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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2001-00825-02

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2001-00825-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que denegó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-31-000-2001-00825-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 54001-23-31-000-2001-00825-02
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. HUBO
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ADUANERA DERIVADA DEL
PAGO EXTEMPORÁNEO DE TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A LA
IMPORTACIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS EN ARRENDAMIENTO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia de 31

de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte

de Santander, que denegó las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. SEGUROS DEL ESTADO S.A., por medio de apoderado judicial

y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso

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Número único de radicación: 54001-23-31-000-2001-00825-02
Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda con el fin de

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1ª. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución núm. 1251 de 30 de mayo de 2000, “Por la

cual se declara de oficio el incumplimiento de una obligación y se

ordena hacer efectiva una póliza”, expedida por la Jefe de División

de Liquidación Aduanera de la Administración Local de Aduanas de

Cúcuta, en adelante DIAN, a través de la cual se declaró que el

importador Consorcio Aseo Capital Santafé De Bogotá incumplió la

obligación adquirida mediante una serie de declaraciones de

importación, con las que se comprometió al pago oportuno de las

cuotas semestrales del régimen de importación temporal de

mercancías en arrendamiento.

b) La Resolución núm. 2042 de 1 de septiembre de 2000, “Por

medio del cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por

la DIAN, por medio de la cual se decidió no reponer la Resolución

núm. 1251 de 30 de mayo de 2000.

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Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

c) La Resolución núm. 2513 de 9 de noviembre de 2000, “Por

medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó

la actuación recurrida.

2ª. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de

restablecimiento del derecho: i) se condene a la DIAN por los

perjuicios causados con la expedición de los actos demandados; ii)

se declare que la DIAN debe acceder a la nacionalización de la

mercancía, dejándola en libre disposición; y iii) se ordene a la DIAN

cesar el proceso de cobro iniciado en virtud de la actuación

cuestionada.

I.2. La parte actora fundó su demanda en los siguientes hechos,

que se sintetizan así:

1º. Indicó que el Consorcio Aseo Capital Santafé de Bogotá realizó

importaciones de maquinaria bajo la modalidad de importación

temporal de mercancías en arrendamiento financiero.

2º. Afirmó que, en cumplimiento del artículo 42 del Decreto 1909

de 1992, el Consorcio constituyó una póliza de seguro de

cumplimiento de disposiciones legales, cuyo objeto era garantizar la

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finalización de la importación temporal en los plazos señalados en la

declaración de importación y el pago oportuno de los tributos

aduaneros.

3º. Sostuvo que el pago de la primera cuota de los tributos

aduaneros autorizada en la declaración de importación se efectuó el

4 de febrero de 2000 y las cuotas restantes se cancelaron el 21 de

febrero del mismo año.

4º. Señaló que, el 30 de mayo de 2000, la División de Liquidación

de la Administración Local de Aduanas de Cúcuta expidió la

Resolución núm. 1251, mediante la cual declaró el incumplimiento

de la obligación aduanera por el presunto pago de los tributos

aduaneros fuera de los términos y plazos legales, y ordenó hacer

efectiva el total de la póliza de seguro de cumplimiento de

disposiciones legales por la suma de $171.732.127, aun cuando

para ese momento ya se habían pagado todos los tributos.

5º. Finalmente, manifestó que por medio de la Resolución núm.

2042 de 2000 se negó el recurso de reposición; y que mediante la

Resolución núm. 2513 de 2000 se confirmó la decisión.

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I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la

violación de:

• Constitución Política: artículo 29.

• Código Contencioso Administrativo: artículos 3.º, 30 y 76.

• Código de Procedimiento Civil: artículo 150.

• Código de Comercio: artículo 1077.

• Decreto 2685 de 1999: artículo 502

• Resolución 1794 de 1993: artículo 41.

Señaló que los actos administrativos expedidos por la DIAN eran

ilegales y su nulidad debía ser declarada, toda vez que resultaban

abiertamente contrarios al ordenamiento jurídico aplicable.

Como primer cargo adujo la “inexistencia del hecho imputado”. Al

respecto, expresó que la decisión de la administración se

fundamentó en un presunto incumplimiento de la obligación del

pago oportuno de las cuotas semestrales del régimen de

importación temporal de mercancías en arrendamiento; pese a que

se demostró que dichas cuotas no se incumplieron, comoquiera que

la importación se realizó el 4 de agosto de 1999, y el pago de la

primera cuota semestral se realizó el 4 de febrero de 2000, esto es,

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dentro de los seis meses siguientes; y que, además, los demás

tributos fueron pagados anticipadamente el mismo mes y año.

El segundo cargo lo tituló “proporcionalidad de la garantía de

cumplimiento”. En relación con este aspecto, manifestó que la

garantía se hizo efectiva cuando ya se había pagado la totalidad de

los tributos aduaneros, motivo por el cual no se podía afectar la

póliza por el 100% de su valor, pues de esa forma se estarían

pagando dos veces los tributos aduaneros, circunstancia contraria a

la ley, a la lógica y a los principios que rigen los seguros.

Como tercer y último cargo, alegó la “violación del derecho de

defensa, principio de la doble instancia y de imparcialidad”, para lo

cual indicó:

“[…]

La Resolución No. 2513 de 9 de noviembre de 2000 expedida por
el despacho del Administrador Local de Aduanas de Cúcuta, fue
proyectada por la doctora Martha Leonor Villán Bautista,
funcionaria de la División Jurídica de la Administración y revisada
por la Jefe de la División doctora Gloria Esmeralda Aldana Omaña.

Como puede observarse del texto de los actos demandados, la
actual Jefe de la División Jurídica, era hace unos meses la Jefe de
la División de Liquidación de la misma Administración de Aduanas,
es decir, es la misma funcionaria la que emite el acto y la que
resuelve la apelación interpuesta al mismo.

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Es evidente que aun cuando quien dictó el acto sea en efecto el
superior jerárquico del funcionario que expidió el acto recurrido, el
mismo funcionario que dictó el acto impugnado se encuentra
revisando la providencia, lo que a todas luces desfigura la
aplicación de las reglas propias del proceso y del fin para el cual
fueron instituidos los recursos en la vía gubernativa […]”.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1. La DIAN, mediante apoderado judicial, contestó la demanda

para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual,

en esencia, adujo que los actos demandados se encontraban

ajustados a derecho, toda vez que fueron expedidos de conformidad

al ordenamiento jurídico aplicable.

I.4.2. El CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P. manifestó:

Que la terminación de la importación temporal de mercancías en

arrendamiento estaba determinada por la existencia y características

del contrato de arrendamiento financiero leasing, de conformidad

con los artículos 222, 223 y 224 del Decreto 2666 de 1984.

Que el contrato de arrendamiento con opción de compra se pactó a

36 meses, contados de febrero de 1997 a enero de 2000, en el cual

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se ejerció la opción de compra por su valor residual antes del

vencimiento, sin que se hiciera modificación o adición al contrato.

Que debido a que se ejerció la opción de compra, la mercancía

continuó bajo el régimen adoptado en la declaración inicial y su

terminación bajo los parámetros del artículo 224 del Decreto 2666

de 1984, modificado por el Decreto 1740 de 1991.

Que el contrato de arrendamiento financiero culminó en enero del

año 2000 y al hacer uso de la opción de compra no se hizo necesaria

la prórroga del arrendamiento, por lo que se hizo obligatorio el pago

de la totalidad de los tributos aduaneros liquidados, pago que no

presentó extemporaneidad.

Adicionalmente, solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución

núm. 2513 de 9 de noviembre de 2000 de la DIAN, por expedición

irregular del acto que, a su juicio, vulneró el principio de la doble

instancia.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

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Mediante sentencia de 31 de enero de 2018, el Tribunal

Administrativo de Norte de Santander denegó las pretensiones de la

demanda, con fundamento en lo siguiente:

Señaló que, conforme a lo dispuesto en el artículo 569 del Decreto

2685 de 1999 y teniendo en cuenta las fechas de expedición de los

actos demandados y de los hechos que dieron lugar a la

importación temporal, el régimen aplicable era el establecido en el

artículo 222 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el artículo

1º del Decreto 1070 de 1991, así como los artículos 42 y 46 del

Decreto 1909 de 1992.

Al analizar el caso concreto, anotó que “[…] el Consorcio Aseo Capital

y Velex Financial Corporation suscribieron un contrato de leasing

internacional, para el arriendo de […] unos carros compactadores de

basura. De conformidad con el mencionado contrato el Consorcio se

obligó a pagar 37 cánones de arrendamiento; un canon inicial

pagadero al obtener el registro del contrato ante el Banco de

República, y los otros 36 cánones mensuales iniciando el 1 de febrero

de 1997, entonces conforme a lo pactado el último canon debía

cancelarse el 1 de febrero del año 2000. En consecuencia de lo

anterior, las cuotas de tributos aduaneros conforme al artículo 222 del

Decreto 2666 de 1984 […] debían pagarse mensualmente y favor del

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erario 15 días antes de que el Consorcio Aseo Capital hiciera la remesa

al exterior de los cánones de arrendamiento […]”.

Más adelante, afirmó que el importador pagó los tributos aduaneros

el 4 y el 21 de febrero del año 2000, esto es, de forma

extemporánea, toda vez que los tributos debían pagarse

mensualmente en los términos pactados en el contrato y 15 días

antes de que se hiciera el correspondiente giro al exterior del pago

de los cánones de arrendamiento.

En ese orden de ideas, concluyó que no era posible declarar la

nulidad de los actos demandados y que se encontraban ajustados a

derecho, comoquiera que se probó el incumplimiento, por un lado,

del importador por el pago extemporáneo de los impuestos

aduaneros; y, por el otro, de la finalización del régimen de la

importación temporal, que también era cubierto por la póliza de

seguro de cumplimiento de disposiciones legales de Seguros del

Estado S.A.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

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En memorial visible a folio 227 del cuaderno núm. 2, la parte actora

solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para que, en su

lugar, se declare la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Afirmó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre los cargos

relativos a la “proporcionalidad de la garantía de cumplimiento” y la

“violación del derecho de defensa y principio de doble instancia e

imparcialidad”.

Insistió en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en otras

oportunidades al interior del proceso de nulidad y restablecimiento

del derecho, para señalar que “[…] Es importante poner de

presente que el importador pagó todos los tributos

aduaneros solo unos días después de la fecha límite. Esto,

hoy en día, solo hubiese generado intereses para la primera cuota.

Debe tenerse en cuenta el principio de favorabilidad existente en

nuestra Constitución y en la legislación aduanera […]” (Énfasis

fuera del texto original).

Finalmente, agregó que la DIAN en el procedimiento cuestionado

debió considerar el Decreto 2492 de 1999, que concedió un período

de gracia de tres meses a los importadores para efectuar el pago de

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las cuotas atrasadas en la modalidad de importación temporal de

largo plazo, que rigió desde la fecha de su publicación (15 de

diciembre de 1999) hasta el 1o. de abril de 2000, derogando los

incisos 2º, 3º y 4º del artículo 222 del Decreto 2666 de 1984.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta etapa procesal, la parte demandante y la DIAN alegaron de

conclusión1. El Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

OBJETO DEL PROCESO

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad de las

resoluciones: i) núm. 1251 de 30 de mayo de 2000, “Por la cual se

declara de oficio el incumplimiento de una obligación y se ordena

hacer efectiva una póliza”; ii) núm. 2042 de 1o. de septiembre de

2000, “Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición”; y

iii) núm. 2513 de 9 de noviembre de 2000, “Por medio de la cual se

resuelve un recurso de apelación”, actos mediante los cuales la

1
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y la petición de
revocar la sentencia de primera instancia (folios 10 a 21 del cuaderno de la segunda instancia). La
DIAN solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia (folios 22 a 26 del cuaderno de la
segunda instancia).

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DIAN declaró que el importador CONSORCIO ASEO CAPITAL

SANTAFÉ DE BOGOTÁ incumplió la obligación de pago oportuno

de las cuotas semestrales del régimen de importación temporal de

mercancías en arrendamiento, decidió no reponer su decisión y

confirmó el incumplimiento de la obligación tributaria – aduanera,

respectivamente.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si, con base en los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, es procedente revocar la

sentencia de 31 de enero de 2018, mediante la cual el Tribunal

Administrativo de Norte de Santander denegó las pretensiones de la

demanda.

Para ello, resulta pertinente delimitar las argumentaciones

expuestas en el recurso de apelación, teniendo en cuenta que, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de

Procedimiento Civil, el estudio del presente caso se circunscribirá a

analizar los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho

recurso, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el

marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

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En virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA, es aplicable el

artículo 350 del CPC el cual determina que el recurso de apelación

tiene por objeto “que el superior estudie la cuestión decidida en la

providencia de primer grado y la revoque o reforme”, por lo que se

constituye en requisito indispensable de dicho recurso que se

precisen los yerros incurridos por el a quo en la decisión

impugnada.

Teniendo en cuenta los motivos de inconformidad consignados en la

sustentación del recurso de apelación, se trata de entrar a

determinar si el CONSORCIO ASEO CAPITAL SANTAFÉ DE

BOGOTÁ incumplió o no el régimen de la importación temporal a

largo plazo, y, si es cierto, o no, que el fallo de primera instancia

omitió analizar dos de los tres cargos de la demanda, además de

pasar por alto que la DIAN en el procedimiento cuestionado debió

aplicar el Decreto 2492 de 1999, que concedió un período de gracia

de tres meses a los importadores para efectuar el pago de las

cuotas atrasadas y derogó los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 222

del Decreto 2666 de 1984.

Expresado en otros términos, se busca establecer si en realidad

estaban o no dadas las condiciones para declarar el incumplimiento

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de la obligación legal derivada del régimen de importación temporal

a largo plazo y para ordenar, como consecuencia de ello, la

efectividad de la garantía constituida para amparar dicho régimen

aduanero.

LA DECISIÓN

MARCO NORMATIVO Y DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES

SOBRE EL RÉGIMEN APLICABLE A LA IMPORTACIÓN

TEMPORAL A LARGO PLAZO EN LA MODALIDAD DE

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Las importaciones temporales a largo plazo en la modalidad de

arrendamiento financiero, para la época de los hechos, se regían

por los artículos 222, 223 y 224 del Decreto 2666 de 1984 y

39 a 47 del Decreto 1909 de 1992.

El artículo 39 del Decreto 1909 de 1992 definía la importación

temporal en los siguientes términos:

“[…] Artículo 39°.- Importación temporal: Es la importación al
territorio nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de
determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un
plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna, que
de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará
restringida.

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No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles,
ni aquellas que no puedan ser plenamente identificadas […]”

A su turno, el artículo 40 ibídem, en cuanto a la importación a largo

plazo, disponía:

“[…] Artículo 40.- Clases de Importación Temporal: Las
importaciones temporales podrán ser:

[…]

b).- De largo Plazo, cuando se trate de bienes de capital,
representados por máquinas, equipos, material de transporte y
sus accesorios, partes y repuestos, que vengan en el mismo
embarque. El plazo máximo de esta importación será de cinco (5)
años.

La Dirección de Aduanas Nacionales determinará, conforme a los
parámetros señalados en este artículo, la mercancía que podrá ser
objeto de importación temporal o de corto o de largo plazo.

Parágrafo. En casos especiales, la Dirección de Aduanas
Nacionales podrá conceder un plazo mayor a los máximos
señalados en este artículo, cuando el fin al cual se destine la
importación así lo requiera; de igual manera, podrá permitir la
importación temporal de accesorios, partes y repuestos para
bienes de capital importados temporalmente.

En estos eventos, con anterioridad a la presentación de la
declaración de importación, deberá obtenerse la autorización
correspondiente. […]”.

La importación temporal a largo plazo, en arrendamiento financiero,

estaba regulada por el citado artículo 40, pero también por el

artículo 222 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el artículo

primero del Decreto 1740 de 1991, que señalaba:

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“[…] Artículo 222. Importación temporal de mercancías en
arrendamiento. Se podrá importar temporalmente al país
maquinarias, equipos y los repuestos, partes y accesorios que
vengan en un mismo embarque, para desarrollar una actividad
económica o social, cuando sean objeto de un contrato de
arrendamiento con o sin opción de compra, ingresen por un plazo
superior a seis (6) meses y cancelen los derechos de importación,
impuesto sobre las ventas y cualquier otro gravamen, vigentes en
la fecha de aceptación de la Declaración, en forma proporcional al
tiempo de permanencia autorizado.

La liquidación total de los derechos de importación a que
haya lugar, se dividirá en tantas cuotas como haya sido
pactado el arrendamiento y su pago se realizará quince
días antes de que deban remesarse al extranjero los pagos
por arrendamiento.

El valor de las maquinarias, equipos y elementos que se importen
bajo los requisitos de este Artículo, se determinará según las
normas de valor en aduanas, en la fecha de aceptación de la
Declaración de Importación Temporal. Si existiere una factura que
indique el precio de venta al contado para estas mercancías, se
tomará en cuenta ese precio para conformar la base imponible.

Si hace la reexportación antes del vencimiento del plazo
concedido, no existe devolución de los derechos pagados y las
mercancías se considerarán extranjeras en el estado en que se
encuentran […]” (Destacado fuera de texto).

Y en cuanto al plazo de la importación temporal en arrendamiento,

el artículo 223 de ese mismo decreto establecía:

“[…] Artículo 223. Plazo de la importación temporal. El plazo
para la importación de las maquinarias, equipos y elementos
referidos en el Artículo anterior, no podrá exceder de sesenta (60)
meses y corresponde al tiempo que las mercancías estén en
arrendamiento. Cuando éste sea mayor de cinco (5) años en la
última cuota aceptada la Aduana se cobrará la diferencia por los
derechos, impuestos, gravámenes aún no cancelados. Si se ha
autorizado por un plazo menor que cinco (5) años o se repactan
los pagos por arrendamiento, el interesado podrá, mediante
solicitud, pedir a la Aduana que se redivida el total de cuotas
adeudadas o que éstas sean prorrogadas por una sola vez, sin
superar el plazo máximo de cinco (5) años permitido. Si se acepta

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lo anterior, los derechos de importación adeudados serán divididos
en forma proporcional a los pagos por arrendamiento pactados o
al plazo de la prórroga concedida y el beneficiario del régimen
cancelará las nuevas cuotas aduaneras en la forma y condiciones
que se hayan reliquidado […]”.

El artículo 42 del Decreto 1909 de 1992, por su parte, exigía que el

importador otorgara una póliza de cumplimiento para garantizar

tanto la finalización de la importación temporal, como el pago de

los tributos aduaneros. Esta disposición regía para cualquier

modalidad de importación temporal, incluida la importación

temporal a largo plazo en arrendamiento financiero.

“[…] Artículo 42.- Garantía. Con el objeto de responder por la
finalización de la importación temporal en los plazos señalados en
la declaración y por el pago oportuno de los tributos aduaneros, la
Dirección de Aduanas Nacionales podrá exigir la constitución de
garantía a favor de la Nación, hasta por el cien por ciento (100%)
de dichos tributos, en las condiciones, modalidades y plazos
señalados por la Dirección de Aduanas Nacionales. […]”

El artículo 46, por último, determinaba los eventos de terminación

de la importación temporal, así:

“[…] Artículo 46.- Terminación de la importación temporal.
La importación temporal se termina por la presentación de uno de
los siguientes eventos;

a) Reexportación de la mercancía;
b) Importación ordinaria;
c) Decomiso de la mercancía, cuando vencido el término
señalado en la declaración de importación no se cancelaron los
tributos aduaneros, ni la mercancía se reexportó; o por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones inherentes a la

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importación temporal;
d) Abandono de la mercancía aceptado por la Aduana; y,
e) Destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso
fortuito, demostrados ante la Dirección de Aduanas Nacionales
[…]”

Como se puede apreciar, el artículo en comento listaba varias

formas de terminación del régimen de importación temporal, que

podrían clasificarse como normales y anormales, en la medida en

que fueran precedidas o no del incumplimiento del régimen. Las

formas normales de terminación del régimen eran la reexportación,

la importación ordinaria, el abandono y la destrucción (literales a,

b, d y e). La forma anormal de terminación de la modalidad era el

decomiso derivado del hecho de no haber pagado los tributos

aduaneros, de no haber reexportado la mercancía o de haber

incumplido cualquier obligación inherente al régimen de importación

temporal. Esta medida administrativa se tomaba, además, sin

perjuicio de la efectividad de la garantía otorgada para respaldar el

cumplimiento del régimen de importación temporal.

Posteriormente, el Decreto 2492 de 1999 modificó las

condiciones de pago de los tributos aduaneros, así:

“[…] Artículo 1°. Liquidación de tributos aduaneros en la
importación temporal de largo plazo.

En la declaración de importación temporal de largo plazo, se

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liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su
presentación y se señalará el término de permanencia de la
mercancía en el territorio nacional.

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas
semestrales iguales por los términos de permanencia de la
mercancía en el territorio nacional. Las cuotas se pagarán por
semestres vencidos, para lo cual se convertirán a pesos
colombianos a la tasa de cambio vigente para efectos aduaneros
en el momento de su pago.

Cuando la importación temporal de largo plazo esté
precedida de un contrato de arrendamiento con o sin
opción de compra, el total de los tributos aduaneros
liquidados se dividirá en tantas cuotas como cánones de
arrendamiento se hayan pactado en el respectivo contrato
de arrendamiento. El pago de cada cuota se realizará con
una anticipación de quince días a la fecha en que deban
remesarse al exterior los pagos por concepto del canon de
arrendamiento.

Cuando la duración del contrato sea superior a cinco (5) años, con
la última cuota correspondiente a este período se deberá pagar el
saldo de los tributos aduaneros no cancelados.

Artículo 2°. Pago de las cuotas en la importación temporal
de largo plazo.

El pago oportuno de las cuotas permite al interesado la utilización
de la mercancía en cualquier obra de su interés.

Si el pago no se realiza oportunamente, el interesado podrá
efectuar el pago de la cuota atrasada dentro de los tres
meses siguientes a su vencimiento, liquidándose los
intereses moratorios de que trata el artículo 77 del Decreto
1909 de 1992.

Vencido este término sin que se hubiere producido el pago,
la autoridad aduanera declarará el incumplimiento de la
obligación y dispondrá la efectividad de la garantía y la
aprehensión de la mercancía.

Artículo 3º. Reexportación.

La mercancía importada temporalmente podrá ser reexportada en
cualquier momento durante la vigencia del plazo señalado en la
Declaración de Importación de que trata el artículo primero del

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presente decreto, siempre que no haya sido aprehendida, y el
declarante se encuentre al día en el pago de las cuotas
correspondientes al término en que efectivamente haya
permanecido en el territorio nacional. En ningún caso la
reexportación antes del vencimiento del plazo señalado, generará
el pago de las cuotas semestrales futuras liquidadas en la
Declaración de Importación, ni dará derecho a la devolución de los
tributos aduaneros que se hubieren cancelado.

Artículo 4º. Vigencia.

El presente decreto rige desde la fecha de su publicación y
hasta el 1º de abril del año 2000 y deroga los incisos 2º y 3º
del artículo 41 del Decreto 1909 de 1992, los artículos 214 y 215
del Decreto 2666 de 1984 y los incisos 2º, 3º y 4º del artículo
222 del Decreto 2666 de 1984, modificados por el Decreto
1740 de 1991 […]”. (Énfasis de la Sala)

En efecto, este Decreto permitió que los importadores pudieran

pagar cuotas vencidas de tributos aduaneros causadas en

importaciones temporales a largo plazo, en un plazo adicional de

tres meses al inicialmente previsto, independientemente de que la

mercancía se importe en la modalidad de arrendamiento financiero

o en cualquier otra, liquidándose para el efecto intereses

moratorios.

En cuanto al régimen del incumplimiento, el Decreto 2492 de 1999

dejó vigente la obligación de pagar los tributos aduaneros y la de

finalizar el régimen de importación temporal. Asimismo, la de

garantizar, con póliza de seguros, tanto el pago de los tributos,

como la finalización del régimen, sin perjuicio, en todo caso, de la

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aprehensión y decomiso de la mercancía.

Aunque el Decreto 2492 de 1999 no modificó expresamente el

literal c) del artículo 46 del Decreto 1909 de 1992, es evidente que

al permitir que los importadores pagaran las cuotas de los tributos

aduaneros en un plazo adicional al inicialmente pactado, modificó

tácitamente las condiciones para que se declarara el

incumplimiento, se ordenara la efectividad de las garantías y la

aprehensión y decomiso de las mercancías.

Respecto del Decreto 2492 de 1999, la Sección Cuarta de esta

Corporación, en sentencia de 26 de octubre de 2006 (con ponencia

del consejero Héctor J. Romero Díaz, radicación número: 2001-

02402-01(14401)), precisó:

“[…] Así las cosas, para la Sala se configura el incumplimiento de
una de las obligaciones inherentes a la importación temporal, cual
es el pago de los tributos aduaneros generados en la importación
temporal a largo plazo leasing, los cuales incluyen los intereses de
mora que se causen por la extemporaneidad en el pago de las
cuotas respectivas.

Ahora bien, con la expedición del Decreto 2492 de 15 de
diciembre de 1999, que sólo tuvo vigencia hasta el 1 de abril de
2000, por disponerlo así expresamente su artículo 3, se dispuso:
[…]
La citada disposición tuvo una vigencia transitoria y su
finalidad fue dar la oportunidad a los importadores que se
encontraban atrasados en el pago de las cuotas de los
tributos aduaneros, de realizar el pago de las mismas

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dentro de los tres meses siguientes a su vencimiento, pero
en todo caso, liquidando los intereses moratorios previstos
en el artículo 77 del Decreto 1909. Pero, vencido dicho
término, sin que se acreditara el pago de las cuotas, con sus
respectivos intereses, la Administración estaba facultada para
declarar el incumplimiento de la obligación y hacer efectiva la
garantía otorgada, o proceder a la aprehensión de la mercancía.

Tal disposición, debía aplicarse al caso bajo análisis, por
mandato del artículo 250 del Decreto 2685 de 1999 -
Estatuto Aduanero- por resultar favorable a la importadora,
pues hace menos gravosos los efectos derivados del
incumplimiento en el pago de las cuotas, al sustituir el decomiso
previsto en el Decreto 1909 de 1992, artículo 46, por la
aprehensión, o ésta, por la declaratoria de incumplimiento y
exigibilidad de la garantía. Además, porque da un término de
gracia al importador para el pago de las cuotas atrasadas,
antes de proceder a la aprehensión o el decomiso de la
mercancía.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la
demandante no acreditó el pago de los intereses de mora
causados por la cancelación extemporánea de las cuotas
correspondientes a los tributos aduaneros generados en la
importación realizada el 2 de febrero de 1998, y tampoco
adujo razones que justifiquen su actuación, debe
reconocerse la legalidad de los actos acusados, pues
contrario a lo estimado por el a quo, se configuró el
incumplimiento en el pago de los tributos aduaneros,
porque éstos incluyen no sólo el valor de las cuotas
determinadas, sino los intereses de mora que se causen por
su cancelación extemporánea.

[…]

Lo anterior no contradice los principios de justicia, equidad
y proporcional del régimen impositivo, pues se trata de exigir
el cumplimiento de una prestación legal. Tampoco se requiere
demostrar que el no pago de los intereses de mora causó un
perjuicio al erario público, como lo sostiene la actora, pues el sólo
hecho del no pago de los tributos aduaneros generados en las
operaciones de importación, genera un detrimento en las finanzas
públicas, que revierte en perjuicio de la inversión social […]”.
(Destacado fuera de texto)

El anterior criterio jurisprudencial, esto es, la aplicación del Decreto

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2492 de 1999, en razón del principio de favorabilidad y del período

de gracia concedido a los importadores para pagar los tributos

aduaneros, fue reiterado por la Sección Cuarta de la Corporación en

las sentencias de 29 de septiembre de 2011, radicación número:

2007-00094-01(18031), y 26 de julio de 2012, radicación número:

2003-00194-01(17399), en las cuales juzgó que dicho Decreto

postergó “[…] el momento a partir del cual se debía entender

incumplida la obligación aduanera, por lo menos de manera

definitiva […]”.

En relación con los quince (15) días a que aluden el artículo 222 del

Decreto 2666 de 1984 y los artículos 1º y 2º del Decreto 2492 de

15 de diciembre de 1999, la Sección Primera, en sentencia de 7 de

abril de 2011 (con ponencia del consejero Rafael E. Ostau De Lafont

Pianeta, radicación número: 2001-01628-02), señaló:

“[…] La primera inquietud que se plantea al respecto, es la
de si los quince (15) días en cuestión son hábiles o
calendario. Según la regla general consagrada en el artículo 62
del Código de Régimen Político y Municipal (Ley 4ª de 1913), “En
los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y vacantes, a menos de
expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según
el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se
extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”

No obstante lo anterior, la Sala al decidir otras controversias
aduaneras ha expresado forma tajante que “[…] para efectos del
cómputo de términos debe tenerse en cuenta que los días son

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calendario y que como la DIAN labora 24 horas aún para enervar
esta causal lo que la actora debe demostrar no es que el día fue
inhábil sino que la DIAN no laboró”.

En otro pronunciamiento similar, la Sala explicó:

“[…] el artículo 62 CRPM no es aplicable cuando los trámites de
nacionalización de una mercancía deban efectuarse en
dependencias donde los servicios se prestan en forma continua e
ininterrumpida así se trate de días festivos o feriados, razón por la
cual acertó la DIAN al declarar en los actos acusados el abandono
de la mercancía, pues ciertamente la presentación de la
declaración de importación se hizo de manera extemporánea,
dado que el plazo de dos (2) meses previsto en el artículo 18 del
Decreto 1909 de 1992, para que obtuviera el levante de la
mercancía vencía el sábado 26 de julio de 1997, sin que admitiese
prórroga por tratarse de día hábil, pues la Administración Especial
del Aeropuerto El Dorado presta los servicios aduaneros para la
importación de mercancía todos los días, las 24 horas.”

En todo caso, no huelga poner de relieve que en tales procesos,
las discusiones giraban en torno al cómputo del término para
finalizar el tránsito aduanero y con respecto a la determinación de
la fecha para la presentación de la declaración de importación
ante la Administración Especial de Servicios Aduaneros del
Aeropuerto El Dorado y obtener el levante de la mercancía.

Frente a la disyuntiva de aplicar o no en el sub lite el
artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal o el
criterio expuesto por la Sala en los fallos antes aludidos,
debe tenerse en cuenta que en el caso bajo examen la
situación fáctica no corresponde a servicios que sean
prestados directamente por la DIAN “todos los días las 24
horas del día”, pues es claro que la cancelación de los
tributos aduaneros derivados de una importación temporal
a largo plazo, debe realizarse en las entidades financieras
encargadas de su recaudo y que a diferencia de la DIAN no
laboran todos los días, incluyendo los feriados y vacantes
[…]”.(Énfasis de la Sala)

Sobre el momento en que se consolida la obligación tributaria –

aduanera para las importadoras, la Sección Cuarta de esta

Corporación, en sentencia de 28 de agosto de 2013 (con ponencia

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del consejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, radicación

número: 2005-01147-01(18501)), consideró:

“[…] Las declaraciones de importación presentadas en los años
1998 y 1999 se regían, se reitera, por el artículo 222 del Decreto
2666 de 1984, que […] preveía que el monto total de los tributos
aduaneros a pagar se debía dividir en tantas cuotas como cánones
de arrendamiento se hubieran pactado en el contrato de leasing.

[…]

Valga precisar que, en vigencia del Decreto 1909 de 1992,
la obligación aduanera nacía por la introducción de la
mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional.
Y los tributos aduaneros se causaban en la fecha de
presentación de la respectiva declaración de importación
en los bancos y demás entidades financieras.

De ahí que, acertó la DIAN cuando explicó que los plazos que el
usuario aduanero debía cumplir para pagar los tributos aduaneros
no determinan la fecha de causación.

De la misma manera, la causación de los tributos
aduaneros no estaba sometida a la condición resolutoria
que la demandante pactó en el contrato de leasing, pues,
se reitera, los tributos aduaneros se causaron por la
introducción de los bienes al territorio nacional,
independientemente de que por cumplimiento de la
condición resolutoria pactada en el contrato de leasing,
tales bienes hayan tenido que reexportarse. En
consecuencia, tampoco se vulneraron los artículos 1530 y 1536
del C.C. que regulan las obligaciones condicionales y la condición
resolutoria en los contratos civiles […]”. (Destacado fuera de
texto).

Finalmente, en cuanto a la garantía de cumplimiento la Sección

Cuarta de esta Corporación, en sentencia de 10 de julio de 2014

(con ponencia del consejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas,

radicación número: 2006-01324-01(18723)), estimó:

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“[…] Tratándose de las mercancías importadas mediando un
Leasing financiero, el artículo 222 del Decreto 2666 de 1984 ―que
no fue derogado por el artículo 111 del Decreto 1909 de 1992―
precisaba que la liquidación total de los derechos de importación a
que hubiera lugar se dividía en tantas cuotas como cánones de
arrendamiento se hubieran pactado, y que el pago debía
realizarse quince (15) días antes de remesarse al exterior los
cánones de arrendamiento.

El artículo 223 del Decreto 2666 de 1984 ―que tampoco fue
derogado― disponía que el plazo para la importación de las
maquinarias, equipos y elementos referidos en el artículo 222, no
podía exceder de 60 meses y que debía corresponder al tiempo
que las mercancías estuvieran en arriendo. Sin embargo, ese
plazo podía ser superior a los 5 años, caso en el cual, el pago de
los tributos aduaneros debía haberse surtido, en todo caso, hasta
ese plazo máximo.

El artículo 223 del Decreto 2666 de 1984 también contemplaba la
posibilidad de que el contrato de leasing se modificara para
adicionar el plazo de importación temporal, si se había optado por
un plazo menor a los 5 años, o se repactara el pago de los
cánones de arrendamiento.

[…]

De igual forma, el artículo 42 del Decreto 1909 de 1992 preveía
que se debía otorgar una garantía en favor de la Nación, con el
objeto de responder por la finalización de la importación temporal
en los plazos señalados en la declaración y por el pago oportuno
de los tributos aduaneros. También decía la norma que dicha
garantía debía constituirse hasta por el 100% del valor de dichos
tributos, en las condiciones, modalidades y plazos señalados por
la DIAN.

[…]

Conforme con la legislación reseñada, considera la Sala
que, en las importaciones temporales por leasing
declaradas en vigencia del Decreto 2666 de 1984, la
obligación aduanera de pagar los tributos aduaneros
causados estaba cubierta por una póliza de cumplimiento
que abarcaba el plazo de permanencia de la mercancía en
el territorio nacional, y, en todo caso, un plazo máximo de
5 años, puesto que ese era el plazo máximo fijado para el
pago diferido del total de los tributos aduaneros.

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En esas circunstancias, y dado que las cuotas de tributos
aduaneros podían ser semestrales o de otro tipo de
período, dependiendo de los cánones de arrendamiento
pactados en el contrato de leasing para aquellas
mercancías importadas y precedidas de ese negocio
jurídico, el incumplimiento podía ser parcial o total
dependiendo de si se pagaban una o varias cuotas o
ninguna.

De manera que, bien podía la DIAN iniciar la acción de
reclamación a la aseguradora por el no pago de los tributos
aduaneros una vez advirtiera el incumplimiento de una
cuota o bien al final cuando advertía que definitivamente
no se pagó ninguna cuota, pues, en todo caso, la póliza
cubría el 100% de los tributos aduaneros […]”.(Negrillas
fuera de texto)

PRUEBAS JURIDICAMENTE RELEVANTES

Las pruebas allegadas al plenario que ameritan valoración, son las

siguientes:

• Copia del contrato de leasing internacional de 13 de diciembre

de 1996, folios 10 a 14 del cuaderno de pruebas núm. 1,

celebrado entre Velex Financial Corporation y el Consorcio

Aseo Capital, para efectos del contrato se denominaron “LA

LEASING” y “LA LOCATARIA”, respectivamente, del cual se

resaltan las siguientes cláusulas:

“[…] PRIMERA.- 1.- LA LEASING ha adquirido todos los derechos
que como arrendadora tenía la sociedad de nacionalidad
venezolana denominada INVERSIONES SABENPE C.A., en virtud
del contrato de arrendamiento financiero celebrado con LA

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LOCATARIA en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, con
fecha 21 de enero de 1992, el cual tuvo por objeto los equipos
que se relacionan en el Anexo A al presente contrato. […] 4.
Además de lo anterior LA LEASING entregará a la LOCATARIA en
despachos y entregas sucesivas con destino a la República de
Colombia, los bienes de capital, consistentes en los equipos que
se detallan y especifican en el Anexo B al presente contrato, los
cuales en lo sucesivo, junto con los equipos que se describen en el
Anexo B para efectos del presente contrato, se denominaran
colectivamente EL EQUIPO.

SEGUNDA.- El pago de los canones de leasing de los equipos
amparados por el presente contrato, y que se indican en los
Anexos A y B, serán hechos por LA LOCATARIA, quien se obliga a
pagar a la LEASING, en treinta y siete canones, así: un primer
canon de SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$600 000,oo), pagaderos en la fecha cuando se
obtenga el registro del presente contrato en el Banco de la
República y 36 canones mensuales, cada uno por la suma de
CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$120.000,00), siendo el primer canon pagadero
el día primero (1.º) de febrero de mil novecientos noventa
y siete (1997) […]

QUINTA.- El presente contrato se regirá en sus efectos por la ley
colombiana.

SEXTA.- LA LOCATARIA asume, mediante el presente contrato, la
obligación de pagar toda suma que se cause por concepto de
impuestos, tasas, contribuciones, derechos, depósitos, comisiones
bancarias, retenciones o deducciones de cualquier naturaleza,
sumas estas que LA LOCATARIA asume íntegramente a su cargo
sin que pueda ejercer ningún derecho de repetición frente a LA
LEASING, quien recibirá, las sumas que se causen a su favor en
virtud del presente contrato, sin ninguna restricción ni retención o
deducción […]”(Negrillas y subrayas fuera de texto)

• Póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales

núm. 99338017 de 4 de agosto de 1999, de la compañía

Seguros del Estado S.A., folios 124 a 129 del cuaderno de

pruebas núm. 1., cuyo tomador fue el Consorcio Aseo Capital

de Santafé de Bogotá y el asegurado la Nación - Unidad

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Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales, por valor asegurado de $171.732.127, valor total

de la prima $17.666,176, cuyo objeto era:

“[…] GARANTIZAR LA FINALIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN
TEMPORAL LEASING EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LAS
DECLARACIONES NUMEROS N° 13307010889847/
13307010889854/ 13307010889861/ 133070108898 79/1 33070
1088988 6/ 1330701D889893 DE AGOSTO 4 DE 1999, QUE
AMPARA LA IMPORTACIÓN DE SEIS (6) CARROS
COMPACTADORES DE BASURA MARCA IVECO, Y EŁ PAGO DE
LOS TRIBUTOS ADUANEROS SEGUN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 42 DEL DECRETO 1909/92, RESOLUCIÓN 408/92 EN
CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL
DECRETO 2666/84 Y RESOLUCIONES 1794/93 Y 6517/96 […]”.

• La póliza referida supra, visible a folios 163 a 166 del

cuaderno de pruebas núm. 1., fue modificada y se aclaró su

objeto, así:

“[…] GARANTIZAR LA FINALIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN
TEMPORAL LEASING EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LAS
DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN INICIAL N° 133070108898 96
DE AGOSTO 4 DE 1999, DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN N°
133070108892084 DE AGOSTO 19/99, DECLARACIÓN INICIAL N°
13307010889847 DE AGOSTO 4/99, DECLARACIÓN DE
CORRECCIÓN No. 13307010894034 DE SEPTIEMBRE 02/99,
DECLARACION INICIAL N° 13307010889854 DE AGOSTO 4/99,
DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN N° 13307010894 041 DE
SEPTIEMBRE 02/99, DECLARACION INICIAL N° 13307010889861
DE AGOSTO 4/99, DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN N°
13307010894 DE SEPTIEMBRE 02/99, DECLARACION INICIAL No.
13307010889879 DE AGOSTO 4/99, DECLARACIÓN DE
CORRECCIÓN N° 1330701O894O66 DE SEPTIEMBRE 02/99,
DECLARACIÓN INICIAL N° 13307010889893 DE AGOSTO 4/99,
DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN N° 1330701O894073DE
SEPTIEMBRE 02/99, QUE AMPARA LA IMPORTACIÓN DE 6
CARROS COMPACTADORES DE BASURA MARCA IVECO, Y EL PAGO
DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL
ART. 42 DEL DECRETO. 1909/92, RESOLUCIÓN 408/92 EN
CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL
DECRETO 2666/84 Y RESOLUCIONES 1794/93 Y 6517/96 […]”.

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• Declaraciones de importación de la Sociedad Aseo Capital

Santafé de Bogotá: i) núm. 13307010894041 de 2 de

septiembre de 1999, folios 40 a 42; ii) núm.

13307010889854 de 4 de agosto de 1999, folios 43 a 49; iii)

núm. 133070108898 de 4 de agosto de 1999, folios 50 a 55;

iv) núm. 13307010894073 de 2 de septiembre de 1999, folios

56 a 58; v) núm. 13307010889893 de 4 de agosto de 1999,

folios 59 a 61; vi) núm. 1330701089 4034 de 2 de

septiembre de 1999, folios 62 a 64; vii) núm. 13307010889

847 de 4 de agosto de 1999, folios 65 a 69; viii) núm.

13307010894059 de 2 de septiembre de 1999, folios 70-72;

y ix) núm. 133070 10889861 de 4 de agosto de 1999, folios

73 a 77.

• Copias de los recibos oficiales de tributos aduaneros y

sanciones cambiarias de fecha 4 de febrero de 2000 y 21 de

febrero de 2000, folios 78 a 116 del cuaderno principal núm.

1.

• Resolución núm. 1251 de 30 de mayo de 2000, folios 19 a 24

del cuaderno principal núm.1, expedida por la DIAN,

mediante la cual se declaró el incumplimiento de la obligación

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adquirida por el importador CONSORCIO ASEO CAPITAL

del pago de las cuotas del régimen de importación temporal a

largo plazo leasing. Por lo tanto, ordenó hacer efectiva la

póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales

núm. 99338017 de la compañía de Seguros del Estado S.A.,

por la suma asegurada de $171.732.127, bajo las siguientes

consideraciones:

“[…] Que mediante oficio 8107197-008 de febrero 14 de 2000, la
Jefe Grupo Interno de Exportaciones solicitó al importador allegar
recibo original donde conste el pago oportuno de las cuotas de
acuerdo con el contrato de leasing.

Que con oficio 8107197-0131 de febrero 23 de 2000, se envían
los oficios 1655, 1656,1657, 1658, 1659 y 1660 de 21 -02-2000
enviados por DANACONS.I.A. LTDA., mediante los cuales apolan
recibos de pago, todos de fecha febrero 21 de 2000,
correspondientes a las nueve cuotas restantes en casa una de las
declaraciones de importación (...)

Que mediante oficio 8107197-171 marzo 08 de 2000, la Jefe
Grupo Interno de Exportaciones, envía oficio de DANACON S.I.A.
en el cual solicita la certificación de los pagos realizados para la
terminación del régimen y cancelación de la póliza, y copia de la
respuesta dada respecto a no poder acceder favorablemente a la
petición por cuanto finalizó sin ser objeto de adición y el pago se
realizó extemporáneamente.
(...)
Que de la comunicación de la División de Servicio al Comercio
Exterior de esta Administración, antes citadas y confrontada con
los documentos del expediente remitido, se establece que el
importador incumplió con las obligaciones inherentes a la
importación temporal a largo plazo. El plazo para el pago oportuno
de las cuotas se cumplió quince días antes de hacer los
respectivos giros al exterior, es decir, 15 días antes de agosto 2
de 1999, octubre 1 de 1999, noviembre 2 de 1999, diciembre 1
de 1999 y enero 3 de 2000, de acuerdo DANACON, por lo tanto el
pago en forma extemporánea pues con los oficios presentados por
la S.I.A. de las cuotas correspondientes se realizó lo recibos

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oficiales son de febrero 4 de 2000, el correspondiente a la primera
cuota y febrero 21 de 2000 los correspondientes a las restantes
cuotas. Además, no hay prueba de que se haya hecho la
reexportación de las mercancías iniciales, ni que se ha solicitado la
terminación del régimen de acuerdo con las normas vigentes […]”.

• Resolución núm. 2042 de 1o. de septiembre de 2000, folios

29 a 39 del cuaderno principal núm.1, mediante la cual la

DIAN decidió no reponer la Resolución núm. 1231 de 30 de

mayo de 2000, en los siguientes términos:

“[…] Respecto de las argumentaciones presentadas por la
apoderada de la Aseguradora, este Despacho ratifica las
consideraciones que llevaron a la decisión adoptada mediante la
Resolución 1251 de mayo 30 de 2000, habida cuenta que no se
apolaron pruebas adicionales que permitan valorar la decisión ya
adoptada por esta División.

Se anota además, que la modalidad de importación adoptada por
el importador se refiere a la importación temporal a largo plazo al
tenor de un contrato de arrendamiento, por lo cual se debe ceñir
al artículo 222 del Decreto 2666 en 1984 en cuanto al pago de las
cuotas. Las normas pertinentes, citadas en la resolución de
incumplimiento, establecen las situaciones que dan lugar a la
declaratoria de incumplimiento, por lo tanto no se configura el
mencionado enriquecimiento sin causa. En cuanto al concepto
010, no se considera aplicable por cuanto para este caso en
ningún momento aparece prueba de que respecto de esta
mercancía se haya presentado alguna declaración de legalización
[…]”.

• Resolución núm. 2513 de 9 de noviembre de 2000, folios 26 a

28 del cuaderno principal núm.1, mediante la cual la DIAN

confirmó en todas sus partes la Resolución núm. 1231 de 30

de mayo de 2000, con fundamento en los siguientes

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argumentos:

“[…] Así tenemos que en materia sustantiva se tendrá en cuenta
el Decreto 1909 de 1992, que era la normatividad vigente en la
época que ocurrieron los hechos materia de la presente
investigación. En cuanto a la parte procedimental conforme al
Decreto 2685 de 1999, el cual empezó a regir el 1.º de julio de
2000.
(…)
Ahora bien, la figura del arrendamiento financiero o LEASING,
para efectos aduaneros se enmarca dentro de la modalidad de
importación temporal a largo plazo, y se encuentra regulada por
todas las normas relativas a esta modalidad establecidas el
artículo 39 al 47 del Decreto 1909 de 1992, en armonía con los
artículos 222, 223 y 224 del Decreto 2666 de 1984, que
constituyen normas especiales sobre la materia.(…)
Esta modalidad prevé la introducción de las mercancías
extranjeras mencionadas anteriormente, con suspensión temporal
de tributos, siempre y cuando se constituya garantía que respalde
tanto la finalización del régimen en los plazos señalados en la
declaración, como también el pago oportuno de los tributos
aduaneros (artículo 42 Decreto 1909 de 1992).

Para efectos de liquidación y pago de tributos aduanero el inciso
segundo del artículo 222 del Decreto 2666 de 1984, establece que
en este caso se liquidan los tributos en relación directa con las
cuotas que se hayan pactado en el contrato de arrendamiento de
leasing y su pago se realizará quince (15) días antes de que se
deban remesar al extranjero los pagos por arrendamiento.

Ahora bien, de conformidad al procedimiento previsto en la
Resolución núm. 4324 de 1995, si ocurre incumplimiento en las
cuotas correspondientes a los tributos aduaneros, la División de
Liquidación o la que hagas sus veces, declarará de oficio,
mediante resolución motivada, el incumplimiento de la obligación
aduanera y a la vez ordenará la efectividad de la garantía, previa
recepción del expediente que contenga las pruebas
correspondientes remitido por la División competente de la DIAN.

Para el caso que nos ocupa, de acuerdo con la documentación que
obra en el expediente N° RA00000001 adelantado a la Compañía
“CONSORCIO ASEO CAPITAL SANTAFE DE BOGOTA”, vemos que
el importador incumplió la obligación adquirida mediante
declaración N° 13307010892084; 13307010894041;
13307010894034; 3307010894059; 13307010894066 y
13307010894073, por cuanto no efectuó los pagos dentro del
término establecido en el inciso segundo del artículo 222 del

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Decreto 2666 de 1984, así podemos deducir que:

El contrato de arrendamiento leasing en la cláusula segunda
dispone que el canon de arrendamiento de los equipos amparados
será pagado en treinta y siete canones, así: un primen canon de
SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$600.O00,oo), pagadero en la fecha cuando se
obtenga el registro del contrato en el Banco de la República y 36
cánones mensuales, cada uno por la suma de CIENTO VEINTE MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$120.000,oo), siendo el primer canon pagadero el día primero
de febrero de 1997, y en caso de mora se causarán intereses
moratorios liquidados a la tasa de interés moratorio permitida por
el Banco de la República, liquidándose sobre los canones en mora,
por el tiempo transcurrido entre la fecha cuando se hace exigible
el respectivo canon, y a la fecha cuando el respectivo pago se
haga efectivo.

Así entonces tenemos que le contrato de LEASING, venció el 01 de
febrero de 2000, y el importador pagó todas las cuotas solo hasta
el 04 de febrero de 2000, cuando ya estaba vencido el contrato, y
sin liquidarse intereses moratorios como estaba pactado en el
mismo. Es decir el importador no pagó las cuotas como estaba
previsto en el contrato de LEASING.

Si bien de conformidad con la norma invocada por el actor, para
dejar en importación ordinaria una mercancía importada
inicialmente por la modalidad de importación temporal en leasing,
solo basta que el importador haya cancelado las cuotas
correspondientes a los tributos importación, y la certificación de la
aduana donde se realizaron los pagos en donde conste que la
declaración inicial se convierte en comprobante del despacho o
consumo o de importación ordinaria, debe tenerse en cuenta que,
los requisitos exigidos por la norma en comento deben ser
cabalmente cumplidos, pues no basta solo el pago de los tributos
aduaneros de la mercancía, es fundamental, para considerar la
mercancía en libre disposición, que se obtenga la certificación de
la Administración de Aduanas donde se efectuaron los pagos, y
para que esta se obtenga los pagos deben haberse efectuado
dentro del término señalado en el artículo 222 del Decreto 2666
de 1984.

(…)

En consecuencia de todo lo anterior, es de concluir que, el
procedimiento a seguir en el evento del no pago oportuno de una
cuota en la importación temporal, es la de declarar el
incumplimiento, y hacer efectiva la garantía.

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(…)

Queda claro entonces, que la expedición del acto administrativo
por medio del cual la Administración declaró de oficio el
incumplimiento de la obligación adquirida por el importador,
consistente en la finalización y el pago oportuno de las cuotas del
régimen de importación temporal a largo plazo – leasing – se
ajustó plenamente a los principios constitucionales, así mismo se
observa que el procedimiento establecido en la resolución No.
4324 de 1995, por lo tanto este despacho no accederá a las
pretensiones del recurrente y procederá a confirmar la providencia
objeto de la impugnación […]”.

CASO CONCRETO

Cargo relativo a la “inexistencia del hecho imputado”

Para determinar el incumplimiento de la obligación aduanera por el

pago extemporáneo de los tributos derivados de la importación

temporal, es necesario establecer las fechas en que: i) debían

realizarse los pagos de los cánones pactados en el contrato de

leasing internacional; ii) la sociedad importadora debía pagar los

respectivos tributos de acuerdo con lo dispuesto en las normas

aduaneras; y iii) si se realizó el pago de los tributos causados con

ocasión de la operación aduanera descrita en esta providencia.

En el expediente está probado que el 13 de diciembre de 1996, el

CONSORCIO ASEO CAPITAL y Velex Financial Corporation

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suscribieron un contrato de leasing internacional para el arriendo

de, entre otras máquinas, unos carros compactadores de basura.

De conformidad con el mencionado contrato, el Consorcio se obligó

a pagar 37 cánones de arrendamiento; un canon inicial pagadero al

obtener el registro del contrato ante el Banco de República y los 36

cánones restantes del 1o. de febrero de 1997 al 1o. de enero de

2000, a razón de un (1) canon mensual.

Las cuotas de tributos aduaneros conforme al artículo 222 del

Decreto 2666 de 1984, modificado por el artículo 1º del Decreto

1070 de 1991, debían pagarse mensualmente, a favor del erario,

15 días hábiles antes de que el Consorcio efectuara la remesa al

exterior de los cánones de arrendamiento.

El importador pagó los tributos aduaneros el 4 y el 21 de febrero

del año 2000, esto es, de forma extemporánea, pues de acuerdo

con las normas aplicables, los tributos debían pagarse

mensualmente en los términos pactados en el contrato de leasing

internacional y 15 días hábiles antes de que se hiciera el

correspondiente giro al exterior del pago de las mensualidades de

arrendamiento.

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Como bien se puede observar en el cuadro que se encuentra a

continuación, los pagos fueron realizados luego del vencimiento del

término legalmente establecido:

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De conformidad con lo expuesto, se colige que en el presente

asunto se configuró el incumplimiento de la obligación aduanera,

comoquiera que los pagos realizados por el importador por

concepto de los impuestos aduaneros no se hicieron de manera

oportuna, circunstancia que, en el recurso de apelación, la

recurrente aceptó, así:

“[…] Es importante poner de presente que el importador

pagó todos los tributos aduaneros solo unos días después de

la fecha límite. Esto, hoy en día, solo hubiese generado intereses

para la primera cuota. Debe tenerse en cuenta el principio de

favorabilidad existente en nuestra Constitución y en la legislación

aduanera […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

En todo caso, la recurrente sostuvo que el Tribunal no advirtió que

la DIAN en el procedimiento cuestionado debió aplicar el Decreto

2492 de 1999, que concedió un período de gracia de tres meses a

los importadores para efectuar el pago de las cuotas atrasadas y

derogó los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 222 del Decreto 2666 de

1984.

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Pese a que dicho argumento no fue expuesto en la vía gubernativa

ni en la demanda, sino en el recurso de apelación, la Sala lo

estudiará, toda vez que no constituye un hecho nuevo o un cargo

como tal, sino la petición de aplicación de una norma procesal y

sustantiva pertinente para decidir el caso concreto.

Efectivamente, como se expuso en el marco normativo y los

desarrollos jurisprudenciales sobre la materia objeto de análisis, el

Decreto 2492, publicado el 15 de diciembre de 1999, debe ser

observado en esta controversia en virtud del principio de

favorabilidad y del período de gracia que concedió a los

importadores para efectuar el pago de las cuotas atrasadas, desde

la fecha de su publicación y hasta el 1o. de abril del año 2000.

Sin embargo, los términos en que se estableció el período de gracia

comentado no son favorables para los intereses de la demandante,

comoquiera que el Decreto 2492 exigió que el pago de las cuotas

atrasadas incluyera la liquidación de los intereses moratorios:

“[…] Si el pago no se realiza oportunamente, el interesado podrá
efectuar el pago de la cuota atrasada dentro de los tres meses
siguientes a su vencimiento, liquidándose los intereses
moratorios de que trata el artículo 77 del Decreto 1909 de 1992
[…]”.

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En ese orden de ideas, si bien los pagos efectuados por el

CONSORCIO ASEO CAPITAL SANTAFÉ DE BOGOTÁ el 4 y 21 de

febrero de 2000, por concepto de tributos aduaneros derivados de

la importación temporal, al amparo del período de gracia concedido

por el Decreto 2492 de 1999 pueden llegar a considerarse

oportunos, lo cierto es que no incluyeron los intereses moratorios

que forman parte de los tributos aduaneros, los cuales se

conforman no sólo por el valor de las cuotas determinadas, sino por

el valor de la mora en que se incurra por su pago extemporáneo.

La Sala entiende que el beneficio del Decreto 2492 de 1999

consistía en impedir que por las cuotas atrasadas la Administración

declarara “[…] el incumplimiento de la obligación, la efectividad de

la garantía y la aprehensión de la mercancía […]”, pero de ningún

modo excluía la obligación de pagar los intereses de mora.

Así las cosas, la Sala advierte que aun en aplicación del beneficio de

la norma citada, se debe concluir que el Consorcio incumplió la

obligación aduanera derivada de la importación temporal a largo

plazo.

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Ahora, cabe señalar que la sentencia de primera instancia se limitó

a analizar el primer motivo de inconformidad planteado en la

demanda, relativo a la “inexistencia del hecho imputado”, aspecto

previamente dilucidado en esta providencia, por lo que la Sala

procederá a analizar, como lo ha hecho en otras ocasiones2, los

restantes cargos formulados que tratan sobre la “proporcionalidad

de la garantía de cumplimiento” y la “violación del derecho de

defensa y principio de doble instancia e imparcialidad”, de

conformidad con lo previsto en los artículos 2873 y 3204 del Código

General del Proceso y en aras de imprimirle celeridad al proceso y

darle decisión definitiva al litigio, sin desconocer los derechos y

garantías de las partes involucradas, que dicho sea de paso, en

todo momento se privilegiaron.

Sobre el cargo “proporcionalidad de la garantía de

cumplimiento”

2
En sentencia de 9 de febrero de 2023, Radicación número: 17001-23-31-000-2010-00227-02,
Actora: Adriana Arango Mejía.

3
“[…] ARTÍCULO 287. […] El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del
inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado […]”. Antes artículo 311 del
CPC.

4
“[…] ARTÍCULO 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. […]”. Antes artículo 350 del CPC.

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Seguros del Estado S.A. manifestó que la garantía se hizo efectiva

cuando ya se había pagado la totalidad de los tributos aduaneros,

motivo por el cual no se podía afectar la póliza por el 100% de su

valor, pues de esa forma se estarían pagando dos veces los tributos

aduaneros, circunstancia contraria a la ley, a la lógica y a los

principios que rigen los seguros.

En relación con el principio de proporcionalidad en eventos en que

la administración hace efectiva la póliza de seguro de cumplimiento

de disposiciones legales, en un caso similar5, esta Sección

consideró:

“[…] Por otra parte y en relación con el argumento del recurrente
de que no podía ordenarse la efectividad de las garantías por el
100% del valor asegurado por no haber sufrido el erario ningún
perjuicio, debe la Sala señalar que no es de recibo dicha
afirmación ni es acertado predicar que se haya desconocido la
proporcionalidad que debe existir entre la orden de hacer efectiva
la póliza y el daño causado y menos aún que se esté dando lugar
a que se presente un enriquecimiento sin causa. Para justificarlo,
nada más oportuno que traer a colación los siguientes fragmentos
de la Sentencia proferida por la Sala el 2 de julio de 2009, dentro
del Expediente radicado bajo el número 13001-23-31-000-2003-
00612-01 y de la cual fuera ponente el H. Consejero Dr. RAFAEL
E. OSTAU DE LAFONT PIANETA:

[…]

En este caso, no hay prueba alguna, incluso ni siquiera lo aduce la
actora, de que ésta hubiera dado cumplimiento a la finalización

5
Sentencia de 26 de julio de 2012; Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00145-01; Actor:
FLOWTITE ANDERCOL S.A.; Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

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del régimen en las formas que son de su cargo, sino que se ha
dedicado a tratar de justificar esa falta de cumplimiento con
argumentos que no tienen la virtud de exonerarla de esa
obligación, en especial, la ausencia de perjuicio a la entidad
beneficiaria de la póliza, la Nación, pues ésta no se
constituyó para amparar perjuicio patrimonial alguno, sino
para garantizar el cumplimiento de dos obligaciones
aduaneras claras: la finalización por cuenta suya del
régimen que le fue otorgado y el pago oportuno de los
tributos, de suerte que el riesgo amparado y, por ende, el
siniestro que da lugar a su efectividad, es sencillamente el
incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones, sin que
de ello deba desprenderse necesariamente un perjuicio o
daño pecuniario concreto o específico. ║ Si de perjuicio
debiera hablarse, ese estaría dado por el que se llega a
causar por el importador al ordenamiento jurídico aduanero
y a su cumplido obedecimiento como instrumento de
protección del interés general y del orden público
económico, así como para la preservación de la soberanía
del Estado sobre su espacio y territorio en relación con el
flujo internacional de bienes. ║ De no ser así, con el prurito
de la falta de daño patrimonial concreto o específico, todos
los sujetos intervinientes en el proceso aduanero
resultarían autorizados o justificados para incumplir sus
obligaciones aduaneras que no implican pago de sumas de
dinero, tales como las relativas a plazos, formalidades, etc,
de donde el régimen aduanero devendría en un
ordenamiento subjetivizado y relativizado, cuya efectividad
quedaría dependiendo de la voluntad de dichos sujetos, es
decir, que dejaría de tener el carácter de ordenamiento
jurídico de orden público que se predica del régimen
aduanero. ║ Pero lo cierto es que por incumplimiento de la
obligación en comento, se causó el siniestro o riesgo amparado
por la póliza, luego era procedente aplicar el procedimiento
administrativo pertinente para hacerla efectiva. ║ Si el siniestro,
constituido por el solo incumplimiento de la obligación, tuvo
ocurrencia, quiere decir que el pago que se llegare a hacer por
concepto de la garantía tiene una causa legal, por lo tanto no es
cierto que se dé un enriquecimiento sin causa […]”.

La Sala prohíja las anteriores consideraciones, que resultan

suficientes para despachar negativamente el cargo mencionado.

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Respecto del cargo “violación del derecho de defensa y

principio de doble instancia e imparcialidad”

La parte demandante afirmó que se desconoció el derecho de

defensa y el principio de doble instancia e imparcialidad, toda vez

que la señora Gloria Esmeralda Aldana Omaña, en su condición de

Jefe de la División de Liquidación Aduanera, expidió las

Resoluciones núms. 1251 de 30 de mayo de 2000, “Por la cual se

declara de oficio el incumplimiento de una obligación y se ordena

hacer efectiva una póliza”, y 2042 de 1o. de septiembre de 2000,

“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, y,

posteriormente, como Jefe de la División Jurídica Aduanera, revisó

la Resolución núm. 2513 de 9 de noviembre de 2000, “Por medio

de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que expidió el

Administrador Local de Aduanas de Cúcuta, señor Edgar Homero

Alvarado Escalante.

Para la Sala, si bien es cierto que la señora Gloria Esmeralda Aldana

Omaña revisó la Resolución núm. 2513 de 2000, también lo es que:

i) actuó en la condición de Jefe de la División Jurídica Aduanera y

no como Jefe de la División de Liquidación Aduanera, cargo bajo el

cual expidió las dos primeras resoluciones acusadas; ii) fue

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proyectada por la señora Martha Leonor Villán Bautista; y iii) fue

expedida por el señor Edgar Homero Alvarado Escalante,

Administrador Local de Aduanas de Cúcuta, esto es, con el respeto

de las reglas a quien por competencia le correspondía decidir el

recurso de apelación presentado por Seguros del Estado S.A. contra

la Resolución núm. 1251 de 30 de mayo de 2000, situación con la

cual se descarta de plano la prosperidad del cargo.

Con todo, debe anotarse que no se demostró que lo resuelto en el

recurso de apelación no correspondiera a la realidad o que ésta se

falseó por el preconcepto de quien revisó el acto acusado, el cual,

por sí sólo, no hace nula la actuación; debió probarse, entonces,

una causal de nulidad, y al no hacerlo permanece incólume su

presunción de legalidad.

Con fundamento en lo expuesto la Sala confirmará el fallo apelado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los

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artículos 392 y 393 del CPC6, aplicables al caso por la remisión del

artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación

procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de enero de 2018,

proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que

denegó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Artículos 365 y 366 del CGP.

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 1o. de agosto de

2024.

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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