RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2019-00788-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00788-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00788-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. 83 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 11 de julio de 2018, cuando ya se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”. 84 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. […]. En primera instancia. A. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: […] (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […]. En segunda instancia. Entre 1 y 6 SMMLV”. 41 Radicado: 250002336000201900788-01 (67537) Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la sociedad Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la Agencia Nacional de Minería. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00788-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

9 de diciembre de 2025

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00788-01 (67537)
Demandante: MONTENEGRO & LEROY COAL CO SAS
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
TEMAS: SILENCIO ADMINISTRATIVO – Es una ficción jurídica según la cual se presupone que la
falta de respuesta frente a una solicitud fue resuelta por la ausencia total de voluntad del Estado,
creando un acto administrativo ficto o presunto – En general es negativo, pero excepcionalmente
puede ser positivo si así lo dispone la ley y, en tal caso, debe protocolizarse. DEVOLUCIÓN DE
ÁREAS MINERAS – está regulada en el artículo 82 de la Ley 685 de 2001 y para su procedencia se
requiere contar con el plan de trabajos y obras aprobado. PLAN DE TRABAJOS Y OBRAS – allí se
definen las labores a efectuar tras la fase exploratoria minera y debe contar con la delimitación
definitiva del área a explotar. – Si no se emite pronunciamiento en torno aquel dentro de los 90 días
siguientes a su radicación se entiende aprobado – Si se emite pronunciamiento frente a aquel dentro
del plazo legal, incluso para pedir su corrección, no se configura el silencio administrativo positivo.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO - paraliza las obligaciones negociales y no se puede exigir el
cómputo de ningún término derivado de aquel – No requiere ser inscrita en el Registro Minero
Nacional, por no haberse añadido en el listado del artículo 333 de la Ley 685 de 2001. DECISIÓN
DE PETICIONES – Pueden resolverse incluso tardíamente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Montenegro &
Leroy Coal Co S.A.S. contra la sentencia anticipada del 20 de mayo de 2021,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería – Ingeominas y la sociedad
Montenegro & Leroy Coal Co LTDA1. -en lo sucesivo Montenegro- suscribieron el
contrato de concesión minera No. FI2-161, que tuvo por objeto la exploración y
explotación de un yacimiento de carbón y demás minerales concesibles, entre los
municipios de Vélez y Landázuri del departamento de Santander, por 30 años.

1 Posteriormente, la sociedad modificó su estructura societaria a la de una sociedad por acciones

simplificadas S.A.S., denominándose Montenegro & Leroy Coal Co SAS. // Folio 306 del archivo
“F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Aunque el contrato se suspendió por solicitud de Montenegro entre el 15 de enero
de 2009 y el 15 de enero de 2010, en el marco de la fase de exploración, el 8 de
abril de 2009, el titular minero presentó el plan de trabajos y obras -en adelante
PTO-, frente al cual la autoridad minera formuló reparos mediante el concepto No.
GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 que, no obstante, fueron ignorados.

Con todo, mediante escritura pública No. 00604 del 25 de marzo de 2010,
Montenegro protocolizó el silencio administrativo de aprobación del PTO bajo la
premisa de que la autoridad minera no emitió pronunciamiento definitivo en torno a
aquel, tras lo cual, el 26 de febrero de 2015 se lo volvió a requerir para que lo
ajustara, sin que hubiera procedido de esa forma.

En tal virtud, la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución No. 004409 del
28 de diciembre de 2016, mediante la cual rechazó una solicitud de devolución de
área dentro del contrato de concesión minera No. FI2-161 por no haberse satisfecho
la exigencia del PTO, decisión que fue confirmada mediante la Resolución No.
001318 del 6 de diciembre de 2017.

Inconforme con lo anterior, Montenegro cuestionó judicialmente los anteriores actos
administrativos, por considerar que infringieron el ordenamiento jurídico por haberse
fundado en que no corrigió el PTO, cuando en realidad este fue avalado tácitamente
por la autoridad minera al omitir aprobar o improbar dicho documento tras su
presentación. Como consecuencia, pidió que dichas decisiones fueran revocadas y,
adicionalmente, se le indemnizaran los perjuicios causados.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda y la solicitud de medida cautelar

1.1. El 11 de julio de 20182, Montenegro presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales, contra la Agencia Nacional de Minería,

2 Folios 1 a 6 del cuaderno 1.

2

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

con el fin de que: i) se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 004409 del 28
de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, en virtud de las cuales
se rechazó una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión
minera No. FI2-161; ii) se le ordene a la demandada cumplir el acto ficto o presunto
protocolizado en la escritura No. 00604 del 25 de marzo de 2010 mediante el cual
supuestamente se aprobó el plan de trabajo y obras; y iii) se pida a la Agencia
Nacional de Minería restablecer la suma de $257’897.498 por varios cánones
superficiarios pagados.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“PRIMERA: Se declare la nulidad de la Resolución 004409 de 28 de
diciembre de 2016 así como la Resolución 001318 de fecha 5 de
diciembre de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería, por las
causales de nulidad: falsa motivación e irregularidad de forma.

SEGUNDA: Se ordene a la ANM dar cumplimiento al acto administrativo
ficto positivo, protocolizado mediante escritura N° 00604 del 25 de marzo
de 2010, según lo previsto en el artículo 284 de la Ley 685 de 2001, por
el cual quedó aprobado fictamente el Programa de Trabajos y Obras
(PTO) para la realización de las actividades mineras dentro del Contrato
de Concesión N° FI2-161.

TERCERA: Se ordene a la Agencia Nacional de Minería, restablecer las
sumas de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($257.897.498), por concepto de
pago de canon superficiarios correspondientes a la segunda y tercera
anualidad de la etapa de Construcción y Montaje, su corrección monetaria
más los intereses corrientes hasta la fecha en que sea cancelado”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Argumentó que, el 20 de octubre de 2005, el Ingeominas y la sociedad
Montenegro suscribieron el contrato de concesión minera No. FI2-161, que tuvo por
objeto la exploración y explotación de un yacimiento de carbón y demás minerales
concesibles, entre los municipios de Vélez y Landázuri del departamento de
Santander, con un plazo de 30 años.

3

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

1.3.2. Afirmó que, mediante la Resolución No. 004409 del 18 de diciembre de 2016,
la Agencia Nacional de Minería rechazó una solicitud de devolución de área
presentada, con el radicado 2009-6-451 el 13 de marzo de 2009, en el marco del
contrato de concesión No. FI2-161, por no contar con el PTO debidamente
aprobado.

1.3.3. Aseveró que presentó recurso de reposición contra la anterior decisión,
apoyada en una falsa motivación y una irregularidad de forma, debido a que: i) la
autoridad minera no tuvo en cuenta el PTO donde obraba la delimitación definitiva
del área de explotación, aprobado mediante la figura del silencio administrativo
positivo; y ii) la autoridad minera profirió un supuesto auto No. GTRB-401 del 16 de
septiembre de 2009 cuando en realidad era un concepto técnico que, además, no
le fue notificado.

1.3.4. Anotó que, mediante la Resolución No. 001318 del 5 de diciembre de 2017,
la Agencia Nacional de Minería denegó el recurso de reposición presentado, para
lo cual reafirmó que el concepto técnico No. GTRB-401 sí es un acto administrativo.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que las
Resoluciones Nos. 004409 del 18 de diciembre de 2016 y 001318 del 5 de diciembre
de 2017, mediante las cuales se rechazó la solicitud de devolución de área
presentada incurrieron en una falsa motivación y en una irregularidad de forma, por:
i) desconocer que sí se presentó el PTO aprobado mediante la figura del silencio
administrativo positivo ante la falta de respuesta de la autoridad minera tras su
radicación; ii) el concepto técnico No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 no
era un acto administrativo como se sostuvo en esas decisiones y, además, no se le
notificó en los términos del artículo 269 de la Ley 685 de 2001.

En desarrollo de lo anterior, aseveró que con el PTO presentado se delimitó el área
definitiva y, con todo, la ANM solo tuvo en consideración el área solicitada en
devolución, desconociendo así el artículo 84 de la Ley 685 de 2001. También anotó
que en dicho documento también renunció al tiempo restante de la etapa de
construcción y montaje, lo cual tampoco fue resuelto por la autoridad minera, lo que

4

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

a su juicio la llevó a pagar injustificadamente la sumas de $162’320.732 y
$95’576.766, correspondientes a dicha fase que se realizó innecesariamente.

Al punto, advirtió que al desconocerse el PTO aprobado mediante silencio
administrativo positivo, se transgredió el artículo 97 del CPACA que reguló el trámite
de la revocatoria directa y que exige el consentimiento expreso y escrito del titular
del acto administrativo para desconocer dicha decisión, de ahí que como no se
procedió de esa forma, es claro que la actuación en comento goza de ejecutividad,
ejecutoriedad y presunción de legalidad.

Finalmente anotó que como el concepto técnico No. GTRB-401 no fue concretado
en un acto administrativo, ni se le dio a conocer, no pudo ejercer el derecho de
defensa y contradicción frente a aquel.

1.5. Adicionalmente, Montenegro solicitó la suspensión provisional de las
resoluciones cuestionadas por los mismos reproches del escrito inicial.

1.6. Por último, se estimó la cuantía en $257’897.498 “por concepto de los cánones
superficiarios correspondientes a la segunda y tercera anualidad de la etapa de
construcción y montaje pagados por la renuencia de la autoridad minera”.

2. Admisión de la demanda, decisión de medidas cautelares, contestación y
traslado de excepciones

2.1. El 30 de marzo de 20203, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por encontrar reunidos los
requisitos de ley, decisión que fue notificada.

2.2. El 28 de septiembre de 20204 se negó la medida cautelar solicitada, por
encontrarse que no se probaron siquiera sumariamente los elementos esenciales

3 Folios 36 del cuaderno 1 y 82 a 83 del cuaderno 2.
4 Archivo No. 006 de la carpeta “Cuaderno Medidas Cautelares” del CD obrante en el folio 93 del

cuaderno 2.

5

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

para su decreto, decisión que fue confirmada mediante proveído del 17 de diciembre
de 20205.

2.3. El 13 de octubre de 20206, la Agencia Nacional de Minería contestó la
demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que las Resoluciones Nos.
004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017 se
ajustaron a derecho. Como consecuencia, formuló las excepciones de procedencia
de los actos administrativos demandados, inexistencia de prueba de daño y de
perjuicios económicos, falta de acreditación de un daño cierto, no configuración del
silencio administrativo positivo por no reunirse las condiciones para ello y la
genérica.

Para el efecto, comenzó por señalar que no era cierto que la autoridad minera no
se hubiera pronunciado frente al PTO presentado por Montenegro, pues mediante
proveídos del 16 de septiembre de 2009 y el 26 de febrero de 2015 requirió al titular
minero para que lo corrigiera, ante inconsistencias en cuanto al área que pretendía
dejar después del recorte correspondiente, sin que aquel hubiera enmendado
dichas falencias, lo que llevó a que no se aprobara el documento en cuestión y, a la
postre, tampoco se configurara ningún silencio administrativo.

Por otra parte, argumentó que el “concepto” GBRB-401 del 16 de septiembre de
2009 fue un auténtico acto administrativo pasible de crear efectos jurídicos,
consistentes en la obligación que se instituyó en cabeza del concesionario para que
corrigiera el PTO, así como que la decisión fue puesta en conocimiento del titular
minero, tanto así que el 14 de abril de 2010 presentó reproches contra aquel.

Respecto a la solicitud de devolución de los valores cancelados por concepto de
cánones superficiarios correspondientes a la segunda y tercera anualidad de la
etapa de construcción y montaje, señaló que la presentación del PTO y/o su
eventual aprobación no merman ese derecho pecuniario en favor del Estado pues,
en los términos del artículo 230 del Código de minas, son emolumentos que se
causan durante la exploración, construcción e incluso respecto a las áreas que se

5 Archivo No. 21 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.
6 Archivo No. 12 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.

6

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

retengan con fines de exploración durante la etapa de explotación, de suerte que
Montenegro estaba obligado a pagar los saldos en cuestión.

Finalmente, destacó que, dado que no se subsanó el PTO y que hubo un impago
de cánones superficiarios, emitió la Resolución No. 004409 del 28 de diciembre de
2016, rechazando la solicitud de devolución de área presentada, decisión que se
confirmó mediante la Resolución No, 001318 del 5 de diciembre de 2017, sin que,
entonces, exista alguna irregularidad por la expedición de esas actuaciones, ni
mucho menos perjuicios causados.

2.4. El 23 de octubre de 20207, Montenegro descorrió el traslado de excepciones y
reafirmó que: i) frente al PTO aportado no hubo pronunciamiento de fondo de la
autoridad minera, sin que el concepto técnico emitido en torno a dicho documento
tuviera la vocación de interrumpir el plazo para la configuración del silencio
administrativo positivo; ii) no se tuvo en cuenta su renuncia al tiempo restante de la
etapa de construcción y montaje; y iii) el concepto técnico No. GTRB-401 del 16 de
septiembre de 2009 no era un acto administrativo, ni fue notificado.

También destacó que, como mediante el PTO se delimitó el área definitiva de sus
labores extractivas, la autoridad minera debió abstenerse de tramitar la “solicitud de
devolución arrimada con el radicado 2009-6-451 del 13 de marzo de 2009”. A su
vez, como dicha exigencia fue avalada mediante silencio administrativo, consideró
que el “auto PARB N° 1298 del 9 de diciembre de 2016” mediante el cual se declaró
la improcedencia del silencio administrativo adoleció de una nulidad por falta de
competencia temporal.

Finalmente, aseveró que las afectaciones económicas que padeció consistieron en:
i) el pago de varios cánones superficiarios pese a que se renunció al tiempo restante
de la etapa de construcción y montaje, ii) la falta de recaudo de utilidades
económicas de la concesión ante la imposibilidad de desempeñar labores de
explotación minera.

7 Archivos Nos. 18 y 19 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.

7

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

3. Auto de sentencia anticipada y alegatos de conclusión

3.1. El 1° de marzo de 20218, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió auto mediante el cual dispuso dictar
sentencia anticipada, en virtud del artículo 182A del CPACA, con apoyo en que solo
se aportaron pruebas documentales, sin que frente a aquellas se hubiere formulado
tacha o desconocimiento9. En esa línea, decretó los medios probatorios aportados
con la demanda y su contestación y ordenó que, una vez finalizara su traslado, las
partes podrían alegar de conclusión y el Ministerio Público rendiría concepto si a
bien lo tenía.

3.2. Montenegro formuló alegaciones conclusivas, en las que ratificó que, en su
criterio, las resoluciones cuestionadas incurrieron en una falsa motivación y en
irregularidades de forma pues, entre otros: i) la comunicación No. GTRB-401,
emitida por la autoridad minera el 16 de septiembre de 2009 respecto del PTO
presentado no podía entenderse como un acto administrativo10; y ii) en tal medida,
el PTO allegado se aprobó mediante la figura del silencio administrativo positivo.

También puntualizó que las decisiones cuestionadas le causaron perjuicios
económicos, pues junto con el PTO había renunciado al tiempo restante de la etapa
de construcción y montaje y, no obstante, la autoridad minera no se pronunció y/o
se negó a la devolución del área que no se utilizaría en la fase extractiva, lo que la
sometió a asumir dicha fase, e implicó tanto el pago de cánones superficiarios, como
la pérdida de la expectativa de recaudo que tenía por la fase de explotación.

3.3. La Agencia Nacional de Minería presentó alegatos de conclusión, en los
cuales reafirmó que, a su juicio, las resoluciones demandadas se ajustaron a
derecho pues se basaron, entre otros, en el acto administrativo No. GTRB-401 del
16 de septiembre de 2009, mediante el cual se requirió a Montenegro para que

8 Archivo No. 25 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.
9 En efecto, la Agencia Nacional de Minería se restringió a indicar que “el demandante no aportó

pruebas que lograran demostrar que el PTO se hubiere presentado en debida forma” y “Por parte de
la Agencia Nacional de Minería se aportó todo el expediente minero, donde se puede observar todos
los conceptos técnicos con base en los cuales se tomó la decisión de no aceptar ni el PTO ni aceptar
la devolución de área”. Archivo No. 28 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.
10 Archivo No. 29 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.

8

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

subsanara el PTO presentado, sin que hubiera procedido en tal sentido, aunado a
lo cual, por estarse en la fase de exploración minera, el titular del contrato de
concesión homónimo debía pagar los cánones superficiarios que se causaran 11 y,
por lo tanto, no se le causó ningún menoscabo por el cobro de esas sumas.

A lo anterior sumó que, tras la presentación de la demanda, Montenegro presentó
ante la ANM una comunicación del 20 de octubre de 2020 en la que solicitó una
prórroga de 6 meses para presentar el complemento del PTO “comunicación en la
cual reconoce y confirma una vez más que el PTO presentado con la solicitud de
devolución de área presentaba inconsistencias”.

3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4. Sentencia anticipada de primera instancia

Mediante sentencia anticipada del 20 de mayo de 202112, la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que las Resoluciones Nos. 004409 de
2016 y 001318 de 2017 se ajustaron a derecho.

Previo al estudio de los cargos, se advirtió que el concesionario no debió solicitar la
cesión de parte del área que le fue entregada para luego desistir de aquella y, en
su lugar, solicitar la disminución del área concedida, pues no había finalizado la
etapa de exploración técnica que habría de concluir con el PTO.

Ahora bien, en cuanto a los cuestionamientos de la demanda estimó que, contrario
a lo sostenido por la parte demandante, no se configuró ningún silencio
administrativo positivo tras la presentación del PTO por parte de Montenegro el 8
de abril de 2009, por cuanto, una vez radicado, el 16 de septiembre de 2009 la
autoridad minera se pronunció en el sentido de solicitar su subsanación por una
imprecisión en el área total que el titular pretendía dejar después del recorte
solicitado y frente a la ejecución o no de la etapa de construcción y montaje y, ante

11 Archivo No. 30 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.
12 Folios 95 a 113 del cuaderno del Consejo de Estado.

9

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

la falta de corrección, hizo un nuevo requerimiento so pena de multa, sin que, una
vez más, se hubieran enmendado los yerros puestos de presente.

Entretanto adujo que, si bien el artículo 86 de la Ley 685 de 2001 previó un plazo
de 30 días para formular observaciones frente al PTO, lo cierto es que para la fecha
en que este se presentó “el contrato de concesión estaba suspendido por solicitud
del concesionario”, desde el 15 de enero de 2009 y hasta el 15 de enero de 2010,
de suerte que no podía predicarse un término en particular para ese fin cuando el
procedimiento administrativo estaba paralizado.

A lo anterior sumó que, en todo caso, la autoridad minera se pronunció frente al
PTO “antes de que el contratista decidiera protocolizar lo que en su criterio era un
silencio administrativo positivo” e incluso después, ya que formuló nuevos reparos
el 20 de marzo de 2014 y, de todos modos, el mismo concesionario reconoció el
pronunciamiento de la entidad al dar respuesta al primero de ellos mediante
memorial del 14 de mayo de 2010 manifestando “no aceptar el concepto técnico”.

Igualmente, el 26 de febrero de 2015 se volvió a requerir al concesionario para que
aclarara el PTO “confirme a los conceptos técnicos emitidos desde septiembre de
2009”, aspecto que con mayor razón refuerza que durante el trámite minero no hubo
ningún silencio de la Agencia Nacional de Minería tras la presentación de dicho
documento. Incluso destacó que, el desconocimiento de las exigencias del PTO por
el titular minero fue tan evidente, que el 16 de octubre de 2020, tras la presentación
de la demanda, la parte actora solicitó a la autoridad concedente un plazo adicional
para presentarlo con ajustes.

A partir de lo expuesto, argumentó que la escritura pública mediante la cual
Montenegro protocolizó un supuesto silencio administrativo positivo no podía ser
considerada como un acto ficto o presunto, por cuanto la autoridad minera sí se
pronunció sobre el PTO allegado.

Finalmente concluyó que, ante la inexistencia de un silencio administrativo positivo,
era plenamente válido que la Agencia Nacional de Minería hubiera emitido las
Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre

10

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

de 2017, pues no se evidenció irregularidad alguna frente aquellas y se dictaron en
el marco de las facultades en materia minera de la entidad en comento.

5. Recurso de apelación

El 1° de junio de 202113, Montenegro interpuso recurso de apelación, que fue
concedido el 19 de julio de 202114 y admitido el 19 de noviembre de 202115.

En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, se acreditó que las Resoluciones Nos. 004409 del 18 de
diciembre de 2016 y 001318 del 5 de diciembre de 2017 incurrieron en falsa
motivación y en irregularidades de forma por haber rechazado la solicitud de
devolución de área presentada con sustento en la falta de un PTO, aunque aquel
se había presentado y/o aprobado tácitamente por el silencio de la Administración.

Efectivamente, la parte activa de la contienda afirmó que el a quo confundió la
“formulación de las objeciones que debe hacer la Agencia dentro de los 30 días
siguientes a la presentación del PTO a que se refiere el art. 281, ibidem con el
pronunciamiento expreso y claro de aprobación o improbación del PTO a que se
refiere el art. 284 de la citada Ley 685/2001”, incurriendo así en un error in iudicando
o de derecho porque fundó su decisión en una norma que no aplicaba al asunto.

Bajo la anterior senda argumentativa, consideró que el silencio administrativo
positivo frente al PTO presentado sí se configuró, por cuanto para que se hubiera
visto interrumpido y mermado se requería un pronunciamiento expreso y claro de
su aprobación o improbación dentro de los 90 días siguientes a su radicación y, con
todo, la autoridad minera se limitó a formular reparos frente a dicho documento,
aspecto que no resultaba suficiente para impedir que se configurara el acto
administrativo ficto o presunto positivo.

13 Archivo No. 34 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.
14 Folio 122 del cuaderno del Consejo de Estado.
15 Folio 128 del cuaderno del Consejo de Estado.

11

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Al punto, indicó que el término para la aprobación definitiva del PTO de 90 días del
artículo 284 de la Ley 685 de 2001 no puede equipararse con el de 30 días previsto
para formular objeciones a dicho documento en el artículo 281 ejusdem, pues ello
implicaría, en la práctica, una reducción del plazo para la configuración del silencio
administrativo positivo previsto por el legislador para el evento en que la autoridad
minera no emite un pronunciamiento definitivo y de fondo frente al PTO, de suerte
que ambas figuras sean incompatibles sobre la premisa de una aplicación conjunta.

Por el contrario, la apelante estimó que una interpretación armónica de los
mandatos de los artículos 281 y 284 de la Ley 685 de 2001 lleva a sostener que “la
formulación de las objeciones que debe hacer la Agencia dentro de los 30 días
siguientes a la presentación del PTO a que se refiere el art. 281, ibidem no puede
equipararse al pronunciamiento expreso y claro de aprobación o improbación del
PTO a que se refiere el art. 284 de la citada ley 685/2001”.

Aterrizando los anteriores argumentos al asunto de estudio se indicó que, dado que
una vez presentado el PTO la autoridad minera se limitó a realizar reparos a dicho
documento, sin aprobarlo o improbarlo en los 90 días siguientes desde su
presentación, se configuró un silencio administrativo positivo en favor de
Montenegro, en los términos del artículo 284 de la Ley 685 de 2001, el cual, por
demás, fue protocolizado mediante la escritura pública 604, otorgada el 25 de marzo
de 2010, de ahí que deba considerarse un acto administrativo ficto o presunto.

Adicionalmente, puso de presente que, en todo caso, el concepto técnico del 16 de
septiembre de 2009 fue emitido fuera del término de 30 días a la presentación del
PTO, mientras que los proferidos el 20 de marzo de 2014 y el 26 de febrero de 2015
se emitieron “mucho después de haberse protocolizado el silencio administrativo
positivo conforme el art. 284 de la Ley 685/2001”.

En suma, la apelante consideró que sí se configuró un silencio administrativo en su
favor por la falta de pronunciamiento de la autoridad minera frente al PTO allegado,
motivo por el cual se debió acceder a su solicitud de devolución de área y, por tanto,
se deben revocar en sede judicial las resoluciones que denegaron dicha petición.

12

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

6. Actuación en segunda instancia

6.1. Dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación, la Agencia
Nacional de Minería se pronunció sobre la alzada, y reafirmó que a su juicio, las
Resoluciones Nos. 004409 de 2016 y 001318 de 2017 no adolecieron de ninguna
irregularidad, por cuanto: i) no se configuró ningún silencio administrativo frente al
PTO presentado por Montenegro, ya que la autoridad minera sí se pronunció al
respecto mediante el concepto técnico GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009; ii)
se dictaron sobre la base de un incumplimiento del titular minero respecto de los
requerimientos que se le hicieron para corregir el PTO; iii) aunque la autoridad
minera emitió un concepto técnico favorable a la devolución del área, ello solo
representó un insumo para la decisión definitiva futura; y iv) mientras se mantuviera
vigente la fase de exploración el pago de las obligaciones económicas no cesaba,
de ahí que no procediera la devolución de dinero solicitada16.

6.2. Una vez en firme el auto que admitió el recurso de apelación, el expediente
ingresó para fallo, debido a que no se solicitaron ni se decretaron pruebas en el
trámite de la segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia para conocer el
presente asunto, (2) procedencia del medio de control, (3) oportunidad de la
demanda incoada, (4) legitimación en la causa de los sujetos procesales, (5)
problema jurídico a resolver, (6) solución al problema jurídico y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con base en el artículo 10417 del CPACA, pues las Resoluciones Nos.

16 Índice 8 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
17 Al sub judice le aplican las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la

demanda y de la apelación -11 de julio de 2018 y 1° de junio de 2021, respectivamente- es decir, la
Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 -salvo la

13

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017,
proferidas en el marco de la ejecución del contrato de concesión minera No. FI2-
161, fueron dictadas por la Agencia Nacional de Minería, en tanto agencia estatal
de naturaleza especial18.

El Consejo de Estado también es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con los artículos 15019 del CPACA y 29320 de la Ley
685 de 2001 -Código de Minas-, dada la vocación de doble instancia del proceso,
considerando que dicha normativa asignó el conocimiento de los asuntos derivados
de contratos de concesión mineros en primera instancia a los tribunales
administrativos, por lo que ahora corresponde a esta Corporación fungir como juez
de segunda instancia.

2. Procedencia del medio de control

En virtud de lo previsto en el artículo 14121 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su

normativa sobre competencia, que entró a regir un año después- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en
los aspectos no contemplados en el primero, en virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del
primer estatuto. “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
18 Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011. “Artículo 1°. […] Créase la Agencia Nacional de Minería

ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía”.
19 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación […]”.
20 “Artículo 293. Competencia de los tribunales administrativos. De las acciones referentes a los

contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en
primera instancia, los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración”.
21 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)

14

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería por la expedición de las
Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre
de 2017, mediante las cuales se rechazó una solicitud de devolución de área dentro
del contrato de concesión minera No. FI2-161, el medio de control procedente es el
de controversias contractuales, ya que se formularon pretensiones referidas a una
decisión dictada con ocasión al iter contractual minero.

3. Oportunidad del medio de control

El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispuso que, en lo relativo a
los contratos, el interesado cuenta con 2 años para demandar, contados a partir del
día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de
fundamento, al margen de otras reglas especiales sobre la materia.

En el caso de estudio se encuentra que las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de
diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, mediante las cuales se
rechazó una solicitud de devolución de área minera y se confirmó dicha
determinación, respectivamente, fueron dictadas con ocasión del contrato de
concesión minera No. FI2-161, de modo que la oportunidad para ejercer el derecho
de acción debe contabilizarse a partir del momento en que la segunda decisión fue

meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.

15

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

notificada, considerando que los motivos de hecho y de derecho expuestos por la
parte demandante se fundan en dichos actos.

Así pues, la Resolución No. 001318 del 6 de diciembre de 2017, mediante la cual
se confirmó la Resolución No. 004409 del 28 de diciembre de 2016, fue notificada
a Montenegro el 23 de enero de 201822, por lo que los 2 años para accionar corrieron
entre el 24 de enero de 2018 y el 24 de enero de 2020 y, como la demanda se radicó
el 11 de julio de 2018, no cabe duda de que fue presentada en tiempo, sin perjuicio
del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 22
de mayo y el 9 de julio de 201823.

4. Legitimación en la causa

Montenegro y la Agencia Nacional de Minería están legitimados en la causa por
activa y por pasiva respectivamente, debido a que el primero fue destinatario de las
Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre
de 201724 y la segunda las profirió en el marco de sus atribuciones en materia
minera.

5. Problemas jurídicos

El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP25, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no

22 Folio 8 del cuaderno 1.
23 Folios 9 a 10 del cuaderno 1.
24 Al efecto, vale precisar que, si bien Montenegro solicitó la cesión del contrato, esta no se registró

por el impago de cánones superficiarios, de suerte que aquella sociedad se mantuvo como titular
minero hasta que se expidieron las resoluciones demandadas. Folios 506 a 508 del archivo “F12-
151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1
25 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

16

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”26.

En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede
de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le
formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado27.

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, en el recurso de apelación, Montenegro
consideró que la sentencia de primera instancia debe revocarse para, en su lugar,
accederse a las pretensiones de la demanda, con sustento en que las resoluciones
enjuiciadas desconocieron la configuración de un silencio administrativo positivo en
su favor, marco en el cual, de entrada, no se reiteraron los cuestionamientos de la
demanda dirigidos a controvertir: i) que con el PTO supuestamente se delimitó el
área definitiva y solo se tuvo en cuenta el área solicitada en devolución; ii) que el
concepto técnico No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 no era un acto
administrativo, y iii) que al omitirse la aprobación expresa del PTO no se resolvió su
solicitud de renuncia al tiempo restante de la etapa de construcción y montaje, lo
que en su criterio la obligó a pagar injustificadamente varios cánones superficiarios.

Ciertamente, de la lectura integral de la apelación no se evidencia cuestionamiento
alguno sobre los puntos anteriormente expuestos, circunstancia que releva a la Sala

26 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala

Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018 con
radicado 05001233100020010306801 (46005), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado

18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).

17

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

de analizarlos en segunda instancia, pues la labor del ad quem es, precisamente,
resolver los reproches que contra la sentencia del juzgador de primera instancia se
formulen, sin que le corresponda volver a estudiar la demanda, so pena de infringir
el principio de congruencia y de pretermitir la carga que le asiste a las partes de
defender sus intereses en el curso del proceso.

A partir de lo expuesto, y de conformidad con los cuestionamientos formulados en
el recurso de alzada, corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones Nos.
004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017,
proferidas con ocasión del contrato de concesión minera No. FI2-161 incurrieron en
una falsa motivación e irregularidades de forma por haber rechazado la solicitud de
devolución de área presentada con base en la ausencia de un PTO avalado, aunque
a juicio de la parte apelante aquel se presentó y/o aprobó tácitamente como
resultado del silencio de la Administración protocolizado mediante la escritura No.
00604 del 25 de marzo de 2010.

Dentro de ello, se debe verificar si:

i) El hecho de que el concepto técnico del 16 de septiembre de 2009,
mediante el cual la autoridad minera formuló reparos al PTO de
Montenegro, se hubiera dictado más de 30 y/o 90 días desde que dicho
documento se presentó, implicaba que no tenía la vocación de interrumpir
la configuración del silencio administrativo positivo.

ii) La formulación de objeciones frente al PTO aportado mediante el
concepto técnico del 16 de septiembre de 2009 tenía la vocación de
interrumpir el plazo para la configuración del silencio administrativo
positivo de que trata el artículo 284 de la Ley 685 de 2001 o no,
considerando que no era un pronunciamiento definitivo de esa exigencia.

iii) Los conceptos del 20 de marzo de 2014 y el 26 de febrero de 2015 tenían
o no la vocación de detener el cómputo del silencio administrativo positivo,
por haberse protocolizado antes de la fecha en que el primero de ellos se
emitió.

18

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

De prosperar el problema jurídico principal en el marco de los anteriores derroteros,
se debe establecer si hay lugar a acceder al reconocimiento de perjuicios solicitado
por Montenegro.

6. Solución a los problemas jurídicos

A efectos de determinar si los actos administrativos enjuiciados adolecen de algún
vicio de legalidad, corresponde verificar los sucesos alrededor de su expedición,
para lo cual se analizarán las pruebas relevantes incorporadas en primera instancia,
incluidos los documentos aportados al proceso, de conformidad con lo previsto en
el artículo 24628 del CGP. Luego, se retomarán los cargos de apelación, a efectos
de determinar si hay lugar a acceder a lo señalado en la apelación.

6.1. Los sucesos jurídicamente relevantes alrededor del contrato de
concesión minera No. FI2-161 y las resoluciones cuestionadas

6.1.1. El contrato de concesión minera No. FI2-161 y sus modificaciones

6.1.1.1. El 20 de octubre de 200529, el entonces Instituto Colombiano de Geología y
Minería - Ingeominas y Montenegro suscribieron el contrato de concesión No. FI2-
161, que tuvo por objeto la exploración y explotación de un yacimiento de carbón
mineral y demás concesibles, en una extensión de 4.900 hectáreas entre los
municipios de Vélez y Landázuri, con una duración total de 30 años, contados a
partir de la inscripción del acuerdo de voluntades en el Registro Minero Nacional,
que se distribuyeron de la siguiente manera: i) 3 años para la exploración, ii) 3 años
para la construcción y montaje y iii) 24 años para la explotación, o el tiempo que
resulte según la duración efectiva de las dos etapas anteriores junto con sus
prórrogas.

28 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
29 Folios 17 a 30 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.

19

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Dentro de las obligaciones a cargo del concesionario, la cláusula sexta instituyó,
entre otros, la presentación del PTO dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
vencimiento de la etapa de exploración. Por su parte, el parágrafo de la cláusula
sexta dispuso que el concesionario también se obligaría a pagar, durante las fases
de exploración, construcción y montaje, varios cánones superficiarios, por la suma
equivalente a 1 día de salario mínimo diario por hectárea contratada y por año.

6.1.1.2. El 16 de noviembre de 200530, el contrato No. FI2-161 fue inscrito en el
Registro Minero Nacional, quedando perfeccionado a partir de esa fecha.

6.1.1.3. El 1° de marzo de 200731, el Ingeominas profirió la Resolución No. DSM-
132, mediante la cual concedió la suspensión del contrato entre el 16 de noviembre
de 2005 y hasta el 16 de mayo de 2006, modificación que fue registrada
debidamente en el Registro Minero Nacional32.

6.1.1.4. El 24 de julio de 200933, el Ingeominas profirió la Resolución GTRB No. 145,
mediante la cual suspendió el contrato por una segunda ocasión, entre el 15 de
enero de 2009 y el 15 de enero de 2010, sin que, en todo caso, obre prueba de su
registro en el Registro Minero Nacional.

6.1.2. La presentación del PTO y los pronunciamientos de la autoridad minera
al respecto

6.1.2.1. El 8 de junio de 200834, Montenegro solicitó a la autoridad minera la cesión
de una porción del área de concesión, para lo cual la exhortó a efectos de la
suscripción del otrosí respectivo. Sin embargo, mediante escrito del 27 de febrero
de 200935 desistió de aquella. Al punto, solicitó la delimitación y reducción del área
del contrato de concesión en 1.189 hectáreas y 998 metros cuadrados, para que así
restara únicamente una zona de 3.710 hectáreas y 19 metros cuadrados, con la
cual se habría de continuar con el objeto negocial.

30 Folio 41 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
31 Folios 78 a 81 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27del cuaderno 1.
32 Folios 863 a 864 del archivo “016 20201013AnexoContestacion4” del CD obrante en el folio 93 del

cuaderno 2.
33 Folios 151 a 152 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
34 Folios 124 a 125 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
35 Folios 133 a 134 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.

20

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

6.1.2.2. El 8 de abril de 200936, Montenegro allegó el PTO y una solicitud de
explotación anticipada, afirmando renunciar a los términos de construcción y
montaje.

6.1.2.3. El 16 de septiembre de 200937, la autoridad minera profirió el concepto
técnico CTRB-401, mediante el cual requirió a Montenegro para que modificara el
PTO allegado.

Al efecto, señaló que, revisado el PTO, se verificó que “no fue presentado para la
totalidad del área que el titular pretende dejar después del recorte solicitado, es decir
3.710 Has y 0019 m2, razón por la que no se somete a evaluación por este grupo
de trabajo”. También adujo que es obligación del titular presentar dicho documento
informando si se va a ejecutar la etapa de construcción y montaje o si se renuncia
a la misma para dar inicio en forma inmediata a la etapa de explotación.

En virtud de lo expuesto, la autoridad minera se abstuvo de evaluar de fondo el PTO
con fines de aprobación por no corresponder a toda el área que se pretendía dejar
después del recorte solicitado, de suerte que se requirió a Montenegro para que, a
más tardar antes de terminar el cuarto año de exploración, lo modificara y lo
presentara con el área actualizada y con la definición de si se iba a ejecutar la etapa
de construcción y montaje o si se renunciaba a la misma.

6.1.2.4. El 14 de abril de 201038, el titular minero presentó ante la autoridad minera
la escritura pública No. 604 del 25 de marzo de 2010, otorgada por la Notaría 25
del Círculo de Bogotá D.C., mediante la cual constituyó un supuesto silencio
administrativo positivo, consistente en la aprobación tácita del PTO por la falta de
respuesta de la autoridad minera tras su presentación.

Allí obra que, aunque Montenegro presentó el PTO en tiempo, el Ingeominas dejó
transcurrir el término a que se refiere el artículo 284 de la Ley 685 de 2001 sin

36 Folio 136 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
37 Folios 162 a 166 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
38 Folios 176 a 180 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.

21

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

otorgar respuesta “silencio este que equivale a una decisión positiva de conformidad
con el artículo transcrito y el 41 del Código Contencioso Administrativo”.

6.1.2.5. El 14 de mayo de 201039, Montenegro manifestó no aceptar el concepto
técnico GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009, por considerar que, a su juicio,
las coordenadas establecidas en el PTO presentado correspondían a las del área
definitiva. Así pues, pidió que se aprobara el PTO y que se aceptara la solicitud de
explotación anticipada por una renuncia a los términos de construcción y montaje.

6.1.2.6. El 19 de julio de 201140, el Ingeominas emitió el concepto técnico GTRB-
208, mediante el cual se estudió la solicitud de reducción de área formulada por
Montenegro, en el sentido de concluir que “es viable, toda vez que la nueva área se
encuentra incluida dentro del área inicialmente otorgada”. Como consecuencia,
aceptó la alinderación modificada por el titular minero y se indicó que se modificaría
la cláusula segunda del contrato con la nueva área.

6.1.2.7. El 4 de noviembre de 201141, Montenegro se pronunció en torno al concepto
técnico GTRB-208 del 19 de julio de 2011, en el sentido de anexar algunos
documentos relacionados con formatos básicos mineros y la licencia ambiental
otorgada.

6.1.2.8. El 17 de abril de 201242, Montenegro suscribió con la sociedad Inversiones
Martínez Leroy S.A. Invercoal el contrato de protocolización de cesión de derechos
y obligaciones del contrato de concesión No. FI2-161.

6.1.2.9. El 9 de julio de 201243, Montenegro allegó a la autoridad minera una nueva
escritura pública donde supuestamente protocolizó un silencio administrativo
positivo respecto a la solicitud de cesión del contrato No. FI2-161.

39 Folios 191 a 192 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C1” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
40 Folios 280 a 285 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
41 Folios 336 a 340 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
42 Folios 356 a 358 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
43 Folios 381 a 386 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.

22

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

6.1.2.10. Mediante Resolución No. 2138 del 18 de abril de 2013 44, la Agencia
Nacional de Minería resolvió surtir la cesión de derechos y obligaciones en favor de
la sociedad Inversiones Martínez Leroy Ltda., pero hasta que Montenegro se
pusiera al día en sus obligaciones, de suerte que “hasta que ocurra lo anterior el
titular del contrato de concesión No. FI2-161 seguiría siendo la sociedad
Montenegro […] en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley 685
de 2001”.

La anterior decisión quedó en firme el 7 de mayo de 2013, comoquiera que contra
aquella no se interpusieron recursos45.

6.1.2.11. El 1° de octubre de 201346, la autoridad minera dictó el concepto técnico
PARB-365, mediante el cual, entre otros, puso de presente que para esa fecha el
PTO no había sido corregido por el titular minero.

6.1.2.12. El 20 de marzo de 201447 la Agencia Nacional de Minería profirió el
concepto técnico PARB-203, mediante el cual se puso de presente que Montenegro
adeudaba varios montos por concepto de canon superficiario, la póliza minero-
ambiental se encontraba vencida, faltaban varios formatos básicos mineros y que el
PTO no se había aprobado para la fecha.

Al punto, se reafirmó que existía una irregularidad consistente en que en el folio 19
del PTO se dispuso que la extensión del área era de 3.710 hectáreas y 19 metros
cuadrados, pero en el folio 20 del documento se manifestó que el área sería de
3.710 hectáreas y 0 metros cuadrados, falencia que llevó a que se requiriera al titular
minero para que aclarara dicha situación y, así, se pudiera pasar a evaluar dicho
requisito de ley.

6.1.2.13. El 22 de agosto de 201448, la Agencia Nacional de Minería profirió la
Resolución No. 3379, mediante la cual se aceptó el desistimiento de Montenegro

44 Folios 410 a 413 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
45 Folio 414 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
46 Folios 418 a 428 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
47 Folios 453 a 467 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
48 Folios 506 a 508 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.

23

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

frente a su solicitud de cesión de área y, además, se negó la inscripción en el
registro minero nacional de la cesión solicitada en favor de Inversiones Martínez
Leroy Ltda., por la mora en el pago de cánones superficiarios.

6.1.2.14. El 15 de septiembre de 201449, la Agencia Nacional de Minería estableció
que el área final del título era de 3.710 hectáreas.

6.1.2.15. El 26 de febrero de 201550, la Agencia Nacional de minería profirió el “Auto
PARB No. 0140”, a partir del cual se consideró que “técnicamente no se considera
viable acceder a dicha solicitud [en referencia a la petición de aprobación del PTO]”,
habida cuenta que, como se puso de presente en anteriores ocasiones, existen
incongruencias respecto al área total por señalarse en unos casos que era de 19
metros cuadrados y en otros de 0 metros cuadrados, motivo por el cual se le pidió
que “la sociedad titular presente aclaración al respecto para poder realizar su
evaluación y envío al Grupo de Contratación y Titulación para la evaluación del
recorte solicitado”.

Asimismo, se desestimó que hubiera operado un silencio administrativo positivo,
debido a que, mediante el concepto técnico GTRB-401 del 16 de septiembre de
2009 se requirió a la sociedad titular para que modificara el PTO que allegó el 8 de
abril de 2009, de suerte que hubo un pronunciamiento previo por parte de la entidad.

6.1.2.16. El 2 de mayo de 201551, Montenegro respondió el requerimiento de la
Agencia Nacional de Minería sobre la subsanación del PTO, en el sentido de indicar
que su PTO fue entregado adecuadamente.

A lo anterior sumó su disposición de “levantar el silencio administrativo positivo”,
con el fin de trabajar conforme a la normativa minera y ambiental y de evitar
sanciones disciplinarias.

49 Folios 646 a 649 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
50 Folios 529 a 540 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
51 Folios 550 a 572 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.

24

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Igualmente, afirmó que “es la autoridad minera la que está en mora de emitir
pronunciamiento de fondo frente a la solicitud de prórroga del período de
exploración y frente a la aprobación del Programa de Trabajos y Obras PTO”.

6.1.2.17. El 11 de junio de 201552, la Agencia Nacional de Minería profirió el
concepto técnico PARB-117, mediante el cual se puso de presente que “revisada la
información que reposa en el expediente se evidenció que el titular minero no ha
dado cumplimiento a lo requerido en el auto PARB 0143 del 26 de febrero de 2015
en relación con presentar aclaración al PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS /
PTO”.

6.1.2.18. El 18 de junio de 201553, Montenegro respondió los requerimientos frente
al PTO, en el sentido de indicar que fue presentado adecuadamente, pues en todo
momento se detalló que el área que cubría el documento era de 3.710 hectáreas, lo
cual a su juicio fue acogido por la autoridad minera.

6.1.2.19. El 7 de marzo de 201654, la Agencia Nacional de Minería realizó el informe
PARB-102, en virtud del cual se concluyó que “el título minero corresponde a un
contrato de concesión, el cual NO cuenta con PTO aprobado por parte de la
autoridad minera”. Como consecuencia, se recomendó requerir al titular para que
presentara dicho documento subsanado.

6.1.2.20. El 18 de julio de 201655, el titular minero manifestó no haber realizado
labores mineras debido a que “la autoridad minera aún no se ha pronunciado
respecto a la aprobación del PTO”.

6.1.2.21. El 9 de diciembre de 201656, la Agencia Nacional de Minería emitió el auto
PARB No. 1298, mediante el cual declaró la “improcedencia del silencio
administrativo positivo del programa de trabajos y obras – PTO presentado el 14 de
abril de 2010 […] protocolizado a través de escritura pública No. 0604 del 25 de

52 Folios 632 a 640 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
53 Folios 644 a 645 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
54 Folios 665 a 671 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
55 Folios 705 a 707 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
56 Folios 724 a 729 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.

25

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

marzo de 2010”, con base en que, a su juicio, la autoridad minera sí se pronunció a
través del auto GTRB No. 401 del 16 de septiembre de 2009 sobre aquel, pidiéndole
a Montenegro la subsanación del documento frente al área cuyo recorte solicitó.

A su turno añadió que, aunque el titular minero se pronunció frente al auto
referenciado en el párrafo anterior mediante proveído del 20 de marzo de 2014, no
realizó la corrección del PTO, por lo que el 26 de febrero de 2015 se lo volvió a
requerir para que procediera a enmendarlo, antecedentes que en su criterio revelan
una clara intervención activa de la entidad minera dirigida a pronunciarse sobre
dicha exigencia para pasar a la fase de construcción y montaje.

6.1.2.22. En la misma fecha anterior57, la autoridad minera emitió un comunicado,
mediante el cual reafirmó que “no se evidencia en el expediente ni en el aplicativo
ORFEO que el titular haya allegado el complemento del P.T.O. requerido mediante
auto PARB No. 000143 de 26 de febrero de 2015”.

6.1.3. Las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del
6 de diciembre de 2017 y el contexto en el cual fueron dictadas

6.1.3.1. El 28 de diciembre de 201658, la Agencia Nacional de Minería profirió la
Resolución No. 004409, mediante la cual se resolvió rechazar la “solicitud de
devolución de área [presentada con el radicado No. 2009-6-451 del 13 de marzo de
2009] y se toman otras determinaciones dentro del contrato de concesión No. FI2-
161” (aclaración añadida), en el sentido de rechazarla.

Como apoyo de lo anterior, argumentó que, en concordancia con la cláusula
segunda del contrato y los artículos 82 y 84 de la Ley 685 de 2001, la oportunidad
para solicitar la devolución de áreas dentro de un título minero era al finalizar la
etapa de exploración, para lo cual el titular debía presentar la delimitación definitiva
a través del PTO, lo cual no sucedió en el asunto resuelto, debido a que aunque lo
presentó, la autoridad minera lo exhortó para que enmendara varios errores del
documento y, con todo, no procedió en tal forma.

57 Folios 732 a 737 del archivo “F12-151 JURÍDICA 4” del CD del folio 27 del cuaderno 1.
58 Folios 741 a 744 del archivo “016 20201013AnexoContestacion4” del CD obrante en el folio 93 del

cuaderno 2.

26

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Ciertamente, la autoridad minera aseveró que mediante el auto GTRB-401 del 16
de septiembre de 2009, el auto PARB No. 0143 del 26 de febrero de 2015, los
conceptos del 20 de marzo de 2014 y el 11 de junio de 2015, y el informe de visita
técnica del 7 de marzo de 2016 se exhortó a Montenegro a que corrigiera el PTO;
empero, este no allegó el documento corregido, de suerte que, aunque
técnicamente se cumplieron los requisitos técnicos para la devolución de área,
además de ello se requería la aprobación del susodicho PTO, lo que no había
sucedido para ese entonces.

En todo caso la Agencia Nacional de Minería precisó que lo anterior no era óbice
para que el titular minero elevara una nueva solicitud de devolución de área con el
PTO ajustado.

La resolución en comento fue notificada a Montenegro el 19 de enero de 2017 59.

6.1.3.2. El 26 de enero de 201760, Montenegro interpuso recurso de reposición
contra la Resolución No 004409 del 28 de diciembre de 2016, con sustento en que,
bajo su consideración, entre otros, operó un silencio administrativo positivo respecto
al PTO que presentó, circunstancia que llevaba a dar por cumplido ese requisito y,
por tanto, era dable que la autoridad minera avalara su solicitud de devolución de
área.

En todo caso, estimó que el error sobre el área definitiva era de “simple forma” por
ser un yerro aritmético, aspecto que, en los términos del artículo 281 de la Ley 685
de 2001, no podía impedir la aprobación del PTO.

En virtud de lo expuesto, pidió que se revocara la negativa a la devolución del área
pedida y que se dejara sin efecto lo dispuesto en el auto de trámite No. PARB-1298
del 9 de diciembre de 2016, mediante el cual se declaró improcedente el silencio
administrativo positivo del PTO.

59 Folio 767 del archivo “016 20201013AnexoContestacion4” del CD obrante en el folio 93 del
cuaderno 2.
60 Folios 769 a 777 del archivo “016 20201013AnexoContestacion4” del CD obrante en el folio 93 del

cuaderno 2.

27

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

6.1.3.3. El 6 de diciembre de 201761, la Agencia Nacional de Minería dictó la
Resolución No. 001318, por medio de la cual se resolvió “confirmar en todas sus
partes la Resolución No. 004409 del 28 de diciembre de 2016”, con sustento en que,
como lo indicó en la decisión recurrida, aunque Montenegro presentó el PTO, aquel
adoleció de múltiples yerros cuya subsanación fue pedida por la autoridad minera,
sin que el concesionario hubiera procedido en tal sentido, aspecto que, por demás,
evidenció que no operó ningún silencio administrativo positivo, pues la
Administración se pronunció frente a dicho documento.

La Resolución No. 001318 del 6 de diciembre de 2017, confirmatoria de la
Resolución No. 004409 del 28 de diciembre de 2016, fue notificada a Montenegro
el 23 de enero de 2018, “quedando ejecutoriada y en firme el día 24 de enero de
2018” 62.

6.2. Las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6
de diciembre de 2017 se ajustaron a derecho

6.2.1. Montenegro indicó en su recurso de apelación que, contrario a lo concluido
por el a quo, las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318
del 6 de diciembre de 2017 incurrieron en una falsa motivación y en irregularidades
de forma por el hecho de que se rechazó la solicitud de devolución del área pedida
con sustento en la falta de un PTO, aunque este se presentó y/o aprobó tácitamente
por el silencio de la autoridad minera, protocolizado mediante la escritura No. 00604
del 25 de marzo de 2010.

Dentro de los argumentos de la alzada, afirmó que:

i) El concepto técnico del 16 de septiembre de 2009 fue emitido fuera de los
términos de 30 y 90 días desde la presentación del PTO, lo que evidenció
un desconocimiento de los plazos de los artículos 281 y 284 de la Ley 685
de 2001, de ahí que no podía interrumpir la configuración del silencio

61 Folios 829 a 833 del archivo “016 20201013AnexoContestacion4” del CD obrante en el folio 93 del

cuaderno 2.
62 Folios 8 del cuaderno 1 y 862 del archivo “016 20201013AnexoContestacion4” del CD obrante en

el folio 93 del cuaderno 2.

28

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

administrativo positivo.

ii) No era dable sostener que por el hecho de que la autoridad minera emitió
un concepto técnico respecto al PTO se vio interrumpido el silencio
administrativo positivo mediante el cual se aprobó, pues, en los términos
del artículo 284 de la Ley 685 de 2001, se requería propiamente un
pronunciamiento definitivo dentro de los 90 días siguientes a su
presentación para que se mermara la conformación del acto ficto o
presunto, sin que las simples observaciones a que se refiere el artículo
281 del estatuto de referencia tuvieran ese alcance.

iii) Los conceptos emitidos el 20 de marzo de 2014 y el 26 de febrero de 2015
se profirieron mucho después de 30 y 90 días desde la presentación del
PTO e, incluso, en forma posterior al hecho de que el silencio
administrativo positivo mediante el cual se aprobó se hubiera
protocolizado, por lo que menos aún podían mermar ese acto ficto o
presunto positivo.

6.2.2. Al respecto, conviene comenzar por precisar que el silencio administrativo es
una ficción jurídica mediante la cual se presupone que la falta de respuesta de la
Administración frente a una solicitud y/o petición fue resuelta por esa ausencia de
voluntad, de manera que se entiende configurado un acto administrativo ficto o
presunto que, naturalmente, no obra por escrito, sino que se deduce de la
abstención en dirimir lo pedido, para lo cual se requiere que: i) haya una solicitud
respecto de una entidad pública que se encuentre debidamente radicada, ii) la ley
permita la configuración de la figura, y iii) exista una abstención absoluta de
respuesta del órgano respectivo dentro del plazo previsto en la ley para el efecto63.

En el ordenamiento jurídico colombiano el silencio administrativo es, por regla
general, negativo64, lo que implica que cuando existe una ausencia de voluntad

63 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de diciembre de 2019.

Radicado 11001-03-06-000-2019-00110-00 (2424).
64 El artículo 40 del Decreto 01 de 1984 -CCA-, aplicable para la fecha en que según la parte apelante

se configuró el silencio administrativo, preceptuaba que “transcurrido un plazo de tres meses
contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la
resuelva, se entenderá que ésta es negativa. […] La ocurrencia del silencio administrativo negativo

29

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

expresa de la Administración producto de una solicitud luego del interregno para su
resolución, se entiende que fue resuelta desfavorablemente. Con ello se persigue
no dejar en vilo indefinidamente lo pedido por los administrados frente al Estado y,
así, activar en favor de aquellos la posibilidad de que, si a bien lo tienen, puedan
cuestionar judicialmente el acto administrativo ficto o presunto negativo 65.

Por su parte, el legislador también previó excepcional y taxativamente algunos
eventos en los cuales el silencio administrativo puede ser positivo66, es decir, ante
la falta de respuesta de la Administración se configura un acto administrativo ficto o
presunto favorable para el peticionario, el cual tiene por objeto que en situaciones
de suma complejidad las entidades del Estado sean diligentes en su actuar, so pena
de que su falta de aquiescencia se entienda como un visto bueno67.

A su turno, también se previó que el silencio administrativo positivo debe
protocolizarse, lo cual es una constatación de simple vista por el notario mediante
la cual da fe de que se constituyó, aspecto frente al cual vale aclarar que, en todo
caso, por más que ello se instituya por escrito, no quiere decir que se trate de un
elemento de la existencia del acto administrativo, pues dicho procedimiento es una

no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición
inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento
en él, contra el acto presunto”. // De manera similar, el artículo 83 del CPACA estableció que, en
general, transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se
haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
65 Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que “En términos constitucionales se puede definir

la figura del silencio administrativo como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el
ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos ante la administración de justicia, en el caso del silencio
administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta
por parte del este estatal encargado de resolverla, hecho que hace necesario crear un mecanismo
para que pueda acudir ante la misma administración recurriendo el acto ficto o ante la jurisdicción o,
ii) ver satisfechos sus derechos ante la omisión de la administración, en el caso del silencio
administrativo positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un
derecho. Sobre las opciones que tiene el ciudadano cuando opera el silencio administrativo negativo
ha dicho esta Corporación en forma reiterada […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-875 del 22 de
noviembre de 2011.
66 El artículo 41 del CCA prescribió que “Solamente en los casos expresamente previstos en

disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. // Se entiende
que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación. //
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que señalan los
artículos 71, 73 y 74”. // Por su parte, el artículo 84 del CPACA concibió idéntico sentido de la figura.
67 Sobre el silencio administrativo positivo, la Corte Constitucional ha dispuesto que: “El silencio

administrativo positivo opera de manera excepcional y su consagración legal es taxativa. Consiste
en la presunción legal en virtud de la cual, transcurrido un término sin que la administración resuelva,
se entienden concedidos la petición o el recurso. Su finalidad es agilizar la actividad administrativa
bajo criterios de celeridad y eficiencia. Constituye no sólo una garantía para los particulares, sino
una verdadera sanción para la administración morosa”. Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995.

30

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

simple verificación que no ata necesariamente al juez, quien puede analizar
directamente si se cumplieron o no los elementos para su configuración68.

Precisado lo anterior, comoquiera que en el caso de estudio Montenegro consideró
que su PTO se avaló mediante la figura del silencio administrativo positivo, aspecto
que, a su juicio, debía llevar a la aprobación de la devolución de áreas pedidas,
conviene destacar que, en efecto, la Ley 685 de 2001 estipuló en su artículo 8469
que, como resultado de las labores exploratorias, el concesionario debe presentar
para la aprobación de la entidad concedente el PTO, en el que deberá incluir, entre
otros, la delimitación definitiva del área de explotación, aspecto que, leído en
concordancia con el artículo 82 ejusdem70, revela que, para pedirse la devolución
de áreas se requiere contar con ese documento aprobado, pues es ahí donde se
hace la delimitación de la zona frente a la cual se realizarán los trabajos y obras con
fines extractivos.

Ello es de gran importancia, pues la delimitación del área definitiva es clave para
establecer la zona donde se pasarán a realizar los trabajos y obras y,
posteriormente, las labores extractivas, de modo que se requiere la mayor claridad
y definición de la zona comprometida para ese fin, a efectos de verificar aspectos
como la ausencia de superposiciones y las zonas que se encuentran libres71.

68 Sobre la protocolización y sus efectos véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicado 15001-23-33-000-2022-00137-01 (70640).
69 “Artículo 84. Programa de trabajo y obras. Como resultado de los estudios y trabajos de

exploración, el concesionario, antes del vencimiento definitivo de este período, presentará para la
aprobación de la autoridad concedente o el auditor, el Programa de Trabajos y Obras de Explotación
que se anexará al contrato como parte de las obligaciones. Este programa deberá contener los
siguientes elementos y documentos: 1. Delimitación definitiva del área de explotación […]”.
70 “Artículo 82. Delimitación y devolución de áreas. Al finalizar el período de exploración se deberá

presentar la delimitación definitiva de la zona del área contratada que va a quedar vinculada a los
trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte
interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se deberán tener en cuenta
los valores, ubicación y cálculo de las reservas existentes al igual que la producción esperada
indicados en el Plan de Trabajos y Obras de explotación elaborado de acuerdo con el artículo 84 de
este Código. Con oportunidad de esta delimitación, el concesionario estará obligado a devolver, en
lotes contiguos o discontinuos, las partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras
mencionados. El área retenida deberá estar constituida por una extensión continua. […]”.
71 Es precisamente la necesidad de contar con un área clara en el iter minero lo que ha justificado la

implementación de nuevos mecanismos para su definición como el sistema de cuadrícula, con el
propósito de que exista absoluta claridad sobre las áreas libres y ocupadas. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023. Radicado 11001-03-26-000-2021-
00193-00 (67516).

31

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Efectuada la aclaración precedente, el artículo 281 de la Ley 685 de 200172 dispuso
que, presentado el PTO la autoridad concedente podría aprobarlo o formular
objeciones dentro de los 30 días siguientes, que no podrían ser de simple forma y
solo procederían si se hubieren omitido obras, instalaciones o trabajos señalados
como indispensables para una eficiente explotación. De objetarse los estudios se
debe señalar al interesado la forma y alcance de las correcciones y adiciones, tras
lo cual debe volver a allegarse enmendado.

A la sazón, el artículo 284 de la Ley 685 de 200173 prescribió que, si transcurren 90
días desde el recibo del PTO y la autoridad concedente no se ha pronunciado al
respecto, se presumirá aprobado, lo que, en los términos de las consideraciones
precedentes, es un auténtico silencio administrativo positivo que tiene por fin evitar
la paralización de la actividad minera por cuenta de la falta de diligencia de la
Administración.

6.2.3. Bajo el anterior panorama, Montenegro considera que el silencio
administrativo a que se refiere el artículo 284 de la Ley 685 de 2001 se configuró en
su favor, por cuanto a su juicio la autoridad minera no se pronunció sobre el PTO
que presentó, aspecto frente al cual se encuentra demostrado que, una vez suscrito
el contrato de concesión No. FI2-161, en cuya cláusula sexta se instituyó un deber
en cabeza del concesionario de presentar el PTO tras finalizarse la etapa de
exploración, (hechos probados Nos. 6.1.1.1. y 6.1.1.2.), Montenegro solicitó la
reducción del área del contrato de concesión y también allegó el PTO a la autoridad
minera, lo cual suscitó los siguientes cruces de comunicados, conceptos y autos
entre Montenegro y la autoridad minera:

72 “Artículo 281. Aprobación del programa de trabajos y obras. Presentado el Programa de Trabajos

y Obras treinta (30) días antes de finalizar la etapa de exploración, la autoridad concedente lo
aprobará o le formulará objeciones dentro de los treinta (30) días siguientes. Estas objeciones no
podrán ser de simple forma y solamente procederán si se hubieren omitido obras, instalaciones o
trabajos señalados como indispensables para una eficiente explotación. Si los estudios fueren
objetados se señalará al interesado, concretamente la forma y alcance de las correcciones y
adiciones. En el evento en que se acudiere al auditor externo al que hace referencia el artículo 321
de este Código, dicho Programa será presentado junto con la refrendación, con una antelación de
cua renta y cinco (45) días. En el acto de aprobación del Plan de Obras y Trabajos la autoridad
minera autorizará la iniciación de los trabajos de explotación, siempre que se haya acreditado la
obtención de la respectiva Licencia Ambiental”.
73 “Artículo 284. Silencio administrativo. Si transcurrido el término de noventa (90) días siguientes al

recibo del Programa de Trabajos y Obras, la autoridad concedente no se ha pronunciado al respecto,
se presumirá aprobado dicho Programa”.

32

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

CRUCE DE ACTUACIONES SOBRE EL PTO APORTADO
Memoriales de Montenegro Actuaciones de la autoridad minera
El 27 de febrero de 2009, Montenegro La autoridad minera se pronunció frente al
solicitó la reducción del área del contrato de PTO presentado mediante el concepto
concesión para que quedara una zona técnico CTRB-401 del 16 de septiembre de
disponible de 3.170 hectáreas y 19 metros 2009, en el sentido de pedirle al titular su
cuadrados. Seguidamente, el 8 de abril de corrección por un error aritmético respecto
la misma anualidad allegó el PTO a la del área total que se pretendía dejar
autoridad minera (hechos probados Nos. después del recorte solicitado, pues, de un
6.1.2.1. y 6.1.2.2.). lado, se enunció un valor de 3.710 Has y
0019 m2 y, por otra parte, uno de 3.710 Has
y 0000 m2. A su turno, le pidió precisar si
se ejecutaría o no la etapa de construcción
y montaje (hecho probado 6.1.2.3.).
El 25 de marzo de 2010 Montenegro Luego de los sucesos anteriores, los días
protocolizó mediante la escritura pública 1° de octubre de 2013 y 20 de marzo de
No. 604 un silencio administrativo positivo 2014 la autoridad minera se reafirmó que el
por considerar que la autoridad minera PTO seguía sin ser corregido, lo que la
guardó silencio frente a su PTO, dándolo llevó a que, mediante proveído PARN No.
por aprobado. Posteriormente remitió el 0140 del 26 de febrero de 2015, concluyera
supuesto acto ficto o presunto el 14 de abril que no era viable aprobarlo, por existir
de 2010 a la autoridad minera. A la vez, el incongruencias frente al área total a
14 de mayo siguiente se opuso al concepto devolver, de suerte que, una vez más, se
técnico GTRB-401 del 16 de septiembre de reiteró al titular minero que procediera a
2009, por considerar que el PTO aclarar dicha circunstancia, sumado a lo
presentado cumplió las exigencias legales cual advirtió que no se configuró silencio
(hechos probados Nos. 6.1.2.4. y 6.1.2.5.). administrativo alguno, pues el Ingeominas
sí se pronunció frente al PTO (hechos
probados 6.1.2.11., 6.1.2.12. y 6.1.2.15.).
El 2 de mayo de 2015 Montenegro le reiteró El 11 de junio de 2015, la Agencia Nacional
a la Agencia Nacional de Minería que no de Minería conceptuó que el PTO debía
era necesario subsanar su PTO pues, entre corregirse (hecho probado 6.1.2.17.).
otros, ya había sido aprobado tácitamente
por el silencio de la autoridad minera, y, con
todo, (hecho probado 6.1.2.16.).
El 18 de junio de 2015 Montenegro se El 7 de marzo de 2016 la autoridad minera
reafirmó en que no debía enmendar ningún desestimó que no se debiera corregir el
aspecto y se mantuvo en no corregir el PTO PTO, requiriendo nuevamente al
(hecho probado No. 6.1.2.18.). concesionario para aportarlo ajustado
(hecho probado 6.1.2.19.).

6.2.4. Sobre la base de las anteriores premisas la Sala advierte, de entrada, que no
se vislumbra ninguna falsa motivación o irregularidad de forma respecto a las
Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre
de 2017, mediante las cuales se denegó la devolución de área solicitada por
Montenegro, por cuanto, como se expondrá a continuación, para proceder
favorablemente a ello se requería que el PTO estuviera aprobado y este no fue
avalado expresamente, ni mediante la figura del silencio administrativo positivo.

33

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

6.2.4.1. Primero, frente al reproche de apelación según el cual, a juicio de
Montenegro, el concepto técnico del 16 de septiembre de 2009 en el que se le pidió
corregir su PTO fue emitido luego de los 30 y/o 90 días desde su presentación, por
lo que no tuvo la vocación de interrumpir la configuración del silencio administrativo
positivo, la Sala considera que no le asiste razón a la parte apelante, por cuanto,
como se verá a continuación, dicho pronunciamiento sí se hizo dentro del plazo
legal.

En efecto, no se puede perder de vista que el contrato No. FI2-161 fue suspendido
entre el 16 de noviembre de 2005 y el 16 de mayo de 2006, así como entre el 15 de
enero de 2009 y el 15 de enero de 2010 (hechos probados Nos. 6.1.1.3 a 6.1.1.4.),
aspecto frente al cual se destaca que, para cuando el PTO se presentó -8 de abril
de 2009- el acuerdo de voluntades estaba paralizado e, incluso, cuando el
Ingeominas emitió pronunciamiento -16 de septiembre de 2009- el plazo negocial
seguía en pausa, de suerte que, a juicio de la Sala, en el presente caso no pueda
exigirse un cómputo de términos en ese período.

En desarrollo de lo anterior, cabe destacar que los términos administrativos
establecidos para la ejecución del contrato de concesión minera, una vez
perfeccionado, están previstos para contabilizarse cuando aquel se mantiene
vigente, pues si naturalmente este se pausó, lo cual está permitido en los artículos
5474 y 5575 de la Ley 685 de 2001, no puede predicarse un deber en cabeza del
Estado de que, si para el particular no corren los plazos legales de los deberes a su
cargo, para la autoridad minera sí, lo cual implicaría desconocer la autonomía de la
voluntad y el efecto útil de la paralización consensuada del acuerdo de voluntades.

74 “Artículo 54. Suspensión o disminución de la explotación. Cuando circunstancias transitorias de

orden técnico o económico, no constitutivas de fuerza mayor o de caso fortuito, impidan o dificulten
las labores de exploración que ya se hubieren iniciado o las de construcción y montaje o las de
explotación, la autoridad minera, a solicitud debidamente comprobada del concesionario, podrá
autorizarlo para suspender temporalmente la explotación o para disminuir los volúmenes normales
de producción. La suspensión mencionada no ampliará ni modificará el término total del contrato”.
75 “Artículo 55. Los actos que decreten la suspensión de los plazos o la suspensión o modificación

de las operaciones mineras de conformidad con el artículo anterior, señalarán en forma expresa las
fechas en que se inicien y terminen la suspensión, modificación o aplazamiento autorizados”.

34

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Bajo esa línea argumentativa, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación ha considerado que la suspensión del contrato es un fenómeno
mediante el cual se paraliza el objeto negocial por mutuo acuerdo de las partes por
aspectos como dificultades en su ejecución que se buscan superar mientras se hace
la pausa en comento, período en el cual las obligaciones negociales quedan en
latencia o estado potencial, sin que, naturalmente, puedan ser exigibles hasta tanto
se reanude el interregno de su ejecución76.

Adicionalmente, aunque está acreditado que la suspensión entre el 15 de enero de
2009 y el 15 de enero de 2010 no se inscribió en el Registro Minero Nacional (hecho
probado No. 6.1.1.4.), la Ley 685 de 2001 es clara en dictaminar en sus artículos
33277 y 33378 que el cumplimiento de ese deber de publicidad es taxativo y está
limitado a: i) los contratos de concesión; ii) los contratos de exploración y
explotación sobre zonas de reserva, zonas mineras indígenas, zonas mineras de
comunidades negras y zonas mixtas; iii) títulos de propiedad privada del subsuelo
minero, iv) cesión de títulos mineros, v) gravámenes de cualquier clase que afecten
el derecho a explorar y explotar; vi) embargos sobre los derechos mineros; vii)
zonas de reserva provisional y de seguridad nacional; viii) autorizaciones
temporales para las vías públicas; y ix) zonas mineras indígenas, de comunidades
negras y mixtas, sin que se hubieran incluido dentro de ese listado a los actos de
suspensión.

76 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 5 de julio de 2016. Radicado

11001-03-06-000-2016-00001-00 (2278). Lo anterior también ha sido reafirmado por la doctrina, para
la cual la suspensión no comporta una finalización del acuerdo de voluntades, sino su paralización,
aunque este sigue vigente, de ahí que “aunque el contrato esté suspendido es, sin embargo,
susceptible de producir determinados efectos”. GARCÍA-TREVIJANO, Ernesto. La suspensión del
contrato administrativo. Madrid: 2001. Editorial Cuadernos Civitas. P. 17-26.
77 “Artículo 332. Actos sujetos a registro. Únicamente se inscribirán en el Registro Minero los

siguientes actos: a) Contratos de concesión; b) Contrato de exploración y explotación celebrados
sobre zonas de reserva, zonas mineras indígenas, zonas mineras de comunidades negras y zonas
mixtas; c) Títulos de propiedad privada del subsuelo minero; d) Cesión de títulos mineros; e)
Gravámenes de cualquier clase que afecten el derecho a explorar y explotar o la producción futura
de los minerales "in situ"; f) Embargos sobre el derecho a explorar y explotar emanado de títulos
mineros; g) Zonas de reserva provisional y de seguridad nacional; h) Autorizaciones temporales para
vías públicas; i) Zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas”.
78 “Artículo 333. Enumeración taxativa. La enumeración de los actos y contratos sometidos a registro

es taxativa. En consecuencia, no se inscribirán y serán devueltos de plano, todos los actos y
contratos, públicos o privados, que se presenten o remitan por los particulares o las autoridades para
inscribirse, distintos de los señalados en el artículo anterior. la inscripción de los actos y documentos
sometidos al registro deberán inscribirse dentro de los quince (15) días siguientes a su
perfeccionamiento o vigencia”.

35

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

En tal virtud, es claro para la Sala que, comoquiera que la suspensión del contrato
de concesión minera entre el 15 de enero de 2009 y el 15 de enero de 2010 surtió
plenos efectos aunque no se hubiera inscrito en el Registro Minero Nacional, no es
dable sostener que la Administración actuó tardíamente pronunciándose sobre el
PTO cuando lo hizo incluso antes de que el plazo para tal fin comenzara a correr,
pues el contrato se reactivó hasta el 16 de enero de 2010 y la respuesta de la
autoridad minera se profirió el 16 de septiembre de 2009.

6.2.4.2. Segundo, no le asiste razón a Montenegro en afirmar que, por más que se
hubiera emitido un concepto técnico frente a su PTO, este no tenía la vocación de
interrumpir el término de 90 días para su aprobación mediante la figura del silencio
administrativo positivo por no ser una declaración de voluntad definitiva, pues de la
lectura del artículo 284 de la Ley 685 de 2001 no se deduce que la única intervención
de la Administración para tal fin tuviera que ser la aprobación o improbación de dicho
documento.

En efecto, el artículo 284 del Código de Minas solamente exigió para la
configuración del silencio administrativo positivo frente al PTO que “la autoridad
concedente no se ha[ya] pronunciado al respecto, [tras lo cual] se presumirá
aprobado dicho Programa” (aclaración añadida). Con ello, quiso denotar que se
requiere una ausencia total de voluntad de la Administración para la configuración
del acto ficto o presunto, de suerte que cualquier pronunciamiento en torno a dicha
exigencia del iter minero impide que esa figura opere.

Es así como el querer del legislador se restringió a entender que, para que se
aprobara el PTO mediante silencio administrativo positivo, debía haber una
ausencia total de pronunciamiento de la autoridad minera, pero no exigió que para
que el acto ficto o presunto no se configurara esa manifestación de voluntad debiera
ser definitiva, interpretación que, justamente, desconocería el mandato del artículo
281 de la Ley 685 de 2001 consistente a la potestad en cabeza de la autoridad
minera a exhortar al concesionario para, de ser el caso, hacer ajustes a ese
documento.

36

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Si el Congreso de la República hubiera querido que el silencio administrativo frente
al PTO se configurara por una falta de pronunciamiento definitivo, así lo hubiera
prescrito en el artículo 281 de la Ley 685 de 2001, lo cual no sucedió, pues entre
otros desconocería que el ordenamiento jurídico colombiano exige por lo general un
silencio absoluto de la Administración para que se entienda configurado el acto ficto
o presunto positivo en los escenarios que taxativamente el legislador lo concibió así.

Por lo demás, y en línea con lo argumentado anteriormente, no se encuentra la
existencia de una contradicción con la interpretación indicada del artículo 281 del
Código de Minas y lo preceptuado en el artículo 284 ejusdem, pues, aunque la
primera disposición se instituyó un plazo de 30 días para la solicitud de
correcciones, ello no resulta incompatible con los 90 días para que se configure el
acto ficto o presunto positivo, por cuanto, justamente, en el marco de ese término
mayor se pueden pedir correcciones al PTO y, si el titular minero no las realiza, no
puede excusarse luego en que no hubo un pronunciamiento frente a ese
documento.

Bajo la senda argumentativa precedente, es claro que el concepto técnico CTRB-
401 del 16 de septiembre de 2009 y los demás que la autoridad minera emitió
solicitando al concesionario la corrección de su PTO constituyen auténticos
pronunciamientos en torno a aquel, por lo que el primero tuvo la vocación de mermar
la configuración de un silencio administrativo positivo, mientras que los demás se
limitaron a resolver los comunicados posteriores del concesionario.

6.2.4.3. Tercero, Montenegro consideró en su apelación que los conceptos del 20
de marzo de 2014 y el 26 de febrero de 2015 se profirieron en forma posterior a los
30 y 90 días desde la presentación del PTO, e incluso después de la protocolización
del silencio administrativo positivo, por lo que tampoco tuvieron la virtud de
interrumpir el plazo para su configuración, reproche frente al cual es inane
analizarlos, por cuanto, como la misma apelante lo advirtió, al ser dictados después
del supuesto silencio administrativo positivo, no habrían tenido la vocación de incidir
en aquel de ninguna forma, de ahí que sean irrelevantes para entender configurado
o no el supuesto acto ficto o presunto.

37

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

Por el contrario, se encuentra que con las respuestas otorgadas por la autoridad
minera a los distintos memoriales del concesionario se cumplió el deber de la
Administración de resolver las solicitudes que en el marco del procedimiento
administrativo minero se emitieran, en garantía del debido proceso y el derecho de
contradicción, como se expuso párrafos atrás, evitando que los interrogantes del
concesionario quedaran en vilo y, a la postre, perjudicaran la prosecución de las
siguientes fases de la concesión.

En tal virtud, y en línea con el cuadro anteriormente efectuado, una vez Montenegro
realizó la protocolización del supuesto silencio administrativo positivo el 26 de marzo
de 2010, la autoridad minera se pronunció el 1° de octubre de 2013 y el 20 de marzo
de 2014 oponiéndose a la existencia del acto ficto o presunto positivo, no solo por
haber reafirmado que frente al PTO allegado se emitió un pronunciamiento para su
corrección, sino también porque el titular minero no procedió en tal sentido.

A su turno, aunque los días 2 de mayo y 18 de junio de 2015 Montenegro reiteró
que no debía corregir su PTO, el 11 de junio de 2015 y el 7 de marzo de 2016 la
Agencia Nacional de Minería se reafirmó en los requerimientos efectuados en
fechas anteriores, todo lo cual revela que la autoridad minera se manifestó
expresamente sobre los memoriales posteriores que el concesionario presentó,
motivo por el cual no se vislumbra un silencio de la Administración sino, por el
contrario, su debida diligencia en la atención de los requerimientos del
concesionario.

En cualquier caso, aunque la Sala percibe grandes períodos de tiempo entre los
hechos posteriores a la protocolización del silencio administrativo positivo y las
respuestas de la autoridad minera, la jurisprudencia de esta Subsección ha
reconocido que aunque la Administración no resuelva en tiempo las solicitudes a su
cargo, ello no la releva de decidir sobre la petición inicial, incluso tardíamente, salvo
que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto que
eventualmente se haya configurado, o habiendo acudido a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se haya notificado el auto admisorio de la demanda,

38

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

aspecto que, justamente, permitía a la autoridad minera efectuar nuevos
requerimientos a Montenegro para que corrigiera el PTO79.

En mérito de lo expuesto, es claro que no se configuró ningún silencio administrativo
positivo en favor de Montenegro, pues, además de que el contrato de concesión
permaneció suspendido para la época en la que se allegó el POT, la autoridad
minera sí se pronunció frente a este, de manera que, ante la falta de subsanación
de ese documento, la aquí demandada estaba obligada a rechazar la reducción del
área pedida como lo hizo mediante los actos administrativos demandados (hechos
probados Nos. 6.1.3.1. a 6.1.3.3.), pues para proceder en los términos deseados
por el concesionario se debía contar con dicho documento técnico aprobado, que
no se avaló porque no fue subsanado en el área exacta definitiva, elemento frente
al cual, cabe resaltar, no existió ningún cuestionamiento de la demandante.

A su vez, la Sala destaca que, mediante auto PARB No. 1298 del 9 de diciembre de
2016, la Agencia Nacional de Minería declaró expresamente la improcedencia del
silencio administrativo positivo frente al PTO (hecho probado 6.1.2.21), decisión
que, si bien es un acto administrativo definitivo, por contener un efecto jurídico
directo, consistente en descartar la existencia de un acto ficto o presunto, lo cierto
es que la firmeza y/o falta de cuestionamiento de esa decisión en este proceso no
resultaba suficiente para denegar las pretensiones de la apelación, habida cuenta
que, precisamente, Montenegro alegó que antes de esa decisión se había
configurado un acto ficto o presunto, lo que tornaba en obligatorio verificar su
existencia previa o no y, como se descartó que no surgió a la vida jurídica, es claro
que a la autoridad minera le asistió razón en arribar a la misma conclusión mediante
la decisión administrativa en mención.

Por último, dada la improsperidad de las pretensiones principales, es inane
pronunciarse sobre las peticiones indemnizatorias, pues estaban atadas a que los
cargos de la apelación se resolvieran favorablemente, lo que no sucedió.

79 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2023.

Radicado 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033) y ii) Subsección C. Sentencia del 18 de junio de
2025. Radicado 25000-23-36-000-2019-00697-01 (67948).

39

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

En conclusión, se encontró que las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre
de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, en virtud de las cuales se rechazó
una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión minera No.
FI2-161, no incurrieron en una falsa motivación ni en una irregularidad de forma, por
cuanto se basaron debidamente en el hecho de que no se configuró ningún silencio
administrativo en favor de Montenegro, dado que: i) el pronunciamiento frente al
PTO por la autoridad minera no fue extemporáneo, ii) no se requería una respuesta
definitiva para interrumpir el término de silencio administrativo ficto o presunto, y iii)
los escritos posteriores no tenían la vocación de incidir en la configuración o no de
un supuesto acto ficto previo.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia del 20 de mayo de 2021,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda,
debido a la improsperidad de los cuestionamientos de la apelación.

7. Costas

El numeral 1 del artículo 365 del CGP80 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación81. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a la apelante, por resultar vencida en esta instancia.

Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del
CGP82. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la

80 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
81 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
82 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un

40

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales.

En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues la
Agencia Nacional de Minería actuó con apoderado en esa etapa y presentó alegatos
de conclusión, motivo por el cual la Sala las determinará, según lo dispuesto en el
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201683, según el cual, en los procesos
declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se
establecerán entre 1 y 6 SMLMV84.

En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en 2
salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la Agencia Nacional de
Minería, monto que será asumido por Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2021, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
83 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 11 de julio de 2018,

cuando ya se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en
derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
84 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general.

[…]. En primera instancia. A. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: […] (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […]. En segunda
instancia. Entre 1 y 6 SMMLV”.

41

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)
Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la sociedad
Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho
en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la Agencia Nacional
de Minería. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
VF

42

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.