Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2010-00029-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2010-00029-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2010-00029-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 25 de mayo de 2023
Radicación: 11001-03-26-000-2010-00029-00 (38703)
Demandante: Reinaldo Fortunato Pérez Fernández
Demandado: Departamento de Antioquia - Dirección de
Titularización y Fiscalización Minera
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Nulidad y Restablecimiento del derecho Código de Minas Falsa motivación por
error de hecho Violación al debido proceso por falta de notificación personal del inicio
de un procedimiento administrativo sancionador
Síntesis del caso: El accionante solicitó, entre otras pretensiones, la nulidad de una
cancelación de licencia de explotación minera y la nulidad de una resolución en la cual se
rechazó una solicitud de legalización de explotación minera por violación al debido
proceso y falsa motivación .
Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta en contra de los actos
administrativos proferidos por la Dirección de Titularización y Fiscalización
Minera del Departamento de Antioquia1.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 5 de octubre de 2007 Reinaldo Fortunato Pérez Fernández, presentó
demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en contra del Departamento de Antioquia Dirección de
1
El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los asuntos en los que se debata la
nulidad y el restablecimiento del derecho de asuntos mineros, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128
del Código Contencioso Administrativo (CCA) y 295 de la Ley 685 de 2001.
2
Folios 8-31 del cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-26-000-2010-00029-00 (38703)
Demandante: Reinaldo Fortunato Pérez Fernández
Demandado: Dirección de Titularización y Fiscalización Minera del
Departamento de Antioquia
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
Decisión: Declarar la nulidad de los actos demandados
Titularización y Fiscalización Minera, con las pretensiones que se trascriben a
continuación:
1. Principal. Se decrete la nulidad de las resoluciones 400 del 23 de noviembre de
2005, confirmada a través de la resolución 12833 del 7 de junio de 2007, por medio
de las cuales se cancela una licencia de explotación y se ordena su archivo,
emitidas por emitidas por la Dirección de Titularización y Fiscalización Minera de la
Secretaría de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia.
2. Principal. Se decrete la nulidad de las resoluciones 22273 del 2 de octubre de
2006, confirmada por la resolución 12874 del 7 de junio de 2007, a través de las
cuales se rechaza una solicitud de legalización de explotación minera, emitidas por
la Dirección de Titularización y Fiscalización Minera de la Secretaría de
Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia.
3. Consecuencial de la Pretensión Primera. Que como consecuencia de la
pretensión primera, se ordene a la Dirección de Titularización y Fiscalización Minera
de la Secretaría de Productividad y Competitividad del Departamento de
Antioquia, Dirección de Titularización y Fiscalización. Minera del Departamento de
Antioquia, que estudie la solicitud de prórroga de la licencia especial de
explotación de pequeña minería - a la luz de las condiciones y requisitos que rigen
en la actualidad-, otorgada a través de la resolución 013607 del 7 de mayo de 2001,
presentada por el señor REINALDO FORTUNATO PÉREZ FERNÁNDEZ, antes de la fecha
de vencimiento de la misma..
4. Consecuencial de la Pretensión Segunda. Que como consecuencia de la
Pretensión Principal "2", se le ordene a la Dirección de Titularización y Fiscalización
Minera del Departamento de Antioquia, que se sirva notificar personalmente al
señor REINALDO FORTUNATO PÉREZ los requerimientos que considere convenientes
para continuar con el proceso de legalización de explotación minera radicada
bajo el número 6025.
5. Consecuencial de las pretensiones Primera y segunda: Dirección de Titularización
y Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, a pagar a favor del señor
REINALDO FORTUNATO PÉREZ, la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50.000.000), contados desde el 12 de junio de 2007, cuando se cumpliría el primer
año de explotación de la mina de acuerdo a la licencia ambiental expedida, hasta
la fecha en que se permita nuevamente la explotación; a razon de 10.000 metros
cúbicos de material a CINCO MIL PESOS ($5.000) cada metro cúbico de material.
2. La parte demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en los
siguientes hechos:
3. 1) En la década de 1970, el demandante adquirió el predio donde se
encuentra la cantera denominada “la mortuoria”, ubicada en el municipio
de Entrerríos. Desde esa época la minería ha sido de pequeña escala y de
simple subsistencia.
4. 2) El 4 de noviembre de 1999, el demandante solicitó una licencia especial
de explotación minera, con radicado 4996, ante la Secretaría de Minas y
Energía del Departmento de Antioquia.
5. 3) La Secretaría otorgó la licencia mediante la Resolución 13607 de 7 de
mayo de 2001, para extraer 10.000 m3 por año, con una duración de 5 años
prorrogables. El término debía contarse desde la inscripción en el registro
minero, lo cual sucedió el 11 de junio de 2002. La mina no podía ser
explotada hasta que se otorgara una licencia ambiental.
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Radicación: 11001-03-26-000-2010-00029-00 (38703)
Demandante: Reinaldo Fortunato Pérez Fernández
Demandado: Dirección de Titularización y Fiscalización Minera del
Departamento de Antioquia
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
Decisión: Declarar la nulidad de los actos demandados
6. 4) El señor Fortunato solicitó la licencia el 14 de noviembre de 1999. Sin
embargo, esta le fue otorgada el 13 de junio de 2006.
7. 5) El demandante solicitó, el 14 de junio de 2003, el proceso de
legalización de explotación minera, al amparo de la Ley 685 de 2001.
8. 6) En 2003, la autoridad minera contaba con dos trámites sobre franjas de
terreno contiguas, correspondientes a la cantera Yerbuenal-La Mortuoria. La
primera con el radicado 4996, el cual esperaba licencia ambiental. La
segunda, con radicado 6025, para un frente que había sido explotado de
manera artesanal desde hacía algunas décadas.
9. 7) En un informe de visita técnica 224 de 20 de agosto de 2003, se informó
que el área otorgada en concesión estaba inactiva. Sin embargo, a unos
metros del área del título, el señor Fortunato sí realizaba explotación minera.
Lo anterior era cierto y respondía a la existencia de los dos trámites referidos
en el hecho anterior y no a una irregularidad.
10. 8) La Secretaría realizó un requerimiento en el que citaba a
comparecer y rendir descargos al señor Fortunato. Este requerimiento fue
notificado por estado, sin que se hubiera intentado notificar personalmente
al interesado.
11. 9) El 23 de junio de 2004, se inició trámite sancionatorio contra
Fortunato Pérez Fernández, por no explotar el área otorgada (trámite 4996).
Se le requirió que rectificara, subsanara o formulara defensa so pena de
cancelación de la licencia. Este trámite también se notificó por estado.
12. 10) En dos visitas técnicas, de agosto de 2004 y mayo de 2005, se
verificó que en el área entregada, no se había realizado ninguna actividad
minera.
13. 11) En julio de 2005, el señor Fortunato se enteró del trámite
sancionatorio en su contra y rindió descargos, en los cuales informó que el
área no había sido explotada ante la ausencia de la licencia ambiental
tramitada ante Corantioquia.
14. 12) El 23 de noviembre de 2005 mediante la Resolución 400, se
canceló la licencia de explotación en pequeña minería, que había sido
otorgada mediante la Resolución 13607 de 7 de mayo de 2001. La autoridad
rechazó los argumentos del sancionado, pues no tenía conocimiento del
trámite adelantado ante la autoridad ambiental. Sobre este punto, el
demandante cuestionó que no se hubiera oficiado a Corantioquia. Sobre el
particular citó el artículo 266 del Código Minero, según el cual la autoridad
minera debía solicitar esa información.
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Radicación: 11001-03-26-000-2010-00029-00 (38703)
Demandante: Reinaldo Fortunato Pérez Fernández
Demandado: Dirección de Titularización y Fiscalización Minera del
Departamento de Antioquia
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
Decisión: Declarar la nulidad de los actos demandados
15. 13) El 12 de enero de 2006 el sancionado interpuso recurso de
reposición contra la Resolución 400 de 2005, en el cual argumentó que la
explotación no había podido iniciar por no contar aún con la licencia
ambiental y recordó que para corroborar su postura, era suficiente oficiar a
Corantiquia.
16. 14) El 12 de junio de 2006, mediante licencia 130 TH 5257, la autoridad
ambiental autorizó la explotación de la cantera de que trataba la
Resolución 13607 de 2001.
17. 15) El 7 de junio de 2007, mediante la Resolución 12833, la Secretaría
confirmó la Resolución 400 de 2005.
18. 16) El demandante no incluyó hechos relacionados con la solicitud de
legalización de explotación minera de que trata la pretensión segunda.
19. En la demanda se invocaron como cargos de nulidad de los actos
administrativos, la violación del derecho de audiencia y defensa, pues se
trató de un trámite sancionatorio que nunca fue notificado personalmente
al demandante, sino por estado; violación al derecho de audiencia y
defensa porque se notificaron por estado las decisiones en el trámite que
llevó al rechazo de la solicitud de legalización de explotación minera; falsa
motivación, pues el demandante no incumplió sus obligaciones, ya que no
había explotado la cantera por no contar con licencia ambiental para
hacerlo, ni había incumplido las medidas de prevención y mitigación; no
había explotado por fuera del área de la licencia objeto de litigio porque
estaba amparada por otro trámite minero; la licencia ambiental con fecha
de 2006 fue presentada ante la autoridad minera antes de que se decidiera
el recurso de reposición; el señor fortunato no estaba incurso en ninguna de
las causales de cancelación de licencia, pues no había explotado la
cantera, pero no de manera injustificada.
1.2. Posición de la parte demandada
20. El Departamento contestó la demanda3, se opuso a las pretensiones y
sostuvo, en resumen, lo siguiente:
21. La notificación debía realizarse por estado de conformidad con las
normas especiales, en particular el artículo 311 del Decreto 2655 de 1988.
22. El señor Fortunato fue requerido por la autoridad ambiental en el trámite
de la licencia y este solamente respondió al requerimiento cuando se había
iniciado el trámite en su contra por la autoridad minera. Es decir, la no
obtención de la licencia ambiental fue causada por su falta de diligencia.
3
El 20 de mayo de 2008, Folios 49-64 del cuaderno 1.
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Radicación: 11001-03-26-000-2010-00029-00 (38703)
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Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
Decisión: Declarar la nulidad de los actos demandados
2. CONSIDERACIONES
2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Condena en costas.
2.1. Análisis sustantivo
23. La Sala anulará dos de los actos administrativos demandados, como
consecuencia de que fueron expedidos con falsa motivación y violación de
los derechos de audiencia y defensa. No obstante, se negarán las
pretensiones relacionadas con el restablecimiento del derecho, pues el
demandante no acreditó el daño sufrido. Asimismo, se negará la pretensión
de nulidad de la resolución relacionada con la formalización de explotación
minera.
24. Mediante la Resolución 400 de 23 de noviembre de 2005, la autoridad
minera canceló la licencia especial, con radicación 4996. La causal
invocada en el aparte de las consideraciones de esa Resolución fue la
prevista por el numeral 3 del artículo 76 del Decreto 2655 de 1988. Esto es,
“el no realizar los trabajos y obras de exploración, montaje y explotación en
las condiciones y dentro de los términos legales o contractuales, o suspender
tales actividades y obras por más de seis (6) meses sin causa justificada”.
25. Mediante la Resolución 12833 de 7 de junio de 2007, el Departamento
confirmó la Resolución 400 de 2005. En ella se indicó que el titular de la
licencia debía obtener la autorización de la autoridad ambiental, por lo que
no tenía fundamento su recurso. Igualmente, se indicó que no se había
cumplido con las obligaciones de prevención y mitigación de los efectos
ambientales del proyecto.
26. La causal invocada en la Resolución 400 de 2005 se refiere a la no
explotación del área de la licencia. En esa misma resolución se refirió la
presencia de trabajadores fuera del área objeto de licencia, pero no se
invocó en el acto ninguna causal relacionada con este asunto. Por lo tanto,
la decisión de la Sala se concentrará en establecer si, de conformidad con
las pruebas obrantes en el expediente, la causal invocada en la Resolución
400 se configuró.
27. Sobre este asunto resulta fundamental hacer notar que el citado artículo
75 exige que las conductas descritas en el numeral 3, relacionadas con la
inactividad en el área otorgada, deben ser “sin causa justificada”. En
relación con ello, es imprescindible anotar que el artículo 3 de la Resolución
13607 de 2001, por medio de la cual se le otorgó la licencia de
explotación,indicaba: “para la ejecución de los trabajos autorizados con la
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Demandante: Reinaldo Fortunato Pérez Fernández
Demandado: Dirección de Titularización y Fiscalización Minera del
Departamento de Antioquia
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
Decisión: Declarar la nulidad de los actos demandados
expedición de esta licencia de explotación, el titular deberá obtener de la
autoridad competente, la respectiva licencia ambiental”.
28. En otras palabras, el acto administrativo de licencia estaba sometido, en
los derechos de ejecución de trabajos de explotación minera, a una
condición suspensiva: la obtención de la licencia ambiental. Por lo tanto, en
ausencia de la condición la licencia ambiental jurídicamente no podía
empezarse la explotación. En esa medida, para la Sala la no explotación del
señor Fortunato Pérez Fernández no fue injustificada y, en ese orden, no se
configuró el supuesto de hecho previsto en el numeral 3 del artículo 76 del
Código de Minas vigente, el Decreto 2655 de 1988, y, en consecuencia, se
anularán los actos demandados.
29. De otro lado, en relación con los argumentos de la demandada, según
los cuales el demandante fue negligente en la obtención de la licencia no
existe prueba en ese sentido. Es cierto que, en el aparte de las
consideraciones de la Resolución 5257 de 2006, por la cual se otorgó la
licencia ambiental, se relataron unos requerimientos elevados por la
autoridad ambiental al señor Fortunato Pérez Fernández. No obstante, esos
requerimientos, aislados de su contexto y de otras pruebas en ese sentido,
no permiten concluir que la falta de explotación haya sido “sin justa causa
justificada”, pues, como se ha indicado, la causa era la ausencia de la
configuración de la condición suspensiva a que se encontraba sujeto el
derecho a explotar la cantera.
30. La norma citada por la entidad demandada en relación con la
notificación del trámite sancionatorio en contra del señor Fortunato indica,
en efecto, que las notificaciones “de las resoluciones de simple trámite se
efectuarán por estado, fijado por un (1) día: las definitivas que otorguen o
nieguen el derecho a explorar o explotar, las que por su contenido
produzcan la terminación del negocio en cualquier estado del trámite y las
que nieguen peticiones de terceros, se harán personalmente”. No obstante,
esa norma no resulta aplicable al inicio de un procedimiento sancionatorio
tendiente a la cancelación de la licencia de explotación minera. Esa norma,
como las demás de procedimiento de ese Código, se refieren a la etapa
previa a la celebración del contrato de concesión minera o de
otorgamiento de la respectiva licencia y no, como parece haberlo
interpretado el Departamento, para las etapas posteriores a ese momento4.
De igual manera, dar a conocer el inicio de una actuación administrativa
sancionatoria por parte de la autoridad minera por estado fijado un día es
contrario al derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo
4 Se pone de presente que esta posición no es compartida por los Magistrados Martín Bermúdez Muñoz y Fredy
Ibarra Martínez, para quienes las normas del Código Minero sobre procedimiento aplican tanto para la etapa
previa a la expedición de la licencia o la celebración del contrato, como para la etapa posterior. En adición, para
el magistrado Bermúdez solamente las afectaciones sustanciales al derecho al debido proceso darían lugar a la
nulidad del acto.
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Demandante: Reinaldo Fortunato Pérez Fernández
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Decisión: Declarar la nulidad de los actos demandados
29 de la Constitución Política. Por lo tanto, en ausencia de una norma
especial en el Código vigente, debió recurrirse a las normas generales de los
procedimientos administrativos para dar a conocer efectivamente esa
actuación de manera que resultara coherente con los mandatos del
artículo 29 de la Constitución.
31. La Sala negará la pretensión segunda, pues no existió, para esas
Resoluciones, violación al derecho de audiencia y defensa. Lo anterior,
puesto que la disposición del Código de Minas, artículo 269 de la Ley 675 de
2001, que indica que la notificación debe darse por estado, aplicaba,
precisamente, para los trámites previos a la expedición de la licencia o la
celebración del contrato. Por ello, se negará la nulidad de las Resoluciones
22273 de 2 de octubre de 2006, confirmada mediante la Resolución 12874
de 7 de junio de 2007, a través de la cual se rechazó una solicitud de
legalización de explotación minera. Este fue el único cargo propuesto en
contra de esos actos administrativos.
32. En relación con el restablecimiento del derecho, el demandante no
realizó esfuerzo alguno para demostrar los daños o perjuicios sufridos. En la
demanda se indicó, sin respaldo probatorio, que la cuantía sería de
“50.000.000 (...) a razón de 10.000 metros cúbicos de material, a cinco mil
pesos cada metro cúbico de material”. Ante la absoluta ausencia de
pruebas sobre el punto, la Sala negará las pretensiones de restablecimiento
del derecho.
33. Finalmente, en lo que se refiere a la orden de analizar la prórroga del
demandante, la Sala ordenará a la autoridad minera que estudie, de
conformidad con las normas vigentes, la prórroga solicitada por el señor
Fortunato Pérez Fernández.
2.2. Condena en costas
34. Sin condena en costas de conformidad con lo establecido en el artículo
171 del CCA.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-26-000-2010-00029-00 (38703)
Demandante: Reinaldo Fortunato Pérez Fernández
Demandado: Dirección de Titularización y Fiscalización Minera del
Departamento de Antioquia
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento
Decisión: Declarar la nulidad de los actos demandados
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones 400 de 23 de
noviembre de 2005, por medio de la cual se canceló una licencia de
explotación y se ordenó su archivo, proferida por la Directora de Titulación
y Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia y 12833 de 7 de junio
de 2007, por medio de la cual se resuelvió un recurso de reposición y se
confirma la resolución de cancelación, radicado 4996, proferida por la
Directora de Titulación y Fiscalización Minera del Departamento de
Antioquia.
SEGUNDO: ORDENAR a la autoridad minera estudiar, de conformidad con las
normas vigentes, la prórroga, solicitada por el señor Fortunato Pérez
Fernández, de la licencia de explotación minera concedida mediante la
Resolución 13607 de 7 de mayo de 2001.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, ARCHÍVESE el
expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
8 de 8
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