Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2008-00846-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2008-00846-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2008-00846-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2008-00846-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: No. 76-001-23-31-000-2008-00846-01
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
Tema: La efectividad de la garantía en los procedimientos administrativos
aduaneros constituida mediante póliza de seguro de cumplimiento y la
prescripción de la acción del beneficiario contra el asegurador
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIA – EL SINIESTRO Y LA PRESCRIPCIÓN EN
LOS SEGUROS DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES POR IMPOSICIÓN DE
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES ADUANEROS
La Sala procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Compañía
SEGUROS DEL ESTADO S.A. en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia ─ Sala de Descongestión ─ Sala Primera de Decisión
─ el 21 de octubre de 20151, mediante la cual se declaró parcialmente probada la
excepción de cosa juzgada y se denegaron las pretensiones de la demanda
relacionadas con la ejecución de la póliza de cumplimiento de la mencionada
compañía aseguradora.
I. ANTECEDENTES
I.1. LA DEMANDA2
1.La sociedad comercial SEGUROS DEL ESTADO S.A., en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en
adelante DIAN), con el objeto de que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
«[…] Resolución No. 035-064-221-2008-000495 de Marzo 3 de 2008, por medio
de la cual la Jefe de la División de Liquidación de la Administración Especial de
Aduanas de Buenaventura impone sanción a un declarante en el régimen de
importación y se ordena hacer efectiva la póliza 042110926 expedida por
SEGUROS DEL ESTADO S.A. por valor de $2.237.637.237,30.
Resolución No. 35-072-001454 del 25 de Junio de 2008, por medio de la cual
la Jefe de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de
Buenaventura resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución 000495 del 3 de marzo de 2008, confirmando en todas partes sus
partes […]»
1 Fol. 272-281, cuaderno principal.
2 Fol. 54 - 73, cuaderno principal.
2
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió:
«[…] se ordene la devolución inmediata de los dineros que SEGUROS DEL
ESTADO S.A. deba pagar a la DIAN en el evento de adelantar un cobro coactivo
en virtud de estas injustas actuaciones y adicionalmente que se condene en
costas y gastos del proceso a la DIAN […]»
I.2. LOS HECHOS RELEVANTES DE LA DEMANDA
3. La sociedad comercial Seguros del Estado S.A. manifestó que «[…] UTI
ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA S.A. SIA […]»,
presentó, «[…] como declarante autorizada y en nombre de la sociedad importadora
y UAP (Código 410), CORPOACERO MARCO Y ELIECER SREDNI Y CÍA S.A.
(Corpoacero) […]», la declaración de importación N.º 23030012414262 de 8 de
febrero de 2005, a la cual le correspondió el «número de aceptación
322005100020111»3.
4.Indicó que, en la medida en que la declaración mencionada se presentó como un
usuario aduanero permanente (UAP), bajo la opción regulada en el artículo 128
numeral 10 del Decreto N.º 2685 de 1999 «[…] UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A.
SIA, hoy UTI COLOMBIA S.A. SIA […]», presentó ante la administración de aduanas
de Buenaventura la póliza de seguros N.º BQ-A0042213, expedida por la compañía
aseguradora Mundial de Seguros S.A., la cual fue «[…] constituida por el importador
Corpoacero con el fin de garantizar la entrega del certificado de origen con
posterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de importación […]».
5. Señaló que UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA S.A.
SIA, según el compromiso adquirido y conforme lo aceptó la administración
aduanera de Buenaventura en el requerimiento aduanero N.º 4.215 del 30 de
noviembre de 2007 y en la Resolución No. 035-064-221-2008-000495 de 3 de
marzo de 2008, entregó el certificado de origen a la autoridad administrativa -bajo
el radicado N.º 03768- en las condiciones legales para obtener el tratamiento
preferencial arancelario invocado en la declaración de importación «[…] presentada
en nombre de Corpoacero […]».
6. Adujo que la División de Fiscalización de la DIAN formuló, mediante auto N.º
4215 del 30 de noviembre de 2007, requerimiento especial aduanero en el cual
propuso sancionar a UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA
S.A. SIA, en la suma de $2.237.637.237 «[…] por presunta infracción administrativa
consistente en que el declarante no tenía el certificado de origen correspondiente,
al momento de la presentación y aceptación de la declaración de mercancías […]»,
acto que, si bien fue notificado a la citada sociedad el 7 de diciembre de 2007, nunca
le fue notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A.
3 Fol. 3, cuaderno 3, antecedentes administrativos. La declaración de importación tiene como número de
aceptación «[…] 352005100020111 […]».
3
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
7. Anotó que UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA S.A.
SIA dio respuesta al requerimiento especial aduanero advirtiendo «[…] inicialmente,
el yerro de la DIAN frente a la inobservancia de la efectiva presentación del
certificado de origen […]».
8. Manifestó que la jefe de la División de Liquidación de la Administración Especial
de Aduanas de Buenaventura expidió la Resolución N.º 035-064-221-2008-000495
de 3 de marzo de 2008, y en ella sancionó a la declarante y ordenó hacer efectiva
la póliza de seguros N.º 042110926, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.
por la suma de $2.237.637.237,30.
9. Afirmó que SEGUROS DEL ESTADO S.A. presentó recurso de reconsideración
en contra del citado acto administrativo, el cual fue confirmado por la jefe de la
División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura, a
través de la Resolución N.º 35-072-001454 de 25 de junio de 2008.
I.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
I.3.1. Normas violadas
10. La demandante citó como transgredidas las siguientes normas:
• Código de Comercio, artículo 1079.
• Constitución Nacional, artículos 29 y 228.
• Estatuto Aduanero, artículo 2º, 478 y 128 numeral 10.
• Resolución 4.240 de 2000, por medio de la cual se reglamenta el Decreto
2.685, artículos 497, 498 y 499.
I.3.2. El concepto de la violación de los actos administrativos acusados
11. i) Violación del artículo 1079 del Código de Comercio. La parte actora afirmó
que se ordenó hacer efectiva la póliza de seguros N.º 042110926 por encima del
límite del valor asegurado, cuyo suma era de $424.404.000.
12. Citó el artículo segundo de la Resolución N.º 035-064-221-2008-000495 de 3 de
marzo de 2008, y señaló lo siguiente:
«[…] [E]n gracia de discusión, y pese a los argumentos que se expondrán
seguidamente es indispensable que se aclare que la responsabilidad de la
aseguradora asciende únicamente hasta el límite del valor asegurado en la
póliza 0421 10926 de SEGUROS DEL ESTADO S.A., es decir hasta la suma
de $424.404.000,oo, o su remanente en caso que sobre la misma póliza ya se
haya efectuado alguna afectación parcial con ocasión de otra resolución (…) Lo
anterior, teniendo en cuenta lo preceptuado en el art. 1079 del Código
Comercio, que dispone: [se cita] (…) Es de anotar que con la Resolución No.
001454 de Junio 25 de 2008, que resolvió el recurso de reconsideración
4
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
interpuesto por la suscrita apoderada de SEGUROS DEL ESTADO S.A., la
DIAN de Buenaventura no se manifiesta sobre este argumento […]»
13. ii) Vulneración de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal ─art.
228 Constitución Política─. Señaló que la póliza efectivamente se constituyó y fue
presentada ante la DIAN, autoridad administrativa que admitió la operación; sin
embargo, esta última, posteriormente, alegó que la póliza no la debió presentar el
declarante «[…] UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA S.A.
SIA […]».
14. Anotó que el asunto de fondo, en concepto de la aseguradora, resultaba ser que:
«[…] efectivamente la póliza que buscaba garantizar que el orden aduanero
nacional no se viera afectado fue efectivamente presentada […]».
15. Destacó, adicionalmente, que el certificado de origen N.º 505.465 del 8 de febrero
de 2005 fue «[…] efectivamente presentado ante la DIAN Buenaventura radicado
bajo el número 03768 […]» y, de esta manera, «[…] sí se cumplió la obligación
sustancial, aunque la DIAN hoy en día justifique su actuación en un mero problema
formal, que reiteramos no compartir […]».
16. Afirmó que la DIAN justificó la sanción en un criterio esencialmente formal, pese
a que el importador cumplió con la obligación de presentar el «[…] certificado de
origen […]» a través de lo cual se protegió el orden aduanero nacional y, por ende,
no se causó ninguna lesión al Estado.
17. iii)
Violación del artículo 478 del Estatuto Aduanero. Manifestó que la
presentación y aceptación de la declaración de importación, identificada con el
Formulario N.º 3520051000020111-7, ocurrió el 8 de febrero de 2005.
18. Resaltó que el artículo 478 del Estatuto Aduanero estableció que la acción
administrativa sancionatoria caducaba al término de los tres (3) años contados a
partir de la comisión del hecho u omisión constitutivo de infracción administrativa.
19. De
lo expuesto, concluyó que la acción sancionatoria de la DIAN había
caducado el 9 de febrero de 2008, pues para dicha fecha:
«[…] SEGUROS DEL ESTADO S.A. no había recibido notificación ni
requerimiento alguno sobre la posible afectación de la póliza 042110926
derivada de una infracción cometida por el tomador afianzado UTI ADUANAS
DE COLOMBIA S.A. SIA UTI ADUCOL S.A. SIA, ya que la vinculación de
SEGUROS DEL ESTADO se produjo con la notificación de la Resolución N.º
035-064-221-2008-000495 de Marzo 3 de 2008 (sic), por medio de la cual la
Jefe de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de
Buenaventura impone sanción al declarante UTI ADUANAS DE COLOMBIA
S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA S.A. SIA en el régimen de importación y se
ordena hacer efectiva la póliza 042110926 expedida por SEGUROS DEL
ESTADO S.A. por valor de $2.237.637.237,30 la cual fue notificada a la
compañía que represento con correo certificado de fecha 6 de marzo de 2008,
según constancia de notificación sellada en la Resolución correspondiente, es
5
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
decir 3 años y 1 mes después de ocurrido el hecho constitutivo de la infracción
administrativa aduanera (…) Para el caso en particular, no solo no había
quedado ejecutoriada la resolución que impuso la sanción de multa, sino que ni
siquiera había sido expedida, pues su fecha de expedición es el 3 de marzo de
2008 […]»
20. iv) Nulidad por indebida aplicación del artículo 128 numeral 10 del Estatuto
Aduanero. La obligación de entregar el «certificado de origen» con
posterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de importación
si puede garantizarse con la póliza del importador. La parte demandante
consideró que se desconoció el artículo 128-10 del Decreto N.º 2685 de 1999 por
cuanto la Oficina Jurídica de la DIAN –Concepto N.º 031 de 2005– ha estimado que la
póliza global autorizada por la administración aduanera para el cumplimiento de las
obligaciones del usuario aduanero permanente sí puede garantizar la entrega
posterior del certificado de origen que respalda la aplicación de un tratamiento
preferencial arancelario que favorece al usuario aduanero permanente.
21. Indicó que la DIAN, siguiendo el citado Concepto N.º 031 de 2005, vigente al
momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación
identificada con el Formulario N.º 3520051000020111-7, el 10 de febrero de 2005,
permitió el levante de la mercancía cobijada por dicha declaración, aceptando como
garantía «[…] la póliza global del UAP No. BQ-A0042213 de la aseguradora Mundial
de Seguros S.A., como fianza para hacer entrega posterior del certificado de origen
[…]».
22. Insistió
en que los funcionarios de la División de Comercio Exterior de la
Administración de Buenaventura concedieron el levante y aceptaron la póliza del
importador y del «[…] Usuario Aduanero Permanente de Corpacero […]» para
garantizar la entrega posterior del «certificado de origen», actuando conforme a
derecho y a la doctrina oficial de la Oficina Jurídica de la DIAN.
23. Estimó que el desconocimiento de la validez de la póliza del «[…] importador y
Usuario Aduanero Permanente de Corpacero […]» para garantizar la entrega
posterior del «certificado de origen» configuró una violación de los criterios e
interpretaciones oficiales de la DIAN que eran de obligatorio cumplimiento para los
funcionarios de la DIAN.
24. Adujo que la imposición de la sanción contra «[…] UTI […]» basada en la
invalidez de la póliza del «[…] UAP del importador CORPACERO […]» constituyó
un incumplimiento del artículo 11 del Decreto N.º 1.265 de 1995 por parte de la
DIAN, pues los conceptos emitidos y publicados por la oficina jurídica de esta
entidad constituían interpretación oficial para los funcionarios de esta entidad.
25. Mencionó que la Oficina Jurídica de la autoridad aduanera interpretó de manera
oficial la improcedencia de la sanción prevista en el artículo 482-2.1 del Estatuto
Aduanero cuando el declarante presenta la póliza de «[…] UAP del importador […]»
6
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
para garantizar la entrega posterior del «certificado de origen», luego se debía
revocar en el caso concreto la sanción.
26. Anotó que: «[…] si no existiera un concepto oficial que establece la procedencia
de la póliza de UAP para garantizar la entrega posterior del certificado de origen y
en gracia de discusión se aceptara que dicha póliza no es válida […]» la obligación
de entregar el «certificado de origen» con posterioridad a la presentación y
aceptación de la declaración de importación estaba garantizada, de todas maneras,
con la póliza global de la sociedad de intermediación aduanera que actuó como
declarante.
27. Alegó que la DIAN, en la resolución sanción, consignó que procedía la imposición
de la multa por no haberse garantizado la entrega posterior del «certificado de
origen», pero contradictoriamente, en la parte resolutiva de la misma, ordenó: «[…]
hacer efectiva la póliza global de UTI como sociedad de intermediación aduanera
por el incumplimiento de la obligación de entregar el certificado de origen que
respaldaba el tratamiento preferencial aduanero invocado en la declaración de
importación […]».
28. v) Nulidad por falta de aplicación de los artículos 497, 498 y 499 de la
Resolución N.º 4240 de 2000. Encontró violados los artículos 497, 498 y 499 de la
Resolución N.º 4.240 de 2000 pues de tales normas:
«[…] se concluye que, si se entendiera que ni la póliza global de UAP del
importador ni la póliza global de UTI como sociedad de intermediación aduanera
era válidas para garantizar la entrega posterior del certificado de origen, la
División de comercio Exterior (sic) a través de los funcionarios inspectores
comisionados para la inspección aduanera realizada el 10 de febrero de 2005,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 499, debió rechazar la póliza de
UAP presentada por UTI para garantizar la obligación aduanera de entregar
posteriormente el certificado de origen y otorgar un término prudencial para que
se subsanara dicho error […]».
29. Alegó que la administración aduanera no rechazó la póliza de seguros
presentada para garantizar la entrega posterior del «certificado de origen» y, por el
contrario, la aceptó autorizando el levante de la mercancía cobijada por la
declaración de importación mencionada, añadiendo que: «[…] [S]i la póliza hubiera
sido rechazada por la administración aduanera como lo dispone la legislación
aduanera de manera expresa, UTI, sin lugar a dudas, hubiera cumplido con el
requerimiento de constituir una póliza específica para garantizar la entrega del
certificado de origen con posterioridad a la presentación y aceptación de la
declaración de importación […]».
30. vi) Violación al principio de justicia ─artículo 2º del Estatuto Aduanero─.
Arguyó que UTI cumplió los requisitos legales para que se aceptara el tratamiento
preferencial arancelario previsto en el acuerdo entre Chile y Colombia, esto es, (a)
«[…] UTI […]» presentó el «certificado de origen»; (b) «[…] UTI sobre-garantizó (sic)
el cumplimiento de la obligación de entregar con posterioridad a la presentación y
7
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
aceptación de la declaración de importación con dos pólizas legalmente válidas y
aceptadas por la Administración Aduanera: la póliza de UAP del importador y con la
póliza global de la sociedad de intermediación aduanera […]»; y (c) no se ocasionó
daño al Estado pues las mercancías de propiedad de «[…] CORPACERO […]»
fueron legalmente importadas y se pagaron los correspondientes tributos
aduaneros.
31. Aseveró que la DIAN pretendió, obviando la legislación y la doctrina oficial que
los obliga, imponer una multa respecto de una operación que ha cumplido con todos
los requisitos legales.
32. vii)Violación al debido proceso –artículo 29 Constitución Política-. La
sociedad demandante expuso que la DIAN desconoció esta disposición ante (a) la
violación del principio de legalidad de las sanciones, y (b) la inexistencia de
Requerimiento Especial Aduanero que propusiera una multa contra UTI con
fundamento en el argumento expuesto en la resolución sancionatoria.
33. Encuanto al primer argumento, consideró que la DIAN profirió la sanción
respecto de un hecho diferente al investigado.
34. En tal sentido, explicó que el hecho generador de la infracción aduanera fue la
no presentación del «certificado de origen» al momento de la presentación y
aceptación de la declaración de importación; no obstante, se impuso multa por
desconocimiento del supuesto normativo previsto en el numeral 1.2 del artículo 495
del Decreto N.º 2685 de 1999, por «[…] utilizar el sistema informático aduanero sin
cumplir con los requisitos previstos por la autoridad aduanera y/o realizar
operaciones no autorizadas […]».
35. En cuanto al segundo argumento, la División de Fiscalización de la
Administración de Aduanas de Buenaventura, en el Requerimiento Especial
Aduanero, adujo como hecho generador de la infracción aduanera la falta de
presentación del «certificado de origen», mientras que en la resolución-sanción la
multa impuesta se fundamentó en la no presentación de una póliza de seguros
válida que garantizara la entrega posterior del «certificado de origen».
36. Agregó que la DIAN omitió:
«[…] una fase del proceso administrativo sancionatorio, la expedición del REA
en cuyo contenido se expresara como hecho constitutivo de la infracción
aduanera no haber presentado una póliza válida para garantizar la entrega del
certificado de origen, con el fin de asegurar, en todas las fases del proceso el
ejercicio del derecho a la defensa, pues UTI no tuvo oportunidad de discutir la
omisión planteada por la División de Liquidación en la respuesta al
Requerimiento, pues dicho argumento no fue considerado como el hecho
constitutivo de la infracción aduanera investigada […]».
37. viii) Pérdida de competencia por parte de la DIAN para declarar el siniestro
mediante acto administrativo. Manifestó que si la Resolución N.º 035-064-221-
8
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
2008-000495 -mediante la cual la jefe de la División de Liquidación de la Administración
Especial de Aduanas de Buenaventura impuso sanción a un declarante en el régimen de
importación y ordenó hacer efectiva la póliza 042110926 expedida por SEGUROS DEL
ESTADO S.A. por valor de $2.237.637.237,30-, fue expedida el 3 de marzo de 2008, se
debe entender que este acto administrativo fue emitido un año y ocho meses
después de perder vigencia la póliza.
38. De tal manera que la administración perdió competencia para declarar el
incumplimiento mediante los actos administrativos censurados y para ordenar hacer
efectiva la póliza de seguros, toda vez que la garantía no era exigible ya que había
perdido vigencia desde el 7 de julio de 2006.
I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4
39. LaDIAN, por intermedio de su apoderado judicial, contestó la demanda
oponiéndose a sus pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos:
40. i) En cuanto a la violación del artículo 1079 del Código de Comercio: afirmó
que UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA S.A. SIA:
«[…] no presentó el certificado de origen como documento soporte de la
declaración de importación nro. 3520051000020111 de 8 de febrero de 2005
diligenciada por el declarante, en la que se acoge a un tratamiento preferencial
que exige para su reconocimiento portar el certificado de origen, ni tampoco
constituye garantía con la que respalde la obligación de presentarlo con
posterioridad, no hay lugar a dudas del incumplimiento del declarante frente al
documento, soporte aludido que no fue presentado con la declaración de
importación, hecho este que a la luz del artículo 482 numeral 2.1 del decreto
2.685 de 1999, es sancionable […]».
41. Afirmó que el «certificado de origen» se presentó con posterioridad al levante de
la mercancía, no obstante, «[…] se ha de manifestar que en su oportunidad no se
constituyó póliza alguna que garantizará su presentación posterior por parte de la
citada SIA […]».
42. ii) En cuanto a la vulneración de la prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal ─ art. 228 Constitución Política, subrayó que, en el presente asunto, el
que constituyó la póliza de seguros fue «[…] el importador CORPACERO MARCO
Y ELIECER SRENDI Y CIA YAP […]», de tal manera que el «certificado de origen»
se presentó con posterioridad al levante de la mercancía y, en su oportunidad, no
se constituyó póliza alguna por parte de la sociedad de intermediación aduanera.
43. iii) En cuanto a la violación del artículo 478 del Estatuto Aduanero, sostuvo
que el término de caducidad de la acción administrativa sancionatoria –prevista en
el artículo 478 del Decreto N.º 2.685 de 1999– debía analizarse en armonía con el
artículo 131 de la misma legislación.
4 Fol. 105 - 116, cuaderno principal.
9
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
44. Continuó señalando que:
«[…] Dado lo anterior es claro para la Administración, que siempre y cuando las
declaraciones de importación no hayan obtenido firmeza, le es dable a la
Administración iniciar las acciones sancionatorias previstas en el estatuto
Aduanero (sic), y para el caso de marras estamos en presencia justamente de
la situación en la cual al declarante UTI COLOMBIA S.A se le profirió el
Requerimiento especial (sic) nro. 4.215 de noviembre 30 de 2007, proferido por
la División de Fiscalización Aduanera de esta Administración, mediante el cual
se propone sancionar al declarante por infracción en el régimen de importación,
quedando así interrumpida la firmeza de la declaración […]».
45. iv) En cuanto a la indebida aplicación del artículo 128 numeral 10 del
Estatuto Aduanero, aseveró que, en el presente caso, no se presentó el
«certificado de origen» como soporte de la «[…] declaración de importación nro.
3520051000020111 del ocho de febrero de 2005 diligenciada por el declarante UTI
ADUANAS DE COLOMBIA S.A. hoy UTICOLOMBIA S.A. SIA […]» en la que se
acoge a un tratamiento preferencial; a lo que agregó que tampoco se constituyó la
garantía para respaldar la obligación de presentar tal certificado con posterioridad,
lo cual constituyó incumplimiento del declarante «[…] frente al documento, soporte
mencionado que no fue presentado con la declaración de importación, hecho que
es sancionable al tenor del artículo 482 numeral 1.2 del decreto 2685 de 1999 […]».
46. v) En cuanto a la falta de aplicación de los artículos 497, 498 y 499 de la
Resolución N.º 4.240 de 2000, afirmó, conforme al principio de contradicción, que
notificó a la declarante «[…] UTI COLOMBIA S.A. SIA […]» el requerimiento
especial aduanero N.º 4.215 de noviembre 30 de 2007 para efectos de que «[…]
diera las explicaciones del caso y aportara los documentos que considerara
conveniente […]», sin embargo, no dio respuesta al mismo.
47. Mencionó el artículo 121 del Decreto N.º 2685 de 1999 para destacar que el
declarante está en la obligación de obtener los documentos soportes de la
importación antes de la presentación y aceptación de la declaración, así como
conservarlos por un período de 5 años, y reafirmó que:
«[…] El declarante UTI ADUACOL al momento de presentación y entrega de la
declaración de importación Nro. 352005100020111 de fecha 08 de febrero de
2005 no contaba con el certificado de origen como documento soporte, pues
quien constituyó póliza con el fin de respaldar la presentación posterior del
certificado fue el importador CORPACERO MARCO Y ELIECER SRENDI Y CIA
YAP, cuando no el correspondía (sic) al importador garantizar la presentación
posterior del certificado de origen lo que ya se debatió y resolvió, corrigiendo el
error en que se incurrió frente a este hecho al aceptar garantía del importador
con Resolución nro. 2474 del 03 de septiembre de 2007, dejando claro que el
caso que nos ocupa la garantía constituida por el importador no es válida […]».
48. vi) En cuanto a la violación al principio de justicia ─artículo 2º del Estatuto
Aduanero─, aseguró que, de acuerdo con el acervo probatorio recaudado durante
el proceso, se pudo concluir que la conducta de la sociedad UTI COLOMBIA S.A.
10
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
SIA se enmarcó dentro de los presupuestos fácticos y jurídicos para la imposición
de la sanción, añadiendo que sus funcionarios hicieron una apreciación razonada
de las pruebas recaudadas, observando el principio de la sana crítica y el principio
de justicia previsto en el artículo 2º del Estatuto Aduanero.
49. vii) En cuanto a la violación del artículo 29 de la Constitución Política,
recalcó que existían suficientes elementos probatorios que permitieron establecer
la responsabilidad del interesado en la infracción aduanera prevista en el numeral
2.1 del artículo 482 del Decreto N.º 2685 de 1999, por no acreditar al momento de
la presentación de la «[…] declaración de importación nro. 35200510000201111 del
8 de febrero de 2005 […]» el «certificado de origen» con el cual «[…] UTI ADUANAS
DE COLOMBIA S.A. SIA hoy UTI COLOMBIA S.A. SIA […]» pretendía obtener un
tratamiento preferencial arancelario para la mercancía objeto de importación.
50. viii) En cuanto a la pérdida de competencia por parte de la DIAN para
declarar el siniestro mediante acto administrativo, indicó que tal razonamiento
no estaba llamado a prosperar:
«[…] toda vez Lo anterior (sic) deriva de la fecha de terminación del contrato de
seguro, por consiguiente, a la vigencia de la póliza, como ha señalado el actor
en el sub lite (sic), sino al plazo que tiene la administración para proferir el acto
administrativo mediante el cual, con fundamento en la verificación de la
situación dentro del término de la cobertura, declara el incumplimiento de la
obligación asegurada y ordena la efectividad de la póliza (sic)[…]».
I.5. TRÁMITE DEL PROCESO
51. La DIAN, mediante escrito radicado el 12 de enero de 2010, presentó alegato
de conclusión5, en el que reiteró su oposición a las pretensiones de la demanda e
insistió en que durante la investigación adelantada en el proceso administrativo
sancionatorio aduanero, el declarante no pudo demostrar que cumplió
oportunamente con lo requerido por la administración para que se tuviera en cuenta
el documento que pretendía validar con posterioridad y, por ende, se impuso la
sanción.
52. Igualmente, resaltó que el tiempo de caducidad de la acción sancionatoria -tres
(3) años-, se contaban a partir de la fecha de la presentación y aceptación de la
declaración de importación, siempre y cuando en el transcurso de dicho tiempo no
se hubiere notificado el requerimiento especial aduanero, puesto que, en este
último caso, se debía entender que se interrumpió la caducidad de la acción
sancionatoria.
53. La parte demandante también presentó alegato de conclusión a través de
escrito radicado el 22 de enero de 20106, en el que insistió en que:
5 Fol. 122-136, cuaderno principal.
6 Fol. 137-150, cuaderno principal.
11
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
(a) La póliza global ─que fuere presentada en su momento por el importador en calidad
de usuarios aduanero permanente─ era válida para amparar la presentación del
«certificado de origen» con posterioridad a la declaración de importación.
(b) La DIAN ordenó hacer efectiva la póliza de SEGUROS DEL ESTADO S.A., a
pesar que afirmó que esta no garantizaba la obligación.
(c) La responsabilidad de SEGUROS DEL ESTADO S.A. ascendía únicamente
hasta el límite del valor asegurado en la póliza.
(d) La póliza de cumplimiento de disposiciones legales tuvo vigencia hasta el 7 de
julio de 2006, por lo que no era procedente su afectación al configurarse el rigor
extintivo de la prescripción de la acción del beneficiario contra la aseguradora en
virtud del contrato de seguro de cumplimiento, si se tiene en cuenta que el término
de dos (2) años debía ser contabilizado a partir del momento en que se verificó el
incumplimiento de la obligación.
54. El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad procesal.
I.6. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
55. El Tribunal Administrativo del Antioquia7 ─ Sala de Descongestión ─ Sala
Primera de Decisión ─, en sentencia de 21 de octubre de 2015, decidió:
«[…] PRIMERO: DECLARASE PARCIALMENTE PROBADA la excepción de
cosa juzgada respecto de los cargos relacionados con la imposición de la
sanción a la SIA ADUANAS DE COLOMBIA S.A., por parte de la DIAN.
SEGUNDO: NIEGANSE las pretensiones de la demanda, relacionadas con la
efectivización (sic) de la Póliza número 42110926, interpuesta por LA
COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A., en contra LA DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN – en ejercicio de la acción de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, de conformidad con los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en este proceso, conforme al artículo
171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo del Valle,
previas las anotaciones que fueren menester a efectos de que se notifique la
sentencia de segunda instancia y se le dé el trámite posterior que corresponda
[…]».
56. Luego de hacer referencia a los antecedentes del proceso, abordó lo
concerniente a si operó, o no, el fenómeno de la cosa juzgada, lo que hizo en los
siguientes términos:
7 Fol. 272 - 281, cuaderno principal.
12
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
«[…] 2.2.1. De la cosa juzgada (…) Como viene de señalarse en el presente
asunto se depreca la nulidad de las Resoluciones N.º 2008 000495 de 3 de
marzo de 2008, y N.º 01454 de 25 de junio de 2008, y como consecuencia de
lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, impetra que se ordene la
devolución inmediata de los dineros que SEGUROS DEL ESTADO S.A. deba
pagar a la DIAN, en el evento de haberse adelantado el cobro derivado de las
actuaciones acusadas.
Como argumentos de la deprecada nulidad de esta demanda, se indican los
siguientes:
• Los actos acusados afectaron en forma extralimitada la Póliza No.
042110926 por cuanto el valor asegurado en la misma asciende a la suma
de $424'404.000,00, y la sanción impuesta con cargo a la póliza se fijó por
valor de $2.237'637.237,00. Advirtiendo que, conforme a ello, es necesario
que se aclare que la responsabilidad de la aseguradora asciende
únicamente hasta el límite del valor asegurado, es decir, hasta la suma de
$424'404.000,00, o su remanente, en caso que sobre la misma se haya visto
afectada parcialmente con ocasión de otra resolución.
• Se vulnera el artículo 228 Superior, conforme al cual el derecho sustancial
prevalece sobre el formal, ello por cuanto si la póliza finalmente sí se
constituyó y fue presentada ante la DIAN, admitiendo esta entidad tal
operación, no se entiende porqué hoy en día se alega que la póliza la debió
presentar el declarante y no el importador, habida cuenta que en todo caso
se cumplió con el deber de presentar la póliza.
• También advierte la transgresión a la norma superior —artículo 228 CN─.
La misma Administración reconoce que la obligación de fondo fue cumplida
ya que se presentó el certificado de origen, que tiene como propósito evitar
que opere la triangulación, esto es, se protegió el bienestar aduanero
nacional, sin que se causare lesión alguna al Estado, lo que comporta el
derecho sustancial materia de protección, de ahí que estime inconducente
la sanción.
• Se vulnera el artículo 478 del Estatuto Aduanero, referente a la caducidad
de la acción administrativa sancionatoria, puesto que en el asunto bajo
análisis operó este fenómeno jurídico.
• También indica como vicio invalidante de los actos acusados la indebida
aplicación del artículo 128 numeral 10 del Estatuto Aduanero, que permite
el levante cuando el declarante opta por constituir una garantía que asegure
la obtención y entrega a la aduana del certificado de origen, o en su defecto,
el pago de tributos aduaneros y sanciones correspondientes. Sin que sea
de recibo el argumento relativo a que la póliza presentada como garantía
del cumplimiento de la obligación de entregar con posterioridad el certificado
de origen, no es válida, por haber sido constituida por el importador y no por
el declarante. El desconocimiento de la validez de la póliza del importador y
usuario aduanero permanente CORPACERO, configura una evidente
violación de los criterios e interpretaciones oficiales que son de obligatorio
cumplimiento para los funcionarios de la DIAN.
• Reseña el desconocimiento de los artículos 497 a 499 del Estatuto
Aduanero, que hace referencia a la presentación y aprobación de las
garantías globales y específicas, exigidas en los eventos de autorización,
habilitación, inscripción, homologación, o renovación; pues la póliza
presentada no cumplía con los parámetros en dichas normas establecidos,
13
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
frente a lo cual, la DIAN debió rechazar la póliza, otorgando un tiempo
prudencial para que se subsanaran las falencias contenidas en la misma;
de ahí que la DIAN no rechazó la póliza, y por el contrario, expresamente la
aceptó por encontrarla conforme a la legislación aduanera.
• Adicionalmente, estima que la DIAN perdió competencia para declarar
mediante la Resolución No. 00495 del 3 de marzo de 2008 la efectividad de
la póliza, puesto que aquella había perdido vigencia desde 7 de julio de
2006.
Se advirtió en el presente asunto por la demandada, que demanda similar
había sido instaurada por la UTI-ADUANAS DE COLOMBIA S.A SIA contra
la DIAN, lo que llevó al Tribunal de conocimiento, mediante providencia 24
de febrero de 2011, a requerir la prueba del pleito pendiente que se aducía
para invocar la prejudicialidad (Radicado 2008-00860).
En virtud de lo cual, atendiendo lo solicitado por el magistrado sustanciador, el
secretario de la Corporación expidió certificación que da cuenta que, en el
proceso con el radicado en mención, se pretende la nulidad de las Resoluciones
No. 000495 de 3 de marzo de 2008, No 0694 del 28 de marzo de 2008 y No.
01454 de 25 de junio de 2008 (fl 157).
Dado lo anterior, se declaró la suspensión del proceso por prejudicialidad,
y una vez proferida sentencia en el proceso con radicado 200800860, se
adosó al infolio la referida providencia (fl 191).
En consonancia con lo anterior, se hace necesario analizar la institución de la
cosa juzgada, a fin de determinar si existe la identidad necesaria entre este
proceso y aquél que obtuvo de esta jurisdicción un fallo definitivo, en orden a
establecer si se configura la aludida excepción, que tutela el carácter intangible
de la decisión judicial como principio rector de un Estado Social de Derecho.
[…]
En el caso de autos se advierte que en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, la sociedad UTI Colombia S.A. presentó demanda
en la que se resolvieron similares pedimentos a los del sub-júdice, a saber, la
nulidad de los actos acá demandados y concepto de violación similar. La
decisión se plasmó en sentencia del 16 de septiembre de 2011, que fuere
revocada por sentencia del 19 de junio de 2014. En la mencionada
providencia de primera instancia, se informa que la demandante elevó
como pretensiones las siguientes:
Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución No.
000495 de 3 de marzo de 2008; ii) Resolución No. 0694 del 28 de marzo de
2008 y iii) Resolución No. 01454 de 25 de junio de 2008, Así mismo solicita, que
se deje sin efecto la orden de sancionar por infracción aduanera y se condene
en costas a la demandada.
Y como argumentos de la deprecada nulidad, en el concepto de violación
alude a que la DIAN ejerció la facultad sancionatoria cuando ya había
operado la caducidad -3 años-; también señala que se sancionó a la UTI por
hechos materia de cosa juzgada administrativa, pues una sanción por los
mismos hechos ya había sido impuesta a la UTI; advera (sic) la falsa
interpretación del artículo 128 del E.T.; que la obligación de entregar el
certificado de origen se encontraba garantizada, así no se aceptara la póliza de
UAP del importador, ya que la aportación estaba amparada por la póliza global
14
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
de la sociedad de intermediación aduanera, que actuó como declarante; arguye
la falta de aplicación de los artículos 497, 498 y 499 de la Resolución No. 4240
de 2000 y falta de aplicación del artículo 83 Superior.
La parte resolutiva de la mencionada sentencia del 19 de junio de 2008, dispuso
lo siguiente:
“1. DECLARASE la nulidad de la resolución Nro. 00495 de marzo 03 de 2008
expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de
Aduanas Buenaventura, mediante la cual impuso multa al demandante por la
suma de dos mil doscientos treinta y siete millones seiscientos treinta y siete mil
doscientos treinta y siete pesos con treinta centavos Mcte. ($2.237.637.237,30),
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
2. DECLARESE la nulidad de la resolución Nro. 000694 de marzo 28 de 2008
por la cual la misma aclaró la resolución No 000945 del 3 de marzo de 2008, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
3. DECLARASE la nulidad de la resolución Nro. 001454 del 25 de junio de 2008
expedida por la Dirección Jurídica de la Administración de aduanas de Cali,
mediante la cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra
aquella, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.”
En la providencia por la cual se profirió sentencia de segunda instancia, adiada
19 de junio de 2014, el ad quem luego del correspondiente análisis del asunto
puesto a consideración, procedió a revocar el fallo de instancia, negando en
consecuencia, las pretensiones de la demanda.
De lo anterior se concluye que, frente a la pretensión de nulidad de las
Resoluciones No. 000495 de 3 de marzo de 2008, No. 0694 del 28 de marzo
de 2008 y No. 01454 de 25 de junio de 2008, y el consecuente levantamiento
de la sanción por infracción aduanera, ha habido pronunciamiento
expreso de la jurisdicción por cargos similares a los que ahora se elevan,
de allí que frente a estos actos ha operado el fenómeno de la cosa juzgada,
máxime que en tratándose de una acción de carácter personal, como lo es la
de nulidad y restablecimiento del derecho, los argumentos ventilados en el
proceso con radicado 2008-00860, relacionados con la conducta y actuación de
la DIAN frente a la UTI Colombia S.A., tienen efectos interpartes, debiendo la
acá accionante [SEGUROS DEL ESTADO], si era su interés participar en esa
Litis, hacerse parte como tercero interviniente o adhesivo, a fin de coadyuvar en
la defensa de los intereses de la UTI COLOMBIA S.A que en últimas también
resultaban ser los suyos, por ser la aquí accionante el ente asegurador de la
operación aduanera realizada por aquella.
Sin embargo, en lo que toca con los cargos de nulidad y pretensiones que a
título de restablecimiento del derecho se elevan en el sub lite relacionadas con
la efectividad de la póliza, y que atañen de manera directa a Seguros del
Estado S.A., no se puede llegar a la misma conclusión, esto es, no se podría
considerar que recae respecto del asunto el intangible de la cosa juzgada, pues
el interés frente a estas pretensiones es diverso, y apunta a cuestionar aspectos
relativos a la sanción en sí misma considerada, que en resumen se concretan
en lo siguiente:
• Los actos demandados son susceptibles de ser declarados en tanto afectaron
en forma extralimitada la póliza 042110926 por cuanto el valor asegurado en la
15
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
misma asciende a la suma de $424.404.000, oo y se impuso sanción con cargo
a la póliza por valor de $2.237.637237,00.
• La DIAN perdió competencia para declarar, mediante resolución 0495 de 3
de marzo de 2008 la efectividad de la póliza, que había perdido vigencia desde
7 de julio de 2006 ─se destaca─.
57. Posteriormente, planteó el problema jurídico que debía resolverse en el
presente asunto, de la siguiente manera:
«[…] Una vez realizado el análisis que antecede, se determina que el problema
jurídico a resolver en el sub-judice se concreta en decidir si los actos acusados
se encuentran viciados de nulidad, en tanto afectaron en forma extralimitada
la póliza N° 042110926, por cuanto el valor asegurado en la misma asciende a
la suma de $424.404.000,oo y se impuso sanción con cargo a la póliza por valor
de $2.237´637.237,oo; y porque la DIAN perdió competencia para declarar la
efectividad de la póliza, mediante Resolución N° 00495 de 3 de marzo de 2008,
dado que la misma solo tuvo vigencia hasta el 7 de julio de 2006. O por el
contrario, si por estos aspectos los actos demandados se encuentran ajustados
a derecho […]».
58. Descendió al caso concreto, frente a lo cual indicó:
«[…] En cuanto al segundo aspecto anotado tenemos que, conforme a la
normatividad que regula la materia citada en precedencia, en el caso bajo
estudio no ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva, por las
razones que a continuación se explican.
Según se dejó expuesto en el apartado normativo de este proveído, al tenor del
artículo 1081 del código de comercio, la prescripción extintiva en materia del
contrato de seguros se cumple, la ordinaria, al cabo de dos (2) años que
comienzan a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o
debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, y la
extraordinaria, en cinco (5) años, que empiezan a contar desde el momento
en que nace el respectivo derecho.
El hecho que da base a la acción es la ocurrencia del siniestro, y según el
artículo 1072 del Código de Comercio, este lo constituye la realización del
riesgo asegurado, que para el caso concreto, en tratándose de la póliza
prevista para asegurar el pago de los tributos aduaneros y las sanciones, el
siniestro se concreta con la imposición de la sanción; siendo a partir de esa
fecha, conforme lo indica el artículo 1131 ibídem, que comienza a correr el
término de prescripción extraordinaria de dos (2) años (sic); determinándose de
ese modo que en el caso concreto no ha operado, habida consideración que en
el mismo acto que se impuso la sanción, se dispuso la efectivización de la póliza
y la correspondiente notificación a la aseguradora, para el efecto.
De lo expuesto se extrae sin ninguna duda, que desde el momento en que se
configuró el hecho que da lugar a la realización del riesgo asegurado -sanción-
, hasta la notificación de la misma al ente asegurador, no transcurrieron los dos
(2) años de que trata el código de comercio para efectos de la prescripción
extintiva; de ahí que la conclusión a la que deba arribar la Sala, es que a la
fecha de expedición de la Resolución 00495 de marzo 3 de 2008, no se había
perdido la oportunidad para que la DIAN declarase la efectividad de la póliza,
como en efecto lo atendió.
16
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Siendo lo relevante respecto de la vigencia de la póliza, que ésta se halle en
rigor al momento de realizarse el hecho asegurado, para el caso, la respectiva
operación aduanera, máxime cuando la Administración de Aduanas detenta la
competencia para la verificación del cumplimiento de los deberes del importador
durante un período que se extiende más allá del momento en que se cumplió el
acto de importación; de ahí que lo que se requiere es que la conducta que da
lugar a la imposición de una sanción haya acaecido dentro del término de
vigencia de la póliza, que es lo que ocurre en el caso concreto, en el cual la
sociedad UTI presentó la declaración el 8 de febrero de 2005, esto es, dentro
del término de la vigencia de la referida póliza; y adicionalmente, el siniestro fue
reclamado en forma inmediata, pues ello se dispuso en el mismo acto
administrativo que impuso la sanción, de allí que tampoco se hubiese
configurado la prescripción extintiva.
De lo anterior se concluye que contrario a lo considerado por el apoderado de
la demandante, el hecho que el siniestro no haya sido reclamado dentro de la
vigencia de la póliza, o dentro de los dos años siguientes a su expiración, no
constituye la prescripción de la acción sancionatoria.
También señala como motivo de disenso con la decisión administrativa, el que
los actos administrativos acusados afectaron en forma extralimitada la póliza
042110926 (fl 54), dado que el valor asegurado en la misma asciende a la suma
de $424´404.000.oo y se impuso sanción con cargo a la póliza por valor de
$2.237´637.237,oo; punto sobre el cual advierte la Sala, que tal como se señaló
en precedencia, contrario a lo estimado por el demandante, en el numeral
segundo de la Resolución N° 000495 de 3 de marzo de 2008 la DIAN fue clara
en establecer que la reclamación con cargo a la póliza será
“proporcionalmente por el monto asegurado”, y que el remanente debía ser
asumido por la sociedad asegurada, UTI COLOMBIA S.A., de ahí que no resulte
cierto que la afectación de la póliza sea por la suma de $2.237´637.237,30, sino
por el valor de $424´404.000.oo que es el valor asegurado (fl 54).
Se itera, que la manifestación de voluntad de la Administración de Aduanas, de
hacer efectivo sólo el valor asegurado respecto de la póliza apareció claramente
expuesto, tanto que en el artículo tercero de[l] acto acusado señaló que En el
evento de que no se logre hacer efectiva la póliza global por la totalidad del valor
señalado en el artículo segundo de la parte resolutiva de este Acto
Administrativo (Art. 1079 del código de Comercio) la suma que resulte entre la
diferencia del valor del incumplimiento y el valor finalmente reconocido por la
Aseguradora, deberá ser pagado por la Sociedad UTI ADUANAS DE
COLOMBIA S.A. SIA HOY UTICOLOMBIA S.A. S.I.A.” (sic)
Conforme a lo anterior esta Sala advierte que no se desvirtuó la presunción de
legalidad del acto demandado, de ahí que sea lo procedente NEGAR las
pretensiones de la demanda por no haberse desvirtuado la presunción de
legalidad que orbita al acto demandado […]».
I.7. EL RECURSO DE APELACIÓN
59. La sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A., inconforme con la sentencia de
primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, a través de
su apoderada judicial presentó recurso de apelación8, solicitando:
8 Fol. 286-293, cuaderno principal.
17
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
«[…] 1.- CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL SUPERIOR
(…) 2.- A LOS HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO
– SECCIÓN PRIMERA, PREVIA ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL PRESENTE
RECURSO, RUEGO SE SIRVAN REVOCAR LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA (…) 3.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE SIRVAN
PROFERIR NUEVA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN LA CUAL SE
ESTUDIE TODOS LOS CARGOS DE LA DEMANDA Y SE DECLARE LA
NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES AQUÍ DEMANDADAS […]».
60. Respecto del fenómeno de la cosa juzgada, manifestó que no era cierto que haya
existido identidad de causa petendi, e hizo énfasis en que en el concepto de la
violación se presentaron los siguientes cargos:
«[…] 1. Violación del Artículo 1079 del C de Co (…) 2. Desconocimiento del
principio constitucional consagrado en el art. 228, que establece que el derecho
sustancial prevalece sobre el formal (…) 3. Violación del artículo 478 del E.A.,
relacionado con la Caducidad de la Acción Administrativa Sancionatoria; debo
mencionar que este fue el único cargo que se estudió en la Sentencia de
Segunda Instancia dentro del proceso 2008-00860 promovido por UTI
Colombia S.A., decisión sobre la cual, el A-QUO en el presente caso (2008-
00846), considera que operó el fenómeno de cosa juzgada frente a 6 de los
8 cargos propuestos por mi representada (…) Indebida aplicación del artículo
128 numeral 10 del E.A., sobre la presentación del certificado de origen con
póliza (…) 5. Falta de aplicación de los Artículos 497, 498 y 499 de la Res. 4240
de 2000, ya que la DIAN indujo a UTI a un convencimiento errado en virtud de
la confianza legítima (…) 6. Falta de aplicación del Art. 2 del E.A. (…) 7. Artículo
29 C.N., porque la DIAN violó en (sic) debido proceso (…) 8. Pérdida de
competencia por parte de la DIAN para afectar la póliza por haber expirado la
vigencia […]».
61. Sostuvo que no existía tal identidad puesto que: (a) desconocía los argumentos
presentados por «[…] UTI […]» dentro del expediente N.º 2008 – 00860, y (b) el
precitado proceso terminó con sentencia de segunda instancia que decidió revocar
la dictada en primera instancia, en donde únicamente hubo pronunciamiento
respecto de la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración ─luego no
se desató ningún otro cargo─.
62. Añadió que tampoco existía identidad de partes puesto que en el expediente N.º
2008 – 00860, las partes demandante y demandada fueron «[…] Demandante UTI
COLOMBIA S.A., Demandado DIAN […]», mientras que en este son «[…]
Demandante Seguros del Estado S.A., Demandado DIAN […]».
63. Como consecuencia del anterior análisis, deprecó que: (i) se eliminara la
consideración de la primera instancia consistente en afirmar que sobre 6 cargos
operó el fenómeno de la cosa juzgada; (ii) se reconozca que el único cargo sobre
el cual operó tal fenómeno fue el cargo relativo a la violación del artículo 478 del
Estatuto Tributario por haber operado el fenómeno de la caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración, y (iii) se proceda al estudio de los siete
conceptos de la violación restantes que no fueron estudiados ni desatados.
18
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
64. Respecto a los demás cargos, consideró lo siguiente:
65. i) En cuanto a la violación del artículo 1079 del C.Co., afirmó que la primera
instancia desató superficialmente este cargo puesto que aludió a «[…] una serie de
suposiciones subjetivas, que no aplican en ninguna de las áreas en derecho
administrativo, y mucho menos en materia aduanera […]».
66. Resaltó que la orden impartida en Resolución N.º 035-064-221-2008-000495 de
3 de marzo de 2008 no fue clara en lo concerniente a la carga que, en un eventual
proceso de cobro coactivo, se le exigiría a SEGUROS DEL ESTADO S.A., pues la
orden fue proferida en los siguientes términos «[…] (…) proporcionalmente por el
monto asegurado, de la sanción de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTE (sic) Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($2.237.637.237,30,oo MCTE)
(…) […]».
67. ii) En cuanto al cargo por desconocimiento del artículo 478 del Estatuto Aduanero
─caducidad de la acción administrativa─, señaló que: «[…] Pese a las decisiones
tomadas en el proceso 2008-00860 […]», había operado el fenómeno de la
caducidad de la facultad sancionatoria de la administración.
68. Encontró que la «[…] Resolución No. 000495 fue proferida el 3 de marzo de 2008,
quedando claro que el acto administrativo por medio del cual la DIAN impone la
sanción y ordena la afectación de la póliza fue expedida 1 año y 8 meses después
de haber vencido la vigencia de la póliza, estando ya vencida la exigibilidad de la
póliza al momento en que se notificó el Acto Administrativo […]».
69. Analizó el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria en el caso en
concreto, manifestando que el hecho constitutivo de la infracción aduanera acaeció
el 8 de febrero de 2005, fecha en la cual se debió presentar la declaración de
importación acompañada del «certificado de origen» y consideró que, a partir de
este día, empezó a correr el término de 3 años indicado en la norma.
70. Con sustento en la sentencia de 29 de septiembre de 2009, proferida por esta
Corporación en el expediente N.º 2003-0442-01, advirtió la existencia de dos
interpretaciones frente a la caducidad, una intermedia y una estricta, planteadas así:
«[…] Interpretación intermedia: Se entiende que la caducidad se interrumpe con
la expedición y notificación del acto principal sancionatorio, que es la teoría que
recoge la jurisprudencia UNIFICADA citada; bajo esta interpretación es claro
que la Resolución Sanción No. 0495 del 3 de marzo del 2008, fue expedida
cuando ya habían transcurrido 3 años y 23 días, configurándose entonces que
el fenómeno de la caducidad operó de pleno (…) Interpretación estricta: Esta
interpretación acogida por algunos despachos señala que no basta con expedir
el acto principal que impone la sanción, sino que el mismo debe estar
debidamente ejecutoriado dentro del plazo indicado para la caducidad, ya que
un acto no adquiere firmeza sino hasta cuando la decisión queda ejecutoriada,
que es cuando queda resuelta la situación jurídica discutida (esta es la tesis
19
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
acogida por mi representada) y en tal sentido cuando se resuelven los recursos
interpuestos contra la Resolución de Liquidación No. 0495 del 3 de marzo de
2008, para lo cual ya habían transcurrido 3 años y 23 días desde el hecho que
da origen a la sanción, operando de marras la caducidad alegada […]».
71. Indicó que, en cualquiera de las dos interpretaciones, la sanción proferida por la
DIAN fue expedida cuando la potestad sancionatoria de la administración había
caducado y así debía declararse judicialmente.
72. iii) En lo atinente a la pérdida de competencia por parte de la DIAN para afectar
la póliza por haber perdido su vigencia, resaltó que el acto administrativo a través
del cual se impuso la sanción y que ordenó hacer efectiva la póliza se expidió un
año y ocho meses después de haber vencido la vigencia de la póliza, que lo fue el
7 de julio de 2006.
73. IV) En lo concerniente a los cargos de: (a) Desconocimiento del principio
constitucional previsto en el artículo 228 de la C.P., ─que establece que el derecho
sustancial prevalece sobre el formal─; (b) Indebida aplicación del artículo 128
numeral 10 del Estatuto Aduanero, ─sobre la presentación del «certificado de
origen» con póliza─; (c) Falta de aplicación de los artículos 497, 498 y 499 de la
Resolución N.° 4.240 de 2000 ─la DIAN indujo a UTI a un convencimiento errado y
defraudó la confianza legítima─, y (d) Falta de aplicación del artículo 2º del Estatuto
Aduanero y la violación del artículo 29 de la Constitución Política; afirmó que
estos no fueron estudiados por la primera instancia en este trámite judicial, ni por la
primera y segunda instancia dentro del proceso 2008-00860 ─sobre el cual el a-quo
considero que había operado cosa juzgada sobre este cargo─.
I.8. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
74. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de
25 de agosto de 20169, concedió el recurso de apelación.
75. Una vez remitido y repartido el proceso, el Consejero de Estado instructor del
proceso, mediante auto de 22 de agosto de 201710, admitió el recurso de apelación
formulado y ordenó que, una vez en firme la decisión anterior, se corriera traslado
a las partes para efectos de que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente
del Ministerio Público, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.
76. Laparte demandante11 ratificó los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
77. La DIAN12, en sus alegaciones, insistió en que:
9 Folio 298, cuaderno principal.
10 Fol. 5, cuaderno Consejo de Estado.
11 Fol. 33-42, cuaderno Consejo de Estado.
12 Fol. 8-11, cuaderno Consejo de Estado.
20
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
(i) Se confirme la sentencia de primera instancia, toda vez que están configurados
los presupuestos para que se declare la cosa juzgada en la medida en que existe
identidad de objeto e identidad de causa petendi.
(ii) No existe ninguna duda frente a que la reclamación con cargo a la póliza sería
de manera proporcional al monto asegurado.
(iii) Se reafirme lo expuesto por la primera instancia consistente en que, a la fecha
de la expedición de la Resolución No. 00495 de 3 de marzo de 2003, no había
perdido la competencia para declarar la efectividad de la póliza puesto que desde
el momento en que se «[…] configuró el hecho que da lugar a la realización del riesgo
asegurado, esto es la sanción, hasta la notificación de la misma al ente asegurador […]»,
no habían transcurrido los dos (2) años a los que alude el Código de Comercio para
que opere la prescripción del contrato de seguro .
78. La DIAN, a través de memorial de 26 de abril de 202113, solicitó emitir sentencia
de unificación jurisprudencial, de acuerdo con «[…] las facultades otorgadas por el
artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de
2021 […]», para efectos de determinar «[…] a la luz del artículo 1072 del Código de
Comercio, cuándo ocurre el siniestro en las pólizas expedidas en materia aduanera
cuyo objeto es garantizar el pago de sanciones y tributos aduaneros a que haya
lugar […]».
79. La Sala desató tal solicitud en el auto de 25 de noviembre de 2021 14, por medio
del cual la rechazó; sin embargo, avocó de oficio lo relativo a la unificación
jurisprudencial respecto de «[…] la ocurrencia del siniestro en las pólizas de
cumplimiento expedidas en materia aduanera cuyo objeto es garantizar el pago de
sanciones y tributos […]» y, además, se concedió prelación de fallo a este
expediente.
II. CONSIDERACIONES
II.1. COMPETENCIA
80. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA 15 y el artículo 13 del
13 Índice 12, SAMAI.
14 Índice 14, SAMAI.
15 «(…) Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión (…)».
21
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. CUESTIÓN PRELIMINAR: CORRECCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE
ESTA SECCIÓN EN RELACIÓN CON EL SINIESTRO Y LA PRESCRIPCIÓN EN
LOS SEGUROS DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES POR
IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
II.2.1. Aproximación al contrato de seguro en la actividad aduanera
81. La DIAN, a través de su apoderado judicial, como se anotó anteriormente, solicitó
a esta Sección lo siguiente:
«[…] de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 271 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, se profiera
sentencia de unificación jurisprudencial para determinar con absoluta claridad a
la luz del artículo 1072 del Código de Comercio, cuando ocurre el siniestro en
las pólizas expedidas en materia aduanera cuyo objeto es garantizar el pago de
sanciones y tributos aduaneros a que haya lugar […]».
82. La Sala, mediante auto de 25 de noviembre de 2021, decidió:
«[…] PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de unificación
jurisprudencial elevada por la entidad demandada, por las razones expuestas
en la presente decisión.
SEGUNDO: AVOCAR de oficio el asunto relacionado con la unificación
jurisprudencial de la ocurrencia del siniestro en las pólizas de
cumplimiento expedidas en materia aduanera cuyo objeto es garantizar el
pago de sanciones y tributos.
TERCERO. CONCEDER prelación de fallo al proceso de la referencia,
conforme lo expuesto en este proveído.
(…)
QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, la Secretaría de la Sección
REMITIRÁ el expediente al despacho para elaborar proyecto de sentencia […]»
─resaltado y subrayado fuera de texto─.
83. La providencia aludida sintetizó el pedimento de la autoridad aduanera, así:
«[…] El apoderado judicial de la entidad demandada, mediante escrito visible
en el índice 12 del expediente digital, solicitó que, en sentencia de unificación,
la Sección Primera del Consejo de Estado determine “cuándo ocurre el siniestro
en las pólizas expedidas en materia aduanera cuyo objeto es garantizar el pago
de sanciones y tributos aduaneros”.
Destaca el memorialista, después de citar numerosas decisiones judiciales16,
que la jurisprudencia de la Sección Primera y de otras secciones de la
16 Entre las sentencias citadas por el memorialista aparecen: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia
del 6 de junio de 2013, rad. 2009-00245-01, M.P. María Elizabeth García González; sentencias del 24 de octubre
de 2019, rad. 2004-02280-01 y 13 de junio de 2019, rad. 2011-00231-01, M.P. Nubia Margoth Peña. Consejo
22
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
corporación ha oscilado entre diferentes posturas en cuanto al momento en que
se configura el siniestro en los seguros de cumplimiento de obligaciones legales
y contractuales, puesto que, en algunas ocasiones, ha admitido que, con
independencia del instrumento que lo formalice, éste se materializa con el
conocimiento del incumplimiento de una o varias obligaciones legales; mientras
que, en otras oportunidades y en sentido opuesto, ha señalado que el siniestro
en los seguros de cumplimiento de disposiciones legales se configura
coetáneamente con la expedición del acto administrativo por medio se declara
el incumplimiento de las obligaciones y se impone la respectiva sanción.
En el memorial radicado por el apoderado judicial de la entidad demandada se
indican los pronunciamientos judiciales que, en criterio del peticionario,
demuestran la existencia de pronunciamientos judiciales opuestos, en los
siguientes términos:
(…) es así que entre los años 2013 y 2015, en sentencias tanto de la Sección
Primera como de la Cuarta del Consejo de Estado se consideró que la
configuración del siniestro en los seguros de cumplimiento de disposiciones
legales, ocurre con el hecho en sí del incumplimiento y no con el acto
administrativo de fondo que lo declara, es decir, que el siniestro se constituye
por virtud de la inobservancia de una obligación aduanera propiamente dicha
(…) Sin embargo, con posterioridad al año 2015, la tendencia jurisprudencial
del Consejo de Estado cambió sustancialmente, en el sentido de considerar que
el legislador en el artículo 1072 del Código de Comercio definió el siniestro como
la realización del riesgo asegurado y como quiera que lo que se aseguró fue el
riesgo consistente en el pago de tributos y sanciones aduaneras a que haya
lugar por el incumplimiento de las obligaciones aduaneras, el riesgo y su
siniestro amparados en pólizas de cumplimiento ocurre cuando efectivamente
se expida el acto administrativo de fondo, ya sea expidiendo la Liquidación
Oficial de Corrección, el acto sancionatorio o de decomiso según sea el caso.
Para evidenciar la existencia de posturas yuxtapuestas, el memorialista citó la
sentencia del 6 de junio de 201317, en la que se consignó lo siguiente: “…la
efectividad de las Pólizas de Cumplimiento de Disposiciones Legales (…) se
constituye por virtud de la inobservancia de una obligación aduanera, es decir,
que (…) la ocurrencia del siniestro en los seguros de cumplimiento de
disposiciones legales, es el hecho en sí del incumplimiento”.
Igualmente, el actor hizo referencia a la sentencia del 19 de marzo de 201518,
en la que se confirmó la anterior postura cuando se indicó lo siguiente: “(…) su
efectividad se materializa a partir del incumplimiento de las obligaciones
garantizadas y dentro del término de vigencia de la garantía. En materia
aduanera, la Sala ha señalado que el siniestro o riesgo asegurado lo configura
el incumplimiento de la obligación garantizada, y que esa circunstancia debe
ocurrir dentro del término de vigencia de la póliza, aclarando que el
incumplimiento, como tal, es sustancialmente distinto a su declaratoria mediante
acto administrativo”.
de Estado, Sección Quinta, sentencias del 22 de marzo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00281-01, 5 de
mayo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2010-00630-01 y 17 de mayo de 2018, rad. 76001-23-31-000-2010-
01402-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; sentencias del 17 de mayo de 2018, rad. 76001-23-31-000-2011-00850-
01 y 21 de mayo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00282-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 17 de
mayo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00248-02, M.P. Carlos Enrique Moreno; sentencia del 16 de agosto
de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00254-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 6 de junio de 2013, rad. 2009-00245-01, M.P. María
Elizabeth García González.
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de marzo de 2015, rad. 2010-01218-01 (19.388), M.P.
Carmen Teresa Ortiz Rodríguez.
23
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
En lo concerniente a la posición opuesta, según la cual el siniestro en los
seguros de cumplimiento de obligaciones legales y contractuales ocurre con la
ejecutoria del acto administrativo y no con el hecho mismo del incumplimiento,
el memorialista trajo a colación la sentencia del 22 de marzo de 201819, en la
que se señaló lo siguiente: “Para la Sala, tal y como fue considerado en el
anterior literal a), en el presente caso, el riesgo asegurado se siniestró con la
expedición y notificación del acto administrativo que impuso efectivamente la
sanción garantizada con la Póliza de Cumplimiento Disposiciones Legales Nro.
11-43-101000067 de 18 de octubre de 2007, esto es, con la Resolución nro. 03-
064-191-668-2131-00-2142 de 10 de octubre de 2008”.
Tal postura fue reiterada en la sentencia de 5 de abril de 201820, en la que se
afirmó: “Para la Sección, tal y como fue considerado, en el presente caso el
riesgo asegurado se siniestró con la expedición y notificación del acto
administrativo que impuso efectivamente la sanción garantizada con la Póliza
de Cumplimiento Disposiciones Legales Nro. 11-43-101000067 de 18 de
octubre de 2007, esto es, con la Resolución nro. 03-064-191-668-2131-00-2154
de 10 de octubre de 2008”.
La misma línea jurisprudencial, según lo expuso, aparece consignada en tres
sentencias de 17 de mayo de 201821, 22 y 23, resaltándose que en la primera de
ella se señaló lo siguiente: “Lo anterior significa que el siniestro no ocurrió con
el incumplimiento de la obligación de poner la mercancía a disposición de la
autoridad aduanera una vez fenecido el término de 15 días fijado en el
requerimiento ordinario 03-070-210-403-004369 de 17 de septiembre de 2007,
esto es, el 5 de octubre de 2007, como erróneamente lo indicó el a quo, pues,
debe tenerse en cuenta que una cosa es la comisión de la conducta reprochada
y constitutiva de la infracción aduanera y otra muy distinta es la imposición de
la multa que configura el objeto asegurado”. Y, en este mismo sentido, se
pronunciaron las sentencias de 21 de mayo de 201824, 16 de agosto de 201825,
24 de octubre de 201926 y de 13 de junio de 201927.
Significa lo anterior que le asiste la razón al memorialista en la necesidad de
emitir un pronunciamiento jurisprudencial unificado respecto de las referidas
temáticas.
Ante este panorama, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN,
solicitó el 23 de abril de 2021 a la Sección Primera que unifique su
jurisprudencia, por considerar que existen posturas divergentes y
contradictorias que reflejan una incertidumbre jurídica que afecta de manera
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2018, rad. 2009-00281-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de abril de 2018, rad. 2010-00630-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro.
21 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 2011-00850-01, M.P. Rocío
Araujo Oñate.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 2010-01402-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 2009-00248-02, M.P. Carlos
Enrique Moreno.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de mayo de 2018, rad. 2009-00282-01, M.P. Rocío
Araujo Oñate.
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de agosto de 2018, rad. 2009-00254-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez.
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de octubre de 2019, rad. 2004-02280-01, M.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
27 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de junio de 2019, rad. 2011-00231-01, M.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
24
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
grave tanto a los usuarios aduaneros, a las empresas aseguradoras y a la
misma administración pública […]».
84. Tal decisión se justificó de la siguiente manera:
«[…] 14. La Sala destaca que, a la luz de los antecedentes expuestos con
antelación, el proceso de la referencia inició en vigencia del anterior Código
Contencioso Administrativo, esto es, el Decreto 01 de 1984.
15. En ese sentido, el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, en lo atinente al
régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo -CPACA, es del siguiente tenor:
(…)
16. Tal como se observa de la norma procesal en comento, todos los procesos
judiciales que se iniciaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de
2011, y que se tramitaron de conformidad con el Decreto 01 de 1984, se rigen
por esta última norma hasta el momento de su finalización, sin que resulte
procedente, por tanto, aplicar total o parcialmente las nuevas reglas
introducidas por el CPACA.
17. Ahora bien, es del caso destacar que, aunque en vigencia del Decreto 01
de 1984 existía la posibilidad de que las Secciones o la Sala Plena de la
Corporación unificaran su jurisprudencia28, también lo es que el ordenamiento
jurídico de la época no previó dicha figura jurídica a solicitud de parte, sino
únicamente de oficio29.
18. En ese orden de ideas, el Despacho considera que la solicitud de unificación
de jurisprudencia elevada por la entidad demandada, resulta improcedente.
19. Sin embargo, la Sala considera que efectivamente existen
divergencias en cuanto al momento en que se configura el siniestro en los
seguros de cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, puesto
que, en algunas ocasiones, ha admitido que, con independencia del
instrumento que lo formalice, éste se materializa con el conocimiento del
incumplimiento de una o varias obligaciones legales; mientras que, en
otras oportunidades, se ha señalado que el siniestro en los seguros de
cumplimiento de disposiciones legales se configura coetáneamente con
la expedición del acto administrativo por medio del cual se declara el
incumplimiento de las obligaciones y se impone la respectiva sanción.
20. De otra parte, se tiene que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece
los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia, así:
(…)
28 En ese sentido ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto
No. 2177 de 10 de diciembre de 2013, rad. 11001-03-06-000-2013-00502-00. M.P. William Zambrano Cetina.
29 En vigencia del Decreto 01 de 1984 la unificación jurisprudencial estaba a cargo de la Sala Plena Contenciosa
del Consejo de Estado, a la que correspondía: “resolver los asuntos que le remitían las secciones por su
importancia jurídica o trascendencia social”; “conocer los procesos que le remitan las secciones para cambiar o
reformar la jurisprudencia de la Corporación”; y “resolver los recursos extraordinarios de revisión y de súplica
presentados contra las sentencias dictadas por las secciones y subsecciones de la corporación” (artículo 97 del
Decreto 01 de 1984, modificado y adicionado por el artículo 33 de la ley 446 de 1998). El Reglamento del
Consejo de Estado, expedido con base en el numeral 6º del artículo 237 de la Constitución Política y en el
numeral 8 del artículo 35 de la ley estatutaria de administración de justicia, atribuyó a las respectivas Secciones
la competencia de unificar de oficio la jurisprudencia.
25
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
21. Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 que reformó la Ley 270
de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, estableció lo siguiente:
(…)
23. Así las cosas, y teniendo en cuenta la necesidad de señalar una posición
univoca respecto de la controversia existente, así como la evidente importancia
jurídica y la clara trascendencia económica que esta controversia tiene en el
mercado de los seguros y en la misma administración pública -como usuaria e
interviniente permanente en el citado mercado asegurador-, la Sección Primera
del Consejo de Estado no solo dispondrá, oficiosamente, la unificación de su
jurisprudencia respecto de los temas descritos en el numeral 5 de esta
providencia, sino que considera que el proceso de la referencia debe ser fallado
con prelación y sin sujeción al criterio cronológico de turno (sic) […]» ─resaltado
y subrayado fuera de texto─.
De esta manera, le corresponde a esta Sala unificar su jurisprudencia en lo
atinente al momento en que se configura el siniestro en los seguros de
cumplimiento de obligaciones legales en temas aduaneros.
85. Para el efecto, cabe precisar que de conformidad con el Decreto N.º 2.685 de 30
de diciembre de 1999, norma a través de la cual se modificó la legislación aduanera
y que resulta aplicable a esta controversia, «[…] [E]n los casos previstos en este
Decreto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá los plazos,
modalidades, vigencias y cuantías en que deban otorgarse las garantías, cuando
las normas establezcan que determinada obligación deba estar respaldada con una
garantía […]» ─artículo 9°─.
86. Asimismo, la Resolución N.º 4.240 de 2 de junio de 2000, norma igualmente
aplicable a esta controversia, estableció, en su artículo 495, que las garantías
mencionadas en esta resolución deberían otorgarse a favor de la Nación ─ Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─ y cuando
deban presentarse ante una administración aduanera deberá adicionarse como
beneficiaria de esta, a la respectiva autoridad aduanera.
87. Por ende, como lo aseveró esta Corporación, «[…] Los artículos 9 del Decreto
2685 de 1999 y 496 de la Resolución 4240 de 2000, señalan que las garantías se
constituyen para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras (…)
Así pues, en las garantías constituidas a favor de la DIAN, el interés asegurable
lo constituyen los tributos aduaneros, las sanciones y demás emolumentos
que puedan ampararse con una póliza […]»30 ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
88. La doctrina, en el anterior sentido, ha destacado lo siguiente:
30 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. Consejero
ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ. Bogotá, D. C. diecinueve (19) de marzo de dos mil quince
(2015). Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01218-01(19388). Actor: SEGUREXPO DE COLOMBIA
S.A.
26
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
«[…] las administraciones de aduanas, al exigir una garantía, buscan asegurar
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los usuarios
aduaneros u operadores de comercio exterior y también, como lo señala
Grillo, buscan proteger la afectación sufrida por el incumplimiento de las
formalidades legales contenidas en una norma aduanera (…) La regulación
aduanera colombiana, en el artículo 28 del Decreto 1685 de 2019, define que la
garantía es una obligación accesoria a la obligación aduanera, mediante
la cual se asegura el pago de los derechos e impuestos, las sanciones y
los intereses que resulten del incumplimiento de una obligación aduanera
prevista en la regulación aduanera (…) De acuerdo con lo anterior se puede
establecer que las tres legislaciones revisadas definen la garantía como un
mecanismo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en el
Derecho Aduanero. Por una parte, la existencia de la obligación principal,
que sería la obligación aduanera que posiblemente se incumpla o como
se señala en el Código Aduanero de la Unión que se haya incumplido
(deuda existente), y por otra, la de la obligación accesoria, que para el caso
que nos ocupa es precisamente la garantía y con la cual se respalda la
principal […]»31 ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
89. La DIAN, en su concepto general unificado de 3 de febrero de 2021 32, mencionó
que una garantía es:
«[…] Según lo previsto en el artículo 1061 del Código de Comercio (…) la
promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada
cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega la
existencia de determinada situación de hecho (…) La garantía es una
obligación accesoria a la obligación aduanera, mediante la cual resulten
del incumplimiento de una obligación aduanera en el Decreto 1165 de 2019
[…]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
90. El artículo 496 de la Resolución N.º 4.240 de 2000, indicó que: «[…] [L]as
garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
aduaneras, serán globales o específicas y podrán ser bancarias o de Compañía de
Seguros […]», entendiendo por globales «[…] las que se constituyen para respaldar
varias operaciones de un mismo responsable […]» y por específicas las que sirven
«[…] para respaldar una sola operación […]» ─artículo 496°─.
91. La doctrina, frente a esta diferenciación de las garantías en materia aduanera, ha
destacado lo siguiente:
«[…] Revisando algunas legislaciones encontramos que consagran garantías
globales y específicas. Las primeras son aquellas que amparan las obligaciones
que adquiere el usuario aduanero o el operador de comercio exterior e integra
diferentes operaciones, formalidades u obligaciones aduaneras, mientras que
las garantías específicas son aquellas que garantizan el cumplimiento de una
obligación en una operación particular […]»33.
31 GONZÁLEZ ANZOLA, Silvia Paula (2019). Las garantías en las operaciones aduaneras. En Derecho
Aduanero, Tomo II / Germán Pardo Carrero, director; Santiago Ibáñez Marsilla, codirector; Felipe Moreno Yebra,
codirector. - Bogotá: Universidad del Rosario; Tirant lo Blanch, 2019. Pág. 702.
32 https://www.dian.gov.co/normatividad/Documents/Concepto-100202208-027-General-Unificado-
Garantias.PDF
33 GONZÁLEZ ANZOLA, Silvia Paula (2019). Las garantías en las operaciones aduaneras. En Derecho
Aduanero, Tomo II / Germán Pardo Carrero, director; Santiago Ibáñez Marsilla, codirector; Felipe Moreno Yebra,
codirector. - Bogotá: Universidad del Rosario; Tirant lo Blanch, 2019. Pág. 704.
27
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
«[…] Como acaba de exponerse, las garantías aduaneras, pueden ser globales
o específicas y pueden consistir también en garantías bancarias o en pólizas de
compañías de seguro (…) Las garantías globales se aplican respecto de
usuarios aduaneros permanentes, usuarios altamente exportadores, agencias
de aduana (antes denominadas como sociedades de intermediación aduanera),
para el transporte terrestre de mercancía bajo control aduanero y para el
transporte multimodal de mercancía bajo; la característica de este tipo de
garantías radica en que se constituyen para respaldar varias operaciones de un
mismo responsable, mientras que las garantías específicas están destinadas a
respaldar una sola operación […]»34.
92. La DIAN, en su concepto general unificado de garantías de 3 de febrero de
202135, se refirió a las clases de garantías que se constituían ante esa entidad, así:
«[…] i) Garantías globales: son las que amparan las obligaciones que adquiera
el importador, exportador, o usuario aduanero, de varias operaciones o trámites
aduaneros, es decir, se constituyen para respaldar varias operaciones de un
mismo responsable (…) Quien hubiere constituido una garantía global, mientras
se encuentre vigente, no estará obligado a constituir garantías específicas,
salvo cuando se trate de garantías en reemplazo de una medida cautelar;
ii) Garantías específicas: son las que amparan el cumplimiento de obligaciones
de una operación o trámite aduanero en particular, es decir, respaldan una sola
operación de comercio exterior o trámite aduanero; conforme al artículo 29 del
Decreto 1165 de 2019. En el objeto deberá indicarse en cada caso, la
correspondiente disposición legal que contiene la obligación que ampara; y
iii) Garantías de pleno derecho: Es una garantía real que sólo está prevista para
los casos de tránsito aduanero comunitario, y recaerá sobre el medio de
transporte o unidades de carga registrados ante la Subdirección de Gestión de
Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, para responder por
los gravámenes a la importación, así como por los tributos, finalización de la
modalidad y el cumplimiento de los trámites aduaneros establecidos en
Colombia. No obstante, la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá exigir otro tipo de garantía
cuando el medio de transporte, por sí mismo, no garantice suficientemente la
operación […]»
93. Ahora bien, del contenido de las mencionadas disposiciones, se advierte que una
de las garantías que permiten asegurar el cumplimiento de las obligaciones
aduaneras es la constituida por una «[…] Compañía de Seguros […]».
94. El contrato de seguro, en términos generales y conforme lo ha señalado la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, puede ser definido de la siguiente
forma:
«[…] El artículo 1037 del Código de Comercio lo define como el acuerdo
mediante el cual una persona, natural o jurídica, decide trasladar a otra, de
34 NARVAEZ BONNET, Jorge Eduardo. El seguro de cumplimiento: de contratos y obligaciones. 1ª ed. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Grupo Editorial Ibáñez ─ (Colección
profesores, N° 52). Pág. 583.
35 https://www.dian.gov.co/normatividad/Documents/Concepto-100202208-027-General-Unificado-
Garantias.PDF
28
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
naturaleza jurídica, autorizada para ello, los riesgos que pudieran afectar su
patrimonio o su integridad física.
La Corte tiene definido que “(…) el seguro es un contrato por virtud del cual una
persona -el asegurador- se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta
que se denomina ‘prima’, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de
un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar
al ‘asegurado’ los daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una
renta (…), cuya función, como se sabe, es la previsión, la capitalización y el
ahorro (…)”36 . […]»37.
95. El artículo 1045 del Código Comercio estableció como elementos esenciales del
contrato de seguro, (a) el interés asegurable; (b) el riesgo asegurable; (c) la prima
o precio del seguro, y (d) la obligación condicional del asegurador, señalando que
«[…] [E]n defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no
produciría efecto alguno […]».
96. El concepto de interés asegurable es el siguiente:
«[…] es la relación de índole económica que une a una persona consigo misma,
o con otro sujeto, o con un bien, o con un derecho específico, que
eventualmente puede resultar afectado por variedad de riesgos, todos ellos
susceptibles de ser amparados en un contrato de seguro.
En oportunidad anterior, SC 21 mar. 2003, Exp. 6642, la Corte definió el interés
asegurable como la «relación –relatio- de carácter económico que liga –o
vincula- a una persona con una cosa, con una universalidad, consigo misma,
etc., in potentia amenazadas por la realización del riesgo cubierto (arts. 1045,
nral. 1º, 1083 y 1137 ib.)» […]»38.
97. El concepto general unificado de garantías de 3 de febrero de 2021 39, frente a
este elemento, explicó que: «[…] [E]n el caso de las garantías constituidas a favor
de la DIAN el interés asegurable (amparo o cobertura) lo constituyen los tributos
aduaneros, las sanciones y demás emolumentos que puedan ampararse con las
pólizas requeridas […]».
98. De otro lado y siguiendo el artículo 1054 del Código de Comercio, el riesgo
asegurable es:
«[…] el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del
tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la
obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente
imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de
36 CSJ SC dic. 19 de 2008, rad. 2000-00075; citada en las sentencias 6709 de 28 de mayo de 2015, exp. 6709;
junio 15 de 2016, rad. 2007-00072; y 248 de 14 de diciembre de 2001, exp. 6230.
37 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: LUIS ARMANDO TOLOSA
VILLABONA. SC3273-2020. Radicación: 11001-31-03-013-2011-00079-01.Bogotá, D.C., siete (7) de
septiembre de dos mil veinte (2020).
38 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: LUIS ALONSO RICO
PUERTA. SC5327-2018. Radicación: 68001-31-03-004-2008-00193-01. Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre
de dos mil dieciocho (2018).
39 https://www.dian.gov.co/normatividad/Documents/Concepto-100202208-027-General-Unificado-
Garantias.PDF
29
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de
determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. […]».
99. La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, frente a este
elemento, indicó lo siguiente:
«[…] El riesgo asegurable o «el suceso incierto que no depende
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario»
(artículo 1054); dicho en otros términos, se trata de «un hecho condicionante,
esto es, verdadera circunstancia futura e incierta, por la posibilidad de su
ocurrencia al mediar la incertidumbre de que sobrevenga el hecho por obra
del azar, del alea, afectando patrimonialmente a un sujeto de derecho, en
forma concreta (seguro de daños), o en forma abstracta (seguro de personas)»
(SC7814, 15 jun. 2016, rad. n.° 2007-00072-01). Puede consistir en una acción
u omisión, hechos de la naturaleza o humanos, internos o externos al
asegurado, de origen físico o jurídico, instantáneos o evolutivos, unicausales
o pluricausales, ordinarios o extraordinarios, entre muchas otras alternativas40,
siempre que ninguna de ellas dependa exclusivamente de la voluntad del
tomador, asegurado o beneficiario, ni se trate del aseguramiento del dolo, la
culpa grave o actos meramente potestativos (artículo 1055 de la codificación
comercial), sin perjuicio de lo prescrito en el inciso final del artículo 1127,
norma prevalente para el seguro de responsabilidad […]»41
100. La prima, a su turno, corresponde a la «[…] contraprestación a cargo del
tomador y en favor de la aseguradora por el hecho de asumir el amparo y la
obligación de indemnizar frente a la ocurrencia de un determinado siniestro […]»42
y, frente a la obligación condicional del asegurador, se ha mencionado que:
«[…] [E]s el cuarto elemento esencial del contrato de seguro y, en verdad, dudo
de que se trate de una exigencia sustancialmente diversa a la de la existencia
del riesgo asegurable, porque lo cierto es que resulta elemento esencial del
contrato el que la obligación del asegurador esté sometida a una condición,
hecho futuro e incierto que no dependa de la sola voluntad del tomador o
asegurado, que viene a ser la condición, pero que también es lo que el art. 1054
del C. de Co. define como riesgo al señalar que su “realización da origen a la
obligación del asegurador” […]»43
101. La Sala debe precisar que los contratos que seguros celebrados para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras son catalogados,
precisamente, como seguros de cumplimiento de obligaciones legales 44, respecto
de los cuales se ha pronunciado la doctrina45 en el siguiente sentido:
40 J. Efrén Ossa G., Teoría general del seguro. El contrato. Tomo II, Temis, Bogotá, 1991, pp. 108 y 109.
41 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: AROLDO WILSON QUIROZ
MONSALVO. SC487-2022. Radicación: 08001-31-03-006-2016-00078-01.Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de
dos mil veintidós (2022).
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. 7ª ed. Bogotá: DUPRE Editores. Pág.
204-205.
42 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. 7ª ed. Bogotá: DUPRE Editores. Pág.
183.
43 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. 7ª ed. Bogotá: DUPRE Editores. Pág.
204-205.
44 https://fasecolda.com/ramos/cumplimiento/el-seguro/disposiciones-legales/
45 NARVAEZ BONNET, Jorge Eduardo. El seguro de cumplimiento: de contratos y obligaciones. 1ª ed. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Grupo Editorial Ibáñez ─ (Colección
profesores, N° 52). Pág. 69-74.
30
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
«[…] Por su parte, los seguros de cumplimiento que amparan obligaciones de
carácter legal, como ya se expresó, consisten principalmente en las pólizas de
disposiciones legales, las cauciones judiciales y las garantías aduaneras.
(…)
El seguro de cumplimiento en nuestro medio se ha estructura en su forma de
explotación como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de un contrato o de la ley, entendida en sentido
amplio, vale decir, comprende disposiciones de carácter general y
abstracto que vinculan a los miembros del conglomerado social ante una
situación de hecho específica.
(…)
3. DEFINICIÓN DEL SEGURO DE CUMPLIMIENTO (…) puede afirmarse que
es una modalidad de los seguros de daños de carácter patrimonial que tiene
por objeto garantizar al deudor de una obligación (afianzado) derivada de un
contrato o de la ley, ante el eventual incumplimiento en que pueda incurrir
respecto del acreedor (asegurado) y que de ocurrir esa contingencia, el
asegurador indemnizará los perjuicios que dicho incumplimiento conlleve y
hasta la concurrencia de la suma asegurada […]»
102. En el mismo sentido, el concepto general unificado de garantías de 3 de
febrero de 202146, indicó:
«[…] 1.3. ¿Qué es el seguro de cumplimiento? (…) El seguro de cumplimiento
es un contrato de seguro celebrado entre una compañía de seguros y un
tomador, comúnmente denominado afianzado, en el que la aseguradora
garantiza el cumplimiento por parte del citado tomador de unas
obligaciones contenidas en una disposición legal.
El artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF- regula
entre las distintas modalidades del contrato de seguro, el seguro de
cumplimiento, cuyo fin se concreta en garantizar el correcto manejo de fondos
o valores confiados a empleados públicos o a particulares, en favor de las
entidades ante las cuales aquellos sean responsables. Del mismo modo,
establece que el seguro de cumplimiento se extiende «también al pago de
impuestos, tasas y derechos y al cumplimiento de obligaciones que
emanen de leyes o de contratos»
En ese orden de ideas, el seguro de cumplimiento de disposiciones legales
en materia aduanera afianza el interés patrimonial del Estado
representado en el monto de los tributos aduaneros, sanciones e intereses
a que haya lugar, así como de los generados por el incumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades consagradas en la normatividad
aduanera y de comercio exterior. El artículo 184, ordinal 2° del EOSF, dispone
que las pólizas tendrán que sujetarse a las normas que regulan el contrato de
seguro, al propio EOSF «y a las demás disposiciones imperativas que resulten
aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva» […]» ─resaltado y
subrayado fuera de texto─.
46 https://www.dian.gov.co/normatividad/Documents/Concepto-100202208-027-General-Unificado-
Garantias.PDF
31
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
II.2.2. La divergencia de posiciones en el interior de la Sección Primera en
relación con el momento en que se configura el siniestro en los seguros de
cumplimiento de obligaciones legales
103. La Sala advierte la existencia de divergencias existentes en el tratamiento que
la jurisprudencia de la Sección Primera le ha dado a esta garantía en los
procedimientos administrativos sancionatorios aduaneros; disparidad interpretativa
se hace explícita: (a) en la definición y concreción del siniestro en los seguros de
cumplimiento de obligaciones legales ─ ¿cuándo debe entenderse ocurrido el
siniestro y qué hecho o situación fáctica lo ocasiona o lo origina? ─, y (b) en
la contabilización del término de prescripción ─ ¿a partir de cuándo se contabiliza
la prescripción de la acción para el cobro del seguro de cumplimiento?
104. La jurisprudencia de la Sección Primera, en efecto, ha oscilado entre dos
posturas en cuanto al siniestro. Una de ellas indica que, con independencia del
instrumento que formalice el siniestro, éste se origina con el conocimiento del
incumplimiento de una o varias obligaciones legales aduaneras.
105. La otra señala que el siniestro en los seguros de cumplimiento de
disposiciones legales se configura con la expedición del acto administrativo por
medio del cual se declara el incumplimiento de las obligaciones y se impone la
respectiva sanción.
106. La primera postura tiene como sustento el contenido del artículo 1081 del
Código de Comercio y apunta a que el siniestro se constituye por virtud de la
inobservancia de una obligación aduanera, motivo por el cual la ocurrencia del
siniestro en los seguros de cumplimiento de disposiciones legales se configura con
el hecho en sí del incumplimiento y no con el acto administrativo que lo constituye,
lo que conduce a señalar que la administración cuenta con dos (2) años -prescripción
ordinaria- desde el momento en que tuvo o debió tener conocimiento del efectivo
incumplimiento, para efectos de requerir al deudor y expedir el citado acto
administrativo.
107. Por el contrario, la segunda postura, la cual surgió en el año 2018 y se ha
reiterado hasta el 2021, tiene como fundamento la tesis jurisprudencial consistente
en que el siniestro ocurre con la ejecutoria del acto administrativo que lo constituye,
motivo por el cual no habrá siniestro hasta tanto no se profiera el acto administrativo
sancionatorio y, en consecuencia, la obligación del asegurador no se hará exigible
hasta tanto no haya decisión administrativa en la que se imponga la sanción.
108. Con ocasión de las anteriores divergencias y teniendo en cuenta la necesidad
imperiosa de señalar una posición unívoca respecto de la tensión existente, la
Sección Primera del Consejo, mediante auto de 25 de noviembre de 2021, decidió
proferir una decisión de unificación que precise: (i) en qué consiste el siniestro en este
tipo de pólizas de cumplimiento de obligaciones legales por imposición de sanciones
administrativas; (ii) cuándo debe entenderse ocurrido el siniestro, y (iii) cómo debe
32
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
computarse la prescripción de las acciones de las que dispone la administración
pública para reclamar las indemnizaciones frente a las compañías de seguro.
109. En aras de emitir la decisión de unificación en comento, y por razones
metodológicas, la Sala de Decisión, previamente a resolver el caso concreto, estima
pertinente abordar los siguientes ejes temáticos: (a) primera postura jurisprudencial:
el siniestro se configura como consecuencia del incumplimiento de una obligación
legal aduanera; (b) segunda postura jurisprudencial: el siniestro acaece como
consecuencia de la expedición de un acto administrativo constitutivo del siniestro; para
luego, (c) fijar las reglas de unificación de jurisprudencia de la Sección Primera sobre
el siniestro y la prescripción en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales.
110.(i) Primera postura jurisprudencial: el siniestro se configura como
consecuencia del incumplimiento de una obligación legal aduanera
111. Las sentencias de 21 de septiembre de 200047, 11 de julio de 200248, 4 de julio
de 200349, 28 de agosto de 200350, 9 de septiembre de 200451, 7 de abril de 200552,
30 de marzo de 200653, 30 de octubre de 200854, 29 de enero de 200955, 3 de junio
de 201056, 28 de octubre de 201057, 16 de junio de 201158, 24 de noviembre de
201159, 26 de julio de 201260, 6 de junio de 201361, 7 de diciembre de 201762, 13 de
47 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de septiembre de 2000, rad. 2000-N5796, M.P. Olga
Inés Navarrete Barrero.
48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de julio de 2002, rad. 11001-03-24-000-1999-00376-
01(7255), M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
49 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 4 de julio de 2003, rad. 25000-23-24-000-2001-00721-
01(8673), M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 4 de julio de 2003, rad. 25000-23-24-000-2001-00749-01,
M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
50 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de agosto de 2003, rad. 25000-23-24-000-2000-00502-
01(8031), M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
51 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2004, rad. 25000-23-24-000-2002-
90012-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
52 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de abril de 2005, rad. 25000-23-24-000-2000-00192-
01(7789), M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
53 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de marzo de 2006, rad. 05001-23-31-000-1999-00806-
01, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
54 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de octubre de 2008, rad. 25000-23-27-000-2001-
01278-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
55 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de enero de 2009, rad. 76001-23-24-000-2000-02099-
01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
56 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010, rad. 13001-23-31-000-2002-00430-
01, M.P. María Claudia Rojas Lasso (E).
57 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2010, rad. 76001-23-31-000-1997-
24616-01, M.P. María Elizabeth García González.
58 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de junio de 2011, rad. 76001-23-31-000-2002-05455-
01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de junio de 2011, rad. 76001-23-31-000-2001-00554-01,
M.P. María Claudia Rojas Lasso.
59 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de noviembre de 2011, rad. 76001-23-31-000-2001-
01559-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.
60 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 25000-23-24-000-2001-01126-
01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
61 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de junio de 2013, rad. 25000-23-24-000-2009-00245-
01, M.P. María Elizabeth García González.
62 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, rad. 08001-23-31-000-2009-
01122-01, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
33
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
junio de 201963 y 29 de julio de 202164, entre otras, inauguraron y consolidaron una
postura jurisprudencial en la que se fijaron los siguientes lineamientos:
(a) El siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales es la
inobservancia e incumplimiento, en sí mismo, de las obligaciones aduaneras, el cual
debe tener ocurrencia dentro del término de vigencia de la garantía.
(b) El acto administrativo que constata tal inobservancia e incumplimiento tiene
naturaleza declarativa del siniestro.
(c) El acto administrativo que declara el incumplimiento de una obligación
garantizada debe expedirse dentro de la vigencia de la póliza o dentro de los dos
años siguientes a la fecha en que la administración tuvo conocimiento o
razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado, para así evitar
el acaecimiento del fenómeno de la prescripción regulado en el artículo 1081 del
Código de Comercio65.
112. Así, esta Sección, en la sentencia de 11 de julio de 200266, indicó lo siguiente:
«[…] El hecho que dio origen a ese acto administrativo consiste en que la actora
no presentó a la DIAN una mercancía que transportó y que fue decomisada
mediante un acto anterior, a lo cual se había obligado en virtud de que
después de su aprehensión por irregularidades en los documentos de
importación, le había sido entregada provisionalmente, bajo garantía
constituida por la Póliza de Cumplimiento Núm. 567697 de 4 de mayo de
1994, de la Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. La Nacional.
Tal incumplimiento se configuró al vencimiento del término de cinco (5)
días que le fue dado para poner la mercancía a disposición de la DIAN,
contados a partir de la ejecutoria de la decisión respectiva, lo cual tuvo
ocurrencia el 11 de diciembre de 1996, cuando quedó ejecutoriada la
Resolución Núm. 4442 de 1996.
(…)
La póliza fue constituida el 4 de mayo de 1994, con vigencia hasta el 4 de agosto
de 1995, lo cual no fue modificado por la adición que se le hizo con fecha 16 de
junio de 1994 (folios 20 a 22).
63 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, rad. 25000-23-27-000-2011-00231-
01, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
64 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de julio de 2021, rad. 76001-23-31-000-2010-01220-
01, M.P. Oswaldo Giraldo López.
65 «[…] ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan
del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria (…) La
prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido
o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción (…) La prescripción extraordinaria será de cinco
años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho (…) Estos términos no pueden ser modificados por las partes[…]».
66 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de julio de 2002, rad. 11001-03-24-000-1999-00376-
01(7255), M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
34
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
La clase de garantía a la cual corresponde está consagrada en el artículo 24 de
la Resolución Núm. 1794 de 13 de octubre de 199367, así:
(…)
El siniestro, consistente en el incumplimiento de la obligación, se
presentó al cabo de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que quedó
ejecutoriada la Resolución Núm. 636-0022 de 15 de julio de 1996, mediante
la cual se decretó el decomiso, ejecutoria que, según informa la DIAN, fue
el 11 de diciembre de 1996, cuando se notificó la Resolución Núm. 4442 de
1996 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra aquélla.
Por lo anterior se evidencia que el siniestro se presentó,
aproximadamente, un año y cuatro meses después del 4 de agosto de
1995, esto es, después de vencido el término de vigencia de la póliza,
luego la cuestión se traslada a verificar si ello afecta la legalidad de la
orden de hacerla efectiva.
En la contestación de la demanda la DIAN aduce el artículo 1081 del Código de
Comercio para justificar dicha situación, en cuanto señala un término de dos (2)
años para la prescripción ordinaria de las acciones que se derivan del contrato
de seguros, pero la Sala observa que esa norma no es pertinente al punto, por
cuanto una cosa es la prescripción de tales acciones y otra, la del alcance en el
tiempo de la cobertura o el amparo pactado en el aludido contrato, o lo que es
igual, la vigencia del mismo. Dicho artículo, en lo pertinente, señala lo siguiente:
(…)
Como se puede apreciar, se trata de un término que empieza a correr desde la
ocurrencia del siniestro objeto del amparo, que para el caso viene a ser el hecho
que daría base a la acción correspondiente, la cual sería la de cobro coactivo,
sin que aparezca relacionado con la vigencia de la póliza. Este último tópico
cuenta para determinar si el siniestro queda o no cobijado por el seguro de que
se trate.
La vigencia de la póliza es ni más ni menos que la del contrato de seguro,
consagrada como uno de los contenidos del mismo en el artículo 1047, numeral
6, del Código de Comercio, y se entiende que es el tiempo dentro del cual surte
sus efectos y, por ende, en el que los riesgos corren por cuenta del asegurador,
por consiguiente, una vez vencido el período de vigencia antes de que
acontezca el siniestro, desaparece el correspondiente amparo respecto del
mismo, luego no cabe pretenderlo en relación con un evento ocurrido cuando
no hay contrato de seguro vigente.
Sirve como complemento de lo anotado, lo dicho por la Sección Cuarta de esta
Corporación, en sentencia de 31 de octubre de 1994, Expediente Núm. 5759,
Consejero Ponente doctor Guillermo Chaín Lizcano, así:
67 La decisión judicial citó el artículo en la siguiente manera: «[…] “Artículo 24º. Garantías en reemplazo de
aprehensión (…) “Cuando exista mercancía aprehendida y aún no se haya ejecutoriado la resolución ordenando
el decomiso podrá constituirse garantía bancaria o de compañía de seguros, si la División de Comercialización
o quien haga sus veces lo autoriza, previo concepto favorable de la División de Fiscalización o de Liquidación,
según el caso. Esta garantía se constituirá por el 100% del valor aduanero de la mercancía, por el término de
un (1) año, contado a partir de la fecha de la autorización respectiva y podrá renovarse si fuere necesario (…)
“El objeto de la garantía es respaldar en debida forma la obligación de poner la mercancía a disposición de la
aduana cuando en el proceso administrativo se ordene su decomiso, o se permita declararla bajo una modalidad
de importación (…) “Esta garantía deberá constituirse por quien se haga parte dentro del proceso administrativo”
[…]».
35
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
“si expedido el acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía dentro
de los cinco (5) años siguientes a su firmeza, no se han realizado los actos que
corresponden para ejecutarlos, no puede la Administración exigir su cobro.
“Cosa distinta la constituye el término para proferir el acto administrativo que
ordene hacer efectiva la garantía, que junto con la póliza otorgada constituyen
el título ejecutivo conforme lo preceptúa el artículo 68 numeral 5o. del Código
Contencioso Administrativo.
“Término que contrariamente a lo expresado por el a - quo no necesariamente
debe coincidir con el de vigencia de la póliza de garantía, porque éste tiene por
objeto amparar el riesgo (incumplimiento) que se produzca en su vigencia.
Ocurrencia que puede tener lugar en cualquier momento incluido el último
instante del último día de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamación del
pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido, que pueden ser coetáneos o
posteriores a la de la vigencia de la póliza.” (subrayas de la Sala).
En el presente caso, como se observó, el siniestro tuvo lugar cuando el contrato
de seguro ya no estaba vigente, luego la póliza no tenía validez alguna, de modo
que no era procedente ordenar su cumplimiento. Justamente para evitar
situaciones como esa, el precitado artículo 24 de la Resolución Núm. 1794 de
1993, prevé que la garantía pueda renovarse si fuere necesario, posibilidad que
la DIAN no aprovechó para mantener la garantía del presente caso.
En consecuencia, se revocará la sentencia para, en su lugar, declarar la nulidad
de la resolución acusada en cuanto al punto, esto es, en su artículo segundo,
en donde se ordena hacer efectiva la póliza en mención. Sin embargo, conviene
aclarar que ello no significa la extinción de la obligación amparada durante la
vigencia de aquélla, sino que ella queda solamente a cargo de la obligada que
aquí es la misma actora, también tomadora de la póliza […]» ─resaltado y subrayado
fuera de texto─.
113. La sentencia del 26 de julio de 201268 destacó que el objeto de la póliza
constituida en tal caso, tratándose del régimen de importación temporal para
reexportación, era garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras
consistentes en la finalización de tal régimen y el pago oportuno de los tributos, lo
cual implica que el siniestro que da lugar a la efectividad de la garantía es el
incumplimiento de las mismas, razón por la que el acto administrativo que impone
la sanción y hace efectiva aquella, tiene una naturaleza declarativa. La decisión en
comento es del siguiente tenor:
«[…] 3. La Sala abordará en su orden, los puntos que sobre el fallo de primera
instancia cuestiona el actor, comenzando por el relativo a la configuración del
fenómeno de la prescripción para la fecha en que se expidió el acto acusado;
para luego, evaluar lo que atañe a la violación de las normas de la Ley 550 de
1999 aducidas por el recurrente.
Es menester advertir que la garantía en cuestión fue expedida para
responder por las obligaciones contraídas en el marco de una importación
temporal a largo plazo por parte de Clínica Los Rosales Ltda., en los
términos del artículo 42 del decreto 1909 de 1992, vigente para la época de
ocurrencia de los hechos. La norma era del siguiente tenor:
68 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 25000-23-24-000-2001-01126-
01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
36
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
(…)
De acuerdo con el artículo 41 ibidem, el importador se comprometió a cancelar
la suma de $12.061.32 dólares, dividida en diez (10) cuotas iguales de
$1.206.13 dólares en forma semestral y en pesos colombianos a la tasa vigente
para la fecha de la cancelación.
Para efectos de garantizar lo anterior, fue expedida por la entidad
demandante la póliza No. 20055369, con vigencia a partir del 6 de febrero
de 1996 hasta mayo 6 de 2001, en cuyo texto se describe que el interés
asegurado es garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales,
referentes al cumplimiento de la terminación del régimen de importación
temporal a corto plazo70, y relaciona las correspondientes declaraciones
de importación.
Ahora bien, el apelante indica que el cobro de la póliza debió efectuarse por la
administración, desde la fecha del primer incumplimiento y no esperar a que
hubiere transcurrido un término superior a dos años para ello, como en efecto
lo hizo, mediante la Resolución 4984 de 06 de diciembre de 1999, habiéndose
configurado el fenómeno de la prescripción, atendiendo a lo preceptuado por el
artículo 1081 del Código de Comercio, cuyo tenor literal dispone en su parte
pertinente:
(…)
Es de anotar que según ha señalado esta Sección, la declaratoria de
incumplimiento por parte de la administración debe efectuarse dentro del
término de los dos años previstos por la norma transcrita a fin de evitar la
ocurrencia de la prescripción71. No obstante, se ha precisado también por la
Sala, que el objeto de la póliza de seguros en tratándose del régimen de
importación temporal para reexportación en el mismo estado, es
garantizar el cumplimiento de dos obligaciones aduaneras claras: la
finalización del régimen que le fue otorgado al importador y el pago
oportuno de los tributos, de suerte que el riesgo amparado y, por ende, el
siniestro que da lugar a su efectividad, es sencillamente el incumplimiento
de cualquiera de esas obligaciones72.
De este modo, y aun cuando la administración debe respetar el término de
prescripción indicado, es del caso tener en cuenta que en el régimen de
importación temporal para reexportación en el mismo estado, el período
con que cuenta la DIAN para efectuar la respectiva declaratoria de
incumplimiento y ordenar hacer efectiva la póliza, se halla determinado
fundamentalmente por la vigencia del seguro. Ello, en consideración a que
las obligaciones contraídas en virtud de dicho régimen pueden configurar
un incumplimiento, y por tanto, la ocurrencia del siniestro, en cualquiera
de los momentos estipulados, bien para el pago de las cuotas de los
tributos aduaneros, o al final, cuando sea menester terminar el régimen de
importación según el plazo concedido por la administración; advirtiendo
69 Folios 41 y 42 del expediente.
70 Es de aclarar que el régimen fue modificado por el importador de corto a largo plazo y la vigencia de la póliza
prorrogada según se señala en su texto.
71 Léase la Sentencia de 1º de noviembre de 2007, Expediente No. 1997-24826-01. M.P. Dr. Camilo Arciniegas
Andrade.
72 Léase la Sentencia de 2 de julio de 2009, Expediente No. 2003-00612-01, M.P. Dr. Rafael Ostau De Lafont
Pianeta.
37
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
que la materialización del siniestro durante dicho lapso corre por cuenta
del asegurador, en concordancia con la vigencia de la garantía.
(…)
Así las cosas, es claro que para la fecha de expedición del acto acusado
declarando el incumplimiento y ordenando hacer efectiva la garantía, la
póliza de seguro se encontraba todavía vigente, de forma tal que le era
oportuno a la administración declarar su efectividad en atención al
incumplimiento advertido, sin que se hubiere presentado la prescripción
de que trata la norma invocada por el actor […]» ─resaltado y subrayado fuera de
texto─.
114. Por su importancia, también es relevante citar la sentencia de 6 de junio de
201373, en la que se precisó que el siniestro se materializa con el incumplimiento de
la obligación aduanera. La mencionada sentencia señaló:
«[…] El problema jurídico gira en torno de determinar, por un lado, en qué
momento se entiende configurado el siniestro que ampara una Póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales; y, por el otro, establecer si la Póliza
núm. 11-43-101000067, expedida por la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL
ESTADO, se encontraba o no vigente al momento en que se configuró el
siniestro que amparaba.
Frente al primer cuestionamiento, cabe resaltar, que esta Sala ha sido
reiterativa en señalar que la efectividad de las Pólizas de Cumplimiento de
Disposiciones Legales como la aquí estudiada, se constituye por virtud de la
inobservancia de una obligación aduanera, es decir, que “…la ocurrencia del
siniestro en los seguros de cumplimiento de disposiciones legales, es el
hecho en sí del incumplimiento y no el acto administrativo que lo
declara”74.
(…)
La COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. expidió la Póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales núm. 11-43-101000067, en la que se
observa lo siguiente: (…) Fecha de expedición: 18 de octubre de 2007 (…)
Vigencia desde: 8 de enero de 2008, a las 00:00 (…) Vigencia hasta: 8 de
abril de 2009, a las 00:00 (…) Tomador: ADUANAS OVIC SOCIEDAD DE
INTERMEDIACIÓN ADUANERA S EN C. (…) Asegurador/ Beneficiario:
NACIÓN- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE
ADUANAS DE BOGOTÁ (…) Objeto del seguro: “GARANTIZAR EL PAGO
DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE
INTERMEDIACIÓN ADUANERA, CONTENIDA EN EL DECRETO 2685 DE
1999, EN ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 26, 354 Y 356 DEL DECRETO 1232
DE 2001, DECRETO 3600 DE 2005, LA RESOLUCIÓN 4240 DE 2000,
RESOLUCIÓN 7002 DE 2001 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE LA
MODIFIQUEN O ADICIONEN, IGUALMENTE RESPONDER POR EL PAGO
73 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 6 de junio de 2013, rad. 2009-00245-01, M.P. María
Elizabeth García González.
74 Sentencia de 16 de junio de 2011, radicación núm. 2002-05455-01, Consejero ponente: MARCO ANTONIO
VELILLA MORENO, Actora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y demandado:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
38
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS DEMAS SANCIONES A QUE
HAYA LUGAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO
DECLARANTE EN MODALIDAD DE TRANSITO ADUANERO NACIONAL.”.
(folio 39 del expediente).
En virtud de lo anterior, es claro para la Sala que en el presente caso, el
siniestro se configuró con el incumplimiento de la obligación aduanera, el
cual tuvo ocurrencia al vencimiento del término otorgado en el
Requerimiento Ordinario núm. 03-070-210-403-004369 de 17 de septiembre
de 2007.
A través de dicho requerimiento, la entidad demandada impuso la obligación
a la sociedad ADUANAS OVIC S EN C SIA de poner a su disposición la
mercancía declarada a nombre de la SOCIEDAD IMPORTADORA DE
RISARALDA Y CIA LTDA., de conformidad con el numeral 1.25 del artículo
502 del Decreto 2685 de 199975, por lo que al vencerse dicho plazo sin que
la Sociedad de Intermediación Aduanera le diera cumplimiento a la
mentada obligación, se cumple la condición que permite hacer efectiva la
garantía.
Establecido lo anterior, se procede a analizar la fecha de vigencia de la aducida
Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales, así como la de ocurrencia
del siniestro mencionado.
Como quedó visto, la referida Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales
núm. 11-43-101000067, expedida por la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL
ESTADO S.A., estuvo vigente desde el 8 de enero de 200876 a las 00:00 horas,
hasta el 8 de abril de 2009 a las 00:00 horas. Por su parte, el siniestro, que
se configuró al vencimiento de los 15 días calendario, otorgados por la
demandada en el Requerimiento Ordinario núm. 03-070-210-403-004369 de
17 de septiembre de 200777, acaeció el 5 de octubre de 2007.
Así las cosas, resulta evidente que el siniestro ocurrió con anterioridad a la
vigencia de la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales afectada, por
lo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- no podía
ordenar su efectividad, razón por la cual se impone para la Sala confirmar el
fallo apelado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia […]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
115. Las sentencias de 7 de diciembre de 201778 y de 13 de junio de 201979
refrendaron las posturas anteriores; sin embargo, ampliaron los plazos para la
75 “ARTICULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la
aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
(…)
1.25 <Numeral adicionado el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004. > Cuando dentro de los términos a que se
refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se
determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior
declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se
presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción
legal o administrativa.”
76 Y no desde el 1o. de enero de 2008, como lo indicó el a quo en la sentencia objeto de apelación.
77 Término que se contabiliza desde el día en que el obligado reciba el Requerimiento, lo que significa que esos
15 días calendario comenzaron a correr a partir del 20 de septiembre de 2007, según constancia de la “GUÍA
DE CRÉDITO” expedida por Servientrega.
78 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de diciembre de 2017, rad. 08001-23-31-000-2009-
01122-01, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
79 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de junio de 2019, rad. 25000-23-27-000-2011-00231-
01, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
39
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
declaratoria del siniestro al contemplar la posibilidad de que el acto administrativo
podía expedirse no solo durante el plazo bienal sino también durante la vigencia de
la póliza. La sentencia de 7 de diciembre de 2017, destacó lo siguiente:
«[…] 2.5. Violación de los artículos 1054, 1057, 1072 y 1073 del Código de
Comercio porque los hechos que generan la sanción ocurrieron por fuera
de la vigencia de la póliza de seguro 85-43-101000225 y prescripción de
las acciones derivadas del contrato de seguro por haber transcurrido más
de 2 años desde la fecha en que el asegurado tuvo o debió haber tenido
conocimiento de los hechos que dan origen a la acción
(…)
La Administración dispone del término de (2) dos años para declarar el siniestro
y la consiguiente efectividad de la garantía, contados a partir de cuando tenga
conocimiento de la ocurrencia del siniestro, o de la fecha en que
razonablemente podía tenerlo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1081 del
Código de Comercio, que establece los términos de prescripción en el contrato
de seguros, a este tenor:
(…)
Cabe advertir que la Póliza No. 8543101000225 fue expedida por Seguros del
Estado S.A. el 18 de julio de 2008 (folio 30), para “[…] garantizar el pago de los
tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, por el
incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se generen
en ejercicio de la actividad de usuario aduanero permanente de
conformidad con el Decreto 2685 de 1999, en especial las contenidas en el
artículo 32 y la Resolución 4240 de 2000 y demás normas vigentes que la
modifiquen, adicionen o complementen […]”.
El tenor del artículo 32 del Decreto 2685 de 1999 es el siguiente:
(…)
A su turno, el artículo 33 del Decreto 2685 de 1999 le otorga unas prerrogativas
a los usuarios aduaneros permanentes, dentro de las cuales se encuentra la de
obtener el levante de la mercancía importada bajo cualquier modalidad y
constituir una garantía global que cobije la totalidad de sus actuaciones.
El tenor de la norma es el siguiente: (…)
Es de anotar que según ha señalado esta Sección80, la declaratoria de
incumplimiento de una obligación, por parte de la Administración, debe
efectuarse dentro del término de los dos (2) años previstos por la norma
transcrita a fin de evitar la ocurrencia de la prescripción. (…)
Sobre el particular, esta Sección ha precisado en varias oportunidades81 lo
siguiente: (…)
De conformidad con las jurisprudencias anteriormente transcritas se evidencia
que el Consejo de Estado ha establecido mediante interpretación que el acto
administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento de una obligación
80 Sentencia de 1º de noviembre de 2007, Expediente No. 1997-24826-01. M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.
81 Sentencia de 21 de septiembre del 2000, Exp. No. 2000-N5796, M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.
Sentencia de 28 de agosto de 2003, Exp. No. 8031, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo Sentencia de
26 de julio de 2012, Exp. No. 2001-01126, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
40
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
garantizada a través de seguro de cumplimiento, debe expedirse dentro de la
vigencia de la póliza o dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la
administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la
existencia del riesgo asegurado; lo anterior con el fin de evitar que proceda la
prescripción ordinaria de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio […]”.
Asimismo la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 6 de
junio de 201382, señaló que la “[…] la Sala ha sido reiterativa en señalar
que la efectividad de las Pólizas de Cumplimiento de Disposiciones
Legales como la aquí estudiada, se constituye por virtud de la
inobservancia de una obligación aduanera, es decir, que “[…] la
ocurrencia del siniestro en los seguros de cumplimiento de disposiciones
legales, es el hecho en sí del incumplimiento y no el acto administrativo
que lo declara.” […]” (Destacado de la Sala); esto es, en este caso el
siniestro se configuró con el incumplimiento de la obligación aduanera, el
cual tuvo ocurrencia al vencimiento del término que tenía la sociedad
importadora Hyundai Electronics Latin America S.A. para poner a
disposición de la Autoridad Aduanera la mercancía, de conformidad con
el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
En relación con el acaecimiento del siniestro, para la Sala es claro que, en
el presente caso, se configuró con el incumplimiento de la obligación
aduanera, el cual tuvo ocurrencia al vencimiento del término de 15 días
otorgado en el Requerimiento Ordinario nro.0220 de 20 de febrero de 2009
–se reitera, la póliza de seguro No. 8543101000225 se encontraba vigente,
pues esta fue expedida desde el 19 de octubre de 2008 hasta el 18 de enero
de 2010-.
A través de dicho requerimiento, la entidad demandada impuso la
obligación a la sociedad importadora Hyundai Electronics Latin America
S.A. de poner a su disposición la mercancía declarada, de conformidad
con el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999; por lo que
al vencerse dicho plazo sin que la Sociedad de Intermediación Aduanera
le diera cumplimiento a la mentada obligación, se cumple la condición que
permite hacer efectiva la garantía.
Ahora bien, en relación con el plazo para expedir el acto que declara el
incumplimiento, la Sala resalta que la Resolución 187201241668047 se expidió
el 12 de mayo de 2009. En consecuencia, teniendo en cuenta que la póliza de
seguro No. 8543101000225 se encontraba todavía vigente, pues esta fue
expedida desde el 19 de octubre de 2008 hasta el 18 de enero de 2010, de
se considera que le era oportuno a la Administración declarar su efectividad en
atención al incumplimiento de la obligación aduanera, sin que se hubiere
presentado la prescripción de que trata la norma invocada por el actor […]»
─resaltado y subrayado fuera de texto─.
116.(ii) Segunda postura jurisprudencial: el siniestro acaece como
consecuencia de la expedición de un acto administrativo
117. En contraste con la tesis expuesta líneas atrás, esta postura fue inaugurada
en 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado hasta lograr su consolidación
en 2021.
82 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de junio de 2013, C.P: Dra. María Elizabeth García
González.
41
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
118. Cabe anotar que la referida sección de la corporación, con ocasión del acuerdo
No. 357 de 201783, para efectos de descongestión, apoyó las labores de la Sección
Primera del Consejo de Estado en el sentido de decidir sobre los expedientes más
antiguos que estuvieran en trámite de segunda instancia y pendientes para fallo.
119.Esta tesis, a diferencia de la anterior, prohíja que el siniestro en las pólizas de
cumplimiento se materializa con el acto administrativo que impone la sanción.
120. En tal sentido, se tiene que las sentencias 22 de marzo de 201884, 5 de abril
de 201885, 17 de mayo de 201886, 21 de mayo de 201887, 21 de junio de 201888 y
16 de agosto de 201889, proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
sostuvieron: (i) que lo asegurado fue el pago de sanciones por infracciones de
intermediación aduanera, por lo que si el siniestro es la realización del riesgo
asegurado, el mismo ocurre cuando efectivamente la Administración Pública
impone la sanción, y (ii) que si el siniestro se constituye con el acto administrativo
sancionatorio, no opera el fenómeno de la prescripción ordinaria o extraordinaria,
toda vez que con la ocurrencia del siniestro se profiere a su vez la orden de hacer
efectiva la respectiva la póliza-garantía.
121. Estas ideas se plasmaron expresamente en la sentencia del 22 de marzo de
201890 proferida por la Sección Quinta, cuyos acápites pertinentes son del siguiente
tenor:
«[…] La póliza motivo de disenso es la Nro. 11-43-101000067 de Cumplimiento
Disposiciones Legales, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., el
tomador es ADUANAS OVIC S. EN C. S.I.A., el asegurado/beneficiario es la
Nación - Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - Administración Especial de Aduanas de Bogotá, y su vigencia
empezó desde las 00:00 horas del 8 de enero de 2008 hasta las 24:00 horas
del 8 de abril de 2009. Su amparo es el relativo a las disposiciones legales, y
el objeto del seguro se transcribe así:
“[…] Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan, que
forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran
haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:
83 Cfr. 2017-12-15 (1) (consejodeestado.gov.co) 12/06/2022
84 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00281-
00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
85 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de abril de 2018, rad. 25000-23-24-000-2010-00630-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro.
86 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00248-
02 / 25000-23-24-000-2010-00137-02 (acumulado), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 76001-23-31-000-2011-00850-01,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 76001-23-31-000-2010-01402-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro.
87 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de mayo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00282-
01, M.P. Rocío Araujo Oñate.
88 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de junio de 2018, rad. 08001-23-31-000-2010-00141-
01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
89 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de agosto de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00254-
01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
90 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00281-
00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
42
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y LAS
SANCIONES QUE HAYA LUGAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA, CONTENIDAS EN EL
DECRETO 2685 DE 1999 EN ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 26. (sic) 354 Y 356
DEL DECRETO 1232 DE 2001, DECRETO 3600 DE 2005, LA RESOLUCIÓN
4240 DE 2000, RESOLUCIÓN 7002 DE 2001 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES
QUE LA MODIFIQUEN O ADICIONEN, IGUALMENTE RESPONDER POR EL
PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS DEMÁS SANCIONES
QUE (sic) HAYA LUGAR EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
COMO DECLARANTE EN MODALIDAD DE TRÁNSITO ADUANERO
NACIONAL
*NOTA* LA COMPAÑÍA DE SEGUROS RENUNCIA EXPRESAMENTE AL
BENEFICIO DE EXCUSIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PARÁGRAFO DEL
ARTÍCULO 492 DE LA RESOLUCIÓN 4240 DE JUNIO 2 DE 2000 […]” -negrillas
y subrayas por fuera de texto-
La Sala advierte que la Sección Primera, en sentencia de 6 de junio de 2013,
proferida dentro de otro proceso incoado por SEGUROS DEL ESTADO S.A.
con radicado nro. 25000-23-24-000-2009-00245-0191, decretó la nulidad parcial
de la Resolución nro. 03-064-191-668-2131-002155 de 10 de octubre de 2008,
en lo relacionado con la orden de hacer efectiva la misma Póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales nro. 11-43-101000067, acto por medio
de la cual la DIAN también le impuso sanción a ADUANAS OVIC S. EN C. S.I.A.
por valor de $1.224.630.142.00. Sus consideraciones, al revisar este aspecto,
fueron las siguientes:
(…)
“[…] Así las cosas, resulta evidente que el siniestro ocurrió con
anterioridad a la vigencia de la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones
Legales afectada, por lo que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales –DIAN- no podía ordenar su efectividad, razón por la cual se
impone para la Sala confirmar el fallo apelado, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
A través de dicho requerimiento, la entidad demandada impuso la obligación a
la sociedad ADUANAS OVIC S EN C SIA de poner a su disposición la
mercancía declarada a nombre de la SOCIEDAD IMPORTADORA DE
RISARALDA Y CIA LTDA., de conformidad con el numeral 1.25 del artículo 502
del Decreto 2685 de 1999, por lo que al vencerse dicho plazo sin que la
Sociedad de Intermediación Aduanera le diera cumplimiento a la mentada
obligación, se cumple la condición que permite hacer efectiva la garantía.
Establecido lo anterior, se procede a analizar la fecha de vigencia de la aducida
Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales, así como la de ocurrencia
del siniestro mencionado.
Como quedó visto, la referida Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales
núm. 11-43-101000067, expedida por la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL
ESTADO S.A., estuvo vigente desde el 8 de enero de 2008 a las 00:00 horas,
hasta el 8 de abril de 2009 a las 00:00 horas. Por su parte, el siniestro, que
91 Consejera ponente doctora María Elizabeth García González.
43
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
se configuró al vencimiento de los 15 días calendario, otorgados por la
demandada en el Requerimiento Ordinario núm. 03-070-210-403-004369 de
17 de septiembre de 2007, acaeció el 5 de octubre de 2007.
En virtud de lo anterior, es claro para la Sala que en el presente caso, el
siniestro se configuró con el incumplimiento de la obligación aduanera, el
cual tuvo ocurrencia al vencimiento del término otorgado en el
Requerimiento Ordinario núm. 03-070-210-403-004369 de 17 de septiembre
de 2007 […]” . ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
Al respecto esta Sala anuncia, de forma comedida y respetuosa, que no
comparte las razones expuestas por la Sección Primera, en dicha providencia,
para acceder a la nulidad parcial de las resoluciones demandadas en cuanto a
la orden de hacer efectiva la referida garantía, por las razones que se exponen
a continuación: según se determinó antes en esta sentencia, lo que coincide
con el citado fallo de la Sección Primera, el hecho que motivó la sanción a
ADUANAS OVIC S. EN C. S.I.A., se refiere a la omisión en que incurrió
cuando faltó a su obligación contenida en el artículo 503 del Decreto 2685
de 1999, en dejar a disposición las mercancías a las cuales se les había
cancelado el levante, lo cual ocurrió el 5 de octubre de 2007, por ser la
fecha en que finalizaba el término de 15 días otorgado por la DIAN para
tales efectos.
No obstante, el objeto de dicha póliza está claramente circunscrito, entre otros,
al pago de las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la actividad de
intermediación aduanera de la tomadora, contenidas en el Estatuto
Aduanero; o lo que es igual, en la forma como fue pactado el mismo, no
basta con la evidente comisión de una infracción aduanera, sino que se
requiere su declaración a través del ejercicio de las potestades punitivas
del Estado, previo trámite administrativo en el que se garantice el derecho
fundamental al debido proceso del presunto infractor92, así como la
imposición efectiva de la sanción aduanera por la autoridad competente y
su consecuente orden de pagarla, exclusivamente, en aquellos casos en
que esta consista en multa pecuniaria.
Surge como incuestionable que, en este caso, las partes contratantes de la
garantía de marras, SEGUROS DEL ESTADO S.A. y ADUANAS OVIC S. EN
C. S.I.A., asociaron inescindiblemente el alcance y contenido de la
responsabilidad de la compañía aseguradora, a un estrago económico del
asegurado, causado por y con ocasión de la acción sancionatoria prevista
en materia aduanera, quedando claramente establecida la asunción libre
y manifiesta del pago de las sanciones consistentes específicamente en
multas, únicas tasables en dinero (a diferencia de las demás de
suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación
para ejercer actividades)93, sin la estipulación de eventos exceptuados o
condicionamientos que impidan la afectación de dicha póliza.
92 Ver Capítulo XIV del Decreto 2685 de 1999, que contiene el “[…] PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES ADUANERAS, LA DEFINICIÓN DE LA
SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MERCANCÍA Y LA EXPEDICIÓN DE LIQUIDACIONES OFICIALES […]”.
93 Decreto 2685 de 1999, “[…] ARTÍCULO 477. CLASES DE SANCIONES. Las infracciones administrativas
aduaneras de que trata el presente Título serán sancionadas con multas, suspensión o cancelación de la
autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la
infracción y a la gravedad de la falta. De acuerdo con lo anterior, las faltas se califican como leves, graves y
gravísimas, respectivamente […]”.
44
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Si como se vio, el legislador comercial en su artículo 1072 definió el siniestro
como la realización del riesgo asegurado, y lo que se aseguró fue el pago
de sanciones por infracciones de intermediación aduanera, para la
Sección existe suficiente certeza de que el siniestro del riesgo amparado
en la póliza nro. 11-43-101000067, ocurrió cuando efectivamente se
impuso la sanción administrativa aduanera de multa a ADUANAS OVIC S.
EN C. S.I.A., lo que en el caso concreto se materializó a través de la
Resolución nro. 03-064-191-668-2131-00-2142 de 10 de octubre de 2008,
recibida los días 17 y 20 de octubre de 2008 por la aseguradora y agencia
de intermediación, respectivamente (folios 872 a 894, cuaderno de
antecedentes, tomo 6), es decir, en plena vigencia de la garantía en debate
(8 de enero de 2008 a 8 de abril de 2009).
A partir de lo alegado por SEGUROS DEL ESTADO S.A., para la Sala es
incorrecto señalar que el siniestro del riesgo se configuró con el incumplimiento
de la obligación aduanera, que tuvo ocurrencia al vencimiento del término
otorgado en el Requerimiento Ordinario Nro. 03-070-210-403-004369 de 17 de
septiembre de 2007, para poner a disposición la mercancía cuyas declaraciones
habían sido canceladas, esto es, el 5 de octubre de 2007, pues como se explica,
una cosa es la comisión de la conducta reprochada y constitutiva de infracción
aduanera, y otra muy distinta es la decisión de sancionarla a través de multa a
favor de la Nación.
Suponer lo propuesto por la parte actora, implica, de forma errada, que el lapso
involucrado permanezca por fuera del inicio del término de vigencia de la
respectiva póliza, siendo que para tal época no se contaba aún con la veracidad
de la sanción exigida en el objeto asegurado y contratado por ADUANAS OVIC
S. EN C. S.I.A., así como tampoco con su adecuación típica, naturaleza (multa,
suspensión o cancelación de actividades), tasación y demás aspectos
esenciales para viabilizar o no la afectación de la póliza nro. 11-43-101000067.
Tanto es así, que si el incumplimiento de la obligación aduanera por parte de la
agencia de intermediación, no hubiera dado lugar a una sanción consistente en
multa sino de otro tipo, ello hubiese impedido la efectividad de tal garantía. Esto,
por demás, es consonante con lo estipulado por el Estatuto Aduanero para la
efectividad de las garantías: (…)
Por lo tanto, al confirmarse las conclusiones que sobre este cargo explicó el
Tribunal, y bajo las razones que, de forma consecuencial, llevan a la Sala a
apartarse del criterio empleado por la Sección Primera en un caso similar, se
tiene que este cargo no está llamado a prosperar.
b) De la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de
seguro. Artículo 1081 del Código de Comercio
El artículo 1081 del Código de Comercio, ordena: (…)
Para la Sala, tal y como fue considerado en el anterior literal a), en el presente
caso, el riesgo asegurado se siniestró con la expedición y notificación del
acto administrativo que impuso efectivamente la sanción garantizada con
la Póliza de Cumplimiento Disposiciones Legales Nro. 11-43-101000067 de
18 de octubre de 2007, esto es, con la Resolución nro. 03-064-191-668-
2131-00-2142 de 10 de octubre de 2008.
En ese sentido, no pueden alegarse las prescripciones ordinaria ni
extraordinaria previstas en la norma, en tanto que en el mismo acto que
se declara el respectivo siniestro del riesgo asegurado, se ordena cobrar
45
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
y hacer efectiva la respectiva garantía. Por lo tanto, este cargo tampoco
está llamado a prosperar […]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
122. El 16 de agosto de 201894 la Sección Quinta confirmó la tesis anterior, en los
siguientes términos:
«[…] Para el efecto se hace necesario precisar que la póliza N° 11-43-
101000067 garantizaba el pago de tributos aduaneros y las sanciones a
que hubiera lugar por el incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades en el ejercicio de la actividad de intermediación
aduanera realizada por ADUNAS OVIC.
En cuanto a la exigibilidad de la póliza, se hace necesario traer a colación el
contenido de los artículos 1054, 1057, 1072 y 1073 del Código de Comercio,
cuyo tenor literal es el siguiente: (…)
Al respecto, la Sala de Decisión de la Sección Quinta de la Corporación ha
señalado que para poder entender que ha acaecido el siniestro amparado
en una póliza de cumplimento no basta la comisión de una infracción
aduanera, sino que se requiere su declaración por parte de la DIAN, la cual
se materializa mediante los actos administrativos objeto de censura en el
asunto de la referencia, es decir, con la imposición efectiva de la sanción
por la autoridad aduanera y su consecuente orden de hacer efectiva la
garantía asegurada95.
Y es que precisamente esta Sala, mediante sentencia de 22 de marzo de
201896 concluyó que resulta incorrecto señalar que el siniestro del riesgo
se configura con el incumplimiento de la obligación aduanera, la cual se
materializa al vencimiento del requerimiento para poner a disposición la
mercancía cuyo levante ha sido cancelado, pues como se explicó, una
cosa es la comisión de la conducta reprochada y constitutiva de infracción
aduanera que recae sobre el o los responsables aduaneros, y otra muy
distinta la decisión de hacer efectiva la garantía asegurada que es lo que
incide y se aplica directamente a la aseguradora al momento de ocurrencia
del siniestro, que no es otro que el hecho de que el responsable aduanero
no puso a disposición de la autoridad la mercancía.
Pues suponer lo propuesto por la parte actora, implicaría, de forma errada, que
el lapso involucrado permanezca por fuera del inicio del término de vigencia de
la respectiva póliza, siendo que para tal época no se contaba aún ni con la
veracidad de la sanción a ADUANAS OVIC, así como tampoco con su
adecuación típica, naturaleza (multa, suspensión o cancelación de actividades),
tasación y menos con los aspectos esenciales para viabilizar o no la afectación
de la póliza N° 11-43-101000067, que se itera es la imposibilidad de colocar a
disposición la mercancía objeto de decomiso.
En ese orden de ideas se concluye que el siniestro, esto es, la declaratoria de
incumplimiento al requerimiento de poner a disposición de la autoridad
aduanera las mercancías solicitadas, ocurrió dentro de la vigencia de la póliza,
comprendida entre el 8 de enero de 2008 y el 8 de abril de 2009, toda vez que
94 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de agosto de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00254-
01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
95 Sentencia del 21 de mayo de 2018. M.P.: Rocío Araújo Oñate. Rad.: 2009 00282 01. Demandante: Seguros
del Estado, mediante la cual se reitera lo señalado por la Sección en los fallos proferidos en los expedientes
números: 2010 00137 02, 2010 01402 01 y 2010 00630 01.
96 M.P.: Alberto Yepes Barreiro. Rad.: 2009 00281 01. Demandante: Seguros del Estado y Otro.
46
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
el primero de los actos administrativos demandados, esto es, el que impuso la
sanción por no poner la mercancía a disposición de la DIAN fue proferido el 10
de octubre de 2008 y notificado el 17 de octubre de 2008. Con esto se
materializa el binomio entre la comisión de la infracción aduanera y la
concreción declarativa mediante los actos expedidos por la DIAN, acorde con
lo que se explicó párrafos atrás.
Lo anterior se puede evidenciar con mayor claridad a la luz del contenido del
artículo 480 del Decreto 2685 de 1999 que dispone:
“EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS. Siempre que se haya otorgado
garantía para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones por el
incumplimiento de obligaciones, si se configura una infracción, se hará
efectiva la garantía otorgada por el monto que corresponda, salvo que el
garante efectúe el pago correspondiente antes de la ejecutoria del acto
administrativo que declare el incumplimiento de una obligación o imponga una
sanción. En estos casos no procederá la imposición de sanción pecuniaria
adicional.
Las sanciones de suspensión o de cancelación se podrán imponer sin perjuicio
de la efectividad de la garantía de que trata el inciso anterior”.
Así las cosas, se advierte que, contrario a lo señalado por el apelante, la DIAN
podía afectar la póliza N° 11-43-101000067, emitida por Seguros del Estado,
pues la declaratoria del siniestro tuvo lugar dentro de los parámetros legalmente
establecidos.
Sumado a lo anterior, se advierte que de la lectura detenida del numeral 1.25
del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 se deriva la facultad de la DIAN para
aprehender y decomisar las mercancías que no encuentren correspondencia
con los documentos que soportan la operación de comercio declarada o no se
presenten en debida forma tales documentos.
A su turno, el artículo 503 del mismo Decreto señala como consecuencia de no
poner a disposición las mercancías susceptibles de aprehensión y decomiso, la
imposición de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor
declarado en aduana, la cual se cargará al importador o declarante, según sea
el caso. También podrá realizarse respecto del propietario, tenedor o poseedor,
o a quien se haya beneficiado de la operación, también a quien tuvo derecho o
disposición sobre las mercancías, asimismo respecto de quien de alguna
manera intervino en dicha operación, salvo que se trate de un adquirente con
factura de compraventa de los bienes expedida con todos los requisitos legales.
De allí que el cargo atiente a señalar que el requerimiento aduanero debía
notificarse a la aseguradora quede desechado.
Situación que al ser analizada por la Sala puede advertirse ajustada a derecho,
toda vez que la interpretación de las normas que sirvieron como fundamento
para la expedición de los actos acusados, a la luz de los elementos probatorios
que reposan en el expediente conducen a la imposición de la sanción a la
sociedad ADUANAS OVIC y la consecuente afectación de la póliza expedida
por SEGUROS DEL ESTADO, en el monto máximo de la misma, y por lo cual
el excedente deberá ser asumido por la sociedad de intermediación aduanera
[…]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
47
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
123. La Sección Primera, con sustento en los anteriores pronunciamientos
emanados de la Sección Quinta, en sentencia del 25 de febrero de 2021 97 anunció
que recogía el criterio jurisprudencial expuesto en la sentencia del 6 de junio de
2013, en los siguientes términos:
«[…] 82. Atendiendo a que la parte demandante controvierte la sentencia
proferida en primera instancia, debido que el a quo consideró que el siniestro
ocurrió al momento en que se profirió la Resolución núm. 03-064-191-668-2131-
002154 de 10 de octubre de 2008 y, la parte demandante estima que el siniestro
ocurrió cuando ni siquiera se había expedido la póliza de cumplimiento.
83. La parte demandante expidió la póliza de Cumplimiento de Disposiciones
Legales núm. 11-43-101000067, en la que se indicó lo siguiente: (…) a. Fecha
de expedición: 18 de octubre de 2007 (…) b. Vigencia desde: 8 de enero de
2008, a las 00:00 (…) c. Vigencia hasta: 8 de abril de 2009, a las 00:00 (…)
83.1.. Tomador: Aduanas OVIC Sociedad de Intermediación Aduanera S EN C.
(sic) 83.2. Asegurado/ Beneficiario: NACIÓN- UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ (…) 83.3. Objeto
del seguro: “[…]GARANTIZAR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y
LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA, CONTENIDA EN EL
DECRETO 2685 DE 1999, EN ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 26, 354 Y 356 DEL
DECRETO 1232 DE 2001, DECRETO 3600 DE 2005, LA RESOLUCIÓN 4240
DE 2000, RESOLUCIÓN 7002 DE 2001 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE
LA MODIFIQUEN O ADICIONEN, IGUALMENTE RESPONDER POR EL PAGO
DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS DEMAS SANCIONES A QUE
HAYA LUGAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO
DECLARANTE EN MODALIDAD DE TRANSITO ADUANERO NACIONAL
[…]”98.
84. Como quedo visto supra99 el contrato de seguros se caracteriza por su
naturaleza consensual bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, a
través del cual el asegurador asume todos o algunos de los riesgos a los que
están expuestos las personas o los patrimonios asegurados.
85. En efecto, el carácter aleatorio del contrato de seguros les permite a las
aseguradoras amparar únicamente hechos o situaciones inciertas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1054 del Código de Comercio.
Asimismo, el riesgo asegurable está plenamente ligado a la vigencia de la
cobertura de la póliza. Al respecto, esta Sección100 en sentencia de 11 de julio
de 2002 indicó:
“[…] La vigencia de la póliza es ni más ni menos que la del contrato de
seguro, consagrada como uno de los contenidos del mismo en el artículo 1047,
numeral 6º, del Código de Comercio, y se entiende que es el tiempo dentro
del cual surte sus efectos y, por ende, en el que los riesgos corren por
cuenta del asegurador, por consiguiente, una vez vencido el periodo de
vigencia antes de que acontezca el siniestro, desaparece el
97 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de febrero de 2021, rad. 25000-23-24-000-2009-
00242-03, M.P. Hernando Sánchez.
98 Cfr. Folio 36 del cuaderno núm. 1
99 Ver numerales 37 a 44 de esta providencia
100 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de
2002. M.P. Manuel Santiago Ureta Ayola. Número único de radicación 11001-03-24-000-1999-00376-01
48
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
correspondiente amparo respecto del mismo, luego no cabe pretenderlo
en relación con un evento ocurrido cuando no hay contrato de seguro
vigente...”. Lo anterior pone en evidencia que la vigencia de la garantía
está íntimamente relacionada con la ocurrencia del siniestro, lo que es
independiente de la época o plazo dentro del cual la administración ordena su
efectividad, pues esta decisión se limita simplemente a declarar una situación
fáctica anterior, como es el hecho del incumplimiento […]”. (resaltado fuera del texto)
86. El seguro de cumplimiento de disposiciones legales en materia aduanera
afianza el interés patrimonial del Estado representado en la obtención: i) del
monto de los tributos aduaneros, y ii) de las sanciones e intereses a que haya
lugar, así como de los generados por el incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades consagradas en la normatividad aduanera y de comercio
exterior y, para hacerlo efectivo. Para hacerla efectiva, es preciso verificar que
el siniestro acontezca en vigencia de la misma.
87. Con relación a la ocurrencia del siniestro en las pólizas de cumplimiento de
disposiciones legales, esta Sección101 ha considerado que: “[…] se constituye
por virtud de la inobservancia de una obligación aduanera, es decir, que la
ocurrencia del siniestro en los seguros de cumplimiento de disposiciones
legales, es el hecho en sí del incumplimiento y no el acto administrativo que lo
declara […]”.
88. La parte demandante en su recurso de apelación pone de presente la
sentencia de 6 de junio de 2013, proferida dentro de otro proceso incoado por
SEGUROS DEL ESTADO S.A. con radicado nro. 25000-23-24-000-2009-
00245-01102, en el cual decretó la nulidad parcial de la Resolución núm. 03-064-
191-668-2131-002155 de 10 de octubre de 2008, en lo relacionado con la orden
de hacer efectiva la misma Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales
11-43-101000067, acto por medio de la cual la parte demandada también le
impuso sanción a ADUANAS OVIC S. EN C. S.I.A. por valor de
$1.224.630.142.00.
89. Sin embargo, la Sala advierte que la Sección Quinta, se ha pronunciado en
procesos con situaciones fácticas similares, en los también se ha discutido el
momento de la ocurrencia del siniestro en las pólizas de cumplimiento de
disposiciones legales y la orden de hacer efectiva la misma Póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales núm. 11-43-101000067, acto por medio
de la cual la parte demandada le impuso sanción a ADUANAS OVIC S. EN C.
S.I.A.. La identificación de dichos procesos es la siguiente:
(…)
90. En los citados procesos la Sección Quinta consideró que el siniestro
corresponde al momento en que la parte demandada expedía el acto
administrativo por medio de la cual ordenaba sancionar al declarante y hacia
efectiva la póliza de cumplimiento, por lo que determinó en los citados procesos
101 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia 16 de junio de 2011.
M.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2002-05455-01; Tesis reiterada por esta
Corporación. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 6 de
junio de 2013. M.P María Elizabeth García González. Número único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00245-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de
diciembre de 2017. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Número único de radicación 08001-23-31-000-2009-
01122-01
102 Consejera ponente doctora María Elizabeth García González.
49
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
que la póliza se encontraba vigente para ese momento. En la sentencia de 22
de marzo de 2018103 sostuvo: (…)
91. Asimismo, en sentencia de 17 de mayo de 2018 indicó: (…)
Cambio jurisprudencial (…)
94. Al respecto esta Sala anuncia que, reexaminará el criterio jurisprudencial
expuesto en la sentencia de 6 de junio de 2013, proferida dentro del proceso
con radicado núm. 25000-23-24-000-2009-00245-01104, en el cual decretó la
nulidad parcial de la Resolución núm. 03-064-191-668-2131-002155 de 10 de
octubre de 2008, en lo relacionado con la orden de hacer efectiva la Póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales 11-43-101000067, en cuanto a la orden
de hacer efectiva la referida garantía, por las razones que se exponen a
continuación:
94.1. Según se determinó supra, el hecho que motivó la sanción a ADUANAS
OVIC S. EN C. S.I.A., se refiere a la omisión en que incurrió cuando faltó a su
obligación contenida en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, en dejar a
disposición las mercancías a las cuales se les había cancelado el levante, lo
cual ocurrió el 5 de octubre de 2007, por ser la fecha en que finalizaba el término
de 15 días otorgado por la DIAN para tales efectos.
94.2. La garantía objeto de discusión corresponde a un seguro de cumplimiento,
que pertenece a la categoría de seguros de daños105, en la modalidad de seguro
patrimonial106, puesto que tiene como propósito proteger el patrimonio del
asegurado frente a los perjuicios que puedan generar los incumplimientos del
afianzado/tomador frente a una obligación derivada de un contrato o de la ley.
(…)
94.4. Como se vio de las pruebas aportadas al plenario, la póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales núm. 11-43-101000067, cuyo tomador
es Aduanas OVIC Sociedad de Intermediación Aduanera S EN C., y el
asegurado/Beneficiario es la NACIÓN- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ, tiene como objeto:
“[…]GARANTIZAR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA, CONTENIDA EN EL
DECRETO 2685 DE 1999, EN ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 26, 354 Y 356 DEL
DECRETO 1232 DE 2001, DECRETO 3600 DE 2005, LA RESOLUCIÓN 4240
DE 2000, RESOLUCIÓN 7002 DE 2001 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE
LA MODIFIQUEN O ADICIONEN, IGUALMENTE RESPONDER POR EL PAGO
DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS DEMAS SANCIONES A QUE
HAYA LUGAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO
103 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 22 de marzo de
2018. M.P Alberto Yepes Barreiro Número único de radicación 25000-23-24-000-2009-00281-01
104 Consejera ponente doctora María Elizabeth García González.
105 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también ha señalado, en reiteradas oportunidades, que el
seguro de cumplimiento es una especie del seguro de daños. Al respecto, ver las siguientes sentencias
proferidas por la Sala de Casación Civil: del 22 de junio de 1999 (exp. 5056), del 21 de septiembre de 2000
(exp. 6140), del 24 de mayo de 2000 (exp. 5439), del 2 de febrero de 2001 (exp. 5670), del 26 de octubre de
2001 (exp. 5942), del 7 de mayo de 2002 (exp. 6181) y del 12 de diciembre de 2006 (exp. 6800).
106 Código de Comercio. “ARTÍCULO 1082. CLASES DE SEGUROS. Los seguros podrán ser de daños o de
personas; aquellos, a su vez, podrán ser reales o patrimoniales”.
50
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
DECLARANTE EN MODALIDAD DE TRANSITO ADUANERO NACIONAL
[…]”107. (resaltado fuera de texto)
94.5. La Sala encuentra que las partes contratantes de la póliza, en ejercicio de
la autonomía de la voluntad y el carácter consensual de este tipo de negocios
jurídicos, asociaron inescindiblemente el alcance y contenido de la
responsabilidad de la compañía aseguradora, al amparo de un riesgo causado
por y con ocasión de la acción sancionatoria prevista en materia aduanera,
quedando claramente establecida la asunción libre y manifiesta del pago de las
sanciones consistentes específicamente en multas, únicas tasables en dinero
(a diferencia de los demás tipos de sanción como suspensión o cancelación de
la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades)108, sin que se
hayan previsto exclusiones o condicionamientos que impidan la afectación de
dicha póliza.
94.6. Como se advirtió supra, el artículo 1072 del Código de Comercio definió
el siniestro como la realización del riesgo asegurado, y lo que se aseguró fue
el pago de sanciones por infracciones de intermediación aduanera, por lo
que para la Sala, con fundamento en el objeto pactado en la póliza, existe
suficiente certeza de que el siniestro del riesgo amparado en la póliza núm.
11-43-101000067, se materializa cuando efectivamente se impone la
sanción administrativa aduanera de multa al tercero con interés en las
resultas del proceso ADUANAS OVIC S. EN C. S.I.A., en su calidad de
sociedad de intermediación aduanera, hecho que sólo es posible hacerse
mediante la expedición de un acto administrativo, que para el sub judice
corresponde a la Resolución núm. 03-064-191-668-2131-002154 de 10 de
octubre de 2008, notificada el 20 de octubre de 2008 a la aseguradora y a
la agencia de intermediación, respectivamente, valga decir, en plena
vigencia de la garantía (8 de enero de 2008 a 8 de abril de 2009).
94.7. Según lo expuesto y contrario a la afirmación de la parte demandante,
para la Sala, el siniestro que ampara el riesgo no se configura con el
incumplimiento de la obligación aduanera, que tuvo ocurrencia al
vencimiento del término otorgado en el Requerimiento Ordinario núm. 03-
070-210-403-04368 del 17 de septiembre de 2007, consistente en poner a
disposición la mercancía cuyas declaraciones habían sido canceladas,
puesto que una cosa es la comisión de la conducta reprochada y
constitutiva de infracción aduanera, y otra muy distinta es la decisión de
sancionarla a través de multa a favor de la Nación mediante acto
administrativo debidamente ejecutoriado, y luego de garantizar el ejercicio
del derecho de audiencia y de defensa.
94.8. Entender que la ocurrencia del siniestro se configura al vencimiento del
término otorgado en el Requerimiento Ordinario implica que, el lapso
involucrado permanezca por fuera del inicio del término de vigencia de la
respectiva póliza, siendo que para tal época aún no se contaba aún con la
veracidad de la sanción exigida en el objeto asegurado, así como tampoco
había certeza de su adecuación típica, naturaleza (multa, suspensión o
cancelación de actividades), tasación y demás aspectos esenciales para hacer
efectiva o no la afectación de la póliza núm. 11-43-101000067. Incluso el
incumplimiento de la obligación aduanera por parte de la agencia de
107 Cfr. Folio 36 del cuaderno núm. 1
108 Decreto 2685 de 1999, “[…] ARTÍCULO 477. CLASES DE SANCIONES. Las infracciones administrativas
aduaneras de que trata el presente Título serán sancionadas con multas, suspensión o cancelación de la
autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la
infracción y a la gravedad de la falta. De acuerdo con lo anterior, las faltas se califican como leves, graves y
gravísimas, respectivamente […]”.
51
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
intermediación pudo consistir en una sanción diferente a multa, caso en el cual
estaría impedida la efectividad de tal garantía, supuesto de hecho que prevé el
Estatuto Aduanero para la efectividad de las garantías:
“[…] ARTÍCULO 480. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS. Siempre que se
haya otorgado garantía para respaldar el pago de tributos aduaneros y
sanciones por el incumplimiento de obligaciones, si se configura una
infracción, se hará efectiva la garantía otorgada por el monto que
corresponda, salvo que el garante efectúe el pago correspondiente antes de la
ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento de una
obligación o imponga una sanción. En estos casos no procederá la imposición
de sanción pecuniaria adicional.
Las sanciones de suspensión o de cancelación se podrán imponer sin perjuicio
de la efectividad de la garantía de que trata el inciso anterior […]” .
94.9. Tampoco puede perderse de vista que la carátula de la póliza núm.
11-43-101000067 dispone, además del objeto indicado supra109, que las
obligaciones se sujetan “[…] a las condiciones generales de la póliza que
se anexan, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y
el tomador declaran haber recibido […]” 110, en cuya condición 3
denominada “SINIESTROS” depositada ante la Superintendencia
Financiera de Colombia establece: “[…] Se entiende causado el siniestro
cuando quede debidamente ejecutoriada la Resolución Administrativa que
declare el incumplimiento que ampara esta póliza, por causas imputables
a la persona obligada al cumplimiento de la respectiva Disposición Legal,
cuando tal Resolución haya sido notificada oportuna y debidamente a
SEGURESTADO […]”111.
95.En ese orden de ideas, la Sala concluye que el siniestro, esto es, la
declaratoria de incumplimiento al requerimiento de poner a disposición de
la autoridad aduanera las mercancías solicitadas, mediante acto
administrativo, ocurrió dentro de la vigencia de la póliza, comprendida
entre el 8 de enero de 2008 y el 8 de abril de 2009, toda vez que el primero
de los actos acusados, esto es, el que impuso la sanción por no poner la
mercancía a disposición de la parte demandada fue proferido el 10 de
octubre de 2008 y notificado el 17 de octubre de 2008, siendo a partir de
dicho momento en el que se tiene plena certeza de la comisión de la
infracción aduanera.
96. En suma, al confirmarse las conclusiones que sobre este cargo explicó el a
quo, se tiene que el mismo no está llamado a prosperar.
Prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro.
Artículo 1081 del Código de Comercio
97. Para la Sala, conforme lo expuesto en el título anterior, en el presente caso,
el riesgo asegurado se siniestró con la expedición y notificación del acto
administrativo que impuso efectivamente la sanción garantizada con la
Póliza de Cumplimiento Disposiciones Legales Nro. 11-43-101000067 de
18 de octubre de 2007, esto es, con la Resolución núm. 03-064-191-668-
2131-002154 de 10 de octubre de 2008.
109 Numeral 84
110 Cfr. Folio 36 del cuaderno núm. 1
111 https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/industrias-supervisadas/industria-aseguradora/consulte-las-
condiciones-generales-de-su-poliza-de-seguro-10090607
52
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
98. En ese sentido, no pueden alegarse las prescripciones ordinaria ni
extraordinaria previstas en la norma, en tanto que en el mismo acto que se
declara el respectivo siniestro del riesgo asegurado, se ordena cobrar y hacer
efectiva la respectiva garantía. Por lo tanto, este cargo tampoco está llamado a
prosperar […]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
124. (iii) La unificación de la posición de la Sección Primera
125. La Sala, una vez expuestas las posiciones asumidas en el interior de la
Sección, debe empezar por señalar que, si bien es cierto se muestran
contrapuestas, las mismas parten, en general, de presupuestos distintos
signados por el contenido de las disposiciones que ordenan constituir las
garantías y de las pólizas de seguros mediante las cuales se cumple con tal
mandato.
126. Inicialmente, es menester destacar lo siguiente:
«[…] [E]l régimen de garantías en materia aduanera, lo que pretende es
respaldar el cumplimiento y observancia de las obligaciones aduaneras que
pueden consistir entre otros supuestos, en: la presentación de la declaración
de importación; la satisfacción o pago de los tributos aduaneros; el pago
de las sanciones que sean impuestas por las autoridades aduaneras;
obtener y conservar los documentos en los términos exigidos en la ley y
atender las solicitudes de información de las autoridades aduaneras, con
el propósito de no verse expuesto a las consecuencias previstas en el artículo
479 del Decreto 2685 de 1999 […]»112 ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
127. Frente al primer aspecto, esto es, el relativo al contenido de las disposiciones
que ordenan constituir las garantías, el Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4.240
de 2000113─normas aplicables a la presente controversia─ cuentan con preceptos de diversa
índole que ordenan otorgarlas y presentarlas ante la autoridad aduanera.
128. En tal sentido, se tiene que las sociedades de intermediación aduaneras,
después denominadas agencias de aduanas ─art. 25 del Decreto 2685 de 1999 y 27.5 del
Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 1° del Decreto 2883 de 2008─ ; los usuarios aduaneros
permanentes ─art. 31 del Decreto 2685 de 1999─; los usuarios altamente exportadores ─art.
38 del Decreto 2685 de 1999─; las sociedades de comercialización internacional ─art. 40-3 del
Decreto 2685 de 1999, adicionado por el art. 2 del Decreto 380 de 2012─; las personas jurídicas
titulares de la concesión de muelle o puerto habilitado público o privado y titular de
depósito habilitado público o privado ─art. 43-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo
4 del Decreto 2557 de 2007─, y los titulares de los depósitos habilitados ─art. 71 del Decreto
2685 de 1999─, para el ejercicio de su actividad, deben constituir y presentar
garantía bancaria o de compañía de seguros, cuyo objeto, conforme dichas
normas, es el de garantizar el pago de tributos aduaneros y sanciones a que
112 NARVAEZ BONNET, Jorge Eduardo. El seguro de cumplimiento: de contratos y obligaciones. 1ª ed. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Grupo Editorial Ibáñez ─ (Colección
profesores, N° 52). Pág. 69-74.
113 La citada resolución dedicó los artículos 495 y siguientes a regular el régimen de garantías.
53
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
hubiere lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
previstas para ellos en ese estatuto.
129. Asimismo, con las anteriores disposiciones coexisten otras que ordenan la
constitución de garantías para determinado régimen aduanero o para efectuar
determinadas actuaciones.
130. Es así como, en el régimen de importación, se prevé, en la modalidad de
importación ordinaria, que la autorización de levante procede, entre otros eventos
─art. 128, Decreto 2685 de 1999, cuando:
«[…] 5. <Numeral modificado por el artículo 4 del Decreto 111 de 2010. El nuevo
texto es el siguiente:> Cuando practicada la diligencia de inspección aduanera
física o documental:
5.1. Se suscite una duda sobre el valor declarado de la mercancía importada o
por cualquiera de los elementos conformantes de su valor en aduana, debido a
que es considerado bajo de acuerdo con los indicadores del Sistema de
Administración del Riesgo de la DIAN y
5.1.1. El declarante dentro de los dos (2) días siguientes a la práctica de la
diligencia de inspección presente los documentos soporte que acrediten el
precio declarado o,
5.1.2. Vencido el término previsto en el numeral 5.1.1, no se allegaren los
documentos soporte o los mismos no acreditaren el valor declarado, y
ante la persistencia de la duda, el declarante constituye una garantía
dentro del término de los tres (3) días siguientes de conformidad con el
artículo 254 del presente decreto.
5.1.3. De conformidad con el numeral 3 del artículo 54 del Reglamento
Comunitario adoptado por la Resolución 846 de la CAN, cuando se trate
de precios declarados ostensiblemente bajos que podrían involucrar la
existencia de un fraude, la autoridad aduanera exigirá una garantía.
Sin perjuicio de lo antes dispuesto, el declarante podrá optar voluntariamente
por constituir la garantía renunciando a los términos previstos el numeral
5.1.1. o si lo considera necesario de forma libre y voluntaria ajustar la
Declaración de Importación al precio realmente negociado. (…)
6. <Numeral modificado por el artículo 4 del Decreto 993 de 2015. Rige a partir
del 30 de mayo de 2015, consultar en Legislación Anterior el texto vigente hasta
esta fecha. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando practicada inspección
aduanera física o documental, se detecten errores en la subpartida
arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética,
modalidad, tratamientos preferenciales y el declarante, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, solicite el levante de la
mercancía con Declaración de Corrección en la cual subsane los errores que
impiden el levante y que constan en el acta de inspección elaborada por el
funcionario competente, o constituye garantía en debida forma en los
términos y condiciones señalados por la U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN). En estos eventos no se causa sanción alguna.
El término previsto en este numeral será de treinta (30) días, siguientes a la
práctica de la diligencia de inspección, si la corrección implica acreditar,
54
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
mediante la presentación de los documentos correspondientes, el cumplimiento
de restricciones legales o administrativas. (…)
10. Cuando practicada inspección aduanera física o documental se
establezca que el declarante se ha acogido a un tratamiento preferencial y
la mercancía declarada no se encuentre amparada por el certificado de
origen, como soporte de dicho tratamiento, y el declarante dentro de los cinco
(5) días siguientes renuncia a éste, efectuando la corrección respectiva en la
Declaración de Importación y liquidando los tributos aduaneros y la sanción
prevista en el artículo 482 de este decreto. También procede el levante
cuando el declarante opta por constituir una garantía que asegure la
obtención y entrega a la Aduana del Certificado de Origen, o en su defecto,
el pago de los tributos aduaneros y sanciones correspondientes. Cuando
el Certificado de Origen ofrezca dudas a la autoridad aduanera, se aplicará lo
previsto en el respectivo acuerdo comercial […]» ─resaltado fuera de texto─.
131. Igualmente, en la modalidad de importación en cumplimiento de una garantía
del fabricante o proveedor de una mercancía reparada en el exterior o que
reemplace otra previamente exportada que haya resultado averiada, defectuosa o
impropia para el fin para el cual fue importada ─art. 141, Decreto 2689 de 1999─, se
establece lo siguiente:
«[…] <Inciso modificado por el artículo 17 del Decreto 2557 de 2007. El nuevo
texto es el siguiente:> En casos debidamente justificados ante la autoridad
aduanera, se podrá autorizar la importación de la mercancía que vaya a
sustituir la destruida, averiada, defectuosa o impropia, sin exigir la
exportación previa. En estos eventos se deberá constituir una garantía
que asegure la exportación o la destrucción, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la importación en cumplimiento de garantía de la mercancía,
en los términos y condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. En caso de incumplimiento, se hará efectiva la
garantía, a menos que se modifique la modalidad de importación en
cumplimiento de garantía a modalidad de importación ordinaria, dentro del mes
siguiente al vencimiento del término que tenía para exportar o destruir la
mercancía, con el pago de los tributos aduaneros correspondientes […]»
─resaltado fuera de texto─.
132. En la modalidad de importación temporal de mercancías para reexportación
en el mismo estado –Artículo 142, Decreto 2.689 de 1999114–, que puede ser de corto
o largo plazo, se indica lo siguiente:
«[…] ARTICULO 147. GARANTÍA. <Artículo modificado por el artículo 6 del
Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> La autoridad aduanera
exigirá la constitución de una garantía a favor de la Nación, por el ciento
114 Decreto 2685 de 1999, “[…] Artículo 142. Importación temporal para reexportación en el mismo estado.
Es la importación al territorio aduanero nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de determinadas
mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna,
con excepción de la depreciación normal originada en el uso que de ellas se haga, y con base en la cual su
disposición quedará restringida.
No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles, ni aquellas que no puedan ser plenamente
identificadas.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, los equipos, aparatos y materiales, necesarios para la
producción y realización cinematográfica, así como los accesorios fungibles de que trata el artículo 51 del
Decreto 358 de 2000 o de las normas que lo modifiquen o adicionen, cuando cuenten con la autorización del
Ministerio de Cultura. […]”.
55
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
cincuenta por ciento (150%) de los tributos aduaneros, con el objeto de
responder, al vencimiento del plazo señalado en la declaración de
importación, por la finalización de la modalidad con el pago de los tributos
aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.
Tratándose de importaciones temporales de mercancías en arrendamiento,
cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años,
la garantía se constituirá con el objeto de responder, al vencimiento del
quinto año o al vencimiento del término para la cancelación de la cuota
correspondiente a la mitad del plazo de los cinco (5) años, por los tributos
aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.
En ambos casos, el objeto de la garantía también comprenderá los tributos
aduaneros, intereses y sanciones que se generen por el incumplimiento
de la obligación prevista en el inciso segundo del artículo 149 del presente
decreto.
La garantía se constituirá en las condiciones, modalidades y plazos que
señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Cuando se trate de mercancías importadas temporalmente para reexportación
en el mismo Estado, la garantía se constituirá por el 10% del valor CIF de la
mercancía cuando tenga exención total de tributos aduaneros y por el ciento
cincuenta por ciento (150%) del valor de los tributos aduaneros a pagar cuando
se trate de exención parcial.
<Inciso modificado por el artículo 9 del Decreto 390 de 2009. El nuevo texto es
el siguiente:> Para la importación temporal de mercancías que vengan
destinadas a eventos científicos, culturales, deportivos o recreativos no se
exigirá la constitución de garantía. Igual tratamiento recibirán las mercancías
que vengan para la producción de obras cinematográficas, previo visto bueno
del Ministerio de Cultura o la entidad que haga sus veces.
PARÁGRAFO. La garantía prevista en este artículo también podrá hacerse
efectiva cuando la autoridad aduanera determine el incumplimiento en
cualquiera de las cuotas que se hayan causado hasta la mitad del plazo de
importación señalado en la declaración.
PARÁGRAFO 2. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 732 de
2012. Ver entrada en vigencia. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de
las demás condiciones establecidas en el presente artículo, cuando se trate de
importaciones temporales de corto plazo para la reexportación en el mismo
Estado la garantía se constituirá por el cien por ciento (100%) de los
tributos aduaneros que se hubieren causado en caso de introducción para
importación ordinaria. […]»─resaltado y subrayado fuera de texto─.
133. La importación temporal de medios de transporte de extranjeros o de
nacionales no residentes en Colombia que vienen a trabajar al territorio aduanero
nacional ─artículo 161-1 del Decreto 2689 de 1999, adicionado por el artículo 5 del Decreto 380 de 2012─,
prevé la constitución de «[…] una garantía que ampare el cumplimiento de las
obligaciones de la importación temporal en los mismos términos y condiciones
previstas en el artículo 147 del presente decreto […]».
56
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
134. El Decreto 2685 de 1999, en su artículo 233, al referirse a la entrega de
mercancías aprehendidas cuando se acredite el otorgamiento de garantías, indicó
lo siguiente:
«[…] ARTICULO 233. GARANTÍA EN REEMPLAZO DE APREHENSIÓN.
<Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto
es el siguiente:> La autoridad aduanera podrá autorizar la entrega de las
mercancías aprehendidas, cuando sobre estas no existan restricciones
legales o administrativas para su importación, o cuando se acredite el
cumplimiento del respectivo requisito, previo el otorgamiento, dentro del
término para presentar el documento de objeción a la aprehensión de que
trata el artículo 505-1 del presente decreto, de una garantía por el valor en
aduana de la misma y el ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros
a que hubiere lugar, cuyo objeto será respaldar en debida forma la
obligación de poner la mercancía a disposición de la Aduana, cuando en
el proceso administrativo se determine su decomiso. El término de
constitución será fijado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
(…)
El otorgamiento de la garantía, de acuerdo con lo previsto en el inciso
anterior, permite la disposición del bien por parte del declarante.
La garantía se hará efectiva cuando una vez ordenado el decomiso de la
mercancía, esta no pueda colocarse a disposición de la autoridad
aduanera, por haber sido consumida, destruida o transformada. Si la
mercancía es un bien no perecedero y se ha ordenado su decomiso,
deberá presentarse declaración de legalización, en la que se cancele,
además de los tributos aduaneros, el rescate en los términos previstos en
el artículo 231 del presente decreto, so pena de que se haga efectiva la
garantía.
Una vez se haga efectiva la garantía, no procederá la imposición de sanción
alguna, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda hacer efectivo el
decomiso, cuando no se hubiere presentado declaración de legalización de
mercancías no perecederas.
Cuando en el proceso administrativo se determine que no había lugar a la
aprehensión, la garantía no se hará efectiva y se devolverá al interesado.
PARÁGRAFO. No habrá lugar a la constitución de la garantía en reemplazo de
aprehensión, cuando no sea procedente la presentación de la declaración de
legalización de las mercancías aprehendidas en los términos previstos en este
decreto. […]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
135. La cita de las mencionadas normas, permiten evidenciar la existencia de una
diversidad de disposiciones que ordenan la constitución de garantías de muy disímil
índole, como aquellas requeridas por el ejercicio de cierta actividades en materia
aduanera y otras requeridas para determinados regímenes o trámites aduaneros,
las cuales, en consecuencia, determinarán, asimismo, el contenido de las pólizas
de seguros de cumplimiento de disposiciones legales ─en particular los riesgos a
cargo del asegurador─ que deben constituirse.
57
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
136. Cabe precisar, en lo que atañe al contenido de las pólizas de seguros, que, de
acuerdo con el artículo 1046 del Código de Comercio -subrogado por el artículo 3° de
la Ley 389 de 1997-:
«[…] El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión (…) Con fines
exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su
original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su
celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se
denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el
asegurador (…) La Superintendencia Bancaria señalará los ramos y la clase
de contratos que se redacten en idioma extranjero (…) PARÁGRAFO. El
asegurador está también obligado a librar a petición y a costa del tomador, del
asegurado o del beneficiario duplicados o copias de la póliza […]» ─resaltado y
subrayado fuera de texto─.
137. Frente a las condiciones que debe contener la póliza, el artículo 1047 del
Código de Comercio, se encuentra, entre otras, «[…] 5) La vigencia del contrato,
con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de
determinar una y otras (…) 7) La suma aseguradora o el modo de precisarla (…) 8)
La prima o el modo de calcularla y la forma de pago (…) 9) Los riesgos que el
asegurador toma a su cargo […]».
138. En relación con la importancia de la póliza en el contrato de seguro, la
doctrina115 ha destacado lo siguiente:
«[…] es por excelencia la póliza de seguro el documento que sirve para
determinar su alcance, debido a que una vez entregada, sin que existan
observaciones por parte del tomador o asegurado, será lo en ella plasmado
ley para los contratantes por venir a constituir la guía de lo que se acordó
(…) reitero que es esta la razón central para que ahora las aseguradoras
expidan las pólizas en el menor lapso posible, pues recibida la misma sin
observaciones por el tomador o asegurado, será lo en ella inserto en
materia de coberturas, valor asegurado, exclusiones, deducibles,
garantías etc. a lo que deben estar las partes, pues lo consignado en el
documento escrito es lo que rige, de modo que permite una cabal aplicación de
lo señalado en el art. 1602 del C.C. acerca de que “Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por
su consentimiento mutuo o por sus causas legales” […]» ─resaltado y subrayado
fuera de texto─.
139. Nótese que la autonomía de la voluntad de las partes debe verificarse en cada
caso concreto para así determinar las condiciones generales de la póliza, esto es,
la materia de cobertura, el valor asegurado, las exclusiones, los deducibles, las
garantías, entre otros aspectos.
140. Así las cosas, para efectos de establecer cuándo debe entenderse ocurrido el
siniestro y qué hecho o situación fáctica lo ocasiona, la Sala unificará su postura, no
para acoplarse definitivamente a alguna de ellas desechando la otra, sino, por el
contrario, para acoger ambas posiciones cuya aplicación al caso en concreto
115 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. 7ª ed. Bogotá: DUPRE Editores. Pág.
242-243.
58
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
dependerá de las normas que ordenan la constitución de la garantía y, además, del
contenido de la póliza de seguros, en la medida en que aquel documento establece
y delimita los riesgos asumidos por el asegurador.
141. A propósito de la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador, no
debe olvidarse que el contrato de seguro es de interpretación restrictiva 116, lo cual
implica que: «[…] únicamente podría calificarse como siniestro aquel evento incierto,
que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o
beneficiario, y que encaja fielmente con la descripción abstracta de las coberturas
que se incluyó en la póliza de seguro […]»117.
142. En este orden de ideas, es posible sostener que el siniestro en las pólizas de
cumplimiento de disposiciones legales se configura con el incumplimiento, en sí
mismo, de las obligaciones aduaneras, el cual debe tener ocurrencia dentro del
término de vigencia de la garantía, siempre que así lo establezca la norma que
ordena la constitución de la garantía y la póliza de seguros constituida en
cumplimiento de tal disposición legal, con lo cual, el acto administrativo que constata
tal incumplimiento adquiere una naturaleza declarativa, lo cual significa,
precisamente, que la manifestación de voluntad de la administración solo tiene la
virtud de acreditar la existencia del hecho o de la situación jurídica ya acaecida.
143. La consecuencia de tal postura, en lo que a la contabilización del término de
prescripción se refiere, será que el acto administrativo que declara el incumplimiento
de una obligación garantizada debe expedirse dentro de la vigencia de la póliza o
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la administración tuvo
conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado,
para evitar así el acaecimiento del fenómeno de la prescripción regulado en el
artículo 1081 del Código de Comercio118.
144. Tal postura puede advertirse con claridad en el pronunciamiento contenido en
la sentencia de 26 de julio de 2012119, citada anteriormente, resaltando que, como
lo advirtió la Sala en aquella oportunidad, el riesgo asumido por el asegurador
consistió en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de
importación temporal para reexportación contenido, para aquella época, en el
artículo 42 del Decreto N.º 1909 de 1992, por lo que el siniestro resultó ser,
116 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: LUIS ALONSO RICO
PUERTA. SC3893-2020. Radicación: 11001-31-03-032-2015-00826-01. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de
octubre de dos mil veinte (2020).
117 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: LUIS ALONSO RICO
PUERTA. SC3893-2020. Radicación: 11001-31-03-032-2015-00826-01. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de
octubre de dos mil veinte (2020).
118 «[…] ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan
del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria (…) La
prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido
o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción (…) La prescripción extraordinaria será de cinco
años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho (…) Estos términos no pueden ser modificados por las partes[…]».
119 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 25000-23-24-000-2001-01126-
01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
59
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
precisamente, el hecho mismo del incumplimiento de aquellas obligaciones, lo que
acaeció en vigencia del contrato de seguros.
145. De otra parte, es posible sustentar la posición consistente en que el siniestro
en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales se materializa con la
expedición de los actos administrativos ejecutoriados y en firme que imponen
sanciones, siempre que así lo establezca la norma que ordena la constitución de
la garantía y la póliza de seguros constituida en cumplimiento de tal disposición
legal; actos administrativos que, en todo caso, deben proferirse dentro del término
de vigencia del contrato de seguros.
146. En oposición a la postura anterior, los actos administrativos a los que se ha
hecho referencia -aquellos que imponen sanciones- son constitutivos del siniestro, lo cual
quiere indicar que son estos los que crean dicha situación jurídica -el siniestro- y no
se limitan a acreditar su existencia.
147. La consecuencia de tal postura, en lo que a la contabilización del término de
prescripción se refiere, será la inoperancia de aquel término en la medida en que,
de manera general, los actos administrativos ejecutoriados y en firme mediante los
cuales se imponen las sanciones por parte de la autoridad aduanera, igualmente,
ordenan hacer efectiva la respectiva garantía.
148. Tal posición puede ser advertida en la controversia resuelta en la sentencia de
25 de febrero de 2021 puesto que, a diferencia de lo expuesto en la providencia de
26 de julio de 2012, el riesgo asegurado fue el pago de los tributos aduaneros y las
sanciones a que hubiera lugar por el incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades en el ejercicio de la actividad de intermediación aduanera
contenidas, para esa época, en el Decreto 2689 de 1999, en el Decreto 1232 de
2001, en el Decreto 3600 de 2005, en la Resolución 4240 de 2000 y en la Resolución
7.002 de 2001, por lo que el siniestro lo constituía, además del impago de los tributos
aduaneros, la imposición de sanciones al intermediario aduanero con ocasión del
desarrollo de su actividad.
149. Nótese que, en aquella oportunidad, la conducta que dio lugar a la sanción
impuesta fue el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 503 del
Decreto 2685 de 1999, consistente en no dejar a disposición las mercancías a las
cuales se les había cancelado el levante. Sin embargo, para garantizar el
cumplimiento de tal obligación aduanera no fue constituida una garantía específica,
sino que fue presentada la garantía que debe constituir la sociedad de
intermediación aduanera para desarrollar su actividad y cuyos riesgos asegurados,
entre otros, consistían en las sanciones que le fueran impuestas a dicha entidad por
el ejercicio de tal actividad.
60
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
150. La Sala debe anotar que la posición que en esta sentencia se expone, ya había
sido planteada, de manera breve, en la sentencia de 29 de julio de 2021 120, en la
cual se diferenciaron los escenarios antes señalados, así:
«[…] En primer término, y antes de proceder a establecer el problema jurídico a
resolver, es importante señalar cuál era el objeto de la póliza 00009664, con la
finalidad de determinar las coberturas de esta, así:
“Garantizar el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya
lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en el
ejercicio de la actividad de intermediación aduanera contenida en el Decreto
2685 de 1999 en especial los artículos 26, 354 y 358, Decreto 1232 de 2001,
resolución 4240 de 2000, resolución 7002 de 2001 y demás normas que lo
modifiquen o adiciones igualmente responder por el pago de los tributos
aduaneros y sanciones que se haya lugar en cumplimiento de sus obligaciones
como declarante en la modalidad de transito aduanero”
De lo anterior, se puede establecer con claridad que la póliza 00009664
ampara dos riesgos, a saber: 1.) El correspondiente al pago de los tributos
aduaneros, y 2.) Las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de
las obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la actividad de
intermediación aduanera.
Ahora bien, es importante precisar que, por una parte, el amparo
correspondiente al pago de los tributos aduaneros se concreta al
momento del incumplimiento, puesto que la obligación se causa y se hace
exigible a partir del momento en que debe ser pagado el tributo; y, por la
otra, el amparo correspondiente al pago de sanciones se causa en el
momento en que se expide el acto administrativo que las imponen. Por lo
anterior, los siniestros amparados en la póliza 00009664 se concretan en
momentos distintos, de acuerdo con su fecha de causación, respectivamente
[…]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
151. Por lo anterior, la Sala considera que el establecer cuándo debe entenderse
ocurrido el siniestro y qué hecho o situación fáctica lo ocasiona o lo origina,
dependerá de las normas que ordenan la constitución de la garantía y, además, del
contenido de la póliza de seguros, en la medida en que aquel documento precisae
y delimita los riesgos asumidos por el asegurador, que para el caso de las sanciones
ocurrirá con el acto administrativo ejecutoriado y en firme que la imponga, como
acto constitutivo que es.
152. (iv) Enunciación de las reglas de unificación
153. De esta forma, es posible plantear las siguientes reglas respecto de siniestro
y la prescripción en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales, así:
153.1. El siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en materia
aduanera, se materializa:
120 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de julio de 2021, rad. 76001-23-31-000-2010-01220-
01, M.P. Oswaldo Giraldo López.
61
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
153.1.1.Al momento del incumplimiento de las obligaciones legales aduaneras, caso
en el cual el acto administrativo es declarativo y la póliza que ampara el riesgo será
la vigente al momento de la ocurrencia del siniestro.
153.1.2.Con la firmeza del acto administrativo que impone la sanción y ordena pagar
a la aseguradora la suma correspondiente, caso en el cual el acto administrativo es
constitutivo y la póliza que ampara el riesgo será la vigente al momento de la firmeza
del acto administrativo.
153.1.3.En todo caso, la materialización del siniestro, conforme con las reglas
anteriores, dependerá del contenido del contrato de seguro y de la norma que
ordena la constitución de la garantía.
153.2. En el evento en que el siniestro se materialice con el incumplimiento de las
obligaciones legales aduaneras, la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro de cumplimiento de disposiciones legales en materia aduanera
empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido
tener conocimiento del siniestro que da lugar a la acción.
153.3. El término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro de
disposiciones legales no correrá, en el evento en que el siniestro lo constituya la
firmeza del acto administrativo que impone la sanción.
II.3. Hechos de relevancia probatoria
154. Descendiendo a la cuestión en concreto que nos convoca en este proceso,
puede señalarse que estarían probados los siguientes hechos de relevancia
probatoria:
155. En el año 2005, la sociedad «CORPACERO», calificada por la DIAN como
usuario aduanero permanente (UAP), adquirió e importó nueve mil doscientas
veintiún (9.221) toneladas de acero laminado originario de Chile, por un valor
US$6’307.432,13121.
156. La sociedad «UTI COLOMBIA S.A.» en su condición de intermediario
aduanero y en nombre de la sociedad importadora «CORPACERO», presentó la
Declaración de Importación No. «23030012414262» ante la administración de
aduanas de Buenaventura, con aceptación No. «352005100020111-7», fechada 8
de febrero de 2005122.
157. La sociedad «UTI COLOMBIA S.A.» presentó ante la Administración de
Aduanas de Buenaventura ─junto con la declaración de importación─ la Póliza de
Seguros No. BQ-A0042213, expedida por la Aseguradora Mundial de Seguros
S.A.123 y que fue constituida por la sociedad importadora «CORPACERO», con el
121 Fol. 21-22, cuaderno 2, antecedentes administrativos. Fol. 129-133, cuaderno 3, antecedentes
administrativos.
122 Fol. 20, cuaderno 2, antecedentes administrativos. Fol. 99 y 128, cuaderno 3, antecedentes administrativos.
123 Fol. 7, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
62
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
fin de garantizar la entrega de certificado de origen chileno, con posterioridad a la
presentación y aceptación de la declaración de importación.
158. El 10 de febrero de 2005, la Administración de Aduanas de Buenaventura
seleccionó la declaración de importación de «CORPACERO» para inspección
aduanera y autorizó su levante con el radicado No. «353200001786»124.
159. El 24 de julio de 2007, la Administración de Aduanas de Buenaventura inició
una primera investigación aduanera ─Investigación 1─ contra «UTI COLOMBIA S.A.»
obrante en el expediente administrativo No. PT2005-2007-00065, por cuanto
consideró que hubo un incumplimiento del Declarante «UTI Aduanas de Colombia
S.A. SIA», habida cuenta que el «Certificado de Origen» No. 505465125 -presentado con
posterioridad al levante- no cumplía con las normas establecidas para su expedición y
control.
160. Posteriormente, la jefe de la División de Liquidación Aduanera de la
Administración Especial de Aduanas de Buenaventura expidió la Resolución No.
1906 de 24 de julio de 2007126, por medio de la cual resolvió:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento por parte del
declarante UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA. con NIT. 830.001.181-3,
por presentar el Certificado de Origen No. 505465 de fecha 9 de febrero del
2005, que no cumple con las normas establecidas para su expedición y control,
por cuanto el número de la factura allí indicado no coincide con la factura
anexada como soporte de la transacción y no se anexa una declaración jurada
donde se justifique que al momento de expedirse el Certificado de Origen no se
conocía el Número de la factura comercial que amparaba la operación a destino,
indicando además el número y fecha de la factura comercial y el certificado de
origen que ampara la operación de importación, como lo dispone el artículo
noveno de la Resolución 252 de 1999, a favor de la UAE-DIAN Administración
Especial de Aduanas de Buenaventura, en cuantía de CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.696.387.098), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la efectividad de la Póliza de Seguro de
Cumplimiento Disposiciones Legales 42110926 expedida por la Compañía de
Seguros “SEGUROS DEL ESTADO”, con NIT 860.009.578-6, a favor de la
Nación UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de manera
proporcional, en la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($5.696.387.098) […]».
161. La «investigación 1» terminó con la expedición de la Resolución núm. 3439
de 22 de octubre de 2007127, por medio de la cual la División Jurídica de la
Administración Aduanera de Buenaventura resolvió el recurso de apelación,
decidiendo lo siguiente:
124 Fol. 5, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
125 Fol. 12, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
126 Fol. 116, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
127 Fol. 201-211, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
63
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
«[…] Se observa en este caso, que aunque la norma aduanera señala que quien
debe constituir la garantía es el declarante, la constituyó el importador, lo que
nos permite concluir que el declarante no hizo uso de la alternativa que tenía de
optar por constituir garantía para la presentación de[l] certificado de origen,
luego como él mismo lo dice en su recurso, no ofreció su garantía para
comprometerse con la presentación del Certificado de Origen, esta opción la
tomó el importador sin respaldo normativo y además fue aceptado por la
autoridad aduanera al otorgar el levante de la declaración (…) De otro lado la
División de Liquidación procede a Declarar el incumplimiento y ordenar la
efectividad de la Póliza Global de Declarante, cuando este no ofreció su póliza,
siendo que no estaba obligado a ofrecerla, sino que era una de las opciones
que le permitía el artículo 128 del Decreto 2685 de 1999, opción de la que no
hizo uso, razón por la cual no era procedente declararle el incumplimiento de
una obligación que no adquirió con una póliza que no respaldó (…) Teniendo
en cuenta que hubo violación al debido proceso por lo ya manifestado, se hace
necesario revocar la Resolución que declara el incumplimiento, sin embargo es
de vital importancia poner de presente que existe una infracción aduanera
plenamente tipificada en el Estatuto Aduanero por la cual debe responder el
obligado, eso si garantizándole el debido proceso y el derecho de defensa (…)
Es importante tener presente que quien garantice sea el directamente
responsable, por esta razón, este despacho comparte la apreciación de la parte
actora en cuanto a que al declarante se le [h]a violado el debido proceso, al
declarar el incumplimiento y efectividad de una póliza no ofrecida por él (…) La
DIAN, al invocar y someter de manera equivocada al declarante más allá de lo
que realmente les vincula por agotamiento de los trámites y gestión aduanera,
cayó en un ilegal procedimiento que desató el indebido proceso que se le
adelantó al declarante, puesto que fue el importador quien prestó la póliza
garantizando la obligación, y en el transcurso del proceso aduanero se vinculó
al declarante tomado como garantía la póliza global del mismo sin ser ofrecida
por el, y sin ser esta póliza la que dio origen a que el interesado se llevara su
mercancía (…) Quien debía garantizar el cumplimiento de la obligación era el
declarante, tal como lo estipula la normatividad aduanera y conceptos que de
ella se desprenden, garantía que debía ofrecer en razón de la póliza global que
los usuarios aduaneros tienen con el fin de garantizar las actuaciones de
comercio exterior que ellos efectúan ante la administración (…) Es así, que la
Administración incurre en la violación al debido proceso contemplado en el
artículo 29 de la Constitución Política, puesto que en el afán de vincular al
declarante, no tuvo en cuenta que el mismo, no ofreció la póliza global como
garantía a la operación de comercio exterior que en ese momento se adelantó,
la administración no debió aceptar la póliza global del importador, puesto que
este no era el obligado a responder por la sanción y pago de tributos aduaneros
dejados de pagar, que se suscitara del incumplimiento, esto es, la no
presentación posterior del certificado de origen que no reunía los requisitos
exigidos por la ley (…) Por todo lo expuesto, se considera pertinente revocar la
Resolución No.
1906 de fecha 24 de julio de 2007, por medio de la cual la
División de Liquidación resuelve declarar el incumplimiento de una obligación y
ordenar hacer efectiva una garantía favor de la Nación – Unidad Administrativa
Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al declarante UTI
ADUANAS DE COLOMBIA S.A. identificado con NIT 830.001.181-3 (…) Es
pertinente también devolver los antecedentes administrativos a la División de
Fiscalización Aduanera, a fin de que adelante la investigación que permita
esclarecer si el certificado de Origen cumplió o no con los requisitos de Ley, o
si por el contrario se requiere reclamar los tributos dejados de pagar y las
sanciones correspondientes. (…)
64
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 1906 del 24 de Julio de
2007, que declaró el incumplimiento y ordenó hacer efectiva una garantía a la
Sociedad de Intermediación Aduanera UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA,
identificado con NIT 830.001.181-3, en cuantía CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS (sic) OCHENTA Y SIETE MIL
NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($5.696.387.098), por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. (…)
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo y de los
antecedentes que reposen dentro de la investigación administrativa número
PT20052000700065 a la División de Fiscalización Aduanera de esta
Administración para lo de su competencia […]».
162. La Administración Especial de Aduanas de Buenaventura inició una nueva
investigación ─Investigación 2─, identificada con el expediente administrativo No.
IS2005-2007-00996 y expidió contra «UTI COLOMBIA S.A.» el Requerimiento
Especial Aduanero N.º 004215 del 30 de noviembre de 2007128, en el cual se
propuso «[…] sancionar a la sociedad de Intermediación Aduanera UTI COLOMBIA
S.A. SIA con NIT 830.001.161, por valor de: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE PUNTO TREINTA PESOS MCTE ($2.237.637.237,30), sanción
equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de la declaración de
importación No. 352005100020111 del 8 de febrero de 2005, toda vez que no
presentó el documento soporte correspondiente al certificado de origen […]»,
argumentando lo siguiente:
«[…] Al analizar detenidamente el acervo probatorio obrante dentro del
expediente IS2005200700996 observamos que la sociedad de intermediación
aduanera UTI COLOMBIA S.A. SIA con NIT 830.001.161 no contaba con el
documento soporte establecido en el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999,
que no es más otro que el Certificado de Origen, toda vez que dentro del cuerpo
de la Declaración de Importación No. 352005100020111 del 8 de febrero de
2005, se consignó en la casilla 66 Código del Acuerdo No. 017 correspondiente
al suscrito entre la Chile y Colombia. Conducta esta que a la luz de la
normatividad aduanera es catalogada como una infracción grave según el
numeral 2.1 del artículo 482 del Decreto 2685 […]».
163. Posteriormente, la mencionada autoridad administrativa expidió la Resolución
N.º 0495 de 3 de marzo de 2008129, en la que se decidió lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la Sociedad de Intermediación
Aduanera UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA HOY UTI COLOMBIA S.A.
S.I.A con NIT 830.001.161 multa a favor de la UAE-DIAN Administración
Especial de Aduanas de Buenaventura por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MILLONE SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE
($2.237.637.237,30.oo.MCTE) de conformidad con lo establecido en el numeral
1.2 del artículo 495 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 42 del
Decreto 1232 de 2001, según lo expuesto en la parte motiva del presente Acto
Administrativo (…) ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR hacer efectiva la Póliza
128 Fol. 236-243, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
129 Fol. 275-285, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
65
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
de Seguros No. 421109261 expedida por la Compañía SEGUROS DEL
ESTADO S.A., con NIT 860.009.578-6, proporcionalmente por el monto
asegurado, de la sanción de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE
($2.237.637.237,30.oo.MCTE) si al momento de la ejecutoria de esta
Resolución, el infractor no ha realizado el pago correspondiente (…) ARTÍCULO
TERCERO: En el evento de que no se logre hacer efectiva la póliza global por
la totalidad del valor señalado en el artículo segundo de la parte resolutiva de
este Acto Administrativo (Art. 1079 del Código de Comercio) la suma que resulte
de la diferencia entre el valor del incumplimiento y el valor finalmente reconocido
por la Aseguradora, deberá ser pagado por la Sociedad UTI ADUANAS DE
COLOMBIA S.A. SIA HOY UTIC COLOMBIA S.A. S.I.A.[…]»
164. La autoridad aduanera, para efectos de adoptar su decisión, razonó de la
siguiente manera:
«[…] se observa como argumento central de la respuesta al requerimiento
especial aduanero la constitución de la garantía y la obtención y entrega del
certificado de origen por parte del declarante. Al respecto es importante precisar
que el declarante UTI ADUACOL al momento de [la] presentación y entrega de
la declaración de importación No. 3520051000020111 de fecha 08 de febrero
de 2005 no contaba con el certificado de origen como documento soporte, pues
quien constituyó póliza con el fin de respaldar la presentación posterior del
certificado de origen fue el importador CORPACERO MARCO Y ELIECER
SRENDI Y CIA YAP, cuando no le correspondía al importador, garantizar la
presentación posterior del certificado de origen lo que fue debatido y resuelto
corrigiendo el error en que se incurrió frente a este hecho al aceptar garantía
del importador con Resolución No. 2474 del 03 de septiembre de 2007, dejando
claro que en el caso que nos ocupa la garantía constituida por el importador no
es válida. Ahora, la constitución de la garantía es una opción que tiene el
declarante, opción de la cual no hizo uso y por ende no es válido aceptar este
argumento como excepción decir que UTI COLOMBIA S.A. constituyó garantía
con la que se comprometió a presentar con posterioridad a la presentación de
la declaración de importación el certificado de origen (…) En este orden de ideas
si no se presentó el certificado de origen como documento soporte de la
declaración de importación No. 3520051000020111 del 08 de febrero de 2005
diligenciada por el declarante UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA HOY
UTICOLOMBIA S.A. S.I.A., en la que se acoge a un tratamiento preferencial
que exige para su reconocimiento aportar el certificado de origen, ni tampoco
constituye garantía con la que respalde la obligación de presentarlo con
posterioridad no hay lugar a dudas del incumplimiento del declarante frente al
documento soporte aludido que no fue presentado con la declaración de
importación, hecho este que a la luz del artículo 482 numeral 2.1 del Decreto
2685/99, es sancionable (…) Es importante señalar que si bien es cierto que el
certificado de origen se presentó con posterioridad al levante de la mercancía,
no menos cierto es que en su oportunidad no se constituyó póliza alguna que
garantizara su presentación posterior por parte de la citada SIA (…) Es claro
entonces que la no presentación de uno de los documentos soportes señalados
en el artículo 121 del Decreto 2685/99 genera un desenlace desfavorable para
el declarante, razón por la cual no son de recibo para el Despacho los
argumentos esbozados por el libelista, con los cuales se vislumbra el querer
sustraer a su representado de las responsabilidad[es] que tiene ante la DIAN,
las cuales se desprenden de su actividad en la intermediación aduanera. Como
quiera que la citada sociedad de intermediación aduanera NO presentó el
certificado de origen exigible para la mercancía que fue introducida al territorio
66
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
aduanero nacional, y de la cual se señalaba que goza de una exención
arancelaria, de conformidad con la casilla 66 de la declaración de importación
aludida […]»
165. La autoridad administrativa, a través de la Resolución N.º 000694 de 28 de
marzo de 2009130, aclaró la Resolución N.º 00495 de 3 de marzo de 2008 en el
sentido de precisar que: «[…] es el numeral 2.1 del artículo 482 del Decreto 2685/99
modificado por el artículo 387 del Decreto 1232/01 el que se aplica para la
imposición de la sanción a UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA HOY
UTICOLOMBIA S.A. S.I.A con NIT 830.001.161 […]».
166. La sociedad UTI COLOMBIA S.A. SIA y la compañía SEGUROS DEL
ESTADO S.A. presentaron recursos de reconsideración en contra de la Resolución
N.º 00495 de 3 de marzo de 2008, los cuales fueron desatados por la Administración
Especial de Aduanas de Buenaventura a través de la Resolución N.º 001454 de 25
de junio de 2008131, en la que se dispuso lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución
N° 0495 de fecha 3 de marzo de 2008, expedida por la División de Liquidación
de esta Administración, por medio de la cual se impone sanción al
DECLARANTE UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA
S.A. SIA, con NIT 830.001.161, por incurrir en la infracción contemplada en el
numeral 2.1 del Artículo 482 del Decreto 2685 de 1999, por valor de DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON TREINTA
CENTAVOS (2.237.637.237,30 M/cte.), por los motivos expuestos en la parte
considerativa del presente acto administrativo […]»
167. La autoridad aduanera, para efectos de adoptar su decisión, resaltó lo
siguiente:
«[…] Realizando un análisis minucioso de los antecedentes administrativos de
la presente investigación, este Despacho encuentra que al momento de la
presentación de la Declaración de Importación con número de aceptación
352005100020111 del 8 de febrero de 2005, por parte del Declarante UTI
ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, este no contaba con el Certificado de
Origen emitido por la Sociedad de Fomento Fabril de Chile SOFOFA, con el
cual pretendía obtener un tratamiento preferencial arancelario para la
mercancía objeto de importación, lo cual se evidencia a folio 1 del expediente
PT2005200700065, en donde encontramos Oficio de fecha 9 de febrero,
suscrito por el Sr. GUSTAVO ADOLFO BERMUDEZ P. Jefe de la Oficina
Buenaventura de UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA, hoy UTI COLOMBIA
S.A. SIA, mediante el cual remite a la esta Administración fotocopia autenticada
del certificado de origen N° 505465 (…) Es claro para este Despacho, que el
Declarante al momento de diligenciar la Declaración de Importación
mencionada anteriormente, presentó la póliza N° BQ-A0042213 de la Compañía
Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., cuyo tomador fue la
sociedad CORPORACIÓN DE ACERO “CORPACERO” S.A., con el fin de
amparar el acuerdo Colombia – Chile y la entrega del Certificado de Origen
correspondiente a la mercancía objeto de importación (…) De lo anterior se
130 Fol. 292-294, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
131 Fol. 354-384, cuaderno 2, antecedentes administrativos.
67
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
concluye, que a quien correspondía la constitución de [la] Póliza de Seguro que
garantizara la obtención y entrega a la Aduana del Certificado de Origen
posterior a la presentación de la Declaración de Importación y con miras a
obtener un tratamiento preferencial arancelario, era al Declarante, en este caso
a la sociedad UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA. hoy UTI COLOMBIA
S.A. SIA., no al importador CORPORACIÓN DE ACERO “CORPACERO” S.A.
UAP., como en este caso ocurrió, donde el Declarante decidió presentar una
póliza constituida por el importador, aun sabiendo que era su responsabilidad
la constitución de la misma, configurando de este modo, la infracción aduanera
consagrada en el numeral 2.1 del Artículo 482 del Decreto 2685 de 1999 (…)
Por lo anterior, queda desvirtuado el argumento del apoderado del interesado
en el que expone que la obligación de entregar el certificado de origen con
posterioridad a la presentación y aceptación de la aclaración de importación
puede garantizarse con la póliza de UAP del importador, por cuanto, en este
caso específico se trata de una obligación establecida única y exclusivamente
para los Declarantes en el régimen de importación, por lo cual no es dable a
este, transferirla al importador cuando lo estime conveniente (…) De otro lado,
encuentra esta instancia fuera de todo contexto, lo expresado por el recurrente
al afirmar que la Administración Aduanera indujo a error a UTI al aceptar la
póliza global otorgada por el importador, cuando fue el mismo Declarante el que
indujo a error a ala (sic) Administración, al ofrecer una póliza del Importador, a
sabiendas de que la norma es taxativa al establecer los casos en que procede
el levante cuando no se tienen la totalidad de los documentos soporte de la
importación, como en este caso lo era el Certificado de Origen N° 505465
expedido por la Sociedad de Fomento Fabril de Chile SOFOFA (…) Así las
cosas, encuentra este Despacho, que la Resolución N° 694 de fecha 28 de
marzo de 2008 proferida por la División de Liquidación de esta Administración
no modificó el sentido ni la decisión proferida mediante Resolución N° 0495 de
fecha 3 de marzo de 2008, por lo tanto, nunca se configuró el Silencio
Administrativo Positivo de que trata el Artículo 519 del Decreto 2685 de 1999,
modificado por el Artículo 23 del Decreto 1198 de 2000, modificado por el
Artículo 22 del Decreto 4431 de 2004, por cuanto la Resolución N° 0495 de
fecha 3 de marzo de 2008, mediante la cual se impone sanción a UTI ADUANAS
DE COLOMBIA S.A. hoy UTI COLOMBIA S.A., SIA, fue proferida dentro de los
45 días establecidos en el Artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, modificado
por el Artículo 20 del Decreto 4431 de 2004 (…) Por las razones expuestas no
es dable aceptar los argumentos de defensa expuestos por los recurrentes,
mediante los cuales pretendía demostrar que la DIAN ha incurrido en yerro al
imponer sanción al Declarante UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA hoy UTI
COLOMBIA S.A. SIA, puesto que existen suficientes elementos probatorios en
la presente investigación, que permiten establecer la responsabilidad del
interesado en la infracción contemplada en el numeral 2.1 del Artículo 482 del
Decreto 2685 de 1999, por no tener al momento de la presentación de la
Declaración de Importación con número de aceptación 352005100020111 del 8
de febrero de 2005, el Certificado de Origen con el cual pretendía obtener un
tratamiento preferencial arancelario para la mercancía objeto de importación
[…]»
168. La sociedad UTI COLOMBIA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca para que se declarara la nulidad de las Resoluciones nums. 0495
del 3 de marzo de 2008 y 0694 del 28 de marzo de 2008, ambas expedidas por la
División de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Buenaventura, y
en contra de la Resolución núm. 01454 de 25 de junio de 2008, expedida por la
División Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Buenaventura, por medio
68
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
de las cuales, respectivamente, se impuso una multa a la sociedad demandante y
se resolvió un recurso de reconsideración, proceso identificado con el número de
radicación 2008 - 00860.
169. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia de 16
de septiembre de 2011132, declaró la nulidad de las citadas resoluciones y denegó
las demás súplicas de la demanda, con el argumento consistente en que la acción
sancionatoria se encontraba caducada para la fecha en que se concluyó con el
procedimiento administrativo sancionatorio, según el artículo 478 del Decreto 2685
de 1999.
170. Esta Sección, mediante sentencia de 19 de junio de 2014133, consideró que,
entre la fecha de la comisión de la infracción aduanera ─8 de febrero de 2005─y la
fecha de inicio de la acción administrativa sancionatoria ─30 de noviembre de
2007─ con ocasión de la notificación y respuesta del Requerimiento Administrativo
Especial ─27 de diciembre de 2007─, no transcurrieron más de los tres (3) años a
que se refiere el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999. Lo que puso de manifiesto
que la DIAN, Seccional Buenaventura, se encontraba dentro del término de
caducidad para el inicio de dicha actuación administrativa y, por tanto, revocó la
decisión de primera instancia134.
171. La Sala evidenció que, mediante sentencia de 16 de julio de 2015, proferida
por la Sección Cuarta de esta Corporación en el expediente de amparo
constitucional N.º 2014-04390-01, se dispuso:
«[…] “1. REVÓCASE la sentencia impugnada, conforme las consideraciones de
esta providencia. En su lugar, AMPÁRANSE los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la sociedad UTI
COLOMBIA S.A. S.I.A. EN LIQUIDACIÓN –UTI TRANSPORTE
INTERNACIONAL, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
2. Por lo anterior, DÉJESE sin efecto la sentencia de 19 de junio de 2014. En
consecuencia, ORDÉNASE a la Sección Primera de esta Corporación que,
dentro del término de treinta (30) días, contados desde la notificación de esta
providencia, profiera una sentencia en los términos de esta providencia,
especialmente lo relacionado con los cargos no valorados. …” […]»135
172. Igualmente, la Sala constató que el 10 de septiembre de 2015136, la Sección
Primera del Consejo de Estado revocó la sentencia proferida el 16 de septiembre de
132 Fol. 191-203, cuaderno principal.
133 Fol. 210-229, cuaderno principal.
134 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de junio de 2014, rad. 76001-23-31-000-2008-00860-
01, actor: UTI COLOMBIA S, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─DIAN, M.P. María
Elizabeth García González.
135 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de septiembre de 2015, rad. 76001-23-31-000-2008-
00860-01, actor: UTI COLOMBIA S, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─DIAN, M.P.
María Elizabeth García González.
136 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de septiembre de 2015, rad. 76001-23-31-000-2008-
00860-01, actor: UTI COLOMBIA SIA, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─DIAN, M.P.
María Elizabeth García González.
69
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
2011 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y denegó las súplicas de la
demanda con los argumentos que se exponen a continuación:
(a) No se configuró la caducidad, pues no transcurrieron los tres (3) años a que se
refiere el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999 para iniciar la acción administrativa
sancionatoria.
(b) No se configuró el silencio administrativo positivo, porque la resolución de fondo
No. 0495 de 3 de marzo, fue proferida dentro del término de los 45 días siguientes
a la respuesta al requerimiento especial aduanero.
(c) La DIAN no sancionó a la sociedad «UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA»
por hechos que constituyeron cosa juzgada administrativa, puesto que:
«[…] Sobre el particular, es preciso anotar que el auto núm. 03855 de 13 de
noviembre de 2007, “Por medio del cual se ordena el traslado de un
expediente a otro programa”, expedido por la División de Fiscalización de la
DIAN – Buenaventura, y el Requerimiento Especial Aduanero núm. 04215 de
30 de noviembre de 2007, “Por medio del cual se propone sancionar a un
declarante en el régimen de importación”, expedido por el mismo
funcionario, dan cuenta de que en efecto mediante la Resolución núm. 1906 de
24 de julio de 2007 la Jefe de la División de Liquidación de dicha Administración
declaró el incumplimiento de la sociedad UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A.
SIA y ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de las
disposiciones legales núm. 42110928, expedida por la Compañía de Seguros
del Estado, decisión confirmada en la contestación al recurso de
reconsideración; pero en respuesta al recurso de apelación, la Jefe de la
División Jurídica Aduanera ordenó revocar el acto administrativo por violación
al debido proceso, y en su artículo quinto ordenó remitir copia del acto
administrativo y de los antecedentes que reposan dentro del mencionado
expediente PT2005200700065 a la División de Fiscalización a fin de establecer
la comisión de una infracción cometida por la sociedad de intermediación
aduanera UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA. Dicha División, mediante
auto núm. 996 de 26 de octubre de 2007, ordenó la apertura de investigación
en el expediente que abrió para estos efectos núm. IS2005200700996.
En el caso que se adelantó dentro del expediente PT2005200700065, el
mencionado Requerimiento Aduanero que se expidió dentro del presente
proceso, explica, que las pruebas obrantes, aportadas por el Grupo de Origen
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, permitieron establecer que el
certificado de origen cumple con todas las formalidades del caso con relación a
la factura comercial, fecha de expedición, subpartida arancelaria y firma de
quien lo otorga, por tal motivo fue aceptado a fin de otorgar un tratamiento
preferencial arancelario, y que una vez dilucidado lo pertinente al cumplimiento
de los “requisitos del Certificado de Origen núm. 505465 de 9 de febrero de
2005”, indicó “el punto central de la presente investigación, consiste en
determinar la presunta infracción cometida por la Sociedad de
Intermediación Aduanera UTI COLOMBIA S.A. SIA (hoy UTI ADUANAS DE
COLOMBIA S.A. SIA) por no tener al momento de la presentación y
aceptación de la declaración de importación de las mercancías los
documentos soporte que para el presente caso se trata del certificado de
origen”.
70
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Lo expuesto indica que las dos investigaciones si bien se refirieron a la
misma Declaración de Importación, se adelantaron por diferente causa y
objeto así las partes sean las mismas, por lo cual no se puede hablar de
cosa juzgada para declarar la nulidad de los actos demandados en este
proceso, como lo pretende la sociedad actora; en la primera, que se ha
denominado Investigación 1, su objeto era determinar si el Certificado de
Origen cumplía con los requisitos y la Administración probó que sí; y en
la denominada Investigación 2, que culminó con los actos que se
demandan en este proceso, la Administración encontró que al momento
de presentación y aceptación de la Declaración de Importación, como no
se presentó el Certificado de Origen, la “declarante”, es decir la sociedad
actora, no presentó la póliza, que de conformidad con el Estatuto
Aduanero debía garantizar que posteriormente se entregaría dicho
documento, luego faltó un documento soporte que debió presentarse en
dicha oportunidad.
Es claro que a la luz del artículo 22 del Decreto 2685, las Sociedades de
Intermediación Aduanera, son responsables administrativamente de varias
obligaciones, entre ellas por la exactitud y veracidad de la información contenida
en los documentos que suscriban, como también por gravámenes, tasas, multas
o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como
declarantes autorizados.
Precisamente, el objeto del seguro que la sociedad UTI tomó con Seguros
del Estado137, fue “Garantizar el pago de los tributos aduaneros y de las
sanciones a que haya lugar para el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades en el objeto de la actividad de sociedad de
intermediación aduanera contenidas en el Decreto 2685 de 1999 y
Resolución 4240 de 2000 y demás normas que lo modifiquen y/o
adicionen”. De manera que no es extraño que a la sociedad actora se le
hubiera investigado por diferentes incumplimientos de sus obligaciones,
todas respaldadas por la misma póliza, y que una culminó sin sanción y la
otra si la tuvo mediante los actos acusados en este proceso, razón por la
que tampoco prospera este cargo […]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
(d) No hubo incongruencia entre el requerimiento especial aduanero y la
resolución sanción, por lo que no se violó el debido proceso de la sociedad de
intermediación aduanera.
(e) No se configuró violación por falsa interpretación de las normas que regulan la
presentación del «certificado de origen» ni vulneración de norma superior por
desconocimiento de actos administrativos (conceptos) expedidos por la misma
entidad, puesto que:
«[…] El artículo 128, numeral 10, del Estatuto Aduanero, modificado por el
artículo 13 del Decreto 1232 de 2001, dispone que la garantía la debe presentar
el declarante, en los siguientes términos: (…)
La norma transcrita, establece una obligación clara para el “declarante”,
en este caso, la sociedad actora que actuaba como sociedad de
intermediación aduanera, y lo cierto es que el Certificado de Origen no se
entregó al momento de la presentación y aceptación de la declaración de
importación, y como la declarante se había acogido a un tratamiento
137 Folio 52 del cuaderno núm. 1.
71
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
preferencial, debió corregir la declaración o constituir una garantía que
asegurara la obtención y entrega de dicho documento. Así pues, dicha
obligación debía cumplirla la declarante y no el importador.
La misma actora alude a que el concepto de la DIAN se basó en el artículo 33
del Estatuto Aduanero, que dispone acerca de prerrogativas de los Usuarios
Aduaneros Permanentes, pero de su lectura no se infiere que la póliza de que
trata el artículo 128, numeral 10, del Estatuto Aduanero, pueda ser presentada
por este usuario. Al efecto, prevé esta disposición: (…)
Aclara la Sala que la disposición transcrita se aplica a los importadores
considerados Usuarios Aduaneros Permanentes – UAP, y la infracción en la
cual se basó la DIAN para imponer la sanción es la consagrada para los
“declarantes” en el artículo 482, numeral 2.1 del Decreto 2685 de 1999, que
dispone:
“ARTÍCULO 482. INFRACCIONES ADUANERAS DE LOS DECLARANTES
EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y SANCIONES APLICABLES.
Las infracciones aduaneras en que pueden incurrir los declarantes del régimen
de importación y las sanciones asociadas a su comisión son las siguientes:
1. Gravísimas:
2. Graves: 2.1 No tener al momento de la presentación y aceptación de la
declaración de importación, o respecto de las declaraciones anticipadas al
momento de la inspección física o documental o al momento de la determinación
de levante automático de la mercancía, los documentos soporte requeridos
en el artículo 121 de este decreto para su despacho, o que los documentos no
reúnan los requisitos legales, o no se encuentren vigentes”. (Negrillas y subraya
fuera de texto)
El mencionado artículo 121 del Estatuto Aduanero, dispone:
“ARTICULO 121. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DE
IMPORTACIÓN. Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a
obtener antes de la presentación y aceptación de la Declaración y a conservar
por un período de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de
los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad
aduanera, cuando ésta así lo requiera:
….
d) Certificado de origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones
especiales;” (Resaltado y subrayado fuera de texto)
A folio 3 del cuaderno principal núm. 1 reposa la Declaración de Importación
con número de aceptación 352005100020111, de 8 de febrero de 2005, en la
cual figura como declarante autorizado la sociedad UTI ADUANAS DE
COLOMBIA S.A. SIA, y en ella se consignó:
“SE PRESENTA PÓLIZA DE GARANTÍA Nº BQ-AOO42213 DE UAP PARA
AMPARAR EL ACUERDO CON CHILE Y LA ENTREGA DEL CERTIFICADO
DE ORIGEN. B/L 001, FACTURA COMERCIAL Nº 523-04-20863/90068048,
LISTA DE EMPAQUE Nº 523-04-20863/90068048. CORPORACIÓN DE
ACERO “CORPACERO” MARCO Y ELIECER SRENDNI Y CIA. COD UAP
410”. (Negrilla fuera de texto).
72
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
De tal manera que si bien es cierto que los funcionarios aceptaron la
mencionada póliza que fue la que el “declarante” presentó al diligenciar la
Declaración de Importación, el tomador de ésta fue el importador, cuando
debió ser el declarante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128,
numeral 10, del Estatuto Aduanero, modificado por el artículo 13 del
Decreto 1232 de 2001, que dispone que la garantía la debe presentar el
declarante, como ya se observó.
Por lo tanto, como bien lo explicó la demandada, en el acto que resolvió el
recurso de reconsideración, a quien corresponde constituir la Póliza de
Seguro que garantizara la obtención y entrega a la Aduana del Certificado
de Origen posterior a la presentación de la Declaración de Importación,
con miras a obtener un tratamiento preferencial arancelario, era al
Declarante, no al importador; y al no haberse presentado el Certificado de
Origen en la oportunidad que exige la norma, el declarante tenía la opción
de constituir una garantía que garantizara la obtención y entrega posterior
de dicho documento, y, en este caso ello no se hizo.
Por lo anterior, se le impuso la sanción y se ordenó hacer efectiva de manera
proporcional la Póliza Global de Seguros núm. 42110961 expedida por la
compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., de la que trata el artículo 25 del
Estatuto Aduanero, el cual prevé:
“ARTICULO 25. RÉGIMEN DE GARANTÍAS. Dentro de los quince (15) días
siguientes a la ejecutoria de la resolución de autorización para ejercer la
actividad de intermediación, la Sociedad de Intermediación Aduanera deberá
constituir y presentar una garantía bancaria o de compañía de seguros, cuyo
objeto será garantizar el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a
que haya lugar, por el incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades consagradas en este Decreto...”. (Negrilla fuera de texto)
Por tal razón, no prospera este cargo […]» ─resaltado y subrayado fuera de texto─.
(f) No se vulneraron los artículos 497, 498 y 499 de la Resolución No. 4240 de 2000
de la DIAN y tampoco la administración indujo en error a «UTI» al aceptar la Póliza
Global otorgada por el importador «CORPACERO». Todo lo contrario, fue el mismo
declarante el que indujo en error a la administración, al ofrecer una póliza tomada
por el importador.
(g) No se infringió el artículo 83 de la Constitución Política, porque la administración
no violó el principio de confianza legítima.
(h) No prosperó el cargo de falta de aplicación del principio de justicia, contemplado
en el artículo 2º del Estatuto Aduanero, porque la administración se empeñó en
buscar la verdad en sus actuaciones.
II.4. LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y LA SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO
II.4.1. EL PROBLEMA JURÍDICO RELATIVO A LA OCURRENCIA DEL
FENÓMENO DE LA COSA JUZGADA
73
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
173. La Sala, siguiendo las prescripciones del artículo 320138 y 328139 del Código
General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, considera
que el primer problema jurídico que debe resolver, de acuerdo con el recurso de
apelación interpuesto por la apoderada judicial de la compañía SEGUROS DEL
ESTADO S.A., es establecer si operó, o no, el fenómeno de la cosa juzgada.
174. En efecto, la aseguradora apelante estima que, contrario a lo decidido en la
sentencia de 21 de octubre de 2015, no operó la cosa juzgada respecto de lo
decidido por esta Sala en la sentencia de 19 de junio de 2014, proferida dentro del
expediente 76001-23-31-000-2008-00860-01, puesto que: (i) en aquella decisión
judicial únicamente se resolvió lo atinente a la configuración de la caducidad
administrativa sancionatoria respecto del cual reconoce que se presentó tal
fenómeno, por lo que no existiría identidad de causa petendi frente a siete (7) cargos
formulados en este proceso por SEGUROS DEL ESTADO S.A.; (ii) no existe
identidad de partes puesto que en el expediente 2008-00860-01 la parte
demandante es «UTI Colombia S.A.» y en este expediente lo es SEGUROS DEL
ESTADO S.A., y (iii) SEGUROS DEL ESTADO S.A. desconocía los argumentos
presentados por «UTI Colombia S.A.» dentro del expediente el 2008-00860-01.
175. Ahora bien, para el estudio de esta inconformidad del apelante, se debe
señalar, como se expuso anteriormente, que la sociedad «UTI Colombia S.A.».
presentó en el pasado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de las resoluciones mediante las cuales la DIAN impuso sanción a dicha sociedad
porque: «[…] no se presentó el certificado de origen como documento soporte de la
declaración de importación Nº 3520051000020111 de 08 de febrero de 2005 […]»;
demanda a través de la cual formuló pretensiones de contenido parcialmente
idéntico a las del presente proceso y que fueron decididas mediante providencia
que se encuentra debidamente ejecutoriada.
176. Nótese que, en este proceso ─expediente N.º 2008-00846─, mediante sentencia de
primera instancia, proferida el 21 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia ─ Sala de Descongestión ─ Sala Primera de Decisión─, se declaró
parcialmente probada la excepción de cosa juzgada «[…] respecto de los cargos
relacionados con la imposición de la sanción a la SIA ADUANAS DE COLOMBIA
138 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
139 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
74
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
S.A, por parte de la DIAN […]» (Fol. 281, cuaderno principal), a partir de la sentencia
proferida en el pasado por la Sección Primera del Consejo de Estado el 19 de
octubre de 2014.
177. Sin embargo ─ tal como se mencionó en los hechos de relevancia probatoria─, la
Sala constató en el Sistema de Información Judicial SAMAI que esta última fue
revocada y dejada sin efectos el 16 de julio de 2015, como consecuencia de la
sentencia de tutela proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación.
178. En este orden de ideas, y en virtud de lo ordenado en dicha sentencia tutela,
la Sección Primera de esta Corporación profirió nuevamente decisión el 10 de
septiembre de 2015 en la que denegó las súplicas de la demanda.
179. La Sala estima que, estando debidamente ejecutoriada la sentencia del 10 de
septiembre de 2015140, mediante la cual la Sección Primera de esta Corporación
resolvió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la
sociedad «UTI COLOMBIA S.A. SIA», en contra de las resoluciones igualmente
cuestionadas en este proceso, lo decidido en tal providencia judicial hizo tránsito a
cosa juzgada erga omnes, pero sólo en relación con la causa petendi allí
juzgada141, lo cual se traduce en que la sociedad de Intermediación Aduanera «UTI
COLOMBIA S.A. SIA» debía pagar la suma $2.237.637.237,30.
180. Con el fin de verificar los cargos que se ventilaron en el proceso No. 76001-
23-31-000-2008-00860-01 y cuya sentencia fue proferida el 10 de septiembre de
2015, y los cargos formulados en el presente proceso No. 76-001-23-31-000-2008-
00846-00, e identificar los cargos que no fueron objeto de pronunciamiento en el
primer proceso No. 76001-23-31-000-2008-00860-01, la Sala presentará un cuadro
a doble columna en el que se cotejaran los cargos de estos dos procesos con el fin
de fijar el presente pronunciamiento judicial:
Expediente 76001 23 31 000 2008 Expediente 76001 23 31 000 2008
00860 01. Sentencia del 10 de 00846 00. Sentencia objeto de
septiembre de 2015 por la Sección pronunciamiento e identificación de
Primera del Consejo de Estado los cargos cuestionados en el recurso
de apelación
Cargo y concepto de violación Cargo y concepto de violación
1. La caducidad de la acción administrativa, «[…] 3. ARTÍCULO 478 DEL
140 Expediente 76001 23 31 000 2008 00860 01.
141 Nótese que si bien es cierto que en el proceso 2008-00860 la parte actora era la sociedad «UTI ADUANAS
DE COLOMBIA S.A. SIA». y en el de la referencia es la sociedad SEGUROS DEL ESTADO, también lo es que
entre ellos existe una relación jurídico sustancial derivada del contrato de seguro suscrito, lo cual permite
considerar que el requisito de identidad jurídica de parte para efectos de la configuración de la cosa juzgada se
entiende cumplido, en tanto que cualquiera puede acudir al proceso y solicitar la nulidad de los actos, pues entre
la sancionada «UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA (HOY UTI COLOMBIA S.A. SIA)» y la aseguradora
demandante existe un litisconsorcio cuasi necesario, entendiendo por esta figura, «[…] por cuya virtud varios
sujetos está legitimados para actuar en un proceso, como demandantes o demandados, pero basta con que
uno solo de ellos actúe dentro del litigo para que se pueda proferir una sentencia con efectos jurídicos para
todos […]» (Ver Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, rad.
76001-23-31-000-2004-05155-01(51363), M.P. José Roberto Sáchica Méndez y Consejo de Estado, Sección
Tercera – Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2022, rad. 15001-23-33-000-2020-02512-01(67.652),
M.P. Fredy Ibarra Martínez).
75
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
artículo 478 del Decreto 2685 de 1999. ESTATUTO ADUANERO / CADUCIDAD
La DIAN ejerció la facultad sancionatoria DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA […]»
por fuera del término de caducidad de la
acción sancionatoria aduanera. La caducidad de la acción
administrativa, artículo 478 del Decreto
2685 de 1999. La DIAN ejerció la
facultad sancionatoria por fuera del
término de caducidad de la acción
sancionatoria aduanera.
El apelante solicita «[…] Que se
reconozca que el único cargo sobre el
cual operó el fenómeno de cosa juzgada
es sobre el cargo No. 3 que trata de la
violación del artículo 478 del E.A.,
relacionado con la Caducidad de la
Acción Administrativa Sancionatoria
[…]»
2. La DIAN notificó la Resolución Este cargo no se formuló por la
sancionatoria por fuera del término legal aseguradora en el proceso 76-001-23-
consagrado en el artículo 512 del 31-000-2008-00846-00.
Estatuto Aduanero, habiendo operado el
silencio administrativo positivo.
3. La DIAN sancionó a la sociedad UTI «[…] 7. ARTÍCULO 29 C.N., PORQUE
ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA por LA DIAN VIOLÓ EN DEBIDO
hechos materia de cosa juzgada PROCESO (sic) […]» - Violación al
administrativa en el expediente debido proceso – artículo 29
administrativo PT2005200700065, Constitución Política-.
existiendo identidad de objeto, causa y
partes y, sin embargo, se ordenó hacer El demandante consideró que la DIAN
efectiva dicha póliza en el artículo 2° de sancionó un hecho diferente al
la Resolución N.º 00495 de 2008, por lo investigado. El hecho generador de la
que violó el artículo 29 de la Constitución infracción aduanera fue la no
Política. presentación del «certificado de origen»
al momento de la presentación y
En el Requerimiento Especial Aduanero, aceptación de la declaración de
expedido por la División de Fiscalización importación; no obstante, se impuso
de la Administración de Aduanas de multa por desconocimiento del supuesto
Buenaventura, se expuso como hecho normativo previsto en el numeral 1.2 del
generador de la infracción aduanera artículo 495 del Decreto 2685 de 1999.
investigada la no presentación del
«certificado de origen»; mientras que en La División de Fiscalización de la
la resolución sancionatoria la multa Administración de Aduanas de
impuesta se funda en un hecho diferente, Buenaventura expuso en el
esto es, en la no presentación de una Requerimiento Especial Aduanero como
póliza de seguros válida que garantizara hecho generador de la infracción
la entrega posterior del «certificado de aduanera la no presentación del
origen». «certificado de origen», mientras que en
la resolución-sanción la multa impuesta
se fundamentó en la no presentación de
una póliza de seguros válida que
garantizara la entrega posterior del
«certificado de origen».
4. Violación por falsa interpretación del Este cargo no se formuló por la
artículo 128, numeral 10, del Estatuto aseguradora en el proceso 76-001-23-
Aduanero. Incongruencia entre el 31-000-2008-00846-00.
Requerimiento Especial Aduanero y la
76
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Resolución sanción, por lo que se violó el
debido proceso.
5. Violación por falsa interpretación del «[…] 4. INDEBIDA APLICACIÓN DEL
artículo 128-10 del Estatuto Aduanero. ARTÍCULO 128 NUMERAL 10 DEL E.A.,
SOBRE LA PRESENTACIÓN DE
La obligación de entregar el «certificado CERTIFICADO DE ORIGEN CON
de origen» con posterioridad a la PÓLIZA […]» - Nulidad por indebida
presentación y aceptación de la aplicación del artículo 128-10 del
declaración de importación, estaba Estatuto Aduanero.
garantizada con la póliza global de la
sociedad de intermediación aduanera Se desconoció la validez de la póliza del
que actuó como declarante. importador y usuario aduanero
permanente «CORPACERO» para
Si la póliza del usuario aduanero garantizar la entrega posterior del
permanente importador «certificado de «certificado de origen».
origen» no era válida y la sociedad «UTI
S.A. S.I.A» en su calidad de declarante Por otra parte, si no existiera un
no hizo uso de la opción de constituir una concepto oficial que establece la
póliza específica de que trata el artículo procedencia de la póliza del usuario
128 del Estatuto Aduanero, la obligación aduanero permanente para garantizar la
de entregar el certificado de origen, por entrega posterior del «certificado de
tratarse de una obligación consagrada origen» y en gracia de discusión se
para el declarante, estaría cubierta con la aceptara que dicha póliza no es válida,
póliza que se obliga a constituir a la en todo caso, la obligación de entregar el
sociedad UTI S.A., como intermediaria «certificado de origen» con posterioridad
aduanera, la cual fue aceptada por la a la presentación y aceptación e la
DIAN. declaración de importación estaba
garantizada con la póliza global de la
sociedad de intermediación que actuó
como declarante.
6. Falta de aplicación de los artículos 497, «[…] 5. FALTA DE APLICACIÓN DE
498 y 499 de la Resolución núm. 4240 de LOS ARTÍCULOS 497, 498 Y 499 DE LA
2000 de la DIAN. Aduce que la RES. 4240 DE 2000, YA QUE LA DIAN
Administración indujo a error a UTI al INDUJO A UTI A UN
aceptar la póliza global otorgada por el CONVENCIMIENTO ERRADO EN
importador «CORPACERO». VIRTUD DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA
[…]»
Nulidad por falta de aplicación de los
artículos 497, 498 y 499 de la Resolución
4240 de 2000 de la DIAN.
La administración aduanera no rechazó
la póliza presentada para garantizar la
entrega posterior del certificado de
origen y, por el contrario, la aceptó al
ordenar finalizar la inspección aduanera.
Si la póliza hubiera sido rechazada por la
administración aduanera como lo
disponer la legislación aduanera de
manera expresa, «UTI» hubiera
cumplido con el requerimiento de
constituir una póliza específica para
garantizar la entrega del «certificado de
origen» con posterioridad a la
77
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
presentación y aceptación de la
declaración de importación.
7. Falta de aplicación del artículo 83 de la Este cargo no se formuló por la
Constitución Política, porque la aseguradora en el proceso 76-001-23-
Administración violó el principio de 31-000-2008-00846-00.
confianza legítima.
8. Falta de aplicación del principio de «[…] 6. FALTA DE APLICACIÓN DEL
justicia, contemplado en el artículo 2º del ART. 2 DEL E.A. […]»
Estatuto Aduanero, pues indica cumplió
con todos los requisitos legales para que Nulidad por falta de aplicación del art. 2º
se le aceptara el tratamiento preferencial del Estatuto aduanero – la
arancelario previsto en el acuerdo Chile- administración aduanera violó el
Colombia, esto es, presentó el principio de justicia, puesto que «UTI»
«certificado de origen» que cumplía los cumplió con todos los requisitos legales
requisitos legales; sobre garantizó el para que se acepte el tratamiento
cumplimiento de la obligación con dos preferencial arancelario previsto en el
pólizas legalmente válidas y aceptadas acuerdo Chile-Colombia, pues presentó
por la Administración, la póliza de UAP el certificado de origen con los requisitos
del importador y la póliza global de la legales; sobre garantizó el cumplimiento
sociedad de intermediación aduanera y de la obligación de entregar con
no se ocasionó daño al Estado pues las posterioridad a la presentación y
mercancías fueron legalmente aceptación de la declaración de
importadas y pagaron los tributos importación con dos pólizas: la del
aduaneros. usuario aduanero permanente y la global
de la sociedad de la intermediación
aduanera; y, no se ocasionó daño
alguno al Estado pues las mercancías de
propiedad «CORPACERO» fueron
legalmente importadas y se pagaron los
tributos aduaneros.
181. De conformidad con el anterior cotejo, resulta evidente que esta Sala, en la
sentencia de 10 de septiembre de 2015, dictada en el expediente 76001- 23-31-
000-2008-00860-01, ya desató los cargos que hoy invoca la apelante SEGUROS
DEL ESTADO S.A., a saber: «[…] 3. Artículo 478 del Estatuto Aduanero (…) 4.
Nulidad por Indebida aplicación del artículo 128 numeral 10 del E.A. – La obligación
de entregar el certificado de origen con posterioridad a la presentación y aceptación
de la declaración de importación sí puede garantizarse con la póliza de UAP del
importador (…) 5. Nulidad por falta de aplicación de los artículos 497, 498 y 499 de
la Res. 4240 de 2000 – La Administración aduanera indujo a error a UTI al aceptar
la póliza global otorgada por el importador y viola el principio al debido proceso (…)
6. Nulidad por falta de aplicación del Art. 2 del Estatuto Tributario – La administración
aduanera violó el principio de justicia (…) 7. Nulidad por falta de aplicación del
artículo 29 de la Constitución Política – La administración aduanera violó el principio
del debido proceso […]».
182. Cabe resaltar que la controversia asociada a la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho formulada en el proceso No. 76001-23-31-000-2008-
00860-01 radicaba en determinar si la imposición de sanción por no presentar el
«certificado de origen» como documento soporte de la declaración de importación
N.º 3520051000020111 del 08 de febrero de 2005 diligenciada por el declarante
«UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA HOY UTI COLOMBIA S.A. SIA.», era
78
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
ilegal o no; controversia que fue zanjada por la Sección Primera de esta Corporación
cuando decidió, en la sentencia de 10 de septiembre de 2015, que los cargos no
tenían vocación de prosperidad.
183. El juez colegiado del proceso N.º 76001-23-31-000-2008-00860-01 concluyó
que la sanción impuesta por la DIAN no fue ilegal, sino que, por el contrario, se
amparó en las normas vigentes para la época en que fue proferida; situación que,
al estar consolidada, debe mantenerse en aras de preservar la seguridad jurídica
del declarante «UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA HOY UTI COLOMBIA S.A.
SIA.».
184. Así las cosas, lo cierto es que la jurisdicción se ocupó de determinar si la
imposición de la sanción era legal y concluyó que efectivamente sí lo era, razón por
la cual se abstuvo de declarar la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se
impuso a la sociedad de intermediación aduanera «UTI COLOMBIA S.A. SIA» el
pago de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS REINTA Y SIETE PUNTO REINTA PESOS
MCTE ($2.2237.637.237,30).
185. Desde la anterior perspectiva, en relación con los puntos específicos líneas
atrás expuestos, esta Sala debe estarse a lo resuelto en la sentencia del 10 de
septiembre de 2015, pues la cosa juzgada que de ella se predica impide que, en el
marco de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., se reabra y se controvierta
nuevamente este asunto, so pretexto de que los cargos ahora incoados no
involucran a las mismas partes.
II.4.2. EL PROBLEMA JURÍDICO RELATIVO A LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS
ACUSADOS
186. Dilucidado lo que corresponde a la existencia del fenómeno de la cosa juzgada
entre las decisiones judiciales proferidas en el expediente N.º 76001 23 31 000 2008
00860 01 y lo debatido en este proceso, la Sala, siguiendo las prescripciones de los
artículos 287, 320 y 328 del Código General del Proceso, normas aplicables por
remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, considera que el
segundo problema jurídico que se debe resolver, de acuerdo con el recurso de
apelación interpuesto por la apoderada judicial de la compañía SEGUROS DEL
ESTADO S.A., radica en establecer si debe declararse la nulidad de los actos
administrativos acusados, esto es, de las resoluciones N.º 000495 de 3 de marzo
de 2008 y 001454 de 25 de junio de 2008, puesto que, contrario a lo consignado en
la sentencia de primera instancia:
(a) Efectivamente tales actos administrativos violaron el artículo 1079 del Código de
Comercio.
79
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
(b) Tales actos administrativos se expidieron sin competencia en lo atinente a la
declaratoria de incumplimiento y la orden de hacer efectiva la póliza de seguros N.º
42110926.
(c) Con ocasión de la expedición de los citados actos administrativos se desconoció
el principio constitucional expuesto en el artículo 228 de la Carta Política según el
cual prevalecerá el derecho sustancial sobre el derecho formal.
187. Los anteriores cargos de violación no fueron objeto de pronunciamiento judicial
en la sentencia del 10 de septiembre de 2015, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado dentro del expediente N.º 76001-23-31-000-2008-00860-01.
i) El cargo de violación del principio constitucional previsto en el artículo 228
de la Constitución Política.
188. El Tribunal Administrativo de Antioquia no se refirió a los reproches de validez de
la Resolución No. 035-064-221-2008-000495 del 3 de marzo del 2008, ni a la
Resolución No. 35-072-001454 del 25 de junio de 2008, por medio de la cual la jefe
de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura
resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 000495 del
3 de marzo de 2008.
189. Al respecto, es menester señalar, con sustento en el artículo 287 del Código
General del Proceso142 -norma aplicable a esta controversia en virtud del artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo-, que esta Sala tiene competencia para emitir
pronunciamiento de fondo sobre este cargo, en la medida en que el juez de segunda
instancia debe complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado, lo cual evidentemente ocurrió en este
asunto.
190. De acuerdo con lo anterior, se debe indicar que la parte demandante, para
efectos de sustentar la violación de dicho artículo constitucional, expuso lo siguiente:
«[…] 1. Se debía constituir una póliza para garantizar la presentación del
certificado de origen: La póliza efectivamente se constituyó, fue presentada ante
la DIAN, la DIAN admitió la operación y hoy en día alega que la póliza la debió
presentar el declarante UTI y no el importador. Pero el asunto de fondo es que
efectivamente la póliza que buscaba garantizar que el orden aduanero nacional
se viera afectado fue efectivamente presentada (…) 2. El certificado de origen
debió presentarse para garantizar que no operaran fenómenos aduaneros
ilegales como la triangulación: El certificado de origen 505465 del 8 de febrero
142 «[…] ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la
litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada
en el mismo término […]»
80
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
de 2005 fue efectivamente presentado ante la DIAN Buenaventura radicado
bajo el número 03768 (…) 3. Fueron cumplidas las obligaciones sustanciales:
La única respuesta válida es que si se cumplió la obligación sustancial, aunque
la DIAN hoy en día justifique su actuación en un mero problema formal, que
reiteramos no compartir (…) Si la misma Administración reconoce que la
obligación de fondo fue cumplida, es decir que se presentó el Certificado de
Origen, el cual tiene como fundamento evitar que opere la triangulación, es decir
que se protegió el bienestar aduanero nacional, no se causó lesión alguna al
Estado, es ese el DERECHO SUSTANCIAL, REAL Y SUPREMO que se debe
proteger (…) Pero con esta actuación, lo único que está haciendo la
Administración de Buenaventura es darle prevalencia al derecho formal sobre
el derecho sustancial, al imponer COSTOSAS Y DESPROPORCIONADAS
sanciones por meras formalidades, y con esta actuación contraviene de forma
directa una norma suprema y un principio fundamental que debe ser aplicado
por encima de cualquier otra norma […]»
191. Al respecto, debe señalarse que el artículo 228 de la Carta Política indica que
en las actuaciones que se adelanten ante la administración de justicia prevalecerá
el derecho sustancial. La Corte Constitucional, en desarrollo de tal postulado, señaló
lo siguiente:
«[…] 5.4.1. El artículo 228 de la Constitución prevé que en las actuaciones que
se adelanten ante la administración de justicia prevalecerá el derecho
sustancial. Este tribunal ha puesto de presente que el derecho formal o adjetivo,
valga decir, el que rige el procedimiento tiene una función instrumental, pese a
que de él depende la garantía del principio de igualdad ante la ley y en su
aplicación y el freno a la arbitrariedad143, no es un fin en sí mismo.
5.4.2. Al tener una función instrumental, el derecho formal o adjetivo es un
medio al servicio del derecho sustancial, de tal suerte que su fin es la realización
de los derechos reconocidos por el derecho sustancial. Entre uno y otro existe
una evidente relación de medio a fin144. De ahí que, la conducta de sacrificar el
derecho sustancial, por el mero culto a la forma por la forma, se enmarque
dentro de una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales145, como es el caso del exceso ritual
manifiesto146 […]»147
192. Para desatar la acusación formulada se debe hacer mención al artículo 128
numeral 10° del Decreto N.º 2685 de 1999, precepto modificado por el artículo 13 del
Decreto N.º 1.232 de 2001, el cual establece lo siguiente:
«[…] 10. Cuando practicada inspección aduanera física o documental se
establezca que el declarante se ha acogido a un tratamiento preferencial y
la mercancía declarada no se encuentre amparada por el certificado de
origen, como soporte de dicho tratamiento, y el declarante dentro de los
cinco (5) días siguientes renuncia a éste, efectuando la corrección respectiva
en la Declaración de Importación y liquidando los tributos aduaneros y la
sanción prevista en el artículo 482 de este decreto. También procede el
levante cuando el declarante opta por constituir una garantía que asegure
la obtención y entrega a la Aduana del Certificado de Origen, o en su
143 Cfr. Sentencia C-029 de 1995.
144 Cfr. Sentencia C-029 de 1995.
145 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
146 Cfr. Sentencias T-950 de 2011, T-363 de 2013 y SU-774 de 2014.
147 Corte Constitucional, Sentencia C-499 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
81
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
defecto, el pago de los tributos aduaneros y sanciones correspondientes.
Cuando el Certificado de Origen ofrezca dudas a la autoridad aduanera, se
aplicará lo previsto en el respectivo acuerdo comercial. […]» ─resaltado y subrayado
fuera de texto─.
193. La norma transcrita es clara al señalar que, para efectos de obtener el levante
de la mercancía, le correspondía al declarante, en este caso a la sociedad que actuaba
como sociedad de intermediación aduanera «UTI COLOMBIA S.A. SIA», corregir la
declaración de importación ─Cuando practicada inspección aduanera física o documental
se establezca que el declarante se ha acogido a un tratamiento preferencial y la mercancía
declarada no se encuentre amparada por el certificado de origen─ o constituir una garantía
para asegurar la obtención y entrega a la autoridad aduanera del «certificado de
origen».
194. El cumplimiento de tal obligación, según el ordenamiento jurídico aduanero,
corresponde al declarante, y en atención a la anterior premisa resulta procedente
poner de relieve que en el expediente -ver cuaderno N.º 3 de los antecedentes de la
actuación administrativa-, obra la declaración de importación con número de aceptación
352005100020111-7, en la cual figura como declarante autorizado la sociedad «UTI
COLOMBIA S.A. SIA» y en la que se consignó lo siguiente: «[…] SE PRESENTA
PÓLIZA DE GARANTÍA Nº BQ-AOO42213 DE UAP PARA AMPARAR EL ACUERDO
CON CHILE Y LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN. B/L 001, FACTURA
COMERCIAL Nº 523-04-20863/90068048, LISTA DE EMPAQUE Nº 523-04-
20863/90068048. CORPORACIÓN DE ACERO “CORPACERO” MARCO Y
ELIECER SRENDNI Y CIA. COD UAP 410 […]».
195. Lo anteriormente expuesto significa que la sociedad «UTI COLOMBIA S.A. SIA»
no dio cumplimiento a lo normado por el artículo 128 numeral 10° del Decreto N.º 2685
de 1999, modificado por el artículo 13 del Decreto N.º 1232 de 2001, exigencia que no
puede entenderse como una simple formalidad, por lo que el cargo formulado carece
de vocación de prosperidad.
ii) Violación del artículo 1079 del Código de Comercio
196. La apelante estima que la primera instancia desató este cargo de manera
superficial «[…] y entrando a una serie de suposiciones subjetivas, que no aplican en
ninguna de las áreas en derecho Administrativo, y mucho menos en materia aduanera
[…]».
197. Añadió que, en su concepto, la orden impartida en la Resolución N.º 035-064-
221-2008-000495 del 3 de marzo del 2008 no fue clara, puesto que, de la lectura de
su artículo segundo, surgen los siguientes cuestionamientos:
«[…] 1. Se puede llegar a entender que se debe buscar el valor proporcional o
equivalente entre el valor de la sanción y el valor asegurado (…) 2. O se puede
entender que el valor asegurado en la póliza es de $2.237.637.237,30,oo, lo cual
no es cierto o (…) 3. Se puede entender que el valor impuesto a la aseguradora
es de 424.404.000.oo, cifra que no es mencionada en el artículo segundo que
82
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
impone la carga a Seguros del Estado S.A. (…) 4. Es definitiva la falta de claridad
de la obligación exigible a mi representada, y más allá de cualquier resultado del
proceso, fue obligatorio asistir a la Jurisdicción Contenciosa administrativa (sic)
para que de manera expresa y clara defina que cualquier responsabilidad exigible
a Seguros del Estado S.A. a través de la Póliza 042110926 no puede exceder el
límite del valor aseguradora (sic) de $424.404.000.OO, y así debe ser declarado
por el despacho del consejero asignado en la decisión de fondo de Segunda
Instancia […]».
198. Al respecto, se estima que la obligación del asegurador no es ilimitada, tal
como está consignada en términos absolutos en el artículo 1089 del Código de
Comercio al expresar: «Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la
indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en
el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por
el asegurado o beneficiario».
199. Por tanto, la naturaleza indemnizatoria del seguro de daños tiene un núcleo
irreductible y su perímetro está demarcado: (i) por el valor asegurado en la póliza,
y (ii) por el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o
beneficiario, lo que permite, sobre todo, identificar el umbral cuantificable del
asegurador.
200. Significa lo anterior que el principio indemnizatorio del seguro de daños no es
absoluto y está delimitado por el valor asegurado en la póliza, motivo por el cual la
responsabilidad del asegurador no puede ir más allá, pues ello implicaría, en caso
de que la obligación del asegurador sea superior al valor asegurado, una ruptura
entre la responsabilidad del asegurador y el valor asegurado consignado en la
póliza.
201. La DIAN, mediante Resolución N.º 035-064-221-2008-000495 del 3 de marzo
del 2008, impuso sanción a la Sociedad de Intermediación Aduanera «UTI Aduanas
de Colombia S.A. SIA», en cuantía de $2.237.637.237,30, según lo ordenado en el
artículo 42 del Decreto 1.232 del 2001. También dispuso dicho acto administrativo
hacer efectiva la Póliza N° 042110926, expedida por la Compañía Seguros del
Estado S.A.
202. Como motivo de disenso con la decisión administrativa, se señaló el
consistente en que los actos administrativos acusados afectaron la póliza
042110926, en forma desproporcionada, habida cuenta que el valor asegurado en
la misma solo ascendía a la suma de $424.404.000,oo y, sin embargo, se impuso
una sanción -con cargo a la póliza- por valor de $2.237.637.237,oo.
203. Estima la Sala, frente a las distintas lecturas que la entidad apelante le da al
artículo segundo de la Resolución N.º 035-064-221-2008-000495 del 3 de marzo del
2008, que la DIAN, en dicho numeral del citado acto acusado, fue clara en
establecer que la reclamación con cargo a la póliza será «proporcionalmente por el
monto asegurado» y que el remanente debía ser asumido por la sociedad
asegurada, «UTI COLOMBIA S.A.»; de allí que no resulte ser cierto que la
83
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
afectación de la póliza podría ser por la suma de $2.237.637.237,oo., puesto que
solo podía alcanzar el valor de $424.404.000,oo, suma que corresponde al valor
asegurado.
204. Cabe poner de relieve que la voluntad de la administración de aduanas de
hacer efectivo solo el valor asegurado respecto de la póliza apareció claramente
expuesta en el artículo tercero del acto acusado en el cual se señaló lo siguiente:
«en el evento de que no se logre hacer efectiva la póliza global por la totalidad del
valor señalado en el artículo segundo de la parte resolutiva de este acto
administrativo (artículo 1079 del Código de Comercio) la suma que resulte entre
la diferencia del valor del incumplimiento y el valor finalmente reconocido por
la Aseguradora, deberá ser pagado por la sociedad UTI ADUANAS DE
COLOMBIA S.A SIA HOY UTICOLOMBIA S.A. SIA».
205. Lo expuesto coincide con lo manifestado por el Tribunal de primera instancia
cuando indicó lo siguiente: «[…] en el numeral segundo de la Resolución N° 000495
de 3 de marzo de 2008 la DIAN fue clara en establecer que la reclamación con cargo
a la póliza será “proporcionalmente por el monto asegurado”, y que el remanente
debía ser asumido por la sociedad asegurada, UTI COLOMBIA S.A., de ahí que no
resulte cierto que la afectación de la póliza sea por la suma de $2.237´637.237,30,
sino por el valor de $424´404.000,oo que es el valor asegurado […]».
206. Valga resaltar que la póliza de seguro No. 042110926 del 20 de diciembre de
2004148, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., fue expedida
en los siguientes términos: «[…] GARANTIZAR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS
ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL
OBJETO DE LA ACTIVIDAD DE SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA
CONTENIDAS EN EL DECRETO 2685 DE 1999 Y RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 Y
DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN Y/O ADICIONEN (…) VALOR
ASEGURADO (…) 424.404.000.00$ […]».
207. Se advierte que, teniendo en cuenta los términos y condiciones del contrato
de seguro, si bien los actos demandados ordenaron hacer efectiva la póliza, también
es un hecho cierto que los contratantes convinieron que la reclamación con cargo a
la póliza sería proporcional al monto asegurado, y estipularon que el remanente
debía ser asumido por la sociedad asegurada «UTI COLOMBIA S.A.»
208. En consecuencia, la orden de la DIAN contenida en los actos demandados y
que consistió en hacer efectiva la póliza, ciertamente no desconoció lo dispuesto en
los artículos 1079 del Código de Comercio, ya que la aseguradora, en calidad de
garante, debía responder únicamente por la obligación garantizada, pues así lo
exige la naturaleza de esta solidaridad legal, resaltando, eso sí, que la decisión
consignada en los actos expedidos por la DIAN, debe interpretarse en el sentido
148 Fol. 53, cuaderno principal.
84
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
que solo afectaba el monto asegurado; motivo por el cual el cargo de la apelación
no tiene vocación de prosperidad.
iii) La pérdida de competencia por parte de la DIAN para afectar la póliza por
haber expirado la vigencia
209. La parte demandante señala que la DIAN no tenía competencia para declarar
el siniestro mediante acto administrativo ─Resolución N.º 035-064-221-2008-000495 del 3 de
marzo del 2008─, ya que la póliza había perdido vigencia desde el 7 de julio de 2006 149.
210. Por su parte, la administración consideró que si tenía competencia para hacer
efectiva la póliza de seguro puesto que la misma no está determinada por la fecha
de terminación del contrato de seguro sino por el del plazo legal de dos (2) años
para expedir el acto administrativo mediante el cual declara el incumplimiento de la
obligación asegurada y ordena la efectividad de la garantía.
211. La primera instancia señaló que no se configuró la prescripción extintiva de
la acción para el cobro del seguro de cumplimiento cuando se expidió la Resolución
N.º 035-064-221-2008-000495 del 3 de marzo del 2008, habida cuenta que:
«[…] El hecho que da base a la acción es la ocurrencia del siniestro, y según el
artículo 1072 del Código de Comercio, este lo constituye la realización del riesgo
asegurado, que para el caso concreto, en tratándose de la póliza prevista para
asegurar el pago de los tributos aduaneros y las sanciones, el siniestro se concretó
con la imposición de la sanción; siendo a partir de esa fecha, conforme lo indica el
artículo 1131 ibídem, que comienza a correr el término de prescripción
extraordinaria de dos (2) años; determinándose de ese modo que en el caso
concreto no ha operado, habida consideración que en el mismo acto que se
impuso la sanción, se dispuso la efectivización de la póliza y la correspondiente
notificación a la aseguradora, para el efecto (…) De lo expuesto se extrae sin
ninguna duda, que desde el momento en que se configuró el hecho que da lugar
a la realización del riesgo asegurado – sanción -, hasta la notificación de la misma
al ente asegurador, no transcurrieron los dos (2) años de que trata el código de
comercio para efectos de la prescripción extintiva; de ahí que la conclusión a la
que deba arribar la Sala, es que a la fecha de expedición de la Resolución 00495
de marzo 3 de 2008, no se había perdido la oportunidad para que la DIAN
declarase la efectividad de la póliza, como en efecto lo atendió (…) Siendo lo
relevante respecto de la vigencia de la póliza, que ésta se halle en rigor al
momento de realizarse el hecho asegurado, para el caso, la respectiva operación
aduanera, máxime cuando la Administración de Aduanas detenta la competencia
para la verificación del cumplimiento de los deberes del importador durante un
período que se extiende más allá del momento en que se cumplió el acto de
importación; de ahí que lo que se requiere es que la conducta que da lugar a la
imposición de una sanción haya acaecido dentro del término de vigencia de la
póliza, que es lo que ocurre en el caso concreto, en el cual la sociedad UTI
presentó la declaración el 8 de febrero de 2005, esto es, dentro del término de la
vigencia de la referida póliza; y adicionalmente, el siniestro fue reclamado en forma
149 La Sala considera que esta fecha puede estar errada en la medida que la fecha de expiración de la póliza
según lo corroborado en el folio 53 del cuaderno principal es 20 de marzo de 2006.
85
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
inmediata, pues ello se dispuso en el mismo acto administrativo que impuso la
sanción, de allí que tampoco se hubiese configurado la prescripción extintiva (…)
De lo anterior se concluye que contrario a lo considerado por el apoderado de la
demandante, el hecho que el siniestro no haya sido reclamado dentro de la
vigencia de la póliza, o dentro de los dos años siguientes a su expiración, no
constituye la prescripción de la acción sancionatoria […]».
212. El apelante indicó que la administración no tenía competencia cuando declaró
el siniestro mediante acto administrativo y, en consecuencia, no podía ordenar la
ejecución de la póliza teniendo en cuenta que la garantía no le era exigible, ya que
la póliza no estaba vigente y, en tal sentido, señaló lo siguiente:
«[…] Si la Resolución 000495 tiene fecha del 3 DE MARZO DE 2008, se concluye
con claridad que el acto administrativo que impone la sanción y ordena la
efectividad de la póliza fue expedido en el mejor de los casos, 1 año y 8 meses
después de haber vencido la vigencia de la póliza (…) Con fundamento en lo
anterior, se precisa que el plazo para reclamar el incumplimiento de las
obligaciones y hacer exigible la póliza estaba totalmente vencido a la fecha de
notificación del Acto Administrativo impugnado (…) Dentro de la vigencia de la
póliza (es decir hasta el 7 de julio de 2006) se establecen los plazos dentro de los
cuales la Administración debe adelantar las actuaciones que le correspondan para
buscar la afectación de la mencionada garantía antes de expirar su vigencia (…)
En este orden de ideas, para mi representada es claro que la Administración
perdió competencia para declarar mediante el acto censurado el incumplimiento y
ordenar hacer efectiva la póliza tantas veces mencionada, toda vez que la garantía
no era exigible pues había perdido vigencia desde el 7 de julio de 2006 […]».
213. La Sala, para resolver el cargo formulado, debe poner de relieve que la
vigencia de la póliza no es más que la vigencia del contrato de seguro, prevista
como uno de los contenidos del mismo en el artículo 1047, numeral 6, del Código
de Comercio150, y se entiende como el período de tiempo dentro del cual surte sus
efectos y en el que los riesgos son asumidos por el asegurador, según las
condiciones del contrato y en virtud de la autonomía de la voluntad.
214. Cabe anotar que, para el presente caso, debe aplicarse la posición
consistente en que el siniestro en las pólizas de cumplimiento de
disposiciones legales en materia aduanera, se materializa con la firmeza del
acto administrativo que impone la sanción y ordena pagar a la aseguradora la
suma correspondiente, precisamente porque a través de las resoluciones
cuestionadas se impuso a «la Sociedad de Intermediación Aduanera UTI
ADUANTAS DE COLOMBIA S.A. SIA HOY UTI COLOMBIA S.A. SIA» multa por la
suma de $2.237.637.237,30, firmeza que debe acaecer dentro de la vigencia del
contrato de seguros.
215. Con fundamento en las anteriores premisas, se tiene que, mediante las
resoluciones N.º 035-064-221-2008-000495 de 3 de marzo de 2008 y 35-072-
150 Código de Comercio, artículo 1047. Condiciones de la póliza. «[…] La póliza de seguro debe expresar
además de las condiciones generales del contrato (…): 6) La vigencia del contrato, con indicación de las fechas
y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras […]».
86
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
001454 de 25 de junio de 2008, se decidió lo siguiente: «[…] ARTÍCULO PRIMERO:
Imponer a la Sociedad de Intermediación Aduanera UTI ADUANAS DE
COLOMBIA S.A. SIA HOY UTI COLOMBIA S.A. S.I.A con NIT 830.001.161 multa
a favor de la UAE-DIAN Administración Especial de Aduanas de Buenaventura por
la suma de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONE SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA
CENTAVOS MCTE ($2.237.637.237,30.oo.MCTE) de conformidad con lo
establecido en el numeral 1.2 del artículo 495 del Decreto 2685 de 1999, modificado
por el artículo 42 del Decreto 1232 de 2001, según lo expuesto en la parte motiva
del presente Acto Administrativo[…]» ─ Resolución N.º 035-064-221-2008-000495
de 3 de marzo de 2008─.
216. En dichos actos administrativos se ordenó hacer efectiva la póliza de seguros
N.º 421109261, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual
tiene la siguiente cobertura de amparo: «[…] GARANTIZAR EL PAGO DE LOS
TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL
OBJETO DE LA ACTIVIDAD DE SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA
CONTENIDAS EN EL DECRETO 2685 DE 1999 Y RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 Y
DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN Y/O ADICIONEN (…) VALOR
ASEGURADO (…) 424.404.000.00$[…]».
217. El artículo 25 del Decreto 2685 de 1999 estableció el régimen de garantías
aplicable a las sociedades de intermediación aduanera advirtiendo que aquellas
deberían constituir y presentar una garantía bancaria o de compañía de seguros,
para garantizar el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya
lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
consagradas en el decreto.
218. De esta manera, se entiende ocurrido el siniestro con la expedición y
firmeza de las resoluciones N.º 035-064-221-2008-000495 de 3 de marzo de 2008
y 35-072-001454 de 25 de junio de 2008, toda vez que mediante aquellas se
sancionó a «[…] UTI ADUANAS DE COLOMBIA S.A. SIA […]»; eventualidad que
se encuentra cubierta por la póliza de seguros N.º 421109261, expedida por la
Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual se constituyó en virtud de lo
previsto en el artículo 25 del Decreto 2685 de 1999.
219. Ahora bien, la póliza de seguros N.º 421109261, expedida por la compañía
SEGUROS DEL ESTADO S.A. lo fue para la vigencia comprendida entre el 20 de
diciembre de 2004 y el 20 de marzo de 2006151, razón por la que resulta evidente
que las resoluciones acusadas fueron expedidas por fuera de la vigencia de la
garantía.
151 Fol. 53, cuaderno principal.
87
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
220. La Sala, en este orden de ideas, considera que debe revocarse la sentencia
apelada, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia,
y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de las resoluciones N.º 035-064-221-
2008-000495 de 3 de marzo de 2008 y 35-072-001454 de 25 de junio de 2008,
únicamente, en cuanto ordenaron la efectividad de la garantía en contra de la
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., lo cual impone, como
consecuencia de la anterior declaración, acceder al restablecimiento del derecho
solicitado.
221. Lo anterior resulta acorde con la última decisión proferida por esta Sección
sobre el particular, la cual está contenida en la sentencia del 25 de febrero de
2021152, providencia en la que se concluyó que, en la medida en que lo allí
asegurado «fue el pago de sanciones por infracciones aduaneras por infracciones
de intermediación aduanera», el riesgo amparado se materializaba con la decisión
de sancionarla a través de multa «mediante acto administrativo debidamente
ejecutoriado».
222. Finalmente, no habrá lugar a condena en costas (gastos o expensas del
proceso y agencias del derecho) porque en el expediente no se probó su causación,
ya que la conducta de las partes no fue temeraria o de mala fe, en los términos del
artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Unificar la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado respecto del siniestro y en lo concerniente a la prescripción en las pólizas
de cumplimiento de disposiciones legales en materia aduanera, en el sentido
de consagrar las siguientes reglas:
1. El siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en materia
aduanera, se materializa:
1.1. Al momento del incumplimiento de las obligaciones legales aduaneras, caso en
el cual el acto administrativo es declarativo y la póliza que ampara el riesgo será la
vigente al momento de la ocurrencia del siniestro.
1.2. Con la firmeza del acto administrativo que impone la sanción y ordena pagar a
la aseguradora la suma correspondiente, caso en el cual el acto administrativo es
constitutivo y la póliza que ampara el riesgo será la vigente al momento de la firmeza
del acto administrativo.
152 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de febrero de 2021, rad. 25000-23-24-000-2009-
00242-03, M.P. Hernando Sánchez.
88
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
1.3. En todo caso, la materialización del siniestro, conforme con las reglas
anteriores, dependerá del contenido del contrato de seguro y de la norma que
ordena la constitución de la garantía.
2. En el evento en que el siniestro se materialice con el incumplimiento de las
obligaciones legales aduaneras, la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro de cumplimiento de disposiciones legales en materia aduanera
empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido
tener conocimiento del siniestro que da lugar a la acción.
El término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro de
disposiciones legales no correrá en el evento en que el siniestro lo constituya la
firmeza del acto administrativo que impone la sanción.
SEGUNDO: Por las razones expuestas en esta providencia, REVÓQUESE la
sentencia del 21 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia -Sala de Descongestión- Sala Primera de Decisión, en tanto declaró
parcialmente probada la excepción de cosa juzgada respecto de los cargos
relacionados con la imposición de la sanción a la «SIA ADUANAS DE COLOMBIA
S.A», por parte de la DIAN, a partir de la sentencia proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado el 19 de octubre de 2014, la cual fue revocada y dejada sin
efectos el 16 de julio de 2015 por la sentencia de tutela proferida por la Sección
Cuarta (rad. 2014-04390-01).
TERCERO: DECLÁRESE PARCIALMENTE PROBADA la existencia de COSA
JUZGADA sobre los cargos de formulados en la demanda consistentes en «[…] 3.
Artículo 478 del Estatuto Aduanero (…) 4. Nulidad por Indebida aplicación del artículo 128
numeral 10 del E.A. – La obligación de entregar el certificado de origen con posterioridad a
la presentación y aceptación de la declaración de importación sí puede garantizarse con la
póliza de UAP del importador (…) 5. Nulidad por falta de aplicación de los artículos 497,
498 y 499 de la Res. 4240 de 2000 – La Administración aduanera indujo a error a UTI al
aceptar la póliza global otorgada por el importador y viola el principio al debido proceso (…)
6. Nulidad por falta de aplicación del Art. 2 del Estatuto Tributario – La administración
aduanera violó el principio de justicia (…) 7. Nulidad por falta de aplicación del artículo 29
de la Constitución Política – La administración aduanera violó el principio del debido proceso
[…]» y, en consecuencia, frente a tales cargos, ESTARSE A LO RESUELTO en la
sentencia del 10 de septiembre de 2015 mediante la cual la Sección Primera de esta
Corporación decidió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta
por la sociedad «[…] UTI COLOMBIA S.A. SIA […]» en contra de las resoluciones
aquí juzgadas, decisión judicial proferida dentro del expediente No. 76001-23-31-
000-2008-00860-01.
CUARTO: DECLÁRESE la nulidad parcial de las resoluciones N.º 035-064-221-
2008-000495 de 3 de marzo de 2008 y 35-072-001454 de 25 de junio de 2008 en
89
Expediente No. 76-001-23-31-000-2008-00846-00
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
cuanto ordenaron la efectividad de la garantía en contra de la Compañía
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
QUINTO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se declara que la Compañía SEGUROS DEL
ESTADO S.A. está eximida de toda responsabilidad relacionada con la efectividad
de la Póliza de Cumplimiento N.° 042110926, la cual estableció como valor
asegurado la suma de $424.404.000, en tanto no adeuda cantidad de dinero alguna
derivada de las resoluciones demandadas. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- debe realizar la devolución de los dineros que hubiese pagado
la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S. A., si hay lugar a ello.
SÉPTIMO: NIÉGENSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
las razones señaladas en esta providencia.
SEXTO: NEGAR la condena en costas, tal y como se consideró en la parte motiva
de esta providencia.
OCTAVO: Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. [P4]
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.