Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00497-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00497-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00497-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
17 de julio de 2026
Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (CPACA)
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00497-01 (67880)
Demandante: ALVIS CONSTRUCTORES S.A.S.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TEMAS: NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL – Puede ser resuelta a petición de parte
o de oficio, en concordancia con los artículos 45 de la Ley 80 de 1993 y 141 del CPACA. – Se sanea
mediante la prescripción extraordinaria, si han transcurrido más de 10 años desde el
perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, en concordancia con el artículo 1742 del Código Civil.
– Procede, entre otros, cuando el negocio jurídico adolece de un objeto ilícito, el cual se configura,
entre otros, cuando se desatiende el derecho público de la nación, en línea con el artículo 1519 del
Código Civil. RESTITUCIONES MUTUAS – Consisten en la restitución de aquellas actividades que
se ejecutaron frente al contrato anulado, siempre que aquellas no hayan sido pagadas. COBRO
COACTIVO – Es un auténtico procedimiento producto de la función administrativa, y está regulado
por el CPACA, el Estatuto Tributario y el Código General del Proceso. – No puede suscribirse un
contrato estatal para transferir a un particular de manera general dicha competencia atribuida a las
entidades públicas, so pena de que dicho acto jurídico adolezca de una nulidad absoluta por objeto
ilícito, al desconocer los artículos 98 y siguientes del CPACA. DELEGACIÓN – Está regulada en la
Ley 489 de 1998 como la posibilidad de transferir el ejercicio de funciones a colaboradores o a otras
entidades, con funciones afines y complementarias. – Se puede efectuar mediante convenios, pero
solo entre entidades públicas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Alvis Consultores
S.A.S. contra la sentencia del 15 de julio de 2020, mediante la cual la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca liquidó
judicialmente el contrato de prestación de servicios No. 225/2014 MDN-UGG-DA
del 31 de diciembre de 2014 y negó las demás pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Como resultado de la invitación a ofertar No. OFI14-84089 MDN-DSGDA-GA, el 31
de diciembre de 2014, la sociedad Alvis Consultores S.A.S. -en adelante Alvis- y la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional suscribieron el contrato No. 225/2014
MDN-UGG-DA, que tuvo por objeto la prestación de servicios profesionales de
cobro coactivo de cuotas partes pensionales y recaudo de otras obligaciones
adeudadas en favor de la aludida cartera ministerial, con un plazo de un año y un
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Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
pago indeterminado pero determinable, sujeto a un porcentaje de las erogaciones
que se recuperaran efectivamente.
Una vez comenzó la ejecución del contrato, Alvis manifestó al Ministerio de Defensa
Nacional que no le otorgó la totalidad de la cartera pactada y, frente a la que sí le
fue allegada, se presentaron supuestas falencias tales como la creación tardía de
la cuenta bancaria para efectuar los embargos, el manejo indebido de la
correspondencia, el otorgamiento retrasado de los poderes, la supresión de cuotas
partes por virtud de la Ley 1753 de 2015 y la formalización de las actas de entrega
de la cartera asignada, por lo que, a su juicio, resultó obteniendo un pago
ostensiblemente menor al esperado. Posteriormente, el plazo negocial feneció el 31
de diciembre de 2015, sin que se hubiera efectuado algún corte de cuentas producto
de la relación negocial.
Inconforme, Alvis presentó demanda de controversias contractuales contra el
Ministerio de Defensa Nacional, a efectos de que se declarara su responsabilidad
patrimonial, pues a su juicio, como resultado de la falta de entrega de parte de la
cartera de cobro coactivo, y por falencias frente a la que sí se le allegó, se vio
obligada a asumir un pago reducido respecto al que fue consensuado, de ahí que
pidiera expresamente que se liquidara judicialmente el contrato y se la indemnizara
por los perjuicios supuestamente padecidos.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 22 de mayo de 20181, Alvis presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, con el fin de que se declarara terminado el contrato de prestación de
servicios No. 225/2014 MDN-UGG-DA del 31 de diciembre de 2014 y, como
consecuencia, se efectuara su liquidación en sede judicial y se ordenara el pago de
múltiples valores por concepto de lo que denominó un “restablecimiento del
equilibrio financiero” y beneficios dejados de percibir, junto con su indexación y los
intereses de mora.
1 Archivo 46 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“1. Declarar que se encuentra legalmente terminado el contrato de
prestación de servicios No. 225/2014 MDC-UGG-DA.
2. Que se liquide en sede judicial el contrato de prestación de servicios
No. 225/2014 MDC-UGG-DA, ordenando pagar los honorarios adeudados
a la ENTIDAD DEMANDANTE, debiendo incluir las siguientes partidas:
a.- Se reconozca un valor correspondiente a CIENTO TREINTA
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES
PESOS ($130.982.093) como el valor del restablecimiento del equilibrio
financiero correspondiente a la suma asumida como gasto y perdida por
el CONTRATISTA DEMANDANTE en razón a las múltiples
irregularidades que afectaron el normal desarrollo y ejecución del contrato
No. 225/2014 y que llevaron a que el demandante, en lugar de obtener
beneficio de su labor, generara pérdidas.
b.- Que se reconozca y cancele al DEMANDANTE CONTRATISTA la
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($459.017.907), por
concepto de beneficios irregularmente dejados de percibir por este, dadas
las irregularidades del contratante que afectaron la normal ejecución del
contrato 225 de 2014 suscrito con el demandado.
Dicha suma se calcula partiendo del monto de los honorarios previstos
contractualmente que percibía el contratista, estipulado en el contrato en
la cláusula valor del contrato en la suma de QUINIENTOS NOVENTA
MILLONES DE PESOS (590.000.000), menos el valor de los gastos de
ejecución del contrato, correspondientes a la suma de CIENTO TREINTA
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES
PESOS ($130.982.093), conforme a la documental aportada como
prueba.
3. Que todas las sumas reconocidas en la sentencia, sean indexadas a
favor de la DEMANDANTE aplicando las fórmulas de corrección
monetaria, desarrolladas por el Consejo de Estado y que evitan la pérdida
del valor adquisitivo del valor de la condena desde la presentación de la
demanda hasta la sentencia.
4. Condenar a la demandada al pago de intereses de mora a la tasa
equivalente al 6% anual, liquidado sobre el valor de las pretensiones
económicas de la presente demanda, a partir de la fecha en que cobre
ejecutoria la sentencia condenatoria y hasta el momento en que se pague
la totalidad de los dineros”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante
formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, el 1° de abril de 2014, el Ministerio de Defensa invitó a Alvis,
mediante la comunicación No. OFI14-84089 MDN-DSGDA-GA, para que presentara
oferta formal para la prestación de servicios profesionales de cobro coactivo de
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Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
cuotas partes pensionales y recaudo de otras obligaciones adeudadas en favor de
la referida cartera ministerial.
1.3.2. Aseveró que, el 5 de diciembre de 2014, Alvis presentó oferta formal de
contratación directa, lo que llevó a que, el 31 de diciembre de 2014, celebrara con
el Ministerio de Defensa Nacional el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, cuyo
objeto consistió en la “prestación de servicios profesionales para gestionar el cobro
coactivo de las cuotas partes pensionales y el recaudo de las demás obligaciones
que adeudan las entidades de derecho público o privado a nivel nacional y las
personas naturales a favor del Ministerio de Defensa Nacional”, con un plazo de 1
año y un valor estimado de $590’000.000, “tomando como base el valor de la cartera
aproximada que se entregaría, es decir, los seis mil quinientos millones de cuotas
partes pensionales más mil millones por otros cobros”.
Sobre ello anotó que, como obligaciones del contratista se establecieron las de
contar con personal para la sustanciación de los procesos de cobro coactivo, la
elaboración de las liquidaciones y proyecciones financieras referidas al pago, contar
con la infraestructura para desarrollar el objeto negocial, la digitación de
documentos, la instrumentación jurídica para el cobro de obligaciones y, en general,
el análisis y la gestión de las deudas en favor de la cartera ministerial.
1.3.3. Aseguró que, el 6 de enero de 2015, se suscribió el acta de inicio del contrato
No. 225/2014 MDN-UGG-DA.
1.3.4. Señaló que, para cumplir las obligaciones adquiridas con el Ministerio de
Defensa Nacional, suscribió múltiples contratos de prestación de servicios con los
señores: i) Sandra Janeth Villafrade Rojas, ii) Joel Alvis Sandoval, iii) Marly Yeraldin
Sierra Laiton, iv) Yolima Castiblanco Duarte, y v) Carina Maceto Correa.
1.3.5. Arguyó que, el 12 de febrero de 2015, Alvis solicitó al Ministerio de Defensa
Nacional la apertura de una cuenta de depósitos judiciales para los embargos de
los deudores contra los cuales se iniciaran procesos de cobro coactivo.
1.3.6. Puntualizó que, durante el mes de febrero de 2015, el Ministerio de Defensa
Nacional realizó una primera entrega por concepto de cuotas partes pensionales
por valor de $3.957’560.824,75; sin embargo, luego se efectuó la devolución del
expediente del Instituto de Seguros Sociales por la suma de $1.097’538.621,88,
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Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
debido a que la entidad se encontraba adelantando un proceso de liquidación
forzosa administrativa, por lo que desbordaba el objeto del contrato, restringido al
cobro coactivo. También afirmó haber devuelto los expedientes contra “San Vicente
y EAA Bogotá”, por la suma de $5’227.151,56.
1.3.7. Consideró que, entre abril y mayo de 2015, se le entregaron: i) 21 expedientes
por concepto de cuotas partes pensionales por la suma de $57’602.950,48; y ii) 31
expedientes por concepto de otras obligaciones por la suma de $179’139.133,48.
1.3.8. Estimó que, el 19 de junio de 2015, Alvis radicó una comunicación al
supervisor del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, donde le informó sobre su
preocupación frente al desarrollo del mismo, dado que surgieron dificultades que no
se habían superado, como el hecho de que el valor aproximado de cartera que se
le debía asignar ascendía a $7.500’000.000 y, con todo, faltaba atribuir
$4.429’235.634,17, lo que implica que, ejecutado el 45,7% del contrato, no se le
había otorgado el 59% de la cartera, demora que podría afectar los honorarios
convenidos, los cuales estaban sujetos al recaudo efectivo de la cartera.
También aseguró haber solicitado que se emitiera una opinión frente a la Ley 1753
de 2015, que ordenó la supresión de las cuotas partes pensionales de las entidades
del nivel nacional que formen parte del presupuesto general de la Nación, lo que
representaría la eliminación de aproximadamente $1.968’333.991,03 de la cartera
asignada, correspondientes al 64%. Sobre ello, destacó que también pidió un
pronunciamiento frente a otras falencias como la apertura de la cuenta de depósitos
judiciales, el manejo de la correspondencia, así como la generación y trámite
defectuoso de los poderes, entre otros.
1.3.9. Adujo que, en el mes de junio de 2015, se le realizó una nueva entrega de
expedientes por concepto de otras obligaciones por la suma de $16’908.792.
1.3.10. Precisó que, mediante comunicación OFI15-49623 MDN-DSGDAL-GROLJC
del 22 de junio de 2015, se le informó a Alvis que había sido abierta la cuenta de
depósitos judiciales a nombre de la entidad, tras lo cual el contratista elaboró
múltiples proyectos de resoluciones, a efectos de decretar varias medidas
cautelares contra los deudores del Ministerio de Defensa Nacional, tras lo cual la
referida cartera ministerial recibió títulos de depósito judicial producto de los dineros
embargados por la suma de $975’230.831,51.
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Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
1.3.11. Puntualizó que, el 14 de julio de 2015, se suscribió una nueva acta de
entrega de cartera por la suma de $27’896.899,99, cuyo valor luego fue ajustado a
$26’809.686,03.
1.3.12. Evidenció que, el 15 de junio de 2015, el Ministerio de Defensa Nacional
solicitó aclarar los mandamientos de pago en un término de 15 días, para lo cual se
debía incluir en cada uno la cuenta en la que debía realizarse el pago de la
obligación y de la firma contratista; empero, mediante reunión del 22 de julio de 2015
se acordó que no se procedería de tal forma, por la inconveniencia que
representaba para el desarrollo de los procesos de cobro coactivo.
1.3.13. Declaró que, el 3 de agosto de 2015, Alvis informó al Ministerio de Defensa
Nacional sobre distintos inconvenientes que tenía para los procesos de cobro
coactivo y las complejidades que representaría aclarar los mandamientos de pago,
por el estado avanzado en que se encontraban los aludidos trámites.
1.3.14. Manifestó que, el 28 de agosto de 2015, Alvis presentó un informe contentivo
de un estudio realizado a 205 expedientes de cobro coactivo “por concepto de
obligaciones a cargo de DIMAR”, donde se evidenció la existencia de algunos títulos
ejecutivos prescritos, una supuesta indebida notificación de varios actos
administrativos y varios deudores que no era posible localizar.
1.3.15. Aseguró que, comoquiera que el Ministerio de Defensa Nacional nada le
indicó frente a la supresión de las cuotas partes dispuesta en la Ley 1753 de 2015
-y en particular su artículo 78-, el 26 de octubre de 2015 reiteró la solicitud de
aclaración sobre los efectos de esa normativa.
1.3.16. Sostuvo que, el 27 de octubre de 2015, el Ministerio de Defensa Nacional
entregó a Alvis copia del memorando No. MEMO2015-12480 MDN-DSGA-GFAT del
20 de octubre de 2015, en el que le precisó que, para esa fecha, la entidad no
reportó cuentas pendientes de cobro “pues se aplicó nota contabilidad de acuerdo
a la Ley 1753 de 2015”.
1.3.17. Expresó que, el 28 de octubre de 2015, Alvis radicó una comunicación donde
solicitó que el Ministerio de Defensa se pronunciara sobre la revisión de 205
expedientes de cobro coactivo a cargo de “DIMAR”, considerando que al contrato
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
le quedaba poco plazo y, de asignarse tales asuntos, era necesario que ello se
hiciera de forma urgente y prioritaria.
1.3.18. Justificó que, el 29 de diciembre de 2015, reiteró la solicitud de asignación
de los expedientes de “DIMAR”, señalando que, como la cartera ministerial guardó
silencio, “entendemos que los expedientes no serán entregados para gestión”.
1.3.19. Consignó que, el 31 de diciembre de 2015, el contrato No. 225/2014 MDN-
UGG-DA feneció en su plazo, sin que a su juicio se le hubiera entregado el valor
total de cartera prometido, estimado en la suma de $7.500’000.000.
1.3.20. Agregó que, el 3 de marzo de 2016, Alvis radicó ante el Ministerio de
Defensa Nacional una solicitud de aclaración del alcance de la cláusula octava del
contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, a cuyo tenor se expuso que “la vigencia del
presente contrato comprende el plazo de ejecución y 4 meses más”.
1.3.21. Argumentó que, el 4 de abril de 2016, el Ministerio de Defensa Nacional le
señaló que el plazo del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA feneció el 31 de
diciembre de 2015 y que los 4 meses posteriores al vencimiento del interregno de
ejecución se reservaron para la liquidación del acuerdo de voluntades, en el marco
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-.
1.3.22. Destacó que Alvis incurrió en pérdidas, debido a los gastos fijos que debió
sufragar para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas mediante el contrato
No. 225/2014 MDN-UGG-DA, pues no logró obtener los honorarios esperados, por
la falta de entrega de la cartera prometida, así como por la imposibilidad de cobro
de la mayoría de la cartera de cuotas partes entregada para su gestión.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, Alvis expuso que la falta de
otorgamiento de la cartera por el Ministerio de Defensa Nacional en las condiciones
pactadas en el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, así como un apoyo
defectuoso frente a la efectivamente asignada, desconoció el derecho que tenía a
obtener una remuneración proporcional a la ejecución realizada, circunstancia que
infringió los artículos 90 de la Constitución, 141 del CPACA, y 3, 5, 26, 27 y 28 de
la Ley 80 de 1993 así como, en particular, los principios de igualdad y equilibrio de
las prestaciones que rigen cualquier contrato de carácter conmutativo, pues mermó
la expectativa que tenía frente a la remuneración pactada, generándole perjuicios.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
Primero, reprochó que el Ministerio de Defensa Nacional se hubiera abstenido de
asignarle la totalidad de la cartera para cobro pactada, desconociendo el acuerdo
de voluntades, lo que le impidió cobrar todo lo esperado y, por consiguiente, obtener
la remuneración convenida, en consideración a la modalidad de pago pactada.
Como consecuencia, estimó que, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 80 de
1993, el Estado debía reconocerle “toda la gestión adelantada por la entidad
demandante, encaminada a la recuperación de una cartera y las pérdidas causadas
por la falta de asignación de la cartera a la que contractualmente se obligó”.
Segundo, agregó que la cartera ministerial demandada incurrió en múltiples
dificultades frente a la cartera efectivamente asignada, en línea con los hechos
narrados en la demanda, y también entorpeció su cobro, sin que se hubieran tomado
medidas para solventar tales deficiencias aunque estas se pusieron de presente
oportunamente durante el iter contractual, desconociendo el cumplimiento de los
fines estatales, por lo que, con mayor razón, ello resultó reduciendo el porcentaje
de pago prometido al contratista, dejando de obtener la suma de $459’017.907 y, a
la postre, rompiendo el equilibrio contractual entre las partes.
A su vez, adujo que el ministerio demandado se abstuvo de liquidar el contrato
dentro del término legal, para sustraerse al reconocimiento de perjuicios.
Finalmente, la cuantía se estimó en $590’000.000, producto de la sumatoria de: i)
$130’982.093, por concepto de “la diferencia entre los gastos que generó la
ejecución del contrato […] (139’446.581) menos los ingresos causados por la
ejecución contractual (8’464.488)”; y ii) $459’017.907, por concepto de los
honorarios previstos contractualmente, que ascendieron a $590’000.000, menos el
valor de los gastos de ejecución, consistentes en la suma de $130’982.093.
2. Admisión de la demanda y su contestación
2.1. El 9 de julio de 20182, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por encontrar reunidos los
requisitos de ley, decisión que fue notificada en debida forma.
2 Archivo 49 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
2.2. El Ministerio de Defensa Nacional3 contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que atendió cabalmente sus deberes negociales con
ocasión del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA.
Al efecto, manifestó que en el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA se convino sin
reparos un pago indeterminado pero determinable en favor de Alvis por sus
servicios, así como sujeto al recaudo efectivo de cartera, con una tarifa máxima en
los procesos de cobro coactivo del 20% y en las cuotas partes pensionales de hasta
el 6% de lo efectivamente recuperado, sin que el Ministerio de Defensa se hubiera
obligado a entregar el valor de $7.500’000.000, ni a pagar alguna suma de manera
directa, pues la remuneración del aquí demandante estaba sujeta a su propia
gestión. De ese modo, destacó que el extremo activo de la contienda se obligó sin
vicios del consentimiento a que “el contrato no tendría rubro presupuestal y su
cuantía sería indeterminada”, por lo que “la remuneración sería proporcional a las
cuotas del acuerdo de pago del recaudo efectivo”.
Sobre ello, aseguró que desde los documentos precontractuales del procedimiento
de selección de contratación directa que precedió la suscripción del acuerdo de
voluntades, a Alvis se le puso de presente que su pago estaba supeditado al
recaudo efectivo de los saldos adeudados en favor del Ministerio de Defensa
Nacional, lo cual fue asentido sin cuestionamiento alguno, por lo que el entonces
proponente conocía que “esta clase de objetos contractuales tienen un alto riesgo
para el contratista, porque su remuneración depende del pago efectivo de la deuda,
ya que es el deudor al que se ejecute quien pagará los honorarios”.
Es así como, a su juicio, Alvis se obligó “de resultado”, pues para que el pago en su
favor fuera efectivo, tenía que recuperar efectivamente la cartera que se le asignó,
lo cual se estableció en tales términos en la cláusula décima del contrato No.
225/2014 MDN-UGG-DA, en el que se convino que “en caso de adelantar todas las
actuaciones y no lograr el recaudo efectivo de cartera, dichas actuaciones no
generarán ningún costo para el Ministerio de Defensa Nacional”.
Bajo la anterior premisa, agregó que, analizado el clausulado contrato No. 225/2014
MDN-UGG-DA y su ejecución, no se evidenció alguna ruptura del equilibrio
económico del contrato, por haberse garantizado las condiciones para el pago,
3 Archivo 53 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
según las cuales, una vez más, se deduce que este no tenía como origen el
presupuesto del Estado, como sí la propia gestión del contratista.
Por último, sostuvo que el fenómeno jurídico de la liquidación, contenido en los
artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 no es predicable de
forma imperativa frente al acuerdo de voluntades suscrito, por cuanto “no es
obligatoria en los contratos de prestación de servicios”.
3. Trámite de primera instancia
3.1. El 10 de mayo de 20194, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca llevó a cabo la audiencia inicial, en la que no
encontró vicio alguno que debiera ser objeto de saneamiento y, a su vez, se
evidenció la ausencia de ánimo conciliatorio. Posteriormente se fijó el litigio, en el
entendido de determinar si se debe: i) declarar terminado el contrato No. 225/2014
MDN-UGG-DA; y ii) liquidarse judicialmente para reconocer en favor de Alvis las
sumas de $130’982.093 por gastos y pérdidas por la supuesta ruptura de la
ecuación financiera del contrato; y $459’017.907 por beneficios dejados de percibir.
Por último, el a quo decretó como pruebas las documentales adjuntadas por los
sujetos procesales y varios testimonios.
3.2. El 29 de mayo de 20195, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca realizó la audiencia de pruebas, en la cual se
recaudaron los testimonios de las señoras María Eugenia Pinzón Villate, Sandra
Janeth Villafrade Rojas y Yolima Castiblanco Duarte. Finalmente, se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo
tenía, rindiera concepto.
3.2.1. Alvis ratificó que, a su juicio, el Ministerio de Defensa Nacional se abstuvo de
otorgar la cartera prometida en el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA y, a su vez,
entorpeció la labor de cobro coactivo frente a la efectivamente asignada,
provocándole una ruptura de la ecuación financiera del contrato que, a la postre, le
causó perjuicios. En específico, reiteró que: i) aunque se convino una entrega de
cartera determinada, la asignada fue mucho menor, tanto así que, para el quinto
mes de ejecución, era inferior al 50% de la que debía haberse otorgado; y ii) hubo
4 Archivo 58 y video de minutos 1:00 a 22:38 del CD3 del índice 44 del expediente digital de segunda
instancia en SAMAI
5 Archivo 60 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
una ausencia de elementos materiales y jurídicos necesarios para la ejecución del
contrato, por sucesos como la falta de una cuenta de depósitos judiciales para
embargar a los deudores, la aplicación de la Ley 1753 de 2015, el manejo de la
correspondencia, la generación de poderes y la formalización de las actas de
entrega de la cartera asignada. También aseveró que el contrato debió liquidarse6.
3.2.2. El Ministerio Público emitió concepto, en el cual consideró que: i) la
demanda frente al contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA fue extemporánea, por
cuanto no requería liquidación, por lo que el cómputo para demandar estaba sujeto
a la regla del literal ii) del inciso 3 del ordinal j) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, a cuyo tenor se expuso que se contaba con 2 años para accionar a partir
de la terminación del contrato. De ese modo, argumentó que, como el acuerdo de
voluntades feneció el 31 de diciembre de 2015, se podía radicar el escrito inicial
hasta marzo de 2018 -teniendo en cuenta la interrupción del término con ocasión
del trámite de la conciliación extrajudicial- y, como este se allegó el 22 de marzo de
2018, fue extemporáneo; así como ii) se configuró una ineptitud de la demanda, por
cuanto las pretensiones de indemnización no eran consecuencia de las de
terminación del negocio jurídico.
En todo caso añadió que, si en gracia de discusión las falencias anteriores no
existieran, no se evidenció un incumplimiento del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-
DA, por cuanto aspectos como la disposición de una cuenta de depósitos judiciales
y la entrega de una cartera idónea para el recaudo no corresponden a obligaciones
que emanen del acuerdo de voluntades. A lo anterior sumó que fue Alvis quien
aceptó que su pago dependiera de un alea, consistente en el recaudo efectivo que
realizara por el cobro coactivo y, si se hubiera pactado un precio fijo, aunque la Ley
1753 de 2015 suspendió el cobro de cuotas partes pensionales de entidades
nacionales, la demandante no acreditó una afectación frente a ese aspecto.
3.2.3. El Ministerio de Defensa Nacional guardó silencio en esta etapa procesal.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 15 de julio de 20207, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca liquidó judicialmente el contrato No.
6 Archivo 61 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
7 Archivo 73 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
225/2014 MDN-UGG-DA y negó las demás pretensiones de la demanda, por
encontrar que no se evidenció alguna ruptura de la ecuación financiera del contrato.
Previo al estudio de fondo, precisó que no se encontró la existencia de una inepta
demanda, comoquiera que se formularon pretensiones de incumplimiento y,
consecuentemente, liquidación judicial. A su vez, manifestó que “la entidad estatal
no trasladó en el particular la función administrativa de cobro coactivo”, por cuanto
el contratista se limitó a proyectar las actuaciones para firma, no tenía la facultad de
negociar y sus honorarios no corrían por cuenta de la entidad estatal, de modo que
no encontró configurada de oficio una causal de nulidad absoluta. Finalmente,
expresó que el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA feneció el 31 de diciembre de
2015.
Superado lo anterior, el a quo puntualizó que, bajo su criterio, no se demostró ningún
incumplimiento, puesto que el Ministerio de Defensa Nacional atendió cabalmente
sus deberes negociales, en un contexto donde el pago del contrato estaba sujeto al
recaudo efectivo de la cartera adeudada en favor de la entidad.
Primero, adujo que el Ministerio de Defensa Nacional no se obligó a entregar alguna
cantidad determinada de expedientes, ni mucho menos una cartera de cuotas partes
de $6.500’000.000 u otros cobros por $1.000’000.000, tanto así que los
cocontratantes convinieron que la entidad pública en referencia no reconocería
ningún valor distinto al que recaudara el propio contratista según los porcentajes del
negocio jurídico. Sobre ello, destacó que, aunque el 9 de octubre de 2014 se hizo
un estudio de conveniencia donde se estimaron unos valores, estos fueron
meramente preliminares.
Segundo, consideró que no podía predicarse una negligencia de la entidad
demandada, por cuanto las supuestas fallas que Alvis le atribuyó con ocasión del
contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA no estaban inmersas en el objeto negocial,
considerando que no era dable trasladar la función del cobro coactivo al contratista,
por representar una expresión de la función pública, por lo que las dificultades
alegadas no se podían entender dentro del contrato y, por tanto, las obligaciones
negociales se restringieron a “proyectar actuaciones sujetas a la viabilidad y
aprobación de la entidad estatal”, en virtud de lo cual a Alvis simplemente se
asignaron actuaciones para iniciar el cobro coactivo. También advirtió que una
interpretación afín a la de la parte actora llevaría a la configuración de la nulidad
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absoluta del contrato, toda vez que no se podía delegar la función administrativa de
cobro coactivo a un particular.
A su vez, manifestó que, en cualquier caso, no se configuró una ruptura del equilibrio
económico del contrato, por cuanto el pago en favor de Alvis se sujetó al recaudo
que efectivamente se realizara, sin que el Ministerio de Defensa Nacional tuviera
que efectuar desembolso alguno, lo que fue considerado como un negocio bajo la
modalidad de “cuota litis”.
Por último, desestimado el incumplimiento, se liquidó el contrato No. 225/2014
MDN-UGG-DA “en el sentido de que las partes se encuentran a paz y salvo”, por
cuanto no se encontró saldo alguno pendiente por reconocer a Alvis, al no haber
alguna ruptura del equilibrio económico del acuerdo de voluntades.
5. Recurso de apelación
5.1. El 20 de octubre de 20218, Alvis presentó recurso de apelación, que fue
concedido el 11 de noviembre de 20219 y admitido el 22 de abril de 202210.
5.2. En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA fue incumplido por
el Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la entrega de parte de la cartera y el
apoyo en la gestión de la que sí se asignó, lo que le representó una merma en los
ingresos esperados por concepto de pago.
Efectivamente, Alvis manifestó que en las obligaciones del acuerdo de voluntades
se estipuló una entrega de cartera aproximada de $7.500’000.000 y un pago de
$590’000.000 derivado de ese valor y, en contraste, el monto efectivamente
reconocido no superó el 50% de esa última erogación, debido a que no se allegaron
los asuntos para cobro coactivo prometidos. A ello adicionó que se presentaron
falencias atribuibles a la entidad contratante que no fueron resueltas, como la
apertura tardía de la cuenta de depósitos judiciales, el manejo indebido de la
correspondencia, la generación y trámite tardía de poderes, la aplicación de la Ley
1753 de 2015 y la formalización de las actas de entrega de la cartera asignada.
8 Índice 23 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
9 Archivo 75 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
10 Archivo 80 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Sobre ello, indicó que informó al Ministerio de Defensa Nacional, mediante
comunicados como el del 19 de junio de 2015, sobre las vicisitudes presentadas
frente a la ejecución del contrato, solicitando que se tomaran medidas para
superarlas, sin haber obtenido respuesta. Frente al silencio en cuestión, argumentó
que una conducta en distinto sentido habría llevado a tomar medidas como modificar
las exigencias técnicas que constituían gastos fijos para las empresas contratadas,
acelerar la entrega de cartera, o proponer una terminación anticipada, nada de lo
cual sucedió. En todo caso, destacó que, aunque el Ministerio de Defensa Nacional
le contestó el comunicado del 19 de junio de 2015 hasta el 27 de octubre de la
misma anualidad, este se restringió a informarle que se suprimieron las cuotas
partes pensionales, sin tomar medidas de salvaguardia al equilibrio contractual.
Es así como afirmó que, las expectativas de recaudo se truncaron no por su
conducta, sino porque “el Ministerio no cumplió las condiciones de la oferta”, ya
fuera porque no asignó la cartera que debía asignar, o por las dificultades y “trabas
administrativas” que no fueron atendidas en debida forma.
Por último, cuestionó la liquidación efectuada por el a quo, por estimar que no se
sustentó debidamente, “pues simplemente indica que el ministerio no debía asumir
pagos al contratista y el mismo no los reclama”, pero no se analizó el hecho de que
el acuerdo de voluntades debió ser liquidado una vez feneció, máxime si se tiene
en cuenta que, mediante comunicado, la cartera ministerial aseveró que el plazo del
negocio jurídico feneció el 31 de diciembre de 2015 y, los 4 meses adicionales
previstos se reservaron exclusivamente para el cruce de cuentas. Así pues, opinó
que tenía derecho a saber cuál fue el balance de activos y pasivos producto de la
relación negocial.
6. Trámite de segunda instancia
6.1. Dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación, el Ministerio
de Defensa Nacional formuló alegaciones conclusivas, en las cuales señaló que: i)
Alvis debió formular salvedades antes de efectuar las reclamaciones judiciales
formuladas en su demanda; ii) el contrato no adoleció de un objeto ilícito, al no
habérsele trasladado al contratista la función general de cobro coactivo; iii) no se
incumplió el acuerdo de voluntades; y iv) este solo podía liquidarse en paz y salvo11.
11 Índice 18 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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6.2. Una vez en firme el auto que admitió el recurso de apelación, el expediente
ingresó para fallo, debido a que no se solicitaron ni se decretaron pruebas en el
trámite de la segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) régimen del contrato objeto de la
controversia, (3) procedencia del medio de control, (4) oportunidad de la demanda,
(5) legitimación en la causa, (6) problemas jurídicos, (7) solución a los problemas
jurídicos y (8) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10412 del CPACA, pues el contrato No.
225/2014 MDN-UGG-DA fue suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional, en tanto
entidad pública del orden nacional13, en el marco de su actividad contractual.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con el artículo 15014 y el numeral 4 del artículo 15215
12 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación
de la demanda y del recurso de apelación -22 de mayo de 2018 y 20 de octubre de 2021,
respectivamente- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las modificaciones de la Ley
2080 de 2021 y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos no contemplados en el primero, por
virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer estatuto procesal. // “Artículo 104. De la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de
las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos
al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá de los siguientes procesos: […] 2.
Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad
pública”.
13 El Ministerio de Defensa Nacional fue creado mediante el Decreto 3398 de 1965 en reemplazo del
otrora Ministerio de Guerra, así como se reestructuró mediante el Decreto 1874 de 2021.
14 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[Modificado por el artículo 615 del CGP]. // [Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de
2021]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También
conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado
en el artículo 245 de este código […]”.
15 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. [Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021]. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
15
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del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta
que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los
500 SMLMV16.
2. Régimen del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA
Antes de continuar con el estudio de los restantes presupuestos procesales, es
menester precisar el régimen jurídico del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA que
ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene particular incidencia en la
naturaleza que ostenta dicho negocio jurídico y el marco normativo sobre la base
del cual se llevará a cabo el examen del mismo en esta sede judicial.
Así las cosas, la Sala encuentra que los artículos 217 y 1318 de la Ley 80 de 1993
estipularon que entidades estatales como los ministerios están sometidas a dicho
estatuto en cuanto a su gestión contractual, de ahí que, dado que el Ministerio de
Defensa Nacional ostenta tal naturaleza, el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA,
que tuvo por objeto la prestación de servicios profesionales de cobro coactivo de
cuotas partes pensionales y recaudo de otras obligaciones y fue suscrito por aquel,
se encuentra sujeto a ese régimen.
Cabe añadir que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de prestación
de servicios como “los que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”. De
igual manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que la Ley 80 de 1993
establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones
legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que
se trate, pudiendo las partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la
de los siguientes asuntos: […] 4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de
funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.
16 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento la pretensión mayor ascendió a
$459’017.907, monto que excedió 500 veces la suma de $781.242 (781.242 x 500 = 390’621.000),
que correspondía al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de presentación de la
demanda -2018-.
17 “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos
de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: […] b) […] los ministerios […]”.
18 “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las
entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. // Los
contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde
se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia. // Los contratos que se celebren en
Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera”.
16
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voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no
contraríen el ordenamiento jurídico19.
3. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14120 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
eventual responsabilidad contractual del Ministerio de Defensa Nacional como
resultado de una supuesta falta de otorgamiento de parte de su cartera de cobro
coactivo y varias fallas relacionadas con la ejecución del contrato No. 225/2014
MDN-UGG-DA, el medio de control procedente es el de controversias contractuales.
4. Oportunidad del medio de control
De conformidad con lo previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA21 en las pretensiones relativas a contratos, cuando el acuerdo de
19 El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en efecto dispone: "Del contenido del contrato estatal. Las
estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. / Las entidades podrán celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales. / En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público
y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”.
20 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
21 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
17
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voluntades no es liquidado, el término para demandar será de 2 años, contados una
vez cumplido el término de 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido
para efectuar el corte de cuentas bilateralmente o, en su defecto, del término de 4
meses siguientes a la terminación del contrato.
Así las cosas, vale destacar que el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA22 tuvo un
plazo de 12 meses que feneció el 31 de diciembre de 2015. A su vez, aunque según
el inciso final del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, reformado por el artículo 217 del
Decreto 19 de 201223, en los contratos de prestación de servicios no es obligatoria
la liquidación, la cláusula trigésima segunda del aludido acuerdo de voluntades
estableció que este se debía liquidar (se transcribe de forma literal, incluso con
eventuales errores):
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN: El presente
contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y
el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150
de 2007, dentro del término de ley. (NO APLICA)24”.
A juicio de la Sala, la voluntad de las partes consistió en sujetar la liquidación del
contrato a los plazos previstos por el legislador para el efecto -4 meses para la
liquidación bilateral y 2 meses para la unilateral-, pese a que, por su naturaleza,
dicha liquidación no era obligatoria, pues de otro modo las partes no hubieran
estipulado nada frente a este particular, de ahí que en el presente caso se estime
pertinente tener en cuenta los términos antes señalados a efectos de establecer la
oportunidad de la demanda.
Ahora, no se pasa por alto que al final de la cláusula trigésima segunda se incluyó
la expresión “(NO APLICA)”; sin embargo, para la Sala, dicha manifestación no
desvirtúa lo convenido por las partes frente a la liquidación del contrato, pues
carecería de sentido que estas hubieran incorporado una cláusula específica
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta
no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]”.
22 Archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0004” de la carpeta “CD1 Folio 24” del folio 44 del expediente
digital de segunda instancia en SAMAI.
23 “Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. [Modificado por el artículo 217 del
Decreto 19 de 2012]. […] La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a Ia gestión”.
24 Página 33 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0004” de la carpeta “CD1 folio 24” del índice 44 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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destinada a regular la liquidación del contrato, con remisión expresa a los artículos
60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, para concluir posteriormente
que dicha regulación no producía efecto alguno.
A su vez, en el asunto de estudio está demostrado que las partes del contrato No.
225/2014 MDN-UGG-DA convinieron, además del plazo de 1 año para la ejecución
negocial, un interregno adicional de 4 meses que, según el propio Ministerio de
Defensa, estaba reservado para la etapa de liquidación del acuerdo de voluntades
(hecho probado No. 7.1.3.18), circunstancia que revela un querer claro de las
partes, dirigido a establecer la posibilidad de un corte de cuentas, mandato frente al
cual la Sala se debe atener, en concordancia con el artículo 1618 del Código Civil25,
por conocerse sin dificultades la intención de los contratantes.
Es así como la cláusula trigésima segunda, en la que, a la vez que se estableció
una obligación de liquidar el contrato, se indicó un “(NO APLICA)”, a juicio de esta
Sala, debe entenderse en el sentido de que aquella disposición era obligatoria,
pues, una vez más, no habría tenido sentido que se añadiera para que no tuviera
efectos y, si el querer de las partes hubiera sido que no fuera obligatorio efectuar el
cruce de cuentas, simplemente el aparte en comento, y los 4 meses adicionales al
plazo de ejecución, no se habrían incorporado.
En suma, una interpretación de la cláusula trigésima segunda del contrato conduce
a entender que la remisión expresa al régimen legal de la liquidación del contrato
refleja la intención de las partes de sujetar el cruce de cuentas a dichas
disposiciones, en particular a sus términos, sin que la simple inclusión de la
expresión “(NO APLICA)” pueda prevalecer sobre su contenido y mucho menos
privarla de cualquier efecto.
Bajo ese entendido, el punto de partida del término para liquidar el contrato No.
225/2014 MDN-UGG-DA es el día siguiente a su terminación. Por tanto, los 4 meses
para liquidar bilateralmente el acuerdo de voluntades acontecieron entre el 1° de
enero de 2016 y el 1° de mayo de 2016 y, a su turno, los 2 meses para efectuar el
referido corte de cuentas de forma unilateral transcurrieron entre el 2 de mayo de
2016 y el 2 de julio de 2016.
25 “Artículo 1618. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que
a lo literal de las palabras”.
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Sobre la base de las apreciaciones precedentes, y en concordancia con el criterio
establecido en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
citado con antelación, Alvis contaba con 2 años para ejercer el derecho de acción,
que acontecieron pasados dos meses desde el fenecimiento del plazo para la
liquidación bilateral, esto es, entre el 2 de julio de 2016 y el 2 de julio de 2018 y,
considerando que la aquí demandante radicó el escrito inicial el 22 de mayo de
2018, no cabe duda de que fue allegado en tiempo, sin perjuicio del agotamiento
del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 27 de febrero y el 9
de mayo de 201826.
5. Legitimación en la causa
Alvis y el Ministerio de Defensa Nacional están legitimados en la causa por activa y
por pasiva respectivamente, ya que fueron suscribientes del contrato No. 225/2014
MDN-UGG-DA frente al cual se alega un incumplimiento causante de perjuicios.
6. Problemas jurídicos
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP27, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”28.
26 Páginas 787 a 788 del archivo 71 del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en
SAMAI.
27 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
28 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018 con
radicado 05001233100020010306801 (46005), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede
de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le
formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado29.
A su vez, estándose ante asuntos contractuales, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sostenido que al juez contencioso administrativo le corresponde verificar
por solicitud de parte o de oficio que los acuerdos de voluntades objeto de las
referidas controversias no adolezcan de vicios de legalidad que devengan en su
nulidad absoluta, en línea con el inciso segundo del artículo 141 del CPACA, que
estableció que “El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido
las partes contratantes o sus causahabientes”30.
Sobre la base de lo anterior, en el asunto de estudio Alvis presentó una demanda
de controversias contractuales contra el Ministerio de Defensa Nacional, por
considerar que incumplió el contrato de prestación de servicios No. 225/2014 MDN-
UGG-DA, cuyo objeto consistió en la gestión de acreencias en favor de la cartera
ministerial, al abstenerse de aportar la totalidad de la cartera prometida, así como
por obstaculizar el recaudo de la que sí se le allegó.
Sobre ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que no le asistió
razón a la parte actora, pues no se le prometió ninguna suma concreta de procesos
para su diligencia, ni la entidad demandada desatendió sus obligaciones, pues como
el contrato no implicó una transferencia de la función de cobro coactivo, no estaba
obligada sino a señalarle al contratista los asuntos que debía proyectar, so pena de
que se entendiera que sí se delegó injustificadamente la referida competencia a un
privado y, por tanto, que era dable anular el negocio jurídico. Inconforme, Alvis apeló
la sentencia de primera instancia, por estimar que, entre otros, el objeto del contrato
versó sobre la gestión integral de cartera y, por ende, la labor de la entidad
contratante no era solamente trasladarle actuaciones para su sustanciación.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado
18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).
30 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 16 de agosto de 2022.
Radicado 47001-23-33-000-2018-00416-01 (67959) y ii) Subsección C. Sentencia del 3 de febrero
de 2025. Radicado 15001-23-33-000-2019-00280-01 (66572).
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
Específicamente, en su apelación Alvis señaló que el a quo erró en desestimar las
pretensiones de la demanda, pues se demostró que el Ministerio de Defensa
Nacional incumplió el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA: i) en la cantidad de
cartera para asignación prometida, al haber otorgado una ostensiblemente menor;
y ii) por deficiencias tales como la apertura tardía de la cuenta de depósitos
judiciales, el manejo indebido de la correspondencia, la generación y trámite
demorado de poderes, la aplicación de la Ley 1753 de 2015 y la formalización de
las actas de entrega de la cartera asignada, que terminaron reduciendo el pago al
que tenía derecho. A su turno, advirtió que no se analizó el hecho de que la
demandada se hubiera abstenido de liquidar el acuerdo de voluntades.
En ese orden de ideas, de la sentencia de primera instancia y su apelación se
desprende un aspecto previo frente al cual la Sala entrará a resolver, el cual, si bien
no se alegó expresamente como cargo de la demanda y/o de apelación, sí
constituye un elemento axial de la presente controversia, consistente en verificar si
el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA llevó a cabo una transferencia y/o
delegación de la labor de cobro coactivo a Alvis y si, tal circunstancia, conlleva a
declarar de oficio la nulidad absoluta del acuerdo de voluntades, de conformidad
con lo previsto en el inciso segundo del artículo 141 del CPACA -citado con
antelación-.
A partir de lo anterior, a la Sala le corresponde resolver, de oficio, si el contrato No.
225/2014 MDN-UGG-DA incurrió en una circunstancia configurativa de nulidad
absoluta por trasladar la función pública de cobro coactivo a un particular y si, como
consecuencia, hay lugar al reconocimiento de restituciones mutuas en favor de las
partes.
7. Solución a los problemas jurídicos
A efectos de resolver el problema jurídico antes planteado, corresponde verificar los
sucesos alrededor de la suscripción y/o ejecución del contrato No. 225/2014 MDN-
UGG-DA, para lo cual se analizarán las pruebas del expediente, incluidos: i) los
documentos aportados al proceso, de conformidad con el artículo 246 31 del CGP y
31 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
ii) los testimonios recaudados durante la primera instancia, en virtud del artículo
21132 del CGP.
7.1. El iter del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA
7.1.1. El procedimiento de contratación directa que antecedió la suscripción
del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA
7.1.1.1. El 20 de noviembre de 201433, el Ministerio de Defensa Nacional remitió
internamente los estudios y documentos previos para justificar la celebración de
un contrato de prestación de servicios para la gestión del cobro coactivo a su cargo,
con un plazo de un año. En general, se puso de presente que la entidad “carece de
la infraestructura física y humana requerida para cumplir de manera ágil, eficaz,
eficiente y oportuna el cobro coactivo de las obligaciones derivadas por conceptos
de cuotas partes pensionales, cuota de compensación militar, multas marítimas y
otras declaratorias de deudores del Estado a favor de la entidad”.
Bajo esa senda argumentativa, consideró que era necesario celebrar un contrato de
prestación de servicios para que el particular que se eligiera efectuara “la
instrumentación jurídica de todos los trámites legales que deben adelantarse con el
objeto de cobrar las obligaciones a favor del Ministerio de Defensa Nacional”,
aspecto que comprendía la conformación de los títulos ejecutivos, evaluar y
clasificar el estado de la cartera, analizar las fórmulas de pago presentadas por los
deudores, investigar el patrimonio de los morosos, identificar el estado actual de la
deuda, cancelar todos los gastos del proceso y proyectar las decisiones
relacionadas. Así, se estableció que el pago del contratista dependería de lo que
efectivamente lograra recaudar, sin que se le reconociera cualquier otra suma por
fuera de ello, de suerte que no se asignó un presupuesto determinado.
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
32 “Artículo 211. Imparcialidad del testimonio. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. // La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
33 Páginas 3 a 21 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS 04-050” de la carpeta “CD1 Folio 24” del
índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
Finalmente, se dispuso que, dada la necesidad de la entidad, y la tipología de
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión del negocio jurídico por
suscribir, la modalidad de selección era la de contratación directa.
7.1.1.2. El 1° de diciembre de 201434, el Ministerio de Defensa Nacional invitó a
Alvis a que presentara oferta para la prestación de servicios profesionales para
gestionar el cobro coactivo de las cuotas partes pensionales y el recaudo de las
demás obligaciones que se adeuden en favor de la entidad. Allí se replicaron las
condiciones previstas en los estudios y documentos previos.
7.1.1.3. El 5 de diciembre de 201435, Alvis allegó oferta para la suscripción del
contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión, donde señaló que contaba
con la experiencia para la realización del objeto negocial a suscribir, por lo que
afirmó aceptar “de manera integral los términos y condiciones consagrados en la
solicitud de oferta formal” y, subsiguientemente, anexó los documentos exigidos
para la vinculación.
7.1.2. El contrato de prestación de servicios No. 225/2014 MDN-UGG-DA del 31
de diciembre de 2014
El 31 de diciembre de 201436, Alvis y el Ministerio de Defensa Nacional suscribieron
el contrato de prestación de servicios No. 225/2014 MDN-UGG-DA, que tuvo por
objeto la “prestación de servicios profesionales para gestionar el cobro coactivo de
las cuotas partes pensionales y el recaudo de las demás obligaciones que adeudan
las entidades de derecho público o privado a nivel nacional y las personas naturales
a favor del Ministerio de Defensa Nacional”, con un plazo de 1 año, que habría de
fenecer el 31 de diciembre de 2015, y un valor indeterminado, pero estimado en
$590’000.000 solo para efectos fiscales y de constitución de pólizas, sin que se
causara alguna erogación presupuestal a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.
Efectivamente, en cuanto a la forma de pago la cláusula cuarta puntualizó que “no
se tiene asignado un presupuesto para el presente contrato”, por cuanto “por estar
sujeto el valor de los honorarios al recaudo efectivo de cartera, la cuantía del
34 Páginas 38 a 41 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0001” de la carpeta “CD1 Folio 24” del índice
44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
35 Páginas 43 a 50 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0001” y archivos “Demanda M.D.N.
ALVIS0002” a “Demanda M.D.N. ALVIS0004” de la carpeta “CD1 Folio 24” del índice 44 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
36 Páginas 18 a 34 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0004” de la carpeta “CD1 Folio 24” del índice
44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
presente contrato es indeterminada, pero determinable”, de modo que la
remuneración que se obtendría sería pagada en su integridad por el deudor. Como
consecuencia, se convino que “el Ministerio de Defensa Nacional no asumirá suma
alguna por este concepto y no se destinará una partida presupuestal que respalde
la contratación”. Bajo esa senda, se precisó que la tarifa de honorarios a reconocer
sería máximo del 20% y, por concepto de cuotas partes pensionales, hasta el 6%
del monto efectivamente recuperado.
En el mismo sentido, en la cláusula quinta se manifestó que la forma del pago de
los honorarios quedaría incluida en los acuerdos de pago o actos administrativos
que versen sobre el recaudo efectivo de cartera y que, en todo caso, el contratista
podría negociar con el deudor el porcentaje de costas “de acuerdo a su voluntad de
pago y la garantía presentada”.
Por su parte, la cláusulas séptima y octava dispusieron que el plazo de ejecución
sería de un año y el plazo de vigencia comprendía 4 meses más y, como
obligaciones del contratista, en la cláusula décima se instituyeron las de:
i) Prestar los servicios objeto del contrato, para lo cual se debía designar
personal experto en cobro coactivo para su sustanciación, la liquidación
de los intereses adeudados, la proyección de acuerdos de pago, y el
análisis de los escenarios y documentos contables;
ii) Contar con las instalaciones, equipos y demás infraestructura necesaria;
iii) Digitalizar los títulos ejecutivos;
iv) Realizar la “instrumentación jurídica de todos los trámites legales que
deban adelantarse con el objeto de cobrar las obligaciones a favor del
Ministerio de Defensa Nacional”, lo cual comprendía actos como verificar
la conformación de los títulos ejecutivos, evaluar y clasificar la cartera y
la deuda, evaluar las fórmulas de pago, investigar los patrimonios de los
deudores y cancelar los gastos del proceso;
v) Proyectar el mandamiento de pago y notificar en debida forma todos los
procesos asignados;
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
vi) Proyectar para la firma del supervisor los actos administrativos, la
liquidación de intereses de cada proceso y demás documentos
necesarios para lograr el recaudo efectivo de cartera, así como impulsar
la sustanciación del proceso de cobro de los títulos ejecutivos;
vii) Contestar los recursos interpuestos por los deudores, las peticiones y
demás requerimientos;
viii) Promover el cumplimiento de las fórmulas de pago aprobadas por los
deudores y realizar todas las actividades de acuerdo con las
disposiciones aplicables al Ministerio de Defensa Nacional “entre otros,
los manuales de cobro coactivo, resoluciones internas, directrices,
Estatuto Tributario, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y demás
normas que reformen, modifiquen o adicionen”; y
ix) Librar el mandamiento de pago y notificar al deudor, entre otros.
Finalmente, se dictaminó que “en caso de adelantar todas las actuaciones y no
lograr el recaudo efectivo de cartera, dichas actuaciones no generarán ningún costo
para el Ministerio de Defensa Nacional” y en la cláusula novena se estableció que
el contratista celebraría los contratos y operaciones útiles a sus intereses.
Por su parte, en la cláusula décima segunda se prescribió que serían obligaciones
del ministerio las de poner a disposición del contratista los bienes y lugares que se
requieran para la ejecución del objeto contratado, recibir a satisfacción los servicios
entregados por el contratista y pagar al contratista en la forma pactada.
Finalmente, la cláusula vigésima octava determinó que, se entendería como parte
del contrato los estudios y documentos previos, la solicitud de oferta, la propuesta
del contratista, los anexos del contrato y los demás documentos que suscribieran
las partes. Asimismo, la cláusula trigésima segunda indicó que el contrato se
liquidaría de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de
la Ley 1150 de 200737.
37 En específico, la cláusula dispuso que “El presente contrato se liquidará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de
2007 y el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro del
término de ley. (NO APLICA)”.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
7.1.3. La ejecución del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA del 31 de
diciembre de 2014
7.1.3.1. El 23 de enero de 201538, el Ministerio de Defensa Nacional y Alvis
suscribieron el acta de inicio de ejecución del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-
DA, donde se enfatizó que el plazo del contrato iba hasta el 31 de diciembre de
2015.
7.1.3.2. El 12 de febrero de 201539, Alvis requirió al Ministerio de Defensa Nacional
para que diera apertura a una cuenta de depósitos judiciales del Ministerio de
Defensa Nacional, para el trámite de los procesos de cobro coactivo.
7.1.3.3. El 10 de abril de 201540, Alvis le manifestó al Ministerio de Defensa Nacional
que procedía a devolver 322 cuentas de cobro por las sumas de $1.097’538.480.059
y $1’141.037, debido a que correspondían al Instituto de Seguros Sociales -en
liquidación- y a la Industria Licorera de Bolívar -ya liquidada-, a la cual no se le podía
iniciar procesos de cobro coactivo, en línea con el Decreto Ley 254 de 2000,
modificado por la Ley 1105 de 2006.
7.1.3.4. El 16 de mayo de 201541, Alvis le expresó al Ministerio de Defensa Nacional
su preocupación frente a la ejecución del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, por
cuanto ha tenido que enfrentar dificultades tales como: i) la falta de una cuenta de
depósitos judiciales de la entidad contratante, para realizar embargos a los
deudores; ii) la promesa de aproximadamente $7.500’000.000 de cartera asignada
versus 3.070’764.365,63 efectivamente entregada, con un faltante de
$4.429’235.634,17; iii) la expedición del artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 y, con
ello, la supresión de cuotas partes pensionales; iv) la falta de notificación adecuada
de varias de las actuaciones del cobro coactivo; v) el otorgamiento indebido de
poderes; y vi) la formalización de las actas de entrega.
38 Páginas 9 a 10 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0005” de la carpeta “CD1 Folio 24” del índice
44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
39 Páginas 69 a 70 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
40 Página 72 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital de
segunda instancia en SAMAI.
41 Páginas 73 a 77 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
7.1.3.5. El 22 de junio de 201542, el Ministerio de Defensa Nacional le informó a Alvis
que “se encuentra aperturada en el Banco Agrario la cuenta de depósito judicial No.
110019196038 a favor del Ministerio de Defensa Nacional”.
7.1.3.6. El 14 de julio de 201543, el Ministerio de Defensa Nacional emitió un acta
de entrega de las cuentas de cobro de cuotas partes pensionales a Alvis, donde
hizo constar que entregó a dicho contratista varios expedientes de las entidades
deudoras, por una suma total de $27’896.899,99.
7.1.3.7. El 15 de julio de 201544, el Ministerio de Defensa Nacional le solicitó a Alvis
que aclarara, en un lapso no mayor a 15 días calendario “la parte resolutiva de todos
los mandamientos de pago que haya proyectado su empresa”, en el sentido de que
se señalaran en las decisiones las cuentas bancarias para el eventual pago de
emolumentos como capital, intereses y cualquier otra erogación en favor de la
cartera ministerial.
7.1.3.8. El 21 de julio de 201545 Alvis le respondió al Ministerio de Defensa Nacional
que no era posible acceder a la aclaración de los mandamientos de pago, debido a
que “gran parte de los procesos de cobro coactivo asignados a la firma Alvis ya se
encuentran en etapas posteriores al mandamiento de pago”.
7.1.3.9. El 27 de agosto de 201546, la sociedad Outsourcing Financieros Limitada,
quien suscribió un contrato distinto con el Ministerio de Defensa Nacional, pero
sobre la gestión de cobro de cartera en favor de la entidad, así como Alvis,
advirtieron que varias de las obligaciones contenidas en “205 expedientes de cobro
coactivo por concepto de obligaciones a cargo de DIMAR” presentan prescripción,
errores de notificación y deudores en estado de liquidación no localizados.
7.1.3.10. El 26 de octubre de 201547, Alvis solicitó al Ministerio de Defensa Nacional
pronunciarse sobre la solicitud de información del 27 de agosto de 2015 sobre los
42 Páginas 62 a 65 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
43 Páginas 5 a 10 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0010 501-550” de la carpeta “CD1 Folio 24”
del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
44 Páginas 53 a 61 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
45 Páginas 78 a 79 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
46 Páginas 80 a 82 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
47 Páginas 83 a 85 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
“expedientes de cobro coactivo de DIMAR”. En la misma fecha, le pidió a la misma
entidad manifestarse sobre la incidencia del artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 en
el objeto negocial.
7.1.3.11. El 2 de noviembre de 201548, el Ministerio de Defensa Nacional sostuvo
que, mediante el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 se dispuso la supresión de
cuotas partes “en virtud de un hecho sobreviniente de carácter legal, de
conocimiento público y vinculante como lo es la citada normativa, razón por la cual,
no encuentra sustento legal, jurídico ni factico éste Ministerio, para el ejercicio de la
función coactiva que le fue otorgada por mandato de la ley. Finalmente, le informo
que en caso de existir un proceso de cobro administrativo coactivo en contra de
cualquier Entidad del orden nacional, se deberá decretar su terminación y archivo,
así como la devolución de títulos de depósito judicial y el levantamiento de medidas
cautelares si fuere el caso, у siempre y cuando se hayan ordenado con posterioridad
a la vigencia de la disposición legal que nos ocupa, toda vez que desaparecieron
los fundamentos legales que originaron el cobro de las obligaciones por concepto
de cuotas partes pensionales”.
Es así como, señaló que, para la fecha, la entidad no reportaba cuentas pendientes
de cobro, pues se aplicó nota de contabilidad de acuerdo con la Ley 1753 de 2015.
7.1.3.12. El 11 de diciembre de 201549, el Ministerio de Defensa Nacional expidió
un “informe de ejecución del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA”, en el que
manifestó que “a la fecha se han cumplido a cabalidad las obligaciones suscritas
por el contratista, aclarando que no ha sido posible entregar el valor aproximado de
la cartera proyectada en el contrato, toda vez que en virtud del Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018 (Ley 1753 del 9 de junio del año 2015) se suprimió el cobro
y el pago de cuotas partes pensionales del orden nacional”.
7.1.3.13. El 29 de diciembre de 201550 Alvis le señaló al Ministerio de Defensa
Nacional que debía resolver los interrogantes formulados sobre los “205
expedientes de cobro coactivo por concepto de obligaciones a cargo de DIMAR” y,
enseguida, asumió que, comoquiera que no recibió respuesta alguna hasta la fecha,
48 Páginas 30 a 36 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0005” de la carpeta “CD1 Folio 24” del índice
44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
49 Páginas 11 a 13 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0005” de la carpeta “CD1 Folio 24” del índice
44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
50 Página 86 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital de
segunda instancia en SAMAI.
29
Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
entendió que “los expedientes no serán entregados para gestión, más aún si se
tiene en cuenta la fecha de vigencia del contrato No. 225”.
7.1.3.14. El 31 de diciembre de 201551, Alvis manifestó haber obtenido, con ocasión
de la ejecución del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, ingresos por la suma de
$8’464.488, gastos operacionales por la suma de $139’446.581 y, por tanto,
pérdidas por la suma de $130’982.093. Seguidamente, aportó varios anexos para
justificar los costos en comento, consistentes en múltiples contratos de
arrendamiento y de prestación de servicios con personas naturales, así como varios
recibos de servicios públicos, de transferencias, parqueaderos, de alimentación y
papelería.
7.1.3.15. El 19 de enero de 201652, el Ministerio de Defensa Nacional le respondió
a la sociedad Legal Outsourcing Financieros Ltda., frente a la supresión de cuotas
partes resueltas en el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, que ello resultaba
aplicable a parte de la cartera asignada, lo cual “es resultado de un mandato legal
que por su misma naturaleza debe ser acatado y aplicado conforme a lo ordenado”.
7.1.3.16. El 26 de febrero de 201653, Alvis le indicó al Ministerio de Defensa Nacional
que “sea aclarado el alcance de la cláusula octava del contrato No. 225/2014” por
considerar que había dudas sobre la expresión “y cuatro (4) meses más”.
7.1.3.17. El 3 de marzo de 201654, Alvis requirió al Ministerio de Defensa Nacional
para que aclarara la cláusula octava del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA que
señaló que la vigencia del contrato sería la del plazo de ejecución “y cuatro (4)
meses más”, pues prima facie pareciera que dicho plazo se reservó para la
liquidación del contrato pero, a su juicio, ello no resulta del todo claro.
7.1.3.18. Los días 17 y 21 de marzo, así como 4 de abril de 201655, el Ministerio de
Defensa Nacional indicó que “no se ha sustanciado, ni expedido ningún acto
administrativo que haya sido proyectado por la firma Alvis Constructores S.A.S.,
51 Páginas 466 a 469 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
52 Páginas 87 a 90 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital
de segunda instancia en SAMAI.
53 Página 91 del archivo “CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital de
segunda instancia en SAMAI.
54 Página 14 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0005” de la carpeta “CD1 Folio 24” del índice 44
del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
55 Páginas 15 a 23 del archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0005” de la carpeta “CD1 Folio 24” del índice
44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
30
Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
posterior al 31 de diciembre del año 2015, toda vez que ya terminó la ejecución del
contrato”. De ese modo, precisó que “uno es el plazo establecido para la ejecución
de las obligaciones contractuales, el cual terminó el 31 de diciembre de 2015 […] el
otro, correspondiente a 4 meses posteriores al vencimiento del plazo de ejecución,
destinado para las actividades de liquidación de los contratos en que aplique dicha
etapa”.
7.1.3.19. Mediante sendos memorandos, el Ministerio de Defensa Nacional indicó
que recibió múltiples títulos de depósito en la cuenta No. 110019196038 del Banco
Agrario, sin que, en todo caso, se hubiera indicado si ello tuvo como causa la gestión
de recaudo suscrita en el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA56.
7.1.4. Los testimonios recaudados
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca recaudó los testimonios de las señoras
María Eugenia Pinzón Villate, Sandra Janeth Villafrade Rojas y Yolima Castiblanco
Duarte, quienes se refirieron a aspectos atinentes a las supuestas desavenencias
presentadas con ocasión del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA57.
7.2. El contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA adoleció de una falencia
constitutiva de nulidad absoluta, por delegar el cobro coactivo a un particular
7.2.1. En el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda presentada por Alvis, atinente a un supuesto
incumplimiento del Ministerio de Defensa Nacional con ocasión del contrato No.
225/2014 MDN-UGG-DA, por considerar que las obligaciones cuya desatención
advirtió no estaban inmersas dentro del acuerdo de voluntades, pues este se
restringió a una simple gestión de apoyo del cobro coactivo de la entidad contratante
y, además, el pago se sujetó a un alea consistente en el dinero que efectivamente
se recaudara en dicha gestión, de suerte que, al no haber transferencia de dicha
función administrativa, el negocio jurídico no adolecía de nulidad absoluta. En tal
virtud, liquidó el contrato en “paz y salvo”.
Inconforme, Alvis presentó recurso de apelación, a efectos de que se revocara la
sentencia de primera instancia para accederse a lo pretendido en la demanda, con
56Archivo “Demanda M.D.N. ALVIS0014” de la carpeta “CD1 Folio 24” y páginas 35 a 36 del archivo
“CUADERNO DE PRUEBAS 69” del índice 44 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
57 Minutos 1:00 a 49:50 del video contenido en el CD4 del índice 44 del expediente digital de segunda
instancia en SAMAI.
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sustento en que el contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA sí fue incumplido por el
Ministerio de Defensa Nacional, quien a su juicio sí se comprometió a la asignación
de “aproximadamente” $7.500’000.000 de cartera y, en contraste, la atribuida no
superó el 50% de dicho valor, así como, frente a la que sí se le allegó se incurrió en
falencias como la apertura tardía de la cuenta de depósitos judiciales, el manejo
indebido de la correspondencia, la generación y trámite defectuosa de poderes, la
aplicación de la Ley 1753 de 2015 y la formalización de las actas de entrega de la
cartera asignada, labores que se encontraban inmersas en el acuerdo de
voluntades. A su vez, pidió que se analizara el hecho de que la entidad contratante
no liquidó el contrato.
Tal y como se anticipó en el aparte de problema jurídico, para la Sala los argumentos
de la demanda y del recurso de apelación revelan una diferencia en la concepción
del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, pues mientras que el a quo consideró
que no constituyó una transferencia de la competencia administrativa de cobro
coactivo, la parte apelante estima que, en esencia, sí se le trasladaron todo tipo de
funciones frente a las cuales predica un incumplimiento por cuenta de la inoperancia
de la demandada. Por lo tanto, de forma preliminar, corresponde determinar el
objeto negocial del referido acto jurídico, a efectos de definir su alcance.
7.2.2. Al respecto, vale precisar que, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley 80
de 199358, la nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada
de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no es susceptible de ser
saneada mediante ratificación. A su vez, la posibilidad de decretar oficiosamente la
nulidad absoluta de los contratos, si se encuentra plenamente demostrada y en el
proceso están presentes todas las partes que lo celebraron, es reiterada en el inciso
final del artículo 141 del CPACA, como se anticipó en el problema jurídico59.
Ahora bien, el artículo 2 de la Ley 50 de 1936, en la nueva redacción que le dio al
artículo 1742 del Código Civil60, expresó que la nulidad absoluta se sanea “en todo
58 “Artículo 45. De la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el
agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de
saneamiento por ratificación […]”.
59 “Artículo 141. […] El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir
que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio
cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las
partes contratantes o sus causahabientes”.
60 “Artículo 1742. [Subrogado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1936]. La nulidad absoluta puede y
debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto
o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su
declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada
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caso” por prescripción extraordinaria. Por consiguiente, cualquiera que sea la causa
que da origen a la nulidad absoluta, transcurrido el término de la prescripción
extraordinaria no podrá pedirse ni decretarse porque el legislador, en procura de la
seguridad jurídica, ha fijado un límite temporal a la posibilidad de cuestionar los
negocios jurídicos61.
Respecto de las causales de nulidad absoluta de los contratos estatales, el artículo
44 de la Ley 80 de 1993 dispone:
“Artículo 44. De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del
Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho
común y además cuando:
1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;
2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.
3o. Se celebren con abuso o desviación de poder.
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y
5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos
en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o
con violación de la reciprocidad de que trata esta Ley”.
En el derecho común, el artículo 1741 del Código Civil62 establece que el contrato
es absolutamente nulo por objeto o causa ilícita, por omisión de alguno de los
requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o
contratos en consideración a su naturaleza o por haber sido celebrado por personas
absolutamente incapaces.
A su vez, en punto al objeto ilícito como causal de nulidad absoluta, el artículo 1519
del Código Civil63 dispone que “hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al
por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por
prescripción extraordinaria”.
61 Así se ha sostenido en contratos frente a los cuales acaecieron más de 10 años desde su
perfeccionamiento, por lo que ya no puede alegarse su nulidad absoluta. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia del 1° de junio de 2026. Radicado 25000-23-36-000-2017-01209-
02 (65823).
62 “Artículo 1741. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que
los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. // Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y
contratos de personas absolutamente incapaces. // Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad
relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”.
63 “Artículo 1519. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación.
Así, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella,
es nula por el vicio del objeto”.
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derecho público de la nación”, de tal suerte que toda violación a un mandato
imperativo constituye un vicio que genera nulidad absoluta, salvo que de modo
expreso la norma establezca una sanción distinta.
Ahora bien, las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino
también las que ordenan, por lo que el quebranto del orden público se presenta
tanto cuando se violan normas que establecen prohibiciones como cuando no se
observan o se desatienden normas que ordenan64, eventos todos estos en los
cuales se produce nulidad absoluta por objeto ilícito.
Al respecto, ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación65 que (se transcribe
literalmente):
“[…] el orden público comprende además los principios ínsitos en el
ordenamiento, que se deducen de las normas imperativas, y su
transgresión también apareja la nulidad absoluta como sanción […].
Así para que un acto o contrato sea absolutamente nulo por objeto ilícito
no es indispensable la existencia de una norma que diga, expresa y
sacramentalmente, que es “nulo” como consecuencia, el acto que la
64 Sobre la nulidad absoluta por objeto ilícito y la violación de normas prohibitivas e imperativas, la
doctrina indica lo siguiente: “Para la validez de la declaración de voluntad no basta que su objeto sea
posible, cierto y determinado y comerciable; se requiere además que sea lícito. Objeto lícito es el
que se conforma con la ley, es reconocido por ella y lo protege y ampara. Sabemos que las leyes
constituyen limitaciones de la libertad individual, necesarias para la vida del hombre en sociedad; y
según la importancia de la materia sobre la cual recaen, los preceptos legales toman diversas formas
que dan a los mandatos del legislador efectos diversos y mayor o menor energía. Las leyes son:
imperativas, que también se llaman preceptivas, que imponen la ejecución de un precepto como
necesario al mantenimiento de ciertas instituciones y del orden social; prohibitivas, que prohíben la
ejecución de un hecho o de un acto jurídico, como contrario a la estabilidad social; y permisivas, a
que se da también el nombre de declarativas, que simplemente reconocen los derechos de los
individuos. Las imperativas y las prohibitivas se dirigen a la voluntad del hombre principalmente y
constituyen para él mandatos autorizados de que no puede ni debe desentenderse, porque el
legislador exige su observancia como una necesidad del mantenimiento del orden social y del
respeto de los derechos de los ciudadanos; las leyes permisivas, como simplemente declarativas
que son, no se dirigen directamente a la voluntad del hombre, sino más bien a su inteligencia para
indicarle las condiciones necesarias a una figura jurídica para su validez y su correcto
funcionamiento, teniendo en cuenta los derechos e intereses privados en juego. Por lo mismo la
observancia de estas leyes no es rigurosamente exigida y los derechos que de ella se derivan
pueden ser renunciados, si no se ha prohibido por el legislador especialmente la renuncia. Sucede
todo lo contrario con las leyes imperativas y especialmente con las leyes prohibitivas, que establecen
normas que el hombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la violación de una
de estas leyes se descubre. Las leyes imperativas acentúan la voluntad del legislador que quiere
que las cosas se hagan como él lo entiende en beneficio de la generalidad y para asegurar el orden
social y público. Las leyes prohibitivas revelan el propósito del legislador de asegurar el
funcionamiento de todos los intereses legítimos y de velar por el mantenimiento de las buenas
costumbres y de la justicia y equidad en los tratos de los particulares. Estas dos clases de leyes
deben ser cuidadosamente observadas y como el legislador no puede prestar su protección a quien
desconoce y viola sus preceptos imperativos de orden público o prohibitivos, la sanción de su
violación es la nulidad del acto ejecutado en contravención a dichas leyes; salvo que en la ley misma
designe otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención”. CLARO SOLAR, Luis.
Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Santiago: 1979. Editorial Jurídica de Chile.
Tomo Undécimo: De las Obligaciones II. P. 264 y 265.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 3 de junio de 2015, Radicado
73001233100020030063401 (37566).
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contraviene, pero desde luego que lo que sí debe existir es la norma que
expresamente mande o prohíba”.
7.2.3. Precisado el marco normativo de la nulidad absoluta, se encuentra
demostrado en el proceso que, el 20 de noviembre de 2014, el Ministerio de Defensa
Nacional elaboró los estudios y documentos previos para la celebración, mediante
el procedimiento de selección de contratación directa, de un contrato de prestación
de servicios para la gestión del cobro coactivo a su cargo, que contuviera
obligaciones como la “instrumentación jurídica de todos los trámites legales que
deben adelantarse con el objeto de cobrar las obligaciones a favor del ministerio” y,
dentro de ello, deberes como conformar los títulos ejecutivos, evaluar y clasificar el
estado de cartera, analizar las fórmulas de pago, investigar el patrimonio de los
morosos, identificar el estado de la deuda, cancelar los gastos procesales y
proyectar las decisiones relacionadas (hecho probado No. 7.1.1.1.).
El 1° de diciembre de 2014, el Ministerio de Defensa Nacional le hizo oferta a Alvis
para suscribir un contrato en los términos explicados en el párrafo anterior y, el 5 de
diciembre de 2014, Alvis allegó oferta en tal sentido, tras lo cual, el 31 de diciembre
de 2014, suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 225/2014 MDN-
UGG-DA (hechos probados 7.1.1.2., 7.1.1.3. y 7.1.2.).
En el referido acuerdo de voluntades, se convino que el objeto negocial consistía en
gestionar el cobro coactivo del Ministerio de Defensa Nacional, con un plazo de 1
año y un pago indeterminado pero determinable, sujeto a un porcentaje de los
montos que efectivamente se recaudaran en favor de la entidad. Es por ello que se
instituyeron en cabeza del contratista las siguientes obligaciones: i) sustanciar los
procesos de cobro coactivo; ii) librar mandamiento de pago y su notificación, así
como celebrar acuerdos de pago; iii) “instrumentación” jurídica de los trámites y,
dentro de ello, clasificar la cartera, gestionar los títulos ejecutivos y evaluar las
fórmulas de pago; iv) digitalización de los títulos ejecutivos; v) proyectar “los actos
administrativos” y demás documentos necesarios; vi) liquidación de los intereses;
vii) notificación de los procesos asignados y/o al deudor; viii) negociación del
porcentaje de costas; ix) contestar los recursos, peticiones y demás requerimientos
de los deudores; y x) promover el cumplimiento de las fórmulas de pago (cláusulas
quinta, séptima y octava).
En contraposición, se establecieron como labores del Ministerio de Defensa
Nacional poner a disposición los bienes y lugares para la ejecución del servicio,
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recibir las labores efectuadas y pagar al contratista en la forma pactada (cláusula
décima segunda).
Ante el panorama descrito, para la Sala es evidente que el objeto del contrato No.
225/2014 MDN-UGG-DA trajo consigo la transferencia general de la función de
cobro coactivo en cabeza del Ministerio de Defensa, lo que representa un vicio
configurativo de nulidad absoluta, por desconocer la normativa de orden público
sobre la materia -contenida en los artículos 98 y siguientes del CPACA-, pues se
trasladó el núcleo esencial de las labores en virtud de esa competencia a Alvis,
mientras que el Ministerio de Defensa Nacional se reservó simplemente firmar las
decisiones sobre la materia, cuya elaboración y sustanciación le correspondía
totalmente al contratista, como se pasa a explicar.
Efectivamente, de la lectura de las cláusulas quinta, séptima, octava y décima
segunda del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, se evidencia que Alvis tenía a
su cargo toda la gestión del ciclo del cobro coactivo, pues frente a la cartera que se
le asignara debía identificar el estado de la deuda, proyectar actos administrativos
como los de mandamiento de pago, notificar dichas decisiones, negociar acuerdos
de pago, contestar los recursos y peticiones de los morosos e, incluso, negociar las
costas, lo que revela que el objeto negocial no se restringió a una simple
colaboración o apoyo a la gestión, sino que representó en estricto sentido un
reemplazo por Alvis de las competencias en cabeza de la entidad demandada.
Así las cosas, comparado el trámite de cobro coactivo de los artículos 98 y
siguientes del CPACA66 con las anteriores actividades, se encuentra que la gran
mayoría de fases fueron delegadas a Alvis:
Etapas del proceso de cobro coactivo Persona a cargo del trámite
Identificación del estado de la deuda Alvis
Negociación de los créditos Alvis
Mandamiento de pago Alvis
66 Al respecto, es oportuno destacar que el CPACA estableció en su artículo 100 que el procedimiento
de cobro coactivo se regularía por dicha normativa y, en lo no establecido, en el Estatuto Tributario
y/o el Código de Procedimiento Civil -hoy Código General del Proceso-. Bajo ese mandato, los
artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 422 y siguientes
del CGP indicaron a grandes rasgos que, en general, las fases de dicho trámite serían las de: i)
mandamiento de pago, ii) medidas preventivas, iii) orden de ejecución, iv) liquidación del crédito y
v) remate de los bienes embargados para el pago. Ello, en concordancia con la jurisprudencia de
esta Corporación. Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencias del 6 de noviembre de 2019.
Radicado 11001-03-27-000-2017-00026-00(23198) y del 26 de marzo de 2026. Radicado 25000-23-
37-000-2021-00488-01 (29114). En concordancia con tal marco normativo, la doctrina especializada
coincide en que aquellas fases se integran entre el CPACA, el Estatuto Tributario y el CGP.
SANTOFIMIO, Jaime Orlando. Compendio de derecho administrativo. Bogotá: 2023. Universidad
Externado de Colombia. P. 642-644.
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Medidas cautelares, entre ellas embargo No especificado en el contrato.
Orden de ejecución Alvis
Liquidación de intereses Alvis
Remate de los bienes embargados No especificado en el contrato
Notificación de las decisiones Alvis
Resolución de recursos Alvis
Resolución de peticiones relacionadas Alvis
Negociación de las costas Alvis
Firma de los actos administrativos Ministerio de Defensa Nacional
Bajo el anterior panorama, para esta Subsección no cabe duda de que, en la
práctica, la labor general de cobro coactivo se delegó en Alvis que, en tanto persona
de derecho privado, no estaba habilitada para desempeñar tal actividad, pues sus
obligaciones no se limitaron a una simple asesoría o apoyo a la gestión, sino a
reemplazar a la entidad estatal contratante en sus competencias irrenunciables.
Sobre aquellos eventos en que, so pretexto de la suscripción de contratos estatales,
se termina trasladando la función administrativa de cobro coactivo en cabeza de la
entidad contratante -aun tratándose del cobro coactivo de cartera-, la jurisprudencia
de la Sección Tercera del Consejo de Estado67 ha manifestado que ello representa
vaciar de contenido las competencias del Estado sin previa habilitación legal, lo cual
deviene en que dichos acuerdos de voluntades adolezcan de un objeto ilícito que
fundamenta su nulidad absoluta68, en concordancia con el artículo 1519 del Código
Civil69. En particular, se dispuso que (se transcribe de forma literal):
“El contrato número 237 de 2007 y sus adicionales son absolutamente
nulos por objeto ilícito, debido a que implican la transferencia indebida las
facultades de cobro coactivo que la ley le otorga a las entidades públicas,
con violación de las disposiciones imperativas de orden público que rigen
el ejercicio de la función administrativa y la posibilidad de delegarla y,
particularmente, de manera indefinida.
En efecto, el artículo 112 de la Ley 6 de 1992 otorgó la facultad a las
entidades públicas del orden nacional, incluidas las descentralizadas, la
jurisdicción para cobrar directamente los créditos en su favor, esto es, las
invistió de una prerrogativa especial que les permite cobrarlos, sin
intervención del juez, para lo cual permitió (i) otorgar poder a los
funcionarios de la entidad o, (ii) contratar apoderados especiales […].
Las obligaciones específicas pactadas a cargo del contratista revelan en
forma diáfana que aquello que el ISS contrató fue el ejercicio de la facultad
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 19 de octubre de 2023.
Radicado 25000-23-36-000-2017-000276-01 (66.203).
68 Como ya se expuso en el problema jurídico, el artículo 141 del CPACA habilita al juez contencioso
administrativo a analizar -a petición de parte u oficiosamente- la legalidad de los contratos que son
puestos a su conocimiento y, eventualmente, a anularlos si se configura una circunstancia de nulidad
absoluta. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de junio de 2021.
Radicado 85001-23-31-000-2011-10099-01 (48957).
69 “Artículo 1519. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la nación”.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
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de cobro coactivo por parte de la sociedad contratista, según lo expresa
e inequívocamente pactado en los siguientes términos:
“CUARTA: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA. Serán
obligaciones del contratista. 1) Adelantar los procesos de cobro coactivo que
se le asignen para recuperar las deudas correspondientes a aportes o
cotizaciones a los sistemas de seguridad social en Riesgos Profesionales,
Salud y Pensiones, incluyendo bonos pensionales, cuotas partes pensionales,
títulos pensionales y aportes para el Fondo de Solidaridad Pensional, que los
aportantes no han cancelado, o que habiendo efectuado el pago, lo han hecho
en forma incompleta. 2) Preparar, impulsar y controlar la sustanciación del
proceso de cobro coactivo y velar porque se adelante de manera eficiente y
oportuna, 3) Instrumentar jurídicamente todos los trámites legales que deban
adelantarse con el objeto de cobrar la deuda a favor del ISS. La
instrumentación jurídica comprende, entre otras, las siguientes actividades:
levantamiento de toda la información relacionada con los pagos efectuados por
el aportante por concepto de aportes de salud, pensiones y/o riesgos
profesionales, bonos pensionales, cuotas partes pensionales y títulos
pensionales; verificación de todas las autoliquidaciones correspondientes por
deudor; discriminación del monto de aportes por trabajador y por patrono;
estado actual de la deuda; fórmulas de pago; realizar labores de investigación
acerca de los bienes o patrimonio del deudor que servirá como garantía de
pago o que será objeto de medidas cautelares dentro del proceso de cobro
coactivo (...) 15) para la atención de los procesos judiciales correspondientes,
EL CONTRATISTA se obliga a designar los apoderados judiciales que llevarán
los procesos, dentro de su personal de abogados dependientes (...).”
En los términos acordados, el objeto contractual consistió, en forma
inequívoca, en que la sociedad contratista debía asumir en sus totalidad
la función de cobro coactivo de las obligaciones en favor de la entidad,
con su propio personal, incluida la sustanciación del proceso respectivo
por parte del personal particular designado por el contratista, lo cual
equivale a la transferencia total de la competencia para hacer efectivas
directamente las acreencias que la ley le permite cobrar en forma directa,
función administrativa cuya regulación es de exclusiva reserva legal, al
tiempo que no existe norma alguna que autorice transferirla en forma total
a un particular””.
Lo anterior, considerando que el procedimiento de cobro coactivo es del resorte del
legislador, por lo que no puede ser morigerado o desconocido por la entidad pública,
quien, en los términos del artículo 98 del CPACA70, está obligada a recaudar las
obligaciones creadas en su favor que consten en documentos que prestan mérito
ejecutivo, sin que pueda renunciar a dicha obligación o, menos aún, trasladarla a un
particular.
Con ello, la Sala no quiere decir que no se pueda suscribir contrato alguno por las
entidades públicas respecto al procedimiento de cobro coactivo, sino que,
simplemente, no es dable que atribuya la totalidad de dicha competencia a un
particular, motivo por el cual sería plenamente válido celebrar acuerdos de
voluntades para fortalecer o apoyar esa gestión, mas no para trasladarla.
70 “Artículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicas definidas
en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten
en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están
revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes”.
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Ahora bien, en materia administrativa la delegación es reglada, taxativa y
excepcional, pues, en concordancia con el artículo 6 de la Constitución71, los
servidores públicos se atendrán a las competencias que el ordenamiento jurídico
les asigne. Es así como el legislador estableció en el artículo 9 de la Ley 489 de
199872 que la delegación funciona únicamente frente a las cabezas de las entidades
públicas y solo frente a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones
afines o complementarias, sin que de forma alguna se hubiera previsto la posibilidad
de transferir competencias públicas a un particular mediante un contrato, en el
marco de la aludida figura.
Incluso, aunque el artículo 14 de la Ley 489 de 199873 reservó la posibilidad de la
delegación entre entidades públicas mediante convenios -en el sentido amplio de la
expresión-74, esos acuerdos de voluntades no incluyeron la transferencia de
funciones a personas de derecho privado, con lo cual se evidencia que, tratándose
del cobro coactivo, no era posible traspasar tales atribuciones a un particular
mediante un negocio jurídico.
A su vez, estándose ante el cobro coactivo de tributos, la jurisprudencia de esta
Sección ha sido consistente en que, cuando aquella labor se desplaza a un
particular como resultado de un acuerdo de voluntades se configura su nulidad por
un objeto ilícito, criterio que redunda en la indelegabilidad de esa facultad a
particulares, so pena de tornarla en nugatoria y convertirla, sin previa habilitación
71 “Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones”.
72 “Artículo 9. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación,
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o
complementarias. // Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán
delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”.
73 “Artículo 14. Delegación entre entidades públicas. La delegación de las funciones de los
organismos y entidades administrativos del orden nacional efectuada en favor de entidades
descentralizadas o entidades territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en
los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así mismo, en
el correspondiente convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá
a su cargo el ejercicio de las funciones delegadas. // Estos convenios estarán sujetos únicamente a
los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos entre entidades públicas o
interadministrativos”.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de agosto de 2025.
Radicado 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491).
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
legal, en una auténtica labor privada, desprovista de las garantías previstas en el
CPACA, el Estatuto Tributario y el CGP para su consecución75.
De ese modo, la jurisprudencia es consistente en señalar que, cuando se atribuyen
funciones de cobro coactivo a particulares como resultado de un contrato estatal,
se vacía de contenido tal labor en cabeza de las entidades públicas y, con ello, se
desconoce el orden público de la Nación y, en particular, los artículos 98 y siguientes
del CPACA que establecieron dicho deber en cabeza exclusiva de las personas
jurídicas de derecho público, de modo que, en tal escenario, corresponde anular el
acuerdo de voluntades por un objeto ilícito, en concordancia con el artículo 1519 del
Código Civil citado previamente.
Por otra parte, la Subsección advierte que el término de prescripción extintiva de 10
años dispuesto en el artículo 2532 del Código Civil, modificado por el artículo 6 de
la Ley 791 de 2002 -norma vigente para el momento en que se celebró el contrato-
no llegó a operar frente al contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA, pues el contrato
se suscribió el 31 de diciembre de 2014 y la demanda se interpuso el 22 de mayo
de 201876, de suerte que esta Corporación esté investida para declarar la nulidad
del acuerdo de voluntades.
A partir de las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el contrato de
prestación de servicios No. 225/2014 MDN-UGG-DA del 31 de diciembre de 2014
adolece de un objeto ilícito por transferir de manera general la función de cobro
coactivo en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional a Alvis, considerando que
dicha función no se podía trasladar a un particular, por lo que, con ello, se infringió
el derecho público de la Nación, particularmente los artículos 98 y siguientes del
CPACA. Como consecuencia, y sin que haya operado la prescripción extintiva77,
esta Corporación procederá a anular el aludido acuerdo de voluntades de oficio,
revocando la sentencia de primera instancia para el efecto.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 18 de junio de 2025. Radicado
54001-23-33-000-2017-00633-01 (66396) y del 9 de diciembre de 2025. Radicado 47001-23-33-000-
2017-00468-01 (70168).
76 Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del CGP que dispone que “la
presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción”. Al respecto ver, Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2022. Radicado: 66001-23-
33-000-2017-00373-01 (65134).
77 Pues como se indicó, el contrato se perfeccionó el 31 de diciembre de 2014 y la demanda se
presentó el 22 de mayo de 2018, tras lo cual fue admitida el 9 de julio de 2018, interrumpiéndose la
prescripción extraordinaria mucho antes de que acaecieran 10 años desde la celebración del negocio
jurídico.
40
Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
7.3. Improcedencia de restituciones mutuas frente al contrato No. 225/2014
MDN-UGG-DA
La declaratoria de nulidad absoluta de un contrato, o de una de sus cláusulas
cuandoquiera que el vicio recaiga solamente sobre alguna de ellas, genera como
efectos: i) su desaparición del mundo jurídico; ii) la extinción de todas las
obligaciones derivadas del mismo; y iii) retrotrae la situación de las partes al estado
en que se encontraban, como si el contrato o la cláusula no hubieran existido y en
la medida de lo posible78 .
A su turno, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993:
“La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no
impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta
el momento de la declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del
contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad
estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que
ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha
beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido
para satisfacer un interés público” (subraya la Sala).
En este orden, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, solo cuando se
declara la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del
objeto contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las
prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad
se ha beneficiado con estas para la satisfacción de un interés público79, restituciones
que, no obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta
Corporación, por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible
efectuarlas80.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de diciembre de 2017.
Radicado 76001233300020130016901 (50045).
79 Sobre el particular, esta Subsección ha señalado de modo reiterado y uniforme que la declaratoria
judicial de nulidad de un contrato, retrotrae la situación al estado en que se encontrarían las partes
como si el contrato no hubiera existido, lo que en principio daría lugar a las restituciones mutuas,
precisando que “(a)l respecto el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir
entre contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, ordena el reconocimiento y pago
de las prestaciones derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o causa ilícitos hasta el monto
del beneficio que la entidad estatal haya obtenido. Sin embargo, para que haya lugar al
reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o
causa ilícito es indispensable que las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés
público, pues solo en esta medida se puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 15 de diciembre de 2017,
Radicación número: 76001-23-31-000-2007-01419-01 (55102).
80 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Sentencia del 16 de febrero de 2006. Radicado No.
13001233100019880718601 (13414); y ii) Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2019.
Radicado 08001233100020080024801 (61720).
41
Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
Como ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corporación81, del artículo 48
de la Ley 80 de 1993 se deriva la necesidad de que las prestaciones ejecutadas y
no reconocidas al momento de declarar la nulidad absoluta sea acreditada en dos
aspectos: cualitativo, vale decir, que haya significado un beneficio representado en
la satisfacción de un interés público82; y otro cuantitativo, en tanto la declaración de
restituir lo ejecutado debe ir hasta el monto efectivamente demostrado.
En el caso concreto, se encuentra acreditado que, una vez se celebró el contrato
No. 225/2014 MDN-UGG-DA, el 23 de enero de 2015 comenzó su ejecución y, para
el 16 de mayo de 2015, Alvis le advirtió al Ministerio de Defensa Nacional su
preocupación frente a aspectos como la falta de una cuenta de depósitos judiciales,
una entrega menor de cartera a la esperada, la expedición del artículo 78 de la Ley
1753 de 2015, fallas en la notificación de actuaciones, el otorgamiento indebido de
poderes y la formalización de actas de entrega (hechos probados Nos. 7.1.3.1. a
7.1.3.4.).
El 22 de junio de 2015, el Ministerio de Defensa Nacional le informó a Alvis que la
cuenta de ahorros requerida ya estaba disponible y, a su turno, el 15 de julio de
2015 le pidió añadir la información bancaria para el pago en todos los mandamientos
de pago. Posterior a ello, el 27 de agosto de 2015 se le advirtió a la entidad
contratante que existían falencias frente a 205 expedientes de la “DIMAR” y, para el
2 de noviembre de 2015, la aquí demandada resolvió que, debido a que el artículo
78 de la Ley 1753 de 2015 dispuso la supresión de cuotas partes, no reportaba
cuentas pendientes de cobro, de suerte que, el 11 de diciembre de 2015, emitió un
informe de ejecución, expresando que se cumplieron a cabalidad las obligaciones
del negocio jurídico. Finalmente, el 31 de diciembre de 2015 Alvis adujo haber
obtenido ingresos por la suma de $8’464.488 con ocasión de la cartera recuperada,
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 31 de agosto 2020. Radicado
250002326000201000277-01 (48242)
82 “[…] En materia de contratación del Estado, para que haya lugar al reconocimiento y pago de las
prestaciones derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícita es indispensable que las
prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público pues solo en esta medida se
puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado, como lo prevé el citado artículo 48 de la
Ley 80 de 1993 en su inciso final. // Luego, si el interés público no se ha satisfecho en alguna medida,
no habrá lugar a ningún reconocimiento o pago y ello ocurriría, por ejemplo, cuando en un contrato
que es nulo por ilicitud de su objeto o de su causa, la obra contratada no se ha ejecutado total o
parcialmente y de tal manera que el interés público se haya satisfecho en esa misma medida en
virtud de que el servicio público finalmente se prestó en alguna proporción. // En conclusión,
declarada la nulidad del contrato habrá lugar a las restituciones mutuas, aunque, por supuesto,
cuando nada se ha dado o pagado en razón del contrato nulo, no hay lugar a considerar y a resolver
sobre las eventuales restituciones mutuas.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 9 de febrero de 2017. Radicado 85001-23-33-000-2013-00221-01 (52805), reiterada
en sentencia del 23 de octubre de 2017. Radicado 73001-23-33-000-2013-00468-01 (53477).
42
Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
en contraposición a gastos por la suma de $139’446.581, por lo que, a su juicio, tuvo
pérdidas por la suma de $130’982.093 (hechos probados Nos. 7.1.3.5. a 7.1.3.14.).
Bajo el anterior panorama, no resulta procedente reconocer restitución mutua
alguna en favor de la parte apelante, comoquiera que no existe prueba de pagos
pendientes por prestaciones ejecutadas, sino que, por el contrario, de los hechos
narrados y, en particular, el hecho probado No. 7.1.3.14, se revela que a Alvis se le
reconoció el porcentaje pactado por la cartera efectivamente recuperada, sin que
hubiera alegado y/o demostrado que, frente a ello, restaba algún saldo por cancelar,
tanto así que su reproche no giró en torno a ello, sino al hecho de que,
supuestamente, el contrato estableció un precio determinado para el pago que se
le resultó mermando, asunto que no corresponde estudiar en sede de restituciones
mutuas, pues atañe a un elemento propio del análisis de incumplimiento, frente al
cual se debía superar la legalidad del acuerdo de voluntades.
De todos modos, cabe destacar que la cláusula cuarta del contrato No. 225/2014
MDN-UGG-DA del 31 de diciembre de 2014 determinó que el precio del negocio
jurídico dependía de un alea, consistente en las erogaciones que el contratista
efectivamente recuperara, sin que la entidad estatal se hubiera obligado a
reconocerle un mínimo, tanto así que, en las cláusulas séptima y octava se
estableció que “en caso de adelantar todas las actuaciones y no lograr el recaudo
efectivo de cartera, dichas actuaciones no generarán ningún costo para el Ministerio
de Defensa Nacional” (hecho probado No. 7.1.2.), aspecto que, con mayor razón,
evidencia que Alvis fue retribuido integralmente en la manera convenida en el
contrato y, por consiguiente, no es dable reconocer suma alguna en su favor por
concepto de restituciones mutuas.
Los anteriores argumentos se consideran suficientes para concluir que, como
consecuencia del contrato No. 225/2014 MDN-UGG-DA cuya nulidad absoluta se
declarará de oficio, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas en favor de Alvis,
pues no se encuentra demostrada la falta de pago de actividades ejecutadas en el
marco del objeto negocial.
Como consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 15 de julio de 2020, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y liquidó el contrato sin
saldo a favor de las partes, para en su lugar declarar, de oficio, la nulidad absoluta
43
Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
del contrato de prestación de servicios No. 225/2014 MDN-UGG-DA del 31 de
diciembre de 2014, sin lugar a restituciones mutuas, en atención a las
consideraciones previamente expuestas.
8. Costas en segunda instancia
El numeral 1 del artículo 365 del CGP83 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación84 . Bajo este entendido, se condenará en costas en
segunda instancia a Alvis, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, ya que, aunque la sentencia del a quo será
revocada, cierto es que aquel no prosperó.
Las agencias en derecho en segunda instancia se fijarán con observancia de las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral
4 del artículo 366 del CGP85. Para esos efectos deberá atenderse a la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.
En el caso concreto, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional adelantó gestiones
de manera activa, pues, además de acudir con apoderado, intervino durante la
firmeza del auto admisorio de la apelación, de ahí que las agencias en derecho se
encuentren causadas, por lo que la Sala las fijará con base en lo dispuesto en el
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201686, según el cual, en los procesos
83 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
84 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
85 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
86 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 22 de mayo de 2018,
cuando ya se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en
derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se
establecerán entre 1 y 6 SMLMV87.
Con base en lo anterior, la Subsección procede a fijar dos (2) SMLMV a la fecha de
ejecutoria de esta providencia por concepto de agencias en derecho en segunda
instancia, que serán pagadas por el extremo activo de la litis a la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
REVOCAR la sentencia del 15 de julio de 2020, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, para en su lugar:
PRIMERO: DECLARAR, de oficio, la nulidad absoluta del contrato de prestación de
servicios No. 225/2014 MDN-UGG-DA del 31 de diciembre de 2014 celebrado entre
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional y la Sociedad Alvis Constructores S.A.S.,
sin lugar a restituciones mutuas.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la sociedad Alvis
Constructores S.A.S. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal
a quo.
TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este
proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y
87 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general.
[…]. En primera instancia. A. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: […] (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […]. En segunda
instancia. Entre 1 y 6 SMMLV”.
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Radicado: 250002336000201800497-01 (67880)
Demandante: Alvis Constructores S.A.S.
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
VF
46
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