Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2010-00141-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Hechos nuevos: difieren de los nuevos argumentos no planteados en vía gubernativa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2010-00141-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-31-000-2010-00141-01
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
21 de junio de 2018
HECHOS NUEVOS - Difieren de los nuevos argumentos no planteados en vía gubernativa / NUEVOS ARGUMENTOS - Posibilidad de adicionarse en vía jurisdiccional / VÍA JUDICIAL - En ella se puede aducir nuevos argumentos, distintos de los indicados en la vía gubernativa / ARGUMENTOS ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Pueden ser mejorados en relación con los expuestos ante la administración / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – Probada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha señalado que el actor puede introducir, en vía judicial, ARGUMENTOS nuevos o distintos a los que esgrimiera ante la administración. Lo que se encuentra vedado, es traer HECHOS nuevos que no fueron puestos de presente en vía gubernativa. De allí que para resolver el presente cargo se haga necesario determinar si lo planteado por el demandante es un cargo o un hecho nuevo, pues las consecuencias de uno y otro son diferentes. […] Al respecto, se considera necesario precisar que si bien lo señalado en el párrafo precedente son argumentos, de la lectura de los mismos no se advierte que dentro de los HECHOS que dan sustento a los mismos se haya mencionado cualquiera de las siguientes situaciones: I) la afectación de la póliza objeto de estudio a través de diferentes actos administrativos que ya habían soportado otras sanciones (violación al principio non bis in idem); ni II) que entre la ocurrencia del hecho que afecta la póliza de cumplimiento y la expedición de los actos censurados haya transcurrido un plazo superior al de dos años (prescripción para el cobro de la garantía asegurada). Así las cosas, la Sala concluye que el Tribunal a quo acertó al declarar probada la excepción por cuanto la parte actora trae a la sede judicial hechos nuevos y no argumentos para enriquecer o nutrir lo ya planteado, conducta reprochable a la luz de la jurisprudencia de la Corporación en tanto la administración no tuvo oportunidad de pronunciarse en sede administrativa de tales cuestionamientos, lo que se traduce en la afectación a los derechos de defensa y contradicción; situación que no puede ser inobservada y razón suficiente para confirmar el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo apelado. Por contera, la Sala en su competencia de ad quem debe asumir el estudio de alzada referente al supuesto error en la valoración probatoria, en aras de dilucidar si le asiste razón o no a la recurrente, como para a explicarse.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Secciones Primera y Cuarta, de 11 de diciembre de 2006, Radicación 25000-23-15-000-2001-00413-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; 22 de octubre de 2015, Radicación 63001-23-31-000-2008-00156-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 7 de octubre de 2010, Radicación 54001-23-31-000-2004-01088-01, C.P. María Elizabeth García González; 13 de marzo de 66001-23-31-000-2000-00952-01, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; 23 de mayo de 2009, Radicación 25000-23-27-000-2002-00788-01, C.P. Héctor Romero Díaz; y 5 de mayo de 2011, Radicación 25000-23-27-000-2007-00164-01, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - Configuración del siniestro / SINIESTRO - Se da cuando se impone la sanción administrativa aduanera de multa y no por el incumplimiento de la obligación aduanera / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - Posturas divergentes, disimiles o diferentes entre secciones primera y quinta (descongestión) / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a Sala de decisión de la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que para poder entender que ha acaecido el siniestro amparado en una póliza de cumplimento no basta la comisión de una infracción aduanera, sino que se requiere su declaración por parte de la DIAN, la cual se materializa mediante los actos administrativos objeto de censura en el asunto de la referencia, es decir, con la imposición efectiva de la sanción por la autoridad aduanera y su consecuente orden de hacer efectiva la garantía asegurada. Y es que precisamente ésta Sala de decisión, mediante sentencia de 22 de marzo de 2018 concluyó que resulta incorrecto señalar que el siniestro del riesgo se configura con el incumplimiento de la obligación aduanera, la cual se materializa al vencimiento del requerimiento para poner a disposición la mercancía cuyas declaraciones han sido canceladas, pues como se explicó, una cosa es la comisión de la conducta reprochada y constitutiva de infracción aduanera que recae sobre el o los responsables aduaneros, y otra muy distinta la decisión de hacer efectiva la garantía asegurada que es lo que incide y se aplica directamente a la aseguradora al momento de ocurrencia del siniestro, que no es otro que el hecho de que el responsable aduanero no puso a disposición de la autoridad la mercancía. Pues suponer lo propuesto por la parte actora, implicaría, de forma errada, que el lapso involucrado permanezca por fuera del inicio del término de vigencia de la respectiva póliza, siendo que para tal época no se contaba aún ni con la veracidad de la sanción a HYUNDAI, así como tampoco con su adecuación típica, naturaleza (multa, suspensión o cancelación de actividades), tasación y menos con los aspectos esenciales para viabilizar o no la afectación de la póliza N° 85-43-101000224, que se itera es la imposibilidad de colocar a disposición la mercancía objeto de decomiso. En ese orden de ideas se concluye que el siniestro ocurrió dentro de la vigencia de la póliza, comprendida entre el 19 de octubre de 2008 y el 18 de enero de 2010, toda vez que el primero de los actos administrativos demandados, esto es, el que impuso la sanción por no poner la mercancía a disposición de la DIAN fue proferido el 18 de mayo de 2009 y notificado el día 21 de ese mismo mes y año.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Quinta (Acuerdo 357 de 2017), de 21 de mayo de 2018, Radicación 25000-23-24-000-2009-00282-01, C.P. Rocío Araújo Oñate; 17 de mayo de 2018, Radicación 25000-23-24-000-2010-00137-02, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; 17 de mayo de 2018, Radicación 76001-23-31-000-2010-01402-01; 5 de abril de 2018, Radicación 25000-23-24-000-2010-00630-01; 22 de marzo de 2018, Radicación 25000-23-24-000-2009-00281-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Monto máximo a afectar / CONTRATO DE SEGURO – Asegurador responde por el valor de la indemnización en los términos del contrato / OBLIGACIÓN ADUANERA – Responsabilidad de los intervinientes / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Atendiendo al contenido del artículo 480 del Decreto 2685 de 1999 se advierte que la garantía se hará efectiva por el monto que corresponda, situación que al ser analizada a la luz del artículo 1073 del Código de Comercio permite dar mayor claridad, toda vez que en este se señala que el asegurador responde por el valor de la indemnización en los términos del contrato. […] En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad de la aseguradora llega hasta el monto máximo asegurado en cada póliza, lo cual no obsta para que la DIAN imponga las sanciones de que trata el estatuto aduanero, que para el caso concreto son del 200% del valor de la mercancía declarada en aduana; pues la responsabilidad de cada interviniente está delimitada en razón a su participación, de allí que el asegurador tenga garantizado que solo podrá afectarse el monto máximo de la póliza. Por lo anterior, la Sala concluye que la decisión del a quo fue clara y expresa respecto del monto a exigir a la aseguradora “pues bien, mediante los actos administrativos demandados, la DIAN decidió imponer una multa por valor de $497’021123 al importador Hyundai Electronics Latin America S.A. , por no poner a disposición la mercancía relacionada en las declaraciones de importación números (…), así como también hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales N° 85-43-101000225 anexo 0 de julio 18 de 2008 a favor de la Nación – UAE DIAN por la suma de $201’982.738,31”. Así las cosas, carece de fundamento la censura de la recurrente ante la claridad de la decisión del Tribunal.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 16 de septiembre de 2010, Radicación 11001-03-27-000-2004-00081-00, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – Facultad para aprehender y decomisar la mercancía que no corresponda con los documentos que soportan la operación de comercio / APREHENSIÓN Y DECOMISO DE LA MERCANCÍA - Por no corresponder con la descripción declarada / SANCIÓN ADUANERA - Por no poner a disposición de la autoridad la mercancía requerida para su aprehensión / SANCIÓN A APLICAR CUANDO NO SEA POSIBLE APREHENDER LA MERCANCÍA - Destinatario / SANCIÓN ADUANERA – Destinatarios / REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO – Notificación
De la lectura detenida del numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 se deriva la facultad de la DIAN para aprehender y decomisar las mercancías que no encuentren correspondencia con los documentos que soportan la operación de comercio declarada. A su turno, el artículo 503 del mismo Decreto señala como consecuencia de no poner a disposición las mercancías susceptibles de aprehensión y decomiso, la imposición de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor declarado en aduana, la cual se cargará al importador o declarante, según sea el caso. También podrá realizarse respecto del propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación, salvo que se trate de un adquirente con factura de compraventa de los bienes expedida con todos los requisitos legales. De allí que el cargo atiente a señalar que el requerimiento aduanero debía notificarse a la aseguradora quede desechado. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha señalado que el único habilitado para desvirtuar los cargos del decomiso es el presunto infractor, actividad en la cual no concurre el asegurador, razón por la que la falta de notificación del requerimiento especial aduanero a SEGUROS DEL ESTADO no comporta quebrantamiento del debido proceso a la aseguradora.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 480 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 502 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 503 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1054 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1057 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1072 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1073
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 08001-23-31-000-2010-00141-01
Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO FALLO
La Sala decide el recurso de apelación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia de 26 de abril de 2013, por la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró no probada la excepción de caducidad de la acción “por falta de conciliación extrajudicial”, declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a los cargos primero y sexto de la demanda y denegó las súplicas restantes de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA
La sociedad Seguros del Estado S.A., a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para que accediera a las siguientes pretensiones:
“a. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 1-87-201-241-668-049 del 18 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.
b. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 010125 de 4 de noviembre de 2009, proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos, por medio de la cual se resuelven los recursos de reconsideración presentados, confirmando en todas sus partes las Resoluciones N° 1-87-201-241-668-049 del 18 de mayo de 2009 y 005 del 10 de julio de 2009.
c. Que como consecuencia de la primera declaración y en caso de haber efectuado algún pago por parte del importador o la compañía aseguradora mientras se desarrolla el presente proceso contencioso administrativo, se condene a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al pago de las siguientes sumas de dinero:
• Por el daño emergente: la suma de $497´021.123,00, suma que consta dentro del expediente administrativo aduanero según lo dispuesto en la Resolución N° 010125 de noviembre 4 de 2009, en su artículo primero o la suma que se pague a la DIAN con el incremento de intereses actualizados.
-Por lucro cesante: la actualización de la suma anterior, según el índice de precios al consumidor, más un 6% desde el momento en que se haga el pago a la DIAN hasta el día en que se realice efectivamente el reintegro al demandante.
1.2. Los hechos
Indicó que la sociedad Hyundai Electronics Latin America S.A. – en adelante HYUNDAI-, ingresó al país mercancías amparadas en las declaraciones de importación números: I) 23820012042162 de 19 de mayo de 2006; II) 07477310002845 de 13 de julio de 2006; III) 129202069766 de 5 de septiembre de 2006; IV) 01292020697059 de 5 de septiembre de 2006; y V) 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006.
Aseguró que el 18 de julio de 2008 Seguros del Estado expidió la póliza de cumplimiento de disposiciones legales N° 85-43-101000224 para garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones de HYUNDAI:
El pago de tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades, que se generen en el ejercicio de la actividad de usuario aduanero permanente de conformidad con el Decreto 2685 de 1999, en especial las contenidas en el art. 32 y la Resolución 4240 de 2000 y demás normas vigentes que la modifiquen, adicionen o complementen.
Agregó que la vigencia de la misma estaba delimitada en el tiempo entre el 19 de octubre de 2008 y el 18 de enero de 2010, teniendo como límite el valor asegurado de $201’982.738,31.
Aseguró que la DIAN mediante requerimiento ordinario, de fecha 24 de diciembre de 2008, solicitó a HYUNDAI que pusiera a disposición las mercancías amparadas en las declaraciones de importación mencionadas. Decisión reiterada mediante requerimiento especial N° 1-87-238-419-0450-0004 de 5 de marzo de 2009.
Señaló que con ocasión de lo narrado en párrafos precedentes, la DIAN mediante resolución N° 1-87-201-241-668-049 de 18 de mayo de 2009 sancionó a HYUNDAI con multa de $778’356.572 y ordenó la efectividad de la póliza N° 85-43-101000224. Decisión aclarada mediante Resolución N°005 de 10 de julio de 2006 ordenando la efectividad de la póliza por la suma de $201’982.738,31.
Sostuvo que contra las anteriores decisiones Seguros del Estado interpuso recurso de reconsideración que fue decidido mediante Resolución N° 010125 de 4 de noviembre de 2009 en el sentido de disminuir la multa a $497’021.123 toda vez que respecto de la declaración de importación N° 129202069766 de 5 de septiembre de 2006 ya se había impuesto y confirmado sanción, en todo lo demás confirmó la decisión inicial.
Advirtió que con ocasión de lo anterior procedió a constatar los actos administrativos mediante los cuales se impuso sanción a HYUNDAI por no poner a disposición las mercancías amparadas en la declaración de importación N° 129202069766 de 5 de septiembre de 2006; encontrando que mediante resolución N° 1-87-201-241-668-056 del 17 de junio de 2009 la DIAN impuso multa a HYUNDAI por $566’856.046 invocando no poner a disposición las mercancías amparadas en 3 declaraciones que sirvieron de base para imponer multa en la Resolución N° 1-87-201-241-668-049 de 18 de mayo de 2009.
Concluyó que con ocasión de no poner a disposición las mercancías amparadas en declaraciones de importación números: I) 07477310002845 de 13 de julio de 2006; II) 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006; y III) 01292020697059 de 5 de septiembre de 2006, la DIAN impuso multa en dos oportunidades a la sociedad HYUNDAI.
1. 3. Las normas violadas y el concepto de la violación
Constitución Política artículo 29.
Código de Comercio artículos 1079, 1081.
Código de procedimiento Civil artículos 187, 252 y 276.
Decreto 624 de 1989 artículo 745.
La parte actora en el concepto de violación aseguró que se desconoció el debido proceso, por cuanto las actividades sancionadas se basaron en el contenido de las declaraciones de importación, las cuales ya habían servido de sustento para la imposición de otra sanción, con lo que se desconoce el principio de non bis in idem.
Indicó que como consecuencia de lo anterior, esto es, al advertir la inexistencia de objeto a sancionar, no se puede afectar la póliza N° 85-43-101000224 expedida por Seguros del Estado, toda vez que ya se impuso sanción a HYUNDAI por incumplimiento a sus obligaciones, en forma previa, mediante actos administrativos diferentes a los que se censuran en el sub exámine.
Afirmó que los actos acusados desconocen que las pólizas sólo pueden garantizar el valor máximo asegurado, que para el caso concreto son doscientos un millones novecientos ochenta y dos mil setecientos treinta y ocho pesos con treinta y un centavos ($201’982.738,31); lo anterior a efecto de señalar que la DIAN, en diferentes procesos y mediante diferentes actos administrativos ha excedido tal valor, suma que asciende a mil treinta y dos millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos ($1.032’478.332).
Sostuvo que la DIAN incurrió en error al valorar el material probatorio pues concluyó que las mercancías decomisadas no guardaban correspondencia con la declaración de importación, cuando la realidad es que sí. Esta afirmación puede verificarse en las facturas de venta y sus datos, los que coinciden en cantidad, valor, descripción de la mercancía, exportador y transporte, aunado a que en materia tributaria las dudas deben resolverse en favor del contribuyente.
Señaló que las declaraciones de importación objeto de análisis adquirieron firmeza sin que se hubiese realizado el requerimiento especial aduanero que exige la norma para interrumpir su firmeza, pues tal actuación no le ha sido notificada a Seguros del Estado en oportunidad alguna.
Sostuvo que las declaraciones de importación objeto de sanción en los actos acusados no pueden afectar la póliza objeto de estudio, por cuanto al momento de su presentación ante la DIAN no había sido suscrito el contrato de seguro, para el efecto resaltó que las declaraciones fueron presentadas entre 19 de mayo y el 21 de diciembre de 2006, mientras que la póliza se expidió el 18 de julio de 2008 y su vigencia inició desde el 19 de octubre de ese mismo año.
Enfatizó que las pólizas contenidas en los contratos de seguro amparan hechos futuros e inciertos, nunca hechos pasados y ciertos o ya acaecidos. Advirtió que las acciones derivadas del contrato de seguros prescriben en dos años, término que se encuentra ampliamente superado en el presente asunto.
II. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN, a través de apoderado judicial, propuso las siguientes excepciones: I) falta agotamiento de la vía gubernativa por un hecho nuevo; y II) caducidad de la acción por falta de conciliación, solicitando que en caso de no ser procedentes las excepciones propuestas se nieguen las pretensiones de la demanda de conformidad con los siguientes argumentos:
Indicó que en sede administrativa el demandante no hizo referencia a la existencia de la prescripción de las acciones que derivan del contrato de seguro, ni al desconocimiento del principio de non bis in idem lo que de suyo implica que deba considerarse como un hecho nuevo dentro de la demanda.
Advirtió que en el presente asunto se tramita una demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual a la luz de la Ley 1285 de 2009 requiere agotar la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, máxime al no encontrarse dentro de los casos exceptuados de conciliación como lo son las materias tributarias y la definición de situación jurídica de las mercancías.
Aseguró que no fue posible ubicar al proveedor en el extranjero de HYUNDAI, razón por la que la factura que presentó como soporte de la declaración de importación ante la autoridad aduanera refleja inconsistencias que se agudizan al analizarla a la luz del artículo 188 de la Resolución 4240 de 2000, pues se desvirtúa que el importador o comprador haya sido HYUNDAI, toda vez que la sociedad MEZCO INC., en razón a la respuesta brindada al exhorto 118 de 25 de febrero de 2008, indicó no conocer a la empresa colombiana y que sus mercancías las vendieron a una empresa en Panamá.
Señaló que en el trámite administrativo se concluyó, de conformidad con el material probatorio, que la mercancía en cuestión no fue nacionalizada con todos los documentos soporte en regla, por el contrario, la administración comprobó que la factura aportada no reunía el sustento legal para tenerse como válida.
Sostuvo que la medida cautelar de decomiso está precedida del requerimiento de poner a disposición de la DIAN la mercancía, que en el caso concreto no guarda relación con los documentos que soportaban la operación de comercio, de allí que al no atender el requerimiento en debida forma se imponga dar aplicación a la sanción del 200% del valor en aduana de dicha mercancía.
Dijo que en el presente asunto no puede hablarse de firmeza de la declaración de importación identificada con sticker 23820012063073 del 15 de diciembre de 2006 por no encontrarse ajustada a las normas aduaneras de importación, es decir, por no haber producido efecto alguno.
Afirmó que el requerimiento especial aduanero se realiza respecto de los responsables de la obligación aduanera, dentro de los cuales no se encuentran las compañías aseguradoras.
Manifestó que el siniestro que amparan las pólizas de cumplimiento de las obligaciones aduaneras se configura cuando la administración establece la presunta comisión de una infracción aduanera o identifica las causales que dan lugar a una liquidación oficial mediante el requerimiento especial aduanero.
Agregó que la póliza solo se podía afectar hasta la concurrencia de la suma asegurada, y en cuanto a los demás valores insolutos señaló que se remitió copia a la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, para que en caso de que falten dineros para completar el valor de la sanción adelanten acciones contra HYUNDAI.
Aseguró que de conformidad con el artículo 531 de la Resolución 4240 no se señala que deba notificarse a la compañía de seguros desde el requerimiento especial aduanero, sino desde el momento en que se hace efectiva la garantía.
III. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró no probada la excepción de caducidad de la acción “por falta de conciliación extrajudicial”, declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a los cargos primero y sexto de la demanda y denegó las súplicas de la demanda de conformidad con las siguientes consideraciones:
Declaró no probada la excepción de caducidad de la acción “por falta de conciliación extrajudicial” al concluir que la definición de la situación jurídica de las mercancías, de conformidad con la Ley 863 de 29 de diciembre de 2003 y el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009, se encuentra expresamente excluida de dicho trámite.
Declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a los hechos acontecidos en los cargos primero y sexto de nulidad de la demanda, al evidenciar que respecto del desconocimiento al principio del non bis in idem y de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro no se realizó censura en sede administrativa, por lo que al traerlos a colación en sede judicial se sorprende a la entidad demandada con un hecho nuevo, con lo que se desconoce el derecho de contradicción y defensa de la contraparte, situación que a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado hace necesario que prospere la excepción.
Señaló que la parte actora no cumplió con la carga probatoria atinente a demostrar que la DIAN haya afectado la póliza N° 85-43-101000225 en valor superior al asegurado, esto es, superando la suma de $201’982.738,31., lo anterior por cuanto los actos censurados señalan que la responsabilidad de Seguros del Estado asciende únicamente hasta el valor asegurado en la mencionada póliza o su remanente; frente a lo cual Seguros del Estado aseguró que la DIAN ordenó su afectación mediante varios actos administrativos, afirmación que no puede ser constatada, pues en el expediente no obra copia de los expedientes administrativos que dieron origen a tales decisiones, como tampoco ejecutoria de los mismos, luego no pueden tenerse en firme tales decisiones ya que pudieron ser revocadas.
Indicó que la sanción que se discute en este proceso no fue ordenada con base en dudas o presunciones, sino en información recaudada en el proceso sancionatorio, arrimado al expediente de la referencia, dentro de las cuales destacó: I) la respuesta brindada por la empresa MEZCO INC, en la que señala que sus mercancías fueron vendidas a una empresa en Panamá; y II) el reconocimiento que hizo el representante legal de HYUNDAI señalando como proveedor de la mercancía a la sociedad TEXDECOR, quien tiene su domicilio en Panamá.
Concluyó que la causal de decomiso dispuesta en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 resulta aplicable, luego al no poner la mercancía a disposición de la DIAN, la consecuencia era la sanción de que tratan los actos administrativos censurados.
Afirmó que las declaraciones de importación respecto de las que se realiza requerimiento especial aduanero dentro de los 3 años siguientes a su presentación no pueden obtener firmeza. Agregando que tales requerimientos no deben realizarse respecto de las compañías aseguradoras, en razón a que no son las responsables de la obligación aduanera.
Sostuvo que los actos administrativos acusados se profirieron dentro de la vigencia de la póliza, esto es, entre el 19 de octubre de 2008 y el 18 de enero de 2010, pues el requerimiento especial aduanero fue emitido el 5 de marzo de 2009 y notificado el 9 de marzo del mismo año. En esa medida, no le asiste razón al demandante al señalar que se afectó una póliza que no amparaba tal contingencia, pues del contenido de la misma se advierte que su objeto era el de “garantizar el pago de tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se generen en ejercicio de la actividad de usuario aduanero permanente de conformidad con el Decreto 2685 de 1999, en especial de las contenidas en el art. 32 y la Resolución 4240 de 2000 y demás normas vigentes que la modifiquen, adicionen o complementen”. De lo anterior se tiene que la póliza implicaba el cumplimiento de las sanciones por no poner a disposición de la autoridad aduanera las mercancías comprendidas en la declaración de importación, pues ello es una obligación y responsabilidad del importador.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a la totalidad de pretensiones de la demanda de conformidad con los siguientes argumentos:
Indicó que el Tribunal erró en la interpretación de la jurisprudencia del Consejo de Estado pues lo cierto es que en virtud de ésta se pueden presentar nuevos y mejores argumentos en la demanda, siempre y cuando busquen el mismo fin, el cual es la declaración ilegalidad de las resoluciones demandadas; pues, contrario a lo señalado en el fallo apelado, el hecho de que no se hayan alegado en sede administrativa el desconocimiento del principio de non bis in idem y la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro no es óbice para que tales argumentos no sean estudiados en sede judicial, como quiera que se persigue el mismo fin, esto es, la declaratoria de nulidad de los actos acusados.
Señaló que el juzgador de primera instancia incurrió en error respecto de la valoración del material probatorio pues concluyó que la factura de venta del proveedor TLC AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO. LTD., de 17 de julio de 2005 era falsa, en atención a la respuesta brindada por el Cónsul de Colombia en Beijing (China) al exhorto N° 118 de 25 de febrero de 2008; precisando que: I) la certificación de la embajada se refiere a la empresa MEZCO INC., y no a TLC AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO. LTD, ésta última era la que estaba indagando la DIAN; y II) la certificación emitida por la embajada de China no hace referencia a que la sociedad sea inexistente o falsa ni que los documentos emitidos por ésta sean falsos.
Aseguró que el a quo no tuvo en cuenta que en las pólizas de cumplimiento el riesgo asegurado es el incumplimiento, no su declaratoria, razón por la que adoptó una decisión errónea, pues los hechos que dan lugar al pago de tributos y la sanción ocurrieron por incumplimiento de las disposiciones aduaneras entre mayo y diciembre de 2006, esto es, con anterioridad a la celebración del contrato de seguro y a su vigencia; destacando que la razón del contrato de seguro obedece a amparar riesgos futuros e inciertos.
Insistió que la DIAN afectó la póliza de cumplimiento N° 85-43-101000225 en reiteradas oportunidades con lo cual se desconoce que el monto máximo al que se encuentra obligada a responder es el correspondiente a la suma máxima asegurada, y que en todo caso el juez Ad quem debería señalar que la responsabilidad de la aseguradora no podrá exceder del valor señalado en la póliza en mención, haciendo énfasis en que aplica a todos los actos administrativos expedidos por la DIAN.
Sostuvo que el requerimiento especial aduanero debe notificarse a las aseguradoras, pues son ellas quienes están en la obligación de amparar la contingencia derivada de la declaración de incumplimiento. En ese orden de ideas, al transcurrir 3 años desde la presentación de las declaraciones de importación señaladas en los actos acusados, sin que se le haya notificado requerimiento especial aduanero alguno, hacen forzoso concluir que tales declaraciones de importación quedaron en firme.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1.- La DIAN, a través de apoderado judicial, solicitó confirmar la sentencia apelada de conformidad con las consideraciones expuestas en ella y teniendo en cuenta los escritos presentados por ella a lo largo del proceso.
5.2.- La parte actora, reiteró los argumentos expuestos en el proceso, haciendo especial énfasis en el recurso de apelación contra la sentencia.
VI. CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del CCA y, en cumplimiento al Acuerdo Nº 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta de la Corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.
7.2. Problema jurídico
Observa la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si era procedente declarar probada la excepción de falta de agotamiento de vía gubernativa respecto de los hechos contenidos en los cargos primero y sexto de la demanda, y denegar las pretensiones de la demanda; en caso afirmativo se confirmará la sentencia apelada, y en caso negativo se procederá a revocar la sentencia impugnada para realizar el pronunciamiento que corresponda en derecho.
Para solucionar el problema jurídico, la Sala procederá a analizar si los argumentos de la apelación, de cara a la decisión del a quo que se decantó por encontrar ajustados a derecho los actos administrativos acusados, mediante los cuales se afectó la póliza de cumplimiento N° 85-43-101000225 expedida por SEGUROS DEL ESTADO a favor de la sociedad HYUNDAI.
Al efecto, se abordarán los siguientes derroteros: I) los actos acusados; II) de la excepción denominada “falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a los hechos contenidos en los cargos primero y sexto”; III) material probatorio; IV) contingencia que ampara la póliza; y VI) el caso concreto.
7.2.1. Los actos acusados
7.2.1.1. Resolución N° 1-87-201-241-668-049 de 18 de mayo de 2009, por medio de la cual se sanciona por no poder aprehender mercancía:
“LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA,
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 4048 de 22 de octubre de 2008, Resolución N° 007 de 4 de noviembre de 2008 y artículo 7 de la Resolución N° 009 del 4 de noviembre de 2008 y demás normas concordantes y, (…)
CONSIDERANDO
(…)
RESUELVE:
PRIMERO: SANCIONAR a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. identificada con NIT 802.024.578, con una multa por valor de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($778’356.572), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto y conforme con lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.
SEGUNDO: Notificar a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. identificada con NIT 802.024.578 de acuerdo con lo ordenado en artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, advirtiéndole que contra la presente providencia procede el recurso de reconsideración (…)
7.2.1.2. Resolución N° 005 de 10 de julio de 2009 por medio de la cual se aclara la resolución N° 1-87-201-241-668-049 de 18 de mayo de 2009:
“La Jefe de la División de Gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Adunas de Barranquilla,
En uso de las facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 4048 de 22 de octubre de 2008, Resolución N° 007 del 4 de noviembre de 2008 y artículo 7 de la Resolución N° 009 del 4 de noviembre de 2008, artículos 309 y 310 del CPC y demás normas que la adiciones o modifiquen y, (…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR, que para todos los efectos la parte resolutiva de la Resolución No. 047 del 12 de Mayo de 2009, quedará así:
ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la Sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A identificada con NIT 802.024.578, con una multa par valor de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($778.356.572) de conformidad con lo establecido en el artículo 503° del Decreto 2685 de 1999.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguro de Cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18 de Julio de 2008 y los anexos de modificación Nos 1 del 05 de Septiembre del 2008 y 2 del 06 de Octubre de 2008.; a favor de la NACION UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, por la suma de DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($201.982.738.31), de conformidad con to establecido en el Artículo 531 de la Resolución 4240 del 2000.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido y decisión del presente Acto administrativo a la Sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A y compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., en los términos del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, indicándoles que contra la presente providencia procede el recurso de RECONSIDERACION de conformidad con el Art/cute 515 del Decreto 2685 de 1.999, modificado per el art. 50 del Decreto 1232 del 2.001, el cual debe interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a partir de la fecha de su notificación, dirigido al Jefe de la División de Gestión Juntica de esta Dirección Seccional, presentándolo en la GIT de Documentación Aduana, 10. Piso, ubicada en la Avenida Hamburgo Carrera 30, Diagonal a Zona Franca de esta Ciudad, cumpliendo con los requisitos del Articulo 518 del Decreto 2685 de 1999.
(…)
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido y decisión del presente Acto Administrativo a la Sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A y a la Compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. de conformidad con el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999; advirtiendo que contra el presente acto no procede recurso alguno.
(…)
7.2.1.3. Resolución N° 010125 de 4 de noviembre de 2009 por la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN resuelve un recurso de reconsideración:
“CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 1-87-201-241-668-049 del 18 de mayo de 2009 aclarada por la Resolución N° 87-201-241-0657-005 del 10 de julio de 2009, proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, por la cual se impuso la sanción a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERCIA S.A., por valor de setecientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y dos pesos ($778’356.572), así:
“(…) ARTICULO PRIMERO: SANCIONAR a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERCIA S.A., con multa por valor de cuatrocientos noventa y siete millones veintiún mil ciento veintitrés pesos m/cte. ($497’021.123), por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR por correo el presente acto administrativo al señor SAMUEL RICARDO LERNER SCHARAER identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72´310.620 de Puerto Colombia, en su calidad de Representante Legal de la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., NIT. 802.024.578, o a quien haga sus veces, a la siguiente Dirección Procesal: CALLE 37 N°. 43 — 91 OFICINA 305 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA; y a la Dra. LIGIA CRISTINA RESTREPO PATIÑO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 50’050.138 de Bogotá y T.P. 96.769 del C.S.J., en su calidad de apoderada especial de SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT 860.009.578 a la Dirección Procesal: CALLE 23 NO. 68-59 INT.51 (NUEVA NOMENCLATURA) DE LA CIUDAD DE BOGOTA, de conformidad con el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999.
(…)
7.2.2. De la excepción “falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a los hechos contenidos en los cargos primero y sexto”
A juicio de la parte demandante el Tribunal a quo erró al declararla probada, por cuanto si bien es cierto en el trámite adelantado ante la DIAN no censuró los actos administrativos respecto del desconocimiento del principio de non bis in idem y la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, no es menos cierto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que en sede judicial se pueden presentar nuevos y mejores argumentos en la demanda, siempre y cuando busquen el mismo fin, esto es, la declaración de ilegalidad de las resoluciones demandadas.
Al respecto, se considera necesario precisar que la jurisprudencia de la Corporación ha señalado:
“En la demanda no se aceptan hechos nuevos. “El tribunal denegó las pretensiones de la demanda con los siguientes razonamientos: a) sobre la falta de concordancia entre el requerimiento especial y la liquidación de la revisión sostuvo el a quo que tratándose de un punto que no había sido discutido en la vía gubernativa, no podía ser estudiados en la jurisdicción. Invocó el tribunal la doctrina del Consejo de Estado del 18 de marzo de 1976 en la cual dijo esta Corporación que “si bien hay dos etapas ante ramas diferentes del poder público, en realidad se trata de un proceso único, que versa sobre unos mismos hechos que son los propuestos ante la administración”. Esta la razón para que no se acepten en la jurisdicción motivos que no fueron alegados en la vía gubernativa. El tribunal insistió que la referida doctrina cabía en los juicios relacionados con impuestos a pesar de que en el Decreto 01 de 1984 se han consagrado como una modalidad del juicio de restablecimiento del derecho pues “no ha perdido su carácter eminentemente revisorio”.
En relación con la tesis que expone la sentencia del 18 de marzo de 1976, fue modificada, en innumerables providencias, por la propia corporación, en el sentido de que si bien el demandado no puede exponer nuevas pretensiones, si puede, cuando plantea una pretensión que expuso en la vía gubernativa, expresar nuevas argumentaciones, modificar los juicios iniciales, etc.
(…)
Por otra parte, ni la Ley 167 de 1941 ni el Decreto 01 de 1984 exigen que, en cuanto a las disposiciones violadas y al concepto de las violaciones, el abogado de la parte demandante deba limitarse a repetir o transcribir lo que el interesado dijo en la vía gubernativa.
Acoge la Sala lo dicho por el señor agente del Ministerio Público al referirse a la doctrina de esta corporación contenida en la sentencia de 18 de marzo de 1976, ya revisada varias veces por esta misma corporación. Los hechos que se presentan en la vía gubernativa imponen el marco de la demanda en términos generales; no aceptan nuevos hechos pero se permite sí que el actor traiga mejores argumentos jurídicos:
Una exigencia tan formalista como la que exige el tribunal no la establece la ley y el intérprete en aplicación de la norma no puede ir más allá dela ley;
A ello cabe añadir los argumentos de equidad traídos a colación por el señor fiscal;
Finalmente, no ha dicho la corporación que no se puedan presentar mejores argumentos en el debate jurisdiccional. Lo que ha rechazado el Consejo es la presentación de hechos nuevos no manifestados en el debate en la vía gubernativa. Una cosa son los hechos, otra cosa son los argumentos de derecho” (C.E., Sec. Cuarta, Sent. Jun 20/86).
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha señalado que el actor puede introducir, en vía judicial, ARGUMENTOS nuevos o distintos a los que esgrimiera ante la administración. Lo que se encuentra vedado, es traer HECHOS nuevos que no fueron puestos de presente en vía gubernativa.
De allí que para resolver el presente cargo se haga necesario determinar si lo planteado por el demandante es un cargo o un hecho nuevo, pues las consecuencias de uno y otro son diferentes.
Advierte la Sala que los actos administrativos mediante los cuales se hizo efectiva la póliza N° 87-201-241-0657-005 del 10 de julio de 2009 fueron notificados a las sociedades HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A y SEGUROS DEL ESTADO S.A., ésta última presentó recurso de reconsideración en los siguiente términos: I) firmeza de la declaración de importación; II) violación al debido proceso por no haberle notificado el requerimiento especial aduanero; III) inexistencia de cobertura de la póliza por hechos ocurrido con anterioridad a su vigencia; y IV) violación del artículo 1079 del Código de Comercio por exceder el valor asegurado.
Al respecto, se considera necesario precisar que si bien lo señalado en el párrafo precedente son argumentos, de la lectura de los mismos no se advierte que dentro de los HECHOS que dan sustento a los mismos se haya mencionado cualquiera de las siguientes situaciones: I) la afectación de la póliza objeto de estudio a través de diferentes actos administrativos que ya habían soportado otras sanciones (violación al principio non bis in idem); ni II) que entre la ocurrencia del hecho que afecta la póliza de cumplimiento y la expedición de los actos censurados haya transcurrido un plazo superior al de dos años (prescripción para el cobro de la garantía asegurada).
Así las cosas, la Sala concluye que el Tribunal a quo acertó al declarar probada la excepción por cuanto la parte actora trae a la sede judicial hechos nuevos y no argumentos para enriquecer o nutrir lo ya planteado, conducta reprochable a la luz de la jurisprudencia de la Corporación en tanto la administración no tuvo oportunidad de pronunciarse en sede administrativa de tales cuestionamientos, lo que se traduce en la afectación a los derechos de defensa y contradicción; situación que no puede ser inobservada y razón suficiente para confirmar el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo apelado.
Por contera, la Sala en su competencia de ad quem debe asumir el estudio de alzada referente al supuesto error en la valoración probatoria, en aras de dilucidar si le asiste razón o no a la recurrente, como para a explicarse
7.2.3. Del material probatorio
Junto con los actos acusados ya referidos se destacan los siguientes elementos probatorios:
Póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales N° 85-43-101000225, emitida por seguros del Estado el 18 de julio de 2008, con vigencia entre el 19 de octubre de 2008 y el 18 de enero de 2010, en la que se lee que el objeto es: “garantizar el pago de tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se generen en ejercicio de la actividad de usuario permanente de conformidad con el Decreto 2685 de 1999, en especial en las contenidas en el artículo 32 y de la Resolución 4240 del 2000 y demás normas vigentes que la modifiquen, adicionen o complementen”.
Anexo N° 1 de la póliza de cumplimiento N° 85-43-101000225 expedida el 5 de septiembre de 2006 en el que se precisa que el valor asegurado total es de $201’982.738,31.
Declaración de importación N° 022006000064181-6 de 18 de mayo de 2006 en la que se lee que el importador es Hyundai Electronics Latin America S.A. y el valor de la mercancía en aduana es de $USD 15.437,87.
Declaración de importación N° 022006000088484-1 de 3 de julio de 2006 en la que se lee que el importador es Hyundai Electronics Latin America S.A. y el valor de la mercancía en aduana es de $USD 38.402,39.
Declaración de importación N° 022006000112386-5 de 5 de septiembre de 2006 en la que se lee que el importador es Hyundai Electronics Latin America S.A. y el valor de la mercancía en aduana es de $USD 58.646,74.
Declaración de importación N° 022006000112394-4 de 5 de septiembre de 2006 en la que se lee que el importador es Hyundai Electronics Latin America S.A. y el valor de la mercancía en aduana es de $USD 22.901,86.
Declaración de importación N° 022006000165012-3 de 21 de diciembre de 2006 en la que se lee que el importador es Hyundai Electronics Latin America S.A. y el valor de la mercancía en aduana es de $USD 25.963,29.
Requerimiento especial aduanero N° 0004 de 5 de marzo de 2009 en el que se lee que la sanción del 200% se liquidará tomando como base las declaraciones de importación antes mencionadas, así:
De la anterior lectura se observa que el valor de la póliza afectada asciende a la suma de $201’982.738,31 y garantiza el pago de tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se generen en ejercicio de la actividad de usuario permanente de la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.
Mediante requerimiento especial aduanero, notificado al importador, se propuso sancionar a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., dando aplicación al artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, es decir, por no poder aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera; lo anterior, en armonía con el numeral 1.25 del artículo 502 del mencionado Decreto, cuyo texto es del siguiente tenor:
CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
En el Régimen de Importación:
(…)
1.25 Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa.
7.2.4. Contingencia que ampara la póliza
Al respecto, la Sala considera necesario analizar dos situaciones, la primera respecto de la vigencia de la póliza, esto es, a partir de qué momento se puede hacer exigible la obligación amparada en póliza de cumplimiento; y cuál es el monto máximo que se puede afectar respecto de dicha póliza.
7.2.4.1. Exigibilidad de la póliza
Para el efecto se hace necesario traer a colación el contenido de los artículos 1054, 1057, 1072 y 1073 del Código de Comercio, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ARTÍCULO 1054. <DEFINICIÓN DE RIESGO>. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento.
(…)
ARTÍCULO 1057. <TÉRMINO DESDE EL CUAL SE ASUMEN LOS RIESGOS>. En defecto de estipulación o de norma legal, los riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato.
(…)
ARTÍCULO 1072. <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.
(…)
ARTÍCULO 1073. <RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR SEGÚN EL INICIO DEL SINIESTRO>. Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato.
Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el siniestro.
Al respecto, la Sala de decisión de la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que para poder entender que ha acaecido el siniestro amparado en una póliza de cumplimento no basta la comisión de una infracción aduanera, sino que se requiere su declaración por parte de la DIAN, la cual se materializa mediante los actos administrativos objeto de censura en el asunto de la referencia, es decir, con la imposición efectiva de la sanción por la autoridad aduanera y su consecuente orden de hacer efectiva la garantía asegurada.
Y es que precisamente ésta Sala de decisión, mediante sentencia de 22 de marzo de 2018 concluyó que resulta incorrecto señalar que el siniestro del riesgo se configura con el incumplimiento de la obligación aduanera, la cual se materializa al vencimiento del requerimiento para poner a disposición la mercancía cuyas declaraciones han sido canceladas, pues como se explicó, una cosa es la comisión de la conducta reprochada y constitutiva de infracción aduanera que recae sobre el o los responsables aduaneros, y otra muy distinta la decisión de hacer efectiva la garantía asegurada que es lo que incide y se aplica directamente a la aseguradora al momento de ocurrencia del siniestro, que no es otro que el hecho de que el responsable aduanero no puso a disposición de la autoridad la mercancía.
Pues suponer lo propuesto por la parte actora, implicaría, de forma errada, que el lapso involucrado permanezca por fuera del inicio del término de vigencia de la respectiva póliza, siendo que para tal época no se contaba aún ni con la veracidad de la sanción a HYUNDAI, así como tampoco con su adecuación típica, naturaleza (multa, suspensión o cancelación de actividades), tasación y menos con los aspectos esenciales para viabilizar o no la afectación de la póliza N° 85-43-101000224, que se itera es la imposibilidad de colocar a disposición la mercancía objeto de decomiso.
En ese orden de ideas se concluye que el siniestro ocurrió dentro de la vigencia de la póliza, comprendida entre el 19 de octubre de 2008 y el 18 de enero de 2010, toda vez que el primero de los actos administrativos demandados, esto es, el que impuso la sanción por no poner la mercancía a disposición de la DIAN fue proferido el 18 de mayo de 2009 y notificado el día 21 de ese mismo mes y año.
Lo anterior se puede evidenciar con mayor claridad a la luz del contenido del artículo 480 del Decreto 2685 de 1999 que dispone:
“EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS. Siempre que se haya otorgado garantía para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones por el incumplimiento de obligaciones, si se configura una infracción, se hará efectiva la garantía otorgada por el monto que corresponda, salvo que el garante efectúe el pago correspondiente antes de la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento de una obligación o imponga una sanción. En estos casos no procederá la imposición de sanción pecuniaria adicional.
Las sanciones de suspensión o de cancelación se podrán imponer sin perjuicio de la efectividad de la garantía de que trata el inciso anterior” (Negrillas y subrayas de la Sala).
Así las cosas se advierte que, contrario a lo señalado por el apelante, la DIAN podía afectar la póliza N° 85-43-101000225, emitida por Seguros del Estado. Ahora bien, decantado este aspecto se procederá a abordar el relativo al monto máximo a afectar de la póliza objeto de estudio.
7.2.4.2. Monto máximo a afectar.
Atendiendo al contenido del artículo 480 del Decreto 2685 de 1999 se advierte que la garantía se hará efectiva por el monto que corresponda, situación que al ser analizada a la luz del artículo 1073 del Código de Comercio permite dar mayor claridad, toda vez que en este se señala que el asegurador responde por el valor de la indemnización en los términos del contrato.
En este punto, la Sala considera pertinente traer a colación un pronunciamiento realizado por la Sección Primera de la Corporación, respecto de las obligaciones de los intervinientes en las operaciones aduaneras:
“Resulta oportuno destacar que cuando el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, dispone que cuando no sea posible la aprehensión o decomiso de la mercancía la sanción a imponer será la de una multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la mercancía, no se está hablando propiamente de “obligaciones aduaneras”, sino de las “sanciones aduaneras” derivadas del incumplimiento de tales obligaciones.
Para esta Corporación resulta claro que el precepto legal en cita consagra la posibilidad de aplicar individualmente esa misma multa a los distintos sujetos intervinientes en la respectiva operación de contrabando, pues en últimas, al establecer esa sanción pecuniaria, el legislador, antes que buscar el recaudo efectivo de los tributos aduaneros dejados de cancelar, lo que está haciendo realmente es dosificar la pena, buscando reprimir drásticamente la evasión y el contrabando, tomando en cuenta su incidencia negativa en la economía nacional y en el desarrollo del país (…)”.
En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad de la aseguradora llega hasta el monto máximo asegurado en cada póliza, lo cual no obsta para que la DIAN imponga las sanciones de que trata el estatuto aduanero, que para el caso concreto son del 200% del valor de la mercancía declarada en aduana; pues la responsabilidad de cada interviniente está delimitada en razón a su participación, de allí que el asegurador tenga garantizado que solo podrá afectarse el monto máximo de la póliza.
Por lo anterior, la Sala concluye que la decisión del a quo fue clara y expresa respecto del monto a exigir a la aseguradora “pues bien, mediante los actos administrativos demandados, la DIAN decidió imponer una multa por valor de $497’021123 al importador Hyundai Electronics Latin America S.A. , por no poner a disposición la mercancía relacionada en las declaraciones de importación números (…), así como también hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales N° 85-43-101000225 anexo 0 de julio 18 de 2008 a favor de la Nación – UAE DIAN por la suma de $201’982.738,31”. Así las cosas, carece de fundamento la censura de la recurrente ante la claridad de la decisión del Tribunal.
7.2.5. El caso concreto
Esta Judicatura anticipa que el cuestionamiento no dispone de entidad jurídica para revocar la sentencia de 26 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones que siguen:
De la lectura detenida del numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 se deriva la facultad de la DIAN para aprehender y decomisar las mercancías que no encuentren correspondencia con los documentos que soportan la operación de comercio declarada.
A su turno, el artículo 503 del mismo Decreto señala como consecuencia de no poner a disposición las mercancías susceptibles de aprehensión y decomiso, la imposición de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor declarado en aduana, la cual se cargará al importador o declarante, según sea el caso. También podrá realizarse respecto del propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación, salvo que se trate de un adquirente con factura de compraventa de los bienes expedida con todos los requisitos legales. De allí que el cargo atiente a señalar que el requerimiento aduanero debía notificarse a la aseguradora quede desechado.
Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha señalado que el único habilitado para desvirtuar los cargos del decomiso es el presunto infractor, actividad en la cual no concurre el asegurador, razón por la que la falta de notificación del requerimiento especial aduanero a SEGUROS DEL ESTADO no comporta quebrantamiento del debido proceso a la aseguradora.
Así pues, al analizar la situación objeto de estudio, de cara a los artículos a los que se hizo referencia en párrafos precedentes, se observa que los actos censurados, previo requerimiento especial aduanero a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., señalaron que las mercancías amparadas en las declaraciones de importación números: I) 129202069766 de 5 de septiembre de 2006; II) 07477310002845 de 13 de julio de 2006; III) 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006; IV) 01292020697059 de 5 de septiembre de 2006; y V) 23820012042162 de 19 de mayo de 2006, no guardaban correspondencia con los documentos que soportan la operación de comercio de introducción al territorio nacional, y como consecuencia de ello impuso la referida sanción.
Situación que al ser analizada por la Sala puede advertirse ajustada a derecho toda vez que en las declaraciones de importación en cita se indicó que los proveedores de las mercancías eran las sociedades TLC AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO. LTD y MEZCO INC. LTD., pese a que: I) en respuesta recibida por la DIAN, al Exhorto N° 118 de 25 de febrero de 2008, la sociedad MEZCO INC., señaló no conocer a HYUNDAI y que vendió mercancías a una empresa con sede en Panamá; y el número de contacto de la sociedad TLC AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO. LTD., no existe; y II) el representante legal de HYUNDAI señaló como proveedor de las mercancías a la sociedad TEXDECOR, quien tiene su domicilio en Panamá.
En contraste, en la Resolución N° 010125 del 4 de noviembre de 2009, mediante la cual se resolvieron los recursos de reconsideración contra las Resoluciones números 1-87-201-241-668-049 del 18 de mayo de 2009 y 005 del 10 de julio de 2009, la DIAN precisó que no podía imponerse sanción respecto de la declaración de importación N° 022006000112386-5 de 5 de septiembre de 2009, toda vez que respecto de la misma ya había impuesto sanción a HYUNDAI por incumplimiento a la normativa aduanera, tal como puede apreciarse a continuación:
En ese orden de ideas es claro que la sanción impuesta a HYUNDAI está ajustada a lo dispuesto por el Decreto 2685 de 1999 con el cuidado propio y análisis que requieren las sanciones derivadas del incumplimiento aduanero por no poner a disposición de la entidad aduanera las mercancías cuando ella lo solicita mediante requerimientos; ahora bien, respecto de los actos administrativos llama la atención de la Sala que en la Resolución 010125, mediante la cual se resolvieron los recursos de reconsideración, se señaló en la parte considerativa que: “en cuanto a los demás valores insolutos, se remite copia de la presente resolución a la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla para lo de su competencia, y a la Subdirección de Gestión de Registro, para el evento que existan otros soporte a nombre de la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., con ellos se pueda hacer efectivo los dineros que faltan para completar el valor total de la sanción que equivale a (…), o en su defecto se intente la acción correspondiente contra el importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.”; sin embargo, aunque tal aspecto no quedó contemplado en la parte resolutiva, si resulta diciente e indicador de que la autoridad accionada fue consistente y tuvo plena claridad en el límite del monto garantizado por la póliza de marras.
Todo lo anterior refleja para la Sección Quinta que no se advierte yerro en la valoración e interpretación probatoria que la censora imputó respecto al aseguramiento de las conductas sancionadas y su posible desfase con el tiempo de su concurrencia, ni en el monto de cobertura asegurada ni en la supuesta obligatoriedad de notificar el requerimiento especial a la aseguradora.
Como consecuencia de ello se confirmará la sentencia apelada, esto es, negando la declaratoria de nulidad de los actos, en el entendido que la responsabilidad de la aseguradora comprende la totalidad del valor asegurado o su remanente, y que el faltante para completar el valor de la sanción deberá ser solventado con otros soportes a nombre de la sociedad HYUNDAI o requeridos de la ésta última a través de la acciones que contemple el ordenamiento jurídico para tal efecto.
En consecuencia, como los argumentos expuestos por el recurrente no tienen la virtualidad de enervar la presunción de acierto de la sentencia de primera instancia, que declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a los hechos contenidos en los cargos primero y sexto de la demanda y denegó las pretensiones de la demanda, se impone para la Sección Quinta confirmarla al haber desechado el argumento de alzada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico de fecha 26 de abril de 2013.
Segundo.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez quede en ejecutoriada la presente providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
El 4 de marzo de 2010 (fls. 13 a 39 del cuaderno N° 1 del expediente).
Folios 18 a 19 del cuaderno N° 1 del expediente.
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
Folios 118 a 131 del cuaderno N° 1 del expediente.
Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999.
Folios 212 a 225 del cuaderno N° 1 del expediente.
Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas.
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001
Folios 460 a 479 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 24 a 27 de este cuaderno.
Folios 8 a 23 de este cuaderno.
Sentencias proferidas en los expedientes números: 2001 00413 01 (M.P.: Martha Sofía Sanz Tobón); 2002 00788 01 (M.P.: Héctor J. Romero Díaz); y 2007 00164 01 (M.P.: Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia).
Sentencia de 22 de octubre de 2015. M.P.: Guillermo Vargas Ayala. Rad.: 2008 00156 01, reiterando lo señalado por la Sección Primera del Consejo de Estado en los expedientes: 2004 01088 01 fallo de 7 de octubre de 2007 C.P. María Elizabeth García González y 7899 fallo de 13 de marzo de 2003 C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
Folio 40 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folio 41 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 215 a 216 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folio 212 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 209 a 210 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folio 214 del cuaderno N° del expediente.
Folio 213 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 222 a 230 del cuaderno N° 1 del expediente.
Sentencia del 21 de mayo de 2018. M.P.: Rocío Araújo Oñate. Rad.: 2009 00282 01. Demandante: Seguros del Estado, mediante la cual se reitera lo señalado por la Sección en los fallos proferidos en los expedientes números: 2010 00137 02, 2010 01402 01 y 2010 00630 01.
M.P.: Alberto Yepes Barreiro. Rad.: 2009 00281 01. Demandante: Seguros del Estado y Otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia del 16 de septiembre de 2010. Expediente núm. 2004-00081. M.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.
Sentencia del 22 de marzo de 2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro. Rad.: 2009 00281 01. Demandante Seguros del Estado y Otro.
Respecto de la declaración de importación número N° 022006000064181-6 de 18 de mayo de 2006.
Respecto de las declaraciones de importación números: 022006000088484-1 de 3 de julio de 2006, 022006000112386-5 de 5 de septiembre de 2006, 022006000112394-4 de 5 de septiembre de 2006 y 022006000165012-3 de 21 de diciembre de 2006.
Folio 189 del cuaderno N° 1 del expediente.
Respuesta al requerimiento ordinario de información N° 0146 del 24 de diciembre de 2009 (folio 388 del expediente).
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