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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2010-00399-01

Seguro de cumplimiento: reiteración de jurisprudencia

Fecha
21 de julio de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2010-00399-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, de acuerdo con los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo segundo de la Resolución n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009, confirmada por la Resolución n.° 10009 de 3 de febrero de 2010, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-. 37 Artículo segundo de la Resolución n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009, confirmada por la Resolución n.° 10009 de 3 de febrero de 2010. 44 Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01 Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Demandado: DIAN TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declara que la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. está eximida de toda responsabilidad relacionada con la efectividad de la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales n.° «[…] 85-43- 101000225 […]», en tanto no adeuda cantidad de dinero alguna derivada de las resoluciones demandadas, esto es, la suma de $201.982.738.31. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- deberá realizar la devolución de los dineros que la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S. A., en caso de que hubiere realizado pago alguno, con la respectiva actualización. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en esta providencia. QUINTO: NEGAR la condena en costas, tal y como se consideró en la parte motiva de este proveído. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2010-00399-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

21 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 08001-23-31-000-2010-00399-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Tema: LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ADUANEROS CONSTITUIDA MEDIANTE PÓLIZA DE
SEGURO DE CUMPLIMIENTO – Reiteración de jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia de 13 de junio de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Subsección de Descongestión.

I. Antecedentes
I.1.- La demanda1

1. La sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A., actuando a través de apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo ─en adelante CCA─, acudió ante la
jurisdicción contencioso administrativa para elevar las siguientes pretensiones:

«[…] 5. DECLARACIONES Y CONDENAS (…) a. Que se declare la nulidad de
la Resolución No. 1-87-201-241-668-058 del 21 de Julio de 2009 proferida por
La Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla (…) b. Que se declare la nulidad de la Resolución No.
10009 del 3 de Febrero (sic) de 2010, proferida por La Subdirectora de Gestión
de Recursos Jurídicos, por medio de la cual Resuelve los recursos de
reconsideración presentados, confirmando en todas sus partes la Resolución
No. 1-87-201-241-668-058 del 21 de Julio de 2009 (…) c. Que como
consecuencia del reconocimiento de lo anterior se declare que la factura
presentada como soporte para la declaración de importación es totalmente
válida y por ende existente (…) d. Que como consecuencia de la primera
declaración y en caso de haber efectuado algún pago por parte del Importador
o de la Compañía Aseguradora mientras se desarrolla el presente proceso
contencioso administrativo, se condene a la UEA Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales al pago de las siguientes sumas de dinero: (…) - Por el
daño emergente: la suma de $1.032.478.332, suma que consta dentro del
expediente administrativo aduanero o la suma que se pague a la DIAN con el
incremento de intereses actualizados (…) - Por el lucro cesante: la actualización
de la suma anterior, según el índice de precios al consumidor, más un 6% (seis)

1 Fol. 14-33, C. 1.

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

desde el momento en que se haga el pago a la DIAN hasta el día en que se
realice efectivamente el reintegro al demandante […]».

I.1.1. Los hechos

2. Los hechos que sustentan la demanda y sus pretensiones pueden sintetizarse de
la siguiente forma:

2.1. La sociedad colombiana HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. y el
proveedor extranjero HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC USA celebraron
contratos de suministro y servicios los cuales constan en la factura HEPI-510223 de
22 de octubre de 2005.

2.2. Con ocasión de los precitados contratos -contenidos en la factura HEPI-510223 de 22
de octubre de 2005- el importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.
efectuó las declaraciones de importación n.° 51267050029867 de 8 de marzo de
2006, 23820012042155 de 18 de mayo de 2006 y 07081280035508 de 16 de junio
de 2006.

2.3. La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ─en adelante DIAN─
profirió el requerimiento ordinario n.° 1066 de 9 de octubre de 2007, por medio del
cual solicitó al importador ─HYUNDAI ELECTRÓNICS LATIN AMERICA S.A.─ aportar los
documentos relacionados con las mencionadas declaraciones de importación, el
cual fue contestado el 22 de octubre de 2007.

2.4. El jefe de la División de Programas Control Posterior de la Subdirección de
Fiscalización Aduanera de la DIAN emitió el oficio n.° 800200702110272 de 14 de
febrero de 2008 con el cual «[…] solicita al GIT RILO el intercambio de información
para determinar el valor pagado o por pagar en la operación aduanera ya referida
[…]».

2.5. La División de Fiscalización de la DIAN -Barranquilla-, el 20 febrero de 2009,
archivó la investigación «[…] de valor al concluir que la factura aportada por la
sociedad importadora no correspondía con la operación de comercio exterior
contenida en la declaración de importación ya citada […]».

2.6. La sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A., el 18 de julio de 2008, expidió la
póliza de cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225, para
garantizar ante la DIAN «[…] “(…) EL PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS Y DE
LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, QUE SE GENEREN EN EL
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE USUARIA ADUANERO (sic) PERMANENTE
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2685 DE 1999, EN ESPECIAL LAS
CONTENIDAS EN EL ART. 32 Y LA RESOLUCIÓN 4240 DEL 2000 Y DEMÁS

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

NORMAS VIGENTES QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN
[…]», cuya vigencia inició el 19 de octubre de 2008 y culminó el 18 de enero de
2010, siendo su límite de valor asegurado la suma de $201.982.738,31.

2.7. La DIAN, a través del «[…] GIT de Control Posterior de la División de
Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas de Barranquilla […]»
profirió el requerimiento ordinario n.° 0552 de 6 de abril de 2009 a la sociedad
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., en el que le solicitó poner a
disposición de la autoridad administrativa la mercancía descrita en las citadas
declaraciones de importación, requerimiento que «[…] nunca fue ni ha sido
notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A. […]». La mencionada sociedad -
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.- dio contestación a tal requerimiento el 21
de abril de 2009.

2.8. La autoridad aduanera, el 24 de abril de 2009, formuló el requerimiento especial
aduanero n.° 1-87-238-419-0450-00011, en el cual se propuso sancionar a la
sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., el cual «[…] nunca fue
ni ha sido notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A. […]», el cual fue contestado
por dicha sociedad el 22 de mayo de 2009.

2.9. La DIAN -División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla- profirió, el 21 de julio de 2009, la Resolución 1-87-201-241-668-058, por
la cual sancionó a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.
con multa de $1.032.478.332 y ordenó la efectividad de la póliza No. 85-43-
101000225, acto administrativo notificado a la sociedad SEGUROS DEL ESTADO
S.A. por correo el 24 de julio de 2009, entidad que interpuso recurso de
reconsideración el 30 de julio de 2009, el cual fue resuelto por la Subdirectora de
Gestión de Recursos Jurídicos de aquella autoridad administrativa, a través de la
Resolución n.° 10005 de 3 de febrero de 2010, en el sentido de confirmarla en todas
sus partes, la cual fue notificada a «[…] SEGUROS DEL ESTADO S.A. después del
5 de febrero de 2010 por correo certificado […]».

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas por el actor, las normas violadas y el
concepto de su violación

I.1.2.1. Las normas violadas

3. La sociedad demandante estimó que los actos administrativos acusados
infringieron las normas en que se debieron fundar, especialmente, (a) los artículos
29 y 83 de la Carta Política; (b) el artículo 44 del CCA; (c) los artículos 187, 248,
252 y 276 del Código de Procedimiento Civil; (d) los artículos 1.054, 1.057, 1.072,
1073, 1.079 y 1.081 del Código de Comercio; (e) el artículo 745 del Estatuto
Tributario; y, (f) los artículos 131 y 502 del Estatuto Aduanero.

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

I.1.2.2. El concepto de violación de las normas enunciadas

(a) «[…] 1. VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO […]».

4. Indicó que la DIAN, con la expedición de los actos acusado, violó el artículo 1.079
del Código de Comercio, al ordenar hacer efectiva la póliza de seguros n.° 85-43-
101000225 por la suma de $201.982.738,31, desconociendo que «[…] con actos
anteriores y posteriores ordenó la afectación de la misma póliza, excediendo en esa
medida el límite del valor asegurado […]».

5. En efecto, adujo que el artículo segundo de la Resolución n.° 1-87-201-241-668-
058 de 21 de junio de 2009 ordenó hacer efectiva la citada póliza de cumplimiento
por la suma de $201.982.738,31, añadiendo que «[…] En gracia de discusión, y
pese a los argumentos que expondré en adelante, es indispensable que se aclare
que la responsabilidad de la aseguradora asciende únicamente hasta el límite del
valor asegurado en la póliza No. 85-43-101000225 de SEGUROS DEL ESTADO
S.A. o su remanente disponible, ya que la DIAN ordena la afectación de la misma
póliza en diferentes actos administrativos, los cuales obedecen a actuaciones
independientes […]».

6. Enlistó, entonces, los siguientes actos administrativos:

Número de resolución Número de Expediente Monto de la sanción

Resolución 047 de 12 de mayo AA-2006-2009-00050 $230.083.402
de 2009 -aclarada por la
Resolución n.° 003 de 10 de
julio de 2009-.
Resolución 048 de 12 de mayo AA-2006-2009-00145 $360.052.350
de 2009 -aclarada por la
Resolución n.° 004 de 10 de
julio de 2009-.
Resolución 049 de 18 de mayo AA-2006-2009-00070 $778.356.572
de 2009 -aclarada por la
Resolución n.° 005 de 10 de
julio de 2009-
Resolución 053 de 16 de junio AA-2006-2008-1773 $651.339.942
de 2009
Resolución 054 de 16 de junio AA-2006-2009-00247 $72.436.338
de 2009
Resolución 056 de 17 de junio AA-2006-2009-00148 $201.856.046
de 2009
Resolución 058 de 21 de julio AA-2006-2009-00250 $1.032.478.332
de 2009

(b) «[…] 2. DESCONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 745 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO NORMA RESIDUAL DE LAS NORMAS ADUANERAS, QUE A
TENOR EXPRESA “LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACÍOS PROBATORIOS
SE RESUELVEN A FAVOR DE LA CONTRIBUYENTE. LAS DUDAS
PROVENIENTES DE VACÍOS PROBATORIOS EXISTENTES EN EL MOMENTO

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

DE PRACTICAR LAS LIQUIDACIONES O DE FALLAR LOS RECURSOS, DEBEN
RESOLVERSE, SI NO HAY MODO DE ELIMINARLAS, A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE”. ASI MISMO LA ADMINISTRACIÓN DESCONOCE
CRITERIOS SOBRE APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS,
CONTENIDOS EN LOS ART. 187, 252, 248 Y 276 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL […]».

7. Manifestó que la División de Gestión de Fiscalización ordenó poner a disposición
las mercancías relacionadas en las declaraciones de importación antes
mencionadas, presumiendo que la factura n.° HEPI-510223 de 22 de octubre de
2005 expedida por la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC USA «[…]
No corresponde a la operación aduanera […]».

8. Destacó, una vez citó el artículo 502 del Decreto n.° 2.685 de 1999, que en el
presente asunto no se ha determinado «[…] la falsedad de las facturas […]», luego
lo decidido por la autoridad aduanera, desconoció el principio de buena fe previsto
en el artículo 83 de la Carta Política, atendiendo que los documentos que soportaron
la operación de comercio exterior, dentro de los cuales está la factura aludida -factura
n.° HEPI-510223 de 22 de octubre de 2005-, existen y fueron certificados por «[…] el mismo
proveedor HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC USA (…) adicionalmente dicha
falsedad no ha sido declarada por un Juez Penal de la República […]».

«[…]
9. Así, solicitó que se de aplicación al artículo 745 del Estatuto Tributario
resolviendo las dudas que existan en el proceso a favor de HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. y de mi representada, aplicando la misma
solución en derecho que ya aplicó la misma administración para un caso
exactamente igual, que si ir más lejos, corresponde a la resolución que le sigue
numéricamente a la aquí impugnada […]».

(c) «[…] 3. FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN […]».

10. Citó el artículo 131 del Estatuto Tributario, para indicar que las declaraciones de
importación involucradas en este proceso y con las cuales se respaldó el negocio
jurídico internacional realizado por la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A., adquirieron firmeza «[…] en el peor de sus casos el 16 de junio de
2009 (…) ya que el Requerimiento Especial Aduanero que exige la norma para
interrumpir la firmeza de la declaración, nunca ha sido notificado a SEGUROS DEL
ESTADO S.A. […]».

(d) «[…] 4. VIOLACIÓN A LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES LEGALES:
ARTÍCULOS 1054, 1057, 1072 Y 1073 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE
DETERMINAN LA EXISTENCIA DE COBERTURA A TRAVÉS DE LAS
LIMITACIONES LEGALES DEL CONTRATO DE SEGURO, PORQUE LOS
HECHOS QUE GENERAN LA SANCIÓN OCURRIERON POR FUERA DE LA
VIGENCIA DE LA PÓLIZA NÚMERO 85-43-101000225 […]».

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

11. Mencionó, frente al artículo 1.054 del Código de Comercio, que las declaraciones
de importación involucradas en este proceso fueron presentadas cuando el contrato
de seguro contenido en la póliza de seguros n.° 85-43-101000225 aún no existía -
no había sido suscrito el contrato de seguros-, advirtiendo que a través de tal
contrato se amparan hechos futuros e inciertos y no hechos pasados ya acaecidos.

12. Anotó, en lo atinente al artículo 1.057 del Código de Comercio, que «[…] el riesgo
empezó [a] correr a partir de la hora 24 del día en que se inicia la vigencia de la
cobertura, es decir el 19 de octubre de 2008 […]», por lo que los riesgos ocurridos
con anterioridad «[…] seguramente y por disposición aduanera debe estar cubiertos
por otra póliza, que debió presentar HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A. para una vigencia anterior […]».

13. Aseveró, respecto del artículo 1.072 del Código de Comercio, que «[…] En el
caso sub judice, que implica la afectación de la póliza No. 85-43-101000335, cuya
vigencia inició el 19 de octubre de 2008, es menester concluir que no pudo haber
siniestro de un riesgo que ya se había concretado, materializado y conocido por el
asegurado DIAN, constituyendo la violación directa al art. 1072 del C. de Co., al
pretender afectar con siniestro una póliza que no existía al momento de los hechos
[…]».

14. Afirmó, en lo que se refiere al artículo 1.073 del Código de Comercio, que «[…]
es totalmente concordante la norma con todos los artículos citados, al reiterar que
el siniestro iniciado antes de que hayan principiado a correr los riesgos por cuenta
de SEGUROS DEL ESTADO S.A. (asegurador) no serán responsabilidad de este
último, y es apenas de natural comprensión esta norma, porque SEGUROS DEL
ESTADO S.A. si hubiera conocido de la existencia de estos cargos sobre HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., seguramente se abstendría de expedir la
póliza […]».

(e) «[…] 5. VIOLACIÓN A LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES LEGALES:
ARTÍCULOS 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, RELACIONADO CON LA
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE
SEGURO, QUE, EN GRACIA DE DISCUSIÓN, EN EL PRESENTE CASO, OPERÓ
DE PLENO DERECHO, AL HABER TRANSCURRIDO MÁS DE 2 AÑOS DESDE
LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO (DIAN) TUVO O DEBÍO TENER
CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A LA ACCIÓN […]».

15. Transcribió el artículo 1.081 del Código de Comercio y luego resaltó que el
término para que opere la prescripción ordinaria empezaría a correr a partir del
momento en que el interesado, en este caso la DIAN, tuvo conocimiento o debía
tenerlo del hecho que da base a la acción.

16. Tal situación acaeció, en este asunto, en la fecha en que se presentaron las
declaraciones de importación anteriormente mencionadas, puesto que a partir de
aquella fecha «[…] dispone de todos los documentos, las facultades y las acciones

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

para verificar la operación […]» y, entonces, «[…] a la fecha en que se notifica la
Resolución No. 058 de Julio 21 de 2009 (julio 24 de 2009), que vincula a SEGUROS
DEL ESTADO S.A. al proceso aduanero, había operado de marras la prescripción
de las acciones derivadas del contrato de seguro frente a la póliza 85-43-101000225
expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., tornando improcedente cualquier
vinculación frente a la aseguradora […]».

(f) «[…] 6. NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR VIOLACIÓN AL
DEBIDO PROCESO […]».

17. Citóel artículo 44 del CCA y la sentencia T-352 de 1996 de la Corte
Constitucional, para apuntar que se violó su derecho de oponerse a las condenas
que la autoridad administrativa le impuso en los actos administrativos acusados
puesto que «[…] si bien es cierto la División de Gestión de Fiscalización profirió el
Requerimiento Especial Aduanero No. 0011 de Abril 24 de 2009 proponiendo
sancionar a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. (…) dicho acto
administrativo nunca fue notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A.[…]».

I.2. Intervención Litisconsorcial de HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A.2

18. HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. presentó escrito de «[…]
INTERVENCIÓN LITISCONSORCIAL […]», formulando las siguientes
pretensiones:

«[…] 1.1 Se declare la Nulidad de la Resolución No. 1-87-201-241-668-058 de
21 de julio de 2009 proferida por la jefe de la División de Gestión de Liquidación
de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla (…) 1.2 Se declare la
nulidad de la Resolución No. 10009 de 3 de febrero de 2010, proferida por la
Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos, por medio de la cual resuelve
los recursos de reconsideración presentados, confirmando en todas sus partes
la Resolución No. 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009 (…) 1.3 Que en
consecuencia de lo anterior y en caso de haber efectuado algún pago por parte
de mi representada o de SEGUROS DEL ESTADO S.A. mientras se desarrolla
el proceso, se condene a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales a la restitución de la suma pagada con el incremente de intereses
actualizados […]».

19. Indicó que se constituía en parte de este proceso como litisconsorte puesto que
tenía interés directo en su resultado al ser el destinatario de la sanción impuesta por
la DIAN a través de los actos administrativos acusados, mediante los cuales «[…]
se ordena hacer efectiva la póliza de seguros de la Compañía Seguros del Estado
S.A. que figura como demandante, y que respalda el cumplimiento de las
obligaciones legales por parte de mi representada, hecho por el cual podrían
sobrevenir acciones de repetición contra la sociedad e represento […]».

2 Fol. 101-112, C. 1.

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

20. Luego de hacer referencia a los hechos que sustentan sus pretensiones, expuso
los siguientes fundamentos de derecho, así:

(a) «[…] 4.1 VIOLACIÓN DE LA LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL
NUMERAL 1.35 DEL ARTÍCULO 502 DEL ESTATUTO ADUANERO. MI
REPRESENTADA NO INCURRIÓ EN LA FALTA ADMINISTRATIVA IMPUTADA
[…]»

21. Destacó que la infracción aduanera que se le imputó no se produjo puesto que,
si bien es cierto la compañía HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC, en respuesta
a un requerimiento efectuado por la autoridad administrativa para verificar los datos
del contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con aquel proveedor,
aportó una factura identificada con el número HEPI-512303 DEC 10-2 distinta a la
aportada por la interviniente como soporte de la operación, en la cual «[…] figuran
una empresa y valor de las mercancías distintas a las consultadas […]», esto
obedeció a «[…] un error cometido por la sociedad extranjera […]».

22. En efecto, mencionó que la DIAN no tuvo en consideración que el error cometido
fue subsanado «[…] por medio certificación expedida del proveedor HYUNDAI
ELECTRONICS PACIFIC INC. (…) en cuyo texto además de reconocer que la
factura anteriormente aportada era equivocada por el valor de los productos,
adjuntaba la factura correcta HEPI-510223[…]» la cual si correspondía a la
operación aduanera declarada por la interviniente, por lo que no se presentó la
causal de aprehensión y decomiso de las mercancías expuesta por la autoridad
administrativa prevista en el artículo 502 numeral 1.25 del Estatuto Aduanero «[…]
ya que esta refiere a los casos en que se determine que los documentos soportes
no corresponden con la operación declarada […]».

23. Resaltó, adicionalmente, que el expediente administrativo adelantado por la
autoridad administrativa, en el que se encuentran los documentos soportes de las
declaraciones de importación que dan cuenta del contrato de suministro y prestación
de servicios suscrito por esta, permite evidenciar que la factura que soporta tales
negocios jurídicos y declaraciones «[…] existe y sus datos coinciden con la cantidad,
valor, descripción de la mercancía, exportador, y transporte de la mercancía […]».

(b) «[…] 4.2. LAS DUDAS PROBATORIAS SE RESUELVEN A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE SEGÚN EL ARTÍCULO 745 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO,
NORMA RESIDUAL DEL ESTATUTO ADUANERO […]»

24. Aseveró que la decisión adoptada en los actos administrativos acusados se
cimentó en una «[…] presunción de falsedad de la factura aportada por mi
representada […]», frente a lo cual insistió en que HYUNDAI ELECTRONICS
PACIFIC INC USA, lejos de tachar de falsedad tal documento, la certificó, añadiendo
que «[…] la supuesta falsedad no ha sido declarada por un juez penal de la república

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

o por alguna otra autoridad competente para ello […]», por lo que no es procedente
la imposición de la sanción cuestionada en este proceso.

25. Señaló que la causal de aprehensión de las mercancías invocadas por la DIAN
parte de la base de que se encuentre plenamente acreditado que los documentos
soportes presentados no corresponden con la operación de comercio exterior, razón
por la que, si la autoridad administrativa consideraba que existía una duda
proveniente de vacíos probatorios, debió ser resueltas en su favor, en aplicación del
«[…] principio in dubio contra fiscum […]», previsto en el artículo 745 del Estatuto
Tributario.

26. Añadió que la veracidad de la factura soporte de la operación de comercio
exterior no está a cargo del importador pues opera la presunción de autenticidad
prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, la
parte que alegue la falsedad del documento debe acreditarla.

27. Es así como «[…] La respuesta al exhorto es un hecho que tan solo constituyó
un indicio para la DIAN acerca de la supuesta falsedad de la factura, el cual por sí
solo constituye prueba suficiente, ya que para que el indicio pueda ser tomado como
prueba debe ir acompañado de otros hechos indicadores de la comisión de la falta,
los cuales al tenor de lo dispuesto en el artículo 250 del Código de Procedimiento
Civil, han de ser apreciados en conjunto por el juez […]».

28. Adicionó, desde tal perspectiva, que tal indicio fue desvirtuado, reitera, «[…]
mediante la certificación aclaratoria efectuada por el proveedor extranjero donde se
subsanaba el error cometido en la respuesta al exhorto 129 de 2006. En este punto
reiteramos que dentro del proceso no obra alguna otra prueba de la cual se pueda
inferir la falsedad de la factura, por el contrario, obran en el expediente [de] pruebas
de otros hechos que refuerzan su existencia y validez acorde a la operación que
sustenta […]».

I.3. La contestación de la demanda por parte de la DIAN

29. La DIAN no contestó la demanda, tal y como lo advirtió el Tribunal Administrativo
del Atlántico en el auto de 28 de febrero de 20133

I.4.- Sentencia de primera instancia4

30. ElTribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, en
sentencia de 13 de junio de 2014, dispuso lo siguiente:

«[…] 1.- NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de acuerdo con la parte
motiva de esta providencia.

3 Fol. 148-149, C. 1.
4 Fol. 445-453, C. 1.

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Demandado: DIAN

2.- Sin Condena en costas […]»

31. Luego de hacer un recuento de los antecedentes del proceso, consideró que el
problema jurídico a resolver era el consistente en «[…] determinar si los actos
administrativos demandados deben declararse nulos con ocasión a la vulneración
del debido proceso de la aseguradora demandante por afectar con varias sanciones
una misma póliza y exceder el monto asegurado, así como por no notificarle el
requerimiento especial […]».

32. Adujo, en lo que se refiere al primer cargo de nulidad, que de las pruebas que
obran dentro del proceso se encuentra que HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. tomó, el 18 de julio de 2008, la póliza de seguros de cumplimiento
de disposiciones legales n.° 85-43-101000225 para garantizar el pago de los
tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, por el incumplimiento de
las obligaciones y responsabilidades que se generen en la actividad de usuario
aduanero permanente, por un valor de «[…] $195.828.904 […]».

33. Asimismo, que si bien la demandante indicó que la DIAN había excedido el valor
asegurado en la póliza de seguros mencionada puesto que con anterioridad la había
afectado en distintos actos administrativos, dentro de las pruebas arrimadas al
proceso solo «[…] figura el expediente administrativo No. AA-2006-00070
relacionado con los actos administrativos demandados […]». Añadió que:

«[…] Aparte de lo antes señalado, en el informativo figuran, en copia simple, las
Resoluciones Nos. 1-87-201-241-668-058 de julio 07 de 2009 (fls. 37-44), en
las cuales la División de Gestión de Liquidación de la DIAN Barranquilla impone
una multa al importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., pero
llama la atención de ésta Colegiatura, que contra dichas sanciones procedía el
recurso de reconsideración, y al no encontrarse los expedientes administrativos
que dieron origen a tales decisiones sancionatorias, así como tampoco
constancia de ejecutoria de las mismas, no puede tenerse como en firme, ya
que pudieron ser recurridas al momento de agotar la vía gubernativa y la
administración pudo variar su decisión con respecto a la efectividad de la póliza
de seguros (…) De acuerdo con lo anterior, el cargo de nulidad no está llamado
a prosperar porque no se demostró que la póliza de seguros No. 85-43-
101000225 anexo 0 de julio 18 de 2008 y anexos de modificación Nos. 1 del 05
de Septiembre de 2008 y 2 del 06 de octubre de 2008, de Seguros del Estado
S.A., fue objeto de afectación por otros actos administrativos sancionatorios
[…]»

34. En lo atinente al segundo cargo, estimó, contrario a lo señalado por el
demandante, que la autoridad administrativa, para emitir su decisión, no solo tuvo
en cuenta, para la imposición de la sanción, el oficio n.° 80-02-070-144 de 14 de
febrero de 2008 a través del cual se solicitó la verificación de «[…] la existencia del
proveedor, obtener copia de los contratos de suministros y servicios, de la factura
No. HEPI-510223 de 22 de noviembre de 2005 y demás documentos relacionados
para verificar los contratos celebrados por el importador HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A. […]».

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35. En efecto, aludió a la respuesta dada por el «[…] Jefe del GRUPO RILO […]»,
quien advirtió «[…] “En respuesta al Exhorto No. [1]29 del 25 de febrero de 2008
enviada por el Cónsul de Colombia en San Francisco CALIFORNIA, relacionada
con la HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC., se indicó que: “… remiten la
factura y es diferente” […]», toda vez que se encontraba expedida a nombre del
importador «[…] CREDITITULOS S.A.[…]».

36. Así, afirmó que, con base en la anterior información oficial, sumado al hecho que
no se puso a disposición de la DIAN la mercancía descrita en las declaraciones
involucradas en este proceso, al presentarse una factura «[…] presuntamente falsa
debido a que el supuesto exportador presentó una factura diferente a la aportada
por el importador […]», se procedió a imponer la sanción, la cual, entonces, no fue
el producto de la aplicación de presunciones, sino del análisis de las pruebas
recaudadas en el procedimiento administrativo.

37. Consideró, en lo relativo a los cargos tercero y quinto, que, siguiendo el contenido
de los artículos 1°, 3° y 562 del Decreto n.° 2.689 de 1999, la aseguradora, en
principio, no es la responsable de la obligación aduanera, por lo que no era
procedente notificarle el requerimiento especial aduanero.

38. Finalmente manifestó, en lo que al cargo cuarto se refiere, que:

«[…] La póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-
101000225 expedida el 18 de julio de 2008 por la Compañía Seguros del Estado
S.A., tenía una vigencia desde el 19 de octubre de 2008 hasta el 18 de enero
del 2010 y su objeto era: “Garantizar el pago de tributos aduaneros y de las
sanciones a que haya lugar, por el incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades, que se generen en ejercicio de la actividad de usuario
aduanero permanente de conformidad con el Decreto 2685 de 1999, en especial
de las contenidas en el Art. 32 y la Resolución 4240 del 2000 y demás normas
vigentes que la modifiquen, adicionen o complementen” (…) De lo anterior se
tiene que la póliza implicaba el cubrimiento de las sanciones por no poner a
disposición de la autoridad aduanera las mercancías comprendidas en la
declaración de importación, pues ello es una obligación y responsabilidad del
importador tal y como quedó establecido en líneas que anteceden (…) Ahora
bien, para que se entienda ocurrido el siniestro en el caso concreto, se requiere
que se emita el requerimiento de la autoridad aduanera, lo pues allí (sic) es
donde se advierte el incumplimiento de las obligaciones aduaneras por parte
del importador y para las cuales se adquirió la garantía con la compañía de
aseguradora (…) En el presente caso, el requerimiento especial aduanero fue
emitido el 24 de abril de 2009 y notificado el 9 de marzo del mismo año (fls. 134-
145 y vuelta), destacando, además, que la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración contra la sanción que impone la multa y ordena hacer efectiva
la póliza de seguro, tiene como fecha el 3 de febrero de 2010 (fls.47-59) y fue
notificada el 5 del mismo mes y año (fl. 245 vuelta), cuando aún estaba vigente
la póliza […]»

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I.5. El recurso de apelación5

39. La parte demandante, inconforme con la decisión de primera instancia y por
intermedio de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación orientado a que
se revoque tal decisión y se acceda a las pretensiones de la demanda.

40. Manifestó, en lo que tiene que ver con el cargo de «[…] 1.- VIOLACIÓN DEL
ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO […]», que allegó documentos a
través de los cuales acreditó que la DIAN habría afectado la póliza de seguro de
cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225 excediendo el valor
asegurado, no obstante, la primera instancia no los estimó suficientes para
demostrar que la autoridad administrativa exigió, con cargo a dicha póliza, la suma
de $3.300.000.000 cuando el valor asegurado era de «[…] $201.982.238 […]» -la
póliza de seguros indica como valor asegurado $201.982.738.31 6-.

41. Anotó que el hecho consistente en que haya demandado o no los actos
administrativos a través de los cuales la DIAN afectó la citada póliza no enerva que
dicha autoridad administrativa exigió suma superior a la asegurada, desconociendo
el artículo 1.079 del Código de Comercio, norma que fija el límite de responsabilidad
de las aseguradoras, añadiendo que aquella no tuvo en cuenta que:

«[…] 1. Que el límite máximo de responsabilidad económica exigido a mi
representada con cargo a la Póliza 85-43-101000225 asciende a la suma de
$201.982.238,oo, y nunca más allá (…) 2. Que cuando la DIAN ordena hacer
efectiva la póliza en cada uno de los actos administrativos proferidos, debe
ordenas (sic) que se afecta por $201.982.238,oo o su remanente disponible (…)
3. Que agotado el límite de valor asegurado con cargo a la póliza, las sumas
pendientes de pago serán exigidas única y exclusivamente al usuario aduanero
responsable […]»7

42. Afirmó que la primera instancia no tuvo en cuenta que la DIAN no contestó la
demanda y que ello es un indicio grave en contra de ella y, además, que si estimaba
que le faltaban mayores pruebas para fallar -pues no tuvo en cuenta los actos
administrativos allegados al proceso- ha debido ordenar a la DIAN allegarlas, no obstante,
se conformó con analizar aquellas aportadas al proceso.

43. Solicitó, de acuerdo a lo anterior, revocar la sentencia de primera instancia y
acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos
administrativos cuestionados o, en su defecto, declarar «[…] que en todo evento, y
en el más extremo de los casos, la responsabilidad de la aseguradora nunca podrá
exceder del límite de valor asegurado señalado en la póliza o su remanente

5 Fol. 455-470, C. Ppal.
6 Fol. 34-36, C. 1 y fol. 97-99, C. traslado demanda.
7 Fol. 34-36, C. 1 y fol. 97-99, C. traslado demanda. La póliza de seguros indica como valor asegurado
$201.982.738.31.

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disponible, por todos los Actos Administrativos expedidos con cargo a la misma
póliza […]».

44. Explicó, frente al cargo «[…] SOBRE EL DESCONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO
745 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DESCONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS
SOBRE APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, CONTENIDOS EN
LOS ARTÍCULOS 187, 252 Y 276 DEL CPC […]», que la primera instancia no
estudió los argumentos de fondo expuestos en la demanda y en la intervención
litisconsorcial puesto que la sanción se sustentó en la presunción de falsedad de la
factura que respaldó las declaraciones de importación.

45. Resaltó que la primera instancia afirmó que:

«[…] la sanción es totalmente procedente porque no se demostró la
imposibilidad de cumplir con la orden de la administración, sin tener en cuenta
que la orden fue totalmente improcedente al presumir que la Factura No. HEPI-
510203 del 22 de octubre de 2005 es falsa (…) La información suministrada por
el funcionario consular es clara, sin embargo, en ningún momento se califica
que la factura No. HEPI-510203 del 22 de octubre de 2005 sea falsa o no
corresponda a la verdad, presunción en la cual también erró el A-QUO a la hora
de proferir la decisión de fondo que hoy se ataca (…) En las resoluciones
demandadas la DIAN afirma que la Factura es FALSA, con fundamento en un[a]
afirmación del Cónsul de Colombia en San Francisco, al indicar que “…la factura
es diferente…”, afirmación que unilateralmente la DIAN, equipara a que la
FACTURA ES FALSA, aseveración que no fue la manifestada por el Cónsul (…)
Insistimos en que existe desconocimiento del artículo 745 del Estatuto Tributario
porque la División de Gestión de Fiscalización ordenó a disposición de las
Autoridades Aduaneras las mercancías relacionadas en las declaraciones de
importación, AL PRESUMIR que la factura No. HEPI-510203 del 22 de octubre
de 2005, ES FALSA (…) Ahora, el A-QUO afirmó que la sanción es totalmente
procedente porque no se logró demostrar la imposibilidad para dar cumplimiento
a la orden emitida por la DIAN, aspecto que nada tiene que ver con los cargos
formulados en la demanda y reiterados en el escrito de alegatos de conclusión;
tampoco tuvo en cuenta el A-QUO las sentencias aportadas por la suscrita y
que pudieron servir de fundamento para acceder a las pretensiones de la
demanda […]».

46. Advirtió, en lo que tiene que se refiere a los cargos «[…] TERCERO Y QUINTO
DE LA DEMANDA RELACIONADO CON LA FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE
IMPORTACIÓN Y VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO – PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO DE SEGURO […]», que la autoridad administrativa estaba en la
obligación de notificarle el requerimiento especial aduanero -a SEGUROS DEL ESTADO
S.A.- siguiendo el artículo 2° de la Carta Política, lo cual no ocurrió, razón por la que
las declaraciones de importación que respaldaron la negociación internacional
realizada por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. se encuentran en
firme desde el 8 de marzo de 2009, 18 de mayo de 2009 y 16 de junio de 2009,
conforme el artículo 131 del Estatuto Tributario.

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47. Anotó, respecto del cargo cinco, que:

«[…] A la luz del artículo 1081 del Código de Comercio, en el sub judice, a la
fecha que se notifica la Resolución Sanción No. 1-87-201-241-668-058 del 21
de julio de 2009 que vincula a SEGUROS DEL ESTADO S.A., al proceso
aduanero, había operado de marras la prescripción de las acciones derivadas
del contrato de seguro frente a la póliza No. 85-43-101000225 expedida por
SEGUROS DEL ESTADO S.A., tornando improcedente cualquier vinculación
frente a la aseguradora (…) el incumplimiento de la obligación aduanera se
generó el 8 de marzo, 18 de mayo y 16 de junio de 2006, por lo tanto la
administración tenía dos años a partir de la mencionada fecha para proferir la
decisión de fondo, es decir hasta el 8 de marzo , 18 de mayo y 16 de junio de
2008 (…) Se observa, entonces, que en julio de 2009, (fecha en la que se
notificó a SEGUROS DEL ESTADO S.A. la decisión de fondo) la resolución
dictada por la Administración, estaría por fuera de los dos (2) años de ocurrencia
de los siniestros, por tal razón en ningún caso se puede hacer efectiva la póliza
de cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-101000225, expedida por
SEGUROS DEL ESTADO S.A. al haber operado de marras la prescripción
[…]».

48. Consideró, frente al «[…] CUARTO CARGO DE LA DEMANDA: SOBRE LA
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1054, 1057, 1072 Y 1073 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO, QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DE COBERTURA A TRAVÉS
DE LAS LIMITACIONES LEGALES DEL CONTRATO DE SEGURO, PORQUE LOS
HECHOS QUE GENERAN LA SANCIÓN OCURRIERON POR FUERA DE LA
VIGENCIA DE LA PÓLIZA No. 85-43-101000225 […]», que la aseguradora asumió
los riesgos como hechos futuros e inciertos a partir del 19 de octubre, fecha en la
cual inició la vigencia de la póliza de seguros, hasta el 18 de enero de 2010, riesgos
consistentes en el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que hubiera
lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades generadas en
el ejercicio de la actividad de usuario aduanero permanente.

49. En tal sentido y a la luz de la cobertura otorgada por la póliza de seguros
mencionada, aseveró que el incumplimiento que dio lugar al pago de tributos y
sanciones se configuró en el momento que se presentaron las declaraciones de
importación que soportaron la operación de comercio exterior celebrada por la
interviniente litisconsorcial, esto es, los días 8 de marzo de 2006, 18 de mayo de
2006 y 16 de junio de 2006.

50. De lo expuesto coligió que la vigencia de la póliza de seguros, que principio el 19
de octubre de 2008, se dio dos años después de haberse presentado las
declaraciones de importación -los días 8 de marzo de 2006, 18 de mayo de 2006 y 16 de junio
de 2006-, dejando claro que «[…] el riesgo asegurado es el incumplimiento, no su
declaratoria como lo confunde la sentencia apelada […]», por lo que se ha debido
afectar la póliza de seguros que se encontraba vigente entre marzo y diciembre de
2006.

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I.6. Trámite del recurso de apelación

51. El magistrado ponente a cargo de la sustanciación del proceso en primera
instancia, a través del auto de 21 de octubre de 20148, concedió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora.

52. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en
segunda instancia, mediante auto de 30 de noviembre de 20159, admitió el recurso
de apelación y, a través de auto de 2 de marzo de 201610, corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que,
de considerarlo pertinente, rindiera el respectivo concepto.

53. La sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A.11 y la DIAN12, a través de apoderado
judicial, presentaron sus alegaciones de conclusión en las cuales, de un lado, se
reiteraron los argumentos del recurso de apelación, y, del otro lado, se reiteraron
los argumentos expuestos en los actos administrativos acusados, en los alegatos
de conclusión de primera instancia y en la sentencia apelada. El agente del
Ministerio Público no intervino en esta oportunidad.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

54. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandada, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; y, vi) el caso concreto, para,
posteriormente, precisar v) las conclusiones de su análisis.

II.1. La competencia

55. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA13 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

8 Fol. 472, C.1.
9 Fol. 4, C. Consejo de Estado.
10 Fol. 7, C. Consejo de Estado.
11 Fol. 8-22, C. Consejo de Estado.
12 Fol. 23-26, C. Consejo de Estado.
13 «Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión (…)».

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II.2. Los actos administrativos acusados

56. Los actos administrativos acusados son (a) la Resolución n.° 1-87-201-241-668-
058 de 21 de julio de 2009, expedida por la jefe de la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla; y, (b) la
Resolución n.° 10009 de 3 de febrero de 2010, expedida por Subdirectora de
Gestión de Recursos Jurídicos – Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

57. La Resolución n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009, es del siguiente
tenor:

«[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO (…) La presente investigación
tiene como objeto principal establecer la responsabilidad de la sociedad
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., por no poner a disposición
de la aduana cierta mercancía, la cual lo fue en atención a los informado por el
GIT RILO quien pudo obtener del supuesto exportador una factura que difiere
de la aportada por el importador ya que figura expedida a nombre de otra
sociedad esto con relación a las declaraciones de importación con
autoadhesivos Nos. 23820012042155 del 18/05/2006, 07081280035508 del
16/06/2006, 07477310006508 del 29/09/2006, 23820012055770 del
25/10/2006 y la declaración (Tipo Legalización) 01170060121237 del
16/03/2006.

Al revisarse las casillas 47 y 52 de las declaraciones citadas se observa que
figura como proveedor en [el] exterior HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC
y la factura No. HEPI-510223 del 22/10/ 2005 como documento soporte de
acuerdo con el artículo 121 [del] Decreto 2695 de 1999, empresa que precisó lo
anotado.

Cotejadas las pruebas anteriores puede precisarse que el investigado no puso
a disposición de la autoridad aduanera la mercancía, la cual le fue solicitada
mediante requerimiento ordinario de información No 0552 de fecha 06/04/2009
limitándose a presentar ciertos argumentos ya revisados en el Requerimiento
Especial Aduanero, y en el auto que deniega pruebas, sin que los mismos sean
eximentes de responsabilidad de la omisión detectada, ya que la obligación de
poner a disposición de la aduana la mercancía, es producto de las facultades
de fiscalización que el artículo 470 le otorga a la autoridad aduanera.

La norma aduanera contempla en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, la
aplicación del 200% del valor en aduana de la mercancía cuando no sea posible
aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o
porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, máxime
cuando existen evidentes contradicciones argumentativas y probatorias por
parte del investigado quienes primero alegaban error en la factura y después
endoso de tal título valor.

Como se pudo apreciar en el presente expediente, se hace evidente que el
investigado no puso a disposición de la Administración la mercancía solicitada
mediante requerimiento Ordinario de información No 0552 de 06/04/2009, por
lo tanto se hace procedente e imprescindible la sanción establecida en el
artículo 503 del Decreto 2685 de 1.999.

El inciso cuarto del artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, ibídem a la letra
expresa: “La imposición de la sanción prevista en este artículo no subsana la

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situación irregular en que se encuentre la mercancía, y en consecuencia, la
autoridad aduanera podrá disponer en cualquier tiempo su aprehensión y
decomiso”.

Para el establecimiento del monto de la sanción, se tendrá como base el valor
en aduanas y la tasa de cambio de las declaraciones de importación que se
relacionan a continuación:

(…)

TOTAL SANCIÓN: UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 8$ (sic)
1.032.478.332)

Así mismo este despacho le manifiesta que las declaraciones que hoy generan
la sanción son las identificadas con autodhesivo (sic) 01170060121237 de fecha
16/06/2006, 23820012042155 de fecha 18/05/2006, 07081280035508 de fecha
16/06/2006, ya que la 51267050029867 sufrió una modificación consistente en
legalización mediante la Declaración de Importación No 01170060121237, por
ende es la única a la cual nos podemos referir en este proceso. Limitándose
esta División a atender el contenido del Requerimiento Especial Aduanero No
011 de fecha 24/04/2009 con la salvedad anotada.

(…)

RESUELVE (…) PRIMERO: SANCIONAR a la sociedad HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A identificada con en (sic) NIT
802.024.578, con una multa por valor de UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS M/L ($1.032.478.332), por las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto y conforme con lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685
de 1999.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguros de
Cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18
de Julio de 2008 y los anexos de modificación Nos 1 del 05 de Septiembre del
2008 y 2 del 06 de Octubre de 2008, de Compañía de SEGUROS DEL ESTADO
S.A. identificado con el Nit 860.009.578, a favor de la NACIÓN UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTO Y ADUANAS
NACIONALES, por valor de DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS M/L ($201.982.738.31). Sin perjuicio del cobro del
resto del valor de esta sanción al importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A identificada con NIT. 802.024.578 […]».

58. La Resolución n.° 10009 de 3 de febrero de 2010 resolvió lo siguiente:

«[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO (…) En primer lugar, este
Despacho encuentra importante resaltar que la discusión planteada con el
presente recurso, gira en torno a establecer sí procede la aplicación de la
sanción del doscientos por ciento (200%) del artículo 503 del Decreto 2685 de
1999 por no haber puesto el importador a disposición de la autoridad aduanera
la mercancía que no ha sido posible aprehender.

Aduce la sociedad importadora que obra en el expediente la certificación
apostillada del proveedor HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC USA, con la

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que fue aclarado el error cometido en la factura HEPI-510223 del 22 de octubre
de 2005 enviada a la DIAN como respuesta al Exhorto No. 129 del 25 de febrero
de 2008, en la que aparece un nombre distinto al importador a quien iba dirigida
la factura y otros valores de la mercancía distintos a los señalados en el factura
(sic) de venta que sirvió de documento soporte a las declaraciones de
importación tipo legalización sticker Nos. 01170060121237 del 16 de marzo de
2006 y las declaraciones de importación tipo inicial sticker Nos
23820012042155 del 18 de mayo de 2006, 07081280035508 del 16 de junio de
2006, 074773100065081 del 29 de septiembre de 2006 y 23820012055770 del
26 de octubre de 2006.

Al revisar la copia de la factura No. HEPI-512103 DEC 10-2005 aportada con la
carta allegada con la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero referencia
HEPI-89101 del 10 de septiembre de 2008 (folio 123) con la exhortada folio 84
factura No. 510223 de 22 de octubre de 2005 documentos soporte de las
declaraciones de importación en cita que HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC
INC USA aporta la factura HEPI-512103 del 10 de diciembre de 2005 en la que
el nombre a quien iba dirigida la factura y los valores de las mercancías
aparentemente fueron corregidos llama la atención las fechas diferentes en la
expedición de las mismas (folio 124) el Despacho considera conveniente
señalar que para que sea tenida como prueba en el expediente es preciso que
la misma cumpla con los requisitos legales que establece el artículo 260 del
Código de Procedimiento Civil para los documentos otorgados en idioma
extranjero.

(…)

En el caso que nos ocupa, el Despacho observa que la traducción de la carta
aportada por la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. al
expediente se hizo por la señora PAOLA ANDREA HERNÁNDEZ HOYOS (…)
tal como se aprecia en los folios 125 y 126 y en la que se observa que se trata
de una traductora particular que no tiene la calidad de traductora oficial o que
haya sido designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar
esta labor o por el juez de conformidad como lo establece el artículo 260 del
Código de Procedimiento de Civil (sic).

Este Despacho al observar la respuesta de aclaración al Exhorto No. 129 del
25 de febrero de 2006 realizada en el año 2008 fue aportada directamente por
el recurrente y no por el conducto oficial de RILO, considera con el objeto de
verificar el contenido de la carta aportada por el recurrente como prueba de la
aclaración de la factura No. HEPI-51203, en aras de garantizar el debido
proceso practicar la prueba mediante Auto No. 10010 del 8 de octubre de 2009
para que por intermedio de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica
EEUU, se verificará la existencia del proveedor, la legalidad de la factura y se
solicitara a la empresa HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC USA, una
explicación sobre las razones que dieron lugar a la presunta comisión del error
en la expedición de la factura HEPI-510203 del 22 de octubre de 2005 que fue
aportada para dar respuesta al Exhorto No. 129 del 25 de febrero de 2008
(Folios 221 a 228), sin obtener respuesta hasta la fecha del presente acto
administrativo.

Ante la insistencia por parte de la Subdirección de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de verificar el contenido de la carta con la que el
proveedor HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC USA aclara los seriales de
la factura No. HEPI-510203 sin que a la fecha se haya recibido respuesta oficial
alguna, y la aclaración a la factura con la que se pretende corregir la factura
inicial no cuenta con los requisitos legales, el Despacho da prelación a la prueba

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remitida por RILO con la que se dio respuesta al Exhorto No. 129 del 25 de
febrero de 2006 (folio 84) en la que se evidencia que tanto el nombre a quien
iba dirigida la factura de venta como el valor en dólares de las mercancías
importadas, según factura de venta HEPI-510203 del 22 de octubre de 2005,
eran distintos a la factura aportada como soporte de las declaraciones de
importación Nos. Declaraciones de importación tipo legalización sticker No (sic)
01170060121237 del 16 de marzo de 2006 y las declaraciones de importación
tipo inicial sticker Nos. 23820012042155 del 18 de mayo de 2006,
07081280035508 del 16 de junio de 2006, 074773100065081 del 29 de
septiembre de 2006 y 23820012055770 del 26 de octubre de 2006.

Por tanto, forzoso resulta concluir que la factura No. HEPI-510203 de octubre
22 de 2005 que obra en el expediente a folio 30 cotejada con la exhortada a
folio 84 son la prueba determinante para que se configure la causal de
aprehensión prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999.

De tal suerte que al no haber sido puesta a disposición de la autoridad aduanera
las mercancías descritas en las declaraciones de importación tipo legalización
(…) cuando fue solicitada por la División de Fiscalización Aduanera de la
Administración Local de Aduanas Nacionales de Barranquilla, el 13 de
noviembre de 2006 con el Requerimiento Ordinario No. 0552 del 6 de abril de
2009, habida consideración que se dejaron sin efecto los levantes de las
declaraciones de importación y estas quedaron incursas en las declaraciones
que no producen efectos como lo preceptúa el artículo 132 del Decreto 2685 de
1999.

Como quiera que las mercancías no fueron puesta a disposición de la autoridad
aduanera quedaron incursas en las causales previstas en el artículo 503 del
Decreto 2685 de 1999, el artículo contempla la imposición de una sanción del
doscientos por ciento (200%), es decir, por no ser posible la aprehensión de la
mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se
haya puesto a disposición de la autoridad aduanera como ocurrió en la presente
investigación.

(…)

1. Firmeza de la declaración de importación.

En cuanto a la supuesta firmeza de la declaración de importación No.
01170060121237 del 16 de marzo de 2006, de la cual manifiesta la recurrente
por el hecho de no habérsele notificado el Requerimiento Especial Aduanero,
es preciso señalar lo siguiente:

En primer término, es pertinente recordar que el levante que se le otorgó a la
declaración de importación No. 01170060121237 del 16 de marzo de 2006, fue
cancelado como quiera que la administración aduanera en ejercicio legal de
control posterior determinó que la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A., no había cumplido con los requisitos exigidos en las normas
aduaneras para la importación, ya que la factura está invalidada, de modo que
la declaración de importación no produce efecto alguno, de donde se concluye
que es errada la afirmación de la recurrente al predicar una firmeza sobre una
declaración que se encuentra incursa en las que no producen efectos.

La anterior afirmación tiene sustento legal según lo señalado por el literal a) del
Artículo 132 del Decreto 2685 de 1999, que contempla (…)

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2. Nulidad del Acto Administrativo por violación al debido proceso

(…)

Se observa que, la normativa aduanera define el requerimiento especial
aduanero como el acto por el cual se propone al declarante la imposición de
una sanción, el decomiso de una mercancía o la formulación de una liquidación
oficial. Por consiguiente, como el responsable de la obligación de poner a
disposición ante la autoridad aduanera la mercancía que no ha podido ser
aprehendida recae en cabeza del importador o declarante de conformidad con
lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999. En el caso que nos
ocupa, recaía en la sociedad importadora HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. y no en la compañía aseguradora, por tal motivo la autoridad
aduanera no le exigió a dicha compañía poner a disposición la mercancía que
no había sido posible aprehender, como tampoco le era dable notificarla del
requerimiento especial aduanero en la que se proponía la sanción del
doscientos por ciento (200%).

El requerimiento especial aduanero se notificó al interesado – el importador –
como quiera que así lo establece el artículo 507 del Decreto 2685 de 1999 (…)

El artículo 509 del Decreto 2685 de 1999 señala que el requerimiento especial
aduanero deberá contener entre otros, la identificación del destinatario, que en
el caso en estudio es la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A.

El artículo 531 de la Resolución 4240 de 1990 establece (…) Como se observa,
la resolución que impone la sanción y ordena hacer efectiva la garantía fue
notificada a la compañía de Seguros del Estado S.A. el 24 de julio de 2009,
según acuse de recibo No. 1016509804 (folio 206).

Por tanto, no se da la violación del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo porque no es una norma aplicable ya que en materia aduanera
rige una norma especial como quedó mencionado.

Queda demostrado que como no se debía notificar el requerimiento especial
aduanero a la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. desde que se profirió
el requerimiento especial aduanero, tampoco se le ha violado el derecho a la
defensa ya que interpuso la reconsideración contra la resolución que impuso la
sanción (sic).

3. Inexistencia de cobertura de la póliza (…) En cuanto a la acusación de la
presunta inexistencia de cobertura porque los hechos ocurrieron por fuera de la
vigencia de la Póliza No. 85-43-101000225 (…), es decir, desde la fecha en que
la póliza expedida inició su vigencia y cobertura a partir del 19 de octubre de
2008, el Despacho manifiesta que no le asiste razón a la apoderada de la
sociedad aseguradora toda vez que el siniestro de las obligaciones aduaneras
amparadas con póliza de compañía de seguros se configura cuando la
administración establece la presunta comisión de una infracción aduanera, o
identifica las causales que dan lugar a la expedición de una liquidación oficial,
esto es, con el requerimiento especial aduanero, el cual fue expedido el 24 de
abril de 2009, notificado (folios 131 a 142), por lo que se encuentra dentro de la
vigencia de la póliza que se ordenó hacer efectiva, como lo precisó el Concepto
006 de febrero de 2008 en concordancia con el Oficio 098259 del 27 de
noviembre de 2009.

4. Violación del artículo 1079 del Código de Comercio

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Por otra parte, se observa que no le asiste la razón a la recurrente en cuanto al
argumento que hubo violación del artículo 1079 del Código de Comercio porque
la DIAN ordenó hacer efectiva la Póliza No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18
de julio de 2008 por la suma de $1.032.478.332,oo, cuyo tomador es la sociedad
importadora HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., por cuanto dicho
valor es superior al asegurado que está determinado en la póliza en cuantía de
DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE
($201.982.738,31) además que con actos administrativos anteriores y
posteriores se ordenó la afectación de la misma póliza, se excedió el límite del
valor asegurado.

Lo expuesto, por cuanto en aplicación del artículo 1079 del Código de Comercio,
efectivamente la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla realizó la
efectividad de la póliza hasta la concurrencia de la suma asegurada, conforme
a lo señalado en la Resolución No. 1-87-201-241-668-058 del 21 de julio de
2009.

Y en cuanto a los demás valores insolutos, se remite copia de la presente
resolución a la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de
Impuestos de Barranquilla para lo de su competencia, y a la Subdirección de
Gestión de Registro, para que en el evento que existan otros soportes a nombre
de la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., con ellos se
pueda hacer efectivo las sumas faltantes para completar el valor total de la
sanción que equivale a la suma de UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL PESOS M/CTE ($1.032.478.332) o en su defecto se intente la acción
correspondiente contra el importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A.

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 1-87-201-241-668-058
del 21 de julio de 2009, por la cual la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla impone sanción a la sociedad
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., por valor de UN MIL
TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($1.032.478.332), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución […]».

II.3. El problema jurídico

59. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32014 y 32815 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así como el recurso de apelación

14 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
15 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

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presentado por la parte demandante, considera que el problema jurídico que se
debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente, conforme lo solicita el apelante, la declaratoria de nulidad de las
resoluciones n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009 y 10009 de 3 de
febrero de 2010, expedidas por la DIAN, mediante las cuales se sancionó a
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. por la suma de $1.032.478.332 y
se ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones
legales n.° 85-43-101000225 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., por
haber desconocido las normas enunciadas como violadas en la demanda que dio
inicio a este proceso, y en esa medida, igualmente, la revocatoria de la sentencia
de 13 de junio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Subsección de Descongestión, en la que se negaron las pretensiones de la
demanda.

60. Lo anterior, en tanto que el apelante estima que:

i) Sí se desconoció el artículo 1.079 del Código de Comercio, norma que
estableció el límite de responsabilidad de las aseguradoras, puesto que
la DIAN le exigió -a la aseguradora-, con cargo a la póliza de seguro de
cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225, el pago de
una cantidad de dinero superior al valor asegurado en dicha póliza, esto
es, le ordenó el pago de aproximadamente $3.300.000.000 -con cargo a la
mencionada póliza- cuando dicho valor asegurado tan solo ascendía a
$201.982.738, pese a que acreditó con las pruebas allegadas al proceso
tal reclamación excesiva.

ii) Sí se desconocieron el artículo 745 del Estatuto Tributario y los artículos
187, 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil puesto que no se
encontró plenamente acreditado que la factura n.° HEPI-510223 de 22 de
octubre de 2005 fuera falsa.

iii) Las declaraciones de importación que soportaron la operación de
comercio exterior presentadas por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. adquirieron firmeza pasados los tres años siguientes a su
presentación conforme el artículo 131 del Estatuto Tributario por no
haberle sido notificado a la aseguradora el requerimiento especial
aduanero.

iv) Sí se trasgredió el artículo 1.081 del Código de Comercio puesto que
operó el fenómeno de la prescripción toda vez que a la fecha de la

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia»

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notificación de la Resolución n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de
2009, a través de la cual se impuso la sanción al importador y se ordenó
hacer efectiva la garantía, ya había transcurrido más de dos años de la
presentación de las citadas declaraciones de importación, momento que,
conforme el apelante, marca el incumplimiento de las obligaciones
aduaneras. El apelante afirma que la primera instancia no se pronunció
en relación con el cargo de violación de este artículo -artículo 1.081 del Código
de Comercio-.

v) Sí se desconocieron los artículos 1.054, 1.057, 1.072 y 1.073 del Código
de Comercio en tanto que cuando se inició la vigencia de la póliza de
seguro de cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225 -
el 19 de octubre de 2008-, ya se había materializado el incumplimiento de
obligaciones aduaneras por la presentación de las declaraciones de
importación n.° 51267050029867 de 8 de marzo de 2006,
23820012042155 de 18 de mayo de 2006 y 07081280035508 de 16 de
junio de 2006, lo cual quiere decir que el siniestro ocurrió por fuera de la
vigencia de aquella póliza.

II.4. El caso concreto

61. La Sala, conforme a lo expuesto, procederá a desatar los argumentos del recurso
de apelación, en la siguiente forma:

i) El desconocimiento del artículo 1.079 del Código de Comercio por
cuanto la DIAN exigió el pago de una suma de dinero superior al
valor asegurado con la póliza de seguro de cumplimiento de
disposiciones legales n.° 85-43-101000225

62. Para desatar la inconformidad expuesta por el apelante, se debe indicar que la
obligación de indemnizar a cargo del asegurador se encuentra delimitada en los
artículos 1.079, 1.084, 1.088 y 1.089 del Código de Comercio.

63. El artículo 1.079 del Código de Comercio, norma señalada como desconocida,
establece que «[…] El asegurador no estará obligado a responder si no hasta
concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 1.074 […]».

64. A su turno, el artículo 1.084 del Código de Comercio mencionó que «[…] Sobre
una misma cosa podrán concurrir distintos intereses, todos los cuales son
asegurables, simultánea o sucesivamente, hasta por el valor de cada uno de ellos.
Pero la indemnización, en caso de producirse el hecho que la origine, no podrá
exceder del valor total de la cosa en el momento del siniestro. Su distribución
entre los interesados se hará teniendo en cuenta el principio consignado en el
artículo 1.089 […]».

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65. Elartículo 1.088 del Código de Comercio resaltó que «[…] Respecto del
asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y
jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización
podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá
ser objeto de un acuerdo expreso […]».

66. Finalmente, el artículo 1.089 del mismo código resaltó que «[…] Dentro de los
límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún
caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del
monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el
beneficiario (…) Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido
objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante,
podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del
interés objeto del contrato, mas no que es inferior a él […]».

67. El apelante estimó que la sentencia de 13 de junio de 2014 debía revocarse y,
en consecuencia, accederse a las pretensiones de la demanda, anulando los actos
administrativos acusados puesto que, en su concepto, allegó todos los medios de
prueba que acreditaban que la DIAN, desconociendo el contenido del artículo 179
del Código de Comercio, habría afectado la póliza de seguros de cumplimiento de
disposiciones legales n.° 85-43-101000225 por encima del valor asegurado,
exigiendo el pago de $3.300.000.000 cuando el valor asegurado ascendía a la suma
de $201.982.738, añadiendo que en las resoluciones cuestionadas no se fijó
claramente el límite de la responsabilidad exigible a la aseguradora.

68. De acuerdo con lo expuesto, se debe precisar que en el expediente se encuentra
la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225
cuyo tomador fue HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. y asegurado –
beneficiario la DIAN, con fecha de expedición del 18 de julio de 2008 y cuya vigencia
inició a las «[…] 00:00 […]» horas del 19 de octubre de 2008 y hasta las
«[…] 00:00 […]» del 18 de enero de 201016, amparando «[…] EL PAGO DE
TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR, POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, QUE SE
GENEREN EN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE USUARIO ADUANERO
PERMANENTE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2685 DE 1999, EN
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL ART. 32 Y LA RESOLUCIÓN 4240 DEL 2000
Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN […]».

69. La póliza de seguro estableció como suma asegurada, inicialmente,
$195.828.904, la cual fue actualizada a $201.982.738,31 y, adicionalmente, se
prolongó la vigencia de la misma hasta las 24 horas del 19 de enero de 2010 17.

16 Fol. 34-36, C. 1 y fol. 97-99, C. traslado demanda.
17 Fol. 35-36, C. 1 y fol. 97-99, C. traslado demanda.

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70. Ahora bien, la DIAN, mediante la Resolución n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de
julio de 2009, confirmada por la Resolución n.° 10009 de 3 de febrero de 2010,
decidió imponer al importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. una
multa por valor de $1.032.478.332, ordenando hacer efectiva la póliza de seguros
de cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225, en la siguiente
forma:

«[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguros de
Cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18
de Julio de 2008 y los anexos de modificación Nos 1 del 05 de Septiembre del
2008 y 2 del 06 de Octubre de 2008, de Compañía de SEGUROS DEL ESTADO
S.A. identificado con el Nit 860.009.578, a favor de la NACIÓN UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTO Y ADUANAS
NACIONALES, por valor de DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS M/L ($201.982.738.31). Sin perjuicio del cobro del
resto del valor de esta sanción al importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A identificada con NIT. 802.024.578 […]».

71. Del contenido del citado artículo segundo de la parte resolutiva de la Resolución
n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009 se puede colegir que la autoridad
administrativa hizo efectiva la citada póliza de seguros de cumplimiento de
disposiciones legales por la suma de dinero allí establecida como valor asegurado,
esto es, $201.982.738.31, estableciendo, además, que el cobro del resto del valor
de la sanción se realizaría al importador HYUNDAI ELECTRONIC LATIN AMERICA
S.A., razón por la que los actos administrativos acusados si fijaron el límite de la
responsabilidad exigible a la aseguradora.

72. De otra parte y contrario a lo expuesto por el apelante, en el expediente no
reposan las pruebas que permitan demostrar que la DIAN, desconociendo el
contenido del artículo 1079 del Código de Comercio, habría afectado la póliza de
seguros de cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225 por encima
del valor asegurado.

73. En efecto, en la demanda que dio inicio a este proceso, la compañía aseguradora
demandante indicó que en los expedientes administrativos AA-2006-2009-00050,
AA-2006-2009-00145, AA-2006-2009-00070, AA-2006-2008-1773, AA-2006-2009-
00247, AA-2006-2009-00148 y AA-2006-2009-00250, se habrían expedido las
resoluciones n.° 047 de 12 de mayo de 2009 -aclarada por la Resolución n° 003 de 10 de
julio de 2009-, 048 de 12 de mayo de 2009 -aclarada por la Resolución n° 004 de 10 de julio
de 2009-, 049 de 18 de mayo de 2009 -aclarada por la Resolución n° 005 de 10 de julio de
2009-, 053 de 16 de junio de 2009, 054 de 16 de junio de 2009, 056 de 17 de junio
de 2009 y 058 de 21 de julio de 2009, mediante las cuales se habría afectado la
misma póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales involucrada en
este proceso.

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

74. Los actos administrativos enunciados y que habrían afectado la póliza de seguros
de cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225 no fueron allegados
a este proceso tal y como lo verificó la primera instancia al señalar que «[…] al
revisar el plenario, se advierte que solo figura el expediente administrativo No. AA-
2006-00070 relacionado con los actos administrativos demandados […]»,
incumpliendo la carga consistente en probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, contenida en el artículo 167
del Código General Proceso -artículo 177 del Código de Procedimiento Civil-.

75. No sobra indicar, frente a la alegación consistente en que si el juez de primera
instancia consideraba «[…] que le faltaban mayores pruebas para fallar así lo debió
haber ordenad[o] […]», esto es, que debió decretar pruebas de oficio, que, como la
ha señalado esta Corporación, «[…] Aunque el juez posee claras facultades
oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia
probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo
procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades
deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el
proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las
partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos
procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del
proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las
atribuciones oficiosas en materia probatoria […]»18.

76. Es así que, lo pretendido por la parte demandante, resultaba ser que la primera
instancia empleara su poder para decretar y practicar pruebas de oficio para suplir
las deficiencias probatorias evidenciadas en su demanda con irrespeto a la igualdad
de las partes en el proceso, lo cual está lejos del objetivo de tales pruebas
consistente en, conforme el artículo 169 del CCA, «[…] esclarecer puntos oscuros
o dudosos de la contienda […]».

ii) El desconocimiento del artículo 745 del Estatuto Tributario y los
artículos 187, 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil puesto
que no se encontró plenamente acreditado que la factura n.° HEPI-
510223 de 22 de octubre de 2005 fuera falsa.

77. El apelante aseveró que se desconoció el artículo 745 del Estatuto Tributario,
norma que indica que «[…] Las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes
en el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, deben
resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente, cuando éste no
se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas
del capítulo III de este título […]», puesto que la DIAN, en los actos administrativos

18 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES. Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de
dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 76001-23-31-000-2010-00745-01(53441). Actor: JHON JAIRO
BECERRA VALENCIA Y OTROS.

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

acusados presumió que la factura n.° HEPI-510223 de 22 de octubre de 2005 era
falsa, pese a que el cónsul de Colombia en la ciudad de San Francisco (California,
Estados Unidos de Norteamérica) en modo alguno manifestó tal cosa -la falsedad de
la factura- y solo indicó que era diferente, siendo tal situación la que habría
fundamentado la aprehensión

78. Al respecto se debe anotar que la DIAN allegó el expediente administrativo n.°
AA 2006 2009 00250 y del mismo es posible establecer que:

78.1. La Administración Local de Aduanas Nacionales de Barranquilla, División de
Fiscalización Aduanera, Grupo Interno de Trabajo de Control Posterior, expidió el
requerimiento ordinario de información n.° 1.066 de 9 de octubre de 2007, dirigido
a «[…] HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. […]», a través del cual
solicitó el envío de información y documentación relacionada con una serie de
declaraciones de importación, a fin de «[…] adelantar estudio de valor en aduana
[…]» (fol. 160-161, C. 1 y fol. 8-9, C. antecedentes administrativos).

78.2. HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., a través de oficio de 22 de
octubre de 2007, contestó tal requerimiento anunciando que allegaba una serie de
documentos. En relación con el presente asunto, mencionó:

«[…] Dentro del término legal para contestar lo enunciado en referencia, me
permito hacerle entrega de los siguientes documentos para cumplir con lo
solicitado: (…) Proveedor del Exterior: HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC.
USA (…) Factura: HEPI-510223 (…) Declaraciones de Importaciones:
51267050029867 (20060308), 23820012042155 (20060518), 07081280035508
(20060616), 07477310006508 (20060929) y 23820012055770 (20061025) (…)
Fotocopias por ambas caras de las declaraciones de importaciones citadas
anteriormente, con sus respectivas declaraciones Andina (sic) de valor. (16
folios) (…) Fotocopia de la Factura Invoice y el Packing List. (2 folios) […]» (fol.
162-213, C. 1 y fol. 10-62, C. antecedentes administrativos).

78.3. La factura HEPI-510223 de 22 de octubre de 2005, allegada con la anterior
comunicación, tiene los siguientes datos relevantes: «[…] COMERCIAL INVOICE
(…) Hyundai Electronics Pacific Inc. USA (…) 2. For Account & risk of messrs (…)
TO THE ORDER OF HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. Y/O MISUDI
LTDA ZONA FRANCA BARRANQUILLA, COLOMBIA (…) 8. No. & Date of Invoice
(…) HEPI-510223 OCT.22.2005 (…) 3. Notify party (…) HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A. ZONA FRANCA BARRANQUILLA, COLOMBIA (…) 4. Port
of loading (…) QINGDAO, CHINA (…) 13. Description of Good (…) 14INCH COLOR
TV (…) 14. Quantity/Unit (…) 5.040SETS (…) 15. Unit Price (…) USD$43.20 (…)
(16) Amount (…) USD$217.728.00 (…) FOB QUINGDAO, CHINA […]».

78.4. La Administración Local de Aduanas Nacionales de Barranquilla, División de
Fiscalización Aduanera, Grupo Interno de Trabajo de Control Posterior, expidió el
oficio n.° 80-02-070-0144 de 14 de febrero de 2008, dirigido a la jefe GIT RILO e

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
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Demandado: DIAN

Intercambio de Información, Subdirección de Fiscalización Aduanera, con el fin de
que «[…] 1. Verificar la existencia del proveedor, obtener copia de los contratos de
suministros y servicios, así como de las facturas y demás documentos relacionados
con el objeto de los contratos celebrados entre la compañía Colombiana con el
proveedor del exterior (…) 2. Verificar la existencia de poderes, mandatos o
representaciones otorgados por el proveedor al importador, para firmar o celebrar
contratos a nombre y en representación del proveedor, en Colombia […]». (fol. 214-
216, C. 1 y fol. 63-65, C. antecedentes administrativos).

los proveedores a investigar, se encontraba «[…] HYUNDAI
78.5. Dentro
ELECTRONIC (…) FACTURA (…) HEPI-510223 (…) FECHA (…) 22-OCT-2005
[…]».

78.6. Consta que la Subdirección de Fiscalización Aduanera – GIT RILO de la DIAN,
elaboró el exhorto n.° 129 de 25 de febrero de 2008 con el objetivo de obtener la
información líneas atrás señalada (fol. 234-235, C. 1 y fol. 84-85, C. antecedentes
administrativos). El exhorto citado fue devuelto por el cónsul general de Colombia
en San Francisco (California, Estados Unidos de Norteamérica), adjuntando tres
facturas comerciales, dentro de las que se encuentra la factura n.° HEPI-510223 de
22 de octubre de 2005 (fol. 236-237, C. 1 y fol. 86-87, C. antecedentes
administrativos).

78.7. La factura HEPI-510223 de 22 de octubre de 2005, allegada con el exhorto
mencionado, tiene los siguientes datos relevantes: «[…] COMERCIAL INVOICE (…)
Hyundai Electronics Pacific Inc. USA (…) 2. For Account & risk of messrs (…) TO
THE ORDER OF KOREA EXCHANGE BANK (…) 8. No. & Date of Invoice (…)
HEPI-510223 OCT.22.2005 (…) 3. Notify party (…) CREDITITUTLOS S.A. (…) 4.
Port of loading (…) QINGDAO, CHINA (…) 13. Description of Good (…) 14INCH
COLOR TV (…) 14. Quantity/Unit (…) 5.040SETS (…) 15. Unit Price (…)
USD$43.20 (…) (16) Amount (…) USD$217.728.00 (…) FOB QUINGDAO, CHINA
[…]».

78.8. La jefe de la División de Gestión de Fiscalización, Grupo Interno de Trabajo de
Investigaciones Aduaneras I de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla,
remitió la comunicación 1-87-238-419-0012 de 9 de enero de 2009 (fol. 251-252, C.
1 y fol. 101-102, C. antecedentes administrativos), a las divisiones de Gestión
Jurídica y Gestión de Fiscalización, a través de la cual señaló que:

«[…] Para lo de su competencia me permito remitir copia de la factura N° HEPI-
510223 de octubre 22 de 2005, presentada por el Importador HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. (…) como soporte de las Declaraciones
de Importación con Sticker N° 51267050029867 del 8 de marzo de 2006,
01170060121237 del 16 de marzo de 2006, 23820012042155 del 18 de mayo
de 2006, 07081280035508 del 16 de junio de 2006, 07477310006508 del 29 de

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
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Demandado: DIAN

septiembre de 2006, 23820012055770 del 25 de octubre de 2006 (…) Lo
anterior, toda vez que en desarrollo de la investigación preliminar N° PR-2006-
2008-0039, este Despacho solicitó al entonces GIT RILO e Intercambio de
Información de la Subdirección de Fiscalización Aduanera, tramitar la práctica
de prueba en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de
América, en el sentido de verificar la existencia del proveedor y obtener entre
otros documentos, copia o fotocopia de la Factura N° HEPI-510223 de octubre
de 2005 del proveedor HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC. USA (…) En
respuesta a dicha solicitud, el Cónsul de Colombia en San Francisco-California,
Estados Unidos de América, en su Nota No. C.98/71 de abril 4 de 2.008,
manifiesta: “Me permito devolver debidamente diligenciado el exhorto No. 129
librado por la Jefe del GIT RILO a Intercambio de Información de la Subdirección
de Fiscalización Aduanera de la DIAN, enviado a este Consulado directamente
por dicha entidad según nota 63-00-144-274 del 25 de febrero del presente año.
Se adjunta la nota Ref. No. HEPI-83261 de marzo 26 de 2008 y tres facturas
comerciales emanadas por la HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC.” (…)
Que revisada la factura comercial No. HEPI-510223 de octubre 22 de 2005,
aportada a la investigación por el importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A., la cual figura como documento soporte de las Declaraciones de
Importación con Sticker 51267050029867 del 8 de marzo de 2006,
01170060121237 del 16 de marzo de 2006, 23820012042155 del 18 de mayo
de 2006, 07081280035508 del 16 de junio de 2006, 07477310006508 del 29 de
septiembre de 2006, 23820012055770 del 25 de octubre de 2006, se evidenció
que viene facturada a la empresa HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A., y la remitida por el entonces GIT RILO e Intercambio de Información de la
Subdirección de Fiscalización Aduanera, en respuesta del exhorto No. 129 de
febrero 25 de 2008, ES DIFERENTE; por cuanto esta facturada a la empresa
CREDITITULOS S.A. (…) En consecuencia se presume la falsedad No. HEPI-
510223 de octubre 22 de 2005 (…) Por lo anterior se hace necesario efectuar
el análisis de la presente situación, a fin de poder determinar, en el área de
impuestos, si esta situación se extiende a la Tributación interna; a la Unidad
Penal, para poner en conocimiento el hecho ante la Fiscalía General de la
Nación […]»

78.9. La jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras I de la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla, en el acta de archivo n.° 0059 de 20 de febrero de 2009, ordenó cerrar
la investigación identificada con el número PR-2006-2008-0039 y ordenar su archivo
y, además, «[…] 2. Enviar copia del presente acto administrativo al Grupo Interno
de Trabajo de Secretaría de esta División a fin de proceder a la apertura de
expediente dentro del programa de Definición de situación jurídica de mercancías
[…]» (fol. 254-261, C. 1 y fol. 104-111, C. antecedentes administrativos).

78.10. La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas
de Barranquilla dictó, el 18 de marzo de 2009, el auto de apertura de expediente n.°
00250 -expediente n.° AA 2006 2009 00250- (fol. 263, C. 1 y fol. 113, C. antecedentes
administrativos) y, por el Oficio n.° 1-87-238-419-0415 de 3 de abril de 2009 (fol.
265, C.1 y fol. 115, C. antecedentes administrativos), la jefe G.T.I. de
Investigaciones Aduaneras de I, de la División de Gestión de Fiscalización –
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla solicitó la cancelación del levante
«[…] de declaración de importación (tipo legalización) sticker No. 01170060121237
del 16/03/2006 y las declaraciones de importación tipo iniciales sticker Nos.

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
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Demandado: DIAN

23820012042155 del 18/05/2006, 07081280035508 del 16/06/2006,
07477310006508 del 29/09/2006, 23820012055770 del 25/10/2006 […]».

78.11. La jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras I de la
División de Gestión de Fiscalización – Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla emitió el requerimiento ordinario n.° 0552 de 6 de abril de 2009, por el
cual se solicitó a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. «[…] Poner a
disposición de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla, las mercancías descritas en la declaración de importación
(tipo legalización) sticker No. 01170060121237 del 16/03/2006 y las declaraciones
de importación tipo iniciales sticker Nos. 23820012042155 del 18/05/2006,
07081280035508 del 16/06/2006, 07477310006508 del 29/09/2006,
23820012055770 del 25/10/2006 […]» (fol. 266-271, C. 1 y fol. 116-121, C.
antecedentes administrativos).

78.12. HYUNDAI ELECTRONIC LATIN AMERICAN S.A., mediante oficio de 21 de
abril de 2009, contestó el requerimiento ordinario n.° 0552 de abril 6 de 2009,
mencionando que:

«[…] La División de Gestión de Fiscalización fundamenta su petición por cuanto
la factura No. HEPI-510223 de Octubre 22 de 2005 aportar (sic) a la
investigación fue expedida a nombre de HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICAN S.A. y la remitida en respuesta al exhorto No. 129 de fecha 25 de
2008 fue expedida a nombre de CREDITITULOS S.A. deduciéndose la
existencia de una posible acción fraudulenta que conlleva a una falsedad
ideológica o material (…) Para desvirtuar la anterior presunción se aportó a la
Dirección de Fiscalización Aduana, certificación expedida por el provecho (sic)
de la mercancía HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC debidamente
notariada y apostillada con su respectiva factura dirigida al Consulado General
de Colombia en la cual a más de revisar que la anterior factura comercial que
se envió está incorrecta por que la empresa y el valor de los productos están
errados, adjuntando la factura (HEPI-512103) (sic) correcta (…) Como
consecuencia de lo anterior, al corregirse al error, la factura comercial
nuevamente aportada si corresponde con la operación de comercio exterior, no
configurándose la causal de aprehensión tipificada en el numeral 1.23 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 y en consecuencia siendo improcedente
la medida cautelar de aprehensión de mercancías […]» (fol. 272-273, C. 1 y fol.
122-123, C. antecedentes administrativos).

78.13. La factura allegada con la respuesta al citado requerimiento tiene los
siguientes datos relevantes: «[…] COMERCIAL INVOICE (…) Hyundai Electronics
Pacific Inc. USA (…) 2. For Account & risk of messrs (…) TO THE ORDER OF
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. Y/O MISUDI LTDA. ZONA
FRANCA, BARRANQUILLA, COLOMBIA (…) 8. No. & Date of Invoice (…) HEPI-
512103 DEC.10.2005 (…) 3. Notify party (…) HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. ZONA FRANCA, BARRANQUILLA COLOMBIA (…) 4. Port of
loading (…) HONG KONG (…) 13. Description of Good (…) DVD PLAYER WITH
MIC (…) 14. Quantity/Unit (…) 5.000SETS (…) 15. Unit Price (…) USD$26.80 (…)

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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

(16) Amount (…) USD$134.000.00 (…) FOB SHENZHEN, CHINA […]» (fol. 277, C.
1 y fol. 127, C. antecedentes administrativos).

78.14. Se allegó, igualmente, documento expedido por HYUNDAI ELECTRONIC
PACIFIC INC., de 10 de septiembre de 2008 (fol. 276 y 279, C. 1 y fol. 126 y 128,
C. antecedentes administrativos), en idioma inglés y que fuera traducido por la
señora «[…] PAOLA ANDREA HERNÁNDEZ HOYOS (…) CC.55233612 DE
Barranquilla […]», en el cual se indicó por parte de aquella empresa que «[…] Según
su petición por C.250 (S.F. el 15 de agosto de 2007) en referencia CCN/AJ 19604
mayo 26/2003. Nos gustaría enmendar un error en el cual la PI y la Factura
comercial que se envió, esta incorrecta (sic) porque tanto la empresa y el valor de
los productos están errados (…) Por favor no haga la referencia a la que se le envió
previamente porque esta fue cancelada y adjunta, al nuevo que remplaza esta, la
cual le condujo a enviar la información incorrecta. El nombre de la compañía fue
cambiado y el precio fue rebajado por razones del mercado como la factura adjunta
P.I. […]»

78.15. La jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras I de la
División de Gestión de Fiscalización – Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla profirió el requerimiento especial aduanero n.° 011 de 24 de abril de
2009, por el cual propuso sancionar a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. con multa por valor de $1.303.456.288 de acuerdo con el artículo
503 del Decreto 2685 de 1999 (fol. 285-295, C. 1 y fol. 134-145, C. antecedentes
administrativos).

78.16. HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. contestó el requerimiento
especial aduanero y manifestó que:

«[…] En la medida que en la parte motiva de su decisión la División de Gestión
de Fiscalización Aduanera aduce que de conformidad con la respuesta enviada
por la Jefe GIT RILO e Intercambio de información subdirección de Fiscalización
aduanera se ha detectado una presunta falseada en la factura No. HEPI-510223
del 22/10/2005 documento soporte de las declaraciones de importación objeto
de este estudio, llegando a la conclusión que en sentido dicha factura
presuntamente no corresponde con la operación de comercio exterior,
señalando que el procedimiento a seguir en la (sic) inmediata cancelación del
levante y la aprehensión de la mercancía en aplicación del numeral 1.25 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (…) En ese orden de ideas, al utilizar el
legislador la expresión se determine esto señalando que las circunstancias que
pueden constituir la falsedad, deben ser previamente establecidas por el
funcionario aduanero es decir, tener la certeza de ese hecho y no presumirla,
para luego inferir la falsedad de la factura como cuando afirma que se ha
detectado una presunta falsedad en la factura, en ese sentido dicha factura
presuntamente no corresponde con la operación de comercio exterior declarada
(…) De la misma manera en la parte motiva en su decisión la División de
Fiscalización Aduanera argumentó que la factura No. HEPI-510223 de
10/22/2005 aportada a la investigación por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. y la remitida por la jefe GIT RILO en respuesta al exhorto No.
129 de febrero 25 de 2008 se encuentra expedida a nombre de CREDITÍTULOS

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

S.A. (…) En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que en la factura HEPI-
510223 de 10/22/2005 aparece CREDITÍTULOS S.A. el funcionario de
fiscalización aduanera de la seccional de Barranquilla, no tuvo en cuenta que
esa factura comercial, como título valor había sido endosada a la sociedad
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICAN S.A. (sic) y en consecuencia
como adquirente del título valor ser tenido en cuenta como titular o dueño de la
mercancía. Por ello el artículo 661 del Código de Comercio indica que para que
el tenedor de un título valor pueda legitimarse la cadena de endoso debe ser
ininterrumpida (…) Pues bien, es evidente que el hecho del endoso de la factura
comercial no fue una circunstancia fáctica tenida en cuenta por el funcionario
de la División de Fiscalización Aduanera, omisión que lo llevó a concluir que la
factura comercial no se ajustaba a la operación de comercio exterior declarada
(…) A contrario sensu, si se tiene en cuenta el endoso de la factura comercial,
es evidente que dicho título valor se ajusta plenamente a la operación de
comercio exterior declarada, siendo en consecuencia improcedente la
aprehensión y decomiso de la mercancía y de contera la sanción que aquí se
objeta […]» (fol. 298-302, C. 1 y fol. 147-151, C. antecedentes administrativos).

78.17. La Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica, con ocasión del trámite del recurso de reconsideración presentado en
contra de la Resolución n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009, acto
administrativo cuestionado en este proceso, profirió el auto n.° 10016 de 19 de
octubre de 2009 (fol. 368-370, C. 1 y fol. 217-219, C. antecedentes administrativos),
por el cual ordenó la práctica, de oficio, de la siguiente prueba:

«[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de la siguiente prueba: (…)
Oficiar a la Coordinación RILO y Auditaría (sic) de Denuncias de la Dirección de
Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Gestión de Fiscalización
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN como órgano de
enlace con el país exportador para que adelante el procedimiento de verificación
y solicitar la certificación de validez correspondiente al propio exportador en el
exterior HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC USA, a través de exhorto con
la Embajada de la los (sic) Estados Unidos de Norteamérica EEUU para que se
verifique la existencia del proveedor y la legalidad de la factura relacionada a
continuación: (…) PROVEEDOR (…) HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC.
USA (…) FACTURA (…) HEPI-510223 (…) FECHA (…) 22-10-2005 (…)
Solicitar también a la empresa HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC USA.,
explicar las razones y aporte los documentos probatorios que conllevaron a las
presunta comisión del error al momento de la expedición de la Factura HEPI-
512103 del 10 de diciembre de 2005 […]».

78.18. La DIAN indicó que la solicitud de asistencia para la práctica de la citada
prueba se realizó al «[…] Organismo Consular de Colombia en SAN FRANCISCO,
USA […]», mediante el exhorto n.° 14 de 4 de febrero de 2010, del cual no consta
respuesta en el expediente (fol. 382-383, C. 1 y fol. 231-232, C. antecedentes
administrativos).

79. De las pruebas que obran en el proceso y del contenido de los actos
administrativos acusados se puede evidenciar que la factura n.° HEPI-510223 de
22 de octubre de 2005, una allegada por la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A. en respuesta al requerimiento ordinario n.° 1.066 de 9 de

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

octubre de 2007 y la otra, por el cónsul general de Colombia en San Francisco
(California, Estados Unidos de Norteamérica) son distintas.

80. La primera indica como «[…] 3. Notify party (…) HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A. ZONA FRANCA BARRANQUILLA, COLOMBIA […]» y la
segunda «[…] 3. Notify party (…) CREDITITUTLOS S.A. […]». La primera señala
«[…] 2. Por Account & risk of messrs (…) TO THE ORDER OF HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. Y/O MISUDI LTDA ZONA FRANCA
BARRANQUILLA, COLOMBIA […]» mientras la segunda «[…] 2. For Account & risk
of messrs (…) TO THE ORDER OF KOREA EXCHANGE BANK […]».

81. Ahora bien, la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., en
respuesta al requerimiento ordinario n.° 0552 de 6 de abril de 2009, remitió una
tercera factura, identificada con el n.° HEPI-512103 de 10 de diciembre de 2005, así
como una aclaración proveniente de HYUNDAI ELECTRONICS PACIFIC INC, en
idioma inglés con una traducción realizada por la señora «[…] PAOLA ANDREA
HERNÁNDEZ HOYOS (…) CC 55233612 DE Barranquilla […]», en el sentido que
se habría cometido un error en la factura comercial enviada inicialmente y adjuntó
una nueva en reemplazo de aquella.

82. Como lo advirtió la autoridad administrativa, no podría tenerse como prueba en
el trámite administrativo tal aclaración puesto que, conforme el artículo 260 del
Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos, «[…] Para que
los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse
como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente
traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete
oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción
y su original podrán ser presentados directamente […]», lo cual no ocurrió puesto
que la traducción se realizó por persona que no acreditó ser traductora oficial ni fue
designada por la administración aduanera.

83. La DIAN, en un intento por hallar explicación a las divergencias encontradas,
ordenó la práctica de una prueba oficiosa -auto n.° 10016 de 19 de octubre de 2009-
para verificar la existencia del proveedor y la legalidad de la factura n.° HEPI-510223
de 22 de octubre de 2005, sin obtener respuesta.

83.1. De esta manera, si bien no es posible señalar cuál de las facturas HEPI-510203
de 22 de octubre de 2005 que reposan en el expediente es falsa, cuestión que
tampoco presumió la autoridad administrativa, lo cierto es que la divergencia en el
contenido de las mismas no fue esclarecida y, en tal medida, los documentos
presentados por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. para soportar las
declaraciones de importación «[…] tipo legalización sticker Nos. 01170060121237
del 16 de marzo de 2006 y las declaraciones de importación tipo inicial sticker Nos

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23820012042155 del 18 de mayo de 2006, 07081280035508 del 16 de junio de
2006, 074773100065081 del 29 de septiembre de 2006 y 23820012055770 del 26
de octubre de 2006 […]», no corresponden a la operación de comercio exterior
declarada, lo cual debía ser acreditado por el importador y este no lo hizo.

iii) Las declaraciones de importación que soportaron la operación de
comercio exterior presentadas por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. adquirieron firmeza pasados los tres años siguientes
a su presentación conforme el artículo 131 del Estatuto Tributario
por no haberle sido notificado a la aseguradora el requerimiento
especial aduanero.

84. El apelante estimó que la autoridad administrativa estaba en la obligación de
notificarle el requerimiento especial aduanero -a SEGUROS DEL ESTADO S.A.-
siguiendo el artículo 2° de la Carta Política, lo cual no ocurrió, razón por la que las
declaraciones de importación que respaldaron la negociación internacional
realizada por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. se encuentran en
firme desde el 8 de marzo de 2009, 18 de mayo de 2009 y 16 de junio de 2009,
conforme el artículo 131 del Estatuto Tributario.

85. Al respecto cabe precisar que la parte demandada inició investigación mediante
auto de apertura de expediente n.° 00250 de 18 de marzo de 2009 por presuntas
irregularidades presentadas con los soportes de las declaraciones de importación
antes mencionadas, lo cual dio lugar a que se expidiera el requerimiento ordinario
n.° 0552 de 6 de abril de 2009, por el cual se le solicitó poner a disposición de la
autoridad aduanera la mercancía descrita en aquellas declaraciones.

86. En atención a que no fue posible aprehender la mercancía, la DIAN formuló el
requerimiento especial aduanero n.° 011 de 24 de abril de 2009, a través del cual
propuso sancionar a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.
con multa de $1.303.456.288, ordenando la notificación de la decisión a su
representante legal y advirtiéndole que disponía de 15 días para dar respuesta al
requerimiento. El procedimiento administrativo culminó con los actos administrativos
cuestionados en el presente proceso.

87. En relación con el argumento expuesto cabe destacar que esta Sala ha
considerado que el requerimiento especial «[…] corresponde a un acto de trámite,
por el cual se propone una sanción. No se trata del acto definitivo que le pone fin a
la actuación administrativa sancionatoria, por lo que al momento en que fue
expedido, el único interesado era el presunto infractor de la conducta indicada por
la demandada […]», en este caso HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.

88. De tal forma que era la Resolución n.° 1-87-2001-241-668-58 de julio 27 de 2009
la que debía notificarse a la demandante, puesto que fue este acto administrativo a

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través del cual se sancionó al importador y se hizo efectiva la póliza de seguros de
cumplimiento de disposiciones legales a la parte demandante.

89. De otro lado, frente a la firmeza de las declaraciones de importación, esta Sala 19
ha señalado que la misma guarda relación con:

«[…] el valor de los tributos aduaneros y las sanciones de tipo económico que
deban relacionarse en la respectiva declaración. Al respecto, en un caso similar
al que se discute, esta Sección concluyó que: “[…] no es el valor de los tributos
aduaneros sino la deficiencia sustancial en que se incurrió y su consecuencia
jurídica, por lo que no tiene cabida la firmeza de la declaración de importación
[…]”20 (…) “[…] se infiere que tal firmeza guarda relación con el valor de los
tributos aduaneros y las sanciones de tipo económico que deban relacionarse
en la respectiva declaración (…) A juicio de la Sala, si, como en este caso, lo
que se discute no es el valor de los tributos aduaneros dejados de
cancelar por la actora en razón de la diferencia en el año del modelo del
vehículo importado, sino la deficiencia sustancial en que se incurrió y su
consecuencia jurídica, no tiene cabida la firmeza de la Declaración de
Importación […]” (…) 51. De lo anterior, la Sala considera que en los casos
que se pretende la aprehensión y posterior decomiso de la mercancía, no es
procedente invocar la firmeza de la declaración de importación, debido a que se
trata de omisión de carácter sustancial y, en el caso sub examine se discute que
la factura como soporte de la declaración de importación presentaba
inconsistencias, habida cuenta que el valor y número de la factura era diferente
a la expedida por el proveedor, por lo que no era posible que el a quo
considerara que la declaración de importación había adquirido firmeza (…) 52.
Ahora, una cosa es la firmeza de la declaración de la importación que, como se
indicó en el párrafo precedente “[…] guarda relación con el valor de los tributos
aduaneros y las sanciones de tipo económico que deban relacionarse en la
respectiva declaración “[…]” y otra cosa diferente el procedimiento sancionatorio
por no poner a disposiciones aduanera la mercancía, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 503 del Estatuto Aduanero. En este sentido, la Sala considera que
el a quo, en efecto, confundió estos dos conceptos […]».

90. De lo expuesto se concluye: (i) que no resultaba necesario notificar a la parte
demandante del requerimiento especial aduanero n.° 011 de 24 de abril de 2009, y
(ii) que no era posible aludir a la firmeza de las mencionadas declaraciones de
importación, puesto que lo se discute en este proceso no es el valor de los tributos
aduaneros, sino la deficiencia sustancial relacionada con el soporte de tales
declaraciones.

iv) La trasgresión de los artículos 1081, 1054, 1057, 1072 y 1073 del
Código de Comercio por haber operado la prescripción de las
acciones derivadas del contrato de seguros de cumplimiento de
disposiciones legales n.° 85-43-101000225 y haberse materializado

19 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 13001-23-31-000-2012-00215-01. Actor: AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA.
NIVEL 2 Y AUTOS HALLEY LTDA.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de noviembre

de 2008. M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Número único de radicación 08001-23-31-000-1998-01749-02

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el incumplimiento de las obligaciones aduaneras por fuera de la
vigencia de la misma

91. El apelante estimó, de un lado, que se desconoció el artículo 1081 del Código de
Comercio21 puesto que, en su concepto, para la fecha de notificación de la
Resolución n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009, a través de la cual se
sancionó a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. en la
suma de $1.032.478.332 y se ordenó hacer efectiva la póliza de seguros de
cumplimiento de disposiciones legales n.° 85-43-101000225, expedida por la parte
demandante, ya había operado la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro.

92. Lo anterior, en tanto que el incumplimiento de las obligaciones aduaneras ocurrió
en la fecha en que se presentaron las declaraciones de importación números «[…]
51267050029867 del 8 de marzo de 2006, No. 23820012042155 del 18 de mayo de
2006 y 07081280035508 del 16 de junio de 2006 […]».

93. De otro lado, alegó que los hechos que dieron lugar a la infracción aduanera
asociados al incumplimiento de los tributos y sanciones aduaneros, ocurrieron antes
de la entrada en vigor de la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones
legales, lo que tuvo lugar el 19 de octubre de 2008, por lo que se violaron los
artículos 105422, 105723, 107224 y 107325 del Código de Comercio.

94. En tal sentido, aseveró que tal incumplimiento se dio en «[…] marzo de 2006,
mayo de 2006 y junio de 2006 […]» fechas en las que se presentaron las
declaraciones de importación números «[…] 51267050029867 del 8 de marzo de
2006, No. 23820012042155 del 18 de mayo de 2006 y 07081280035508 del 16 de
junio de 2006 […]», lo que significa que la vigencia de póliza inició dos (2) años
después de acecido tales hechos.

21 «Artículo 1081.PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato

de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya
tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse
desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes».
22 «Artículo 1054. DEFINICIÓN DE RIESGO. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende

exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la
obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen
riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva
respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento».
23 «Artículo 1057. TÉRMINO DESDE EL CUAL SE ASUMEN LOS RIESGOS. En defecto de estipulación o de

norma legal, los riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se
perfeccione el contrato».
24 «Artículo 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado».
25 «Artículo 1073. RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR SEGÚN EL INICIO DEL SINIESTRO. Si el

siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro
de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato.
Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador,
éste no será responsable por el siniestro».

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95. Inicialmente, la Sala de Decisión debe mencionar que, conforme lo enunció el
apelante, la primera instancia no realizó un pronunciamiento expreso respecto del
cargo de violación del artículo 1081 del Código de Comercio por haber operado la
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros; sin embargo,
conforme con lo previsto en los artículos 28726, 32027 y 32828 del Código General
del Proceso, esta autoridad judicial se encuentra habilitada para pronunciarse
respecto de este cargo, en la medida en que, siguiendo el citado artículo 287 del
Código General del Proceso «[…] El juez de segunda instancia deberá
complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la
omisión haya apelado […]», lo cual efectivamente ocurrió en este asunto.

96. Tal derrotero fue fijado por esta Sala, en sentencia de 9 de febrero de 2023 29, en
los siguientes términos:

«[…] Definido lo anterior, es del caso entrar a examinar los demás cargos
propuestos en la demanda (…) Sobre el particular, cabe advertir que, en este
caso, la Sala debe pronunciarse sobre los demás cargos de nulidad elevados
por la parte actora, a pesar de que no fueron analizados en la sentencia del
inferior, de conformidad con lo previsto en los artículos 287, 320 y 328 del
Código General del Proceso (…) En efecto, el juez de segunda instancia se
encuentra habilitado para emitir sentencia complementaria que desate los
extremos de la controversia omitidos en primera instancia, en virtud de lo
previsto en el inciso segundo del artículo 287 del CGP, habida cuenta que en el
caso sub examine la parte perjudicada con la omisión (la demandante) apeló,
aunado al hecho de que la demandada también apeló, lo que faculta al superior
para no limitar el análisis de la cuestión litigiosa, de acuerdo con lo señalado en
el inciso segundo del artículo 328 ibidem […]».

26 «ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis

o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada
en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse
también la providencia principal».
27 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71».
28 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
29 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Bogotá,

D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023). CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN. Número único de radicación: 170012331000-2010-00227-02. ACCIÓN: NULIDAD.

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97. Para desatar las acusaciones formuladas, se tiene que en el expediente se
encuentra la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales número
«[…] 85-43-101000225 […]» emitida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO S.A. el día 18 de junio de 2008 y cuya vigencia inició el 19 de octubre de
2008 y culminó el 18 de enero de 2010, siendo tomador o afianzado «[…] HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. […]» y beneficiario o asegurado «[…] LA
NACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES […]».

objeto del seguro estuvo asociado al «[…] PAGO DE TRIBUTOS
98. El
ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR, POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, QUE SE
GENEREN EN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE USUARIO ADUANERO
PERMANENTE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2685 DE 1999, EN
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL ART. 32 Y LA RESOLUCIÓN 4240 DEL 2000
Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN […]».

99. La póliza de seguro estableció como suma asegurada, inicialmente, la suma de
$195.828.904, la cual fue actualizada a la suma de $201.982.738,3130 y,
adicionalmente, se prolongó la vigencia de la misma hasta las 24 horas del 19 de
enero de 201031.

100. La póliza de cumplimiento de disposiciones legales precitada no fue expedida
para una determinada operación de comercio exterior, sino que es una póliza global,
entendida por esta, conforme al artículo 496 de la Resolución n.° 4.240 de 2 de junio
de 2000, como «[…] la[s] que se constituye[n] para respaldar varias operaciones de
un mismo responsable […]», en este caso, del usuario aduanero permanente
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., cuyas obligaciones se
encuentran definidas, principalmente, en el artículo 32 del Decreto 2685 de 1999.

101. Cabe resaltar que el artículo 31 del Decreto 2685 de 1999 ordena a los usuarios
aduaneros permanentes constituir y entregar a la autoridad aduanera, dentro de los
quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo en que se otorga
el reconocimiento e inscripción, «[…] una garantía bancaria o de compañía de
seguros en los términos a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones
y responsabilidades consagradas en este Decreto […]».

102. La póliza de seguros a la que se refiere este proceso fue constituida para
garantizar, de una parte, el pago de tributos aduaneros y, por la otra, las sanciones

30 Fol. 35, C. 1 y fol. 97-99, C. traslado demanda.
31 Fol. 35-36, C. 1 y fol. 97-99, C. traslado demanda.

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a que hubiere lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que el ordenamiento jurídico les asigna a los usuarios aduaneros permanentes.

103. El presente asunto, conforme con lo señalado líneas atrás, no involucra el pago
de tributos aduaneros puesto que los actos administrativos acusados sancionaron
a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. por el incumplimiento de la
obligación prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de 199932, consistente en
«[…] Poner a disposición de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla, las mercancías descritas en la declaración
de importación (tipo legalización) sticker No. 01170060121237 del 16/03/2006 y las
declaraciones de importación tipo iniciales sticker Nos. 23820012042155 del
18/05/2006, 07081280035508 del 16/06/2006, 07477310006508 del 29/09/2006,
23820012055770 del 25/10/2006, cuyo importador es la empresa HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S identificada con Nit No. 800.238.254-9 […]»,
dentro de los «[…] (15) días calendario siguientes al recibo del presente
requerimiento […]», conforme al requerimiento ordinario n.° 0552 de 6 de abril de
2009.

104. Ahora bien, se debe advertir que, en reciente sentencia de 29 de junio de 2023,
providencia judicial dictada por esta Sección en el expediente n.° 76001 23 31 000
2008 00846 01, se unificaron las reglas relativas a la ocurrencia del siniestro y la
prescripción en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en materia
aduanera.

105. La Sala debe resaltar la regla fijada en dicha providencia judicial consistente en
que: «[…] El siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en
materia aduanera, se materializa: (…) Con la firmeza del acto administrativo que

32 «ARTICULO 503. SANCIÓN A APLICAR CUANDO NO SEA POSIBLE APREHENDER LA MERCANCÍA.

<Artículo derogado a partir del 22 de marzo de 2016, por el artículo 674 inciso 1o. numeral 1o. y artículo 676
del Decreto 390 de 2016> Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida,
transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá la aplicación de
una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se impondrá al
importador o declarante, según sea el caso.
También se podrá imponer la sanción prevista en el inciso anterior, al propietario, tenedor o poseedor, o a quien
se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de
alguna manera intervino en dicha operación, salvo que se trate de un adquirente con factura de compraventa
de los bienes expedida con todos los requisitos legales. Si se trata de un comerciante, la operación deberá estar
debidamente registrada en su contabilidad.
En aquellos casos en que no se cuente con elementos suficientes para determinar el valor en aduana de la
mercancía que no se haya podido aprehender, para el cálculo de la sanción mencionada se tomará como base
el valor comercial, disminuido en el monto de los elementos extraños al valor en aduana, tales como el
porcentaje de los tributos aduaneros que correspondan a dicha clase de mercancía.
La imposición de la sanción prevista en este artículo no subsana la situación irregular en que se encuentre la
mercancía, y en consecuencia, la autoridad aduanera podrá disponer en cualquier tiempo su aprehensión y
decomiso.
<Inciso adicionado por el artículo 12 del Decreto 993 de 2015. Rige a partir del 30 de mayo de 2015. El nuevo
texto es el siguiente:> La sanción antes prevista no aplicará para las mercancías que fueron objeto de toma de
muestra durante el control simultáneo o posterior y con base en el resultado de los análisis merceológicos
reportados con posterioridad al levante, se establezca que se trata de mercancías no declaradas. Estas podrán
ser objeto de legalización con el pago de rescate a que haya lugar aún después de haber sido consumidas,
destruidas o transformadas. En caso contrario procederá la sanción correspondiente al doscientos por ciento
(200%) del valor en aduana de las mismas».

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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

impone la sanción y ordena pagar a la aseguradora pagar la suma correspondiente,
caso en el cual el acto administrativo es constitutivo y la póliza que ampara el riesgo
será la vigente al momento de la firmeza del acto administrativo […]», pues es la
que resulta aplicable a la controversia en atención, precisamente, al contenido de la
póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales número «[…] 85-43-
101000225 […]», expedida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
S.A. y a la norma que ordenó su constitución.

106. De esta manera y en aplicación a la regla precedente, se encuentra que la póliza
de seguros de cumplimiento de disposiciones legales número «[…] 85-43-
101000225 […]», expedida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
S.A. no se encontraba vigente al momento del acaecimiento del siniestro
consistente en la firmeza de las Resoluciones n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de
julio de 2009 y 10009 de 3 de febrero de 2010, expedidas por la DIAN, mediante las
cuales se sancionó a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. por la suma
de $1.032.478.332 y se ordenó hacer efectiva dicha póliza de seguro de
cumplimiento de disposiciones legales.

107. Como se evidenció anteriormente, la señalada póliza de seguros estuvo vigente
hasta las 24 horas del 19 de enero de 201033, fecha para la cual ni siquiera se había
expedido el acto administrativo a través del cual se desatarían los recursos de
reconsideración presentados en contra de la resolución sancionatoria n.° 1-87-201-
241-668-058 de 21 de julio de 2009, lo cual ocurrió tiempo después, esto es, el 3 de
febrero de 2010, fecha de la expedición de la Resolución n.° 10009 por parte de la
DIAN, con lo que aquella -la resolución sancionatoria n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio
de 2009- adquirió firmeza el 5 de febrero de 201034.

108. Aunque el apelante no acierta al señalar que el siniestro ocurrió con anterioridad
a la entrada en vigor de la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones
legales n.° «[…] 85-43-101000225 […]», expedida por la compañía aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A., pues, como se indicó, aquel se materializó con la
firmeza de los actos administrativos acusados, lo cierto es que, en todo caso, el
punto central de su inconformidad radicaba en que el siniestro no acaeció en
vigencia de la póliza, lo cual se encuentra suficientemente acreditado.

109. La DIAN, en consecuencia, al ordenar la efectividad de la la póliza de seguros
de cumplimiento de disposiciones legales n.° «[…] 85-43-101000225 […]»,
expedida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., desconoció

33 Fol. 34-36, C. 1 y fol. 97-99, C. traslado demanda.
34 Fol. 396 reverso, C. 1.Se anotó en el reverso del citado folio que corresponde a la Resolución n.° 10009 de
3 de febrero de 2010, expedida por la DIAN, lo siguiente: «[…] Certifico que la anterior providencia fue notificada
a los interesados correo certificado Seguros del Estado S.A., Hyundai Electronics Latin America S.A. guías (…)
del 04.02-2010 Respectivamente. Se encuentra ejecutoriada el 05.02.2010 […]»

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

el contenido del artículo 1072 del Código de Comercio, puesto que, en primer lugar,
erró en la identificación del hecho constitutivo del siniestro.

110. En concreto, la demandada indicó en la Resolución n.° 1.0009 de 3 de febrero
de 2010 que: «[…] el siniestro de las obligaciones aduaneras amparadas con póliza
de compañía de seguros se configura cuando la administración establece la
presunta comisión de una infracción aduanera, o identifica las causales que dan
lugar a la expedición de una liquidación oficial, esto es, con el requerimiento especial
aduanero, el cual fue expedido el 24 de abril de 2009, notificado el 30 de abril de
2009 (folios 131 a 142) […]», situación que no coincide con el contenido de la póliza
de seguros de cumplimiento de disposiciones legales n.° «[…] 85-43-101000225
[…]» expedida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., ni con
el contenido de la norma que ordenó su constitución.

111. Además, en segundo lugar, la póliza de seguros de cumplimiento de
disposiciones legales n.° «[…] 85-43-101000225 […]», expedida por la compañía
aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. no se encontraba vigente cuando
acaeció el hecho que, se reitera, de acuerdo con dicha póliza de seguros y la norma
que ordenó la constitución de la garantía, originaba el siniestro, a saber, la firmeza
de los actos administrativos sancionatorios acusados, por lo que le asiste razón al
apelante en su inconformidad en relación con el fallo de primera instancia.

112. Finalmente, y en lo que atañe con la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguros de que da cuenta la póliza de seguros de cumplimiento de
disposiciones legales número «[…] 85-43-101000225 […]», expedida por la
compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., cargo no desatado por la
primera instancia, resulta evidente que no operó tal fenómeno en la medida en que,
se insiste, el hecho constitutivo del siniestro en dicha póliza de seguros no acaeció
en vigencia de esta.

II.5. La conclusión

113. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos anteriormente, estima que el
cargo formulado por el apelante consistente en la violación de los artículos 1054,
1057, 1072 y 1073 del Código de Comercio por haberse materializado el siniestro
por fuera de la vigencia de la garantía que se hizo efectiva en los actos
administrativos acusados, tiene vocación de prosperidad.

114. Por lo tanto, resulta procedente acceder a la revocatoria de la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, a la declaratoria de nulidad parcial de los actos
administrativos acusados, en particular, del artículo segundo de la Resolución n.° 1-
87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009, confirmada por la Resolución n.° 10009
de 3 de febrero de 2010, expedidas por la DIAN, en tanto que en dicho artículo se
ordenó:

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

«[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguros de
Cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18
de Julio de 2008 y los anexos de modificación Nos 1 del 05 de Septiembre del
2008 y 2 del 06 de Octubre de 2008, de Compañía de SEGUROS DEL ESTADO
S.A. identificado con el Nit 860.009.578, a favor de la NACIÓN UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTO Y ADUANAS
NACIONALES, por valor de DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS M/L ($201.982.738.31). Sin perjuicio del cobro del
resto del valor de esta sanción al importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A identificada con NIT. 802.024.578 […]».

II.6. El restablecimiento del derecho

115. La parte demandante, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos acusados, solicito que:

«[…] en caso de haber efectuado algún pago por parte del Importador o de la
Compañía Aseguradora mientras se desarrolla el presente proceso contencioso
administrativo, se condene a la UEA Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales al pago de las siguientes sumas de dinero: (…) -Por el daño
emergente: la suma de $1.032.478.332, suma que consta dentro del expediente
administrativo aduanero o la suma que se pague a la DIAN con el incremento
de intereses actualizados (…) -Por el lucro cesante: la actualización de la suma
anterior, según el índice de precios al consumidor, más un 6% (seis) desde el
momento en que se haga el pago a la DIAN hasta el día en que se realice
efectivamente el reintegro al demandante […]»

116. El artículo 85 del CCA estableció la posibilidad de que toda persona que se crea
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, puede pedir, además de
su nulidad, el restablecimiento de su derecho conculcado o menosacabado por
aquel. Conforme lo ha señalado esta Sección35:

«[…] las órdenes que accedan a las pretensiones de restablecimiento del
derecho sólo son procedentes una vez se defina la invalidez del acto
demandado, pues un mandamiento en ese sentido es una consecuencia
inexorable de la declaración de ilegalidad siempre que así se encuentre
acreditado36 (…) Así, una vez se haya acreditado dicha circunstancia, el Juez
deberá ordenar como restablecimiento que las cosas se retrotraigan al estado
anterior al que se encontraban antes de que se profiera el acto administrativo
enjuiciado; es decir, el status quo ante, como si no hubiese sido proferido el acto
que ha sido retirado del ordenamiento jurídico, desde el momento de su
expedición hasta que se profiera sentencia definitiva, siempre que ello sea
posible […]»

35 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Radicación: 76001 2331 000 2010 00854 01.
36 En este sentido puede consultarse la sentencia proferida por esta Sección el 21 de mayo de 2021, expediente

25000 2341 000 2013 00439 01. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

117. En la medida en que en este caso, se accedió a la declaratoria parcial de los
actos administrativos acusados, resulta procedente ordenar el respectivo
restablecimiento del derecho conculcado o menoscabado por aquel.

118. Así las cosas, se declarará que la Compañía de Seguros SEGUROS DEL
ESTADO S.A. se encuentra eximida de toda responsabilidad por la efectividad de
la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales n.° «[…] 85-43-
101000225 […]» y, por ello, no se encuentra obligada a cancelar las sumas de
dinero indicadas en los actos administrativos cuestionados, esto es, la suma de
$201.982.738.3137, que corresponde al valor asegurado señalado en aquella póliza
de seguros.

119. En caso tal que la Compañía de Seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A. haya
pagado a la DIAN suma alguna con ocasión de la efectividad de la póliza de seguros
de cumplimiento de disposiciones legales n.° «[…] 85-43-101000225 […]», la
entidad demandada deberá restituir el valor cancelado, con la respectiva
actualización y sin considerar la fórmula expuesta por el actor de «[…] más un 6%
(seis) […]», pues de esta manera, conforme lo indicó la Sala en la providencia
mencionada, se retrotraen las cosas al estado anterior al que se encontraban antes
de proferirse los actos administrativos cuestionados.

II.7. Costas

120. Si bien se reconoce la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda,
no habrá lugar a condena en costas (gastos o expensas del proceso y agencias del
derecho) porque en el expediente no se probó su causación, ya que la conducta de
las partes no fue temeraria o de mala fe, en los términos del artículo 171 del C.C.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de junio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, de acuerdo
con los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo segundo de la Resolución n.°
1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009, confirmada por la Resolución n.°
10009 de 3 de febrero de 2010, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-.

37 Artículo segundo de la Resolución n.° 1-87-201-241-668-058 de 21 de julio de 2009, confirmada por la

Resolución n.° 10009 de 3 de febrero de 2010.

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Radicación: 08001 23 31 000 2010 00399 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIAN

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se declara que la Compañía SEGUROS DEL
ESTADO S.A. está eximida de toda responsabilidad relacionada con la efectividad
de la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales n.° «[…] 85-43-
101000225 […]», en tanto no adeuda cantidad de dinero alguna derivada de las
resoluciones demandadas, esto es, la suma de $201.982.738.31. La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- deberá realizar la devolución de los
dineros que la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S. A., en caso de que hubiere
realizado pago alguno, con la respectiva actualización.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
señaladas en esta providencia.

QUINTO: NEGAR la condena en costas, tal y como se consideró en la parte motiva
de este proveído.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Ausente con excusa)
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. [P4]

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