan a cumplirse, se está en presencia de un derecho adquirido. Cuando, por el
contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que
aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa legítima. // “En todo
caso, las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos,
al tenor del artículo 58 de la Constitución, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así
las expectativas legítimas. Sin embargo, frente a cambios de normatividad se hace necesaria la
inclusión de regímenes de transición como mecanismo de protección respecto a las expectativas
legítimas, por cuanto no pueden modificarse arbitrariamente”.
43 La Sala, en el contexto de las propuestas de contrato de concesión minera, ha recordado que, de

acuerdo con el Código de Minas (artículos 299 y 300), no es admisible o procedente la propuesta de
concesión cuyas áreas estén superpuestas con otras referidas en propuestas anteriores o en
contratos de concesión ya en curso, exigencia legal que permite que la actividad minera se adelante
de manera adecuada, sin entrañar riesgos para los recursos objeto de explotación –cuya propiedad
mantiene el Estado–, ni para los derechos de terceros. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencias de 29 de octubre de 2010. Expediente 25000-23-26-000-2006-01993-01
(38714). C.P. María Adriana Marín; y 4 de febrero de 2022. Expediente 11001-03-26-000-2018-
00049-00 (61357). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

se tratara de dicha expectativa, se está en presencia de un asunto en el que el
interés particular debe ceder frente al interés público o social que motiva la
expedición de la nueva regulación, lo que impediría que aquella fuera
salvaguardada.

En relación con esto último, la aplicación de una nueva metodología como la del
sistema de cuadrícula persigue la satisfacción del interés público por encima de
cualquier interés particular, no solo porque tiene relación directa con bienes de
titularidad pública, como lo son las minas de propiedad del Estado, sino también
porque dicho sistema respeta de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en
aras de una mayor seguridad jurídica y una mejor administración y gestión del
recurso minero por parte de la ANM.

En efecto, la vieja metodología, es decir, la del sistema de polígonos de la Ley 685
de 2001, basado en figuras geométricas irregulares, originó la existencia de áreas
no asignadas entre títulos de concesión, así como también un fenómeno de
especulación sobre aquellas, situación que condujo a evaluar la necesidad de
migrar hacia un sistema de cuadrícula o grilla para el mejor aprovechamiento del
potencial minero en el territorio nacional44.

Nada impedía entonces que el legislador –a través del artículo 21 de la Ley 1753 de
2015 y el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019– y la autoridad minera nacional
establecieran e implementaran un nuevo sistema -de cuadrícula- para la
determinación del área minera a todos los trámites en curso, máxime si la Ley 153
de 1887 dispuso que, en ausencia de situaciones consolidadas, las expectativas
pueden ser reguladas, modificadas e incluso cercenadas por el ordenamiento
jurídico45.

Así, era válido que se aplicaran las normas que introdujeron la nueva figura para
determinar el área minera pedida por los solicitantes, sin que por ello se hubiera

44 Consideraciones tomadas de la letra f) “Acciones transversales”, del Objetivo 5 “Consolidar el

desarrollo minero-energético para la equidad regional”, de la letra C) “Objetivos, estrategias y metas”,
del Capítulo V “Competitividad e Infraestructura Estratégicos”, del Tomo I del PND 2014-2018, pág.
246. Con fundamento en lo anterior, la doctrina ha afirmado que la implementación del nuevo sistema
de cuadrícula obedeció a la necesidad de “aprovechar la totalidad del potencial minero en el territorio
nacional” y de reducir la especulación en ese ramo, lo que fomenta la seguridad jurídica, al existir
claridad sobre las áreas que pueden ser destinadas a la actividad minera. Para cumplir ese propósito,
la legislación y las resoluciones dictadas por la autoridad nacional minera prescribieron que esa
figura sería aplicable a todas las solicitudes y propuestas anteriores sin resolver, en las que no se
permitirá la superposición de propuestas sobre una misma celda, lo que no afecta ningún derecho,
pues esas peticiones únicamente constituyen meras expectativas. RICAURTE, Margarita. Manual de
derecho minero. Bogotá. 2021. Temis. pp. 130-135.
45 El artículo 17 de la Ley 153 de 1887 dispuso que “las meras expectativas no constituyen derecho

contra la ley nueva que las anule o cercene”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

vulnerado el artículo 4046 de la Ley 153 de 1887, por el contrario, este fue observado
por la ANM, en tanto en el sub lite aplicó las normas concernientes a la sustanciación
y ritualidad vigentes para el momento en que resolvió definitivamente la petición
20175510124892.

Tampoco puede perderse de vista que, mientras la Ley 1753 de 2015 previó el
sistema de cuadrícula, la Ley 1955 de 2019 dispuso que este sería obligatorio para
los trámites en curso al momento de su promulgación (lo que implica una aplicación
retrospectiva de la norma47) y que estaría proscrita la superposición sobre una
misma celda, lo que vino a concretarse en las Resoluciones 504 de 2018 y 505 de
201948 y que entró en vigencia a partir de la implementación del sistema integral de
gestión minera del Decreto 2078 del 18 de noviembre de 2019. Posteriormente se
readecuó el trámite de las solicitudes de ARE mediante la Resolución 266 de 2020 49,
en la que se dispuso que estas serían rechazadas de no existir área libre objeto de
delimitación para ser otorgada en concesión.

Ahora bien, la no afectación de derechos adquiridos de los solicitantes impide
concluir que se hubiera transgredido el principio de la confianza legítima, puesto
que no puede deducirse ninguna expectativa que tenga relevancia jurídica del
agotamiento de actuaciones propias del trámite del artículo 31 de la Ley 685 de
2001, es más, la regla de ultraactividad establecida en el inciso segundo del artículo
40 de la Ley 153 de 1887, frente a cada uno de los eventos allí descritos, no puede
ser interpretada de forma aislada, sino en el marco de las normas del específico
procedimiento judicial o administrativo en el que aquella se aplique. Sostener lo
contrario implicaría que, en todos los casos, se haga prevalecer una disposición
general y de estirpe procesal, sobre los fundamentos esenciales de cualquier norma
especial reguladora de procedimientos judiciales o administrativos.

46 “Artículo 40. [Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2014]. Las leyes concernientes a la

sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir […]”.
47 Sobre la retrospectividad de la ley véase: Corte Constitucional. Sentencia T-110 del 22 de febrero

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
48 De acuerdo con el artículo 1 de esta resolución “Adoptar los lineamientos para la evaluación de

los trámites v solicitudes mineras a partir del sistema de cuadricula minera y la metodología para la
migración de los títulos mineros al sistema de cuadrícula, los cuales se encuentran contenidos en el
documento técnico denominado ‘Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes
Mineras a Partir del Sistema de Cuadricula Minera y Metodología para la Migración de los Títulos
Mineros al Sistema de Cuadrícula’, que hace parte integral de la presente resolución”.
49 De acuerdo con el artículo 10 de esta resolución “Causales de rechazo. Las solicitudes de

declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial serán rechazadas mediante acto
administrativo cuando se presente alguna de las siguientes causales: [...] 4. Se determine en la
evaluación que no queda área libre, de acuerdo con el Sistema de Cuadricula Minera […]”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Precisamente, en el caso del procedimiento aplicable a las solicitudes objeto del
artículo 31 de la Ley 685 de 2001, orientado por los principios y reglas que orientan
la titulación minera en dicho Código de Minas, esas peticiones, mientras se hallan
en trámite, no confieren, por sí solas, frente al Estado, derecho a la celebración del
contrato de concesión. De ahí que, en el contexto de las referidas solicitudes en
cuestión, la regla de ultraactividad, de acuerdo con la cual “[…] las diligencias
iniciadas […] se regirán por las leyes vigentes cuando se iniciaron las […]
diligencias”, no puede implicar la consolidación de situaciones jurídicas que
predeterminen derechos respecto de un eventual contrato de concesión.

De acuerdo con lo expuesto, la ANM encontró una superposición del área de la
solicitud 20175510124892 con la AIE denominada “Almorzadero 2”, declarada con
anterioridad y vigente desde el 25 de marzo de 2003, situación que impedía que se
accediera a la delimitación y otorgamiento en concesión de un ARE, concretamente
porque el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019 proscribió la superposición sobre una
misma celda, lo que implicaba que la referida petición no contara con un área libre
para continuar con el trámite.

De modo que, atendiendo el alcance de los cargos aquí planteados, la finalización
del trámite a través de las resoluciones demandadas, que aplicaron normas
posteriores a la presentación de la solicitud que presentaron los actores, se ajustó
a las normas superiores y no desconoció su debido proceso, sus derechos
adquiridos, ni el principio de confianza legítima, ya que la entidad demandada se
limitó a aplicar la normativa vigente para el momento en que resolvió aquella. Como
consecuencia, se desestima el cargo de estudio.

3.2. Inobservancia del término para resolver la solicitud de ARE

La parte actora advirtió que el artículo 12 de la Resolución 546 de 2017 exigía
resolver las solicitudes de áreas para la minería tradicional en un período no mayor
a 8 meses, lo que se infringió en el sub lite y sometió a los peticionarios a que,
durante el período adicional que la demandada se tomó para denegar la petición,
se cambiara la normativa aplicable al caso en perjuicio de sus intereses.

Por su parte, el curador ad litem de los litisconsortes en la causa por activa manifestó
que las resoluciones en comento vulneraron el artículo 263 del Código de Minas
que exigía la resolución de la solicitud de ARE en un término de 30 días.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que lo alegado por los demandantes
iniciales y por los litisconsortes en la causa por activa se refiere a una misma
circunstancia -la mora en la resolución de la solicitud de ARE-, por lo que ello será
resuelto de manera conjunta.

La Sala empieza por indicar que el artículo 26350 del Código de Minas no prescribe
ningún término para la resolución de las solicitudes objeto del procedimiento previo
al contrato de concesión, limitándose a indicar que no será necesaria actuación
alguna de los interesados para que exista un impulso oficioso, con excepción de la
interposición de recursos y la formulación de oposiciones de terceros.

En ese sentido, para el momento de los hechos de la presente controversia, era la
Resolución 546 de 2017 la que, en el plano reglamentario, estableció en su artículo
12 que “[e]l término para adelantar el trámite de declaración y delimitación de Áreas
de Reserva Especial no podrá exceder de ocho (8) meses contados a partir de la
radicación de la correspondiente solicitud”, previsión que fue posteriormente
reiterada por el artículo 13 de la Resolución 266 de 2020.

Ninguna de las decisiones precedentes estableció una consecuencia jurídica en
relación con la validez de los actos administrativos que se profirieran inobservando
dicho término, por ejemplo, erigiendo esa situación en una causal de pérdida de
competencia temporal o material, razón por la cual, no obstante que la mora
administrativa, en sí misma considerada, puede ser la fuente de un daño
antijurídico51 que fundamente una eventual responsabilidad del Estado a través de
la acción de reparación directa o de una violación del derecho fundamental al debido
proceso que justifique su amparo mediante la acción de tutela52, en el contexto del

50 “Artículo 263. Impulso oficioso. Con excepción de la interposición de recursos y la formulación de

oposiciones de terceros, no será necesaria petición alguna para adelantar, de oficio, la totalidad del
procedimiento gubernativo previo al contrato y para dar curso progresivo a las actuaciones
correspondientes”.
51 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, la demora en la resolución oportuna de una

petición o solicitud en interés individual, si es injustificada y ocasiona daños al administrado que la
presenta, puede llegar a comprometer la responsabilidad del Estado, caso en el cual el medio de
control de reparación directa constituye el mecanismo judicial para reclamar la indemnización de los
daños que sean consecuencia de dicha demora. Sobre el particular véase Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A. Sentencias de 19 de febrero de 2021. Expediente 15001-23-31-000-
2003-00937-01 (48106). MP. María Adriana Marín y 8 de mayo de 2019. Expediente 25000-23-26-
000-2011-00421-01 (47598); y Subsección B. Sentencia de 15 de octubre de 2015. Expediente
25000-23-26-000-2001-02706-01 (30261). MP. Stella Conto Díaz del Castillo.
52 La jurisprudencia constitucional ha admitido que tanto la mora judicial como la administrativa

vulneran el derecho al debido proceso, contexto en el cual la acción de tutela ha constituido el
mecanismo judicial para la reivindicación de ese derecho fundamental. Sobre el particular véase
Corte Constitucional. Sentencia T-297 del 7 de abril de 2006. M.P. Jaime Córdova Triviño, reiterada
por la Sentencia T-693A del 20 de septiembre de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

control de legalidad a que se refieren los artículos 137 y 138 del CPACA, dicha mora
no tiene la aptitud para viciar el acto administrativo expedido con retraso.

En efecto, si en los referidos medios de control el acto cuestionado por ilegal
desaparece del mundo jurídico una vez el juez lo anule, aceptar la mora
administrativa como uno de los eventos que configura algunas de las causales de
anulación conduciría inevitablemente a que la entidad pública que esté incurriendo
en ella, siempre y cuando no se haya configurado un silencio negativo, se encuentre
en el deber legal53 de expedir una decisión que nacería viciada una vez se expida
el acto correspondiente, lo que no tendría ninguna consistencia lógica, puesto que
¿cómo sería posible que el ordenamiento jurídico conmine a decidir aún con retraso
si posteriormente sanciona la decisión en mora con su anulación?

Así las cosas, si bien entre la presentación de la solicitud de ARE -5 de junio de
2017- y la resolución que la dio por terminada -30 de junio de 2020- acaecieron más
de 3 años, lo que evidencia que no se resolvió dentro de los 8 meses previstos en
el procedimiento reglamentario, esa circunstancia, por sí misma, no vicia de
ilegalidad las resoluciones demandadas.

Tampoco puede admitirse con ligereza que la mora en la resolución administrativa
de una controversia propicia la aplicación de normas que se expidan con
posterioridad al inicio de la respectiva actuación, puesto que, según ya se indicó, el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887 debe leerse en concordancia con las reglas y
principios del procedimiento administrativo especial de que se trate, los cuales, en
este caso, dictan que la radicación y trámite de una solicitud regida por el artículo
31 de la Ley 685 de 2001 no configura ningún derecho adquirido a favor de los
peticionarios sino meras expectativas, lo que a su turno implica que la ANM acertó
al dar por terminada la solicitud de ARE 20175510124892, con base en la normativa
vigente para el momento de la decisión. Como consecuencia, el cargo se desestima.

3.3. Omisión del levantamiento del AIE “Almorzadero 2”

El presente cargo de la demanda, comprendido dentro de la causal de nulidad de
infracción de las normas en que debían fundarse los actos administrativos
demandados, coincide con un cuestionamiento común del que se sirvió también la

53 De acuerdo con el inciso tercero del artículo 83 del CPACA “La ocurrencia del silencio
administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del
deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
se haya notificado auto admisorio de la demanda”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

parte actora para fundamentar la causal de nulidad de falsa de motivación,
esencialmente la inaplicación del artículo 335 de la Ley 685 de 2001, por lo que
ambos cargos serán analizados conjuntamente en este acápite.

La parte demandante manifestó que “bajo el falso entendido de que debía aplicarse”
el sistema de cuadrícula, la ANM omitió levantar el AIE “Almorzadero 2”,
desconociendo lo previsto en el artículo 355 del Código de Minas, norma que de
haberse aplicado hubiera conducido a que la ANM declarara esa zona en favor de
los solicitantes del ARE, irregularidad que vicia las resoluciones por falsa motivación
y por infracción de dicha norma legal y del artículo 228 de la Constitución Política.

En efecto, manifestó que el artículo 355 ejusdem exigía que, de no otorgarse en
licitación el AIE denominada “Almorzadero 2” en los dos años siguientes a su
declaración, la zona correspondiente debía concederse mediante el régimen común
de concesión, en el que precisamente se encontraban inmersas las solicitudes de
ARE, so pena de transgredir esa norma.

Como se ha indicado en este caso, a través de las resoluciones demandadas, la
ANM dio por terminada la solicitud de ARE 20175510124892 que comprendía la
zona ubicada en jurisdicción de los municipios de Enciso y San Miguel, debido a
que, al aplicar el sistema de cuadrícula, determinó que aquella presentaba una
superposición del 90,01811% con el AIE denominada “Almorzadero 2”.

La Sala considera que el artículo 355 del Código de Minas no tiene el alcance que
la parte actora le atribuye, debido a que, si bien se encuentra acreditado que para
la fecha de los hechos el AIE “Almorzadero 2” no había sido objeto de una licitación
dentro de los 2 años siguientes a su conformación54, esa omisión no conducía
inexorablemente a que se entendiera levantada el AIE, sino únicamente a que el
funcionario competente incurriera en causal de mala conducta.

El artículo 355 del Código de Minas estableció que las áreas libres o recuperadas
por cualquier causa que hayan sido objeto de estudios especiales de exploración,
de mayor intensidad que la prospección o exploración superficial, financiados con
recursos estatales, se someterán al sistema de concesión, para lo cual su
contratación se hará mediante procesos licitatorios y, de no presentarse ningún

54 En la Resolución 230 del 19 de septiembre de 2017, aportada en la demanda, se afirmó que “hasta

la presente, no existe contrato alguno concedido sobre el área de inversión del Estado denominada
“almorzadero 2”, que se encuentre registrado en el Catastro Minero Colombiano” y que esa AIE se
constituyó a partir del 25 de marzo de 2003. Página 59 del archivo 4 del índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

proponente, se efectuará mediante el procedimiento convencional del Código.
Como consecuencia a la omisión de lo anterior dentro de los 2 años, se previó que
los funcionarios responsables incurrirían en causal de mala conducta55.

Como se observa, el legislador dispuso que, cuando la autoridad nacional minera
se encontrara frente a un AIE, se debía efectuar un procedimiento licitatorio para
seleccionar a quien se le otorgarían los derechos mineros y, en caso de que se
llevara a cabo y no se presentara ningún oferente, se acudiría a los procedimientos
normales previstos por el Código Minero. La consecuencia prevista ante la omisión
de tal mandato no fue que tal zona se entendería disponible, sino que el funcionario
responsable del proceso de selección incurriría en causal de mala conducta56.

El referido artículo 355 de la Ley 685 de 2001 no resulta aplicable en el presente
caso puesto que, de acuerdo con dicha norma, la aplicación de los “procedimientos
normales” para la concesión del derecho a explorar y explotar minas del Estado
respecto de las AIE procede únicamente si ningún oferente se presenta a la
licitación, lo que presupone un procedimiento convocado pero desierto y excluye la
hipótesis de uno no convocado.

No sobra poner de presente que, en una reciente acción de cumplimiento, en la que
se solicitó que se hiciera efectivo el artículo 355 del Código de Minas y se fijara una
fecha límite para que la ANM realizara el levantamiento del AIE denominada
“Almorzadero 2”, por no haberse realizado ninguna licitación, esta Corporación57

55 “Artículo 355. Contratos sobre áreas con inversión estatal. Las áreas que a la fecha de
promulgación del presente Código estuvieren libres o se hubieren recuperado por cualquier causa y
hayan sido objeto de estudios especiales de exploración, de mayor intensidad que los de simple
prospección o exploración superficial, financiados con recursos estatales de cualquier naturaleza y
cuantía, se someterán al sistema de concesión pero su contratación se hará mediante procesos
licitatorios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política. Para adelantar
estos procesos la autoridad minera establecerá en cada caso, en los términos de referencia, las
contraprestaciones económicas distintas de la regalía que los licitantes deben ofrecer. Si a las
licitaciones no se presentare licitante alguno, dichas áreas se contratarán por los procedimientos
normales establecidos en este Código. La no apertura de las licitaciones en dos (2) años, contados
a partir de la promulgación del presente Código, hará incurrir a los funcionarios responsables en
causal de mala conducta. Todo lo anterior sin perjuicio de lo previsto en los artículos 248, 249 y 250
de este Código”.
56 Para la doctrina, las AIE se originaron en la necesidad de proteger áreas que antes estaban

amparadas por aportes mineros y en las que el Estado había realizado inversiones directas, por lo
que se dispuso su otorgamiento a los particulares para recuperar los ingresos estatales destinados.
RICAURTE, Margarita. Manual de derecho minero. Op. Cit. pp. 97-98.
57 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 30 de marzo de 2023. Radicado 15001-23-33-

000-2023-00067-01. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. En esta providencia se indicó que “[…] la
disposición (el artículo 355 de la Ley 685 de 2001) no contiene un mandato claro, expreso y directo
en los términos concebidos por la parte actora en la demanda, en el sentido de ordenar a la
accionada que fije una fecha límite para que realice el levantamiento del área de inversión estatal
‘almorzadero 2’ y haga la ‘des anotación’ de aquella del sistema de cuadrícula con el fin de que se
liberen las celdas que la comprenden y pueda ser solicitada o contratada a través del régimen de
concesión ordinario. El precepto regula el procedimiento para los contratos sobre áreas con inversión

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

resolvió confirmar la decisión de primera instancia que había negado dicha acción,
porque de esa norma no se deriva que, de no efectuarse la licitación, deba
procederse al levantamiento del área, para que así pueda ser solicitada bajo el
régimen ordinario de concesión.

En virtud de lo precedente, no se encuentra acreditada la vulneración de las normas
que invoca la parte actora, porque el artículo 355 de la Ley 685 de 2001 no resultaría
aplicable a la hipótesis de una licitación no convocada, lo que desvirtúa la supuesta
inobservancia de hacer prevalecer el derecho sustancial de los solicitantes a costa
de la omisión –improcedente en este caso– de haber levantado el AIE.

Asimismo, para la Sala son correctas las consideraciones contenidas en las
resoluciones demandadas, que la parte actora califica de falsas, referidas a que la
no apertura de licitaciones en 2 años en un AIE tiene consecuencias circunscritas
al ámbito disciplinario, sin que de ello pueda deducirse que esa misma situación
conduzca a desafectar el área para concesionarla a través de los procedimientos
ordinarios del Código de Minas. Según ya se indicó, la posibilidad de concesionar
un AIE desafectada, a través de dichos procedimientos, procede solo si se
convocaron licitaciones y resultaron desiertas. Como consecuencia, se desestiman
los cargos analizados en este acápite.

3.4. Vulneración de la igualdad por un trato discriminatorio respecto de otras
solicitudes de ARE

Los demandantes manifestaron que la ANM incurrió en un trato diferente y desigual
("en sentido negativo”) que vulneró el principio de igualdad previsto en el artículo
3.2 del CPACA, puesto que, no obstante que tramitó de manera simultánea la
solicitud de ARE 20175510124892 y otras del mismo tipo, con supuestos idénticos,
denegó la primera y concedió las segundas, aseveración que dedujo,
principalmente, de la Resolución 230 del 19 de septiembre de 2017 de la ANM, en
la que se declaró y delimitó un ARE solicitada el 20 de abril de 201658.

Este cargo se analiza en último lugar debido a que se alimenta de planteamientos
que la parte actora esgrimió en cargos que se estudiaron en precedencia,
específicamente que la ANM decidió casos similares de ARE, de una parte, dentro
del término de la Resolución 546 de 2017 y, de otro lado, en los que sí se levantó el
área “el Almorzadero 2”, argumentos cuyo alcance tiene relación directa con lo ya

estatal, pero del mismo no se desprende la obligación de fijar una fecha para que se adelante el
levantamiento de ésta y menos aún prevé la ‘des anotación’ de la misma”.
58 Como obra en el documento de páginas 32 a 64 del archivo 4 del índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

analizado en los numerales 3.2. y 3.3., por lo que, en este apartado, desde la óptica
de este último cargo, se reiterarán los argumentos ya expresados por la Sala.

Pues bien, debe empezar la Sala por recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional59, la Carta Política no prohíbe el trato desigual sino el
trato discriminatorio, porque de hecho el trato distinto puede ser obligatorio para
ciertos supuestos, siendo el trato discriminatorio aquel que establece diferencias sin
justificación constitucionalmente válida.

En el presente caso, según se analizará, la Resolución 230 de 2017 de la ANM que
resolvió la solicitud de ARE 20165510126092 no permite acreditar un trato
discriminatorio en relación con lo decidido por esa misma entidad en las
resoluciones demandadas dentro de la solicitud de ARE 20175510124892, pues,
además de que ambos asuntos presentan diferencias circunstanciales relevantes,
la inaplicación del artículo 355 de la Ley 685 de 2001 resulta ser correcta, según ya
se expuso en el acápite de los cargos previamente analizados.

Sobre esto último debe advertirse que, en este proceso, no le es dable a la Sala
realizar cuestionamientos sobre la aplicación del referido artículo 355 en el caso de
la Resolución 230 de 2017, puesto que, como es obvio, esta corresponde a una
decisión de contenido particular ajena a las pretensiones anulatorias de la demanda
y, por ende, sobrepasa la competencia del juez.

En ese sentido, abordando las referidas diferencias circunstanciales relevantes, en
primer lugar, las decisiones que resolvieron las solicitudes de ARE
20165510126092 y 20175510124892 fueron dictadas, cada una, en vigencia de
normas distintas, puesto que, mientras la primera se radicó el 20 de abril de 2016 y
se resolvió el 19 de septiembre de 2017, en el caso de la segunda ello aconteció el
5 de junio de 2017 y el 15 de junio de 2021 (cuando en la Resolución VPPF 095 se
resolvió el recurso de reposición frente a la Resolución VPPF 108 de 30 de junio de
2020). Precisamente, la solicitud de ARE 20175510124892 fue resuelta cuando se
encontraba en vigor la norma que estableció la aplicación del nuevo sistema de
cuadrícula, distinto a lo que ocurrió en el otro caso.

En segundo lugar, además de que se recuerda que la demora en la resolución de
la solicitud de ARE 20175510124892 no podía comprometer la legalidad de las
decisiones demandadas, se advierte que, en el caso de la solicitud de ARE

59 Corte Constitucional. Sentencia C-862 del 3 de septiembre de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

20165510126092, también se presentó una demora que superó los 8 meses
previstos en la entonces norma reglamentaria del artículo 31 de la Ley 685 de 2001
–Resolución 546 de 2017–, solo que la misma no se extendió hasta la promulgación
de la norma que determinó la aplicación del sistema de cuadrícula.

En efecto, según se puede constatar, la Resolución 230 del 19 de septiembre de
2017, que resolvió la solicitud ARE 20165510126092, tomó más de 16 meses,
término que transcurrió entre el 20 de abril de 2016, cuando se presentó aquella, y
el 19 de septiembre de 2017, fecha de la referida decisión. De ahí que el fundamento
fáctico del cuestionamiento de la parte actora resulta ser errado, puesto que no es
cierto que Resolución 230 del 19 de septiembre de 2017 haya decidido la solicitud
ARE 20165510126092 dentro del referido término de 8 meses, lo que desvirtúa el
supuesto trato discriminatorio en la medida en que ambos casos fueron decididos
de fondo no obstante la demora que presentaban.

En tercer lugar, se reitera, como se analizó en el acápite 3.3., que el hecho de que
la ANM no hubiera efectuado los procesos licitatorios de que trata el artículo 355 del
Código de Minas, no derivaba automáticamente en su disponibilidad para que esas
zonas fueran concesionadas bajo “los procedimientos normales” del Código de
Minas, ya que lo que el legislador dispuso fue que solo si no se presentaban
licitantes se pasaría a contratar esas áreas a través de dichos procedimientos
mineros -aspecto que parte de la base de que se efectúe la licitación-, lo que aquí
no sucedió, porque, en relación con el AIE “el Almorzadero 2”, está acreditado que
ni siquiera se convocó una licitación que hubiera resultado desierta.

En ese orden de ideas, el hecho de que en la solicitud de ARE 20165510126092 se
hubiera levantado parcialmente el AIE “Almorzadero 2, pese a que respecto de la
solicitud de ARE 20175510124892 la aplicación de “los procedimientos normales”
del Código de Minas procedía siempre que se hubiera realizado una licitación y esta
resultara desierta, no permite concluir que en este último caso se haya debido
adoptar la misma decisión que en el primero. Y es que la diferencia en la adopción
de la referida medida de levantamiento no puede suponer, en el caso de la solicitud
de ARE 20175510124892, declarar las resoluciones demandadas nulas cuando la
entidad procedió correctamente al inaplicar el artículo 355 de la Ley 685 de 2001,
según se explicó en el acápite 3.3. de la presente sentencia.

En cuarto lugar, aunque en la solicitud de ARE 20175510124892 se evidenció una
superposición con el AIE denominada “Almorzadero 2” y en la solicitud de ARE

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

20165510126092 la misma AIE se levantó parcialmente para otorgar en concesión
el área pedida, no se acreditó que las condiciones de superposición fueran
asimilables en ambos casos, ya que, por una parte, en el segundo caso, la solicitud
no solo involucraba a municipios de Enciso y San Miguel, sino también al de
Capitanejo; y, por otro lado, las consideraciones sobre la situación de la
superposición del AIE con las ARE solicitadas correspondían a la aplicación de
metodologías distintas, en un caso el sistema de polígonos de la Ley 685 de 2001
y en el otro el sistema de cuadrícula de las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019.

Súmese a lo anterior que la parte actora no cumplió con la carga de aportar o pedir
el decreto de los antecedentes del trámite de la solicitud de ARE 20165510126092
en relación con el cual fundamenta el presente cargo, sin los cuales resulta
imposible zanjar las dudas que se expresan en el párrafo precedente.

En conclusión, la parte actora no demostró la existencia de un trato discriminatorio
entre las solicitudes de ARE que allegó, por lo cual no se encuentra demostrada la
infracción del artículo 3.2.60 del CPACA, norma que exige, en términos generales,
dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica.

Finalmente, aun cuando la parte alegó un trato desigual respecto de otras
solicitudes de ARE, no aportó los documentos que así lo acreditaran, limitándose a
hacer transcripciones del recurso de reposición contra la Resolución VPPF 108 de
2020, documentos sin los cuales dicho reproche no supera las meras afirmaciones
sobre el supuesto trato diferenciado. Se recuerda que, en virtud del artículo 16761
del CGP, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo que la parte actora se
encontraba en el deber de demostrar el trato desigual que alega, lo que no sucedió
por las razones que se anotaron. Como consecuencia, el cargo se desestima.

4. Conclusión

En el asunto de estudio se impugnaron las resoluciones que dieron por terminada
la solicitud de ARE 20175510124892, debido a que, en esencia, se consideró que
se incurrió en una infracción de las normas superiores y en una falsa motivación

60 A cuyo tenor “Artículo 3. Principios […] 2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán

el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo
su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”.
61 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

por: i) la aplicación de normas posteriores a su presentación, ii) su resolución
extemporánea, iii) el no levantamiento del AIE frente a la que se encontró la
superposición para conceder el ARE solicitada y iv) un trato desigual injustificado
respecto de otras peticiones que se concedieron.

La Sala encontró que no se incurrió en una infracción de la normativa invocada,
porque: i) la aplicación retrospectiva de las normas contentivas del sistema de
cuadrícula a las solicitudes en curso no afecta ningún derecho, pues en esa etapa
solo se cuenta con una mera expectativa; ii) si bien se encontró que la solicitud de
ARE se resolvió en un tiempo mayor al previsto en su procedimiento, tal
circunstancia no comprometió la legalidad de la decisión; iii) la inaplicación del
artículo 355 del Código de Minas se ajustó a los presupuestos fácticos allí
dispuestos, por lo que no había lugar a que se levantara el AIE en favor de los
solicitantes y, por ende, no se incurrió en una falsa motivación; y iv) no se acreditó
un tratamiento discriminatorio respecto de lo decidido en otras solicitudes.

En suma, no se demostró una infracción de las normas superiores ni una falsa
motivación respecto de las resoluciones impugnadas, por lo que no le asistió razón
al extremo activo de la litis en su reproche. Además, como no se demostró la
ilegalidad de las resoluciones demandadas, la Sala no puede pronunciarse sobre
las pretensiones referidas al restablecimiento del derecho, ya que solo procedía
estudiarlas en caso de desvirtuarse la presunción de legalidad de aquellas.

5. Costas

El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. El artículo 365 ejusdem, en el numeral 1, dispone que se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación. Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará
en costas a la parte demandante, vencida en el sub lite.

Las agencias en derecho en única instancia se fijarán con observancia de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del
artículo 366 del CGP62. Para esos efectos deberá atenderse a la naturaleza, calidad

62 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda excederse el máximo de dichas tarifas.

En el sub lite, la demandada adelantó gestiones de manera activa, pues acudió al
proceso con apoderado y presentó alegatos de conclusión, motivo por el cual la
Sala procederá a fijar las agencias en derecho atendiendo a los parámetros que
para el efecto establece el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201663,
el cual dispuso que en las sentencias dictadas en procesos declarativos en única
instancia se fijarán entre 1 a 8 S.M.L.M.V. cuando los asuntos carezcan de cuantía
o de pretensiones pecuniarias, como sucede en el caso concreto.

Con base en lo anterior, la Subsección procede a fijar un (1) SMLMV por concepto
de agencias en derecho, teniendo en cuenta que el proceso culminará de manera
anticipada, las que serán pagadas por los miembros que conformaron el extremo
activo de la litis en partes iguales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, con fundamento en la parte
motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a al extremo activo de la litis, en favor de la
Agencia Nacional de Minería, para lo cual se fijan agencias en derecho por la suma
equivalente a 1 SMLMV, vigente a la ejecutoria de la presente sentencia.

TERCERO: por Secretaría de la Sección Tercera, LIQUIDAR las costas del proceso
y proceder a la devolución del remanente de lo consignado por concepto de gastos
del proceso, si lo hubiere.

63 Aplicable para el 20 de septiembre de 2021, cuando se radicó la demanda. “Artículo 2. Criterios.

Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de
las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan
valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos
límites.
“Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. En
única instancia. […]. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias,
entre 1 y 8 S.M.L.M.V.”.

27

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516)
Actor: Cleofe Silva de Corzo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

28

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