Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00031-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00031-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00031-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado número: 11001-03-26-000-2022-00031-00
Demandante: Vicente Varela Buitrago
Demandado: Agencia Nacional de Minería —ANM—
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho —CPACA—
TEMAS: SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL – tiene por finalidad
formalizar la actividad minera desarrollada de manera tradicional sin título minero inscrito en el
Registro Minero Nacional – mecanismo excepcional para actividades históricas sin título inscrito.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL EN TRÁMITES MINEROS – Se contabiliza a partir
del día siguiente a la notificación válida del acto administrativo, de conformidad con el literal d)
del artículo 164 del CPACA. Ante la ausencia de prueba suficiente sobre su notificación en los
términos del régimen previsto en el artículo 269 del Código de Minas, y acreditado el
conocimiento del acto por conducta concluyente con la presentación de la demanda, se tiene
por cumplido el requisito de oportunidad, en aplicación, además, de los principios pro actione y
pro damnato. SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN MINERA QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE
– se decide con la normativa vigente al momento del acto – la adopción del sistema de
cuadrícula minera redefine el método de verificación del área libre sin afectar derechos
adquiridos, pues el solicitante solo ostenta una mera expectativa. MORA EN EL TRÁMITE DE
FORMALIZACIÓN MINERA – el eventual vencimiento de los términos previstos para resolver la
solicitud de formalización no invalida el acto ni genera pérdida de competencia – la
consecuencia se limita a una eventual responsabilidad disciplinaria. PROCEDIMIENTO DE
LEGALIZACIÓN MINERA – el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 perdió vigencia tras la
declaratoria de inexequibilidad diferida a dos años – la ANM debe aplicar el régimen vigente y
el sistema de cuadrícula minera sin que ello vulnere el debido proceso. NOTIFICACIÓN EN
TRÁMITES MINEROS – la irregularidad formal se sanea por conducta concluyente cuando el
interesado demuestra conocimiento efectivo del acto y ejerce sus mecanismos de defensa
según el artículo 72 del CPACA – no se requiere visita técnica presencial para verificar área
libre bajo el sistema de cuadrícula minera. PROPUESTA O SOLICITUD MINERA – no genera
derechos adquiridos a la explotación – configura únicamente una mera expectativa sujeta a la
verificación de requisitos legales y a la aplicación de la normativa vigente al momento de decidir.
COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO – procede condenar en costas a la parte vencida;
liquidación por Secretaría y fijación de agencias en derecho conforme a tarifas del Consejo
Superior de la Judicatura (CGP, arts. 361, 365 y 366; CPACA, art. 188).
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso promovido
contra la entidad demandada, cuyo objeto es que se declare la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se rechazó y se archivó la solicitud de
legalización de minería tradicional, así como del acto que confirmó dicha decisión al
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acto inicial y, en
consecuencia, se disponga el correspondiente restablecimiento del derecho.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Vicente Varela Buitrago promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional de
Minería –en adelante, ANM–, en la que solicitó la nulidad de los actos
administrativos expedidos dentro del trámite de la solicitud de legalización de
minería tradicional No. OE2-16281, presentada para la explotación de un
yacimiento de carbón metalúrgico o coquizable en jurisdicción del municipio de
Ráquira (Boyacá). Los actos demandados corresponden a la Resolución No.
000869 del 16 de octubre de 2019, mediante la cual la ANM rechazó y ordenó el
archivo de la referida solicitud de legalización, y a la Resolución No. 000354 del 14
de abril de 2020, por medio de la cual se confirmó dicha decisión al resolver el
recurso de reposición interpuesto contra el acto inicial.
Como fundamento de la demanda, el actor sostuvo que las resoluciones acusadas
vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al aplicar
de manera retroactiva el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 y normas
reglamentarias que, a su juicio, carecen de fundamento legal y fueron declaradas
nulas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Alegó, además, que la
solicitud de legalización fue presentada dentro de la vigencia del artículo 12 de la
Ley 1382 de 2010, que la autoridad minera omitió adelantar las actuaciones
técnicas y procedimentales exigidas por la normativa aplicable y que los actos
administrativos se encuentran viciados de falsa motivación. En consecuencia,
solicitó que, además de la declaratoria de nulidad, se ordene el restablecimiento del
derecho, consistente en retrotraer la actuación administrativa al estado en que se
encontraba antes de la expedición de los actos demandados, así como el
reconocimiento del derecho a la legalización de la explotación minera, con los
efectos propios de un título minero debidamente inscrito en el Registro Minero
Nacional.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 24 de enero de 2022 el señor Vicente Varela Buitrago1, por conducto de
apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la ANM, en la que solicitó la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos expedidos dentro del trámite de la solicitud de
formalización minera No. OE2-16281, mediante los cuales se rechazó la solicitud,
se ordenó el archivo de las diligencias y se confirmó tal decisión, con fundamento
en las siguientes pretensiones —que se transcriben de manera literal, incluso con
sus posibles errores—:
“(…) 1.-Que es nula la Resolución No.000869 de fecha octubre 16 de 2019, proferida por el
Vicepresidente de Contratación y Titulación de la “AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA”,
1
Archivo electrónico identificado con certificado 64D8E421C0F90536 2EF2075D2D290820
4AB2A63D69B27169 B7DB5FA0D8431EDF, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
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Demandante: Vicente Varela Buitrago
mediante la cual resuelve: RECHAZAR, la Solicitud de Formalización de Minería Tradicional
No.OE2-16281, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
2.-Que es nula la Resolución No.000354 de abril 14 de 2020 proferida por el Vicepresidente
de Contratación y Titulación Minera de la “AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA”, mediante la
cual RESUELVE:
CONFIRMAR lo dispuesto en la Resolución No.000869 del 16 de octubre de 2019 “por medio
de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional No. OE2-16281, lo anterior
de conformidad con lo establecido en la parte motiva del precitado acto administrativo”.
3.-Que como consecuencia de las nulidades de los Actos Administrativos demandados y a
título de Restablecimiento del derecho conculcado, se proceda a dejar la solicitud de
legalización de minería tradicional OE2- 16281 en el estado en que se encontraba antes de la
expedición de los actos administrativos (Resoluciones) demandadas.
4.- Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se proceda a tramitar la
legalización por parte del Consejo de Estado, lo conforme lo establece el artículo 332 de la
Carta Política, artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y las sentencias C-763 de 2002 y C-242 de
2009 de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado en donde claramente se
establece que “La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo
y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la
ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría
General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce
en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista es la que se
aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica
la Teoría del Derecho, la denominada ultraactividad de las normas, que son normas
derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este
fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su
naturaleza: civil, comercial, penal, etc.” Igualmente, frente a los derechos adquiridos se
pronunció la Honorable Corte Constitucional se emitió pronunciamiento diciendo que “Los
derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y
definido bajo el imperio de una Ley y, que, por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares
un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar
lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Presuponen la consolidación de una
serie de condiciones contempladas en la Ley, que permiten a su titular exigir el derecho en
cualquier momento.”, en este caso por estar agotada la vía gubernativa, es de competencia
del Honorable Consejo de Estado dirimir las condiciones de los derechos adquiridos por las
explotaciones mineras que viene adelantando el señor VICENTE VARELA BUITRAGO, en el
área descrita en la solicitud de legalización de minería tradicional No.OE2-16281, y en
consecuencia declarar legitimo el derecho adquirido en dicha explotación minera, para que, la
decisión final del Honorable Consejo sea inscrita en el Registro Minero Nacional y haga las
veces de título minero.
Lo anterior, en razón a que la Autoridad Minera utilizo (sic) indebidamente la vía gubernativa
y la agoto (sic), violando flagrantemente no solamente el debido proceso y generando nulidad,
sino que también prevarico (sic), abusó de función pública y otros, al utilizar ilegalmente el
artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 de manera retroactiva y fundamento (sic) en ello el rechazo
de la legalización OE2-16281.
(…)”
1.2. Para fundamentar sus pretensiones, la parte accionante señaló, en síntesis, los
siguientes hechos:
1.2.1. El 2 de mayo de 2013, el actor radicó ante la autoridad minera competente la
solicitud de legalización de minería tradicional identificada con el número OE2-
16281, respecto de la explotación de un yacimiento de carbón metalúrgico o
coquizable localizado en jurisdicción del municipio de Ráquira (Boyacá), actuación
que se presentó bajo el régimen de transición previsto en el artículo 12 de la Ley
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Demandante: Vicente Varela Buitrago
1382 de 2010, vigente para ese momento junto con la Sentencia C-366 de 2011 y
sus normas reglamentarias.
1.2.2. El demandante sostuvo que, a pesar de encontrarse la solicitud cobijada por
dicho régimen transitorio, la autoridad minera no adelantó de manera oportuna las
actuaciones administrativas necesarias para su evaluación, en particular las visitas
técnicas de verificación, los requerimientos formales y las decisiones de fondo
exigidas por la normativa aplicable, lo que generó una prolongada inactividad
administrativa.
1.2.3. Afirmó que durante la vigencia de los Decretos 1970 de 2012 y 933 de 2013
no fue requerido para subsanar o complementar la solicitud, ni fue informado de
eventuales inconsistencias, circunstancia que, en su criterio, configuró una
vulneración al derecho al debido proceso administrativo y a los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica.
1.2.4. Indicó que, de manera intempestiva, la ANM profirió la Resolución No. 000869
del 16 de octubre de 2019, mediante la cual rechazó y ordenó el archivo de la
solicitud, con fundamento en la inexistencia de área libre y en la aplicación del
sistema de cuadrícula minera, sin haber realizado previamente visita técnica ni
explicado de forma suficiente las razones jurídicas y fácticas que sustentaron la
decisión.
1.2.5. Contra dicho acto administrativo, el solicitante interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución No.
000354 del 14 de abril de 2020, que confirmó en su integridad la decisión inicial,
reiterando la aplicación del artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 y de actos
administrativos reglamentarios posteriores.
1.2.6. El demandante alegó que ambas resoluciones aplicaron de manera
retroactiva disposiciones legales y administrativas que no se encontraban vigentes
al momento de presentación de la solicitud de legalización, desconociendo el
régimen jurídico aplicable y los principios de legalidad, irretroactividad, debido
proceso y confianza legítima.
1.2.7. Sostuvo, además, que los actos acusados adolecen de falta y falsa
motivación, en tanto no identifican con precisión las superposiciones invocadas, no
explican la aplicación del sistema de cuadrícula al caso concreto ni justifican la
omisión de las actuaciones técnicas y procedimentales exigidas por la normativa
especial de legalización minera.
1.2.8. Finalmente, señaló que el rechazo de la solicitud de legalización tuvo como
consecuencia su exclusión del proceso de formalización minera y su ubicación en
una situación de presunta ilegalidad, con afectaciones directas a su derecho al
trabajo, al mínimo vital y a la continuidad de una actividad minera que afirma haber
ejercido de manera pacífica, pública e ininterrumpida durante varios años, lo que
motivó la interposición de la presente acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
1.3. Como concepto de violación, el actor señaló que los actos administrativos
proferidos por la autoridad minera vulneran disposiciones legales que debieron
servir de fundamento a su expedición, en particular el artículo 12 de la Ley 1382 de
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2010 y el Decreto 933 de 2013, los cuales establecen los términos, procedimientos
y requisitos de fondo y de forma para la legalización de las explotaciones mineras
de propiedad estatal que se desarrollan sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional. Señala que presentó solicitud de legalización de minería tradicional dentro
del término legal previsto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y conforme a lo
indicado por la Sentencia C-366 de 2011 de la Corte Constitucional, radicada bajo
el No. OE2-16281, cumpliendo, a su juicio, con todos los requisitos exigidos en la
normativa minera aplicable.
Sostuvo, adicionalmente, que la ANM vulneró el debido proceso y el derecho de
defensa, al hacer caso omiso de los procedimientos legalmente establecidos para
la legalización de la minería tradicional, configurados —según afirma— como
derechos fundamentales, al tanto que la ANM no realizó las visitas técnicas
establecidas en los Decretos Reglamentarios 1970 de 2012 y 933 de 2013, para los
fines procedimentales administrativos en el trámite de la solicitud de legalización de
minería tradicional, lo que condujo a la expedición de los actos administrativos
demandados y generó la nulidad de toda la actuación administrativa.
1.4. Como petición especial, el demandante solicitó la suspensión provisional de
urgencia de los efectos de los actos administrativos acusados. Señaló que la
ejecución de dichos actos le genera perjuicios irremediables, en tanto la suspensión
de labores mineras ocasiona la pérdida de la explotación de carbón, afecta los
recursos naturales no renovables y lo convierte injustamente en minero ilegal, con
la consecuente posibilidad de judicialización penal conforme al artículo 338 del
Código Penal.
Refirió que la medida cautelar solicitada se justifica en la violación del debido
proceso, en el desconocimiento del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y en la
aplicación retroactiva del artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, aspecto que, a su
juicio, configura vías de hecho y acarrea la nulidad de los actos demandados, entre
otros aspectos2.
2. Trámite procesal relevante
2.1 Por auto de fecha 18 de marzo de 2022, el Despacho sustanciador inadmitió la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3, al verificar que no se cumplió
el requisito previsto en el artículo 166 del CPACA, consistente en allegar la
constancia de notificación del acto administrativo acusado —Resolución No. 000354
del 14 de abril de 2020—, lo cual impide comprobar la oportunidad del medio de
control y, por ende, evaluar el presupuesto procesal de la caducidad de la acción.
Asimismo, el Despacho dispuso no dar trámite a la solicitud de medida cautelar
de urgencia al concluir que el actor no acreditó una situación de urgencia que
justificara prescindir del trámite ordinario. Por ello, dispuso que la cautela se
tramitará por la vía ordinaria una vez sea admitida la demanda.
2 Archivo electrónico identificado con certificado 3835B8BAC28727BF C40E4834E8C360BF
65EAB68D8596994E 88629810D88509D4, ubicado en el índice 6 del expediente digital, en el aplicativo Samai.
3 Archivo electrónico identificado con certificado 3835B8BAC28727BF C40E4834E8C360BF
65EAB68D8596994E 88629810D88509D4, ubicado en el índice 5 del expediente digital, en el aplicativo Samai.
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Demandante: Vicente Varela Buitrago
2.2. A continuación, una vez presentado y evaluado el escrito de subsanación de
fecha 29 de marzo de esa anualidad4, la demanda fue admitida mediante
providencia de fecha 13 de junio de 2022, al constatar que, pese a la incertidumbre
sobre la fecha de notificación de la Resolución No. 000354 de 14 de abril de 2020,
no era posible establecer con certeza la caducidad del medio de control. En tal
sentido, y atendiendo a que el actor alegó la indebida notificación del acto acusado,
el Despacho aplicó los principios pro actione y pro damnato, para permitir que dicha
cuestión fuera definida en el curso del proceso con base en las pruebas que se
recauden.
De igual forma, el Despacho precisó que el asunto debía tramitarse bajo el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y no como nulidad simple como
lo solicitó el actor en su escrito de subsanación, en la medida en que la eventual
declaratoria de nulidad de los actos acusados produciría un restablecimiento
automático en favor del demandante, consistente en dejar sin efectos el rechazo y
archivo de la solicitud de formalización minera. Finalmente, reiteró que la medida
cautelar de urgencia solicitada no sería tramitada por esa vía excepcional, sino
conforme al procedimiento ordinario del artículo 233 del CPACA; en consecuencia,
se ordenaron las notificaciones y el traslado legal correspondiente5.
2.3. Una vez surtida la notificación correspondiente, la ANM —mediante escrito
radicado el 8 de septiembre de 20226—, dio contestación a la demanda y
manifestó su oposición a las pretensiones en ella formuladas, con fundamento en
los siguientes aspectos:
2.3.1. Como argumento central de defensa, la entidad señaló que los actos
administrativos acusados —Resoluciones No. 000869 del 16 de octubre de 2019 y
No. 000354 del 14 de abril de 2020— fueron expedidos con estricta sujeción a la
normatividad vigente y en garantía del debido proceso del señor Vicente Varela
Buitrago. Señaló que la solicitud de formalización minera No. OE2-16281 fue
evaluada conforme al marco normativo aplicable al momento de decidir, en
particular el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 y el sistema de cuadrícula minera
adoptado por la entidad, concluyéndose que el área solicitada, una vez migrada al
referido sistema, no contaba con área libre para contratar, circunstancia que
configuraba una causal legal de rechazo. En ese contexto, afirmó que no resultaba
procedente aplicar el Decreto 933 de 2013 ni el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010,
habida cuenta de su declaratoria de nulidad e inexequibilidad, respectivamente.
2.3.2. Así mismo, negó la existencia de una falsa motivación, la violación del debido
proceso o el desconocimiento de derechos fundamentales, al considerar que las
decisiones cuestionadas se soportaron en estudios técnicos y conceptos de
transformación y migración del área al sistema de cuadrícula minera, debidamente
incorporados al expediente administrativo. Afirmó que la solicitud de formalización
minera no generó derechos adquiridos sino meras expectativas, las cuales solo se
4 Archivo electrónico identificado con certificado 7F8834BB2ADE09F9 AF0B0E8EF67ABEFC
343A59F1E10BAEBF D20F50CE85CF72AE, ubicado en el índice 8 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
5
Archivo electrónico identificado con certificado 9E2B0AE22544DC1E 653215EFE2A5AA1E
B330C442E5798378 3A416783E3DC6696, ubicado en el índice 11 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
6
Archivo electrónico identificado con certificado CCBC7625AB980C2F 48335B401C843930
CE0A200401EAEFA4 9420297E5EE0F8BE, ubicado en el índice 24 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
consolidan con la suscripción e inscripción del contrato de concesión, circunstancia
que no se configuró en el caso concreto. Finalmente, reiteró que la actuación
administrativa observó los principios de legalidad, publicidad y eficiencia, razón por
la cual solicitó mantener incólume la presunción de legalidad de los actos
demandados y, en consecuencia, negar cualquier declaratoria de nulidad o
restablecimiento del derecho.
2.4. Seguidamente, el despacho sustanciador mediante auto del 8 de noviembre de
2022 negó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados7.
Como fundamento de la decisión, sostuvo que no se acreditaron los presupuestos
previstos en los artículos 229 y 231 del CPACA para la procedencia de la medida
cautelar, en tanto el demandante no logró demostrar, ni a partir de la confrontación
normativa ni del material probatorio allegado, la existencia de una violación
manifiesta del ordenamiento jurídico atribuible a las resoluciones acusadas.
En particular, señaló que las normas invocadas como vulneradas —artículo 12 de
la Ley 1382 de 2010 y artículo 24 de la Ley 1955 de 2019— no fueron aplicadas por
la ANM en la expedición de los actos demandados, los cuales se sustentaron en el
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 y en la implementación del sistema de
cuadrícula minera, concluyéndose la inexistencia de área libre susceptible de
contratación. Así mismo, precisó que la solicitud de formalización minera no
generaba derechos adquiridos sino meras expectativas, susceptibles de ser
reguladas por el legislador, y que el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para acreditar la falsa motivación, la vulneración del debido proceso ni la
configuración de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la suspensión
provisional. En consecuencia, al no desvirtuarse de manera preliminar la presunción
de legalidad de los actos administrativos demandados, negó la medida cautelar
solicitada.
2.5. El 21 de noviembre de 2022, el apoderado de la parte demandante interpuso
recurso de súplica contra la providencia del 8 de noviembre del mismo año, en el
cual sostuvo que la negativa de la suspensión provisional desconoció que la
solicitud de legalización minera fue presentada dentro de la vigencia del artículo 12
de la Ley 1382 de 2010 y que, una vez expirado dicho régimen y declaradas nulas
las normas reglamentarias aplicadas por la Agencia Nacional de Minería, esta
careció de sustento jurídico para rechazarla; afirmó que la autoridad omitió
actuaciones procedimentales esenciales, con lo cual se consolidó una situación
jurídica protegida, y que los actos demandados vulneraron la reserva de ley, el
debido proceso y los derechos adquiridos o, al menos, las expectativas legítimas
del minero tradicional; finalmente, indicó que la providencia recurrida exigió
indebidamente una carga probatoria no prevista para la medida cautelar y
desconoció la existencia de un perjuicio grave e irreparable derivado de la
paralización de una actividad minera de subsistencia ejercida por más de veinte
años8.
2.6. En providencia del 8 de agosto de 2023, la Subsección C de la Sección Tercera
7
Archivo electrónico identificado con certificado 0813852EBA9BAEF8 B7271AC68628C4F6
100500B8D0B09AC6 C04D85B2915EF819, ubicado en el índice 30 del expediente digital, cuaderno de
medidas cautelares (folios 123 al 144), en el aplicativo Samai.
8
Archivo electrónico identificado con certificado 4D266696E6A13B4A 96B0BAD4245821C1
D2D11A6B45658FD5 A426040B4D84F61D, ubicado en el índice 36 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
del Consejo de Estado, confirmó el auto del 8 de noviembre de 2022 que negó la
suspensión provisional de los actos demandados, para lo cual señaló que la solicitud
de suspensión provisional no cumplió con los requisitos previstos en el CPACA, en
la medida en que el demandante no acreditó una violación manifiesta del
ordenamiento superior derivada de la confrontación directa entre los actos
administrativos demandados y las normas invocadas como infringidas; advirtió que
los reproches formulados exigían un análisis fáctico y jurídico de fondo propio de la
sentencia y no del juicio cautelar; y concluyó, además, que no se demostró, siquiera
de manera sumaria, el perjuicio que la ejecución de los actos pudiera causar al actor,
razón por la cual no resultaba procedente decretar la suspensión provisional
solicitada9.
2.7. Mediante auto del 15 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador adecuó
el trámite del proceso al procedimiento de sentencia anticipada previsto en el
artículo 182A del CPACA, al constatar que no era necesaria la práctica de pruebas
adicionales y que el expediente contaba con suficientes elementos documentales
para decidir10. En consecuencia, fijó el litigio con el fin de determinar la legalidad
de las resoluciones que rechazaron la solicitud de formalización de minería
tradicional núm. OE2-16281 y precisó como problemas jurídicos a resolver: (i) si la
Agencia Nacional de Minería aplicó de manera retroactiva el artículo 24 de la Ley
1955 de 2019 para rechazar la solicitud de formalización de minería tradicional OE2-
16281; (ii) si las Resoluciones Nos. 000869 de 2019 y 000354 de 2020
desconocieron el debido proceso y el procedimiento de legalización previsto en el
artículo 12 de la Ley 1382 de 2010; (iii) si el señor Vicente Varela Buitrago fue
requerido y notificado en debida forma dentro del trámite administrativo
correspondiente; y, finalmente, (iv) si la referida solicitud de formalización configuró
una mera expectativa o dio lugar a una situación jurídica consolidada. Asimismo,
tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda y su contestación,
negó la inspección judicial con prueba pericial solicitada por la parte actora por
considerarla impertinente e inconducente, reconoció personería a la apoderada de
la entidad demandada y dispuso continuar con el trámite correspondiente.
2.8. A continuación, el despacho profirió auto de fecha 25 de enero de 2024,
mediante el cual corrió traslado a las partes para presentar alegatos de
conclusión y, una vez vencido dicho término, dispuso el traslado al Ministerio
Público para la emisión del concepto correspondiente11.
2.8.1. La parte demandante, por conducto de su apoderado judicial12, presentó
alegatos de conclusión en los que reiteró la solicitud de nulidad de los actos
administrativos demandados, insistiendo en que la ANM aplicó de manera
retroactiva el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 para rechazar la solicitud de
legalización de minería tradicional OE2-16281, pese a que esta fue presentada
9 Archivo electrónico identificado con certificado 33F4A2A4ED9D1882 BEF0953AA4C979E3
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11
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
dentro de la vigencia del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010.
Sostuvo que la actuación administrativa desconoció el debido proceso, careció de
motivación suficiente y omitió las actuaciones procedimentales esenciales, lo que
impidió la consolidación del derecho del actor a la legalización de una actividad
minera ejercida de forma continua por más de veinte años. En respaldo de su
postura, destacó, de una parte, que “la Agencia Nacional de Minería recogió y
replicó las disposiciones contenidas en la Ley 1955 de 2019 para aplicarlas (…) de
manera retroactiva (…) lo cual se traduce en una violación flagrante a los principios
de seguridad jurídica y legalidad”, y, de otra, que las resoluciones acusadas
presentan “falsa motivación, es decir, los fundamentos del acto se apartan no solo
de los postulados constitucionales sino de la realidad jurídica”, razón por la cual
consideró configurada su nulidad por violación del artículo 29 de la Constitución
Política.
2.8.2. La parte demandada —ANM—, por conducto de su apoderada judicial13, a
quien el despacho reconoció personería jurídica para actuar en providencia de fecha
19 de abril de 202414, presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó negar las
pretensiones, al considerar que los actos administrativos acusados se ajustaron al
ordenamiento jurídico y conservan su presunción de legalidad.
Para tal efecto, sostuvo que la solicitud de formalización minera OE2-16281 debía
ser evaluada conforme al marco normativo vigente introducido por la Ley 1955 de
2019, en particular el artículo 325, y que su rechazo se fundamentó en la
inexistencia de área libre, determinada tras la migración del polígono solicitado al
sistema de cuadrícula minera, sin que ello implicara aplicación retroactiva de la ley
ni vulneración del debido proceso. En apoyo de su postura, destacó, de una parte,
que “una vez migrada el área al sistema de cuadrícula minera no le quedó área a
otorgar, por lo tanto, era procedente el rechazo de la solicitud”, y, de otra, que frente
al trámite de formalización “el solicitante o beneficiario (…) no cuenta con un
derecho adquirido, sino que (…) cuenta con una mera expectativa”, al no haberse
perfeccionado contrato alguno mediante su inscripción en el Registro Minero
Nacional.
2.8.3. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que expuso su
posición, cuyos argumentos la Sala sintetiza a continuación15:
La Procuraduría solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar que
los actos administrativos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico y no
vulneraron derechos adquiridos ni el debido proceso del actor. Sostuvo que la
solicitud de formalización de minería tradicional OE2-16281 no generó una situación
jurídica consolidada, dado que “la simple solicitud de formalización de minería
tradicional no otorga un derecho adquirido de explotación, es decir, que su simple
13 Archivo electrónico identificado con certificado F7728E4EB86A1B79 C1E47E21149CB4B6
3DEA2FEDBDE23E7A 87E5646411EAE264, ubicado en el índice 66 del expediente digital, en el aplicativo
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
petición ante la Autoridad no concede el ejercicio autorizado de la actividad minera”,
y que, en consecuencia, la autoridad minera podía evaluarla conforme al marco
normativo vigente al momento de adoptar la decisión.
Así mismo, concluyó que no se acreditó falsa motivación ni irregularidades
procedimentales, pues “no prospera la pretensión de nulidad porque no fueron
acreditadas la falsa motivación y la violación al debido proceso por incumplimiento
de las normas que regulan el procedimiento de formalización minera tradicional”,
razón por la cual estimó que debía mantenerse la presunción de legalidad de las
resoluciones acusadas.
II. CONSIDERACIONES
En el presente asunto, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de
los actos administrativos dictados en el trámite de la solicitud de legalización de
minería tradicional No. OE2-16281, mediante los cuales se dispuso su rechazo, se
ordenó el archivo de la actuación administrativa y se confirmó dicha decisión. A título
de restablecimiento del derecho, solicita que se retrotraiga la actuación
administrativa al estado en que se encontraba antes de la expedición de los actos
impugnados y se reconozca la legalización de la explotación minera solicitada, con
los efectos propios de un título minero debidamente inscrito en el Registro Minero
Nacional.
Al efecto, el extremo activo alega que los actos demandados adolecen de ilegalidad
por infracción de las normas en que debían fundarse, por cuanto, en su criterio,
desconocieron los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima y
debido proceso, como consecuencia de la aplicación retroactiva del artículo 24 de
la Ley 1955 de 2019 y de disposiciones reglamentarias que carecen de fundamento
legal. De igual modo, aduce que las decisiones cuestionadas se profirieron con falsa
motivación, dado que la solicitud de legalización fue presentada en vigencia del
artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y la autoridad minera omitió adelantar las
actuaciones técnicas y procedimentales exigidas por la normativa aplicable.
La Sala anticipa que los cargos de nulidad formulados no logran desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara las decisiones demandadas y, por tanto, las
pretensiones no están llamadas a prosperar, toda vez que, según pasa a explicarse,
la ANM actuó conforme al régimen jurídico vigente y aplicó, como correspondía
hacerlo, el sistema de cuadrícula minera impuesto por la Ley 1955 de 2019, el cual
resultaba obligatorio. Además, la solicitud no generó derecho adquirido alguno y no
se vulneró el debido proceso.
El análisis de la Sala se desarrollará abordando los siguientes aspectos, en su
orden: (1) presupuestos procesales, (2) problemas jurídicos, (3) hechos probados,
(4) caso concreto, (5) conclusiones y, (6) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
conocer del asunto16, conforme a lo establecido el artículo 104 del CPACA17, dado
que el objeto del litigio gira en torno a la legalidad de unos actos administrativos
proferidos por una entidad estatal del orden nacional, como lo es la Agencia
Nacional de Minería —ANM—, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 4134
de 201118.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el asunto en única
instancia de conformidad con lo previsto en el artículo 295 de la Ley 685 de 200119
—contentiva del Código de Minas—, vigente para la fecha de la presentación de la
demanda —24 de enero de 202220—, disposición que determinaba que el Consejo
de Estado conoce en única instancia de los asuntos mineros no contractuales en
los que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada21.
Además, cabe destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo
No. 080 de 201922, corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el conocimiento de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que versen “sobre asuntos agrarios contractuales,
mineros y petroleros”.
1.2. El medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA23, el cual establece que toda
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en
su derecho, pudiendo solicitar así mismo, que se le repare el daño. En efecto, la
parte accionante pretende la anulación de la Resolución No. 000869 del 16 de
octubre de 2019, mediante la cual se rechazó y ordenó el archivo de la solicitud de
legalización de minería tradicional No. OE2-16281, presentada para la explotación
de un yacimiento de carbón metalúrgico o coquizable en jurisdicción del municipio
16 Al presente asunto le son aplicables la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en virtud
de lo previsto en el artículo 306 del primer estatuto mencionado.
17 LEY 1437 de 2011, artículo 104. “De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y
en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa. […]” [Destaca la Sala]
18
“ARTÍCULO 1. CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, ANM.
Créase la Agencia Nacional de Minería ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía”.
19 LEY 685 DE 2001, artículo 295. “COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. De las acciones que se
promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal
nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia.”
20 Archivo electrónico identificado con certificado 64D8E421C0F90536 2EF2075D2D290820
4AB2A63D69B27169 B7DB5FA0D8431EDF, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
21 Artículo derogado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. Al respecto, es preciso señalar que, si bien la
Ley 2080 de 2021 derogó la competencia atribuida al Consejo de Estado para conocer en única instancia de
determinados asuntos mineros, asignándola a los tribunales administrativos cuando en el proceso sea parte la
Nación, una entidad territorial o una entidad descentralizada por servicios, la misma normativa estableció una
cláusula de vigencia escalonada. En efecto, dispuso que las normas relativas a la modificación de competencias
solo serían aplicables a las demandas presentadas a partir del año siguiente a su publicación, esto es, a partir
del 25 de enero de 2022.
22
Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
23
LEY 1437 de 2011, artículo 138. “NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior […].
11
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
de Ráquira (Boyacá), y la Resolución No. 000354 del 14 de abril de 2020, por medio
de la cual se confirmó dicha decisión al resolver el recurso de reposición interpuesto
contra el acto inicial, ambas proferidas por la ANM, así como también el
restablecimiento del derecho que, en su concepto, resultó afectado con dicha
decisión.
1.3. En lo que tiene que ver con la presentación oportuna de la demanda, resulta
oportuno precisar que, conforme al término establecido en el literal d) del artículo
164 del CPACA, el plazo para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es de “cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso”.
Ahora bien, para resolver este aspecto, la Sala advierte que el despacho
sustanciador admitió la demanda mediante providencia de 13 de junio de 202224, al
constatar que, dada la incertidumbre existente en torno a la fecha de notificación de
la Resolución No. 000354 del 14 de abril de 2020 —mediante la cual la ANM
confirmó el rechazo y archivo de la solicitud de legalización de minería tradicional
No. OE2-16281—, no resultaba posible establecer con certeza la configuración de
la caducidad del medio de control. Lo anterior, en la medida en que no obraba en el
expediente constancia del edicto ni prueba distinta a la sola afirmación del
demandante sobre su fijación, como tampoco se acreditó el recibo, por parte de la
entidad demandada, del escrito mediante el cual el actor solicitó la nulidad de la
notificación del referido acto administrativo. En tal contexto, dispuso la admisión de
la demanda para que la controversia relativa a la notificación del acto acusado fuera
definida en el curso del proceso, con fundamento en las pruebas que se recaudaran,
atendiendo a que la parte actora alegó su indebida notificación.
Está demostrado, igualmente, que el despacho mediante providencia del 18 de abril
de 2023 requirió a la entidad demandada para que aportara el expediente digital de
la actuación surtida en sede administrativa25, el cual fue incorporado al proceso
mediante escrito del 27 de julio de esa anualidad26. Al constatar la información
allegada, se advierte que obra copia de la Resolución de fecha 14 de abril de 2020,
así como de un aviso fijado el 22 de octubre de 2020 por la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación de la ANM, desfijado el veintiocho (28) del mismo mes y
año27. No obstante, conviene precisar que, en materia de notificaciones dentro de
los trámites mineros, resulta aplicable el régimen especial previsto en el artículo 269
del Código de Minas —contenido en la Ley 685 de 2001—, conforme al cual: “Habrá
notificación personal de las [providencias] que rechacen la propuesta (…) Si no
fuere posible la notificación personal, se enviará un mensaje a la residencia o
negocio del compareciente si fueren conocidos y pasados tres (3) días después de
su entrega, no concurriere a notificarse, se hará su emplazamiento por edicto que
24 Archivo electrónico identificado con certificado 9E2B0AE22544DC1E 653215EFE2A5AA1E
B330C442E5798378 3A416783E3DC6696, ubicado en el índice 11 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
25 Archivo electrónico identificado con certificado D4CDFDD85049FB2C F481105C7463B91F
10D45C4017874B7F E3EDEB8AEB18D2F2, ubicado en el índice 41 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
26
Archivo electrónico identificado con certificado 5344E89C9923AAF0 93512386CA571BBC
CD3C1566947227E8 83A767979C8C42C1, ubicado en el índice 47 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
27
Archivo electrónico identificado con certificado 5344E89C9923AAF0 93512386CA571BBC
CD3C1566947227E8 83A767979C8C42C1, ubicado en el índice 47 del expediente digital (Folio 1 al 17), en el
aplicativo Samai.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
se fijará en lugar público por cinco (5) días”. Examinado el acervo probatorio, la Sala
pudo constatar que no obra en el expediente prueba de la notificación personal del
acto administrativo al señor Vicente Varela Buitrago, ni del envío de mensajes a la
dirección de correspondencia registrada, como tampoco constancia del
emplazamiento por edicto en los términos exigidos por la norma especial aplicable,
circunstancia que impide establecer —en principio— la fecha de notificación del acto
acusado.
Ahora bien, en el artículo 72 de la Ley 1437 de 201128 —normativa aplicable de
manera supletoria al procedimiento administrativo minero según el artículo 297 de
la Ley 685 de 200129—, el legislador previó que sin el lleno de los requisitos no se
tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos la decisión a menos que la
parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los
recursos legales. En este orden de ideas, la conducta concluyente es una modalidad
igualmente válida de notificación de los actos administrativos y se erige en un
mecanismo tendiente a subsanar las omisiones o irregularidades que se hayan
presentado al intentar la comunicación por el mecanismo principal esto es, el
personal o cuando fracasó la notificación por aviso o por edicto 30.
Visto lo anterior, es claro para la Sala que el actor al incoar la demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el día 24 de enero
de 2022 reveló que conocía la decisión administrativa que confirmo el rechazó y
archivo de la solicitud de legalización de minería tradicional No. OE2-16281 y, en
virtud de ello solicitó, precisamente, la nulidad de los actos censurados y el
correspondiente restablecimiento del derecho. De manera que al extraerse de la
demanda interpuesta por el interesado que este conocía del acto administrativo, es
dable en términos normativos contabilizar el término de la caducidad del medio de
control a partir de ese momento.
Por consiguiente, el término de caducidad del medio de control corrió desde el 24
de enero de 2022 hasta el 24 de enero de 2024, y observando la Sala que la
demanda fue presentada justamente el 22 de enero de 2022, considera que esta
fue presentada oportunamente, máxime si se tiene en cuenta que la
contabilización del término de dicho presupuesto procesal no fue objeto de
contradicción en la contestación de la demanda 31 ni en los alegatos de conclusión
formulados por la entidad accionada —ANM—32. Esta determinación se adopta,
además, en aplicación del principio pro actione33, que impone privilegiar el acceso
28
LEY 1437 DE 2011. Artículo 72. “Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta
concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos
legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o
interponga los recursos legales”.
29
LEY 685 DE 2011. Artículo 269. “Remisión. En el procedimiento gubernativo y en las acciones judiciales, en
materia minera, se estará en lo pertinente, a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y para la
forma de practicar las pruebas y su valoración se aplicarán las del Código de Procedimiento Civil”.
30 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 9 de julio de 2014, radicado: 52001-
23-31-000-2001-01115-01 (29.741).
31 Archivo electrónico identificado con certificado CCBC7625AB980C2F 48335B401C843930
CE0A200401EAEFA4 9420297E5EE0F8BE, ubicado en el índice 24 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
32 Archivo electrónico identificado con certificado F7728E4EB86A1B79 C1E47E21149CB4B6
3DEA2FEDBDE23E7A 87E5646411EAE264, ubicado en el índice 66 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
33 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-911 de 2013: La aplicación de este principio implica que “el examen
de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una
decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de
participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo”.
13
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
efectivo a la administración de justicia frente a interpretaciones restrictivas de los
presupuestos procesales, y del principio pro damnato34, orientado a evitar que
cargas procesales o deficiencias imputables a la administración se traduzcan en la
frustración del derecho sustancial del ciudadano.
1.4. En relación con la legitimación en la causa, cabe recordar que este constituye
uno de los presupuestos indispensables para que el juez contencioso administrativo
pueda proferir una sentencia de fondo35. Dicha legitimación, en su dimensión
material, se configura cuando la parte actora tiene un vínculo con los intereses en
disputa y una conexión directa con los hechos que dieron origen al litigio; es decir,
cuando ostenta un interés jurídico que puede ser objeto de reparación36 o de resistir
su cumplimiento37.
De conformidad con el artículo 138 del CPACA38, el señor Vicente Varela Buitrago
se encuentra legitimado en la causa por activa para solicitar la declaratoria de
nulidad de los actos demandados y el restablecimiento del derecho, porque fue
quien presentó la solicitud de legalización de minería tradicional y considera que sus
derechos resultaron afectados por cuenta de una decisión que, en su concepto,
resulta ilegal. Por su parte, la Agencia Nacional de Minería —ANM—, está
legitimada en la causa por pasiva porque fue la entidad que adelantó el
procedimiento administrativo y que, además, por conducto de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación profirió los actos administrativos demandados, esto es,
aquellos por medio de los cuales se dispuso el rechazo y el archivo de la solicitud
de legalización de minería tradicional No. OE2-16281, presentada por el hoy
demandante.
2. Problemas jurídicos
Conforme a lo dispuesto en el auto de fecha 15 de noviembre de 2023, por el cual
el despacho sustanciador adecuó el trámite del proceso al procedimiento de
sentencia anticipada39, el objeto del litigio se fijó en los siguientes términos: La
Sala deberá determinar si: (i) ¿la Agencia Nacional de Minería utilizó de manera
retroactiva el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, para rechazar la solicitud de
34
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Auto del 7 de mayo de 1998, Expediente 14297: “El principio pro
damnato “busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las
acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas”.
35
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de
septiembre de 2001, Exp. 10973. “La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener
una decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que: “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una
condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al
demandado”.
36
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
del 9 de julio de 2018, Exp. 39786.
37 Al respecto la doctrina especializada ha sostenido que. “(…) en los procesos contenciosos la legitimación en
la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está
legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica
sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley
sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante (…)”. DEVIS Echandía,
Hernando, Teoría General del Proceso, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.
38 En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la legitimación en la causa por activa reside
en “[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior […]”.
39 Archivo electrónico identificado con certificado 8D0063213E222C2F 585EF1786509E53B
A6AE5C22E3A0DC21 A86DD7AED3ED6CBF, ubicado en el índice 56 del expediente digital, en el aplicativo
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
minería tradicional No? OE2-16281?; (ii) ¿las Resoluciones No 000869 de 2019 y
No 000354 de 2020, contrarían el debido proceso y el trámite de legalización,
instaurado en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010?; (iii) ¿el señor Vicente Varela
Buitrago fue requerido y notificado en debida forma dentro del trámite aplicable en
el proceso de legalización de su solicitud minera?; y, (iv) ¿la solicitud de
formalización de minería tradicional OE2-16281 constituye mera expectativa o una
situación jurídica consolidada?
De verificarse lo anterior, la Subsección determinará si resulta procedente, a título
de restablecimiento del derecho, retrotraer la actuación administrativa al estado en
que se encontraba con anterioridad a la expedición de los actos acusados, así como
disponer la legalización de la explotación minera, con los efectos propios de un
título minero debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional, en los términos
solicitados por el actor en el libelo introductorio.
3. Hechos probados
De conformidad con los medios de prueba que fueron decretados en el auto de
fecha 15 de noviembre de 202340, se encuentran demostrados los siguientes
hechos relevantes para la decisión del presente asunto:
3.1. El 2 de mayo de 2013, el señor Vicente Varela Buitrago radicó ante la Agencia
Nacional de Minería —ANM—, la solicitud de legalización de minería tradicional
identificada con el número OE2-16281, respecto de la explotación de un yacimiento
de carbón metalúrgico o coquizable, ubicado en jurisdicción del municipio de
Ráquira, departamento de Boyacá41.
3.2. El 6 de octubre de 2019, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la
Agencia Nacional de Minería, a través del Grupo de Legalización Minera, adelantó
la evaluación técnica de la solicitud de legalización de minería tradicional
identificada con el número OE2-16281, en el marco de la implementación del
sistema de cuadrícula minera42. El informe técnico indicó que la solicitud recaía
sobre un área de 41,7786 hectáreas, ubicada en jurisdicción del municipio de
Ráquira, departamento de Boyacá, destinada a la explotación de carbón coquizable
o metalúrgico, y que, conforme a lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015, la Resolución
504 de 2018 y el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, debía adelantarse el proceso
de migración del área solicitada al sistema de cuadrícula minera.
El concepto técnico señaló que la ANM, mediante la Resolución 505 de 2 de agosto
de 2019, adoptó los “Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes
Mineras a partir del Sistema de Cuadrícula Minera”, definió el área mínima a otorgar
equivalente a una celda de 1,24 hectáreas, y estableció que las solicitudes que
coincidieran con áreas bloqueadas por títulos mineros vigentes, solicitudes
radicadas con anterioridad o zonas de exclusión debían ser rechazadas o ajustadas,
40 Archivo electrónico identificado con certificado 8D0063213E222C2F 585EF1786509E53B
A6AE5C22E3A0DC21 A86DD7AED3ED6CBF, ubicado en el índice 56 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
41
Archivo electrónico identificado con certificado 5344E89C9923AAF0 93512386CA571BBC
CD3C1566947227E8 83A767979C8C42C1, ubicado en el índice 47 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
42 Archivo electrónico identificado con certificado 5344E89C9923AAF0 93512386CA571BBC
CD3C1566947227E8 83A767979C8C42C1, ubicado en el índice 47 del expediente digital (Documento OE2-
16281 CT, pág.- 1-4), en el aplicativo Samai.
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en aplicación del principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” previsto en
el artículo 16 del Código de Minas.
En aplicación de dicha metodología, el informe indicó que, una vez migrada la
solicitud OE2-16281 al sistema de cuadrícula minera y transformadas sus
coordenadas al Datum Magna Sirgas, el área resultante comprendió 49 celdas, las
cuales se encontraron totalmente superpuestas con títulos mineros vigentes y otras
zonas de exclusión. De manera expresa, el informe concluyó que “el área ingresada
por el solicitante una vez transformada al sistema de cuadrícula, se encuentra
totalmente superpuesta con zonas de exclusión (…) por tanto, no queda área a
otorgar”, y precisó como conclusión que “una vez realizado el proceso de migración
y transformación dentro de la solicitud No OE2-16281 para CARBÓN COQUIZABLE
O METALURGICO (…) no cuenta con área libre”. En consecuencia, el concepto
técnico fue remitido a evaluación jurídica “para su correspondiente estudio”,
constituyéndose en el soporte técnico de las actuaciones administrativas
posteriores.
3.3. El 16 de octubre de 2019, la Agencia Nacional de Minería, por conducto de la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación, expidió la Resolución No. 000869,
“Por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional No.
OE2-16281”43, presentada por el señor Vicente Varela Buitrago, respecto de un
yacimiento de carbón coquizable o metalúrgico, ubicado en jurisdicción del
municipio de Ráquira, departamento de Boyacá, en la que dispuso lo siguiente:
“(…) ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar la Solicitud de Formalización de Minería
Tradicional No. OE2-16281 por las razones expuestas en la parte motiva del
presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente la presente resolución a
través del Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación al señor VICENTE VARELA BUITRAGO, identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 79187466, en caso que no sea posible,
procédase mediante aviso de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez ejecutoriada y en firme la presente resolución,
oficiar a través del Grupo de Información y Atención al Minero de la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación, al Alcalde Municipal de RÁQUIRA,
departamento de BOYACÁ, para que proceda a suspender la actividad de
explotación dentro del área de la solicitud No. OE2-16281, lo anterior de
conformidad con el artículo 306 de la Ley 685 del 2001.
ARTÍCULO CUARTO.- Una vez ejecutoriada y en firme la presente resolución,
oficiar a través del Grupo de Información y Atención al Minero de la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación, a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, para que de conformidad con lo establecido en los
numerales 2 y 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, imponga a cargo del
solicitante las medidas de restauración ambiental de las áreas afectadas por la
actividad minera.
43 Archivo electrónico identificado con certificado D25665DECE6F7F8E F6E30099BE7D0DFE
445A0C9418E0E41D 8B7A34418D1F08C8, ubicado en el índice 2 del expediente digital (pág.- 1-4), en el
aplicativo Samai.
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ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición el cual puede interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a
su notificación, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 76 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO SEXTO.- En firme esta providencia, procédase a la desanotación del
área del Sistema del Catastro Minero Colombiano, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 1955 y efectúese el archivo del referido expediente
(…)”
En la parte considerativa, la autoridad minera sustentó la decisión de rechazo en los
resultados de la evaluación técnica adelantada por el Grupo de Legalización Minera
el 6 de octubre de 2019, la cual se efectuó en el marco de la implementación del
sistema de cuadrícula minera, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
1753 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 y las Resoluciones 504 de 2018
y 505 de 2019. Al respecto, la entidad precisó que, en virtud de dicho marco
normativo, “todas las solicitudes y propuestas deberán ser evaluadas con base en
el sistema de cuadrícula minera” y que, para tal efecto, debía adelantarse el proceso
de “migración y transformación del área solicitada al sistema de cuadrícula”,
procedimiento que resultaba obligatorio para las solicitudes en trámite.
Como resultado de dicha evaluación, la entidad concluyó que el área solicitada por
el interesado, una vez transformada al sistema de cuadrícula, se encontraba
“totalmente superpuesta con zonas de exclusión de acuerdo con los Lineamientos
para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras a partir del Sistema de
Cuadrícula Minera”, circunstancia que implicaba que “no queda área a otorgar”. En
ese mismo sentido, señaló de manera expresa que, luego de adelantado el proceso
de migración y transformación, la solicitud “no cuenta con área libre susceptible de
contratar”, lo que hacía inviable desde el punto de vista técnico y jurídico la
continuación del trámite de legalización minera.
Con fundamento en tales conclusiones, la ANM consideró que la solicitud de
formalización de minería tradicional OE2-16281 no cumplía con los presupuestos
técnicos y jurídicos exigidos por la normativa minera vigente, al no existir área
disponible conforme a las reglas del sistema de cuadrícula, razón por la cual estimó
procedente “rechazar la solicitud y ordenar el archivo de la actuación administrativa”,
en los términos previstos en los lineamientos que regulan la evaluación de los
trámites mineros bajo dicho sistema.
3.4. El 12 de septiembre de 2019, el apoderado del señor Vicente Varela Buitrago,
interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 000869 de octubre 16 de
201944, mediante la cual la ANM rechazó la solicitud de formalización de minería
tradicional, manifestando que acudía “dentro del término y la oportunidad legal” para
controvertir dicho acto administrativo.
Como fundamentos del recurso, el recurrente recordó que el solicitante “el día 2 de
mayo de 2013, presentó ante la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, solicitud de
legalización de minería tradicional, radicado con No. OE2-16281”. A partir de ello,
sostuvo que la resolución impugnada vulneró “flagrantemente el debido proceso,
44 Archivo electrónico identificado con certificado D25665DECE6F7F8E F6E30099BE7D0DFE
445A0C9418E0E41D 8B7A34418D1F08C8, ubicado en el índice 47 del expediente digital (Documento OE2-
16281 anm-3941200, pág.- 1-22), en el aplicativo Samai.
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consagrado en el artículo 29 del Ordenamiento Constitucional”, por cuanto la
autoridad administrativa no habría verificado los actos de ley ni observado los
procedimientos aplicables.
De manera específica, el apoderado alegó que el acto administrativo objeto del
recurso “carece de motivación y las consideraciones que allí se hacen son
abstractas, ausentes de razones y justificaciones legales”, al limitarse —según
indicó— a reproducir como conclusión que: “Una vez realizado el proceso de
migración y transformación dentro de la solicitud No. OE2-16281 para carbón
coquizable o metalúrgico (…) no cuenta con área libre”, sin exponer las normas que
regulaban el procedimiento aplicable al trámite iniciado en 2013.
Asimismo, cuestionó la aplicación del sistema de cuadrícula minera y de las
Resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019, al señalar que “este acto administrativo
presta efectos retrospectivos y por lo tanto se tomaría a partir de la fecha de su
expedición y en ningún momento hacia el pasado, como lo pretende irregularmente
la A.N.M. con la solicitud de legalización OE2-16281”.
En el mismo sentido, sostuvo que el legislador “no concedió facultad al ejecutivo
para reglamentar los precitados artículos de la Ley 1955 de 2019”, por lo que
concluyó que “las resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019 de la A.N.M., son
improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Carta Política”.
Como corolario, el recurrente afirmó que “existe falsa motivación, es decir, los
fundamentos del acto no son reales” y que, en consecuencia, “la Resolución No.
000869 de octubre 16 de 2019 (…) está viciada de nulidad por violación al artículo
29 de la Carta Política”. Finalmente, solicitó de manera expresa que la entidad “se
sirva revocar en todas sus partes la Resolución No. 000869 de octubre 16 de 2019”
y, en su lugar, “declarar la nulidad de la Resolución 000869 de octubre 16 de 2019”,
con el restablecimiento del derecho que estimó vulnerado.
3.5. El 14 de abril de 2020, la vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera
de la ANM, expidió la Resolución No. 000354 del 14 de abril de 2020, “Por la cual
se resuelve un recurso de reposición dentro del trámite de la solicitud de
formalización de minería tradicional No. OE2-16281”, en la que dispuso lo
siguiente45:
“(…) ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR lo dispuesto en la Resolución No.
000869 del 16 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se rechaza y se
archiva la solicitud de minería tradicional No. OE2-16281”, lo anterior de
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Por intermedio del Grupo de Información y Atención
al Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia
Nacional de Minería, notifíquese personalmente al señor VICENTE VARELA
BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79187466,
respectivamente, o en su defecto, mediante Aviso de conformidad con lo
establecido en los artículos 69 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
45
Archivo electrónico identificado con certificado D25665DECE6F7F8E F6E30099BE7D0DFE
445A0C9418E0E41D 8B7A34418D1F08C8, ubicado en el índice 2 del expediente digital (pág.- 7-18), en el
aplicativo Samai.
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ARTÍCULO TERCERO. - Contra la presente providencia no procede recurso
alguno, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. - En firme esta decisión, dese cabal cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos tercero, cuarto, y sexto de la Resolución No. 000869
del 16 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se rechaza y se archiva la
solicitud de minería tradicional No. OE2-16281” (…)”.
En la parte considerativa, la ANM precisó que el recurso de reposición debía
resolverse conforme a los presupuestos previstos en la Ley 1437 de 2011,
recordando que dicho mecanismo permite a la administración “aclarar, modificar o
revocar su decisión”, siempre que el recurrente exponga razones concretas de
inconformidad. En ese sentido, la entidad señaló que el recurso fue presentado “en
tiempo y por persona legitimada”, razón por la cual procedía su análisis de fondo.
La autoridad minera precisó que la solicitud de formalización de minería tradicional
OE2-16281 fue presentada el 2 de mayo de 2013 y que, al momento de resolverse,
resultaba aplicable el marco normativo introducido por el artículo 325 de la Ley 1955
de 2019. Al respecto, indicó de manera expresa que dicha disposición estableció
que “todas las solicitudes, propuestas y trámites mineros pendientes de decisión
deben evaluarse conforme al sistema de cuadrícula minera”, lo cual resultaba
obligatorio para la administración al momento de adoptar la decisión recurrida.
En desarrollo de ese marco normativo, la ANM explicó que el Grupo de Legalización
Minera adelantó el proceso de “migración y transformación del área solicitada al
sistema de cuadrícula minera”, conforme a la metodología adoptada mediante las
Resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019. Como resultado de dicha evaluación
técnica, la entidad concluyó que el área solicitada, una vez migrada, “se encuentra
totalmente superpuesta con zonas de exclusión”, lo que implicaba que la solicitud
“no cuenta con área libre susceptible de contratar”.
Frente a los argumentos del recurrente relacionados con la presunta aplicación
retroactiva de la normativa y la vulneración del debido proceso, la entidad sostuvo
que no existía derecho adquirido alguno, dado que “las solicitudes de formalización
minera no generan por sí mismas situaciones jurídicas consolidadas”. En
consecuencia, precisó que la autoridad estaba obligada a aplicar la normativa
vigente al momento de resolver, sin que ello configurara desconocimiento del
artículo 29 de la Constitución Política.
Finalmente, la ANM concluyó que la Resolución No. 000869 de 2019 se encontraba
debidamente motivada, en tanto se apoyó en “los análisis y estudios efectuados por
los profesionales del Grupo de Legalización Minera”. Por tal razón, determinó que
no se configuraba falsa motivación ni irregularidad procedimental y decidió
“confirmar en todas sus partes la Resolución No. 000869 del 16 de octubre de 2019”,
desestimando los argumentos planteados en el recurso de reposición.
4. Caso concreto
4.1. La parte actora solicita la declaratoria de nulidad y el consecuente
restablecimiento del derecho respecto de los actos administrativos expedidos en el
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
trámite de la solicitud de legalización de minería tradicional No. OE2-1628146,
mediante los cuales se dispuso su rechazo, se ordenó el archivo de la actuación
administrativa y se confirmó dicha determinación. Como consecuencia de ello,
pretende el restablecimiento de su derecho en el sentido de que se retrotraiga la
actuación administrativa al estado en que se encontraba antes de la expedición de
los actos demandados y se reconozca la legalización de la explotación minera
solicitada, con los efectos propios de un título minero debidamente inscrito en el
Registro Minero Nacional.
Sustenta sus pretensiones en que las decisiones impugnadas adolecen de
ilegalidad por infracción de las normas en que debían fundarse, al desconocer los
principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima y debido proceso,
como consecuencia de la aplicación retroactiva del artículo 24 de la Ley 1955 de
2019 y de disposiciones reglamentarias que, a su juicio, carecen de fundamento
legal. Argumenta, además, que los actos administrativos cuestionados se profirieron
con falsa motivación, puesto que la solicitud de legalización fue presentada bajo la
vigencia del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y la autoridad minera omitió
adelantar las actuaciones técnicas y procedimentales exigidas por la normativa
aplicable, lo que impedía rechazar la solicitud sin una valoración integral del acervo
probatorio.
Por su parte, el extremo pasivo de la controversia —la Agencia Nacional de
Minería— sostuvo, tanto en la contestación de la demanda47 como en los alegatos
de conclusión48, que los actos administrativos demandados fueron expedidos con
estricta sujeción al ordenamiento jurídico vigente y con observancia del debido
proceso, al haberse evaluado la solicitud de formalización minera conforme a lo
dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 y al sistema de cuadrícula
minera.
En ese sentido, indicó que, una vez adelantado el proceso de migración del área
solicitada, se determinó la inexistencia de área libre susceptible de contratar,
circunstancia que configuró una causal legal de rechazo. Afirmó que no resultaba
aplicable el Decreto 933 de 2013 ni el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, debido a
su declaratoria de nulidad e inexequibilidad, respectivamente, y negó la
configuración de falsa motivación, la vulneración del debido proceso o el
desconocimiento de derechos fundamentales, al señalar que las decisiones
adoptadas se sustentaron en estudios técnicos debidamente incorporados al
expediente administrativo. Agregó que la solicitud de formalización minera no
generó derechos adquiridos, sino meras expectativas que solo se consolidan con la
suscripción e inscripción del contrato de concesión, circunstancia que no se
configuró en el caso concreto, por lo cual solicitó mantener la presunción de
legalidad de los actos demandados y negar las pretensiones de la demanda.
4.2. Con el ánimo de resolver la controversia planteada, la Sala recuerda que, de
46 Archivo electrónico identificado con certificado 64D8E421C0F90536 2EF2075D2D290820
4AB2A63D69B27169 B7DB5FA0D8431EDF, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
47
Archivo electrónico identificado con certificado CCBC7625AB980C2F 48335B401C843930
CE0A200401EAEFA4 9420297E5EE0F8BE, ubicado en el índice 24 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
48 Archivo electrónico identificado con certificado F7728E4EB86A1B79 C1E47E21149CB4B6
3DEA2FEDBDE23E7A 87E5646411EAE264, ubicado en el índice 66 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
20
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
acuerdo con lo prescrito en el artículo 332 de la Constitución Política de 1991 49, el
Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin
perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a leyes
preexistentes. En desarrollo de este postulado constitucional, el artículo 5 50 de la
Ley 685 de 2001 —Código de Minas— estableció que el Estado es el propietario de
los recursos minerales de cualquier clase, yacentes en el suelo o el subsuelo, en
cualquier estado físico natural, sin consideración de los derechos de propiedad,
posesión o tenencia que recaigan sobre el suelo.
De conformidad con el artículo 651 de la Ley 685 de 2001, la propiedad estatal sobre
los recursos minerales es inalienable e imprescriptible, de manera que el derecho a
explorar y explotar minerales solo se adquiere mediante el otorgamiento de los
títulos expresamente reconocidos en la normatividad minera, los cuales han sido
entendidos por la jurisprudencia de esta Sección como un instrumento que comporta
una “[…] habilitación legal para explorar y explotar el suelo y subsuelo mineros de
propiedad nacional, cuyo sustento tiene origen en los derechos adquiridos,
acreditados y reconocidos a los particulares conforme a la ley, o en el otorgamiento
por parte del Estado de la titularidad minera a los particulares a partir de la
celebración de un negocio jurídico.”52
Uno de los títulos mineros reconocidos en el artículo 1453 del Código de Minas es el
contrato de concesión minera que, en los términos del artículo 45 ibidem, se
entiende como el negocio jurídico “[…] que se celebra entre el Estado y un particular
para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de
exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de
una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos
en este Código. […]”
La suscripción de un contrato de concesión minera, por regla general, está
precedida del procedimiento administrativo regulado en los artículos 270 y
siguientes del Código de Minas. Dicho trámite constituye una actuación
administrativa que se inicia con la presentación, por parte del interesado, de una
propuesta de contrato en la cual deben especificarse, entre otros aspectos, la
delimitación del área objeto del proyecto y la identificación de los minerales cuya
exploración y explotación se pretende adelantar.
No obstante, la Sala recuerda que la suscripción del contrato de concesión minera
49 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, “Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales
no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.”
50 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA, “Artículo 5. Propiedad de los recursos mineros. Los minerales de cualquier
clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva
propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes
terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos.”
51 LEY 685 DE 2011. “Artículo 6o. Inalienabilidad e imprescriptibilidad. La propiedad estatal de los recursos
naturales no renovables es inalienable e imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos sólo se adquiere
mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este Código. […]”.
52 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2024, Exp. 66795.
53 LEY 685 DE 2011. “Artículo 14. Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá
constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato
de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.
Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de exploración,
permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte,
vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales,
subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la
vigencia del presente estatuto.”
21
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
también puede tener origen en trámites administrativos de naturaleza especial,
distintos de los previstos en los artículos 270 y siguientes del Código de Minas. Tal
es el caso del procedimiento de legalización de la minería tradicional, concebido
para formalizar actividades extractivas desarrolladas sin título inscrito en el Registro
Minero Nacional y que, precisamente por esa circunstancia, persigue otorgarles un
marco jurídico que permita su continuidad bajo parámetros de legalidad.
Al respecto, cabe señalar que, en una primera etapa, el artículo 165 del Código de
Minas otorgó a los mineros tradicionales un plazo para formalizar su actividad
económica, disponiendo que los explotadores de minas sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional debían solicitar, dentro del término improrrogable de tres
(3) años contados a partir del 1º de enero de 2002, que la correspondiente mina o
minas les fueran otorgadas en concesión, cumpliendo para ello con todos los
requisitos de fondo y de forma, y siempre que el área solicitada se encontrara libre
para contratar.
Posteriormente, la Ley 1382 de 201054, que introdujo diversas modificaciones al
Código de Minas, estableció una nueva oportunidad para que los mineros
tradicionales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional adelantaran la
formalización de su actividad. En esa dirección, el artículo 12 de dicha ley dispuso
lo siguiente:
“ ARTÍCULO 12. LEGALIZACIÓN. Los explotadores, los grupos y asociaciones de
minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2)
años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas
correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para
contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma
continua desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001. […]”
El artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 fue reglamentado en el Decreto 2715 de 2010
que, en su capítulo II, estableció todo lo relativo al procedimiento administrativo
especial de legalización de minería tradicional. En efecto, este Decreto definió (i) lo
que debía entenderse por minería tradicional, (ii) la forma en que habrían de
presentarse las solicitudes de legalización de minería tradicional, (iii) los requisitos
que habrían de cumplir los mineros tradicionales interesados en formalizar su
actividad, (iv) las causales de rechazo de las solicitudes de legalización de minería
tradicional, (v) las gestiones que debía adelantar la autoridad minera con el objeto
de verificar las condiciones en que se desarrollaba la actividad minera, y (vi) los
supuestos que daban lugar a la firma del contrato de concesión.
Posteriormente, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1970 de 2012 por medio
del cual modificó el Decreto 2715 de 2010, con el objeto de simplificar y racionalizar
el trámite de la solicitud de legalización de minería tradicional. En dicho contexto, el
Gobierno Nacional mantuvo los requisitos que debían cumplir los mineros
tradicionales para efectos de acceder a la firma del contrato de concesión minera, y
reorganizó el procedimiento que habría de seguir la autoridad minera para efectos
de evaluar las solicitudes de legalización de minería tradicional, al tiempo que
agregó causales de rechazo no previstas en el Decreto 2715 de 2010.
54 “Por el cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”
22
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
Ahora bien, resulta importante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia
C-366 de 201155, declaró la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 porque en el
trámite de su expedición no se respetó el derecho fundamental a la consulta previa
de las comunidades indígenas y afrodescendientes que resultarían afectadas. No
obstante, la Corte estimó pertinente diferir los efectos de la sentencia por el término
de dos años en tanto consideró que varias de las disposiciones normativas
contenidas en la Ley 1382 de 2010 preveían cláusulas de protección indispensables
para la protección del ambiente, al tiempo que estimó que el retiro inmediato estas
disposiciones podría conllevar una situación de grave e inaceptable riesgo para el
ambiente y todos los bienes constitucionales relacionados con aquel.
El término de diferimiento de los efectos de la sentencia de inexequibilidad se
cumplió el 12 de mayo de 2013, fecha en la cual la Ley 1382 de 2010 salió del
ordenamiento jurídico. Sin embargo, ante la inminencia de dicho vencimiento, el 9
de mayo de 2013 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 933, con el fin de
establecer las reglas aplicables a la evaluación de las solicitudes de legalización de
minería tradicional que, habiendo sido presentadas bajo la vigencia de la Ley 1382
de 2010 y sus decretos reglamentarios, no alcanzaron a ser decididas conforme al
citado marco normativo.
Sobre el particular, la Sala considera pertinente anotar que el Decreto 933 de 2013
fue suspendido por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación
mediante auto del 26 de julio de 201656. De acuerdo con los argumentos
consignados en la providencia judicial, esta normativa era manifiestamente
violatoria del ordenamiento jurídico superior, en tanto tuvo como único objeto
reglamentar el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, esto es, una disposición de
normativa que fue retirada del ordenamiento jurídico por virtud de lo decidido en
sentencia C-366 de 2011.
Posteriormente, en sentencia del 28 de octubre de 201957, la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación declaró la nulidad del Decreto 933 de 2013.
Para adoptar esta decisión, consideró que, aun cuando el acto administrativo
demandado tuvo por objeto reglamentar el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, el
mismo era ilegal en tanto su propósito real fue “[…] provocar la pervivencia del
artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, aún luego de que se hiciera efectiva su
inexequibilidad, pues sometía en adelante los trámites de formalización de minería
tradicional a las reglas que en conjunto dichas normas establecían.”
Por otro lado, resulta necesario destacar que, con el propósito de establecer los
parámetros técnicos para delimitar las áreas objeto de los contratos mineros, la Ley
1753 del 9 de junio de 201558 —Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018— estableció
que la autoridad minera nacional adoptaría un sistema de cuadrícula única y
continua, que podría ser implementado incluso respecto de los títulos vigentes si el
beneficiario así lo decidía, el que fue desarrollado por la ANM mediante la
Resolución 504 del 18 de septiembre de 2018, en la que se dispuso que estaría
55 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-366 de 11 de mayo de 2011, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
56 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, auto del 26 de julio de 2016, exp. 55881.
57
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2019, exp. 55881.
58
LEY 1753 DE 2015, artículo 21 “Clasificación de la minería. (…) Parágrafo. A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadrícula para delimitar el área
objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única y continua. Así mismo podrá adaptar al sistema
de cuadrículas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en
caso de que el beneficiario de estos así lo decida (…)”.
23
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
conformado por un conjunto continuo de celdas59 y que, de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, las solicitudes anteriores estarían conformadas
por celdas compuestas y colindantes por un lado de la cuadrícula minera.
Posteriormente, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 —Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022—. Sobre el particular, los artículos 24 y 325 ejusdem
introducen y desarrollan el sistema de cuadrícula minera como eje técnico y jurídico
de la titulación y formalización de la actividad minera en Colombia, al establecer que
todas las solicitudes, propuestas y títulos mineros deben evaluarse con base en
dicho sistema, el cual se estructura a partir de celdas georreferenciadas que impiden
la superposición de derechos sobre una misma área, salvo las concesiones
concurrentes. En concreto, el artículo 24 dispone la obligatoriedad de aplicar el
sistema de cuadrícula conforme a los estándares de información geoespacial y
ordena la migración de los títulos otorgados con anterioridad, sin alteración de sus
condiciones originales, siguiendo la metodología definida por la autoridad minera60.
Por su parte, el artículo 325 regula de manera específica el trámite de las solicitudes
de formalización de minería tradicional presentadas hasta el 10 de mayo de 2013,
al prever su continuidad únicamente cuando se encuentren vigentes y en área libre,
la posibilidad de recortes en casos de superposición parcial y el rechazo de aquellas
localizadas en áreas totalmente ocupadas, salvo mediación fallida con el titular
minero. Asimismo, establece un procedimiento secuencial que comprende la
verificación de viabilidad técnica, la presentación y aprobación del Programa de
Trabajos y Obras y del instrumento ambiental correspondiente, como requisitos
previos a la suscripción del contrato de concesión, y prevé una suspensión temporal
de medidas sancionatorias y penales mientras se decide de fondo la solicitud, sin
perjuicio de la aplicación de medidas ambientales y de seguridad minera61.
59 RESOLUCION 504 DE 2018, Artículo 3. “Cuadrícula minera. Se adopta como cuadrícula minera la
conformada por un conjunto continuo de celdas (…). Parágrafo. De conformidad con el artículo 21 de la Ley
1753 de 2015, los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación de la cuadrícula minera
podrán adaptarse a ésta en caso de que el beneficiario así lo decida (…)”. // “Artículo 4. Trámites de solicitudes.
Las solicitudes y propuestas presentadas con anterioridad (…) estarán conformados espacialmente por celdas
completas y colindantes por un lado de la cuadrícula minera”.
60 LEY 1955 DE 2019, Artículo 24. “Sistema de cuadrícula en la titulación minera. La implementación del sistema
de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los
lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. (…) Todas las solicitudes y propuestas se
evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad minera nacional. Por lo
anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las
concesiones concurrentes. (…) Los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del
sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y
coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual se atenderá la metodología que para el efecto establezca
la autoridad minera nacional”.
61
LEY 1955 DE 2019, Artículo 325. “Trámite solicitudes de formalización de minería tradicional. Las personas
naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional hasta el 10
de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se
encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite con el fin de verificar la viabilidad técnica del
desarrollo del proyecto minero de pequeña minería. Si la solicitud no se encuentra en área libre esta se
rechazará salvo lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo. En caso que la superposición sea parcial
se procederá a los recortes respectivos. La autoridad minera resolverá estas solicitudes en el término de un (1)
año contado a partir de la viabilidad técnica de la solicitud.
Una vez verificada la viabilidad de la solicitud, la autoridad minera requerirá al solicitante para que presente en
un plazo máximo de cuatro (4) meses el programa de Trabajos y Obras - PTO a ejecutar y la licencia ambiental
temporal para la formalización en los términos del artículo 23 de esta Ley, so pena de entender desistido el
trámite de formalización. En caso de que se formulen objeciones al PTO y estas no sean subsanadas se
procederá al rechazo de la solicitud. Una vez aprobado el PTO y el Plan Manejo Ambiental - PMA o licencia
ambiental temporal se procederá con la suscripción del contrato de concesión.
En el evento en que las solicitudes de formalización de minería tradicional se hayan presentado en un área
ocupada totalmente por un título minero y se encuentre vigente a la fecha de promulgación de la presente Ley,
la autoridad minera procederá a realizar un proceso de mediación entre las partes. De negarse el titular minero
24
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
En virtud del mandato anterior, la ANM profirió la Resolución 505 del 2 de agosto de
2019, en la que se adoptaron los lineamientos para la evaluación de los trámites y
solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para
la migración de los títulos mineros a ese esquema, por lo que se previó un período
de transición desde la vigencia de ese acto administrativo y hasta el 31 de octubre
de 2019, en el que se realizaría la transformación y evaluación de las propuestas
de contratos de concesión y solicitudes mineras en trámite 62.
En ese orden, la Resolución 505 de 2019 dispuso que la delimitación del área de
las propuestas de contrato de concesión y las peticiones mineras en trámite se
establecerá y evaluará con base en la cuadrícula minera prevista en la Resolución
504 de 201863; sin embargo, esta Corporación anuló varios apartes de las reglas de
negocio 6.1.2. y 6.1.6. de esa decisión64, porque: i) crearon un derecho exclusivo en
favor del beneficiario de títulos mineros sobre áreas no comprendidas en su título,
al prever el bloqueo de celda cuando es tocada parcialmente por uno o más títulos
vigentes, desconociendo el orden de prelaciones; y ii) por favorecer
injustificadamente a los titulares mineros al establecer que eran los únicos
habilitados para presentar solicitudes de concesión sobre las áreas libres de una
celda tocada total o parcialmente por un título minero.
En ese contexto, la normativa que, en el nivel reglamentario, establecía el bloqueo
total de una celda parcialmente libre y autorizaba exclusivamente a los titulares
mineros colindantes para solicitarla en concesión fue retirada del ordenamiento
jurídico. Ello implica que la prohibición de superposición sobre una misma celda
debe entenderse limitada únicamente a aquellas áreas que se encuentren
totalmente ocupadas, en los casos en que una solicitud se superponga con un título
minero previamente otorgado.
Ahora, mediante la Resolución 703 del 31 de octubre de 2019 de la ANM, la
transición de que trata la Resolución 505 de 2019 se prorrogó “hasta el
establecimiento y puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera
SIGM-”, que fue previsto mediante el Decreto 2078 del 18 de noviembre de 2019,
que modificó el Decreto 1073 de 2015 —único reglamentario del sector
administrativo de minas y energía—.
a la mediación o de no lograrse un acuerdo entre las partes, se procederá por parte de la autoridad minera al
rechazo de la solicitud de formalización.
A partir de la promulgación de esta Ley y mientras no se resuelva de fondo el trámite de la solicitud de
formalización de minería tradicional no habrá lugar a la aplicación de las medidas previstas en los artículos 161
y 306 de la Ley 685 de 2001, ni a proseguir las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de esta
misma ley, sin perjuicio de la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias de carácter ambiental, así
como las relacionadas con la seguridad minera”.
62 RESOLUCION 505 DE 2019, Artículo 1. “Adoptar los lineamientos para la evaluación de los trámites y
solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para la migración de los títulos
mineros al sistema de cuadrícula (…)”. // “Artículo 3. Transición. Dar inicio al período de transición desde la
entrada en vigencia del presente acto administrativo y hasta el 31 de octubre de 2019. Durante este período, se
realizará la transformación y evaluación de las propuestas de contratos de concesión y solicitudes mineras que
se encuentren en trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución”.
63
RESOLUCION 505 DE 2019, Artículo 3. “(…) Parágrafo primero. La delimitación del área de las propuestas
de contrato de concesión y solicitudes mineras en trámite se establecerá y evaluará con base en la cuadrícula
minera de que trata la Resolución 504 de 2018 o la que la modifique, aclare o sustituya”.
64 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
del 30 de junio de 2022. Rad. 41001-23-31-000-2012-00263-01 (68320).
25
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
Teniendo en cuenta lo señalado, resulta claro que la aplicación retrospectiva del
sistema de cuadrícula minera a las solicitudes de esa naturaleza que se radicaron
bajo la vigencia del anterior sistema de celdas, no representa una vulneración de
los derechos del peticionario, en la medida en que para tal momento no existía un
derecho adquirido, sino una mera expectativa, además de que tal figura propende
por acabar con la incertidumbre del modelo anterior, que generaba una falta de
certeza sobre las áreas que se otorgaban para la exploración y explotación de
recursos naturales no renovables, tal como lo ha considerado la jurisprudencia de
la Corporación65. En ese sentido, se advierte que por medio de las Leyes 1753 de
2015 y 1955 de 2019, el legislador estableció el sistema de cuadrícula como un
mecanismo para delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera en
Colombia y dispuso su aplicación inmediata, incluyendo a las solicitudes que se
hubieran presentado con anterioridad a la creación de ese mecanismo.
4.3. Solución al primer problema jurídico
Frente al cuestionamiento orientado a determinar si la ANM aplicó de manera
retroactiva el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 al rechazar la solicitud de
formalización de minería tradicional No. OE2-16281, es preciso señalar que la
inconformidad del demandante se funda en la premisa según la cual dicha solicitud
debía resolverse conforme al régimen jurídico vigente al momento de iniciarse el
procedimiento administrativo —esto es, la Ley 1382 de 2010— y no con base en la
normativa aplicable al momento de adoptarse la decisión de fondo. Al respecto,
consta que la solicitud de formalización minera fue presentada por el actor el 2 de
mayo de 201366, y que su rechazo se produjo mediante la Resolución No. 000869
del 16 de octubre de 201967, confirmada posteriormente por la Resolución No.
000354 del 14 de abril de 202068.
La tesis del actor parte, sin embargo, de una premisa jurídicamente insostenible,
consistente en equiparar el inicio del trámite administrativo con la consolidación de
un régimen normativo inmutable hasta su culminación. En el ordenamiento jurídico
colombiano, como regla general, los actos administrativos deben expedirse
conforme a la normatividad vigente al momento de su adopción, salvo que se trate
de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, supuestos que no se
configuran en el marco de una solicitud de formalización minera que no ha concluido
con la suscripción e inscripción de un contrato de concesión en el Registro Minero
Nacional. En consecuencia, la sola presentación de una solicitud en el año 2013 no
petrifica el marco normativo aplicable ni impide a la administración aplicar de
manera inmediata las normas posteriores que regulen la evaluación y decisión de
trámites en curso.
Como se explicó anteriormente, desde esta perspectiva los artículos 24 y 325 de la
65 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023. Radicado 11001-
03-26-000-2021-00193-00 (67516) y Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 23 de julio de 2025.
Radicado 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891).
66 Archivo electrónico identificado con certificado 5344E89C9923AAF0 93512386CA571BBC
CD3C1566947227E8 83A767979C8C42C1, ubicado en el índice 47 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
67 Archivo electrónico identificado con certificado D25665DECE6F7F8E F6E30099BE7D0DFE
445A0C9418E0E41D 8B7A34418D1F08C8, ubicado en el índice 2 del expediente digital (pág.- 1-4), en el
aplicativo Samai.
68
Archivo electrónico identificado con certificado D25665DECE6F7F8E F6E30099BE7D0DFE
445A0C9418E0E41D 8B7A34418D1F08C8, ubicado en el índice 2 del expediente digital (pág.- 7-18), en el
aplicativo Samai.
26
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
Ley 1955 de 2019 establecen reglas de ordenamiento técnico y espacial del recurso
minero cuya aplicación resulta obligatoria para la autoridad minera al momento de
resolver las solicitudes que se encontraban en trámite. El artículo 24 establece el
sistema de cuadrícula minera como el parámetro exclusivo para evaluar solicitudes
y propuestas, al proscribir la superposición de derechos sobre una misma celda,
mientras que el artículo 325 condiciona expresamente la continuidad de las
solicitudes de formalización presentadas hasta el 10 de mayo de 2013 a que se
encuentren vigentes y en área libre, exigencia que debe verificarse conforme a dicho
sistema. De ello se sigue que, aunque la Ley 1955 de 2019 dispuso su aplicación a
los trámites en curso, lo que comportó una aplicación retrospectiva de la norma69,
esta no introdujo un criterio sustantivo nuevo con efectos retroactivos, pues el
requisito de que el área estuviera libre ya existía en el ordenamiento. Lo que la ley
redefinió fue la metodología para constatar esa condición objetiva —la existencia de
un área libre— cuya ausencia conllevaba, por expreso mandato legal, el rechazo de
la solicitud.
En desarrollo de este marco normativo, la actuación administrativa se sustentó en
el informe técnico del 6 de octubre de 2019, elaborado por el Grupo de Legalización
Minera de la ANM70, el cual se ajustó a los lineamientos adoptados mediante la
Resolución ANM 505 de 2019 y a los principios rectores del sistema de cuadrícula
minera. Dicho informe adelantó un proceso técnico de migración y transformación
del área solicitada al sistema de cuadrícula, con conversión de coordenadas al
Datum Magna Sirgas, y estableció que el área resultante —equivalente a 49
celdas— se encontraba totalmente superpuesta con títulos mineros vigentes y
zonas de exclusión. Esta constatación técnica objetiva condujo necesariamente a la
conclusión de que no existía área libre susceptible de contratar, circunstancia que
activó la causal legal de rechazo prevista en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.
En este contexto, no puede predicarse la vulneración del principio de irretroactividad
ni del debido proceso, pues la ANM no alteró los efectos jurídicos de situaciones
consolidadas bajo la Ley 1382 de 2010. Por el contrario, aplicó una norma vigente
—el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019— a un procedimiento administrativo que
se encontraba en curso, respecto del cual el solicitante únicamente ostentaba una
mera expectativa y no un derecho adquirido. Esta actuación resulta acorde con el
carácter de aplicación inmediata que el propio legislador atribuyó a la Ley 1955 de
2019 y con la interpretación reiterada de la jurisprudencia de esta Corporación 71,
que ha reconocido que dicho sistema constituye el marco técnico y jurídico
obligatorio para la evaluación de todas las solicitudes y propuestas mineras,
incluidas aquellas que se encontraban en trámite al momento de su implementación.
Precisamente, con fundamento en la regla de aplicación inmediata prevista en el
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 para las solicitudes de formalización de minería
tradicional presentadas hasta el 10 de mayo de 2013, y en la obligatoriedad del
69 Sobre la retrospectividad de la ley véase: Corte Constitucional. Sentencia T-110 del 22 de febrero de 2011.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
70 Archivo electrónico identificado con certificado 5344E89C9923AAF0 93512386CA571BBC
CD3C1566947227E8 83A767979C8C42C1, ubicado en el índice 47 del expediente digital (Documento OE2-
16281 CT, pág.- 1-4), en el aplicativo Samai.
71 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, Radicado 11001-
03-26-000-2021-00193-00 (67516). Al respecto, se dijo lo siguiente: “[…] En relación con la aplicación de dicho
sistema a la referida solicitud, se precisó que las Leyes 1753 de 2015 y Ley 1955 de 2019 y las Resoluciones
504 de 2018, 505 de 2019 y 266 de 2020 previeron la implementación inmediata del sistema de cuadrícula a
las peticiones en curso y proscribieron la superposición de propuestas sobre una misma celda […]”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
sistema de cuadrícula minera prevista en el artículo 24 de la misma ley, la ANM
culminó el trámite administrativo, adelantó la evaluación técnica de la solicitud
conforme a los parámetros vigentes y adoptó la decisión correspondiente en estricto
acatamiento del marco normativo aplicable.
En ese orden, debe resaltarse que la actuación administrativa observó una
secuencia lógica, coherente y respetuosa del principio de legalidad, en la medida
en que la autoridad minera adelantó, en primer lugar, la evaluación técnica de la
solicitud con fundamento en el marco normativo vigente; posteriormente, remitió el
concepto técnico para su correspondiente análisis jurídico; y, finalmente, adoptó la
decisión de rechazo con base en una causal legal expresa y objetivamente
acreditada, prevista en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019. Este proceder
evidencia que la decisión cuestionada no fue el resultado de una actuación arbitraria
o discrecional desprovista de sustento normativo, sino la consecuencia necesaria
de la aplicación de reglas de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, la
determinación adoptada por la entidad demandada constituye el ejercicio legítimo
de la potestad administrativa para resolver trámites pendientes conforme a la
normativa vigente, sin que ello implique la alteración injustificada de la situación
jurídica del solicitante.
Por último, la parte actora adujo que la autoridad minera incurrió en una prolongada
inactividad administrativa al no adelantar oportunamente las actuaciones necesarias
para evaluar la solicitud de formalización conforme a la Ley 1382 de 2010, aspecto
que —a su juicio— determinó que el trámite quedara sometido a una regulación
posterior, esto es, la Ley 1955 de 2019; sin embargo, para la Sala, tal planteamiento
carece de vocación de prosperidad. En efecto, aunque la Ley 685 de 2001 no
establece término alguno para decidir las propuestas de formalización minera, y aun
cuando el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 preveía un plazo
máximo de un (1) año para la realización de la visita de viabilización y de hasta dos
(2) meses —contados a partir del recibo de los PTO y PMA— para resolver de fondo
la solicitud de legalización72, el eventual vencimiento de tales términos no comporta,
por sí mismo, un vicio invalidante del acto administrativo; por el contrario, frente a la
mora en decidir, la consecuencia se contrae a la eventual responsabilidad
disciplinaria del servidor encargado, sin afectar la validez ni la eficacia de la decisión
adoptada73.
Esta interpretación se aviene a la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, conforme a la cual la mora administrativa no constituye causal
autónoma de nulidad, en tanto el procedimiento administrativo general —aplicable
supletoriamente en materia minera— impone a la Administración el deber de decidir
72 LEY 1382 de 2010, (Declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-366 de
2011. Los efectos de la declaratoria fueron diferidos por el término de dos (2) años). Artículo 12. “Legalización.
Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin
título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término Improrrogable de dos (2) años
contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas
en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada
se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua
desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001. (…) Parágrafo primero. En todo caso, la autoridad minera
contará hasta con un (1) año para realizar la visita de viabilización, después de presentada la solicitud
de legalización, para resolver el respectivo trámite; y contará hasta con dos (2) meses, a partir del recibo
de los PTO y PMA por parte del interesado, para resolver de fondo la solicitud de legalización”. (Se
destaca)
73
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Radicado
25000-23-36-000-2019-00697-01 (67948) y Sentencia del 9 de diciembre de 2025, Radicado 11001-03-26-000-
2014-00034-00 (50221).
28
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
de fondo aun cuando haya operado el silencio administrativo, salvo en los eventos
expresamente exceptuados por la ley, esto es, cuando el interesado haya
interpuesto los recursos contra el acto ficto o presunto, o cuando, habiendo acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se haya notificado el auto
admisorio de la demanda74. En ese orden, la autoridad conserva la competencia
para resolver incluso de manera extemporánea, sin que la tardanza vicie el acto
expedido, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse
de la dilación. Así, aunque la solicitud fue decidida por fuera de los términos
previstos, tal circunstancia carece de entidad suficiente para invalidar los actos
demandados, dado que el legislador no previó efecto anulatorio alguno asociado a
la decisión tardía. Con fundamento en lo expuesto, el cargo formulado no está
llamado a prosperar.
4.4. Solución al segundo problema jurídico
En relación con el interrogante orientado a determinar si las Resoluciones Nos.
000869 de 2019 y 000354 de 2020 desconocieron el debido proceso y el
procedimiento de legalización previsto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010,
resulta indispensable partir de una adecuada delimitación del marco normativo
aplicable al trámite de formalización minera adelantado por el actor, teniendo en
cuenta tanto la vigencia temporal de las disposiciones invocadas como las
modificaciones normativas y los pronunciamientos judiciales que incidieron de
manera directa en la regulación de dicha materia. Solo a partir de esta precisión es
posible establecer si la actuación administrativa se ajustó o no a las reglas
procedimentales y sustantivas que regían al momento de adoptarse las decisiones
cuestionadas.
En efecto, si bien la Ley 1382 de 2010 introdujo un procedimiento administrativo
especial de legalización de la minería tradicional —particularmente a través de su
artículo 1275—, lo cierto es que dicho cuerpo normativo fue declarado inexequible
74 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2023, Radicado
11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033) y Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de diciembre de
2025, Radicado 11001-03-26-000-2014-00034-00 (50221).
75
LEY 1382 DE 2010, Artículo 12. “Legalización. Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería
tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán
solicitar, en el término Improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley,
que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que
los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001.
Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el grupo o asociación demuestre
una antigüedad mayor a la que tiene la concesión, se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de
las obligaciones del titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá como primera opción
para continuar el trámite la solicitud de legalización debidamente presentada, una vez caducado el contrato.
En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad Minera mediará entre las
partes para que lleguen a acuerdos, como la suscripción de Contratos de Asociación y Operación debidamente
Inscritos en el Registro Minero Nacional previstos en el artículo 221 del presente Código, entre otros, que
permitan la explotación por parte de los grupos o asociaciones. Para llegar las partes a estos acuerdos tendrán
un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la solicitud del minero tradicional.
Si el área no se hallare libre por la existencia de una propuesta de contrato de concesión y se presentare una
solicitud de legalización en los términos de este artículo, se continuará el trámite de la propuesta, y en caso de
llegar a ser contrato de concesión, la Autoridad Minera procederá de acuerdo a lo señalado en el inciso tercero
del presente artículo. Si la solicitud de propuesta de contrato de concesión se rechaza, se tendrá como primera
opción para continuar el trámite, la solicitud de legalización.
Parágrafo primero. En todo caso, la autoridad minera contará hasta con un (1) año para realizar la visita de
viabilización, después de presentada la solicitud de legalización, para resolver el respectivo trámite; y contará
hasta con dos (2) meses, a partir del recibo de los PTO y PMA por parte del interesado, para resolver de fondo
la solicitud de legalización. Hasta tanto la Autoridad Minera no resuelva las solicitudes de legalización en virtud
29
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-366 de 2011, con efectos
diferidos por el término de dos (2) años, los cuales se agotaron el 12 de mayo de
2013. En consecuencia, a partir de esa fecha la Ley 1382 fue excluida
definitivamente del ordenamiento jurídico, razón por la cual no podía constituir el
parámetro normativo para resolver solicitudes de formalización que, aun habiendo
sido presentadas durante su vigencia, no hubieran sido decididas antes del
vencimiento del diferimiento de la inexequibilidad.
En ese escenario, el procedimiento de legalización previsto en el artículo 12 de la
Ley 1382 de 2010 no generó derechos adquiridos en cabeza de los solicitantes, sino
meras expectativas condicionadas a la culminación exitosa del trámite mediante la
suscripción e inscripción del contrato de concesión en el Registro Minero Nacional.
Las meras expectativas, a diferencia de los derechos adquiridos, pueden verse
afectadas por modificaciones normativas posteriores, siempre que estas respondan
a fines constitucionalmente legítimos y se apliquen de manera general, impersonal
y razonable, como ocurre con las reformas introducidas en materia de ordenamiento
minero76.
Precisamente, luego de la salida definitiva de la Ley 1382 de 2010 del ordenamiento
jurídico y la posterior declaratoria de nulidad del Decreto 933 de 2013 —que
pretendió prolongar la vigencia material del artículo 12 de dicha ley77—, el legislador
retomó la regulación de la formalización minera en el marco de las leyes de los
Planes Nacionales de Desarrollo. Así, mediante las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de
2019 se adoptó el sistema de cuadrícula minera como eje técnico y jurídico para la
delimitación y evaluación de solicitudes y títulos mineros, con aplicación inmediata
incluso respecto de trámites en curso.
En particular, los artículos 24 y 325 de la Ley 1955 de 2019 establecieron de manera
expresa que todas las solicitudes de formalización de minería tradicional debían ser
evaluadas con base en el sistema de cuadrícula minera y que aquellas presentadas
hasta el 10 de mayo de 2013 —como ocurre en el caso del actor— solo podían
continuar su trámite en la medida en que se encontraran vigentes y localizadas en
área libre, condición objetiva cuya verificación debía realizarse conforme a los
parámetros técnicos definidos por la autoridad minera. En tal sentido, como se
explicó en el cargo anterior, el rechazo de las solicitudes ubicadas en áreas
totalmente ocupadas no comporta la aplicación retroactiva de una norma nueva,
sino la ejecución de un mandato legal vigente al momento de adoptarse la decisión
administrativa.
En este contexto, los actos administrativos acusados —Resoluciones Nos. 000869
de 2019 y 000354 de 2020— no desconocieron el debido proceso ni el
procedimiento de legalización previsto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, en
la medida en que dicha disposición no se encontraba vigente ni podía erigirse en
de este artículo no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los
artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código.
En los casos de legalización planteados en el presente artículo, los trámites de evaluación, visita de viabilización
y adjudicación de la concesión, se efectuarán de manera gratuita por parte de la Autoridad Minera, quien
destinará los recursos necesarios para la realización de estos. Sin embargo los estudios (PTO y PMA)
requeridos para la ejecución de la concesión estarán a cargo de los solicitantes.
Parágrafo segundo. Se considerará legal el barequeo consistente en extracción de materiales de arrastre,
siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una extracción que no supere un volumen
de 10 metros cúbicos por día, por longitud de rivera de 200 metros de largo”.
76 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-983 del 1 de diciembre de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
77 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2019, exp. 55881.
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Demandante: Vicente Varela Buitrago
fundamento jurídico para resolver la solicitud del actor. Por el contrario, la ANM
actuó con sujeción al marco normativo aplicable al momento de adoptar la decisión,
sustentó su determinación en una evaluación técnica objetiva realizada bajo el
sistema de cuadrícula minera y aplicó de manera adecuada la causal legal de
rechazo prevista en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019. En consecuencia, no se
advierte vulneración alguna del debido proceso ni desconocimiento del régimen
jurídico aplicable, sino el ejercicio legítimo de la potestad administrativa en armonía
con los principios de legalidad, seguridad jurídica y ordenamiento racional del
recurso minero, razones que conducen a la Sala a desestimar el cargo formulado.
4.5. Solución al tercer problema jurídico
En relación con el cargo encaminado a determinar si el actor fue requerido y
notificado en debida forma dentro del trámite administrativo adelantado para la
legalización de su solicitud minera, la Sala advierte que no existe en el expediente
elemento probatorio que permita tener por acreditada la vulneración alegada. Por el
contrario, se encuentra suficientemente demostrado que el interesado tuvo
conocimiento efectivo, real y oportuno de las decisiones adoptadas por la autoridad
minera, circunstancia que se desprende del ejercicio activo de los mecanismos de
defensa previstos en el ordenamiento jurídico.
En efecto, una vez proferida por la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de
la ANM la Resolución No. 000869 de 2019, mediante la cual se rechazó y ordenó el
archivo de la solicitud de formalización de minería tradicional No. OE2-1628178, el
apoderado del señor Vicente Varela Buitrago interpuso recurso de reposición dentro
del término legal, exponiendo argumentos sustantivos dirigidos a controvertir la
motivación del acto administrativo, la determinación de inexistencia de área libre y
la aplicación del sistema de cuadrícula minera, lo que evidencia un conocimiento
pleno del contenido y alcance de la decisión impugnada79.
Posteriormente, la autoridad minera resolvió el recurso interpuesto mediante la
Resolución No. 000354 del 14 de abril de 2020, a través de la cual confirmó la
decisión inicial80. Si bien del examen del expediente se advierte que no obra prueba
concluyente de la notificación personal de este último acto administrativo ni del
cumplimiento estricto de las formas de notificación previstas en el artículo 269 del
Código de Minas —que exige la notificación personal de las providencias que
rechacen una propuesta y, en su defecto, el envío de comunicación a la residencia
o establecimiento de comercio del interesado y, de no comparecer este, su
emplazamiento mediante edicto fijado durante cinco días—, tal circunstancia no
resulta suficiente para predicar la nulidad de los actos demandados, en la medida
en que se encuentra acreditado que el actor acudió a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa el 24 de enero de 2022 con el propósito de que se declare su nulidad
78 Archivo electrónico identificado con certificado D25665DECE6F7F8E F6E30099BE7D0DFE
445A0C9418E0E41D 8B7A34418D1F08C8, ubicado en el índice 2 del expediente digital (pág.- 1-4), en el
aplicativo Samai.
79 Archivo electrónico identificado con certificado D25665DECE6F7F8E F6E30099BE7D0DFE
445A0C9418E0E41D 8B7A34418D1F08C8, ubicado en el índice 47 del expediente digital (Documento OE2-
16281 anm-3941200, pág.- 1-22), en el aplicativo Samai.
80
Archivo electrónico identificado con certificado D25665DECE6F7F8E F6E30099BE7D0DFE
445A0C9418E0E41D 8B7A34418D1F08C8, ubicado en el índice 2 del expediente digital (pág.- 7-18), en el
aplicativo Samai.
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Demandante: Vicente Varela Buitrago
y se disponga el respectivo restablecimiento del derecho81.
Desde una perspectiva jurídico procesal y conforme a la jurisprudencia de la
Corporación, la irregularidad en la notificación de un acto administrativo no
comporta, por sí sola, su invalidez. La notificación constituye un requisito de eficacia
orientado a garantizar el derecho de defensa, de modo que su defecto solo adquiere
relevancia invalidante cuando se acredita que el interesado no conoció la decisión
y, en consecuencia, se vio impedido para ejercer oportunamente los recursos y
acciones procedentes. En este sentido, cuando del comportamiento del ciudadano
se desprende el conocimiento efectivo del acto, la irregularidad formal se entiende
saneada mediante la figura de la notificación por conducta concluyente82.
Así lo prevé el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo —en adelante, CPACA83— al disponer que la
notificación se entiende surtida cuando el interesado manifiesta conocer el acto, lo
consiente o interpone los recursos procedentes, aun cuando no se hubieren
observado estrictamente las formalidades legales previstas para su práctica,
mecanismo orientado a preservar la eficacia de la actuación administrativa y a evitar
que defectos puramente formales se erijan en obstáculos irrazonables para la
producción de efectos jurídicos84. Esta regla resulta aplicable en materia minera en
virtud de la integración normativa que autoriza el artículo 297 del Código de Minas85,
conforme al cual, en los aspectos procedimentales no regulados de manera expresa
en dicho estatuto, procede la aplicación supletoria del CPACA, lo que permite acudir
válidamente a figuras generales del derecho administrativo, como la notificación por
conducta concluyente, ante vacíos o deficiencias de la regulación especial86.
En el caso concreto, la conducta desplegada por el actor —manifestada en la
interposición del recurso de reposición, la formulación de argumentos sustantivos
dirigidos a controvertir la decisión administrativa y el posterior ejercicio del control
jurisdiccional— permite concluir de manera inequívoca que tuvo conocimiento pleno
y efectivo de los actos administrativos cuestionados, razón por la cual cualquier
irregularidad en su notificación formal quedó saneada, sin que se configure
afectación material alguna del derecho de defensa ni del debido proceso.
Por último, contrario a lo sostenido por el actor en la demanda, la verificación de la
existencia de área libre susceptible de contratación no exigía, al momento de
evaluarse la solicitud No. OE2-16281, la realización de visitas técnicas presenciales
por parte de la autoridad minera. Esto se explica porque la decisión adoptada se
fundamentó en un análisis técnico efectuado conforme al sistema de cuadrícula
81
Archivo electrónico identificado con certificado 64D8E421C0F90536 2EF2075D2D290820
4AB2A63D69B27169 B7DB5FA0D8431EDF, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
82 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012. Exp. No.:
54001-23-31-000-1999-0111-01 (23358)
83 LEY 1437 DE 2011, Artículo 72. “Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta
concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos
legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o
interponga los recursos legales”.
84 CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, sentencia del 25 de julio de 2019. Exp. No.: 25000-23-24-000-
2008-00396-03
85
LEY 685 DE 2011. Artículo 269. “Remisión. En el procedimiento gubernativo y en las acciones judiciales, en
materia minera, se estará en lo pertinente, a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y para la
forma de practicar las pruebas y su valoración se aplicarán las del Código de Procedimiento Civil”.
86 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de julio de 2025. Exp. No. 13001-
23-33-000-2017-00867-01 (67099).
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
minera implementado por la Ley 1955 de 2019 y desarrollado por la Resolución 505
de 2019, normativa aplicable al caso, como se indicó previamente.
Este sistema, soportado en herramientas de información geoespacial y en la
transformación de coordenadas al Datum Magna Sirgas, permite determinar con
precisión la ubicación, superposición y disponibilidad de áreas sin necesidad de
desplazamiento físico al terreno. En tal sentido, la ausencia de visitas de campo no
configura irregularidad procedimental ni implica vulneración del debido proceso,
puesto que la decisión de rechazo se sustentó en una constatación técnica objetiva
sobre la inexistencia de área libre susceptible de contratación, elemento suficiente
y jurídicamente idóneo para resolver la solicitud de formalización minera. Por
consiguiente, la actuación administrativa se ajustó al marco normativo aplicable y
respetó las garantías del derecho de defensa, por lo que los reproches formulados
carecen de fundamento y deben ser desestimados.
4.5. Solución al cuarto problema jurídico
En cuanto a la cuestión orientada a determinar si la solicitud de formalización minera
dio lugar a una situación jurídica consolidada en cabeza del interesado o, por el
contrario, generó únicamente una mera expectativa, la Sala recuerda que el solo
hecho de presentar una solicitud de formalización no comporta la adquisición
automática de un derecho a la explotación del recurso minero. Dicho trámite se
limita a habilitar al interesado para que la autoridad competente verifique el
cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales y espaciales exigidos
por el ordenamiento jurídico87.
Al punto, conviene recordar que el Código de Minas regula el régimen de concesión
minera en el Capítulo XXV88 del Título Séptimo89 de la Ley 685 de 2001, y en su
artículo 14 establece que el derecho a explorar y explotar minas de propiedad
estatal únicamente puede constituirse, declararse y acreditarse mediante la
celebración de un contrato de concesión minera90. Dicho contrato, debe ser
debidamente suscrito con la autoridad minera competente e inscrito en el Registro
Minero Nacional, como requisito indispensable tanto para su oponibilidad frente a
terceros como para la consolidación del derecho del concesionario91, el cual
constituye, según lo dispone expresamente el artículo 50 del Código, el único medio
para el perfeccionamiento y prueba del contrato de concesión92.
Por su lado, el artículo 16 ejusdem delimita con precisión el alcance jurídico de las
solicitudes o propuestas de concesión minera, al establecer que su sola
presentación no confiere, frente al Estado, un derecho adquirido a la celebración del
87 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 2 de junio de 2023, Radicado: 11001-
03-26-000-2021-00193-00 (67516).
88 LEY 685 DE 2001, Capítulo XXV. “Normas de procedimiento”.
89 LEY 685 DE 2001. Título Séptimo. “Aspectos procedimentales”.
90 LEY 685 DE 2001, artículo 14. “Título Minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá
constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato
de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional (…)”.
91 Aunque el artículo 14 del Código de Minas establece que únicamente el contrato de concesión confiere
derechos para la exploración y explotación de recursos minerales, resulta necesario precisar que el legislador
previó otras modalidades jurídicas —como la extracción ocasional y el barequeo— mediante las cuales también
se habilita el ejercicio de dichas actividades, sin que medie la celebración de un contrato de concesión ni la
suscripción de un negocio jurídico bilateral.
92
LEY 685 DE 2001, artículo 50. “Solemnidades. El contrato de concesión debe estar contenido en documento
redactado en idioma castellano y estar a su vez suscrito por las partes. Para su perfeccionamiento y su prueba
sólo necesitará inscribirse en el Registro Minero Nacional”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
contrato de concesión, sino que genera únicamente una mera expectativa sujeta al
cumplimiento de los requisitos legales exigidos. No obstante, reconoce que, frente
a otras solicitudes concurrentes o frente a terceros, la primera propuesta radicada
otorga al interesado un derecho de prelación o preferencia, en aplicación del
principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”, siempre que se acrediten
las condiciones legales para el otorgamiento del título 93.
Ahora bien, la aplicación del sistema de cuadrícula minera a la solicitud de
legalización de minería tradicional No. OE2-16281, presentada para la explotación
de un yacimiento de carbón metalúrgico o coquizable, no presenta los visos de
ilegalidad que le atribuye el actor con fundamento en la supuesta existencia de un
derecho adquirido. Ello es así porque se trata de una solicitud que se encontraba
en trámite y respecto de la cual no se había consolidado situación jurídica alguna
susceptible de ser calificada como derecho adquirido, circunstancia que, en todo
caso, solo podría configurarse una vez perfeccionado el correspondiente contrato
de concesión minera.
Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corporación94, al analizar el procedimiento
previsto para la celebración y perfeccionamiento del contrato de concesión minera
dentro del régimen ordinario —en cuanto actuación administrativa que se inicia a
instancia de parte y en atención a un interés particular— ha señalado de manera
expresa que:
“(…) “i) No determina el derecho al otorgamiento del título minero y por
ende, tampoco el derecho a la celebración y perfeccionamiento del
contrato de concesión, de tal forma que durante todo el trámite
gubernativo reglado y hasta el perfeccionamiento del título, el
proponente solo adquiere una mera expectativa respecto al
cumplimiento de los presupuestos legales exigidos para la
consolidación del derecho, los cuales, aunque puedan llegar a
perfeccionarse en el futuro, son tan solo probabilidades o esperanzas que no
constituyen derechos subjetivos consolidados”;
“ii) Se otorga a dicha propuesta el valor y la fuerza legal para producir efectos
jurídicos bajo un derecho de prelación o preferencia frente terceros y otras
propuestas posteriores, así como frente a la Entidad, quien, en concurrencia
de proponentes, no tiene un poder discrecional para escoger, sino una
facultad reglada definida por el cumplimiento de los requisitos legales por la
primera propuesta recibida. En tal sentido, el cumplimiento de los requisitos
básicos de la propuesta crea una situación subjetiva que debe ser respetada
por los demás interesados y la Entidad bajo el principio prior in tempore potior
iure (primero en el tiempo, mejor en el derecho)”; y,
“iii) Genera un derecho al proponente consistente en el estudio y definición de
la propuesta por parte de la Entidad a la luz de lo dispuesto por la ley,
exclusivamente bajo los documentos, permisos y demás que ésta defina, y
solo podrá ser rechazada con fundamento en los casos expresamente
definidos por la misma” (…). (Se destaca)
93 LEY 685 DE 2001, artículo 16. “Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de concesión,
mientras se halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de
concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o
preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales (…)”.
94
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de noviembre de 2021. Radicado
11001-03-26-000-2015-00014-00 (53038) y Sentencia de 2 de junio de 2023, Radicado: 11001-03-26-000-2021-
00193-00 (67516).
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
Siguiendo este criterio interpretativo, tratándose de las solicitudes de formalización
minera, la decisión de otorgar en concesión una zona a un interesado que haya
ejercido en ella explotaciones mineras tradicionales durante varios años no puede
escapar al razonamiento jurisprudencial, motivo por el cual, mientras el respectivo
contrato no se perfeccione, el interesado solo cuenta con una mera expectativa
frente al cumplimiento de los presupuestos legales exigidos para la consolidación
del derecho, lo que de ninguna manera impedía que en este caso la ANM aplicara
el sistema de cuadrícula introducido e implementado con posterioridad a la
presentación de la solicitud de legalización de minería tradicional No. OE2-16281.
Este planteamiento se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 14 y
16 de la Ley 685 de 2001, en relación con los cuales se infiere que, mientras no se
otorgue o perfeccione con el primer interesado solicitante un contrato de concesión
o permiso especial para explorar y explotar minas de propiedad estatal, únicamente
existe en cabeza suya un derecho de preferencia respecto de los peticionarios
posteriores. En efecto, en el presente asunto, el trámite no había culminado con el
perfeccionamiento de un contrato de concesión, lo cual, bajo la legislación minera,
no otorga al actor derecho alguno.
Sobre la distinción entre derechos adquiridos y meras expectativas, la jurisprudencia
constitucional ha sido consistente en señalar que los primeros se consolidan de
manera definitiva en el patrimonio jurídico de su titular, en tanto que las segundas
se limitan a la probabilidad de acceder en el futuro a un derecho que aún no ha
nacido a la vida jurídica95. Esta diferencia no es meramente conceptual, pues de
ella depende la posibilidad de que el legislador introduzca modificaciones
normativas con incidencia en situaciones en curso, sin que ello implique la
afectación de situaciones jurídicas consolidadas.
Bajo esta comprensión, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado que las
meras expectativas, al no configurar derechos incorporados al patrimonio de una
persona, pueden ser reguladas por el legislador conforme a las nuevas
orientaciones de la política pública, especialmente en materias técnicas y altamente
regladas como la minera. En ese contexto, se ha advertido que la simple
presentación de una solicitud minera no genera, por sí misma, un derecho subjetivo
a la obtención del título, sino que únicamente da lugar a una mera expectativa, cuya
evaluación debe efectuarse con “la normativa vigente para el momento en que se
resuelva” 96.
Esta precisión adquiere especial relevancia frente a las solicitudes de formalización
de minería tradicional, como ocurre en el asunto que ocupa la atención de la Sala.
Quien presenta una solicitud de esta naturaleza no consolida, por ese solo hecho,
una situación jurídica respecto del área pretendida, sino que queda sujeto al
cumplimiento de los requisitos y condiciones que el ordenamiento jurídico exija al
momento de su estudio y decisión por parte de la autoridad minera. Entre tales
exigencias se encuentra, precisamente, la verificación de que el área solicitada se
encuentre libre.
95 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-983 del 1 de diciembre de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
96
CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera. Sentencia del 14 de marzo de 2019. Radicado 17001-23-00-000-
2011-00337-01 y Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 22 de septiembre de 2021. Radicado 11001-
03-26-000-2021-00071-00 (66795).
35
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
En ese orden, en el presente caso la Sala pudo constatar que el actor no consolidó
una situación jurídica generadora de derechos por la sola presentación de la
solicitud de formalización de minería tradicional. De allí que la aplicación
retrospectiva del sistema de cuadrícula —previsto en las Leyes 1753 de 2015 y 1955
de 2019— para establecer si la solicitud recayó sobre un área libre no implica el
desconocimiento de derecho adquirido alguno. Por el contrario, se trata de la
aplicación legítima de la normativa vigente al momento de decidir, en armonía con
la jurisprudencia que ha precisado que las meras expectativas se rigen por la
regulación actual y no por la existente al tiempo de su formulación. En
consecuencia, el cargo carece de fundamento y debe ser desestimado.
5. Conclusiones
En atención a lo expuesto, la Sala concluyó que no se configuró la aplicación
retroactiva del artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 con ocasión del rechazo de la
solicitud de formalización minera No. OE2-16281. La sola presentación de la
solicitud en el año 2013 no consolidó un régimen normativo inmutable ni generó una
situación jurídica consolidada que impidiera a la autoridad minera aplicar la
normativa vigente al momento de adoptar la decisión. Por el contrario, los artículos
24 y 325 de la Ley 1955 de 2019 establecieron reglas de aplicación inmediata
respecto de los trámites en curso, dirigidas a redefinir el método técnico-jurídico
para verificar una condición objetiva preexistente —la existencia de área libre— y
no a incorporar un requisito sustantivo nuevo. La actuación administrativa se
fundamentó en un análisis técnico conforme al sistema de cuadrícula minera y
concluyó con la aplicación de una causal legal expresa y objetivamente acreditada,
sin que se advierta vulneración del principio de irretroactividad ni del debido
proceso. De igual manera, el vencimiento de los términos legales para decidir la
solicitud de formalización no invalida el acto ni comporta pérdida de competencia,
en tanto la consecuencia jurídica se circunscribe a la eventual responsabilidad
disciplinaria del funcionario encargado.
Por otro lado, la Sala determinó que los actos administrativos demandados no
desconocieron el debido proceso ni el procedimiento previsto en el artículo 12 de la
Ley 1382 de 2010, dado que dicha normativa había sido excluida del ordenamiento
jurídico desde el 12 de mayo de 2013, tras el agotamiento del diferimiento dispuesto
por la Corte Constitucional. En consecuencia, esta disposición no podía erigirse en
parámetro para resolver la solicitud del actor. La ANM actuó conforme al régimen
jurídico vigente al momento de adoptar la decisión, aplicó el sistema de cuadrícula
minera en cumplimiento de un mandato legal expreso y sustentó su determinación
en una evaluación técnica objetiva que evidenció la inexistencia de área libre. No se
advirtió, entonces, irregularidad procedimental ni desconocimiento del marco
normativo aplicable.
A su turno, respecto de la alegada indebida notificación de los actos administrativos,
la Sala estableció que, aun cuando no obraba prueba concluyente del cumplimiento
estricto de las formalidades previstas en el artículo 269 del Código de Minas frente
a la notificación del acto que agotó la actuación administrativa, se encontraba
acreditado que el actor tuvo conocimiento efectivo, real y oportuno de las decisiones
adoptadas por la ANM. La interposición del recurso de reposición, la formulación de
argumentos sustantivos contra el acto de rechazo y el posterior ejercicio del control
jurisdiccional evidenciaron una conducta concluyente que saneó cualquier eventual
irregularidad formal en la notificación, en los términos del artículo 72 del CPACA,
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
aplicable supletoriamente por remisión del artículo 297 del Código de Minas.
Asimismo, se constató que la verificación de la existencia de área libre no exigía la
realización de visitas técnicas presenciales, dado que la decisión se sustentó en un
análisis geoespacial objetivo conforme al sistema de cuadrícula minera, sin que se
configurara vulneración del debido proceso ni del derecho de defensa.
Por último, la Sala concluyó que la solicitud de formalización minera presentada por
el actor no dio lugar a la consolidación de un derecho adquirido, sino únicamente a
una mera expectativa condicionada al cumplimiento de los requisitos legales,
técnicos y espaciales exigidos por el ordenamiento jurídico. De conformidad con los
artículos 14 y 16 del Código de Minas, el derecho a explorar y explotar recursos
minerales solo se consolidaba con la suscripción e inscripción del contrato de
concesión en el Registro Minero Nacional, circunstancia que no se configuró en el
presente caso. En tal medida, la aplicación del sistema de cuadrícula minera a la
solicitud en trámite no implicó el desconocimiento de una situación jurídica
consolidada, sino la aplicación legítima de la normativa vigente al momento de
decidir, conforme a la jurisprudencia constitucional que distingue entre derechos
adquiridos y meras expectativas.
6. Condena en costas
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 36597 y 36698 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA99, establecen
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente
su causación; y su liquidación se realizará por la secretaría de la Corporación,
correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de acuerdo
con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo este entendido, la Sala condenará en costas a la parte demandante, dado que
se negaron las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, la Secretaría de la
Corporación efectuará la liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que,
con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de
97 LEY 1564 DE 2012. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
98 LEY 1564 DE 2012. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias
en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”.
99 LEY 1437 DE 20111. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00031-00 (68015)
Demandante: Vicente Varela Buitrago
agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura100, se fijan agencias en
derecho en un (1) SMMLV a favor de la Agencia Nacional de Minería —ANM—, dado
que su apoderado judicial intervino durante todo el trámite del proceso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera Subsección C de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas causadas a
favor de la entidad demandada. Liquidar por Secretaría General según lo dispuesto
en el artículo 366 del CGP e incluir, por concepto de agencias en derecho, la suma
de un (1) S.M.M.L.V. a favor de la Agencia Nacional de Minería —ANM—.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
GE1
100 ACUERDO PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016. El artículo 5 numeral 1 establece que, para
los procesos declarativos en general, la tarifa será “entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”
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