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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2018-00592-00

Fecha
2 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2018-00592-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovidas por el señor Mateo Hoyos Bedoya contra la designación del señor José Manuel Cortés Orozco como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío para el resto del periodo 2016-2019, efectuada mediante Acuerdo 09 de 6 de agosto de 2018. SEGUNDO. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2018-00592-00

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

2 de mayo de 2019

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de designación del director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío / EXPEDICIÓN IRREGULAR – Eventos para su configuración / FALTA DE COMPETENCIA – No se configura en tanto sí hubo delegación / EXPEDICIÓN IRREGULAR – No se configura

[E]l reproche planteado por el demandante, esto es, la nulidad del acto acusado por la falta de competencia de los delegados del Gobernador del Quindío y del Alcalde del municipio de Armenia para la expedición de la convocatoria -Acuerdo 07 de 10 de julio de 2018-, debido a la ausencia de los correspondientes actos administrativos de delegación, debe analizarse bajo la óptica de la expedición irregular. (…). En ese orden, la Sala estudiará este cargo a la luz de la causal de nulidad de expedición irregular, pues es claro que, a juicio del actor, el acto definitivo -designación del Director General-, debe anularse por vicios en un acto previo -convocatoria-, consistentes en la falta de competencia de dos personas que participaron en la sesión del Consejo Directivo en que fue adoptado, como se explicará más adelante. (…). De lo expuesto, se tiene que no hay duda de la manifestación positiva del funcionario delegante de su intención de hacerlo, por consiguiente, sí existe acto de delegación toda vez que está claro qué autoridad delegó -Gobernador del Quindío-, a quién delegó -Jamer Chaquip Giraldo Molina Secretario de la Gobernación- y qué función fue delegada -presidir la sesión del Consejo Directivo de la CRQ-. Además, la delegación quedó plasmada no solo en el audio, sino que también consta por escrito en el acta de la sesión que fue firmada por delegante y delegatario, lo que resulta razonable si se tiene en cuenta que se dio en el marco de una reunión de un cuerpo colegiado que interactúa sobre todo en forma oral, pues de esta manera se garantizó, en el caso concreto, la eficacia, la economía y la celeridad en el empleo de esta herramienta para el ejercicio de la función administrativa. (…). En conclusión, la delegación fue debidamente otorgada porque se puede establecer con certeza su objeto, así como el delegante y el delegatario, de modo que en la sesión del Consejo Directivo de 10 de julio de 2018, los restantes miembros tenían conocimiento de los elementos de la delegación antes expuestos. Además, del ejercicio de la facultad de transferir sus funciones, como Presidente del Consejo Directivo de la CRQ, ejercida por el Gobernador quedó constancia por escrito.

NOTA DE RELATORÍA: Con respecto al concepto de la competencia o poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinada función, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 15 de diciembre de 2015, radicación 11001-03-28-000-2015-00046-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto a configuración de la causal de nulidad por expedición irregular, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de octubre de 2016, radicación 11001-03-28-000-2015-00041-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Acerca de la delegación de funciones, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de septiembre de 2016, radicación 25000-23-41-000-2014-00042-02, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 10

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de designación del director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío / ORDEN DEL DÍA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR – Lo discutido en la sesión ya era del conocimiento del Consejo Directivo

Según el actor, se trasgredió el artículo 36 de los Estatutos de la CRQ porque se modificó el orden de día para que se expidiera la convocatoria para la designación del director de la CRQ. En su criterio, se convocó para encargar un director, pero no para establecer procedimiento para elegir al reemplazo del Director y, por tratarse de una sesión extraordinaria, solo podían estudiarse los puntos indicados en la convocatoria. (…). En relación con el orden del día según la convocatoria, se observa que como la sesión extraordinaria fue convocada tanto por el Presidente del Consejo Directivo como por el director de la Corporación Autónoma Regional se presentaron dos órdenes de día. (…). [L]o relevante en este asunto, es que en ambos órdenes del día se citó el análisis y discusión del procedimiento para elección del nuevo director para lo que restaba del período legal, de manera que no le asiste razón al demandante en este aspecto, puesto que no se desconoció la regla estatutaria según la cual en las sesiones extraordinarias solo se deben estudiar los aspectos que se relacionen en la convocatoria. En efecto, no se trata de un tema que de manera sorpresiva haya sido sometido a consideración del Consejo Directivo.

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de designación del director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío / ENTREVISTA – Su realización contribuye a tener mayores elementos de juicio para la votación

Para el demandante, hubo violación de los artículos 11 y 12 del Acuerdo 07 de 2018 al modificar el procedimiento de entrevistas y no incluir en la lista de elegibles a los 48 participantes habilitados. (…). [L]a realización de una entrevista a todos los participantes habilitados o a algunos de ellos, no fue contemplada por el Consejo Directivo, sin embargo, es claro que una vez el Consejo Directivo tenía a su disposición el listado definitivo de candidatos, gozaba de la potestad de escoger al director, en tanto no se cambiaron las reglas de la convocatoria. La entrevista realizada a los 3 postulados que obtuvieron votación, dentro de los 48 nombres sometidos a consideración del Consejo Directivo, no implica ninguna irregularidad en la designación de José Manuel Cortés Orozco como Director General de la CRQ. La entrevista se enmarca en el ejercicio de una potestad de la que estaba investido el Consejo Directivo para la designación, pues como se advirtió, el Acuerdo 07 de 2018 no fijó una forma determinada para que este órgano escogiera al director general de la entidad. La única limitación del Consejo, era escoger del listado definitivo de candidatos, como en efecto ocurrió, a partir del informe definitivo que el Comité Evaluador puso a su consideración, con los nombres de 48 personas que consideró habilitados dentro de los que están los 3 entrevistados, sin que se evidencie que trasgredió los principios que rigen la función pública. Por el contrario, la realización de la entrevista le permitió a los miembros del Consejo tener mayores elementos a la hora de emitir su voto por el candidato de su preferencia.

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de designación del director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío / COMISIÓN EVALUADORA – El informe elaborado y suscrito por la mayoría no adolece de vicio alguno

Para el actor, debe anularse el Acuerdo 09 de 2018 por infracción del artículo 8, parágrafo 2 del Acuerdo 07 de 2018, por indebida conformación de la comisión evaluadora de hojas de vida, debido a la ausencia de uno de sus miembros. (…). [E]s cierto que el informe de este Comité no fue suscrito por todos sus miembros, sin embargo, ello no constituye un vicio que afecte su validez, pues fue redactado por la mayoría de sus integrantes, esto es, 5 de los 6 miembros, máxime cuando no le correspondía aprobarlo sino elaborarlo puesto que debía ser sometido a consideración y aprobación del Consejo Directivo, como lo establece el artículo 10 del Acuerdo 07 de 2018. Así las cosas, el Comité cumplió con el deber que le fue impuesto, esto es, elaborar el informe y presentarlo ante el Consejo Directivo, de modo que no se advierte la trasgresión del parágrafo 2º del artículo 8 que solo se refirió a la conformación del Comité.

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de designación del director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío / VOTACIONES – Su repetición ante un empate garantiza el principio democrático

Según el demandante se desconoció el artículo 48 de los Estatutos de la CRQ al repetir la votación para dirimir el empate al momento de la elección, pues en dicha norma no está contemplada dicha posibilidad. (…). [C]omo lo sostuvo la Procuradora Delegada, repetir la votación, en virtud del empate presentado, hasta lograr la mayoría absoluta permite y garantiza el principio democrático, en especial, la regla de la mayoría consagrada estatutariamente. Por lo expuesto, el cargo será negado toda vez que la repetición de las votaciones no solo no está proscrita normativamente, sino que permitió que la decisión cuestionada se adoptara con respeto de las mayorías que rigen al Consejo Directivo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00592-00

Actor: MATEO HOYOS BEDOYA

Demandado: JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO – DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Designación de director general de corporación autónoma

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

Surtido el trámite legal correspondiente, la Sala se dispone a proferir sentencia de única instancia dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. Demanda y sus pretensiones

El ciudadano Mateo Hoyos Bedoya interpuso demanda de nulidad electoral contra el Acuerdo 09 de 6 de agosto de 2018 por medio del cual se designó al señor José Manuel Cortés Orozco como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en adelante CRQ.

Para el efecto, el señor Hoyos Bedoya presentó las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acuerdo 09 de 6 de agosto de 2018 “Por medio del cual se designa Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío por lo que resta del período 2016-2019” por las causales alegadas en el escrito o por aquellas que oficiosamente encuentre el despacho de conocimiento.

SEGUNDA: Que en consecuencia, se declare la nulidad de la ELECCIÓN del señor JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO como Director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío por lo que resta del período 2016-2019.

TERCERA: Que de conformidad con lo anterior, se ordene la remoción inmediata del señor JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO como Director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío por lo que resta del período 2016-2019”.

1.2 Hechos

La demanda se fundamentó en los supuestos fácticos que la Sala sintetiza de la siguiente manera:

1.2.1 En sesión extraordinaria de 10 de julio de 2018, el Consejo Directivo de la CRQ retiró de su cargo al Director designado para el periodo 2016 – 2019, por cuanto la Procuraduría lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas.

1.2.2 En la misma sesión, presidida por el Gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se expidieron los Acuerdos: i) 006 de 2018, en cuyo artículo 5, se ordenó la apertura de una nueva convocatoria para la designación de su Director para terminar el periodo 2016-2019; y, ii) 07 de 2018, a través del cual se adoptó el procedimiento interno que regularía el proceso elección.

1.2.3 Para expedir este último acuerdo, se modificó el orden del día, toda vez que la sesión se convocó para decidir sobre el retiro del Director que fue inhabilitado, y para designar a su reemplazo en encargo.

1.2.4 El Gobernador suscribió el Acuerdo 006 de 2018 y se retiró de la sesión antes de que se expidiera el Acuerdo 07 de 2018, por lo que manifestó verbalmente que dejaba encargado al señor Jamer Chaquip Giraldo Molina, quien suscribió el último acto, sin acreditar su condición de delegado del Gobernador.

1.2.5. En el mismo sentido, la señora Claudia Milena Hincapié Álvarez, quien votó en esa sesión en nombre del municipio de Armenia, tampoco contaba con un acto de delegación en debida forma.

1.2.6. Para la evaluación de las hojas de vida, el Acuerdo 07 de 2018 estableció que se fijaría un comité del cual hacía parte el delegado del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; sin embargo, aquella se realizó sin su presencia, como consta en el Acta de 27 de julio de 2018.

1.2.7. Posteriormente, se expidió la lista de 48 personas habilitadas y según el Acuerdo 07 de 2018, artículos 11 y 12, la lista de elegibles estaría conformada por todos los aspirantes que cumplieran los requisitos; es decir, esos 48 participantes. No obstante, el Consejo Directivo solo se citó a entrevista a 3 candidatos, de los cuales resultó elegido el demandado, a pesar de que se debió convocar a los 48.

1.2.8. Al momento de someter a votación la elección, entre estos 3 candidatos citados a entrevista, se presentó un empate, frente al cual se repitió la votación y así resultó elegido el señor José Manuel Cortés Orozco.
1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

A juicio del señor Hoyos Bedoya el Acuerdo 09 de 2018 se encuentra viciado de nulidad, habida cuenta que se materializó la causal de expedición irregular del acto de elección por:

• Falta de competencia de los delegados del Gobernador y del municipio de Armenia para la expedición de la convocatoria, pues no estaban facultados para participar en el Consejo ante la falta de los correspondientes actos administrativos de delegación. Para sustentar este cargo citó como desconocidos los artículos 22, 34, 41, 42 y 44 de los Estatutos de la CRQ.

• Transgresión del artículo 36 de los Estatutos de la CRQ, al modificar el orden del día de la sesión extraordinaria, celebrada el 10 de julio de 2018, para expedir la convocatoria.

• Violación de los artículos 11 y 12 del Acuerdo 07 de 2018 al modificar el procedimiento de entrevistas y no incluir en la lista de elegibles a todos los participantes habilitados.

• Infracción del artículo 8, parágrafo 2 del Acuerdo 07 de 2018, por indebida conformación de la comisión evaluadora de las hojas de vida, debido a la ausencia de uno de sus miembros.

• Desconocimiento del artículo 48 de los Estatutos de la CRQ al repetir la votación para dirimir el empate al momento de la elección, pues en dicha norma no está contemplada esa posibilidad.

1.4. Trámite Procesal

1.4.1 El 21 de septiembre de 2018 se inadmitió la demanda para que i) se excluyeran las pretensiones de anulación de actos distintos al de elección de Juan Manuel Cortés Orozco como Director General de la CRQ; y ii) se aportara copia del acto acusado o informara si la autoridad se ha negado a suministrarla.

1.4.2 Por auto de 16 de octubre de 2018 se corrió traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante.

1.4.3 El 8 de noviembre de 2018 la Sala admitió la demanda y se negó la suspensión provisional.

1.5. Contestaciones de la demanda

1.5.1. El demandado

El apoderado judicial del señor Cortés Orozco señaló que frente a los hechos se atiene a lo que resulte probado y, respecto de los cargos de la demanda, se opuso con los siguientes argumentos:

En relación con el cargo de expedición irregular del acto de elección por falta de competencia del delegado del Gobernador para proferir la convocatoria, sostuvo que el acto de delegación sí existe y está contenido en la Resolución 01673 de 26 de julio de “201” (SIC).

Agregó que así dicho acto no existiera, esa irregularidad no tendría la entidad de viciar el acto demandado, pues era evidente la voluntad del Gobernador de transferir la función de ser representado ante el Consejo Directivo de la CRQ al señor Chaquip Giraldo sin que, a su juicio, se haya consagrado una prohibición en tal sentido.

Frente al cargo de expedición irregular por violación de los artículos 11 y 12 del Acuerdo 07 de 2018 al modificar el procedimiento de entrevistas y no incluir en la lista de elegibles a todos los participantes habilitados, señaló que en su criterio, como dicho acuerdo no estableció una etapa de entrevistas, el Consejo Directivo, en uso de su facultad discrecional, luego de agotar todo el procedimiento fijado en las reglas del proceso de selección, decidió reducir las opciones y escuchar solo a los 3 frente a los cuales votarían.

En conclusión, para el demandado, el procedimiento se aplicó en debida forma, por lo cual no se puede predicar su desconocimiento y, al momento de votar, en uso de la facultad discrecional, el Consejo Directivo de la CRQ, postuló a 3 de los 48 aspirantes, con el objeto de escucharlos antes de votar, situación que no tiene la entidad de viciar la legalidad del acto demandado.

Frente a los demás argumentos de la demanda, la parte demandada no se pronunció.

1.5.2 Consejo Directivo de la CRQ

El apoderado judicial de la autoridad que expidió el acto aceptó parcialmente los hechos, con exclusión de las apreciaciones subjetivas del demandante que a su juicio, carecen de sustento probatorio y con las cuales pretende fundar las supuestas irregularidades.

Planteó las siguientes excepciones de mérito que denominó:
Cumplimiento de los requisitos formales en la elección del Director General

Esta excepción la sustentó en que acto de elección del Director General de la Corporación es discrecional que no se encuentra sometido a reglamentación distinta a la establecida por el Consejo Directivo, de conformidad con la Ley 99 de 1993 y los Estatutos de la CRQ. En su criterio, las decisiones previas y la elección se adoptaron por el quórum requerido en el artículo 38 de la Resolución 988 de 22 de julio de 2005, por la cual se aprueban los Estatutos de la CRQ, de manera que esa era la única formalidad exigida.

Alegó que el Consejo Directivo estableció un procedimiento de elección del Director de la CRQ; sin embargo, dicho trámite no era obligatorio por tratarse de una decisión discrecional.

Explicó que, con ocasión de esa reglamentación no obligatoria, realizaron la convocatoria pública, a la cual se postularon 56 personas de las cuales 46 fueron habilitadas, pero en aplicación del principio de transparencia, 2 de ellas presentaron observaciones y fueron incluidas en el listado de 48 candidatos que cumplían requisitos.

Una vez estudiadas las hojas de vida, el Consejo Directivo dentro de su discrecionalidad, decidió postular a 3 de los aspirantes, para ser escuchados y de conformidad con ello votar.

Ahora bien, como en la primera votación se obtuvo un empate entre los 3 candidatos, fue necesario realizar una nueva para dirimirlo, lo cual no afectó el trámite pues finalmente se debía tomar una decisión con al menos la mitad más uno de los votos de los consejeros presentes, de manera que se repitió hasta que ello sucediera.

Concluyó que el procedimiento seguido, además de transparente, fue garantista y participativo.

Legalidad, transparencia y moralidad en la designación

Afirmó que de conformidad con el trámite impartido es claro que la designación del Director General de la CRQ cumplió con los postulados de legalidad, transparencia y moralidad.

Inexistencia de falta de competencia para la expedición de actos administrativos

El apoderado del Consejo Directivo de la CRQ adujo que como en cabeza de ese órgano está la competencia de designar al director de la Corporación y fue precisamente el que expidió el acto demandado, lo hizo con la competencia para adoptar esa decisión.

Existencia de convocatoria pública para la elección

Esta excepción la sustentó en que, si bien la convocatoria no era obligatoria, se hizo en aras de garantizar el debido proceso, transparencia, publicidad y moralidad administrativa.

Inexistencia de violación de los estatutos en el procedimiento de votación

Reiteró que con la designación demandada no se desconocieron los estatutos, pues quien tiene la facultad discrecional de tomar esta decisión, es el Consejo Directivo de la CRQ, como en efecto se hizo, con el quórum válido.

Inexistencia de indebida conformación de la Comisión evaluadora de hojas de vida

Indicó que la inasistencia de alguno de los miembros de la comisión (que son los mismos del Consejo Directivo) no invalida la actuación, pues basta con que exista quórum para deliberar y para decidir, porque exigir la presencia de la totalidad de sus integrantes solo dificulta la toma de la decisión. Es por ello que todas las determinaciones contaron con la mitad más uno de aquellos y, para la designación, que es el acto definitivo, se contó con mayoría absoluta.

Inexistencia de desconocimiento de los estatutos en la expedición del acto de convocatoria y modificación del orden del día de la sesión extraordinaria

Alegó que la convocatoria a la sesión extraordinaria implica que se van a debatir los asuntos relacionados con ella y, en el presente caso, a su juicio, la selección del procedimiento para elegir al director general está relacionada íntimamente a su elección.

1.5.3 Corporación Autónoma Regional del Quindío

En su calidad de tercero interesado, la Corporación impugnadora intervino a través del Jefe de la Oficina Jurídica para oponerse a los cargos de la demanda, así:

Frente al primer cargo "falta de competencia para la expedición del acto administrativo de convocatoria" adujo que el Acuerdo 07 de 10 de julio de 2018 fue expedido por el órgano competente, porque el Consejo Directivo, en uso de sus facultades legales y reglamentarias y luego de surtido el trámite pertinente, acordó los términos y requisitos del procedimiento interno para la elección del director general de la CRQ los cuales fueron plasmados en el documento precitado. Indicó que la firma del señor Giraldo, así como la del Secretario del Consejo Directivo, solo son protocolarias para la constancia de lo manifestado por el órgano directivo de la CRQ.

Señaló que las firmas plasmadas en el Acuerdo 07 de 10 de Julio de 2018, obedecen únicamente a una ritualidad, porque el Consejo Directivo en pleno es el encargado de aprobar o improbar los proyectos de acuerdo.

Aclaró que, durante la sesión del Consejo Directivo de 10 de julio de 2018, el Presidente, esto es, el Gobernador del Quindío, tuvo que retirarse dejando como delegado al señor Jamer Chaquip Giraldo Molina, voluntad de la administración que quedó plasmada tanto en el registro del audio de la sesión como en el acta respectiva, la cual fue suscrita por dichas personas.

Al respecto, el apoderado manifestó que no es cierto que la doctora Claudia Milena Hincapié Álvarez actuó en la sesión del Consejo Directivo sin delegación, pues por Resolución 098 de 27 de febrero de 2018 "Por medio de la cual se efectúa una delegación” el alcalde Carlos Mario Álvarez Morales le delegó la función de asistir en su representación y participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Directivo de la CRQ que se realizaran a partir de la vigencia del acto administrativo en cita.
En cuanto al segundo cargo denominado "violación del acto de convocatoria pública a través de la introducción de procedimientos que conculcaron derechos de los aspirantes habilitados", señaló que la CRQ a través del órgano de dirección, el Consejo Directivo, actuó conforme los lineamientos legales y normativos establecidos para adelantar la elección del Director General y se garantizaron los derechos de quienes se postularon.

Explicó que el proceso de elección del director general tiene diferentes etapas: la convocatoria, inscripción y recepción de hojas de vida, verificación de los requisitos de los aspirantes, elaboración, presentación del informe de evaluación, conformación de la lista de elegibles y designación.

Manifestó que luego de la publicación de la convocatoria y la recepción de las hojas de vidas, estas fueron evaluadas y se expidió el informe respectivo, el cual fue publicado y puesto en conocimiento de los miembros del Consejo Directivo en la sesión de 30 de julio de 2018.

Narró que, durante la referida sesión, el consejero Carlos Efrén Granada presentó el informe mencionado y expuso tanto los requisitos evaluados como el número y nombre de los participantes del proceso. Por tanto, en este primer momento, los aspirantes pudieron ser estudiados y analizados por los miembros del consejo.

Surtido el trámite de respuesta a observaciones y expedición del informe final de evaluación, el documento en mención fue enseñado nuevamente al Consejo Directivo en la sesión de 3 de agosto de 2018, el cual contenía la presentación de todos los aspirantes con indicación de si se encontraban habilitados o no, de manera que era evidente que todos los aspirantes tuvieron las mismas oportunidades frente a los miembros del órgano directivo.

Luego de efectuado el trámite descrito y de que todos los aspirantes fuesen conocidos por el Consejo Directivo, este órgano materializó lo establecido en el Capítulo IV del procedimiento adoptado.

Así, el 6 de agosto de 2018, luego de verificado el quórum, se procedió a la votación para designar el nuevo director, según lo consagrado en el artículo 13 del Acuerdo 07 del 10 de 2018 y se preguntó a cada uno de los consejeros a cuáles de los aspirantes de los 48 habilitados nominaban al cargo vacante y 3 candidatos obtuvieron votos, pero ninguno obtuvo la mayoría absoluta exigida por el artículo en cita para ser Director General.

En atención a la situación presentada y que el empate seguía vigente, el Consejo Directivo solicitó una intervención de aquellos participantes que habían obtenido votos favorables de los miembros del Consejo, por lo que no se puede predicar desigualdad con el resto de los participantes, pues aunque se pusieron en consideración las hojas de vida de los demás aspirantes, las mismas no fueron nominadas por ninguno de los integrantes del Consejo Directivo.

Añadió que, como lo expresa el accionante, las entrevistas realizadas no obtuvieron una calificación que supusiera una ventaja de los 3 aspirantes que ya ostentaban los votos de los consejeros.

De esta manera, a juicio de la CQR es claro que la actuación del Consejo Directivo durante el proceso de elección del director se apegó a las leyes y a la normatividad, por consiguiente, solicitó denegar las súplicas del accionante.

Frente al tercer cargo "violación de los estatutos en el procedimiento de votación para la elección del director general de la corporación autónoma regional del Quindío", expresó que no podía ser aceptado, toda vez que lo efectuado por el órgano directivo de la entidad se ajustó a la ley, los estatutos y los reglamentos.

De esta manera, al realizarse la primera votación y haber empate y, ante la falta de una mayoría absoluta de votos para la elección de nuevo director, fue necesaria una nueva votación para desentramar el asunto.

En este punto resaltó que, contrario a lo expuesto por el accionante, el Consejo de la entidad nunca obligó a ningún miembro a votar solo y exclusivamente por aquellos 3 aspirantes que habían obtenido los votos de sus integrantes. Por tanto, al no existir prueba alguna que soporte el argumento del actor referente a la existencia de una terna exclusiva de la cual debían escoger los miembros del Consejo Directivo, debe ser descartado dicho argumento.

En cuanto al cuarto cargo "indebida conformación de la comisión
evaluadora de hojas de vida y violación al acto propio", precisó que el delegado del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del correo electrónico de 26 de julio de 2018, informó su imposibilidad de asistir a las reuniones para evaluación referida y manifestó que se apegaba a lo decidido por el Comité Evaluador.

Adujo que por ser el Comité Evaluador un órgano compuesto por diferentes personas, es posible llevar a cabo dichas sesiones siempre y cuando se cuente con el quórum necesario para deliberar y decidir.

Para el caso en concreto, se debe tener en cuenta que el quórum para deliberar se da con la presencia de la mitad más uno de los miembros del órgano en concreto. De esta manera, como la Comisión evaluadora se componía de 6 consejeros, el quórum para deliberar era de 4 consejeros, hecho que efectivamente ocurrió.

Frente al quinto cargo "desconocimiento de los estatutos de la CRQ en la expedición del acto de convocatoria. Modificación del orden del día en sesión extraordinaria" alegó que no es cierto pues la citación realizada, que se anexó como prueba, contiene en el punto cinco “análisis, discusión y aprobación del procedimiento del nuevo director por lo que resta del período".

Sin embargo, aclaró que para la sesión de 10 de julio de 2018 fueron enviadas 2 citaciones, una firmada por el gobernador del Quindío y otra por el Secretario del Consejo Directivo en razón a la solicitud presentada por el Director General por lo que durante la sesión en cita, el Consejo se puso de acuerdo sobre el orden del día a seguir.

Enfatizó en que tanto la citación elaborada por el Gobernador del Quindío como la del Director tenían como un asunto a tratar “el análisis, discusión y aprobación del procedimiento del nuevo director por lo que resta del periodo".

1.6. La Audiencia Inicial

El 6 de marzo de 2019 se instaló la audiencia inicial en la cual se decidió sobre las excepciones previas y mixtas propuestas, decisión que fue objeto de recurso de súplica por parte de la parte demandada, la cual fue confirmada por auto de 21 de febrero de 2019.

El 11 de marzo de 2019 se reanudó la audiencia en la cual se saneó el proceso, se fijó el objeto del litigio en los términos que se expondrán más adelante y se decretaron pruebas.

Igualmente, se decidió prescindir de la audiencia de pruebas y de conformidad con el artículo 181 del CPACA, se ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión.

De estas decisiones se corrió traslado a los asistentes, los cuales no interpusieron recurso alguno, por lo que quedaron en firme.

1.7. Alegatos de conclusión

Durante el lapso concedido para alegar de conclusión se presentaron los siguientes escritos:

1.7.1 La parte demandante

El demandante presentó alegatos de conclusión en los que solicitó que se declarara la nulidad de la elección demandada.

Sostuvo que el acto acusado es nulo por la falta de competencia del delegado del Gobernador del Quindío pues no contaba con acto de delegación para actuar en la sesión extraordinaria de 10 de julio de 2018 ni para suscribir el Acuerdo 07 de 2018 que reglamentó el proceso de elección.

Agregó que se desconocieron los artículos 22, 34, 41, 42 y 44 de los Estatutos de la CRQ y que “el acuerdo 07 del 10 de julio de 2018 se traslada al acuerdo 009 de 2018 donde se eligió al Director General de la CRQ por lo tanto también debe ser declarado nulo”.

El demandante manifestó que “a manera de amable y respetuosa petición le realizo las siguientes consultas:

¿Se pueden desconocer los artículos del 9 a 14 de la ley 489 de 1998 que establecen que la delegación debe constar en acto administrativo escrito determinando en forma precisa y expresa las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren?

¿Se puede desconocer el artículo 22 de los estatutos de la CRQ que definen la integración del Consejo Directivo: (…)
¿Se pueden violar los principios de la función pública: debido proceso, igualdad, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, coordinación y eficacia contenidos en el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 con la expedición del acuerdo 07 de 2018 por una persona sin competencia?

¿Se puede suscribir un acto administrativo sin competencia violando las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, vulnerando los derechos de representación?

…¿se puede considerar que el proceso de elección del director de la CRQ contenido en la ley 1263 de 2008 artículo 1 parágrafo 2 es una mera ritualidad como lo manifestó el demandado?”

Manifestó que está probado que el Acuerdo 09 de 2018 está viciado por expedición irregular por haberse modificado el orden del día de la sesión extraordinaria de 10 de julio de 2018, con desconocimiento del artículo 36 de los Estatutos de la CRQ para expedir la convocatoria del proceso de elección, como consta en el acta respectiva, pues el Consejo aprobó la convocatoria realizada por el Secretario General que no contemplaba en el orden del día, la remoción del director general, pero se modificó para incluir dicho punto.

Adujo que se violaron los artículos 11 y 12 del Acuerdo 07 de 2018 al modificar el procedimiento de entrevistas y no incluir en la lista de elegibles a los 45 participantes habilitados no entrevistados. Trajo a colación la sentencia de 8 de febrero de 2018, dictada dentro del proceso 2017-00212, en la que, según el demandante se habló de la violación del acto propio, porque la entrevista no tenía parámetros objetivos de evaluación, pese a que en la convocatoria se había establecido que la designación correspondería a criterios objetivos de selección.

A su juicio, también se violaron los principios de igualdad, participación y respeto del acto propio al no permitir que se entrevistaran los demás aspirantes al cargo de director general de la CRQ y de esta manera tener criterios objetivos de evaluación por parte de los miembros del Consejo Directivo.

También refirió la sentencia T-295 de 1999 sobre el respeto del acto propio.

En su criterio, el Acuerdo 07 de 2018 estableció una situación subjetiva, concreta y verificable a los aspirantes al cargo de director de la CRQ, la cual fue súbita y unilateralmente modificada por el Consejo Directivo al realizar entrevistas que no estaban autorizadas en el acuerdo, con la inserción de nuevos criterios de evaluación con lo que se perdió objetividad.

Aseguró que se infringió el artículo 8 del Acuerdo 07 de 2018 por indebida conformación de la comisión evaluadora de las hojas de vida por la ausencia de uno de sus miembros.

Dijo que se desconoció el artículo 48 de los Estatutos de la CRQ al repetirse la votación por empate. Tampoco se respetaron los principios de la función administrativa y el artículo 209 constitucional porque se vulneró el artículo 36 de los Estatutos con la expedición irregular del Acuerdo 07 de 2018 que fue suscrito por un presidente del Consejo que carecía de competencia.

Afirmó que “con la omisión del Gobernador del Quindío de enviar al Consejo de Estado el acto administrativo por medio del cual delegó al Dr. Jamer Chaquip Giraldo para presidir la sesión del 10 de julio de 2018 donde se expidió el acuerdo 07 del proceso de elección queda totalmente probado que actuó sin competencia, pues la delegación nunca existió. Tampoco el mencionado acuerdo fue suscrito por el Gobernador del Quindío como lo aseveró, sino, por el Dr. Jamer Chaquip Giraldo Molina”.

Finalmente sostuvo que, según el artículo 1º parágrafo 2º de la Ley 1263 de 2008, debe existir un proceso de elección para designar al director general de las corporaciones autónomas regionales, es decir, no se trata de una mera formalidad como lo manifestó el demandado.

1.7.2 La parte demandada

El apoderado judicial del demandado insistió en que deben negarse las pretensiones de la demanda.

Resaltó que está probado que existió delegación del Gobernador del Quindío al señor Jamer Chaquip Giraldo Molina para que participara en la sesión de 10 de julio de 2018. Además, como el acto demandado fue expedido por una colegiatura, “el vicio de una de las personas que conforman la Sala, claramente no anula el acto proferido por la mayoría, lo que por sí mismo supone la ausencia de argumento jurídico válido aducido por el actor”.

Manifestó que, el mismo argumento es válido para cualquier consideración respecto de quienes hicieron parte de la decisión cuestionada o para aquellos que estando llamados a participar en ella, no lo hubieran hecho o su actuación pudiera considerarse viciada por cualquier motivo.

Añadió que carece de validez el reproche referido a la inexistencia de entrevista a los más de 40 candidatos, pues si la norma no lo dispone, no puede considerarse ilegal no haberlos escuchado.

1.7.3. Tercero impugnador

El apoderado de la CRQ se pronunció en los siguientes términos:

Frente a la falta de competencia: trajo a colación el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 y sostuvo que en la parte final del acta donde se aprobó el Acuerdo 07 de 2018, se lee que fue suscrita por el Gobernador del Quindío por haber asistido a la sesión de 8:00 am a 9:26 am y por Jamer Chaquip Giraldo Molina, como delegado de aquél de las 9:27 am a 2:00 pm. También la suscribió Jhoan Sebastián Pulecio Gómez como Secretario General del Consejo Directivo de la CRQ.

También se observa la siguiente constancia: “El gobernador se retira siendo las 9:47 dejando encargado de la presidencia del Consejo Directivo al doctor Jamer Chaquip Giraldo Molina”.

Por tanto, la exigencia normativa según la cual la delegación debe ser por escrito, “no debe interpretarse, en este caso concreto, en un sentido estrictamente gramatical, pues es evidente que si el señor Gobernador no fuera a asistir a la sesión, es lógico que la delegación debió ser por escrito y consagrando expresamente las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transferirían o de los que se debería ocupar.”

Añadió que el Gobernador en forma expresa, clara y durante la sesión del Consejo Directivo, manifestó su voluntad de delegar en su Secretario de Despacho los asuntos y decisiones que en lo sucesivo se tratarían. Además, cuando el Gobernador se retiró ya se había aprobado el orden del día, pues estuvo presente en la discusión y decisión de los puntos primero a tercero y antes de iniciar la del cuarto punto que corresponde al procedimiento para la elección del nuevo director. Por tanto, cuando el Gobernador se retiró sabía qué temas se tratarían a continuación, razón por la que la delegación es válida.

Afirmó que, aun si se entiende que la delegación no se apegó a la ley, debe tenerse en cuenta que, en el marco del procedimiento de expedición del acto administrativo, no toda omisión de las formalidades legalmente establecidas genera su nulidad.

A su juicio, la supuesta irregularidad no afectó la decisión porque el haber presidido la sesión no la altera, ni es determinante, lo que sí podría ocurrir con el voto emitido, pero como se advierte en el Acta 09 de 2018, el Consejero Luis Carlos Serna propuso un cronograma para la convocatoria mientras que el señor Giraldo Molina planteó unas modificaciones, cuyo resultado fue de 11 votos para lo propuesto por Serna, mientras que Giraldo solo obtuvo 1 voto, de modo que no tuvo incidencia en la decisión.

Resaltó que Claudia Milena Hincapié contó con delegación del Alcalde de Armenia efectuada por Resolución 098 de 2018, de modo que no es cierto lo dicho por el demandante.

En cuanto al reproche del actor referido a la firma del Acuerdo 07 de 2018 por parte de Giraldo Molina, manifestó que es el Consejo Directivo el que acuerda -no el Presidente o secretario- y su firma por parte de dicha persona no invalida el acto administrativo porque no se trata de un requisito para su existencia o validez.

Respecto a la expedición irregular: (i) aseguró que no se trasgredió el artículo 36 de los Estatutos por la modificación del orden del día de la sesión de 10 de julio de 2018, puesto que se enviaron 2 citaciones, una firmada por el Gobernador y otra por el Secretario del Consejo Directivo a solicitud del director de la CRQ y ambas se consignó como asuntos o temas a tratar: “Análisis, discusión y aprobación del procedimiento del nuevo director por lo que resta del periodo”.

(ii) Manifestó, frente a la alegada violación de los artículos 11 y 12 del Acuerdo 07 de 2018 por la modificación del proceso de entrevistas y la no inclusión en la lista de elegibles a los 48 participantes habilitados, que cada uno de los consejeros era libre de votar por el que a bien tuviera.

De la votación inicial resultaron 3 candidatos, pero ninguno alcanzó los 7 votos necesarios, de manera que el Consejo Directivo resolvió escuchar sus propuestas. Por tanto, esta decisión no fue previa sino que se adoptó después de la preselección, de modo que no puede considerarse que se violó el debido proceso a los otros aspirantes.

Indicó que la entrevista no estaba consagrada en el Acuerdo de Convocatoria y, por tanto, no daba ningún puntaje, pero se recurrió a ella para solucionar la situación que se presentó, esto es, que ninguno de los candidatos obtuvo inicialmente la mayoría requerida.

Sin embargo, realizada la entrevista, la situación persistió de modo que no fue el factor determinante en la elección.

(iii) Acerca de la indebida conformación de la comisión evaluadora de las hojas de vida, por la ausencia de uno de los miembros, sostuvo que hicieron presencia 5 de los 6 integrantes ante la inasistencia del delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que sesionó y decidió conforme al quórum requerido.

(iv) En cuanto al desconocimiento del artículo 48 estatutario por la repetición de la votación para dirimir el empate, aseguró que ninguna norma de los Estatutos de la CRQ consagra el procedimiento para resolver dicha situación, razón por la que se acudió al artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 en cuanto al principio de eficacia.

Añadió que contrario a lo dicho por el actor, el Procurador Delegado sí asistió a las sesiones en que se aprobó el acuerdo de convocatoria y en la que se eligió al director general para el periodo restante.

8. Concepto del Ministerio Público

La Procuradora 7° Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda en los términos que a continuación se resumen:

8.1 Cuestión Previa

Advirtió que en la fijación del litigio, se planteó el estudio del cargo por falta de competencia de manera independiente, como si esta no hiciera parte de los elementos constitutivos de la expedición irregular del acto.

Si la administración pretende adoptar una decisión, está obligada a dar estricto cumplimiento a las competencias constitucional o legalmente otorgadas, esto es, conforme a leyes preexistentes, de manera que el desconocimiento de alguna de esas formalidades configura una causal de nulidad por expedición irregular del acto administrativo o vicios de forma.

En ese orden, a su juicio, el elemento de falta de competencia debe ser estudiado como uno de los componentes de la expedición irregular del acto administrativo y no como un cargo independiente, como quedó señalado en la fijación del litigio.

8.2. Formalidades de la delegación: su observación en el caso concreto

Luego de referirse a las generalidades del acto de delegación, la Agente del Ministerio Público se pronunció respecto las delegaciones cuestionadas por el demandante:

8.2.1 El delegado del Gobernador del Quindío

Puso de presente que el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 establece que el acto de delegación debe constar por escrito.

Advirtió que en este caso, conforme a los elementos de prueba allegados, concretamente con el audio de la sesión de 10 de julio de 2018 por el Consejo Directivo de la CRQ, se puede establecer que en esta, el Gobernador del Quindío y Presidente de la CRQ, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, al minuto 31.12´ de la grabación expresó: “ Bueno, yo me debo retirar por lo que (…) dejo encargado al Doctor JAMER CHAQUIP y estaré pendiente de qué conclusiones tuvieron sobre el procedimiento y todo, a todos muchas gracias” (finaliza minuto 31.36´). (Subraya y negrilla del texto original).

Concluyó que dicha manifestación de voluntad expresada en el pleno de la sesión, satisface los requisitos que la figura de la delegación exige, esto es, que i) se conozca la autoridad delegataria -Carlos Eduardo Osorio Buriticá-, ii) que se indique las funciones o asuntos específicos que de delegan -para lo que resta de la sesión-.

Precisó el Ministerio Público que el funcionario habló de un encargo, es claro que lo que hizo el gobernador fue delegar en el mencionado colaborador, sus funciones como presidente la CRQ. En tanto aquélla figura es un mecanismo mediante el cual se le asigna de forma temporal unas funciones a un determinado servidor, por vacancia temporal o absoluta del cargo. En el presente caso, como se deduce del audio, el gobernador se ausentó de la sesión en tanto debía atender otros compromisos. Así, no se trata de un caso de vacancia, sino de delegación.

Sin embargo, como la norma antes mencionada exige que la delegación debe ser por escrito, la Procuradora sostuvo que, si se tiene en cuenta que con dicho requisito el legislador busca dar certeza y seguridad frente a lo que se delega, debe entenderse como un documento, en los términos del artículo 243 del Código General del Proceso, es decir, aquel que consta en mensaje de datos, cintas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, etc., que permita a los asociados tener certeza de quién delega, qué se delegada y a quién se delega.

En consecuencia, para el Ministerio Público, se acreditó la fecha exacta en la que se produjo la grabación y las circunstancias que concurrieron en su reproducción, por ello, dicho documento constituye un medio idóneo para probar el acto de delegación, por cuanto, que de aquel se puede extraer las formalidades exigidas para su perfeccionamiento, esto es, i) la autoridad delegataria, ii) las funciones o asuntos específicos cuya atención y iii) la decisión se transfiere, sin que sea necesario que conste por escrito, en tanto este documento solventa la existencia de aquel.

Destacó que en el audio, por medio del cual se materializó la delegación, se puede determinar que la delegación recayó en un funcionario de la entidad y, en él se precisó las funciones que se delegaron, aspectos que echa de menos el actor en la expedición del Acuerdo 07 del 10 de julio de 2018, el cual es suscrito por Jamer Chaquip Giraldo Molina, en calidad de Presidente del Consejo Directivo Delegado.

Puso de presente que al analizar el material probatorio aportado por el demandado se logra establecer que la Gobernación ha delegado en otras ocasiones a Jamer Chaquip Giraldo Molina, las funciones de representación legal del Gobernador en asuntos como defensa juncial de la entidad, participación con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la CRQ, documentos con los que se demuestra sumariamente que Giraldo Molina venía ejerciendo de manera regular funciones del Gobernador mediante sucesivos actos de delegación, especialmente ante la CRQ.
Ahora bien, si como manifiesta el demandante lo que se extraña es el acto material y escrito, con el oficio de fecha 15 de marzo de 2019, el Gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en respuesta al requerimiento efectuado por el despacho ratificó el acto administrativo. Sin embargo, en su criterio, ese acto no era necesario, en tanto, el acto de delegación consta en un documento que tiene plenos efectos, pese a que no conste por escrito como lo exige el artículo 10 de la Ley 489 de 1998.

8.2.2 La delegada del Alcalde de Armenia

Manifestó la Procuradora Delegada que mediante la Resolución 098 de 27 de febrero de 2018, el alcalde delegó en la Directora del Departamento Administrativo de Planeación, Claudia Milena Hincapie Álvarez, la función de asistir en su representación con voz y voto, a las sesiones del Consejo Directivo de la CRQ que se hicieran durante el 2018 y a partir de la fecha de su emisión.

En ese orden, no le asiste razón al demandante en cuanto al acto de delegación de la delegada del alcalde de Armenia.

8.3 El proceso para la aprobación del procedimiento para escoger nuevo director: No hubo vulneración del artículo 36 de los Estatutos de la CRQ, en tanto el orden del día de la sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2018 no fue modificado

Puso de presente que, el actor plantea que la sesión convocada para el 10 de julio de 2018, se hizo exclusivamente para destituir al señor John James Fernández López y para encargar un director, pero no para establecer procedimiento para elegir a un nuevo Director, en su criterio, por tratarse de una sesión extraordinaria, en la misma solo podían estudiarse los puntos indicados en la convocatoria.

Al respecto, manifestó que como la sesión extraordinaria fue convocada tanto por el Presidente del Consejo Directivo como por el director de la Corporación Autónoma Regional se presentaron dos órdenes de día.

Al analizar el Acta 09 del 9 de julio de 2018, se lee que hubo una discusión sobre cuál era el orden del día que debía agotarse, si el remitido por el Gobernador o el que tenía la secretaria según la citación que hizo el director de ese momento, el mismo que debía ser destituido según la orden de la Procuraduría General de la Nación.

Dada la discusión que se presentó, se decidió someter a votación los dos órdenes del día, el presentado por el Presidente del Consejo Directivo, que obtuvo 3 votos. Y el propuesto por el director, el cual fue aprobado con 9 votos.
En ese sentido, se aprobó el orden del día que fue sometido por el Director de la entidad (e) en el que se expresamente se contempló el análisis y discusión del procedimiento para elección del nuevo director para lo que restaba del período legal.

Consideró el Ministerio Público que, pese a las discusiones que se dieron sobre el orden del día que debía agotarse, lo cierto es que en ambos se contempló el análisis y discusión del procedimiento para elección del nuevo director para lo que restaba del período legal.

Por tanto, a su juicio, este cargo no debe prosperar porque como se demostró desde un principio el Consejo Directivo se convocó, entre otras cosas, para determinar el procedimiento que se agotaría para la elección del nuevo director.

La modificación que se dio del orden del 9 de julio, se presentó en relación con la necesidad de remover al director, para encargar uno, modificación que se presentó ante la advertencia que se hizo por uno de los asistentes en el sentido que no procedía el encargo mientras no se removiera al director actual.

En ese orden, no encuentra el Ministerio Público sustento a la afirmación del demandante según el cual se modificó irregularmente el orden del día de la sesión de 9 de julio de 2018, para definir el tema del procedimiento para la convocatoria para la designación del nuevo director, por cuanto, está demostrado que este punto siempre hizo parte de los temas a tratar en la sesión extraordinaria del 9 de julio de 2018.

8.4 Proceso de selección para designar Director de la CAR Quindío

8.4.1 La entrevista no desconoció los estatutos de la CQR

La Procuradora Delegada indicó que de la lectura del artículo 11 del Acuerdo 07 de 10 de julio de 2018, se colige que, en efecto, una vez realizado el análisis de las hojas de vida por parte del Comité Evaluador, la lista de aspirantes habilitados debía ser remitida al Consejo Directivo para lo de su competencia, lo que permite inferir que desde ese momento los miembros del Consejo quedaban facultados y con plena libertad para continuar con el proceso y designar al candidato que consideraran ostentaba las mejores calidades para ocupar el cargo. Es decir, se dotó al Consejo Directivo de una facultad discrecional para decidir, una vez conformada la lista de aspirantes habilitados, la escogencia del nuevo director.

Por tanto, en su criterio, el Consejo Directivo podía como lo hizo, analizar la lista de los 48 preseleccionados y escoger tres o más para concentrar en ellos la escogencia, en tanto, todos y cada uno de los preseleccionados, después del estudio del comité evaluador, estaban habilitados para ser designados.
Concluyó que la entrevista que realizó el Consejo Directivo a 3 de los 48 candidatos habilitados para ser elegidos como director de la entidad ambiental, estaba permitida y su ejercicio buscaba garantizar los principios de celeridad y trasparencia que deben regir la administración pública, pero que de ninguna manera han de entenderse como un proceso adicional para desconocer los derechos de los aspirantes, como se afirma en la demanda.

8.4.2 La repetición de las votaciones: no se desconoció el artículo 48 de los Estatutos del CQR

La Procuradora Delegada indicó que cuando se presentan empates en la votación entre los candidatos, es decir que el número de votos a favor de dos o más candidatos es igual, la elección puede definirse a la suerte, lo que implica dejar al azar la escogencia de cualquiera de los candidatos. Sin embargo, en tratándose de procesos de designación de cargos directivos, como lo es la elección del Director de una corporación ambiental, los miembros del órgano directivo, en uso de su facultad discrecional, al presentarse un empate podrían optar por repetir la votación hasta lograr la mayoría absoluta. Regla que permite y garantiza el principio democrático, en especial, la de la mayoría.

En ese orden de ideas, consideró que el procedimiento que se agotó, observó los principios democráticos y resolvió de manera inmediata, con eficiencia, conveniencia, y oportunidad la elección de un cargo directivo, razón por la cual la repetición de la votación frente al empate presentado de forma alguna puede entenderse como una trasgresión del artículo 48 de los Estatutos de la CRQ.

Adujo que si bien es cierto, los Estatutos no regulan la repetición de las votaciones en el evento de no lograrse la mayoría absoluta, artículo 48, también lo es que tampoco la prohíbe. En ese orden, el Consejo Directivo tenía la potestad discrecional de repetir las votaciones hasta lograr la mayoría exigida para la elección del director.

8.4.3 Conformación del comité evaluador

Advirtió que el Acuerdo 07 de 10 de julio de 2018, en su artículo 8, señaló que la verificación de los requisitos e informe de cumplimiento estaba a cargo de una comisión compuesta por algunos miembros del Consejo Directivo, en ese sentido, se designaron a 6 de sus integrantes: el Gobernador o su delegado; el delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible; el delegado del sector productivo; la alcaldesa del municipio de la Tebaida; el representante de las comunidades indígenas y negras; y el de las entidades sin ánimo de lucro.

El demandante considera que se viola el artículo 8 en tanto el informe de este comité no fue suscrito por todos sus miembros. En efecto, el mismo solo fue firmado por 5 de los delegados, hecho que en concepto del Ministerio Público no desconoce esta norma, en tanto, el mencionado documento para su validez, bastaba estar suscrito por la mayoría de sus integrantes o por uno solo de ellos, en tanto el informe debe ser sustentando y dado a conocer en la sesión del Consejo Directivo, en los términos del artículo 10 del Acuerdo 07 de 2018.

En consecuencia, el que el informe no esté suscrito por todos los integrantes del comité no vicia la validez de este.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 149 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer en única instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del acto a través del cual se designó al señor José Manuel Cortés Orozco como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío por lo que resta del periodo 2016-2019.

2.2. El acto acusado

Se tiene como tal el Acuerdo 09 de 6 de agosto de 2018 visible a folios 44 a 48 del expediente.

2.3. Problema jurídico

Conforme con la fijación del litigio corresponde a esta Sala de decisión establecer:

1. Falta de competencia: ¿Es nulo el Acuerdo No. 009 del 6 de agosto de 2018 por medio del cual se designó como Director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ – al señor JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO por desconocimiento de los artículos 22, 34, 41, 42 y 44 de los Estatutos de la CRQ, por falta de competencia de los delegados del Gobernador y del municipio de Armenia para la expedición de la convocatoria, debido a la ausencia de los correspondientes actos administrativos de delegación?

2. Expedición irregular: ¿Es nulo el Acuerdo No. 009 del 6 de agosto de 2018 por medio del cual se designó como Director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ – al señor JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO por expedición irregular al incurrir en:

2.1 Transgresión del artículo 36 de los Estatutos de la CRQ, al modificar el orden del día de la sesión extraordinaria, celebrada el 10 de julio de 2018, para expedir la convocatoria.

2.2 Violación de los artículos 11 y 12 del Acuerdo No. 07 de 2018 al modificar el procedimiento de entrevistas y no incluir en la lista de elegibles a los 48 participantes habilitados.

2.3 Infracción del artículo 8, parágrafo 2 del Acuerdo No. 07 de 2018, por indebida conformación de la comisión evaluadora de hojas de vida, debido a la ausencia de uno de sus miembros.

2.4 Desconocimiento del artículo 48 de los Estatutos de la CRQ al repetir la votación para dirimir el empate al momento de la elección, pues en dicha norma no está contemplada dicha posibilidad.

A continuación, la Sala se ocupará de cada uno de los problemas jurídicos propuestos:

2.4 Falta de competencia

Como lo ha sostenido la Sala en anteriores oportunidades, la “competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinar función”, razón por la cual la doctrina ha entendido que la incompetencia o falta de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese a que no tenía el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar facultado legalmente para ello.

En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido por fuera de las competencias legales y constitucionales atribuidas al servidor público o la Corporación respectiva, esto es, por fuera de las “atribuciones que el ordenamiento jurídico ha otorgado”.

2.4.1. Caso concreto

En el presente asunto se advierte que el reproche planteado por el demandante, esto es, la nulidad del acto acusado por la falta de competencia de los delegados del Gobernador del Quindío y del Alcalde del municipio de Armenia para la expedición de la convocatoria -Acuerdo 07 de 10 de julio de 2018-, debido a la ausencia de los correspondientes actos administrativos de delegación, debe analizarse bajo la óptica de la expedición irregular.

En efecto, la falta de competencia como causal de nulidad, es predicable del acto acusado, que en este caso corresponde al Acuerdo 09 de 6 de agosto de 2018 “por medio del cual se designa director general de la corporación autónoma regional del Quindío por lo que resta del periodo 2016-2019”.

Las censuras respecto de un acto previo al definitivo, como lo es la convocatoria para la designación del director general de la CRQ, no pueden estudiarse de manera autónoma, como lo sostuvo la Sala en el auto de 21 de febrero de 2019 al resolver la súplica interpuesta contra la decisión adoptada en la audiencia inicial sobre las excepciones previas.

En efecto, en dicha providencia se afirmó que el Acuerdo 07 de 10 de julio de 2018, “es un acto preparatorio dado que da inicio a la actuación administrativa, esto es, señala los pasos que deben seguir los interesados en el proceso para que se declare una determinada elección (acto definitivo).”

En ese orden, la Sala estudiará este cargo a la luz de la causal de nulidad de expedición irregular, pues es claro que, a juicio del actor, el acto definitivo -designación del Director General-, debe anularse por vicios en un acto previo -convocatoria-, consistentes en la falta de competencia de dos personas que participaron en la sesión del Consejo Directivo en que fue adoptado, como se explicará más adelante.

2.5 Expedición irregular

Esta Sección ha considerado que esta causal de nulidad se materializa cuando se vulnera el debido proceso en la formación y expedición de un acto, es decir, cuando la actuación administrativa se realiza con anomalías en el trámite de expedición. Sin embargo, ha sostenido que para que aquella se materialice no solo debe probarse la existencia de una anomalía en la formación del acto, sino también que aquella fue de tal magnitud que afectó de forma directa el sentido de la decisión. En otras palabras, la irregularidad que se presente debe ser sustancial, trascendental y con incidencia directa en el contenido y/o sentido del acto definitivo.

Esto significa que no cualquier irregularidad tiene la potestad de despojar al acto electoral de la presunción de legalidad de la que goza, sino que aquella debe ser determinante en su formación.

2.5.1 Falta de competencia de los delegados del Gobernador del Quindío y del Alcalde de Armenia para expedir la convocatoria – falta de delegación

La delegación de funciones ha sido regulada en los siguientes términos, en la Ley 489 de 1998:

ARTÍCULO 10. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. (…) (Negrilla fuera del texto original)

Ha dicho esta Sala que “la delegación de funciones administrativas es una herramienta que permite el desarrollo de la gestión pública con parámetros que se gobiernan por la eficacia, la economía y la celeridad que deben estar presentes en las actuaciones del Estado.

Tal ejercicio posibilita que en determinados eventos, los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública transfieran el desarrollo de sus funciones a sus colaboradores…”

Así las cosas, para que la delegación sea válida se requiere plena certeza de su objeto -materia delegable y/o las condiciones de la delegación-, así como de quién delega y quién es la autoridad delegataria.

La norma exige que la delegación se realice por escrito, previsión que, a juicio de esta Sala, tiene el propósito de garantizar la publicidad y oponibilidad de la transferencia del ejercicio de una función, de modo que no existan dudas sobre los elementos que se acaban de indicar.

De esta manera, los destinatarios de la facultad que se ha transferido de manera temporal, tienen certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el ejercicio de la delegación.

En el presente caso, la Sala advierte que el 10 de julio de 2018 el Consejo Directivo de la CRQ expidió el Acuerdo 07 “por medio del cual se adopta el procedimiento interno para la elección del director (a) general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío para lo que resta del periodo institucional del 2016-2019”.

Dicho acto fue suscrito tanto por el Gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, como por Jamer Chaquip Giraldo Molina como Presidente del Consejo Directivo Delegado.

Para establecer si dicha persona en efecto, actuó en virtud de delegación, en debida forma, por parte del Presidente del Consejo Directivo, esto es, el Gobernador del Quindío, como lo sostuvo el demandado, debe ponerse de presente que por Resolución 01673 de 26 de julio de 2018, dicho servidor delegó al señor Giraldo Molina “la función de participar y asistir en nombre y representación del Gobernador del Departamento del Quindío, a las sesiones ordinarias, extraordinarias y demás reuniones del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ programadas durante la vigencia 2018”.

Si bien dicho acto claramente contiene una delegación, ella fue conferida en fecha posterior a la sesión en la que se adoptó el Acuerdo 07 de 2018, de modo que con base en dicha resolución no es posible considerar que el señor Giraldo Molina actuó como delegado del Gobernador del Quindío.

Ahora bien, el Gobernador del Quindío en respuesta a la prueba decretada en la audiencia inicial, manifestó:

“…me permito informarle que en la reunión del Consejo Directivo de la CRQ, realizada el día diez (10) de julio de 2018, me tuve que retirar de manera previa al desarrollo del punto 5 del orden del día, en virtud del cual se realizaría el “Análisis y discusión de procedimiento para la elección del nuevo director por lo que resta del periodo” por parte de todos los consejeros presentes en la reunión.

Por tal razón encargué de manera verbal al Doctor Jamer Chaquip Giraldo Molina, quien funge como Secretario de Despacho de la Gobernación del Quindío, para que me representara en adelante ante el Consejo Directivo y continuara realizando la gestión de presidir la respectiva reunión, conforme se puede constatar en el audio de la respectiva sesión, minuto 31:10 a minuto 31:30, en el que expresé lo siguiente: “Bueno, yo me debo retirar porque les conté que estaba Virginia, Quebrada Negra, Barcelona, dejo encargado de mi parte al doctor Jamer Chaquip, y estaré pendiente de que conclusiones tuvieron sobre el procedimiento y todo, a todos muchas gracias muy buen día”.(…)”.

En efecto, del audio de dicha sesión se advierte que el Gobernador designó al señor Giraldo Molina para que fungiera como presidente del Consejo Directivo en lo restante de la reunión.

En el acta de la sesión en comento se lee: “El gobernador se retira siendo las 9:47 dejando encargado de la presidencia del Consejo Directivo al doctor Jamer Chaquip Giraldo Molina” (Negrilla del texto original).

De lo expuesto, se tiene que no hay duda de la manifestación positiva del funcionario delegante de su intención de hacerlo, por consiguiente, sí existe acto de delegación toda vez que está claro qué autoridad delegó -Gobernador del Quindío-, a quién delegó -Jamer Chaquip Giraldo Molina Secretario de la Gobernación- y qué función fue delegada -presidir la sesión del Consejo Directivo de la CRQ-.

Además, la delegación quedó plasmada no solo en el audio, sino que también consta por escrito en el acta de la sesión que fue firmada por delegante y delegatario, lo que resulta razonable si se tiene en cuenta que se dio en el marco de una reunión de un cuerpo colegiado que interactúa sobre todo en forma oral, pues de esta manera se garantizó, en el caso concreto, la eficacia, la economía y la celeridad en el empleo de esta herramienta para el ejercicio de la función administrativa.

No obstante lo anterior, si en gracia de discusión se afirmara que la delegación no efectuó en debida forma, lo cierto es que dicha circunstancia carece de incidencia en el resultado.

En efecto, las decisiones adoptadas en dicha sesión cumplieron con el quorum exigido por los estatutos en el artículo 38, como se constata en el audio de dicha sesión en el que después del llamado a lista, el Secretario afirmó que se cumplía con dicha exigencia. Además, la aprobación del cronograma para la designación del director, se dio por unanimidad.

Es decir, aun se si considera que el voto del señor Giraldo Molina no puede tenerse como válido, ello no incidiría en la decisión referida a la convocatoria, toda vez que asistieron 12 integrantes del Consejo Directivo y un solo voto no tenía la potencialidad de cambiar la decisión, pues, se insiste, se adoptó por unanimidad. Así que en la hipótesis de que excluya dicho voto, el resultado sería idéntico, esto es, la aprobación del cronograma referido.

Ahora, frente a la firma del Acuerdo 07 de 2018 producto de dicha sesión, la Sala destaca que si bien aparece suscrito por el señor Giraldo Molina como Presidente del Consejo Directivo delegado, aun si se considera que carecía de dicha calidad, lo cierto es que ello no tiene la potencialidad de viciar la actuación, toda vez que la adopción del cronograma, que es el reproche del actor, fue adoptada por el órgano competente y con las mayorías requeridas.

En conclusión, la delegación fue debidamente otorgada porque se puede establecer con certeza su objeto, así como el delegante y el delegatario, de modo que en la sesión del Consejo Directivo de 10 de julio de 2018, los restantes miembros tenían conocimiento de los elementos de la delegación antes expuestos. Además, del ejercicio de la facultad de transferir sus funciones, como Presidente del Consejo Directivo de la CRQ, ejercida por el Gobernador quedó constancia por escrito.

De otra parte, no cabe duda que Claudia Milena Hincapie Álvarez, delegada del Alcalde de Armenia, sí contó con delegación expedida en debida forma, pues por Resolución 098 de 27 de febrero de 2018, el primer mandatario de dicho municipio delegó en la Directora del Departamento Administrativo de Planeación la función de asistir en su representación con voz y voto, a las sesiones del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío que se hicieran durante el 2018 y a partir de la fecha de su emisión.

Por tanto, para la fecha en que se llevó a cabo la sesión en cuestión, esto es, el 10 de julio de 2018, contaba con la facultad al efecto.

2.6.2 Modificación del orden del día de la sesión extraordinaria de 10 de julio de 2018 para expedir la convocatoria

Según el actor, se trasgredió el artículo 36 de los Estatutos de la CRQ porque se modificó el orden de día para que se expidiera la convocatoria para la designación del director de la CRQ. En su criterio, se convocó para encargar un director, pero no para establecer procedimiento para elegir al reemplazo del Director y, por tratarse de una sesión extraordinaria, solo podían estudiarse los puntos indicados en la convocatoria.

El artículo 36 de los Estatutos Generales de la Corporación Autónoma regional del Quindío, establece que:

“Habrá reuniones extraordinarias cuando se convoquen por el Presidente del Consejo Directivo, el Director General, el Revisor Fiscal o un número no inferior a la tercera parte de los miembros del Consejo Directivo, para tratar exclusivamente materias que se relacionen en la convocatoria respectiva”.

Al respecto, la Sala advierte que según el Acta 009 de 10 de julio de 2018, la sesión extraordinaria del Consejo Directivo fue instalada y estuvo precedida por Presidente del Consejo, esto es, el Gobernador del Quindío y, de acuerdo al llamado de lista realizado por el Secretario del Consejo se verificó el quórum, en donde se constató la presencia de 12 consejeros para deliberar y decidir.

En relación con el orden del día según la convocatoria, se observa que como la sesión extraordinaria fue convocada tanto por el Presidente del Consejo Directivo como por el director de la Corporación Autónoma Regional se presentaron dos órdenes de día.

En ese sentido, el Secretario del Consejo Directivo, señaló que el 4 de julio de 2018, el Gobernador presentó el orden del día así:

Instalación y verificación del quórum.
lectura y aprobación del orden del día.
Lectura del oficio remitido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
Presentación de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, en los cuales se impone la sanción de destitución e inhabilidad al doctor John James López.

Deliberación para la escogencia y designación del Director Encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
…
…
Análisis y discusión del procedimiento para elección del nuevo director por lo que resta del periodo.
Cierre de la sesión.
No obstante, en la Secretaria del Consejo se tenía el siguiente orden del día, así:

1.Instalación y verificación del quórum.
2.lectura y aprobación del orden del día.
3.Presentación de informe de gestión en marco de la ley 951 de 2005 y la resolución orgánica de la Contraloría de la república 574 de 2005 comprendido del 01 enero de 2015 al 07 de mayo de 2018 por parte del Director General.
4.Designación de Director General encargado.
5.Análisis y discusión del procedimiento para elección del nuevo director por lo que resta del periodo.
6.Cierre de la sesión.

En el acta de la sesión del 10 de julio de 2018 se lee que hubo una discusión sobre cuál de dichos órdenes del día debía agotarse razón por la que se decidió someter a votación los dos órdenes del día, el presentado por el Presidente del Consejo Directivo, que obtuvo 3 votos y el presentado por el director, el cual fue aprobado con 9 votos.

En todo caso, lo relevante en este asunto, es que en ambos órdenes del día se citó el análisis y discusión del procedimiento para elección del nuevo director para lo que restaba del período legal, de manera que no le asiste razón al demandante en este aspecto, puesto que no se desconoció la regla estatutaria según la cual en las sesiones extraordinarias solo se deben estudiar los aspectos que se relacionen en la convocatoria. En efecto, no se trata de un tema que de manera sorpresiva haya sido sometido a consideración del Consejo Directivo.

2.6.3 Entrevista

Para el demandante, hubo violación de los artículos 11 y 12 del Acuerdo 07 de 2018 al modificar el procedimiento de entrevistas y no incluir en la lista de elegibles a los 48 participantes habilitados.

Según el mencionado acuerdo, el procedimiento interno para la elección del director general comprendía las siguientes etapas:

Convocatoria: art. 5
Inscripción y recepción de hojas de vida y documentos soporte: art. 6
Apertura de la urna: art. 7
Verificación de requisitos: art. 8
Elaboración del informe: art. 9
Presentación del informe y reclamaciones: art. 10
De la conformación de la lista de candidatos que cumplen requisitos: art. 11
Designación: art. 12

De acuerdo con el artículo 11, una vez resueltas las reclamaciones, el Comité del Consejo Directivo, debía conformar la lista definitiva de candidatos que cumplieran los requisitos para el cargo para luego ponerla a disposición de todos los miembros del Consejo para lo de su competencia.

También dispone dicho precepto que, conformado el listado final de aspirantes que hayan cumplido requisitos, el Consejo debía entregar al Secretario del Consejo las hojas de vida junto con los documentos de verificación de requisitos, las reclamaciones y los resultados.

Por su parte, el artículo 12 establece que la designación sería realizada en la sesión del Consejo establecida al efecto según el cronograma, en ejercicio de la facultad nominadora conferida por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y los estatutos, siempre que no incurrieran en causal de inhabilidad incompatibilidad y/o impedimento.

Como se observa, la realización de una entrevista a todos los participantes habilitados o a algunos de ellos, no fue contemplada por el Consejo Directivo, sin embargo, es claro que una vez el Consejo Directivo tenía a su disposición el listado definitivo de candidatos, gozaba de la potestad de escoger al director, en tanto no se cambiaron las reglas de la convocatoria.

La entrevista realizada a los 3 postulados que obtuvieron votación, dentro de los 48 nombres sometidos a consideración del Consejo Directivo, no implica ninguna irregularidad en la designación de José Manuel Cortés Orozco como Director General de la CRQ.

La entrevista se enmarca en el ejercicio de una potestad de la que estaba investido el Consejo Directivo para la designación, pues como se advirtió, el Acuerdo 07 de 2018 no fijó una forma determinada para que este órgano escogiera al director general de la entidad.

La única limitación del Consejo, era escoger del listado definitivo de candidatos, como en efecto ocurrió, a partir del informe definitivo que el Comité Evaluador puso a su consideración, con los nombres de 48 personas que consideró habilitados dentro de los que están los 3 entrevistados, sin que se evidencie que trasgredió los principios que rigen la función pública. Por el contrario, la realización de la entrevista le permitió a los miembros del Consejo tener mayores elementos a la hora de emitir su voto por el candidato de su preferencia.

En ese orden no se evidencia la trasgresión de los artículos 11 y 12 del Acuerdo 07 de 2018.

2.6.4 Comisión evaluadora

Para el actor, debe anularse el Acuerdo 09 de 2018 por infracción del artículo 8, parágrafo 2 del Acuerdo 07 de 2018, por indebida conformación de la comisión evaluadora de hojas de vida, debido a la ausencia de uno de sus miembros.

Dicho parágrafo estableció que el “Comité del Consejo Directivo”, encargado de estudiar las hojas de vida de los candidatos y verificar el cumplimiento de los requisitos para el cargo, estaría integrado por 6 miembros del Consejo Directivo: el Gobernador o su delegado; el delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible; el delegado del sector productivo; la alcaldesa del municipio de la Tebaida; el representante de las comunidades indígenas y negras; y el de las entidades sin ánimo de lucro.

Ahora bien, es cierto que el informe de este Comité no fue suscrito por todos sus miembros, sin embargo, ello no constituye un vicio que afecte su validez, pues fue redactado por la mayoría de sus integrantes, esto es, 5 de los 6 miembros, máxime cuando no le correspondía aprobarlo sino elaborarlo puesto que debía ser sometido a consideración y aprobación del Consejo Directivo, como lo establece el artículo 10 del Acuerdo 07 de 2018.

Así las cosas, el Comité cumplió con el deber que le fue impuesto, esto es, elaborar el informe y presentarlo ante el Consejo Directivo, de modo que no se advierte la trasgresión del parágrafo 2º del artículo 8 que solo se refirió a la conformación del Comité.

2.6.5 Repetición de las votaciones

Según el demandante se desconoció el artículo 48 de los Estatutos de la CRQ al repetir la votación para dirimir el empate al momento de la elección, pues en dicha norma no está contemplada dicha posibilidad.

En cuanto a la votación para la escogencia del director general de la CRQ, solo dispone que “será designado por el Consejo Directivo para el periodo que determine la ley, por la mayoría absoluta de los votos del Consejo Directivo; y podrá ser reelegido”. Es decir, no se regula la situación de empate.

Ahora, resulta procedente que, si no se logra dicha mayoría en una primera votación, el Consejo Directivo, en pleno uso de sus facultades, realice cuantas votaciones requiera para alcanzarla, de modo que pueda designar al director general.

En el presente caso, una vez escuchados en entrevista los 3 candidatos que escogió el Consejo Directivo, se sometió a votación los nombres de los aspirantes quienes, en un primer momento, obtuvieron la siguiente votación:

1. Julián Serna Giraldo: 3 votos
2. Alexis Gómez Gómez: 5 votos
3. José Manuel Cortés Orozco: 5 votos

Al presentarse empate y no lograrse la mayoría absoluta, como lo exigen los estatutos, el Presidente del Consejo Directivo concedió un receso y reanudó la sesión con votaciones individuales cuyo resultado fue el siguiente:

1. Julián Serna Giraldo: 1 votos
2. Alexis Gómez Gómez: 3 votos
3. José Manuel Cortés Orozco: 9 votos

En ese orden, como lo sostuvo la Procuradora Delegada, repetir la votación, en virtud del empate presentado, hasta lograr la mayoría absoluta permite y garantiza el principio democrático, en especial, la regla de la mayoría consagrada estatutariamente.

Por lo expuesto, el cargo será negado toda vez que la repetición de las votaciones no solo no está proscrita normativamente, sino que permitió que la decisión cuestionada se adoptara con respeto de las mayorías que rigen al Consejo Directivo.

3. Conclusiones

El acuerdo acusado no está viciado por la causal de nulidad de expedición irregular por ninguna de las circunstancias alegadas por el demandante.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
FALLA:

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovidas por el señor Mateo Hoyos Bedoya contra la designación del señor José Manuel Cortés Orozco como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío para el resto del periodo 2016-2019, efectuada mediante Acuerdo 09 de 6 de agosto de 2018.

SEGUNDO. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado

DELEGACIÓN – Concepto / DELEGACIÓN - Desarrollo constitucional y legal / DELEGACIÓN – Requisitos / DELEGACIÓN – Desarrollo jurisprudencial / ACTA DE SESIÓN – No constituye el documento mismo de la delegación

[E]s claro que el criterio de la Corporación ha sido pacífico al afirmar que, la delegación debe cumplir con ciertos requisitos sustanciales, entre los cuales siempre se ha verificado aquel según el cual el acto debe constar por escrito. (…). [A]l ordenar concretamente que el acto administrativo de delegación sea por escrito, estaba consagrando un elemento esencial de la figura, sin el cual, no resultaría acertado concluir, que en efecto hubo una delegación. Circunstancia que, como se ilustró ha sido expuesta por la jurisprudencia de esta Corporación. Aceptar lo contrario, implicaría desconocer los principios de la función administrativa como la moralidad y la eficacia, pues el legislador colombiano ha exigido una forma instrumental determinada para la existencia del acto de la delegación. En otras palabras, se estableció como mandato legal que, la delegación constara por escrito. (…). Así las cosas, en el caso objeto de esta aclaración, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se advierte que en la reunión del Consejo Directivo realizada el 10 de julio de 2018, el Gobernador del Quindío encargó de manera verbal al Doctor Jamer Chaquip Giraldo Molina, quien funge como Secretario de Despacho de la Gobernación del Quindío, para que lo representara ante el Consejo Directivo y continuara realizando la gestión de presidir la respectiva reunión. Esta circunstancia fue expuesta en el acta de la sesión, como se indicó en el fallo objeto de esta aclaración. No obstante, al haberse realizado el encargo de forma verbal, y aunque del mismo quedó constancia en el acta respectiva, brilla por su ausencia uno de los elementos esenciales y necesarios para que la delegación hubiera nacido a la vida jurídica, esto es, que se realizara por escrito, donde se prescribieran las atribuciones delegadas, el alcance de estas, las instrucciones de inspección y vigilancia, etc. En este orden de ideas, el acta de la sesión llevada a cabo el 10 de julio de 2018, simplemente es un documento que da fe de lo allí ocurrido, es decir, una constancia escrita de lo sucedido en una reunión, de los asistentes a la misma, los temas abordados y las principales intervenciones y decisiones, más no constituye el acto administrativo a través del cual un servidor público en el marco de la ley delega en otro el ejercicio de una o varias de las potestades que constitucional y/o legalmente le fueron conferidas. (…). En consecuencia, no sería razonable concluir que el acta mencionada es el documento mismo de la delegación, más aun cuando el Gobernador del Quindío, en respuesta a la prueba decretada en la audiencia inicial, afirmó que encargó de forma verbal al señor Jaime Chaquip Giraldo, que nunca hubo un acto escrito a través del cual se efectuara la delegación, ya que simplemente manifestó de forma verbal una orden a su subordinado, para que lo remplazara en la sesión, sin que por lo mismo, se le transfiriera el ejercicio de alguna función, situación distinta a que se la hubiere delegado. (…). Ahora bien, en el sub judice la falta de la delegación mencionada, no constituye un vicio que tenga la incidencia suficiente para modificar la decisión adoptada por la CRQ, pues de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, las decisiones adoptadas en dicha sesión cumplieron con el quorum exigido por los estatutos en el artículo 38. En consecuencia, aun sin tener en cuenta el voto del señor Giraldo Molina, ya que el mismo no podía tenerse como válido ante la ausencia del acto de delegación, lo cierto es que ello no incide en la decisión adoptada en la sesión del 10 de julio de 2018, toda vez que asistieron 12 integrantes del Consejo Directivo y un solo voto no tiene la potencialidad de cambiar la decisión, pues, la misma se adoptó por unanimidad.

NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la delegación, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia de 13 de febrero de 2014, radicación 20001-23-31-000-2010-00017-01(0719-13), C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sobre la misma figura y el hecho de que debe ser por escrito, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de julio de 2014, radicación 68001-23-31-000-2000-01453-01(1859-13), C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Acerca del mismo tema y la formalidad según la cual la delegación debe constar por escrito, ver: Corte Constitucional, sentencia de 15 de mayo de 2002, exp. C-372, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 209 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 211 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 9 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 10

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

ACLARACIÓN DE VOTO DE ROCIO ARAÚJO OÑATE

Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00592-00

Actor: MATEO HOYOS BEDOYA

Demandado: JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO – DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

Referencia: Medio de control de nulidad electoral – Designación de director general de corporación autónoma

Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro
Fallo: 2 de mayo de 2019

ACLARACIÓN DE VOTO
Magistrada: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado, me permito exponer las razones por las cuales suscribo la providencia del vocativo de la referencia con aclaración de voto.

ANTECEDENTES

1.1. El ciudadano Mateo Hoyos Bedoya interpuso demanda de nulidad electoral contra el Acuerdo 09 de 6 de agosto de 2018, por medio del cual se designó al señor José Manuel Cortés Orozco como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ.

1.2. El demandante expuso, como normas violadas y concepto de la violación, entre otros, que existía una falta de competencia de los delegados del Gobernador y del municipio de Armenia para la expedición de la convocatoria que tenía como fin la designación del mencionado director general, pues no estaban facultados para participar en el Consejo de la CAR que le corresponde elegir a este, debido a la falta de los actos administrativos de delegación. Para sustentar este cargo citó como desconocidos los artículos 22, 34, 41, 42 y 44 de los Estatutos de la CRQ.

1.3. Esta Sección, en providencia del 2 de mayo de 2019, resolvió negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral, debido a que el acuerdo acusado no está viciado por la causal de nulidad de expedición irregular, ya que ninguna de las circunstancias que alegó el demandante, incluida la ausencia de los referidos actos de delegación, se configuró. Aunque comparto totalmente el sentido de la decisión, estimo necesario profundizar en el análisis de algunos aspectos relacionados con la delegación.

2. Motivos de la aclaración

2.1. Por cuestiones metodológicas, se analizará en primer lugar, el concepto y elementos de la delegación, según la Constitución Política y la ley. Seguidamente, se estudiará la forma como el Consejo de Estado ha entendido la figura. Lo anterior con el fin de establecer que constituye un elemento sustancial de la delegación, el que la misma conste por escrito.

3. Desarrollo constitucional y legal de la delegación

3.1. La delegación es una forma organizacional del derecho público y consiste en que el titular de una competencia o función administrativa, previamente autorizado por el legislador, decide radicarla temporal y discrecionalmente en cabeza de otra autoridad usualmente subordinada.

3.2. Los fundamentos jurídicos de la delegación se encuentran definidos, en primer término, en el artículo 209 de la Constitución, en donde se dispone que la función administrativa se cumple en el Estado colombiano con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, “mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones” (destacado propio).

3.3. Concretamente, al ser la delegación una herramienta para el ejercicio de la función administrativa, su correcta utilización permite que la misma sea eficaz y tenga el efecto positivo deseado en los usuarios de la administración pública. Igualmente, al desarrollarse en el marco constitucional y legal, garantiza la moralidad en la actuación de la administración.

3.4. Así mismo, el artículo 211 de la Constitución Política, al referirse en concreto a la figura de la delegación, establece que “La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.” (Subrayas fuera de texto)

3.5. De la lectura de la norma constitucional, se tiene que, por una parte, consagra la posibilidad de que el Presidente de la República delegue en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado las funciones que la misma ley determine, y, por la otra, que la ley establecerá las condiciones de la delegación de funciones por otras autoridades.

3.6. Ahora, con posterioridad y en desarrollo de la normatividad constitucional la Ley 489 de 1998, reguló el instituto jurídico de la delegación, previendo, en su artículo 9º lo siguiente:

“Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”; que la delegación recaerá “… en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”; y que “[l]os representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley …”.

3.7. Finalmente, en relación con los requisitos de la delegación, la Ley 489 de 1998 establece:

“ARTÍCULO 10.- Requisitos de la delegación. En el acto de la delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. (…)” (Destacado fuera de texto).

3.8. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierten las siguientes conclusiones:

La delegación es una herramienta organizacional de rango constitucional y con estricto desarrollo legal.

La transferencia de la materialización de la función administrativa basada en la norma superior está enmarcada en el desarrollo de los principios de la función administrativa, lo que implica que el acto a través del cual se pretende delegar, no puede contrariar las garantías de moralidad y eficacia. Ello por cuanto, al presentarse como un instrumento para el ejercicio de la función pública, su correcta utilización tiene como consecuencia la eficacia de la misma. Del mismo modo, al realizarse conforme lo establecen la Constitución y la ley, permite el desarrollo de la moralidad en las actuaciones del delegante.

Un acto que no cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998, no sería una delegación.

Para que el acto de delegación nazca a la vida jurídica, (i) debe constar por escrito; (ii) determinar la autoridad delegataria; (iii) determinar las funciones transferidas; y (iv) recaer sobre asuntos que puedan ser delegados.

3.9. En consecuencia, cualquier acto o manifestación de la voluntad de la administración que, no cumpla con los requisitos mencionados, no puede entenderse como una delegación a la luz de la Constitución Política y de la Ley 489 de 1998. De aceptarse lo contrario, se estarían desconociendo los principios de moralidad y eficacia administrativa, ya que la actuación del funcionario escaparía del marco habilitante de la Carta Política.

4. Desarrollo jurisprudencial de la figura

4.1. De antaño la Corporación, ha considerado que los actos a través de los cuales se ejerce la delegación, deben cumplir con los cuatro requisitos esenciales antes mencionados, es decir, que se realice por escrito, se establezca la autoridad delegataria, las funciones transferidas y que la misma recaiga sobre asuntos que puedan ser delegados.

4.2. En ese sentido, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha manifestado:

“En virtud de la delegación de funciones, un funcionario u organismo competente transfiere de manera expresa y por escrito, en las condiciones señaladas en el acto de delegación y en la ley, a uno de sus subalternos o a otro organismo, una determinada atribución o facultad, siempre y cuando se encuentre autorizado por ello por la ley.” (Negrillas fuera de texto)

4.3. Así mismo, la Sección Segunda ha coincidido en que la delegación debe realizarse siempre por escrito, pues tal exigencia hace parte de sus elementos sustanciales:

“La delegación posibilitaba la distribución de facultades entre las distintas autoridades que integran la administración, mediante acto escrito en el que deben detallarse las funciones transferidas a la autoridad delegataria”

4.4. Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, al estudiar, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la existencia de un acto de delegación:

“Respecto de la falta de delegación que indica el actor, obra copia del Decreto Nº 0587 del 4 de noviembre de 2008, “POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA DELEGACIÓN” y en el que su artículo primero dispuso: “Deléguese al Doctor SILVANO SERRANO GUERRERO, Secretario General de la Gobernación, con cédula de ciudadanía…, para que asista a la sesión del Consejo Superior del día 6 y 7 de Noviembre de 2008 a las 2:00 pm.” (Folio 420 Cuaderno Nº 2)

Ahora bien, en atención a que el acto de delegación debe ser escrito, expreso y preciso frente a las funciones o atribuciones delegadas. La Sala, teniendo en cuenta lo expuesto, procederá a establecer sí en el caso que se demanda se configuró la falta de competencia del señor SILVANO SERRANO GUERRERO para representar al Gobernador de Norte de Santander en el Consejo Superior por carecer de delegación para esos efectos como se afirma por el actor. Frente a la delegación en cabeza del señor SILVANO SERRANO GUERRERO, se puede concluir lo siguiente: La delegación por el señor Gobernador de Norte de Santander para ser representado en el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona se dio por escrito. Se establecieron con claridad las funciones cedidas, pues se indicó que eran para actuar como delegado del Gobernador de Norte Santander ante la Consejo Superior del ente universitario, sin restricción alguna en cuanto a las tareas que podía desarrollar en ese ente. El delegado del Gobernador de Norte Santander al Consejo Superior era un empleado de libre nombramiento y remoción del nivel asesor, cumpliéndose así lo dispuesto en la Ley 489 de 1998”.” (Negrillas de la Sala)

4.5. En el caso antes citado, el Consejo de Estado concluyó que la delegación nació a la vida jurídica, debido y en primera medida, a que el acto se realizó por escrito. Así mismo, por cuanto se cumplieron los demás requisitos de la institución.

4.6. Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporación, ha sido enfática en señalar que la delegación de funciones es una técnica de manejo administrativo que supone el traslado de determinada competencia en favor de otro órgano de la administración, mediante acto escrito, revocable, susceptible de recursos en vía gubernativa y sin que ello implique la pérdida de la titularidad de la función para el delegante.

4.7. En ese orden de ideas, es claro que el criterio de la Corporación ha sido pacífico al afirmar que, la delegación debe cumplir con ciertos requisitos sustanciales, entre los cuales siempre se ha verificado aquel según el cual el acto debe constar por escrito. Sobre el punto, se ha dicho:

“El acto de delegación de la competencia para contratar, por la trascendencia de las funciones que comprende, debe realizarse con observancia de ciertas formalidades o requisitos, esto es, debe realizarse por escrito, determinar la identidad del delegatario, así como las funciones o asuntos objeto de delegación, dichos presupuestos se encuentran previstos por el artículo 10 de la Ley 489 de 1998”(Destacado propio).

4.8. Esta posición, ha sido igualmente expuesta por la Corte Constitucional, la cual, al referirse a los requisitos del artículo 10 de la Ley 489 de 1998, expresamente a la formalidad según la cual la delegación debe constar por escrito, expuso que se requiere de un acto formal que debe ser motivado:

“El acto de delegación. La delegación requiere de un acto formal de delegación, en el cual se exprese la decisión del delegante, el objeto de la delegación, el delegatario y las condiciones de tiempo, modo y lugar para el ejercicio de la delegación. Sobre este requisito señaló la Corte que: ‘la posibilidad de transferir su competencia – no la titularidad de la función - en algún campo, se perfecciona con la manifestación positiva del funcionario delegante de su intención de hacerlo, a través de un acto administrativo motivado, en el que determina si su voluntad de delegar la competencia es limitada o ilimitada en el tiempo o general o específica” (Negrilla fuera de texto).

4.9. En ese orden de ideas, no puede perderse de vista, que tanto la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, como la constitucional, han sido claras al afirmar que los actos de delegación, para que existan y produzcan los efectos queridos, deben (i) constar por escrito; (ii) determinar la autoridad delegataria; (iii) las funciones transferidas; y (iv) recaer sobre asuntos que puedan ser delegados.

5. Caso concreto

5.1. Al aplicar los derroteros expuestos en precedencia, se tiene que la Sala incurrió en una imprecisión al establecer lo siguiente:

“Así las cosas, para que la delegación sea válida se requiere plena certeza de su objeto -materia delegable y/o las condiciones de la delegación-, así como de quién delega y quién es la autoridad delegataria.

La norma [artículo 10 de la Ley 489 de 1998] exige que la delegación se realice por escrito, previsión que, a juicio de esta Sala, tiene el propósito de garantizar la publicidad y oponibilidad de la transferencia del ejercicio de una función, de modo que no existan dudas sobre los elementos que se acaban de indicar.

De esta manera, los destinatarios de la facultad que se ha transferido de manera temporal, tienen certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el ejercicio de la delegación.” (Negrillas fuera de texto)

5.2. Lo anterior por cuanto, el legislador al establecer el requisito relativo a la escritura de la delegación, si bien tuvo en cuenta que el mismo permite la publicidad y la oponibilidad del acto, lo cierto es que el fin perseguido no fue una cuestión probatoria del mismo, sino que por el contrario, determinó un elemento de su esencia, sin el cual, aquel no nacería a la vida jurídica.

5.3. En efecto, al ordenar concretamente que el acto administrativo de delegación sea por escrito, estaba consagrando un elemento esencial de la figura, sin el cual, no resultaría acertado concluir, que en efecto hubo una delegación. Circunstancia que, como se ilustró ha sido expuesta por la jurisprudencia de esta Corporación.

5.4. Aceptar lo contrario, implicaría desconocer los principios de la función administrativa como la moralidad y la eficacia, pues el legislador colombiano ha exigido una forma instrumental determinada para la existencia del acto de la delegación. En otras palabras, se estableció como mandato legal que, la delegación constara por escrito.

5.5. En ese sentido, la institución de la delegación permite el ejercicio de la función administrativa de forma eficaz, siempre y cuando aquella se realice en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. De lo contrario, los actos del supuesto delegante no tendrían validez, vulnerando, en consecuencia, el principio de la eficacia.

5.6. Adicionalmente, se afectaría la moralidad, principio que cobija todas las actuaciones de los funcionarios del Estado y de los particulares que cumplen funciones públicas, pues los servidores públicos están obligados a hacer solo lo que les está permitido por la ley, de manera que cuando hay omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, como ocurriría en el caso de quien sin delegación ejerce funciones propias de su superior, están sobrepasando lo que por orden constitucional les está permitido ejecutar.

5.7. En ese sentido, una delegación no surge a la vida jurídica si no se ha determinado la autoridad delegataria, las funciones transferidas o que recaiga sobre asuntos delegables, así como tampoco lo haría si la misma no consta por escrito.

5.8. Así las cosas, en el caso objeto de esta aclaración, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se advierte que en la reunión del Consejo Directivo realizada el 10 de julio de 2018, el Gobernador del Quindío encargó de manera verbal al Doctor Jamer Chaquip Giraldo Molina, quien funge como Secretario de Despacho de la Gobernación del Quindío, para que lo representara ante el Consejo Directivo y continuara realizando la gestión de presidir la respectiva reunión.

5.9. Esta circunstancia fue expuesta en el acta de la sesión, como se indicó en el fallo objeto de esta aclaración. No obstante, al haberse realizado el encargo de forma verbal, y aunque del mismo quedó constancia en el acta respectiva, brilla por su ausencia uno de los elementos esenciales y necesarios para que la delegación hubiera nacido a la vida jurídica, esto es, que se realizara por escrito, donde se prescribieran las atribuciones delegadas, el alcance de estas, las instrucciones de inspección y vigilancia, etc.

5.10. En este orden de ideas, el acta de la sesión llevada a cabo el 10 de julio de 2018, simplemente es un documento que da fe de lo allí ocurrido, es decir, una constancia escrita de lo sucedido en una reunión, de los asistentes a la misma, los temas abordados y las principales intervenciones y decisiones, más no constituye el acto administrativo a través del cual un servidor público en el marco de la ley delega en otro el ejercicio de una o varias de las potestades que constitucional y/o legalmente le fueron conferidas.

5.11. Por el contrario, de aceptarse que una constancia escrita, como por ejemplo un acta, o un video o grabación de audio suple el requisito relativo a que la delegación debe realizarse por escrito, carecería de sentido la exigencia del legislador, la cual, como se ha expuesto a lo largo de esta aclaración, es un elemento de la esencia del acto de delegación.

5.12. En consecuencia, no sería razonable concluir que el acta mencionada es el documento mismo de la delegación, más aun cuando el Gobernador del Quindío, en respuesta a la prueba decretada en la audiencia inicial, afirmó que encargó de forma verbal al señor Jaime Chaquip Giraldo, que nunca hubo un acto escrito a través del cual se efectuara la delegación, ya que simplemente manifestó de forma verbal una orden a su subordinado, para que lo remplazara en la sesión, sin que por lo mismo, se le transfiriera el ejercicio de alguna función, situación distinta a que se la hubiere delegado.

5.13. Así las cosas, al ser la delegación una forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa, que por lo mismo constituye una técnica de manejo administrativo en virtud de la cual se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, no pueden desconocerse las exigencias sustanciales que ha establecido el legislador.

5.14. En efecto, los requisitos de la institución no se presentan caprichosos ante la importancia del instrumento, esto es, para la eficacia de la función administrativa, que además es un principio constitucional que la rige. En ese sentido, el desconocimiento del deber de realizar la delegación tiene como única consecuencia, que la misma no surja a la vida jurídica.

5.15. En este caso, y aun ante otros indicios que permitan determinar la voluntad del funcionario delegante, deben prevalecer los principios superiores, en protección de la función administrativa, no siendo posible suplir la falta del documento de delegación, con grabaciones o actas, como se afirmó en el fallo objeto de esta aclaración, en el cual, la Sala indicó:

“Además, la delegación quedó plasmada no solo en el audio, sino que también consta por escrito en el acta de la sesión que fue firmada por delegante y delegatario, lo que resulta razonable si se tiene en cuenta que se dio en el marco de una reunión de un cuerpo colegiado que interactúa sobre todo en forma oral (…)”

5.16. Argumento que, por lo expuesto con anterioridad no comparto, ya que desconoce los elementos esenciales del acto de delegación.

5.17. Ahora bien, en el sub judice la falta de la delegación mencionada, no constituye un vicio que tenga la incidencia suficiente para modificar la decisión adoptada por la CRQ, pues de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, las decisiones adoptadas en dicha sesión cumplieron con el quorum exigido por los estatutos en el artículo 38.

5.18. En consecuencia, aun sin tener en cuenta el voto del señor Giraldo Molina, ya que el mismo no podía tenerse como válido ante la ausencia del acto de delegación, lo cierto es que ello no incide en la decisión adoptada en la sesión del 10 de julio de 2018, toda vez que asistieron 12 integrantes del Consejo Directivo y un solo voto no tiene la potencialidad de cambiar la decisión, pues, la misma se adoptó por unanimidad.

En los términos expuestos, queda presentada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra,

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

Al respecto consultar: consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 15 de diciembre de 2015, radicación 11001-03-28-000-2015-00046-00 CP. Alberto Yepes Barreiro.
Rodríguez Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, Bogotá, 2013, pág. 322
Carlos Betancour Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Bogotá, 2014, pág. 291
Rodríguez Libardo, Ob cit.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de octubre de 2016, expediente 11001-03-28-000-2015-00041-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de septiembre de 2016, expediente25000-23-41-000-2014-00042-02, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Ver al respecto la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda del 13 de febrero de 2014. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 20001-23-31-000-2010-00017-01(0719-13)
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de marzo de 2012. M.P. Alberto Montaña Plata. Rad. 11001032600020100002900
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 10 de julio de 2014. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 68001-23-31-000-2000-01453-01(1859-13)
Ver artículo 10 de la Ley 489 de 1998
“Articulo 10. Requisitos de la delegación. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. (…)”
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de enero de 2016. M.P. Sandra Lisset Ibarra Velez. Rad. 54001-23-31-000-2009-00166-01(0851-15)
Ver sentencias del 26 de septiembre de 2013. Rad. 1044-2012. M.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 5 de noviembre de 2015. M.P. Sandra Lisset Ibarra Velez. Rad. 44001-23-31-000-2010-00005-01
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 21 de junio de 2018. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad. 25000-23-42-000-2015-00687-01(0534-17)
El artículo 10 de la ley 489 de 1998 señala que “En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren”.
Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda espinosa. Las sentencias C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, también se refieren a la exigencia del acto de delegación.
Corte Constitucional, Sentencia C-372 del 15 de mayo de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño
Ver Al respecto la Sentencia de la Corte Constitucional, C-826 del 13 de noviembre de 2013. M.P. Luis Ernesto Silva
Ver al respecto la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 28 de enero de 2016. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. 11001-0324-000-2012-00348-00

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