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Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 17001-23-31-000-2010-00227-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2010-00227-02

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2010-00227-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 75 Número único de radicación: 17001233100020100022702 Actora: ADRIANA ARANGO MEJÍA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró la nulidad tanto del artículo 6° del Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009 como de la Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009. En su lugar, se dispone: DENEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-31-000-2010-00227-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 170012331000-2010-00227-02
ACCIÓN: NULIDAD
ACTOR: ADRIANA ARANGO MEJÍA

TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Y
SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS ACTOS ACUSADOS SÍ
CUMPLIERON CON LAS EXIGENCIAS EN MATERIA DE
DELEGACIÓN, CONTENIDAS EN LA LEY 489 DE 1998 Y DEMÁS
NORMAS CONCORDANTES, Y EN VISTA DE QUE LA
RESOLUCIÓN IGUALMENTE ACUSADA TAMBIÉN CONSTITUYE
UNA MANIFESTACIÓN VÁLIDA DEL EJERCICIO DE LA
POTESTAD REGLAMENTARIA, A NIVEL TERRITORIAL, A CARGO
DE UNA AUTORIDAD COMPETENTE. ADEMÁS, LOS ACTOS
ACUSADOS NO TUVIERON COMO FUNDAMENTO EL DECRETO
3422 DE 2009, AL NO CONTAR EL MUNICIPIO DE MANIZALES,
PARA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CON LA COOFINANCIACIÓN
DE LA NACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL “SETP”, LO
CUAL ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU APLICACIÓN
INTEGRAL, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1° DE
DICHO DECRETO.
NTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

La Sala procede a resolver los recursos de apelación

interpuestos, respectivamente, mediante apoderado, por el

Municipio de Manizales y, en nombre propio, por la demandante,

contra la sentencia de 21 de julio de 2014, proferida por el

Tribunal Administrativo de Caldas, por la cual se declaró la

nulidad del artículo sexto del Decreto 0467 de 30 de octubre

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Actora: ADRIANA ARANGO MEJÍA

de 2009 y de la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre

de 2009, actos expedidos por la Alcaldía de Manizales y por la

Secretaria de Tránsito y Transporte del mismo ente territorial,

respectivamente, y se denegaron las demás pretensiones de la

demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1- Pretensiones

La demandante solicitó que, previo el adelantamiento del

trámite a que haya lugar, esta jurisdicción proceda:

1-. Declarar la nulidad del Decreto Municipal 0467 de 30 de

octubre de 2009, por el cual se ajusta, actualiza y modifica el

Decreto 0246 de 5 de diciembre de 2006.

2-. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 146 de 10 de

noviembre de 2009, por medio de la cual se estableció el

procedimiento para la operación del sistema estratégico de

transporte público multimodal, suscrita por el Secretario del

Despacho de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad

de Manizales, publicada en la Gaceta Municipal núm. 1105 de la

misma fecha.

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I.2. HECHOS

Como supuestos fácticos sustentatorios de las pretensiones, la

parte actora expuso, en síntesis, los siguientes:

1-. Indicó que a través del Decreto Municipal 0246 de 5 de

diciembre de 2006, se establecieron unos criterios para la

organización del transporte público colectivo en el municipio de

Manizales.

2-. Que el Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009,

acusado, ajustó, actualizó y modificó el Decreto 0246 de 2006

y confirió una delegación al Secretario de Tránsito de la ciudad

de Manizales, para expedir los actos administrativos necesarios

para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte

Colectivo de Pasajeros (SETP) en esa ciudad, sin determinar el

marco al que debía sujetarse el ejercicio de la función delegada.

3-. Agregó que mediante la Resolución núm. 146 de 10 de

diciembre de 2009, acusada, se expidió “el procedimiento

para la operación del sistema estratégico de transporte público

y multimodal” en la ciudad de Manizales.

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4-. Explicó que con los anteriores actos administrativos se

pretendió la reorganización del transporte terrestre colectivo de

pasajeros en dicho municipio, sin haberse adoptado el

respectivo plan de movilidad, conforme a lo establecido en las

leyes 1083 de 2006, 1151 de 2007 y los acuerdos 508 de 2001,

573 de 2003 y 663 de 2007, expedidos por el Concejo de

Manizales.

5-. Concluyó que los actos acusados determinaron la existencia

de un Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de

Manizales, sin que previamente se hubiese cumplido el deber de

concertación con los gremios del transporte, los usuarios y la

comunidad en general, conforme a lo establecido en el Plan de

Ordenamiento Territorial de la ciudad (Acuerdo 508 de 2001,

modificado por los Acuerdos 573 de 2003 y 663 de 2007,

expedidos por el Concejo de Manizales).

I.3. Normas violadas y concepto de violación

La demandante señaló que con la expedición de los actos

acusados el Municipio de Manizales infringió los artículos 13,

150, numerales 21 y 23, 211, 313, numeral 1°, 315, 333 y 334

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de la Constitución Política; las leyes 1083 de 31 de julio de 20061

(artículo 52), 1151 de 24 de julio de 20072 (artículos 1° y 2°),

489 de 29 de diciembre de 19983 (artículo 11); y los decretos

170 de 5 de febrero de 20014 (artículos 25, 26, 32 y 43), 0246

de 5 de diciembre de 20065 (artículos 8°, 11, 12 y 13), 3422 de

9 de septiembre de 20096 (artículos 7°, 10°, 18 y 20), 508 de

23 de marzo de 2001 7 (artículos 44 y 49), expedidos por el

Concejo de Manizales.

La demandante sustentó el concepto de violación, en síntesis,

así:

Inició su argumentación manifestando que con fundamento en

normas constitucionales y legales el Presidente de la República

ejerce una intensa y profunda intervención en el transporte

público tendiente a que en esa actividad prevalezca el interés

1
“Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se
dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
3
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones”.
4
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros”.
5
“Por medio del cual se establecen criterios para la reorganización del transporte público
colectivo en el municipio de Manizales”.
6
“Por el cual se reglamentan los Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos (SETP) de
conformidad con la Ley 1151 de 2007”.
7
“Por el cual se delega en el Ministro de Defensa Nacional la facultad de definir algunas
situaciones administrativas relacionadas con el personal de Oficiales de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional”.

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general y se garanticen las condiciones de seguridad,

continuidad, comodidad y accesibilidad requeridas para

garantizar a los usuarios su prestación eficiente y oportuna.

Seguidamente, cuestionó, de manera puntual, la legalidad de

los actos acusados por estar incursos, a su juicio, en los

siguientes vicios:

1-. Establecimiento de procesos de reorganización de

rutas de transporte a través de permisos otorgados de

manera directa en contravía con las disposiciones legales

Al respecto indicó que los actos administrativos acusados

infringieron lo previsto en el Decreto 170 de 2001, por medio

del cual el Ministerio de Transporte reglamentó el Servicio

Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo

Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros, en cuanto

supeditó la posibilidad de reordenar el transporte público a la

aplicación obligatoria de procesos licitatorios, conforme a lo

establecido en los artículos 25, 26, 28, 29 y 30, del referido

Decreto.

Alegó que el Decreto 170 de 2001 es una reglamentación

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presidencial a la que deben sujetarse las políticas, medidas y

disposiciones que, en cada caso, adopten las autoridades de

transporte competentes, de menor jerarquía funcional, como

son las del nivel territorial.

Precisó que en el ámbito local el Decreto 0246 de 2006, en sus

artículos 11, 12 y 13, establece que el trámite para la asignación

de nuevas rutas debe surtirse a través del proceso licitatorio,

exigencia que se mantiene vigente por cuanto no fue modificada

por el Decreto 0467 de 2009.

Advirtió que, en el caso de la ciudad de Manizales, en contravía

de las normas referidas, se facultó al Secretario de Tránsito para

adjudicar directamente los servicios resultantes del

establecimiento del SETP 8 , al tiempo que se desmejoró el

servicio al autorizar el aumento de vehículos para la prestación

del servicio en un mercado de sobre oferta que tampoco se basó

en un plan de movilidad adoptado conforme a lo previsto en la

Ley 1083 de 2006.

Manifestó que la Resolución núm. 146 de 2009, por medio

de la cual se estableció el procedimiento para la operación del

8
Servicio Estratégico de Transporte Público -SETP.

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sistema estratégico de transporte público y multimodal, suscrito

por el Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, violó

las disposiciones en que debía fundarse, como es el Decreto

3422 de 2009, norma de carácter nacional, cuyo artículo 1°

estableció que ésta deberá ser aplicada íntegramente en las

ciudades que cuenten con cofinanciación de la Nación.

Que, igualmente, en su artículo 7°, previó que a partir de la

expedición del acto administrativo de adopción del SETP, que

para el caso de Manizales fue la Resolución núm. 146 de

2009, se debe suspender el ingreso de vehículos de transporte

público colectivo por incremento, en las ciudades donde aquel

se implemente y congelar la capacidad transportadora de las

empresas con base en las tarjetas de operación vigente,

expedidas a los vehículos vinculados, lo que es vulnerado por el

Decreto 0467 de 2009, acusado, en su artículo 5°, ya que si

bien éste prevé la modificación, reestructuración o traslado de

rutas no podía implicar, en ningún caso, el aumento de la

capacidad transportadora global del Sistema Estratégico de

Transporte Público en la ciudad de Manizales; y que, sin

embargo, a la larga, dicho incremento sí se autorizó.

2-. Ilegalidad de la delegación conferida al Secretario de

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Tránsito de la entidad territorial demandada

Adujo, sobre el particular, que la facultad conferida en el

Decreto 0467 de 2009 al Secretario de Tránsito para

reglamentar el procedimiento de adopción del Sistema

Manizales, contraría abiertamente el contenido de los artículos

10° y 11, numeral primero9, de la Ley 489 de 1998, norma esta

última que expresamente prohíbe la delegación de funciones,

salvo autorización legal, para la expedición de reglamentos de

carácter general, como lo es un manual de procedimientos para

la implementación del referido sistema de transporte público; y

que, además, que a las facultades conferidas al Secretario de

Tránsito, no se incluyó como su obligación, la observancia de la

norma que reglamenta los SETP, Decreto 3422 de 2009.

3-. Falta de competencia del Secretario de Tránsito para

expedir la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de

2009, por ilegalidad del acto de delegación que le confirió

las facultades para ello.

En lo que toca con este punto reiteró que las facultades

9
Artículo 11. Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de lo que sobre el
particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante
delegación:
1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos
expresamente autorizados por la ley.
2. […].

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conferidas por el señor alcalde del Municipio de Manizales al

señor Secretario de Tránsito, para la expedición de la

Resolución núm. 146 de 2009, desconocen el contenido de

los artículos 10° y 11 de la Ley 489 de 1998, que prohíben la

delegación de funciones para la expedición de reglamentos de

carácter general, salvo autorización legal específica en sentido

distinto, que para el presente caso no la hay.

4-. Inexistencia de un plan de movilidad para la ciudad de

Manizales previo a la adopción del Sistema Estratégico de

Transporte Público (SETP)

En sustento de esta censura la demandante anotó que a la fecha

de la puesta en marcha y ejecución del Sistema Estratégico de

Transporte Terrestre y Multimodal de Manizales, no se había

adoptado el Plan de Movilidad, conforme a los lineamientos de

la Ley 1083 de 2006, lo que conlleva, igualmente, la ilegalidad

del establecimiento de un esquema estratégico de transporte

para la ciudad. Situación que, a su parecer, impide la

reorganización del sistema de transporte colectivo urbano de

pasajeros, ya que dicho plan determina, desde el punto de vista

técnico, administrativo y financiero, la forma cómo debe

reorganizarse el SETP, lo que se convierte en el principal insumo

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para las medidas que habrán de tomarse sobre el particular.

Como normas violadas por tal situación la demandante cita el

numeral 3.5 10 , del artículo 6°, relativo al establecimiento de

“ciudades amables” y el artículo 52 de la Ley 1151 de 2007;

artículo 2° de la Ley 1083 de 2007; artículos 44 y 49 del Acuerdo

Municipal 508 de 2001.

I.4. Contestación de la demanda

El Municipio de Manizales, a través de apoderada, contestó la

demanda11, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones

en ella solicitadas, con apoyo en las razones que se sintetizan,

así:

Inició sus réplicas en contra de los argumentos que sustentan

la solicitud de nulidad manifestando que la reestructuración de

rutas en la ciudad de Manizales se fundamentó en el artículo

3412, del Decreto 170 de 2001, por el cual se reglamenta el

10
Los proyectos de transporte urbano y movilidad buscan continuar con los esfuerzos realizados
por el Gobierno Nacional desde 2002, consolidando una política que dé respuesta a las
demandas específicas de las ciudades, de acuerdo con los compromisos presupuestales
previamente adquiridos. En las grandes ciudades se plantean estrategias relacionadas con la
consolidación de Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) y en las ciudades medianas
estudios de movilidad e implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP).
Para estos sistemas el Gobierno impulsará el uso de combustibles limpios como el gas.
11
Folios 275 a 286 de la copia del cuaderno núm. 1.
12
ARTÍCULO 34.- REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en
cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente
el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda

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Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo

Metropolitano, Distrital y Municipal de pasajeros.

Agregó que la Secretaría de Tránsito y Transporte, como

autoridad de transporte, según lo señalado en el artículo 10°13

del Decreto en cita, efectuó un estudio técnico en condiciones

normales de demanda, con el objetivo de reestructurar las rutas

de transporte público, expidiéndose el 10 de noviembre de 2009

cada uno de los actos administrativos por medio de los cuales

se reestructuran las rutas de la ciudad, incluyendo aquellas que

habían sido asignadas por medio de permisos revocables, como

lo indica el artículo 1814 de la Ley 336 de 1996. Para el efecto,

la demandada cita apartes de la sentencia C–043 de 1998, de

la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la

exequibilidad de un aparte demandado del artículo 11 de dicha

Ley.

13
ARTÍCULO 10.- AUTORIDADES DE TRANSPORTE.- Son autoridades de transporte
competentes las siguientes:
? En la Jurisdicción Nacional: El Ministerio de Transporte.
? En la Jurisdicción Distrital y Municipal: Los Alcaldes Municipales y/o distritales o en los que
estos deleguen tal atribución.
? En la Jurisdicción del Área Metropolitana constituida de conformidad con la ley: La autoridad
única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y
concertada
14
ARTÍCULO 18.- Modificado por el Artículo 293 del Decreto 1122 de 1999 (Decreto
1122 de 1999 declarado inexequible por Sentencia C-923 de 1999), Modificado por el
Artículo 139 del Decreto 266 de 2000 (Decreto 266 de 2000 declarado inexequible por
Sentencia C-1316 de 2000). El permiso para prestar el servicio público de transporte es
revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones
en él establecidas.

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Precisó en torno a lo indicado por la actora en el sentido de que

se asignaron nuevas rutas, que ello no ocurrió, y, por lo tanto,

no era necesario acudir al procedimiento de la licitación pública

previsto en el Decreto 170 de 2001, sino que, la Secretaría de

Tránsito actuó bajo las directrices previstas en el artículo 7°15

del Decreto Municipal 0246 de 2006, ya que todas las rutas

partieron de recorridos previamente autorizados; que fue por

ello que se acudió a lo consignado en el artículo 3416 del Decreto

170 de 2001 y, en el artículo 1117, del Decreto Municipal 0246

de 2006, que establecen claramente cuál es el procedimiento a

seguir cuando se requieren nuevos servicios; y que en el caso

en comento, los estudios técnicos demostraron que era viable y

conveniente la atención de todos los servicios necesarios para

la operación del sistema, mediante la reestructuración de rutas.

Respecto a la necesidad de la licitación pública, cita

jurisprudencia del Consejo de Estado (C.P. Martha Sofía Sanz

15
ARTÍCULO 7.- Modificación de rutas o servicios. Se modificarán las rutas o servicios que
se encuentren autorizados según lo requieran las necesidades de movilización de la ciudad,
teniendo en cuenta el diseño del sistema de transporte que desarrolle la Secretaría de Tránsito
y Transporte y considerando la demanda del servicio que evidencien los estudios técnicos.
16
ARTÍCULO 34.- REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en
cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar
oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales
de demanda.
17
ARTÍCULO 11.- Creación de nuevas rutas o servicios. La Secretaría de Tránsito y
Transporte dará origen a nuevas rutas o servicios de transporte público colectivo, cuando se
identifiquen necesidades insatisfechas del servicio y los estudios técnicos demuestren que
no resulta viable o conveniente su atención mediante la reestructuración de rutas o
servicios de transporte existentes. Para tales efectos, la Secretaría de Tránsito y Transporte
establecerá el recorrido de la ruta, sus condiciones operativas, frecuencia y capacidad
transportadora y las demás condiciones que encuentre pertinente. (negrillas fuera texto
original).

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Tobón, núm. único de radicación 25000232400020020048001),

en la que, en lo pertinente, se señala:

“[…] 2. “Que la autoridad competente puede reestructurar o
reorganizar el servicio, cuando las necesidades de los usuarios
así lo exija” dice el numeral 6° de la parte motiva de la
resolución acusada y el numeral 7° ídem agrega que esa
reestructuración la puede hacer “oficiosamente” con sustento
en un estudio técnico previo de conformidad con el artículo 36
del Decreto 1558 de 1998.

La inconformidad del actor consiste en que la reestructuración
de que trata el artículo 36 ídem, si bien debió tener un estudio
técnico previo, debió referirse a un estudio general que
comprendiera los cambios o reestructuración requeridos, pero
insiste en que una vez fijada la necesidad de modificar o
reestructurar las rutas de la empresa SIDAUTO S.A. y se
establecieran las condiciones particulares de cada una de ellas,
la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá estaba
obligada a abrir un concurso que garantizara la libre
concurrencia y la iniciativa privada, porque se trataba de
rutas nuevas, por lo cual, aduce, se le conculcaron sus derechos
y se violaron los criterios básicos rectores del transporte
colectivo de pasajeros contenidos en las normas mencionadas
en la demanda y en especial los artículos 1° y 24 a 32 del
Decreto 1558 de 1998 relacionados con el concurso público, los
términos de referencia y los respectivos estudios técnicos como
son la toma de información, el procesamiento y análisis de los
comportamientos y la determinación de la demanda potencial.
(la Sala destaca y subraya).

Entonces la Sala debe resolver si la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Bogotá podía expedir el acto administrativo
demandado fundamentado en la facultad oficiosa de que trata
el artículo 36 del Decreto 1558 de 1998 para reestructurar el
servicio, modificando, revocando o adicionando los actos
administrativos por medio de los cuales se autorizó a la empresa
SIDAUTO S.A. o, si debió abrir un concurso para adjudicar las
rutas que consideró necesarias, teniendo en cuenta lo dispuesto
por los artículos 24 y siguientes del citado decreto.

El Decreto 1558 de 1998, que dice la actora se violó, señala en
su artículo 1° que su objeto es reglamentar la prestación de
servicio público de transporte terrestre colectivo de pasajeros
en el ámbito municipal, bajo criterios básicos y rectores del
transporte “como el de la libre competencia y el de la
iniciativa privada, a la cual sólo se aplicarán las
restricciones establecidas en la ley, por los decretos
reglamentarios y los convenios internacionales”. (la Sala
destaca y subraya).

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El título II ídem “De la prestación del servicio”, capítulo
II “Procedimiento para la determinación de las necesidades de
movilización” artículo 26 señala como “Disposición
General” que se realice un concurso público en el cual podrán
participar todas las empresas interesadas en prestar el servicio
con el lleno de los requisitos para establecidos en los términos
de referencia y señala un procedimiento previo al concurso para
determinar las necesidades de movilización; el capítulo III fija
el “Procedimiento para la adjudicación de rutas” en dos grandes
etapas así: 1. una vez determinadas las necesidades de nuevos
servicios de movilización, se ordena la apertura del concurso,
se elaboran los términos de referencia que deben incluir los
puntajes para evaluación, entre otras y 2. la adjudicación se
hace mediante audiencia pública sujeto a las condiciones de la
Ley 80 de 1993.

El mismo Título II, en su Capítulo V titulado “Alternativas de
acceso al servicio”, como su nombre lo indica, se separa de
la anterior regla general del llamamiento a concurso o licitación,
en dos casos, así: (la Sala destaca y subraya).

1. ART 35. Las empresas de transporte que tengan autorizada
una ruta podrán solicitar la modificación de la misma pero en
ningún caso la longitud y recorrido de la ruta modificada podrá
tener alteración de más del 10% sobre la ruta original, ya sea
por exceso o por defecto y no podrá desplazarse más de un
Terminal; en este caso la autoridad decide la conveniencia de
otorgarlo.

2. Art. 36. La autoridad competente podrá en cualquier
tiempo, cuando las necesidades de los usuarios así lo
exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se
sustentará con un estudio técnico en condiciones
normales de demanda. (la Sala destaca y subraya).

Y las excepciones a la regla general de realizar un concurso son
posibles porque, como ya se dijo, el artículo 1° del Decreto 1558
tantas veces citado señala que a los principios de libre
competencia e iniciativa privada se le pueden aplicar las
restricciones establecidas en la ley o los decretos
reglamentarios.

Además, considera la Sala que se deben aplicar principios de
igualdad y equidad, en tanto era seguro que las rutas
autorizadas que debían ser reestructuradas tendrían en su
mayoría modificaciones del más del 10%; si se aplicara el
criterio de la actora los cambios que pasen de ese porcentaje se
considerarían rutas nuevas que se tendrían que adjudicar por
concurso público sin tener en cuenta la situación de las
empresas cuyas rutas se tenían que suprimir en aras del interés
público con la entrada del sistema masivo de transporte. Es
claro que esas rutas por las que transitaban unas empresas,
entre ellas SIDAUTO S.A. y por las que hoy transita de manera
exclusiva Transmilenio, se le podían o suprimir a las empresas

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que las tenían adjudicadas o bien reestructurar en aras del
interés público, previo estudio de su conveniencia y sin
desconocer el derecho que ya tenían las empresas a quienes,
también en aras del interés general, se les impidió continuar
con el servicio en las rutas en las que de manera legal prestaban
el servicio público de transporte de pasajeros. (la Sala
subraya).

Pese a que para la época de los hechos no se había expedido el
mencionado Decreto 115 de 2003, es importante mencionar que
en esta disposición se incluyeron expresamente algunos
principios rectores necesarios para hacer los cambios
estructurales que se requerían con la entrada del sistema
masivo de transporte, principios que en criterio de la Sala
estaban tácitos en las normas de transporte masivo de
pasajeros, como principios del derecho. Es así como el artículo
12 ídem señala que “Todas las decisiones que se tomen en
materia de reestructuración del servicio se inspirarán en los
principios de igualdad y equidad”.

Se concluye de lo anterior que la regla general para asignar las
rutas del transporte público es el concurso o la licitación y que
existen las dos excepciones señaladas; el hecho de que
SIDAUTO S.A. hubiera hecho la petición no señala
necesariamente la norma aplicable; es razonable que la
empresa SIDAUTO S.A., en vista de que sus rutas, ya
autorizadas, no podían usar los carriles exclusivos de
TransMilenio y previo el estudio que realizó solicitara una
modificación en sus rutas y que, la Secretaría de Tránsito y
Transporte previo concepto de TransMilenio avalado por ella, en
aras del interés general, dada la entrada del sistema masivo de
transporte que significó cambios fundamentales en las rutas
previamente autorizadas, hiciera uso de su facultad oficiosa de
reestructurar previo un estudio técnico, para lo cual no tenía
que hacer referencia al porcentaje de variación de la ruta.[…]”.

Concluyó que la reestructuración de rutas tuvo como base un

estudio técnico elaborado bajo unas condiciones normales de

demanda; que la misma se fundamentó en unas rutas que ya

se encontraban vigentes en la ciudad, adjudicadas mediante

permisos que son eminentemente revocables y que la medida

no previó la adjudicación de nuevas rutas, sino que recayó sobre

las ya existentes, como se observa en cada uno de los actos

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administrativos. Además, precisó que la reestructuración de

rutas arrojó como resultado que unas empresas de transporte

requerían parque automotor adicional para atender las rutas

permitidas, mientras que otras tenían una considerable sobre

oferta que, contrario sensu, determinaba la disminución de su

flota.

Sostuvo en relación con el Decreto 3422 de 2009, que este

“NO ES APLICABLE A LA CIUDAD DE MANIZALES”18, de

modo que constituye un grueso error de interpretación en el que

incurre la demandante, ya que tal norma solo rige para algunas

ciudades del territorio nacional que cumplen con unas

condiciones especiales, dentro de las cuales no está Manizales.

Aclaró que, teniendo en cuenta el objeto del Decreto 3422 de

200919, se advierte que la ciudad de Manizales no cuenta con

cofinanciación de la Nación para el desarrollo del Sistema

Estratégico de Transporte Público, –SETP-, lo que

automáticamente trae como consecuencia la inaplicabilidad de

18 Destacado de la demandada.
19 Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto reglamentar la implementación
de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) del país, y se aplicará
integralmente en las ciudades que cuenten con cofinanciación de la nación y
cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente decreto y el artículo 52 de la Ley 1151
de 2007. (destaca la demandante).

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dicha norma en esta ciudad o al menos ello implica que no se le

puede aplicar de manera íntegra.

Reiteró que el sistema en Manizales aún no tiene ni siquiera

concepto favorable del CONPES, el cual se constituye en

requisito sine qua non de los artículos 44 y 4920 para acceder a

la cofinanciación, como lo prevé el artículo 5° de la norma en

cita, por lo que no es posible que se exija el cumplimiento de

parte o de la totalidad del articulado contenido en el Decreto

3422 de 2009 al Municipio de Manizales, simplemente por el

hecho de que no existe aún la cofinanciación de la Nación; y que

es por ello que ninguno de los actos administrativos que se han

expedidos con ocasión del SETP de la ciudad están motivados

con base en el Decreto 3422 de 2009, lo que solo será

obligatorio una vez se cuente con el aval del CONPES.

Concluyó, entonces, que no era necesaria la suspensión del

ingreso por incremento de vehículos, entre otras cosas, porque

no se ha expedido el acto administrativo que declare la

20
Artículo 44°-- Localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial y
de transporte urbano. La siguiente es una descripción precisa de las dimensiones de las distintas
vías que conforman la red vial urbana del municipio de Manizales y que se deben conservar
para cualquier tipo de desarrollo a implantar en sus costados.
[…].
Artículo 49°-- Plan vial y de transporte urbano y rural. El presente acuerdo adopta en su
totalidad el Plan Vial de Transporte Urbano contenido en el numeral 1.6.2 del Componente
General del Documento Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio
de Manizales.

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existencia en la ciudad de SETP bajo las condiciones del artículo

7° del referido Decreto, puesto que éste no aplica para la ciudad

de Manizales.

I.5. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 21

de julio de 2014 21 , declaró la nulidad del artículo sexto del

Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009 y de la Resolución

núm. 146 de 10 de noviembre de 2009 y denegó las demás

pretensiones de la demanda, con fundamento en las

consideraciones que a continuación se sintetizan, así:

Que los cargos propuestos contra los actos acusados, conllevan

dilucidar, los siguientes problemas jurídicos:

1. ¿La Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales era

competente para la expedición de la Resolución núm. 146

de 2009?

2. ¿Era aplicable el Decreto 3422 de 2009 al momento de

expedición de los actos demandados?

21
Folio 432 a 442 del cuaderno 1A.

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3. ¿Los actos demandados vulneraron normas en las que

debían fundarse?

4. ¿Debía existir un Plan de Movilidad, previo a la expedición

de la declaratoria de existencia del Sistema Estratégico de

Transporte Público?

El a quo optó por estudiar, en primer lugar, el cuestionamiento

que concretó, así: ¿Fue respetuoso del ordenamiento

jurídico superior, el procedimiento seguido por el

delegante para llevar a cabo el ejercicio de la delegación

de funciones y correcta la forma en que se hizo uso de

ellas por el delegatario?, luego de advertir que, de prosperar,

exoneraría del análisis de los demás cargos.

Con el fin de dilucidar el problema jurídico así planteado, dicha

Corporación hizo referencia a los artículos 1° y 3°, literal c), de

la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas

sobre transporte, se redistribuyen competencias y recursos

entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la

planeación en el sector transporte y se dictan otras

disposiciones. Seguidamente citó los artículos 3°, 8° y 17 de la

Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de

Transporte.

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Asimismo, analizó los artículos 9°, 10°, 11 y 12 de la Ley 489

de 1998, mediante la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y

se dictan otras disposiciones; y también mencionó los artículos

10° y 34 del Decreto 170 de 2001, mediante el cual se

reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor

colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros.

Resaltó que en la demanda se cuestiona la legalidad de la

delegación conferida en el Decreto Municipal 0467 de 30 de

octubre de 2009, al Secretario de Tránsito de Manizales, para

reglamentar el procedimiento de adopción del SETP y M30; y la

Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de 2.009, por

medio de la cual se estableció el procedimiento para la

operación del Sistema Estratégico de Transporte Público y

Multimodal, suscrita por el Secretario de Despacho de la

Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Manizales.

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Verificó que, efectivamente, en el artículo sexto del Decreto

0467 de 2009 se “Faculta a la Secretaría de Tránsito y

Transporte de Manizales, para que, mediante acto

administrativo y de acuerdo con las directrices señaladas en los

decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de 2007, y este acto

administrativo, elabore el procedimiento para la operación del

SISTEMA ESTRATÉGICO MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE

MANIZALES”; y pese a que en dicho artículo se utiliza

expresamente la expresión “facultar” a la Secretaría de Tránsito

para que elabore dicho procedimiento, ello traduce, en la

práctica, en una delegación de funciones para tales fines.

A juicio del a quo la discusión que se plantea a la luz de los

cargos, es si, dicho acto administrativo, contenido en la

Resolución núm. 146 de 2009, constituye o no un acto

administrativo de carácter general, con el fin de determinar si

la delegación allí prevista resulta o no ajustada a derecho.

El Tribunal, con el propósito de esclarecer la situación, citó el

artículo 11 de la Ley 489 de 1998, que prevé que no podrá

delegarse la expedición de reglamentos de carácter general,

salvo los casos expresamente autorizados por la ley;

igualmente, mencionó apartes doctrinales y jurisprudenciales

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referidos al acto administrativo de carácter general y a la figura

jurídica de la delegación y luego transcribió el artículo sexto del

Decreto Municipal 0467 acusado.

Después de examinar tales elementos de convicción el a quo

evidenció que la facultad delegada por el alcalde de Manizales

en la Secretaria de Tránsito, lo era para la elaboración del

procedimiento para la operación del SETP y Multimodal en la

ciudad de Manizales; y que en ejercicio de la facultad

transferida, fue expedida la Resolución núm. 146 de 10 de

noviembre de 2009.

Agregó que la Resolución núm. 146 de 2009, mediante la

cual se establece el procedimiento para la operación del SETP y

Multimodal en la ciudad de Manizales, efectivamente, lo adopta

y, entre otras regulaciones, establece: i) un glosario relacionado

con dicho sistema; ii) define los operadores y la forma de

prestación del servicio; iii) consagra las tipologías vehiculares,

estandarización de colores, ruteros, control de flota a bordo,

paraderos; iv) se refiere a los operadores del transporte y el

ente gestor; v) la transferencia de rutas; vi) la tarjeta

inteligente; vii) las tarifas; y viii) algunas funciones del ente

gestor.

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El Tribunal consideró que la Resolución núm. 146 de 2009

establece un procedimiento para la operación del SETP y

Multimodal en la ciudad de Manizales, el cual regula una

situación impersonal, no relacionada con una o unas personas

determinadas, sino referida a un sistema de transporte, que, en

sí, no determina una afectación a una o varias personas en él

individualizadas, que puedan predicar de tal acto la creación,

modificación o extinción de un derecho suyo.

A su vez, que su contenido afecta a una pluralidad de sujetos o

destinatarios indeterminados, que se encuentran comprendidos

dentro de los parámetros allí establecidos, y relacionados con el

SETP y M de la ciudad de Manizales.

Concluyó en que, conforme con la doctrina y la jurisprudencia

reseñada, por las características y contenido de la Resolución

núm. 146 de 2009, dicho acto administrativo corresponde a

uno de carácter general.

De manera que al encontrarse que la Resolución núm. 146

de 2009 corresponde a un acto administrativo de carácter

general, puede decirse que no resultaba posible delegar, para

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su expedición, al Secretario de Tránsito de Manizales, tal como

lo hizo el alcalde mediante el artículo sexto del Decreto 0467

de 2009.

Reiteró entonces que la delegación realizada por el alcalde

municipal para la elaboración del procedimiento para la

operación del SETP y Multimodal de la ciudad de Manizales a la

Secretaría de Tránsito, resultaba contraria a lo previsto por el

artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en tanto iba en contravía de

expresa prohibición de rango legal y no se encontró que

existiera norma legal que establezca una excepción aplicable al

caso, de conformidad con la disposición referida.

Consecuentemente, el a quo declaró próspero el cargo de

nulidad respecto de la Resolución núm. 146 de 2009,

relacionado con la “ilegalidad de la delegación conferida al

Secretario de Tránsito de la entidad territorial demandada”, así

como la nulidad parcial del Decreto 0467 de 2009, en lo

relacionado con su artículo sexto, conforme al cargo de

nulidad denominado “falta de competencia del Secretario de

Tránsito para expedir la Resolución 146 de noviembre 10 de

2009, por ilegalidad del acto de delegación que le confirió

facultades para su expedición”.

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I.6. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandante, mediante escrito de 21 de agosto de

201422, impugnó la sentencia de 21 de julio de 2014, proferida

por el Tribunal Administrativo de Caldas.

En sustentó de su inconformidad con la sentencia de primera

instancia, adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que la sentencia no tuvo en cuenta los argumentos planteados

en la demanda respecto a las normas violadas que hacen nulo,

en su totalidad, el Decreto 0467 de 2009, y no solo su artículo

sexto en cuanto infringió la prohibición legal de delegar para la

expedición de un acto de carácter general.

Censuró el hecho de que al inicio de la sentencia se plantearon

cuatro problemas jurídicos, los cuales, a la postre, no fueron

analizados, pues al despachar el primero que se abordó el a quo

consideró que era innecesario hacer el análisis de los demás

cuestionamientos, argumento que podría ser de recibo para la

Resolución núm. 146 de 2009, pero no para el análisis

22
Folio 446 a 457 del cuaderno 1A.

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27

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necesario de la legalidad del Decreto Municipal 0467 de

2009, en relación con el cual, precisamente por esa falta de

análisis, solo se declaró la nulidad del artículo sexto.

Enfatizó en que la demanda no solo pretendía la nulidad de la

Resolución núm. 146 de 2009, sino, además, la nulidad del

Decreto 0467 de 2009, el cual ajustó, actualizó y modificó el

Decreto 0246 de 2006 para la reorganización del transporte

público colectivo en el Municipio de Manizales, a través de la

implementación del Sistema Estratégico de Transporte

Colectivo de Pasajeros; y que, sin embargo, sobre las demás

normas violadas y el concepto de violación aducidos en la

demanda, en relación con dicho acto nada dijo el Tribunal en la

sentencia.

Consideró entonces que resultaba imprescindible el análisis de

los demás problemas jurídicos que se planteó el a quo,

relacionados con la aplicación del artículo 7° del Decreto 3422

de 2009 y la ilegalidad de la implementación de un sistema

estratégico de transporte público sin existir, con antelación, un

plan de movilidad.

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En sustento del recurso, planteó nuevamente los argumentos

expuestos en la demanda.

La parte demandada, a través de apoderado, mediante

escrito radicado el 22 de agosto de 2014 23 , impugnó la

sentencia de primera instancia con fundamento en las razones

que a continuación se describen, de manera suscinta, así:

Que discrepa de la consideración del Tribunal, según la cual la

delegación otorgada por el alcalde de Manizales para la

elaboración del procedimiento relacionado con la operación del

SETP y Multimodal de la ciudad de Manizales, a la Secretaría de

Tránsito de Manizales, resultaba contraria a lo dispuesto por el

artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en tanto que desconocía la

expresa prohibición de rango legal allí prevista en materia de

delegación, pues ésta no podía otorgarse para la expedición de

actos de contenido general; y que no existía norma legal que

estableciera una excepción aplicable al caso, materializándose

así la ilegalidad de la transferencia competencial realizada,

junto con la del acto que con fundamento en la misma se

expidió.

23
Folio 446 a 457 del cuaderno 1A.

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29

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Expresó su total desacuerdo frente a la anterior posición

basándose en preceptos que, a su juicio, establecen que la

autoridad de tránsito es el alcalde; y que, además, permiten

expresamente, la delegación en otra autoridad como la

Secretaría de Tránsito. Al efecto citó las siguientes normas: Ley

105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre

transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la

Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación

en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, artículos

1°, 3824 y 4425; Ley 336 de 20 de diciembre de 199626, por la

cual se adopta el estatuto nacional de transporte, artículos 8° y

1727; Decreto 170 de 2001, por el cual se reglamenta el servicio

24
ARTÍCULO 38.- Adecuación institucional de las entidades territoriales. Para el cumplimiento
de los objetivos del sistema de transporte establecidos en esta Ley, las entidades territoriales
por determinación de las Asambleas Departamentales o de los Concejos Municipales, según el
caso podrán adoptar las reformas que consideren indispensables en sus estructuras
administrativas y plantas de personal, con fundamento en los principios definidos en el artículo
anterior: fusionando, suprimiendo o reestructurando, los organismos del sector central o
descentralizado de la respectiva entidad, vinculados con el sistema.
25
ARTÍCULO 44.- Planes territoriales. Los planes de transporte e infraestructura de los
Departamentos harán parte de sus planes de desarrollo y serán elaborados y adoptados por sus
autoridades competentes.
Los planes de transporte e infraestructura de los distritos y municipios harán parte de sus planes
de desarrollo.
Estos planes estarán conformados por una parte estratégica y un Plan de inversiones a mediano
y a corto plazo.
Los planes territoriales deberán corresponder a las necesidades y prioridades del transporte y
a su infraestructura en la respectiva Entidad Territorial y reflejar las propuestas programáticas
de los Gobernadores y Alcaldes.
PARÁGRAFO.- Las asociaciones de Municipios creadas con el fin de prestar servicio unificado de
transporte, las provincias, los territorios indígenas y las áreas metropolitanas, elaborarán en
coordinación con las autoridades de sus Municipios integrantes y con las de los niveles
departamentales y regionales, planes de transporte que comprendan la totalidad de los
territorios bajo su jurisdicción.
26
"Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte".
27
ARTÍCULO 17.- Modificado por el Artículo 292 del Decreto 1122 de 1999 (Decreto 1122 de
1999 declarado inexequible por Sentencia C-923 de 1999), Modificado por el Artículo 138 del
Decreto 266 de 2000 (Decreto 266 de 2000 declarado inexequible por Sentencia C-1316 de
2000). El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o

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público de transporte terrestre automotor colectivo

metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, artículos 10°,

1128 y 3429; y como sustento jurisprudencial de sus apreciaciones

transcribió apartes de la sentencia del Consejo de Estado, Sección

Primera, de 22 de marzo de 2012. (C. P. María Elizabeth García

González, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2004-01012-

01), referente a la delegación de funciones.

Anotó que en este caso ha de analizarse si se cumplieron o no

los requisitos para delegar en la Secretaría de Tránsito y

Transporte la elaboración del procedimiento relacionado con la

operación del SETP y Multimodal de la ciudad de Manizales; y

concluyó que sí, en vista de que: i) Cuenta con la autorización

legal, dada por el artículo 10º del Decreto 170 de 2001; ii) La

autoridad a la que se le delega desempeña funciones afines o

complementarias; iii) La autoridad que confiere la delegación

puede reasumir la competencia; y iv) Las funciones transferidas

son propias del Alcalde como Autoridad de Tránsito.

frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para
su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros
será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso
para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización. Ver Decreto
Nacional 170 de 2001
28
ARTÍCULO 11.- CONTROL Y VIGILANCIA. La inspección, vigilancia y control de la prestación
del servicio estará a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o municipales según el
caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función.
29
ARTÍCULO 34.- REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en
cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente
el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

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Señaló que mediante Acuerdo 625 de 2006, por el cual se

efectuó la modernización institucional de la administración

central municipal y se dictan otras disposiciones, se estableció,

en su artículo 11, la estructura, objetivos y funciones generales

de la Secretaría de Tránsito y Transporte, y dentro de las

funciones generales se destacan: “[…] 1) Planear, dirigir,

coordinar y organizar todo lo relacionado con el tránsito y

transporte terrestre dentro del Municipio. […] 6) Realizar

estudios técnicos que soporten la toma de decisiones en lo

relacionado con el tránsito y transporte de la ciudad. […] 8)

Fijar la capacidad transportadora de cualquier tipo de servicio

prestado por las empresas de transporte. […] 10) Determinar la

asignación de rutas y frecuencias de transporte público en el

Municipio. […] 14) Desarrollar las actividades necesarias para

implementar las atribuciones conferidas en el Plan de

ordenamiento Territorial y sean inherentes a la naturaleza de la

dependencia […]”.

La demandada consideró que es claro que a la Secretaría de

Tránsito le fue delegada la función de inspección, vigilancia y

control de la prestación del servicio autorizada por la ley,

teniendo en cuenta que por imperio de la misma ley -Decreto

170 de 2001-, la atribución de autoridad de Tránsito puede ser

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delegada en la Secretaría de Tránsito y Transporte, como en

efecto se hizo y se amplió al SETP y Multimodal, mediante

Decreto 0467 de 2009, en su artículo primero, así:

“[…] PARÁGRAFO PRIMERO: Competencia de la
secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales. De
acuerdo con sus competencias legales y reglamentarias y
en calidad de delegataria de la autoridad de tránsito
y transporte, esta secretaría como la autoridad del
Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales
[…]”.

Agregó que teniendo en cuenta que la Secretaría de Tránsito y

Transporte de Manizales es delegataria de la autoridad de

tránsito y transporte, se le confirió la autoridad del SETP y, por

ende, en el artículo sexto de dicho Decreto se le asignó como

función establecer un procedimiento para la operación del

sistema con base en lo ya reglamentado en los decretos 0246

de 2006 y 0467 de 200930.

Reiteró que la autoridad de Tránsito y Transporte en el

municipio es el Alcalde Municipal o en quien se delegue la

atribución, de acuerdo con la autorización legal dada por el

artículo 10° del Decreto 170 de 2001; y que, además, la

30
Frente a la naturaleza jurídica de la delegación de funciones, la demandada cita sentencia de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso,
de 27 de marzo de 2012. Radicación núm. 11001-03-26-000-2010-00029-00.

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autoridad a la que se le delega cuenta con funciones afines al

tema, por lo tanto, no es procedente declarar la nulidad del

artículo sexto del Decreto 0467 de 2009 ni de la Resolución

num. 146 de 2009.

Concluyó que la delegación de funciones hecha al Secretario de

Tránsito y Transporte concuerda con el fin primordial de

desarrollar los principios de la función pública y es por ello que

se le faculta, de manera expresa y por escrito, para la

elaboración de un procedimiento que es de su competencia

expedir, de acuerdo con la legislación y el artículo primero del

Decreto 0467 de 2009, por ser la autoridad de Tránsito y

Transporte y del Sistema Estratégico de Transporte Público en

el Municipio de Manizales.

II.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Una vez concedidas las apelaciones por el Tribunal

Administrativo de Caldas, mediante auto de 5 de septiembre de

2014, esta Corporación, por auto de 20 de noviembre de

201431, las admitió; y a través de providencia de 2 de febrero

31
Folio 4 del cuaderno No. 5.

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de 201532, se dispuso correr traslado a las partes para alegar

de conclusión, y al señor Procurador para la Conciliación

Administrativa, para que, si así lo estimaba, emitiera su

concepto.

II.1. Alegatos

. La parte demandante en su escrito de alegados reiteró, en

síntesis, los mismos argumentos esgrimidos en la sustentación

del recurso de apelación.

. La parte demandada y el Ministerio Público en esta

oportunidad, guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

III.1. Actos administrativos demandados

Los actos administrativos cuya nulidad se solicitó mediante la

acción prevista en el artículo 84 del CCA, son el Decreto 0467

de 30 de octubre de 200933, por el cual se ajusta, actualiza y

modifica el Decreto 0246 de 2006; y la Resolución núm. 146

32
Folio 7 del cuaderno No. 5.
33 Folio 1 a 5 del cuaderno No. 2.

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35

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de 10 de noviembre de 2009 34 , por medio de la cual se

establece el procedimiento para la operación del Sistema

Estratégico de Transporte Público y Multimodal de la ciudad de

Manizales.

III.2. El problema jurídico

La controversia a dilucidar gira en torno a la ilegalidad que, a

juicio de la demandante, está presente en el Decreto 0467

de 30 de octubre de 2009 y en la Resolución núm. 146 de

10 de noviembre de 2009, expedidos, el primero, por el

Alcalde; y la segunda, por el Secretario de Tránsito y Transporte

de la ciudad de Manizales, la cual, de conformidad con los

cargos formulados, permite plantear los siguientes

interrogantes que deben ser objeto de pronunciamiento y que

la Sala sintetiza, así:

i) ¿El Alcalde de Manizales podía delegar en la Secretaría de

Tránsito y Transporte Municipal, su competencia para expedir la

Resolución núm. 146 de 2009, por medio de la cual se

establece el procedimiento para la operación del SETP y

Multimodal? ii) ¿constituye la Resolución núm. 146 de 2009

34 Folio 7 a 21 del cuaderno No. 2

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36

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un acto administrativo de carácter general y conforme a lo

previsto por el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, no podía ser

objeto de delegación? iii) ¿al momento de expedirse los actos

administrativos acusados, les era aplicable el Decreto 3422 de

2009? iv) ¿se pueden abordar censuras en segunda instancia,

que no fueron analizadas en primera?

IV.3.- Caso concreto

Con el fin de absolver estos cuestionamientos y el caso

concreto, la Sala abordará previamente lo relacionado con el

marco normativo atinente a la Competencia del alcalde

Municipal en materia de tránsito y transporte y la figura de la

delegación administrativa.

III.3.1 De la competencia del Alcalde Municipal en

materia de tránsito y transporte y de la delegación

administrativa.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 315 de la Carta Política

corresponde al Alcalde Municipal, entre otras atribuciones, "[…]

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el

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cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a

su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar

y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los

gerentes o directores de los establecimientos públicos y las

empresas industriales o comerciales de carácter local, de

acuerdo con las disposiciones pertinentes […]".

Por su parte el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 prevé que esos

servidores ejercerán las funciones que les asigna la

Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le

fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador

respectivo.

En concordancia con el artículo 209 Constitucional, la función

administrativa debe desarrollarse con base en los principios de

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la

delegación y la desconcentración de funciones.

Los Alcaldes Municipales, en ejercicio de la función

administrativa, no solo deben dar aplicación a los mencionados

principios sino que pueden hacer uso de herramientas para

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concretarlos entre las cuales se encuentra la delegación, figura

legalmente desarrollada, entre otras, en la Ley 489 de 199835.

Esta norma trazó parámetros generales para la procedencia y

oportunidad de la delegación; así, la definió como la

transferencia del ejercicio de funciones a colaboradores o a

otras autoridades, respecto a funciones afines o

complementarias; en el caso de los representantes legales de

las entidades descentralizadas pueden otorgarla de

conformidad con los criterios establecidos en esa ley, (artículo

9°) con los requisitos y en las condiciones que prevean los

estatutos respectivos.

El artículo 10° de dicha ley dispuso que el acto de delegación

será escrito, determinará la autoridad delegataria y las

funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se

transfieren. Seguidamente, el artículo 11 indicó las funciones

que no se pueden delegar, entre las que señaló:

"[…] 1. La expedición de reglamentos de carácter general,
salvo en los casos expresamente autorizados por la ley.

35
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones.

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2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en
virtud de delegación.

3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato
constitucional o legal no son susceptibles de delegación
[…]".

Por su parte, el artículo 12 estatuyó que los actos expedidos por

las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos

requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o

entidad delegante y serán susceptibles de los recursos

procedentes contra los actos de ellas; y ese precepto establece

que la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual

corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de

que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la

Constitución Política, la autoridad delegante pueda, en cualquier

tiempo, reasumir la competencia y revisar los actos expedidos

por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del CCA.

En punto a esta figura de la función administrativa, la

jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sentencia C-372

de 2002, examinó sus características constitucionales y legales

básicas, así:

"[…] b) El objeto de la delegación. La delegación recae sobre
la competencia o autoridad que ostenta el delegante para
ejercer las funciones de su cargo. La Constitución lo postula y

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el legislador así lo ha consagrado en diferentes
oportunidades36. Igualmente la Corte se ha pronunciado sobre
la competencia, como objeto de la delegación37[...].

c) La autorización para delegar. Las autoridades públicas
podrán delegar el ejercicio de asuntos expresamente
autorizados. [...]”38.

d) Improcedencia de la delegación. Hay funciones cuyo
ejercicio es indelegable, sea porque hay restricción expresa
sobre la materia o porque la naturaleza de la función no admite
la delegación.

e) El delegante. El delegante es designado por la Constitución
o la ley. Por ejemplo, el artículo 211 de la Constitución otorga
la calidad de delegante al Presidente de la República39y faculta
al legislador para que señale las "autoridades administrativas"
que pueden actuar como delegantes 40 . Adicionalmente, el
carácter de delegante está reservado al titular de la atribución
o del empleo público, pues, como lo ha señalado la Corte,
ninguna autoridad puede "delegar funciones que no tiene "41,
es decir, se requiere "que las funciones delegadas estén
asignadas al delegante"42.

f) Discrecionalidad para delegar. Aunque se disponga de la
autorización para delegar, al delegante se le garantiza un
amplio margen de discrecionalidad para decidir si delega o no
el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo y, en
caso de hacerlo, para fijar los parámetros y condiciones que
orientarán el ejercicio de la delegación por parte del o de los
delegatarios.43[...].

g) El acto de delegación. La delegación requiere de un acto
formal de delegación, en el cual se exprese la decisión del

36
La delegación recae sobre la autoridad o competencia que ostenta el delegante para el
ejercicio de las atribuciones o funciones a su cargo. Cfr. Ley 80 de 1993, art. 12 y ley 734 de
2002, art. 148
37
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
38
Sobre este aspecto de la delegación, en la sentencia T-705 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz,
se afirma que el mecanismo de la "la delegación de funciones en otras autoridades o en los
subordinados de aquélla a la cual fueron atribuidas por la Constitución o las leyes, ciertamente
está previsto como válido en el Estatuto Superior, pero siempre sometido a la vigencia de ley
previa que expresamente autorice la delegación y establezca los recursos que se pueden
interponer contra los actos de los delegatarios; así lo establece con claridad el artículo 211 de
la Carta Política".
39
El artículo 196 de la Constitución Política se refiere también a la delegación que el Presidente de la República efectúe
en el ministro delegatario
40 En relación con el requisito de ley previa que autorice la delegación administrativa puede verse la sentencia C-337 de

1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y sobre los requisitos de la delegación expresa y específica la sentencia C-398 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
41
Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
42
Corte Constitucional. Sentencia C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz
43
Cfr. Ley 489 de 1998, arts. 9 y 10.

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delegante, el objeto de la delegación, el delegatario y las
condiciones de tiempo, modo y lugar para el ejercicio de la
delegación44.[…]45

h) Subordinación del delegatario. En relación con el
carácter jerárquico de la delegación, el artículo 211 de la
Constitución Política señala que la ley 'fijará las condiciones
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus
subalternos o en otras autoridades" (...)46. En el mismo sentido
se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Corporación, para
resaltar que la delegación administrativa procede, por
principio, cuando hay relación de subordinación entre
delegante y delegatario, "pues en general es propio de la
delegación que la autoridad delegataria se encuentre en una
cierta subordinación frente a quien delega"47.

i) Decisiones del delegatario. El delegatario toma dos tipos
de decisiones: unas, para el cumplimiento de las funciones del
empleo del cual es titular, y otras, en ejercicio de la
competencia delegada, para el cumplimiento de las
correspondientes funciones del empleo del delegante. En
estricto sentido, es frente a estas últimas que se actúa en
calidad de delegatario pues en el primer evento él no es
delegatario sino el titular de su empleo. Además, las decisiones
que toma en calidad de delegatario tienen el mismo nivel y la
misma fuerza vinculante como si la decisión hubiese sido
tomada por el delegante y, se asume, "que el delegado es el
autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de las
competencias delegadas, y ante él se elevan las solicitudes y
se surten los recursos a que haya lugar, como si él fuera el
titular mismo de la función"48.

j) Recursos contra las decisiones del delegatario. La
Constitución asigna al legislador la facultad para establecer "los
recursos que se pueden interponer contra los actos de los
delegatarios" (C.P., art. 211).

k) Decisiones en la delegación. En la delegación se
presentan tres clases de decisiones: 1°) la decisión de la
autoridad que otorga la calidad de delegante a una autoridad
administrativa y que señala las materias en las cuales podrá
darse la delegación; 2°) la decisión de delegar que toma el

44
El artículo 10 de la ley 489 de 1998 señala que "En el acto de delegación, que siempre será
escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya
atención y decisión se transfieren".
45
Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda espinosa. Las
sentencias C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria
Díaz, también se refieren a la exigencia del acto de delegación
46
Cfr. Ley 80 de 1993, artículos 11 y 12.
47
Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero
48
Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

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delegante, la cual se concreta en el acto de delegación, y 3°)
las decisiones que toma el delegatario en ejercicio de la
delegación, las cuales a su vez se expresan en actos o
resoluciones.

l) El vínculo delegante — delegatario. Al delegar se
establece un vínculo funcional especial y permanente entre
delegante y delegatario para el ejercicio de las atribuciones
delegadas. [...]”.

Para lo que al presente asunto interesa, es del caso señalar que

el artículo 3° del Código Nacional Tránsito instituyó entre las

autoridades de tránsito, en su orden, a los Gobernadores y los

Alcaldes y a los organismos de tránsito de carácter

departamental, municipal o distrital y, dentro de estos dos

últimos, en su respectiva jurisdicción, según el artículo 6°, se

encuentran "[…] c) Las secretarías municipales de tránsito

dentro del área urbana de su respectivo municipio y los

corregimientos […]", y señaló que los Gobernadores y los

Alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos

Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de

tránsito de carácter permanente que impliquen adiciones o

modificaciones al código de tránsito.

Esta última disposición fue declarada exequible mediante

sentencia C-568 de 2003, bajo el entendido de que la

circunstancia de que el Legislador prohíba la adición o

modificación de las normas contenidas en el Código Nacional de

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Tránsito a dichas autoridades "en nada desconoce las

competencias reconocidas por la Constitución a dichas

autoridades administrativas", pues se trata de niveles de

competencia concurrentes que no se interfieren, sino que se

complementan y armonizan, con arreglo a los principios de

coordinación, concurrencia y subsidiariedad; y que no cabe

considerar que se esté desconociendo la posibilidad de que las

Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, los

Gobernadores y los Alcaldes en el ámbito de sus respectivas

competencias en esa materia expidan disposiciones de carácter

permanente de acuerdo con las atribuciones que la Constitución

Política les asigna en los artículos 300, numeral 2, 305, numeral

1, 313, numeral 1, y 315, numeral 1.

En el referido artículo 6°, también se estableció que los Alcaldes

dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas

y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento

del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías

públicas con sujeción a las disposiciones de ese código.

A su turno, el Decreto 170 de 2001, por el cual se reglamenta

el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo

Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros, en su artículo

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44

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10°, señaló que los alcaldes municipales ejercen competencias

de autoridad de transporte dentro de la jurisdicción municipal.

III.4.2. Análisis del caso

La demandante adujo que la facultad conferida en el Decreto

0467 de 2009 al Secretario de Tránsito para reglamentar el

procedimiento para la operación del Sistema Estratégico de

Transporte Público y Multimodal de la ciudad de Manizales,

contraría, abiertamente, el contenido de los artículos 10° y 11,

numeral 1, de la Ley 489 de 1998, que expresamente prohíbe

la delegación de funciones, salvo autorización legal, para la

expedición de reglamentos de carácter general. En este aspecto

el a quo le concedió la razón, en tanto que la demandada

cuestiona tal decisión a través del recurso de apelación que esta

Sala resuelve.

En relación con esta censura es preciso tener en cuenta lo

siguiente:

Siguiendo el marco normativo y jurisprudencial aplicable al

tema, la Sala debe reconocer que los alcaldes municipales gozan

de las competencias constitucionales y legales previstas en los

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artículos 315 de la Carta Política, 91 de la Ley 136 de 1994, 10°

del Decreto 170 de 2001 y 3° de la Ley 769 de 2002, para fungir

como máxima autoridad en materia de tránsito y transporte. De

ahí que tenga la atribución de expedir normas y tomar medidas

necesarias en esa materia para el ordenamiento óptimo del

tránsito de personas, animales y vehículos por las vías, facultad

que está respaldada en pronunciamientos jurisprudenciales de

la Corte Constitucional, como la sentencia C-568 de 2003, atrás

referenciada.

De igual forma, en esa calidad y conforme con lo establecido en

el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con lo

dispuesto en el artículo 9249 de la Ley 136 de 1994 y el artículo

6º de la Ley 769 de 2002, le es posible delegar dicha atribución

en servidores subalternos, como en este caso lo hizo a través

del Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009, en el

Secretario de Tránsito y Transporte Municipal, a quien facultó

para la elaboración del procedimiento para la operación del

sistema estratégico de transporte público y multimodal de la

49
“[…] ARTÍCULO 92. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. <Artículo modificado por el
artículo 30 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Alcalde podrá delegar
en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las
diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa
prohibición legal.
Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos
establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de
los recursos procedentes contra los actos de ellas. […]”.
En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá conforme a lo
reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993.

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ciudad de Manizales, de acuerdo con las directrices señaladas

en la ley , en los Decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de 2007 y

en el mismo Decreto 0467 de 2009.

Al respecto, es del caso precisar que el Decreto 0246 de 200650,

tuvo como fundamento legal para su expedición los artículos

315, numerales 1 y 3 y 365 de la Constitución Política, la Ley

105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas

sobre el transporte, se redistribuyen competencias y

recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se

reglamenta la planeación en el sector transporte y se

dictan otras disposiciones”; la Ley 336 de 1996, "Por la

cual se adopta el estatuto nacional de transporte"; y el

Decreto 170 de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio

Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo

Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros”,

mismas normas en las que se fundamenta el Decreto 0467 de

2009 que, por ser una norma que ajusta, actualiza y modifica,

se incorpora e integra en una misma unidad normativa con el

Decreto 0246 de 2006, por medio del cual se establecen los

50
Cabe recordar que para la fecha de expedición del Decreto 0246 de 2006, no se habían
expedido la Ley 1151 de 2007 ni el Decreto 3422 de 2009.

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criterios para la reorganización del transporte público colectivo

en el municipio de Manizales.

Valga señalar además que, en sentir de esta Corporación, dicho

acto (el Decreto 0467 de 2009) sí cumplió con las exigencias

en materia de delegación contenidas en la Ley 489 de 1998, en

armonía con lo establecido por la jurisprudencia constitucional.

Ello debe considerarse así por cuanto: i) su objeto recayó sobre

una competencia que ostenta constitucional y legalmente el

Alcalde en materia de tránsito; ii) no existe prohibición expresa

para delegar en esa materia, según el artículo 11 de aquella

norma, y de las leyes 105 de 1994, 336 de 1998 y el Decreto

170 de 2001, tampoco la naturaleza de la función lo prohíbe;

iii) el acto de delegación fijó claramente su objeto, parámetros

y condiciones sobre los cuales tenía margen de maniobra el

delegatorio, como fue la elaboración del procedimiento para la

operación del Sistema Estratégico de Transporte Público y

Multimodal de la ciudad de Manizales, de acuerdo con las

directrices señaladas en la ley, en los Decretos 0246 de 2006,

320, 321 de 2007 y en el mismo Decreto 0467 de 2009; iv) el

delegatario que lo fue el Secretario de Tránsito Municipal tenía

la condición de subordinado del delegante y cumplía, además,

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funciones afines a la materia delegada y, v) el acto

administrativo expedido por el delegatario guarda relación

directa con el objeto de la delegación; lo anterior si se tiene en

cuenta que este refiere precisamente los verbos rectores del

objeto delegado, entre estos, elaborar el procedimiento para la

operación del Sistema.

Ahora bien, el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, prevé que no

podrá delegarse la expedición de reglamentos de contenido

general, salvo autorización expresa de la ley.

Es lo cierto entonces que el asunto litigioso guarda relación con

un acto administrativo reglamentario, motivo por el cual, a

simple vista, resulta pertinente tratar lo relacionado con la

figura jurídica de la potestad reglamentaria, la cual, como bien

se sabe, también opera en la órbita de la administración

regional. Ahora bien, al igual a como se predica del Presidente

de la República, respecto de los Ministros y demás Jefes de la

administración a nivel nacional, los alcaldes municipales

tampoco son los únicos facultados para ejercer de manera

personal y directa atribuciones reglamentarias en todos y cada

uno de los ámbitos de la gestión pública. Ante esta realidad

incontrovertible, la puesta en marcha de esquemas y

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estrategias de descentralización, delegación y

desconcentración, así como la conformación de sectores y de

sistemas sectoriales de gestión se hace imprescindible para

garantizar el correcto desempeño de la administración pública.

En ese sentido, desconocer, por ejemplo, que las Secretarías

Municipales, motu proprio, están facultadas para expedir

reglamentaciones en materias que son propias de sus

Despachos, resultaría contrario a los principios de racionalidad,

celeridad, eficacia y economía y demás lineamientos de la Ley

489 de 1998, los cuales han sido explicados por la Corte

Constitucional, en los siguientes términos:

“[…] Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en
afirmar que esta facultad reglamentaria no se ubica
únicamente en cabeza del Presidente de la República, en
tanto existen otros organismos pertenecientes a la
administración que pueden expedir regulaciones.
De allí que se afirme que en Colombia opera un sistema
difuso de producción normativa de alcance general, cuya
naturaleza está destinada a servir de apoyo a la actividad
administrativa desarrollada por el jefe del ejecutivo-
sistema difuso-; además, las materias a reglamentar por
el CNJSA51 no tienen reserva de ley, consisten en asuntos
técnicos que no han sido materia de regulación exhaustiva
por el legislador, ni suponen la pérdida de la potestad
reglamentaria del Gobierno nacional que, por el contrario,
la subordina.

[…]

Es posible conferir potestades reglamentarias a órganos
que no configuren gobierno en sentido restringido,
siempre y cuando se trate de una potestad residual y
subordinada, pues de esa manera se armoniza el

51
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

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sistema de fuentes consagrado en la Constitución Política
y la responsabilidad del gobierno en este campo, con la
posibilidad de contar con organismos
especializados, que desarrollen de manera
específica la intervención en temas complejos
[…]”52.

Por su mayor aproximación al tema dilucidado, resulta

pertinente tener en cuenta lo que sostuvo esta Corporación en

sentencia de 10 de agosto de 2017 53 , en los siguientes

términos:

“[…] Sea lo primero precisar que lo que se predica, sobre
la facultad reglamentaria del gobierno nacional, se predica
también, a nivel regional. Por eso, la Sala parte de reiterar
que la facultad reglamentaria, que la Constitución Política
le reconoce al poder ejecutivo sea nacional o regional, es
una facultad gobernada por el principio de necesidad, que
se materializa justamente en la necesidad que en un
momento dado existe de detallar el cumplimiento de una
ley que se limitó a definir de forma general y abstracta
determinada situación jurídica. […]”.

También la Sala considera ilustrativo del enfoque que se

desarrolla traer a colación la jurisprudencia relacionada con la

potestad reglamentaria a cargo de los Ministerios, los cuales

integran la estructura del Gobierno a nivel Nacional, que se

asimilan, en la estructura de gobierno en el orden municipal, a

las secretarías, ya sean departamentales, distritales o

52
Corte Constitucional. Sentencia C-810 de 5 de noviembre de 2014. M. P. Mauricio González
Cuervo.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10
de agosto de 2017, C.P. (E): Stella Jeannette Carvajal Basto, núm. único de radicación 05001-
23 31 000 2006 03105 01(20464).

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51

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municipales, en la medida en que los funcionarios titulares de

estas últimas dependencias, como se predica de los Ministros

en el ámbito nacional, son los Jefes de la Administración local

en el sector de que se trate y, bajo la dirección de los alcaldes,

les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho,

dirigir la actividad administrativa y ejecutar la Ley.

La Sección Primera de esta Corporación, en sentencia de 20 de

noviembre de 20154, manifestó sobre el particular lo siguiente:

“[…] La potestad reglamentaria que ostentan los
Ministerios es derivada o de segundo grado. En efecto,
esta facultad de expedir actos generales, en el caso de los
Ministerios, se ejerce en todo caso, frente a la potestad
reglamentaria del Presidente de la República, con criterio
residual y subordinado. Esta facultad reglamentaria
encuentra sustento constitucional en el artículo 208 de la
Constitución política, en cuyo inciso primero se establece
que: “Los ministros y los directores de departamentos
administrativos son los jefes de la administración en su
respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente
de la República, les corresponde formular las políticas
atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa
y ejecutar la ley […]”.

Asimismo, la Corte Constitucional al referirse al tema de la

potestad reglamentaria de los ministerios, expresó lo siguiente:

“[…] La tarea de los Ministerios consiste en desarrollar
funciones previamente determinadas en la Legislación y
en el Reglamento por lo que en relación con la posibilidad
de regulación que les asiste, su competencia es de orden

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20
54

de noviembre de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-
000-2010-00119-00.

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residual y sus atribuciones de regulación ostentan un
carácter subordinado a la potestad reglamentaria del
Presidente de la República así como atañen únicamente
al ámbito de su respectiva especialidad. A la luz de la
jurisprudencia constitucional no resulta inconstitucional
que una ley le confiera de manera directa a los/las
ministros (as) del despacho atribuciones para expedir
regulaciones de carácter general sobre las materias
contenidas en la legislación, cuando estas tengan un
carácter técnico u operativo, dentro de la órbita
competencial del respectivo Ministerio […]”.

“[L]os Ministros pueden, desde luego, dictar
normas de carácter general para regular aspectos
técnicos u operativos dentro de la órbita de su
competencia, pero esta facultad, ha insistido la Corte, es
de carácter residual y subordinada respecto de la
atribución que radica en cabeza del Presidente de la
República, quien en ningún caso se desprende de su
potestad. El Ministerio puede asumir en virtud de lo
establecido por la Ley, lo que se denomina una regulación
secundaria, esto es, puede desarrollar el decreto con
un contenido más específico y más acentuadamente
técnico dentro del ámbito de sus competencias”.

“[…] En el presente caso, se trata, además, de materias
directamente relacionadas con la especialidad del ramo,
[…] le confieren al Ministerio de […] se circunscribe a
aspectos técnicos y operativos estrechamente
relacionados con el ramo y este organismo debe, en
consecuencia, observar las normas constitucionales,
legales y reglamentarias. El ejercicio de esta facultad de
regulación en ningún caso implica el reconocimiento de
una potestad autónoma y desligada de cualquier límite55.

Ahora bien, el Alcalde Municipal de Manizales expidió el Decreto

0467 de 30 de octubre de 2009, por el cual se ajusta,

actualiza y modifica el Decreto 0246 de 5 de diciembre de 2006,

por medio del cual se establecieron criterios para la

55
Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 15 de octubre de 2008. Magistrado ponente,
doctor Humberto Antonio Sierra Porto.

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reorganización del transporte colectivo en el municipio de

Manizales y, en su artículo sexto, dispuso, lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEXTO: FACULTAR a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de la ciudad para que, mediante
acto administrativo y de acuerdo con las directrices
señaladas en la ley, en los decretos 0246 de 2006, 320 y
321 de 2007 y este Acto Administrativo, elabore el
procedimiento para la operación del SISTEMA
ESTRÁTEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL
DE LA CIUDAD DE MANIZALES. […]” (Destacado fuera de
texto).

Como quedó expresado en líneas anteriores y conforme a la

jurisprudencia transcrita, los alcaldes municipales gozan de las

competencias constitucionales y legales para fungir como

máxima autoridad en materia de tránsito y transporte dentro de

su jurisdicción territorial. De ahí que tenga la facultad

reglamentaria que la Constitución Política reconoce al poder

ejecutivo y tomar medidas necesarias en esa materia para el

ordenamiento óptimo del tránsito de personas, animales y

vehículos en su municipio.

Asimismo, mediante la figura de la delegación, los alcaldes

pueden transferir funciones que le corresponden como máxima

autoridad en la materia a colaboradores con funciones afines

para que sean ejercidas por estos, como lo dispone el artículo

9°, de la Ley 489 de 1998, en los siguientes términos: “[…]

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54

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Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo

dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la

presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el

ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades,

con funciones afines o complementarias […]”, lo anterior resulta

concordante con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley 136 de

1994, el cual prevé que “[…] El Alcalde podrá delegar en los

secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos

administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto

aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal

[…]”.

Según consta en autos, el Alcalde de Manizales, mediante el

parágrafo primero, del artículo 20, del Decreto 0246 de 2006,

adicionado por el artículo 1° del Decreto 0467 de 2009,

delegó en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales,

de acuerdo con sus competencias legales y reglamentarias y en

calidad de delegataria de la autoridad de tránsito y transporte,

actuar como autoridad del Sistema Estratégico de Transporte

Público de la ciudad y, en el artículo 6° de dicho Decreto, la

facultó para que reglamente el procedimiento para la operación

del Sistema Estratégico de Transporte Publico y Multimodal de

la ciudad, de acuerdo con las directrices señaladas en la ley, en

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55

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los Decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de 2007 y en el mismo

Decreto 0467 de 2009, que incorpora el mencionado acto de

delegación en uno de sus artículos (6°).

Cabe precisar que según lo establecido por el inciso segundo del

artículo 1° de la Ley 105 de 1993, “[…] Conforman el Sistema

Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de

transporte, además de los organismos indicados en el inciso

anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto

terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de

las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores

central o descentralizado de cualquier orden, que tengan

funciones relacionadas con esta actividad […]”. En concordancia

con lo anterior el artículo 10° del Decreto 170 de 2001, prevé

quiénes son autoridades de transporte, así: “[…] en la

jurisdicción distrital o municipal, los Alcaldes municipales y/o

distritales o en los que en estos deleguen tal atribución […]”. A

su turno, la Ley 769 de 2002, en su artículo 3°, describe quiénes

son autoridades de tránsito, en su orden, “[…] y Alcaldes y los

organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o

distrital […]”.

Asimismo, el artículo 6° de dicha norma indica quiénes son los

organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: “[…] c) Las

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56

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secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de

su respectivo municipio y los corregimientos […]”.

Mediante Acuerdo 625 de 2006, por el cual se efectuó la

modernización institucional de la administración central

municipal de Manizales y se dictan otras disposiciones, se

estableció, en su artículo 11, la estructura, objetivos y funciones

generales de la Secretaría de Tránsito y Transporte,

disponiéndose que esta es la responsable del buen

funcionamiento del transporte terrestre público y privado dentro

del Municipio de Manizales, de la circulación ágil y eficiente de

las personas, animales y vehículos, en concordancia con el

Código Nacional de Tránsito Terrestre y, dentro de sus funciones

generales se incluyeron: “[…] 1) Planear, dirigir, coordinar y

organizar todo lo relacionado con el tránsito y transporte

terrestre dentro del Municipio. […] 6) Realizar estudios

técnicos que soporten la toma de decisiones en lo

relacionado con el tránsito y transporte de la ciudad. […]

8) Fijar la capacidad transportadora de cualquier tipo de

servicio prestado por las empresas de transporte. […] 10)

Determinar la asignación de rutas y frecuencias de

transporte público en el Municipio. […] 14) Desarrollar las

actividades necesarias para implementar las

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atribuciones conferidas en el Plan de ordenamiento

Territorial y sean inherentes a la naturaleza de la dependencia

[…]”.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, en

cumplimiento de la facultad conferida en el artículo 6° del

Decreto 0467 de 2009, expidió la Resolución núm. 146 de

10 de noviembre de 2009, por medio la cual se establece el

procedimiento para la operación del Sistema Estratégico de

transporte Público y Multimodal, regulando los siguientes

aspectos: i) un glosario relacionado con el sistema; ii) quiénes

pueden ser operadores y lo relacionado con la prestación del

servicio por rutas reestructuradas; iii) la tipología de los

vehículos, estandarización de colores, ruteros, control de flota

a bordo, paraderos, equipos con que deben contar los

operadores para el almacenamiento de la información que

transmiten los vehículos; iv) la obligación de buen uso por parte

de los operadores de los equipos entregados en comodato por

el ente gestor; v) transbordo de una ruta a otra; vi) cómo

ingresar al sistema cuando no se adquiere la tarjeta inteligente;

vii) las tarifas, que se determinarán según estudios técnicos y

conforme al Decreto 0246 de 2006.

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58

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El Tribunal, teniendo en cuenta el contenido de la Resolución

146 de 2009, expedida por el Secretario de Tránsito de la

ciudad de Manizales, consideró que esta constituía un acto

administrativo de carácter general, al estar regulando una

situación jurídica impersonal, no relacionada con una o unas

personas determinadas y que, por tratarse de una

reglamentación o procedimiento de carácter general, no era

posible su delegación al Secretario de Tránsito de Manizales tal

y como la otorgó el Alcalde Municipal de esa ciudad, por cuanto

ello obraba en contravía de la prohibición contenida en el

artículo 11 de la Ley 489 de 1998.

La Sala advierte que si bien el Tribunal acierta en considerar la

Resolución 146 de 2009, como un acto administrativo de

carácter general, pierde de vista el hecho indiscutible de que

también se trata de una expresión legitima de la potestad

reglamentaria, en cuanto desarrolla el procedimiento para la

operación del Sistema Estratégico de Transporte Público y

Multimodal de dicha ciudad, con sujeción a regulaciones

superiores precisas (Decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de

2007) y en el mismo Decreto 0467 de 2009, que no le era dado

desconocer.

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Una de las diversas aproximaciones que subyacen en torno a la

figura de la potestad reglamentaria indica que esta se contrae

a “[...] la producción de un acto administrativo que hace real el

enunciado abstracto de la ley... [Para] encauzarla hacia la

operatividad efectiva en el plano de lo real […]”56, potestad que

se predica, tanto del gobierno nacional, como del nivel

departamental, distrital y municipal. Por eso la facultad

reglamentaria, que la Constitución Política le reconoce al poder

ejecutivo, sea nacional o regional, es una facultad gobernada

por el principio de necesidad, que se materializa justamente en

la necesidad existente, en un momento dado, de detallar el

cumplimiento de una ley que se limitó a definir, de forma

general y abstracta, determinada situación jurídica,

atribución que debe limitarse a dar vida práctica a la ley que

tiende a desarrollar y que solo puede desenvolver lo que

explícita o implícitamente está comprendido en ella y, por tanto,

no puede introducir normas que no se desprendan natural y

lógicamente de sus disposiciones.

Del análisis de la Resolución 146 de 2009, para la Sala es

claro que esta reglamenta aspectos técnicos y operacionales

56
Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, recogida en la
Sentencia C-350 de 1997.

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60

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relacionados con el Sistema Estratégico de Transporte Público y

Multimodal de Manizales, que ya fueron objeto de regulación,

de una forma general y abstracta, en el Decreto 0246 de 2006,

y que dicha resolución los lleva a un plano más detallado para

su efectiva ejecución, mediante la estipulación de trámites,

procedimientos, plazos y todo lo concerniente a la operación de

SETP Y Multimodal.

Cabe recordar que una de las finalidades prioritarias de la

función de reglamentación, sino la más destacada, es resolver

en el terreno de lo práctico los cometidos fijados por las reglas

del legislador57, pues, dada la generalidad de estas últimas es

poco probable que su implementación pueda lograrse por sí

misma, y se encuentra, por consiguiente, subordinada a lo

dispuesto por ella sin que sea factible alterar o suprimir su

contenido ni tampoco reglamentar materias reservadas al

Legislador.

La Sala destaca que el artículo 6° del Decreto 0467 de 2009,

al facultar al Secretario de Tránsito, en lo que por ley ya estaría

facultado, de todas formas, lo somete a las directrices señaladas

57
En este punto es oportuno recordar la consideración jurídica según la cual los actos
administrativos como los aquí reglamentados deben tenerse como leyes en sentido material
debido precisamente a su obligatoriedad, que es el rasgo esencial de aquellas, cualidad que
ambas regulaciones comparten.

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en la Ley y en los Decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de 2007 y

al mismo Decreto 0467 de 2009 al momento de elaborar dicho

procedimiento, por lo que este no podía extenderse más allá de

los lineamientos regulados en las normas en que se

fundamentaba ni a situaciones de hecho no previstas en las

regulaciones superiores respectivas.

Ahora bien, como se desprende del análisis de las normas y

jurisprudencia antes relacionada, el Alcalde es la máxima

autoridad de tránsito en su jurisdicción, con la posibilidad de

contar con organismos especializados, como lo es la Secretaría

de Tránsito y Transporte, para que desarrollen, de manera

específica, la intervención en temas complejos, técnicos y

operacionales en la materia. Es esta una función de afinamiento

que procede desde los trazos más amplios fijados por el

legislador hasta los detalles prácticos más concretos,

establecidos por el ejecutor de la medida58.

Es que, precisamente, son los organismos administrativos

especializados los depositarios de información relacionada de

manera directa e inmediata “con el funcionamiento práctico de

las herramientas de creación legislativa.” La idea central en

58
Ibídem.

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este lugar es que son precisamente los entes administrativos

los que más cercanía reportan frente a “los temas reales de

implementación de las normas.” Ello trae como consecuencia

que sean estos organismos los que deban ser encargados de

aquello que la Corte denomina “microregulación de la ley.” Lo

anterior enlaza con un aspecto detectado una y otra vez por la

jurisprudencia constitucional, a saber, que resulta muy difícil

para el Legislador prever de antemano todas las

eventualidades de regulación indispensables lo que, sin duda,

constituye suficiente sustento respecto de que “sea una

entidad técnica la que produzca el reglamento

correspondiente.”59

Cabe reiterar entonces lo ya expresado en el sentido de que, en

lo que toca con la facultad reglamentaria, tanto la doctrina como

la jurisprudencia coinciden en afirmar que esta facultad no se

ubica únicamente en cabeza del Presidente, pues en armonía

con específicos preceptos constitucionales, existen otros

organismos pertenecientes a la Administración que pueden

expedir regulaciones. Por ello, la jurisprudencia constitucional

ha resaltado que tal facultad no es exclusiva del Presidente de

59
Corte Constitucional. Sentencia C – 1005 de 15 de octubre de 2008. Magistrado ponente, Dr.
Humberto Antonio Sierra Porto

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la República y que en Colombia opera un “sistema difuso” de

producción normativa de alcance general, pero cuya naturaleza

está destinada a servir de apoyo a la actividad administrativa

desarrollada por el jefe del Ejecutivo60.

A juicio de la Sala, la Secretaría de Tránsito, como autoridad de

tránsito y transporte y como responsable del buen

funcionamiento del transporte terrestre público y privado dentro

del municipio de Manizales, independientemente de la facultad

recibida, bien podía expedir reglamentos de carácter general

tendientes a regular aspectos técnicos y operacionales relativos

a la materia de conocimiento de su despacho, en ejercicio de la

potestad reglamentaria que ejerce de manera residual y

subsidiaria respecto al Alcalde Municipal. De modo que la

Resolución 146 de 2009, también puede considerarse como

un acto administrativo general que reglamenta aspectos

técnicos y operacionales para la puesta en marcha del SETP,

competencia propia de una entidad cuya función es planear,

dirigir, coordinar y organizar todo lo relacionado con el tránsito

y transporte terrestre dentro del municipio de Manizales.

60
Corte Constitucional. Sentencia C-350 de 1997.

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Así las cosas, contra lo decidido por el a quo, en sentir de esta

Corporación, dicho acto sí cumplió con las exigencias en materia

de delegación contenidas en la Ley 489 de 1998, y demás

normas concordantes, en armonía con lo establecido por la

jurisprudencia atrás relacionada.

Consecuentemente, se revocará lo resuelto por el a quo en

cuanto declaró la nulidad del artículo 6° del Decreto 0467 de

30 de octubre de 2009, expedido por el Alcalde de Manizales

y de la Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009,

emanada del Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales

y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda en

lo que respecta al cargo aquí estudiado.

Definido lo anterior, es del caso entrar a examinar los demás

cargos propuestos en la demanda.

Sobre el particular, cabe advertir que, en este caso, la Sala

debe pronunciarse sobre los demás cargos de nulidad elevados

por la parte actora, a pesar de que no fueron analizados en la

sentencia del inferior, de conformidad con lo previsto en los

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65

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artículos 28761, 32062 y 32863 del Código General del Proceso.

En efecto, el juez de segunda instancia se encuentra habilitado

para emitir sentencia complementaria que desate los extremos

de la controversia omitidos en primera instancia, en virtud de lo

previsto en el inciso segundo del artículo 287 del CGP, habida

cuenta que en el caso sub examine la parte perjudicada con la

omisión (la demandante) apeló, aunado al hecho de que la

demandada también apeló, lo que faculta al superior para no

limitar el análisis de la cuestión litigiosa, de acuerdo con lo

señalado en el inciso segundo del artículo 328 ibidem.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procederá a estudiar los

demás cargos de nulidad elevados por la parte actora, que no

fueron analizados en la sentencia de primera instancia, así:

La demandante también alega que los actos acusados resultan

ilegales, al establecer procesos de reorganización de rutas de

61
“[…] ARTÍCULO 287. […] El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia
del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado […]”. Antes artículo
311 del CPC.
62
“[…] ARTÍCULO 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”. Antes artículo 350 del CPC.
63
“[…]ARTÍCULO 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”. Antes artículo 357 del CPC.

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transporte a través de permisos otorgados de manera directa

en contravía de disposiciones legales como el Decreto 170 de

2001, que determina la obligatoriedad de reordenar el

transporte público aplicando procesos licitatorios; y que en el

caso de la ciudad de Manizales, se facultó a la Secretaría de

Tránsito para adjudicar directamente los servicios resultantes

del establecimiento del SETP. Ello, en tanto que en el recurso

de apelación precisó que dicha censura no fue objeto de

consideración por el a quo en la sentencia.

Respecto al anterior cargo, la Sala considera que este carece de

fundamento, ya que del análisis del primero de los actos

acusados, Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009,

mediante el cual se otorgan unas facultades a la Secretaría de

Tránsito, claramente se desprende que las mismas en modo

alguno se refieren a la adjudicación directa o sin licitación de

rutas o nuevos servicios, pues, la delegación a la que allí se

alude, en el artículo 7°, recae precisamente sobre la

reestructuración de rutas y la eliminación de las que ya no se

requieren dentro del sistema.

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De modo que la actora confunde la figura de la adjudicación de

nuevas rutas con el de la reestructuración de rutas ya

existentes, no obstante que se trata de figuras diferentes.

Además, acorde con el artículo 34, del Decreto 170 de 2001, la

reestructuración del servicio corre a cargo de la autoridad

competente, la cual en cualquier tiempo podrá disponerla,

incluso oficiosamente, cuando las necesidades de los usuarios

lo exijan, lo cual se sustentará con un estudio técnico en

condiciones normales de demanda.

Tal distinción entre esas dos modalidades de actuación

administrativa está claramente consignada en la Ley y la

jurisprudencia sobre el particular la ha reconocido y declarado

sin dificultad, como sucedió, por ejemplo, en la sentencia

proferida dentro núm. único de radicación 25000-23-24-000-

2002-00480-01 (C.P. Martha Sofía Sanz Tobón) ya transcrita.

De modo que no hay duda en cuanto a que para expedir los

actos acusados relacionados con procesos de reestructuración

de rutas ya existentes no se requería adelantar las actuaciones

licitatorias a las que alude la demandante.

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Por lo anterior, dicho cargo en sí mismo considerado no está

llamado a prosperar.

Ahora, según la demandante, los actos acusados violan las

normas en las que debían fundarse, por no avenirse ni tener

sustento en el Decreto 3422 de 2009, el cual establece, en su

artículo 1°, que el mismo deberá ser aplicado íntegramente en

las ciudades que cuenten con cofinanciación de la Nación; y en

el artículo 7° dispone que previo al convenio que se suscribirá

entre la Nación y los entes territoriales que definirán los montos

de los aportes al proyecto; el alcalde de la ciudad donde se

implementará el SETP deberá, mediante acto administrativo,

adoptar el mismo y sus respectivos componentes y, a partir de

la expedición del acto administrativo de adopción del SETP, se

debe suspender el ingreso de vehículos de transporte público

colectivo por incremento, y congelar la capacidad

transportadora de las empresas con base en las tarjetas de

operación vigentes expedidas a los vehículos vinculados.

Para dirimir el anterior cuestionamiento, que según lo alegado

por la demandante en su recurso de apelación el a quo no

examinó, la Sala considera pertinente iniciar citando el artículo

1° del Decreto 3422 de 2009, el cual prevé, lo siguiente:

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“[…] ARTÍCULO 1º. Objeto. El presente decreto tiene
como objeto reglamentar la implementación de los
Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) del
país, y se aplicará íntegramente en las ciudades que
cuenten con cofinanciación de la nación y cumpliendo
con los requisitos establecidos en el presente decreto y el
artículo 52 de la Ley 1151 de 2007 […]”. (Destacado fuera
de texto).

A su vez, el artículo 5° de dicho Decreto establece los requisitos

para la implementación de los SETP, así:

“[…] Artículo 5°. Requisitos para la financiación de los
SETP. La Nación y sus entidades descentralizadas
participarán con aportes de capital, en dinero o en
especie, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

1. Que el proyecto sea consistente con el respectivo Plan
de Ordenamiento Territorial y el Plan de Movilidad, una
vez se articule y revise dicho Plan de Ordenamiento,
según lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, o normas que
la modifiquen o sustituyan.

2. Que el proyecto propuesto esté debidamente registrado
en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, y cumpla
los requisitos establecidos por el Decreto 841 de 1990 y
demás disposiciones vigentes sobre la materia.

3. Que el proyecto de Sistema Estratégico de Transporte
Público esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.

4. Que el proyecto respectivo tenga concepto previo
favorable del Conpes, mediante un estudio de factibilidad
y rentabilidad, técnico-económico, socio-ambiental y
físico-espacial, que defina claramente la estrategia, el
cronograma y los organismos de ejecución.

5. Que el Alcalde de cada ciudad, donde se implementará
el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP),
adopte mediante acto administrativo el respectivo sistema

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de conformidad con los requisitos establecidos en el
artículo 7° del presente decreto […]”.

Ahora, entre los elementos probatorios que obran en el

expediente se aprecia, a folio 5A del cuaderno núm. 3, el

memorando del Departamento Nacional de Planeación, de 16

de julio de 2012, en el cual (punto segundo), se expresa lo

siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de
Manizales no ha podido acceder a la cofinanciación
de la Nación para la implementación del SETP, ya que
el diseño conceptual del proyecto SETP de Manizales que
hasta el momento se ha realizado, no tiene claridad en
cuanto a la operación del sistema, la sostenibilidad
financiera del proyecto, la infraestructura del SETP, los
impactos ambientales y sociales del proyecto, el esquema
tarifario, la evaluación económica, entre otros aspectos.
En este sentido, el proyecto no se encuentra estructurado
técnica, legal y financieramente por lo cual no cuenta
con la validación de la Nación para la cofinanciación
del proyecto […]”. (Destacado fuera de texto).

Como puede verse, el artículo 1° del Decreto 3422 de 2009

establece una condición esencial para su aplicación integral, en

determinados municipios cual es, que estos cuenten con la

cofinanciación de la Nación para la implementación del SETP,

condición que, para el momento de la expedición de los actos

acusados, el Municipio de Manizales no cumplía, pues para

entonces dicha cofinanciación de la Nación aún no se había

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dado. Y es por ello por lo que los actos acusados expedidos con

ocasión del sistema de transporte existente en ese entonces en

dicha ciudad, no tienen como fundamento legal el Decreto 3422

de 2009, el cual solo sería de obligatoria aplicación una vez

contara con el respectivo aval del Conpes.

Ahora bien, en cuanto a los reproches formulados por la

demandante, reiterados en el escrito de apelación, en contra del

Decreto 0467 de 2009, en el sentido de que no dio aplicación

al artículo 7° del Decreto 3422 de 2009, la Sala considera que,

a objeto de desvirtuar dicha cesura, resultan pertinentes las

mismas razones esgrimidas en líneas anteriores, para desechar

el cargo precedentemente examinado, según las cuales, para la

fecha de la expedición del primer Decreto de los antes

mencionados, no regía para la ciudad de Manizales el segundo,

pues, como ya se dijo, para entonces no existía concepto previo

favorable del Conpes y, por ende, no se contaba con la

cofinanciación de la Nación para el desarrollo del SETP, por lo

que no resultaba menester la cuestionada suspensión del

ingreso por incremento de vehículos.

Para la Sala, del estudio de los actos acusados y los demás

elementos probatorios que obran dentro del expediente se

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desprende que no se ha expedido el acto administrativo por

medio del cual se adopta, en la ciudad de Manizales, en las

condiciones establecidas en el referido Decreto 3422 de 2009 el

Sistema Estratégico de Transporte Público; y el hecho de que

en el Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009, en su artículo

primero, el cual adiciona un artículo al Decreto 0246 de 2006 y

en el Artículo 20 adicionado, se declare la existencia en la ciudad

de Manizales, del Sistema Estratégico de Transporte Público y

Multimodal, y en su artículo 2° establezca que en adelante para

la aplicación del Decreto 0246 de 2006, deberá entenderse,

cuando se refiera a SERVICIO O SISTEMA DE TRANSPORTE

PÚBLICO COLECTIVO, que se trata del SISTEMA ESTRATÉGICO

DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE

MANIZALES, no constituye, propiamente, la expedición del acto

administrativo de adopción del SETP en los términos

establecidos en le artículo 7° del Decreto 3422 de 2009, como

tampoco se puede inferir que el acto administrativo de

adopción del SETP, sea la Resolución 146 de 2009, ya que

ésta no es más que una reglamentación de los aspectos técnicos

para la eventual operación del sistema, con sujeción a

regulaciones ya existentes.

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Ello debe entenderse así, por cuanto la entrada en vigor del

mencionado Decreto en la ciudad de Manizales exigía un

presupuesto esencial que para la fecha de expedición del

Decreto 0467 de 2009 no se había dado, cual era la puesta

en marcha del aludido proceso de cofinanciación a cargo de la

Nación, el cual para entonces no se había iniciado pues, como

ha quedado visto, no existía incluso el indispensable concepto

favorable de CONPES que debía anteceder al acto formal de

adopción del Sistema que por lo mismo tampoco se había

podido emitir. Vistas así las cosas, como lo alega la demandada,

no podía exigirse la sujeción del Decreto municipal acusado a

un Decreto nacional que aún no regía en su territorio.

Como se dijo anteriormente, el Decreto 0246 de 200664 tuvo

como fundamento legal para su expedición las mismas normas

en las que se fundamenta el Decreto 0467 de 2009 que, por

ser una norma que ajusta, actualiza y modifica, se incorpora e

integra en una misma unidad normativa con el Decreto 0246 de

2006, por medio del cual se establecen los criterios para la

reorganización del transporte público colectivo en el municipio

de Manizales aun no cofinanciado y no el Decreto 3422 de 2009.

64
Cabe recordar que para la fecha de expedición del Decreto 0246 de 2006, no se habían
expedido la Ley 1151 de 2007 ni el Decreto 3422 de 2009.

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Por lo anterior, dicho cargo tampoco tiene vocación de

prosperidad.

Así las cosas, se revocará lo resuelto por el a quo en cuanto

declaró la nulidad del artículo 6° del Decreto 0467 de 30 de

octubre de 2009, expedido por el Alcalde de Manizales y la

nulidad de la Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009,

expedida por el Secretario de Tránsito y Transporte de

Manizales y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la

demanda, habida cuenta que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante tiene la entidad necesaria para

desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos

administrativos acusados, y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de julio de 2014, proferida

por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró la nulidad tanto

del artículo 6° del Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009 como de

la Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009. En su lugar, se

dispone: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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