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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02601-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02601-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE REVOCAR la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar disponer: PRIMERO: DECLARAR que la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC- incumplió el contrato interadministrativo No. 165 del 22 de abril de 2013, puntualmente en cuanto a reconocer y pagar a favor del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES- los valores causados con relación al segundo componente. SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato interadministrativo No. 165 del 22 de abril de 2013, suscrito entre la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES-, con un saldo a favor del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES- por valor de mil doce millones ochenta y ocho mil quinientos ochenta y un pesos ($1.012.088.581). TERCERO: Condenar a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- a pagar a favor del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES- la suma de mil doce millones ochenta y ocho mil quinientos ochenta y un pesos ($1.012.088.581), como saldo a su favor luego de la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 165 del 22 de abril de 2013. 126 ACUERDO 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que, para los medios de control promovidos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será “hasta del (5) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o negadas”. 80 Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491) Demandante: ICFES CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y siguiendo las previsiones contenidas en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso, debiendo considerar que en esta […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02601-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

11 de agosto de 2025

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de agosto dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN - ICFES
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

TEMAS: CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS – concepto - régimen jurídico aplicable - la
liquidación unilateral es procedente. DELEGACIÓN - instrumento de gestión administrativa – debe
ser expresa y requiere autorización legal – es esencialmente revocable. DELEGACIÓN IMPROPIA
• la delegación entre entidades públicas exige un convenio o contrato interadministrativo –
temporalidad. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL – elementos - carga de la prueba.
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO – tiene por objeto dilucidar la intención de las partes – se
lleva a cabo por el operador judicial a partir de la aplicación de las distintas reglas de hermenéutica
establecidas en la ley, en aras de encontrar el genuino sentido del acuerdo de voluntades.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que liquidó el contrato interadministrativo No. 165 de 2013 suscrito
entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación con un saldo a favor de este último por valor de
$14.730.920, que indexado a la fecha de la sentencia corresponde a la suma de
$17.420.263, y negó las pretensiones de incumplimiento, tanto principales como
subsidiarias, así como las restantes súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el marco del concurso abierto de méritos adelantado por la Comisión Nacional
del Servicio Civil para proveer los empleos vacantes en establecimiento educativos
oficiales de directivos docentes y docentes que prestan sus servicios a población
mayoritaria y los empleos vacantes de etnoeducadores directivos docentes y
docentes que prestan sus servicios a población afrocolombiana negra, raizal y

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Demandante: ICFES

palenquera, el 19 de abril de 2013 la Comisión Nacional del Servicio Civil, en lo
sucesivo CNSC o la Comisión, y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación, en adelante ICFES o el Instituto, suscribieron el contrato
interadministrativo No. 165 de 2013, en virtud del cual el ICFES se comprometió, en
términos generales, a adelantar las acciones y operaciones requeridas para el
registro, citación, impresión, empaque, distribución, aplicación, procesamiento y
publicación de resultados de las pruebas escritas de competencias básicas,
específicas y psicotécnicas, así como la atención a las reclamaciones originadas
con ocasión de dichas actividades.

El contrato interadministrativo comprendió dos componentes de actividades a cargo
del ICFES: el primero, atinente a los servicios de registro, citación, aplicación,
procesamiento y calificación de las pruebas; y el segundo, referente a la atención
de reclamaciones por delegación de la Comisión, dentro del cual quedó previsto la
gestión de actuaciones administrativas sancionatorias por posibles fraudes
ocurridos antes, durante o después de la aplicación de las pruebas o durante la
lectura de las hojas de respuesta o en desarrollo del procesamiento de resultados,
así como la atención de reclamaciones tipo y no tipo y acciones de tutela. En el
contrato se contempló un plazo de ejecución que se extendía hasta el 27 de
diciembre de 2013 y un término de vigencia de 8 meses adicionales contados a
partir de la expiración del plazo de ejecución, vale decir, hasta el 27 de agosto de
2014.

El ICFES considera que la CNSC incumplió el contrato en lo que atañe al segundo
componente de actividades, por cuanto: (i) reasumió anticipadamente la
competencia que mediante el contrato interadministrativo había delegado al Instituto
para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias, retomando sus
funciones al vencimiento del plazo de ejecución pactado por las partes, a pesar de
que dicha actividad se encontraba en cabeza del ICFES hasta la culminación del
término de vigencia del contrato; y (ii) no reconoció el pago de las actuaciones
administrativas sancionatorias que el ICFES llevó a cabo hasta el momento en que
la Comisión reasumió su competencia a pesar de que habían alcanzado a
adelantarse en un 80%.

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Demandante: ICFES

Con fundamento en lo anterior, la parte actora pretende que se liquide judicialmente
el contrato, se declare el incumplimiento por parte de la CNSC y, como
consecuencia, se condene al reconocimiento y pago de los montos
correspondientes a la atención de reclamaciones y actuaciones administrativas
adelantadas hasta el momento en el que la CNSC reasumió la competencia, más
intereses moratorios.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. El 13 de noviembre de 20151 el ICFES, mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda
contra la CNSC.

1.2. En la demanda la parte actora formuló las siguientes pretensiones, (se
transcriben de forma textual, incluso con eventuales errores):

“II. PRETENSIONES

Conforme a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos anteriormente, el ICFES
pretende lo siguiente:

Pretensiones principales:

1. Que se liquide judicialmente el contrato interadministrativo No. 165 de 2013
suscrito entre el ICFES y la CNSC.

2. Que en la liquidación se declare que la CNSC incumplió el contrato
interadministrativo No. 165 de 2013.

3. Que como consecuencia del incumplimiento se condene a la CNSC a pagar la
suma de Col $553.113.440,oo correspondientes a las reclamaciones atendidas
por el ICFES al momento en que la CNSC asumió la competencia.

4. Que en la liquidación se declare que la CNSC debe al ICFES los intereses
moratorios liquidados sobre la suma de Col $553.113.440,oo a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia desde el día 24
de diciembre de 2013 hasta la (sic) cuando el pago total se efectúe.”

5. Que se condene al demandado al pago de costas procesales y agencias en
derecho.

6. Que las sumas a las que sea condenado el demandado sean actualizadas.

1 Fls. 15 a 52, C.1.

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Demandante: ICFES

7. Que se cumpla la sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 192
de la ley 1437 de 2011 (CPACA).

Pretensiones subsidiarias:

Subsidiaria de la primera principal

1. Que se liquide judicialmente el contrato interadministrativo No. 165 de 2013
suscrito entre el ICFES y la CNSC.

Subsidiaria de la segunda principal

2. Que en la liquidación se declare que la CNSC debe al ICFES la suma de Col
$477.795.144,oo por concepto de los costos generados por la atención a las
reclamaciones y actuaciones administrativas surgidas con ocasión de la
aplicación y desarrollo del concurso abierto de méritos adelantado por la CNSC
para proveer los empleos y vacantes de directivos docentes y docentes de
preescolar, básica, media y orientadores, en establecimientos educativos oficiales
que prestan servicio a población mayoritaria, y los empleos vacantes de
etnoeducadores directivos docentes y docentes que prestan su servicio a
población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en establecimientos
educativos oficiales.

Subsidiaria de la tercera principal

3. Que se ordene a la CNSC pagar a favor de la CNSC la suma de Col
$477.795.144,oo por concepto de los costos generados por la atención a las
reclamaciones y actuaciones administrativas surgidas con ocasión de la
aplicación y desarrollo del concurso abierto de méritos adelantado por la CNSC
para proveer los empleos vacantes de directivos docentes y docentes de
preescolar, básica, media y orientadores, en establecimientos educativos oficiales
que prestan servicio a población mayoritaria, y los empleos vacantes de
etnoeducadores directivos docentes y docentes que prestan su servicio a
población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en establecimientos
educativos oficiales.

Subsidiaria de a (sic) cuarta principal

4. Que en la liquidación se declare que la CNSC debe al ICFES los intereses
moratorios liquidados sobre la suma de Col $477.795.144,oo a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia desde el día 29
de marzo de 2014 hasta la (sic) cuando el pago total se efectúe.

Pretensiones subsidiarias de las subsidiarias:

Subsidiaria de la 4º subsidiaria:

1. Que en la liquidación se declare que la CNSC debe al ICFES los intereses
moratorios liquidados sobre la suma de Col $477.795.144,oo a la tasa equivalente
al doble del interés legal civil desde el día 29 de marzo de 2014 hasta la (sic)
cuando el pago total se efectúe.”

1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora enunció los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

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Demandante: ICFES

1.3.1. Expuso que, debido a la necesidad de proveer empleos vacantes de
docentes y directivos docentes para la atención mayoritaria a nivel nacional y la
atención de población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, el 8 de febrero
de 2012 la Comisión le solicitó al ICFES cotizar el “diseño y aplicación de las
pruebas escritas de competencias básicas, específicas y psicotécnicas” que
determinarían las personas merecedoras de dichos empleos. Resaltó que, dentro
de las actividades requeridas por la CNSC se encontraba la recepción, atención y
respuesta a las reclamaciones relativas a la publicación de resultados de las
pruebas, así como la atención, por delegación que realizaría la CNSC a través del
contrato a celebrar, de actuaciones administrativas por posibles fraudes ocurridos
antes, durante o después de la aplicación de las pruebas o durante la lectura de las
hojas de respuesta o en desarrollo del procesamiento de resultados.

1.3.2. Indicó que en respuesta a la anterior solicitud, el 19 de abril de 2012 el ICFES
remitió a la CNSC su propuesta por valor total de $5.375.857.590, monto que
comprendía el primer componente por valor de $4.587.927.246, correspondiente al
recaudo, registro, citación, empaque, distribución, aplicación, procesamiento y
publicación de los resultados de las pruebas, más el segundo componente por valor
de $787.930.344, por concepto de atención de reclamaciones relativas al diseño y
construcción de las pruebas, así como la atención de reclamaciones “relacionadas
con el proceso logístico de inscripción, citación, aplicación, procesamiento y
publicación de resultados”, junto con la atención de tutelas originadas en estos
mismos hechos.

1.3.3. Relató que, una vez presentada esta propuesta, la CNSC y el ICFES
intercambiaron apreciaciones, observaciones e inquietudes que dieron lugar a
precisiones y modificaciones de la propuesta inicial, entre otros, con relación al
segundo componente del futuro negocio. Al respecto, resaltó el planteamiento de
un esquema en el que el valor de la atención de las reclamaciones se determinaría
teniendo en cuenta su naturaleza junto con ciertas cantidades estimadas, de tal
manera que el valor total del segundo componente cubría hasta unos determinados
números de reclamaciones en función de los distintos tipos que podían presentarse.
Es así como, según expuso, se contemplaron 4 clases de reclamaciones: “tutelas
y/o impugnaciones”, “reclamaciones “tipo”, “reclamaciones no tipo” y “actuaciones

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Demandante: ICFES

administrativas”, a la vez que se establecieron distintos valores en función de las
cantidades estimadas de cada una de esas categorías. Además, se fijaron los
valores adicionales en caso de que las reclamaciones presentadas superasen los
topes estimados.

1.3.4. Destacó que, tras las conversaciones adelantadas entre las partes, el 22 de
marzo de 2013 el ICFES remitió a la CNSC una nueva propuesta técnica y
económica, a propósito de lo cual resaltó que “[e]l valor estimado del segundo
componente se fijó en Col $733.064.425,oo, los cuales serían pagados por concepto
de atención a reclamaciones”.

1.3.5. Sostuvo que el 19 de abril de 2013, la Comisión y el ICFES celebraron el
contrato interadministrativo No. 165, en virtud del cual el Instituto se comprometió
"a adelantar las acciones y operaciones requeridas para el registro, citación,
impresión, empaque, distribución, aplicación, procesamiento, publicación de
resultados y atención de las reclamaciones del servicio contratado, en el marco del
concurso abierto de méritos adelantado por la CNSC para proveer los empleos
vacantes de directivos docentes y docentes de preescolar, básica, media y
orientadores, en establecimientos educativos oficiales que prestan servicio a
población mayoritaria, y los empleos vacantes de etnoeducadores directivos
docentes y docentes que prestan su servicio a población afrocolombiana negra,
raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales".

1.3.6. Afirmó que el 22 de abril de 2013 el ICFES y la Comisión suscribieron la
respectiva acta de inicio.

1.3.7. Precisó que el cronograma de ejecución del contrato interadministrativo fue
el siguiente:

Procedimiento Fecha
Recaudo Del 25 de abril al 15 de mayo de 2013
Registro Del 26 de abril al 17 de mayo de 2013
Publicación lista de inscritos Junio 4 de 2013
Presentación solicitud de corrección e inclusión Junio 5 y 6 de 2013
en el listado de inscritos
Publicación del listado definitivo de inscritos Junio 11 de 2013
Publicación de la citación Junio 19 de 2013
Aplicación de la prueba Junio 28 de 2013

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Demandante: ICFES

Entrega de resultados por parte del ICFES para Octubre 28 de 2013
revisión de la CNSC
Publicación de resultados Octubre 30 de 2013
Reclamaciones de resultados Del 31 de octubre de 2013 al 7 de
noviembre de 2013
Publicación resultados definitivos Diciembre 9 de 2013

1.3.8. Señaló que el 26 de julio de 2013 se suscribió un acuerdo modificatorio que
tuvo por objeto adicionar el valor del primer componente en la suma de
$1.101.164.953.

1.3.9. Manifestó que el 16 de diciembre de 2013, la Comisión le comunicó al ICFES
que a partir del 28 de diciembre de 2013 reasumiría la competencia para la atención
y trámite de las actuaciones administrativas que no hubieran culminado a la fecha
de finalización del término de ejecución del contrato, es decir, al 27 de diciembre de
2013, y le anunció que no reconocería pago por actuación administrativa alguna,
“comoquiera que ninguna se finaliza antes de la fecha de terminación del plazo
del contrato” (énfasis añadido).

1.3.10. Expuso que el 23 de diciembre de 2013 el ICFES le entregó a la Comisión
las actuaciones administrativas sancionatorias que tenía a su cargo, mediante acta
de entrega en la que relacionó las reclamaciones atendidas.

1.3.11. Afirmó que el 26 de diciembre de 2013, el ICFES dio respuesta a la
comunicación remitida por la CNSC el 16 de diciembre de la misma anualidad,
enunciando que no era procedente lo expuesto por la Comisión, toda vez que del
clausulado contractual “no se infiere en manera alguna que el pago de tales
actuaciones estuviese condicionado a su finalización […] como tampoco es posible
llegar a dicha conclusión de la lectura de la oferta de servicios presentada por el
ICFES”.

1.3.12. Sostuvo que el 4 de febrero de 2014, la CNSC contestó la misiva anterior,
indicando que: (i) si bien el desarrollo de las actuaciones administrativas había sido
delegado por la Comisión al ICFES mediante el contrato interadministrativo,
“atendiendo a las normas que regulan la delegación administrativa, esta podía ser
reasumida por la comisión en cualquier momento”; (ii) de acuerdo con lo pactado
en el contrato, la delegación efectuada al ICFES implicaba que el pago de las

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Demandante: ICFES

actuaciones administrativas estaba condicionado a su finalización dentro del
término de ejecución del contrato, plazo durante el cual no se acreditó por parte de
este que se hubiese resuelto de fondo actuación administrativa alguna; (iii) el
contrato “estableció el valor de la actuación por precios unitarios, es decir, por
actuación concluida y completa, y en ningún caso estimó valor proporcional o
porcentual de acuerdo a actividades, etapas desarrolladas o actos proferidos”; y (iv)
las actividades adelantadas por el Instituto para identificar posibles fraudes en
ejercicio de los controles adelantados con ocasión de la aplicación de la prueba “no
son actuaciones administrativas y no resulta procedente reconocerlas y/o pagarlas
como tales”.

1.3.13. Indicó que el 27 de febrero de 2014 el ICFES, junto con un informe de
actividades atinentes al segundo componente, le remitió a la CNSC la factura de
venta No. 659 por valor de $477.795.144, correspondiente a 1.197 actuaciones
administrativas archivadas, 2.784 actuaciones administrativas “pendientes por
decisión / investigaciones en estado preliminar (80% del valor total)”, 30 tutelas y 66
derechos de petición.

1.3.14. Anotó que la CNSC envió al ICFES un primer proyecto de acta de liquidación
bilateral del contrato interadministrativo y que, mediante oficio del 30 de mayo de
2014, el Instituto manifestó su desacuerdo frente al mismo, habida cuenta de que
“i) no se incluían los saldos a favor del ICFES por concepto de actuaciones
administrativas desarrolladas, ii) no se incluían el valor de los intereses sobre las
sumas adeudadas, y iii) no se incluían los perjuicios causados al ICFES”.

1.3.15 Por último, hizo un recuento de varias reuniones que se surtieron a lo largo
del año 2014 entre funcionarios del ICFES y la CNSC en procura de alcanzar un
consenso respecto de la liquidación del contrato, con ocasión de las cuales se
elaboraron proyectos de acuerdos parciales y borradores de actas de liquidación
con salvedades, todo lo cual a la postre resultó infructuoso pues no se logró la
concurrencia de voluntades en punto al balance final de cuentas.

Al referirse a las distintas reuniones y comunicaciones cruzadas, hizo alusión, entre
otras, a una comunicación del 21 de diciembre de 2014 en la que la Comisión, a
más de reiterar su negativa respecto al reconocimiento y pago de los daños

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Demandante: ICFES

reclamados por el Instituto, aceptó reconocer y pagar la suma total de $14.730.920,
a saber:

“ Concepto Cantidad Valor unitario Valor total
Actuaciones administrativas 1 $135.272 $135.272
Acciones de tutela 30 $449.797 $13.493.910
Derechos de petición 66 $16.693 $1.101.738
Valor total $14.730.920,oo ”

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora se refirió, en primer
lugar, a la pretensión de incumplimiento contractual. Manifestó que la CNSC
incumplió el parágrafo 3º de la cláusula 6ª del acuerdo de voluntades, en el que se
estipuló el momento en que la Comisión asumiría el conocimiento y trámite de las
reclamaciones administrativas, precisando que éste correspondía a la fecha de
finalización del periodo de vigencia del contrato, no a la de expiración del plazo de
ejecución del mismo, a pesar de lo cual en la práctica la demandada
injustificadamente reasumió el trámite de las actuaciones administrativas en forma
anticipada.

Adujo que no es de recibo el planteamiento que expuso la Comisión en el sentido
de sostener que la competencia para la atención de reclamaciones administrativas
había sido delegada mediante el contrato interadministrativo y podía reasumirse en
cualquier momento, toda vez que “i) lo pactado en el contrato no puede considerarse
como una delegación administrativa, y ii) existe una cláusula que determina el
período en el cual la atención de las reclamaciones serían tramitadas por el ICFES.
(…) no es posible subsumir la facultad estipulada en el numeral 19 de la cláusula 2º
(obligaciones del ICFES) del contrato interadministrativo No. 165 de 2013 en el
concepto de delegación, sea propia o impropia. (…)”; dicha cláusula “se erige como
una verdadera obligación del ICFES, que no podía ser revocada y asumida por la
CNSC en cualquier momento”, aunado a que en el contrato también se convino que
el Instituto atendería las reclamaciones y tutelas “hasta el monto de los recursos
dispuestos para ese componente, lo cual evidencia que una vez finalizada la
vigencia del contrato, se realizaría el respectivo corte de cuentas, por lo que era
hasta ese momento que el ICFES atendería las reclamaciones y actuaciones
administrativas”. Añadió que, en todo caso, si se entendiera que el contrato contiene
una delegación impropia, dicho acuerdo de voluntades, que plasma los derechos y
obligaciones del delegante y del delegatario, contempla “que la facultad de atender

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Demandante: ICFES

las actuaciones administrativas solo regresaría a la CNSC al finalizar la vigencia del
contrato, es decir, hasta que se liquidara el mismo”.

Finalmente, señaló que el daño causado con el incumplimiento aducido consiste
en las sumas dejadas de percibir por el ICFES, a propósito de lo cual indicó que, de
conformidad con el acta de entrega remitida a la Comisión el 23 de diciembre de
2013, las actuaciones administrativas tramitadas hasta dicho momento sumaban en
total 3.981, mientras que las respuestas a los derechos de petición y acciones de
tutela ascendían a un total de 96, lo cual, conforme a los valores unitarios pactados
en el contrato, arroja como saldo a favor del ICFES la suma de $533.113.440, monto
que debe serle reconocido junto con los intereses moratorios causados desde el 24
de diciembre de 2013, fecha a partir del cual la CNSC asumió la competencia.

En segundo lugar, respecto de la pretensión subsidiaria de liquidación judicial del
negocio jurídico, indicó que la controversia gira en torno a la interpretación o alcance
que ha de dársele a la obligación de atención de las reclamaciones surgidas con
ocasión de la aplicación de la prueba contratada, frente a lo cual sostuvo que una
interpretación lógica y coherente de la cláusula 4ª del contrato interadministrativo,
en armonía con las restantes estipulaciones contractuales, el desarrollo de negocios
jurídicos anteriores celebrados por las mismas partes, las manifestaciones
efectuadas en la etapa precontractual y el concepto de actuación administrativa,
conduce a concluir que el pago a cargo de la CNSC tenía lugar “contra la atención
o trámite de las reclamaciones y actuaciones administrativas, y no contra una
decisión de fondo sobre ellas”.

En este orden de ideas, precisó que el valor reclamado en la pretensión de
liquidación judicial del contrato correspondía a la suma resultante del número de
procesos o actuaciones adelantadas de acuerdo con el valor unitario pactado en el
contrato y el porcentaje de ejecución según “la etapa en donde se encontraba la
actuación administrativa al momento de la entrega de los mismos (…) en atención
a que la obligación en cabeza del ICFES era de hacer, tomada como labor y no
como resultado”. Como conclusión, adujo que, de conformidad con la información
consignada en el acta de entrega remitida a la Comisión, en la que se discriminaron
las actuaciones administrativas archivadas, las que aún se encontraban pendientes
de decisión o en estado preliminar, las tutelas y los derechos de petición, el valor a

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Demandante: ICFES

reconocer asciende a $477.795.144, más intereses moratorios sobre dicho monto
“desde el 29 de marzo de 2014, fecha de vencimiento de la respectiva factura”.

2. Admisión y contestación de la demanda

2.1. Mediante auto del 25 de enero de 20162, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la CNSC y al Ministerio
Público.

2.2. El 22 de abril de 20163, la Comisión contestó la demanda, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones y condenas solicitadas por la actora, al considerar
que carecen de fundamento legal y respaldo probatorio. En cuanto a los hechos,
aceptó algunos y manifestó no constarle los restantes.

2.2.1. Al efecto, precisó que las posibles conductas fraudulentas que fueron
detectadas por el ICFES resultan de la ejecución o desarrollo del protocolo de
seguridad propio de la aplicación de la prueba, por lo que forman parte del
cumplimiento de las actividades que tenía a su cargo al acometer el primer
componente del contrato.

2.2.2. Frente a la reclamación formulada por el ICFES, anotó que durante las
conversaciones adelantadas por las partes en procura de lograr un acuerdo sobre
la liquidación del contrato, la CNSC le manifestó al contratista su negativa respecto
al reconocimiento de los daños reclamados y, en comunicación del 26 de diciembre
de 2014, aceptó como valor a su cargo la suma de $14.730.920, tal como lo señaló
la actora en su demanda.

2.2.3. En cuanto a la imposibilidad de liquidar de mutuo acuerdo el contrato, resaltó
que en “múltiples oportunidades puso a disposición del ICFES proyectos de acta de
liquidación bilateral sin que este último accediera a suscribir el documento”.

2.2.1. Finalmente, formuló como excepciones las que denominó:

2 Fl. 56, C.1.
3 Fl. 82 a 99, C.1.

11

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

2.2.1.1. “Cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la CNSC con
ocasión de la delegación de obligaciones de la CNSC al ICFES en virtud del contrato
interadministrativo No. 165 de 2013”.

En sustento de este medio exceptivo expuso, en síntesis, que la cláusula 2ª del
contrato interadministrativo contempló expresamente la delegación al ICFES de la
competencia para adelantar las actuaciones administrativas por posibles fraudes
ocurridos antes, durante o después de la aplicación de las pruebas, delegación que,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley 498 de 1998 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, es esencialmente revocable, de tal suerte
que “si bien se pactó que una vez extinguido el contrato estatal el Despacho del
Comisionado responsable del concurso asumiría todas las actuaciones
administrativas y defensa judicial de la Convocatoria (…), la Comisión como
delegante y dadas las condiciones de ejecución del contrato tenía la facultad de
reasumir en el momento que así lo considerara, las funciones de las que se duele
la parte actora”.

Resaltó que en las cláusulas del contrato se contempló que el ICFES debía acreditar
las actuaciones administrativas resueltas de fondo durante la ejecución contractual,
siendo esa la razón por la cual la Comisión debía reasumir su competencia a la
culminación del plazo de ejecución del contrato, fecha en la que el ICFES no había
culminado las actuaciones administrativas iniciadas por posibles fraudes en la
prueba.

Refirió que la CNSC ha tenido la intención de liquidar el contrato interadministrativo,
en el entendido de que el saldo pendiente a cancelar a favor del ICFES asciende a
$14.595.648, correspondiente a 30 acciones de tutela y 66 derechos de petición, tal
como lo reconoció en el curso de las distintas reuniones llevadas a cabo con el fin
de alcanzar un acuerdo sobre la liquidación del contrato.

Finalmente, respecto de los valores reclamados en el libelo introductorio, manifestó
que: no existe soporte de los montos solicitados por el ICFES en sus pretensiones,
tanto principales como subsidiarias; la negativa de la Comisión frente a la solicitud
de cancelar los rubros reclamados por el Instituto “en modo alguno puede
constituirse en causal de incumplimiento de las obligaciones contractuales”; y

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

“acceder a dichas peticiones, equivaldría a generar un detrimento patrimonial para
la CNSC sin justificación alguna”. En este orden, expuso que el monto pretendido
por el Instituto corresponde a dos conceptos distintos, ambos improcedentes, sobre
lo cual explicó que:

(i) Como primer concepto, el ICFES reclama el pago de $161.920.584 por 1.197
‘actuaciones administrativas archivadas’, monto que no es de recibo porque
corresponde a una sola averiguación preliminar que el ICFES inició de oficio,
mediante auto del 15 de octubre de 2013, con el fin de verificar la identidad
de 1.197 personas que no presentaron un documento idóneo para acreditar
su identidad, y que posteriormente archivó tras constatar que algunos
aspirantes procedieron a aportar el documento de identidad necesario y que
respecto de los restantes no existían elementos de juicio para realizar una
imputación formal por posible falsedad personal. Siendo así, el cobro del
valor mencionado, resultante de multiplicar 1.197 personas por la tarifa
unitaria de $135.272, en su sentir constituye “un despropósito”, al “equiparar
el número de examinados o aspirantes como el mismo número de
actuaciones administrativas, pues desde el punto de vista formal no es
posible concebir que esa actuación administrativa, iniciada de oficio, a través
de un solo acto administrativo y concluida sin mayor análisis en auto de 20
de noviembre de 2013, tenga un costo de $161.920.584, pues en justicia, es
imposible que ese producto tenga semejante valor”, aunado a que, desde el
punto de vista material, no concurren, tampoco, aspectos tales como la
complejidad del objeto de la investigación, el análisis fáctico y jurídico
requerido para cada caso en particular, la diversidad de pruebas, el tiempo
requerido para proyectar las respuestas, etc., todos los cuales “brillan por su
ausencia”.

(ii) El segundo concepto, bajo el cual el ICFES reclama $301.278.912, alude a
‘actuaciones administrativas pendientes por decisión/investigaciones en
estado preliminar (80% del valor total)’, cobro que, en sentir de la Comisión,
es improcedente dado que: a) el componente de atención de reclamaciones
se acordó con base en la cantidad de actuaciones resueltas de fondo y
acreditadas durante la ejecución del contrato interadministrativo,
presupuestos que no se reúnen en el presente caso; b) dentro de los

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

productos contemplados en el negocio jurídico no se incluyó el de
‘actuaciones administrativas inconclusas’, ni menos aún se estipuló una
forma de pago para tal efecto o una fórmula que permitiera establecer un
monto a pagar en función de porcentajes, de donde se desprende que la
estimación del 80% realizada por la actora carece de soporte legal y
contractual y que la solicitud que plantea “supone una modificación a las
obligaciones contractuales establecidas”; y c) en cualquier caso, “es
imposible” que los actos administrativos dictados con ocasión de las
mentadas actuaciones en curso o inconclusas “puedan tener semejante
costo, cuando materialmente el ejercicio profesional, académico y tiempo de
inversión, en modo alguno podrían justificar tal pretensión”.

2.2.2.2. “Indebida interpretación y alcance de las cláusulas contractuales”.

Reiterando las consideraciones expuestas en punto al clausulado contractual,
sustentó esta excepción en que las obligaciones recíprocas asumidas por las partes
mal pueden interpretarse por fuera de los postulados contractuales, tal como, a su
juicio, lo pretende el ICFES al reclamar un pago por la realización de actos
preliminares y fundado en porcentajes de ejecución, en contravía de la cláusula 4ª
del contrato que definió las actuaciones administrativas como aquellas que, por
delegación al contratista, se generasen frente a posibles fraudes y fuesen resueltas
mediante decisión adoptada por acto administrativo, a la vez que determinó que la
CNSC solo estaba obligada a pagar las decisiones de fondo que se acreditaran
durante la ejecución contractual, de modo que acceder a lo peticionado por la actora
se traduciría en la inobservancia del acuerdo de voluntades y “conllevaría un
desequilibrio económico para la CNSC y un detrimento patrimonial al Estado”

Resaltó que, si bien el ICFES venía adelantando algunos trámites tras identificar
ciertas irregularidades mediante el uso de una herramienta creada por dicho ente
para tal efecto, tales trámites “no pueden considerarse como la conclusión de la
actuación administrativa, entendida esta, como la decisión de fondo adoptada (…)
el acto administrativo definitivo era el único que resultaba vinculante, habida cuenta
que determinaba la invalidación de la prueba aplicada en el marco del proceso”,
aunado a que las actividades de verificación de identidad y demás relacionadas con
la seguridad de las pruebas “no pueden ser consideradas actuaciones

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

administrativas según lo pactado en el contrato, sino que hacen parte de las
obligaciones de aplicación y procesamiento de las mismas, las cuales ya fueron
reconocidas y pagadas por la CSNC”.

2.2.2.3. La innominada.

3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas

3.1. El 28 de septiembre de 20164, el Tribunal llevó a cabo la audiencia inicial en la
que no encontró vicio alguno que debiera ser objeto de saneamiento.

Posteriormente se fijó el litigio, en el entendido de establecer

“Si el contrato interadministrativo No. 165 del 19 de abril de 2013, suscrito entre la
Comisión Nacional de Servicio Civil y el Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación, debe:
(i) Liquidarse judicialmente.
(ii) Si debe incluirse las sumas que resulten probadas por concepto de
actuaciones administrativas realizadas por el ICFES y si el ICFES estaba
obligado a adelantar y culminar todas las actuaciones administrativas al
finalizar el término de ejecución del contrato o si se extendía a 8 meses
más.
(iii) Si la Comisión Nacional del Servicio Civil incumplió el contrato al asumir
las actuaciones administrativas adelantadas por el ICFES antes de
finalizar el periodo de vigencia del contrato, o si por contrario podía
asumirlas en cualquier momento sin incurrir en incumplimiento
contractual, y
(iv) Si las actuaciones administrativas adelantadas por el ICFES y
entregadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil en acta del (sic)
diciembre de 2013, en cualquier estado debían ser reconocidas por la
CNSC y pagadas en suma que asciende a $553.113.440,oo”.

Seguidamente, se declaró fallida la etapa de conciliación por la falta de ánimo
conciliatorio de las partes. Finalmente, el Tribunal dispuso tener como prueba los
documentos aportados con la demanda y la contestación a la demanda y de oficio,
a cargo de la CNSC, ordenó allegar los informes del supervisor del contrato y los
documentos que acrediten los pagos realizados por cuenta del contrato
interadministrativo.

4 Fl. 133 a 135, C.1.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

3.2. El 25 de octubre de 20165, el Tribunal llevó a cabo la audiencia de pruebas, en
el curso de la cual resolvió tener como válidamente incorporada al proceso la prueba
documental allegada al expediente por la demandada, mediante escrito 6 del 12 de
octubre de la misma anualidad, en cumplimiento de la prueba decretada de oficio.

4. Alegatos de conclusión

Al finalizar la audiencia de pruebas y una vez vencido el término probatorio, el
Tribunal corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión
y presentar concepto, respectivamente.
4.1. En sus alegatos de conclusión el ICFES7 insistió en los argumentos expuestos
en la demanda, resaltando que: (i) la CNSC incumplió el parágrafo 3º de la cláusula
6ª del contrato al asumir antes del 27 de agosto de 2014 (fecha en la que finalizaban
los 8 meses adicionales contemplados como periodo de vigencia del contrato) las
actuaciones administrativas que venía adelantando el ICFES, lo que, a más de
contravenir lo pactado, impidió que tales actuaciones fueran culminadas por parte
del Instituto; (ii) en distintas cláusulas del contrato se consignó que las
reclamaciones administrativas serían “atendidas” o “adelantadas” por el ICFES, lo
que permite entender que el contratista cumplía su obligación iniciando o tramitando
la actuación y no, únicamente, culminándolas con decisión de fondo, es decir que
se trataba de una obligación de medios y no de resultado; (iii) si el valor del segundo
componente dependiera del número de decisiones de fondo “no se hubiese pactado
un monto límite de reclamaciones atendidas sino un monto límite de decisiones de
fondo”; (iv) “se estableció un costo fijo para un número mínimo de reclamaciones,
lo cual riñe con la idea de un costo contra decisión de fondo, puesto que si el pago
era por decisión de fondo, no tendría que haberse propuesto y aceptado una suma
fija, llegasen o no reclamaciones”; (v) siempre se hizo mención a reclamaciones y
actuaciones administrativas, no a decisiones de fondo; (vi) habiéndose incluido las
reclamaciones administrativas originadas en la aplicación de la prueba y en
controles posteriores a ello, mal puede sostenerse que el pago solo procedía de
adoptarse una decisión de fondo; y (vi) la cantidad y descripción de las actuaciones
adelantadas por el ICFES, inventariadas al momento de la entrega de los tramites

5 Fl. 157 a 159, C.1.
6 Fl. 136 a 155, C.1
7 Fl. 160 a 167, C.1.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

a la CNSC y relacionadas en el acta de entrega del 26 de diciembre de 2013, no ha
sido objetada por la demandada, quien única y exclusivamente aduce que ninguna
de aquellas había finalizado.

4.2. El CNSC alegó de conclusión8, reiterando lo manifestado en la contestación de
la demanda. Enfatizó, fundamentalmente, en el argumento según el cual la
ejecución del contrato es el periodo en el que las partes se obligan a ejecutar las
prestaciones asumidas, plazo que feneció el 27 de diciembre de 2013 sin que el
ICFES hubiera culminado las actuaciones administrativas que inició de oficio y en
el que, por el contrario, la CNSC sí cumplió con las obligaciones a su cargo mediante
el pago de las facturas presentadas por el Instituto que correspondían a
prestaciones cabalmente ejecutadas por este último. Resaltó que las actuaciones
administrativas iniciadas de oficio por parte del Instituto “no se resolvieron de fondo,
sino que se buscó extender su trámite al periodo de vigencia contractual, periodo
dentro del cual se satisfacen otros aspectos contractuales”, de ahí que mal puede
considerarse que se configuró incumplimiento alguno por parte de la Comisión, pues
las partes no acordaron la realización de pagos o reconocimientos parciales en
función del porcentaje de avance en el trámite de las actuaciones y, por el contrario,
convinieron que estas debían ser resueltas de fondo dentro del término de ejecución
del contrato interadministrativo.

Así las cosas, una vez se cumplió el plazo de ejecución del contrato, correspondía
a la Comisión solicitar la devolución y entrega de las actuaciones inconclusas, sin
que la falta de culminación de las mismas fuera óbice para que la CNSC reasumiera
su competencia, dado que se había cumplido con la fecha límite prevista para la
ejecución de las prestaciones a cargo del ICFES, por lo que la Comisión asumió
nuevamente la competencia que había sido delegada y, paralelamente, procedió a
surtir en conjunto con el ICFES una serie de intentos fallidos en procura de liquidar
el contrato.

Por último, insistió en la inexistencia de prueba que soporte los valores reclamados
por concepto de atención de reclamaciones y concluyó que “ante la ausencia de
prueba que lleve a determinar que en efecto la CNSC incumplió las cláusulas

8 Fl. 192 a 196, C.1.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

contractuales (…) y de prueba que soporte los pedimentos económicos de la parte
demandante, los mismos deben ser despachados de manera negativa”.

4.3. El Ministerio Público rindió concepto9 en el que solicitó negar las pretensiones
de la demanda en lo referente al incumplimiento contractual y consideró procedente
liquidar el contrato en sede judicial.

En punto a la pretensión de declaratoria de incumplimiento junto con la
correspondiente indemnización de perjuicios, explicó que el ICFES no solo tenía la
carga de probar el incumplimiento alegado, sino que, además, debía probar el
cumplimiento de sus propias obligaciones. En este sentido, afirmó que el ICFES no
ejecutó la totalidad de las prestaciones a su cargo dentro del plazo estipulado, que
no era otro que el de ejecución del contrato, el cual expiraba el 27 de diciembre de
2013, puntualmente la obligación de “adoptar mediante acto administrativo definitivo
decisión de fondo respecto de las reclamaciones incoadas”, tal como estaba
pactado en el numeral 19 de la cláusula 2ª y en la cláusula 4ª del acuerdo de
voluntades, siendo “justo por esa razón” que la CNSC reasumió su competencia,
decisión que no comporta incumplimiento alguno “sino que hacía parte de las
facultades que otorgaba la delegación, figura que sin duda se presenta en el de
marras, y que le permitía a la CNSC, reasumir sus funciones en cualquier momento,
tal como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional”. De igual modo, anotó que,
además de no haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones, las pruebas
allegadas al plenario demuestran que, contrario a lo argüido por la actora, la CNSC
sí cumplió con sus obligaciones, las cuales se concretaban en realizar el pago en la
forma estipulada.

5. Sentencia de primera instancia

5.1. Mediante sentencia del 22 de febrero de 201810, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca liquidó el contrato interadministrativo con un saldo a cargo de la
CNSC y a favor del ICFES por valor de $14.730.920, que indexado a la fecha de la
sentencia corresponde a la suma de $17.420.263, y negó las pretensiones de

9 Fl. 184 a 191, C.1.
10 Fl. 198 a 212, C. Principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

incumplimiento, tanto principales como subsidiarias, así como las restantes
pretensiones de la demanda11.

5.2. En su sentencia el a quo se ocupó, en primer lugar, de establecer si encontraba
demostrado el incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 por parte de
la CNCS, frente a lo cual concluyó que la conducta asumida por la Comisión, en el
sentido de requerir al ICFES la entrega de las actuaciones administrativas
adelantadas y reasumir la competencia sancionatoria delegada por medio del
contrato interadministrativo No. 165 de 2013, no constituye contravención a lo
acordado por las partes, por lo que no estaban llamadas a prosperar las
pretensiones de incumplimiento, tanto principales como subsidiarias.

5.3. Como sustento de lo anterior expuso que, si bien en el parágrafo 3º de la
cláusula 6ª del negocio jurídico se consagró la facultad del Despacho del
Comisionado responsable del concurso de asumir las actuaciones administrativas
una vez finalizado el término de vigencia del contrato, es decir, transcurrido el plazo
de ejecución y el término de 8 meses posteriores que se contempló para llevar a
cabo la liquidación de mutuo acuerdo, ello no significa que el plazo para resolver los
procesos sancionatorios iniciados antes del 27 de diciembre de 2013 -fecha de
vencimiento del plazo de ejecución del contrato- se extendiera por el periodo de 8
meses que las partes previeron para la liquidación bilateral.

5.4. De igual modo, señaló que no es de recibo el planteamiento de la actora en el
sentido de indicar que las facultades de la entidad delegante solamente podían
retomarse por la CNSC al expirar la vigencia del contrato, no antes, pues las
disposiciones constitucionales y legales que regulan la figura de la delegación

11En efecto, en la parte resolutiva dispuso: “PRIMERO.- LIQUIDAR judicialmente el contrato
interadministrativo No. 165 de 22 de abril de 2013, suscrito entre la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL.- CNSC y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN -ICFES- en los términos de la parte considerativa de esta sentencia. // SEGUNDO.-
En consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC deberá pagar a favor
del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES el saldo
insoluto del contrato que corresponde a la suma de $14.730.920 que indexada en esta sentencia da
la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS ($17.420.263). Todo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia. // TERCERO.- NEGAR las pretensiones principales y subsidiarias de incumplimiento del
contrato interadministrativo No. 165 de 22 de abril de 2013 invocadas por el INSTITUTO
COLOMBIANA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES, por las razones expuestas
en la parte motiva de ésta providencia. // CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
(…)”

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

establecen que el delegante puede reasumir en cualquier tiempo la competencia y
revisar los actos expedidos por el delegatario, máxime si, como ocurrió en el
presente caso, el plazo para ejecutar las obligaciones contractuales había
finalizado. Aunado a lo anterior, afirmó que no le asiste razón a la parte actora al
indicar que en la obligación contenida en el numeral 19 de la cláusula 2ª del contrato
no se encuentra inmersa una delegación de la Comisión para que el Instituto
adelantara las actuaciones administrativas a que hubiere lugar por actuaciones
fraudulentas, pues la delegación a través de contratos interadministrativos
encuentra sustento en las previsiones del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, que
consagra la delegación entre entidades públicas.

5.5. En este orden de ideas, el Tribunal resaltó que, atendiendo a las condiciones
de la oferta presentada por el ICFES, así como al clausulado del contrato
interadministrativo, la Comisión estaba facultada para requerir al ICFES la entrega
de las actuaciones administrativas. Además, conforme a lo establecido en el artículo
211 de la Constitución Política y en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, la CNSC
tenía la potestad de reasumir la función sancionatoria delegada a la entidad
contratista, con el propósito de culminar las actuaciones administrativas iniciadas
por el ICFES, así como darle trámite a las que se formularan durante la etapa de
liquidación del contrato interadministrativo.

5.6. En segundo lugar, el a-quo pasó a examinar lo concerniente a la liquidación
judicial del contrato, a efectos de establecer si debían incluirse sumas por concepto
de actuaciones administrativas realizadas por el ICFES, si esta entidad estaba
obligada a adelantar y culminar todas las actuaciones administrativas al finalizar el
plazo de ejecución del contrato o si para ello disponía del término de 8 meses
adicionales y, por último, si las actuaciones administrativas adelantadas por el
Instituto y entregadas a la Comisión mediante el acta del 23 diciembre de 2013
debían ser reconocidas por la CNSC y pagadas en suma que asciende a
$553.113.440 sin consideración al estado en que se encontraran al momento de la
entrega, es decir, al margen de que estuvieran en curso o que, por el contrario,
hubieren culminado mediante decisión de fondo.

5.7. En punto a lo anterior, la primera instancia consideró que, al amparo de las
cláusulas 4ª y 6ª del contrato, existían dos condiciones para que emergiera la

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

obligación de pago de las actuaciones administrativas surtidas por el ICFES: la
primera, que la actuación se resolviera de fondo, y la segunda, que la actuación
resuelta de fondo se acreditara durante la ejecución contractual, es decir, antes del
27 de diciembre de 2013.

5.8. En este orden, añadió que en la etapa de liquidación bilateral del negocio
jurídico, en lo atinente a las actuaciones administrativas, la demandada aceptó
reconocer el monto correspondiente a una (1) actuación administrativa, por la suma
de $135.272, de modo que, a excepción de esa única actuación, frente a todas las
demás que se reclaman el ICFES no demostró satisfacer las condiciones pactadas,
pues no allegó al proceso constancia de haberlas resuelto de fondo durante el
término de ejecución, por lo que no resulta procedente su reconocimiento y pago.
Por su parte, en lo referente a las reclamaciones tipo y no tipo y a la atención de
tutelas, refirió que durante la etapa de liquidación bilateral del contrato la CNSC
reconoció que adeudaba al ICFES la suma de $14.595.648, por concepto de treinta
(30) acciones de tutela y sesenta y seis (66) respuestas a derechos de petición.

En línea con lo anterior, procedió a liquidar el contrato, estableciendo como saldo a
favor del demandante la cantidad de $14.730.92012, así:

“En virtud de lo atrás analizado la liquidación judicial del contrato interadministrativo
No. 165 de 2013, corresponde a:

(…)
BALANCE FINANCIERO
Valor total $7.837.714.283
Valor ejecutado $7.314.753.358
Valor pagado $7.314.753.358
Saldo a favor del Contratista (ICFES) $14.730.920
Saldo a favor de la contratante (CNSC) $508.229.978
Saldos a liberar $508.229.978

6. Recurso de apelación

6.1. El 12 de marzo de 2018, la parte demandante interpuso recurso de apelación13,

12 Valor que el a-quo actualizó a la fecha de la sentencia, arrojando como resultado el monto total de

$17.420.263.
13 Fl. 219 a 225, C. Principal.

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Demandante: ICFES

el cual fue concedido el 9 de mayo de 201814 y admitido el 29 de mayo de 201815.

6.2. En su escrito el ICFES reprochó la decisión del Tribunal de negar parcialmente
las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, solicitó revocar parcialmente el
fallo apelado y, en su lugar, acceder a todas las pretensiones formuladas en el líbelo
introductorio, puntualmente las relativas al incumplimiento del contrato
interadministrativo No. 165 de 2013 y la consiguiente indemnización de perjuicios, que
el Tribunal denegó, al considerar que las interpretaciones del clausulado contractual
expuestas por el Tribunal “carecen de soporte documental” y no corresponden a “una
lectura precisa ni del trámite precontractual, contractual, de la ejecución del contrato
ni de los hechos sucedidos y probados durante el plazo de ejecución ni el de vigencia
del Contrato 165 de 2013, siendo estos dos últimos aspectos de suma importancia ya
que es allí en donde se da el incumplimiento por parte de la CNSC”.

6.2.1. Afirmó que la CNSC incumplió el contrato, ya que a pesar de haber delegado
al Instituto la función sancionatoria para que fuera ejercida “durante el plazo y vigencia
contractual”, decidió de manera unilateral omitir el periodo de vigencia del contrato y
reasumir tal función de manera anticipada, con lo que el ICFES no pudo continuar
adelantando las actuaciones administrativas sancionatorias, por lo que deben
reconocerse “de manera parcial y/o ponderada las diferentes etapas que fueron
evacuadas y que están debidamente demostradas en actas de entrega de diciembre
de 2013 que no fueron objetadas por la demandada”.

6.1.2. Añadió que las partes acordaron precios para cada una de las etapas de las
actuaciones administrativas sancionatorias, lo que permite afirmar que estas serían
reconocidas de acuerdo con su avance, de ahí que, contrario a lo expuesto en la
sentencia impugnada, para su reconocimiento económico no era necesario que
aquellas contaran con una decisión de fondo o que se encontraran finalizadas.

6.1.3. Indicó que la conclusión del Tribunal, en el sentido de considerar que el plazo
para resolver los procesos sancionatorios iniciados antes del 27 de diciembre de 2013
no se extendía durante los 8 meses contemplados para la liquidación bilateral,
contradice lo estipulado en la cláusula 6ª del contrato, en cuya virtud una vez finalizado

14 Fl. 230 y 231, C. Principal.
15 Fl. 237, C. Principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

el periodo de vigencia la Comisión asumiría las actuaciones administrativas y de
defensa judicial atinentes a la convocatoria, “es decir que el contrato y los términos
para adelantar las actuaciones administrativas, contemplaban que aun expirado el
plazo de vigencia del mismo, podían existir aun actuaciones sancionatorias que las
reasumiría la CNSC, actuaciones que estaban delegadas en el ICFES y como se
observa en ninguna de las partes del tantas veces mencionado contrato, se establece
que los pagos serían única y exclusivamente reconocidos por actuaciones
terminadas”.

6.1.4. Concluyó que deben acogerse todas las pretensiones de la demanda, dado
que, por un lado, obedecen a lo pactado entre las partes y, por otro, que se encuentra
demostrado en el proceso el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista
“hasta el momento en que arbitrariamente la CNSC reasumió competencia para
continuar con los procedimientos administrativos y actuaciones sancionatorias
iniciadas por el ICFES”, aunado a que las actividades llevadas a cabo dentro de las
actuaciones administrativas adelantadas por el Instituto están descritas en el acta de
entrega del 26 de diciembre de 2013, la cual “en ningún momento fue objetada
respecto a los avances, en tanto, repito, la única justificación por parte de la
demandada consiste y se afinca en que ninguna de estas (se refiere a las actuaciones
administrativas) había finalizado”.

7. Actuación en segunda instancia

7.1. Mediante auto del 25 de junio de 201816 se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1.1. La demandante presentó alegatos de conclusión17, solicitando acceder a la
totalidad de las pretensiones de la demanda.

7.1.2. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

16 Fl. 241, C. Principal.
17 Fl. 243 a 247, C. Principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) medio de control
procedente; (3) legitimación en la causa; (4) oportunidad del medio de control; (5)
problema jurídico; (6) análisis de la Sala (6.1.) el régimen jurídico del contrato
interadministrativo No. 165 de 2013; (6.2) la delegación entre entidades públicas; (6.3)
el caso concreto; (6.4) hechos probados; (6.5) solución al caso concreto; y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10418 del CPACA19, vigente para la fecha de
presentación de la demanda, comoquiera que la controversia versa sobre el
incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013 suscrito por la
Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-20 y el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación -ICFES-21, en tanto entidades públicas.

Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del
proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor formulada, para el año 2015,

18 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
19 La Ley 1437 de 2011 o CPACA resulta aplicable al presente asunto, con las modificaciones

introducidas por la Ley 2080 de 2021, dado que la demanda se radicó el 6 de mayo de 2015 y los
recursos de apelación se presentaron el 28 de octubre de 2021, esto es, de manera posterior a la
entrada en vigor de dicha norma.
20 De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2 del Acuerdo 001 de 2004, la

Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, es un órgano previsto en el artículo 30 de la Constitución
Política, autónomo e independiente de las ramas del poder público, de carácter permanente del nivel
nacional, dotado de autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio.
21 El artículo 12 de la Ley 1324 de 2009 dispuso transformar el Instituto Colombiano de Fomento a

la Educación Superior, ICFES, en una Empresa estatal de carácter social del sector Educación
Nacional, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

24

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

supera los 500 SMLMV22, de conformidad con lo establecido en los artículos 15023 y
152-524 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.

2. Medio de control procedente

En virtud de lo previsto en el artículo 14125 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

En el presente caso el medio de control de controversias contractuales ejercido por
la actora es adecuado, por cuanto a través de su demanda pretende que se declare
el incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013 y se condene al
pago de la indemnización de los perjuicios causados, y que se liquide el contrato en
sede judicial.

22 Para el momento de la presentación de la demanda, esto es, para el año 2015, el valor del salario

mínimo legal mensual vigente era de seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos
($644.350). Información obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia
https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para el 2015, el tope correspondiente a los 500 SMLMV
equivalía a $322.175.000. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en la suma de
($553.113.440,oo.)
23 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda instancia. El Consejo de Estado

conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos (…)”
24 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…) 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad
pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los
contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los
cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (…)”
25 “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su

nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de
los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios,
y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal
no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. (…)
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes”.

25

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

3. Legitimación en la causa

3.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14126 del CPACA, según el
cual la legitimación en el medio de control de controversias contractuales se
encuentra, en principio27, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- y la Comisión
Nacional del Servicio Civil -CNSC- están legitimadas en la causa por activa y por
pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual
que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.

4. Caducidad

El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al caso concreto de
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188728, dispone que el

26 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato

del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes.”
27 Es menester señalar que además de las partes del contrato, tanto el Ministerio Publico como los

terceros que acrediten un interés directo podrán acudir al medio de control de controversias
contractuales para solicitar la nulidad absoluta del contrato.
28 Para efectos del cómputo de la caducidad se debe acudir a las reglas contenidas en las normas

vigentes al momento en que inició a correr el término. Al respecto, Cfr. Consejo de Estado, Sección
Tercera. Auto del 24 de abril de 2017. Rad.: 50602. En esta providencia se puso de presente que,
“[e]n punto de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la regla
de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma
situación, esta Corporación puntualizó […] la Sala considera que el 40 debe aplicarse para definir el
conflicto en el tiempo respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de
términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto,
cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad
que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior,
se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este
proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que
establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal,
son de aplicación inmediata. En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable

26

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla
distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no
requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la
requiera.

4.1. En el presente caso la caducidad del medio de control se contabilizará
atendiendo lo dispuesto en el numeral v), literal j), del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, que define la caducidad para los contratos que, debiendo ser liquidados -
de común acuerdo o unilateralmente-, no lo son. Lo anterior, en consideración a
que el contrato sometido a juicio es, sin duda, un negocio jurídico de tracto sucesivo
que requería de liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 29
de la Ley 80 de 1993, con la modificación introducida por el artículo 217 del Decreto
19 de 2012, y luego del vencimiento del plazo de ejecución no fue liquidado bilateral
ni unilateralmente.

En este punto, es menester anotar que la Jurisprudencia de esta Corporación se ha
ocupado de precisar que los contratos de tracto sucesivo sometidos a las
prescripciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
incluyendo los contratos interadministrativos, se encuentran sujetos a liquidación
bilateral y unilateral en ausencia de acuerdo sobre el balance final del negocio
jurídico30. Sobre este asunto, la Sala ha indicado:

“[…] la entidad estatal que fungió como contratante, en este caso el Ministerio de la
Protección Social, se encontraba facultada para liquidar unilateralmente el convenio
interadministrativo No. 205 de 2006 [en la providencia citada se concluye que este
era, en verdad, un contrato], no solo por las razones advertidas relativas a la falta de
correspondencia de esa decisión con una potestad excepcional, como también por
tratarse de una regla general que rige los contratos estatales de tracto sucesivo, frente
a la cual, valga anotar, no opera una excepción legal que en este evento la restrinja.

deberá ser la vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados
en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente.”
29 Ley 80 de 1993, Artículo 60 -vigente al momento de la celebración y liquidación del contrato-. “Los

contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y
los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o
términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga”.
30 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de febrero de 2021. Rad.: 49792.

27

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

Al respecto, no puede perderse de vista que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 80 de 1993, en consonancia con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007, se tiene que los contratos de tracto sucesivo, como el sometido a
examen, serán objeto de liquidación de mutuo acuerdo o de forma unilateral, a falta
de aquella, de tal suerte que al no existir para el caso concreto una excepción que
convalide la ausencia de esta última facultad en cabeza de la Administración para
proceder en esa dirección, propio es concluir que debe atenderse a la regla general
que viabiliza su ejercicio.

Considera la Sala que no sobra aclarar que lo dicho en torno a la facultad del
Ministerio de la Protección Social para dictar el acto de liquidación unilateral del
contrato No. 205 de 2006 no podría hacerse extensivo al Instituto Nacional de Salud
para, a partir de las mismas conclusiones, dotarla de esa competencia.

Ello es así por cuanto dicha facultad se halla reservada a la entidad estatal que
hubiera desempeñado el rol de contratante en el vínculo negocial, esto es, a aquella
que hubiera demandado de otro la prestación de un servicio para el cumplimiento de
su cometido misional, condición que en este caso ostentó el ente ministerial y no el
Instituto, en la medida en que la motivación para su celebración por parte del
Ministerio estribó en que, en cumplimiento de las competencias asignadas por la Ley
715 de 2001 y el Decreto 205 de 2003, requería desarrollar la capacidad técnica,
operativa y logística para el fortalecimiento en la vigilancia de los alimentos y del
componente del laboratorio que diera soporte a las acciones de vigilancia en salud
pública y control sanitario”31.

4.2. Previas las precisiones anteriores, para determinar el momento a partir del cual
se debe empezar a contabilizar la caducidad del medio de control, es menester
establecer la fecha de terminación del contrato y el plazo para su liquidación bilateral
y unilateral.

A este efecto, está demostrado que el 19 de abril de 2013 las partes suscribieron el
contrato interadministrativo No. 165, en cuya cláusula sexta establecieron que el
plazo de ejecución del contrato finalizaría el 27 de diciembre de 2013 y que tendría
una vigencia de 8 meses adicionales (hecho probado 6.2.1.).

A su turno, en punto de la liquidación bilateral del contrato, en la cláusula décima
sexta se estipuló que la liquidación de común acuerdo se llevaría a cabo en el
período de vigencia señalado en la cláusula sexta, es decir, dentro de los 8 meses
contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.

Bajo el anterior contexto, para la Sala resulta claro que el plazo de ejecución del
contrato No. 165 suscrito entre la Comisión y el ICFES se extendió hasta el 27 de
diciembre de 2013, fecha a partir de la cual comenzó a correr el término de 8 meses

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de octubre de 2019, Rad.: 60.304

28

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que las partes acordaron para liquidar el contrato de forma bilateral, sin que obre en
el expediente medio demostrativo alguno que dé cuenta de que en la práctica el
contrato hubiere sido objeto de liquidación bilateral o de que el negocio jurídico
fuese liquidado de forma unilateral por la entidad demandada.

4.3. De acuerdo con lo anterior, en el asunto sub judice la Sala encuentra que la
demanda fue presentada dentro de los dos (2) años contados a partir del
vencimiento de los diez (10) meses para liquidar el contrato -8 meses para la
liquidación bilateral y 2 meses adicionales para la unilateral-, los cuales expiraron el
27 de octubre de 2016, teniendo en cuenta: (i) que la solicitud de conciliación
extrajudicial fue presentada el 24 de junio de 201532, trámite que finalizó el 21 de
septiembre de 2015 cuando se declaró fallida; y (ii) que el libelo introductorio se
radicó el 13 de noviembre de 201533.

5. Problema jurídico

5.1. El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP34, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto del recurso de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con
aquélla”35. En el mismo sentido, y atendiendo al principio de congruencia “a las

32 Fl. 218 a 220, C.2.
33 Fl. 54, C. 1.
34 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones”.
35 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala

Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018
(expediente No. 46005), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos: “19. Este entendimiento
del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la
sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese
aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo
anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la

29

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partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa
petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del
principio al debido proceso”36.

5.2. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los reparos expuestos en el recurso de
apelación formulado por la parte demandante, le corresponde a la Sala determinar,
en primer lugar, si de conformidad con los hechos probados la entidad pública
demandada incumplió el contrato interadministrativo No. 165 del 22 de abril de 2013,
y si se reúnen los presupuestos de la responsabilidad contractual.

5.3. En caso de encontrar que la demandada incumplió el contrato, le corresponde
a la Sala establecer los conceptos y valores que habrán de incluirse en la liquidación
judicial.

6. Análisis de la Sala

Antes de resolver los problemas jurídicos, conviene referirse brevemente al régimen
del contrato interadministrativo objeto de la litis y la delegación entre entidades
públicas.

6.1. El régimen jurídico del contrato interadministrativo No. 165 de 2013

La Sala observa que las entidades que suscribieron el contrato No. 165 de 2013
son, por un lado, la Comisión Nacional del Servicio Civil, órgano de carácter
permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder
público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio37, entidad en cuya actividad contractual se encuentra sometida a las normas
de la Ley 80 de 1993 y, por otro, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza
especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
vinculada al Ministerio de Educación Nacional38 y cuyo régimen de contratación, de

acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
36 Ibid.
37Artículo 7º de la Ley 909 de 2004.
38Artículo 12 de la Ley 1324 de 2009.

30

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Demandante: ICFES

acuerdo con lo consagrado en el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, es el del
derecho privado.

Así pues, ante la disparidad del régimen normativo llamado a informar los contratos
celebrados por ambas entidades, se precisa que en este caso la relación
obligacional se gobernó por las normas del EGCAP, comoquiera que, tal como en
situaciones análogas ha sido analizado por esta Corporación, en el caso sub
examine la CNSC, entidad estatal que se encuentra sometida al Estatuto General
de Contratación Pública, fungió como contratante en el negocio jurídico cuyo
incumplimiento se discute, en tanto requirió de un tercero, en este caso también de
naturaleza pública pero regido por el derecho privado, la prestación de unos
servicios para llevar a cabo su cometido institucional, de manera que ha de ser el
EGCAP el que rija el acuerdo de voluntades39.

Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado:

“(…) es necesario recordar que, diferente a los convenios interadministrativos, que
deben autorregularse por sus propias estipulaciones -que son el producto de la
autonomía de la voluntad-, los contratos interadministrativos, cuando la entidad
contratante se somete a la Ley 80 de 1993, están regidos por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, con independencia de que la entidad
ejecutora cuente con un régimen exceptuado -sea este el derecho privado o uno
especial-.
(…)
En casos como el de la referencia, el régimen propio del contrato interadministrativo
se debe definir desde la perspectiva de la entidad contratante -que está obligada a
observar los principios y las reglas establecidos en el Estatuto General de
Contratación Pública-, y no desde la perspectiva de quienes voluntariamente actúan
como contratistas del Estado, ya sean estos particulares o, incluso, otras entidades
públicas sujetas a regímenes de derecho privado”40.

En suma, se tiene que el régimen legal de prevalente aplicación del contrato No.
165 de 2013 es el de la Comisión, entidad estatal sometida al imperio de la Ley 80
de 1993, de suerte que, en consecuencia, el referido consenso de voluntades de
entidades públicas es un contrato sujeto al Estatuto de Contratación Pública.

Ahora bien, en lo que respecta a la naturaleza del negocio jurídico en controversia,
la Sala advierte que se trata de un contrato interadministrativo, a propósito de lo

39 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2021, Rad.:62633
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 31 de marzo de 2023, Rad.: 56.002

31

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Demandante: ICFES

cual de vieja data esta Corporación ha explicado que los convenios
interadministrativos se diferencian de los contratos interadministrativos en tanto
mientras aquellos persiguen aunar esfuerzos para la materialización de los
intereses comunes o la ejecución de funciones complementarias con una misma
finalidad, los contratos interadministrativos se caracterizan por la prestación de un
servicio específico, la ejecución de una obra o el suministro o dotación de un bien,
o la realización de una actividad determinada por parte de una entidad pública, que
bien podría llevar a cabo un particular41.

En línea con lo anterior, como características propias de los contratos
interadministrativos, la Sección Tercera de esta Corporación42 ha indicado que
“(i)Constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio
cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente
la autonomía contractual; (iii) son contratos nominados puesto que están
mencionados en la ley; (iv) son contratos atípicos desde la perspectiva legal, dado
que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los
disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos,
por ejemplo compraventa, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual
se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en
atención a que las partes que los celebran son entidades estatales y, por
consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del
Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones
jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la realización
de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción mediante la
cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de
controversias contractuales”.

Las anteriores características se evidencian en el contrato interadministrativo
celebrado entre el ICFES y la Comisión, negocio jurídico que asumió idénticos
efectos a cualquier otro contrato43 celebrado entre entidades estatales, en los
términos del artículo 32 de la ley 80 de 1993. En consecuencia, el referido acuerdo

41 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 23 de abril de 2021, Rad.: 49.148.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, Rad.: 17860.
43 El artículo 32 de la ley 80 de 1993, establece que “son contratos estatales todos los actos jurídicos

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad”.

32

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
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de voluntades es un contrato interadministrativo sujeto al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, el cual a su vez remite a las normas del
derecho común salvo en aquellos aspectos específicamente regulados en la Ley 80
de 1993, siendo este, por lo tanto, el marco jurídico bajo el cual se abordará el
análisis de la presente controversia.

6.2. La delegación entre entidades públicas

De conformidad con el artículo 211 de la Constitución Nacional, la delegación es un
mecanismo jurídico que permite el mejor cumplimiento de las funciones
administrativas y el logro de los fines del Estado. Se trata de un instrumento de
gestión administrativa cuyo objeto es el traslado de funciones o competencias
administrativas a personas o funcionarios para que sean ejercidas por estos44-45,
sin perjuicio de la potestad del delegante de reasumir la competencia en cualquier
momento y revisar los actos del delegatario, según las voces del artículo 12 de la
Ley 489 de 1998.

La institución de la delegación es una excepción al ejercicio de la competencia por
parte de las autoridades y no una regla general, la cual está sometida a condiciones
precisas. En este sentido, la citada disposición constitucional establece que la ley
fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en
sus subalternos o en otras autoridades, de modo que, si bien la Constitución permite
la delegación de funciones, es presupuesto indispensable que medie una ley previa
que la autorice46. Además, tal como lo ha señalado esta Corporación, “para que la
delegación sea válida se requiere plena certeza de su objeto -materia delegable y/o
las condiciones de la delegación-”47, a más de requerirse que las funciones
delegadas estén asignadas al delegante, pues desde luego ninguna autoridad
puede trasladar funciones que no ostenta48.

44 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-372/02.
45 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de septiembre de 2021, Rad.: 2861
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 2008, Rad.: 25000-23-26-000-

2005- 00240-01(AP)
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 2 de

mayo de 2019, radicado No. 11001-03-28-000-2018-00592-00.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Segunda.

Sentencia de 11 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-25-000-2015-00484-00(1255-15).

33

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

El artículo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que los ministros, directores de
departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos que la ley les
asigna y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles
directivos y asesor vinculados al organismo correspondiente. Al tenor del artículo 10
de la ley ejusdem, la delegación requiere un acto administrativo escrito y motivado,
así como la determinación de la autoridad delegataria y las atribuciones o asuntos
específicos que se delegan49.

En este orden de ideas, se tiene que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
489 de 1998 y la jurisprudencia de esta Corporación, las características más
sobresalientes de la delegación son: “(i) se transfiere el ejercicio de funciones
propias, (ii) el titular de la función puede reasumirla en cualquier tiempo, (iii) debe
recaer en funcionarios del nivel directivo o asesor, (iv) puede hacerse respecto de
entidades públicas, (v) requiere de una autorización legal, (vi) debe constar por
escrito, (vii) debe especificar las funciones que se transfieren, y (viii) no puede ser
intemporal, debe otorgarse por tiempo determinado (Arts. 9º ,10º y 11º, Ley 489 de
1998)”50.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 permite la delegación de funciones
de entidades y organismos del orden nacional a favor de entidades descentralizadas
o territoriales, siempre y cuando esté acompañada de un convenio en el que se fijen
los derechos y obligaciones del delegante y el delegatario. La norma dispone
textualmente:

“La delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativos del
orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades
territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen
los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así mismo,
en el correspondiente convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad
delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones delegadas.

Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para
los convenios o contratos entre entidades públicas o interadministrativos.”

49 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencias del 24 de enero de 2019, Rad.: 11001-03-25-

000-2012-00340-00(1338-12) y del 12 de diciembre de 2017, Rad.: 05001-23-31-000-2002-00108-
01(3046-15).
50 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 17 de junio de 2021, Rad.: 11001-03-28-000-

2020-00009-00 (2020-00025-00 y 2020-00030-00).

34

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

La Sala resalta que si bien es cierto la norma referida dispone que dicha delegación
debe ser objeto de la celebración de “convenios”, en el contexto específico de la
norma en cita, la referencia al convenio debe entenderse en su acepción general
como “acuerdo o pacto”51 entre entidades como expresión de la delegación
horizontal y no de forma específica como “convenio interadministrativo”. Por lo
anterior, debe entenderse, entonces, que los acuerdos o pactos que las entidades
pueden celebrar a efectos de delegar funciones, en estricto sentido comportan
convenios de delegación, de ahí que puedan materializarse a través de “convenios
interadministrativos” o “contratos administrativos”.

En efecto, la misma norma en el segundo inciso menciona indistintamente los
conceptos de contrato y convenio para señalar que “[e]stos convenios estarán
sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o
contratos entre entidades públicas o interadministrativos”; si la misma norma
permite que dichos “acuerdos o pactos” estén sujetos a la normatividad aplicable
tanto para los convenios como los contratos, bajo el principio que indica que, donde
la ley no distingue no le es dable al intérprete distinguir, no podría interpretarse la
disposición referida a limitar la celebración de dichos acuerdos únicamente bajo la
modalidad de convenios interadministrativos.

Sobre este particular, cabe señalar que la interpretación de la palabra “convenio” en
su acepción general de “acuerdo o pacto” fue acogida por la Corte Constitucional
en la sentencia C-727 de 2000, que analizó la constitucionalidad del artículo
referido, al usar de forma indistinta los conceptos de “convenio” y “acuerdo” en el
contexto de la norma. Señaló la Corte que:

“A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y
delegataria, en todos aquellos casos de delegación de funciones de organismos o
entidades del orden nacional a favor de entidades territoriales, no puede admitir
excepciones. Ello por cuanto dicha delegación, si se lleva a cabo unilateralmente
por el organismo nacional, vulnera de manera flagrante la autonomía de la entidad
territorial, a quien no compete constitucionalmente llevar a cabo las funciones y
competencias delegadas. La Carta es cuidadosa en la defensa de esta autonomía
y por ello, para el reparto definitivo de competencias entre la nación y las entidades
territoriales, ha diseñado mecanismos rigurosos, a través de trámites legislativos
exigentes, como los propios de las leyes orgánicas.

51 De conformidad con la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Consultado en: https://dle.rae.es/convenio.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

Dicha autonomía, sin embargo, se ve salvaguardada en el evento de delegación, si
el traslado de competencias, previamente autorizado por el legislador, resulta ser
aceptado por la entidad territorial delegataria mediante la suscripción de un
acuerdo, como lo dispone el inciso primero de la disposición sub examine”52

Finalmente, y haciendo una interpretación del artículo 14 de la Ley 489 de 1998 en
el contexto de las demás disposiciones de dicha norma, resultaría contradictorio
interpretar la palabra “convenio” en el sentido de restringirla al concepto de
“convenio interadministrativo”, si se tiene en cuenta que el artículo 111 de la ley en
mención53, autoriza a las entidades a celebrar “convenios” con “particulares”. Dichos
acuerdos de voluntades, denominados “convenios” por la propia Ley, deben
entenderse naturalmente como “contratos estatales”, toda vez que se celebran entre
una entidad pública y un particular, situación que, una vez más, confirma que en el
contexto de la norma ibídem debe darse a la palabra “convenio” la acepción general
de “acuerdo o pacto” entre entidades públicas.

Por lo demás, no parecería adecuado que la Ley permitiera celebrar contratos con
particulares para la delegación de funciones administrativas, pero en el caso de la
delegación de funciones entre entidades públicas se limitara su delegación -vía
acuerdo de voluntades- únicamente a los “convenios interadministrativos” y
excluyendo, por tanto, a los “contratos interadministrativos”.

6.3. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado por el ICFES contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, el recurrente aduce que la demandada incumplió el
contrato porque, por un lado, reasumió antes de tiempo las actuaciones
administrativas sancionatorias y, por el otro, no reconoció el pago de las actuaciones
administrativas adelantadas por el ICFES que, si bien no habían culminado, se
llevaron a cabo por parte del Instituto hasta el momento en que, en forma

52 Corte Constitucional. Sentencia C-727 de 2000. Magistrado ponente: Vladimir Naranjo Mesa.
53“ARTÍCULO 111.- Requisitos y procedimientos de los actos administrativos y convenios para
conferir funciones administrativas a particulares”.

36

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

injustificada y anticipada, la Comisión reasumió las facultades que había delegado
mediante el contrato interadministrativo No. 165 de 2013.

A partir de lo anterior, la Sala entrará a analizar si se encuentra acreditado el
incumplimiento alegado por la demandante y, en caso afirmativo, si es imputable a
la Comisión y si a consecuencia de este hay lugar a condenar a la entidad
demandada al pago de los valores reclamados por la actora y a incluir los mismos
en la liquidación judicial.

6.4. Hechos probados y pruebas adicionales

En el caso concreto la Sala analizará los documentos aportados al proceso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24654 del C.G.P.

6.4.1. Hechos probados

En relación con la celebración del contrato y su ejecución

6.4.1.1. Está demostrado, sin fecha establecida en el proceso, que se elaboraron
los estudios previos “para la celebración de un contrato interadministrativo entre la
comisión nacional del servicio civil y el instituto colombiano para la evaluación de la
educación”55.

6.4.1.2. Consta que el 21 de marzo de 201356, el ICFES envió a la Comisión la
propuesta económica, ajustada de acuerdo a los requerimientos, observaciones y
solicitudes realizadas por la Comisión, para la celebración de un contrato con el
objeto de “adelantar las acciones y operaciones requeridas para el registro, citación,
impresión, empaque, distribución, aplicación, procesamiento, publicación de
resultados y atención de las reclamaciones del servicio contratado, en el marco del
concurso abierto de méritos adelantado por la CNSC para proveer los empleos

54 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
55 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
56 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.

37

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

vacantes de directivos docentes y docentes de preescolar, básica, media y
orientadores, en establecimientos educativos oficiales que prestan servicio a
población mayoritaria, y los empleos vacantes de etnoeducadores directivos
docentes y docentes que prestan su servicio a población afrocolombiana negra,
raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales”.

En punto a lo económico, concretamente a los costos de las actuaciones
administrativas, se plasmó que “El costo por reclamación cubre los gastos de
papelería, fotocopias, envío de correspondencia, fax y demás que dependen de la
cantidad de actuaciones que lleguen a iniciarse, y aumenta de un rango a otro en
razón a que de llegarse a dar una situación de atender, por ejemplo, 700
reclamaciones en una sola ciudad, nos veríamos en la necesidad de enviar tantos
abogados como sea necesarios y/o aumentar los días de comisión requeridos para
llevar a cabo las labores”. En cuanto a la facturación, se contempló que “se realizará
el cobro del costo fijo más el resultado de multiplicar el costo unitario por la cantidad
de actuaciones que se atiendan”. Adicionalmente, se señaló: “las actuaciones
administrativas en otros municipios además de Bogotá, para cuya atención no se
requiera desplazamiento tan solo tendrán como costo el correspondiente al unitario
multiplicado por la cantidad de actuaciones que se gestionen sin requerirse
desplazamiento […]”.

6.4.1.3. Se acreditó que la Comisión, en sesión ordinaria del 2 de abril de 201357,
recomendó aprobar la propuesta técnica y autorizar la celebración del contrato
interadministrativo con el ICFES.

6.4.1.4. Se probó que la CNSC realizó la solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal del 15 de abril de 2013, por valor de $6.736.549.33058.

6.4.1.5. Quedó establecido que, mediante la Resolución No. 701 del 19 de abril de
201359, se justificó el uso de la modalidad de contratación directa para la celebración
de un contrato interadministrativo entre la CNSC y el ICFES.

57 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
58 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
59 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.

38

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

6.4.1.6. Está demostrado que el 19 de abril de 2013 la Comisión y el ICFES
suscribieron el contrato interadministrativo No. 165 de 2013, con el objeto de
“adelantar las acciones y operaciones requeridas para el registro, citación,
impresión, empaque, distribución, aplicación, procesamiento, publicación de
resultados y atención de las reclamaciones del servicio contratado, en el marco del
concurso abierto de méritos adelantado por la CNSC para proveer los empleos
vacantes de directivos docentes y docentes de preescolar, básica, media y
orientadores, en establecimientos educativos oficiales que prestan servicio a
población mayoritaria, y los empleos vacantes de etnoeducadores directivos
docentes y docentes que prestan su servicio a población afrocolombiana negra,
raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales”, según consta en copia
del respectivo contrato60.

El objeto del contrato incluyó dos componentes, así: el primer componente,
correspondiente a “los servicios de registro, citación, aplicación, procesamiento y
calificación para una población de hasta 252.555 usuarios”; y el segundo
componente, relativo a “la atención de las reclamaciones, (que comprenden
actuaciones administrativas y Reclamaciones tipo y no tipo) y derechos de petición
relacionados con el proceso logístico de inscripción, citación, aplicación,
procesamiento y publicación de resultados de la prueba, y la atención a tutelas
originadas por los mismos hechos”.

Como obligaciones principales a cargo del Instituto, en la cláusula segunda se
pactaron las siguientes, a saber:

“1. Realizar a través de la aplicación tecnológica dispuesta por el ICFES, en su Página
WEB, el correspondiente registro e inscripción de los aspirantes de la Convocatoria,
según el procedimiento previsto para el efecto. 2. Publicar la lista de inscritos en la
página web del ICFES, para la verificación del procedimiento de inscripción y atender
los requerimientos o solicitudes de corrección o inclusión en el listado de inscritos y la
correspondiente publicación final del listado de inscritos definitivo. 3. Citar a los
aspirantes de la convocatoria, a través de la página web, del ICFES, para la
presentación de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas. 4.
Definir conjuntamente con la CNSC el método que se aplicará para calificar las pruebas.
5. Salvo que obre decisión judicial o causal debidamente justificada, permitir el acceso
a las pruebas aplicadas, sin perjuicio de preservarse la confidencialidad de sus
contenidos. 6. Seleccionar y capacitar el personal requerido para llevar a cabo la
aplicación. 7. Conseguir y confirmar los sitios de aplicación de las pruebas, los cuales
estarán ubicados en las ciudades capitales de los departamentos que participen en la

60 Fls. 70 a 81, C.2.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

convocatoria y en los municipios certificados que igualmente participen en la misma. 8.
Imprimir, distribuir y recolectar los materiales de evaluación requeridos para la
aplicación de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas, en el
marco de la convocatoria respectiva. 9. Generar e imprimir las biblias, nóminas, rótulos
acta, cuadro de aplicación, archivos con la personalización de hojas de respuesta y
demás documentos de aplicación. 10. Asignar a cada sitio de aplicación el personal
requerido. 11. Organizar, empacar y distribuir a los municipios de aplicación los
materiales soporte de la misma. 12. Llevar a cabo la aplicación de las pruebas a los
inscritos que se hagan presentes en los sitios asignados, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por el ICFES, en 2 jornadas, mañana y tarde. 13. Recibir
los informes de la aplicación entregados por los delegados. 14. Verificar la recolección
del material de Examen y el desempaque de las hojas de respuesta. 15. Efectuar la
lectura de las hojas de respuesta y adelantar la solución de inconsistencias. 16.
Procesar, calificar y publicar los resultados de las pruebas de competencias básicas y
psicotécnicas. 17. Atender las reclamaciones, derechos de petición y tutelas en
todas las instancias de ley concernientes a los procesos realizados por el ICFES
en desarrollo del objeto contractual, en las diferentes etapas del proceso,
inclusive en la correspondiente a la vigencia del contrato y en lo posterior, en
virtud del principio de solidaridad, comprometerse a realizar el acompañamiento
necesario y brindar la información suficiente a la CNSC, que permita ejecutar
acciones a la entidad contratante, inherentes a las convocatorias. 18. Entregar la
base de datos de los resultados a la Comisión. La entrega la realizará el ICFES a través
del supervisor del Contrato. 19. Por delegación de la CNSC, a través del contrato
interadministrativo, el ICFES adelantará, cuando a ello hubiere lugar, actuaciones
administrativas por posibles fraudes por copia o intento de copia, sustracción de
materiales de prueba o intento de sustracción de materiales de prueba,
suplantación o intento de suplantación, entre otros casos ocurridos, antes,
durante o después de la aplicación de las pruebas, o durante la lectura de las
hojas de respuesta o en desarrollo del procesamiento de resultados. El resultado
de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas
de los aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. Se entiende por
actuación administrativa a efectos del presente contrato aquellas intervenciones
realizadas por el ICFES en virtud a la delegación conferida por el presente
contrato y en relación con las hipótesis antes descritas, siempre y cuando
garanticen el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción; en
consonancia con lo señalado en el CPACA y la resolución interna 00187 de 2013.
20. Entregar los informes parciales que le sean requeridos por LA COMISIÓN, a través
de la supervisión del contrato, y el informe final que contenga el cumplimiento de cada
una de las obligaciones del contrato. 21. Elaborar conjuntamente con el supervisor el
cronograma de actividades, si a ello hubiere lugar, y realizar las modificaciones al mismo
que se consideren necesarias. 22. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del
contrato. 23. Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, de acuerdo con las
condiciones y especificaciones técnicas pactadas.(…)”. (énfasis añadido)

Asimismo, en la cláusula tercera quedaron establecidas las obligaciones a cargo de
la Comisión, en los siguientes términos:

“TERCERA. OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN: LA COMISION tendrá como lo
establece la Ley, además de las obligaciones propias del desarrollo y realización del
concurso, las siguientes: 1. La COMISIÓN adelantará el concurso abierto de méritos
de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de la Convocatoria que ha
expedido o se expida, para la provisión de empleos vacantes de docentes y
directivos docentes. población mayoritaria y población de comunidades negras,
afrocolombianas, palenquera y raizal. Asi mismo será la responsable de la
divulgación oportuna de la convocatoria, para garantizar el mayor número posible

40

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

de participantes. 2. Suministrar al ICFES toda la información que se requiera para
llevar a cabo la cabal ejecución del objeto contractual y para la aplicación de las
pruebas. 3. Adelantar el proceso de recaudo en sucursal de la red bancaria de que
disponga la CNSC. 4. Definir conjuntamente con el ICFES el método que se aplicará
para calificar las pruebas. 5. Pagar al ICFES los compromisos adquiridos en el
presente contrato, de conformidad con el clausulado contractual. 6) Las demás
que sean inherentes al objeto del presente contrato.” (énfasis añadido)

Por su parte, en la cláusula cuarta del negocio jurídico se convino que el valor del
contrato de la siguiente manera:

“CUARTA.VALOR. El valor del presente contrato será indeterminado, pero
determinable durante la ejecución del contrato. Para efectos de lograr la
determinación del valor, ha de observarse los cuadros de costos descritos a
continuación de acuerdo a cada componente.
[…]
Segundo componente: El valor del segundo componente corresponde a la
atención de reclamaciones surtidas de manera general, las mismas que pueden
tener dos connotaciones contractuales, las actuaciones administrativas y las
reclamaciones tipo y no tipo. de otra parte, integran este componente, la atención
de tutelas en todas las instancias. Por lo mencionado, el costo se determinará con
base en la cantidad real de reclamaciones y tutelas, atendidas por el ICFES y
acreditadas ante la CNSC, el costo se calculará de acuerdo con las tarifas
contempladas en los cuadros 2,3 y 4, de la siguiente manera:
“Cuadro 2- Costos de las Actuaciones Administrativas

1 DE 2 A DE 101 DE 201 A DE 301 A DE 401 A DE 501 A DE 601 A
100 A 200 300 400 500 600 700
Ciudad o
municipio
certificad
COSTO UNITARI
o
FIJO UNITARI UNITARI UNITARIO UNITARIO UNITARIO UNITARIO O
O O
1 2.414.781
2 4.697.959
3 6.981.138
4 9.264.316
5 11.547.494
6 13.830.672
7 16.113.851
8 18.397.029
9 20.680.207
10 22.963.385
11 25.246.564 130.286 133.194 134.164 134.648 134.939 135.133 135.272
12 27 528.742
13 29.812.920
14 32.096.098
15 34.379.277
16 36.662.455
17 38.945.633
18 41.228.812
20 45.795.168
21 48.078.346
22 50.361.525

Reclamaciones tipo, aquellas que corresponden y se reciben en un formato
generalmente difundido por agremiaciones o asociaciones de docentes o por otro
médico de manera estandarizada, y que permiten dar una respuesta a través de un
“formato tipo” previamente diseñado, el cual, una vez perfeccionado no requiere

41

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

mayor análisis o estudio posterior; sin embargo, es necesario realizar la lectura
integral de la petición para establecer si corresponde a la respuesta tipo establecida,
de serlo, serán contestadas y atendidas a través de un formado. En estos eventos,
el ICFES decidirá la aplicación de artículo 22 del C.P.A y C.A., sobre única respuesta
(respuestas masivas) que se publicará en un diario de amplia circulación nacional,
y la CNSC reconocerá como valor al ICFES solo el 46% de la tarifa establecida, para
la respuesta tipo. Para el caso de las Reclamaciones NO tipo, las cuales
corresponden a todas las peticiones que por su complejidad requieren un estudio
más detallado de la situación particular de cada caso, y por lo tanto, demanda mayor
dedicación de tiempo para proyectar la respuesta, el valor a reconocer esta descrito
en cuadro no. 3. En todo caso, la cantidad de reclamaciones y la condición de las
mismas, (actuaciones administrativas, Reclamaciones tipo y no tipo). Y las tutelas
atendidas en todas las instancias de ley, se revisarán periódicamente por parte de
los delegados designados por el ICFES Y la CNSC, para llevar un control estricto
de las mismas y generar los tramites que se requieran para su reconocimiento,
siempre y cuando se acrediten previamente”.

Asimismo, en cuanto a las actuaciones administrativas se estipuló lo siguiente:

“Entiéndase por actuaciones administrativas, aquellas que se generen por
delegación al contratista, frente a posibles fraudes, por copia o intento de copia,
sustracción de materiales de prueba o intento de sustracción de materiales de
prueba o suplantación o intento de suplantación, entre otros casos, ocurridos e
identificados antes, durante o después de la aplicación de las pruebas o encontrados
durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de
resultados. El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la
invalidación de las pruebas a los aspirantes que sean sujetos de dichas
investigaciones. La decisión que exprese el resultado de cada actuación se adoptará
mediante acto administrativo expedido por el ICFES, frente al cual procede
únicamente el recurso de ley. El costo fijo corresponde al gasto en que debe incurrir
el ICFES por concepto de tiquetes, viáticos, gastos de viaje, transporte terrestre y
los honorarios del abogado, es por esta razón que a medida que aumentan las
ciudades a las que deba desplazarse el ICFES, podrán aumentar los costos fijos, de
todas maneras los gastos que se generen por desplazamientos deberán ser
acreditados ante la CNSC. para que sea procedente su pago de conformidad a la
tabla establecida. El costo por actuación cubre los gastos de papelería,
fotocopias, envío de correspondencia, fax y demás aspectos necesarios, y
dependerán de la cantidad de actuaciones que se resuelvan de fondo y se
acrediten en la ejecución contractual. Para la facturación, se realizará el cobro
del costo fijo más el resultado de multiplicar el costo unitario por la cantidad
de actuaciones surtidas. Para el caso de Bogotá, únicamente se cobrará el costo
unitario multiplicado por la cantidad de actuaciones, de todas maneras, las
actuaciones administrativas, para cuya atención no se requiera
desplazamiento, tan solo tendrán como costo el correspondiente al unitario
multiplicado por la cantidad de actuaciones que se gestionen y culminen, sin
requerirse desplazamiento, en esos casos, no se cobrará el costo fijo. porque
no se incurre en él.” (énfasis añadido)

Con relación a la forma de pago, en la cláusula quinta del contrato
interadministrativo se estipuló lo siguiente:

42

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

“QUINTA.FORMA DE PAGO: Los pagos se efectuarán así a) Para el
Componente 1: Que comprende los servicios de registro, citación, aplicación,
procesamiento y calificación para una población de hasta 252.555 usuarios. 1) Un
primer pago correspondiente al 20% del valor de este componente, dentro de los 10
días siguientes, una vez culminado el proceso de registro y citación de los
aspirantes. 2) Un segundo pago correspondiente al 60% de este componente,
dentro de los 10 días siguientes, una vez prestado el proceso de aplicación de la
prueba. 3) Un tercer pago correspondiente al 20% de este componente, dentro de
los 10 días siguientes, una vez publicados los resultados. b) Para el componente
2: Que corresponde a la atención de las reclamaciones, (que comprenden
actuaciones administrativas y Reclamaciones tipo y no tipo) y derechos de
petición relacionados con el proceso logístico de inscripción, citación,
aplicación, procesamiento y publicación de resultados de la prueba, y la
atención a tutelas originadas por los mismos hechos. Un 1er. pago contra
entrega del balance por concepto de atención a reclamaciones del "proceso
logístico de registro y citación, el cual será efectuado dentro de los 10 días siguientes
a la presentación del respectivo informe. Un 2o. pago contra entrega del balance por
concepto de atención a reclamaciones del proceso de aplicación", el cual será
efectuado dentro de los 10 días siguientes a la presentación del respectivo informe.
Un 3er. pago contra entrega del balance por concepto de atención a
reclamaciones del proceso de publicación y reclamación de resultados, el cual será
efectuado dentro de los 10 días siguientes a la presentación del respectivo informe.
Un 4º pago contra entrega de un balance por concepto de reclamaciones
atendidas dentro los 30 días siguientes a la etapa de publicación y reclamación de
resultados", que será efectuado dentro de los 10 días siguientes a la presentación
del citado informe. Un 5º pago contra entrega de un balance final, recibido a
satisfacción por la CNSC, y por concepto de atención a reclamaciones que será
efectuado dentro de los 10 días siguientes a la presentación del citado informe
siempre y cuando sea satisfactorio PARÁGRAFO PRIMERO: El ICFES atenderá las
reclamaciones y tutelas, hasta el monto de los recursos dispuestos para este
componente, para el efecto, la entidad con el acompañamiento de la supervisión del
contrato, realizará el seguimiento periódico de las reclamaciones y tutelas
tramitadas y se lo hará conocer a la CNSC mediante la presentación de los informes
respectivos. Lo anterior, precisando que, la CNSC cancelará únicamente las
reclamaciones que sean atendidas, al final de cada etapa, cuando se efectúe el
balance correspondiente. Es decir, que se pagará solamente el servicio prestado
que se acredite debidamente ante la CNSC […] PARÁGRAFO SEXTO: Todos los
gastos que se generen por atención de reclamaciones (Actuaciones, reclamaciones
tipo y no tipo), además de tutela en todas las instancias de Ley, se pagarán previa
acreditación del ICFES ante la CNSC, de su ocurrencia y trámite adecuado”. (énfasis
añadido)

El plazo del contrato se pactó en la cláusula sexta, en la que se dispuso que
comprendía desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del
contrato y hasta el 27 de diciembre de 2013. Además, se estipuló que el contrato
tendría una vigencia “igual a la del contrato y ocho (8) meses más”. Es así como,
dicha cláusula textualmente reza:

“El plazo del presente contrato será hasta el 27 de Diciembre de 2013, previo
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del
mismo. Además, contará con una vigencia igual a la del contrato y ocho (8) meses
más.

43

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

PARÁGRAFO PRIMERO: De común acuerdo, las condiciones, obligaciones o
situaciones operativas, técnicas y/o económicas del Contrato podrán ser
modificadas, aclaradas o adicionadas en cualquier momento de su ejecución, el
mismo que se elevará a escrito y será suscrito como modificación del presente
Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que la totalidad de las obligaciones se
realicen en un término menor, el contrato podrá liquidarse por mutuo acuerdo de las
partes, antes del término previsto en este contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez extinguido el Contrato estatal, es decir finalizado
el periodo de vigencia, el Despacho de Comisionado responsable del Concurso
asumirá todas las actuaciones administrativas y de defensa judicial de la
Convocatoria, para lo cual el ICFES, se compromete a brindar la información que le
sea requerida y las demás intervenciones que se necesiten en virtud al principio de
solidaridad”.

6.4.1.7. En el proceso se demostró que el 22 de abril de 2013 se suscribió el acta
de inicio del contrato interadministrativo, en la que se indicó que la “duración del
contrato” sería de 8 meses y 6 días61.

6.4.1.8. Se probó que, mediante comunicación del 11 de julio de 2013 dirigida a la
Comisión62, el ICFES informó un total de 301.594 de inscritos a la aplicación de la
prueba de directivos docentes y docentes, y solicitó adicionar el valor del primer
componente por la suma de $1.099.044.823. Al respecto, reposan en el plenario,
además, los siguientes documentos: (i) comunicación del 17 de julio de 2013
remitida por ICFES, en la que precisó que la adición del contrato debía ser por valor
de $1.101.164.953, (ii) nota interna de la CNSC fechada el 23 de julio de 2013, en
la que consta la aprobación de la adición No. 1 al contrato interadministrativo por
valor de $1.101.164.953, (iii) acta de sesión ordinaria de la CNSC del 23 de julio de
2013 llevada a cabo con el fin de tramitar la adición No. 1 al contrato
interadministrativo, y (iv) nota interna del 26 de julio de 2013 remitida al asesor
jurídico de la CNSC para proceder con el trámite del referido acuerdo modificatorio.

6.4.1.9. Está acreditado que el 26 de julio de 2013, el ICFES y la Comisión
celebraron la modificación No. 1 al contrato interadministrativo No. 165 de 201363,
cuyo objeto consistió en adicionar el valor del primer componente en la suma de
$1.101.164.953.00, debido a la cantidad de usuarios inscritos y lo previsto en la

61 Fl. 82, C.2.
62 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
63 Fl. 84 a 87, C.2.

44

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

cláusula 4 del contrato. Es así como, en las consideraciones preliminares del citado
acuerdo modificatorio se lee:

“[…] 5. Que las partes al suscribir el contrato interadministrativo estipularon en la
cláusula cuarta que el valor del contrato seria indeterminado pero determinable en
desarrollo de su ejecución. En torno al primer componente que comprende los
servicios de registro, citación, aplicación, procesamiento y calificación, se determinó
que el valor de este corresponderá al resultado de multiplicar el número de inscritos
por la tarifa unitaria que corresponda al rango determinado por las partes, esto es,
que cuando la población a ser atendida rebasara los 290.000 aspirantes, el costo
por aspirante inscrito será de $23.557.00.

6. Que luego de la consolidación del proceso de inscripción se determinó que el
número de inscritos fue de 301.594, es decir, 49.039 inscritos más de la población
inicialmente estimada al momento de la suscripción del contrato (252.555), razón
por la cual se hace necesario adicionar la suma de $1.101.164.953.00, cifra que
resulta de la diferencia de multiplicar el número de inscritos 301.594 por $23.557.00,
lo que arroja la suma de $7.104.649.858,00 menos el valor inicialmente previsto de
$6.003.484.905.00 […]”.

6.4.1.10. Está demostrado que el 29 de agosto de 201364 el ICFES presentó el
informe de aplicación de pruebas del concurso ingreso docentes.

6.4.1.11. Se acreditó que mediante Resolución del 30 de agosto de 2013 65 el
Instituto ordenó la apertura de una actuación administrativa de oficio por presuntas
irregularidades en la Prueba de Aptitudes, Competencias Básicas y Psicotécnica
efectuada el 28 de julio de 2013. Dicha Resolución fue notificada y las partes
tuvieron la oportunidad de rendir los respectivos descargos.

6.4.1.12 Consta que, en oficio del supervisor del contrato fechado el 25 de
septiembre de 2013, se informó que el nivel de cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del ICFES era de un 80% en el primer componente y del 0%
del 2º componente, anotando que el 20% que resta por ejecutar del primer
componente correspondía a la publicación de resultados.

Con relación a las actuaciones administrativas

6.4.1.13. Quedó probado que el 15 de octubre de 2013, el Instituto profirió auto de
apertura de averiguación preliminar a las personas que no presentaron documento

64 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
65 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.

45

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

de identidad idóneo al momento de la aplicación de la prueba de aptitudes,
competencias básicas y psicotécnica66.

6.4.1.14. Consta en el plenario que el 30 de octubre de 2013 el ICFES, mediante
auto de apertura, dio inicio a la averiguación preliminar de presuntas irregularidades
por posible fraude o copia en la prueba de aptitudes, competencias básicas y
psicotécnica67.

6.4.1.15. Se acreditó que el 20 de noviembre de 2013 el ICFES ordenó el archivo
de las 1197 diligencias iniciadas por presunta suplantación de identidades68.

6.4.1.16. Está demostrado que mediante Resolución No. 630 del 20 de noviembre
de 201369 se inició de oficio una actuación administrativa para responder a las
reclamaciones recibidas con ocasión de la publicación de los resultados de las
pruebas aplicadas por el Instituto el 28 de julio de 2013, en desarrollo del Concurso
de Méritos para ingreso de docentes y directivos docentes – Población Mayoritaria
(Convocatorias Nos. 136 a 249 de 2012 y 253 y 254 de 2013).

6.4.1.17. Se probó que, mediante auto del 25 de noviembre de 201370, el ICFES
aceptó los descargos presentados por las personas que fueron notificadas de la
Resolución del 30 de agosto de 2013.

6.4.1.18. Quedó establecido que la Comisión analizó la posibilidad de una prórroga
para la atención de actuaciones administrativas durante parte del año 2014, el
avance de las actividades correspondientes a los dos componentes objeto del
contrato y el estado de los pagos a favor del contratista, tal como consta en nota
interna del 26 de noviembre de 2013, de cuyo contenido se destaca:

“(…)
Ante el planteamiento de una posible prórroga para la atención de actuaciones
administrativas durante parte del año 2014, el Comisionado José Elías Acosta R.,
nos ha indicado que, atendiendo lo dispuesto en el parágrafo 3° de la cláusula quinta
del contrato, su Despacho asumirá el conocimiento, trámite y decisión de todas las
actuaciones administrativas que no se hubiesen culminado antes del 27 de

66 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
67 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
68 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
69 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
70 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.

46

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

diciembre de 2013, en el estado en que se encontrasen, hecho en el que justifica su
decisión de no solicitar la aprobación de vigencias futuras para el efecto.

(…)

2. La ejecución del contrato comprende dos componentes.

Respecto del primero, se ha cancelado el primer pago correspondiente al 20% del
valor de este componente una vez se culminó el proceso de registro y citación de
los aspirantes. En días próximos se aspira a efectuar el segundo pago,
correspondiente al 60% del valor del componente, por concepto de aplicación de
pruebas, teniendo en cuenta que la última prueba aplicada, fue del 27 de octubre de
2013 y que la cuenta de cobro se encuentra en preparación, según se nos ha
indicado. Quedará así pues pendiente un tercer pago, correspondiente al 20% con
ocasión de la publicación de resultados, etapa esta que está programada a
realizarse el 16 de diciembre de 2013, según el cronograma previsto.

En relación con el segundo componente, se estipularon cinco pagos, el primero de
ellos, correspondiente a la atención de reclamaciones del proceso logístico de
registro y citación, respecto del cual se aspira que en próximos días se allegue la
cuenta de cobro respectiva. El balance de reclamaciones y tutelas por esta etapa es
el siguiente: 4 tutelas y 708 reclamaciones tipo con respuesta individual, lo cual
ascendería a trece millones trescientos nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos
($13.309.852.00)

Es de precisar que inicialmente las reclamaciones se estimaron en un número mayor
(997), pero con ocasión a las verificaciones de la supervisión, se aminoró la
cantidad.

Un segundo pago de este componente se origina por atención de reclamaciones del
proceso de aplicación, etapa que para población mayoritaria iría desde el 28 de julio
hasta el 29 de octubre de 2013, teniendo en cuenta que el 30 de octubre se
publicaron los resultados respectivos. Para población minoritaria la etapa de
reclamaciones por el proceso de aplicación se origina a partir del 28 de julio hasta
el 1° de diciembre de 2013, teniendo en cuenta que el 2 de diciembre se publicarán
los resultados. De lo anterior se deduce que aún no se ha cerrado completamente
el término para hacer el respectivo balance y pago, no obstante, se prevé que este
se puede hacer dentro del plazo de ejecución del contrato, si no se presenta
novedad.

El tercer pago corresponde a la atención de reclamaciones del proceso de
publicación y reclamación de resultados (30 de octubre para mayoritarios y 2 de
diciembre para minoritarios), el cuarto pago, contra entrega de un balance de
reclamaciones atendidas dentro de los treinta días siguientes a la etapa de
publicación y reclamación de resultados y un quinto pago contra entrega de un
balance final, recibido a satisfacción por la CNSC y por concepto de reclamaciones.

Cabe precisar que, como quiera que el cuarto pago corresponde a un balance de
reclamaciones atendidas dentro de los treinta días siguientes a la publicación y
reclamación (cinco días después de la publicación — esto es del 3 al 9 de diciembre
de 2013), si se acogieran los treinta días el plazo del contrato se extendería hasta
el 9 de enero de 2014. Por lo tanto, deben aclararse las medidas a tomar para
finiquitar este pago dentro del presente año. Dicho criterio también debería entonces
aplicarse al último pago”.

47

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

6.4.1.19. Se probó que el 2 de diciembre de 2013, el ICFES dio apertura a la
averiguación preliminar por hechos relacionados con presuntas irregularidades por
posible fraude por copia en la prueba de aptitudes, competencias básicas y
psicotécnicas71.

6.4.1.20. Se acreditó que el ICFES, mediante Resolución del 3 de diciembre de
201372, ordenó la apertura de una actuación administrativa de oficio por presuntas
irregularidades en la Prueba de Aptitudes, Competencias Básicas y Psicotécnica
efectuada el 28 de julio de 2013 dentro del concurso de méritos para proveer los
empleos de directivos docentes y docentes.

6.4.1.21. Consta en el proceso que, mediante correo electrónico del 3 de diciembre
de 2013, la supervisora del contrato interadministrativo le informó al Instituto que a
partir del 4 de diciembre de 2013 no se daría apertura a nuevas actuaciones
administrativas con ocasión del proceso de aplicación de las pruebas escritas a
cargo del ICFES en virtud del contrato, teniendo en cuenta que las actuaciones
administrativas que no finalicen al 27 de diciembre del año en curso serán asumidas
por el Despacho del Comisionado a cargo, conforme a lo establecido en el contrato
interadministrativo. Por lo anterior, indicó que resultaba necesario proceder a
efectuar un balance formal de las actuaciones administrativas en curso a fin de
establecer un protocolo para la entrega de las bases de datos y los soportes
pertinentes.

6.4.1.22. Consta que el 11 de diciembre de 201373 la Comisión le manifestó al
ICFES la decisión de reasumir la competencia para la atención y trámite de las
actuaciones administrativas que no se hubieran finalizado a la terminación de la
ejecución del contrato, vale decir, al 27 de diciembre de 2013. Al respecto afirmó:

“En mi calidad de Gerente de las Convocatorias Docentes y Directivos Docentes
2012-2013 y de acuerdo a la decisión tomada por este Despacho e informada en
sesión de Comisión del pasado jueves 28 de noviembre de 2013, le comunico que
la competencia para la atención y trámite de las actuaciones administrativas
generadas con ocasión de la aplicación por parte del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación - ICFES de las pruebas escritas de las mencionadas
convocatorias, que no hayan culminado a la fecha de finalización del término de

71 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
72 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
73 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.

48

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

ejecución del contrato, esto es, al 27 de diciembre de 2013, será reasumida por esta
Comisión a través de mi Despacho, a partir del 28 de diciembre de 2013.

Por tal motivo es necesario que, a más tardar, el día 20 de diciembre de 2013, se
haga entrega oficial de los antecedentes, expedientes y demás diligencias jurídicas
o administrativas, que hagan parte de las actuaciones administrativas iniciadas por
el ICFES o que se encuentran en etapa previa a la apertura, precisando que, la
entrega se llevará a cabo mediante acta suscrita entre la supervisión de la CNSC y
la persona delegada por el ICFES, y que la Comisión Nacional del Servicio Civil
conforme a lo dispuesto en el contrato interadministrativo, no reconocerá pago de
actuación administrativa alguna, como quiera que ninguna se finaliza antes de la
fecha de terminación del plazo del contrato.

De igual manera se recalca que, conforme a lo dispuesto en el Parágrafo 3° de la
Cláusula 6 del Contrato Interadministrativo 165 de 2013, respecto a las actuaciones
administrativas reasumidas por este Despacho, el ICFES continuará comprometido
a brindar la información que le sea requerida y las demás intervenciones que se
necesiten en virtud del principio de solidaridad. Bajo ese mismo principio, cuando de
los resultados de las actuaciones administrativas adelantadas por parte de esta
Comisión, se genere o modifique una situación jurídica de un participante, el ICFES
deberá asumir las gestiones necesarias para el efecto.” (subrayado fuera del texto)

6.4.1.23. Está establecido que el 18 de diciembre de 2013 el ICFES suspendió los
términos para adelantar diligencias dentro de las actuaciones administrativas
iniciadas con ocasión de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y
psicotécnicas74.

6.4.1.24. Acreditado quedó que el 23 de diciembre de 2013, el Instituto realizó la
entrega efectiva a la Comisión de las acciones adelantadas durante la ejecución del
contrato interadministrativo No. 165 de 2013, tal como consta en la respectiva acta
suscrita por ambas partes, en la que relacionó las actividades adelantadas respecto
del segundo componente del contrato, a saber75:

TIPOLOGÍA DE ESTADO
DILIGENCIAS ADELANTADAS FECHA VINCULADOS
FRAUDE ACTUACIÓN

Pendiente
AUTO AVERIGUACIÓN proyectar Auto
PRELIMINAR (FIJA PLAZO HASTA EL 30/10/2013 de Archivo de
COPIA 2 - AZ 2/12/13, PARA REALIZAR MAYORITARIO 2706 La Averiguación
DEPURACIÓN DE LA S preliminar a
INFORMACIÓN favor de 1452
examinandos y

74 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
75 Fls. 115 a 118, C.2.

49

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

proyectar
COMUNICACIÓN DE LA resolución de
19/11/2013
AVERIGUACIÓN PRELIMINAR Apertura de La
Actuación en
AUTO PRORROGA HASTA EL contra de 1254
6/12/13, TÉRMINO PARA LA 2/12/2013 examinandos.
DEPURACIÓN

DETECCIÓN DE LA INFRACCIÓN
(CONTROL POSTERIOR - AG/SEP/OCT/2
APLICATIVO DETECCION COPIA 013
ICFES)

DEPURACIÓN DE LA DETECCIÓN
11/12/2013
DE COPIA, EXCLUYÓ 1254

AUTO DE SUSPENSIÓN DE
18/12/2013
TÉRMINOS

AUTO AVERIGUACIÓN
PRELIMINAR (FIJA PLAZO HASTA EL
02/12/2013
2/12/13, PARA REALIZAR
AFRO
DEPURACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN DE LA
5/12/2013
AVERIGUACIÓN PRELIMINAR

AUTO DE SUSPENSIÓN DE
18/12/2013
TÉRMINOS

REPORTE ANULACIÓN 02-05/08/2013

DETECCIÓN FRAUDE (EN EL SITIO) 28/06/2013

DENUNCIA 23/08/2013
PETICIÓN 31/07/2013 Pendiente
proyectar
RESOLUCIÓN APERTURA 000482 Resolución de
COPIA/SOPLETES 1 - ACTUACIÓN SANCIONATORIA 30/08/2013 27 Archivo o
AZ
sanción de
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN Actuación
5/09/2013 administrativa
PERSONAL

NOTIFICACIÓN POR AVISO 16/09/2013

DEVOLUCIONES DE
CORRESPONDENCIA

PETICIONES

50

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

DESCARGOS

AUTO DE PRUEBAS 2/12/2013

NOTIFICACION POR ESTADO AUTO
4/12/2013
DE PRUEBAS

AUTO DE SUSPENSIÓN DE
18/12/2013
TÉRMINOS

CD
30/07/2013 -
SOLICITUD DE LOS ANULADOS
05/08/2013
DETECCION INFRACCION (EN EL
28/06/2013
SITIO)

REPORTE ANULACIÓN 2/08/2013

RESOLUCIÓN APERTURA 00481/AG/30/
ACTUACIÓN SANCIONATORIA 2013

OFICIO NOTIFICACIÓN PERSONAL 2/09/2013

NOTIFICACIÓN INICIO ACTUACION 2/09/2013

NOTIFICACIÓN POR AVISO 30/09/2013 Pendiente
proyectar
DE 03/09/2013 Resolución de
RECEPCIÓN DESCARGOS
A 23/09/2013 Archivo o
INGRESO Y sanción de
MANIPULACION AUTO APERTURA PRUEBAS 25/11/2013 Actuación
47
CELULARES EN EL administrativa
SITIO 2 - AZ NOTIFICACIÓN POR ESTADO AUTO Pendiente
26/11/2013
APERTURA A PRUEBAS notificar
resolución de
apertura de
AUTO CIERRE ETAPA PROBATORIA 2/12/2013
investigación

NOTIFICACIÓN POR ESTADO AUTO
4/12/2013
CIERRA

AUTO SUSPENDE TÉRMINOS 18/12/2013

DETECCION INFRACCION (EN EL
28/06/2013
SITIO)

RESOLUCIÓN APERTURA 00696/DC/03/
ACTUACIÓN SANCIONATORIA 2013

OFICIO NOTIFICACIÓN PERSONAL 3/12/2013

AUTO SUSPENDE TÉRMINOS 18/12/2013

CD

51

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

INFORME INFRACCIÓN/ACTAS DE
28/11/2013
ANULACIÓN
2/12/2013 -
RESOLUCION DE APERTURA
00694
956662, 95663 Pendiente
Y 95664 DEL 05 recepción de
CITACICION PARA NOTIFICACION
DE DICIEMBRE descargos y
FRAUDE / DEL 2013 proyectar la
SUPLANTACIÓN 1 - 4
resolución que
AZ DILIGENCIA NOTIFICACION
13/12/2013 finaliza la
PERSONAL actuación
administrativa
DILIGENCIA DE NOTIFICACION POR
AVISO RESOLUCION DE APERTURA 6/12/2013
DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

AUTO SUSPENDE TÉRMINOS 18/12/2013

COMUNICACIÓN INTERNA 16/08/2013

APERTURA DE AVERIGUACIÓN
15/10/2013
PRELIMINAR

COMUNICACIÓN DE
23/10/2013
AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
AVERIGUACIÓN
PRELIMINAR
POSIBLE AUTO DE ARCHIVO 20/11/2013 1197
SUPLANTACIÓN DE
PERSONAS 5 - AZ COMUNICACIÓN DE ARCHIVO 22/11/2013

COTEJOS, ACTAS PARA
EXAMINANDO Q NO ENTREGARON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
VALIDAS

CD
DERECHOS DE RESPUESTA DERECHOS DE
56
PETICIÓN PETICION

6.4.1.25. Está acreditado que el 24 de diciembre de 201376 la supervisión de la
CNSC recibió a satisfacción el informe final de la ejecución del contrato
interadministrativo No. 165 de 2013.

76 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.

52

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

6.4.1.26. Se probó que el 26 de diciembre de 201377 el ICFES dio respuesta a la
comunicación de la Comisión en la que le informó que reasumiría la competencia y
que no se realizaría pago alguno por la atención de actuaciones administrativas,
dado que ninguna había culminado. En dicho oficio el Instituto manifestó su
inconformidad con tal decisión y, al respecto, concluyó:

“(…)
• El contrato 165 termina por la voluntad de la CNSC, de no prorrogar su plazo y es
ésta la circunstancia que motiva el hecho de reasumir las funciones delegadas a
esta entidad.
• Ni el contrato, ni la Oferta de servicios presentada por el ICFES a la CNSC,
condicionaron el reconocimiento y pago de las tarifas convenidas por la realización
de las actuaciones administrativas sancionatorias, a su finalización durante el
término de vigencia del contrato, como se afirma en su escrito.
• Desconocer la gestión adelantada por el ICFES al respecto, resulta a todas luces
inequitativo, trayendo como consecuencia necesaria el rompimiento del equilibrio
contractual, argumento más que suficiente para solicitar formalmente a la CNSC el
reconocimiento y pago de todos y cada uno de los valores causados por concepto
del servicio prestado en virtud de la delegación conferida para adelantar actuaciones
administrativas en los casos de fraude en la proporción correspondiente desde su
inicio hasta la fecha de su entrega.”

6.4.1.27. Probado quedó que el 4 de febrero de 201478 la Comisión dio respuesta al
ICFES, indicando que las afirmaciones del oficio anterior se encontraban alejadas
del texto contractual. En efecto, expuso:

“1. El contrato No. 165 de 2013 establece el reconocimiento y pago de las
tarifas por reclamaciones (actuaciones administrativas, reclamaciones tipo y
no tipo) de manera unitaria y condicionada a su culminación.
2. Reconocer, por fuera de los términos establecidos en el contrato, un pago por
actuaciones administrativas no resueltas o actividades contractuales que no son
actuaciones administrativas, implicaría un desequilibrio económico para la CNSC y
un detrimento patrimonial al Estado.
3. Resulta totalmente infundada la proposición consistente en que se reconozca y
pague proporcionalmente unos ítems, que además de no estar acreditados, se
encuentran sobredimensionados en la medida en que se pretende que por cada uno
(1) de los aspirantes incluidos dentro de una (1) actividad o actuación inconclusa, se
cancele el valor fijado unilateralmente para una (1) actuación.
4. La Comisión Nacional del Servicio Civil no tiene información que permita
establecer que existen reclamaciones o actuaciones administrativas originadas con
ocasión del contrato No. 165 de 2013 pendientes por pagar, toda vez que las
cuentas radicadas por el ICFES fueron debidamente atendidas en su oportunidad”.
(énfasis añadido)

77 Fl. 119 a 122, C.2.
78 Fls. 123 a 126, C.2.

53

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

6.4.1.28. La anterior comunicación fue reiterada por la CNSC en oficio del 9 de abril
de 201479, en donde, además, le indicó al ICFES lo siguiente:

(…) “centra sus reclamaciones en circunstancias de conveniencia e interés para la
entidad; no esgrime soportes ni fundamentos de carácter fáctico, contable, legal o
administrativo soportados en el contrato, solo construye su teoría de parte
contractual, en una abstracta generalidad de afectación, bajo supuestos que no
permiten por sí solos que la CNSC reconozca lo reclamado, pues ello implica obrar
por fuera de las estipulaciones y condiciones contractuales.

(…)

Es claro a la luz el contrato que la mera iniciación de la gestión por parte del ICFES,
no es fundamento suficiente e idóneo para el pago de las actuaciones
administrativas, cuando claramente se definió entre las partes que su
reconocimiento estaba sujeto a dos presupuestos:

• Que las mismas sean resueltas de fondo.
• Que se acreditarán ante la CNSC en desarrollo de la etapa de ejecución
contractual, hechos (sic) este último que ya se presentó”.

6.4.1.29. Se probó que el 6 de marzo de 201480, el ICFES presentó el informe final
del contrato interadministrativo No. 165 de 2013, en el que manifestó haber dado
cumplimiento efectivo de cada una de las obligaciones contraídas. En lo atinente a
las actuaciones administrativas sancionatorias, expuso lo siguiente:

“19. Por delegación de la CNSC, a través del contrato interadministrativo, el
ICFES adelantará, cuando a ello hubiere lugar, actuaciones administrativas
por posibles fraudes por copia o intento de copia, sustracción de materiales
de prueba o intento de sustracción de materiales de prueba suplantación o
intento de suplantación, entre otros casos ocurridos, antes, durante o después
de la aplicación de las pruebas, o durante la lectura de las hojas de respuesta
o en desarrollo del procesamiento de resultados. El resultado de las
actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de
los aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. Se entiende por
actuación administrativa a efectos del presente contrato, aquellas
intervenciones realizadas por el ICFES en virtud a la delegación conferida por
el presente contrato y en relación con las hipótesis antes descritas, siempre y
cuando garanticen el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción;
en consonancia con los señalado en el CPA y CA y la resolución interna 00187
de 2013.

En desarrollo del segundo componente del contrato interadministrativo 165 de 2013,
y dentro del plazo contractual estipulado, el ICFES atendió un total de 3981
actuaciones administrativas por posibles fraudes por copia, suplantación, ingreso de
elementos prohibidos, antes, durante y después de la aplicación de las pruebas,
discriminadas así:

79 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
80 Fls. 140 a 150, C.2.

54

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

BALANCE GENERAL ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
TIPOLOGÍA VINCULADOS ESTADO ACTUACIONES
COPIA 2706 Pendiente de Decisión en etapa de la
Actuación Adtva.
COPIA/SOPLETES 27 Pendiente de Decisión en etapa de la
Actuación Adtva.
INGRESO Y MANIPULACIÓN DE 47 Pendiente de Decisión en etapa de la
ELEMENTOS PROHIBIDOS Actuación Adtva.
FRAUDE/SUPLANTACIÓN 4 Pendiente de Decisión en etapa de la
Actuación Adtva.
SUB TOTAL 2784 Actuaciones Administrativas fueron iniciadas por el ICFES y
luego entregadas a la CNSC, a su solicitud, el 23 de diciembre de
2013, según consta en acta del 23 de diciembre de 2013.
FRAUDE/SUPLANTACIÓN 1197 Actuaciones Administrativas finales fueron finalizadas por el
ICFES. Según consta en acta del 23 de diciembre de 2013.

Nota 1. El detalle de la información correspondiente se encuentra en los informes
parciales entregados por el ICFES, y en Acta de Entrega de fecha 23 de Diciembre
de 2013.

Nota 2. Se encuentra pendiente de pago por parte de la CNSC, la suma de
$463.199.496, por los anteriores conceptos mencionados, según factura 659.”
(énfasis añadido)

6.4.1.30. Consta que el 6 de marzo de 201481, la Comisión devolvió la factura No.
659, al considerar que “el cobro que se pretende realizar mediante este instrumento
jurídico y comercial, se encuentra por fuera de lo pactado en el Contrato
Interadministrativo No. 165 de 2013, en la medida en que como se reiteró mediante
oficio No. Radicado 2-2013-57451 de fecha 4 de febrero de 2014, las actuaciones
administrativas que serían objeto de reconocimiento, corresponden a aquellas que
fueron resueltas de fondo en la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en
la cláusula cuarta del mencionado pacto, al referirse al segundo componente (…).”

6.4.1.31. Se acreditó la realización de diferentes reuniones a lo largo del año 2014
con el fin de liquidar el contrato interadministrativo No. 165 de 2013 de común
acuerdo82, así como la elaboración de borradores de acta de liquidación y acuerdos
parciales83. Lo anterior, según consta en comunicación del 17 de junio de 2014
enviada por la CNSC al ICFES fijando fecha para reunión de liquidación bilateral,
copia de varias actas de reuniones llevadas a cabo y distintos borradores de balance
de cuentas, entre otros documentos que militan en el proceso.

81 Fl. 153 a 154, C.2.
82 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
83 Fl. 165 a 217, C.2.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

6.4.1.32. Está demostrado que la CNSC pagó al Instituto, en desarrollo del contrato
interadministrativo No. 165 de 2013, la suma total de $7.314.753. Lo anterior, según
consta en certificación suscrita por la directora de apoyo corporativo de la CNSC,
fechada el 4 de octubre de 201684, a la que se anexa estado financiero del contrato
firmado por Rafael Ignacio Cobos Triana, técnico administrativo de presupuesto de
la Dirección de apoyo corporativo de la entidad en el que se relacionan las
correspondientes órdenes de pago y el concepto por el que se realizó cada una. Al
respecto, además reposan en el expediente los siguientes documentos:

(i) Orden de pago No. 2054 del 29 de octubre de 2013, correspondiente
al primer pago del 20% del primer componente por valor de
$1.401.451.885.4285, con su correspondiente acta de recibido a
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y la factura de venta
presentada por el ICFES.
(ii) Orden de pago No. 2431 del 11 de diciembre de 2013,
correspondiente al segundo pago del 60% del primer componente por
valor de $4.262.747.512.2086, con su correspondiente acta de recibido
a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y la factura de
venta presentada por el ICFES.
(iii) Orden de pago No. 2592 del 19 de diciembre de 2013,
correspondiente al primer pago del segundo componente por valor de
$13.309.85287, con su correspondiente acta de recibido a satisfacción
suscrita por el supervisor del contrato y la factura de venta presentada
por el ICFES.
(iv) Orden de pago No. 2636 del 20 de diciembre de 2013,
correspondiente al último pago del 20% del primer componente por
valor de $1.420.915.837.4088, con su correspondiente acta de recibido
a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y la factura de
venta presentada por el ICFES.

84 Fl. 137 y 138, C.1
85 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
86 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
87 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
88 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

(v) Orden de pago No. 2657 del 24 de diciembre de 2013,
correspondiente al tercer corte del segundo componente por valor de
$196.864.34689, con su correspondiente acta de recibido a
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y la factura de venta
presentada por el ICFES.

6.4.1.33. Quedó establecido que mediante comunicación del 26 de diciembre de
201490 dirigida al ICFES, la CNSC señaló que el saldo total adeudado a favor del
Instituto asciende a $14.730.920, que detalló así:

NOMBRE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Actuación 1 $135.272 $135.272
administrativa
Acciones de tutela 30 $449.797 $13.493.910
Derechos de 66 $16.693 $1.101.738
petición
VALOR TOTAL DE $14.730.920
SALDO
PENDIENTE

6.4.2. Pruebas adicionales

En adición a los documentos que dan cuenta de los hechos probados que han
quedado expuestos, al proceso fue allegada copiosa prueba documental relativa a
las actividades adelantadas por el Instituto en ejecución del contrato
interadministrativo No. 165 de 2013, tales como: a) balance de reclamaciones y
tutelas atendidas correspondiente al primer corte del segundo componente, con sus
respectivos anexos; b) actuaciones administrativas por suplantación mediante 1197
actas que demuestran la inexistencia de un documento válido; c) actas de anulación
de la prueba por el porte de aparatos prohibidos; c) reclamaciones de los docentes
por la apertura de averiguación preliminar y por los resultados del concurso de
docentes y directivos docentes 2013; d) actas de examinados que no presentaron
documentos de identidad válidos91; e) factura de venta No. 649 del 12 de diciembre
de 2013, correspondiente al primer pago del segundo componente por valor de
$13.309.852,0092; f) factura de venta No. 651 del 18 de diciembre de 2013,

89 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
90 Fl. 208, C.2.
91 DVD – “Antecedentes Administrativos”, C.3.
92 Fl. 108 a 109, C.2.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

correspondiente al tercer y último pago del primer componente por valor de
$1.420.915.831,4093; y g) factura de venta No. 652 del 20 de diciembre de 2013,
correspondiente al tercer pago del segundo componente por valor de
$196.864.346,0094.

6.5. Solución al caso concreto

En su recurso de apelación el ICFES aduce que la demandada incumplió el contrato
interadministrativo, toda vez que la Comisión, por un lado, reasumió las actuaciones
administrativas sancionatorias antes de vencido el plazo de ejecución y, por el otro,
no reconoció el pago de las actuaciones administrativas sancionatorias que fueron
adelantadas por el ICFES durante el plazo del contrato, todas las cuales deben ser
canceladas aun cuando no hubieren culminado con decisión de fondo.

En este orden, la Sala procederá a establecer si, como lo afirma el recurrente, la
Comisión no podía reasumir la competencia delegada antes de que expirara el
término de vigencia del contrato, que comprendía 8 meses adicionales al plazo de
ejecución pactado o si, por el contrario, podía retomar las funciones que delegó
antes del vencimiento de dicho lapso, tal como en efecto ocurrió. De igual modo,
es menester determinar si, a la luz de lo acordado entre las partes, la Comisión
estaba obligada al pago de las actuaciones administrativas (las cuales estaban
comprendidas dentro de la denominada “atención de las reclamaciones”), que
hubiere iniciado el ICFES con ocasión de posibles fraudes en las pruebas
independientemente del estado en el que se encontraban al momento en que la
CNSC reasumió sus facultades o si, por el contrario, la obligación de pago a cargo
de la contratante se encontraba condicionada a que el Instituto culminara las
actuaciones administrativas mediante decisión de fondo y acreditara su realización
dentro del periodo de ejecución de las obligaciones asumidas por las partes.

Así las cosas, para la solución de la presente controversia corresponde al juez del
contrato determinar si se reúnen los elementos propios de la responsabilidad
contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o
tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido.

93 Fl. 110 a 11, C.2.
94 Fl. 112 a 114, C.2.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

El artículo 90 de la Constitución Política de 199195 consagra un régimen único de
responsabilidad del Estado que se proyecta en el campo extracontractual y
contractual y que supone la confluencia de dos elementos claramente diferenciados,
a saber: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho96, que contraría el orden legal97 o que está desprovista de una
causa que la justifique98. La imputación, por su parte, no es otra cosa que la
atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado. Verificada
la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de
indemnizarlo plenamente, cualquiera que sea el régimen de responsabilidad de que
se trate.

Conviene recordar que la responsabilidad contractual del Estado se fundamenta, en
primer lugar, en la fuerza vinculante del negocio jurídico celebrado entre las partes
–pacta sunt servanda–99, expresamente reconocida en el artículo 1602 del Código
Civil que le confiere al negocio jurídico efectos de ley entre los contratantes, sobre
la base de reconocer el poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus
propias reglas de conducta, y, en segundo lugar, en la buena fe, que en el marco

95 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
96 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
97 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
98 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867
99 Este principio, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones

contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente
primaria de derechos y obligaciones. Como enseña la doctrina:
“(…) las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato de acuerdo con su tenor, en
su conjunto y en cada una de sus cláusulas.
(…) En el fondo, en la observancia del contrato y en la ejecución, reside el resultado práctico del
contrato; es el resultado para cuya consecución se estipuló este. Y que el contrato deba ser
observado, es decir, que las partes cumplan con lo que se estableció en él, es un principio que deriva
de aquel (de orden ético) del respeto a la palabra dada y de la consideración de que (aún
prescindiendo del hecho de que el contrato es por lo común de prestaciones recíprocas y que, por
consiguiente, la observancia por uno de los contratantes es el presupuesto de la observancia por el
otro) el contrato suscita legítimas expectativas en cada uno de los contratantes; expectativas que no
deben ser defraudadas…” Messineo, Francisco: Doctrina general del contrato. EJEA: Buenos Aires.
1952, p. 143 y ss.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

contractual se encuentra consagrada en los artículos 1603 ejusdem y 871 del
Código de Comercio, en virtud de los cuales los contratos deben ser ejecutados de
buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se pacta
expresamente, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la obligación o que por ley le pertenecen a ella sin necesidad de cláusula
especial, armonizados, por supuesto, con los principios y reglas del derecho
administrativo, tales como los de reciprocidad de las prestaciones y prevalencia del
interés público, entre otros100.

En este orden, para que opere la responsabilidad contractual del Estado, se
requiere: i) la existencia de un daño antijurídico, consistente en la lesión del derecho
de crédito que emana del contrato como fuente de obligaciones y que confiere a las
partes la facultad de exigir el cumplimiento de las prestaciones pactadas; y ii) la
imputación del daño a la entidad contratante, la cual tiene lugar cuando se presenta
un incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del negocio jurídico
celebrado101, bien por la inejecución total de la obligación pactada o su ejecución
defectuosa o tardía, sin que medie una causal de exoneración, de conformidad con
las circunstancias particulares del caso y las condiciones pactadas en el respectivo
negocio jurídico.

Precisamente al analizar la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 80 de
1993102, la Corte Constitucional en la sentencia C-333 de 1996, tras reconocer que
el artículo 90 de la Carta Política constituye la columna en el que se fundamenta la
responsabilidad patrimonial del Estado, tanto contractual como extracontractual,
justamente recordó que en ambos escenarios se requieren las dos condiciones
mencionadas para que opere la responsabilidad del Estado.

En efecto, sobre el particular la sentencia sostuvo:

“Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya
que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los

100 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001 y Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 22 de julio de 2009, Ra.:17552.
101 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad.:18499.
102 "Artículo 50. -De la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades responderán por

las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que
causen perjuicio a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial
que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir
por el contratista"

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente
establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un
daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad
pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo
extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no
considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción
de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para
esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de
responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la
responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad
precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa
precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de
carácter contractual.

“La Corte Constitucional coincide entonces con los criterios desarrollados por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, juez especializado en este campo. En efecto,
según esa Corporación, los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en
materia de responsabilidad del Estado han recibido una expresión constitucional firme
en el artículo 90, que representa entonces "la consagración de un principio
constitucional constitutivo de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del
Estado, tanto la de naturaleza contractual como la extracontractual"103. Por ello ha
dicho esa misma Corporación que ese artículo 90 "es el tronco en el que encuentra
fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátese de la
responsabilidad contractual o de la extracontractual

Lo anterior obviamente no significa que los títulos y regímenes de responsabilidad
patrimonial del Estado sean idénticos en todos los campos y en todas las situaciones,
puesto que en la actual práctica jurisprudencial siguen existiendo regímenes
diferenciados.”104 (subrayado fuera del texto)

A su turno, en sentencia C-892 de 2001 la Corte Constitucional se refirió
nuevamente al alcance del citado artículo constitucional en el escenario del contrato
estatal, oportunidad en la que reiteró las conclusiones de la sentencia C-333 de
1996, en el sentido de señalar que la norma constitucional no consagra un criterio
restringido de responsabilidad, circunscrito al ámbito extracontractual, sino que, por
el contrario, establece una cláusula general de responsabilidad, indicando que la
noción de daño antijurídico subsume los distintos tipos de responsabilidad -
extracontractual, precontractual y contractual-, sin que ello signifique dejar de lado
las particularidades atinentes a la manera como cada una se estructura y las
diferencias conceptuales que ciertamente se presentan en torno a los distintos
ámbitos de aplicación de la responsabilidad patrimonial del Estado105. Además, en

103 Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de
mayo de 1995.
104 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.
105 Es así como, la sentencia C-892 de 2001 indicó: “A propósito de ello, este alto Tribunal,
coincidiendo con la línea doctrinal elaborada por el Consejo de Estado, en la Sentencia C-333 de
1996, se pronunció sobre el verdadero alcance de esta norma, aclarando que la misma, al margen
de establecer el imperativo jurídico de la responsabilidad estatal, consagra también un régimen único

61

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

punto a la responsabilidad contractual del Estado, enfatizó en que para que el daño
antijurídico atribuido a la entidad contratante sea indemnizable se requiere que “éste
sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la
Administración; o, en otras palabras, desde una perspectiva negativa, que el daño
sufrido por la víctima no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible
a su conducta negligente”106, a propósito de lo cual se refirió a los distintos criterios
de imputación aplicables a la responsabilidad contractual.

Como se observa, en tratándose de responsabilidad contractual de la
Administración, así como también en el campo de la responsabilidad
extracontractual del Estado, la existencia de un daño antijurídico y su imputación
son elementos claramente diferenciados, cuya confluencia origina la obligación
reparatoria.

Ahora bien, atendiendo a las particularidades de la responsabilidad contractual, vale
decir, la que se deriva del incumplimiento o del cumplimiento tardío o defectuoso de
las obligaciones asumidas por los contratantes, por cuya virtud la parte incumplida
debe responder por los perjuicios que le ocasione a su cocontratante por la falta o
falla en la prestación debida, además de la existencia y validez del contrato
celebrado entre las partes, debe encontrarse establecido el incumplimiento total o

de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños
antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos y, por tanto, se
proyecta indistintamente en el ámbito extracontractual, precontractual y contractual. En este sentido,
no se consagra en el artículo 90 de la Carta un criterio restringido de responsabilidad como se pudo
interpretar en algunos círculos, circunscrito tan solo al campo extracontractual, pues, según lo
expresado, de lo que se encarga su texto es de fijar el fundamento de principio en el que confluyen
todos los regímenes tradicionales de responsabilidad estatal -contractual, precontractual y
extracontractual-.
[…]
No obstante lo dicho, debe aclararse, tal y como lo hizo la citada providencia, que la existencia de
un régimen unificado en ningún caso borra las diferencias conceptuales que se registran en torno a
los distintos ámbitos de aplicación de la responsabilidad patrimonial del Estado. En realidad, la
pretensión constitucional se limita a subsumir bajo el concepto de daño antijurídico los distintos tipos
de responsabilidad -extracontractual, precontractual y contractual-, dejando a salvo la manera como
cada una se estructura, se configura y se materializa dentro del campo del derecho público. […]”.
106 Ibidem.

62

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

el cumplimiento defectuoso o tardío de la obligación, la causación de un perjuicio y
el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño107-108.

Como es bien sabido, los contratos se celebran para ser cumplidos al tenor de lo
estipulado. Como consecuencia del carácter vinculante del negocio jurídico, las
partes se encuentran obligadas a ejecutar sus prestaciones en forma íntegra,
efectiva y oportuna, de tal manera que su inobservancia, por falta de ejecución o
ejecución tardía o defectuosa, origina la obligación de reparar los perjuicios
causados, responsabilidad que sólo admite exoneración, en principio, por fuerza
mayor, hecho de un tercero o culpa del cocontratante, según el caso y de
conformidad con las condiciones estipuladas en la convención109. Adicionalmente,
en principio es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad
y, dentro de ellos, no solamente el incumplimiento de la obligación a cargo de la
demandada, sino también el perjuicio.

107 Lo expuesto sobre los elementos de la responsabilidad contractual del Estado con apoyo en lo

dispuesto en el citado artículo 90 de la Constitución Nacional, ha sido reiterado por esta Corporación
en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en sentencia proferida el 22 de julio de 2009 la Sala precisó:
“Este marco jurídico, en el ámbito de la responsabilidad de la Administración Pública, regido desde
la altura del inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política, es en buena medida aplicable
a la contratación pública (Códigos Civil y de Comercio, al cual remiten los artículos 13, 32 y 40 de la
Ley 80 de 1993).
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de julio de 2009, Rad.: 17.552.
108 Sobre la responsabilidad contractual y sus elementos, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

[…] Trátese aquí, según puede establecerse, de un proceso de responsabilidad civil contractual,
razón por la cual el acogimiento de la acción depende de la demostración, en primer término, de la
celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y, en segundo lugar, de los
elementos que son propios a aquella, a saber: el incumplimiento de la convención por la persona a
quien se demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; y, finalmente, que entre uno
y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se
persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual reprochada al demandado.
[…]
Si los contratos legalmente celebrados ‘son una ley para los contratantes’ (art. 1602 C.C.) y, por
consiguiente, ‘deben ejecutarse de buena fe’ y ‘obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen
a ella’ (art. 1603 ib.), lógico resulta que su incumplimiento injustificado esté sancionado por la ley
misma y que tal comportamiento, por ende, habilite al contratante inocente para solicitar, por una
parte, se ordene su cumplimiento forzado o se disponga su resolución y, por otra, cuando la
infracción le ha ocasionado un daño, que se le indemnice, reparación que puede reclamar en forma
accesoria a la petición de cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible
[…]
Sobre el particular tiene dicho esta Sala de la Corte: ‘El contrato legalmente celebrado vincula a las
partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las
obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva
el contrato o el pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo
éstos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o
consecuencial (arts. 1546 y 1818 del C.C.), los que se encaminan a proporcionar a la parte cumplida
una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados” (Subrayado fuera del texto original). Sentencia
CSJ Sala de Casación Civil, 9 de marzo de 2001, rad. 5659.
109 Ibidem.

63

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

Con relación a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el
deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que
se presenta: (i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo, al
vencimiento del mismo y (iii) si es condicional, al cumplirse la condición.

Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el
deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la
obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo
permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario
además: (i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya
sufrido perjuicio a consecuencia de tal incumplimiento y (iii) que si la obligación es
positiva, el deudor esté constituido en mora110.

Descendiendo al caso concreto, a la vista de los hechos probados en el caso sub
examine y del derrotero probatorio expuesto, así como también del alcance de los
compromisos acordados por las partes en el contrato interadministrativo No. 165 de
2013, la Sala advierte, por una parte, que la Comisión no incurrió en incumplimiento
de sus obligaciones, al reasumir la competencia delegada antes del término de 8
meses que las partes acordaron llevar a cabo la liquidación bilateral del contrato, dado
que la ley lo facultaba para ello; pero, por otra, tal entidad, a la luz de las estipulaciones
convenidas, sí contravino lo pactado al abstenerse de reconocer el pago de algunas
de las actuaciones administrativas adelantadas en desarrollo de la delegación
conferida al ICFES.

6.5.1. En efecto, en punto al reclamo de incumplimiento fundado en que la Comisión
reasumió en forma “arbitraria” y “anticipada” las actuaciones administrativas
sancionatorias que venía adelantando el ICFES, al haberlas retomado antes del
vencimiento del plazo de ejecución pactado por las partes, a pesar de que dicha
actividad estaba a cargo del ICFES hasta la expiración del plazo de vigencia del
contrato, que comprendía 8 meses adicionales al término de ejecución, es menester
recordar que la figura de la delegación comporta la posibilidad de reasumir las

110 Al respecto, establece el artículo 1615 del Código Civil: “CAUSACION DE PERJUICIOS. Se debe

la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es
de no hacer, desde el momento de la contravención”

64

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

funciones en cualquier momento, tal como lo dispone expresamente el artículo 12
de la Ley 489 de 1998, que reza:

“ARTÍCULO 12.- Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las
autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para
su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los
recursos procedentes contra los actos de ellas.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cuál corresponderá
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier
tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con
sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO.- En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma
expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente
principal”.

Sobre el particular cabe resaltar que, de conformidad con la Constitución Nacional,
la CNSC tiene a su cargo la administración y vigilancia del régimen de carrera
administrativa de los servidores públicos. Aunado a ello, el legislador le encomendó
la exclusiva supervisión de los sistemas de carrera específica. En ejercicio de dicha
competencia, le corresponde elaborar las convocatorias para concurso de méritos
y adelantar el proceso de selección de los empleos adscritos a tal condición, entre
otras funciones.

Por su parte, en el Decreto Ley 760 de 2005, el legislador extraordinario estableció
el procedimiento para desarrollar dichas labores y consagró la posibilidad de que la
Comisión delegue el conocimiento y la decisión de las reclamaciones presentadas
con ocasión del trámite de escogencia. La delegación del conocimiento y decisión
de las reclamaciones presentadas en un proceso de selección, se puede surtir
únicamente con las instituciones señaladas por la ley -Ley 909 de 2004-, dentro de
las que se encuentra el ICFES, y siempre que se trate de solicitudes particulares
que no afecten el concurso en general, tal como lo dispuso la Corte Constitucional
en la Sentencia C-1175 de 2005, en la que se reconoció que la escasa estructura
organizacional creada legalmente para la Comisión Nacional del Servicio
Civil, dificultaba que llevara a cabo directamente todos los procesos de selección.
Por tal motivo, el propio legislador autorizó delegar su realización en entidades
educativas, debido a que por su carácter académico no comprometen la
independencia constitucional de la CNSC. Además, esta Corporación consideró que

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

el traslado de la función concerniente al conocimiento y decisión de las
reclamaciones presentadas durante el desarrollo del concurso debía estipularse
explícitamente en el acto de delegación de la ejecución del proceso111.

Aunado a lo anterior, advirtió que “una cosa son las simples reclamaciones que
surgen en alguna de las etapas delegadas de los procesos de selección, que no
afectan el concurso en sí mismo, porque se trata de asuntos individuales o
particulares, y, otra, muy distinta, cuando la reclamación tiene la connotación de
denuncias o reclamos por irregularidades en el proceso, denuncias que al adquirir
connotaciones de trascendencia, sí pueden afectar la integridad del proceso”112.

La Sentencia C-1175 de 2005 distinguió que en el primer caso referido a
reclamaciones sobre actos particulares que no afectan los ejes del proceso de
selección, “cuando el aspirante no es admitido a un concurso o proceso o cuando
el participante está en desacuerdo con las pruebas aplicadas en los procesos de
selección, y que por tales hechos presentan las reclamaciones respectivas (arts. 12
y 13 del Decreto 760 de 2005)”113, la Comisión puede delegar su conocimiento y
solución en la entidad que desarrolle el proceso, sin perjuicio de lo cual, puede
asumir dicha función en cualquier momento, pues la institución de la delegación es
una excepción de la improrrogabilidad de la competencia que, por lo mismo,
esencialmente es revocable114.

Respecto del segundo evento, consideró que por tratarse de asuntos
intrínsecamente ligados al proceso de selección en sí mismo, como “las quejas
sobre la existencia de errores ostensibles en la valoración de las pruebas, o filtración
del contenido de las mismas, o sospechas de corrupción en el proceso o en sus
resultados, desconocimiento de los lineamientos o instrucciones dados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil a la entidad delegada para el desarrollo del

111 Sentencia C-1175 de 2005.
112 Ibídem.
113 Ibídem.
114 En Sentencia C-1175 de 2005, la Corte consideró sobre el particular: “no obstante que la persona

interesada puede elevar su reclamo bien sea ante la Comisión Nacional del Servicio Civil o ante la
entidad delegada, la Comisión, a su vez, puede resolver si delega o no el conocimiento y la decisión
pertinente en la entidad que realizó el proceso. Además, la Comisión siempre puede reasumir el
conocimiento de lo reclamado, o avocar en segunda instancia el asunto, tal como lo establece el
artículo 12, literales c) y d) de la Ley 909 de 2004”.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

concurso”115, estos hacen parte de la responsabilidad de administración y vigilancia
del sistema de carrera en cabeza de la CNSC, que por su entidad es indelegable116.

Igualmente, manifestó que “siguiendo un orden lógico y sistemático del asunto,
tratándose de los reclamos que se producen con ocasión del propio proceso de
selección, concursos o procesos que a su vez fueron objeto de delegación, el
conocimiento de las reclamaciones puede, también, ser delegado al propio ente con
el que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el contrato o convenio para tal
fin, sin que signifique que la Comisión no puede reasumir su conocimiento en
cualquier momento”117. (énfasis añadido)

Aunado a lo anterior, cabe reiterar que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 establece
la posibilidad de delegar funciones de organismos y entidades administrativos del
orden nacional a través de la celebración de convenios -entendidos en su acepción
general de “acuerdo o pacto”- celebrados entre entidades del orden nacional y
entidades descentralizadas o entidades territoriales en los que se estipula la
delegación temporal de funciones, los cuales estarán sujetos a los requisitos
establecidos en la Ley para los convenios o contratos interadministrativos.

La Corte Constitucional en sentencia C-727 de 2000 examinó la constitucionalidad
de la disposición referida y recalcó que el convenio de delegación no desnaturaliza
la figura de la delegación y mucho menos se opone a la misma, “[…] siempre y
cuando estén presentes los demás elementos que, según la Constitución, definen
este mecanismo de transferencia de funciones, a saber: previa autorización legal,
fijación también legal de las condiciones bajo las que operará la delegación,
asunción de la responsabilidad por parte del delegatario y facultad del delegante
para reasumir la competencia […]”, a partir de lo cual se puede colegir que en la
delegación efectuada vía convenio -entendido como acuerdo o pacto- están

115 Sentencia C-1175 de 2005.
116 Al respecto, se indicó en la Sentencia C-1175 de 2005: “En cambio, cuando la reclamación o

queja adquiere una entidad superior, por contener denuncias de irregularidades, en las que se ponen
en entredicho no situaciones individuales o particulares, sino el proceso en sí mismo, el conocimiento
y la decisión correspondiente no sólo no pueden ser delegados, sino que únicamente la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la competente para conocer y decidir al respecto, adoptando las
medidas pertinentes que la situación amerite, como suspender el proceso, iniciar investigaciones,
denunciar ante las autoridades penales o de control los hechos correspondientes, etc.”.
117 Ibídem.

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Demandante: ICFES

comprendidas las características propias de la delegación, entre ellas, la facultad
del delegante para reasumir en cualquier momento la función delegada.

Esta posición fue reafirmada la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado en concepto del 1º de noviembre de 2016, quien señaló que “respecto a la
delegación de funciones entre entidades públicas, que es la que ocupa la atención
de la Sala, la jurisprudencia constitucional la llama impropia. A juicio de la Corte
Constitucional, al pronunciarse sobre una demanda contra el artículo 14
anteriormente transcrito, la delegación entre entidades públicas en ningún caso fue
proscrita por el constituyente ni se confunde con la desconcentración Para la Corte,
la exigencia de llevar a cabo un convenio en los casos de delegación de funciones
de organismos o entidades del orden nacional a favor de entidades territoriales no
admite excepciones, pues de admitirlas se vulnera flagrantemente la autonomía de
la entidad territorial, autonomía que en todo caso se salvaguarda en el evento de
delegación si es temporal y es aceptada por la entidad territorial delegataria
mediante la suscripción del acuerdo, cuyas condiciones pueden ser convenidas. En
punto de la posibilidad de reasumir las funciones delegadas en el convenio, los
artículos 211 de la Constitución y 12 de la Ley 489 de 1998 claramente disponen
que las competencias delegadas siempre pueden ser reasumidas por el
delegante”118, concepto del cual se desprende no solamente la facultad para que la
delegación de funciones se abra paso vía convenio -entendidos en su acepción
general de “acuerdo o pacto”-, sino también la potestad en cabeza de la entidad
delegante de resumir la competencia delegada.

En conclusión, a la luz de las disposiciones legales inmersas en el contrato
interadministrativo celebrado entre las partes, junto con la jurisprudencia
constitucional, así como también de cara a lo estipulado en dicho acuerdo de
voluntades, la Sala comparte la conclusión esbozada en la sentencia apelada, en
cuanto a que la CNSC no incumplió el contrato al reasumir la competencia delegada
antes de que expirara su término de vigencia, pues en virtud de la Ley y al amparo
de la delegación efectuada en favor del ICFES, la cual quedó comprendida dentro
del clausulado del contrato (cláusula segunda, numeral 19), se entiende que aquella
podía retomar las funciones que delegó antes del vencimiento de dicho lapso, por

118 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 1º de noviembre de 2016.
Rad.: 11001-03-06-000-2016-00125-00(2305).

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

lo que sobre este particular, como quedó explicado en precedencia, no es dable
endilgarle responsabilidad contractual alguna a la entidad demandada.

6.5.2. Por otro lado, frente al incumplimiento alegado por el ICFES en cuanto al
reconocimiento de actuaciones administrativas, las cuales estaban comprendidas
dentro de la denominada atención de reclamaciones, que gestionó el contratista
durante la vigencia del contrato, independiente de si estas culminaron con decisión
de fondo, se advierte que el reproche efectuado por la recurrente recae,
precisamente, sobre las obligaciones y el pago del segundo componente del
contrato, de tal suerte que, para resolver si la decisión asumida por Tribunal en el
fallo de primera instancia se ajusta a derecho, es menester ahondar en lo que sobre
el particular fue acordado en el contrato.

A este propósito, conviene resaltar que cuandoquiera que no exista suficiente
claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o
se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de
voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes
le atribuyen un significado divergente, corresponde al juez adelantar la labor de
interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los
contratantes y el contenido genuino de lo estipulado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual “conocida claramente
la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las
palabras”.

De vieja data la Corte Suprema de Justicia ha puesto de presente que la
interpretación del contrato tiene por objeto dilucidar la común intención de las partes
a partir de la aplicación de las distintas reglas de hermenéutica establecidas en la
ley y en aras de encontrar el genuino sentido del acuerdo de voluntades, pues más
allá del tenor literal del contrato “es la voluntad interna y no la declarada la que rige
la hermenéutica contractual”119, por lo que “no ha de limitarse siempre el exégeta a
una interpretación gramatical por claro que sea el tenor literal del contrato, pues
casos hay en los que debe acudir a auscultar la intención común, de lo que han

119Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1º de agosto de 2002,
expediente.: 6907.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

querido o debido querer los contratantes (…) Y a ese propósito se encaminan las
reglas que siguen al mencionado artículo 1618”120.

A su turno, en cuanto a las mencionadas pautas de hermenéutica que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido aplicables a la interpretación
de los contratos estatales121, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

“Ahora bien, el criterio basilar en esta materia -mas no el único, útil es mencionarlo-
es, pues, el señalado en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida
claramente la intención de los contratantes ha de estarse a ella más que a lo literal
de las palabras, en cuya puesta en práctica sirve de fundamento, entre otras pautas
o reglas, la prevista en el inciso final del artículo 1662 ib., a cuyo tenor las cláusulas
de un contrato se interpretarán por la aplicación práctica que hayan hecho ambas
partes, o una de las partes con aprobación de la otra.

Esa búsqueda -o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás, no debe ser
erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen,
prima facie, claridad y precisión, pues no hay que olvidar que si la voluntad común
de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse más que al tenor
literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por
ende, desfigurar, la verdadera voluntad de los convencionalistas, ratio medular del
laborío hermenéutico. […]

El mismo artículo 1622 -ya citado- sienta otras reglas más de acentuada valía,
como aquella que prevé que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas
por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en
su totalidad, en clara demostración de la relevancia que tiene la interpretación
sistemática y contextual, brújula sin par en estos menesteres.

O, en fin, la contemplada en el artículo 1621, que dispone que cuando no aparezca
voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la
naturaleza del contrato, sin dejar de tener su propia fuerza y dinámica, en veces
definitiva para casos específicas, la asentada en el artículo 1620, según la cual, el
sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel
en que no sea capaz de producir efecto alguno, lo que significa que si la
interpretación de una cláusula puede aparejar dos sentidos diversos, uno de los
cuales le restaría -o cercenaría- efectos, o desnaturalizaría el negocio jurídico, dicha
interpretación debe desestimarse, por no consultar los cánones que, de antiguo,
estereotipan esta disciplina.

Todas estas directrices, en últimas, tienen el confesado propósito de evidenciar la
común voluntad de los extremos de la relación negocial, lo mismo que fijar unos
derroteros enderezados a esclarecer la oscuridad o falta de precisión que, in casu,
puede presentar el texto contractual, bien desestimando interpretaciones que,
inopinada o inconsultamente, conduzcan a privar de efectos a la cláusula objeto de
auscultación, ya sea otorgándole relevancia a la naturaleza del contrato, bien

120Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de mayo de 2008.
expediente.: 11001-31-03-028-2000.
121 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 9 de mayo de 2012, Rad. 22.714 y del

5 de marzo de 2021. expediente: 39249

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Demandante: ICFES

interpretándolo de modo contextual, esto es, buscando armonía entre una cláusula
y las demás, etc.”122(énfasis añadido)

En este orden de ideas, el contrato debe ser interpretado de acuerdo con la
naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica, con el fin
de establecer la voluntad común de los contratantes o dándole a cada cláusula el
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad o deberá estarse a la
interpretación que mejor encuadre con su naturaleza.

A partir de lo anterior, en el presente caso a juicio de la Sala emerge con claridad
que si bien es cierto en virtud de lo acordado entre las partes la CNSC podía
reasumir en cualquier momento la función sancionatoria delegada en el ICFES -
como quedó visto en precedencia-, también lo es que de conformidad con dicha
prerrogativa, so pretexto de requerir que las actuaciones adelantadas por la
demandante culminaran con una decisión de fondo, en modo alguno podía
desconocer la atención de reclamaciones (que comprenden actuaciones
administrativas y reclamaciones tipo y no tipo), que el contratista gestionó hasta el
momento en el que la demandada reasumió su función delegada, y mucho menos
negar su reconocimiento, como pasa a exponerse.

En efecto, en la cláusula segunda del contrato, concretamente en sus numerales
17 y 19, se pactó que al ICFES le correspondía atender reclamaciones y adelantar
las actuaciones administrativas por posibles fraudes por copia o intento de copia,
sustracción de materiales de prueba o intento de sustracción de materiales de
prueba, suplantación o intento de suplantación. Además, se plasmó lo que las partes
entenderían por actuación administrativa, esto es, “aquellas intervenciones
realizadas por el ICFES en virtud a la delegación conferida por el presente contrato”
(hecho probado 6.4.1.6.)

De otro lado, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato -que estableció
lo concerniente al valor-, el segundo componente del contrato correspondió “a la
atención de reclamaciones surtidas de manera general […] que pueden tener dos
connotaciones contractuales, las actuaciones administrativas y las reclamaciones
tipo y no tipo [y la atención de derechos de petición y de tutelas]”, acordándose en

122 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de febrero de 2005, Rad.:

7504.

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Demandante: ICFES

tal sentido que el costo se determinaría con base en la cantidad de reclamaciones
atendidas por el ICFES y acreditadas ante la CNSC, cuyo pago y/o reconocimiento
procedía por la atención de las reclamaciones (actuaciones administrativas y
reclamaciones tipo y no tipo) (hecho probado 6.4.1.6).

En el mismo sentido, en la cláusula quinta del contrato -que estableció la forma de
pago-, se estipuló que el segundo componente tenía relación con la atención de las
reclamaciones (que comprendía las actuaciones administrativas y reclamaciones
tipo y no tipo), acordándose un pago contra entrega de balance de atención de
reclamaciones. Concretamente, en el parágrafo primero de tal cláusula se pactó que
el ICFES atendería las reclamaciones y tutelas, hasta el monto de los recursos
dispuestos para dicho componente, precisándose, además, que “la CNSC
cancelará únicamente las reclamaciones que sean atendidas, al final de cada
etapa, cuando se efectúe el balance correspondiente. Es decir, que se pagará
solamente el servicio prestado que se acredita debidamente ante la CNSC”; a su
vez, en el parágrafo sexto se plasmó que “todos los gastos que se generen por
atención de reclamaciones (actuaciones, reclamaciones tipo y no tipo) […] se
pagarán previa acreditación del ICFES ante la CNSC, de su ocurrencia y trámite
adecuado”.

No desconoce la Sala que en la cláusula cuarta del contrato -en lo que concierne a
las actuaciones administrativas-, se mencionó que el costo por actuación cubría
los gastos de papelería, fotocopias, envío de correspondencia, fax y demás
aspectos necesarios, “y dependerán de la cantidad de actuaciones que se
resuelvan de fondo y se acrediten en la ejecución contractual”, agregándose que
“[p]ara el caso de Bogotá, únicamente se cobrará el costo unitario multiplicado por
la cantidad de actuaciones, de todas maneras, las actuaciones administrativas, para
cuya atención no se requiera desplazamiento, tan solo tendrán como costo el
correspondiente al unitario multiplicado por la cantidad de actuaciones que
se gestionen y culminen […]” (hecho probado 6.4.1.6.).

Una lectura aislada de esa estipulación permitiría señalar que el reconocimiento
económico de las actuaciones administrativas dependía de que el ICFES las
culminara con una decisión de fondo, de no ser porque, a juicio de la Sala, el
clausulado referido tuvo como único propósito determinar los costos fijos y por

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Demandante: ICFES

actuaciones en que podría incurrir el contratista en desarrollo de las labores a su
cargo, así como también la manera en la que se deberían cobrar y facturar, aunado
a lo cual la interpretación sistemática de las demás cláusulas contractuales
(particularmente la segunda, la cuarta en los demás apartes y la quinta), da cuenta
que dentro de las obligaciones, el valor y la forma de pago del contrato, no se
supeditó o condicionó el reconocimiento económico en favor del contratista al hecho
de que culminara las actuaciones administrativas o las reclamaciones tipo o no tipo
con decisiones de fondo; el reconocimiento de valores en favor del ICFES, en los
términos estipulados en el contrato, únicamente dependía de la atención de
reclamaciones (actuaciones administrativas y reclamaciones tipo y no tipo), al
margen de las resultas de las mismas.

De hecho, dentro de las obligaciones a cargo del ICFES, frente a este particular tan
solo se indicó que le correspondía atender las reclamaciones y adelantar
actuaciones, lo cual se vio reiterado en la cláusula atinente a la forma de pago del
contrato, en donde se hizo mención a que el pago en favor del contratista tendría
lugar “por concepto de atención a reclamaciones [que comprendía las actuaciones
administrativas y reclamaciones tipo y no tipo]”, sin que se advierta estipulación
alguna en la que en estricto sentido se hubiera, por un lado, obligado al contratista
a que culminara las actuaciones a su cargo con decisión de fondo, ni mucho menos
a que el reconocimiento y pago de los valores a su favor se hubiera condicionado
de tal forma.

En armonía con lo anterior, cabe señalar que la propuesta que envió el ICFES a la
CNSC, que se ajustó a los requerimientos de la entidad contratante y que hace parte
integral del contrato interadministrativo -según lo estipulado en la cláusula vigésima
primera123-, se construyó sobre la base económica de que el costo por las
actuaciones administrativas dependía de las que se iniciaran y se atendieran (hecho
probado 6.4.1.2.), quedando claro, entonces, que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1618 del Código Civil, la intención de las partes no fue supeditar el
reconocimiento económico a las reclamaciones gestionadas que culminaran con
decisión de fondo, sino que la obligación de pago por parte de la CNSC en favor del

123 “VIGÉSIMA PRIMERA. INTEGRALIDAD- Hacen parte integral del presente contrato, todos los

anexos que se suscriban, el acto administrativo de justificación de contratación directa, estudios
previos, anexos del proceso, la oferta presentada por el ICFES, el certificado de disponibilidad
presupuestal (…)” (se destaca). Fl. 81, C.3.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

ICFES se concretaba por la atención realizada por este en el marco de las
reclamaciones, atención que, por supuesto, debía ser acreditada ante la CNSC.

A la vista de lo estipulado en las cláusulas del contrato, la Sala arriba a una
conclusión distinta a la expuesta por el Tribunal a quo, en tanto la obligación de
pago no estaba supeditada a que la atención de la reclamación, que comprendía
gestionar actuaciones administrativas, culminara con una decisión de fondo por el
ICFES, sino que el reconocimiento económico en su favor dependía de la atención
frente a las mismas, al margen de que dicha gestión no hubiera culminado antes de
que la CNSC reasumiera la función delegada. Entender que la obligación de pago
en favor del ICFES surgía siempre y cuando dicha entidad hubiera culminado la
gestión, no solamente sería contrario a las reglas del contrato, sino que también
implicaría el desconocimiento de aquellos trámites o actuaciones que el ICFES
adelantó y atendió en virtud de lo estipulado entre las partes.

Descendiendo al caso concreto, se observa que el 11 de diciembre de 2013 la
CNSC le manifestó al ICFES que reasumiría la competencia para la atención y
trámite de las actuaciones administrativas que no hubieran finalizado a la
terminación de la ejecución del contrato -27 de diciembre de 2012-, manifestación
en la que, por demás, le indicó al contratista que no reconocería el pago de
“actuación administrativa alguna, como quiera que ninguna se finaliza antes de la
fecha de terminación del plazo del contrato” (hecho probado 6.4.22.)

En este sentido, se tiene que el 23 de diciembre de 2013 el ICFES le hizo entrega
a la CNSC de 3981 actuaciones administrativas atendidas (2706 procedimientos por
copia, 27 procedimientos igualmente por copia, 47 procedimientos por ingresos de
aparatos electrónicos, 4 procedimientos por suplantación, 1197 procesos
igualmente por suplantación) y 56 respuestas a derechos de petición, información
que fue recibida a satisfacción por la supervisión del contrato (hecho probado
6.4.1.25.) y que quedó reflejada en un acta suscrita entre las partes (hecho probado
6.4.1.24.).

Además, se aprecia que el 6 de marzo de 2014, el ICFES allegó el informe final del
contrato, en el que reiteró lo atinente a las actuaciones administrativas atendidas y
afirmó que la CNSC se encontraba pendiente de pago según factura No. 659 (hecho

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Demandante: ICFES

probado 6.4.1.29.), factura que le fue devuelta por la Comisión, porque, a juicio de
esta última, el cobro pretendido no era concordante con lo pactado en el contrato
(6.4.30.).

Finalmente, se advierte que el 26 de diciembre de 2014, la CNSC se dirigió al
Instituto a afectos de señalarle que el saldo total adeudado ascendía a la suma de
$14.730.920, discriminados de la siguiente manera: una (1) actuación administrativa
por valor unitario de $135.272, treinta (30) acciones de tutela por valor unitario de
$449.797 y sesenta y seis (66) derechos de petición por valor unitario de $16.693.

Bajo el anterior contexto, para la Sala no existe duda que la CNSC incumplió el
contrato en cuestión, toda vez que, habiendo quedado establecido que el
contratista, como era su deber, atendió 3981 actuaciones administrativas frente
aspectos estipulados en el contrato, tales como copia, fraude, manipulación de
celulares, suplantación, pues de ello da cuenta el informe de entrega del 23 de
diciembre de 2013 (hecho probado 6.4.1.24.), el cual, por demás, fue recibido a
satisfacción por la supervisión del contrato (hecho probado 6.4.1.25.) -por lo que se
entienden acreditadas las actuaciones administrativas adelantadas por el contratista
ante la aquiescencia de la CNSC-, omitió reconocer y pagar a favor del ICFES la
contraprestación por dicha gestión, bajo la interpretación errada de que su
procedencia estaba supeditada a que las actuaciones culminaran con decisión de
fondo.

Para tal efecto, es menester poner de presente que, según el informe de entrega
del 23 de diciembre de 2013, el ICFES atendió las siguientes reclamaciones:

(i) Procedimiento en contra de 2706 personas por presunta copia, en el
cual quedó pendiente por proyectar auto de archivo de la averiguación
preliminar en favor de 1452 personas, así como también quedó
pendiente de proyectar, frente a los 1452 restantes, la resolución de
apertura -actuación administrativa-.

(ii) Procedimiento iniciado en contra de 27 personas, también por la
presunta copia, quedando pendiente la decisión de archivo o de
sanción -actuación administrativa-.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

(iii) Procedimiento adelantado en contra de 47 personas, por la presunta
conducta de ingreso de aparatos electrónicos, también quedando
pendiente la decisión de archivo o de sanción -actuación
administrativa-.

(iv) Procedimiento iniciado contra 4 personas por una presunta
suplantación, que quedó a la espera de la recepción de descargos y
de la proyección de la resolución final de tal actuación -actuación
administrativa-.

(v) Procedimiento adelantado frente a 1197 personas por una supuesta
suplantación, que culminó con decisión de archivo decretada por el
ICFES -actuación administrativa-.

En consecuencia, a juicio de la Sala, en el presente caso se configura la
responsabilidad contractual de la entidad demandada, pues en efecto incumplió el
contrato, incumplimiento que, además de que le es atribuible a la CNSC, le generó
un menoscabo patrimonial al ICFES, pues este dejó de percibir, como era su
derecho, la contraprestación por las actividades adelantadas frente al segundo
componente del contrato, particularmente en cuanto a las 3981 actuaciones
administrativas que atendió.

6.5.3. Lo anterior, conduce indefectiblemente a que, en la liquidación judicial del
contrato, como lo solicitó la parte demandante, se incluyan los valores que no
reconoció y pagó la CNSC al ICFES por la atención a las 3981 reclamaciones
efectivamente atendidas por esta última.

Así las cosas, a partir de lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato
interadministrativo, según el cual el costo unitario de las actuaciones
administrativas, cuando fueran más de 600, equivaldría a $135.272, la Sala
procederá a establecer el valor que la CNSC debió reconocer al ICFES, liquidación
dentro de la cual quedaran incorporados los conceptos y sumas liquidadas en la
sentencia de primera instancia, comoquiera que frente a la misma no se efectuó
reparo alguno en el recurso de apelación (una (1) actuación administrativa, treinta
(30) acciones de tutela y sesenta y seis (66) respuestas a derechos de petición):

76

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

ATENCIÓN DE VALOR VALOR
CANTIDAD
RECLAMACIÓN UNITARIO TOTAL
3981 (resultante de sumar
2706 actuaciones, 27
actuaciones, 47
actuaciones, 4
Actuación actuaciones y 1197
$135.272 $538.517.832
administrativa actuaciones)

La anterior suma incluye
la actuación liquidada por
el Tribunal
30
Acciones de
$449.797 $13.493.910
tutela Concepto liquidado por el
Tribunal
66
Derechos de
petición - $16.693 $1.101.738
Concepto liquidado por el
reclamación tipo-
Tribunal
VALOR
TOTAL DE
$553.113.480
SALDO
ADEUDADO

El saldo total adeudado será actualizado, teniendo en cuenta como índice base el
correspondiente al IPC del mes en que venció el plazo para liquidar el contrato -
octubre de 2014-, y como índice final el IPC para la fecha de expedición de esta
providencia -mayo de 2025-, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

VP = VH x índice final
índice inicial

VP= valor presente
VH= valor histórico inicial ($553.113.480)
Índice final= IPC vigente a la fecha de la presente providencia; junio 2025= 150,30.
Índice inicial= IPC vigente a la fecha en que se venció el plazo para liquidar el
contrato; octubre de 2014=82,14.

VP = $553.113.480 x 150,30
82,14

VP= $1.012.088.581

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

Con fundamento en todo lo expuesto, el valor correspondiente a incluir en la
liquidación judicial como saldo a favor del ICFES asciende a la suma de
$1.012.088.581 por concepto de atención de reclamaciones (actuaciones
administrativas, reclamaciones tipo) y atención de tutelas.

En estos términos se realiza el cruce final de cuentas, que se condensa en el
siguiente cuadro:

LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
INFORMACIÓN GENERAL
Número de contrato 165 de 2013
Parte contratante Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Parte contratista Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación (ICFES)
Objeto Adelantar las acciones y operaciones
requeridas para el registro, citación,
impresión, empaque, distribución,
aplicación, procesamiento, publicación de
resultados y atención de las reclamaciones
del servicio contratado, en el marco del
concurso abierto de méritos adelantado por
la CNSC para proveer los empleos vacantes
de directivos docentes y docentes de
preescolar, básica, media y orientadores, en
establecimientos educativos oficiales que
prestan servicio a población mayoritaria, y
los empleos vacantes de etnoeducadores
directivos docentes y docentes que prestan
su servicio a población afrocolombiana
negra, raizal y palenquera en
establecimientos educativos oficiales.

Primer componente, correspondiente a los
servicios de registro, citación, aplicación,
procesamiento y calificación para una
población de hasta 252.555 usuarios;

Segundo componente, relativo a la atención
de las reclamaciones, (que comprenden
actuaciones administrativas y
Reclamaciones tipo y no tipo) y derechos de
petición relacionados con el proceso
logístico de inscripción, citación, aplicación,
procesamiento y publicación de resultados
de la prueba, y la atención a tutelas
originadas por los mismos hechos.
Fecha de suscripción del contrato 19 de abril de 2013
Plazo del contrato Hasta el 27 de diciembre de 2013
Fecha de iniciación 22 de abril de 2013
Fecha de Terminación 27 de diciembre de 2013
Valor del contrato $7.837.714.283

78

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

BALANCE FINANCIERO
Valor pagado por el contratante $7.314.753.385
Saldo a favor del contratista $1.012.088.581
(actualizado)

Así las cosas, la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 165 de 2013,
suscrito entre la CNSC y el ICFES, se efectuará en los términos antes mencionados,
esto es, con un saldo a favor del contratista por valor de $1.012.088.581, suma que
se encuentra actualizada. Se advierte, además, que no se reconocerán intereses
moratorios, en tanto con la expedición de la presente providencia se está declarando
el reconocimiento de un valor a favor del demandante.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada, para en su lugar: (i)
declarar que la CNSC incumplió el contrato; (ii) liquidar judicialmente el contrato con
un saldo a favor del ICFES por la suma de $1.012.088.581 y (iii) condenar a la CNSC
al pago de la suma referida.

7. Condena en costas

El artículo 365124 del CGP125 dispuso que se condenará en costas a la parte vencida
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Atendiendo a
lo allí ordenado, y comoquiera que el recurso de apelación de la parte demandante
prosperó, la Sala condenará en costas a la parte vencida, esto es, a la CNSC, cuya
liquidación la hará de manera concentrada el a quo, de conformidad con lo previsto
en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la parte actora intervino en el trámite de
segunda instancia presentando alegatos de conclusión, el Tribunal a quo fijará
agencias en derecho por el 1% del valor de las pretensiones de la demanda, en
favor del ICFES y a cargo de la CNSC, teniendo en cuenta las tarifas fijadas en el

124 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
125 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.

79

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

Acuerdo 1887 de 2003 -vigente a la fecha de la presentación de la demanda-,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura126.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia y, en su lugar disponer:

PRIMERO: DECLARAR que la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -
CNSC- incumplió el contrato interadministrativo No. 165 del 22 de abril de 2013,
puntualmente en cuanto a reconocer y pagar a favor del INSTITUTO COLOMBIANO
PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES- los valores causados con
relación al segundo componente.

SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato interadministrativo No. 165
del 22 de abril de 2013, suscrito entre la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL -CNSC- y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES-, con un saldo a favor del INSTITUTO
COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES-
por valor de mil doce millones ochenta y ocho mil quinientos ochenta y un pesos
($1.012.088.581).

TERCERO: Condenar a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-
a pagar a favor del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES- la suma de mil doce millones ochenta y ocho mil
quinientos ochenta y un pesos ($1.012.088.581), como saldo a su favor luego de la
liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 165 del 22 de abril de 2013.

126 ACUERDO 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que, para los medios de control

promovidos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será “hasta
del (5) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o negadas”.

80

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02601-01 (61491)
Demandante: ICFES

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, las cuales serán liquidadas de manera concentrada
por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia y siguiendo las previsiones contenidas en los artículos
365.8 y 366 del Código General del Proceso, debiendo considerar que en esta
instancia se fijaron agencias en derecho por el 1% del valor de las pretensiones de la
demanda.

SEXTO: Dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos
192 y siguientes del CPACA.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Salvamento parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
VF/AC1

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