Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01101-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01101-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-01101-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
17 de julio de 2026
Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 25000-23-36-000-2018-01101-01 (68735)
Demandante: JOSÉ FROILAN MORENO RAMÍREZ
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
TEMAS: LEY APLICABLE EN MATERIA MINERA – Ley 685 de 2001 de manera prevalente y solo
ante vacíos absolutos o remisiones se debe acudir al Código Civil y de Comercio. RÉGIMEN
APLICABLE CUANDO SE REFORMA LA LEGISLACIÓN MINERA – En general, a los contratos
mineros le aplican las leyes vigentes para su perfeccionamiento. Si aquellas son modificadas o
adicionadas posteriormente, serán aplicables estas últimas solo si amplían, confirman o mejoran las
prerrogativas del concesionario, excepto cuando prevean modificaciones de las contraprestaciones
económicas en favor del Estado, en virtud del artículo 46 de la Ley 685 de 2001. FACULTAD
SANCIONATORIA EN MATERIA MINERA – Se encuentra sujeta al principio de legalidad y el
Gobierno Nacional puede reglamentar la materia. MULTAS EN MATERIA MINERA – Se tasan según
los límites establecidos en la legislación. Inicialmente, en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 su
tope se fijó en 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Posteriormente, el artículo 111 de
la Ley 1450 de 2011 incrementó el límite máximo en 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, normativa que comenzó a regir incluso para procedimientos en curso, por implicar cambios
en las contraprestaciones para el Estado. CONTRAPRESTACIÓN – En el ámbito minero, incluye las
regalías, los cánones superficiarios, y cualquier erogación que se pacte, pero no las multas.
CONTRATO MINERO – Está sujeto a la autonomía de la voluntad, pero no pueden convenirse y/o
interpretarse cláusulas en un sentido distinto a lo previsto en la normativa sobre la materia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor José Froilan Moreno
Ramírez contra la sentencia anticipada del 3 de febrero de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 23 de junio de 2009, el entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería -
Ingeominas- y el señor José Froilan Moreno Ramírez suscribieron el contrato de
concesión minera No. ICQ-08012, que tuvo por objeto concederle al segundo el
derecho a la exploración y explotación de un yacimiento de piedras semipreciosas
NPC sin tallar, cuarzo o sílice y demás minerales concesibles, en el municipio de
Tuluá, del departamento del Valle del Cauca, con un plazo de 30 años, acuerdo de
voluntades que se inscribió en el Registro Minero Nacional el 5 de febrero de 2010.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
Durante la ejecución del referido acuerdo de voluntades, el señor José Froilan
Moreno Ramírez se abstuvo de pagar el valor de la inspección de campo, así como
de aportar la licencia ambiental, los formatos básicos mineros y el plan de trabajos
y obras, pese a haber sido requerido en múltiples ocasiones para satisfacer dichos
deberes, motivo por el cual, el 10 de mayo de 2016, la Agencia Nacional de Minería
expidió la Resolución No. VSC-000428, mediante la cual le impuso una multa de
40,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión que fue confirmada en
sede de reposición por la Resolución No. VSC-001220 del 19 de octubre de 2016.
Inconforme, el señor José Froilan Moreno Ramírez presentó demanda de
controversias contractuales contra la Agencia Nacional de Minería, para que se
anularan las Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-
001220 del 19 de octubre de 2016, por considerar que no incumplió el contrato de
concesión No. ICQ-08012, por lo que no se le podían imponer multas y, en todo
caso, la sanción que se le aplicó excedió los límites legales.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 19 de abril de 20171, el señor José Froilan Moreno Ramírez presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra
la Agencia Nacional de Minería, con el fin de que se declare la nulidad de las
Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de
octubre de 2016, mediante las cuales se le impuso una multa por múltiples
incumplimientos del contrato de concesión minera No. ICQ-08012.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes2 (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“PRIMERO. Que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos contractuales contenidos en las siguientes resoluciones (i)
número VSC000428 calendada el día 10 del mes de mayo del año dos mil
dieciséis (2016) “por medio de la cual se impone una multa dentro del
1 Folios 1 a 29 del cuaderno principal.
2 A manera de antecedente, se resalta que, inicialmente, la demanda fue radicada en la Sección
Tercera del Consejo de Estado, corporación que, mediante proveído del 22 de marzo de 2018,
remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por ser incompetente para
resolver la controversia, dada su naturaleza contractual (folios 110 a 111 del cuaderno principal).
Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca requirió a la parte actora para que
reformulara el medio de control invocado, tras lo cual encausó su demanda en el de controversias
contractuales (folios 119 a 126 del cuaderno principal).
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
contrato de concesión No. ICQ-08012” y la (ii) número VSC-001220
calendada el día diecinueve (19) del mes de octubre (10) del año dos mil
dieciséis (2016) “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
dentro del contrato de concesión No. ICQ-08012” emitidas por la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, por medio del cual se impuso una
multa al señor JOSÉ FROILAN MORENO RAMÍREZ, titular del contrato
de concesión No. ICQ-08012, por valor de 40,5 salarios mínimos
mensuales vigentes, multa según lo relatado en la parte fáctica de esta
reclamación.
SEGUNDO. Que, como consecuencia obligada de la anterior declaración,
se REVOQUE la multa impuesta por valor de 40,5 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
TERCERO. Que se ordene cumplir con la sentencia en el término indicado
en el artículo 192 inciso 2 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
CUARTO. Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas
causadas en el presente proceso”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, el demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Argumentó que, el 23 de junio de 2009, el señor José Froilan Moreno Ramírez
y el Instituto Colombiano de Geología y Minería -Ingeominas- suscribieron el
contrato de concesión No. ICQ-08012, para la exploración y explotación de un
yacimiento de piedras semipreciosas “NPC” sin tallar y cuarzo o sílice y demás
minerales concesibles, en el municipio de Tuluá, del departamento del Valle del
Cauca. Sobre ello, adujo que, en virtud de la cláusula vigésima cuarta del contrato
de concesión No. ICQ-08012, el acuerdo de voluntades debía entenderse
perfeccionado una vez se inscribiera en el Registro Minero Nacional.
1.3.2. Aseveró que el contrato de concesión minera No. ICQ-08012 fue inscrito en
el Registro Minero Nacional el 5 de febrero de 2010.
1.3.3. Afirmó que, el 14 de octubre de 2009, se suscribió el otrosí No. 1 al contrato
de concesión No. ICQ-08012, en el cual se modificó la cláusula segunda del referido
acuerdo de voluntades en cuanto al área de ubicación de las actividades extractivas,
debido a que los municipios descritos en la minuta del contrato no coincidían con lo
graficado en el módulo de Registro Minero Nacional. También afirmó que la
modificación se inscribió en la plataforma en comento el 19 de febrero de 2010.
1.3.4. Anotó que, el 10 de mayo de 2016, la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
No. VSC-000428, mediante la cual le impuso al señor José Froilan Moreno Ramírez
una multa de 40,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
1.3.5. Agregó que, el 1° de julio de 2016, presentó recurso de reposición contra la
Resolución No. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016, por considerar que, a su
juicio, incurrió en un incumplimiento que se encasillaba en una falta leve, con una
multa de 13,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues, entre otros, el
Plan de Trabajos y Obras y el Plan de Manejo Ambiental no se lograron adelantar
por problemas de orden público.
1.3.6. Consideró que, con todo, la Agencia Nacional de Minería confirmó la
Resolución No. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 mediante la Resolución No.
VSC-001220 del 19 de octubre de 2016, decisión que le fue notificada el 11 de
noviembre de 2016, quedando agotada la vía administrativa.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que las
Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de
octubre de 2016 vulneraron los artículos 29, 58 y 84 de la Constitución, así como 3,
46, 115 y 265 de la Ley 685 de 2001, pues, en su criterio, la multa que allí se le
impuso desbordó los límites legales y convencionales fijados para el efecto.
Primero, formuló el cargo de “violación directa de la norma superior, por indebida
aplicación o interpretación errónea del artículo 111 de la Ley 1450 de 2011”, por
cuanto, a su juicio, sobre la base de una aplicación indebida de esa normativa se
impuso una multa superior al límite de 30 salarios mínimos legales mensuales
vigentes convenido en el contrato de concesión No. ICQ-08012, que a la postre era
un derecho adquirido que no podía ser desconocido por la autoridad minera.
Sobre el particular, destacó que la cláusula décima quinta del contrato de concesión
No. ICQ-08012 dispuso que, por cada incumplimiento obligacional que presentara
el contratista, se impondrían administrativamente multas sucesivas de hasta 30
salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual fue consonante con lo previsto
en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, en el cual se reiteró la misma regla.
Ante el anterior escenario, consideró que el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, en
el que se dispusieron multas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, no le resultaba aplicable, por ser posterior a la celebración y el
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, de manera que, como la demandada
sometió los incumplimientos del demandante a tal disposición jurídica, desconoció
sus derechos adquiridos y le dio un efecto injustificado a la norma.
Bajo esa perspectiva, aseveró que, como los actos administrativos demandados le
impusieron una multa por 40,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se
extralimitó tanto lo convenido en el contrato de concesión No. ICQ-08012, como lo
previsto en los artículos 46, 58 y 115 de la ley 685 de 2001.
Segundo, formuló el cargo de “falsa motivación” de los actos administrativos
demandados, ya que, aunque incurrió en el impago de la inspección de campo por
el valor de $683.820, se abstuvo de presentar los Formatos Básicos Mineros, y
omitió entregar la licencia ambiental pedida, esos sucesos fueron valorados
indebidamente, por cuanto no estaba obligado a satisfacer nada de ello.
Frente al impago de la visita de inspección de campo, argumentó que dicha
obligación perdió fundamento legal, por cuanto estaba contenida en la Ley 1382 de
2010, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-366 del 11 de mayo de 2011, motivo por el cual, la Resolución PARC
No. 033 del 5 de febrero de 2013, que le hizo un cobro por la suma de $683.820,
decayó, por haberse fundamentado en la legislación en comento y, por tanto, no
podía predicarse un incumplimiento por el impago del referido saldo.
Adicionalmente agregó que, dado que el incumplimiento no se configuró en la
práctica, por el decaimiento del deber que impuso el pago de las visitas de
inspección de campo, con mayor razón la multa era carente de fundamento, así
como, en todo caso, se fundó en la Ley 1382 de 2010, normativa que, igualmente,
fue posterior a la suscripción del contrato de concesión No. ICQ-08012.
En cuanto a la abstención en la presentación de los formatos básicos mineros,
estipuló que dicha obligación nace cuando el titular minero inicia los trabajos de
explotación minera, lo cual fue consagrado en ese sentido en la cláusula sexta del
acuerdo de voluntades, por lo que resultó caprichoso que se le pidiera cumplir ese
deber durante la fase de exploración.
Respecto a la falta de presentación de la licencia ambiental, manifestó que se le
exigió erradamente cumplir dicha exigencia en la fase de exploración, aunque en la
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
cláusula sexta del contrato de concesión No. ICQ-08012 se convino que ese deber
se haría exigible hasta la fase de construcción, montaje y explotación.
Finalmente, la cuantía se estimó en la suma de $29’877.538 “siendo este el valor
de la multa impuesta por la Agencia Nacional de Minería”.
2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones
2.1. El 21 de enero de 20193-4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada
en debida forma.
2.2. El 24 de abril de 20195, la Agencia Nacional de Minería contestó la demanda
y se opuso a sus pretensiones, por considerar que las Resoluciones Nos. VSC-
000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016 se
ajustaron a derecho.
Como apoyo de lo anterior, consideró que, una vez suscrito el acuerdo de
voluntades, requirió al señor José Froilan Moreno Ramírez, bajo apremio de multa,
para que cumpliera obligaciones como allegar los formatos básicos mineros, el
programa de trabajos y obras, y para el pago de la suma de $683.820 por concepto
de la inspección de campo y, como no satisfizo tales deberes, le impuso la multa
contenida en los actos administrativos reprochados.
Precisado el bosquejo fáctico, frente al cargo de “supuesta violación directa de la
norma superior por indebida aplicación o interpretación errónea del artículo 111 de
la Ley 1450 de 2011”, sostuvo que tanto en la Ley 685 de 2001, como en la cláusula
décima cuarta del contrato de concesión No. ICQ-08012 se estipuló que por cada
incumplimiento obligacional del contratista se impondrían multas de hasta 30
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con todo, la Ley 1450 de 2011
incrementó el tope de la sanción hasta 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes,
lo que, en los términos de los artículos 46 de la Ley 685 de 2001 y 38 de la Ley 153
de 1887, entraba a regir incluso los contratos de concesión ya suscritos.
3 Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conoció de la demanda y la admitió.
Con todo, el 12 de septiembre de 2018, la Agencia Nacional de Minería interpuso recurso de
reposición contra esa decisión, por considerar que aquella no era competente, como sí el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, mediante proveído del 13 de noviembre de 2018, se repuso la
providencia recurrida y se declaró la falta de competencia (folios 128 a 156 del cuaderno principal).
4 Folios 160 a 161 del cuaderno principal.
5 Folios 177 a 187 del cuaderno principal.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
A lo anterior sumó que la multa de 40,5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes se originó en el incumplimiento de 4 infracciones diferentes, lo que, con
mayor razón, y sin perjuicio de la normativa aplicable, revela que, en cualquier caso,
había lugar a sancionar al contratista por una suma mayor a los 30 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
En tal sentido, adujo que la autoridad minera estaba plenamente investida para
imponerle al contratista una multa superior a los 30 salarios mínimos legales
mensuales vigentes por los sendos incumplimientos presentados.
En cuanto al cargo de “falsa motivación”, agregó que el cobro del valor de la
inspección de campo, equivalente a $683.820, se efectuó el mes de marzo de 2011,
fecha en la que seguía vigente la Ley 1382 de 2010, habida cuenta que, si bien se
declaró inexequible, sus efectos se difirieron hasta 2013. Adicionalmente, advirtió
que el propio demandante sostuvo en el trámite de la conciliación extrajudicial y en
la demanda que debía ese dinero.
En cuanto a las obligaciones de contar con licencia ambiental y presentar los
formatos básicos mineros, señaló que la primera debía cumplirse en la fase de
exploración -no de explotación-, mientras que la segunda debía satisfacerse durante
todo el iter contractual sin distingo. También resaltó que, en cualquier caso, el
concesionario no manifestó su desacuerdo en satisfacer los referidos deberes
cuando se lo requirió para el efecto y, a su vez, aceptó en distintos momentos
haberlos desatendido.
Asimismo, puntualizó que, comoquiera que el contrato de concesión No. ICQ-08012
ya estaba en la fase de ejecución, cualquier obligación atada a las etapas anteriores
debía ser satisfecha, so pena de las multas que efectivamente se impusieron,
situación que a su juicio persigue que los títulos mineros no queden inoperantes o
que se materialicen desconociendo las reglas de juego en materia minera.
En conclusión, la Agencia Nacional de Minería sostuvo que los actos administrativos
demandados se ajustaron a derecho y no se logró desvirtuar su presunción de
legalidad.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
2.3. El 31 de mayo de 20196, el señor José Froilan Moreno Ramírez descorrió la
contestación de la demanda, para lo cual anotó que: i) el artículo 38 de la Ley 153
de 1887 no es aplicable al caso concreto, toda vez que la Ley 685 de 2001 reguló
integralmente los asuntos mineros y, además, el artículo 46 del segundo estatuto
dispuso que a los contratos de concesión les resultaría aplicable la normativa
vigente al momento de su perfeccionamiento; y ii) no puede predicarse un
incumplimiento del contrato de concesión No. ICQ-08012, debido a que el valor de
las visitas de inspección de campo decayó, como resultado de la inexequibilidad de
la Ley 1382 de 2010.
3. Auto de sentencia anticipada y alegatos de conclusión
3.1. El 5 de abril de 20217, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió auto mediante el cual dispuso dictar
sentencia anticipada, en virtud del artículo 182A del CPACA, con apoyo en que solo
se aportaron pruebas documentales, que fueron trasladadas sin que frente a
aquellas se hubiere formulado tacha o desconocimiento8. En esa línea, corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto.
3.1.1. El señor José Froilan Moreno Ramírez reiteró que, a su juicio, las
Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de
octubre de 2016 desconocieron el ordenamiento jurídico, por cuanto: i) no se debió
tasar la multa impuesta con base en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 por
haberse proferido de forma posterior a la suscripción del acuerdo de voluntades; y
ii) no incumplió el acuerdo de voluntades, por cuanto la normativa que
fundamentaba el cobro de las visitas de inspección de campo decayó, por lo que no
se le podía exigir satisfacer ese deber9.
3.1.2. La Agencia Nacional de Minería reafirmó que, en su criterio, las
Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de
octubre de 2016 se ajustaron a derecho, por cuanto el señor José Froilan Moreno
6 Folios 196 a 206 del cuaderno principal.
7 Índice 18 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
8 En efecto, la Agencia Nacional de Minería se restringió a indicar que “el demandante no aportó
pruebas que lograran demostrar que el PTO se hubiere presentado en debida forma” y “Por parte de
la Agencia Nacional de Minería se aportó todo el expediente minero, donde se puede observar todos
los conceptos técnicos con base en los cuales se tomó la decisión de no aceptar ni el PTO ni aceptar
la devolución de área”. Archivo No. 28 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.
9 Índice 20 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
Ramírez incumplió repetidamente el contrato No. ICQ-08012 en sus deberes de
pago de la inspección de campo y entrega tanto de la licencia ambiental, como de
los formatos básicos mineros, lo que fundamentó la multa de 40,5 salarios mínimos
legales mensuales vigentes que se le impuso, monto que se justificó en la normativa
aplicable -artículo 111 de la Ley 1450 de 2011-, dada la concurrencia de faltas por
el titular minero10.
3.1.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
4. Sentencia anticipada de primera instancia
Mediante sentencia del 3 de febrero de 202211, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, por encontrar que las Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo
de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016 se ajustaron a derecho.
Primero, consideró que se acreditó en debida forma que el señor José Froilan
Moreno Ramírez desatendió las obligaciones del contrato de concesión No. ICQ-
08012 en cuanto a: i) el pago del valor de la inspección de campo, ii) la ausencia
de la entrega de la licencia ambiental y el programa de trabajos y obras y iii) la
remisión de los formatos básicos mineros de los años 2010 y 2014, tanto así que,
al presentar un recurso de reposición contra la Resolución No. VSC-000428 del 10
de mayo de 2016, reconoció la mora obligacional e, incluso, pidió que la falta que
se le impusiera fuera simplemente leve. De ese modo, aseveró que “no existe
discusión en cuanto al incumplimiento contractual, diferente es que, según el señor
Moreno Ramírez, la multa excede el valor pagado el contrato, así como se aplicó
una norma que no estaba vigente”.
Específicamente, consideró que el señor José Froilan Moreno Ramírez no recurrió
las decisiones mediante las cuales se le fijó el cobro por la inspección de campo,
por lo que no podía ahora sostener que tal obligación no le resultaba exigible, so
pena de desconocer la firmeza y presunción de legalidad de las aludidas
actuaciones. Al punto, destacó que, en cualquier caso, la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 se difirió hasta 2013 y, habida cuenta que
el emolumento en cuestión se hizo exigible antes de esa fecha, contó con suficiente
10 Índice 21 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
11 Índice 22 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
motivación legal. Por último, aseguró que, en cualquier caso, para 2016 no había
restricción normativa en perseguir el pago de la referida erogación.
Por otro lado, respecto a la licencia ambiental y los formatos básicos mineros,
estimó que ambos documentos resultaban exigibles de forma general en la
actividad minera -específicamente, se debía contar con el primer documento para
la fase de construcción, montaje y explotación, mientras que el segundo debía
allegarse en cualquier momento- y, como el señor José Froilan Moreno Ramírez no
los entregó en la forma convenida en el contrato, resultaba evidente su mora
obligacional, en sintonía con los artículos 205 y 208 de la Ley 685 de 2001.
A partir de lo expuesto, concluyó que se acreditó debidamente la existencia de
sendos incumplimientos por el contratista del contrato No. ICQ-08012 frente a las
obligaciones de pago por inspección de campo y aporte de la licencia ambiental y
los formatos básicos mineros.
Segundo, precisada la existencia de un incumplimiento del contrato de concesión
No. ICQ-08012, el a quo puntualizó que las partes convinieron en el acuerdo de
voluntades que la autoridad minera podía imponerle al contratista multas sucesivas
de hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes “cada vez y para cada
caso de infracción de sus obligaciones”, por lo que, efectivamente, el tope máximo
de cada sanción correspondía a ese valor “pero no por la totalidad de las
obligaciones incumplidas, sino por cada una de estas”, en línea con el artículo 115
de la Ley 685 de 2001.
Con todo, también resaltó que, en cualquier caso, la autoridad minera tenía la
facultad para aplicar las normas vigentes al momento del procedimiento
sancionatorio, en concordancia con el artículo 46 de la Ley 685 de 2001, escenario
que, aterrizado al caso concreto, evidenciaba que era plenamente dable imponer la
sanción al titular minero José Froilan Moreno Ramírez con base en el artículo 111
de la Ley 1450 de 2011 y la Resolución No. 91544 del 24 de diciembre de 2014,
como en efecto se realizó.
Por otra parte, advirtió que tampoco se desconoció el principio de proporcionalidad,
por cuanto se atendieron los niveles de multas de la Resolución No. 91544 de 2014,
es decir, ante la concurrencia de cuatro faltas, siendo dos moderadas y dos leves,
se impuso la de mayor nivel así: se “aplicó el valor de la falta moderada -27-
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
aumentada a la mitad -15,5-, para un total de 40,5, monto menor al que se hubiese
aplicado con base en la Ley 685 de 2001”, considerando que esa normativa dispuso
un tope de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada infracción y,
como se presentaron cuatro, el límite pecuniario era de 120 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
De ese modo, concluyó que la multa impuesta se ajustó a la normativa que le era
aplicable, como también a los incumplimientos del contratista, sin que de algún
modo se hubiera desbordado el límite legal y/o convencional de la sanción.
5. Recurso de apelación
El 9 de febrero de 202212, el señor José Froilan Moreno Ramírez interpuso recurso
de apelación, que fue concedido el 15 de febrero de 202213 y admitido el 5 de agosto
de 202214.
En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, se acreditó que las Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10
de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016 desconocieron el
ordenamiento jurídico, por cuanto se lo multó: i) con base en una normativa que no
resultaba aplicable; y ii) bajo la premisa de una interpretación indebida del contrato.
Como primer cargo de la apelación, formuló que “la sentencia de primera instancia
no guarda congruencia con los hechos y con los cargos expresados en el concepto
de violación de la demanda”, debido a que, a su juicio, el a quo se abstuvo de
estudiar el cargo de “violación directa de norma superior, por indebida aplicación o
interpretación errónea del artículo 111 de la Ley 1450 de 2011”.
Sobre ello adujo que, en la demanda, reprochó que los actos administrativos
mediante los cuales se le impuso una multa basaron la sanción en el artículo 111
de la Ley 1450 de 2011, normativa posterior a la suscripción del contrato de
concesión No. ICQ-08012, “cambiando de manera sorpresiva las reglas de juego
que están contenidas en el contrato de concesión minera, el cual es ley para las
partes”, toda vez que, en la cláusula décima quinta del aludido título minero, así
12 Índice 26 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
13 Índice 27 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
14 Índice 5 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
como en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, se dispuso que el tope de las multas
era de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De ese modo, el apelante manifestó que, en concordancia con los artículos 58 de
la Constitución, así como 46 y 115 de la Ley 685 de 2001, la Ley 1450 de 2011 no
era retroactiva, ni podía regir situaciones consolidadas o derechos adquiridos antes
de su entrada en vigor, como a su juicio lo son las reglas de juego inicialmente
consagradas en materia sancionatoria minera.
Por último, agregó que, contrario a lo indicado por la Agencia Nacional de Minería
en la contestación de la demanda, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 no puede
aplicarse al caso concreto, por cuanto la Ley 685 de 2001, y dentro de ello su
artículo 46, reguló integral y preferentemente los asuntos mineros. Sobre ese punto,
precisó que el tribunal de primera instancia se abstuvo de considerar que al
concesionario solo le pueden ser aplicadas normas posteriores si dichas leyes
modificadas o adicionadas amplían, confirman o mejoran sus prerrogativas o,
expresado en otros términos, si son más beneficiosas para el concesionario, sin que
la excepción a dicha regla, consistente en que existan contraprestaciones a favor
del Estado, se haya configurado, debido a que dentro de esa última figura solo se
entienden las erogaciones reguladas en los artículos 332 y 334 de la Constitución,
a saber, las regalías y los cánones superficiarios, mas no las multas.
Como segundo cargo de apelación, formuló el de “indebida valoración probatoria”,
la cual consideró como “sesgada”, por una errada interpretación de la cláusula
décima quinta del contrato de concesión No. ICQ-08012, que estableció de forma
diáfana que “la concedente podrá imponer administrativamente multas sucesivas
de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
En virtud de los anteriores reproches, consideró que los actos administrativos
demandados adolecieron de sendos vicios de legalidad, que debían llevar a que se
declarara su anulación en segunda instancia.
6. Actuación en segunda instancia
6.1. Dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación, el Ministerio
Público emitió concepto15, en el cual solicitó denegar el recurso de apelación y
15 Índice 11 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
confirmar la sentencia de primera instancia, debido a que, a su juicio, las
Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de
octubre de 2016 de la Agencia Nacional de Minería atendieron la normativa que les
resultaba aplicable y se dictaron en forma congruente con los hechos relacionados
con la decisión tomada.
Al efecto, consideró que, contrario a lo sostenido por la parte apelante, la sentencia
recurrida sí estudió la totalidad de cargos de la demanda y, por tanto, se dictó de
manera concordante con el principio de congruencia. En específico, puntualizó que
la providencia de primera instancia analizó la procedencia de la aplicación del
artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 en cotejo con los artículos 115 del Código de
Minas y el contrato de concesión No. ICQ-08012, y acertó al concluir que, sin
perjuicio de dichas normas, en cualquiera de los escenarios allí regulados no se
superó el tope de la sanción, habida cuenta que el señor José Froilan Moreno
Ramírez incurrió en 3 incumplimientos, de suerte que la imposición de una multa de
40,5 salarios mínimos era un monto menor al límite de ley y convenido.
Lo anterior, por cuanto el límite inicialmente fijado de 30 salarios mínimos legales
mensuales vigentes debía entenderse por cada incumplimiento y, como hubo 3 de
ellos, el tope inicial habría sido de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes
y, como la multa impuesta ascendió a 40,5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, claramente no se superó la máxima para la sanción, aun cuando se
considerara aplicable la Ley 1450 de 2011, que determinó un límite de 1.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. A su vez, agregó que, cuando se le pusieron
de presente los incumplimientos al contratista, este no manifestó oposición, tanto
así que pidió que se interpretara esa mora obligacional como una falta leve.
Precisado lo anterior, concluyó su intervención señalando que el a quo tampoco
hizo una valoración indebida de la cláusula décima quinta del contrato de concesión
No. ICQ-08012, debido a que el análisis de esa prueba, precisamente, contribuyó a
concluir que la multa impuesta al señor José Froilan Moreno Ramírez no superó el
tope inicialmente previsto.
6.2. Una vez en firme el auto que admitió el recurso de apelación, el expediente
ingresó para fallo, debido a que no se solicitaron ni se decretaron pruebas en el
trámite de la segunda instancia.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia para conocer el
presente asunto, (2) procedencia del medio de control, (3) oportunidad de la
demanda incoada, (4) legitimación en la causa de los sujetos procesales, (5)
problema jurídico a resolver, (6) solución al problema jurídico y (7) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con base en el artículo 10416 del CPACA, pues las Resoluciones Nos. VSC-
000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016,
proferidas en el marco de la ejecución del contrato de concesión minera No. ICQ-
08012, fueron dictadas por la Agencia Nacional de Minería, en tanto agencia estatal
de naturaleza especial17.
El Consejo de Estado también es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con los artículos 15018 del CPACA y 29319 de la Ley
685 de 2001 -Código de Minas-, dada la vocación de doble instancia del proceso,
considerando que dicha normativa asignó el conocimiento de los asuntos derivados
de contratos de concesión mineros en primera instancia a los tribunales
16 Al sub judice le aplican las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la
demanda y de la apelación -19 de abril de 2017 y 9 de febrero de 2022, respectivamente- es decir,
la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 -salvo la
normativa sobre competencia, que entró a regir un año después- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en
los aspectos no contemplados en el primero, en virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del
primer estatuto. “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. //
Igualmente, conocerá de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que
sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública […]”.
17 Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011. “Artículo 1°. […] Créase la Agencia Nacional de Minería
ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía”.
18 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación […]”.
19 “Artículo 293. Competencia de los tribunales administrativos. De las acciones referentes a los
contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en
primera instancia, los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración”.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
administrativos, por lo que ahora corresponde a esta Corporación fungir como juez
de segunda instancia.
2. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14120 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería por la expedición de las
Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de
octubre de 2016, mediante las cuales se impuso una multa al señor José Froilan
Moreno Ramírez en el marco de la ejecución del contrato de concesión No. ICQ-
08012, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que
se formularon pretensiones referidas a una decisión dictada con ocasión al iter
contractual minero.
3. Oportunidad del medio de control
El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispuso que, en lo relativo a
los contratos, el interesado cuenta con 2 años para demandar, contados a partir del
día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de
fundamento, al margen de otras reglas especiales sobre la materia.
20 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
En el caso de estudio se encuentra que las Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10
de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016, mediante las cuales se
impuso una multa al señor José Froilan Moreno Ramírez y se confirmó dicha
determinación, respectivamente, fueron dictadas con ocasión del contrato de
concesión minera No. ICQ-08012, de modo que la oportunidad para ejercer el
derecho de acción debe contabilizarse a partir del momento en que la segunda
decisión fue notificada, considerando que los motivos de hecho y de derecho
expuestos por la parte demandante se fundan en dichos actos.
Así pues, la Resolución No. VSC-001220 del 19 de octubre de 2016, mediante la
cual se confirmó la Resolución No. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016, fue
notificada a José Froilan Moreno Ramírez el 17 de noviembre de 201621, por lo que
los 2 años para accionar corrieron entre el 18 de noviembre de 2016 y el 18 de
noviembre de 2018 y, como la demanda se radicó el 19 de abril de 2017, fue
presentada en tiempo, sin perjuicio del agotamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial, que se surtió entre el 6 de febrero y el 3 de abril de 201722.
4. Legitimación en la causa
El señor José Froilan Moreno Ramírez y la Agencia Nacional de Minería están
legitimados en la causa por activa y por pasiva respectivamente, debido a que el
primero fue destinatario de las Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de
2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016 y la segunda las profirió en el marco
de sus atribuciones en materia minera.
5. Problema jurídico
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP23, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
21 Folio 58 del cuaderno principal.
22 Folios 33 a 36 del cuaderno principal.
23 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
16
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fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”24.
En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede
de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le
formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado25.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, en el recurso de apelación, el señor
José Froilan Moreno Ramírez consideró que la sentencia de primera instancia debe
revocarse para, en su lugar, accederse a las pretensiones de la demanda, con
sustento en que: i) no existió una congruencia con los hechos y los cargos
expresados en el concepto de violación de la demanda y ii) hubo una indebida
valoración probatoria.
Primero, manifestó que el a quo se abstuvo de analizar que, mediante las
Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de
octubre de 2016, se lo multó por la suma de 40,5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes por incumplir el contrato No. ICQ-08012 con base en el artículo
111 de la Ley 1450 de 2011, normativa que a su juicio no era aplicable, por haberse
proferido en forma posterior al acuerdo de voluntades, en el cual se convino, en
concordancia con el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, que el tope de las sanciones
era de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A lo anterior sumó que la Ley 1450 de 2011 no podía aplicarse retroactivamente,
por haber entrado a regir para los asuntos mineros posteriores a su entrada en vigor,
24 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018 con
radicado 05001233100020010306801 (46005), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado
18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).
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ni interpretarse con base en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, pues la Ley 685
de 2001 reguló integralmente la actividad extractiva de recursos minerales no
renovables y, en específico, la norma que resultaba procedente para determinar el
régimen de las multas era el artículo 46 del último estatuto en comento, en virtud de
la cual se le debía aplicar la disposición jurídica más favorable para su situación.
Segundo, arguyó que el a quo valoró indebidamente la cláusula décima quinta del
contrato de concesión No. ICQ-08012, al desconocerse que aquella estipuló que el
tope máximo de las sanciones pecuniarias en su contra podía ser de no más de 30
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De entrada, la Sala encuentra que, pese a que en la demanda José Froilan Moreno
Ramírez consideró que la multa impuesta en su contra mediante las Resoluciones
Nos. VSC-000428 de 2016 y VSC-001220 de 2016 era improcedente, habida cuenta
que no incumplió el contrato de concesión No. ICQ-08012 por: i) no ser exigible el
pago del valor de la inspección de campo, ni ii) la licencia ambiental y los formatos
básicos mineros, y aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó
que tales deberes negociales fueron desatendidos por el actor, este nada dijo en la
apelación frente a tales puntos, pues se restringió a reprochar el hecho de que se
le hubiera aplicado el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 y la interpretación que se
hizo de la cláusula décima quinta del título minero.
Como consecuencia, al no existir en la apelación algún cuestionamiento en torno al
incumplimiento del señor José Froilan Moreno Ramírez planteado en la sentencia
de primera instancia, la Sala se encuentra relevada de analizar tal aspecto -
formulado como una falsa motivación en la demanda- en esta instancia, pues la
labor del ad quem es, precisamente, resolver los reproches que contra la sentencia
recurrida se formulen, sin que le corresponda volver a estudiar la demanda, so pena
de infringir el principio de congruencia y de pretermitir la carga que le asiste a las
partes de defender sus intereses en el curso del proceso.
A la vez, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en consonancia con
los cargos formulados por el actor frente a los incumplimientos presentados, hizo
alusión a la Resolución No. 91544 del 24 de diciembre de 2014 de la Agencia
Nacional de Minería, mediante la cual se fijaron los criterios para la graduación de
las multas por incumplimiento en materia minera, para analizar si la multa impuesta
desconoció o no el principio de proporcionalidad y, en específico, si desbordó los
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
límites allí contenidos, el apelante no cuestionó nada frente a ese punto,
circunstancia que impide a esta Subsección estudiar ese aspecto.
A partir de lo expuesto, y de conformidad con los cuestionamientos formulados en
el recurso de alzada, corresponde a la Sala determinar si el a quo erró al concluir
que las Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del
19 de octubre de 2016, proferidas con ocasión del contrato de concesión No. ICQ-
08012, se ajustaron a derecho y no incurrieron en una vulneración de las normas
superiores, debido a que: i) el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 no resultaba
aplicable para tasar la multa impuesta al señor José Froilan Moreno Ramírez y ii)
la cláusula décima quinta del título minero se interpretó indebidamente al
desconocerse la restricción allí convenida en materia sancionatoria.
6. Solución al problema jurídico
A efectos de determinar si los actos administrativos enjuiciados adolecen de algún
vicio de legalidad, corresponde verificar los sucesos alrededor de su expedición,
para lo cual se analizarán las pruebas relevantes incorporadas en primera instancia,
contenidas en los documentos aportados al proceso, de conformidad con lo previsto
en el artículo 24626 del CGP. Luego, se retomarán los cargos de apelación, a efectos
de determinar si hay lugar a acceder a lo señalado en esta.
6.1. El contexto en virtud del cual se multó al señor José Froilan Moreno
Ramírez con ocasión del contrato de concesión Minera No. ICQ-08012
6.1.1. El contrato de concesión minera No. ICQ-08012 y su modificación
6.1.1.1. El 23 de junio de 200927, el otrora Ingeominas y el señor José Froilan
Moreno Ramírez suscribieron el contrato de concesión No. ICQ-08012 “para la
exploración y explotación de un yacimiento de piedras semipreciosas NPC sin tallar,
cuarzo o sílice y demás minerales concesibles” en el área de la desembocadura de
la quebrada La Begonia, del río Bugalagrande, localizada entre los municipios de
Tuluá y Sevilla, del departamento del Valle del Cauca, con una extensión de
26 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
27 Folios a 37 a 47 del cuaderno principal.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
79,99739 hectáreas y una duración de 30 años, contados a partir de su inscripción
en el Registro Minero Nacional28.
En la cláusula cuarta se estipuló que el plazo para ejecutar el objeto negocial se
subdividiría de la siguiente manera:
i) Plazo para la exploración: 3 años, contados a partir de su inscripción en el
Registro Minero Nacional para hacer la exploración técnica del área contratada,
prorrogables por 2 años más.
ii) Plazo para la construcción y montaje: 3 años, contados a partir de la
finalización definitiva del período de exploración, prorrogable por 1 año.
iii) Plazo para la explotación: el tiempo restante, en principio 24 años, o el que
resulte según la duración efectiva de las dos etapas anteriores junto con sus
prórrogas, prorrogables por hasta 30 años.
La cláusula quinta estableció que sería una obligación del concesionario la gestión
ambiental, que en la fase de exploración se habría de realizar con las guías minero-
ambientales y en las etapas de construcción, montaje y explotación con licencia
ambiental. A su turno, la cláusula sexta prescribió que serían obligaciones del
contratista la presentación del programa de trabajos y obras tras el vencimiento de
la etapa de exploración, el registro e inventarios de la producción, el diligenciamiento
de los formatos básicos mineros y el pago de regalías, entre otros.
Por su parte, la cláusula décima quinta determinó que, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones por el concesionario, se impondrían multas de
hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes “cada vez y para cada caso
de infracción de las obligaciones emanadas del presente contrato”, que habría de
ser pagada por el concesionario dentro del término de 10 días hábiles, contados a
partir de la fecha de su ejecutoria.
Igualmente, en la cláusula décima novena se dispuso que, una vez finalizado el
contrato, operaría la reversión gratuita de bienes a favor del Estado y, en la cláusula
28 Ello, como resultado de la propuesta de contrato de concesión No. 7781 del 26 de marzo de 2007.
Folios 2 a 20 del archivo “ICQ-08012 principal 1” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
vigésima tercera se prescribió que “el contrato y lo estipulado se sujetará
exclusivamente a las leyes y jueces colombianos”.
Por último, el contrato de concesión No. ICQ-08012 fue inscrito en el Registro
Minero Nacional el 5 de febrero de 201029.
6.1.1.2. El 14 de octubre de 200930, el Ingeominas y el señor José Froilan Moreno
Ramírez celebraron el “otrosí No. 1 al contrato de concesión para la exploración y
explotación de un yacimiento de piedras semipreciosas NPC sin tallar y cuarzo o
sílice y demás minerales concesibles No. ICQ-08012”, en el cual se modificó la
cláusula segunda del referido acuerdo de voluntades, en el sentido de ajustar el
área para la actividad minera por una falta de coincidencia con los municipios
descritos y lo graficado en el módulo del Registro Minero Nacional.
En tal sentido, se precisó que el área otorgada en concesión estaba ubicada en el
municipio de Tuluá del departamento del Valle del Cauca, con una extensión de
79,99739 hectáreas. A la vez, se dispuso que “las demás cláusulas del contrato
permanecen vigentes”.
Finalmente, la modificación en comento se inscribió en el Registro Minero Nacional
el 19 de febrero de 201031.
6.1.2. La ejecución del contrato No. ICQ-08012 y las Resoluciones Nos. VSC-
000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016
6.1.2.1. El 17 de septiembre de 201232, el señor José Froilan Moreno Ramírez
solicitó la prórroga de la fase de exploración minera del contrato de concesión No.
ICQ-08012 por un término de 2 años “toda vez que deseo complementar y adicionar
los estudios y trabajos dirigidos a establecer la existencia de los minerales
concedidos y la factibilidad técnica y económica para explotarlos”.
6.1.2.2. El 19 de febrero de 201333, la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento
Minero de la Agencia Nacional de Minería dictó el “concepto técnico No. PARC-065-
29 Folio 46 del cuaderno principal.
30 Folios 48 a 50 del cuaderno principal.
31 Folio 50 del cuaderno principal.
32 Folio 86 del archivo “ICQ-08012 principal 1” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
33 Folios 91 a 99 del archivo “ICQ-08012 principal 1” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
13”, mediante el cual concluyó que para hacer la solicitud de prórroga se debía
adjuntar la justificación técnica del caso. A la vez, se le requirieron los formatos
básicos mineros de los años 2010 a 2012.
6.1.2.3. El 6 de marzo de 201334, la Agencia Nacional de Minería expidió la
Resolución No. PARC-006, mediante la cual realizó “el cobro de las inspecciones
de campo incluidas dentro del cronograma del grupo de seguimiento y control”. En
específico, frente al título minero No. ICQ-08012 se estableció que el señor José
Froilan Moreno Ramírez adeudaba la suma de $683.820. La anterior decisión fue
notificada el 7 de marzo de 2013.
6.1.2.4. El 27 de mayo de 201335, el señor José Froilan Moreno Ramírez le
manifestó a la autoridad minera que se inició la fase de exploración y se encontraron
nidos de piedras semipreciosas.
6.1.2.5. El 14 de enero de 201436, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería profirió el concepto técnico
PARC-024-14, mediante el cual solicitó el cumplimiento de las obligaciones de: i)
allegar los formatos básicos mineros de los años 2010, 2011, 2012 y 2013; ii) la
gestión de la licencia ambiental; iii) el aporte del plan de trabajos y obras; y iv) el
pago de la visita de inspección de campo del área del título minero, por la suma de
$683.820, realizada mediante la “Resolución PARC-006 de 06/03/2013”.
6.1.2.6. El 12 de febrero de 201437, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería emitió la Resolución No. GSC-
ZO 000036, mediante la cual no se accedió a la solicitud de prórroga de la etapa de
exploración dentro del contrato de concesión No. ICQ-08012. Lo anterior, por
considerar que aquella no se presentó con la debida justificación técnica y los
informes contemplados en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.
34 Folios 100 a 106 del archivo “ICQ-08012 principal 1” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
35 Folio 110 del archivo “ICQ-08012 principal 1” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
36 Folios 125 a 129 del archivo “ICQ-08012 principal 1” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
37 Folios 136 a 137 del archivo “ICQ-08012 principal 1” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
6.1.2.7. El 24 de febrero de 201438, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería requirió, bajo apremio de
multa, al señor José Froilan Moreno Ramírez, para que: i) allegara los formatos
básicos mineros de los años 2010 a 2013, para lo cual se le concedieron 30 días;
ii) presentara el programa de trabajos y obras dentro de los 30 días siguientes; y iii)
pagara la suma de $683.820 y los intereses causados por concepto de inspección
de campo en un plazo de 15 días.
6.1.2.8. El 13 de junio de 201439, se remitió a la Gerencia de Seguimiento y Control
de la Agencia Nacional de Minería un informe de fiscalización por incumplimientos
contractuales frente al título minero No. ICQ-08012 respecto a: i) los formatos
básicos mineros, ii) el plan de trabajos y obras, iii) la licencia ambiental, y iv) el
pago de la suma de $683.820 por la visita de inspección de campo. En tal virtud, el
23 de septiembre de 2014 se expidió el Auto PARC-718-14 mediante el cual se pidió
superar la referida mora obligacional. Lo propio se hizo mediante el Auto PAR Cali-
1008-15 del 16 de septiembre de 2015.
6.1.2.9. El 27 de abril de 201640, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería expidió el concepto técnico
PAR-CALI-157, en el cual reafirmó que el titular minero seguía desconociendo el
contrato frente a las obligaciones referidas en anteriores requerimientos.
6.1.2.10. El 10 de mayo de 201641, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución No.
VSC-000428, mediante la cual impuso a José Froilan Moreno Ramírez una multa
de 40,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, ejecutoriada la decisión,
ordenó remitirla al Grupo de Recaudo de Regalías y Contraprestaciones
Económicas de la Agencia Nacional de Minería para su conocimiento.
Como motivación de la anterior decisión, consideró que se requirió en múltiples
ocasiones al titular minero para que: i) allegara la suma de $683.820 por concepto
de inspección de campo; ii) entregara los formatos básicos mineros semestrales y
anuales de 2010, 2011, 2012 y 2013; iii) presentara el programa de trabajos y obras;
38 Folios 139 a 142 del archivo “ICQ-08012 principal 1” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
39 Folios 179 a 320 del archivo “ICQ-08012 principal 2” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
40 Folios 321 a 327 del archivo “ICQ-08012 principal 2” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
41 Folios 53 a 57 del cuaderno principal.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
y iv) aportara la licencia ambiental, sin que aquel hubiera satisfecho tales deberes
inherentes a la actividad extractiva a su cargo.
A partir del anterior panorama, la autoridad minera señaló que el artículo 115 de la
Ley 685 de 2001 fijó multas de hasta 30 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por cada incumplimiento que se presentara frente a títulos mineros, límite
que fue incrementado por el artículo 111 de la ley 1450 de 2011 hasta un máximo
de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Bajo el anterior derrotero, tasó las infracciones cometidas con base en la Resolución
No. 91544 del 24 de diciembre de 2014, catalogando como: i) falta moderada que
no se cuente con licencia ambiental y que no se haya presentado el programa de
trabajos y obras, así como ii) falta leve que el titular no haya presentado los formatos
básicos mineros y el impago de la visita de inspección de campo. Así, concluyó que
la multa a imponer era la de mayor nivel, por haber concurrencia de
incumplimientos, lo que arrojó la suma de 40,5 salarios mínimos mensuales.
6.1.2.11. El 1° de junio de 201642, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería emitió el Auto PARC-371-16,
en el cual requirió al señor José Froilan Moreno Ramírez a cumplir las obligaciones
objeto de la multa impuesta en su contra.
6.1.2.12. El 1° de julio de 201643, el señor José Froilan Moreno Ramírez presentó
recurso de reposición contra la Resolución No. VSC-000428 del 10 de mayo de
2016 en el cual solicitó que se le alivianara la multa impuesta hasta 13,5 salarios
mínimos legales mensuales vigentes pues, en su criterio, las faltas moderadas
fueron ajenas a su voluntad “debido a que el PTO y PMA no se lograron adelantar
por problemas de orden público en el área de la licencia” y, frente a la falta leve por
el impago de la visita de fiscalización, reconoció su existencia y pidió que fuera
compensada con los excedentes de dinero por concepto de pago superficiario.
6.1.2.13. El 6 de julio de 201644, la Agencia Nacional de Minería expidió el informe
PARCALI-186-2016 de “fiscalización integral”, en el cual puso de presente que el
42 Folios 343 a 345 del archivo “ICQ-08012 principal 2” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
43 Folios 356 a 357 del archivo “ICQ-08012 principal 2” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
44 Folios 358 a 382 del archivo “ICQ-08012 principal 2” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
contrato de concesión No. ICQ-08012 se encuentra en la fase de explotación desde
el 5 de febrero de 2016 hasta el 4 de febrero de 2040, sin que se haya presentado
el plan de trabajos y obras, los formatos básicos mineros, la licencia ambiental y el
pago de saldos adeudados.
6.1.2.14. El 8 de julio de 201645, la Agencia Nacional de Minería expidió el “informe
de inspección técnica de seguimiento, control y seguridad minera realizada al área
del contrato de concesión No. ICQ-08012”, en el que concluyó que el referido
acuerdo de voluntades se encontraba en la fase de explotación desde el 5 de
febrero de 2016 hasta el 4 de febrero de 2040; empero, no se presentó el plan de
trabajos y obras, ni la licencia ambiental y, además, se encontró que no se estaba
realizando ninguna labor extractiva.
6.1.2.15. El 14 de julio de 201646, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería emitió el Auto PARC-532-16,
en el cual se le corrió traslado al señor José Froilan Moreno Ramírez del informe de
visita técnica de seguimiento y control del 6 de julio de 2016 para que cumpliera las
obligaciones cuyo incumplimiento se puso de presente en tal documento. Dicha
decisión fue notificada el 18 de julio de 2016.
6.1.2.16. El 19 de octubre de 201647, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución No.
VSC-001220, mediante la cual resolvió el recurso de reposición presentado por el
señor José Froilan Moreno Ramírez contra la Resolución No. VSC-000428 del 10
de mayo de 2016, en el sentido de confirmar integralmente tal decisión.
Al efecto, la autoridad minera reafirmó que la multa impuesta atendió a los artículos
115 de la Ley 685 de 2001 y 111 de la Ley 1450 de 2011 “teniendo en cuenta el tipo
de obligación, la incidencia del incumplimiento de la obligación en el título minero,
las etapas contractuales y los rangos de producción de los diferentes minerales en
la etapa de exploración”, y considerando que el señor José Froilan Moreno Ramírez
incurrió en cuatro incumplimientos -constitutivos de dos faltas leves y dos
moderadas- frente a los cuales no se encontró justificación.
45 Folios 65 a 101 del cuaderno principal.
46 Folios 102 a 104 del cuaderno principal.
47 Folios 59 a 64 del cuaderno principal.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
Al punto, expresó que, según la tabla 5 del artículo 3 de la Resolución No. 91544 de
2014, tasó la multa considerando que: i) para cada falta leve correspondía imponer
la suma de 13,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para cada falta
moderada 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y ii) en caso de que
hubiera varias faltas del mismo nivel, se impondría la sanción equivalente a la del
mayor nivel aumentada a la mitad, y de haber faltas de distinta gravedad, se
atribuiría la de mayor nivel. Bajo esas premisas, impuso un valor total de 40,5
salarios mínimos legales mensuales vigentes, producto de imponer la sanción por
la falta moderada -la de mayor nivel- aumentada a la mitad.
6.1.2.17. El 18 de noviembre de 201648, la Resolución No. 001220 del 19 de octubre
de 2016 quedó en firme, tras notificarse personalmente el 17 de noviembre de 2016.
6.1.2.18. El 8 de julio de 201749, la Agencia Nacional de Minería exhortó a José
Froilan Moreno Ramírez para que pagara la multa de 40,5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes que se le impuso mediante las Resoluciones Nos. VSC-000428
de 2016 y VSC-001220 de 2016 y que fue tasada en la suma total de $28’978.051.
Ante la negativa a ello, se embargó una cuenta de ahorros de su propiedad.
6.2. Las Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220
del 19 de octubre de 2016 se ajustaron a derecho
El señor José Froilan Moreno Ramírez consideró en su apelación que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca erró al concluir que las Resoluciones Nos. VSC-
000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016 no se
ajustaron a derecho, por considerar que tales decisiones incurrieron en una
infracción de las normas superiores, en atención a que el artículo No. 111 de la Ley
1450 de 2011 no resultaba aplicable y, además, por dársele un alcance errado a la
cláusula décima quinta del contrato de concesión No. ICQ-08012.
Específicamente, el apelante estimó que: i) el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011
no era aplicable por haberse proferido en forma posterior al acuerdo de voluntades
y por estipularse en el artículo 46 de la Ley 685 de 2001 que se le debía aplicar la
normativa que le resultara más favorable, contenida en el artículo 115 del mismo
estatuto, que estableció un tope menor para la sanción; y ii) la cláusula décima
48 Folio 58 del cuaderno principal.
49 Folios 534 a 541 del archivo “ICQ-08012 principal 3” de la carpeta “CD1 folio 313” del índice 17
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
quinta del contrato de concesión No. ICQ-08012 no fue interpretada en debida
forma, por desconocerse que, igualmente, en tal disposición se fijó un límite máximo
para la sanción menor al que se le impuso.
Ante el anterior contexto, está demostrado que, el 23 de junio de 2009, el
Ingeominas y José Froilan Moreno Ramírez suscribieron el contrato de concesión
No. ICQ-08012, que tuvo por objeto la exploración y explotación de un yacimiento
de piedras semipreciosas NPC sin tallar, cuarzo o sílice y demás minerales
concesibles, con un plazo de 30 años, dentro del cual se convino en la cláusula
décima quinta que, de haber incumplimiento de las obligaciones del concesionario,
se impondrían multas de hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes
frente a cada infracción. A su vez, el referido negocio jurídico se inscribió en el
Registro Minero Nacional el 5 de febrero de 2010 (hecho probado No. 6.1.1.1.).
El 17 de septiembre de 2012, el señor José Froilan Moreno Ramírez solicitó la
prórroga de la fase de exploración del contrato de concesión No. ICQ-08012 por un
término de 2 años, lo cual fue desestimado mediante la Resolución No. GSC-ZO
000036 del 12 de febrero de 2014, por no contar con suficiente sustento técnico
(hechos probados Nos. 6.1.2.1., 6.1.2.2. y 6.1.2.6.). Paralelamente, la autoridad
minera comenzó a requerir al titular minero -primero en calidad de exhorto, y luego
bajo apremio de multa-, debido a que no cumplió las obligaciones de: i) pago de la
suma de $683.820 por concepto de las inspecciones de campo incluidas dentro del
cronograma del grupo de seguimiento y control; ii) presentación de los formatos
básicos mineros entre los años 2010 y 2013; iii) expedición de la licencia ambiental;
y iv) plan de trabajo y obras (hechos probados Nos. 6.1.2.3., 6.1.2.5. y 6.1.2.7.).
La circunstancia descrita llevó a que, el 13 de junio de 2014, la Gerencia de
Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería remitiera un informe de
fiscalización por los incumplimientos presentados, que fue reafirmado mediante el
concepto técnico PAR-CALI-157 del 27 de abril de 2016 (hechos probados Nos.
6.1.2.8. y 6.1.2.9.).
En tal virtud, el 10 de mayo de 2016, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución No. VSC-
000428, mediante la cual impuso a José Froilan Moreno Ramírez una multa de 40,5
salarios mínimos legales mensuales vigentes por los incumplimientos presentados
frente al valor de las inspecciones de campo, los formatos básicos mineros, la
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
licencia ambiental y el plan de trabajo y obras. La sanción fue tasada con base en:
i) los artículos 115 de la Ley 685 de 2001 y 111 de la Ley 1450 de 2011; y ii) la
Resolución No. 91544 del 24 de diciembre de 2014 (hecho probado No. 6.1.2.10).
La anterior decisión fue recurrida en sede de reposición y confirmada por medio de
la Resolución No. VSC-001220 del 19 de octubre de 2016, con apoyo en que la
multa impuesta atendió los artículos 115 de la Ley 685 de 2001 y 111 de la Ley 1450
de 2011, y los criterios de la Resolución No. 91544 de 2014, sin que correspondiera
morigerar la sanción impuesta (hechos probados Nos. 6.1.2.12. a 6.1.2.16.).
En virtud de lo expuesto, la Sala encuentra que la multa impuesta al señor José
Froilan Moreno Ramírez por el incumplimiento del contrato de concesión No. ICQ-
08012 atendió integralmente la normativa que le resultaba aplicable, debido a que
no se superó el tope previsto para la sanción en la legislación minera, ni se
desatendió el clausulado negocial sobre la materia, de modo que las Resoluciones
Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de
2016 se ajustaron a derecho, como pasa a explicarse.
Ciertamente, el artículo 115 de la Ley 685 de 200150 dispuso que la autoridad
concedente o su delegada podrían imponer al concesionario multas sucesivas de
hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes “cada vez y para cada caso
de infracción de las obligaciones emanadas del contrato”. A su turno, el artículo 111
de la Ley 1450 de 201151 incrementó el tope de la sanción hasta 1.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En ese sentido, la Sala evidencia que, en la práctica, el legislador incrementó el
límite máximo para la imposición de las multas mediante la Ley 1450 de 2011,
normativa que, en los términos del artículo 276 del mismo estatuto52, entró en vigor
50 “Artículo 115. Multas. Previo el procedimiento señalado en el artículo 287 de este Código, la
autoridad concedente o su delegada, podrán imponer al concesionario multas sucesivas de hasta
treinta (30) salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones
emanadas del contrato, siempre que no fuere causal de caducidad o que la autoridad concedente,
por razones de interés público expresamente invocadas, se abstuviere de declararla. // La cuantía
de las multas será fijada valorando, en forma objetiva, la índole de la infracción y sus efectos
perjudiciales para el contrato. // La imposición de las multas estará precedida por el apercibimiento
del concesionario mediante el procedimiento señalado en el artículo 287 de este Código”.
51 “Artículo 111. Medidas para el fortalecimiento del cumplimiento de obligaciones de los titulares
mineros. Las multas previstas en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, se incrementarán hasta en
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada vez y para cada caso de infracción
de las obligaciones contractuales, en particular de aquellas que se refieren a la seguridad minera. El
Ministerio de Minas y Energía reglamentará los criterios de graduación de dichas multas”.
52 “Artículo 276. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias […]”.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
“a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias”53, sin que se hubiera establecido un régimen de transición, por lo que
prima facie entró a regir todas las situaciones con ocasión de la actividad minera
que propiciaran una sanción pecuniaria.
Ahora bien, ante los cambios normativos en materia minera, el artículo 46 de la Ley
685 de 200154 estipuló que, por regla general, al contrato le serían aplicables
durante el término de su ejecución y durante sus prórrogas las leyes mineras
vigentes al tiempo de su perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna,
disposición que buscó otorgar seguridad jurídica al acuerdo de voluntades y
blindarlo de cambios normativos intempestivos. La referida disposición jurídica
también señaló que, de haber modificaciones posteriores, al concesionario le
aplicarían las últimas solo en cuanto ampliaran, confirmaran o mejoraran sus
prerrogativas, lo que persiguió que, únicamente cuando los cambios normativos le
resultaran más favorables al titular minero, estos entrarían a regular sus actividades.
Pese a lo anterior, el mismo artículo 46 de la Ley 685 de 2001 estableció una
excepción a la favorabilidad del titular minero antes aludida, puntualmente en
aquellos eventos en los que se “prevean modificaciones de las contraprestaciones
económicas previstas en favor del Estado o de las entidades territoriales”, ello, como
resultado de una ponderación entre la seguridad jurídica y los intereses del Estado
en cuanto a la extracción de recursos no renovables, en virtud de lo cual, cuando la
nueva disposición jurídica que se expida verse sobre las erogaciones que le
corresponden al Estado por cuenta de la actividad minera, tal normativa entraría a
regir de manera inmediata, incluso frente a títulos mineros ya perfeccionados.
Sobre el concepto de “contraprestación” en materia minera, la jurisprudencia de esta
Sección55 ha considerado que, como producto de dicha actividad, el Estado puede
percibir erogaciones como regalías, cánones superficiarios y cualquier otro
emolumento que se convenga en el contrato, en concordancia con el artículo 360
53 La jurisprudencia de esta Subsección ha destacado que es al legislador a quien le corresponde
determinar los efectos de la normativa a su cargo. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C. Sentencia del 9 de diciembre de 2025. Radicado 11001-03-26-000-2014-00034-00 (50221).
54 “Artículo 46. Normatividad del contrato. Al contrato de concesión le serán aplicables durante el
término de su ejecución y durante sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al tiempo de su
perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas leyes fueren modificadas o
adicionadas con posterioridad, al concesionario le serán aplicables estas últimas en cuanto amplíen,
confirmen o mejoren sus prerrogativas exceptuando aquellas que prevean modificaciones de las
contraprestaciones económicas previstas en favor del Estado o de las de Entidades Territoriales”.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de marzo de 2025. Radicado
54001-23-33-000-2018-00197-01 (64009).
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
de la Constitución56, lo que denota una visión de la figura limitada a cualquier ingreso
que perciba el aparato estatal por cuenta de las labores extractivas, por lo que, en
criterio de esta Sala, todo ingreso económico que se capte derivado de la referida
actividad ha de entenderse inmerso en la aludida figura.
En tal virtud, no es dable entender que la multa hace parte del concepto de
“contraprestación”, debido a que, a diferencia de las regalías, los cánones
superficiarios y las demás erogaciones que se convienen en los contratos de
concesión minera, esa primera figura tiene como único fundamento la imposición de
una sanción al concesionario por el incumplimiento de sus obligaciones, con el
ánimo de exhortarlo a que supere esa desatención, sin que aquella se pueda
negociar o tranzar y sin que, menos aún, tenga como fuente directa la exploración
y explotación de minerales. Precisamente, el artículo 226 de la Ley 685 de 200157
fue enfática en señalar que solamente es contraprestación toda suma que el Estado
percibe “por la explotación de recursos naturales no renovables”58.
Efectuadas las precisiones anteriores, la Sala destaca que, mediante decisión del
10 de mayo de 2016, confirmada el 19 de octubre de 2016, al señor José Froilan
Moreno Ramírez se le impuso una multa de 40,5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes con ocasión del contrato de concesión minera No. ICQ-08012
del 23 de junio de 2009, decisiones que fueron motivadas en los topes contenidos
en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 -hasta 30 SMLMV por cada incumplimiento-
y en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 -hasta 1.000 SMLMV-.
Como se observa, la multa impuesta se originó en la ejecución defectuosa del
contrato de concesión minera No. ICQ-08012, perfeccionado de manera previa a la
entrada en vigor de la Ley 1450 de 2011, por lo que dicha norma, en efecto, no
resultaba aplicable para la tasación de la sanción, en concordancia con el artículo
46 de la Ley 685 de 2001, por ser posterior al referido acuerdo de voluntades, al no
resultar más favorable para el señor José Froilan Moreno Ramírez -por incrementar
56 “Artículo 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos
naturales no renovables […]”.
57 “Artículo 226. Contraprestaciones económicas. Las contraprestaciones económicas son las sumas
o especies que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables”.
58 En cuanto a la naturaleza de la multa, esta subsección sostuvo que “tiene como función primordial
compeler al deudor a la satisfacción de la prestación parcialmente incumplida, es decir, tiene una
finalidad eminentemente conminatoria, a diferencia de la cláusula penal, medida coercitiva mediante
la cual lo que se busca no sólo es precaver sino también sancionar el incumplimiento total o parcial
de las obligaciones a cargo del contratista”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Radicado 68001231500019940982601 (28875).
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
los límites máximos en materia sancionatoria- y debido a que la sanción no
guardaba relación con modificaciones a las contraprestaciones a favor del Estado.
Bajo el anterior panorama, es claro que la normativa que debía regir la multa
impuesta al señor José Froilan Moreno Ramírez era el artículo 115 de la Ley 685 de
2001, disposición que estableció un límite de 30 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para la tasación pecuniaria de la sanción frente a cada
incumplimiento que se presentara.
Sobre ello vale poner de presente que, aunque las Resoluciones Nos. VSC-000428
del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de octubre de 2016 fundamentaron
la multa impuesta tanto en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, como en el artículo
111 de la Ley 1450 de 2011, no se encuentra que tal irregularidad, consistente en
referir la segunda disposición jurídica aunque no tenía la vocación de regir los
incumplimientos presentados, sea suficiente para afectar la validez de las aludidas
decisiones, toda vez que, de cualquier modo, la sanción no solamente se
fundamentó en la normativa que sí era procedente, contenida en la primera
disposición jurídica en comento sino que también, como se verá posteriormente,
atendió a los límites allí fijados59.
De ese modo, la cita concurrente del artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 -norma
inaplicable al contrato de concesión por virtud del artículo 46 de la Ley 685 de 2001-
y el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 no tuvo incidencia determinante en la
formación de la voluntad administrativa, pues no alteró el régimen sancionatorio
vigente ni la cuantificación de la multa, fijada íntegramente dentro de los topes
previstos en la segunda norma en referencia, como se detallará enseguida.
Ahora bien, el señor José Froilan Moreno Ramírez sostuvo que, bajo el entendido
de que resultaba aplicable el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, se desconoció la
restricción de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes prevista en esa
norma y en la cláusula décima quinta del contrato de concesión No. ICQ-08012, que
replicó dicho tope como techo de la sanción.
59 La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que no cualquier irregularidad que se
presente frente al acto administrativo tiene la vocación de ocasionar vicios sobre su legalidad, de
suerte que, simples falencias que no afecten lo decidido no podrán ser argumento para la anulación
de la decisión en sede judicial. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
18 de septiembre de 2023. Radicado 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267).
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
Al respecto, cabe empezar por señalar que el legislador dispuso en el artículo 3 de
la Ley 685 de 200160 que dicho estatuto reguló en forma completa, sistemática,
armónica y preferente la actividad minera; empero, previó que era posible acudir a
las disposiciones civiles y comerciales por remisión directa o por aplicación
supletoria -es decir, ante una ausencia total de regulación-.
Aclarado lo anterior, el artículo 1602 del Código Civil61 prescribió que todo contrato
es ley para las partes, lo que, al tenor del artículo 1603 ibidem62, lleva a entender
como disposiciones que conforman el acuerdo de voluntades su clausulado, los
deberes derivados de la naturaleza del tipo de negocio jurídico suscrito y la ley. Ello
no es ajeno al contrato de concesión minera, pues aquel ha de celebrarse y
ejecutarse en concordancia con el régimen legal -de orden público- que le resulta
aplicable -contenido en la Ley 685 de 2001 y sus reformas63-, sin que las partes
puedan variar lo ordenado por el legislador en ejercicio de la autonomía de la
voluntad, pues, en la práctica, ello llevaría a tornar en inocuas las disposiciones
jurídicas sobre la materia64.
Es así como la doctrina65 sobre la materia ha argumentado que la libertad para
contratar de las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, no es absoluta,
debido a que las estipulaciones que se acuerden para su regulación no constituyen
un ordenamiento jurídico autónomo por fuera del Estado, sino que son un medio de
establecer algunas normas que vinculan y obligan a los intervinientes que las
disponen, que de todos modos están cobijados por la ley y su actividad contractual
60 “Artículo 3. Regulación completa. Las reglas y principios consagrados en este Código desarrollan
los mandatos del artículo 25, 80, del parágrafo del artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361 de
la Constitución Nacional, en relación con los recursos mineros, en forma completa, sistemática,
armónica y con el sentido de especialidad y de aplicación preferente. En consecuencia, las
disposiciones civiles y comerciales que contemplen situaciones y fenómenos regulados por este
Código, sólo tendrán aplicación en asuntos mineros, por remisión directa que a ellos se haga en este
Código o por aplicación supletoria a falta de normas expresas. // Parágrafo. En todo caso, las
autoridades administrativas a las que hace referencia este Código no podrán dejar de resolver, por
deficiencias en la ley, los asuntos que se les propongan en el ámbito de su competencia. En este
caso, acudirán a las normas de integración del derecho y, en su defecto, a la Constitución Política”.
61 “Artículo 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
62 “Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a
lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligación, o que por ley pertenecen a ella”.
63 Frente a ese punto, la doctrina ha señalado que el contrato de concesión minera debe atender al
ordenamiento jurídico que le resulta aplicable, contenido principalmente en la Ley 685 de 2001 y,
supletoriamente o por remisión, el derecho civil y mercantil, todo lo cual entra a regir el iter negocial.
RICAURTE, Margarita. Manual de derecho minero. Bogotá: 2021. Ed. Temis. P. 77-92 y 159-201.
64 Sobre ello, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que ni la autoridad minera ni
los concesionarios pueden variar las condiciones establecidas en la legislación minera para llevar a
cabo la exploración y explotación de minerales. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 14 de marzo de 2018. Radicado 11001-03-26-000-2014-00101-00 (51754).
65 FERRI, Luigi. Lecciones sobre el contrato. Curso de derecho civil. Lima: 2004. Ed. Grijley. P. 142.
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
debe hacerse dentro de los límites dispuestos por el ordenamiento jurídico. En ese
sentido, la ley se entiende como marco y límite de la función autorreguladora de las
partes del contrato, quienes solo pueden disponer, crear o modificar derechos
subjetivos y relaciones jurídicas, pero nunca normas de derecho objetivo66.
Descendiendo al caso concreto, la cláusula décima quinta del contrato de concesión
No. ICQ-0801267 se restringió a replicar el contenido del artículo 115 de la Ley 685
de 2001, en el sentido de estipular, como lo hizo el legislador, que el tope de las
multas a imponer al concesionario frente a cada incumplimiento que se presentara
sería de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que, en línea con el
principio de pacta sunt servanda explicado anteriormente, constituyó un mandato
de imperativo acatamiento para los cocontratantes, que debía entenderse según la
literalidad de lo fijado en el Código de Minas.
Efectivamente, aunque la cláusula décima quinta del contrato No. ICQ-08012 replica
en la misma forma lo contenido en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 en materia
sancionatoria, cierto es que, si en gracia de discusión hubiera modificado lo
dispuesto por el legislador, ello habría desconocido una auténtica norma de orden
público no pasible de libre disposición, pues en el ámbito minero-energético, la
competencia para establecer el régimen sancionatorio es del Congreso de la
República, en virtud de los principios de tipicidad y legalidad sobre la materia, que
imponen un deber de que la ley establezca los elementos básicos de la sanción 68.
Así las cosas, la cláusula décima quinta del contrato de concesión No. ICQ-08012
y el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 debían interpretarse en el sentido de que, si
el contratista desatendía el acuerdo de voluntades, se le impondría una multa que
no podría superar los 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes frente a cada
incumplimiento, pues así lo dispuso el legislador.
66 VON THUR, Andreas. Tratado de las obligaciones. Madrid: 2007. Editorial Comares. P. 81.
67 “Cláusula Décima quinta. Multas. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por
parte del concesionario, previo requerimiento, la concedente podrá imponer administrativamente
multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada vez y para
cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del presente contrato, siempre que no fueren
causal de caducidad o que la concedente, por razones de interés público expresamente invocadas,
se abstuviere de declararla. // Cada multa deberá ser pagada por el concesionario dentro del término
de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la providencia que
la imponga. // Si el concesionario no cancelare oportunamente las multas de que trata esta cláusula,
la concedente las hará efectivas con cargo a la póliza de cumplimiento, sin perjuicio de que se declare
la caducidad. En el caso de contravenciones de las disposiciones ambientales, la autoridad ambiental
aplicará las sanciones previstas en las normas ambientales vigentes (hecho probado No. 6.1.1.)”.
68 Así lo estableció la sentencia C-412 del 1° de julio de 2015 de la Corte Constitucional.
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
Bajo esta perspectiva, dado que, tanto la cláusula décima quinta del contrato de
concesión No. ICQ-08012 como el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 señalaron de
manera clara que el tope de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes para
la imposición de sanciones debía entenderse frente a cada incumplimiento de las
obligaciones del contrato y, como el señor José Froilan Moreno Ramírez incurrió en
cuatro desatenciones obligacionales (hechos probados Nos. 6.1.2.8. y 6.1.2.9.), el
valor máximo que se le podía imponer era de 120 salarios mínimos legales
mensuales vigentes y; sin embargo, el monto objeto de la medida fue de 40,5
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cifra ostensiblemente menor al techo
establecido por el ordenamiento jurídico.
Sobre este particular, la Subsección descarta la interpretación del señor José
Froilan Moreno Ramírez, dirigida a sostener que el límite de 30 salarios mínimos
legales mensuales vigentes debía entenderse frente a la totalidad de la sanción,
pues ello implicaría desconocer que fue el propio legislador el que determinó que
ese máximo era predicable frente a cada incumplimiento que se presentara y no de
manera general, lo que, a su vez, fue reiterado en el acuerdo de voluntades, por lo
que no puede ahora ser modificado unilateralmente por el concesionario.
Por lo tanto, para la Sala no cabe duda que la multa impuesta no desconoció el
ordenamiento jurídico, por haberse fundado en la normativa que le era aplicable, y
si bien los actos administrativos mediante los cuales aquella se impuso hicieron
referencia tanto al artículo 115 de la Ley 685 de 2001, como al artículo 111 de la
Ley 1450 de 2011, es claro que es la primera normativa en comento la que resultaba
procedente, de suerte que, al no haberse contrariado, no se encuentra irregularidad
alguna con la sanción.
De otra parte, el señor José Froilan Moreno Ramírez cuestionó que no le resultaba
aplicable el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, aspecto frente al cual se encuentra
que, si bien le asiste razón al apelante en que, en razón del criterio de especialidad,
era el artículo 46 de la Ley 685 de 2001 el que prevalecía frente a aquel, ello es
inane, habida cuenta que, en todo caso, se evidenció que la multa impuesta a la
parte apelante se ajustó a derecho, precisamente con sustento en la segunda
disposición normativa.
Todo lo expuesto permite afirmar que la Agencia Nacional de Minería sí aplicó
adecuadamente el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, así como interpretó
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Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
adecuadamente la cláusula décima quinta del contrato de concesión No. ICQ-
08012, lo que la llevó a multar al señor José Froilan Moreno Ramírez por los sendos
incumplimientos en que incurrió, frente a los cuales no hubo reproche alguno, de
modo que están acreditados debidamente.
A partir de las consideraciones precedentes, a la Sala no le cabe duda de que las
Resoluciones Nos. VSC-000428 del 10 de mayo de 2016 y VSC-001220 del 19 de
octubre de 2016, mediante las cuales se impuso una multa de 40,5 salarios mínimos
legales mensuales vigentes al señor José Froilan Moreno Ramírez, debido a la
existencia de cuatro incumplimientos del contrato de concesión No. ICQ-08012, se
encuentran ajustadas a derecho, pues se dictaron en concordancia con la normativa
que era aplicable, es decir, la Ley 685 de 2001. Como consecuencia, la apelación
no prospera y, por tanto, se confirmará la sentencia del 3 de febrero de 2022,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
7. Costas
El numeral 1 del artículo 365 del CGP69 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación70 .
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia al señor José
Froilan Moreno Ramírez, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará
de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del
Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en
cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la
demandada no intervino en segunda instancia71, por lo que aquellas no se causaron.
69 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
70 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado
17001233300020120017601 (51034).
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Radicado: 250002336000201801101-01 (68735)
Demandante: José Froilan Moreno Ramírez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de febrero de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al señor José Froilan
Moreno Ramírez, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal
de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366
del Código General del Proceso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
VF
36
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