Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2012-00008-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2012-00008-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2012-00008-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
19 de agosto de 2026
Radicado: 110010326000201200008-00 (43014)
Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (CCA)
Radicación: 11001-03-26-000-2012-00008-00 (43014)
Demandante: VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO
Demandado: NACIÓN – AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y OTROS
TEMAS: DEMANDA EN TIEMPO FRENTE A LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – Se cumple cuando el escrito inicial se radica dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación de los actos administrativos impugnados. CADUCIDAD – Es aquel fenómeno en virtud
del cual fenece el intervalo para ejercer el derecho de acción, lo cual busca otorgar seguridad jurídica
y evitar la parálisis del tráfico jurídico. Es un límite y garantía a la vez. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO
PARA ACCIONAR – No procede por regla general, salvo en el evento en que se presenta una
solicitud de conciliación extrajudicial, en los términos de las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001 y 2220
de 2022. No se configura por el fenómeno de la vacancia judicial, incluso cuando el término fenece
durante ese lapso. En tal caso, el intervalo para accionar se extiende hasta el día hábil siguiente, de
conformidad con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo contra la Nación –
Ministerio de Minas y Energía, el entonces Instituto Colombiano de Geología y
Minería -actualmente Servicio Geológico Colombiano-, la Agencia Nacional de
Minería y el departamento de Boyacá, en la que se pretendió la nulidad de múltiples
resoluciones mediante las cuales se negó una solicitud de concesión minera.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 29 de enero de 2003, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo radicó ante la
autoridad minera una solicitud de contrato de concesión de caliza cementera en el
municipio de Nobsa del departamento de Boyacá, a la cual se le otorgó el número
927-15. Verificada la petición por la entidad correspondiente, se encontró que
presentaba una superposición parcial con las licencias de explotación de caliza Nos.
21787 y 21847 y total con el contrato No. 006-85M. Como consecuencia, el
solicitante pidió que se efectuara el recorte del área superpuesta parcialmente y,
frente al resto, pidió que se aplicara en su favor la figura de las concesiones
concurrentes prevista en el artículo 63 de la Ley 685 de 2001.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
Con todo, el 25 de abril de 2006, el entonces Instituto Colombiano de Geología y
Minería -en adelante Ingeominas- profirió la Resolución SCT No. 01387, mediante
la cual rechazó la propuesta de contrato de concesión de caliza No. 927-15, por
considerar que existía una superposición parcial con el título No. 21787 y total con
la del título No. 006-85M, por lo que no había área libre por otorgar. La anterior
decisión fue recurrida por el solicitante mediante recurso de reposición; sin
embargo, por medio de la Resolución No. STC 607 del 18 de abril de 2011 la referida
entidad confirmó la anterior decisión y, dentro de ello, destacó que no era posible
aplicar el artículo 63 de la Ley 685 de 2001, relativo a las concesiones concurrentes,
por cuanto la petición minera versó sobre el mismo mineral -caliza- de las áreas
frente a las cuales hubo superposiciones.
Inconforme con lo anterior, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores decisiones, con el
fin de que fueran anuladas y, en su lugar, se condenara a la autoridad minera al
pago de los perjuicios ocasionados con aquellas, con sustento en que, a su juicio,
fueron producto de sendas falencias, por haber desconocido que frente a su
solicitud minera era plenamente procedente la figura de las concesiones
concurrentes, por lo que debió otorgarse el contrato de concesión pedido.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 24 de enero de 20121, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de
Minería, el Ingeominas -actualmente Servicio Geológico Colombiano- y el
departamento de Boyacá, con el fin de que se anularan las Resoluciones Nos. SCT
1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del 18 de abril de 2011, mediante las cuales
el Ingeominas rechazó la propuesta de contrato único de concesión minera de caliza
cementera No. 927-15. Como consecuencia, pidió que, a título de restablecimiento
del derecho, se le reconozcan los perjuicios derivados de dichas decisiones.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
1 Folios 3 a 21, 374 a 377 y 426 a 447 del cuaderno 1.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
“1.- Que es Nula, la Resolución SCT N° 1387 del 25 de abril de 2006,
proferida por la Subdirección de Contratación y Titulación Minera del
Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas, hoy en virtud de
la expedición de los Decretos – Ley N° 4131 del 3 de noviembre de 2011,
en su artículo 14 y el Decreto – Ley N° 4134 del 3 de noviembre de 2011,
en su artículo 22, Servicio Geológico Colombiano, representado
legalmente por su gerente, Doctor: Oscar Paredes Zapata, o por quien
haga sus veces; y la Agencia Nacional de Minería, representada
legalmente por su presidenta doctora Beatriz Uribe Botero, o por quien
haga sus veces, en virtud de la cual se rechazó en primera instancia, la
propuesta de contrato único de concesión minera de caliza N° 927-15 al
señor Víctor Manuel Ríos Acevedo.
2.- Que es Nula, la Resolución SCT N° 607 del 18 de abril del año 2011,
proferida por la Subdirección de Contratación y Titulación Minera del
Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas, hoy en virtud de
la expedición de los Decretos – Ley N° 4131 del 3 de noviembre de 2011,
en su artículo 14 y el Decreto – Ley N° 4134 del 3 de noviembre de 2011,
en su artículo 22, Servicio Geológico Colombiano, representado
legalmente por su gerente, Doctor: Oscar Paredes Zapata, o por quien
haga sus veces; y la Agencia Nacional de Minería, representada
legalmente por su presidenta doctora Beatriz Uribe Botero, o por quien
haga sus veces, en virtud de la cual se resuelve el recurso de reposición
y se confirma la decisión de rechazar la solicitud de contrato único de
concesión minera de caliza N° 927-15 al señor Víctor Manuel Ríos
Acevedo.
3.- Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se condene al Instituto Colombiano de
Geología y Minería Ingeominas, hoy en virtud de la expedición de los
Decretos – Ley N° 4131 del 3 de noviembre de 2011, en su artículo 14 y
el Decreto – Ley N° 4134 del 3 de noviembre de 2011, en su artículo 22,
Servicio Geológico Colombiano, representado legalmente por su gerente,
Doctor: Oscar Paredes Zapata, o por quien haga sus veces; y la Agencia
Nacional de Minería, representada legalmente por su presidenta doctora
Beatriz Uribe Botero, o por quien haga sus veces, al Ministerio de Minas
y Energía y al Departamento de Boyacá, a pagar solidariamente al señor
VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO, los perjuicios causados con la
decisión obrante en los actos administrativos demandados, que
contemple el daño emergente, el lucro cesante y derivados de esta los
perjuicios morales, como se estiman razonadamente en el acápite de la
estimación razonada de la cuantía, que se postula más adelante, o lo que
resulte probado.
4.- Las entidades demandadas y condenadas solidariamente, darán
cumplimiento a la sentencia que le ponga fin a la presente demanda
dentro del término que ordena el artículo 176 del C.C.A.
5. El respectivo pago será actualizado conforme a los ajustes al valor de
que trata el artículo 178 del C.C.A., desde que se originó la obligación
hasta la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia.
6.- Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los
intereses comerciales y moratorios hasta que se le dé cabal cumplimiento
a la sentencia que le puso fin al proceso, conforme lo prevé el artículo 177
del C.C.A.”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante
formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
1.3.1. Afirmó que, en el año 1985, creó la sociedad Compañía Colombiana de
Concretos S.A. – Colconcretos S.S., con una participación del 60% del capital en
cabeza del demandante, a la par que desempeñaba actividades extractivas
mediante la Empresa Central de Triturados, todo ello, con el objetivo de desempeñar
el suministro de concreto y sus derivados.
1.3.2. Agregó que, desde el 25 de junio de 1997, es titular del contrato de pequeña
minería de caliza No. 21847, en un área ubicada en la vereda de Guaquira del
municipio de Nobsa del departamento de Boyacá, suscrito en virtud del “Programa
Social de Legalización Minera”, reglamentado por el Decreto No. 2655 del 23 de
diciembre de 1998 -otrora Código de Minas- que “asimiló esos contratos con los de
aporte”.
1.3.3. Argumentó que, tras la suscripción del anterior título minero, la rentabilidad
de la Empresa Central de Triturados de su propiedad mejoró considerablemente y,
desde entonces, y hasta el día de presentación de la demanda, su actividad
económica giró en torno a la extracción de caliza cementera.
1.3.4. Arguyó que, como la demanda del material de caliza venía en aumento, desde
el año 2000 adquirió en el municipio de Tibasosa cuatro títulos mineros de caliza, a
saber, los contratos “de pequeña minería” Nos.: i) 21721 y 21722, mediante cesión
total de derechos del 6 de mayo de 2002; y ii) 2998T y 3053T, por medio de la
cesión total de derechos del 11 de julio de 2003.
1.3.5. Anotó que, ante la existencia de altos costos de traslado del material de caliza
desde las minas de Tibasosa, solicitó a la Empresa Nacional Minera Limitada –
Minercol S.A., quien otrora era la autoridad minera competente, el otorgamiento del
contrato único de concesión minera “en el área colindante al contrato No. 21847”,
en un área con una extensión aproximada de 11 hectáreas y con base en los
artículos 62 y 63 de la Ley 685 de 2001, solicitud a la que se le otorgó el número de
placa 927-15.
1.3.6. Adujo que, el 20 de marzo de 2003, Minercol S.A. le puso de presente 2
novedades frente a su solicitud minera, una de superposición parcial sobre dos
títulos mineros y otra de superposición total -esta última con el título minero No. 006-
085M, tras lo cual procedió a renunciar a las zonas traslapadas parcialmente, a la
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vez que procedió a “solicitar la aplicación del artículo 63 para el área superpuesta
totalmente”, peticiones que fueron indicadas como viables por la autoridad minera.
1.3.7. Consideró que, mediante la Resolución No. SCT 1387 del 25 de abril de 2006,
el Ingeominas rechazó la propuesta de solicitud de contrato de concesión No. 927-
15, por encontrarse superpuesta con el contrato No. 006-085M.
1.3.8. Aseveró que interpuso recurso de reposición frente a la decisión anterior, en
el cual manifestó que el artículo 63 de la Ley 685 de 2001 estableció un
procedimiento especial que permitía el otorgamiento del título minero pedido; sin
embargo, afirmó que la autoridad minera deprecó desfavorablemente su solicitud
mediante la Resolución No. 607 del 18 de abril de 2011, decisión que cobró firmeza
el 15 de junio de 2011.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que con las
resoluciones cuestionadas se incurrió en una “falsa motivación” y una infracción de
las normas superiores, en específico, los artículos 13, 29 y 90 de la Constitución,
así como los artículos 62 y 63 de la Ley 685 de 2001, por considerar que había lugar
a acceder a la solicitud de contrato de concesión No. 927-15 y, con todo, aquella
fue rechazada injustificadamente.
Sostuvo que, históricamente, el Estado ha ocasionado inequidades en materia
minera, lo que llevó a que, con el transcurrir del tiempo, se terminara creando,
mediante el Decreto No. 2655 de 1998, el Programa Social de Legalización Minera,
mediante el cual se les otorgaron derechos a los pequeños mineros, equivalentes a
la gran industria sobre la materia, y en el marco del cual se le otorgó el contrato No.
21847 del 25 de junio de 1997.
Aclarado lo anterior, consideró que, frente a la solicitud de contrato de concesión
minera No. 927-15 que radicó, por más que hubo una superposición total con el
título No. 006-085M, nunca se elevó otra solicitud de contrato de concesión en esa
área sobre otro mineral, de suerte que se cumplieron los supuestos de los artículos
62 y 63 del Código de Minas para que se atendiera favorablemente su solicitud y,
por tanto, no se debió rechazar. Específicamente adujo que el obstáculo en comento
se habría podido superar a través de la intervención de un perito que estableciera
que los minerales de cada título eran distintos y, por tanto, si la propuesta hubiera
resultado viable, lo cual no se llevó a cabo, aunque se solicitó. También puntualizó
que, dado que ese título minero más antiguo contiene un área de 74.000 hectáreas,
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es reflejo de cómo se otorgó una zona de manera indeterminada, perjudicando al
pequeño minero.
Por otro lado, adujo que la Dirección de Minas del departamento de Boyacá -quien
tuvo parte del trámite del solicitante- solicitó al Ministerio de Minas y Energía,
mediante petición del 27 de septiembre de 2004, concepto sobre la viabilidad de la
propuesta del contrato de concesión No. 927-15, el cual fue resuelto negativamente
sin que en el régimen minero se estableciera ese trámite como imperativo, por lo
que no pudo tenerse en cuenta esa opinión como vinculante para la actuación
administrativa.
Entretanto, advirtió que su solicitud minera fue resuelta más de ocho años después
desde su radicación y de manera escueta y sin fundamento, lo que denota una mora
administrativa no justificada que lo perjudicó, pues quedó en vilo de la autorización
de la autoridad minera para la actividad extractiva que pretendía efectuar.
Igualmente, destacó haber conocido otras solicitudes que, aunque se encontraban
frente a idénticos escenarios fácticos que el del señor Víctor Manuel Ríos Acevedo,
sí fueron concedidas, correspondientes a los señores Augusto Avelino Cely
Higuera, Félix Albeiro Siachoque, María Luisa Siachoque y Segundo Castelblanco.
Específicamente, advirtió que en tales peticiones no se exigieron requisitos no
previstos en la ley como conceptos previos ante el Ministerio de Minas y Energía,
las actuaciones se profirieron sin una mora administrativa y, a su vez, el gobernador
de Boyacá no se declaró impedido injustificadamente, a diferencia de la solicitud
No. 927-15, donde se presentaron conductas opuestas de parte de la
Administración. Así, estimó que el trato diferenciado en referencia vulneró su
derecho a la igualdad.
Asimismo, consideró que el Ministerio de Minas y Energía y el departamento de
Boyacá estaban llamados a responder, por cuanto el primero le delegó sus
funciones mineras al segundo y, además, la referida cartera ministerial resolvió
negativamente una petición que se le hizo sobre la solicitud minera del actor. Frente
a la entidad territorial departamental, también le atribuyó la mora administrativa
advertida e, igualmente, consideró que se abstuvo de resolver la petición minera
con base en un impedimento injustificado. Por último, adujo que la Agencia Nacional
de Minería y el Servicio Geológico Colombiano también debían ser vinculadas al
proceso como demandadas, dado que sucedieron al Ingeominas, quien dictó los
actos administrativos demandados.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
También agregó que, a su juicio, la Resolución No. 181108 del 18 de septiembre de
2003, proferida por el Ministerio de Minas y Energía, no era aplicable, pues no se
razonó sobre su vigencia y, además, no guarda concordancia con el procedimiento
previsto en el artículo 63 de la Ley 685 de 2001.
A partir de todo lo anterior manifestó que la negativa de la autoridad minera al
otorgamiento del título solicitado le causó una afectación patrimonial, por el hecho
de que ha tenido que asumir sobrecostos, pues, debido a los contratos mineros de
que es titular, necesitaba el título pedido para poder extraer caliza a menor costo,
dado que el recurso no renovable de los títulos con los que ya cuenta es más
costoso por, entre otros, sus gastos de transporte de Tibasosa hacia Nobsa.
Finalmente, estimó la cuantía en la suma de $21.088’000.000, como resultado de
montos como el daño emergente, lucro cesante -consolidado y futuro- y los
perjuicios morales.
2. Admisión de la demanda
2.1. El 6 de junio de 20122, se inadmitió la demanda, a efectos de que el
demandante allegara la constancia de la fecha de notificación de los actos
administrativos acusados.
2.2. Una vez se subsanó el aporte de la constancia de la fecha de notificación de
los actos administrativos demandados, el 3 de diciembre de 20123 el despacho
inicialmente a cargo del asunto rechazó la demanda, por considerar que operó el
fenómeno jurídico de la caducidad. Al efecto, consideró que el plazo para demandar
en principio corrió después de la notificación de las aludidas actuaciones, a saber,
entre el 16 de junio y el 16 de octubre de 2011, y se vio interrumpido entre el 20 de
septiembre de 2011 y el 7 de diciembre de 2011 por el agotamiento del trámite de
la conciliación extrajudicial, tras lo cual se extendió hasta el 25 de enero de 2012 y,
como a su juicio la demanda se presentó el 3 de febrero de 2012, concluyó que se
radicó extemporáneamente.
2.3. Inconforme, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo presentó recurso de
reposición contra la anterior decisión, por considerar que no se debió rechazar la
2 Folios 372 a 373 del cuaderno 1.
3 Folios 374 a 388 del cuaderno 1.
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demanda, por cuanto no fue radicada el 3 de febrero de 2012, sino el 24 de enero
de 2012, de suerte que fue allegada en tiempo y, por tanto, no operó el fenómeno
jurídico de la caducidad4.
2.4. Mediante proveídos del 17 de abril de 2013 y 26 de noviembre de 20135, el
despacho inicialmente a cargo del asunto revocó el auto de rechazo de la demanda
y la admitió, por encontrar que se radicó en tiempo, considerando que se presentó
el 24 de enero de 2012 y, además, por haberse cumplido los requisitos de ley,
decisión que fue notificada en debida forma a las partes -en este caso el Ministerio
de Minas y Energía, el Ingeominas o quien haga sus veces y el departamento de
Boyacá- y al Ministerio Público.
Argumentó que la demanda fue radicada en tiempo, debido a que la Resolución No.
SCT 607 del 18 de abril de 2011, confirmatoria de la Resolución No. SCT 1387 del
25 de abril de 2006, quedó ejecutoriada el 15 de junio de 2011, por lo que el plazo
para accionar en principio transcurrió entre el 16 de junio de 2011 y el 16 de octubre
de 2011 y, a su turno, se vio interrumpido por el agotamiento del trámite de la
conciliación extrajudicial entre el 20 de septiembre y el 7 de diciembre de 2011,
cuando faltaban 26 días para que operara la caducidad.
A su turno consideró que el interregno para demandar “se reanudó el 08 del mismo
mes y año [diciembre de 2011]” y, con todo, se vio interrumpido por la vacancia
judicial, que se llevó a cabo entre el 20 de diciembre de 2011 -cuando faltaban 14
días para que operara la caducidad-, y el 11 de enero de 2012, tras lo cual se
reactivó y se extendió hasta el “25 de enero de 2012”. En tal virtud, estimó que,
como la demanda se allegó el 24 de enero de 2012, fue oportuna.
3. Contestaciones a la demanda y traslado de excepciones
3.1. El Ministerio de Minas y Energía6 contestó la demanda y se opuso a lo allí
perseguido, para lo cual formuló la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, por considerar que dicha cartera ministerial no guarda relación con los
hechos que fundamentan la controversia, pues delegó su función minera en
distintas entidades -primero la sociedad Minercol, luego el Ingeominas y varios
departamentos y, finalmente, la Agencia Nacional de Minería- y, por tanto, no
4 Folios 389 a 391 del cuaderno 1.
5 Folios 405 a 409 del cuaderno 1. Luego de admitida la demanda, el escrito inicial fue reformado y
esa nueva versión también se admitió, tal y como consta en los folios 773 a 775 del cuaderno 3.
6 Folios 448 a 489 del cuaderno 1 y 791 a 794 y 852 a 855 del cuaderno 3.
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expidió las resoluciones demandadas, como sí lo hizo el entonces Ingeominas, de
suerte que, cualquier irregularidad que se hubiera presentado era del resorte de esa
entidad.
También formuló las excepciones de legalidad de las actuaciones de las entidades
mencionadas como demandadas y de los actos administrativos demandados, así
como la genérica, por considerar que no se evidencia vulneración alguna de la
normativa minera con la expedición de las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de
abril de 2006 y SCT 607 del 18 de abril de 2011, pues dichas decisiones se
justificaron adecuadamente y no se desvirtuó su presunción de legalidad. A la vez,
señaló que, por más que hubiera emitido un concepto por requerimiento de la
autoridad minera delegada, aquel era una simple opinión general no vinculante
frente a la cual no se le podía endilgar responsabilidad alguna. Finalmente, descartó
que se hubieran causado perjuicios al demandante.
3.2. El departamento de Boyacá7 contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que no actuó como autoridad minera dentro del trámite
de la solicitud de concesión No. 927-15, pues entre otros, el gobernador de la
referida entidad territorial se declaró impedido para resolver dicha petición y,
posteriormente, este fue aceptado, tras lo cual se trasladó la actuación al
Ingeominas, motivo por el cual formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva.
3.3. La Agencia Nacional de Minería8 contestó la demanda y se opuso a lo
pretendido, al estimar que las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006
y SCT 607 del 18 de abril de 2011 se dictaron en concordancia con el ordenamiento
jurídico y, en particular, en sintonía con la Ley 685 de 2001, por cuanto no era viable
otorgar la solicitud de concesión No. 927-15, pues recaía sobre un área donde el
mismo mineral ya había sido otorgado en concesión para su exploración y
explotación. Como consecuencia, formuló la excepción de “legalidad de las
resoluciones SCT N° 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT N° 607 del 18 de abril de
2011”.
En detalle, la cartera ministerial afirmó que la solicitud de concesión del señor Víctor
Manuel Ríos Acevedo versó sobre caliza cementera y, por su parte, el mineral
objeto de la concesión No. 00685M frente a la cual había una superposición total
7 Folios 545 a 548 del cuaderno 1.
8 Folios 561 a 584 del cuaderno 1 y 825 a 845 del cuaderno 3.
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era caliza siderúrgica, por lo que “no existe diferencia entre la caliza siderúrgica y
cementera”, por cuanto la única distinción en la denominación tiene por fin
determinar el uso que se le dará al recurso no renovable y, por tanto, no se
cumplieron los supuestos del artículo 63 de la Ley 685 de 2001 para la procedencia
de la figura de las concesiones concurrentes. De ese modo, aseguró que el rechazo
de la petición se fundó en el artículo 274 del aludido estatuto minero, pues no era
posible otorgar dos títulos mineros sobre una misma área frente a idénticos recursos
no renovables.
Lo anterior fue sustentado en el Decreto 2191 de 2003, contentivo del Glosario
Técnico Minero, en el cual se indicó que las calizas de distintos tipos se emplean
en construcción, tanto como piedra estructural, como para fachadas y
recubrimientos, y/o como piedra de acabado para la ornamentación interior, con
poca dureza y, en ocasiones, con fósiles. A partir de ello, se resaltó que “no existe
diferencia entre caliza siderúrgica y cementera, ya que estos términos se refieren al
uso que eventualmente se le daría a la caliza explotada, sin que ello implique
diferenciación como mineral concesible”.
A su turno consideró que, si bien entre la fecha de la solicitud de contrato de
concesión y su rechazo pasaron más de 3 años -pues solo hasta el 23 de
septiembre de 2005 el departamento de Boyacá remitió el expediente al Ministerio
de Minas y Energía y, el 13 de enero de 2006, se trasladó a Ingeominas-, ello
obedeció al impedimento manifestado por la gobernación de Boyacá, lo que
representó un mayor tiempo para resolver la petición por el trámite adicional en ese
sentido. Al punto, aseguró que, aunque existen otras solicitudes que tuvieron
decisiones distintas, ello se debe a que, entre otros, fueron resueltas por el
departamento de Boyacá y, en cualquier caso, el solicitante solo contaba con una
expectativa legítima y no con un derecho adquirido que automáticamente llevara a
la autoridad minera a verse obligada a otorgarle la concesión.
Finalmente, destacó que el rol de autoridad minera ha sido desempeñado, en virtud
de la figura de la delegación, por Minercol, el Ingeominas y algunos departamentos,
el Servicio Geológico Colombiano y, finalmente, la Agencia Nacional de Minería,
situación que llevó a que varias de esas autoridades hubieran gestionado la solicitud
de concesión No. 927-15.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
3.4. El Servicio Geológico Colombiano9 -antes Ingeominas- contestó la demanda
y se opuso a lo allí formulado, por considerar que la autoridad legitimada para
responder de haber alguna irregularidad con ocasión de las Resoluciones Nos. SCT
1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del 18 de abril de 2011 es la Agencia
Nacional de Minería, ya que, en línea con los artículos 14 del Decreto 4131 de 2011
y 22 del Decreto 4134 de 2011, a esa entidad se le atribuyó el rol de autoridad
minera. Como consecuencia, formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva.
3.5. Una vez culminado el término para contestar la demanda, el señor Víctor
Manuel Ríos Acevedo10 descorrió las excepciones formuladas por el extremo
pasivo de la contienda y argumentó que no tenían la vocación de prosperar, habida
cuenta que, a su juicio, las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y
SCT 607 del 18 de abril de 2011 sí infringieron el ordenamiento jurídico, pues en el
trámite previo a aquellas se vulneró su debido proceso y su derecho a la igualdad
y, posteriormente, se erró en negar la solicitud de concesión No. 927-15,
considerando que procedía acceder a la figura de las concesiones concurrentes,
por cuanto, en un área ya otorgada, se estaba ante distintos minerales cuya
distinción podía ser determinada con peritos, en los términos del artículo 63 de la
Ley 685 de 2001, etapa que fue pretermitida por la Administración.
También consideró que todas las entidades demandadas están legitimadas en la
causa por pasiva, por cuanto intervinieron en parte del procedimiento que culminó
con los actos administrativos demandados, sin que ser delegatarias o haberse
limitado a resolver una petición sea argumento para resultar excusadas, pues
cometieron sendos errores que hoy fundamentan las decisiones reprochadas.
4. Trámite de única instancia
4.1. El 27 de noviembre de 201411 se abrió a pruebas el proceso y, como
consecuencia, se decretaron como pruebas: i) los documentos aportados con la
demanda y su contestación; ii) varios testimonios, iii) un dictamen pericial e
inspección judicial; y iv) una certificación.
9 Folios 795 a 801 del cuaderno 3.
10 Folios 862 a 868 del cuaderno 3.
11 Folios 898 a 899 del cuaderno 3.
11
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
4.2. Una vez culminada la etapa probatoria, el 2 de mayo de 2016 12, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto.
4.2.1. El Ministerio de Minas y Energía13 reiteró que, a su juicio, no se encuentra
legitimado en la causa por pasiva, por cuanto no intervino en el trámite
administrativo o en la emisión de las decisiones impugnadas por no ser autoridad
minera y, si bien resolvió un concepto producto de una petición que le hizo tal ente
sobre la solicitud No. 927-15, el criterio allí contenido constituyó una simple opinión
carente de efectos vinculantes. A ello agregó que, en todo caso, los actos
administrativos cuestionados se ajustaron a derecho, pues denegaron la solicitud
minera del actor con debido sustento.
4.2.2. El señor Víctor Manuel Ríos Acevedo14 ratificó que, en su criterio, las
Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del 18 de abril de
2011 desconocieron el ordenamiento jurídico e incurrieron en una falsa motivación,
dado que: i) fueron producto de vicios de procedimiento, por cuanto no se efectuó
el trámite de la figura de las concesiones concurrentes, contenido en el artículo 63
de la Ley 685 de 2001 y, en particular, el peritaje exigido en dicho aparte normativo;
ii) se negó la solicitud No. 927-15 con base en una opinión del Ministerio de Minas
y Energía, aun cuando aquella no estaba prevista en el procedimiento minero; iii)
se denegó su petición aunque a otras personas que la hicieron en los mismos
términos se les concedió; y iv) ello le causó sendos perjuicios.
4.2.3. El Servicio Geológico Colombiano15 reafirmó que, a su juicio, no se
encuentra legitimado en la causa por pasiva, por cuanto, una vez se creó la Agencia
Nacional de Minería, a dicha entidad se le atribuyó el rol de autoridad minera por
delegación del Ministerio de Minas y Energía, de suerte que es dicha persona
jurídica, que acudió al proceso, la que debe ser llamada a responder por cualquier
falencia de las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del
18 de abril de 2011.
4.2.4. La Agencia Nacional de Minería16 insistió en que, a su juicio, las
Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del 18 de abril de
12 Folio 924 del cuaderno 3.
13 Folios 925 a 929 del cuaderno 3.
14 Folios 934 a 939 del cuaderno 3.
15 Folios 940 a 948 del cuaderno 3.
16 Folios 950 a 959 del cuaderno 3.
12
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
2011 se ajustaron a derecho, pues denegaron en debida forma la solicitud de
concesión minera No. 927-15, debido a que el área frente a la cual se solicitó el
referido título ya había sido concesionada, sin que frente a aquella se hubiera
pedido la exploración o explotación de un mineral distinto -pues el mineral disponible
era, para todos los efectos, caliza-, por lo que no estaba dado el supuesto general
para la figura de las concesiones concurrentes, regulada en el artículo 63 del Código
de Minas.
4.2.5. El Ministerio Público17 emitió concepto, en el cual consideró que las
Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del 18 de abril de
2011 se profirieron en concordancia con el ordenamiento jurídico, debido a que la
solicitud minera No. 927-15 del señor Víctor Manuel Ríos Acevedo versó sobre
caliza, mineral idéntico al del área que ya había sido concesionada, sin que se
pudiera considerar como mineral distinto la caliza siderúrgica de la cementera por
ser, en cualquier caso, el mismo recurso no renovable, en virtud del Glosario
Técnico Minero, de suerte que no estaban dados los supuestos del artículo 63 de
la Ley 685 de 2001 para la procedencia de una concesión concurrente sobre la
misma zona. En todo caso, puntualizó que no se le causó perjuicio alguno al
demandante.
4.3. El 26 de agosto de 202018, el proceso se remitió al despacho del magistrado
sustanciador “en compensación del expediente identificado con el número interno
53679, cuyo conocimiento fue asumido por este Despacho en razón a la aceptación
del impedimento manifestado por el mencionado Consejero de Estado”. Como
consecuencia, mediante proveído del 12 de febrero de 202119, se avocó
conocimiento del asunto “en el estado que se encuentre”.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver la demanda de única instancia interpuesta por el señor Víctor Manuel
Ríos Acevedo, la Sala analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y
competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto, (2)
procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, (3) problema
jurídico, (4) solución al problema jurídico y (5) costas.
17 Folios 966 a 973 del cuaderno 3.
18 Folio 1.038 del cuaderno 3.
19 Folio 1.041 del cuaderno 3.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, según lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto 01 de 1984 -CCA20-,
modificado por la Ley 446 de 199821, vigente a la fecha de presentación de la
demanda -24 de enero de 2012-, ya que la controversia gira en torno a la
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico
Colombiano, el departamento de Boyacá y la Agencia Nacional de Minería con
ocasión de las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del
18 de abril de 2011, proferidas por el entonces Ingeominas, en su rol de autoridad
minera22.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente en única instancia, en virtud de lo
previsto en el numeral 11 del artículo 128 del CCA, subrogado por el artículo 36 de
la Ley 446 de 199823, así como el artículo 295 de la Ley 685 de 200124, considerando
que dicha normativa asignó en única instancia a esta Corporación el conocimiento
de los asuntos mineros distintos de los contractuales en los que sea parte una
entidad nacional o territorial, como lo son la Nación – Ministerio de Minas y Energía,
20 Al asunto sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de
presentación de la demanda –24 de enero de 2012–, es decir, el Decreto 01 de 1984 -CCA- y el
Decreto 1400 de 1970 –CPC- en los aspectos no contemplados en el primero. La Ley 1437 de 2011
-CPACA- no es aplicable, por cuanto entró en vigor a partir del 2 de julio de 2012, en concordancia
con el artículo 308 de ese estatuto.
21 “Artículo 82. Objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. [Modificado por la Ley 446
de 1998]. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las
controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas, y de las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce
por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de
conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias
que se originen en actos políticos o de Gobierno. // La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. // Las
decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control
jurisdiccional”.
22 Todas las entidades demandadas son de carácter público por cuanto: i) el Ministerio de Minas y
Energía fue creado mediante el Decreto 968 del 18 de mayo de 1940 como una entidad de carácter
nacional, tras lo cual fue restructurado mediante los Decretos 636 de 1974 y 1617 de 2013, entre
otros; ii) el Servicio Geológico Colombiano fue constituido mediante el Decreto 4131 de 2011 como
un instituto técnico científico de carácter público, producto de la transformación del entonces
Ingeominas; iii) el departamento de Boyacá es una entidad territorial de carácter público, en
concordancia con el artículo 286 de la Constitución; y iv) la Agencia Nacional de minería fue
instaurada mediante el Decreto 4134 de 2011 como una agencia estatal de naturaleza especial.
23 “Articulo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. [Subrogado por el artículo
36 de la Ley 446 de 1998]. […] 6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en
que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las
controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho
que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales”.
24 “Artículo 295. Competencia del Consejo de Estado. De las acciones que se promuevan sobre
asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional
sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”.
14
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Minería y el
departamento de Boyacá.
2. Procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
En virtud del artículo 85 del CCA, subrogado por el artículo 15 del Decreto 2384 de
198925, cualquier persona que se creyera lesionada en un derecho amparado en
una norma jurídica fundado en un acto administrativo podía pedir su nulidad, el
restablecimiento del derecho y la reparación del daño.
Comoquiera que mediante las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006
y SCT 607 del 18 de abril de 2011 negaron la solicitud de concesión minera No.
927-15, para la exploración y explotación de caliza y, por otra parte, denegaron un
recurso de reposición contra esa determinación, la acción procedente es la de
nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Problema jurídico
La caducidad es un fenómeno jurídico en virtud del cual el paso del tiempo extingue
la posibilidad de ejercer el derecho de acción, y está sujeta a los plazos que la ley
designe para ese efecto, así como puede ser verificada de oficio, de suerte que,
aunque no haya sido alegada por los sujetos procesales, el juez puede declararla
de encontrarse configurada26.
Aclarado lo anterior, de manera previa a cualquier estudio de fondo, a la Sala le
corresponde analizar si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo contra la Nación – Ministerio
de Minas y Energía, el Ingeominas -hoy Servicio Geológico Colombiano-, la Agencia
Nacional de Minería y el departamento de Boyacá, en la cual se cuestionaron las
Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del 18 de abril de
2011, se radicó en el plazo de 4 meses exigido por el numeral 2 del artículo 136 del
CCA, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 y, dentro de ello, si la
vacancia judicial tenía la vocación de interrumpir el interregno para accionar.
25 “Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho [subrogado por el artículo 15 del
Decreto 2384 de 1989]. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda
que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago
indebidamente”.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2025. Radicado
25000-23-36-000-2022-00315-01 (70843).
15
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
4. Solución al problema jurídico
A efectos de determinar si se configuró o no el fenómeno jurídico de la caducidad,
corresponde verificar los sucesos alrededor de la solicitud del contrato de concesión
No. 927-15 y las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607
del 18 de abril de 2011 que la denegaron, para lo cual se analizarán las pruebas
incorporadas en el expediente. Luego, se retomarán los cargos de la demanda, a
efectos de determinar si operó o no la caducidad en el asunto de estudio.
4.1. La solicitud de concesión minera No. 927-15 y su rechazo mediante las
Resoluciones Nos. SCT 1387 de 2006 y SCT 607 de 2011
4.1.1. El 4 de febrero de 198527, la Empresa Colombiana de Minería -Ecominas-,
posteriormente denominada Minercol Ltda., suscribió con la sociedad Acerías Paz
del Río S.A. el contrato de operación No. 006-85M, por un plazo de 30 años y con
el objeto de otorgar al operador el derecho de realizar, por cuenta y riesgo, los
trabajos técnicos de exploración y explotación de hierro y caliza siderúrgica. El
referido título fue inscrito en el Registro Minero Nacional y, a su vez, fue objeto de
múltiples modificaciones frente al área y prórrogas de su plazo, así como se
cedieron sus derechos a la sociedad Minas Paz del Río S.A.
4.1.2. El 29 de enero de 200328, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo radicó ante
la sociedad Minercol Ltda. una solicitud de contrato de concesión de caliza
cementera en el municipio de Nobsa del departamento de Boyacá, con sustento en
la Ley 685 de 2001, a la cual se le otorgó el número 927-1529-30.
4.1.3. El 20 de mayo de 200331, la sociedad Minercol Ltda. emitió un “reporte de
superposiciones de solicitudes mineras” respecto a la solicitud No. 927-15, en el
cual identificó que se configuró: i) una superposición parcial con las licencias de
explotación de caliza Nos. 21787 y 21847, así como ii) una superposición total con
el área del contrato No. 006-85M.
27 Folios 51 a 112 del cuaderno 1.
28 Folio 33 del cuaderno 1.
29 Folios 122 a 129 del cuaderno 1.
30 Para la fecha de la solicitud, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo contaba con otros títulos mineros
en distintas áreas, de conformidad con los folios 585 a 606 del cuaderno 1 y 607 a 625 del cuaderno
de pruebas.
31 Folio 34 del cuaderno 1.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
4.1.4. El 18 de septiembre de 200332, el Ministerio de Minas y Energía profirió la
Resolución No. 18-1108, mediante la cual adoptó la “clasificación de minerales del
sector minero” y, entre otros, se enlistó la caliza.
4.1.5. El 14 de abril de 200433, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo aceptó el
recorte del área superpuesta con los contratos Nos. 21787 y 21847. En cuanto a la
superposición total con el título No. 006-85M, pidió “la aplicación de lo estipulado en
el artículo 63 del Código de Minas Ley 685 de 2001 […] con el propósito de
determinar la no interferencia de las operaciones mineras del titular del contrato
006-85M con la solicitud 927-15”.
4.1.6. El 31 de agosto de 200434, la Secretaría Agropecuaria y Minera de la
Gobernación de Boyacá remitió al área jurídica la solicitud de concesión No. 927-
15, para que se evaluara la aplicación del artículo 63 de la Ley 685 de 2001, dado
que se presentó una superposición total con el contrato No. 006-85M.
4.1.7. El 29 de septiembre de 200435, la autoridad minera le radicó una petición al
Ministerio de Minas y Energía, en la cual le preguntó a la referida cartera que
ofreciera una opinión técnica sobre si era viable otorgar o no un contrato de
concesión concurrente, regulado en el artículo 63 de la Ley 685 de 2001, “en el caso
en que exista un título minero ya otorgado para la explotación de caliza siderúrgica
y una propuesta de contrato de concesión en la que se solicita autorización para
explotar caliza cementera”. Al efecto, se refirió que la solicitud No. 927-15 se
encontraba inmersa en ese escenario.
4.1.8. El 11 de octubre de 200436, el Ministerio de Minas y Energía resolvió la
petición que le presentó la autoridad minera el 29 de septiembre de 2004, en el
sentido de indicar que, en su momento, Ecominas y Minercol llegaron a otorgar
concesiones concurrentes sobre caliza siderúrgica y cementera; sin embargo, a
juicio de la cartera ministerial, de conformidad con la legislación minera vigente, y la
clasificación de minerales adoptada mediante la Resolución No. 181108 del 18 de
septiembre de 2003 “no existe diferencia entre caliza siderúrgica y cementera, ya
que estos términos se refieren al uso que eventualmente se daría a la caliza
explotada, sin que ello implique diferenciación como mineral concesible, razón por
32 Folios 494 a 498 del cuaderno 1.
33 Folio 35 del cuaderno 1.
34 Folio 133 del cuaderno 1.
35 Folio 135 del cuaderno 1.
36 Folios 136 y 543 a 544 del cuaderno 1.
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la cual no solo no debe darse aplicación al artículo 63 del Código de Minas, sino
que existe superposición de áreas”.
4.1.9. El 28 de octubre de 200437, la gobernación de Boyacá, quien asumió el
conocimiento general de parte de los asuntos mineros en el área de su jurisdicción38,
así como del expediente No. 927-15, designó un perito dentro del procedimiento
minero, para que conceptuara sobre “una concesión concurrente entre la propuesta
de contrato 006-12 y la propuesta de contrato de concesión No. 927-15”.
4.1.10. El 19 de octubre de 200539, el Ministerio de Minas y Energía profirió la
Resolución No. 18-1323, mediante la cual aceptó el impedimento del departamento
de Boyacá para tramitar los procesos mineros de las sociedades Acerías Paz del
Río S.A. y Fosfatos de Boyacá, dado que dicha entidad territorial es accionista de
aquellas. Los asuntos relacionados con las entidades en comento se remitieron al
Ingeominas, incluyendo la petición de concesión No. 927-1540.
4.1.11. El 6 de abril de 200641, la Subdirección de Contratación y Titulación Minera
del Ingeominas llevó a cabo la evaluación técnico-jurídica de la solicitud minera No.
927-15, en la cual se concluyó que no queda área libre para otorgar, por haber una
superposición total con el título No. 006-85M frente al mismo mineral.
4.1.12. El 25 de abril de 200642, el entonces Ingeominas profirió la Resolución SCT
No. 01387, mediante la cual rechazó la solicitud de propuesta de contrato de
concesión de caliza No. 927-15, por la existencia de una superposición parcial entre
el área pedida y el título No. 21787 y total con la del título No. 006-85M. La anterior
decisión fue notificada por edicto, que se desfijó el 16 de agosto de 200643.
4.1.13. El 16 de agosto de 200644, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo presentó
recurso de reposición contra la Resolución SCT No. 01387 del 25 de abril de 2006,
por considerar que la solicitud de concesión No. 927-15 debió concederse, por
cuanto, a su juicio, en virtud de los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley
685 de 2001, estaban dadas las condiciones para el otorgamiento de una concesión
concurrente frente a las áreas respecto a las cuales se encontró una superposición.
37 Folio 36 del cuaderno 1.
38 Folios 141 a 145 del cuaderno 1.
39 Folios 150 a 153 del cuaderno 1.
40 Folios 154 a 174 del cuaderno 1.
41 Folios 175 a 177 del cuaderno 1.
42 Folios 24 a 25 del cuaderno 1.
43 Folio 186 del cuaderno 1.
44 Folios 37 a 40 del cuaderno 1.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
4.1.14. El 7 de febrero de 200845, el Ingeominas llevó a cabo una reevaluación
técnica de la solicitud minera No. 927-15, encontrando que presentó una
superposición total con la solicitud CIO-107 y el título 006-85M, de modo que no era
viable continuar con el trámite. Lo propio se reiteró mediante una nueva
reevaluación del 6 de marzo de 200946.
4.1.15. El 18 de abril de 201147, la Subdirección de Contratación y Titulación Minera
del entonces Ingeominas profirió la Resolución SCT No. 000607, mediante la cual
resolvió desfavorablemente el recurso de reposición presentado contra la
Resolución SCT No. 01387 del 25 de abril de 2006, por considerar que no quedaba
un área libre por otorgar, por lo que no había lugar a acceder a la solicitud minera
del señor Víctor Manuel Ríos Acevedo.
A su vez, anotó que no era posible aplicar el artículo 63 de la Ley 685 de 2001,
relativo a las concesiones concurrentes, a la solicitud minera del actor, por cuanto
su petición versó sobre el mismo mineral -caliza- y la misma área de los títulos Nos.
006-85M y 880-15 -lo cual se identificó mediante un nuevo estudio, en razón a
recurso de reposición interpuesto- y, para la procedencia de la aludida figura, era
necesario que se estuviera frente a distintos recursos no renovables.
La decisión en cuestión se notificó mediante edicto, que se fijó el 9 de junio de 2011
y se desfijó el 15 de junio de 201148.
4.1.16. En el curso de la actividad minera, se allegó la trazabilidad de otras
solicitudes presentadas por distintas personas, donde se otorgaron títulos mineros
para la explotación de caliza49.
4.2. El dictamen pericial, la inspección judicial y los testimonios recaudados
4.2.1. Se llevó a cabo una inspección judicial mediante la cual se encontró un frente
de explotación de caliza de aproximadamente 6 hectáreas, donde se visualizó
maquinaria con retroexcavadoras y volquetas50. Posteriormente, se rindió un
dictamen pericial donde, producto de la visita al área objeto de la disputa, se dio
45 Folios 207 a 210 del cuaderno 1.
46 Folios 211 a 216 del cuaderno 1.
47 Folio 26 a 29 del cuaderno 1.
48 Folios 230 a 231 y 378 del cuaderno 1.
49 Folios 236 a 367 del cuaderno 1.
50 Folios 27 a 28 del archivo denominado “anexo 2”.
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cuenta de que allí existe material de caliza, se especificaron los títulos allí otorgados,
la cantidad disponible y el tiempo que tomaría la extracción de todos los recursos
no renovables. Para el efecto, se allegaron varios mapas topográficos que dan
cuenta del estado actual de la zona51.
4.2.2. Los señores Cesar Augusto López Castro52 y José Reinaldo Plazas53
rindieron testimonio, donde, en calidad de empleados del demandante, sostuvieron
que, a su juicio, el material de caliza siderúrgica es diferente de la caliza cementera,
por lo que se debió otorgar la solicitud de concesión No. 927-15 y, como no se
procedió en tal forma, se le causó una afectación al solicitante, debido a que tuvo
que asumir los costos de transportar ese recurso no renovable desde una mina más
lejana.
4.3. La demanda radicada por el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo fue
extemporánea y, por ello, operó la caducidad de la acción
El señor Víctor Manuel Ríos Acevedo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía, el
otrora Ingeominas -actualmente Servicio Geológico Colombiano-, la Agencia
Nacional de Minería y el departamento de Boyacá, a efectos de que se declarara la
nulidad de las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de 2006 y SCT 607 del
18 de abril de 2011, mediante las cuales la autoridad minera denegó la solicitud de
concesión de caliza No. 927-15, por considerar que, entre otros, no existía área libre
por otorgar debido a una superposición total con el título No. 006-85M.
En ese sentido, el demandante consideró que sí existía área libre por otorgar si se
revisaba la solicitud a la luz del artículo 63 de la Ley 685 de 2001, por cuanto pidió
el otorgamiento de caliza cementera y la otorgada mediante el título No. 006-85M
era de caliza siderúrgica, de suerte que era dable pasar a estudiar el fenómeno de
las concesiones concurrentes, lo cual la autoridad minera se abstuvo de realizar,
causándole, en su criterio, sendos perjuicios por la negativa a ello.
Así las cosas, tal y como se anticipó en el apartado del problema jurídico, previo a
cualquier estudio de fondo corresponde analizar si la demanda presentada por el
señor Víctor Manuel Ríos Acevedo se presentó en tiempo, o si por el contrario se
allegó por fuera del plazo legal y, por tanto, operó la caducidad de la acción, para lo
51 Contenido en el archivo denominado “anexo”.
52 Folios 33 a 35 del archivo denominado “anexo No. 1”.
53 Folios 36 a 37 del archivo denominado “anexo 2”.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
cual se hará referencia a esa última figura y su alcance, y a lo debidamente
acreditado para efectos de determinar la demanda en tiempo.
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general54, estableció en el proceso contencioso administrativo
unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción55 y ofrecer estabilidad del
derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
54 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.
Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.
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Radicado: 110010326000201200008-00 (43014)
Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato
judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la
justicia56, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la
ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las
Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y 2220 de 2022; tampoco admite renuncia y, de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
Bajo el anterior contexto, el numeral 2 del artículo 136 del CCA, subrogado por el
artículo 44 de la Ley 446 de 199857 previó que, en las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho, el término de 4 meses para ejercer el derecho de
acción comenzaría a contar a partir del día siguiente a la notificación de los actos
administrativos impugnados.
En el caso concreto, se encuentra demostrado que, el 29 de enero de 2003, el señor
Víctor Manuel Ríos Acevedo radicó ante la autoridad minera de ese entonces una
solicitud de contrato de concesión de caliza cementera en el municipio de Nobsa
del departamento de Boyacá, a la cual se le otorgó el número 927-15, frente a la
cual, tras haberse realizado varios estudios técnicos sobre el área disponible, se
profirió la Resolución SCT No. 01387 del 25 de abril de 2006, por medio de la cual
la referida petición fue denegada, al existir una superposición parcial con el título
No. 21787 y total con el título No. 006-85M, decisión que fue notificada el 16 de
agosto de 2006 (hechos probados 4.1.2 a 4.1.12.).
56 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998: “[...] Si el actor deja transcurrir
los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho
fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos
constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la
caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto
de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas
por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado [...]”.
57 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al
cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan
prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
Inconforme con lo anterior, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo presentó recurso
de reposición contra la Resolución SCT No. 01387 del 25 de abril de 2006, para lo
cual aseveró que, en su criterio, la solicitud de concesión No. 927-15 debió
concederse, por cuanto se presentó el fenómeno de las concesiones concurrentes
regulado en el artículo 63 de la Ley 685 de 2001, ya que solicitó la extracción de
caliza cementera y, por su parte, la concedida en el título No. 006-85M era caliza
siderúrgica, es decir, un mineral distinto, por lo que correspondía a la autoridad
minera verificar si se podían llevar a cabo ambas actividades mineras en forma
simultánea (hecho probado No. 4.1.13).
A partir de ello, el 18 de abril de 2011 la Subdirección de Contratación y Titulación
Minera del Ingeominas expidió la Resolución SCT No. 000607, mediante la cual
resolvió desfavorablemente el recurso de reposición presentado por el señor Víctor
Manuel Ríos Acevedo, por considerar que no quedaba área libre disponible por
otorgar y, en lo atinente a la figura de las concesiones concurrentes prevista en el
artículo 63 de la Ley 685 de 2001, afirmó que no se cumplieron los supuestos para
su procedencia, por cuanto la petición No. 927-15 versó sobre el mismo mineral del
título No. 006-85M frente al cual se superpuso -caliza-. La referida decisión se
notificó mediante edicto fijado el 9 de junio de 2011 y desfijado el 15 de junio de
2011 (hechos probados Nos. 4.1.14. a 4.1.15).
Finalmente, el 24 de enero de 2012, el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Minas y Energía, el otrora Ingeominas -actualmente Servicio Geológico
Colombiano-, la Agencia Nacional de Minería y el departamento de Boyacá, para
que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. SCT 1387 del 25 de abril de
2006 y SCT 607 del 18 de abril de 2011, por considerar que su solicitud minera
debió concederse sobre la base de la figura de las concesiones concurrentes
(antecedente No. 1.1.).
En virtud del anterior bosquejo fáctico, la Sala anticipa que declarará probada de
oficio la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por
encontrar que la demanda se radicó más de 4 meses después desde que se
notificaron los actos administrativos demandados, como se pasa a exponer.
Efectivamente, la Resolución No. SCT 607 del 18 de abril de 2011, confirmatoria de
la Resolución No. SCT 1387 del 25 de abril de 2006, se notificó por edicto entre el
9 y el 15 de junio de 2011 (hecho probado No. 4.1.15), por lo que, inicialmente, los
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
4 meses para ejercer el derecho de acción, previstos en el numeral 2 del artículo
136 del CCA, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, referido con
antelación, transcurrieron entre el 16 de junio y el 16 de octubre de 2011.
Sin embargo, el aludido plazo para accionar se interrumpió entre el 20 de
septiembre y el 7 de diciembre de 2011 con ocasión del agotamiento del trámite de
la conciliación extrajudicial58, cuando faltaban 27 días para que operara la
caducidad, de suerte que el interregno para demandar se extendió hasta el 3 de
enero y, con todo, dado que para esa fecha la Rama Judicial se encontraba en
vacancia, aquel se prolongó hasta el 11 de enero de 2012 y, como la demanda se
presentó el 24 de enero de 2012, operó el fenómeno jurídico de la caducidad.
Sobre ello, se pone de presente que, inicialmente, el magistrado sustanciador para
el 3 de diciembre de 2012 rechazó la demanda por haberse radicado fuera de
tiempo, tras lo cual revocó dicha decisión para pasar a admitir el escrito inicial, al
constatar que consideró erradamente que este se presentó el 3 de febrero de 2012
cuando, en realidad, fue allegado el 24 de enero de 2012, fecha dentro de la cual,
a su juicio, aún se estaba dentro del intervalo para accionar por, entre otros, haberse
interrumpido los 4 meses para ejercer el derecho de acción por la vacancia judicial,
transcurrida entre el 20 de diciembre de 2011 y el 10 de enero de 2012
(antecedentes Nos. 2.1. a 2.4.).
Para esta Subsección, si bien es cierto que se pudo constatar que la demanda fue
radicada el 24 de enero de 2012 y no el 3 de febrero de 2012, no es de recibo
concluir que se radicó en tiempo por el hecho de que se interrumpió el término para
demandar por la vacancia judicial, debido a que, como se indicó varios párrafos
atrás, la única circunstancia que admite la suspensión del referido plazo es el
agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, pues así lo dispuso el
legislador en el artículo 21 de la Ley 640 de 200159, sin que al período de la vacancia
judicial se le hubiera dado el mismo efecto, de modo que no podía concluirse, como
se hizo en el auto admisorio, que el hecho de que el tiempo máximo para allegar el
58 Folios 30 y 31 del cuaderno 1.
59 Ley vigente en materia de conciliación para la fecha de presentación de la demanda. “Artículo 21.
Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya
registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres
(3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por
una sola vez y será improrrogable”.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
escrito inicial hubiera concluido durante la vacancia llevaba a que se sumaran los
días restantes de ese período al interregno para accionar.
Efectivamente, la jurisprudencia de esta Corporación60 ha sido consistente en
señalar que la vacancia judicial no interrumpe el término para demandar y, en el
evento en que el plazo respectivo fenece durante ese período, simplemente, ha de
entenderse que se traslada hasta el primer día hábil siguiente, lo que, aterrizado al
asunto de estudio, revela que, aunque el interregno máximo para accionar ab initio
concluyó el 3 de enero de 2012, como estaba transcurriendo la aludida vacancia,
se extendió hasta el 11 de enero de 2012 -y no hasta el 25 de enero de 2012-, en
concordancia con el artículo 62 de la Ley 4 de 191361, en virtud de la cual, en los
plazos de meses y años, si el último día fuere vacante, se extenderá hasta el primer
día hábil, de modo que, como la demanda se radicó el 24 de enero de 2012, no
cabe duda de que fue extemporánea.
Así las cosas, el hecho de que mediante el auto del 17 de abril de 2013 el entonces
magistrado ponente hubiera admitido la demanda por considerar que se radicó en
tiempo, con apoyo en que la vacancia judicial tenía la vocación de interrumpir el
plazo para accionar -como se expuso-, no impide a esta Sala pronunciarse sobre la
oportunidad para ejercer el derecho de acción al momento de dictarse la providencia
final, considerando que, como se expuso párrafos atrás, se trata de un presupuesto
procesal que puede ser analizado de oficio o a solicitud, desde la admisión de la
demanda y hasta antes de dictarse la sentencia correspondiente, de suerte que las
decisiones interlocutorias adoptadas al resolver las excepciones, particularmente
cuando estas son desestimadas, no merman el deber de verificar nuevamente su
configuración al momento de proferir la decisión definitiva.
Bajo esa perspectiva, la verificación de la ocurrencia -o no- de la caducidad es una
auténtica expresión del principio de igualdad pues, al dictar sentencia, sin
60 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 14 de agosto de 2013. Radicado 54001-23-33-000-
2013-00013-01 (20011). En la referida decisión se señaló que “[…] ni el cese de actividades ni la
vacancia judicial, interrumpen el término de caducidad para ejercer el medio de control, diferente es
que el plazo expire cuando el Despacho se encuentre cerrado, caso en el cual el término se prorroga
hasta el primer día hábil siguiente”. La anterior postura también fue replicada en idénticos términos
en las siguientes providencias judiciales: Consejo de Estado: i) Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia del 27 de enero de 2016. Radicado 47001-23-31-000-2012-00315-01 (48533), ii) Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de diciembre de 2017. Radicado 25000-23-26-000-2012-
00012-01, y iii) Sección Primera. Auto del 9 de febrero de 2017. Radicado 05001-23-33-000-2016-
00274-01.
61 “Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo
hasta el primer día hábil”.
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
excepción, esta Subsección verifica que la demanda se haya radicado en tiempo de
manera previa a hacer un estudio de fondo -claro está, cuando el propio legislador
haya fijado un plazo para accionar-, sin que se puedan hacer excepciones a dicho
proceder, pues ello representaría flexibilizar injustificadamente las exigencias para
acudir al juez contencioso administrativo y, por consiguiente, desconocer el régimen
procesal administrativo vigente y su aplicación uniforme62.
En tal virtud, por más que se haya concluido -erradamente- al admitirse la demanda
que esta se radicó en tiempo, ello constituyó un simple estudio preliminar sobre un
presupuesto procesal que, en todo caso, podía verificarse posteriormente, cuando
se contara con mayores elementos materiales de juicio para, con la certeza exigida,
poder establecer si operó o no el fenómeno jurídico de la caducidad, motivo por el
cual, el hecho de que haya transcurrido un lapso de tiempo determinado entre la
etapa de admisión y la presente providencia no tiene la vocación de impedir la
verificación de la oportunidad para accionar, en especial si se tiene en cuenta que
la legislación procesal aplicable -CCA- e incluso la vigente actualmente -CPACA-
no dispusieron saneamiento alguno frente a ello63.
De ese modo, la Sala descarta que el hecho de que en el auto admisorio se hubiera
concluido -errada aunque preliminarmente- que la demanda se presentó en tiempo,
porque supuestamente la vacancia judicial tenía la vocación de interrumpir el plazo
para accionar -lo cual se descartó párrafos atrás- sea una conclusión que ate a esta
Subsección al momento de dictar sentencia y que la releve de analizar si,
efectivamente, el escrito inicial se radicó dentro del plazo legal, motivo por el cual la
conclusión sobre la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad es plenamente
válida y, por tanto, ese medio exceptivo se declarará probado de manera oficiosa
en la parte resolutiva de esta decisión.
62 La Corte Constitucional ha sostenido que resolver controversias con idénticos supuestos fácticos
de la misma manera, en forma uniforme y coherente, garantiza el principio y derecho fundamental a
la igualdad y, a la postre, fundamenta la producción coherente de precedentes en el ámbito judicial,
de suerte que, tratándose de la oportunidad para demandar, los criterios para contabilizarla deben
ser unívocos y predicarse para todos los casos similares, así como según los supuestos de la
legislación vigente, pues solo así se aplican las reglas predispuestas sobre la materia sin
favoritismos, privilegios o excepciones injustificadas, haciendo efectiva la seguridad jurídica y la
predictibilidad del ordenamiento jurídico. Sentencias T-347 del 21 de agosto de 2020 y T-026 del 1°
de febrero de 2022.
63 Ello es así al punto que la caducidad no es un fenómeno renunciable, y opera ipso jure o de pleno
derecho sin que resulte relevante el intervalo entre la admisión de la demanda y la finalización de la
etapa de trámite del proceso para su declaración en sede judicial. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de junio de 2014. Radicado 41001-23-31-000-1994-07810-
01 (27283).
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Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
A partir de las consideraciones que anteceden, para esta Subsección no es posible
analizar los argumentos que formuló el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo como
reproche de los actos administrativos acusados, pues para ese efecto se debían
superar los presupuestos procesales y, dentro de ello, se debía presentar la
demanda dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de las referidas
decisiones, sin que ello hubiera sucedido y sin que esta Corporación pueda
pretermitir tal circunstancia, por estar contenida en el Decreto 01 de 1984 -CCA-
que, para ese fin, constituye una auténtica norma de orden público.
Así las cosas, aunque inicialmente se sostuvo en el auto admisorio de la demanda
que la vacancia judicial interrumpió el término para demandar cuando faltaban 14
días para el efecto y, a la postre, lo amplió hasta el 25 de enero de 2012, para la
Sala es claro y no admite duda que dicho argumento no es de recibo, debido a que
el legislador no estableció tal efecto para el referido escenario, de suerte que, como
se expuso, existe total claridad sobre la configuración del fenómeno jurídico de la
caducidad, que será declarado de oficio en la parte resolutiva de la presente
providencia.
5. Costas
No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se
evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que esta proceda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR de oficio la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo,
según lo expuesto.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
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Radicado: 110010326000201200008-00 (43014)
Demandante: Víctor Manuel Ríos Acevedo
TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, en firme la presente providencia, FINALIZAR y ARCHIVAR esta
actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
VF
28
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