Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01625-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01625-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01625-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Temas: Insubsistencia empleado libre nombramiento y remoción /
Competencia funcionario que expidió el acto de retiro / falta de
notificación / desviación de poder.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 14 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección segunda, subsección F, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo1, Germán Antonio Mendieta Mendieta presentó
demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 16 del 10 de
enero de 2018 por medio de la cual fue declarado insubsistente su nombramiento
en el cargo de subdirector grado 2 del Centro de Diseño y Metrología de la
regional distrito capital del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) ordenar el reintegro al cargo que ocupaba o a uno equivalente o de
superior categoría; iii) condenar al reconocimiento y pago de los salarios, prima
técnica, bonificaciones y demás prestaciones sociales legales dejadas de percibir
desde su desvinculación hasta su reintegro junto con los incrementos legales; (iv)
declarar que no ha existido solución de continuidad hasta el día en que
efectivamente se produzca su reintegro; (v) condenar en costas y agencias en
derecho a la entidad demandada y (vi) dar cumplimiento en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
El actor fue designado el 13 de julio de 2004 como subdirector grado 2 del Centro
de Diseño y Metrología de la regional distrito capital y en virtud de la Resolución
16 del 10 de enero de 2018, se declaró insubsistente su nombramiento. El cargo
desempeñado de conformidad con el artículo 26 del Decreto 249 de 2004 es de
libre nombramiento y remoción. Sin embargo, de conformidad con la norma
prenotada, su nombramiento debía realizarse mediante un proceso de selección
meritocrático, sujeto a veeduría ciudadana.
La decisión de insubsistencia no fue notificada en debida forma y en el epígrafe se
mencionan unas facultades delegadas por el director del SENA, en virtud de las
cuales, el secretario general declaró su insubsistencia.
En la hoja de vida no se dejó constancia alguna respecto de la confianza o
cualquier otra causa que motivara su retiro, por lo que se incumplió con lo
ordenado en la norma, de manera que, objetivamente no hubo razones legales
para su desvinculación. Entonces, dada la gestión realizada y sumado al hecho de
no contar con razones asociadas a la confianza para el ejercicio del cargo o al
mejoramiento de la función pública, la decisión de retiro se explica por el
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Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
sinnúmero de escándalos, denuncias e investigaciones que señalaron al SENA
como un botín burocrático y por ello, se requería con urgencia la disponibilidad del
cargo.
Cuestionó el hecho de no haberse entregado el puesto de trabajo como lo
indicaba el acto de retiro, ni hacer el empalme de los temas relevantes que
estaban en curso para evitar la afectación de la función pública, como eran los de
contratación que manejaba cada subdirector de centro, aspecto neurálgico como
quiera que para atender los programas se requería alrededor de 120 instructores,
de los cuales, solo el 10% eran de planta de personal, de manera que, el atractivo
de la declaratoria de insubsistencia, para esa época que era pre electoral, se
situaba en los contratos de prestación de servicios que tenían a cargo los
subdirectores de centro.
En síntesis, controvirtió el acto de insubsistencia por presentar varias
irregularidades, pues, este no contó con la debida notificación personal, fue
emitido por funcionario sin competencia y careció de razones que sustentaran la
presunción de mejoramiento del servicio.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 125, 209 y 211 de la
C.P.; 11 de la Ley 489 de 1998; 44 de la Ley 1437 de 2011; 24, y 47 de la Ley 909
de 2004 y 26 del Decreto 249 de 2004.
En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos2:
Los actos demandados están viciados por i) falta de competencia y ii) desviación
de poder.
2 Folios 23 al 43 del expediente.
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Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
En lo que respecta a la falta de competencia afirmó que de conformidad con el
artículo 26 del Decreto 249 de 2004, los actos de remoción de los subdirectores de
centros de formación integral son de competencia exclusiva del director general
del SENA. Sin embargo, el acto acusado fue suscrito por el secretario general (e)
de la entidad, servidor que carece de facultad para expedir la decisión que lo retiró
del servicio. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, debe
entenderse que la facultad nominadora, función asignada a los representantes
legales de los establecimientos públicos es concreta en relación con los empleos
de nivel directivo y se particulariza en lo que respecta a la remoción de
determinados funcionarios, en consecuencia, es expresa e indelegable.
En cuanto a la desviación de poder, admitió que si bien la legislación y la
jurisprudencia tienen establecido que la declaratoria de insubsistencia respecto de
servidores nombrados en cargo de libre nombramiento y remoción obedece a la
facultad discrecional, ello no supone un aval del ordenamiento jurídico frente a un
actuar caprichoso. La norma que autoriza la facultad discrecional para la
declaratoria de insubsistencia de un cargo de libre nombramiento y remoción
apunta de manera directa a unos fines, entre ellos, el mejoramiento del servicio
público. En contraste con ello, se tiene que sus altas capacidades, experiencia y
logros le permitieron mantenerse al frente del Centro de Diseño y Metrología de la
regional distrito capital por más de 13 años, lo cual ofrece un elemento objetivo de
valoración respecto de la decisión vinculada a su permanencia o no.
Sumado a ello, para la época de su vinculación, el centro de formación solo
contaba con 1 programa y en 13 años de desempeño logró diseñar, acreditar y
ofrecer 11 programas nuevos, lograr la dotación y modernización del laboratorio
de metrología de mediciones y calibraciones industriales, el desarrollo del
programa de adaptación de prótesis y ortesis y proyectos de investigación inscritos
en COLCIENCIA, hechos que fijan un referente objetivo respecto de la decisión de
desvinculación, pues la presunción de legalidad está vinculada al mejoramiento
del servicio.
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Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
A su juicio, el contexto que rodeó la declaratoria de insubsistencia reveló serios
indicios de la existencia de manejos irregulares al interior de la entidad
demandada que llevaron a que se tildara por parte de políticos y medios de
comunicación como un «botín» burocrático, siendo objeto de investigaciones por
parte de los órganos de control. Y le resultó extraño que entre noviembre y
diciembre de 2017 y enero de 2018 fueran declarados insubsistentes 16
subdirectores de centro, justamente en etapa pre electoral
1.2. Contestación de la demanda
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las razones que se expresan a continuación3:
El director del SENA en ejercicio de sus atribuciones y competencias, mediante
Resolución 2367 de 2017 delegó en el secretario general (e) las funciones propias
de su cargo, entre ellas, la de declarar insubsistente la vinculación del actor4. El
hecho de que los nombramientos de los subdirectores estén precedidos de un
proceso meritocrático, no significa que la persona nombrada tenga una estabilidad
especial similar al de un empleado público de carrera administrativa.
Todos los directivos del sector público a quienes se les aplica la Ley 909 de 2004,
ingresan por concurso meritocrático, lo cual no se erige como fundamento para
decir que la facultad discrecional quedó abolida, pues la misma norma deja a salvo
la facultad de libre remoción que tiene el nominador sobre estos cargos.
El director general o su encargado como sucede en el presente asunto, en su
condición de nominador, tiene la facultad discrecional para remover al actor, pues
su nombramiento fue ordinario y el empleo es directivo y de libre nombramiento y
remoción, razón por la cual, el acto demandado se ajusta a la normativa vigente
conservando intacta su presunción de legalidad.
3 Folios 152 al 167 del expediente.
4
Folio 115.
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
El retiro del servicio de los empleados de libre nombramiento y remoción no debe
ser motivado y la desviación de poder debe ser probada, es decir, se debe aportar
al proceso en forma oportuna y por los medios legalmente aceptados, los motivos
y pruebas que lleven al fallador al convencimiento acerca de la veracidad de los
hechos en que se funda la causal de nulidad, situación que no se observa en el
caso del actor, en tanto no se evidencian pruebas que acrediten dicha causal.
En empleos de libre nombramiento y remoción, el desempeño laboral no afecta la
facultad discrecional, pues no es suficiente con que el empleado cumpla con sus
deberes, pues esa es una obligación de todo servidor público. Los resultados de
una gestión, en este caso, una subdirección de área, no depende simplemente de
la buena o mala labor de quien la dirige, sino del equipo de trabajo que conoce sus
funciones y las ejecuta oportunamente.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia proferida el 6 de abril de 2021, negó las pretensiones de la
demanda.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1426 del 24 de julio de 1998, modificado
por el Decreto 248 de 2004, observó que el cargo de subdirector, desempeñado
por el demandante, se encontraba clasificado en el nivel directivo, en tanto le
correspondía la dirección, formulación de políticas y adopción de planes,
programas y proyectos para su ejecución, por lo que se trataba de un empleo de
libre nombramiento y remoción.
En lo que respecta a la falta de competencia del secretario general para proferir el
acto de desvinculación, encontró que la Resolución 2367 del 27 de diciembre de
5 Folios 527 al 543
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Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
2017, por medio de la cual el director general delegó en aquel dicha facultad, se
ajustó a los requisitos, pues allí se identificó al delegatario y se estableció la
función encomendada.
En cuanto a la desviación de poder, consideró que las declaraciones de Celio
Pinzón Castellanos y Humberto Gutiérrez llegaron a un mismo punto y es que la
insubsistencia del actor obedeció a la llegada del nuevo director general de la
entidad; sin embargo, tales afirmaciones no demostraron que existiese un móvil
político ni que se genera certeza para concluir que la decisión hubiese estado
precedida de motivos diferentes del buen servicio, pues solo se basan en rumores
pero no en hechos ciertos. Tales declaraciones se centran en demostrar
debilidades en materia de contratación en vísperas del inicio de la ley de
garantías, situación que no demostró los móviles políticos que adujo.
En relación con la desmejora del servicio por el nombramiento del reemplazo del
actor, se probó que Luis Ernesto Durán Roa contaba con las condiciones
necesarias para ocupar el cargo que desempeñaba Germán Mendieta. El
argumento de excelencia en la prestación del servicio a cargo del accionante, no
puede ser utilizado para que se otorgue una condición de inamovilidad, toda vez
que el cumplimiento eficiente de las tareas asignadas constituye un deber mínimo.
1.4. El recurso de apelación
Germán Antonio Mendieta Mendieta interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó
así: el a quo omitió pronunciarse sobre los límites de la delegación en los
términos del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998 y respecto de la falta
de notificación del acto acusado, pues ello compromete su eficacia e impide que
se desaten sus efectos y la falta de motivación del acto.
En lo atiente a la desviación de poder, refiere que el fallador omitió referirse acerca
de lo inoportuno de la decisión de desvinculación, el ingreso tardío del funcionario
6 Folios 556 al 574.
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que lo reemplazó, la afectación de la función pública que se produjo como
consecuencia de la mala gestión adelantada por el funcionario que lo sustituyó.
La desmejora no solo es atribuible a los vicios en la expedición del acto, sino a la
ilegal designación del funcionario que lo reemplazó al no contar con el requisito de
experiencia profesional relacionada y las irregularidades en la gestión adelantada
en los días posteriores a su encargo que desmejoraron el servicio público. Con
sustento en los testimonios rendidos en el proceso, señaló que la falta de atención
en el ejercicio de las funciones de la subdirección por parte del encargado dio
lugar a que se llevara de manera irregular los procesos de selección para la
contratación de los instructores del Centro de Diseño y Metrología, lo que originó
algunas quejas e incumplimiento del SENA con los aprendices.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia.
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.
1.6. El Ministerio Público
El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscriben a establecer i) ¿si el acto de delegación cumplió o no con las
formalidades de ley? ii) ¿Si la falta de notificación del acto de insubsistencia afectó
su eficacia y por tanto no podía producir efectos jurídicos? y iii) ¿sí con la decisión
de su desvinculación de la función pública se afectó el buen servicio público y por
consecuencia se incurrió en la causal de desvío de poder?
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2.2. Marco normativo
La delegación de funciones.
El artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa
está al servicio del interés general y puede desarrollarse mediante las figuras de
descentralización, delegación y desconcentración de funciones. La norma es del
siguiente tenor:
«ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la
ley».
Por su parte, el artículo 211 ibidem, determina que será la ley la que señalará las
funciones que el presidente de la República podrá delegar y fijará las condiciones
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en
otras autoridades.
«ARTÍCULO 211. La ley señalará las funciones que el presidente de la República
podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos,
representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes,
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine.
Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan
delegar en sus subalternos o en otras autoridades.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar
o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.
La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los
delegatarios».
En lo que respecta a la delegación, el constituyente estableció los siguientes
lineamientos: i) Corresponde al legislador fijar las condiciones para que las
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades; ii) la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual
corresponderá exclusivamente al delegatario; iii) el delegante siempre podrá
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reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y reasumirá la
responsabilidad consiguiente; iv) compete al legislador establecer los recursos que
se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.
Con relación a la figura de la delegación de funciones, la Corte Constitucional ha
expresado que se trata de una técnica autorizada por la Constitución para el
manejo administrativo de las competencias, «algunas veces de modo general,
otras de manera específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de
competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para
que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y
condiciones que fije la ley».7
Con la promulgación de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, el Legislador
reestructuró la organización y funcionamiento de las entidades y definió la
delegación en los términos que hoy se conocen. Para ello, indicó que las normas
relativas a la delegación de funciones se aplican a «[…] todos los organismos y
entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración
Pública…» y, en lo pertinente, a las entidades territoriales, «sin perjuicio de la
autonomía que les es propia de acuerdo con la Constitución Política»8.
La institución fue definida de la siguiente forma:
«Artículo 9º.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto
en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante
acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras
autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las
delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de
departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados
por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los
7
Sentencia C-382 de 2000.
8
Ley 489 de 1998, ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplica a todos los organismos
y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos
que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones
administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos y, en lo pertinente, a
los particulares cuando cumplan funciones administrativas.
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niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito
de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el
artículo 209 de la Constitución Política y en la presente Ley. Parágrafo. - Los
representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones
a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley,
con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos».
Así, la delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción
administrativa mediante la cual una autoridad pública transfiere determinadas
funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades
que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente
facultada para ello. La Corte Constitucional mediante sentencia C-372 de 20029
identificó los siguientes elementos de la delegación administrativa:
«a) La finalidad de la delegación. La delegación es un mecanismo jurídico que
permite a las autoridades públicas diseñar estrategias relativamente flexibles para
el cumplimiento de funciones propias de su empleo, en aras del cumplimiento de la
función administrativa y de la consecución de los fines esenciales del Estado (CP,
arts. 2 y 209).
Por ello, las restricciones impuestas a la delegación tienen una doble finalidad: de
un lado, evitar la concentración de poder en una autoridad y preservar “la
separación de funciones como uno de los principios medulares del Estado ... como
una garantía institucional para el correcto funcionamiento del aparato estatal”10, y
de otro lado, evitar que se desatienda, diluya o desdibuje la gestión a cargo de las
autoridades públicas.
b) El objeto de la delegación. La delegación recae sobre la competencia o
autoridad que ostenta el delegante para ejercer las funciones de su cargo. […]
c) La autorización para delegar. Las autoridades públicas podrán delegar el
ejercicio de asuntos expresamente autorizados. […].
9
Reiterada en la Sentencia C-540 de 2012. En relación con las características de la delegación pueden
consultarse los siguientes pronunciamientos del Consejo de Estado: i) Sección Primera, auto del 28 de
febrero de 2020, radicado: 11001-03-24-000-2018-00470-00; ii) Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia
del 12 de septiembre de 2013, radicado: 11001-03-06000-2013-00394-00; iii) Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, auto del 27 de marzo de 2012, radicado: 11001-03-26-000-2010-00029-00 (38703).
10
En la sentencia C-082 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional declaró
exequible el artículo 52 del Decreto Ley 190 de 1995, en el cual se prohíbe la designación de delegados de
diputados y concejales en las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo
departamento, distrito o municipio. En esa oportunidad la Corte señaló en relación con el control político
que ejercen las corporaciones públicas: “El control político del gobierno se radica en el Congreso, pero
también en las Asambleas Departamentales y en los Concejos Municipales, en su calidad de órganos elegidos
popularmente. La atribución de diferentes funciones públicas a diversos órganos permite un ejercicio eficaz
del control político sobre la actividad estatal, con miras a garantizar el cumplimiento de los fines sociales del
Estado (C.P., art. 2)”.
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d) Improcedencia de la delegación. Hay funciones cuyo ejercicio es indelegable,
sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la
función no admite la delegación. […].
e) El delegante. El delegante es designado por la Constitución o la ley. […]
Adicionalmente, el carácter de delegante está reservado al titular de la atribución o
del empleo público, pues, como lo ha señalado la Corte, ninguna autoridad puede
“delegar funciones que no tiene”11, es decir, se requiere “que las funciones
delegadas estén asignadas al delegante”12.
f) Discrecionalidad para delegar. Aunque se disponga de la autorización para
delegar, al delegante se le garantiza un amplio margen de discrecionalidad para
decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo y, en
caso de hacerlo, para fijar los parámetros y condiciones que orientarán el ejercicio
de la delegación por parte del o de los delegatarios.13 En este punto debe
considerarse que en aplicación de los artículos 209 y 211 de la Constitución, el
delegante no podrá tomar decisiones en asuntos cuyo ejercicio haya sido
delegado.
g) El acto de delegación. La delegación requiere de un acto formal de
delegación, en el cual se exprese la decisión del delegante, el objeto de la
delegación, el delegatario y las condiciones de tiempo, modo y lugar para el
ejercicio de la delegación14. Sobre este requisito señaló la Corte que: “la
posibilidad de transferir su competencia – no la titularidad de la función - en algún
campo, se perfecciona con la manifestación positiva del funcionario delegante de
su intención de hacerlo, a través de un acto administrativo motivado, en el que
determina si su voluntad de delegar la competencia es limitada o ilimitada en el
tiempo o general o específica”15.
h) Subordinación del delegatario. En relación con el carácter jerárquico de la
delegación, el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley “fijará las
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus
subalternos o en otras autoridades”. […].
i) Decisiones del delegatario. El delegatario toma dos tipos de decisiones: unas,
para el cumplimiento de las funciones del empleo del cual es titular, y otras, en
ejercicio de la competencia delegada, para el cumplimiento de las
correspondientes funciones del empleo del delegante. […]. Además, las decisiones
que toma en calidad de delegatario tienen el mismo nivel y la misma fuerza
vinculante como si la decisión hubiese sido tomada por el delegante y, se asume,
“que el delegado es el autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de las
11
Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
12
Corte Constitucional. Sentencia C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz
13
Cfr. Ley 489 de 1998, arts. 9 y 10.
14
El artículo 10 de la ley 489 de 1998 señala que “En el acto de delegación, que siempre será escrito,
se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se
transfieren”.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda espinosa. Las sentencias
C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, también se
refieren a la exigencia del acto de delegación.
12
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
competencias delegadas, y ante él se elevan las solicitudes y se surten los
recursos a que haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función”16.
j) Recursos contra las decisiones del delegatario. La Constitución asigna al
legislador la facultad para establecer “los recursos que se pueden interponer
contra los actos de los delegatarios” (C.P., art. 211).
k) Decisiones en la delegación. En la delegación se presentan tres clases de
decisiones: 1ª) la decisión de la autoridad que otorga la calidad de delegante a
una autoridad administrativa y que señala las materias en las cuales podrá darse
la delegación; 2ª) la decisión de delegar que toma el delegante, la cual se concreta
en el acto de delegación, y 3ª) las decisiones que toma el delegatario en ejercicio
de la delegación, las cuales a su vez se expresan en actos o resoluciones.
l) El vínculo delegante – delegatario. Al delegar se establece un vínculo
funcional especial y permanente entre delegante y delegatario para el ejercicio de
las atribuciones delegadas. Es especial en cuanto surge a partir del acto de
delegación, de forma adicional a la relación jerárquica o funcional que exista entre
ellos y es permanente en cuanto permanece activo mientras rija el acto de
delegación. En virtud de tal vinculación, el delegante conserva y ejerce la facultad
para reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y para revocar el
acto de delegación (C.P., art. 211).17 Estas particularidades se desprenden del
principio de unidad de acción administrativa, de la aplicación de los principios de la
función administrativa a que hace referencia el artículo 209 de la Carta y del deber
de dirección, instrucción y orientación que corresponde al jefe de la entidad u
organismo estatal».
De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, la delegación de funciones
es un mecanismo que permite a un funcionario u organismo competente transferir
de manera expresa y por escrito, previa autorización legal, bajo las condiciones
señaladas en el acto de delegación y en la ley, a uno de sus subalternos o a otro
organismo una determinada atribución o facultad. Esta figura organizacional
contribuye a desarrollar la función pública con respeto de estándares de eficacia,
economía y celeridad, en aras de distribuir el trabajo, realizar la misión institucional
y atender el interés general.
Presupuestos de eficacia del acto administrativo.
El acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de una
autoridad pública o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas
otorgadas por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen
16
Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
17
Corte Constitucional. Sentencia C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
13
Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
efectos jurídicos. Para su conformación se requiere el cumplimiento de
determinados presupuestos referentes a su existencia, validez y eficacia.
El presupuesto de eficacia del acto administrativo es una consecuencia de la
expedición regular de este, es decir, cuando se han cumplido a cabalidad los
elementos de existencia y validez, en tanto que lo hace apto para producir efectos
jurídicos. Sobre el particular se ha indicado que18 «Un acto administrativo dictado
conforme a Derecho se presume legítimo y conlleva, por un lado la ejecutividad
del mismo o sea que el acto perfeccionado produce sus efectos; y por otro la
posibilidad de que la administración lo ejecute, aun forzadamente, lo que se
conoce como la acción de oficio o la ejecutoriedad del acto administrativo».
Entonces, la eficacia de las decisiones de la administración tiene que ver
directamente con el componente de obligatoriedad de ella misma respecto de sus
destinatarios, cuestión que varía también en razón a su naturaleza general o
concreta; es decir, cuando quiera que estemos en presencia de un acto general y
abstracto la vinculatoriedad se predica del momento de su publicación, en tanto
que si se trata del segundo de ellos, es oponible desde que se produce la
notificación.
La desviación de poder.
Esta Subsección19 ha efectuado el estudio sobre la desviación de poder en los
siguientes términos:
«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta
Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el
entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace a su
legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del
ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de
una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la
administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe
someterse. […]».
18 Causales de Anulación de los Actos Administrativos. Largacha Martínez Miguel y Posse Velásquez Daniel.
Página 33. Primera edición, editorial Doctrina y Ley, Bogotá 1988.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009. Radicado:
27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).
14
Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la
existencia de un vicio de poder se consolida por llegar a la convicción de la
voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de
los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en
acreditar suficientemente su configuración. Sobre el particular, la Sección
Segunda ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la causal de desviación de
poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien
profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos
a los previstos por la norma. […]»20.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
Resolución 1488 del 30 de junio de 2004, por medio de la cual, se realizó el
nombramiento ordinario de Germán Antonio Mendieta Mendieta, identificado con
cédula de ciudadanía 19.399.001 de Bogotá en el cargo de subdirector de centro
grado 0221 y acta de posesión de fecha 13 de julio de esa misma anualidad, ante
la directora del SENA distrito capital y reportes de nómina de los años 2017 y
201822.
Instrumento de concertación y evaluación de subdirectores de centros de
formación profesional correspondiente al año 2011 y expediente laboral
administrativo del actor con los respectivos soportes23.
20 Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Radicado: 170012331000200301412 02(0734-10).
21 Folios 46 y 47 del expediente.
22 Folios 123 al 124.
23 Folios 48 al 54, 55 al 87 y 1 al 235 del cuaderno 3.
15
Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
Resolución 16 del 10 de enero de 2018, proferida por el secretario general (e) del
SENA, por medio de la cual declara insubsistente el nombramiento de Germán
Antonio Mendieta Mendieta24 y copia de la comunicación de la aludida decisión25.
Certificación de tiempo de servicio, cargo y funciones del empleo de subdirector
grado 02 según manual específico de funciones, requisitos mínimos y
competencias laborales adoptado por Resolución 986 de 200726.
Decreto 27 del 9 de enero de 2018, por medio del cual es nombrado José Antonio
Lizarazo Sarmiento en el cargo de director general del servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA27; Resolución 17 del 10 de enero de 2018 por medio del
cual, el secretario general (e) de dicha entidad, encarga a Luis Ernesto Durán Roa
como subdirector de centro 2 del Centro de Diseño y Metrología de la regional
distrito capital28 y acta de posesión del 12 de enero de 201829; la Resolución 508
del 4 de abril de 2018 que prorrogó hasta por 3 meses más el encargo antes
reseñado30 y hoja de vida según formato institucional de Luis Ernesto Durán Roa31
Resolución 273 del 26 de febrero de 2018, por medio de la cual, se abrió proceso
de selección meritocrático para conformar terna con que se proveerían para ese
entonces los empleos de gerencia pública del SENA, convocatoria 002 de 201832.
Listado de contratista del Centro de Diseño y Metrología33 de la regional distrito
capital.
De la valoración probatoria se obtiene que el cargo desempeñado por Germán
Antonio Mendieta Mendieta de subdirector de centro grado 2 del Servicio Nacional
24
Folio 90 y 323
25
Folios 91 al 92 y 322
26
Folios 93 al 103.
27
Folio 104.
28
Folio 105 y 325.
29
Folio 326
30
Folio 106 y 351 y 352
31
Folios 107 al 110
32
Folios 111 al 121 y 297 al 308.
33
Folios 136 al 131
16
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de Aprendizaje - SENA, es de libre nombramiento y remoción, empleo que
pertenece al nivel directivo de la entidad de conformidad con la Resolución 986 de
2007 modificada por las Resoluciones 2191 de 2011 y 1458 de 2017, hecho
respecto del cual no existe cuestionamiento alguno por la parte actora. Así mismo,
se acreditó que el actor prestó sus servicios desde 13 de julio de 2004 hasta el 10
de enero de 2018, en virtud de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento
mediante Resolución 16 del 10 de enero de 2018, proferida por el secretario
general (E) de la entidad en ejercicio de las facultades delegadas por el director
general mediante Resolución 2367 de 2017.
➢ Solución al primer problema jurídico ¿el acto de delegación cumplió o
no con las formalidades de ley?
En el recurso de apelación la parte actora insiste en la falta de competencia del
servidor que profirió el acto de insubsistencia, al considerar que no se generaron
los efectos de la delegación por infracción del numeral 3 de artículo 11 de la Ley
489 de 1998. Al revisar la norma, la Sala observa que el artículo 11 de la
prenotada ley reguló aquellas funciones que no son susceptibles de ser
delegables. En efecto, la norma es del siguiente tenor:
«ARTICULO 11. FUNCIONES QUE NO SE PUEDEN DELEGAR. Sin perjuicio de
lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse
mediante delegación: 1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo
en los casos expresamente autorizados por la ley.
2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación.
3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son
susceptibles de delegación».
Como puede notarse, el numeral 3 del artículo en comento, trata de aquellas
funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son
susceptibles de delegación. La delegación de funciones junto con la
descentralización y la desconcentración, es uno de los medios establecidos en el
Estado de Derecho para el adecuado ejercicio de la función administrativa, toda
vez que esta se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en principios rectores, tales como los de eficacia, economía y
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Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
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celeridad, que complementan los de igualdad, moralidad, imparcialidad y
publicidad. Así la concibe la Constitución Política en los artículos 209 y 2011, la
cual se refiere a las funciones que el presidente de la República podrá delegar en
los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales
de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y
agencias del Estado que la ley determine. Precisa que la ley señalará las
funciones susceptibles de delegación por parte del presidente de la República y
que ella, igualmente, «fijará las condiciones para que las autoridades
administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades» y
«establecerá los recursos que se puedan interponer contra los actos de los
delegatarios»
Pues bien, la parte actora argumenta que la delegación de la facultad de remoción
solo podía operar respecto de funcionarios que dependieran jerárquicamente del
delegatario, no siendo esa la situación presentada entre el secretario general de la
entidad y el subdirector del centro de formación.
Al respecto, el artículo 2011 Superior como el artículo 9 de la Ley 489 de 1989 no
limita o restringe el ejercicio de la delegación únicamente a funcionarios que
dependan jerárquicamente del delegante, pues, el mandato legal establece de
manera facultativa la posibilidad de trasferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. En
esa medida, encuentra la Sala que mediante la Resolución 2367 del 27 de
diciembre de 2017, el director general del SENA delegó en la secretaría general
unas funciones en materia de gestión del talento humano. Como parte del
sustento de dicho acto administrativo, se observa que se expusieron las siguientes
consideraciones:
«[…] Que el Decreto 249 de 2004 le asigna al Secretario General del SENA en su
artículo 9 la función de: “10. Ejecutar, coordinar y controlar los planes y programas
institucionales para el desarrollo de los procesos de la gestión del talento humano
al servicio de la entidad”.
18
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Que mediante la Resolución No. 2529 del 26 de noviembre de 2004, este
Despacho delegó en el Secretario General, los Directores Regionales y los
Subdirectores de Centro, funciones relacionadas con la “gestión del Talento
Humano” para la planta de personal asignada a la Dirección General, las
Regionales y los Centros de Formación Profesional.
Que las funciones delegadas al Secretario General del SENA en materia de
Talento Humano han sido adicionadas mediante Resoluciones, como las
No. 248 de 2011, 463 de 2011 y 707 de 2017.
Que es procedente legalmente delegar en el Secretario General del SENA las
siguientes funciones: (i) ampliar la delegación otorgada en el artículo 1 de la
Resolución 248 de 2011, para efectuar encargos y tomar la respectiva posesión
para proveer temporalmente empleos de libre nombramiento y remoción de la
Dirección General de la Entidad, así como de las Regionales y Centros de
Formación, y (¡i) retirar del servicio a empleados de libre nombramiento y remoción
de la entidad pertenecientes a los niveles Directivo (Directores de Área, Jefes de
Oficina, Directores Regionales, Subdirectores de Centro) y Asesor, mediante
declaratoria de insubsistencia del nombramiento, con excepción de los cargos
cuyo nombramiento corresponde a una autoridad diferente al Director General del
SENA».
De la lectura del texto trascrito, se desprende que desde el año 2004, la dirección
general del SENA ya había dispuesto delegar en el secretario general funciones
relacionadas con la gestión del talento humano para la planta asignada a la
dirección general, las regionales y los centros de formación profesional. Ello
permite establecer que desde muchos años antes que se profiriera el acto de
insubsistencia que aquí se cuestiona, la dirección general del ente accionado
había tomado la decisión de delegar en dicha autoridad funciones precisamente
relacionadas con la gestión del talento humano para la planta asignada a los
centros de formación profesional.
En el caso bajo estudio, desde el Decreto 249 de 2004 le había sido asignado al
secretario general del SENA la función de «10. Ejecutar, coordinar y controlar los
planes y programas institucionales para el desarrollo de los procesos de la gestión
del talento humano al servicio de la entidad», de manera que la trasferencia de la
facultad del director de la entidad – agente delegante- hacia el secretario general –
delegatario- de declarar insubsistente el nombramiento de los empleos de libre
nombramiento y remoción se enmarca dentro de la ejecución de la gestión del
talento humano.
19
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De ahí que en la Resolución 2367 de 2017 que se erigió como parte del sustento
jurídico del acto acusado, se observa que se le delegó al secretario general las
funciones de «efectuar encargos y tomar la respectiva posesión, para proveer
temporalmente empleos de libre nombramiento y remoción de la Dirección
General de la Entidad, las Regionales y los Centros de Formación Profesional del
SENA, cuando se presente vacante temporal o definitiva, de conformidad con la
normatividad vigente y declarar insubsistente el nombramiento de los empleos de
libre nombramiento y remoción del SENA, de acuerdo con las normas legales y
reglamentarias que regulan esta causal de retiro del servicio, con excepción de los
cargos cuyo nombramiento corresponde a una autoridad diferente al Director
General del SENA», existiendo coherencia en el componente funcional a cargo de
la autoridad delegante y delegataria con relación a la gestión del talento humano
para la planta asignada en los centros de formación profesional. (Subrayado fuera
de texto).
➢ Solución al segundo problema jurídico. ¿La falta de notificación del acto
de insubsistencia afectó su eficacia y por tanto no podía producir efectos
jurídicos?
En lo atinente al argumento del demandante en cuanto cuestiona el procedimiento
de notificación personal del acto administrativo, se tiene que las irregularidades en
la notificación de los actos particulares afectan los presupuestos de eficacia de
esas decisiones, pero no los de validez34. La infracción por eficacia, se traduce en
la imposibilidad de producir efectos para los que el acto fue proferido35.
Al examinar las pretensiones de la demanda, se obtiene que el actor solicitó se
declare la nulidad de la Resolución 16 del 10 de enero de 2018 por medio del cual
se declaró su insubsistencia.
34 Ver entre otras providencias, Sentencia del 3 de diciembre de 1997, proferida en el proceso CE-SEC1-
EXP1997-N4660. M.P. Juan Alberto Polo Figueroa; Fallo del 31 de agosto de 2000, expedido en el expediente
con número de radicación 6073, cuya ponencia fue a cargo de la Consejera de Estado Olga Inés Navarrete
Barrero; Sentencia del 30 de septiembre de 2010, proferida en el proceso número 11001-03-24-000-2007-
00203-00, con ponencia del Magistrado Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
35 Consejo de Estado. Sección Quinta. Proceso número: 25000-23-24-000-2011-00097-01. Sentencia del 22
de marzo de 2018. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
20
Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
Es pertinente precisar que los actos de insubsistencia no se notifican, son actos de
ejecución. De antaño36, ha sido criterio pacífico en la corporación que los actos de
insubsistencia dictados en ejercicio de la potestad discrecional de libre remoción,
no se publican ni se notifican, sino que simplemente se ejecutan.
Es por ello que en la parte final del inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1437 de
201137, al referirse al campo de aplicación de tal estatuto procesal, fijó claramente
que los procedimientos administrativos regulados en la primera parte tampoco se
aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción, de manera
que el código proscribe los recursos en forma implícita respecto de tales actos
administrativos. Ello lleva a inferir entonces que no todos los actos administrativos
susceptibles de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se harán
conocer de la misma forma, o sea, indistintamente a través de la publicación,
notificación o ejecución, porque estos procedimiento no son sinónimos, sino
porque además, existen actos que sólo se publican, otros que se notifican y
algunos que simplemente se ejecutan, razón por la cual, para el caso de la
Resolución 16 del 10 de enero de 2018, no se requería que fuera notificada
personalmente, como erradamente lo pretende hacer ver el actor.
Ahora, si en gracia a la discusión se aceptara la notificación del tal acto
administrativo, observa la Sala que se acreditó que el actor presentó sendas
peticiones a la secretaría general y la dirección del SENA los días 27 de abril, 12
de julio y 19 de julio de 2018 a través de las cuales solicitó puntualmente se
informara «[…] donde reposan los antecedentes administrativos que dieron lugar a
la resolución 16 de 2018 proyectada por usted, mediante la cual se declaró
insubsistente el nombramiento del señor Germán Antonio Mendieta en el empleo
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso número: 07001-23-31-000-1999-00004-01(1635-01),
sentencia del 15 de agosto de 2002 con ponencia de magistrado Alberto Arango Mantilla.
37 «ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a
todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes,
sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando
cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por
su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden
público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y
cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción…»
21
Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
de subdirector de Centro G02 del Centro de Diseño y Metrología de la Regional
Distrito Capital del SENA», solicitud que claramente revela que la parte interesada
conoció el acto, pues indica con precisión el número y fecha, el nombre del
servidor desvinculado y su cargo, lo que permite entender que la notificación fue
surtida por conducta concluyente.
➢ Solución al tercer problema jurídico. ¿con la decisión de desvinculación
de la función pública se afectó el buen servicio público y por
consecuencia se incurrió en la causal de desvío de poder?
Respecto de la desviación de poder, refiere el apelante que el fallador omitió
pronunciarse acerca de lo inoportuno de la decisión de desvinculación, el ingreso
tardío del funcionario designado en su reemplazo, la afectación de la función
pública que se produjo como consecuencia de la mala gestión adelantada por
aquel. Así mismo, en lo atinente a los fines políticos de la declaratoria de
insubsistencia, señaló que, contrario a lo expuesto por el a quo, en la demanda no
se afirmó que su filiación política haya tenido que ver con su retiro. Lo que se dejó
planteado es que hubo motivaciones de carácter político electoral del nominador y
del director general de la entidad para retirar a servidores directivos y «[…] colocar
sus fichas y generar lo que en medios de comunicación de nivel nacional se
denominó el botín burocrático». Echa de menos que el a quo no haya tenido en
cuenta el testimonio del Álvaro Ariza Serrano siendo relevante para el tema de los
móviles políticos.
El actor argumenta que la decisión de declarar insubsistente su nombramiento fue
inoportuna, pues solo restaban 12 días para el inicio de las restricciones a la
contratación directa por aplicación de la ley de garantías de manera que puso en
riesgo la contratación. Sobre el particular, se observa que mediante Resolución
No 99 del 17 de enero de 2018 se modificó e incluyó en la proyección del plan de
compras para la vigencia 2018 los bienes y servicios requeridos por los centros de
formación y despacho de la regional38. Así mismo, se acreditó que para el año
38
Folio 328 cuaderno 2.
22
Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
2017 el Centro de Diseño y Metrología contó con 186 contratistas39 y para la
vigencia 2018 un total de 17240, es decir, que entre la vigencia de 2017 periodo en
el que el actor regentó el cargo y la siguiente, 2018 existió una diferencia de 14
contratistas menos.
De las pruebas antes referenciadas, se establece que si bien la ley de garantías al
momento de entrar a regir generó unas restricciones específicas aplicadas a la
contratación de las entidades, en el sentido que no se podían celebrar contratos
en la modalidad de contratación directa durante los cuatro (4) meses anteriores a
la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el presidente de la República
fuera elegido, lo cual se tradujo en que, para el año 2018, a partir del 27 de enero
de dicha anualidad y hasta la elección de presidente regía tal limitante, no es
menos cierto que, lo demostrado en el proceso es que a pesar de la premura y
estrechez de tiempo con que contaba la entidad para llevar a cabo los procesos de
contratación, específicamente, en la modalidad directa, salió avante con ello, en la
medida que se acreditó la celebración de 172 contratos para la vigencia 2018. El
hecho que haya menguado en 14 contratos respecto de la anualidad
inmediatamente anterior, no permite colegir que existió afectación en la función
pública, dado que tal disminución puede atender diversas variables que no
necesariamente apuntan a la desmejora del servicio.
Así mismo, respecto de los fines políticos de la declaratoria de insubsistencia
señala que, contrario a lo expuesto por el a quo, en la demanda no se afirmó que
su filiación política haya tenido que ver con su retiro. Lo que se dejó planteado es
que hubo motivaciones de carácter político electoral del nominador y del director
general de la entidad para retirar a servidores directivos «para colocar sus fichas y
generar lo que en medios de comunicación de nivel nacional se denominó el botín
burocrático». Echa de menos que el a quo no haya tenido en cuenta el testimonio
del Álvaro Ariza Serrano siendo relevante para el tema de los móviles políticos.
39
Folio 342 al 344 y cd obrante a folio 369
40
Folio 345 y 346 y cd obrante a folio 369
23
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
Al examinar las declaraciones rendidas en el proceso, la testigo Gina Paola Diaz
Avendaño al preguntársele acerca del «[…] conocimiento particular de las razones
que tuvieran para retirarlo», refiriéndose Germán Mendieta Mendieta sostuvo que
«[…] No, no tengo conocimiento…».
Por su parte, el declarante Humberto Gutiérrez Guerrero al preguntársele por todo
lo que conociera sobre el retiro del actor, manifestó que:
«[…] el tema es que se escuchó que se había declarado insubsistente al doctor
Mendieta porque había un manejo político en su momento, político en el SENA …
JUEZ: ¿Que sabe usted de por qué se decía que era un manejo político? ¿Quién se
lo dijo a usted o donde salió la información de qué era un manejo político? Qué
hecho claro tiene usted sobre ese punto? » TESTIGO2: Manejo político era por que
todos en su momento en los centros de formación y eso fue un comentario voz
populi que había un manejo político de los centros y que los directores que habían
sacado era para darle manejo político y llegar nuevas personas allá… JUEZ:
Puntualice. ¿Quién le dio a usted la información que era por manejo político? ¿No
es voz populi, sino quien se lo dijo a usted? TESTIGO2: Fue un comentario
netamente de todos los instructores… DEMANDANTE: […] usted tiene alguna
información particular o puntual relacionada con el conocimiento de presiones
políticas como lo dice, si conoce amistados o temas políticos que pudieron conducir
a la desvinculación del señor Germán Mendieta TESTIGO2: Directamente no tengo
conocimiento de persona que hubo alguna presión política…
En la declaración rendida por el testigo Celio Alfonso Pinzón Castellanos, sostuvo
lo siguiente:
«[…] JUEZ: En efecto, es para que nos informe todo lo que sepa acerca del retiro
del señor Germán Antonio Mendieta de la entidad Servicio Nacional de Aprendizaje
– SENA, entonces quisiera que nos señale todo lo que usted sepa sobre ese hecho,
empecemos por qué razón conoció usted esos hechos. TESTIGO3: En el año 2017
aproximadamente (sic) se aproximan los comicios electorales (sic) entonces, viene
la ley de garantía y por tal motivo se escuchó el cambio de director a nacional
doctora Nieto que efectivamente llego (sic) al cargo de la directora nacional, unos
dicen que se comentaban que eran por aspectos políticos, después mediamente
(sic) ella denuncio (sic) algunas situaciones irregulares en la entidad y por tal motivo
fue destituida del cargo y nombrado el doctor Lizarazo aproximadamente en
noviembre, los primeros días de noviembre de 2017, esto pues lo vimos como
irregular, el cambio del director y de las políticas que llevaba la entidad […],
seguidamente ingresan otros cambios al interior de la entidad como es el retiro del
funcionario encargado de la subdirección del centro de diseño y metrología el doctor
Mendieta…
Esto pues nos indica y se observaría como algún movimiento político como tal en
esta entidad, entonces, bueno empiezan las irregularidades en esa semana, que fue
24
Radicado: 25000234200020180162501 (2490-2021)
Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
para nosotros y en especial para mi un proceso bastante irregular, muy irregular, en
medida que aproximaba el cierre e inicio de ley de garantía…»
Por su parte, el declarante Álvaro Ariza Serrano indicó lo siguiente:
«[…] JUEZ: Infórmenos lo que usted dice saber sobre ese tema y por qué sabe
usted sobre ese tema? TESTIGO4: […] se decía igualmente que eran cuestiones
políticas por lo que se iniciaba la ley de garantías. De una u otra manera ese señor
impone su ley y sin embargo, a todos los administrativos nos tomó del pelo […]
APODERADO P. DEMANDANTE: Sabe usted o conoce directamente o dio ideas si
el nuevo director general del SENA tenía alguna vinculación con algún
congresista?TESTIGO4: Pues se rumoraba que el nuevo director, este Lizarazo y el
reemplazo de María Andrea Nieto y se decía y se rumoraba que el señor Lizarazo
pertenecía a una cuerda de un senador Mora de Cúcuta – Norte de Santander. Pues
eso es lo que puedo decir. APODERADO P. DEMANDANTE: ¿Supo usted en forma
directa o indirecta si este señor Lizarazo tenía alguna relación personal, directa o de
conocido con el señor Enrique Romero o con el señor Durán, al que se ha hecho
referencia? TESTIGO4: No, no supe, pero se decía que Enrique Romero era muy
amigo del doctor Durán [… ] APODERADA P.DEMANDADA: Reformulo. Pero
insisto, el problema no soy yo, es la ley. ¿A usted le consta que el señor Lizarazo
fue nombrado por injerencia del senador Mora? TESTIGO4: No. No lo afirmé. Dije
que se rumoraba que el doctor Lizarazo reemplazó a la doctora María Andrea Nieto.
Pues, obviamente, ustedes saben, eso fue cuestión de política del periódico y eso
salió por todo lado y hubo incluso una situación en el SENA que se presentó donde
decían que el doctor Alfonso Parda había tenido injerencia en unas contrataciones y
que María Nieto había salido precisamente por hacer esa situación pública…».
De las declaraciones referenciadas y en especial, respecto de lo móviles políticos,
se obtiene que si bien los testigos Gina Paola Diaz Avendaño, Humberto Gutiérrez
Guerrero, Celio Alfonso Pinzón Castellanos y Álvaro Ariza Serrano manifestaron
que el cambio del director general del SENA y de Germán Antonio Mendieta
ocurrió porque había un manejo político, lo cierto es que, la narración de los
declarantes no corresponde a hechos verificables o de los cuales, hayan tenido
relación directa y comprobable, sino a rumores o información periodística.
Como puede observarse, los declarantes se basan en expresiones tales como
«[…] decían igualmente que eran cuestiones políticas por lo que se iniciaba la ley
de garantías»; […] unos dicen que se comentaban que eran por aspectos
políticos; […] Pues se rumoraba que el nuevo director; […] y ante la pregunta
puntual de si le constaba que el señor Lizarazo fue nombrado por injerencia del
senador Mora, pregunta formulada al testigo Álvaro Ariza, sostuvo que: «No. No lo
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
afirmé. Dije, Pues, obviamente, ustedes saben, eso fue cuestión de política del
periódico…», expresiones que corresponde a generalizaciones de terceros y no
al conocimiento directo que tuvieron de los hechos respecto de las cuales no se
puede obtener certeza alguna acerca de ellos, no son fuente creíble de prueba las
aludidas expresiones y en esa medida, los móviles políticos que aduce la parte
actora como vicio que afecta la validez del acto acusado no se encuentra
demostrado.
De otra parte, en lo atinente a las condiciones necesarias para que Luis Ernesto
Durán Roa ocupara el cargo de subdirector de centro, argumenta que el manual
específico de funciones y competencias laborales del SENA, exige como requisito
40 meses de experiencia relacionada, la cual no cumplió. De conformidad con el
manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal del SENA contenido en la Resolución 1458 de 2017, el cargo
de subdirector de centro tiene la siguiente descripción:
SUBDIRECTOR DE CENTRO I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL Directivo
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Subdirector de Centro
CÓDIGO 1050
GRADO 02
NUMERO DE CARGOS 112
DEPENDENCIA En el Centro de Formación Profesional donde
CARGO DEL JEFE INMEDIATO se ubique el cargo.
DIRECTOR GENERAL y por delegación el
Director Regional
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional Universitario y Título de postgrado Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
en la modalidad de Maestría en áreas relacionadas relacionada
con las funciones del empleo.
Se observa que la Resolución 1458 del 30 de agosto de 2017 definió en su
artículo 441 lo atinente a la experiencia, sin hacer lo propio respecto de la
experiencia relacionada. Sin embargo, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 201542
en su artículo 2.2.2.3.7 define la experiencia relacionada de la siguiente manera:
41 Artículo 4°.- Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio, en las condiciones y con los
requisitos que señalan las normas generales que regulan el tema y las indicadas en este Manual
42 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
«[…] Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o
actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer».
Ahora bien, la citada Resolución 1458 de 2017 previó la aplicación de
equivalencias de la siguiente manera:
«Artículo 9°.- Equivalencias. Los requisitos para los cargos de empleados públicos
del SENA de que trata este Manual no podrán ser disminuidos ni aumentados; sin
embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las
responsabilidades de cada empleo, se podrán aplicar las siguientes equivalencias:
1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional:
1.1. El Título de postgrado en la modalidad de especialización por:
• Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título ·profesional;
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o,
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia
profesional.
1.2. El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por:
• . Tres (3) años de experiencia relacionada y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional; o
• Título. profesional adicional al exigido en. el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea relacionada con las funciones del
cargo, o
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha
formación adicional sea relacionada con las funciones del cargo, y un (1) año de
experiencia profesional.
1.3. El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:
• Cuatro (4) años de experiencia relacionada y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional; o
• Título. profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea relacionada con las funciones del
cargo; o
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha
formación adicional sea relacionada con las funciones del cargo, y dos (2) años de
experiencia profesional».
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
Como la controversia se suscita respecto de la experiencia de Luis Ernesto Durán
Roa, la Sala considera que por experiencia profesional relacionada debe
entenderse la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares
a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la
profesión, ocupación, arte u oficio. Por consiguiente, esta responde al vínculo
existente entre las funciones asignadas al cargo y a las que ha tenido la persona
en razón de sus empleos o actividades anteriores y se dirige a cualificar el
conocimiento y experticia adquiridos anteriormente con aquellas funciones
previstas para el cargo a proveer.
En el proceso se demostró que Luis Ernesto Durán Roa posee título de contador
público, título obtenido en agosto de 199743. Así mismo, es magister en
administración de negocio44. Este último crédito académico, es decir, postgrado
en la modalidad de maestría de conformidad con lo previsto en el punto 1.2. del
artículo 9 de la Resolución 1458 de 2017, equivale a tres (3) años de experiencia
relacionada y viceversa, siempre que se acredite el título profesional, de manera
que solo con el título de maestría acredita 36 meses de los 40 meses de
experiencia relacionada que exige la norma para que ocupara el cargo de
subdirector de centro. Adicionalmente, se probó la experiencia como profesional
grado 06 en el centro de gestión administrativa del municipio de Neiva, durante el
periodo comprendido entre 5/1/1998 hasta el 31/12/1998, es decir, por un lapso de
11 meses y 26 días, tiempo con el cual cumple los 40 meses que exige la norma.
Igualmente, se acreditó el tiempo de servicio como director del Instituto de Tránsito
y Transporte de Neiva durante el periodo comprendido del 01/6/1999 al 2/4/2000,
es decir, 10 meses y 1 día; director administrativo de planeación tributaria de
Neiva con tiempo de servicio entre el 3/4/2000 al 1/1/2001, valga decir por 8
meses y 27 días, profesional contratista, dirección de empleo en el SENA desde el
16/3/2001 al 31/12/2001, equivalente a 9 meses y 15 días y como profesional
grado 06 en el centro de gestión administrativa del SENA, por el lapso del
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Folio 107 del expediente.
44
Folio 519 y 520 del expediente.
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
22/1/2002 al 10/1/2018 correspondiente a 15 años y 17 días, esto es un poco más
de 180 meses.
La parte recurrente argumenta que los anteriores tiempos de servicio no pueden
ser tenidos en cuenta, toda vez que, corresponde a experiencia en empleos del
nivel profesional y no directivo, no siendo ello de recibo por cuanto que, la
experiencia profesional relacionada exigida conlleva que se demuestre que: (i) fue
adquirida con posterioridad a la terminación y aprobación de materias que
conforman el pensum académico del respectivo programa universitario de
formación profesional tal como en el caso bajo estudio se demostró; (ii) obtenida
en ejercicio de las funciones o actividades propias de la profesión, lo que para el
caso de Luis Ernesto Durán Roa en su calidad de contador público ejerció el rol de
profesional grado 06 en el centro de gestión administrativa de un ente territorial,
director administrativo de planeación tributaria también como director del Instituto
de Tránsito y Transporte de Neiva y como profesional grado 06 en el centro de
gestión administrativa, todos ellos en desarrollo de funciones propias de la
profesión; (iii) que en los empleos desempeñados, se deben haber cumplido
funciones similares a las del cargo a proveer, para lo cual, se debe haber
desarrollado funciones afines, semejantes, equivalentes, análogas o
complementarias en determinada profesión, es decir, que no es necesario haber
cumplido exactamente las mismas funciones del cargo al cual se aspira.
Visto lo anterior, en el proceso se acreditó que Luis Ernesto Durán Roa contaba
con las calidades y requisitos exigidos para desempeñar el cargo de subdirector
de centro G02. En ese sentido, no halla la Sala razones de las que pueda colegir
que quien asumió las obligaciones laborales del accionante no fuera merecedor de
desempeñarlas o que su gestión hubiera desmejorado el servicio como lo alegó el
actor. En síntesis, la parte actora no demostró que la accionada hubiera actuado
con desviación o abuso de poder en la expedición del acto acusado.
Finalmente, la parte recurrente señala que el tribunal no se pronunció frente a la
falta de motivación del acto acusado. Básicamente argumenta que de conformidad
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
con la declaración rendida por Enrique Romero Contreras quien para la época de
los hechos fungía como secretario general del SENA, no hubo una razón particular
que motivara el retiro del actor, sino únicamente el carácter discrecional
atendiendo la naturaleza del cargo de libre nombramiento y remoción, lo que debió
llevar al tribunal a declarar la nulidad del acto por falta de motivación.
Al respecto, se tiene que el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo
245, establece claramente que la competencia para efectuar la remoción en
empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará
mediante acto no motivado. Una medida semejante se supone inspirada en
razones de buen servicio - fin primordial de la función pública - y el acto que la
contiene lleva implícita la presunción de legalidad, que desde luego admite prueba
en contrario. De manera que no es cierto que el acto careciera de motivación, la
contiene en razón del mejoramiento del servicio sin que haya sido desvirtuada por
la parte actora.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispone:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
45 Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;
(…)
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales
consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará
mediante acto no motivado. (Subrayado fuera de texto)
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma46. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta
si existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el
expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte vencida.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el acto administrativo
demandado conserva su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la
presunción de legalidad que lo ampara, en tanto que, no demostró la desviación
de poder alegada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
46
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Germán Antonio Mendieta Mendieta
F A L L A:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 14 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, subsección F, por
medio de la cual negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido
por Germán Antonio Mendieta Mendieta contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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