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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-01402-01

Obligación aduanera: responsables

Fecha
17 de mayo de 2018
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-01402-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: TENER al Doctor Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial y sus anexos, que obran a folios 120 a 130 del cuaderno de apelación. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2010-01402-01

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

17 de mayo de 2018

OBLIGACIÓN ADUANERA – Responsables / SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA – Obligaciones / SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA – Actúan como declarantes y responsables del pago de los tributos aduaneros / tributos aduaneros legalmente exigibles – Concepto / DERECHOS ANTIDUMPING – Pago

[L]a intermediación aduanera es una actividad de especial atención por el legislador, al ser una labor auxiliar de la función pública aduanera. En donde su responsabilidad administrativa comprende el cumplimiento de las obligaciones de diferente naturaleza que se encuentran en las normas que regulan su actividad, y en tal condición las sociedades intermediarias responden por la información que se imprime en una declaración de importación, esto es por: a) la veracidad y exactitud de los datos allí consignados, b) la liquidación y cancelación de los tributos aduaneros y c) la asunción de las sanciones a que hubiere lugar. […] Resulta evidente que en el caso bajo estudio, el declarante CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., en el ejercicio de sus funciones auxiliares aduaneras, faltó a una de sus obligaciones relativas a la correcta liquidación de los tributos aduaneros consistentes en derechos aduaneros antidumping que provisionalmente habían sido establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde semanas antes de efectuar la citada operación, pero aun así, tampoco accedió a cumplirla cuando se le brindó la oportunidad de corregir dicha omisión ni desvirtuó los fundamentos fácticos y jurídicos de su cobro.

REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO – Notificación

Puede advertirse que la norma [Artículo 510 del Decreto 2685 de 1999] contempla la notificación al presunto infractor bajo el entendido que en ese momento, es el único habilitado para desvirtuar los cargos que se le han formulado, los cuales son generados por su actuar como sociedad intermediadora aduanera, en la que no concurre su asegurador, por lo que no se encuentra configurado un eventual quebrantamiento del debido proceso de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., a quien se le notificó el acto principal de Liquidación Oficial de Corrección que ordenó hacer efectiva la póliza, pudiendo presentar recurso de reconsideración para hacer valer sus argumentos defensivos, los cuales fueron atendidos por la DIAN, en garantía a sus derechos fundamentales.

PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS / PÓLIZA DE GARANTÍA ADUANERA – Efectividad / DERECHOS ANTIDUMPING / LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN / RIESGO – Definición / SINIESTRO – Definición / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Configuración del siniestro / SINIESTRO - Se da cuando se formula la liquidación oficial de corrección / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Posturas divergentes, disimiles o diferentes entre secciones cuarta y quinta (descongestión) /

[E]n este caso, las partes contratantes de la garantía de marras, CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. y SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., asociaron inescindiblemente el alcance y contenido de la responsabilidad de la compañía aseguradora, a un incumplimiento de obligaciones aduaneras del asegurado, causada por y con ocasión de la acción estatal vertida en la Liquidación Oficial de Corrección que así lo concluya. Si como se vio, el legislador comercial en su artículo 1072 definió el siniestro como la realización del riesgo asegurado, y lo que se aseguró fue el riesgo consistente en el pago de tributos a que haya lugar por el incumplimiento de obligaciones aduaneras, para la Sala existe suficiente certeza de que el riesgo y su siniestro amparados en la póliza Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008, ocurrieron cuando efectivamente se formuló la Liquidación Oficial de Corrección a CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., lo que en el caso concreto se materializó a través de la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009, recibida el día 16 y 22 de mayo de 2009 por la aseguradora y agencia de intermediación, respectivamente (folios 116 a 132, cuaderno de antecedentes), es decir, en plena vigencia de la garantía en debate desde el 15 de abril de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2009. A partir de lo considerado por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., así como por la Sección Cuarta en la providencia atrás relacionada, para la Sala es incorrecto señalar que el riesgo corresponde, desde antes, a la simple omisión de la obligación aduanera observada con la presentación de la declaración de importación mencionada, esto es, el 4 de octubre de 2006, además de lo expuesto, porque en los términos del artículo 1054 del Código de Comercio, no constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento, en tanto que, como se explica, una cosa es la comisión de la conducta posteriormente reprochada y constitutiva de una eventual infracción aduanera, y otra muy distinta es la decisión de declarar su incumplimiento a través de la Liquidación Oficial de Corrección a favor de la Nación, evento este último garantizado en la citada póliza, que no el primero de ellos. Suponer lo propuesto por la parte actora, implica, de forma errada, que el lapso involucrado permanezca por fuera del inicio del término de vigencia de la póliza, siendo que para tal época no se contaba aún con la veracidad del incumplimiento exigido en el objeto asegurado y contratado por CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., así como tampoco con su adecuación típica, tasación y demás aspectos esenciales para viabilizar o no la afectación de la póliza Nro. 00009664. Tanto es así, que si la inobservancia de la obligación aduanera por parte de la agencia de intermediación, no hubiera dado lugar a una Liquidación Oficial de Corrección, ya sea porque se hubiesen pagado los derechos antidumping en el primer escenario que se le propuso o en el lapso otorgado por el Requerimiento Especial Aduanero, o se hubiese demostrado la improcedencia de los mismos ante una posible decisión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de no cobrarlos en forma definitiva, desistiendo de su imposición provisional, entre otros eventos, ello hubiese impedido la efectividad de tal garantía.

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE SEGURO – Término

Para la Sala, tal y como fue considerado en el punto anterior, el riesgo asegurado se siniestró con la expedición y notificación del acto administrativo que formuló la Liquidación Oficial de Corrección a la declaración de importación de 4 de octubre de 2006, con formulario Nro. 352006000175476-3 y autoadhesivo Nro. 23030013365238, pago de tributos ordenado previa declaratoria de incumplimiento y garantizado con la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008 expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., esto es, con la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009. En ese sentido, no pueden alegarse las prescripciones ordinaria ni extraordinaria previstas en la norma, en tanto que en el mismo acto que se declara el respectivo siniestro del riesgo asegurado, se ordena cobrar y hacer efectiva la respectiva garantía. Por lo tanto, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 10 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 12 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 22 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 23 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 26 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 87 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 89 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 480 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 482 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 510 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 512 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 513 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1054 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1057 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1072 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1073 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1081

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01402-01

Actor: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A

Demandado: NACIÓN - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho-Fallo de Segunda Instancia

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 18 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, que denegó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La sociedad SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, en adelante SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones Nros. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009 y 1-00-223-10066 de 5 de octubre de 2009, expedidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá D.C. y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, respectivamente, y como consecuencia de ello, se restablezcan sus derechos.

1.1. Al respecto formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 1082 del 11 de mayo de 2009 expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá D.C., por la cual se profiere Liquidación Oficial de Corrección a la declaración de importación con autoadhesivo Nro. 23030013365238 del 4 de octubre de 2006, a nombre del importador SONOPRINTER S.A. con NIT 830.085.703-5, por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVES PESOS M/CTE. ($278.633.499.oo)

2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 10066 de 5 de octubre de 2009 por la cual se resuelve el recurso de Reconsideración interpuesto contra la resolución Nro. 1082 del 11 de mayo de 2009.

3. Que como consecuencia de la declaración de nulidad y título de restablecimiento del derecho solicitado, se condene a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a restituir lo que pague o llegare a pagar la sociedad Segurexpo S.A., por la ejecución o exigibilidad de las resoluciones demandadas.

4. Que las condenas a que haya lugar sean indexadas en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Que se condene en costas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN […]”.

1.2. En apoyo de sus pretensiones, la actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

El día 16 de abril de 2008, SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. y la sociedad de CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., celebraron un contrato de seguro de cumplimiento de disposiciones legales, instrumentado en la póliza Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008, con el fin de garantizar el pago de los tributos y sanciones aduaneras comprendidas entre 16 de abril de 2008 hasta el 15 de julio de 2009. Que mediante certificado de modificación Nro. 16803 de la póliza Nro. 00009664 se aclaró la vigencia de la misma, quedando como definitiva la del 16 de junio de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2009.

Que se presentó por parte del declarante autorizado CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., el 4 de octubre de 2006, la declaración de importación con autoadhesivo Nro. 23030013365238 a nombre del importador SONOPRINTER S.A., la cual cubre las mercancías declaradas bajo la subpartida arancelaria 61.15.93.20.00.

Que como consecuencia de lo anterior, el 2 de agosto de 2007 mediante oficio 63.00.305.0551, la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, solicitó al declarante autorizado CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. que allegara al proceso en un plazo no superior a 15 días hábiles, las declaraciones de corrección liquidando además de los derechos antidumping, la sanción e intereses de mora correspondientes, respecto de las declaraciones de importación que nacionalizaron mercancías clasificadas en las subpartidas arancelaria determinadas en la Resolución Nro. 0222 de 2006, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Indicó que se solicitó por parte de la sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., una prórroga para el envío de la documentación, la cual fue concedida mediante Oficio Nro. 63.00.305-00653 de 31 de agosto de 2007. A su vez, ante la no respuesta de la S.I.A., la Subdirección de Fiscalización Aduanera mediante Oficio Nro. 63-00-305-00872 de 27 de diciembre de 2007, remitió los antecedentes del caso para que se desarrollara la investigación y se informaran los resultados.

Que se dio inicio a la investigación mediante auto Nro. 134-374 de 25 de febrero 2009 por parte del Jefe de GIT de Secretaria de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, a nombre de la sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., lo cual dio inicio al expediente Nro. RA 06 09 374.

Señaló que se formuló, por la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, el Requerimiento Especial Aduanero de Liquidación Oficial de Corrección nro. 01-03-238-419-434-4-0753 de 27 de febrero de 2009 a la sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., para que presentara Declaración de Corrección liquidándose los tributos aduaneros dejados de cancelar, más la correspondiente sanción e intereses contemplados en los artículos 482, 543 y 544 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario y la Circular 138 de septiembre de 1994, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($278.633.499.00), agregando el valor de los intereses.

Que la sociedad SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., como tercero interesado en las resultas de la actuación oficiosa de la DIAN, no fue notificada del acto administrativo mencionado, y posteriormente en el desarrollo de ese mismo procedimiento administrativo, le fue declarado exigible el amparo de cumplimiento de disposiciones legales, instrumentalizado en la póliza Nro. 00009664. Luego, se expidió auto de pruebas Nro. 1-03-238-419-143-0-001540 por parte de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, disponiendo tener como pruebas los documentos que obraron en el expediente RA 2006 2009 0374.

Manifestó que el 11 de mayo de 2009, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá profirió la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082, mediante la cual se formuló la liquidación Oficial de Corrección de acuerdo al artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 a nombre del importador SONOPRINTER S.A., por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVES PESOS M/CTE. ($278.633.499.00). Además se ordenó la autoliquidación de los intereses moratorios causados desde la exigibilidad de la obligación y hasta cuando se realizó el pago total de la misma.

A su vez, hizo efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales Nro. 00009664 expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., tomada por la sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. El 2 de junio de 2009 se presentó el recurso de reconsideración en contra de la Resolución Nro. 1082. El 5 de octubre de 2009, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, expidió la Resolución Nro. 10066, resolviendo modificar los artículos primero y tercero de la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009, respecto de la suma ordenada liquidar y, hacer efectiva respectivamente, y en su lugar determina la cuantía en DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($253.303.181.00), considerando que no había sido procedente la sanción ordenada en el acto impugnado.

Los demás aspectos fueron resueltos de forma negativa con relación al recurso de reconsideración interpuesto.

1.3. A su vez, la parte actora adujo la violación de los artículos 29 de la Constitución Política; 3º, 14 y 28 del C.C.A.; 1036, 1045, 1054, 1057, 1072, 1079, 1081 del C.C.; 509, 513, 514, 519 del Decreto 2685 de 1999 y la Resolución Nro. 825 del 27 de mayo de 2007 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para los efectos, explicó el alcance del concepto de la violación, señalando:

Nulidad por falsa motivación, por cuanto el Seguro de Cumplimiento instrumentado en la póliza Nro. 00009664, no cubrió el pago de los derechos antidumping y la sanción que ello genera, en tanto que el amparo otorgado cubre el riesgo de incumplimiento de disposiciones legales, desde el día 16 de junio de 2008 y el hecho generado ocurrió el día 4 de octubre de 2006

Expresó que la DIAN valoró erróneamente los supuestos legales en que fundó su decisión (declaratoria de siniestro), al establecer que la póliza Nro. 00009664, cubría el pago de los derechos antidumping y la sanción que ello generaba. Señaló además que la tesis mencionada era falsa y se basó en la interpretación errónea de los textos jurídicos. Aclaró que el contrato de seguro tenía como objeto la transferencia de un riesgo a una empresa que técnicamente lo administraba, cumpliendo con el elemento esencial de dicha tipología contractual, de acuerdo con el artículo 1045 del Código de Comercio. Tal riesgo asegurable constituía la probabilidad o posibilidad de realización de un evento dañoso previo en el contrato, lo que motivaba al nacimiento de la obligación del asegurador consistente en haber resarcido un daño o cumplir con la prestación convenida. De acuerdo al artículo mencionado, la actora mencionó una de las características del riesgo: el riesgo debe ser incierto o aleatorio.

Como consecuencia de lo anterior destacó que el hecho de ser incierto, ello no comportaba que los riesgos que se aceptasen fueran los hechos futuros, que pudieron o no acontecer durante la vigencia del contrato de seguro (conforme al artículo 1057 del C.C.), sin que pudiesen aceptar asegurar hechos pasado, pues estos no gozaban de la incertidumbre sino de la certeza de la ocurrencia. Para el caso en mención, SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. celebró un contrato de seguro el día 16 de abril de 2008, lo que suponía que los eventos asegurados comenzaban a contarse a partir de esa fecha y no con anterioridad, dado que si esto llegaba a suceder no existía, puesto que declaraba la ineficacia del contrato de seguro por no encontrar presente uno de sus elementos esenciales como lo es el riesgo (art. 1045 C.C.).

Conforme a ello, los riesgos fundados en el proceso aduanero sancionatorio fueron anteriores al 16 de junio de 2008, por consiguiente, el día 4 de octubre de 2006 se presentó por parte del declarante CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. la declaración de importación con autoadhesivo Nro. 23030013365238 a nombre del importador SONOPRINTER S.A., el cual cubría las mercancías declaradas bajo la subpartida arancelaria, y fue ese mismo hecho el que generó el procedimiento administrativo sancionatorio, dado que la subpartida arancelaria 61.15.93.20.000 existía en un derecho antidumping que no fue liquidado por el declarante autorizado.

Resulta, bajo su punto de vista, improcedente la pretensión de la DIAN en el sentido de que en materia de seguros, para que hubiese podido nacer una obligación de la aseguradora, era menester que el acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro, el riesgo amparado o el incumplimiento de la obligación afianzada, debían quedar ejecutoriado dentro del término de vigencia de la póliza, pues dicha interpretación haría nugatorio el derecho a la indemnización en favor del asegurado, en virtud de que el acto administrativo dada su discusión en sede gubernativa, pudo requerir más tiempo que el de vigencia de la póliza, sin desconocer el plazo que se necesitaba para su discusión en la vía contenciosa.

En el caso en mención, el hecho generador de la presunta infracción ocurrió el día 4 de octubre de 2006 donde se presentó la declaración de importación con autoadhesivo Nro. 23030013365238 a nombre del importador SONOPRINTER S.A., con lo que concluyó la parte demandante que tanto el siniestro como la realización del riesgo se presentó en aquella fecha y por tanto la póliza suscrita con la sociedad demandante solamente cubría los riesgos acontecidos a partir de 15 de abril de 2008, excluyéndola de toda responsabilidad por hechos acontecidos antes de esa fecha. Por lo cual, solicitó que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nros. 1082 y 10066 debido a la falsa motivación que las impulsó, por cuanto el seguro de cumplimiento instrumentado en la póliza Nro. 00009664 no cubría el pago de los derechos antidumping y la sanción que ello generaba, dado que el amparo otorgado cubría el riesgo de incumplimiento de disposiciones legales desde el día 15 de abril de 2008 y el hecho generado ocurrió el día 4 de octubre de 2006.

Nulidad por falta de competencia temporal

Explicó que la discusión en este caso se centró en darle el efecto legal a la expresión “[…] la autoridad aduanera dispondrá de 30 días para formular Requerimiento Especial Aduanero […]” del artículo 509 del Estatuto Aduanero. La parte actora lo evidenció de la siguiente manera: según el acervo probatorio, el día 31 de agosto de 2007 se aceptó prórroga para el envió de información complementaria a favor de la sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A.; meses después el Jefe del GIT mediante Oficio Nro. 63-00-305-00653, radicado en la Administración Especial de Aduanas el 31 de agosto de 2009, remitió los antecedentes del caso para que se desarrollara la investigación y se informaran los resultados, en un término de 30 días.

Dicha investigación se inició el 25 de febrero con nro. RA 06 09 374 a nombre de la sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. Siguiente a ello, se formuló el Requerimiento Especial Aduanero por la División de Gestión de Fiscalización Nro. 01-03-238-419-434-4-0753 de 27 de febrero de 2009, a la sociedad en mención para que presentara una declaración de corrección liquidándose los tributos aduaneros dejados de cancelar, más la sanciones correspondientes a los artículos 482, 543 y 544 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario y la Circular 138 de 1994.

Lo anterior le permitió concluir al actor, que la DIAN tuvo un historial largo, conociendo desde el 31 de agosto de 2007 o 2 de enero de 2008, la posible irregularidad, concretándose dos fenómenos con ello: la preclusión, ya que fue el Requerimiento Especial fue expedido el 27 de febrero de 2009 más de un año del conocimiento que tuvo la agencia administrativa y; la nulidad por falta de competencia temporal en los términos del artículo 509.

Nulidad por expedición irregular, por cuanto pretermitió la notificación del Requerimiento Especial Aduanero Nro. 01-03-238-419-434-4-0753 de 27 de febrero de 2009

La administración omitió la notificación de Requerimiento Especial mencionado a SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., dado que en su calidad de garante y tercero afectado con las resultas del proceso, según lo establecen los artículos 3º y 4º de los actos acusados, así correspondía hacerlo a la DIAN, cercenándole derechos sustanciales a su debido proceso.

Nulidad por ausencia de responsabilidad, en tanto y cuanto los derechos antidumping para la partida arancelaria Nro. 61.15.93.20.00., no fueron confirmados de manera definitiva en la Resolución Nro. 825 de 2007

Mencionó el actor que la subpartida arancelaria Nro. 61.15.93.20.00, no fue objeto de la medida antidumping en forma definitiva por lo que solicitó la nulidad de los actos acusados, por ausencia de responsabilidad en tanto los derechos antidumping para la partida arancelaria en mención, no fueron confirmados en la Resolución Nro. 825 de 2007.

Nulidad por improcedencia de Liquidación Oficial de Corrección.

Indicó que CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., omitió ajustar el valor FOB de la mercancía al precio base FOB establecido en las Resoluciones Nros. 222 de 2006 y 825 de 2007 supuesto que no se encontró contemplado en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, lo que evidenció que la administración aduanera incurrió en una imprecisión pues no adecuó la conducta sancionable al procedimiento respectivo. Ni tampoco hizo mención a los derechos antidumping como lo afirmó la administración. Como consecuencia de ello, señala que la Liquidación de Corrección como potestad administrativa, no era aplicable al supuesto de hecho que se informó en el presente caso, donde debió procederse a una Liquidación Oficial de Revisión de valor.

Nulidad por falsa motivación al presentarse el fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del siniestro ocurrido el día 4 de octubre de 2006.

Para el caso en mención, señaló el actor que el hecho que presuntamente envolvió la responsabilidad de la Compañía de Seguros ocurrió el día 4 de octubre de 2006, dado que ese día se presentó la declaración de importación y a partir de ese momento la administración conto con el término de 2 años para conformar el título o expedir el acto administrativo mediante el cual se declaró el siniestro y se hizo efectiva la póliza en una determinada cuantía.

Conforme a ello, con fecha 11 de mayo de 2009 se expidió el acto administrativo Nro. 1082, mediante el cual se declaró el siniestro y se ordenó hacer efectiva la póliza Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008, cuando el hecho acaeció el 4 de octubre de 2006, es decir más de 2 años después de la ocurrencia del hecho y vencido el término de la prescripción extintiva ordinaria (art. 1081 del .C.C).

Nulidad por violar el límite del valor asegurado en el contrato de seguro.

Conforme al artículo 1079 del C.C. el actor menciono que en la caratula de la póliza se estableció como valor asegurado un valor único que amparaba durante la vigencia de la ocurrencia de un hecho o varios hechos objeto del contrato asegurado, hasta un límite determinado por Quinientos Millones de Pesos ($500.000.000). Así mismo, se entendió dicha suma como estática en el sentido que no se estipuló expresamente en el contrato que dicho valor sería reajustado periódica o permanentemente.

Expediente
Nro. Resolución
Valor
RA 06 09 384
1059
$ 76.228.777
RA 06 09 396
1063
$ 6.024.856
RA 06 09 371
1058
$ 627.330.463
RA 06 09 386
1060
$ 38.726.101
RA 06 09 398
1071
$ 5.342.871
RA 06 09 374
1082
$ 278.633.499
RA 06 09 400
1080
$ 1.907.740
RA 06 09 385
1103
$ 58.098.104
RA 07 09 373
1122
$ 320.574.727
RA 07 09 00381
1186
$ 23.281.034
RA 06 09 382
1139
$ 21.583.738
RA 06 09 391
1134
$ 19.457.281
RA 06 09 392
1135
$ 9.579.856
RA 06 09 393
1136
$ 6.863.936
RA 06 09 402
1137
$ 953.870
RA 070900372
1138
$ 518.619.458
RA 06 09 382
1139
$ 105.365.609
RA 06 09380
1140
$ 115.439.717
RA 06 09 375
1186
$ 216.277.942
RA 060900379
1178
$ 138.153.192
RA 060900379
1186
$ 202.198.978
RA 070900383
1180
$ 85.389.969
RA 070900387
1181
$ 35.737.192
RA 070900390
1184
$ 20.004.475
RA 060900378

$ 149.986.955
RA 070900377
1185
$ 181.014.441
RA 070900381
1186
$ 110.997.145
RV 06 09 279
1267
$ 12.439.714
Total

$ 3.386.211.640

Concluyó el demandante, que como demostró en el cuadro anteriormente relacionado, el monto total de las presuntas sanciones excedió con creces el valor asegurado, conllevando una falsa motivación que dio lugar a la nulidad de las resoluciones demandadas, por violar el límite del valor asegurado en el contrato de seguro.

2. Admisión de la demanda

A través de providencia de 24 de septiembre de 2010 (folio 127), el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, admitió la demanda, ordenó las notificaciones rigor y solicitó a la parte demandante allegar el envío de los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos demandados.

3. Contestación

Según informe secretarial visible a folio 133 del cuaderno principal, la DIAN no contestó la demanda.

4. Fundamentos de la sentencia recurrida

Mediante sentencia de 18 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala de Decisión, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los razonamientos que pueden resumirse así:

La parte actora aludió falsa motivación en la expedición de las Resoluciones nros. 1082 de 11 de mayo de 2009 y 10066 de 5 de octubre de 2009, por cuanto el amparo del riesgo corría a partir del 16 de junio de 2008. El a quo transcribió la constitución del contrato seguro de cumplimiento realizado por la sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., donde se definió la vigencia de la póliza, el valor asegurado y el objeto de la misma y la posterior modificación realizada a la vigencia (folios 222 y 223).

De conformidad con los antecedentes administrativos, el Tribunal estableció que el 4 de octubre de 2006 fue la fecha en que se presentó la declaración de importación, lo que no significaba que por el simple hecho de la presentación se hubiesen consignado datos finales e inequívocos que debían ser aceptados por la Administración, dado que según el Estatuto Aduanero, las declaraciones estarían dispuestas a un término de firmeza de 3 años. Consecuencia de lo anterior, expresó el Tribunal que, si la constitución de la póliza de cumplimiento Nro. 00009664 se realizó el 16 de abril de 2008, modificada el 28 de abril, y la fecha en la que la administración tuvo pleno conocimiento de la infracción fue la del Requerimiento Especial Aduanero de 27 de febrero de 2009, la administración aún se encontraba dentro de la vigencia de la póliza de cumplimiento para involucrarla dentro del proceso administrativo sancionatorio adelantado por la DIAN. Por lo tanto afirmó el a quo que no le asistió razón a la parte demandante al invocar la falsa motivación de los actos administrativos, pues estos se encontraban ajustado a derecho según lo expuesto.

En cuanto a la competencia temporal, el Tribunal mencionó lo expuesto por el Consejo de Estado “[…] En general, las normas de competencia temporal, esto es, por razón del tiempo, que es el tema que subyace en un plazo legal para producir una decisión, deben interpretarse a favor de la competencia misma. Así, solo cuando está expresamente previstos otro efecto, el vencimiento del plazo no comporta siempre y necesariamente un caso de silencio administrativo positivo […]”.

Conforme a ello, la competencia temporal recaía sobre el acto decisorio es decir, la Liquidación Oficial de Corrección, ya que ponía fin a la actuación administrativa. El artículo 509 del Estatuto Aduanero estableció que eran 30 días para proferir el Requerimiento Especial Aduanero, después de establecida la presunta comisión de la infracción, conforme a esto el Tribunal manifestó que no le asistió razón a la parte actora, al haber elevado la nulidad frente a este punto puesto que la DIAN no había perdido la facultad frente al proceso sancionatorio en contra del recurrente.

Aclaró el a quo que el artículo 46 del C.C.A, estableció que la notificación de decisiones que involucraban a terceros que no hubiesen intervenido en la actuación, ordenaría publicarse en la parte resolutiva; es decir, que el Requerimiento Especial Aduanero era un acto de trámite que permitió dar impulso a la decisión final o de fondo puesto que contenía un supuesto dirigido hacia el administrado con el fin de proponer y establecer las acciones tendientes al pago de las obligación aduaneras en conflicto.

Dentro del proceso en mención, se llevaron a cabo las notificaciones de acuerdo a la normatividad, ya que al momento de emitir el requerimiento especial las partes involucradas eran la DIAN y la Sociedad de Intermediación Aduanera por haber adquirido en ese momento la calidad de declarante, por ello, no era viable vincular a la aseguradora al encontrarse frente a una situación incierta que ameritaba la defensa para esclarecer el proceso. Por las razones expuestas, el a quo no llamó a prosperar el cargo.

Hizo referencia la providencia impugnada, en cuanto a las partidas arancelarias, que el Gobierno Nacional adoptó reglas para los administrados involucrados con el comercio exterior, precisando el sistema arancelario para las mercancías originarias de países extranjeros; fue así como el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías fue una nomenclatura internacional que permitió gran variedad de propósitos, como la fijación de reglas de origen, control de mercancías, etc.

En la cuarta enmienda del sistema armonizado, se eliminó y sustituyó la partida 61.15 dentro de la cual se modificó la partida arancelaria 61.15.93.20.00 y según la mercancía importada se estableció para esta la partida 61.15.10 que conforme a la Resolución Nro. 825 de 7 de mayo de 2007, sí se encontraba relacionada en la parte resolutiva, adquiriendo la obligación del pago de los derechos antidumping. Como consecuencia de ello, el Tribunal no considero acertada la invocación de nulidad solicitada por el actor.

Estableció el a quo que si bien fue cierto la declaración de importación fue expresada en términos de precio base FOB, no fue menos cierto que la causal del procedimiento sancionatorio por parte de la Administración fue el hecho de omitir el pago de los derechos antidumping establecidos para la partida arancelaria que cobijó las mercancías importadas. Siendo así se estableció que la partida arancelaria de referencia no contó con el debido análisis que ameritaba, pues la parte actora no tuvo en cuenta el tratamiento especial que contenía esta subpartida arancelaria y por ello dejó por fuera la liquidación de los derechos antidumping que se encontraba en la normatividad.

Expuso el Tribunal que la parte actora, señaló equivocadamente la prescripción de las acciones derivadas del siniestro ocurrido el 4 de octubre de 2006, debido a que la fecha de ocurrencia del mismo fue el 27 de febrero de 2009, fecha del Requerimiento Especial Aduanero; tomó como base, el a quo, lo establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, dejando claro con ello que desde esa fecha empezaron a correr los términos para la prescripción ordinaria de dos años. Con base en ello estableció que la DIAN contaba desde el 27 de febrero de 2009 para proferir el acto administrativo que ordenaba hacer efectiva la garantía de la póliza con el fin de constituir el título ejecutivo, lo que para el caso en concreto, el 11 de mayo de 2009 se emitió la Liquidación Oficial de Corrección Nro. 1082, dejando en evidencia que la parte demandada actuó en pleno derecho frente a la exigibilidad de la póliza puesto que no excedió el límite de 2 años para elevar la exigencia de la garantía en el acto administrativo.

Hizo referencia la sentencia apelada, a los apartes resolutivos de la Resolución nro. 1082 mencionada por la parte actora y expresó que el artículo claramente señalaba que debía hacerse efectiva la póliza proporcionalmente, previas las disposiciones legales y por otro lado, las resoluciones citadas (folios 25 y 26 demanda) junto con los valores que aludió la parte actora, no hacían parte del presente proceso ya que como se evidenció, pertenecían a diferentes expedientes que no concernían a la demanda.

Para concluir, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda en cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos deprecados.

5. Fundamentos del recurso de apelación

La parte demandante fundamentó su inconformidad con la sentencia del Tribunal, mediante escrito de 10 de mayo de 2012 (folios 239 a 248), básicamente, insistiendo en los siguientes argumentos de su demanda:

Inicialmente, manifestó que SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., el día 4 de abril de 2012, canceló la suma de $498.061.751.00, según consta en el formulario Nro. 690800338910-8 que adjuntó a esta impugnación, correspondiente al pago del siniestro establecido en la Resolución Nro. 7702 de 23 de julio de 2009, expediente Nro. RA-2006-2009-0375, en virtud de la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008, la misma que se afectó en los actos administrativos demandados en el sub lite. Indicó que, además, ha cancelado dos siniestros por valores de $2.948.000.00 y $7.990.249.00 en otros expedientes adelantados en contra de la agencia CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A.

Señaló que el valor asegurado y establecido en esta póliza, ascendió a la suma fija de $500.000.000.00, sin que fuese estipulado su reajuste periódico o permanente y, por lo mismo, al haberse agotado aquel, SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. no está en la obligación de responder por más sumas de dinero según lo establece el artículo 1079 del Código de Comercio. Infirió, entonces, que si la finalidad del acto administrativo es perseguir una suma de dinero, este motivo se hace improcedente en virtud del pago realizado por la aseguradora con ocasión de otras reclamaciones a la misma garantía, perdiendo así su eficacia.

En relación con el primer argumento, referido a la nulidad de las resoluciones demandadas por cuanto la ocurrencia del siniestro fue anterior a la entrada en vigencia de la póliza, reiteró el apelante que el hecho generador de la infracción ocurrió el día 4 de octubre de 2006, fecha en la que se presentó la declaración de importación con autoadhesivo Nro. 23030013365238, a nombre del importador SONOPRINTER S.A., la cual cubre mercancías declaradas bajo la subpartida arancelaria, siendo ello lo que generó el procedimiento administrativo sancionatorio al no haberse liquidado el valor de unos derechos antidumping.

Concluyó que tanto el siniestro como la realización del riesgo se presentaron el 4 de octubre de 2006, fecha en que se presentó la declaración de importación respectiva, y por tanto, la póliza suscrita con la sociedad demandante solamente cubría los riesgos generados a partir del 16 de junio de 2008, no existiendo responsabilidad por hechos acontecidos anteriormente, como sucedió en el presento caso. Lo anterior con el fin de explicar que la fecha en que la DIAN tuvo conocimiento de los hechos no es la ocurrencia del siniestro, ni tampoco lo es la fecha en que se expide el acto administrativo, el cual es un acto declarativo de un supuesto fáctico anterior, difiriendo así de lo expresado por el a quo.

En cuanto a la nulidad por falta de notificación del requerimiento especial aduanero, señaló el apelante que la administración debió tener presente el artículo 28 del C.C.A., que indicaba la necesidad de notificar a los terceros determinados o indeterminados en las actuaciones administrativas, cuando esta se iniciaba de oficio como lo fue en el caso en mención con la expedición del Requerimiento Especial Aduanero dejado de notificar a la sociedad demandante. Con ello, pretende desvirtuar la afirmación realizada por parte de la administración según la cual, solo se debe notificar a las partes dado que, si no se consideraba a la aseguradora como tal, se debía de haber notificado como tercero según las luces de aquella norma.

Con relación con la nulidad por improcedencia de liquidación de corrección, insistió el apelante que la vía procesal escogida por la administración para efectos de realizar la nueva liquidación con los valores antidumping fue la equivocada, toda vez que correspondía efectuarse a través del mecanismo de la liquidación oficial de revisión, que no de aquel mecanismo.

Anotó que la agencia CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., omitió ajustar el valor FOB de la mercancía al precio base FOB establecido en las Resoluciones Nros. 222 de 2006 y 825 de 2007, de suerte que la infracción se manifestó en un error en el valor FOB, supuesto que se encuentra contemplado en el artículo 514 del Decreto 1685 de 1999, esto es, liquidación oficial de revisión. Insistió en que los derechos antidumping establecidos para las mercancías objeto de la declaración de importación, fueron expresados en términos de precio base FOB, esto es, que afectan el valor de la mercancía en aduanas y que, en consecuencia, la ausencia de ajuste entre el precio FOB declarado y el precio base FOB se constituyó como un error en el valor FOB y en el valor declarado, por lo cual concluyó expresando que la liquidación oficial de corrección no fue el acto administrativo procedente, contrario a lo advertido por parte del Tribunal.

Respecto de la nulidad por falsa motivación al presentarse el fenómeno de prescripción de las acciones derivadas del siniestro ocurrido el día 4 de octubre de 2006, expresó que el acto administrativo se expidió con fecha 11 de mayo de 2009, es decir más de 2 años después de la ocurrencia del hecho y vencido el termino otorgado por el legislador de 2 años para que no operara la prescripción extintiva ordinaria consignada en el artículo 1081 del Código de Comercio, por lo cual, resaltó que la acción para hacer efectiva la garantía expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., por parte de la administración, se encontraba prescrita ya que expidió la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009, dos años después de la ocurrencia del hecho que dio origen al siniestro.

Por lo tanto, solicitó al Honorable Consejo de Estado, la revocatoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala de Decisión, el día 18 de enero de 2012 y, en su lugar, que se profiera una providencia en la que se acceda a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos demandados y restableciendo su derecho.

6. Trámite en segunda instancia

El recurso propuesto fue admitido por la Sección Primera de esta Corporación, mediante auto de 20 de mayo de 2013 (folio 5, cuaderno de apelación).

7. Alegatos de segunda instancia

7.1. De la parte actora, SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

A través de escrito de 12 de julio de 2013 (folios 9 a 21, cuaderno de apelación), la parte demandante reitera, íntegramente, la totalidad de los argumentos vertidos tanto en la demanda como en su recurso de apelación, insistiendo en que debe accederse a la nulidad de los actos acusados, y al consecuente restablecimiento de sus derechos.

7.2. De la parte demandada, DIAN

A través de escrito de 12 de julio de 2013 (folios 22 a 42, cuaderno de apelación), la parte demandada mostró su conformidad con las consideraciones y decisión adoptadas en la providencia impugnada en aras de que se denieguen las pretensiones de la parte actora, se mantenga incólume aquella y, por lo tanto, los actos acusados.

8. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia

En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada el 18 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión nro. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.

2. Acto demandado

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las Resoluciones Nros. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009 (folios 38 a 51) y 1-00-223-10066 de 5 de octubre de 2009 (folios 73 a 86), proferidas por la División de Gestión de Liquidación y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, respectivamente, de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, D.C., en adelante DIAN, y como consecuencia de ello, a que se le restablezcan los derechos a la parte actora, de ser ello procedente.

Los aspectos relevantes, así como la parte resolutiva del acto que adoptó la decisión principal, son del siguiente tenor literal:

“[…] DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN

RESOLUCIÓN NRO. 03-241-201-639-3001-00-1082 DE 11 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN
(…)
EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ D.C.

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008 y artículo 7 de la Resolución 009 de 2009, en concordancia con el Decreto 2685 de 1999, modificado por los Decretos Nro. 1232 de 2001, 1198 de 2000, 4431, 4434 de 2004, 2557 de 2007 y 2883 de 2008, Resolución de delegación de firmas Nro. 003 de 2008, y demás normas concordantes y/o complementarias.
(…)
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR Liquidación Oficial de Corrección, conforme a lo establecido en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, a la declaración de importación con autoadhesivo No. 23030013365238 del 04 de octubre de 2006, presentada por la Sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. con NIT 830.090.555-1 a nombre del importador SONOPRINTER S.A. con NIT 830.085.703-5, por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($278.633.499.00), por las razones aducidas en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR auto liquidar los intereses moratorios causados desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se realiza el pago total de la misma. Estos intereses se liquidarán sin tener en cuenta el valor de la sanción.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR hacer efectiva proporcionalmente la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nro. 00009664, certificado No. 00016532 de 16 de abril de 2008 y los certificados de modificación Nro. 00016803 de 28 de abril de 2008 y Nro. 00017008 de 9 de mayo de 2008, expedida por la Compañía ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR S.A., SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. con NIT 860.0009.195-9, tomada por la Sociedad CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. con NIT 830.090.555-1, a favor de la Nación, Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con NIT 800.197.268-4, por un valor asegurado de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000.00), con vigencia desde el 16 de junio de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2009, constituida con el fin de garantizar el pago de los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de su actividad, y de la cual se efectuará el cobro de la presente Liquidación Oficial de Corrección en cuantía de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($278.633.499.00), conforme al artículo 531 de la Resolución 4240 de 2000.

(…)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JOHN JAIRO DÍAZ MORALES
Jefe División de Gestión de Liquidación
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá […]”.

Por su parte, en el acto mediante el cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución principal, se decidió lo siguiente:

“[…] DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN

RESOLUCIÓN NRO. 1-00-223-10066 DE 5 DE OCTUBRE DE 2009

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
(…)

RESUELVE:
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los ARTÍCULOS PRIMERO y TERCERO de la Resolución No. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá al declarante CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. con NIT 830.090.555-1, como intermediario del importador SONOPRINTER S.A., NIT. 830.085.703-5, respecto de la suma ordenada liquidar y hacer efectiva respectivamente, y en su lugar determinar la cuantía en DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($253.303.181), por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR los artículos segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá al declarante CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., como intermediario del importador SONOPRINTER S.A. […]”.

3. Problema jurídico

Conforme a lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si los motivos de informidad esgrimidos en el recurso de apelación sub judice, tienen la vocación de desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, y si como consecuencia de ello, resulta procedente la revocatoria de la sentencia del Tribunal que denegó las pretensiones de la demanda.

4. Análisis del caso concreto

A partir del acervo probatorio arrimado al proceso, la Sala observa que el declarante autorizado CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., presentó declaración de importación con formulario Nro. 352006000175476-3 y autoadhesivo Nro. 23030013365238 de 4 de octubre de 2006 (folio 19, cuaderno de antecedentes), amparando con ella mercancías declaradas bajo la subpartida arancelaria 61.15.93.20.00, esto es:

“[…] MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS DE CALCETERÍA. DE FIBRAS SINTÉTICAS LAS DEMÁS MEDIAS P/HOMBRE DE PUNTO 60% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN. 5% XPANDES MARCA CAMINA SUAVE SEÑOR SENADOR TALLA/26-28 REF. 1005, MEDIAS P/HOMBRE DE PUNTO 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN MARCA OK, TALLA 25-28 REF. 1004, MEDIAS P/MUJER DE PUNTO 95% ACRÍLICO, 5% XPANDES MARCA/QUINKANG TOE SOCKS TALLA/25-28 REF.1894, MEDIAS P/MUJER DE PUNTO 95% ACRÍLICO, 5% XPANDES MARCA/SUN RAIN SOCKS TALLA/22-24 REF. 1011 […]”.

Luego, con Oficio Nro. 63-00-305-00551 de 2 de agosto de 2007 (folios 2 y 3, cuaderno de antecedentes), el Jefe del G.I.T. Programas de Control Posterior de la DIAN, le informó a la agencia CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., que una vez analizada la declaración anterior, no encontró liquidados los derechos antidumping regulados y tasados en la Resolución Nro. 0222 de septiembre 14 de 2006, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicada en el Diario Oficial Nro. 46.398 de 21 de septiembre de 2006 (folios 8 a 12, cuaderno de antecedentes), la que, por demás, la Sala encuentra que estaba vigente y rigiendo al instante de ser presentada aquella.

Esa Resolución, en desarrollo de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de productos del sector de calcetería, originarias de la República Popular China, clasificados en las subpartidas arancelarias 61.15.20.00.00; 61.15.20.90.00; 61.15.91.00.00; 61.15.92.00.00; 61.15.93.20.00; 61.15.93.90.00 y 61.15.99.00.00, había decidido lo siguiente de forma provisional, para efectos del sub lite:

“[…] Artículo 1º. Continuar la investigación administrativa abierta mediante Resolución 154 del 4 de julio de 2006, con el objeto de determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, del “dumping” en las importaciones de productos del sector calcetería clasificados por las subpartidas arancelarias 61.15.20.20.00; 61.15.20.90.00; 61.15.92.00.00; 61.15.93.20.00; 61.15.93.90.00 y 61.15.99.00.00, originarios de la República Popular China.

Artículo 2º. Imponer derechos “antidumping” provisionales en la forma de un precio base, el cual consistirá en un valor correspondiente a la diferencia entre US$ 0.88/par y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base, para las importaciones de productos del sector de calcetería clasificados por las subpartidas 61.15.20.20.00; 61.15.20.90.00; 61.15.92.00.00; 61.15.93.20.00; 61.15.93.90.00 y 61.15.99.00.00, originarios de la República Popular China.

Parágrafo. Los derechos antidumping establecidos en el presente artículo, no serán aplicables a las importaciones de medias para várices clasificadas por la subpartida arancelaria 61.15.93.10.00, ni antiembólicas y demás medias utilizadas en el sector salud, que se clasifiquen por la subpartida arancelaria 61.15.93.20.00 […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Posteriormente, a través de la Resolución Nro. 0825 de 7 de mayo de 2007, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, resolvió imponer un derecho antidumping definitivo, ya no provisional, a las importaciones de productos del sector de calcetería, clasificados por las subpartidas arancelarias 61.15.10.10.00, 61.15.30.10.00, 61.15.10.90.00, 61.15.30.90.00, 61.15.95.00.00, 61.15.96.00.00 y 61.15.99.00.00, por un término de cinco (5) años contados a partir de su entrada en vigencia, el cual consistía en el valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$0.79/Par y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.

Fue así que cuando se le solicitó al agente aduanero, por medio de Oficio Nro. 63-00-305-00551 de 2 de agosto de 2007 (folio 2, cuaderno de antecedentes), que allegara las correspondientes declaraciones de corrección, liquidando y pagando los referidos derechos antidumping, aquella solicitó una prórroga para el envío de dicha documentación (folio 4, cuaderno de antecedentes), la cual le fue concedida en quince (15) días calendarios (folio 5, cuaderno de antecedentes).

Al cabo de este término, la DIAN no obtuvo lo requerido a CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., como en efecto fue ratificado por la parte demandante, sin que ello se hubiera desvirtuado en el curso del procedimiento administrativo aduanero ni este proceso, por lo que la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN procedió a formularle Requerimiento Especial Aduanero Nro. 1-03-238-419-434-4-000753 de 27 de febrero de 2009 (folio 24 a 32, cuaderno de antecedentes), en el que propuso Liquidación Oficial de Corrección a la Declaración de Importación Nro. 23030013365238, por un valor total de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($278.633.499.00), correspondiente a la sumatoria de los derechos antidumping dejados de cancelar y la sanción equivalente al 10% de ese valor omitido, según lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999.

Vencido el término de quince (15) días para responder el mencionado requerimiento, no habiendo recibido comunicación alguna por parte de la agencia CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., así como tampoco por la importadora SONOPRINTER S.A., y luego de superado el período probatorio, fueron expedidas las atacadas Resoluciones Nros. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009 y 1-00-223-10066 de 5 de octubre de 2009, en las que se formuló, efectivamente, Liquidación Oficial de Corrección, conforme lo establecido en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, por un valor final disminuido de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($253.303.181.00), al haberse desistido en sede de reconsideración del cobro de la multa impuesta en el acto primigenio, pues de la interpretación que hizo del inciso segundo del Parágrafo del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el Decreto 2883 de 2008, artículo 4º, la DIAN consideró que esta solo era achacable al importador y no a la S.I.A.

El artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, define como responsables de la obligación aduanera:

“[…] ARTÍCULO 3. RESPONSABLES DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA.

De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente Decreto.

Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

En los términos del artículo 10 ibídem, son declarantes ante la autoridad aduanera, con el objeto de adelantar los procedimientos y trámites de importación, exportación o tránsito aduanero, las sociedades de intermediación aduanera, quienes actúan en nombre y por encargo de los importadores y exportadores. El artículo 14 considera estas S.I.A., como las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer la Intermediación Aduanera y cuyo objeto social principal es el ejercicio de dicha actividad.

Así pues, los artículos 12 y 13 del Decreto 2685 de 1999, son claros en establecer, que la intermediación aduanera constituye una actividad auxiliar de la función pública, pues tienen el deber de colaborar con las autoridades en la “[…] recta y cumplida aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior, para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás procedimientos y actividades derivados de los mismos […]” (Negrillas por fuera de texto).

Acerca de sus obligaciones, el artículo 22 del mismo compendio, vigente para la época de la formulación del Requerimiento Especial Aduanero que propuso la Liquidación Oficial de Corrección, establece que, tales sociedades, son responsables administrativamente por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos que suscriban ante la DIAN; así mismo, consagra, que las S.I.A. deben, entre otras, responder directamente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados.

En el mismo sentido, su artículo 23 prevé, en cuanto a la certificación de la información contenida en las declaraciones y formularios, que la presentación y suscripción de las declaraciones a través del sistema informático aduanero, o de formularios oficiales aprobados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o de cualquier otra actuación que se surta ante las autoridades aduaneras, por parte de los representantes acreditados por las Sociedades de Intermediación Aduanera, conlleva la atestación por parte de éstas acerca de la veracidad de la información en ellos contenidas.

Sin dejar de advertir que, el artículo 26 ibídem, con relación a las obligaciones de las S.I.A., les ordenó a estas, en sus literales c) y d), “[…] responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las declaraciones de importación, exportación, tránsito aduanero y demás documentos transmitidos electrónicamente o suscritos en desarrollo de su actividad, en los términos establecidos en el artículo 22 del presente decreto […]” y “[…] Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto en la normatividad aduanera (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

En sentencia de 27 de septiembre de 2007, radicado Nro. 11001-03-24-000-2004-00336-01(15557), Sección Cuarta, Consejera ponente Dra. María Inés Ortiz Barbosa, se determinó que el intermediario aduanero es responsable por la exactitud y la veracidad de la información que consignen en las respectivas declaraciones de importación, responsabilidad que no se opone a las reglas del mandato regulado en la legislación comercial, dado que se trata de una actividad de carácter público que encuentra regulación específica en las normas aduaneras.

Posición que explica como sigue:

“[…] 1. De la Responsabilidad de las sociedades de intermediación aduanera

De conformidad con el texto original del artículo 22 del Decreto 2685 de 1999, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, “Las Sociedades de Intermediación Aduanera que actúen ante las autoridades aduaneras, serán responsables administrativamente por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos que suscriban sus representantes acreditados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como por la declaración de tratamientos preferenciales, exenciones o franquicias y de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías.” y además, “responderán directamente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados.” (Subrayado de la Sala).
(…)
El artículo 22 del Decreto 2685 de 1999 prescribe que las Sociedades de Intermediación Aduanera que actúen ante las autoridades aduaneras serán responsables administrativamente por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos que suscriban sus representantes acreditados ante la DIAN, así como por la declaración de tratamientos preferenciales, exenciones o franquicias y de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías.

Con lo anterior no se pretende que estas sociedades sustituyan al importador en su obligación general de pago de tributos aduaneros, sino que haya una persona con idoneidad técnica y profesional que suministren una asesoría legalmente sustentable ante la DIAN.
(…)
Además el artículo 26 literal c) ibídem señala como una de las obligaciones de estas intermediarias "Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar de acuerdo con lo previsto en este decreto".

Esta regulación tampoco se opone a las reglas del mandato regulado en la legislación comercial, por lo demás es la legislación aduanera la que regula el tipo de servicio que prestan las Sociedades de Intermediación Aduanera “dado el carácter de público que ostentan dichas actividades y la competencia especial otorgada constitucionalmente al ejecutivo para reglamentarla”.

Finalmente, el concepto precisó que la responsabilidad que surge entre la Sociedad de Intermediación Aduanera frente al Estado se sujeta a la legislación aduanera y la responsabilidad que se deriva de la intermediación entre el mandante y el mandatario, se rige por las reglas generales de la legislación civil y comercial que además, estipulan que el mandatario responde hasta de culpa leve en el cumplimiento de su cargo, teniendo en cuenta que en desarrollo del contrato de mandato, el mandatario debe aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con mayor beneficio o menor gravamen que los designados para el mandante. Por lo tanto son coherentes la legislación aduanera y la civil sobre la responsabilidad […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Encuentra la Sala, de lo aquí expuesto, que la intermediación aduanera es una actividad de especial atención por el legislador, al ser una labor auxiliar de la función pública aduanera. En donde su responsabilidad administrativa comprende el cumplimiento de las obligaciones de diferente naturaleza que se encuentran en las normas que regulan su actividad, y en tal condición las sociedades intermediarias responden por la información que se imprime en una declaración de importación, esto es por: a) la veracidad y exactitud de los datos allí consignados, b) la liquidación y cancelación de los tributos aduaneros y c) la asunción de las sanciones a que hubiere lugar.

En cuanto a la obligación aduanera originada en la operación de importación, el artículo 87 de dicho Estatuto establece:

“[…] ARTÍCULO 87. OBLIGACIÓN ADUANERA EN LA IMPORTACIÓN

La obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional.

La obligación aduanera comprende la presentación de la Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Y acerca de la liquidación de los tributos aduaneros, prevé lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 89. LIQUIDACIÓN DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS. <Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Los tributos aduaneros que se deben liquidar por la importación, serán los vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la respectiva Declaración de Importación.

En la Declaración de Corrección, los tributos aduaneros y tasa de cambio aplicables serán los vigentes en la fecha de la presentación y aceptación de la Declaración Inicial.

Cuando se trate de una modificación de la declaración de importación, los tributos aduaneros y la tasa de cambio aplicables serán los vigentes en la fecha de la presentación y aceptación de la declaración inicial o de la modificación según fuere el caso, conforme con las reglas especiales previstas para cada modalidad de importación.

En la Declaración de Legalización, los tributos aduaneros y tasa de cambio aplicables serán los vigentes en la fecha de la presentación y aceptación de la Declaración inicial o de la fecha de presentación y aceptación de la respectiva declaración de legalización cuando no estuviere precedida de una declaración inicial. Cuando conlleve la modificación de la modalidad de importación se atenderá lo previsto en el inciso anterior.

Los derechos antidumping y compensatorios y demás derechos de aduana se causarán y liquidarán, conforme lo dispongan las normas que regulan la materia […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

En este sentido, el artículo 482 del Estatuto Aduanero, estableció como infracción aduanera, la siguiente:

“[…] ARTÍCULO 482. INFRACCIONES ADUANERAS DE LOS DECLARANTES EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y SANCIONES APLICABLES. <Artículo modificado por el artículo 38 del Decreto 1232 de 2001>. Las infracciones aduaneras en que pueden incurrir los declarantes del régimen de importación y las sanciones asociadas a su comisión son las siguientes:
(…)
2. Graves
(…)
2.2 Incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en las Declaraciones de Importación, cuando tales inexactitudes o errores conlleven un menor pago de los tributos aduaneros legalmente exigibles.

La sanción aplicable será de multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los tributos dejados de cancelar […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

La definición de qué debe entenderse por “tributos aduaneros legalmente exigibles”, la trae el propio Estatuto Aduanero en su artículo 1º, en el que estableció que tal “[…] expresión comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas […]”; y a su vez, los “derechos de aduana” los señala como “[…] todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo pago que se fije o se exija, directa o indirectamente por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en relación con dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre o gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los documentos requeridos para la importación o, que en cualquier otra forma, tuvieren relación con la misma. No se consideran Derechos de Aduana, el impuesto sobre las ventas, ni los impuestos al consumo causados con la importación, las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados […]”.

Resulta evidente que en el caso bajo estudio, el declarante CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., en el ejercicio de sus funciones auxiliares aduaneras, faltó a una de sus obligaciones relativas a la correcta liquidación de los tributos aduaneros consistentes en derechos aduaneros antidumping que provisionalmente habían sido establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde semanas antes de efectuar la citada operación, pero aun así, tampoco accedió a cumplirla cuando se le brindó la oportunidad de corregir dicha omisión ni desvirtuó los fundamentos fácticos y jurídicos de su cobro.

Bajo ese escenario, la DIAN, contrario a lo argumentado por el impugnante, acertó al iniciar y llevar hasta su fin, el procedimiento administrativo aduanero que impuso la Liquidación Oficial de Corrección de la declaración de importación con formulario Nro. 352006000175476-3 y autoadhesivo Nro. 23030013365238 de 4 de octubre de 2006, ante el error contenido en esta, relativo a la ausencia de liquidación y pago de las tarifas de esos derechos antidumping, y la consecuente necesidad de establecer y cobrar el monto real de los tributos aduaneros que legalmente corresponden.

“[…] ARTICULO 513. LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN.

La autoridad aduanera podrá expedir Liquidación Oficial de Corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales.

Igualmente se podrá formular Liquidación Oficial de Corrección cuando se presente diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

La Liquidación Oficial de Revisión, prevista en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, y esbozada, equívocamente, por el impugnante como el trámite pertinente en perjuicio del de Corrección, está dispuesta para aspectos sustancialmente diferentes al del caso concreto, como son las inconsistencias en el valor FOB de la mercancía, fletes, seguros, otros gastos, ajustes y valor en aduana, o cuando el valor declarado no corresponda al valor aduanero de la mercancía establecido por la autoridad aduanera, de conformidad con las normas que rijan la materia, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan según las disposiciones en materia de valoración aduanera.

Con relación al cargo correspondiente a la falta de notificación a la aseguradora del auto de Requerimiento Especial Aduanero Nro. 1-03-238-419-434-4-000753 de 27 de febrero de 2009, en oposición a lo señalado por la apelante, la Sala encuentra que el artículo 510 del Decreto 2685 de 1999, preceptúa lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 510. NOTIFICACIÓN Y RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO.

El Requerimiento Especial Aduanero se deberá notificar conforme a los artículos 564º y 567º del presente Decreto. Al efectuar la notificación por correo se deberá anexar copia del acta de aprehensión y del documento de ingreso de la mercancía a depósito, cuando hubiere lugar a ello.

La respuesta al Requerimiento Especial Aduanero se deberá presentar por el presunto infractor dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación y en ella deberá formular por escrito sus objeciones y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Puede advertirse que la norma contempla la notificación al presunto infractor bajo el entendido que en ese momento, es el único habilitado para desvirtuar los cargos que se le han formulado, los cuales son generados por su actuar como sociedad intermediadora aduanera, en la que no concurre su asegurador, por lo que no se encuentra configurado un eventual quebrantamiento del debido proceso de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., a quien se le notificó el acto principal de Liquidación Oficial de Corrección que ordenó hacer efectiva la póliza, pudiendo presentar recurso de reconsideración para hacer valer sus argumentos defensivos, los cuales fueron atendidos por la DIAN, en garantía a sus derechos fundamentales.

Por su parte, frente al cargo relacionado con la nulidad de las Resoluciones atacadas por cuanto la ocurrencia del siniestro fue anterior a la entrada en vigencia de la garantía en mención, la Sección observa que la póliza motivo de disenso es la Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008 de Cumplimiento Disposiciones Legales, expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., el tomador es CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., el asegurado/beneficiario es la Nación- Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y su vigencia empezó desde las 00:00 horas del 15 de abril de 2008 hasta las 24:00 horas del 16 de septiembre de 2009 (folios 62 a 64, cuaderno de antecedentes). Su amparo es el relativo al cumplimiento de disposiciones legales, y el objeto del seguro se transcribe así:

“[…] GARANTIZAR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA CONTENIDAS EN EL DECRETO 2685 DE 1999, EN ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 26, 354 Y 356, DECRETO 1232 DE 2001, RESOLUCIÓN 4240 DE 2000, RESOLUCIÓN 7002 DE 2001 Y DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O ADICIONEN, IGUALMENTE RESPONDER POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y SANCIONES A QUE HAYA LUGAR EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO DECLARANTE EN LA MODALIDAD DE TRÁNSITO ADUANERO NACIONAL […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Las cláusulas Primera y Cuarta del clausulado general que aparece anexo a aquella, señalan lo siguiente (folio 105, cuaderno de antecedentes):

“[…] CLÁUSULA PRIMERA - AMPARO Y DEFINICIONES
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. AMPARA AL ASEGURADO POR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES (LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, ETC) SEÑALADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, IMPUTABLE A LA PERSONA OBLIGADA AL CUMPLIMIENTO DE LA RESPECTIVA DISPOSICIÓN LEGAL.
(…)
CLÁSULA CUARTA - SINIESTROS
Se entiende causado el siniestro cuando quede debidamente ejecutoriada la resolución administrativa que declare el incumplimiento de la obligación amparada por esta póliza y la ocurrencia del siniestro por causas imputables al afianzado obligado al cumplimiento de la respectiva disposición legal, cuando tal resolución haya sido notificada oportuna y debidamente a Segurexpo de Colombia S.A. […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Al respecto esta Sección anuncia, de forma comedida y respetuosa, que no comparte las razones expuestas por la Sección Cuarta en la sentencia de 19 de marzo de 2015, en la que en un caso similar al actual, para acceder a la nulidad del acto acusado, consideró que: “[…] Así las cosas, y teniendo claro que la obligación aduanera incumplida por parte de la sociedad Consultores Profesionales Aduaneros S.A. SIA-COPAD S.A. SIA, la constituye la no liquidación ni pago de los derechos antidumping, concluye la Sala que el riesgo asegurado ocurrió el 7 de marzo de 2007, cuando la declaración de importación se presentó. Para esa fecha, 7 de marzo de 2007, no estaba vigente la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales N° 00009664 del 16 de abril de 2008, expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., razón por la cual la Liquidación Oficial de Corrección 03-241-201-639-3001-00-1122 del 13 de mayo de 2009 no podía ordenar la efectividad de la misma, y al así hacerlo vicio de nulidad los actos administrativos demandados […]”. Así como tampoco reafirmará las consideraciones expuestas por el a quo en el sub lite, para denegar la nulidad de las resoluciones demandadas, todo ello por las razones que se exponen a continuación:

Las normas que regulan la materia en el Código de Comercio, consagran lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1054. <DEFINICIÓN DE RIESGO>. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 1057. <TÉRMINO DESDE EL CUAL SE ASUMEN LOS RIESGOS>. En defecto de estipulación o de norma legal, los riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato […]”.

“[…] ARTÍCULO 1072. <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado […]”.

“[…] ARTÍCULO 1073. <RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR SEGÚN EL INICIO DEL SINIESTRO>. Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato.

Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el siniestro […]”

De la referida póliza, se logran percibir dos aspectos que resulta oportuno precisar. En la primera parte de su objeto, se contrató entre las partes -agencia de intermediación y aseguradora-, la garantía (i) por una parte del pago de los tributos aduaneros y por otra, (ii) de las sanciones a que haya, en ambos casos por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la actividad de intermediación aduanera.

Como se pudo constatar anteriormente, la sanción consistente en multa por valor de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($25.330.318.00), que fuere impuesta en la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009, fue luego revocada por la Resolución Nro. 1-00-223-10066 de 5 de octubre de 2009, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto en su contra, pues de la interpretación que hizo del inciso segundo del Parágrafo del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el Decreto 2883 de 2008, artículo 4º, la DIAN consideró que la misma solo era achacable al importador y no a la S.I.A.

Por ello, la referida garantía quedó circunscrita, exclusivamente, para estos efectos, al hecho que circunda el no pago de los tributos aduaneros consistentes en los derechos aduaneros de antidumping a favor del Estado, que ni la S.I.A. CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. ni la importadora SONOPRINTER S.A., decidieron acatar durante los términos que le fueron otorgados.

La impugnante alega que los hechos en que se funda el proceso aduanero sancionatorio, son anteriores al 16 de junio de 2008, fecha de inicio de la vigencia de tal póliza, más exactamente, el día 4 de octubre de 2006, cuando se presentó la citada declaración de importación con la omisión de la liquidación y pago de los derechos antidumping, por lo que alega a su favor, la ausencia de afectación de esa garantía y de su responsabilidad como aseguradora en el sub judice.

En este escenario, de las pruebas allegadas al proceso, la Sala puede establecer que si bien el momento inicial previsto para liquidar y efectuar el pago de los tributos aduaneros es el de la presentación de la declaración de importación, lo cual ocurrió, como se vio, el día 4 de octubre de 2006, a través de la tramitada con formulario Nro. 352006000175476-3 y autoadhesivo Nro. 23030013365238, de la lectura integral del objeto de la póliza Nro. 00009664, en consonancia con las normas comerciales que regulan la materia, se arriba a la convicción de que lo que se garantizó fue el pago de aquellos tributos aduaneros a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de las actividades de intermediación de CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., es decir, en el sub lite, de los derechos antidumping que se determinen insatisfechos por el no cumplimiento de tales tareas a su cargo.

No basta para considerarlo como riesgo, bajo tales circunstancias, la simple omisión fáctica del pluricitado pago, en tanto que ello constituye un hecho incipiente que no está acompañado aún de una declaratoria de incumplimiento por parte de la autoridad competente, en este caso la DIAN, quien solo después de adelantar el procedimiento administrativo y garantista correspondiente, llegará a la certeza o no, de que tal hecho constituye una obligación incumplida a cargo de la agencia. Este contrato de seguros, por lo tanto, pactó en su objeto, la exigencia de un incumplimiento determinado en sede de la Administración Pública quien además funge como asegurado, lo cual se materializó con la expedición y notificación de la Liquidación Oficial de Corrección de 11 de mayo de 2009, mediante la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082, en vigencia de la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008.

O lo que es igual, en la forma como fue pactada la garantía, no basta con la eventual comisión de una infracción aduanera, sino que se requiere su declaración a través del ejercicio de las potestades aduaneras del Estado para decidir de fondo la situación de una mercancía o, como en este caso, de los tributos de una declaración de importación, previo trámite administrativo en el que se garantice el derecho fundamental al debido proceso del presunto infractor, así como la toma de la resolución definitiva por la autoridad competente y su consecuente orden de pagarla.

“[…] ARTÍCULO 512. ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE DE FONDO.

Vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 505-1 del presente Decreto o el término previsto en el inciso segundo del artículo 510 sin que se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar.

Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Surge como incuestionable que, en este caso, las partes contratantes de la garantía de marras, CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A. y SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., asociaron inescindiblemente el alcance y contenido de la responsabilidad de la compañía aseguradora, a un incumplimiento de obligaciones aduaneras del asegurado, causada por y con ocasión de la acción estatal vertida en la Liquidación Oficial de Corrección que así lo concluya.

Si como se vio, el legislador comercial en su artículo 1072 definió el siniestro como la realización del riesgo asegurado, y lo que se aseguró fue el riesgo consistente en el pago de tributos a que haya lugar por el incumplimiento de obligaciones aduaneras, para la Sala existe suficiente certeza de que el riesgo y su siniestro amparados en la póliza Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008, ocurrieron cuando efectivamente se formuló la Liquidación Oficial de Corrección a CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., lo que en el caso concreto se materializó a través de la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009, recibida el día 16 y 22 de mayo de 2009 por la aseguradora y agencia de intermediación, respectivamente (folios 116 a 132, cuaderno de antecedentes), es decir, en plena vigencia de la garantía en debate desde el 15 de abril de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2009.

A partir de lo considerado por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., así como por la Sección Cuarta en la providencia atrás relacionada, para la Sala es incorrecto señalar que el riesgo corresponde, desde antes, a la simple omisión de la obligación aduanera observada con la presentación de la declaración de importación mencionada, esto es, el 4 de octubre de 2006, además de lo expuesto, porque en los términos del artículo 1054 del Código de Comercio, no constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento, en tanto que, como se explica, una cosa es la comisión de la conducta posteriormente reprochada y constitutiva de una eventual infracción aduanera, y otra muy distinta es la decisión de declarar su incumplimiento a través de la Liquidación Oficial de Corrección a favor de la Nación, evento este último garantizado en la citada póliza, que no el primero de ellos.

Suponer lo propuesto por la parte actora, implica, de forma errada, que el lapso involucrado permanezca por fuera del inicio del término de vigencia de la póliza, siendo que para tal época no se contaba aún con la veracidad del incumplimiento exigido en el objeto asegurado y contratado por CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A., COPAD S.A. S.I.A., así como tampoco con su adecuación típica, tasación y demás aspectos esenciales para viabilizar o no la afectación de la póliza Nro. 00009664.

Tanto es así, que si la inobservancia de la obligación aduanera por parte de la agencia de intermediación, no hubiera dado lugar a una Liquidación Oficial de Corrección, ya sea porque se hubiesen pagado los derechos antidumping en el primer escenario que se le propuso o en el lapso otorgado por el Requerimiento Especial Aduanero, o se hubiese demostrado la improcedencia de los mismos ante una posible decisión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de no cobrarlos en forma definitiva, desistiendo de su imposición provisional, entre otros eventos, ello hubiese impedido la efectividad de tal garantía.

Esto, por demás, es consonante con lo estipulado por el Estatuto Aduanero respecto de la efectividad de las garantías:

“[…] ARTÍCULO 480. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS. Siempre que se haya otorgado garantía para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones por el incumplimiento de obligaciones, si se configura una infracción, se hará efectiva la garantía otorgada por el monto que corresponda, salvo que el garante efectúe el pago correspondiente antes de la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento de una obligación o imponga una sanción. En estos casos no procederá la imposición de sanción pecuniaria adicional.

Las sanciones de suspensión o de cancelación se podrán imponer sin perjuicio de la efectividad de la garantía de que trata el inciso anterior […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

De igual forma, en este mismo sentido, en cuanto a la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio, se tiene que este ordena:

“[…] ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes […]” (Negrillas por fuera de texto)

Para la Sala, tal y como fue considerado en el punto anterior, el riesgo asegurado se siniestró con la expedición y notificación del acto administrativo que formuló la Liquidación Oficial de Corrección a la declaración de importación de 4 de octubre de 2006, con formulario Nro. 352006000175476-3 y autoadhesivo Nro. 23030013365238, pago de tributos ordenado previa declaratoria de incumplimiento y garantizado con la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008 expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., esto es, con la Resolución Nro. 03-241-201-639-3001-00-1082 de 11 de mayo de 2009.

En ese sentido, no pueden alegarse las prescripciones ordinaria ni extraordinaria previstas en la norma, en tanto que en el mismo acto que se declara el respectivo siniestro del riesgo asegurado, se ordena cobrar y hacer efectiva la respectiva garantía. Por lo tanto, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

Finalmente, la manifestación de la apelante según la cual, la referida Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nro. 00009664 de 16 de abril de 2008 expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., ya ha sido afectada en su totalidad, con ocasión de otros siniestros distintos al actual, sin que aparentemente, subsistan remanentes, no es un asunto con la entidad necesaria para impedir que se falle de mérito el caso bajo estudio, pero además, atiende a elementos operativos que deben estar previstos por las partes para efectos de su ejecución y que escapan a la órbita del presente litigio.

Por último, se reconocerá personería jurídica al Doctor Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial y sus anexos, que obran a folios 120 a 130 del cuaderno de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: TENER al Doctor Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial y sus anexos, que obran a folios 120 a 130 del cuaderno de apelación.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

La Real Academia Española de la Lengua define el dumping como la “[…] práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del mercado, con grave perjuicio de este […]”. En sentencia de 13 de junio de 2013, radicado Nro. 11001-03-27-000-2009-00048-00 [18033], la Sección Cuarta de esta Corporación, Consejera ponente Doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, explicó que “[…] El dumping se puede definir como la venta de productos a precios discriminatorios, esto es, la venta al extranjero a precios inferiores (en ocasiones incluso por debajo del costo de producción) a aquellos que rigen para el mercado interno del país vendedor. Se considera al dumping como una práctica desleal de comercio, o cuando menos como una práctica no deseable, ya que la finalidad del dumping es, generalmente, la de acceder o dominar los mercados extranjeros, con la consecuencia de afectar negativamente al sector de la producción que opera en el país importador. El dumping es, pues, un instrumento de política económica que un país decide aplicar con diversos fines: penetración de mercados extranjeros, mantenimiento de precios altos en el mercado interno, incentivación a las exportaciones propias, respuesta a políticas proteccionistas de otros países, etc. Lo cierto es que se ha considerado que, sea cual sea la motivación del país exportador, se trata de prácticas de comercio que van en contra del principio de la libre concurrencia […]”. Sentencia de 13 de junio de 2013, radicado Nro. 11001-03-27-000-2009-00048-00 [18033], Cit.: “[…] Ante la comprobación de que se produjo el dumping y de que, como consecuencia del mismo, se ha producido un daño, amenaza de daño, o un obstáculo al establecimiento a la rama de producción nacional, la respuesta no es la de prohibir o limitar el ingreso del producto respectivo, sino la de imponer el pago de derechos antidumping, que no son otra cosa que derechos de carácter aduanero, cuya finalidad es la de corregir el desequilibrio o anomalía que se produjo como consecuencia de las importaciones realizadas a precios inferiores a los normales. Por esta razón, los derechos antidumping son de carácter temporal, ya que solo pueden estar vigentes durante el tiempo que sea necesario para contrarrestar dicho desequilibrio (…) No sobra añadir que la aplicación de los derechos antidumping se encuentra consagrada, para los países miembros de la OMC, en el artículo 6 del GATT de 1994, y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Acuerdo GATT, que fue aprobado en la llamada “ronda Uruguay”, adoptado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994 […]”. A través del Decreto 4589 de 27 de diciembre de 2006 “[…] Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones […]”, vigente a partir de 1º de enero de 2007, se cambió el código de la anterior subpartida arancelaria Nro. 61.15.93.20.00, que aparece amparada en la declaración de importación involucrada en el presente caso, por el Nro. 61.15.10.90.00. Artículo 13 del Estatuto Aduanero. Entre otras, pueden consultarse las siguientes sentencias, que han acogido la misma posición: de 11 de diciembre de 2008, expediente 15877, CP. Héctor J. Romero Díaz; del 29 de octubre de 2009, expediente 16482, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y, del 15 de abril de 2010, expediente 17319, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia. Ver en este sentido, sentencias de 22 de marzo de 2018, radicado Nro. 25000-23-24-000-2009-00281-01 (Acumulado) y de 5 de abril de 2018, radicado Nro. 25000-23-24-000-2010-00630-01, ambas con Consejero ponente Doctor Alberto Yepes Barreiro. Sección Cuarta, radicado Nro. 760012331000201001218 01 (19388), Consejera ponente Doctora Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez, Actora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., demandada DIAN.

Ver Capítulo XIV del Decreto 2685 de 1999, que contiene el “[…] PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES ADUANERAS, LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MERCANCÍA Y LA EXPEDICIÓN DE LIQUIDACIONES OFICIALES […]” (Negrillas por fuera de texto).

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