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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-27-000-2011-00231-01

Aduanero

Fecha
13 de junio de 2019
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-27-000-2011-00231-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de octubre de 2013, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-27-000-2011-00231-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

13 de junio de 2019

ADUANERO / MERCANCÍA – Importación / RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO - Modalidad leasing: pago de tributos aduaneros en cuotas / RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO - Finalización anticipada del contrato de leasing y reexportación de la mercancía / IMPORTACION TEMPORAL A LARGO PLAZO - Obligación de enterar a la DIAN sobre modificaciones al plazo de pago de arrendamientos / GARANTIA EN IMPORTACION TEMPORAL A LARGO PLAZO - Efectivización ante mora en el pago

[P]ara la Sala es claro que si bien es cierto que bajo las circunstancias fácticas descritas se pudiera entender que el régimen de importación aduanera de que aquí se trata, se comenzó a incumplir desde la tercera cuota, no lo es menos que el deber de pagar los tributos aduaneros adeudados se concretó al momento en que se configuró la finalización anticipada del contrato de leasing y se reexportó la mercancía (21 y 23 de junio de 2008), convirtiéndose esta en la oportunidad conclusiva con la que contaba el importador CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., para sanear la totalidad de la obligación pendiente de pago, la cual, por lo demás, se halla cubierta por la póliza constituida para amparar el cumplimiento del respectivo régimen de importación temporal en su integralidad, sin embargo, dicho pago no se efectuó antes de la reexportación. En este caso, a pesar de que se modificó la fecha de los pagos periódicos a un pago único a efectuarse el 17 de diciembre de 2008 y que se informó de tal situación a la administración, lo cierto es que no puede pretender el importador modificar el plan de pagos de los cánones de arrendamiento, como efectivamente lo hizo, sin pagar los impuestos generados, máxime cuando la fecha de la finalización del régimen de importación a largo plazo, en la modalidad de leasing, se anticipó a la del vencimiento que inicialmente se había definido para el pago total de los tributos aduaneros. Es claro que desde que ingresó la mercancía al territorio nacional aduanero, el 27 de enero de 2004, con fecha de levante del 1o. de marzo de la misma anualidad, hasta los días 21 y 23 de junio de 2008, fecha en que las partes, de forma anticipada, finalizaron el contrato de leasing y realizaron la reexportación, transcurrieron aproximadamente, cuatro años, cuatro meses y veintitrés días, en los cuales la mercancía permaneció dentro del territorio nacional y a disposición de la sociedad importadora, sin el pago de la cuota de los tributos aduaneros, a los que había lugar. Entiéndase que las modificaciones al contrato de leasing entre las partes, aunque deben contar con la aquiescencia de la DIAN para los efectos del pago de tributos aduaneros y con la respectiva prórroga de las garantías que amparen el pago de los mismos, dentro de los nuevos plazos, tales modificaciones en modo alguno implican exoneración en el pago de los tributos que se hubieren generado por el tiempo de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero, tal y como lo establecen las normas jurídicas vigentes para la época de ocurrencia de los hechos. Por lo tanto, es errado el razonamiento del recurrente, CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., en cuanto califica a estas cuotas como futuras y las asimila a la prohibición contenida en artículo 157 del decreto en comento, puesto que, por el contrario, es claro que en este caso se trata de una cuota ya causada en virtud de la permanencia efectiva y real de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO - Modalidad leasing: pago de tributos aduaneros en cuotas / RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO - Finalización anticipada del contrato de leasing y reexportación de la mercancía / IMPORTACION TEMPORAL A LARGO PLAZO - Obligación de enterar a la DIAN sobre modificaciones al plazo de pago de arrendamientos / TRIBUTO ADUANERO – Cobro proporcional

[L]a norma que los apelantes invocan con insistencia, esto es, el artículo 157 del Decreto 2685 de 1999, en pos de exonerarse de los tributos aduaneros en disputa, ciertamente establece que, en ningún caso, la reexportación antes del vencimiento del plazo señalado generará el pago de cuotas semestrales futuras liquidadas en la declaración de importación. Quiere ello decir, ni más ni menos, que a la DIAN en el caso examinado le está prohibido cobrar tributos aduaneros al importador, por el tiempo transcurrido entre la fecha en que se realizó la reexportación 21 y 23 de junio de 2008 y el plazo inicialmente previsto para la finalización del régimen de importación de que aquí se trata. Por el contrario, queda claro entonces que, en modo alguno, la norma citada impide que se cobren tributos aduaneros al importador durante el tiempo en que permaneció la mercancía en el territorio nacional aduanero y hasta el preciso momento en que se realizó su reexportación. Tales son los tributos que bien puede reclamar la DIAN en esta oportunidad. En el mencionado supuesto, es evidente que el tributo aduanero debe cobrarse en forma proporcional, esto es, solo durante el tiempo en que permaneció la mercancía en el territorio nacional aduanero y no durante todo el tiempo inicialmente pactado para la duración del régimen de importación respectivo. De ahí que la disposición contenida en la Resolución 4240 de 2000, artículo 99, regula a cabalidad la situación comentada en cuanto establece que cuando se pretenda reexportar la mercancía importada temporalmente, el declarante deberá acreditar el pago de los tributos aduaneros correspondientes al término que efectivamente haya permanecido la mercancía en el territorio aduanero nacional y que cuando hubiere transcurrido una fracción incompleta del semestre o período de liquidación de la cuota, la misma se liquidará proporcionalmente por la fracción de tiempo transcurrida. No existe pues, como lo plantean los intervinientes, ninguna contradicción sino, plena armonía entre el artículo 157 del Estatuto Tributario y el artículo 99 de la Resolución antes mencionada. En otras palabras, la Resolución no desconoce la norma, sino que, por el contrario, la desarrolla adecuadamente y, adicionalmente, la hace explícita.

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO - Finalización anticipada del contrato de leasing y reexportación de la mercancía / DECLARATORIA DE SINIESTRO - Término / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - Efectividad / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE SEGURO – Término. Cómputo

[E]l término de prescripción ordinaria del contrato de seguro es de dos años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, el cual igualmente señala que el mismo empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La DIAN, ante el incumplimiento por parte de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., contaba con dos años para formular la declaración respectiva y ordenar la efectividad de la póliza, término que empieza a correr desde que tuvo conocimiento de la terminación anticipada del contrato de leasing, es decir, desde el 21 y 23 de junio de 2008, y que vencía el 24 de junio de 2010. La Resolución núm. 03-241-201-216-670-5000-00-1051 fue proferida el 5 de mayo de 2009, es decir, cuando aún no había operado el fenómeno de la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguros constituido a favor de la Nación.

ACCIÓN DE LESIVIDAD – Naturaleza / ACCIÓN DE LESIVIDAD – Objeto / ACCIÓN DE LESIVIDAD – Presupuestos para su procedencia

El medio de control de lesividad, pese a no encontrase previsto como tal en la legislación, permite que una entidad pública o un particular que ejerza funciones administrativas pueda demandar su propio acto, esto cuando no sea posible ejercer la revocatoria directa del mismo por no contar con el consentimiento del titular. […] Como se puede observar, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado que la acción de lesividad equivale a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que ejercen los particulares, en tanto permite que la administración cuestione la legalidad del acto administrativo concreto y, tiene, entre otras características, que a través de ella, la administración, comparece al proceso en calidad de demandante y de demandada, buscando obtener la nulidad de un acto administrativo expedido por esta, invocando una o varias de las causales de nulidad previstas en el artículo 84 del CCA En consecuencia, con fundamento en la naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido afirmar que su prosperidad no depende de la inobservancia del principio de buena fe, pues la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado está supeditada a la prueba de alguna de las referidas causales de nulidad. De lo expuesto se puede concluir que los presupuestos materiales o sustanciales para que proceda la acción de lesividad son: 1) Cuando se expide un acto que resulta lesivo por configurarse su ilegalidad. 2) Cuando el acto atenta contra los intereses jurídicamente tutelados de la autoridad que lo expidió. 3) Cuando el acto administrativo contraviene el orden jurídico superior. 4) Cuando el acto administrativo se encuentra incurso en alguna de las causales de nulidad de que trata el artículo 84 del CCA 5) Cuando se busque restablecer el orden jurídico quebrantado con el acto administrativo proferido en contra de los ordenamientos procedimentales o sustanciales que regulaban su creación.

ADUANERO / MERCANCÍA – Importación / ACCIÓN DE LESIVIDAD – Terceros con interés directo / DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN – No se vulnera por efectuar la vinculación al proceso del importador como tercero y no como demandado / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – No probada

[S]e advierte que a través de los actos acusados (i) se imponen obligaciones a dicha sociedad y a la aseguradora; (ii) que estos intervinieron en la actuación administrativa al interponer recursos, todo lo cual demuestra que les asiste interés para comparecer al proceso y (iii) que, por consiguiente, no ocurrió violación alguna al derecho de defensa y contradicción, pues, sin duda, tuvieron la oportunidad de contestar la demanda, oponerse a la misma, pedir pruebas y proponer excepciones en el término de traslado de que trata el artículo 207, numeral 5, del CCA. A lo largo del proceso quedaron reflejadas dichas actuaciones. En este aspecto el derecho de defensa y contradicción de dichos terceros equivale al que ostentan los demandados, según lo señalado en el artículo 52 del CPC, aplicable en estos casos por la remisión contenida en el artículo 146 del CCA, en armonía con el artículo 267 ibídem. […] CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., asevera que, en su condición de tercero con interés, y no de demandado, su derecho de defensa se redujo. Sin embargo, la Sala advierte que “lo que se evidencia es que la vinculación de la entidad obedece a una garantía constitucional a los derechos fundamentales de defensa y contradicción de todos los que hacen parte dentro de un proceso”, por cuanto, los terceros con interés directo tienen una verdadera vocación de parte, sin cuya comparecencia no podría proferirse la sentencia porque los afecta directamente. Por otra parte, CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., no adujo siquiera qué actos procesales no pudo ejercer, o qué actuaciones o recursos no pudo interponer para darle fundamento certero a su afirmación, puesto que como se pudo establecer, tuvo todas las oportunidades para pronunciarse, como en efecto lo hizo. De ahí que la excepción de inepta demanda, propuesta como medio de defensa, deba desestimarse por carecer de asidero.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 153 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 157 / RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 – ARTÍCULO 99 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1081

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00231-01

Actor: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tesis: DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 153 Y 157 DEL ESTATUTO ADUANERO, Y LA RESOLUCIÓN 4240 DE 2 DE JUNIO DE 2000, LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE IMPORTACIÓN A LARGO PLAZO CON CONTRATO DE LEASIGN, EXIME DEL PAGO DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS ADUANERAS FUTURAS INICIALMENTE DECLARADAS, PERO NO DE LAS CAUSADAS ANTES DE LA REEXPORTACIÓN DE LA MERCANCÍA, ESTO ES, POR EL TIEMPO QUE EFECTIVAMENTE LA MERCANCÍA PERMANECIÓ EN EL TERRITORIO NACIONAL ADUANERO, LAS CUALES PUEDEN SER COBRADAS PROPORCIONALMENTE POR LA DIAN

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, contra la sentencia de 15 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Cuarta de Decisión, Subsección “B”, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES

I.1-La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (Acción de Lesividad), consagrada en el artículo 85 del CCA, mediante apoderado, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la que formuló las siguientes pretensiones:

“PRINCIPALES:

1°. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 03-241-201-216-656-5000-03-1642 del 16 de julio de 2009, proferida por el Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, por medio de la cual resolvió los recursos de reposición interpuestos por Cementos Tequendama S.A., y la Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, contra la Resolución núm. 03-241-201-216-670-5000-00-1051 del 5 de mayo de 2009, revocándola en todas sus partes.

2º. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el pago de los tributos dejados de cancelar por valor de mil tres millones quinientos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos moneda legal colombiana ($1.003.535.547), con los respectivos intereses a que haya lugar desde el momento de su causación, hasta el momento en que se haga efectivo el pago, de conformidad con el incumplimiento que fue declarado por la DIAN mediante la Resolución núm. 03-241-201-216-670-5000-00-1051 del 5 de mayo de 2009, así:
“2.1. Ordenar a la Sociedad Aseguradora de Fianzas Confianza S.A. – CONFIANZA, que dé cumplimiento al artículo 2º de la mencionada resolución, en virtud de la cual se ordenó la efectividad proporcional de la póliza de disposiciones legales núm. 24 DL000690 del 26 de febrero de 2007 y, de los respectivos certificados de modificación núms. 24 DL000800; 24 DL000804; 24 DL000806, 24 DL001638, cuyo objeto es:

“GARANTIZAR […] EL PAGO OPORTUNO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS…SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 146, 147, 153 Y 156 DEL DECRETO 2685 DE 1999 Y LOS ARTÍCULOS 98, 99 Y 511 DE LA RESOLUCIÓN 4240 DE 2000…”.

2.2. O que se ordene al importador Cementos Tequendama S.A., el pago proporcional de los tributos causados con ocasión de la importación temporal a largo plazo leasing autorizada por la DIAN, por el tiempo que efectivamente permaneció la mercancía en el territorio aduanero nacional”.

SUBSIDIARIAS

En el evento de que las pretensiones principales de la demanda no prosperen, solicitó las siguientes:

“Que se DECRETE LA NULIDAD ÍNTEGRA de la Resolución núm. 03-241-201-216-656-5000-03-1642 del 16 de julio de 2009, proferida por el jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá; por medio de la cual, al resolver los recursos de reposición, ordenó REVOCAR en todas sus partes la Resolución núm. 03-241-201-216-670-5000-00-1051 de 05 de mayo de 2009.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicito que la Honorable Corporación declare que la DIAN conozca y resuelva los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución núm. 03-241-201-216-670-5000-00-1051 del 5 de mayo de 2009, por medio de la cual se declaró el incumplimiento de un régimen de importación temporal a largo plazo con contrato de leasing y se ordenó la efectividad proporcional de una póliza”.

I.2- En sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora, adujo los siguientes hechos:

El 27 de enero de 2004, fueron presentadas las declaraciones de importación tipo iniciales con autoadhesivos núms. 0501606064344-1 y 0501606064343-4, por parte de la sociedad EXPOMEX LTDA. S.I.A., en calidad de declarante, a nombre del importador CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., bajo la modalidad de importación temporal, a largo plazo, con contrato de leasing, en la que se pactaron 10 cuotas semestrales para cubrir los cánones respectivos.

Por las declaraciones presentadas no se liquidó suma alguna por concepto de tributos y se obtuvo el respectivo levante el 1º de marzo de 2004.

El 30 de agosto de 2005, Cementos Tequendama S.A. allegó al Grupo Interno de Trabajo de Garantías de la DIAN, el otro sí núm.2 del 26 de mayo de 2005, en el que las partes modificaron el pago del leasing a una cuota, pagadera el 17 de diciembre de 2008.

El 2 de septiembre de 2005, la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN Bogotá, profirió el Requerimiento Aduanero núm.03-070-211-0434-006143, mediante el cual propuso a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., una liquidación oficial de corrección por concepto de tributos no liquidados, ni pagados y el pago de 2 cuotas dejadas de cancelar por valor de $587.032.044; asimismo, que se efectuara la correspondiente modificación de la póliza de seguros, lo cual, fue cumplido y pagado respectivamente por el importador.

El 11 de noviembre de 2005, teniendo en cuenta que la sociedad cumplió con el pago y la modificación de la póliza, mediante Auto se ordenó el archivo del expediente administrativo RA 2004200503002.

El 19 de febrero de 2009, el Grupo Interno de Trabajo de Control de Garantías de la División de Gestión de la Operación Aduanera de Bogotá, solicitó al importador el soporte de pago de los tributos y la terminación del régimen de importación temporal a largo plazo con contrato de leasing.

El 5 de marzo de 2009, mediante oficio núm.8282, el importador manifestó que el régimen de importación a largo plazo con contrato de leasing, se dio por terminado toda vez que la mercancía fue reexportada con las declaraciones núms. 031401114099-7 de 23 de junio de 2008 y 031401114077-9 de 21 de junio de 2008.

El 5 de mayo de 2009, la División de Gestión y Liquidación de la Dian de Bogotá, expidió la Resolución 03-241-201-670-5000-001051 decretando el incumplimiento de la obligación y ordenando hacer efectiva la garantía por valor proporcional de $1.862.106.173.

El 20 de mayo de 2009, la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra la Resolución 1051, afirmando que la cuota que debía ser pagada el 17 de diciembre de 2008, quedó subsumida en virtud de la terminación anticipada del régimen y la reexportación de la mercancía que se realizó el 20 de junio de 2008. Así mismo, el 4 de junio de 2009, la aseguradora Confianza interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra la Resolución 1051.

El 16 de julio de 2009, la División de Liquidación, mediante la Resolución núm. 1642, resolvió los recursos de reposición y revocó en todas sus partes la Resolución núm. 1051, afirmando que el pago de la última cuota no era exigible, en virtud de la reexportación de la mercancía antes del plazo señalado, y, por consiguiente, se debía considerar cumplida a cabalidad la obligación.

Por otra parte, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, el 24 de septiembre de 2009, le solicitó a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA y a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, su autorización para revocar la Resolución núm. 1642 por ser contraria a lo consagrado en el Decreto 2685 de 1999 y a la Resolución Reglamentaria 4240 de 2000, artículo 99, toda vez que el importador debía pagar los tributos aduaneros por el tiempo que permaneció la mercancía en el territorio nacional hasta su reexportación. Ambas entidades manifestaron que no autorizaban la revocatoria de la Resolución 1642.

El 7 de junio de 2011, la Procuraduría 147 Judicial II Administrativa, a solicitud de la Dian, citó a las partes a una audiencia de conciliación prejudicial, la cual declaró concluida y con ello, cumplido el requisito de procedibilidad contemplado en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.
I.3- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La demandante consideró que los actos acusados violaron los artículos 6, 29 y 83 de la Constitución Política; el artículo 30 del Código Civil; los artículos 146, 147, 153, 155, 156 y 157 del Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero; y el artículo 99 de la Resolución 4240, por las razones que seguidamente se explican:

Primer cargo

Parte de la consideración de que en tratándose de una importación a largo plazo con contrato de leasing, era obligatorio acreditar el pago de los tributos aduaneros correspondientes al tiempo en el que, efectivamente, estuvo la mercancía en el territorio nacional, tal y como se encuentra establecido en el Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999), artículos 142; 143, literal b; 145, inciso segundo, 146; 147; 153, inciso segundo; 155, literal g; 156, literal a y 157. Así mismo, consideró que la reexportación de la mercancía se realizó de forma irregular, por cuanto, la misma, no era procedente hasta que se demostrara el pago de los tributos aportando los recibos oficiales de pago bancario, lo cual es un requisito para que se autorice la reexportación, según lo establecido en el artículo 99 de la Resolución 4240 de 2000, siendo evidente, entonces, que la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA incumplió el régimen de importación temporal a largo plazo con contrato de leasing.

Que es claro, además, que, en el caso de la modalidad de importación temporal a largo plazo, lo que opera es una simple suspensión en el pago de los tributos, pero no una exclusión o exención del pago. Por lo tanto, reexportar la mercancía antes del vencimiento del contrato de leasing es una forma de pretender evadir el pago de los tributos aduaneros, puesto que, lo cierto es que la mercancía permaneció en el país por cuatro años y medio como unidad de explotación económica, que le generó a la sociedad importadora ganancias cuantiosas, situación que, a su vez, crea una erogación por concepto de tributos aduaneros a favor del fisco nacional.

Por consiguiente, lo procedente era que la DIAN confirmara la Resolución 1051 que declaró la infracción y ordenó la efectividad de la póliza y no disponer su revocatoria, como lo hizo la Resolución 1642, la cual, por lo mismo, debe ser declarada nula.

Segundo cargo

En criterio de la demandante el acto acusado también es nulo porque está falsamente motivado, con una interpretación incorrecta del artículo 157 del Estatuto Aduanero, pues sostuvo, erradamente, que para que existiera la obligación de pagar los tributos, era necesario que, a los 15 días posteriores al pago del tributo, se efectuara el giro al exterior para el pago del arriendo, pero que como se había producido la terminación anticipada del leasing, entonces ya no se debían pagar los tributos.

Tercer cargo

Plantea que es nulo el acto demandado porque incumplió con lo ordenado en el artículo 30 del Código Civil, que señala que las normas deben ser interpretadas de forma sistemática, y en este caso no se tuvo en cuenta que para la época de los hechos, estaba vigente el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero, el cual debía interpretarse de conformidad con el artículo 99 de la Resolución Reglamentaría 4240 de 2000, que señala que se debe demostrar el pago de los tributos aduaneros causados por el tiempo proporcional que estuvo la mercancía en el país, para que opere la reexportación de la misma. Es ilógica la aplicación aislada de estas dos normas aduaneras, puesto que ambas autorizan el pago diferido de la liquidación de tributos, sin que se haga distinción alguna entre una importación a largo plazo y una importación a largo plazo con contrato de leasing, pues para el efecto, se aplican las mismas disposiciones normativas, las cuales, inclusive, fueron mencionadas en la póliza de garantía suscrita entre la Aseguradora Confianza y Cementos Tequendama.

Cuarto cargo

Se sustenta en la consideración según la cual es nula la resolución acusada, por cuanto, en tratándose de una importación a largo plazo con contrato de leasing, existe una obligación legal de pagar los tributos proporcionales al tiempo que permaneció la mercancía en el país reportándole ganancias a la sociedad Cementos Tequendama. Sin embargo, hasta la fecha, el pago aún no ha sido efectuado, lo cual configura un enriquecimiento sin justa causa y un detrimento al erario, originado en la revocatoria irregular de un acto administrativo, en la omisión de la aplicación de las normas a las que imperiosamente había lugar y en el comportamiento evasivo del importador.
Quinto cargo

Sostiene que el acto acusado vulneró el principio de buena fe, puesto que contribuyó a la conducta evidentemente evasiva de la Sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, la cual reexportó la mercancía con la intensión de eludir el pago de sus obligaciones tributarias.

Sexto cargo

Según la demandante, el acto administrativo acusado es nulo por cuanto desconoció la potestad sancionatoria constitucional que tiene el Estado en el campo tributario, a partir de la cual, le corresponde, a través de la Dian, por una parte, recaudar y cobrar los impuestos aduaneros y, por la otra, perseguir la evasión en el pago de los mismos.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1. La Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por conducto de apoderado, contestó la demanda acogiendo los argumentos y hechos que la sustentan en defensa de los intereses de la Nación, de acuerdo con lo cual solicitó que se declare nulo el acto demandado.

I.4.2. La sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., como tercero interesado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, en los siguientes términos:

Estimó que la demanda es inepta por indebida conformación del contradictorio, pues considera que la autoridad administrativa no puede, simultáneamente, ostentar la condición de demandante y demandado puesto que resulta un contrasentido solicitar la declaratoria de nulidad de un acto, cuando el beneficiario de tal decisión es el llamado a oponerse vinculado en calidad de demandado.

En relación con el tema de fondo, planteó que no hubo incumplimiento de la modalidad de importación temporal a largo plazo con contrato de leasing, por cuanto la mercancía ingresó al país el 27 de enero de 2004, y luego le informaron a la autoridad administrativa que se había celebrado y firmado un otrosi, el 26 de mayo de 2005, mediante el cual las partes pactaron el pago del saldo de las cuotas de los cánones pendientes en un solo desembolso exigible el día 17 de diciembre de 2008.

Luego, mediante el Requerimiento Especial 6143 de 2 de septiembre de 2005, la División de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, exigió el pago de las 3 cuotas causadas a la fecha por valor de $587.032.044 de las cuales se pagaron 2 por cuanto la tercera se haría exigible en el mes de diciembre de 2008. Sin embargo, teniendo en cuenta que la reexportación se realizó el 21 y 23 de junio de 2008, es decir, antes de la fecha de vencimiento para el pago del canon de arriendo, se consideró que no se generaba la obligación de cancelar los tributos aduaneros porque no se materializó el giro de las remesas al exterior con dicho propósito.

Puso de presente que el artículo 157 del Estatuto Aduanero señala, en su inciso segundo, que “en ningún caso la reexportación antes del vencimiento del plazo señalado generará el pago de las cuotas semestrales futuras liquidadas en la declaración de importación”.

Por otra parte, indicó que el importador se encontraba al día en las cuotas mientras estuvo el bien en el territorio nacional y, por ello, la administración aduanera permitió su reexportación en los términos solicitados por el importador.

Reiteró que no está permitido que se genere pago de cuotas semestrales futuras cuando se realice la reexportación antes del vencimiento del plazo señalado.

Manifestó que lo ordenado en la Resolución 4240, artículo 99, esto es, que los pagos de los tributos aduaneros deberán efectuarse al día siguiente hábil al vencimiento del semestre, es contrario a lo establecido en el artículo 153 del Estatuto Aduanero que indica que, los pagos de cada cuota deben realizarse con una antelación de 15 días a la fecha en que deban remesarse al extranjero los pagos por concepto del respectivo canon de arrendamiento. Por lo cual considera que la aplicación de tal Resolución se torna ilegal en este caso.

Agregó que la decisión demandada se encuentra debidamente motivada conforme a la normativa vigente para el caso concreto, por cuanto para la fecha en que se reexportó la mercancía no se había vencido el término acordado (17 de diciembre de 2008) entre el arrendador y la arrendataria para el giro del único canon de arrendamiento pendiente, por lo que consideró que el importador se encontraba al día respecto de los tributos causados mientras la mercancía permaneció en el territorio nacional. Y que, si el funcionario se abstuvo de aplicar la Resolución 4240, es porque la misma tiene una forma contraria a la legal para calcular las cuotas tributarias con base en los cánones de arriendo.

Sostuvo que el acto administrativo demandado no es nulo por cuanto la cuota que señala la DIAN que está pendiente de pagar, se considera como una cuota futura, y el artículo 157 del Estatuto Tributario prohíbe que, en caso de reexportación, antes del vencimiento del plazo señalado, se genere pago de cuotas semestrales futuras liquidadas en la declaración de importación y, por esa razón legal, el importador consideró que al momento de reexportar no estaba obligado a pagar cuotas futuras. De modo que, al no presentarse un empobrecimiento del erario, no se genera un enriquecimiento sin causa. Finalmente, consideró que el acto demandado no transgredió el principio de buena fe, por cuanto el importador no utilizó maniobras engañosas para sustraerse del pago de los tributos aduaneros; que los argumentos del demandante se sustentan en interpretaciones ilegales; que el particular no tiene por qué asumir las consecuencias negativas de los errores de las entidades públicas y que cuando este tiene derechos a su favor se les deben garantizar incólumes, así provengan de equivocaciones.

I.4.3. La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, como tercero interesado, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de esta, en los siguientes términos:

Consideró que, de conformidad con el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, por la modificación en la forma de pago que se le realizó al contrato de leasing, suscrita el 26 de mayo de 2005, el canon de arriendo se pagaría en un solo giro el día 17 de diciembre de 2008, situación que no nació a la vida jurídica, pues, el régimen de importación a largo plazo finalizó cuando la mercancía fue reexportada con anterioridad a que se generara el canon de arrendamiento, es decir, no hubo giro al exterior para contabilizar el plazo para pagar las cuotas de los tributos aduaneros.

Resaltó que las cuotas 1ª y 2ª causadas antes de la modificación del contrato de leasing, fueron pagadas por el importador y, por ello, la DIAN archivó la actuación administrativa núm. 03-070-211-0135-007784, el 11 de noviembre de 2005, entendiendo que la obligación fue cumplida a cabalidad.

Explicó que la norma vigente y aplicable es únicamente el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, norma especial, y no la Resolución 4240 de 2000, que no hace referencia al régimen de importación a largo plazo con contrato de leasing.

Adujo que no se configuró el enriquecimiento sin causa para el importador, debido a que no nació la obligación de pagar tributos aduaneros. Que no se puede hablar de disminución del patrimonio del Estado, porque la mercancía fue reexportada. Que sería diferente la situación si la mercancía permaneciera en el país y no se hubieran pagados los tributos aduaneros.

Sostuvo que el importador y la aseguradora actuaron de buena fe y se cumplieron todos los preceptos del régimen de importación vigente en todas las etapas.

Planteó que el acto administrativo por medio del cual se pretende ordenar la efectividad de la garantía, debe ser expedido y quedar ejecutoriado dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro, según lo reglado por el artículo 1081 del Código de Comercio, luego, la prescripción del contrato de seguro empezó a correr desde el mes de junio de 2005, fecha en la cual el importador, CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., según lo que afirmó la DIAN, debió haber pagado la 3ª cuota, sobreviniendo el siniestro. Sin embargo, la Resolución 1051 fue proferida después de pasados los dos años, esto es, el 5 de mayo de 2009, configurándose la prescripción de la acción para ordenar la efectividad de la garantía.

Finalmente, afirmó que, a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A., se le violó el debido proceso porque no se le requirió sobre el incumplimiento en el pago de las cuotas semestrales de tributos aduaneros por parte de CEMENTOS TEQUENDAMA, sino que solo se le informó el acto administrativo que fue expedido en el año 2009 cuando ya se había configurado la prescripción.

II. FALLO IMPUGNADO

El Tribunal a quo accedió a las súplicas de la demanda, con apego a las consideraciones que a continuación se resumen:
Ante todo, estudió la excepción de inepta demanda propuesta por Cementos Tequendama S.A., la cual desestimó con el argumento de que la Administración sí puede demandar sus propios actos a través de la acción de lesividad.

Seguidamente, el Tribunal estudió los cargos planteados en la demanda, y esbozó como problema jurídico a dilucidar: si se ajustó o no a derecho el pago de las cuotas de los tributos aduaneros en la importación temporal a largo plazo de que aquí se trata.

El a quo inició el estudio de fondo del asunto realizando un recuento de las normas aplicables al caso concreto y un resumen de los hechos que sustentaron la demanda, para luego concluir que sí se configuró un incumplimiento en el pago de los tributos por parte de la sociedad Cementos Tequendama, pues al momento de la reexportación no estaba al día en los pagos periódicos que debía realizar, por el tiempo proporcional que la mercancía estuvo en el territorio nacional, porque en el contrato de leasing se pactaron las cuotas semestrales tal y como lo indica el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999 y el hecho de que con posterioridad se cambiara por un pago único no exime del pago del impuesto

El Tribunal sentó la premisa según la cual se causan tributos aduaneros por el tiempo que permanezca una mercancía en el país.

En ese sentido sostuvo que la cuota por pagar en el caso examinado era futura pero cierta, porque se refiere a 8 cuotas que se causaron en el tiempo, pero que luego se estipularon en un solo pago y que la Resolución 4240 de 2000, artículo 99, en consonancia con el artículo 157 del Decreto 2685 de 1999, señala que si la mercancía permaneció en el territorio aduanero nacional una fracción del semestre, la cuota se debe liquidar de forma proporcional, normas que desconoció el acto administrativo demandado, lo que motivó la consideración de que no se ajustaba a derecho.

Declaró no configurada la excepción de prescripción del contrato de seguro, en vista de que el acto administrativo fue expedido dentro del término señalado en el artículo 1081 del Código de Comercio y se abstuvo de condenar en costas.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

III.1 CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en consecuencia, se denieguen las pretensiones, con fundamento en lo siguiente:

Afirmó que la demanda es inepta por indebida designación del demandado, pues en su caso el reconocimiento procesal que se le otorgó, fue el de tercero con interés directo en las resultas del proceso y no el de demandado, lo cual, considera que constituye una violación a su derecho de defensa y debido proceso, porque los terceros interesados y los demandados gozan de distintos derechos y posibilidades de defensa, según lo reglado por el artículo 207, numeral 5º, del Código Contencioso Administrativo, que señala respecto al auto admisorio de la demanda, que este se debe fijar en lista por diez días, para que los demandados puedan contestarla, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven.

Adujo que en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se discute la legalidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto, no puede entenderse que el demandante y el demandado estén representados por la misma entidad que expidió el acto. Sobre el tema de la inepta demanda, citó varios apartes de distintas sentencias del Consejo de Estado.
Puntualizó que no es cierto que haya incumplido los pagos aduaneros como se indica en la demanda, por cuanto las declaraciones de importación iniciales las presentó el 27 de enero de 2004, en vigencia del artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, antes de la reforma introducida por el Decreto 4163 del 10 de diciembre de 2004, norma que indicaba que el total de tributos aduaneros se dividiría en tantas cuotas como cánones de arrendamiento se hubieren pactado en el contrato. Que, el pago había que realizarlo con una anticipación de 15 días a la fecha en que debían remesarse al extranjero los dineros para cubrir el respectivo canon de arrendamiento, y que, como quiera que reexportaron la mercancía con antelación a la fecha pactada para el pago del arriendo, es violatorio de la norma jurídica el cobro de cuotas pendientes futuras.

Acusa de errada la decisión del Tribunal por estar basada en el Decreto 4163 de 2004, el cual aplicó de forma retroactiva, y que afirmar que los tributos aduaneros se deben pagar de acuerdo con el tiempo de permanencia de la mercancía en el territorio nacional, y que se pueden liquidar en cuotas semestrales viola, por aplicación indebida, el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999 al igual que el artículo 18 del Decreto 4163 de 2004 que dispuso que las declaraciones de importación temporal presentadas y aceptadas con anterioridad a la vigencia del Decreto, se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes hasta antes de dicha fecha.

III.2 LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en consecuencia, se denieguen las pretensiones, con fundamento en lo siguiente:

Señaló que el fallo está sustentado en la aplicación del artículo 99 de la Resolución 4240 de 2000, no obstante que sobre el régimen de importación autorizado existía norma especial, esto es, el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, que indicaba que el pago de los tributos aduaneros se debía realizar 15 días antes de la fecha del envío de la remesa al extranjero por concepto de arriendo, es decir, que la existencia de la obligación dependía necesariamente de la ocurrencia del giro al exterior y que de no darse esta circunstancia no surgía aquella, lo cual así ocurrió en este caso.
Sostuvo que es evidente que no hubo incumplimiento de la modalidad de importación por parte de Cementos Tequendama, pues, esta finalizó con la reexportación de la mercancía y, por ello, no debían generarse cuotas de tributos adicionales a los que ya se habían cancelado y que al no existir obligación tributaria pendiente no se podría hablar de disminución patrimonial para el Estado ni de enriquecimiento sin justa causa para el importador.

Por último, solicitó que se declare probada la excepción de prescripción del contrato de seguro, porque el término empezó a correr desde la ocurrencia del siniestro, esto es, en el mes de junio de 2005, con la omisión del pago de la tercera cuota, y que, sin embargo, la administración no inició el procedimiento para ordenar la efectividad de la garantía permitiendo que transcurrieran los dos años previstos en el artículo 1081 del Código de Comercio para que operara dicha figura. También alegó que no se le informó a la Aseguradora sobre tal incumplimiento, negándosele el derecho a la defensa, al debido proceso y violándose el principio de legalidad.

IV. ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Dentro de la etapa procesal prevista para el efecto el Ministerio Público no se pronunció.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1 El acto administrativo demandado

La parte pertinente de la resolución objeto de nulidad, es la siguiente:

-Resolución núm. 1642 del 16 de julio de 2009, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la DIAN, “por medio de la cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución núm. 1051 de 5 de mayo de 2009, Código 216-670-5000-00”:

DISPONE:

“[…]
ARTICULO SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución 1051 de mayo 05 de 2009, Código 216-670-5000-00 proferida por la División de Gestión de Liquidación de Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, acorde con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. […]”.

-El acto administrativo revocado, había sido igualmente proferido por la División de Gestión de Liquidación de la DIAN. La Resolución respectiva núm. 1051 de 05 de mayo de 2009, “por medio de la cual se declara el incumplimiento de un régimen de importación temporal a largo plazo con contrato de leasing autorizado y se ordena la efectividad de la póliza de cumplimiento”, disponía:

“[…]
RESUELVE:

“ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento del Régimen de Importación Temporal a Largo Plazo Leasing autorizado a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., mediante las declaraciones de importación identificadas con autoadhesivos 0501606064343-4 del 27 de enero de 2004, con levante aduanero 1170100116 del 03 de enero de 2007 y autoadhesivo 0501606064344-1 de enero 27 de 2004, levante aduanero 170100117 de 03 de enero de 2007 y declaraciones de corrección 50036030002600 y 50036030002592 presentada en banco el 25 de septiembre del 2005 con levante aduanero 03M0400000549 y 03M0400000549 del 29 de septiembre del 2005 de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la efectividad proporcional de la póliza de cumplimiento de disposiciones legales núm.24 DL000690 del 26 de febrero de 2007 y certificados de modificación 24 DL000800, 24 DL000804 y 24 DL000806, 24 DL001638 expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA con una vigencia del 26 de febrero de 2004 hasta el 27 de febrero de 2009 y por un valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.862.106.173, oo)

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los Representantes Legales de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, haciéndoles saber que contra este acto podrán interponerse los recursos de reposición ante el funcionario que la profirió y de apelación ante la División Jurídica de esta seccional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. […]”.

V.2 Delimitación del debate jurídico en los términos de los recursos de apelación interpuestos

Ante todo, resulta menester precisar que, en el fallo de primera instancia, el Tribunal concluyó que no se configuró la inepta demanda, por cuanto lo que se tramitó en esta oportunidad fue una demanda de nulidad y del restablecimiento, bajo la modalidad de acción de lesividad y, en lo que toca con el fondo del asunto, el importador sí incumplió sus obligaciones tributarias, al no haber pagado los tributos originados por el tiempo de permanencia de la mercancía en el país, sin que tal circunstancia hubiese desaparecido por la modificación, y posterior terminación anticipada del contrato de leasing y la reexportación de la mercancía. Por lo demás, consideró que no operó la prescripción del contrato de seguro, en razón de que la Resolución 1051 fue proferida dentro de los dos años siguientes al momento en que la DIAN tuvo conocimiento del siniestro.

Por su parte, la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., en su impugnación, insistió en que la demanda es inepta, debido a que no fue vinculada al proceso en calidad de demandado, sino únicamente, como tercero con interés directo en las resultas de este, lo cual, limitó, a su juicio, el ejercicio de su derecho de defensa. Allí también reiteró su posición según la cual los actos acusados fueron expedidos con fundamento en normas que no le resultan aplicables, y que son diferentes las obligaciones que impone el artículo 157 del Decreto 2685 de 1999 y el procedimiento señalado por la Resolución 4240, artículo 99, de modo que no se le puede endilgar una obligación de pago de tributos que no nació a la vida jurídica, en razón de la finalización anticipada del leasing, dada la reexportación de la mercancía.

La COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, en el recurso de apelación planteó que, en este caso, operó la prescripción del contrato de seguro, ya que el término para contabilizarla inició en el mes de junio de 2005, fecha en la que ocurrió el siniestro consistente en la mora en el pago de la 3ª cuota, situación que la DIAN no solo no le informó, sino que, además, inició el procedimiento de ley, el 5 de mayo de 2009, cuando ya estaba vencido el término de prescripción.

V.3 Problemas Jurídicos
Observa la Sala que los problemas jurídicos a resolver, en lo fundamental, se contraen a lo siguiente:

¿Es procedente revocar o confirmar la sentencia del a quo que anuló el acto demandado, por cuanto consideró que el mismo desconoció las disposiciones contenidas en las normas legales aplicables a la importación a largo plazo con contrato de leasing?

¿Según la norma que resulte aplicable, el importador incumplió o no lo referente al pago de tributos aduaneros?

¿De conformidad con los elementos fácticos y jurídicos a considerar, operó o no, la figura de la prescripción del contrato de seguro?

Antes de entrar a resolver los anteriores interrogantes la Sala deberá: (i) analizar la excepción de inepta demanda frente a la figura del tercero con interés directo en las resultas del proceso, tratándose de la acción de lesividad. Seguidamente, procederá a (ii) establecer cuáles son los hechos probados en el expediente; (iii) cuáles son las normas jurídicas aplicables dentro de la modalidad de importación temporal a largo plazo, al que le antecede un contrato de leasing; (iv) determinará si se suscitó o no el incumplimiento en el pago de las cuotas de los tributos aduaneros; y, por último (v) si se requirió a la aseguradora sobre el posible incumplimiento asi como si se configuró o no la prescripción del contrato de seguro.

De acuerdo con el orden indicado, corresponde a la Sala, previamente, pronunciarse sobre la excepción de inepta demanda, propuesta por el apoderado de la Sociedad Cementos Tequendama S.A. como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

No sobra precisar que las normas aplicables al asunto litigioso serán las del CCA, por cuanto este se promovió durante su vigencia (Artículo 308 del CPACA).

Inepta demanda. El tercero interesado y la acción de lesividad

Cementos Tequendama S.A., aduce que fue llamada al proceso como tercero con interés directo, sujeto procesal distinto al “demandado”, lo que considera constituye una negación a su derecho de defensa y contradicción por cuanto no tuvo la posibilidad de contestar la demanda, ni de pedir pruebas, y tampoco de proponer excepciones.

El medio de control de lesividad, pese a no encontrase previsto como tal en la legislación, permite que una entidad pública o un particular que ejerza funciones administrativas pueda demandar su propio acto, esto cuando no sea posible ejercer la revocatoria directa del mismo por no contar con el consentimiento del titular. Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido que:

“[…]Aun cuando en nuestra Legislación no está consagrada la acción de lesividad como acción autónoma y diferente a aquellas denominadas como típicas y establecidas en los artículos 84, 85, 86 y 87 del CCA, sí existe la posibilidad de que la Administración impugne sus actos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, porque los mismos son ilegales o vulneran el orden jurídico generándoles un daño; y cuando se pretende el retiro del acto del ordenamiento por contener una decisión no ajustada a él, sin que sea el único propósito defender la legalidad en abstracto, sino también el restablecimiento del derecho menoscabado a la misma Administración con su expedición.

Por eso la Ley establece que las entidades públicas pueden demandar su propio acto, cuando les resulte perjudicial por contrariar el ordenamiento jurídico (artículo 136 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo) y no tengan la posibilidad de revocarlo directamente por la falta de requisitos para hacerle cesar sus efectos mediante el mecanismo de la revocatoria directa, al no obtener el consentimiento del beneficiario de la decisión particular y concreta contenida en el mismo (artículo 73 ibídem)[…]”.
Como se puede observar, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado que la acción de lesividad equivale a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que ejercen los particulares, en tanto permite que la administración cuestione la legalidad del acto administrativo concreto y, tiene, entre otras características, que a través de ella, la administración, comparece al proceso en calidad de demandante y de demandada, buscando obtener la nulidad de un acto administrativo expedido por esta, invocando una o varias de las causales de nulidad previstas en el artículo 84 del CCA En consecuencia, con fundamento en la naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido afirmar que su prosperidad no depende de la inobservancia del principio de buena fe, pues la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado está supeditada a la prueba de alguna de las referidas causales de nulidad.

De lo expuesto se puede concluir que los presupuestos materiales o sustanciales para que proceda la acción de lesividad son:

1) Cuando se expide un acto que resulta lesivo por configurarse su ilegalidad.
2) Cuando el acto atenta contra los intereses jurídicamente tutelados de la autoridad que lo expidió.
3) Cuando el acto administrativo contraviene el orden jurídico superior.
4) Cuando el acto administrativo se encuentra incurso en alguna de las causales de nulidad de que trata el artículo 84 del CCA
5) Cuando se busque restablecer el orden jurídico quebrantado con el acto administrativo proferido en contra de los ordenamientos procedimentales o sustanciales que regulaban su creación.

En los supuestos señalados, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, al evidenciar la ilegalidad del acto administrativo proferido por ella misma goza de la facultad para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a demandar su propio acto.

De allí que, a juicio de la Sala, el Tribunal a quo haya acertado al tramitar el proceso de conformidad con los parámetros de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, como puede observarse, de la eventual declaratoria de nulidad del acto acusado, se produciría un restablecimiento del derecho que afectaría tanto al erario del Estado como a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. y a la ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A. – CONFIANZA.

La Sala observa que la administración no pudo revocar de forma directa el acto acusado, en razón a que debía obtener el consentimiento de sus beneficiarios, y como estos se negaron a otorgarlo se vio en la obligación de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa para lograr la nulidad y el restablecimiento pretendido, motivo por el cual se vinculó al proceso a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., y a la ASEGURADORA DE FIANZAS, CONFIANZA, entidades que estuvieron presentes a lo largo de la actuación administrativa, y que, tal como lo prevé el CCA, debían comparecer como sujetos que, según las decisiones acusadas, tenían interés directo en las resultas de aquel.

En este caso, se advierte que a través de los actos acusados (i) se imponen obligaciones a dicha sociedad y a la aseguradora; (ii) que estos intervinieron en la actuación administrativa al interponer recursos, todo lo cual demuestra que les asiste interés para comparecer al proceso y (iii) que, por consiguiente, no ocurrió violación alguna al derecho de defensa y contradicción, pues, sin duda, tuvieron la oportunidad de contestar la demanda, oponerse a la misma, pedir pruebas y proponer excepciones en el término de traslado de que trata el artículo 207, numeral 5, del CCA. A lo largo del proceso quedaron reflejadas dichas actuaciones. En este aspecto el derecho de defensa y contradicción de dichos terceros equivale al que ostentan los demandados, según lo señalado en el artículo 52 del CPC, aplicable en estos casos por la remisión contenida en el artículo 146 del CCA, en armonía con el artículo 267 ibídem. Dicho artículo 52, establece:

“ARTÍCULO 52. Podrán intervenir en un proceso como litis consortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso” .

CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., asevera que, en su condición de tercero con interés, y no de demandado, su derecho de defensa se redujo. Sin embargo, la Sala advierte que “lo que se evidencia es que la vinculación de la entidad obedece a una garantía constitucional a los derechos fundamentales de defensa y contradicción de todos los que hacen parte dentro de un proceso”, por cuanto, los terceros con interés directo tienen una verdadera vocación de parte, sin cuya comparecencia no podría proferirse la sentencia porque los afecta directamente.

Por otra parte, CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., no adujo siquiera qué actos procesales no pudo ejercer, o qué actuaciones o recursos no pudo interponer para darle fundamento certero a su afirmación, puesto que como se pudo establecer, tuvo todas las oportunidades para pronunciarse, como en efecto lo hizo. De ahí que la excepción de inepta demanda, propuesta como medio de defensa, deba desestimarse por carecer de asidero.

Definidos los aspectos examinados se procede a resolver el caso concreto, de cara a la acción incoada y con base en las siguientes probanzas, que ilustran las particularidades de la cuestión litigiosa.

V.4 Hechos probados

Se encuentra debidamente probado en el expediente que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., el 27 de enero de 2004, presentó las declaraciones de importación tipo iniciales a nombre del importador bajo la modalidad de importación temporal a largo plazo con contrato de leasing, en el que se pactó el pago de 10 cuotas semestrales correspondientes a los cánones de arriendo. Así mismo obtuvieron el respectivo levante el 1o. de marzo de 2004.

El contrato de Leasing fue suscrito el 17 de diciembre de 2003, y tuvo modificaciones, así: Mediante el Otrosí núm.1, se fijaron diez fechas de pago a cumplirse desde el 24 de junio de 2004 hasta el 24 de diciembre de 2008; con el Otrosí núm.2, las partes modificaron la forma de pago a una sola cuota, pagadera el 17 de diciembre de 2008.
Mediante el Requerimiento Aduanero núm.03-070-211-0434-006143 de 2 de septiembre de 2005, la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN Bogotá, propuso a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., una liquidación oficial de corrección por concepto de tributos no liquidados, ni pagados y requirió el pago de 2 cuotas, y la modificación de la póliza suscrita con CONFIANZA S.A., lo cual fue cumplido de conformidad, quedando pendiente por pagar desde la tercera cuota hasta la décima.

El 19 de febrero de 2009, el Grupo Interno de Trabajo de Control de Garantías de la División de Gestión de la Operación Aduanera de Bogotá, solicitó al importador el soporte de pago de los tributos y la terminación del régimen de importación temporal a largo plazo con contrato de leasing, respecto de lo cual, el 5 marzo de 2009, el importador manifestó que el régimen de importación a largo plazo con contrato de leasing ya se había dado por terminado, con la reexportación de la mercancía a través de las declaraciones núms. 031401114099-7 de 23 de junio de 2008 y 031401114077-9 del 21 de junio de 2008, es decir, antes de la fecha pactada que era el 17 de diciembre de 2008.

V.5 Normas jurídicas aplicables para la modalidad de importación temporal a largo plazo, al que le antecede un contrato de leasing

Atendiendo la fecha de la declaración inicial de importación, esto es, el 27 de enero de 2004, se advierte que las normas jurídicas aplicables al caso son el Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4240 de 2000, “por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999”.

El caso examinado se rige específicamente por el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, por ser la norma especial para la modalidad de importación temporal a largo plazo, que para su ejecución dependa de la existencia de un contrato de arrendamiento de mercancías con o sin opción de compra.

“Artículo 153. Importación temporal de mercancías en arrendamiento.
Se podrán importar temporalmente al país bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en un mismo embarque, cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra, ingresen por un plazo superior a seis (6) meses y liquiden los tributos aduaneros vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la Declaración.
El total de los tributos aduaneros liquidados a que haya lugar se dividirá en tantas cuotas como cánones de arrendamiento se hayan pactado en el contrato de arrendamiento, con o sin opción de compra. El pago de cada cuota deberá realizarse con una anticipación de quince (15) días a la fecha en que deban remesarse al extranjero los pagos por concepto del respectivo canon de arrendamiento.
Cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, con la última cuota correspondiente a este período, se deberá pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.
Se podrán celebrar contratos de arrendamiento financiero «leasing» sobre bienes importados al país bajo la modalidad de importación temporal de largo plazo, sin que se genere la terminación de dicha modalidad de importación, ni la pérdida de los beneficios obtenidos con la misma. En los eventos consagrados anteriormente, el respectivo contrato deberá conservarse por el declarante, conforme al artículo 155º del presente Decreto. […]”

En relación con el tema también ha de considerarse el artículo 157 del mencionado Decreto que establece:

“Artículo 157. Reexportación. La mercancía importada temporalmente a largo plazo podrá ser reexportada en cualquier momento durante la vigencia del plazo señalado en la Declaración de Importación de que trata el artículo 145o. de este Decreto, siempre que no haya sido aprehendida, y el declarante se encuentre al día en las cuotas correspondientes al término que efectivamente haya permanecido en el territorio nacional. En ningún caso la reexportación antes del vencimiento del plazo señalado generará el pago de las cuotas semestrales futuras liquidadas en la Declaración de Importación, ni dará derecho a devolución de los tributos aduaneros que se hubieren cancelado”. (La Sala destaca).

Por su parte, la Resolución núm. 4240 de 2 de junio de 2000, regula específicamente el pago de tributos aduaneros al que se refiere el artículo 157 del Decreto 2685 de 1999, así:
“ARTÍCULO 99. PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS. <Pérdida de vigencia con ocasión de la modificación efectuada por el Decreto 4136 de 10 de diciembre de 2004 entre otros, a los artículos 146 y 150 del Decreto 2685 de 1999, según lo expuesto por la DIAN en el Oficio 33479 de 2010, salvo el último inciso que se transcribe a continuación:> <Artículo modificado por el artículo 30 de la Resolución 7002 de 2001.>
[…]
“De conformidad con lo establecido en el artículo 157 del Decreto 2685 de 1999, cuando se pretenda reexportar la mercancía importada temporalmente, el declarante deberá acreditar el pago de los tributos aduaneros correspondientes al término que efectivamente haya permanecido la mercancía en el territorio aduanero nacional. Cuando hubiere transcurrido una fracción incompleta del semestre o periodo de liquidación de la cuota, la misma se liquidará proporcionalmente por la fracción de tiempo transcurrida”. (la Sala subraya).

Del análisis de los aludidos preceptos se puede inferir que:

En el momento en que se presente la declaración de importación temporal de largo plazo se deberán liquidar los tributos aduaneros.

Cuando la mercancía ingrese por un plazo superior a seis (6) meses, se deberán liquidar los tributos aduaneros vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la Declaración.

Bajo la modalidad de leasing superior a seis (6) meses, los pagos se deberán dividir en tantas cuotas como cánones de arrendamiento se hayan pactado en el contrato de arrendamiento.

Tanto en los contratos de leasing, mayor a seis meses como para los que se pacten para un tiempo superior a cinco años, la mercancía podrá permanecer en el territorio nacional mientras se encuentre vigente el contrato, lo cual implica que si se llegara a dar por terminado el contrato de forma anticipada, lógicamente, la mercancía no podrá permanecer en el país.

En la hipótesis de que se dé por finalizado el leasing en una fecha diferente y anterior a la inicialmente pactada, entonces, la mercancía deberá ser reexportada.

Pero, para que pueda operar la reexportación con el cumplimiento de los requisitos de ley, se debe cumplir con la obligación establecida en el artículo 157, y en la Resolución 4240 de 2000, artículo 99, que exige que el declarante debe, necesariamente, estar al día en el pago de las cuotas correspondientes y proporcionales, al tiempo en que efectivamente haya permanecido la mercancía en el territorio nacional.
Las variaciones en las fechas de pago, es una situación sobreviniente que dependerá de las circunstancias particulares en las que se desarrolle cada contrato de leasing de forma individual. De manera que esos cambios, no constituyen excepción alguna al cumplimiento obligatorio del pago de los tributos que se hubieren generado por el tiempo de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

V.6 Incumplimiento en el pago de las cuotas de los tributos aduaneros

De acuerdo con lo preceptuado en las normas aplicables al caso, para la Sala es claro que si bien es cierto que bajo las circunstancias fácticas descritas se pudiera entender que el régimen de importación aduanera de que aquí se trata, se comenzó a incumplir desde la tercera cuota, no lo es menos que el deber de pagar los tributos aduaneros adeudados se concretó al momento en que se configuró la finalización anticipada del contrato de leasing y se reexportó la mercancía (21 y 23 de junio de 2008), convirtiéndose esta en la oportunidad conclusiva con la que contaba el importador CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., para sanear la totalidad de la obligación pendiente de pago, la cual, por lo demás, se halla cubierta por la póliza constituida para amparar el cumplimiento del respectivo régimen de importación temporal en su integralidad, sin embargo, dicho pago no se efectuó antes de la reexportación.

En este caso, a pesar de que se modificó la fecha de los pagos periódicos a un pago único a efectuarse el 17 de diciembre de 2008 y que se informó de tal situación a la administración, lo cierto es que no puede pretender el importador modificar el plan de pagos de los cánones de arrendamiento, como efectivamente lo hizo, sin pagar los impuestos generados, máxime cuando la fecha de la finalización del régimen de importación a largo plazo, en la modalidad de leasing, se anticipó a la del vencimiento que inicialmente se había definido para el pago total de los tributos aduaneros.

Es claro que desde que ingresó la mercancía al territorio nacional aduanero, el 27 de enero de 2004, con fecha de levante del 1o. de marzo de la misma anualidad, hasta los días 21 y 23 de junio de 2008, fecha en que las partes, de forma anticipada, finalizaron el contrato de leasing y realizaron la reexportación, transcurrieron aproximadamente, cuatro años, cuatro meses y veintitrés días, en los cuales la mercancía permaneció dentro del territorio nacional y a disposición de la sociedad importadora, sin el pago de la cuota de los tributos aduaneros, a los que había lugar.

Entiéndase que las modificaciones al contrato de leasing entre las partes, aunque deben contar con la aquiescencia de la DIAN para los efectos del pago de tributos aduaneros y con la respectiva prórroga de las garantías que amparen el pago de los mismos, dentro de los nuevos plazos, tales modificaciones en modo alguno implican exoneración en el pago de los tributos que se hubieren generado por el tiempo de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero, tal y como lo establecen las normas jurídicas vigentes para la época de ocurrencia de los hechos.
Por lo tanto, es errado el razonamiento del recurrente, CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., en cuanto califica a estas cuotas como futuras y las asimila a la prohibición contenida en artículo 157 del decreto en comento, puesto que, por el contrario, es claro que en este caso se trata de una cuota ya causada en virtud de la permanencia efectiva y real de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

En efecto, la norma que los apelantes invocan con insistencia, esto es, el artículo 157 del Decreto 2685 de 1999, en pos de exonerarse de los tributos aduaneros en disputa, ciertamente establece que, en ningún caso, la reexportación antes del vencimiento del plazo señalado generará el pago de cuotas semestrales futuras liquidadas en la declaración de importación. Quiere ello decir, ni más ni menos, que a la DIAN en el caso examinado le está prohibido cobrar tributos aduaneros al importador, por el tiempo transcurrido entre la fecha en que se realizó la reexportación 21 y 23 de junio de 2008 y el plazo inicialmente previsto para la finalización del régimen de importación de que aquí se trata. Por el contrario, queda claro entonces que, en modo alguno, la norma citada impide que se cobren tributos aduaneros al importador durante el tiempo en que permaneció la mercancía en el territorio nacional aduanero y hasta el preciso momento en que se realizó su reexportación. Tales son los tributos que bien puede reclamar la DIAN en esta oportunidad.

En el mencionado supuesto, es evidente que el tributo aduanero debe cobrarse en forma proporcional, esto es, solo durante el tiempo en que permaneció la mercancía en el territorio nacional aduanero y no durante todo el tiempo inicialmente pactado para la duración del régimen de importación respectivo. De ahí que la disposición contenida en la Resolución 4240 de 2000, artículo 99, regula a cabalidad la situación comentada en cuanto establece que cuando se pretenda reexportar la mercancía importada temporalmente, el declarante deberá acreditar el pago de los tributos aduaneros correspondientes al término que efectivamente haya permanecido la mercancía en el territorio aduanero nacional y que cuando hubiere transcurrido una fracción incompleta del semestre o período de liquidación de la cuota, la misma se liquidará proporcionalmente por la fracción de tiempo transcurrida.

No existe pues, como lo plantean los intervinientes, ninguna contradicción sino, plena armonía entre el artículo 157 del Estatuto Tributario y el artículo 99 de la Resolución antes mencionada. En otras palabras, la Resolución no desconoce la norma, sino que, por el contrario, la desarrolla adecuadamente y, adicionalmente, la hace explícita.

Por consiguiente, se concluye que sí se configuró el incumplimiento por parte de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., en el pago de los tributos del régimen de importación temporal a largo plazo con contrato de leasing.

V.7 Requerimiento sobre el incumplimiento. No se configuró la prescripción del contrato de seguro

Por otra parte, la ASEGURADORA CONFIANZA S.A., alegó que la DIAN no la requirió sobre el incumplimiento en el pago de las cuotas semestrales, sino únicamente le notificó la expedición de la Resolución 1051 de 2009, que así lo declaró.

Sin embargo, es claro que la aseguradora estaba enterada de las variaciones sobre la forma en que se pagarían las cuotas, por cuanto la póliza inicial fue posteriormente modificada, para ajustarla a dichos cambios.

Por lo demás, antes de la ocurrencia de la reexportación anticipada, la DIAN no tenía cómo saber que el importador incumpliría su obligación del pago de tributos, puesto que la fecha para su exigencia no había llegado aún, por consiguiente, solo en ese momento surgió para la DIAN el deber de informar la ocurrencia del sinestro, lo cual se hizo con la expedición de la Resolución 1051 de 2009. Identificada como ha quedado la fecha en que se produjo el siniestro, esto es, cuando se reexportó la mercancía sin haberse pagado los tributos aduaneros el 21 y 23 de junio de 2008, no subsiste ninguna duda en cuanto a que este se produjo durante la vigencia de la póliza, que según quedó establecido en autos fue del 26 de febrero de 2004 hasta el 27 de febrero de 2009. Quiere ello decir que la póliza respectiva, en principio, está llamada a cubrir las implicaciones derivadas de dicho riesgo.

De modo que, por las razones explicadas, el requerimiento al que alude la apelante no era necesario.

Ahora, el término de prescripción ordinaria del contrato de seguro es de dos años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, el cual igualmente señala que el mismo empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La DIAN, ante el incumplimiento por parte de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., contaba con dos años para formular la declaración respectiva y ordenar la efectividad de la póliza, término que empieza a correr desde que tuvo conocimiento de la terminación anticipada del contrato de leasing, es decir, desde el 21 y 23 de junio de 2008, y que vencía el 24 de junio de 2010.

La Resolución núm. 03-241-201-216-670-5000-00-1051 fue proferida el 5 de mayo de 2009, es decir, cuando aún no había operado el fenómeno de la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguros constituido a favor de la Nación.

Comoquiera que los argumentos de las apelaciones no lograron desvirtuar la decisión del a quo según la cual, de acuerdo con las normas jurídicas aplicables y el material probatorio obrante en el expediente, existen potísimas razones jurídicas que dejan sin fundamento la presunción de legalidad del acto administrativo acusado, la Sala confirmará el fallo apelado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de octubre de 2013, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de junio de 2019.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Ausente en comisión

Folio 80 del cuaderno principal.
El Decreto 4163 de 2004, lo que en realidad regula es la escala de remuneración para los empleos del área Técnico-Científica del Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear –INGEOMINAS– y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
Auto de Sala del 6 de noviembre de 2014. M.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Rad.: 2004 00434 01. Actor: Transportes Cóndor Ltda.
Sentencia del 5 de abril de 2018. Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 25000-23-24-000-2011-00182-01. Reitera sentencia del 8 de mayo de 2008.
Sentencia del Consejo de Estado de 12 octubre de 2006. Exp.1745-03 y del 15 marzo de 2007. Exp7611-05.
Sentencia del Consejo de Estado de 31 de marzo de 2000. Exp.2016-01-9935.
Sentencia del Consejo de Estado de 7 de noviembre de 2002. Exp.1998-9090-02.
Sentencia del Consejo de Estado de 31 de agosto de 2006. Exp.2001-04207-01.
Sentencia del Consejo de Estado de 12 de agosto de 2010. Exp.0423-09.
Código Contencioso Administrativo, vigente para la época, antes de la Ley 1437 de 2011.
CCA ARTÍCULO 146. Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 48, Ley 446 de 1998 En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia.

En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso.

En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 a 57 del Código de Procedimiento Civil. El Ministerio Público está facultado para solicitar la intervención de terceros eventualmente responsables.

El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto, devolutivo; el que la niega, en el suspensivo; y, el que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de súplica.
En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá intervención de terceros.
CCA ARTÍCULO 267.En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
Código de Procedimiento Civil, vigente para la época, antes de la de la Ley 1564 de 2012.
Consejo de Estado. Sentencia Rad. 2017-02571-01 del 1 de marzo de 2018.
Decreto 2685 de 1999. Artículo 147. Garantía. Con el objeto de responder por la finalización de la importación temporal dentro de los plazos señalados en la Declaración y por el pago oportuno de los tributos aduaneros, la autoridad aduanera exigirá la constitución de garantía a favor de la Nación, hasta por el cien por ciento (100%) de dichos tributos, en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
Código de Comercio. Artículo 1081. <Prescripción de acciones>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.

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