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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00086-00

Fecha
14 de julio de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00086-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas causadas a favor de la entidad demandada. Liquidar por Secretaría según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP e incluir, por concepto de agencias en derecho, la suma de un (1) S.M.M.L.V. a favor de la Agencia Nacional de Minería.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00086-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

14 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho — CPACA

TEMAS: TÍTULO MINERO – Requisitos de perfeccionamiento – Función constitutiva de la
inscripción en el Registro Minero Nacional. Sin inscripción en este registro el contrato de
concesión no produce efectos jurídicos ni consolida derechos adquiridos. RÉGIMEN JURÍDICO
MINERO – Aplicación preferente del Código de Minas – La ANM actuó dentro de su competencia
al archivar la propuesta por inexistencia de área libre. SISTEMA DE CUADRÍCULA MINERA –
Aplicación retrospectiva a solicitudes no perfeccionadas – Compatibilidad con el principio de
legalidad y seguridad jurídica. Las propuestas no inscritas generan solo una expectativa jurídica,
por lo que su evaluación bajo el nuevo sistema no vulnera derechos adquiridos. FACULTADES
DE LA AUTORIDAD MINERA – Exclusión oficiosa de áreas superpuestas – Medida válida en
etapa precontractual. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MINERO – Los informes técnicos
no requieren traslado previo al interesado, al no tener carácter pericial ni estar prevista tal
exigencia legalmente. DERECHO DE CONTRADICCIÓN – Alcance limitado en actuaciones
administrativas técnicas – Inaplicabilidad de reglas del proceso judicial laboral. El procedimiento
minero no es adversarial, por lo que no exige contradicción previa de informes técnicos internos.
DEBIDO PROCESO – Sujeción al principio de legalidad – Inexistencia de obligación de crear
etapas no previstas en la ley. No puede imponerse a la ANM el deber de habilitar instancias
procedimentales no previstas en el régimen especial minero. DEBIDO PROCESO Y DERECHO
AL TRABAJO – Inexistencia de vulneración – Falta de perfeccionamiento del título impide
invocar derechos adquiridos. IGUALDAD Y FALLA DEL SERVICIO – Diferenciación objetiva y
ausencia de omisión administrativa. No se acreditó trato desigual ni falla del servicio, pues las
propuestas comparadas cumplían condiciones jurídicas distintas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por Jhon Jairo Pinilla Pineda contra la Agencia Nacional de Minería —
en adelante, ANM—, con el propósito de que se declare la nulidad de los actos
administrativos proferidos durante el trámite de una propuesta de contrato de
concesión minera presentada por la parte actora, y se disponga el respectivo
restablecimiento del derecho.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 3 de diciembre de 2004, el actor radicó ante el departamento de Caldas, en su
calidad de autoridad minera delegada, la propuesta núm. 693-17 para la celebración
de un contrato de concesión minera sobre un área ubicada en el municipio de
Marmato, Caldas, con el propósito de explotar un yacimiento de minerales de oro y
sus concentrados. El 30 de octubre de 2009, una vez culminada la evaluación
técnica y aceptada el área por el proponente, las partes suscribieron el contrato de

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

concesión, el cual fue remitido a INGEOMINAS para su inscripción en el Registro
Minero Nacional, entidad que se abstuvo de registrarlo por falta de información
electrónica. Tiempo después, el departamento de Caldas reiteró la solicitud de
inscripción; sin embargo, el 7 de abril de 2014, la ANM concluyó que no existía área
disponible, razón por la cual devolvió el contrato sin efectuar el registro.

Con la entrada en vigor de las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, así como de
las Resoluciones núm. 504 de 2018 y 505 de 2019 expedidas por la ANM —
mediante las cuales se adoptó el sistema de cuadrícula minera para la delimitación
técnica de áreas libres—, se reanudó el trámite administrativo correspondiente. En
aplicación de este nuevo marco normativo, la autoridad minera profirió la Resolución
núm. 001845 del 25 de octubre de 2019, a través de la cual rechazó y archivó la
propuesta de contrato, al constatar que el área solicitada se encontraba superpuesta
con títulos previamente otorgados. Esta decisión fue confirmada mediante la
Resolución núm. 000176 del 3 de marzo de 2020, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por el interesado.

El actor promovió demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la anulación de los actos
administrativos por considerar que vulneran normas superiores, desconocen
derechos adquiridos con la celebración del contrato núm. 693-17 —suscrito antes
de la implementación del sistema de cuadrícula minera— y omiten garantías
procedimentales esenciales. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que
se reconozca la existencia del contrato de concesión suscrito, se ordene su
inscripción en el Registro Minero Nacional y se indemnicen los perjuicios materiales
causados.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 13 de enero de 2021, Jhon Jairo Pinilla Pineda, por conducto de apoderado
judicial1, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, en la que
formuló las siguientes pretensiones, transcritas literalmente, incluso con
eventuales errores:

“(…) 2.1. Declarar nula las Resoluciones Número resoluciones número 001845
de fecha 25 de Octubre de 2019 y 000176 de fecha 6 de marzo de 2020
expedida por la GERENCIA DE CONTRATACION Y TITULACION MINERA
DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, toda vez que en dichos actos se
niega y archiva la propuesta de contrato de concesión 693-17.

2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de
restablecimiento del derecho, la Agencia Nacional de Minería reconozca la
existencia del contrato de concesión 693-17 suscrito y se ordene la inscripción
en el registro minero nacional.

2.3. El Reconocimiento de los perjuicios causados dentro del trámite de la
propuesta de contrato de concesión minera 693-17 desde su radicación 3 de

1 Archivo electrónico identificado con certificado 0B3C141EDD74BD49 45F90BC596E624A7
6CF5FCA2E16EE7A6 E618B53883F00CC1, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.

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Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

diciembre de 2004 a la fecha por daño emergente en una cuantía de
$112.774.048,oo pesos moneda legal, correspondientes al costo del formulario
para radicar propuesta de contrato de concesión, los costos ocasionados por
honorarios técnicos y jurídicos causados durante la vigencia de la propuesta, y
el valor del canon anticipado efectuado.
2.4. Que se reconozcan condene costas procesales y agencias en derecho a
favor de la parte peticionaria (…)”

1.2. Como antecedentes fácticos la parte actora refirió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. El 3 de diciembre de 2004, el demandante radicó ante la autoridad minera
delegada del departamento de Caldas la propuesta núm. 693-17, para la
celebración de un contrato de concesión minera sobre un área ubicada en el
municipio de Marmato, con el fin de explotar minerales de oro y sus concentrados.
Luego de la emisión de varios conceptos técnicos que confirmaron la disponibilidad
del área y tras la correspondiente aceptación por parte del interesado, el contrato
fue suscrito el 30 de octubre de 2009 y remitido a INGEOMINAS para su inscripción.
No obstante, este registro fue rechazado por supuesta falta de datos electrónicos.

1.2.2. Refirió que, a pesar de las múltiples solicitudes del departamento de Caldas
para su registro, el contrato no fue inscrito. Posteriormente, la ANM alegó la
existencia de una superposición de áreas, lo que condujo a la expedición de la
Resolución núm. 001845 de 2019, mediante la cual se rechazó y archivó la
propuesta. Esta determinación fue confirmada por la Resolución núm. 000176 de
2020, sin que al actor se le hubieran respetado las mínimas garantías del debido
proceso, como el traslado del informe técnico que sustentó dicha actuación.

1.2.3. Sostuvo el actor que la autoridad minera sustentó el archivo en la aplicación
del nuevo sistema de cuadrícula minera, implementado mediante las Leyes 1753 de
2015 y 1955 de 2019, así como en las Resoluciones números ANM 504 y 505 de
2018 y 2019, que establecen criterios para la delimitación y evaluación de áreas
mineras. Sin embargo, dicha normativa dispone que los contratos suscritos con
anterioridad a su entrada en vigor conservarán las condiciones y coordenadas en
que fueron otorgados, aspecto que, según afirma el actor, fue desconocido en este
caso, pese a que otros contratos similares sí fueron registrados bajo el mismo marco
legal.

Señaló, además, que el municipio de Marmato se encuentra amparado por una
normatividad especial —Decreto 2223 de 1954— que delimita el cerro El Burro por
cotas, asignando su parte superior a la pequeña minería y la inferior a la gran
minería, situación que ha sido reconocida por el Consejo de Estado y por la práctica
de la autoridad minera al registrar contratos en dichas condiciones bajo la Ley 685
de 2001.

1.2.4. Agregó que, en el presente caso, no solo se ha omitido el cumplimiento del
principio de igualdad frente a situaciones jurídicas similares, sino que además se ha
incurrido en mora administrativa injustificada, generando un grave perjuicio al
solicitante, quien ha incurrido en gastos técnicos, jurídicos y económicos durante
más de quince años de gestión. De igual modo, en su criterio, la actuación de la
ANM ha sido contraria al principio de legalidad y a los derechos al debido proceso,
publicidad y contradicción, pues no se garantizó la participación del interesado antes
de adoptar la decisión desfavorable ni se le corrió traslado del concepto técnico que

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Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

sustentó la negativa. Todo ello configura un presunto defecto en la prestación del
servicio por parte del Estado, en los términos establecidos por la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa.

1.3. Como concepto de violación, la parte actora manifestó su inconformidad en
los siguientes términos:

1.3.1. Los actos administrativos mediante los cuales la ANM rechazó y archivó la
propuesta de contrato de concesión minera núm. 693-17 —con fundamento en la
supuesta inexistencia de área libre por superposición con títulos previamente
registrados bajo el sistema de cuadrícula minera— vulneran derechos adquiridos,
desconocen precedentes administrativos aplicables y transgreden garantías
procedimentales esenciales.

La autoridad minera sustentó su decisión en la migración del expediente al sistema
de coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas y en la aplicación de la
Resolución 505 de 2019 —modificada por la Resolución 703 del mismo año—,
mediante la cual se definieron los criterios técnicos y cartográficos del nuevo
sistema de titulación minera. No obstante, omitió valorar que el contrato de
concesión 693-17 fue suscrito en el año 2009, previo a la entrada en vigor de dicha
normativa, por lo que generó efectos jurídicos desde su firma, conforme al criterio
reiterado por el Ministerio de Minas y Energía —Rad. 201000250011 de 2010—, en
el sentido de que los contratos estatales de concesión minera nacen a la vida
jurídica con su suscripción, independientemente de su inscripción posterior en el
Registro Minero Nacional.

La ANM desconoció el principio de igualdad al no aplicar al contrato de concesión
693-17 el mismo trato que se le dio a los títulos mineros 834-17, ICQ-081027X, JHQ-
08541, 690-17, 835-17, KI7-08051, 810-17, 827-17, 808-17, 809- 17, ICQ081026X,
JHQ08471, 828-17, 811-17, ICQ-08018, 833-17, 824-17, los cuales fueron
radicados por la misma época de la del contrato de concesión 693-17 y fueron
debidamente inscritos sin objeciones en el Registro Minero Nacional, bajo el marco
normativo de la Ley 685 de 2001.

1.3.2. Adicionalmente, se configuró una vulneración al debido proceso y al derecho
de contradicción, en tanto la entidad no trasladó al interesado el informe técnico que
sirvió de fundamento a la decisión de archivo, impidiendo su discusión,
contradicción y eventual refutación. Esta omisión contraviene la doctrina
jurisprudencial establecida por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral— en sentencia del 21 de febrero de 2002, según la cual los informes
técnicos elaborados por entidades públicas que requieren conocimientos
especializados para resolver aspectos técnicos o científicos tienen naturaleza de
dictamen pericial, aun cuando se practiquen extraprocesalmente. En consecuencia,
su incorporación como medio probatorio exige el respeto del principio de
contradicción, sin el cual no pueden derivarse consecuencias jurídicas en contra del
administrado.

1.3.3. La decisión de rechazar y archivar la propuesta de contrato 693-17 no solo
desconoce el carácter vinculante de un contrato válidamente suscrito —con efectos
jurídicos plenos desde su firma— sino que configura una actuación administrativa
regresiva, arbitraria y contraria a los principios de igualdad, seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima. La omisión en el traslado del informe técnico y la

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Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

negativa injustificada a registrar un título vigente desde 2009 constituyen, además,
una falla en la prestación del servicio por parte de la autoridad minera, con
consecuencias lesivas en términos económicos y jurídicos para el demandante,
quien ha soportado más de quince años de gestión administrativa sin una respuesta
efectiva ni conforme con la legalidad.

1.3.4. Como consecuencia, la parte actora relacionó la vulneración de las siguientes
normas constitucionales y legales: los artículos 2, 25 y 29 de la Constitución Política;
y los artículos 3, 4, 50, 328, 332 y 333 de la Ley 685 de 2001.

2. Trámite procesal relevante

2.1 El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Cuarto del
Circuito de Manizales, autoridad judicial que, en auto del 23 de marzo de 2021 2,
declaró su falta de competencia para conocer del proceso y ordenó remitir el
expediente a esta Corporación.

2.2. El 14 de mayo de 2021, el proceso fue asignado por reparto al Despacho
sustanciador para decidir sobre la admisión de la demanda formulada en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3.

2.3. Por auto de fecha 15 de julio de 2021, el Despacho admitió la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho; ordenó las notificaciones y el traslado legal
correspondientes, y reconoció personería a la abogada Lina María Cárdenas Marín
como apoderada de la parte actora4.

2.4. No obstante, por auto de fecha 24 de enero de 2022, el Despacho corrigió el
auto proferido el 15 de julio de 2021, en lo referente a las normas aplicables sobre
notificaciones y traslado, para ajustarlo a las modificaciones introducidas por la Ley
2080 de 2021 al CPACA, por tratarse de normas procesales de aplicación
inmediata; en consecuencia, precisó que la notificación y el traslado debían
efectuarse conforme a los artículos 199 y 172 del CPACA, en su versión reformada5.

2.5. Una vez surtida la notificación correspondiente, la ANM no contestó la
demanda, según se advierte en la constancia secretarial de fecha 4 de mayo de
20226.

2.6. Mediante auto del 30 de junio de 2022, el Despacho adecuó el trámite al
procedimiento de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA.
En consecuencia, fijó el objeto del litigio en punto a determinar la legalidad de las
resoluciones que rechazaron y archivaron la propuesta del contrato de concesión

2 Archivo electrónico identificado con certificado FE4532A2A0163E2C 8567B2ECE3785D6E
D3BBDA9096608B21 699575B986805313, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo Samai.
3 Archivo electrónico identificado con certificado 7D6289B3B803AF86 F4C263D6FCD58439
49A729E92D016320 1223610B26383596, ubicado en el índice 3 del expediente digital, en el aplicativo Samai.
4 Archivo electrónico identificado con certificado 7710419028665243 FBBA224854844EBE
D1C3DC59D40B82E9 A380AFA21B40CAB6, ubicado en el índice 8 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
5Archivo electrónico identificado con certificado 323F718F1978F34B 4C6CDFC97B1CBA0A
0C29DBB1CF6F2669 9BE97254A729EA73, ubicado en el índice 13 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
6 Archivo electrónico identificado con certificado 6E9EF0B6486392BB 269D7A5B232BE74F
9793DA0EC366F958 9EA07161E68FC61C, ubicado en el índice 20 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.

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Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

minera núm. 693-17, y precisó como cuestiones jurídicas a resolver: (i) la posible
contradicción de dichos actos con disposiciones constitucionales y legales; (ii) el
alcance del derecho derivado del contrato suscrito en 2009; y (iii) la eventual
vulneración de garantías procedimentales en el trámite de evaluación de la
propuesta. Por último, ordenó correr traslado para alegar por escrito y dispuso
proferir sentencia anticipada una vez surtido dicho traslado7.

2.7. La ANM, por conducto de su apoderado judicial8, presentó alegatos de
conclusión en los que sostuvo, en síntesis, lo siguiente9:

2.7.1. El contrato de concesión minera, de acuerdo con la Ley 685 de 2001, reviste
carácter solemne y solo se perfecciona con su inscripción en el Registro Minero
Nacional. Hasta tanto no se cumpla este requisito, no se configura una situación
jurídica consolidada ni se adquiere derecho alguno frente al Estado, limitándose la
propuesta de concesión a una mera expectativa. En tal sentido, la sola suscripción
del contrato, sin su inscripción en el RMN, no otorga efectos jurídicos plenos ni
puede ser invocada como título válido para la exploración o explotación de recursos
mineros. Así lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina
especializada, al distinguir entre derechos adquiridos y meras expectativas en el
ámbito minero.

2.7.2. La autoridad minera, con fundamento en los principios legales y técnicos
vigentes, está facultada para verificar, en cualquier momento previo al
perfeccionamiento del contrato, que el área solicitada esté libre de superposiciones
o restricciones, y adoptar las medidas administrativas necesarias en caso de
encontrar irregularidades. Esto incluye la reevaluación de propuestas o contratos
suscritos, pero no perfeccionados, sin que ello implique modificación unilateral ni
afectación de derechos adquiridos, en tanto no existe un contrato perfeccionado. En
este marco, el sistema de cuadrícula minera —adoptado mediante la Ley 1753 de
2015 y reglamentado por la Resolución 504 de 2018— constituye la herramienta
obligatoria para delimitar las áreas mineras, aplicable incluso a propuestas en
trámite con anterioridad a su implementación.

2.7.3. Como el proponente no acreditó la existencia de un título minero
perfeccionado ni la consolidación de una situación jurídica que le otorgara derechos
adquiridos, su reclamación se basa en una expectativa que puede ser regulada por
disposiciones posteriores. Por tanto, la actuación de la ANM al rechazar y archivar
la propuesta del contrato de concesión minera núm. 693-17, con fundamento en el
sistema de cuadrícula y la superposición con títulos vigentes, se ajustó al
ordenamiento jurídico y no configura vulneración del debido proceso ni ello genera
responsabilidad estatal.

2.8. El agente del Ministerio Público rindió concepto, cuyos argumentos la Sala

7 Archivo electrónico identificado con certificado 8869BF13C1161684 9A1556639FCE459E 2BD165949221693

5185610365EC27DD, ubicado en el índice 26 del expediente digital, en el aplicativo Samai.
8 Por auto del 21 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador reconoció personería para actuar al abogado

Juan Sebastián Reyes López, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.175.264 y portador de la tarjeta
profesional No. 230.419 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la Agencia Nacional
de Minería. (Archivo electrónico identificado con certificado E6C5F841C77B75EF 9935938599095325
404634E8E2A53508 B24825FBD07FD59F, ubicado en el índice 35 del expediente digital, en el aplicativo
Samai).
9 Archivo electrónico identificado con certificado 2A67134429750DB1 12815DE8913865E0 670434F799060182

682122D2F285B22F, ubicado en el índice 30 del expediente digital, en el aplicativo Samai.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

sintetiza a continuación10:

2.8.1. La aplicación de la Resolución 001845 de 2019, que rechazó la propuesta del
contrato de concesión minera núm. 693-17 con base en las reglas contenidas en la
Resolución 505 de 2019, pudo haber vulnerado el principio de confianza legítima, al
imponer de manera intempestiva un criterio de prelación fundado exclusivamente
en la existencia de “derechos adquiridos”. En particular, desconoció las expectativas
legítimas de quienes, antes de la entrada en vigor de dicha normativa, habían
presentado solicitudes de concesión minera bajo el régimen anterior.

2.8.2. A juicio del Ministerio Público, tales expectativas —aunque no configuren
derechos adquiridos en sentido estricto— surgen de situaciones fácticas y jurídicas
concretas que, conforme a la jurisprudencia constitucional, merecen una protección
intermedia frente a cambios normativos abruptos. Adicionalmente, consideró que
los cargos formulados por el demandante tienen mérito para prosperar, ya que la
autoridad minera, al adoptar una regla que altera retroactivamente las condiciones
de evaluación de las propuestas en trámite, quebrantó la confianza generada en los
particulares y actuó por fuera del marco de su potestad reglamentaria.

2.9. La parte actora guardó silencio en esta oportunidad procesal11.

III. CONSIDERACIONES

La Sala abordará el siguiente orden para resolver el asunto puesto a su
consideración: (1) presupuestos procesales, (2) problemas jurídicos, (3) hechos
probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto12, conforme a lo establecido el artículo 104 del CPACA13, dado que se
demanda la nulidad, con el consecuente restablecimiento del derecho, de unos
actos administrativos proferidos por una autoridad del orden nacional, como es la
ANM, en el marco del trámite de una propuesta de contrato de concesión minera.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el asunto en única
instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 295 de la Ley 685 de 200114

10 Archivo electrónico identificado con certificado 375EA3404AE1BD49 D5F34D3D4443CF7C
882A5B5B2A2686AC 181D0E46AC40050D, ubicado en el índice 31 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
11 Conforme a la Constancia Secretarial de fecha 02 de noviembre de 2022. (Archivo electrónico identificado

con certificado ABC1EBFBA3F775B6 DDC37FC36BF06FB6 FCB4E7EAB28C6670 5A5794A9A0BCBECE,
ubicado en el índice 31 del expediente digital, en el aplicativo Samai).
12 Al presente asunto le resultan aplicables la Ley 1437 de 2011 –CPACA–, la Ley 1564 de 2012 –CGP–, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados, así como la Ley 2080 de
2021, salvo en lo relativo a las disposiciones sobre competencia.
13 LEY 1437 de 2011, artículo 104. “De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y
en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa. […]” [Destaca la Sala]
14 LEY 685 DE 2001, artículo 295. “COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. De las acciones que se

promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal
nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia.”

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

— Código de Minas—, vigente para la fecha de la presentación de la demanda15, el
cual determinaba que el Consejo de Estado conoce en única instancia de los
asuntos mineros no contractuales en los que sea parte la Nación o una entidad
territorial o descentralizada.

Además, cabe destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo
No. 080 de 201916, corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el conocimiento de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que versen “sobre asuntos agrarios contractuales,
mineros y petroleros”.

1.2. El medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA17, el cual establece que toda
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en
su derecho, pudiendo solicitar, asimismo, que se le repare el daño. Por tanto, se
trata del mecanismo procedente en los casos en que el particular sufre un daño
originado en un acto administrativo, generalmente de carácter particular y concreto,
siempre que dicho acto se estime ilegal; además, tiene como finalidad que el juez
administrativo declare su nulidad y, como consecuencia, ordene el restablecimiento
del derecho conculcado, vulnerado o desconocido, y/o la indemnización de los
perjuicios ocasionados, siendo la declaratoria de nulidad un requisito sine qua non
para obtener dicho restablecimiento.

Este medio de control resulta aplicable al caso en estudio, ya que la parte
demandante pretende, por un lado, la declaratoria de nulidad de la Resolución núm.
001845 del 25 de octubre de 2019, mediante la cual la ANM rechazó y archivó la
propuesta de contrato, por considerar que no existía área libre, decisión que fue
confirmada mediante la Resolución núm. 000176 del 3 de marzo de 2020, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicha medida. Por otro lado,
solicita el restablecimiento del derecho mediante el reconocimiento del contrato de
concesión suscrito en 2009, la orden de su inscripción en el Registro Minero
Nacional y la indemnización de los perjuicios materiales ocasionados.

1.3. La demanda fue ejercida en tiempo, conforme al término establecido en el
literal d) del artículo 164 del CPACA, el cual dispone que el plazo para ejercer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de “cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales”. [Destaca la Sala]

En el presente caso, consta que la Resolución núm. 000176 del 6 de marzo de 2020,

15 Artículo derogado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. Al respecto, se precisa que si bien la Ley 2080
de 2021 derogó la referida competencia en cabeza del Consejo de Estado, consagrando la competencia para
conocer de los asuntos mineros en los que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por
servicios en cabeza de los tribunales administrativos, dicha normativa previó que las normas modificatorias de
las competencias solo regirían y serían aplicables respecto de las demandas presentadas un año después de
su publicación, esto es, a partir de enero de 2022.
16 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
17 LEY 1437 de 2011, artículo 138. “NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se

crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior […].

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

mediante la cual se confirmó la Resolución núm. 001845 del 25 de octubre de 2019
—que rechazó y archivó la propuesta del contrato de concesión minera núm. 693-
17—, fue notificada personalmente a la parte actora el 3 de julio de 2020 18. En
consecuencia, el término para la interposición del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho corría, en principio, entre el 4 de julio y el 4 de noviembre
de 2020, fecha en la que operaría la caducidad. No obstante, la Sala observa que el
30 de octubre de 2020 se suspendió el término preclusivo, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 21 de la Ley 640 de 200119 y 3 del Decreto 1716 de 200920, en la
medida en que, en dicha fecha, la parte demandante radicó solicitud de conciliación
ante la Procuraduría General de la Nación21.

En el caso bajo estudio, al no haberse logrado un acuerdo conciliatorio entre las
partes22, y expedida la constancia a que hace referencia el artículo 2° de la Ley 640
de 200123 por la Procuraduría 181 Judicial I para asuntos administrativos el 12 de
enero de 202124, el término de caducidad del medio de control se reanudó al día
siguiente, esto es, el 13 de enero de esa anualidad. En consecuencia, desde esa
fecha, la parte actora disponía de seis (6) días para presentar la demanda, es decir,
hasta el 18 de enero de 2021. Como esta fue radicada el 13 de enero de 2021,
según consta en el respectivo registro de presentación25, resulta claro que no se
configuró el fenómeno de la caducidad.

1.4. En relación con la legitimación en la causa, observa la Sala que Jhon Jairo
Pinilla Pineda se encuentra legitimado en la causa por activa, en tanto que, en su
calidad de proponente dentro del trámite para la celebración de un contrato de

18 Folio 40 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
19
LEY 640 DE 2001, artículo 21. “Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya
registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que
se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el
artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
20 DECRETO 1716 DE 2009, artículo 3. “Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de

la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: // a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o // b) Se expidan
las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o // c) Se venza el término de tres (3)
meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero. // En caso de que el acuerdo
conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación
de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia
correspondiente. // La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada. // Parágrafo
único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrados para el trámite
conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o
prescripción”.
21 Folios 317 a 313 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
22 Según se advierte del Acta de Conciliación Extrajudicial de fecha 12 de enero de 2021, celebrada ante la

Procuraduría 181 Judicial I para asuntos administrativos (Folios 314 a 315 del anexo de la demanda, actuación
registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI).
23 LEY 640 DE 2001, artículo 2. “Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se

indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y
se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se
trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los
10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo”.
24 Folios 316 a 317 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
25 Documento registrado en el índice 2 del aplicativo SAMAI como 2ED_02ACTAREPARTO(.pdf).

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

concesión destinado a la explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus
concentrados ubicado en el municipio de Marmato, Caldas, identificado con la placa
núm. 693-17, promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Resolución núm. 000176 del 6 de marzo de 2020, mediante la cual se confirmó
la Resolución núm. 001845 del 25 de octubre de 2019 —que rechazó y archivó la
propuesta del contrato de concesión minera—, decisiones proferidas por la ANM.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería se encuentra legitimada en la causa
por pasiva, toda vez que fue la Vicepresidencia de Contratación y Titulación del
Grupo de Contratación Minera de dicha entidad quien que profirió los actos
administrativos cuestionados en este contencioso, en ejercicio de la competencia
atribuida conforme a las funciones previstas en el artículo 1526 del Decreto 4134 de
201127.

2. Problemas jurídicos

A la vista de los cargos de nulidad formulados por el extremo activo y de
conformidad con lo dispuesto en el auto del 30 de junio de 2022, mediante el cual,
entre otras determinaciones, el Despacho sustanciador adecuó el trámite al
procedimiento de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA y fijó
el objeto del litigio28, corresponde a la Sala pronunciarse sobre los siguientes
asuntos:

1. En primer lugar, debe la Sala establecer si la suscripción del contrato No.
693-17 el treinta de octubre de dos mil nueve (2009), a pesar de
encontrarse pendiente de inscripción en el registro minero, otorgaba un
derecho que se vio conculcado con las resoluciones acusadas de
ilegalidad.

2. En segundo lugar, la Sala determinará si, en el marco del trámite de
evaluación de la propuesta de contrato minero, la autoridad minera debía
correr traslado de la actuación administrativa y del informe técnico que
determinó la no inscripción del contrato de concesión en el registro minero
nacional, y si debía haber puesto en consideración del contratante el
concepto técnico que determinó la superposición. En caso afirmativo,
corresponde analizar si la ausencia de dichos trámites vicia los actos
acusados.

3. En tercer lugar, debe establecerse si las decisiones contenidas en las
resoluciones cuestionadas contradicen lo dispuesto en los artículos 2, 25
y 29 de la Constitución Política, y lo previsto en los artículos 3, 4, 50, 328,
332, 333 Ley 685 de 2001.

26 DECRETO 4134 DE 2011, artículo 15. “Funciones de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación. […] 3.

Evaluar las solicitudes mineras y aprobar o rechazar las mismas y expedir los actos administrativos relacionados
con el trámite de las solicitudes mineras […]”.
27 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica”.
28 Archivo electrónico identificado con certificado 8869BF13C1161684 9ª1556639FCE459E 2BD165949221693

5185610365EC27DD, ubicado en el índice 26 del expediente digital, en el aplicativo Samai.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

3. Hechos probados

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta a los problemas
jurídicos planteados en el presente asunto:

3.1. El 3 de diciembre de 2004, el actor radicó ante la autoridad minera delegada
del departamento de Caldas, la propuesta núm. 693-17 para la celebración de un
contrato de concesión minera sobre un área ubicada en el municipio de Marmato,
con el fin de explotar minerales de oro y sus concentrados29.

3.2. El expediente fue remitido a la Oficina Técnica de la Unidad de Delegación
Minera, dependencia que, mediante concepto del 16 de diciembre de 2004, certificó
la disponibilidad de 15,07 hectáreas como área libre para contratar30. No obstante,
en reevaluación técnica realizada el 8 de junio de 2006, la misma oficina advirtió la
existencia de superposiciones con los niveles II y III por encima de la cota 1.370
msnm, razón por la cual certificó como área libre para contratar un total de 6,68
hectáreas31.

3.3. El 20 de septiembre de 2006, el proponente —por conducto de su apoderada—
aceptó la nueva alinderación del área libre para contratar32. En consecuencia, el
expediente fue remitido a la Oficina Técnica de la Unidad de Delegación Minera,
con el fin de emitir concepto final sobre la ubicación y límites del polígono definido,
para lo cual, mediante concepto técnico del 25 de octubre de 2006, dicha oficina
concluyó que el “área definida de la zona analizada es de 6 hectáreas más 6.800
M2, que corresponde a la alinderación descrita en el concepto técnico emitido en
fecha junio 08 de 2.006”33.

3.4. El 19 de mayo de 2009, la Oficina Técnica de la Unidad de Delegación Minera
de Caldas, por solicitud del jefe de la Unidad, adelantó la reevaluación técnica de la
propuesta.34. En su estudio, concluyó que “la propuesta de contrato 693-17, una vez
montadas y verificadas las coordenadas planas de GAUSS y en cotas, se evidencia
superposición con los registros mineros, contratos, propuestas de contratos y/o
solicitudes de legalización de hecho enunciados en la siguiente tabla”:

Expediente Fecha Titular Porcentaje Estado
693-17 03/12/2004 Jhon Jairo
Pinilla
CD6-151 06/04/2001 Omar Castro 4.72% Cancelado el
Zona 3 Muñoz 23/08/2007

En ese sentido, destacó que “con fundamento en todo lo anterior, la propuesta de
contrato de concesión 693-17 presenta superposición, por lo tanto, le es susceptible
de otorgamiento un área libre así: 6 Hectáreas 3937.0350 Mts2, dentro de las cotas
1370 msnm a superficie. Ubicada en el Municipio de Marmato Caldas. El proponente

29 Folios 45 al 52 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
30 Folio 54 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
31 Folio 58 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
32 Folio 64 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
33 Folio 66 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
34 Folios 69 al 72 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI

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Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

debe manifestar si acepta la nueva alinderación”.

3.5. El 2 de junio de 2009, el proponente —por conducto de su apoderada— aceptó
la nueva alinderación del área libre para contratar35 y fue así como, el 30 de octubre
de 2009 se suscribió el contrato de concesión minera núm. 693-17 entre la
Gobernación del departamento de Caldas, representada por el secretario de
Gobierno en su calidad de autoridad minera delegada, y el señor Jhon Jairo Pinilla
Pineda, quien actuó por conducto de su apoderada. El contrato tuvo por objeto la
explotación de minerales de oro y sus concentrados en un área de 6 hectáreas y
3.937,0350 metros cuadrados, ubicada en el municipio de Marmato, Caldas36.

3.6. El 5 de noviembre de 2009, la Unidad de Delegación Minera de Caldas remitió
el contrato de concesión minera núm. 693-17 al Instituto Colombiano de Geología y
Minería —INGEOMINAS— para su inscripción en el Registro Minero Nacional37. Sin
embargo, mediante oficio del 10 de marzo de 2010 dirigido a dicha Unidad, la
autoridad minera informó que el contrato no fue inscrito por “FALTA DATOS
ELECTRÓNICOS”, conforme al concepto técnico del 24 de febrero de 2010,
elaborado por el Grupo de Contratación y Titulación Minera de la entidad38.

3.7. El 18 de junio de 2013, la Unidad de Delegación Minera de Caldas remitió
nuevamente la minuta del contrato de concesión núm. 693-17 a la autoridad minera
para su inscripción en el Registro Minero Nacional39. Para tal efecto, señaló que
“procedió a ingresar a la plataforma CATASTRO MINERO COLOMBIANO —CMC—
los siguientes documentos: (…) Minuta de Contrato de Concesión 693-17, ingresada
el 14 de junio de 2013, hora 8:44 a.m. (…) Concepto técnico, ingresado el 14 de
junio de 2012, hora 8:44 a.m. (…) Concepto jurídico, ingresado el 21 (sic) de junio
de 2013, hora 11:54 a.m.)”.

3.8. El 16 de septiembre de 2013, el vicepresidente de Contratación y Titulación
Minera de la Agencia Nacional de Minería —ANM— expidió la Resolución núm.
000007, mediante la cual dispuso, entre otras medidas, avocar el conocimiento de
las propuestas de contrato de concesión minera provenientes de la Gobernación de
Caldas, en su calidad de autoridad minera delegada. Entre dichas propuestas se
encuentra la radicada bajo el núm. 693-17, cuyo titular es Jhon Jairo Pinilla Pineda40.

3.9. El 4 de abril de 2014, la Gerencia de Catastro y Registro Minero de la ANM
elaboró el Reporte de Superposiciones correspondiente al contrato núm. 693-1741.
Las conclusiones de este informe fueron consignadas en el oficio del 7 de abril de
2014, dirigido a la Gerencia de Contratación y Titulación Minera de la entidad, en el
que se informó que no era posible su inscripción en el Registro Minero Nacional,
teniendo en cuenta que “el área otorgada se encuentra en el municipio de Marmato
Caldas por lo que presenta superposición con títulos y solicitudes vigentes”42.

3.10. El 6 de octubre de 2019, el Grupo de Contratación Minera de la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la ANM, expidió el documento

35 Folio 75 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
36 Folios 78 al 87 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
37 Folio 88 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
38 Folios 91 al 96 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
39 Folios 150 al 151 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
40 Folios 152 al 169 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
41 Folios 170 al 173 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
42 Folios 174 al 175 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

denominado “Concepto de transformación y migración al sistema de cuadrícula
minera”, en el que concluyó lo siguiente43:

“(…) Características del área

Se determinó que el área ingresada por el solicitante una vez transformada al
sistema de cuadrícula, se encuentra totalmente superpuesta con zonas de
exclusión de acuerdo con los “Lineamientos para la Evaluación de los Trámites
y Solicitudes Mineras a partir del Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología
para la Migración de los Títulos Mineros al Sistema de Cuadrícula” adoptados
por la Resolución 505 de 2 de agosto de 2019”; por lo tanto, no queda área a
otorgar.

(…)

CONCLUSION:

(…)

Que con base en el concepto de transformación y migración al sistema de
cuadrícula minera referido anteriormente, se concluye que no queda área
susceptible de contratar, siendo procedente jurídicamente el rechazo de la
propuesta No. 693-17, de conformidad con el artículo 274 del Código de Minas”

3.11. En consecuencia, la vicepresidente de Contratación y Titulación Minera de la
ANM acogió dicha recomendación y expidió la Resolución No. 001845 del 25 de
octubre de 2019 “Por medio de la cual se rechaza y archiva la propuesta de contrato
de concesión No. 693-17", en la que resolvió lo siguiente44:

(…) ARTICULO PRIMERO.- Rechazar la propuesta de Contrato de Concesión
Minera No. 693-17, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución a
través del Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación al proponente JHON JAIRO PINILLA PINEDA,
identificado con la C.C. 75068627, (sic) procédase mediante edicto de
conformidad con el artículo 269 del Código de Minas.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de acuerdo
con lo preceptuado por el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, en concordancia con
lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

ARTICULO CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia procédase a la
desanotación del área del Sistema del Catastro Minero Colombiano de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1955 de 2019 y efectúese el archivo
del referido expediente (…)”.

En la parte considerativa del acto administrativo, la ANM expuso, en síntesis,
que el área solicitada “no cuenta con área libre susceptible de contratar”, por lo
que se consideró procedente su rechazo. Esta determinación se sustentó en el
análisis técnico efectuado tras la migración de la propuesta al sistema geodésico
43 Folios 22 al 23 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
44 Folios 21 al 24 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

Datum Magna-SIRGAS y la aplicación del modelo de cuadrícula minera, de
acuerdo con la metodología establecida en la Resolución No. 505 del 2 de agosto
de 2019, modificada por la Resolución No. 703 del 31 de octubre del mismo año.
El estudio concluyó que el área en cuestión comprendía “16 celdas”
superpuestas con títulos mineros vigentes, lo que impedía jurídicamente su
adjudicación.

La decisión se fundamentó, además, en el artículo 274 del Código de Minas,
según el cual las propuestas de contrato de concesión deben recaer sobre áreas
libres y disponibles para contratar, disponiendo que no se otorgarán contratos
sobre áreas totalmente superpuestas con propuestas o contratos anteriores. En
complemento, la Agencia recordó que, con la entrada en vigor del sistema de
cuadrícula mediante la Ley 1955 de 2019, “todas las solicitudes y propuestas se
evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la
autoridad minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de
propuestas sobre una misma celda”, salvo las excepciones legales. A partir de
esta normativa, concluyó que la propuesta 693-17 no cumplía los requisitos
técnicos ni jurídicos para continuar su trámite.

3.12. El 3 de septiembre de 2019, el proponente formuló recurso de reposición
contra la decisión que rechazó y archivó la propuesta de contrato núm. 693-17, con
fundamento en que dicha determinación desconoció que el contrato fue suscrito en
2009, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa aplicada, por
lo que, a su juicio, generó efectos jurídicos desde el momento de su firma. Asimismo,
cuestionó la omisión en el traslado del informe técnico y la negativa injustificada a
inscribir el contrato en el Registro Minero Nacional, por considerar que tales
actuaciones vulneraron el debido proceso y el derecho de contradicción45.

3.13. El 3 de febrero de 2020, el Grupo de Contratación Minera de la Vicepresidencia
de Contratación y Titulación de la ANM efectuó una evaluación técnica con el fin de
dar respuesta al recurso presentado en contra de la Resolución No. 001845 del 25
de octubre de 2019, en la que sostuvo lo siguiente46:

“(…) CONCLUSIÓN:

Una vez realizada la evaluación técnica, dentro del trámite de la propuesta 693-
17 para DEMÁS CONCESIBLES / MINERALES DE ORO Y SUS
CONCENTRADOS; se tiene que de acuerdo con los “Lineamientos para la
Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras a partir del Sistema de
Cuadrícula Minera y Metodología para la Migración de los Títulos Mineros al
Sistema de Cuadrícula” adoptados por la Resolución 505 de 2 de agosto de
2019”, no cuenta con área libre susceptible para contratar.

(…)

De conformidad con lo expuesto por la evaluación técnica y en cumplimiento de
lo establecido en la Resolución No. 504 de 2018 y 505 de 2019, bajo la
implementación del Sistema Integral de Gestión Minera – Anna Minería, al ser
migrada la propuesta objeto de estudio, se determinó que no le quedaba área
libre susceptible de otorgar, por lo tanto, lo procedente es confirmar su rechazo,

45 Folios 191 al 198 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
46 Folios 29 al 31 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

con fundamento en el artículo 274 del Código de Minas (…)

Es importante señalar, que frente al estudio de áreas y sus superposiciones,
éstas se evalúan teniendo en cuenta los trámites que se encuentren vigentes al
momento de su presentación o radicación, en atención al principio intrínseco
establecido en el artículo 16 del Código de Minas “primero en el tiempo, primero
en el derecho” (…)”.

3.14. El 6 de marzo de 2020, la vicepresidente de Contratación y Titulación Minera
de la ANM, expidió la Resolución No. 000176 "Por medio de la cual se resuelve el
recurso de reposición dentro de la propuesta de contrato de concesión No. 693-
17"47, en la que confirmó la Resolución No 001845 de fecha 25 de octubre de 2019.
Al efecto, en el acto mencionado la autoridad minera reiteró que, al momento de la
evaluación conforme con el sistema de coordenadas geográficas y cuadrícula
minera, el área solicitada presentaba superposición con títulos mineros vigentes,
razón por la cual no se encontraba libre ni disponible, en los términos del artículo
274 del Código de Minas. Indicó expresamente que “el análisis técnico realizado
bajo el modelo de cuadrícula minera determinó que el área solicitada está
totalmente cubierta por otros títulos mineros vigentes”, y que “no es posible
adjudicar contratos sobre áreas que no se encuentren libres”.

La entidad enfatizó que el contrato de concesión 693-17 no fue inscrito en el
Registro Minero Nacional, requisito esencial para su perfeccionamiento, ejecución
y oponibilidad frente a terceros. En ese sentido, precisó que “los contratos estatales,
incluida la concesión minera, nacen a la vida jurídica con su suscripción, pero
requieren inscripción en el Registro Minero para surtir efectos jurídicos plenos”, y
añadió que “la falta de inscripción impide su ejecución y no puede equipararse a un
título vigente en los términos de la ley”. Por tanto, concluyó que la propuesta debía
ser evaluada como tal y no como un contrato plenamente constituido, de acuerdo
con la normativa vigente al momento de la evaluación.

Asimismo, la ANM desestimó los argumentos del recurrente relativos a la supuesta
vulneración del debido proceso por falta de traslado del informe técnico, al
considerar que “la decisión administrativa se fundamentó en hechos objetivos
derivados de la aplicación del sistema de cuadrícula minera” y que no se trataba de
un dictamen pericial sino de una actividad técnica interna. En consecuencia, la
autoridad confirmó en su integridad la decisión impugnada, al concluir que “no se
configura ninguna irregularidad procedimental ni sustancial que amerite la
revocatoria del acto administrativo recurrido”.

47 Folios 25 al 39 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI. En su parte

resolutiva, el mencionado acto dispuso lo siguiente: “(…) ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución
No 001845 de fecha 25 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se rechaza y archiva la propuesta de contrato
de concesión No. 693-17”, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente
acto administrativo. // ARTÍCULO SEGUNDO. - Notifíquese personalmente la presente Resolución a través del
Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación al proponente
JHON JAIRO PINILLA PINEDA, identificado con la C.C. No. 75068627, o en su defecto, procédase mediante
edicto, de conformidad con el artículo 44 y ss. Del Decreto 01 de 1984. // ARTÍCULO TERCERO. - Contra el
presente Acto Administrativo no procede recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto
01 de 1984 en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011. // ARTÍCULO CUARTO.
• Ejecutoriada y en firme la presente providencia, procédase a la desanotación del área en el Sistema Integral
de Gestión Minera Anna Minería y efectúese el archivo del referido expediente (…)”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

4. Caso concreto

Según pasa a exponerse, la Sala considera que los cargos de nulidad formulados
por la parte actora no están llamados a prosperar, toda vez que no logran desvirtuar
la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados.
Contrario a lo alegado por el extremo activo, se observa que las actuaciones
adelantadas por la ANM se ajustaron al régimen jurídico especial aplicable al caso
concreto y se llevaron a cabo de conformidad con el debido proceso. De igual modo,
a partir del material probatorio allegado al proceso, la Sala encuentra que la decisión
de archivar la solicitud correspondiente al contrato de concesión 693-17, respondió
a la corroboración de la inexistencia de área libre, conforme a la metodología técnica
aplicable, sin que se advierta vulneración de derechos adquiridos, desconocimiento
del principio de igualdad ni afectación sustancial de garantías fundamentales.

4.1. Solución al primer problema jurídico

Según lo indicado anteriormente, el primer problema jurídico que es preciso
absolver para resolver la controversia bajo estudio, consiste en determinar si la
circunstancia de haberse firmado el contrato No. 693-17 en el año 2009, pese a no
haber sido inscrito en el registro minero, otorgaba a Jhon Jairo Pinilla Pineda un
derecho que se vio conculcado con las resoluciones demandadas, mediante las
cuales la ANM rechazó y archivó la propuesta de contrato de concesión minera ante
la inexistencia de área libre por superposición con títulos previamente registrados
bajo el sistema de cuadrícula minera.

En este sentido, la parte actora afirma que las decisiones cuestionadas adolecen de
ilegalidad, por cuanto desconocen derechos adquiridos, precedentes
administrativos aplicables y garantías procedimentales esenciales, al
fundamentarse exclusivamente en una superposición generada por la migración del
expediente al sistema de coordenadas Datum Magna Sirgas y la aplicación de la
Resolución 505 de 2019 —modificada por la Resolución 703 del mismo año—, sin
considerar que el contrato se celebró antes de la entrada en vigencia de dicha
normativa. Como sustento de su postura, invoca el concepto del Ministerio de Minas
y Energía con radicado núm. 201000250011 de 2010, en el cual se indicó que los
contratos de concesión minera generan efectos jurídicos desde su suscripción, aun
cuando su inscripción en el Registro Minero Nacional sea posterior.

Por su parte, el extremo pasivo sostiene que los actos administrativos impugnados
se ajustan a derecho, en la medida en que el contrato de concesión propuesto no
se encontraba perfeccionado por falta de inscripción en el Registro Minero Nacional,
conforme al artículo 50 del Código de Minas, lo que impedía el reconocimiento de
un derecho consolidado frente al Estado y generaba únicamente una expectativa.
Adicionalmente, argumenta que la aplicación del sistema de cuadrícula minera,
previsto en la Ley 1753 de 2015 y reglamentado por la Resolución 504 de 2018, era
obligatoria al momento de la evaluación, y que la existencia de superposición con
títulos vigentes justificaba el archivo de la propuesta. En consecuencia, afirma que
la ANM actuó dentro del marco de sus competencias legales, sin transgredir
derechos adquiridos ni garantías procedimentales.

4.1.1. Con el ánimo de resolver la cuestión así planteada, esta Sala de Subsección
recuerda que el Estado ostenta la titularidad del subsuelo y de los recursos naturales

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

no renovables, conforme a lo dispuesto en el artículo 332 de la Constitución
Política48. Dicha disposición establece que estos bienes son de propiedad pública,
pertenecen a la Nación y deben ser administrados y explotados por el Estado bajo
los principios del interés general, la sostenibilidad ambiental y la equidad
intergeneracional49.

En concordancia con lo anterior, el artículo 360 Superior atribuye al legislador la
competencia exclusiva para regular la exploración y explotación de estos recursos,
así como para definir los derechos de las entidades territoriales sobre las
contraprestaciones derivadas, en aplicación del principio de reserva legal. En
desarrollo de este mandato se expidió la Ley 685 de 200150, mediante la cual se
adoptó el Código de Minas como régimen jurídico integral que regula esta actividad,
orientado a equilibrar el aprovechamiento económico del subsuelo con la protección
del medio ambiente y del patrimonio público, conforme a los artículos 79 y 80 de la
Constitución Política.

De manera particular, el Código de Minas regula el régimen de concesión minera
en el Capítulo XXV51 del Título Séptimo52 de la Ley 685 de 2001, y en su artículo 14
establece que el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal
únicamente puede constituirse, declararse y acreditarse mediante la celebración de
un contrato de concesión minera53-54. Dicho contrato, debe ser debidamente
suscrito con la autoridad minera competente e inscrito en el Registro Minero
Nacional, como requisito indispensable tanto para su oponibilidad frente a terceros
como para la consolidación del derecho del concesionario.

Es así como, la inscripción en el Registro Minero Nacional constituye, según lo
dispone expresamente el artículo 50 del Código de Minas, el único medio para el
perfeccionamiento y prueba del contrato de concesión55. El artículo 70 ejusdem, por
su lado, dispone que el término del contrato se computa a partir de la fecha de su

48 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero

de 2018, Rad. 52038.
49 En cuanto a la equidad intergeneracional, la Ley 1844 de 2017, mediante la cual se aprobó el Acuerdo de París,

adoptado el 12 de diciembre de 2015, lo incorpora de forma expresa como un criterio orientador de las políticas
públicas frente al cambio climático y la gestión de los recursos naturales. Este criterio adquiere especial relevancia en
el ámbito minero, donde las decisiones sobre la exploración y explotación de recursos no renovables generan
impactos profundos y duraderos en los territorios y en las condiciones de vida de las generaciones futuras. Al declarar
la exequibilidad del tratado en la Sentencia C-021 de 2018, la Corte Constitucional enfatizó que el desarrollo sostenible
implica utilizar los recursos naturales de manera responsable, reconociendo su finitud y garantizando su acceso a las
generaciones futuras. En este contexto, la equidad intergeneracional se configura como un límite a la gestión
extractiva, que impone al Estado el deber de adoptar criterios de largo plazo en la planificación y autorización de
proyectos mineros, privilegiando la conservación del capital natural como un bien público cuya protección compromete
la responsabilidad del Estado frente a las generaciones futuras.
50 “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”.
51 LEY 685 DE 2001, Capítulo XXV. “Normas de procedimiento”.
52 LEY 685 DE 2001. Título Séptimo. “Aspectos procedimentales”.
53 LEY 685 DE 2001, artículo 14. “Título Minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá

constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato
de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional (…)”.
54 Aunque el artículo 14 del Código de Minas establece que únicamente el contrato de concesión confiere

derechos para la exploración y explotación de recursos minerales, resulta necesario precisar que el legislador
previó otras modalidades jurídicas —como la extracción ocasional y el barequeo— mediante las cuales también
se habilita el ejercicio de dichas actividades, sin que medie la celebración de un contrato de concesión ni la
suscripción de un negocio jurídico bilateral.
55 LEY 685 DE 2001, artículo 50. “Solemnidades. El contrato de concesión debe estar contenido en documento

redactado en idioma castellano y estar a su vez suscrito por las partes. Para su perfeccionamiento y su prueba
sólo necesitará inscribirse en el Registro Minero Nacional”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

inscripción en el Registro, lo que confirma su carácter constitutivo56. A su turno, el
artículo 328 refuerza su naturaleza como medio de autenticidad y publicidad de los
actos relativos a la constitución, conservación, ejercicio y gravamen de derechos
mineros57, y el artículo 331 dispone que la inscripción en dicho registro constituye
la única prueba válida de dichos actos, excluyendo cualquier otra forma de
acreditación58.

Ahora bien, conforme lo establece el artículo 279 del Código de Minas, la
celebración del contrato de concesión y su inscripción en el Registro Minero
Nacional únicamente pueden tener lugar una vez resueltas las oposiciones
formuladas por terceros, incluidas aquellas relativas a la superposición o traslape
de áreas59. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que “la
exigencia legal de que la propuesta de concesión y el título eventualmente otorgado
se vean libres de franjas superpuestas permite que la actividad minera se adelante
de manera adecuada, sin entrañar riesgos para los recursos objeto de explotación
-cuya propiedad mantiene el Estado- ni para los derechos de terceros. Por tanto, la
autoridad competente debe verificar oportunamente la ausencia de tales
coincidencias, en los terrenos con vocación minera sobre los cuales recaigan las
propuestas de concesión. (…) Las eventuales fallas de la administración en esa
tarea -vale decir, en la detección temprana de la superposición parcial o total de
áreas-, deben ser corregidas por la entidad antes de que el contrato se inscriba en
el Registro Minero Nacional” 60.

En esta misma línea, el artículo 301 del Código de Minas dispone que la exclusión
oficiosa de áreas superpuestas es una medida legalmente autorizada para ser
adoptada por la administración antes de la inscripción del contrato61, sin que ello
implique una modificación unilateral del mismo ni el ejercicio de potestades
excepcionales proscritas por el artículo 51 del Código de Minas62, toda vez que
dicha prohibición aplica únicamente respecto de contratos que han sido inscritos
válidamente en el Registro Minero Nacional.

56 LEY 685 DE 2001, artículo 70. “Duración Total. El contrato de concesión se pactará por el término que solicite

el proponente y hasta por un máximo de treinta (30) años. Dicha duración se contará desde la fecha de
inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional”.
57 LEY 685 DE 2001, artículo 328. “Medio de autenticidad y Publicidad” El registro minero es un medio de

autenticidad y publicidad de los actos y contratos estatales y privados, que tengan por objeto principal la
constitución, conservación, ejercicio y gravamen de los derechos a explorar y explotar minerales, emanados de
títulos otorgados por el Estado o de títulos de propiedad privada del subsuelo”.
58 LEY 685 DE 2001, artículo 331. “Prueba Única. La inscripción en el Registro Minero será la única prueba de

los actos y contratos sometidos a este requisito. En consecuencia, ninguna autoridad podrá admitir prueba
distinta que la sustituya, modifique o complemente”.
59 LEY 685 DE 2001, artículo 279. “Celebración del contrato. Dentro del término de diez (10) días después de

haber sido resueltas las oposiciones e intervenciones de terceros, se celebrará el contrato de concesión y se
procederá a su inscripción en el Registro Minero Nacional. Del contrato se remitirá copia a la autoridad ambiental
para el seguimiento y vigilancia de la gestión ambiental para la exploración”.
60 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia

del 29 de octubre de 2018, Rad. 25000-23-26-000-2006-01993-01(38174).
61 LEY 685 DE 2001, artículo 301. “Exclusión oficiosa. En cualquier tiempo antes de la inscripción del contrato,

la autoridad concedente ordenará, de oficio o a petición del interesado, la eliminación de las superposiciones
de la propuesta con títulos vigentes debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional o con una propuesta
anterior en trámite, si por medio de sus sistemas de información, archivos, documentos y diligencias, puede
verificar dichas superposiciones”.
62 LEY 685 DE 2001, artículo 51. “Cláusulas Exorbitantes. El contrato de concesión minera, con excepción de

lo previsto sobre la declaración de su caducidad, no podrá ser modificado, terminado o interpretado
unilateralmente por parte de la entidad pública concedente. Para cualesquiera de estas actuaciones se deberá
recurrir al juez competente o al empleo de árbitros o peritos”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

Así las cosas, la sola suscripción del contrato de concesión no resulta suficiente
para entender configurado un vínculo jurídico válido, toda vez que, conforme a lo
dispuesto en los artículos 50 y 70 del Código de Minas, la inscripción en el Registro
Minero Nacional constituye una exigencia normativa esencial para que el contrato
adquiera existencia jurídica. En otras palabras, mientras no se haya efectuado dicha
inscripción, no puede predicarse la existencia del contrato ni la producción de
efectos jurídicos obligatorios, por lo que carece de sentido jurídico hablar de su
modificación o alteración, al tratarse de un acto negocial que no ha nacido a la vida
jurídica.

En ese sentido, el hecho de que el ordenamiento jurídico minero prevea la exclusión
oficiosa de áreas superpuestas exclusivamente respecto de propuestas o contratos
en trámite, no inscritos, significa que esta medida se proyecta dentro de la fase
precontractual, como una actuación de carácter correctivo y preventivo. Así, la
decisión administrativa que dispone tal exclusión no constituye una modificación
unilateral del contrato ni comporta el ejercicio de potestades excepcionales, pues
este aún no existe jurídicamente63. Por el contrario, se trata de una manifestación
legítima de la potestad administrativa para garantizar que la concesión minera solo
recaiga sobre áreas legalmente disponibles, conforme al principio de legalidad que
rige la gestión del subsuelo como bien de propiedad pública.

En consecuencia, la exclusión oficiosa de áreas superpuestas, una vez adoptada
con fundamento en el artículo 301 del Código de Minas, produce efectos jurídicos
inmediatos, modificando el área propuesta por el interesado sin necesidad de su
aceptación expresa ni de la celebración de un nuevo acuerdo de voluntades. En
este punto, es preciso advertir que quien presenta una propuesta de concesión se
encuentra vinculado a las condiciones legales y reglamentarias aplicables tanto a la
etapa de evaluación como a las fases posteriores del proceso, lo cual incluye la
obligación de que la actividad minera únicamente se lleve a cabo sobre áreas libres
de afectación jurídica, garantizando así la preservación de los derechos
previamente reconocidos a terceros y la integridad del sistema registral minero.

4.1.2. Por otro lado, resulta pertinente destacar que, con el propósito de establecer
los parámetros técnicos para delimitar las áreas objeto de los contratos mineros, la

63 Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que mientras el contrato

de concesión minera no se encuentre perfeccionado, mediante la correspondiente inscripción en el registro
minero, no confiere derechos adquiridos. Así, por ejemplo, en sentencia del 2 de junio de 2023, Radicación
11001-03-26-000-2021-00193-00 (67516), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, se lee: “De acuerdo con el artículo
14 de la Ley 685 de 2001, el contrato de concesión minera determina el surgimiento del derecho a explorar y
explotar las minas del Estado, negocio jurídico que, para tal efecto, debe encontrarse debidamente inscrito en
el Registro Minero Nacional y que es producto del cumplimiento de los requisitos de ley, entre ellos, que no se
configure una superposición total. De ahí que, en concordancia con el artículo 16 de ese estatuto, la solicitud
de concesión, por sí sola, no confiere ningún derecho adquirido, sino únicamente la prelación o preferencia
respecto de peticiones posteriores”. En el mismo sentido, en sentencia del 8 de noviembre de 2021, Radicación
110010326000201500014-00 (53038), M.P. José Roberto Sáchica Méndez, esta Corporación afirmó: “(…) la
Sala reitera lo expuesto por esta Subsección respecto del carácter ad substantiam actus del registro bajo el
contrato de concesión minera, en tanto dicha formalidad, además de corresponder a un instrumento de
publicidad que determina la oponibilidad del negocio jurídico frente a terceros, es un elemento sustantivo que
determina la existencia misma del contrato, y, por ende, también define y culmina el procedimiento
administrativo precontractual ya estudiado –en este caso favorablemente al proponente- generando un derecho
adquirido. Por tanto, es claro que la firma o suscripción de la minuta de contrato de concesión corresponde a
una actuación propia del procedimiento gubernativo minero, pero no es suficiente para que el mismo nazca a la
vida jurídica y surta los efectos que le son propios, ni determina la existencia de un derecho adquirido”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

Ley 1753 del 9 de junio de 201564 —Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018—
estableció que la autoridad minera nacional adoptaría un sistema de cuadrícula
única y continua, que podría ser implementado incluso respecto de los títulos
vigentes si el beneficiario así lo decidía, el que fue desarrollado por la ANM mediante
la Resolución 504 del 18 de septiembre de 2018, en la que se dispuso que estaría
conformado por un conjunto continuo de celdas65 y que, de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, las solicitudes anteriores estarían conformadas
por celdas compuestas y colindantes por un lado de la cuadrícula minera.

Posteriormente, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 201966 —Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022—, en la que se estipuló que la implementación del sistema
de cuadrícula se llevaría a cabo de acuerdo con los lineamientos definidos por la
autoridad minera nacional, que todas las solicitudes y propuestas se evaluarían con
base en este y que no se permitiría la superposición de propuestas sobre una misma
celda, con excepción de las concesiones concurrentes. A su vez, se prescribió que
los títulos mineros otorgados con anterioridad a la vigencia de esa norma migrarán
a ese nuevo esquema, manteniendo las condiciones y coordenadas con las que
fueron otorgados.

En virtud del mandato anterior, la ANM profirió la Resolución 505 del 2 de agosto de
2019, en la que se adoptaron los lineamientos para la evaluación de los trámites y
solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para
la migración de los títulos mineros a ese esquema, para lo cual se previó un período
de transición desde la vigencia de ese acto administrativo y hasta el 31 de octubre
de 2019, en el que se realizaría la transformación y evaluación de las propuestas
de contratos de concesión y solicitudes mineras en trámite67.

En ese orden, la Resolución 505 de 2019 dispuso que la delimitación del área de
las propuestas de contrato de concesión y las peticiones mineras en trámite se
establecerá y evaluará con base en la cuadrícula minera prevista en la Resolución

64 LEY 1753 DE 2015, artículo 21 “Clasificación de la minería. (…) Parágrafo. A partir de la entrada en vigencia

de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadrícula para delimitar el área
objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única y continua. Así mismo podrá adaptar al sistema
de cuadrículas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en
caso de que el beneficiario de estos así lo decida (…)”.
65 RESOLUCION 504 DE 2018, Artículo 3. “Cuadrícula minera. Se adopta como cuadrícula minera la

conformada por un conjunto continuo de celdas (…). Parágrafo. De conformidad con el artículo 21 de la Ley
1753 de 2015, los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación de la cuadrícula minera
podrán adaptarse a ésta en caso de que el beneficiario así lo decida (…)”. // “Artículo 4. Trámites de solicitudes.
Las solicitudes y propuestas presentadas con anterioridad (…) estarán conformados espacialmente por celdas
completas y colindantes por un lado de la cuadrícula minera”.
66 LEY 1955 DE 2019, Artículo 24. “Sistema de cuadrícula en la titulación minera. La implementación del sistema

de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los
lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. (…) Todas las solicitudes y propuestas se
evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad minera nacional. Por lo
anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las
concesiones concurrentes. (…) Los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del
sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y
coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual se atenderá la metodología que para el efecto establezca
la autoridad minera nacional”.
67 RESOLUCION 505 DE 2019, Artículo 1. “Adoptar los lineamientos para la evaluación de los trámites y

solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para la migración de los títulos
mineros al sistema de cuadrícula (…)”. // “Artículo 3. Transición. Dar inicio al período de transición desde la
entrada en vigencia del presente acto administrativo y hasta el 31 de octubre de 2019. Durante este período, se
realizará la transformación y evaluación de las propuestas de contratos de concesión y solicitudes mineras que
se encuentren en trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

504 de 201868; sin embargo, esta Corporación anuló varios apartes de las reglas de
negocio 6.1.2. y 6.1.6. de esa decisión69, porque: i) crearon un derecho exclusivo en
favor del beneficiario de títulos mineros sobre áreas no comprendidas en su título,
al prever el bloqueo de celda cuando es tocada parcialmente por uno o más títulos
vigentes, desconociendo el orden de prelaciones; y ii) por favorecer
injustificadamente a los titulares mineros al establecer que eran los únicos
habilitados para presentar solicitudes de concesión sobre las áreas libres de una
celda tocada total o parcialmente por un título minero70.

En ese contexto, la normativa que, en el nivel reglamentario, establecía el bloqueo
total de una celda parcialmente libre y autorizaba exclusivamente a los titulares
mineros colindantes para solicitarla en concesión fue retirada del ordenamiento
jurídico. Ello implica que la prohibición de superposición sobre una misma celda
debe entenderse limitada únicamente a aquellas áreas que se encuentren
totalmente ocupadas, en los casos en que una solicitud se superponga con un título
minero previamente otorgado.

Ahora, mediante la Resolución 703 del 31 de octubre de 2019 de la ANM, la
transición establecida en la Resolución 505 de 2019 se prorrogó “hasta el
establecimiento y puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera
SIGM-”, que fue previsto mediante el Decreto 2078 del 18 de noviembre de 2019,
que modificó el Decreto 1073 de 2015 —único reglamentario del sector
administrativo de minas y energía—.

Teniendo en cuenta lo señalado y tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de
esta Sección71, resulta claro que la aplicación retrospectiva del sistema de
cuadrícula minera a las solicitudes de esa naturaleza que se radicaron bajo la
vigencia del anterior sistema de celdas, no representa una vulneración de los
derechos del peticionario, en la medida en que para tal momento no existía un
derecho adquirido, sino una mera expectativa, además de que tal figura propende
por acabar con la incertidumbre del modelo anterior, que generaba una falta de
certeza sobre las áreas que se otorgaban para la exploración y explotación de
recursos naturales no renovables.

En suma, se advierte que por medio de las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, el
legislador estableció el sistema de cuadrícula como un mecanismo para delimitar el
área objeto de los contratos de concesión minera en Colombia y dispuso su
aplicación inmediata, incluyendo a las solicitudes que se hubieran presentado con
anterioridad a la creación de ese mecanismo.

4.1.3. A partir de lo expuesto, la Sala precisará los aspectos fácticos y probatorios

68 RESOLUCION 505 DE 2019, Artículo 3. “(…) Parágrafo primero. La delimitación del área de las propuestas

de contrato de concesión y solicitudes mineras en trámite se establecerá y evaluará con base en la cuadrícula
minera de que trata la Resolución 504 de 2018 o la que la modifique, aclare o sustituya”.
69 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia

del 30 de junio de 2022. Rad. 41001-23-31-000-2012-00263-01 (68320).
70 La Sala precisa que la anulación de las reglas de negocio 6.1.2. y 6.1.6. de la Resolución 505 de 2019 no

tiene incidencia en este asunto, debido a que el demandante no cuestionó que la superposición había sido
determinada indebidamente, ni pusieron en discusión la metodología técnica con la que se calculó que aquella
existía, sino el hecho de que se aplicara el sistema de cuadrícula desconociendo el contrato firmado en 2009.
71 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023. Radicado 11001-

03-26-000-2021-00193-00 (67516).

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

que revisten especial relevancia para la adecuada resolución del caso:

En la actuación quedó demostrado que el actor presentó, el 3 de diciembre de 2004,
la propuesta núm. 693-17 ante la autoridad minera delegada del departamento de
Caldas, con el propósito de suscribir un contrato de concesión minera sobre un área
ubicada en el municipio de Marmato, para la explotación de minerales de oro y sus
concentrados72, en ejercicio del derecho previsto en el artículo 270 de la Ley 685 de
200173.

En una primera evaluación, la Oficina Técnica de la Unidad de Delegación Minera
certificó la disponibilidad de un área de 15,07 hectáreas74; sin embargo, en
reevaluación posterior del 8 de junio de 2006, se advirtió la existencia de
superposiciones con títulos mineros vigentes en los niveles II y III, por encima de la
cota 1.370 msnm, por lo cual se redujo el área libre a 6,68 hectáreas 75. Esta nueva
delimitación fue aceptada por el proponente mediante comunicación de 20 de
septiembre de 200676. Posteriormente, mediante concepto técnico del 25 de octubre
del mismo año, la Oficina Técnica concluyó que el área efectivamente disponible
correspondía a 6 hectáreas con 3.937,0350 metros cuadrados77.

No obstante, la Oficina Técnica de la Delegación Minera de Caldas reevaluó
nuevamente la propuesta y, mediante concepto emitido el 19 de mayo de 2009,
concluyó que esta presentaba superposición con títulos y solicitudes mineras
preexistentes78. En consecuencia, señaló que únicamente era viable otorgar un área
libre de 6 hectáreas y 3937.0350 m², delimitación que fue aceptada por el
proponente mediante escrito presentado el 2 de junio de ese año79.

Con base en esta delimitación, el 30 de octubre de 2009 se firmó el contrato de
concesión minera núm. 693-17 entre la Gobernación de Caldas y el señor Pinilla
Pineda80. Con todo, aunque se suscribió el contrato, este no fue inscrito en el
Registro Minero Nacional. Inicialmente, mediante oficio del 10 de marzo de 2010, el
Instituto Colombiano de Geología y Minería —INGEOMINAS— informó a la
autoridad delegada que el contrato no había sido registrado por falta de datos
electrónicos, conforme al concepto técnico elaborado por el Grupo de Contratación

72 Folios 45 al 52 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
73 LEY 685 DE 2001, artículo 270. “Presentación de la Propuesta. La propuesta de contrato se presentará por
el interesado directamente o por medio de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el
notario o alcalde de la residencia del proponente, o por envío a través de correo certificado. En estos casos, si
la primera propuesta concurriere con otra u otras posteriores sobre la misma zona, se tendrá como fecha de
presentación la de su recibo por la autoridad competente o comisionada, o la fecha y hora en que la empresa
de correo certificado expida el recibo de envío. También será admisible la presentación de la propuesta a través
de medios electrónicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos para tal fin.
Toda actuación o intervención del interesado o de terceros en los trámites mineros podrá hacerse directamente
o por medio de abogado titulado con tarjeta profesional. Los documentos de orden técnico que se presenten
con la propuesta o en el trámite subsiguiente, deberán estar refrendados por geólogo, ingeniero de minas o
ingeniero geólogo matriculados, según el caso, de acuerdo con las disposiciones que regulan estas
profesiones”.
74 Folio 54 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
75 Folio 58 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
76 Folio 64 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
77 Folio 66 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
78 Folios 69 al 72 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
79 Folio 75 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
80 Folios 78 al 87 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI

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Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

y Titulación Minera81.

En virtud de ello, el expediente fue devuelto y se realizaron nuevas gestiones
administrativas para su registro, incluyendo el ingreso del contrato y sus
documentos técnicos y jurídicos al Catastro Minero Colombiano —CMC— durante
junio de 201382, pese a lo cual el contrato continuó sin ser inscrito en el Registro
Minero Nacional, de modo que no llegó a configurarse su existencia jurídica en los
términos exigidos por el artículo 50 del Código de Minas.

Entre tanto, mediante Resolución núm. 000007 del 16 de septiembre de 2013, la
ANM avocó el conocimiento de los trámites mineros provenientes de la Gobernación
de Caldas, incluido el expediente núm. 693-1783 y fue así como, en el marco del
ejercicio de sus funciones y conforme al artículo 274 del Código de Minas, la entidad
elaboró un nuevo reporte técnico de superposición el 4 de abril de 2014, en el cual
concluyó que el área pretendida presentaba traslape con títulos y solicitudes
vigentes en el municipio de Marmato, situación que impedía su adjudicación84.

Más adelante, a partir de 2019, con la implementación del sistema de cuadrícula
minera adoptado mediante las Resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019 —
expedidas con fundamento en las competencias asignadas por la Leyes 1753 de
2015 y 1955 de 2019—, y luego de la migración del expediente al nuevo sistema
georreferenciado con coordenadas Datum Magna Sirgas, la ANM concluyó que el
área solicitada se encontraba completamente superpuesta con zonas excluidas o
previamente adjudicadas. Esta información fue consignada en el “Concepto de
transformación y migración al sistema de cuadrícula minera” del 6 de octubre de
201985, y reiterada en las evaluaciones técnicas posteriores86. Como resultado, la
entidad consideró jurídicamente procedente el rechazo definitivo de la propuesta, lo
cual se formalizó mediante la Resolución núm. 001845 del 25 de octubre de 201987,
decisión que fue confirmada en sede de recurso de reposición mediante la
Resolución núm. 000176 del 6 de marzo de 202088.

Vistas, así las cosas, a partir del análisis integral del régimen minero aplicable se
concluye que no le asiste razón al demandante en sus reproches de ilegalidad, en
tanto las decisiones adoptadas por la ANM no vulneraron derechos adquiridos ni
desconocieron el marco normativo aplicable. Como se indicó previamente, el
artículo 14 del Código de Minas define el título minero, en sentido estricto, como el
contrato de concesión debidamente celebrado e inscrito en el Registro Minero
Nacional, mientras que el artículo 50 ejusdem establece que su perfeccionamiento
y prueba jurídica están sujetos a dicha inscripción. Estas normas, en concordancia
con el artículo 70 del mismo estatuto, que fija como punto de inicio de la vigencia
del contrato la fecha de su registro, junto con los artículos 328 y 33 ibidem, conducen
a concluir, sin duda, que este registro cumple una función constitutiva, publicitaria y
probatoria.

En ese contexto, la sola suscripción del contrato de concesión en 2009, sin su

81 Folios 91 al 96 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
82 Folios 150 al 151 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
83 Folios 152 al 169 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
84 Folios 170 al 173 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
85 Folios 22 al 23 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
86 Folios 29 al 31 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
87 Folios 21 al 24 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
88 Folios 25 al 39 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI

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Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

correspondiente inscripción en el Registro Minero Nacional, impide predicar su
existencia jurídica y, por tanto, descarta cualquier posibilidad de que se hayan
generado derechos adquiridos, como lo sostiene el demandante. Tampoco puede
afirmarse que haya habido una modificación unilateral del contrato como lo plantea
el agente del Ministerio Público, pues este no existía.

En efecto, conforme al artículo 301 del Código de Minas, la autoridad minera está
facultada para ordenar de manera oficiosa la exclusión de áreas superpuestas antes
de la inscripción en el Registro Minero Nacional, actuación que no implica una
modificación del contrato ni el ejercicio de potestades excepcionales, proscritas por
el artículo 51 de la misma ley. Como se indicó esta exclusión constituye una medida
correctiva y preventiva, adoptada en el marco de la legalidad y con el fin de asegurar
que las concesiones se otorguen exclusivamente sobre áreas libres de afectación
jurídica.

Adicionalmente, el artículo 279 del Código de Minas exige que la inscripción del
contrato solo puede realizarse una vez resueltas las oposiciones de terceros,
incluidas las derivadas de superposiciones o traslapos. En concordancia con dicha
disposición, la jurisprudencia de esta Corporación —citada en precedencia— ha
sostenido que las deficiencias de la administración en la detección de
superposiciones deben ser subsanadas con anterioridad a la inscripción del contrato
en el Registro Minero Nacional, lo que justifica las actuaciones desplegadas por la
ANM en el presente caso.

En consecuencia, las gestiones administrativas desplegadas por la ANM se
ajustaron a los principios que rigen la función pública, particularmente los de
legalidad, seguridad jurídica, eficacia del orden catastral minero y protección del
patrimonio público. No resulta viable alegar la vulneración de derechos adquiridos
en cabeza del solicitante, toda vez que el contrato no existía jurídicamente por falta
de inscripción en el Registro Minero Nacional, ni se cumplía el requisito de
disponibilidad del área solicitada conforme a las exigencias del ordenamiento
jurídico.

La ausencia de estos requisitos esenciales constituía un impedimento jurídico
insalvable para la adjudicación del título, lo que tornaba procedente la decisión de
rechazo y archivo adoptada por la autoridad minera. Esta medida no solo
encontraba sustento en el marco legal vigente, sino que también respondía a la
necesidad de preservar el orden y coherencia del catastro minero nacional, así
como de prevenir eventuales afectaciones al interés general. Sobre el particular, la
jurisprudencia de la Corporación, al resolver un caso similar al presente, sostuvo lo
siguiente89:

“(…) La aplicación del sistema de cuadrícula a la solicitud 20175510124892 no
tiene los visos de ilegalidad (…), dado que se trata de una petición en trámite, en
relación con la que, según se explicará enseguida, no existe todavía ninguna
situación consolidada que constituya un derecho adquirido en cabeza de los
particulares que la radicaron, que no podía surgir mientras no se hubiera
perfeccionado un contrato de concesión minera.

(…) Este planteamiento se deduce de la interpretación sistemática de los

89 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia

del 22 de junio de 2023, Rad. 67516

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artículos 14, 16 y 31 de la Ley 685 de 2001, en relación con los cuales, de los
dos primeros se deduce que, mientras no se otorgue o perfeccione con el primer
interesado solicitante un contrato de concesión o permiso especial para explorar
y explotar minas de propiedad estatal -según el caso-, únicamente existe en
cabeza suya un derecho de preferencia respecto de los peticionarios posteriores
(…)”.

En ese contexto, la aplicación de la nueva metodología de delimitación de áreas
libres, basada en el sistema de cuadrícula minera adoptado mediante las
Resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019, se encontraba plenamente justificada,
dado que el solicitante no contaba con un título minero vigente ni con una
situación jurídica consolidada al momento de su entrada en vigor, sino
únicamente con una expectativa de derecho. Tal como se expuso en
precedencia, la implementación del sistema de cuadrícula fue dispuesta a nivel
legal desde la Ley 1753 de 2015 y reiterada por la Ley 1955 de 2019, previendo
su aplicación a todas las propuestas en trámite y prohibiendo expresamente la
superposición de ofertas sobre una misma celda.

De dichas disposiciones, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia de esta
Corporación90, se evidencia no solo la intención del legislador de conferir efectos
retrospectivos al sistema de cuadrícula minera, sino también el propósito de
garantizar la coherencia técnica y jurídica del orden catastral minero. En
consecuencia, la actuación de la ANM se ajustó al marco de sus competencias
legales y constituyó un ejercicio legítimo de sus potestades de regulación y
ordenación del recurso minero, en armonía con los principios de legalidad,
eficiencia y seguridad jurídica que rigen la función administrativa. Con todo, es
importante aclarar que la falta de disponibilidad del área no fue originada por la
implementación del sistema de cuadrícula minera, sino que la aplicación
retrospectiva de este respondió a una evaluación técnica previa, sostenida y
debidamente acreditada por las autoridades competentes, en la que se constató
la imposibilidad jurídica de adjudicar el área solicitada.

4.1.4. De otra parte, como sustento de su postura, la parte actora invoca el concepto
jurídico emitido por el Ministerio de Minas y Energía, radicado núm. 201000250011
de 2010, en el cual se sostuvo que los contratos de concesión minera generan
efectos jurídicos desde el momento de su suscripción, aun cuando su inscripción en
el Registro Minero Nacional se realice con posterioridad.

Al respecto, la Sala precisa que, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo—91, y al entendimiento que le ha dado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional92, los conceptos que emitan las autoridades como respuestas a
derechos de petición de formulación de consultas no tienen los efectos ni el alcance
de un acto administrativo, además que, si bien están encaminados a definir
situaciones generales y abstractas así como a cumplir una función orientadora y
didáctica, en manera alguna crean situaciones jurídicas particulares, objetivas y

90 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia

de 18 de septiembre de 2023, Rad. 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267)
91 LEY 1437 DE 2011, artículo 28. “Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos

emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.
92 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-542 de 2005 del 24 de mayo de 2005

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concretas y, por tanto, no comprometen la responsabilidad de la entidad que lo
emite ni tampoco serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

En ese sentido, para la Sala resulta evidente que la posición jurídica adoptada en
su momento por el Ministerio de Minas y Energía, a través del concepto identificado
con el radicado núm. 201000250011 de 2010, no ostentaba la naturaleza de acto
administrativo ni tenía carácter vinculante para la entidad demandada, en la medida
en que se trataba de un pronunciamiento con valor meramente consultivo,
expresado a título de consejo, opinión o dictamen no formal, cuyo objeto no era
generar obligaciones ni dirimir una situación jurídica particular y concreta. En
consecuencia, el argumento expuesto carece de vocación de prosperidad, toda vez
que se sustenta en un documento de carácter orientador, desprovisto de efectos
jurídicos vinculantes, que no puede erigirse en precedente obligatorio ni limitar el
ejercicio de las competencias —ya sean regladas o discrecionales— atribuidas a la
ANM. En consecuencia, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad.

4.2. Solución al segundo problema jurídico

Como sustento de su reproche, la parte actora sostiene, en síntesis, que en el
presente asunto se configura una vulneración al debido proceso y al derecho de
contradicción, toda vez que la ANM omitió trasladarle el informe técnico que sirvió
de fundamento para la decisión de archivo, con lo cual se le impidió controvertir su
contenido. A juicio de la parte demandante, dicha omisión desconoce la doctrina
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—,
según la cual los informes técnicos elaborados por entidades públicas, cuando
involucran conocimientos especializados dirigidos a resolver cuestiones técnicas o
científicas, revisten la naturaleza de dictámenes periciales, aun cuando se
practiquen extraprocesalmente. En consecuencia, su incorporación como medio de
prueba exige el respeto al principio de contradicción, sin cuya observancia no
pueden derivarse efectos jurídicos desfavorables en contra del administrado.

4.2.1. Para resolver el cargo formulado, esta Sala considera pertinente señalar que,
conforme al marco normativo aplicable y atendiendo al problema jurídico planteado,
no existía obligación legal para la ANM de correr traslado previo al interesado del
informe técnico ni de las actuaciones administrativas que fundamentaron la decisión
de no inscribir el contrato de concesión en el Registro Minero Nacional, ni de
someter a su consideración el concepto técnico que determinó la existencia de
superposición con títulos mineros preexistentes. Tal exigencia no se deriva del
procedimiento especial regulado en el Código de Minas —Ley 685 de 2001— ni de
las normas supletorias del régimen general de procedimiento administrativo.

Esta conclusión se apoya, en primer lugar, en la naturaleza del procedimiento
administrativo especial previsto en el Código de Minas, el cual estructura un trámite
técnico, objetivo y reglado para la evaluación de propuestas de contrato de
concesión minera. El artículo 273 ejusdem determina que, una vez radicada la
propuesta —y en caso de ser necesario, corregida o adicionada conforme a las
causales previstas—, corresponde a la autoridad minera verificar la disponibilidad
del área solicitada mediante la determinación de la inexistencia de superposiciones

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con títulos vigentes o propuestas anteriores93. Esta disposición debe leerse de
manera sistemática con el artículo 301 del mismo Código, que faculta expresamente
a la administración para excluir de manera oficiosa las áreas superpuestas antes
del perfeccionamiento del contrato, como una medida legal y procedente en aras de
preservar la integridad del catastro minero y garantizar el respeto del principio de
legalidad en la adjudicación del derecho de concesión94.

El artículo 27495, a su turno, establece que si del estudio realizado se advierte la
configuración de alguna de las causales de rechazo definidas por el legislador —
como la superposición con títulos existentes—, la autoridad minera deberá expedir
un acto administrativo motivado que ordene el archivo de la propuesta. Este
procedimiento no prevé una etapa de contradicción previa ni una obligación legal de
traslado de los informes técnicos elaborados por la propia administración, por
cuanto se trata de documentos de carácter interno que orientan su función como
autoridad minera.

Desde esta perspectiva, el procedimiento administrativo minero se rige por
principios propios que lo distinguen de un proceso judicial. No se trata de un
procedimiento adversarial entre partes en conflicto, sino de una actuación
administrativa en la que la autoridad ejerce una función de verificación técnica y
legal orientada a determinar si se cumplen o no las condiciones para el otorgamiento
de un contrato de concesión. La evaluación técnica, en ese contexto, constituye un
instrumento de análisis interno que permite sustentar la decisión administrativa. Su
naturaleza no es la de un dictamen pericial en los términos del proceso judicial,
razón por la cual no es exigible su traslado previo ni su contradicción formal antes
de la decisión.

4.2.2. En relación con el reproche formulado por la parte actora, según el cual la
omisión del traslado desconoce la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia —Sala de Casación Laboral—, esta Sala advierte que dicha postura ha sido
desarrollada en el contexto del proceso laboral, donde rige el principio de
contradicción probatoria en términos estrictos y donde los informes técnicos
producidos extraprocesalmente, por su valor como pruebas expertas, deben ser
objeto de controversia. Sin embargo, tal doctrina no resulta extensible al
procedimiento administrativo minero, pues las condiciones procesales, finalidades
y naturaleza de la actuación son sustancialmente distintas.

El hecho de que un informe técnico contenga apreciaciones especializadas no lo
convierte, por sí mismo, en un dictamen pericial exigente de contradicción previa.
La autoridad minera cuenta con competencias técnicas propias, conferidas por la
93 LEY 685 DE 2001, artículo 273. “Objeciones a la Propuesta. (…) El término para corregir o subsanar la

propuesta será de hasta treinta (30) días y la autoridad minera contará con un plazo de treinta (30) días para
resolver definitivamente. (…) Una vez corregida la propuesta, cuando fuere el caso, se procederá a la
determinación del área libre de superposiciones con propuestas anteriores o títulos vigentes”.
94 LEY 685 DE 2001, artículo 301. “Exclusión oficiosa. En cualquier tiempo antes de la inscripción del contrato,

la autoridad concedente ordenará, de oficio o a petición del interesado, la eliminación de las superposiciones
de la propuesta con títulos vigentes debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional o con una propuesta
anterior en trámite, si por medio de sus sistemas de información, archivos, documentos y diligencias, puede
verificar dichas superposiciones”.
95 LEY 685 DE 2001, artículo 274. “Rechazo de la Propuesta. La propuesta será rechazada si el área pedida en

su totalidad se hallare ubicada en los lugares y zonas señaladas en el artículo 34 de este Código, si no hubiere
obtenido las autorizaciones y conceptos que la norma exige; si se superpone totalmente a propuestas o
contratos anteriores, si no cumple con los requisitos de la propuesta o si al requerirse subsanar sus deficiencias
no se atiende tal requerimiento. En caso de hallarse ubicada parcialmente, podrá admitirse por el área restante
si así lo acepta el proponente”.

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Ley 685 de 2011, que le permiten producir y valorar informes que orientan su
decisión, sin que por ello deba otorgar intervención previa al interesado en el
contenido de estos. El traslado que se exige en sede judicial como garantía del
debido proceso y del principio de contradicción no se proyecta automáticamente
sobre los procedimientos administrativos especiales, salvo disposición expresa en
contrario, la cual, en este caso, no existe. Sobre este punto, la jurisprudencia de la
Corporación ha emitido pronunciamientos del siguiente tenor96:

“(…) Además, se resalta que los argumentos del demandante
relacionados con: a) la posibilidad de contradecir la evaluación técnica
(…); carecen de fundamento, pues ninguna norma del procedimiento
administrativo que rige la propuesta de contrato de concesión prevé una
etapa o la posibilidad para que el proponente controvierta la evaluación
técnica (…)”

Por último, debe reiterarse que el procedimiento administrativo se encuentra regido
por el principio de legalidad, el cual impide imponer a la administración cargas o
requisitos no previstos en la norma. Pretender que la autoridad minera deba correr
traslado de cada informe técnico o de cada actuación interna no solo desconoce la
estructura propia del procedimiento especial minero, sino que también desnaturaliza
la finalidad de una actuación orientada a la protección del interés público, la racional
gestión del recurso minero y la seguridad jurídica de la actuación, según lo prevé el
artículo 258 del Código de Minas97.

En ese orden, no resulta procedente acudir a las reglas del CPACA como norma
supletoria, por cuanto en este caso no se configura un vacío normativo que habilite
su aplicación. En efecto, el artículo 3 del Código de Minas prevé el principio de
especialidad e impone una interpretación restrictiva de las disposiciones generales
frente a las normas del estatuto minero. Aunque el artículo 297 ejusdem permite la
integración normativa en aspectos no regulados con el estatuto procesal
administrativo, lo cierto es que el legislador, en ejercicio de su potestad de libre
configuración normativa, optó por no prever una fase de traslado previo en este tipo
de actuaciones, por lo que no puede exigirse por vía interpretativa sin desconocer
los límites impuestos por el principio de legalidad.

En suma, la actuación de la ANM se ajustó a las normas especiales que rigen el
procedimiento administrativo minero y al marco constitucional y legal que orienta la
función pública. La omisión del traslado del informe técnico no configura una
vulneración sustancial al debido proceso, ni vicia de nulidad los actos
administrativos acusados. Por el contrario, la entidad actuó dentro del ámbito de sus
competencias legales, en ejercicio legítimo de sus funciones de regulación,
evaluación y ordenación del recurso minero, con pleno respeto a los principios de
legalidad, eficiencia y seguridad jurídica. De lo anterior se desprende que el cargo
alegado no tiene vocación de prosperidad.

96 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 4 de febrero de 2022, Rad. 61357
97 LEY 685 DE 2001, artículo 258. “Finalidad. Todos los trámites, diligencias y resoluciones que integran el

procedimiento gubernativo en asuntos mineros, tienen como finalidad esencial garantizar, en forma pronta y
eficaz, el derecho a solicitar del particular como proponente del contrato de concesión y el de facilitarle su
efectiva ejecución. Este principio deberá informar tanto la conducta de los funcionarios y la oportunidad y
contenido de sus decisiones, como la actuación de los solicitantes y terceros intervinientes”.

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4.3. Solución al tercer problema jurídico

La parte actora sostiene que las decisiones adoptadas en las resoluciones acusadas
vulneran lo previsto en los artículos 2, 25 y 29 de la Constitución Política, así como
en los artículos 3, 4, 50, 328, 332 y 333 de la Ley 685 de 2001.

Teniendo en consideración los antecedentes expuestos, la Sala concluye que no se
configura la nulidad alegada por desconocimiento de las normas invocadas. Por el
contrario, los actos administrativos acusados se ajustan al ámbito de competencia
de la autoridad minera, se expidieron conforme al ordenamiento jurídico vigente y
respetaron las garantías procesales del proponente, conforme a las razones que se
explican a continuación:

4.3.1. En primer lugar, el artículo 29 de la Constitución Política reconoce el derecho
al debido proceso como garantía aplicable a toda actuación administrativa o
judicial98. No obstante, su alcance debe determinarse conforme a la naturaleza del
procedimiento en cuestión. En el ámbito del procedimiento administrativo minero,
ello implica que las garantías procesales no operan de manera uniforme, sino
conforme a las reglas especiales que lo regulan.

Como se expuso en precedencia, los artículos 273 y 274 del Código de Minas
establecen —entre otras disposiciones— el trámite de evaluación de las propuestas
de contrato de concesión y prevén un procedimiento específico. Conforme a dichas
normas, una vez radicada la solicitud, corresponde a la autoridad minera verificar si
el área solicitada se encuentra libre de traslape con títulos vigentes o con solicitudes
previamente presentadas. En caso de configurarse la causal de rechazo por no
existir área disponible, la administración debe expedir un acto administrativo
motivado que así lo declare. Este marco normativo no establece la obligación de
otorgar traslado previo de los informes técnicos que sustentan la decisión. Por tanto,
no resulta procedente afirmar que su omisión compromete, por sí sola, el respeto
de las garantías esenciales del debido proceso.

En segundo lugar, tampoco se configura una vulneración del derecho al trabajo
previsto en el artículo 25 de la Constitución Política99. Este derecho, en el contexto
del régimen jurídico minero, no implica la existencia de un derecho subjetivo a
obtener la inscripción de un contrato de concesión que no ha sido perfeccionado ni
satisface los requisitos establecidos en la ley. En tal sentido, el artículo 14 del
Código de Minas determina que el contrato de concesión solo genera efectos
jurídicos a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional. En ausencia de
este registro, y ante la constatación objetiva de que el área solicitada no se
encontraba libre, no puede afirmarse que se haya desconocido el derecho al trabajo,
pues no existía una situación jurídica consolidada que ameritara su protección.

Por último, en cuanto al artículo 2 de la Carta Política100, que establece los fines

98 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales

y administrativas (…)”.
99 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas”.
100 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 25. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,

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esenciales del Estado —incluida la garantía de los derechos y libertades—, no se
advierte que los actos demandados hubiesen impedido el ejercicio de los derechos
del interesado. Por el contrario, la actuación de la ANM respondió al cumplimiento
de sus funciones de administración racional del recurso minero, conforme a criterios
técnicos y legales previamente definidos.

4.3.2. Respecto del reproche formulado por presunta infracción de disposiciones
legales contenidas en la Ley 685 de 2001, la Sala advierte que tampoco se configura
la nulidad alegada, por las siguientes razones:

En lo que respecta al artículo 3 de la Ley 685 de 2001 101, la Sala destaca que esta
disposición establece la naturaleza sistemática, completa y de aplicación preferente
del régimen jurídico minero, en desarrollo de los mandatos constitucionales
relacionados con la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales no
renovables. En el presente caso, la decisión de archivar la solicitud se adoptó
conforme a criterios técnicos y jurídicos objetivos, con base en la metodología de
delimitación de áreas prevista en las Resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019.

Esta actuación administrativa se enmarca en el régimen especial previsto por el
Código de Minas, el cual debe aplicarse de manera preferente frente a disposiciones
generales. Además, esta norma obliga a las autoridades administrativas
competentes a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, incluso en
ausencia de normas expresas, mediante la aplicación de reglas de integración
jurídica y, en su defecto, de la Constitución Política. En este contexto, la autoridad
minera no solo actuó dentro del marco normativo vigente, sino que cumplió con su
deber legal de decidir con fundamento en el marco jurídico aplicable, sin desconocer
las garantías propias del debido proceso.

En cuanto al artículo 4 del Código de Minas102, la Sala advierte que esta norma
determina el carácter exclusivo y taxativo de los requisitos exigibles para la
presentación, trámite y existencia de los negocios mineros, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 84 Superior. En tal sentido, únicamente son exigibles las
condiciones previstas expresamente en dicha codificación, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las autoridades ambientales. En este marco, la

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (…) Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.
101 LEY 685 DE 2001, artículo 3. “Regulación completa. Las reglas y principios consagrados en este Código

desarrollan los mandatos del artículo 25, 80, del parágrafo del artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361
de la Constitución Nacional, en relación con los recursos mineros, en forma completa, sistemática, armónica y
con el sentido de especialidad y de aplicación preferente. En consecuencia, las disposiciones civiles y
comerciales que contemplen situaciones y fenómenos regulados por este Código, sólo tendrán aplicación en
asuntos mineros, por remisión directa que a ellos se haga en este Código o por aplicación supletoria a falta de
normas expresas. (…) Parágrafo. En todo caso, las autoridades administrativas a las que hace referencia este
Código no podrán dejar de resolver, por deficiencias en la ley, los asuntos que se les propongan en el ámbito
de su competencia. En este caso, acudirán a las normas de integración del derecho y, en su defecto, a la
Constitución Política”.
102 LEY 685 DE 2001, artículo 4. “Regulación general. Los requisitos, formalidades, documentos y pruebas que

señala expresamente este Código para la presentación, el trámite y resolución de los negocios mineros en su
trámite administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, serán los únicos exigibles a los interesados. Igual
principio se aplicará en relación con los términos y condiciones establecidas en este Código para el ejercicio del
derecho a explorar y explotar minerales y de las correspondientes servidumbres. De conformidad con el artículo
84 de la Constitución Política, ninguna autoridad podrá establecer ni exigir, permisos, licencias o requisitos
adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio del título
minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental”.

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inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional constituye un presupuesto
indispensable para la existencia del vínculo jurídico. Como en el presente asunto no
se cumplió con dicho requisito, no es posible afirmar la existencia de un elemento
subjetivo atribuible al proponente, ni se configura una expectativa legítima que
obligue a la administración a continuar con la actuación administrativa.

Frente al artículo 50 de la Ley 685 de 2001103, la Sala observa que esta norma
establece las solemnidades necesarias para la prueba del contrato de concesión
minera. Conforme a su tenor, dicho contrato debe constar por escrito en idioma
castellano, ser suscrito por las partes y, para que produzca efectos jurídicos, debe
inscribirse en el Registro Minero Nacional. En el presente caso, al no haberse
perfeccionado el contrato suscrito mediante su inscripción, no puede configurarse
un título válido ni alegarse la existencia de una relación jurídica consolidada.

En lo atinente a los artículos 328, 332 y 333 de la Ley 685 de 2001104, la Sala
advierte que estas disposiciones regulan el régimen de autenticidad, publicidad y
validez de los actos y contratos relacionados con la actividad minera. En particular,
el artículo 328 establece que el Registro Minero constituye el medio de autenticidad
y publicidad de los actos y contratos que otorgan, conservan o modifican derechos
a explorar y explotar minerales. El artículo 332 dispone, de manera expresa, que
únicamente podrán inscribirse en dicho registro los actos y contratos allí
enumerados —entre ellos, los contratos de concesión—, mientras que el artículo
333 precisa que dicha enumeración es de carácter taxativo, de modo que ningún
otro acto podrá acceder al registro.

En este orden, al no haberse efectuado la inscripción del contrato de concesión,
resulta improcedente afirmar la existencia de un título minero válido o de una
situación jurídica consolidada. Por tanto, la actuación administrativa que ordenó el
archivo de la solicitud —al no contar con área disponible— se encuentra conforme
con el ordenamiento jurídico y no comporta afectación de derecho subjetivo alguno
a favor del proponente.

4.3.3. Por otra parte, observa la Sala que la parte actora alegó en su demanda la
vulneración del principio de igualdad, al considerar que la ANM dio un trato desigual
al contrato de concesión 693-17 frente a otros títulos mineros —entre ellos, los
identificados con los códigos 834-17, ICQ-081027X, JHQ-08541, 690-17, 835-17,
KI7-08051, 810-17, 827-17, 808-17, 809-17, ICQ-081026X, JHQ-08471, 828-17,
811-17, ICQ-08018, 833-17 y 824-17—, los cuales, según el demandante,
presentaban similares características, fueron radicados en fechas cercanas e
inscritos en el Registro Minero Nacional sin objeción alguna, bajo el régimen previsto
en la Ley 685 de 2001.

Como se desprende de lo expuesto por la parte actora, su planteamiento se limita
a afirmar que la propuesta correspondiente al contrato de concesión 693-17
presentaba similares características frente a otras solicitudes radicadas en el
municipio de Marmato. Sin embargo, no se aportan elementos concretos que
permitan establecer en qué consistían dichas similitudes, ni se identifican los
aspectos fácticos o jurídicos que harían procedente un tratamiento igual. En

103 LEY 685 DE 2001, artículo 50. “Regulación general. Solemnidades. El contrato de concesión debe estar

contenido en documento redactado en idioma castellano y estar a su vez suscrito por las partes. Para su
perfeccionamiento y su prueba sólo necesitará inscribirse en el Registro Minero Nacional”.
104 Citados párrafos atrás

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

consecuencia, el simple hecho de que varias propuestas se hayan presentado en
una misma época y en una misma zona geográfica no impone, por sí solo, la
obligación de resolverlas en idéntico sentido. Por el contrario, como lo reconoce el
propio demandante, las demás propuestas invocadas sí fueron inscritas en el
Registro Minero Nacional, lo que indica que cumplían con el requisito esencial de
contar con un área libre de superposiciones, circunstancia que jurídicamente
justifica un tratamiento diferente.

4.3.4. Por último, la Sala advierte que la parte demandante alegó la existencia de
una supuesta falla del servicio, derivada de la negativa injustificada a registrar un
título minero vigente desde 2009. No obstante, dicha alegación no compromete la
validez de los actos administrativos proferidos por la ANM, los cuales se ajustaron
al ordenamiento jurídico. En efecto, conforme a la metodología de evaluación
vigente al momento de la decisión, no existía disponibilidad de área para otorgar el
título solicitado, circunstancia que justificaba jurídicamente su rechazo. Sobre este
mismo punto, en un caso análogo en el que también se aplicó la metodología de la
cuadrícula, la jurisprudencia de la Corporación se pronunció en los siguientes
términos al analizar un cargo de nulidad fundado en la supuesta mora de la
autoridad minera105:

“(…) La Sala empieza por indicar que el artículo 263 del Código de Minas no
prescribe ningún término para la resolución de las solicitudes objeto del
procedimiento previo al contrato de concesión, limitándose a indicar que no será
necesaria actuación alguna de los interesados para que exista un impulso
oficioso, con excepción de la interposición de recursos y la formulación de
oposiciones de terceros.

(Además) si en los referidos medios de control el acto cuestionado por ilegal
desaparece del mundo jurídico una vez el juez lo anule, aceptar la mora
administrativa como uno de los eventos que configura alguna de las causales de
anulación conduciría inevitablemente a que la entidad pública esté incurriendo
en ella, siempre y cuando no se haya configurado un silencio negativo, se
encuentre en el deber legal de expedir una decisión que nacería viciada una vez
se expida el acto correspondiente, lo que no tendría ninguna consideración
lógica, puesto que ¿cómo sería posible que el ordenamiento jurídico conmine a
decir aún con retraso si posteriormente sanciona la decisión en mora con su
anulación?” (…)”

En suma, los actos administrativos acusados fueron expedidos conforme al
procedimiento legalmente establecido, en ejercicio de competencias legítimas y con
sujeción a los principios que rigen la función pública. No se acreditó
desconocimiento de normas constitucionales o legales que vicie su validez, ni se
evidenció la existencia de derechos adquiridos en cabeza de la parte actora. De
este modo, carecen de fundamento los reproches planteados.

Precisado lo anterior, igual suerte correrán las pretensiones consecuenciales de
restablecimiento del derecho, al no estar dado el supuesto previo y necesario para
acceder a su estudio, como es el de no haberse infirmado la presunción de legalidad
de los actos administrativos acusados.

5. Conclusión

105 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 22 de junio de 2023, Rad. 67516

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Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

En consideración a lo expuesto, la Sala concluye que las actuaciones adelantadas
por la ANM se ajustaron al régimen jurídico especial que rige la actividad minera, y
se desarrollaron con sujeción a los principios de legalidad, debido proceso y
competencia. La decisión de archivar la solicitud correspondiente al contrato de
concesión 693-17 obedeció a la constatación objetiva de la inexistencia de área
libre, conforme a la metodología técnica aplicable, sin que se advierta vulneración
de derechos adquiridos, desconocimiento del principio de igualdad ni afectación
sustancial de garantías fundamentales. En consecuencia, los cargos de nulidad
carecen de respaldo fáctico y jurídico, por lo que no se configura causal que
justifique la invalidez de los actos administrativos demandados. Así las cosas, se
negarán las pretensiones de la demanda.

6. Condena en costas

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 365106 y 366107 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA108, establecen
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente
su causación; y su liquidación se realizará por la secretaría de la Corporación,
correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de acuerdo
con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Bajo este entendido, la Sala condenará en costas a la parte demandante, dado que
se negaron las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, la Secretaría de la
Corporación efectuará la liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que,
con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de
agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura109, se fijan agencias en
derecho en un (1) SMMLV a favor de la Agencia Nacional de Minería —ANM—.

106 LEY 1564 DE 2012. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
107 LEY 1564 DE 2012. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada

en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias
en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”.
108 LEY 1437 DE 20111. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
109 ACUERDO PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016. El artículo 5 numeral 1 establece que, para

los procesos declarativos en general, la tarifa en segunda instancia será “entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”

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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)
Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera Subsección C de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas causadas a
favor de la entidad demandada. Liquidar por Secretaría según lo dispuesto en el
artículo 366 del CGP e incluir, por concepto de agencias en derecho, la suma de un
(1) S.M.M.L.V. a favor de la Agencia Nacional de Minería.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

GE1

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