Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00206-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00206-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00206-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
18 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: ALEJANDRO FORERO MARTÍNEZ Y OTROS
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (CPACA)
Temas: SOLICITUD DE CONCESIÓN – no otorga un derecho adquirido, sino solo
la prelación respecto de otras peticiones / ÁREA DE RESERVA ESPECIAL –
procede en aquellas zonas en las cuales existan explotaciones tradicionales de
minería informal, según el artículo 31 del Código de Minas – El otorgamiento de esa
concesión, aunque hubiere solicitud de terceros, no implica reconocer la posibilidad
de superposiciones sobre una misma área / SISTEMA DE CUADRÍCULA – se
consagró en las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019 y las Resoluciones 504 de
2019 y 505 de 2019 como un conjunto continuo de celdas que sería aplicable
retrospectivamente a las solicitudes en curso para el otorgamiento de concesiones,
lo que no afecta derechos adquiridos, pues la simple petición minera solo genera
meras expectativas – Ese modelo proscribió la posibilidad de una superposición
sobre una misma celda, lo cual se acogió en la Resolución 266 de 2020 para las
Áreas de Reserva Especial, aunque estuvieren en curso de trámite.
La Sala resuelve, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por Alejandro Forero Martínez y otros contra la Agencia
Nacional de Minería, en la que se pretendió la nulidad de las Resoluciones 173 del
21 de agosto y 377 del 22 de diciembre de 2020, mediante las cuales la ANM
rechazó una solicitud de área de reserva especial.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante las Resoluciones 173 y 377 de 2020, la Agencia Nacional de Minería
denegó una solicitud de declaración y delimitación de área de reserva especial para
la explotación de mármol y dolomita, que había sido presentada por Alejandro
Forero Martínez y otros, debido a una superposición. Los solicitantes interpusieron
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicha entidad, en la que
impugnaron tales decisiones, por considerar que se infringieron los artículos 84, 150
y 228 de la Constitución, 4 y 31 de la Ley 685 de 2001 y la Resolución 546 del 20
de septiembre de 2017, debido a que, en su criterio, se aplicaron causales de
rechazo posteriores y no previstas en la ley y, además, no era dable desestimar la
petición minera porque existieran propuestas previas de terceros.
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
II. ANTECEDENTES
1. La demanda y su admisión
1.1. El 7 de septiembre de 20211, los señores Alejandro Forero Martínez, Jorge
Eliécer García Chiquito y Nilson Cardona Santacruz interpusieron demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Agencia Nacional de Minería -en adelante también ANM-, con el fin de que se anulen
las Resoluciones: i) 173 del 21 de agosto de 2020, en la que se rechazó una solicitud
de declaración y delimitación de un área de reserva especial -en adelante también
ARE- con radicado 20199050351242 y ii) 377 del 22 de diciembre de 2020, que
confirmó la anterior.
A título de restablecimiento del derecho, pidieron que se ordene a la demandada
continuar con el trámite de la solicitud de ARE, a partir del momento en que fue
interrumpida, prosiguiendo con la realización de la visita técnica.
Como hechos relevantes, en el escrito inicial se resaltó que, el 12 de marzo de 2019,
los aquí demandantes radicaron ante la ANM la solicitud de delimitación y
declaración de ARE para la explotación de mármol y dolomita en el municipio de
Miranda, en el departamento del Cauca, con radicado 20199050351242, fecha para
la cual tal figura se encontraba regida por el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 y la
Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017.
El 14 de mayo de 2019, la ANM requirió a los solicitantes para que subsanaran la
petición, por considerar que los documentos aportados eran insuficientes para
establecer su calidad de mineros tradicionales.
Una vez subsanados los yerros advertidos por la ANM, mediante proveído del 6 de
noviembre de 2019 se recomendó efectuar la visita de verificación, la que no se
llevó a cabo por el cambio regulatorio de las ARE mediante la expedición de la
Resolución 266 del 10 de julio de 2020, que modificó las causales de rechazo de la
Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017. En ese contexto, el 31 de julio de
2020, se profirió el informe técnico de evaluación de área 244, mediante el cual se
concluyó, a partir del sistema de cuadrícula, que no existía área libre por declarar y
delimitar para continuar con el trámite.
1 Índices 2 y 8 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
El 21 de agosto de 2020, mediante la Resolución No. 173, la ANM rechazó la
solicitud minera 20199050351242, con fundamento en la causal del numeral 4 del
artículo 10 de la Resolución 266 del 10 de junio de 2020 de falta de área libre, debido
a que se superpuso con: i) la petición de legalización minera ODP-10591 del 25 de
abril de 2013 en un 8,53%; ii) la propuesta de contrato de concesión QCA-12481
del 10 de marzo de 2015 en un 57,31%; y iii) las áreas estratégicas mineras “Bloque
63” en un 29,60%, por lo que, de conformidad con el sistema de cuadrícula, no
existía zona disponible para conceder.
La parte solicitante interpuso recurso de reposición contra la decisión anterior, en
tanto consideró que el sistema de cuadrícula no era aplicable, por haber entrado a
regir de manera posterior, así como porque la causal de rechazo de área libre que
se aplicó a su petición no tenía sustento legal. El recurso fue denegado mediante la
Resolución 377 del 22 de diciembre de 2020, fundamentado en que, como se indicó
en la actuación recurrida, el sistema de cuadrícula y la causal de rechazo de falta
de área libre eran procedentes, por mandato del legislador, y que fue en el nivel
legal que se proscribió la superposición sobre una misma celda, lo que habilitó el
rechazo de la solicitud 20199050351242.
Para los actores, las resoluciones impugnadas vulneraron: i) los artículos 84, 150 y
228 de la Constitución de 1991; ii) los artículos 84, 85, 138, 152, 156 y 162 del
“Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo”; iii) los
artículos 4 y 31 de la Ley 685 de 2001; iv) la Resolución 546 de 2017 y; v) la
Resolución 266 de 2020.
Primero, se indicó que se transgredieron los artículos 84 de la Constitución de 1991
y 4 de la Ley 685 de 2001, en los que se previó que los requisitos, formalidades,
documentos y pruebas previstos en esa normativa serían los únicos exigibles a los
interesados, vulneración derivada de que las resoluciones impugnadas se basaron
en causales de rechazo dispuestas en el nivel reglamentario por el gobierno
nacional, que carecían de un soporte legal.
En ese punto, se resaltó que las causales de rechazo para cuando se presentó la
solicitud minera 20199050351242 eran solo las previstas en la Resolución 546 del
20 de septiembre de 2017; empero, en contravía del artículo 31 de la Ley 685 de
2001, se dictó la Resolución 266 del 10 de julio de 2020, en la que se introdujeron
nuevos eventos para rechazar las peticiones de ARE, no incluidos en el Código de
Minas, como la inexistencia de área libre, a partir del sistema de cuadrícula minera;
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
que las explotaciones se ubiquen por fuera de la zona susceptible de continuar con
el trámite; o que en el área resultante no se pueda desarrollar técnicamente un
proyecto minero, las que fundamentaron el rechazo de la propuesta.
En otras palabras, los demandantes consideraron que se les aplicó una causal de
rechazo de la solicitud de ARE no prevista en la ley, lo que no era procedente, no
solo porque implicaba usurpar las competencias del legislador en la materia, sino
porque la ANM solo debía atenerse a lo dispuesto en la Ley 685 de 2001 y su
normativa relacionada.
Segundo, se argumentó que las resoluciones demandadas transgredieron los
artículos 31 de la Ley 685 de 2001 y 228 constitucional, debido a que el trámite de
solicitud de delimitación de ARE podía adelantarse aunque hubiere peticiones de
terceros, por lo que la presentada por los actores no se debió rechazar al excluir del
área pretendida las pedidas por terceros de forma anterior por una superposición,
con base en nuevas causales de rechazo que, además de que no tienen sustento
legal, entraron a regir durante el trámite de la petición.
La parte actora argumentó que la ANM erró al rechazar su solicitud minera porque
no había un área libre, por existir otras peticiones de terceros cuyas zonas eran
excluibles de la solicitada por los actores, pues tal causal para desestimar las
propuestas mineras no fue dispuesta en la Ley 685 de 2001. Por el contrario, el
Código de Minas dispuso en su artículo 31 que el hecho de que existieran peticiones
de terceros sobre las mismas zonas pedidas en virtud de una ARE no era
impedimento para concederlas, por lo que la demandada debió darle prevalencia a
esa norma legal y conceder la petición 20199050351242.
Se precisó que, si bien el exceso de la potestad reglamentaria advertido propiciaría
la nulidad de la Resolución 266 de 2020, en el sub lite basta revisar las resoluciones
impugnadas para encontrar que, al aplicar causales de rechazo no contempladas
en la ley, contravinieron el Código de Minas.
Finalmente, se arguyó que la ANM no notificó la Resolución 377 de 2020 a todos
los involucrados, sino únicamente a Jorge Eliécer García Chiquito, por lo que existe
una irregularidad al respecto.
1.2. El 8 de marzo de 20232, el despacho admitió la demanda por encontrar reunidos
los requisitos de ley, decisión que fue notificada debidamente.
2 Índices 10 y 13 a 15 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
2. Contestación de la demanda
El 19 de mayo de 20233, la ANM contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que las resoluciones impugnadas se ajustaron a
derecho y se notificaron debidamente, en tanto la solicitud de ARE se rechazó
porque, de conformidad con el sistema de cuadrícula vigente, no había área libre
por declarar. Como consecuencia, formuló las excepciones de presunción de
legalidad de las resoluciones impugnadas y la genérica.
Al respecto precisó que, durante el trámite de la solicitud 20199050351242, el
legislador introdujo el sistema de cuadrícula, cuya aplicación procedía frente a las
peticiones en curso, por lo que, analizada bajo la óptica de tal figura, se encontró
que existía una superposición respecto de las propuestas ODP-10591 y QCA-12481
y el AEM “Bloque 63”, de manera que era dable rechazarla con base en la causal
del numeral 4 del artículo 10 de la Resolución 266 de 2020, consistente en la
ausencia de área libre para declarar, pues las otras peticiones eran más antiguas y,
por ende, excluibles entre sí, respetando así el derecho de prelación de que trata el
artículo 16 de la Ley 685 de 2001.
Ante ese panorama, argumentó que, como la solicitud minera se denegó porque no
había área disponible para declarar y delimitar, así como a las resoluciones
demandadas se les aplicó la normativa que estaba vigente para la fecha en que
fueron dictadas, no se desvirtuó la presunción de legalidad de aquellas, máxime si
se tiene en cuenta que la ANM era competente para dictar la decisión; que esta se
dictó conforme con el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 y la Resolución 266 de
2020; se motivó en que había una superposición; y se notificó como lo exige la ley.
Finalmente, adujo que no se contravino la Ley 685 de 2001 con la expedición de la
Resolución 266 del 10 de julio de 2020, en tanto esta fue producto de lo prescrito
en la primera norma mencionada.
3. Trámite de la sentencia anticipada
3.1. El 28 de junio de 20234 se prescindió de la audiencia inicial para dictar sentencia
anticipada y se fijó el litigio, se decretaron las pruebas y se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para el concepto respectivo.
3 Índices 16 y 17 de SAMAI.
4 Índice 22 de SAMAI.
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Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
3.2. La parte demandada se abstuvo de alegar de conclusión, mientras que los
demandantes reiteraron los argumentos formulados en su escrito inicial.
3.3. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto5, en el que
solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda, con sustento en que las
resoluciones impugnadas se ajustaron al ordenamiento y, en particular, denegaron
debidamente la solicitud minera 20199050351242, ya que no se acreditó el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 y las
Resoluciones 546 de 2017 y 266 de 2020, ni existía área libre por otorgar.
Resaltó que, desde la Ley 1753 de 2015 y, posteriormente, mediante la Ley 1955
de 2019, se instituyó un sistema de cuadrícula minera para las solicitudes nuevas y
en curso que se presentaran, cuya aplicación retrospectiva no afectó ningún interés,
debido a que la simple petición no habilita el derecho minero pedido, por lo que la
autoridad minera no tenía otra opción que considerarlo en la propuesta minera de
los demandantes, tal y como procedió, lo que arrojó una superposición frente a otras
peticiones más antiguas que impedía conceder lo pedido por aquellos.
También afirmó que la Resolución 266 de 2020 se limitó a desarrollar la Ley 685 de
2001, en el sentido de ejercer la potestad oficiosa de la autoridad minera para
conceder las ARE que se le soliciten.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, y dado que se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales
de competencia, procedencia, oportunidad y legitimación, la Sala procede a resolver
de fondo la demanda formulada en este caso6.
1. Alcance de la demanda
A partir de lo formulado por las partes, corresponde resolver si las Resoluciones 173
y 377 de 2020 de la ANM incurrieron en una infracción de las normas en que dichos
actos debían fundarse, por haber denegado la solicitud de ARE 20199050351242
con base en el sistema de cuadrícula y a partir de la causal de rechazo de
5 Índice 27 de SAMAI.
6 Al sub judice le aplican las disposiciones procesales vigentes para cuando se presentó la demanda
-7 de septiembre de 2021-, que corresponden al CPACA y al CGP, en virtud de la integración
normativa prevista en el artículo 306 del primer estatuto. El sub lite también se rige por la Ley 2080
de 2021, salvo las disposiciones que modificaron el régimen de competencias, debido a que entraron
en vigor un año después de su publicación, pero solo para las demandas que se radicaran a partir
de esa fecha y no para los procesos en curso.
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inexistencia de área libre por una superposición con peticiones anteriores, figuras
que no estaban previstas para la fecha en que se radicó la propuesta y que
supuestamente no tenían fundamento legal, por lo que pudieron contrariar el artículo
31 de la Ley 685 de 2001, que permitía que se concedieran ARE aunque frente a la
misma área hubiere peticiones de terceros.
Además, se debe estudiar si las resoluciones impugnadas fueron indebidamente
notificadas y si ello representa una irregularidad que derive en su nulidad.
De prosperar alguna de las causales de nulidad invocadas, se pasará a establecer
la procedencia de la pretensión formulada en el sentido de que se ordene la
continuación del trámite de la solicitud de ARE.
2. Marco normativo de la controversia
En virtud de los artículos 3327 y 3608 de la Constitución de 1991, el Estado es
propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, por lo que su
explotación causa a favor del Estado una contraprestación a título de regalía9. Para
tal efecto, la Ley 685 de 200110 incorporó normas concernientes a la exploración y
explotación de los recursos mineros, con el propósito de estimular y regular tal
práctica, así como también propender por un aprovechamiento racional de aquellos.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 685 de 200111, el contrato de concesión
minera determina el surgimiento del derecho a explorar y explotar las minas del
Estado, negocio jurídico que, para tal efecto, debe encontrarse debidamente inscrito
en el Registro Minero Nacional y que es producto del cumplimiento de los requisitos
de ley, entre ellos, que no se configure una superposición total12. De ahí que, en
7 “Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin
perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
8 “Artículo 360. [Modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011]. La explotación de un
recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título
de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará
las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. […]”.
9 En virtud de tal mandato, la jurisprudencia de esta Corporación ha afirmado que el contrato de
concesión minera no otorga un derecho real de propiedad del concesionario, sino que permite
explorar y explotar el área otorgada. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 3 de marzo de 2023. Radicado 250002336000-2013-01822-02 (56364). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
10 “Artículo 1. […]. El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración
técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas
actividades en orden a […] que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios
y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente […]”.
11 “Artículo 14. Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir,
declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato
de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional […]”.
12 Ley 685 de 2001. “Artículo 274. Rechazo de la propuesta. La propuesta será rechazada si […] se
superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores […]”.
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concordancia con el artículo 1613 de ese estatuto, la solicitud de concesión, por sí
sola, no confiere ningún derecho adquirido, sino únicamente la prelación o
preferencia respecto de peticiones posteriores.
Tratándose de áreas donde existan explotaciones tradicionales de minería informal,
el artículo 3114 de la Ley 685 de 2001 estableció la posibilidad de que la autoridad
minera delimite reservas especiales para otorgarlas en concesión, a través del
contrato respectivo, a las mismas comunidades que hayan ejercido dichas
actividades.
Se trata de una previsión especial en relación con el régimen ordinario de concesión
regulado en el mismo Código de Minas, no solo por su finalidad -el adelantamiento
de estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para
el país y su puesta en marcha- y tiempo limitado para la iniciación de la concesión -
máximo dos años-, sino también porque puede llegar a impedir las concesiones
concurrentes15 al imposibilitar la admisión de nuevas propuestas sobre todos o
algunos minerales. En todo caso, el régimen ordinario de la concesión sigue
aplicándose frente a las áreas objeto de las reservas especiales que no hubieren
quedado vinculadas a los programas y proyectos mineros comunitarios16.
Al margen del otorgamiento del contrato de concesión, no puede perderse de vista
que el alcance de la delimitación de que trata la referida disposición puede depender
de si la actuación se inicia de oficio o por solicitud de parte, puesto que, en relación
con la disponibilidad de la zona a delimitar, mientras en el primer caso la propia
autoridad minera asume la tarea de seleccionar áreas libres de explotación, en el
13 “Artículo 16. Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de concesión, mientras se
halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de
concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de
prelación o preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales”.
14 “Artículo 31. Reservas especiales. [Modificado por el artículo 147 del Decreto 19 de 2012]. La
Autoridad Minera o quien haga sus veces, por motivos de orden social o económico, determinados
en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde
existan explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales
temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será
adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país y su
puesta en marcha. En todo caso, estos estudios geológicos-mineros y Ia iniciación de los respectivos
proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a las mismas
comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de
terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos mineros vigentes”.
15 El artículo 63 de la Ley 685 de 2001 previó que “sobre el área objeto de una concesión en la que
se cuente con el Programa de Trabajos y Obras, podrán los terceros solicitar y obtener un nuevo
contrato sobre minerales distintos de los de aquella si el concesionario no ha ejercitado el derecho a
adicionar el objeto de su contrato […]”.
16 “Artículo 32. Las áreas libres. Las áreas objeto de las reservas especiales que no hubieren
quedado vinculadas a los programas y proyectos mineros comunitarios, quedarán libres para ser
otorgadas a los terceros proponentes, bajo el régimen ordinario de concesión regulado por este
Código”. [Subraya no original].
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segundo evento esta debe corroborar que la franja solicitada por una comunidad
minera no presente superposiciones con la de títulos mineros vigentes sobre todos
o algunos minerales.
Entretanto, con el propósito de establecer los parámetros técnicos para delimitar las
áreas objeto de los contratos mineros, la Ley 1753 del 9 de junio de 201517 -Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018- estableció que la autoridad minera nacional
adoptaría un sistema de cuadrícula única y continua, que podría ser implementado
incluso respecto de los títulos vigentes si el beneficiario así lo decidía, el que fue
desarrollado por la ANM mediante la Resolución 504 del 18 de septiembre de
2018, en la que se dispuso que estaría conformado por un conjunto continuo de
celdas18 y que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, las
solicitudes anteriores estarían conformadas por celdas compuestas y colindantes
por un lado de la cuadrícula minera.
Posteriormente se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 201919 -Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022, en la que se estipuló que la implementación del sistema
de cuadrícula se llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos que defina la
autoridad minera nacional, que todas las solicitudes y propuestas se evaluarán con
base en este y que no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma
celda, con excepción de las concesiones concurrentes. A su vez, se prescribió que
los títulos mineros otorgados con anterioridad a la vigencia de esa norma migrarán
a ese nuevo esquema, manteniendo las condiciones y coordenadas con las que
fueron otorgados.
17 “Artículo 21. Clasificación de la minería. […] Parágrafo. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadrícula para delimitar el
área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única y continua. Así mismo podrá
adaptar al sistema de cuadrículas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida […]”.
18 “Artículo 3. Cuadrícula minera. Se adopta como cuadrícula minera la conformada por un conjunto
continuo de celdas […]. Parágrafo. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, los
títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación de la cuadrícula minera, podrán
adaptarse a ésta en caso de que el beneficiario así lo decida […]”. // “Artículo 4. Trámites de
solicitudes. Las solicitudes y propuestas presentadas con anterioridad […] estarán conformados
espacialmente por celdas completas y colindantes por un lado de la cuadrícula minera”.
19 “Artículo 24. Sistema de cuadrícula en la titulación minera. La implementación del sistema de
cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los
lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. […] Todas las solicitudes y
propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad
minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma
celda, con excepción de las concesiones concurrentes. […] Los títulos mineros otorgados con
anterioridad a la entrada en operación del sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a
este sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual
se atenderá la metodología que para el efecto establezca la autoridad minera nacional”.
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Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
En virtud del mandato anterior, la ANM profirió la Resolución 505 del 2 de agosto
de 2019, en la que se adoptaron los lineamientos para la evaluación de los trámites
y solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para
la migración de los títulos mineros a ese esquema, por lo que se previó un período
de transición desde la vigencia de ese acto administrativo y hasta el 31 de octubre
de 2019, en el que se realizaría la transformación y evaluación de las propuestas
de contratos de concesión y solicitudes mineras en trámite20.
Así, la Resolución 505 de 2019 dispuso que la delimitación del área de las
propuestas de contrato de concesión y las peticiones mineras en trámite se
establecerá y evaluará con base en la cuadrícula minera prevista en la Resolución
504 de 201821; sin embargo, el Consejo de Estado22 anuló varios apartes de las
reglas de negocio 6.1.2. y 6.1.6. de esa decisión, porque: i) crearon un derecho
exclusivo en favor del beneficiario de títulos mineros sobre áreas no comprendidas
en su título, al prever el bloqueo de celda cuando es tocada parcialmente por uno o
más títulos vigentes, desconociendo el orden de prelaciones; y ii) por favorecer
injustificadamente a los titulares mineros al establecer que eran los únicos
habilitados para presentar solicitudes de concesión sobre las áreas libres de una
celda tocada total o parcialmente por un título minero23.
En ese contexto, la normativa que en el nivel reglamentario previó el bloqueo total
de una celda con un área parcialmente libre, así como la posibilidad de que los
titulares mineros adyacentes a aquellas eran los únicos que podían pedirlas en
concesión salió del ordenamiento jurídico, lo que implica que la proscripción de
superposición sobre una misma celda debe entenderse solo respecto del área que
se encuentre totalmente ocupada, en el evento en que una solicitud se solapa con
un título minero otorgado anteriormente.
20 “Artículo 1. Adoptar los lineamientos para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras a
partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para la migración de los títulos mineros al
sistema de cuadrícula […]”. // “Artículo 3. Transición. Dar inicio al período de transición desde la
entrada en vigencia del presente acto administrativo y hasta el 31 de octubre de 2019. Durante este
período, se realizará la transformación y evaluación de las propuestas de contratos de concesión y
solicitudes mineras que se encuentren en trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la
presente resolución”.
21 “Artículo 3. […]. Parágrafo primero. La delimitación del área de las propuestas de contrato de
concesión y solicitudes mineras en trámite se establecerá y evaluará con base en la cuadrícula
minera de que trata la Resolución 504 de 2018 o la que la modifique, aclare o sustituya”.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 30 de junio de 2022. Radicado
41001-23-31-000-2012-00263-01 (68320). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
23 La Sala precisa que la anulación de las reglas de negocio 6.1.2. y 6.1.6. de la Resolución 505 de
2019 no tiene incidencia en este asunto, debido a que los demandantes no reprocharon que la
superposición había sido determinada indebidamente, ni pusieron en discusión la metodología
técnica con la que se calculó que aquella existía, sino el hecho de que se aplicara el sistema de
cuadrícula y la causal de rechazo de falta de área libre a la solicitud de ARE.
10
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Ahora, mediante la Resolución 703 del 31 de octubre de 2019 de la ANM, la
transición de que trata la Resolución 505 de 2019 se prorrogó “hasta el
establecimiento y puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera -
SIGM-”, que fue previsto mediante el Decreto 2078 del 18 de noviembre de 2019,
que modificó el Decreto 1073 de 2015 -único reglamentario del sector administrativo
de minas y energía”.
Por otro lado, en cuanto al trámite de declaración y delimitación de ARE, la ANM lo
reguló en la Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017, a la vez que estableció
que dicho acto se aplicaría a las peticiones en curso24 y que, luego de realizarse la
verificación documental, se procedería con la visita de verificación de
tradicionalidad25, para posteriormente declarar el área solicitada, de cumplirse los
requisitos exigidos para tal fin. También se señaló que el procedimiento no duraría
más de 8 meses26.
Posteriormente, la ANM dictó la Resolución 266 del 10 de julio de 2020, en la que
se derogó la resolución precedente y se modificó el trámite administrativo para la
declaración y delimitación de ARE, disponiéndose que: i) se aplicaría a las
solicitudes en curso27; ii) una vez cumplidos los requisitos de la petición se
procedería con la visita técnica de verificación28; iii) se rechazaría si se determina,
a través del sistema de cuadrícula minera, que no queda área libre 29; y iv) no
tardaría más de 8 meses en ser resuelta30.
24 “Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a todas las solicitudes de
declaración y delimitación de áreas de reserva especial, que se encuentren en trámite […]”.
25 “Artículo 6. Visita de verificación de la tradicionalidad. Una vez efectuada la revisión documental
aportada en la solicitud, el Grupo de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la
Agencia Nacional de Minería, o quien haga sus veces, realizará la visita técnica de verificación […]”.
26 “Artículo 12. […]. El término para adelantar el trámite de declaración y delimitación de áreas de
reserva especial no podrá exceder de ocho (8) meses contados a partir de la radicación de la
correspondiente solicitud”.
27 “Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a todas las solicitudes de
declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial que se encuentren en trámite y a las que
se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de esta resolución; así como a las zonas
declaradas y delimitadas como Áreas de Reserva Especial a la entrada en vigencia de la presente
resolución”.
28 “Artículo 8. Visita técnica de verificación. Una vez se determine que la solicitud de declaración y
delimitación de área de reserva especial cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 5 de
la presente resolución, la Autoridad Minera adelantará visita de verificación […]”.
29 “Artículo 10. […] Las solicitudes de declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial serán
rechazadas mediante acto administrativo cuando se presente alguna de las siguientes causales: […]
4. Se determine en la evaluación que no queda área libre, de acuerdo con el Sistema de Cuadrícula
Minera, o que las explotaciones se ubican por fuera del área susceptible de continuar con el trámite,
o que en el área resultante no se pueda desarrollar técnicamente un proyecto minero […]”.
30 “Artículo 13. […]. El término para adelantar el trámite de declaración y delimitación de Áreas de
Reserva Especial no podrá exceder de ocho (8) meses contados a partir de la radicación de la
correspondiente solicitud en el Sistema Integral de Gestión Minera – AnnA Minería o aquel que lo
reemplace o sustituya.”.
11
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Para esta Sala, la aplicación retrospectiva del sistema de cuadrícula minera a las
solicitudes de esa naturaleza que se radicaron bajo la vigencia del anterior sistema
de celdas, no representa una vulneración de los derechos de los peticionarios, en
la medida en que para tal momento no existía un derecho adquirido, sino una mera
expectativa, además de que tal figura propende por acabar con la incertidumbre del
modelo anterior, que generaba una falta de certeza sobre las áreas que se
otorgaban para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables31.
De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que por medio de las Leyes 1753
de 2015 y 1955 de 2019, el legislador estableció el sistema de cuadrícula como un
mecanismo para delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera en
Colombia y dispuso su aplicación inmediata, incluyendo a las solicitudes que se
hubieran presentado con anterioridad a la creación de ese mecanismo.
3. Análisis de los cargos
3.1. Infracción de las normas superiores por la denegatoria de la solicitud de
ARE con base en el sistema de cuadrícula y por la falta de área libre
La parte demandante considera que las resoluciones impugnadas infringieron los
artículos 84 de la Constitución y 4 de la Ley 685 de 2001, por el hecho de haber
fundamentado la denegatoria de la solicitud de ARE 20199050351242 en la causal
de rechazo de ausencia de área libre prevista en la Resolución 266 de 2020 y con
base en el sistema de cuadrícula, en tanto estimó que tal figura carecía de soporte
legal, pues el legislador no dispuso esa circunstancia como evento para desestimar
las peticiones mineras y, además, esa determinación se tomó con base en normas
que entraron a regir de manera posterior a la presentación de la propuesta.
Por otro lado, se advirtió que, según lo previsto en el artículo 31 de la Ley 685 de
2001, el trámite de la solicitud de ARE podía llevarse a cabo, aunque existieran
peticiones anteriores de terceros, por lo que no era dable rechazar la radicada por
los actores por una superposición con propuestas previas a la de aquellos y, al
haberse procedido de ese modo, se transgredió esa norma y el artículo 228
constitucional.
La ANM se opuso a lo anterior por considerar que era procedente aplicar el sistema
de cuadrícula a la solicitud 20199050351242, en tanto el legislador dispuso su
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023. Radicado
11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516).
12
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
implementación retrospectiva a las propuestas que ya se hubieran presentado y
proscribió la posibilidad de que pudieran concederse derechos mineros sobre áreas
objeto de peticiones o contratos anteriores, en otras palabras, superpuestas.
En ese sentido, argumentó que, como la zona solicitada por los demandantes se
superpuso con otras pedidas previamente, era dable rechazar lo pretendido por
aquellos a partir de la causal de inexistencia de área libre para declarar, prevista en
el numeral 4 del artículo 10 de la Resolución 266 de 2020 con fundamento en el
sistema de cuadrícula, así como con base en los derechos de prelación de que trata
el artículo 16 de la Ley 685 de 2001, a partir de los cuales la autoridad minera debe
priorizar a aquellos que radican una petición minera anteriormente.
A partir del material probatorio obrante en el expediente, se observa que, el 12 de
marzo de 2013, la ANM recibió una solicitud de declaración y delimitación de ARE
para la explotación de mármol y dolomita, ubicada en el municipio de Miranda,
departamento del Cauca, frente a la cual, el 15 de abril de 2019, se evidenció que
se superponía con otras zonas objeto de propuestas y/ o de protección
anteriormente presentadas32.
A la par con lo anterior, el 14 de mayo de 2019 la ANM encontró que los solicitantes
no aportaron toda la información exigida para acreditar su condición de mineros
tradicionales, por lo que los requirió para que enmendaran tal aspecto, lo que fue
atendido por aquellos, de modo que, el 6 de noviembre de 2019, la aquí demandada
elaboró el informe de evaluación documental, recomendando la realización de la
visita de verificación33.
En el curso del procedimiento anterior, la ANM expidió, de manera general, la
Resolución 266 del 10 de julio de 2020, en la que modificó el trámite de las ARE
para adecuarlo al nuevo sistema de cuadrícula establecido en las Leyes 1753 de
2015 y 1955 de 2019, e introdujo la causal de rechazo de inexistencia de área
disponible, la cual entró a regir de manera inmediata para los procedimientos en
curso y los nuevos que se presentaran34.
Atendiendo al cambio expuesto, con base en el certificado de área libre ANM-CAL-
018420 del 29 de junio de 2020, el 31 de julio de 2020 la ANM elaboró el informe
32 Como obra en los antecedentes de la Resolución 173 de 2020, de páginas 1 a 2 del archivo 5 del
índice 2 de SAMAI.
33 Página 2 del archivo 5 del índice 2 de SAMAI.
34 Como obra en la copia de la Resolución 266 de 2020, de páginas 35 a 43 del archivo 5 del índice
2 de SAMAI.
13
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
técnico de evaluación de área 244, en el que concluyó que hubo una superposición
entre el área pedida y: i) la solicitud de legalización minera ODP-10591 del 25 de
abril de 2013 en un 8,53%; ii) con la propuesta de contrato de concesión QCA-
12481 del 10 de marzo de 2015 en un 57,31%; y iii) con las áreas estratégicas
mineras “Bloque 63” en un 29,60%, por lo que, a partir del sistema de cuadrícula,
no había zona libre por otorgar35.
Con base en la superposición enunciada y a partir del sistema de cuadrícula y de la
causal de rechazo de falta de área libre, mediante las resoluciones impugnadas36
se rechazó la solicitud de ARE 20199050351242.
Como se observa, la solicitud de ARE 20199050351242 se radicó el 12 de marzo
de 2019, fecha en la cual, si bien no había entrado a operar el sistema de cuadrícula
previsto en la las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, pues la Resolución 505 de
2019 previó un período de transición, que fue extendido mediante la Resolución 703
del 31 de octubre del mismo año, de todos modos resultó aplicable de manera
posterior, debido a que tal normativa estableció que sería procedente incluso frente
a las propuestas en curso.
Tal y como se detalló en el esbozo normativo, desde la Ley 1753 de 2015 y a partir
de la Ley 1955 de 2019 se dispuso en el nivel legal el sistema de cuadrícula, así
como su aplicación a todas las propuestas en curso y la proscripción de la
superposición de ofertas mineras sobre una misma celda, salvo las concesiones
concurrentes, lo que fue reglamentado mediante las Resoluciones 504 de 2018 y
505 de 2019, e introducido en el procedimiento de las ARE por medio de la
Resolución 266 de 2020. De tales mandatos se extrae que, por un lado, el legislador
quiso que esa nueva figura se aplicara retrospectivamente a procedimientos
iniciados con anterioridad37, a la vez que, bajo esos nuevos parámetros, consideró
improcedente que una zona pedida se traslapara con otra anterior.
Ante ese panorama, la Sala advierte que la causal de rechazo contenida en la
Resolución 266 de 2020 de falta de área libre no puede leerse de manera aislada,
como lo propone la parte actora, sino que debe interpretarse en sistemáticamente
con el conjunto de normas anteriores, lo que evidencia que la proscripción de
35 Páginas 3 y 4 del archivo 5 del índice 2 de SAMAI.
36 Como obra en las copias de las Resoluciones impugnadas y el recurso de reposición presentado
frente a la primera de ellas, de páginas 1 a 20 y 21 a 23 del archivo 5 del índice 2 de SAMAI y 12 a
20 y 21 a 29 del archivo 6 del índice 2 de SAMAI.
37 Sobre la retrospectividad de la ley véase: Corte Constitucional. Sentencia T-110 del 22 de febrero
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
superposiciones frente a todas las solicitudes y/o concesiones mineras anteriores
fue un mandato del legislador, y la autoridad minera se limitó a desarrollarlo
mediante la primera decisión mencionada para las ARE, sin que ello contraríe los
artículos 84 de la Constitución y 4 de la Ley 685 de 2001, pues, precisamente, es el
Congreso de la República el órgano competente para regular la materia.
Ahora, el hecho de que el sistema de cuadrícula se hubiera previsto frente a
solicitudes en curso no tiene la vocación de afectar ningún interés o derecho de los
solicitantes, ya que la simple propuesta minera solo concede el derecho de prelación
respecto de aquellas que se radiquen de manera posterior, pero su simple
radicación no otorga por sí misma la posibilidad de explorar y explotar las minas del
Estado, pues ello solo surge una vez se cumplen los requisitos para la firma del
contrato de concesión y este se suscribe y registra.
Esta Subsección38, en el contexto del procedimiento para la celebración y
perfeccionamiento del contrato de concesión minera bajo el régimen ordinario, que
corresponde a una actuación administrativa iniciada por solicitud de parte 39 en
ejercicio de un interés particular, ha sido categórica en advertir que la misma no
determina el derecho al otorgamiento del título minero, pues con su simple
presentación el peticionario solo cuenta con una mera expectativa y con el derecho
de prelación respecto de propuestas posteriores.
Siguiendo esta directriz, tratándose de las solicitudes reguladas por el artículo 31
de la Ley 685 de 2001, la decisión de otorgar en concesión una zona de reserva
especial a las comunidades que hayan ejercido en ella explotaciones mineras
tradicionales no puede escapar al razonamiento jurisprudencial, motivo por el cual,
mientras el respectivo contrato no se perfeccione, los solicitantes solo cuentan con
una mera expectativa frente al cumplimiento de los presupuestos legales exigidos
para la consolidación del derecho, lo que de ninguna manera impedía que en este
caso la ANM aplicara el sistema de cuadrícula introducido e implementado con
posterioridad a la presentación de la petición 20199050351242.
Este planteamiento se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 14,
16 y 31 de la Ley 685 de 2001, en relación con los cuales, de los dos primeros se
deriva que, mientras no se otorgue o perfeccione con el primer interesado solicitante
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de noviembre de 2021.
Radicado 11001-03-26-000-2015-00014-00 (53038). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
39 Según ya se avizoró, en el caso del artículo 31 de la Ley 685 de 2001, el procedimiento para la
celebración y perfeccionamiento de concesión con una comunidad minera corresponde a una
actuación administrativa que puede iniciarse por solicitud de parte o de oficio por la autoridad minera.
15
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
un contrato de concesión o permiso especial para explorar y explotar minas de
propiedad estatal -según el caso-40, únicamente existe en cabeza suya un derecho
de preferencia respecto de los peticionarios posteriores.
Conjuntamente, la última disposición, concerniente a la solicitud de delimitación de
un ARE, se enmarca también en la misma premisa, con la particularidad de que,
además, el otorgamiento de la respectiva concesión involucra exclusivamente a las
comunidades mineras que hubieran ejercido las explotaciones tradicionales en el
área correspondiente y la suscripción del subsiguiente contrato puede inclusive
llegar a impedir las propuestas que se presenten sobre los minerales que no sean
objeto de la concesión.
En ese punto, la Sala advierte que, al igual que sucede con la Resolución 266 de
2020, la lectura aislada que la parte actora hace del artículo 31 de la Ley 685 de
2001, al señalar que esa norma permite la superposición frente a solicitudes de
terceros, no tiene cabida si se interpreta a la par de otras disposiciones como el
artículo 16 de ese estatuto, pues, como ya se argumentó, la normativa minera no
concede derechos por la simple presentación de la propuesta, ni permite que dos
áreas pedidas en concesión o concesionadas coincidan sobre una misma celda,
con la precisión de que, de haber una superposición entre un título vigente y una
solicitud posterior, no procede su bloqueo frente al área parcialmente libre, ni su
petición en concesión exclusivamente por el titular minero adyacente.
En efecto, cuando el artículo 31 ejusdem se refiere a que la autoridad minera o quien
haga sus veces “delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán
nuevas propuestas” y “la concesión solo se otorgará a las mismas comunidades que
hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de
terceros”, parte del supuesto de que las ARE impiden que se concedan otras
solicitudes frente a la zona pedida, pero precisamente siempre que esas primeras
hayan sido declaradas y delimitadas y el contrato de concesión se haya suscrito,
momento a partir del cual surge el derecho del minero tradicional a explorar y
explotar la mina respectiva.
Una interpretación dirigida a sostener que, al hablarse de “solicitud de terceros”, se
busca excluirlos desde la misma presentación de la propuesta de ARE, llevaría a
40 Si bien el artículo 14 del Código de Minas dispuso que solo el contrato de concesión otorga
derechos a explorar y explotar recursos mineros, no puede perderse de vista que, además de esa
figura, el legislador también previó otras -como la extracción ocasional y el barequeo- en las que
estos se conceden, sin necesidad de la suscripción de un negocio jurídico.
16
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
concluir que para que aquella proceda basta con presentarla y no con satisfacer los
demás requisitos de ley, aspecto que, una vez más, no tiene cabida, pues la
normativa sobre la materia en el nivel legal ha propendido porque el derecho minero,
en el caso de las ARE, surge solo hasta que la zona pedida se declara y delimita y
el contrato se suscribe.
Por el contrario, cuando la norma se refiere a que la concesión solo se otorgará a
las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras
tradicionales, aunque hubiere solicitudes de terceros, lo que quiere decir es que, si
al momento de atribuirse acuden personas que no acreditaron ser mineros
tradicionales de la zona declarada y delimitada a solicitar ser incluidos en ella, estos
serán excluidos, pues, precisamente, la declaración y delimitación de la ARE es
exclusiva para la población que allí desempeñaba la actividad minera tradicional.
Esa última interpretación se acompasa con el artículo 16 de la Ley 685 de 2001
precitado, el que, como se explicó anteriormente, dispuso que toda solicitud minera,
mientras se encuentre en trámite, no confiere el derecho a suscribir el contrato de
concesión, lo que se funda en el principio de primero en el tiempo, primero en el
derecho41, y cimenta las distintas modalidades en que se puede acceder a la
exploración y explotación de recursos no renovables del Estado, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador.
En un asunto en el cual se demandó un contrato de concesión minera por ubicarse
en un ARE que fue ampliada de manera posterior a su suscripción,
sobreponiéndose con ese primer título, esta Corporación indicó que, si bien existió
una superposición, ello no daba lugar a anular el negocio jurídico impugnado, habida
cuenta de que para cuando se celebró, aún no existía el ARE que posteriormente
se traslapó con la zona inicialmente otorgada, lo que obligaba a garantizar el
derecho adquirido que no podía ser desconocido42. Ello respalda la interpretación
del artículo 31 ibidem acogida en la presente decisión, en tanto no implica que por
el hecho de que las ARE se otorguen pese a las solicitudes de terceros, se valide
que pueda haber superposiciones con áreas solicitadas u otorgadas anteriormente.
41 En virtud del cual se garantiza el denominado “derecho de turno”, que propende por la efectividad
de las peticiones que se presentan de manera previa, en armonía con la igualdad. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 22 de abril de 2015. Radicado 05001-23-31-
000-2006-03648-01(48202). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 6 de julio de 2017. Radicado
25000-23-26-000-2008-00553-01(38338). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
17
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
En ese orden de ideas, por un lado, el sistema de cuadrícula y la causal de rechazo
por falta de área libre eran aplicables, retrospectivamente, a las solicitudes de ARE,
aunque se hubieran radicado antes de esa figura y; por otra parte, el hecho de que
el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 hubiera indicado que la concesión se otorgaría
pese a que hubiere propuestas de terceros, no implicaba que la norma permitiera
una superposición frente a una misma área, sino que, si personas que no
acreditaron ser mineros tradicionales solicitaron ser incluidas en la declaración y
delimitación de esa zona y en la suscripción del contrato de concesión, no podrían
ser aceptados, por no haber demostrado tal calidad.
Precisamente, en el caso de la solicitud de ARE 20199050351242, el trámite no
había culminado con el perfeccionamiento de un contrato de concesión, al margen
de que existiera un visto bueno preliminar de la ANM frente a la documentación
aportada, lo cual, bajo la legislación minera, de ninguna forma otorgaba a los
solicitantes derecho alguno, excepto la prelación frente a propuestas futuras, por lo
que era válido aplicarle el sistema de cuadrícula y la causal de rechazo de falta de
área libre.
De la mano con lo anterior, se evidenció que la petición de ARE de los aquí
demandantes se superpuso con otras anteriores, lo que, en armonía tanto con el
sistema de cuadrícula que proscribió tal escenario, como con base en el artículo 16
de la Ley 685 de 2001 que estableció la prelación de las solicitudes que primero se
presenten, solo podía llevar a su rechazo, debido a que, como ya se explicó, el
derecho a explorar y explotar minas del Estado no surge con la simple presentación
de la propuesta minera y, en el caso de estudio, no existía una zona libre que
pudiera ser otorgada, aunque los solicitantes hubieran demostrado ser mineros
tradicionales.
Se precisa que no existía un tercero interesado que hubiera manifestado su
intención de que se le concediera la ARE, pues, en realidad, había peticiones
mineras previas de otra naturaleza cuyas áreas estaban respaldadas por el derecho
de prelación de que trata el artículo 16 de la Ley 685 de 2001, en tanto fueron
allegadas antes que la de los solicitantes, y frente a aquellas se encontró una
superposición, que llevó a concluir que no había área libre, fundamentándose
debidamente el rechazo de la decisión.
Así, dada la inexistencia de una situación jurídica generadora de derechos para los
miembros de la solicitud de ARE 0199050351242, la aplicación retrospectiva del
18
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
sistema de cuadrícula para la verificación del requisito consistente en que dicha
solicitud verse sobre un área libre no desconoce ningún derecho, aun cuando sí
pueda legítimamente relegar las meras expectativas fundadas en la simple
posibilidad de alcanzar un derecho, dado que estas carecen de relevancia jurídica43.
Nada impedía entonces que el legislador –a través del artículo 21 de la Ley 1753 de
2015 y el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019– y la autoridad minera nacional
establecieran e implementaran un nuevo sistema -de cuadrícula- para la
determinación del área minera a todos los trámites en curso, en el que proscribieran
la superposición sobre una misma celda, para que posteriormente la Resolución 266
de 2020 estableciera tal supuesto como una causal de rechazo en las solicitudes de
ARE, máxime si la Ley 153 de 1887 dispuso que, en ausencia de situaciones
consolidadas, las expectativas pueden ser reguladas, modificadas e incluso
cercenadas por el ordenamiento44.
Lo anterior tampoco tuvo la vocación de contrariar el artículo 31 de la Ley 685 de
2001, en tanto esa norma no permitió la superposición de las solicitudes de ARE
respecto de las anteriores que se presentaran sobre la misma área, sino que
dispuso que, una vez se fuera a declarar y delimitar la zona pedida y a suscribir el
contrato de concesión, no era dable que terceros solicitaran su inclusión.
De acuerdo con lo expuesto, partiendo de la premisa de que el sistema de
cuadrícula y la proscripción de una superposición sobre una misma celda, que
fundaron la causal de rechazo de falta de área libre de la Resolución 266 de 2020,
eran aplicables a la solicitud 20199050351242, sin que ello contrariara el artículo 31
de la Ley 685 de 2001, la ANM encontró que tal petición se sobrepuso con otras
más antiguas, lo que impedía acceder a la delimitación y otorgamiento en concesión
de un ARE, ante la falta de zona libre para continuar con el trámite.
De modo que, atendiendo el alcance de los cargos aquí planteados, la finalización
del trámite a través de las resoluciones demandadas, que aplicaron normas
posteriores a la presentación de la solicitud que presentaron los actores, se ajustó
a las normas superiores y no desconoció los artículos 84 y 228 de la Constitución y
4 y 31 de la Ley 685 de 2001, ya que la entidad demandada se limitó a aplicar la
43 Corte Constitucional. Sentencias T-164 del 27 de abril de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero,
C-168 del 20 de abril de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-596 del 20 de noviembre de 1997. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
44 El artículo 17 de la Ley 153 de 1887 dispuso que “las meras expectativas no constituyen derecho
contra la ley nueva que las anule o cercene”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
normativa vigente para el momento en que resolvió aquella. Como consecuencia,
se desestima el cargo materia de estudio.
3.2. Infracción de las normas superiores por una indebida notificación de las
resoluciones impugnadas
La parte demandante afirmó que la ANM no notificó la Resolución 377 de 2020 a
todos los involucrados, sino únicamente a Jorge Eliécer García Chiquito, por lo que
existe una irregularidad que vició los actos impugnados. La ANM se opuso a lo
anterior, por considerar que las notificaciones se efectuaron debidamente, de modo
que no existía ninguna irregularidad al respecto.
De la revisión del material probatorio se encuentra que la Resolución 377 de 2020
fue notificada electrónicamente el 24 de marzo de 2021 a los correos
lmingminas.fb@gmail.com y joelga10346@hotmail.com, el segundo de ellos
perteneciente al señor Jorge Eliécer García Chiquito45; empero, no obra que los
señores Alejandro Forero Martínez y Nilson Cardona Santacruz también hubieran
sido notificados.
La Subsección precisa que la indebida notificación del acto administrativo ha sido
considerada una irregularidad que puede afectar los derechos de los sujetos objeto
de las actuaciones administrativas y cuya consecuencia es que esa decisión, en tal
escenario, no es exigible, ni puede producir los efectos que le son inherentes o, en
otras palabras, no es oponible a quien no se le dio a conocer46, sin que, en todo
caso, ello derive en la nulidad de la actuación, pues no es un vicio que incida en su
validez, sino en su eficacia. Lo anterior exige la demostración del desconocimiento
de la decisión, so pena de la configuración de fenómenos como la notificación por
conducta concluyente, que surte plenos efectos como si se tratara de la personal o
por estado.
La notificación por conducta concluyente es un medio válido de conocimiento de
una decisión por su destinatario en la que, aunque la entidad que dicta la actuación
no la haya notificado mediante los medios convencionales, el alcance de su
contenido es percibido por el interesado de manera integral, lo que puede
identificarse, verbi gracia, porque actúa de manera posterior bajo el entendido de
45 Como obra en los documentos de páginas 25 a 26 del archivo 5 del índice 2 de SAMAI y en las
constancias de notificación de páginas 1, 40 a 41 y 51 a 54 del archivo 6 del índice 2 de SAMAI.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2023. Radicado
76001-23-31-000-2008-00838-01 (54.379). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
que comprende el alcance de lo dispuesto, por lo que se entiende notificado para
todos los efectos47.
En ese contexto, el artículo 26948 de la Ley 685 de 2001 estableció la forma en que
se realizarían las notificaciones en los procedimientos administrativos mineros y
previó la notificación por estado como regla general; y la personal o, el
emplazamiento, de desconocerse la ubicación del destinatario, cuando se rechace
una propuesta, se resuelvan oposiciones y se disponga sobre la comparecencia de
terceros.
Pese a que la notificación por conducta concluyente no fue dispuesta en la Ley 685
de 2001, sí se dispuso en el CPACA, cuya aplicación en sede administrativa entra
a suplir los vacíos de los estatutos especiales, como lo es el Código de Minas, el
que prescribió en su artículo 7249 que, sin el lleno de los requisitos de ese estatuto
no se tendrá por hecha la notificación, salvo si el interesado revela que conoce el
acto, consiente la decisión o interpone los recursos legales, aspecto que tiene como
consecuencia práctica reconocerle efectos al hecho de que el destinatario conozca
la declaración por otros medios distintos a los convencionales destinados para tal
fin.
Ante ese panorama, pese a que no está demostrado que los señores Alejandro
Forero Martínez y Nilson Cardona Santacruz hubieran sido notificados de la
Resolución 377 de 2020, lo cierto es que aquellos, junto con el señor Jorge Eliécer
García Chiquito, presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio
Público respecto de las resoluciones impugnadas, en el que manifestaron en detalle
por qué consideraban que su contenido infringía las normas superiores, por lo que
se vislumbra que para ese momento conocían su contenido, pues de lo contrario no
47 Sobre la validez de la notificación por conducta concluyente, véase: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A. Sentencias: i) del 19 de febrero de 2021. Radicado 41001-23-33-
000-2013-00134-02(64401) y ii) del 4 de junio de 2021. Radicado 08001-23-33-000-2014-00621-
01(63851). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 30 de junio de 2022.
Radicado 41001-23-31-000-2012-00263-01 (68320). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
48 “Artículo 269. Notificaciones. La notificación de las providencias se hará por estado que se fijará
por un (1) día en las dependencias de la autoridad minera. Habrá notificación personal de las que
rechacen la propuesta o resuelvan las oposiciones y de las que dispongan la comparecencia o
intervención de terceros. Si no fuere posible la notificación personal, se enviará un mensaje a la
residencia o negocio del compareciente si fueren conocidos y si pasados tres (3) días después de
su entrega, no concurriere a notificarse, se hará su emplazamiento por edicto que se fijará en lugar
público por cinco (5) días. En la notificación personal o por edicto, se informará al notificado de los
recursos a que tiene derecho por la vía gubernativa y del término para interponerlos”.
49 “Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin
el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales
la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o
interponga los recursos legales”.
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Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
habría sido posible que elevaran un juicio de legalidad frente a tales actos de la
Administración50.
Así las cosas, aunque no haya constancia de la notificación por la ANM a los sujetos
indicados, sí conocían las Resoluciones demandadas, al punto de que impugnaron
su contenido ante esta Corporación, lo que permite a la Sala descartar la existencia
de una falta de notificación y, por ende, de una irregularidad que impidiera oponerles
las Resoluciones 173 y 377 de 2020 a los destinatarios aquí demandantes, para lo
cual, se reitera, que ello en ningún caso habría derivado en la anulación de las
actuaciones impugnadas, en la medida en que tal circunstancia no tiene la vocación
de afectar la validez de los actos administrativos.
En suma, cualquier irregularidad respecto de la notificación de las resoluciones
impugnadas se saneó en vista de la notificación por conducta concluyente antes
analizada, pues todos los actores conocieron la decisión debidamente y ejercieron
el derecho de acción sin inconveniente, además de lo cual ello no habría llevado a
que se anularan los actos administrativos demandados, de modo que el segundo
cargo se desestima.
4. Conclusión
En el asunto de estudio se demandaron las resoluciones que rechazaron la solicitud
de ARE 20199050351242 por una superposición respecto de peticiones anteriores,
debido a que, en esencia, se consideró que se incurrió en una infracción de las
normas superiores por la aplicación retrospectiva del sistema de cuadrícula y de la
causal de rechazo de falta de área libre de la Resolución 266 de 2020, así como se
desconoció el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 que permitía que la ARE se
declarara y delimitara, aunque existieran propuestas de terceros.
La Sala encontró que no se incurrió en una infracción de las disposiciones
invocadas, ya que la aplicación retrospectiva de las normas del sistema de
cuadrícula a las solicitudes en curso fue un mandato del legislador que no afecta
ningún derecho, en tanto en esa etapa solo se cuenta con una mera expectativa y;
además, la aplicación de la causal de rechazo de falta de área libre no era contraria
al artículo 31 de la Ley 685 de 2001, dado que ese segundo mandato, al referirse a
que se concedería el ARE aunque hubiera propuestas de terceros, no buscaba
permitir superposiciones, sino impedir que, cuando se otorgara el contrato, terceros
50 Como obra en la constancia del agotamiento de la conciliación, de páginas 47 a 64 del archivo 5
del índice 2 de SAMAI.
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que no participaron en el procedimiento minero pudieran ser incorporados en el
otorgamiento de derechos producto de la suscripción de la concesión minera.
Por otro lado, tampoco se encontró configurada una indebida o falta de notificación,
ya que, si bien solo se demostró el agotamiento de ese procedimiento por la ANM
respecto de Jorge Eliécer García Chiquito, en cuanto a Alejandro Forero Martínez y
Nilson Cardona operó la notificación por conducta concluyente, como se evidencia
en la solicitud de conciliación extrajudicial, pues conocían el contenido y el sentido
de las resoluciones impugnadas para ese momento, aspecto frente al cual se
precisó que, de todos modos, ello no habría llevado a anular los actos impugnados,
por tratarse de un eventual defecto con incidencia en su eficacia y no en su validez.
Finalmente, como no se demostró la ilegalidad de las resoluciones demandadas, la
Sala no puede pronunciarse sobre las pretensiones referidas al restablecimiento del
derecho, ya que solo procedía estudiarlas en caso de desvirtuarse la presunción de
legalidad de aquellas.
5. Costas
El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. El artículo 365 ejusdem, en el numeral 1, dispone que se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación. Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará
en costas a la parte demandante, vencida en el sub lite.
Las agencias en derecho en única instancia se fijarán con observancia de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del
artículo 366 del CGP51. Para esos efectos deberá atenderse a la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda excederse el máximo de dichas tarifas.
En el sub lite, la demandada adelantó gestiones de manera activa, pues acudió al
proceso con apoderado y contestó la demanda, motivo por el cual la Sala procederá
51 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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a fijar las agencias en derecho atendiendo a los parámetros que para el efecto
establece el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201652, el cual dispuso
que en las sentencias dictadas en procesos declarativos en única instancia se fijarán
entre 1 a 8 S.M.L.M.V. cuando los asuntos carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, como sucede en el caso concreto.
Con base en lo anterior, la Subsección procede a fijar un (1) SMLMV a la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por concepto de agencias en derecho, teniendo en
cuenta que el proceso culminará de manera anticipada, las que serán pagadas por
los miembros que conformaron el extremo activo de la litis en partes iguales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, con fundamento en la parte
motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al extremo activo de la litis, en favor de la
Agencia Nacional de Minería, para lo cual se fijan agencias en derecho por la suma
equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
TERCERO: por Secretaría de la Sección Tercera, LIQUIDAR las costas del proceso
y proceder a la devolución del remanente de lo consignado por concepto de gastos
del proceso, si lo hubiere.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
52 Aplicable para el 7 de septiembre de 2021, cuando se radicó la demanda. “Artículo 2. Criterios.
Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de
las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan
valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos
límites.
“Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. En
única instancia. […]. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias,
entre 1 y 8 S.M.L.M.V.”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
Actor: Alejandro Forero Martínez y otros
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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