RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2012-00332-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2012-00332-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2012-00332-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar a la Contraloría General de la República a pagar a favor de La Previsora S.A. compañía de seguros por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2012-00332-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

6 de febrero de 2025

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tesis: Se configura la prescripción de la acción derivada del
contrato de seguro si transcurrieron más de dos años
contados desde que la Contraloría General de la
República vinculó al garante al proceso de
responsabilidad fiscal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
en contra de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Previsora S.A. compañía de Seguros, actuando por conducto de
apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

presentó demanda en contra de la Contraloría General de la República y,
para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Que es nulo el acto administrativo mediante el cual profirió el Fallo
con Responsabilidad Fiscal nro. 003 de 30 de enero de 2012, expedido por
la Contraloría General de la República- Gerencia Departamental de
Santander- mediante el cual, se falló con responsabilidad fiscal en
cuantía de ochocientos veintiún millones trescientos veinticuatro mil
doscientos pesos ($821.324.202.oo), por el manejo de los recursos
públicos en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional
Bucaramanga, e incorpora las Pólizas 1004046 por valor de $100.000.000
para la vigencia de 01-03/2005 a 01/03/2006 y por $200.000.000
afectando vigencia 01/03/2006 a 01/03/2007, dentro del proceso de
responsabilidad fiscal 1668.

2. Que es nulo el acto administrativo contenido en el Auto No. 0006 de
209 (sic) de marzo de 2012, proferido por la Gerencia Departamental
Colegiada del Santander de la Contraloría General de la República,
mediante el cual se resuelve el recurso de reposición, confirmando y
concede apelación, contra el fallo nro. 003, en el Proceso de
Responsabilidad Fiscal no. 1668.

3. Que es nulo el acto administrativo contenido en el Auto nro. 000403
del 18 de mayo de 2012, proferido por la Directora de Juicios Fiscales de
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, de la Contraloría General de la República, mediante
el cual se desata el recurso de apelación dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal nro. 1668, en el que confirmó el fallo con
responsabilidad fiscal nro. 003 del 30 de enero de 2012, proferido dentro
del proceso de responsabilidad fiscal 1668.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad y en calidad del
restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación- Contraloría General
de la República reembolsar la suma de doscientos sesenta millones de
pesos ($270.000.000.oo) moneda legal, más los intereses e indexación,
a favor de la compañía de SEGUROS LA PREVISORA S.A., en razón a que
la Contraloría hizo efectiva la Póliza de MANJEO (sic) 1004046 VIGENCIAS
01/03/2005 A 01/03/206 Y VIGENCIA 01/03/2006 A 01/03/2007, a su
favor, por medio del fallo de responsabilidad fiscal No. 003 DE 30 DE
ENERO DE 2012.

5. Condénese en costas a la Nación – Contraloría General de la
República, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y
Código de Procedimiento Civil.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

1
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68 001 23 33 000 2012 00332 01. Expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

La parte actora afirmó que con la expedición de los actos acusados se
vulneraron las siguientes disposiciones:

Constitucionales: Artículos 13 y 29.

“Legales: Código de Comercio, artículos 1054, 1056, 1077, 1081, 1088,
1089; Ley 610 de 2000, artículos 1, 2, 3, y 5.4.3.; Ley 1437 de 2011,
artículo 10; Ley 53 de 1887 artículo 41 y Ley 57 de 1887, artículo 5; Ley
95 de 1890; artículo 1, Código Civil, art. 1604”.

Como cargos de violación se invocaron los siguientes: “los actos
administrativos demandados, violan el artículo 29 de la Constitución
Política; (…) los actos administrativos demandados violan el artículo 13
de la Constitución Política de Colombia (…), los actos administrativos
demandados violan el artículo 44 de la Ley 610 de 2000”; (…) los actos
administrativos demandados, violan los artículos 41, 48 y 53 de la Ley
610 de 2000; (…) los actos administrativos demandados, violan el artículo
1081 del Código de Comercio que regula la prescripción de las acciones
que se derivan del contrato de seguros”; para el efecto, expuso en cada
caso el sustento, al cual se hará referencia en lo pertinente más adelante.

1.2. Contestación de la demanda

La Contraloría General de la República, actuando por conducto de
apoderado, contestó la demanda en oportunidad y se opuso a las
pretensiones2.

Hizo alusión a los hechos, a las normas invocadas como violadas y al
concepto de violación, para manifestar lo siguiente:

2
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68 001 23 33 000 2012 00332 01. Expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

En cuanto a la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, así
como de los artículos 1, 44, 48 y 53 de la Ley 610 de 2000, expuso que,
contrario a lo señalado por la parte actora, el tiempo en que sucedió el
daño patrimonial está plenamente determinado y la razón por la que se
afectó la póliza nro. 1004046, es porque los hechos sucedieron en dos
momentos que estaban cubiertos por ésta, que afectó dos vigencias
diferentes con valores asegurados distintos, por lo que fue necesario
incluir las dos vigencias.

Respecto de la violación del artículo 13 de la Constitución Política,
argumentó que la Contraloría, en ejercicio de su facultad, aplica las
disposiciones en materia fiscal a las compañías aseguradoras como
tercero civilmente responsable con el fin de garantizar los dineros del
Estado, “situación que no tiene nada que ver con la aplicación de las
normas del Código de Comercio para el contrato de seguros que surge
entre el tomador y la aseguradora”.

En lo concerniente a la transgresión del artículo 44 de la Ley 610 de 2000,
señaló que está demostrado en el proceso que las pólizas vinculadas
cubrían los hechos y la época en que sucedieron, lo que se comunicó a la
compañía aseguradora el 9 de octubre de 2007. Agregó que, tanto los
implicados como la Previsora, tuvieron la oportunidad de controvertir las
pruebas y se les garantizó el debido proceso.

Frente a la falta de competencia de la Contraloría para hacer efectiva la
póliza de seguros que ampara la responsabilidad civil, aseguró que,
aunque la Contraloría no hace parte del contrato de seguro, se comprobó
que existió un detrimento patrimonial del Estado y que las pólizas cubrían
los respectivos hechos.

Acerca de la violación del artículo 1081 del Código de Comercio,
argumentó que las normas de carácter general prevalecen sobre las de
carácter particular como lo prevé el artículo 5 de la Ley 57 de 1887, y que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

los términos de prescripción ordinaria y extraordinaria propios del artículo
1081 no son aplicables a las Contralorías cuando éstas actúan en
cumplimiento de su misión institucional, artículo que solo cobija las
controversias que se susciten entre el asegurado o beneficiario en razón
del contrato de seguro.

Agregó que la norma especial aplicable al proceso de responsabilidad
fiscal es el artículo 9 de la Ley 610 y es el que debe ser considerado para
analizar el fenómeno de la prescripción, razones por las que solicitó que
no se accediera a las súplicas de la demanda.

II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 30 de agosto
de 2013, dispuso3:

“[…] Primero. DECLARAR la nulidad de los artículos segundo y tercero
del fallo 003 del 30 de enero de 2012 en (sic) proceso fiscal 1668 y las
demás decisiones que la confirman, que declaran tercero civilmente
responsable a la compañía de seguros La Previsora S.A. en atención a la
póliza global No. 1004046.

Segundo. CONDENAR a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
a reembolsar a la Previsora S.A. el valor de DOSCIENTOS SETENTA
MILLONES DE PESOS ($270.000.000) debidamente indexados, conforme
se expuso en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. ORDENAR a la Entidad Demandada dar cumplimiento a la
sentencia dentro de los términos señalados en los artículos 191 y s.s. del
CPACA.

Cuarto. CONDENAR EN COSTAS a la entidad demandada. Fíjense por
concepto de agencias en derecho DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($250.000). Liquídense por Secretaría los gastos del proceso, si a ello
hubiere lugar.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

Explicó que el problema jurídico central recaía en la prescripción y que,
de encontrarse configurada, ello tornaba innecesario analizar los demás
cargos. Lo formuló así: “¿se configura en el presente caso, la prescripción

3
Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

establecida en el Art. 1081 del Código de Comercio, respecto del derecho
a la aquí demandada, a reclamar el pago de los perjuicios ocasionados
por la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de seguro
1004046?”

Respondió que sí, con fundamento en el “(…) precedente del H. Consejo
de Estado4, aplicable al presente caso, según el cual, en un proceso de
responsabilidad fiscal, la vinculación del garante se hace como tercero
civilmente responsable, siendo el título de vinculación el contrato de
seguro y aunque el proceso de responsabilidad civil de la aseguradora se
surte en el mismo proceso fiscal, aplica el artículo 1081 del Código de
Comercio para regular la prescripción de la acción que se deriva del
contrato de seguro”.

Expuso que el precedente invocado regulaba un caso similar, y que la
interpretación del Consejo de Estado era coherente con los preceptos
constitucionales, por lo que el artículo 1081 resultaba aplicable al asunto.

Precisó que el conteo de la prescripción inició el 19 de septiembre de 2007
con el auto de apertura de la investigación y, al momento de proferirse la
decisión sobre la responsabilidad fiscal definitiva, esto es, el 18 de mayo
de 2012, ya estaba superado ampliamente el término de dos años que
tenía la Contraloría para reclamar el pago de los perjuicios ocasionados
por la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de seguro nro.
1004046.

Por último, a título de restablecimiento del derecho, indicó que se
reconocería a favor de la parte actora y en contra de la Contraloría
General de la República la suma de $270.000.000, ya que, acorde con el
comprobante de consignación nro. 104288844 del Banco Popular del 31

4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
Ponente. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia del 17 de junio de 2010.
Radicación No. 68001 23 15 000 2004 00654 01. Actor: La Previsora S.A. compañía de
seguros. Demandado: Contraloría General de la República.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

de julio de 2012, la aseguradora había pagado la respectiva
indemnización a órdenes del tesoro nacional, suma que debía ser
reembolsada debidamente actualizada, y que los intereses serían
reconocidos en la forma señalada por el artículo 192 del CPACA.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido por el a quo, la demandada, Contraloría
General de la República, interpuso recurso de apelación, que sustentó en
los siguientes motivos, a los cuales se aludirá al descender en su
examen5: (i) “ausencia del precedente jurisprudencial alegado”; (ii)
“afirmamento jurídico y fáctico del recurso ejercitado” y (iii) “en cuanto al
artículo 1081 del Código de Comercio”. Adicionalmente, también
cuestionó la condena en costas en primera instancia.

El recurso de apelación fue concedido en la audiencia de conciliación a
que se refiere el inciso cuarto del artículo 192 del CPACA, celebrada en la
fecha del 15 de noviembre de 2013 por la magistrada ponente de la
decisión de primera instancia, que se declaró fallida6.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

4.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 3 de diciembre de 20137 y admitido en proveído del 4 de
agosto de 20148.

4.2. Por auto del 30 de julio de 2018 el consejero de conocimiento dispuso
la remisión del proceso al despacho del consejero ponente de la presente
decisión, lo anterior, en cumplimiento de la medida de compensación

5
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68 001 23 33 000 2012 00332 01. Expediente digitalizado.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

aprobada mediante el Acuerdo 094 del 16 de mayo de 2018 por la Sala
Plena de esta Corporación9.

4.3. Por auto del 25 de septiembre de 2018 se avocó el conocimiento del
asunto y por considerarse innecesaria la celebración de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto10.

4.3.1. El apoderado de la parte actora solicitó se confirme la sentencia de
primera instancia, por cuanto los actos acusados transgredieron el artículo
1081 del Código de Comercio debido a que se produjo la prescripción de
la acción derivada del contrato de seguros, por lo que la Contraloría debía
reintegrar las sumas de dinero que hubiese pagado la Previsora S.A.11.

4.3.2. El apoderado de la Contraloría General de la República solicitó se
revoque la decisión del a quo e indicó que éste asumió de manera
equivocada que las aseguradoras que son llamadas al proceso en calidad
de terceros civilmente responsables deben ceñirse al término de dos años
previsto por el artículo 1081 del Código de Comercio y puso de presente
lo dicho por la Sección Quinta en sentencia del 7 de junio de 201812, para
señalar que no operó el fenómeno de la prescripción, por cuanto el
término para la reclamación es de cinco años desde la ocurrencia del
hecho.

4.3.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

4.4. El expediente ingresó para fallo el 6 de noviembre de 201813.

9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 22 de febrero de 2018. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 08001
23 31 000 2010 00612 01.
13
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68 001 23 33 000 2012 00332 01. Expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.

5.2. Los actos acusados

Corresponden a los siguientes:

5.2.1. El fallo con responsabilidad fiscal nro. 003 del 30 de enero de 2012
proferido por la coordinadora de gestión del grupo de investigaciones,
juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la Contraloría General de la
República, gerencia departamental de Santander, que dispuso15:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Ordénese Fallar con Responsabilidad
Fiscal, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en
cuantía de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($980.058.481.oo) a
cargo de los señores MILLER MOISÉS MILÁN RUANO identificado con (…)
Director de la Agencia Logística Regional Bucaramanga por el período
año 2006, primer trimestre de 2007; CRISANTO FERRER GUERRERO
identificado (…), jefe de bodega Bucaramanga durante enero 2006 a
enero 2007 (…), JESUS REINA ASCENSIO, identificado (…) jefe de
bodega de Arauca de marzo a noviembre de 2006; DENNIS ELKIN
QUINTERO DELGADO identificado (…) jefe de la bodega en Arauca de
diciembre de 2006 a mayo de 2007; y la COMERCIALIZADORA JJ MM EU,
(…), con ocasión de los hechos que son objeto de cuestionamiento del
proceso de responsabilidad fiscal No. 1668, según se expuso en la parte
motiva de esta providencia, quienes deberán responder así: (…).

ARTÍCULO SEGUNDO: Declárase a la Compañía de Seguros LA
PREVISORA S.A. (…) como Tercero Civilmente Responsable en
atención a la Póliza de Manejo Global No. 1004046 vigencia 01-03-05 a
01-03-06 con valor asegurado $100.000.000 con renovación de vigencia
01-03-06 a 01-03-07 con valor asegurado de $200.000.000.

14
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
15
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2012 00318 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

Teniendo en cuenta que las pólizas establecieron deducible del 10% este
despacho determina que el valor por el cual debe responder la
aseguradora asciende a las sumas de $90.000.000 y $180.000.000, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese al presente Fallo con
Responsabilidad Fiscal la Póliza de Manejo Global No. 1004046,
expedida por la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A. identificada
con el Nit (…), hasta por el valor del daño declarado a resarcir, menos el
deducible.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

5.2.2. El auto nro. 006 del 29 de marzo de 2012, “por el cual se resuelve
un recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad
fiscal nro. 003 del 30 de enero de 2012 dentro del proceso con
responsabilidad fiscal nro. 1668”, proferido por la coordinadora de gestión
del grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República, gerencia departamental de
Santander, que decidió16:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus demás partes el
Fallo con responsabilidad fiscal No. 003 de 30 de enero de 2012,
proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1668
adelantado en las dependencias administrativas de la Agencia Logística
de las Fuerzas Militares – Regional Bucaramanga en cuantía de
TRESCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE. ($307.480.705.oo) MILLER
MOISES MILLAN RUANO SOLIDARIAMENTE con CRISANTO FERRER
GUERRERO y la COMERCIALIZADORA JJ MM EU representada legalmente
por Oscar Fernando Díaz Ochoa; en cuantía de SEISCIENTOS SEIS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($606.697.258.oo), MILLER MOISES
MILLAN RUANO, SOLIDARIAMENTE con EDGAR MARIO GARCÍA
TORRES; en cuantía de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE
($65.880.518.oo). MILLER MOISES MILLAN RUANO,
SOLIDARIAMENTE con DENNIS ELKIN QUINTERO DELGADO y EDWAR
JESUS REINA ASCENSIO y la declaración de la Compañía de Seguros LA
PREVISORA S.A. como tercero civilmente responsable.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder ante el Superior Jerárquico Dirección
de Juicios Fiscales, el recurso de apelación interpuesto por MELISA
CHACÓN GORDILLO defensora de oficio de MILLER MOISES MILLAN
RUANO; JÉSSICA LISETH CORREDOR FLÓREZ, defensora de oficio del
señor Dennis Elkin Quintero Delgado; JULIANA ANDREA BARRIOS PEÑA,
defensora de oficio de Edgar Mario García Torres; ADRIAN FELIPE
ESPINOSA CARREÑO defensor de oficio de la Comercializadora JJ MM EU;
Dr. EDUARDO GALVIS TIBADUIZA, apoderado de Crisanto Ferrer

16
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

Guerrero y la Dra. CLAUDIA JOHANA MARIN CAÑAS apoderada de la
compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., contra el Fallo No. 003 de 30
de enero de 2012.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

5.2.3. El Auto nro. 000403 del 18 de mayo de 2012, “por medio del cual
se resuelve un grado de consulta y unos recursos de apelación contra el
fallo de responsabilidad fiscal nro. 003 dentro del proceso de
responsabilidad fiscal nro. 1668”, proferido por la directora de juicios
fiscales de la Contraloría General de la República, que dispuso17:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus demás partes el Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 003 de 30 de enero de 2012, proferido por el
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la
Gerencia Departamental Colegiada de Santander, en contra de MILLER
MOISES MILLAN RUANO, identificado con la c.c. (…) en su condición
de Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas, Regional
Bucaramanga, CRISANTO FERRER GUERRERO identificado con (…) en
su condición de Jefe Bodega Bucaramanga, Agencia Logística de las
Fuerzas Militares – Regional Bucaramanga, EDWAR JESUS REINA
ASCENSIO, identificado con (…) en su condición de Jefe Bodega Arauca;
EDGAR MARIO GARCÍA TORRES identificado (…) Jefe Bodega Cúcuta
y DENNIS ELKIN QUINTERO DELGADO identificado (…) Jefe de
Bodega Arauca, la COMERCIALIZADORA JJ MM EU (…) como
proveedor y se incorpora al Fallo a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROS, como tercero civilmente responsable, aclarando que la
incorporación [de la] vinculación de la Aseguradora es en virtud de las
dos modificaciones de la Póliza No. 1004046, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes el Auto No.
006 del 29 de marzo de 2012, proferido por el Grupo de Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental de
Santander, por medio del cual se resuelven los recursos de Reposición
interpuestos contra el Fallo con Responsabilidad Fiscal, lo confirma en su
totalidad y concede los Recursos de Apelación interpuestos en subsidio
contra el fallo mencionado, acorde con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).

5.3. Lo probado en el proceso

5.3.1. Según consta en el auto nro. 000403 del 18 de mayo 2012, “por
medio del cual se resuelven un grado de consulta y unos recursos de

17
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

apelación contra el fallo con responsabilidad fiscal nro. 003 dentro del
proceso de responsabilidad fiscal nro. 1668”, los hechos que dieron origen
al proceso fueron los siguientes18:

“[…] Según el Auto No. 009 por medio del cual se da Apertura al Proceso
de Responsabilidad Fiscal No. 1668 del 19 de septiembre de 2007,
proferido en contra de MILLER MOISÉS MILLÁN RUANO, identificado
(…) en su condición de Director, CRISANTO FERRER GUERRERO,
identificado (…) en su condición de Jefe Bodega Arauca y se vincula a la
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, los hechos investigados
son los siguientes:

“(…) El hecho presuntamente irregular objeto del cuestionamiento fiscal
que podría generar daño al Patrimonio del Estado, está relacionado con
los malos manejos e irregularidades que se presentaron al interior del
Ministerio de Defensa Agencia de Logística de las FF MM, Regional
Bucaramanga y tienen relación con el ejercicio de la gestión fiscal
durante a (sic) administración del Señor Mayor Miller Moisés Millán
Ruano, en las áreas de:

I. Tesorería: contratación de planes corporativos no autorizados, pagos
sin efectuar la respectiva retención en la fuente.

II. Centros de Abastecimiento y distribución de Bucaramanga, Cúcuta y
Arauca: Mercancías. Con un faltante general por valor de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE
MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS, ($458.712.609.): productos
pendientes de entrega por parte de la Comercializadora JJMM, por
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y
NUEVE CENTAVOS MCTE. ($257.679.873.69); insumos con averías por
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE.
($13.634.852.16).

(…)

El despacho procedió a practicar visita fiscal al interior de la Agencia
Logística de las FFMM – Regional Bucaramanga, el día 31 de julio de
2007, recaudándose del material probatorio, documentos varios que
evidencian faltantes y averías en mercancías en los centros de acopio y
distribución de Bucaramanga, Cúcuta y Arauca, así:

(…)

• Material por entregar comercializadora JJMM 257.679.873.69
• Averías en general 13.634.852.16

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

18
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2012 00318 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

5.3.2. En el fallo nro. 003 con responsabilidad fiscal nro. 1668 del 30 de
enero de 2012, de primera instancia, proferido por la coordinadora de
gestión del grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción
coactiva (e) de la Contraloría General de la República, Gerencia
Departamental de Santander, se analizó lo siguiente frente a la
vinculación de la compañía de seguros19:

“[…] En desarrollo del presente proceso de responsabilidad fiscal se
procedió a vincular a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A.
identificado con el NIT (…), en razón a que expidió la Póliza Global de
Manejo Sector Oficial No. 1004046 con vigencia de 01-03-05 a 01-03-
2006 por un valor asegurado de $100.000.000.oo (…) con vigencia de
01-03-06 a 01-03-07 por un valor asegurado de $200.000.000.oo

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas).

5.3.3. En el Auto nro. 000403 del 18 de mayo de 2012, “por medio del
cual se resuelven un grado de consulta y unos recursos de apelación
contra el fallo con responsabilidad fiscal nro. 003 dentro del proceso de
responsabilidad fiscal nro. 1666”, proferido por el director de juicios
fiscales de la contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y
jurisdicción coactiva de la Contraloría General de la República, al analizar
el recurso de apelación interpuesto, entre otros, por la Previsora S.A.
compañía de seguros, se explicó lo siguiente20:

“[…] Se indica en el escrito del recurso, como primer argumento, la
Prescripción en materia de Seguros prevista en el artículo 1081 de
Código de Comercio, la cual no se puede desconocer en el Proceso de
Responsabilidad Fiscal, siendo un medio de defensa de la aseguradora,
manifiesta que en el caso presente operó la prescripción de seguros.

Cita el fallo del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Rafael
Enrique Ostau De la Font Pianeta con el fin de que se tenga en cuenta
en el presente proceso; agrega que la prescripción que ha operado es la
del 1081 del Código de Comercio, solicitando la desvinculación de la
aseguradora por haber operado el fenómeno de la prescripción.

En cuanto a la prescripción de la póliza alegada por la defensa, debemos
señalar que la misma no ha operado como quiera que no han
transcurrido cinco años desde el inicio del Proceso de Responsabilidad
Fiscal; de otro lado, frente al argumento de que debe aplicarse el término
de prescripción de la póliza consagrado en el artículo 1081 del Código de

19
Ibidem.
20
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

Comercio, este Despacho advierte que en lo relativo a la Responsabilidad
Fiscal y al proceso establecido por la Ley 610 de 2000, fundado en el
ejercicio del control fiscal, las actuaciones que se surten, tienen una
naturaleza eminentemente administrativa (…).
(…)

Siendo una actuación administrativa, resulta claro que la normatividad
aplicable al respecto del término de prescripción de las obligaciones que
se derivan de un contrato de seguro no es el señalado por el artículo
1081 del Código de Comercio, como lo pretende el recurrente, sino que
está dado por el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo (…).

(…)

Si bien es cierto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado ha proferido decisiones en sentido
contrario, esto es, señalando que el término de prescripción aplicable es
el del artículo 1081 del Código de Comercio y no el artículo 9 de la Ley
610, este Despacho debe señalar dos cuestiones importantes: La
primera, que la sentencia a la que hace referencia el apelante no fue
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado y por lo tanto, no
constituye una posición uniforme que desconozca las anteriores, y
segunda, que mediante concepto No. 80112 – IE39717 del 22 de julio
de 2010, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República,
decidió apartarse de lo dicho en sentencia del 18 de marzo de 2010,
radicación No. 25000 23 24 000 2004 00529 01, la cual fue traída por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, en la sentencia citada por el apoderado del tercero civilmente
responsable, en virtud de que la jurisprudencia constituye un criterio
auxiliar de interpretación no vinculante.

(…)

En conclusión, con fundamento en la jurisprudencia y la ley antes
señaladas, no se tendrá en cuenta el argumento de la Prescripción de la
Póliza a favor de la Aseguradora por las razones anteriormente
expuestas.

[…]”.

5.4. Análisis de la Sala

En el asunto bajo examen, el a quo declaró la nulidad de los artículos
segundo y tercero del fallo con responsabilidad fiscal nro. 003 del 30 de
enero de 2012, así como de los autos que lo confirmaron, que habían
declarado como tercero civilmente responsable a La Previsora S.A.
compañía de seguros, en razón a la póliza global de manejo sector oficial
nro. 1004046, con vigencia del 01-03-06 al 01-03-07 y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la Contraloría el reintegro de la
suma de $270.000.000, debidamente indexados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

A su turno, el demandado, Contraloría General de la República, cuestiona
lo decidido por el tribunal y, específicamente, considera que no había
lugar a la aplicación de la prescripción de la acción derivada del contrato
de seguro, ni las providencias invocadas como precedente tenían tal
carácter.

Por lo tanto, la Sala, para resolver, circunscribirá su análisis a los motivos
de la apelación, advirtiendo que, como en el caso no se cuestionan los
hechos que dieron lugar al proceso fiscal, ni la declaratoria de
responsabilidad fiscal de los implicados, ni el objeto de los amparos o el
alcance o el valor asegurado frente a la póliza de seguro de manejo global
sector oficial número 1004046, no examinará dichos aspectos.

Precisado lo anterior, se tiene que los puntos de apelación son los
siguientes:

5.4.1. “Ausencia del precedente jurisprudencial alegado”

La parte recurrente, Contraloría General de la República, argumenta que
la sentencia proferida por el a quo está sustentada en la falsa creencia de
la existencia de un precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
según el cual “en un proceso de responsabilidad fiscal, la vinculación del
garante se hace como tercero civilmente responsable, siendo el título de
vinculación el contrato de seguro y aunque el proceso de responsabilidad
civil de la aseguradora se surte en el mismo proceso fiscal, aplica el
artículo 1081 del Código de Comercio para regular la prescripción de la
acción que se deriva del contrato de seguro”.

Aseguró que lo anterior no podía ser argumento para fallar a favor de la
parte actora y que, al cotejar la definición de precedente con los
pronunciamientos invocados por el Tribunal Administrativo de Santander,
se concluía que no constituía un precedente jurisprudencial vinculante o

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

siquiera un antecedente aplicable para resolver el asunto, pues las
razones de la decisión no conformaban una regla aplicable al caso,
teniendo en cuenta que:

(i) No fueron proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por lo que carecen de posición uniforme.

(ii) Mediante el concepto OJ 80112 – IE39717 del 22 de julio de 2010, la
oficina jurídica de la Contraloría General de la República se apartó de la
postura plasmada por el Consejo de Estado en la sentencia del 18 de
marzo de 2010, habida cuenta que no constituye un criterio auxiliar de
interpretación.

(iii) El precedente en materia judicial es legítimo si está conforme a
derecho, es decir, su fuerza vinculante está sujeta y condicionada por su
adecuación a la legalidad.

Para ello, afirmó, entre otros puntos, que “el problema jurídico creado por
las sentencias que constituyeron el precedente para que el Tribunal
Administrativo de Santander fallara basados en la prescripción a tener en
cuenta en el proceso de Responsabilidad Fiscal para el caso de las
aseguradoras era el aplicable según el establecido en el artículo 1081 del
Código de Comercio, es un argumento totalmente contrario a la ley y
entradamente gravísimo, pues está desfigurando por completo la misión
de la Contraloría General de la República y deja sin armas jurídicas al ente
fiscalizador para recuperar los dineros del Estado, toda vez que el control
que realiza la Contraloría es un control posterior determinado por la
Constitución y se inicia con un plan de auditorías para averiguar si los
dineros del Estado han sido bien manejados e invertidos, de manera que
este plan de auditorías lleva su tiempo es por esto que a través de la Ley
610 de 2000, se previó esta circunstancia y se le concedió a la Contraloría
el término suficiente para poder realizar su tarea fiscal, así lo establece el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

artículo 9 de la mencionada ley, dándole el término de cinco años, tanto
para la caducidad como para la prescripción de la acción fiscal”.

También argumentó que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior,
y el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 establece un plazo de prescripción
de cinco años del proceso de responsabilidad fiscal, constituyendo una
regulación integral y especial del proceso de responsabilidad fiscal.

Agregó que las sentencias del 18 de marzo de 2010 y del 17 de junio de
2010 tomaron a la Contraloría como beneficiario de un contrato de
seguro, lo que no es cierto, teniendo en cuenta que, según el artículo 44
de la Ley 610 de 2000, la vinculación que se hace a las aseguradoras es
en calidad de civilmente responsable, de manera que, cuando la ley le da
esa categoría, asigna al contrato de seguro connotaciones diferentes a las
pactadas entre la entidad asegurada y el asegurador, situación que,
manifestó, daba lugar a que se efectúe un estudio “a fin de emitir un
nuevo precedente que esté acorde con las normas legales y que considere
el carácter especial de la Ley 610 de 2000, pues de lo contrario está
creando inseguridad jurídica dejando a la entidad sin armas legales para
recuperar los dineros del Estado (…)”.

Frente a estos reproches, la Sala estima que no le asiste razón al
recurrente, por los motivos que pasan a explicarse:

(i) En lo concerniente a que la sentencia en la que se basó el tribunal,
proferida por esta Sección el 17 de junio de 2010 en el expediente con
radicación 68001 23 15 000 2004 00654 0121, no constituye un
precedente jurisprudencial vinculante y ni siquiera un antecedente
aplicable al caso, porque no se profirió por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, la Sala comienza por precisar que lo dicho por el a quo es
que el artículo 1081 resultaba aplicable porque el conteo de la

C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Actor: La Previsora S.A. compañía de seguros.
21

Demandado: Contraloría General de la República.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

prescripción inició con el auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal que se había proferido el 19 de septiembre de 2007, y, para decidir
en dicho sentido, se fundamentó en lo explicado en la sentencia citada en
precedencia proferida por esta Corporación; por consiguiente, la razón de
la decisión estuvo sustentada en la disposición legal aplicable al caso,
criterio que comparte esta Sección.

Lo señalado, puesto que, acorde con lo acreditado en el proceso y que no
discuten las partes, el auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal se profirió el 19 de septiembre de 200722, por lo que, al momento
de proferirse la decisión definitiva de responsabilidad fiscal, esto es, el 18
de mayo de 2012, ya estaba superado ampliamente el término de dos
años que tenía la Contraloría para reclamar el pago de los perjuicios
ocasionados por la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de
seguro nro. 1004046.

Precisado lo anterior, se tiene que, como lo ha definido la Corte
Constitucional, el precedente judicial es “la sentencia o conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia o semejanza
en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo” 23. Y los
criterios para definir si se está ante un precedente son: “i) que en la ratio
decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial
aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema
jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”24.

22
La posición mayoritaria de la Sala es que a partir del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal comienza el cómputo de la prescripción, mientras que el ponente
de la presente decisión estima que lo es partir del hallazgo fiscal, dado que, al tenor de
lo previsto por el artículo 1081 del Código de Comercio, “la prescripción ordinaria será
de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o
debido tener conocimiento del hecho base de la acción”.
23
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y
Auto 397 de 2014.
24
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

Bajo dichos parámetros, para que se trate de un precedente, la sentencia
debe resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos
mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e iguales
fundamentos en derecho. En suma, que exista identidad en los hechos y
en el derecho, de tal manera que la regla señalada sea aplicable al
respectivo caso.

Mientras que “(…) el antecedente se refiere a una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas
similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que
contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador (…).
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso
(…)”25.

En el caso concreto, se observa que la cita que hizo el a quo de la
sentencia proferida por esta Sección el 17 de junio de 2010 tuvo como
propósito dilucidar que la vinculación del garante al proceso de
responsabilidad fiscal se hace como tercero civilmente responsable y, en
estos términos, que esa era la razón de la aplicación del artículo 1081 del
Código de Comercio para regular la prescripción de la acción derivada del
contrato de seguro.

Por consiguiente, el tribunal, con sustento en la jurisprudencia de esta
Corporación, resolvió el caso examinado, utilizando una tesis que ha sido

25
Corte Constitucional. Sentencia T- 102 del 25 de febrero de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

expuesta por esta Sección de forma consistente 26, en el sentido que,
antes de la expedición de la Ley 1474, para determinar si operó la
prescripción de la acción derivada del contrato de seguro debe acudirse
al artículo 1081 del Código de Comercio, puesto que la Ley 610 de 2000
no la reguló.

Ahora bien, no sobra destacar que “(…) la labor judicial que llevan a cabo
los órganos se cierre, como son la Corte Constitucional, el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el
alcance de una disposición normativa, crean reglas y subreglas
jurisprudenciales que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces al
momento de resolver los casos concretos”27; por ende, son vinculantes
para los demás jueces que forman parte de esta Jurisdicción, cuando se
evidencie que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente, y, si bien es cierto, las sentencias de unificación
jurisprudencial tienen fuerza vinculante, no se trata de las únicas
providencias que pueden ser tenidas como precedente judicial, “... pues
las demás decisiones de los órganos de cierre pueden contener reglas
sobre la aplicación de normas en casos precisos, que bien pueden ser
exigibles como precedentes sobre otros casos que sean análogos o
similares, lo cual encuentra justificación en la necesidad de garantizar la
eficacia de principios derechos fundamentales”28.

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 15 de diciembre de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación
nro. 25 000 23 24 000 2012 00588 02; Sentencia del 18 de febrero de 2021. C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 68001 23 31 000 2004
00491 01; Sentencia del 22 de octubre de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente
radicación nro. 25000 23 41 000 2012 00418 01; Sentencia del 11 de octubre de 2019.
C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2007
00459 02; Sentencia del 3 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2003 00054 01; Sentencia del 13 de junio
de 2019. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro. 25000 23 27 000
2011 00231 01; Sentencia del 1 de febrero de 2018. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2010 00234 01.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de febrero de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 68 001 23 31 000 2004 00491 01.
28
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

De manera que no es posible afirmar que solo las providencias proferidas
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sean las únicas
vinculantes, puesto que el Consejo de Estado, por intermedio de sus
Secciones, con arreglo a la distribución del trabajo29, en lo de su
competencia, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales que deben ser
tenidas en cuenta por la ciudadanía y por todos los servidores públicos,
y, en este evento, el a quo se basó un precedente jurisprudencial, que,
se reitera, orientó sobre la aplicación del artículo 1081 del Código de
Comercio.

(ii) En lo referente al fundamento según el cual, la oficina jurídica de la
Contraloría General de la República no acogió el pronunciamiento de esta
Corporación porque deja sin herramientas jurídicas a la Contraloría, la
Sala considera necesario indicar que el ejercicio del control fiscal a cargo
de la Contraloría General de la República está sujeto al acatamiento de
las reglas y los términos legales, sin que, so pretexto del cumplimiento
de su misión institucional, pueda abstenerse de su observación.

En efecto, el artículo 267 de la Constitución Política se ocupó de establecer
los mandatos que orientan la función de la Contraloría General de la
República como ente encargado de ejercer el control fiscal, en tanto se
trata de una función dirigida a la gestión de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación30, lo
que no la releva de desarrollarla en los términos previstos en la ley.

Bajo dicho contexto, las reglas jurisprudenciales fijadas por los órganos
de cierre son aplicables de manera general e inmediata31, incluidos a los
servidores públicos de los órganos de control, de manera que no es
posible que se aparte de las mismas, alegando que, al hacerlo, se deja
sin herramientas jurídicas a la Contraloría, puesto que tales herramientas

29
Acorde con el Reglamento Interno de la Corporación.
30
Así lo explicó esta Sección en sentencia del 18 de febrero de 2021. C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 68 001 23 31 000 2004 00491 01.
31
Corte Constitucional. Sentencia SU- 406 de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

deben estar en consonancia con la ley y la jurisprudencia de los órganos
de cierre.

(iii) Pero más allá de la argumentación que antecede, la Sala observa que
el reproche del recurrente carece de sustento, pues parte de considerar
que el garante de la obligación de pagar queda sujeto a los términos y las
condiciones que la ley establece para el responsable fiscalmente,
omitiendo por completo la condición de aquél como civilmente
responsable. Lo que la Contraloría definitivamente no observa en su
argumentación es que el garante de la obligación se constituye en tal, no
porque sea responsable fiscalmente, sino porque acuerda con un tomador
del seguro las condiciones en las cuales se hará responsable de sus
riesgos, en un negocio en relación con el cual se examinan las variables
respectivas para establecer las condiciones del servicio y su
remuneración. Y, si bien es cierto, la Contraloría, por virtud de la ley,
puede hacer efectivo el seguro, representando el patrimonio público, esa
atribución no se le ha conferido para que condene al civilmente
responsable en la condición de fiscalmente responsable, pues debe
adelantar la reclamación respetando las condiciones que la Compañía de
Seguros acuerda con el tomador, precisamente en consideración al
carácter del negocio que la aseguradora ha celebrado.

(iv) En cuanto al argumento de que la ley posterior prevalece sobre la
anterior, por lo que debe aplicarse el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y
no el artículo 1081 del Código de Comercio, la Sala precisa que la
vinculación del garante a los procesos de responsabilidad fiscal tiene
sustento en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 al prever que, “(…)
cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga
el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se
vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero
civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y
facultades del principal implicado (…)”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

En ese sentido, como la vinculación del garante al proceso de
responsabilidad fiscal es de naturaleza civil, no fiscal, dado que se le
vincula como tercero civilmente responsable, no rige para él los plazos de
caducidad y de prescripción de que trata la norma que aplica al
responsable fiscal, (salvo, claro está, que exista disposición expresa que
así lo establezca, como lo hizo la ley 1474 de 2011). Entonces, aquí no se
trata de establecer cuál es la disposición que aplica teniendo en cuenta el
momento de su vigencia, porque estamos ante normas que tratan de
materia bien distinta; el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 establece los
términos para iniciar y adelantar la investigación de responsabilidad fiscal
contra los presuntos implicados en conductas que atentan contra el
patrimonio público; el artículo 1081 del Código de Comercio establece los
términos que tiene el interesado en reclamar de una compañía de seguros
el amparo del riesgo por su acaecimiento, atendiendo las condiciones del
contrato que ese garante celebró con el tomador de la póliza.

Respecto de la aplicación del artículo 1081 del Código de Comercio, esta
Sección ha explicado32:

“[…] en los juicios de responsabilidad fiscal debe tenerse en cuenta el
artículo 1081 del Código de Comercio, en relación con la prescripción
de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las
disposiciones que lo rigen, el cual, es de dos años contados desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento de la existencia del riesgo asegurado que da base a la
acción de responsabilidad fiscal, para evitar la extinción del derecho
por el fenómeno de la prescripción.

72. Para lo cual, se ha señalado que el citado artículo resulta aplicable
en los eventos de la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal
del garante como civilmente responsable, toda vez que dicha
vinculación no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por
responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del
contrato de seguros, derivado únicamente del contrato que se ha
celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión
fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí
que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o
contractual, y nunca fiscal.

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 3 de octubre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez número único de radicación
25000 23 24 000 2003 00054 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

73. Asimismo, esta Sección33 señaló que, comoquiera que el legislador
ha derivado del contrato de seguro la vinculación del garante como
tercero civilmente responsable, es claro que tal vinculación es una
forma de acción especial para hacer efectivo el amparo contratado,
que bien puede considerarse como acción paralela a la de
responsabilidad fiscal, aunque se surta en el mismo proceso, toda vez
que tiene supuestos, motivos y objetos específicos, sin que sea posible
equipar dos prescripciones, cuya naturaleza difiere completamente la
una de la otra; toda vez que mientras que en la del seguro, se predica
por la falta de ejercicio de las acciones por parte de quienes tienen
el interés en reclamar la indemnización del contrato; en el caso de la
prescripción de la responsabilidad fiscal, se instituye en el marco de
un proceso fiscal, y lo que se sanciona aquí no es otra cosa que la
inacción y dilación de la propia Administración para dictar una
providencia que resuelva la situación jurídica de los implicados.

[…]” (Se resalta).

(v) Por último, en cuanto al argumento de que las providencias proferidas
por el Consejo de Estado el 18 de marzo de 2010 y el 17 de junio de 2010
se traducen en considerar a la Contraloría como beneficiario de un
contrato de seguro, cuando se trata es de un tercero civilmente
responsable, no es cierto que en ellas se haga dicha afirmación, y, por el
contrario, lo que se dijo fue lo siguiente:

En la sentencia proferida por esta Sección el 18 de marzo de 2010 en el
proceso con radicación 25 000 23 24 000 2004 00529 01, se explicó34:

“[…] 2.2.2. Aplicabilidad del artículo 1081 del C. Co. al sub lite.

Despachar esta imputación implica precisar si esa norma es aplicable
o no en caso de vinculación del garante como civilmente responsable
en un proceso de responsabilidad fiscal, según el artículo 44 de la Ley
610 de 2000, debiéndose responder que sí, puesto que tal vinculación
no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por
responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del
contrato de seguros, esto es, derivada únicamente del contrato que
se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de
gestión fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante,

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 18 de marzo de 2011, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de
radicación 25000 23 24 000 2004 00529 01.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de marzo de 2010. Expediente radicación nro. 25000232400020040052901.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

de allí que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente
civil o contractual, y nunca fiscal (…).

(…)

Como quiera que el legislador ha derivado del contrato de seguro y
sólo de él la vinculación del garante como tercero civilmente
responsable, es claro que tal vinculación es una forma de acción
especial para hacer efectivo el amparo contratado, que bien puede
considerarse como acción paralela a la de responsabilidad fiscal,
aunque se surta en el mismo proceso, pues tiene supuestos, motivos
y objetos específicos.

Cabe decir que el titular primigenio de esa acción es la entidad
contratante, quien tiene en principio la facultad e incluso el deber de
declarar la ocurrencia del siniestro como resultas de esa acción,
cuando éste tiene lugar y, en consecuencia, ordenar hacer efectiva la
póliza de seguro respectiva, por el monto que corresponda.

Que ante la omisión del contratante, como aparece de bulto en el
diligenciamiento bajo examen, la Contraloría General de la República
puede asumir o está investida de esa titularidad por virtud del artículo
44 de la Ley 610 de 2000, con ocasión y dentro de la misma cuerda
del proceso de responsabilidad fiscal, para que verificado el
detrimento patrimonial por cualquiera de las partes del contrato
estatal amparado por la póliza, pueda igualmente ordenar su
efectividad por el monto que sea procedente […]

Mientras que, en la sentencia proferida por esta Sección el 17 de junio de
201035 se indicó en similar sentido:

“[…] 2.- Aplicabilidad de la prescripción señalada en el artículo
1081 del Código de Comercio en casos de procesos de
responsabilidad fiscal

La cuestión atrás precisada hace menester precisar si la prescripción que
consagra la citada norma es independiente o autónoma de la caducidad
de la acción de responsabilidad fiscal prevista en el artículo 9º de la Ley
610 de 2000, y por ende si es aplicable o no en caso de vinculación del
garante como civilmente responsable en un proceso de responsabilidad
fiscal, según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000.

Al respecto, sirve traer como precedente de dicha cuestión, lo señalado
por la Sala en sentencia reciente, de 18 de marzo pasado36, en la
medida en que ella se planteó la pregunta de si el artículo 1081 del
Código de Comercio es aplicable o no en caso de vinculación del garante
como civilmente responsable en un proceso de responsabilidad fiscal,
según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, se respondió que sí (…)

35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 17 de junio de 2010.C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente radicación
nro. 68001 23 15 000 2004 00654 01.
36 Sentencia del 18 de marzo de 2010, expediente núm. 2004 00529 01, consejero

ponente doctor Rafael Enrique Ostau de Lafont Planeta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

(…)

Conviene reiterar sobre este tema que el término de esa prescripción es
distinto al término de vigencia de la póliza, que el siniestro debe ocurrir
dentro de dicha vigencia para que nazca la obligación del garante o
asegurador, y que la prescripción de las acciones derivadas del contrato
de seguros empieza a correr desde cuando acontezca el siniestro o de
que el beneficiario o la autoridad competente, como en este caso lo es
la Contraloría General de la República, tenga conocimiento de su
ocurrencia […]”.

Por los motivos explicados estos reparos no tienen prosperidad.

5.4.2. “Afirmamento jurídico y fáctico del recurso ejercitado”

En este punto, la parte recurrente alegó que el fallo de primera instancia,
cuya revocatoria se solicita, es contrario a derecho, por cuanto el
precedente de las sentencias invocadas no está fundamentado en la
legalidad, porque:

(i) El proceso de responsabilidad fiscal se adelantó de acuerdo a la
investigación y el hallazgo de un detrimento patrimonial fue claro en
determinar las funciones que ejercían los responsables fiscales, acorde
con el manual de funciones de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, Regional Bucaramanga, y (ii) se desconoció que el proceso de
responsabilidad fiscal es totalmente autónomo e independiente de otros
procesos que buscan una responsabilidad diferente a la fiscal, ya que éste
tiene una finalidad resarcitoria, y en el trámite de este proceso se
observaron las garantías sustanciales y procesales que informan el debido
proceso, por lo que este se llevó a cabo dentro de las ritualidades de la
ley.

Al respecto, la Sala precisa que, en este caso, no se cuestiona que el
proceso de responsabilidad fiscal se adelantó con las garantías del
derecho de contradicción y defensa, como ejes centrales que componen
el debido proceso, sino que lo controvertido es si era posible la vinculación
del garante como tercero civilmente responsable al proceso de
responsabilidad fiscal con ocasión de la póliza de seguro global nro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

1004046 ante la ocurrencia del siniestro amparado, y se concluyó que no,
por cuanto se produjo la prescripción de la acción derivada del contrato
de seguro; por lo tanto, frente a este aspecto la Sala no advierte ninguna
controversia o reparo que deba analizar.

5.4.3. “En cuanto al artículo 1081 del Código de Comercio”

La parte recurrente indicó que el artículo 1081 del Código de Comercio
establece que la prescripción ordinaria es de dos años y la extraordinaria
es de cinco años, términos y condiciones que son aplicables para las
partes que celebran el contrato de seguro, entendiéndose por tales los
interesados, que, según lo ha dicho la Corte Suprema, se trata de quien
derive algún derecho del contrato de seguro.

Agregó que, “el caso que la entidad asegurada quisiera hacer efectivas
las pólizas por cualquier circunstancia de ley o del contrato mismo, la
prescripción ordinaria, se daría cuando se consuma el término de dos años
a partir del conocimiento real o presunto del siniestro y la prescripción
extraordinaria, cuando transcurren cinco (5) años a partir del siniestro, a
menos que se haya consumado la prescripción ordinaria”.

Manifestó que, como lo ha señalado reiteradamente la Sala Plena del
Consejo de Estado el 4 de septiembre de 1990 (expediente A- 50) y del
30 de abril de 1991 (expediente R- 087), sentencia de la Sección Cuarta
del 12 de julio de 1991 (expediente 5759), a la Contraloría no le son
aplicables los términos establecidos en el artículo 1081 del Código de
Comercio, sino que se rige por las normas especiales de la Ley 610 de
2000, y en los alegatos presentados ante esa instancia citó lo señalado
por la Sección Quinta en sentencia del 7 de junio de 201837.

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 22 de febrero de 2018. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 08001
23 31 000 2010 00612 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

La Sala tampoco dará prosperidad a estos reproches, teniendo en cuenta
lo siguiente:

(i) Sea lo primero indicar que la Sala no comparte lo afirmado por el
recurrente, cuando manifiesta que el interesado de que trata el artículo
1081 del Código de Comercio lo son solo las partes del contrato de seguro
que, de conformidad con el artículo 1037 del Código de Comercio, lo son
el asegurador y el tomador; el interesado es todo aquél que tiene interés
en presentar reclamación y ello incluye al beneficiario, o a cualquier otra
persona que, en virtud de la ley o del contrato, pueda reclamar del
asegurador el amparo respectivo.

Con fundamento en lo previsto por el artículo 1081 del Código de
Comercio, la Sala advierte que las acciones derivadas del contrato de
seguro pueden verse afectadas por la prescripción ordinaria y la por la
prescripción extraordinaria. Es en ese contexto en el cual la aseguradora
pacta el contrato de seguro con el tomador, para amparar el menoscabo
que pueda ocurrir en su patrimonio por el actuar de sus funcionarios; lo
que implica que, además de asegurado, es también el beneficiario, en los
términos previstos en el Código de Comercio; y si bien es cierto que la
Contraloría, por virtud de la Ley 610, puede asumir la posición de
asegurado y beneficiario, ello no quiere decir que pueda modificar las
condiciones del seguro, pues ese no es el alcance de la atribución que la
ley le otorga, y es precisamente por ello que una ley posterior, la Ley
1474, modificó expresamente esa condición.

(ii) En el caso concreto, como el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal se profirió el 19 de septiembre de 200738 y la
decisión definitiva de la responsabilidad fiscal se dictó el 18 de mayo de

38
Se reitera que conforme a la posición mayoritaria de la Sala a partir de dicho momento
se inicia el cómputo de la prescripción, criterio que no comparte el ponente de la presente
decisión, con fundamento en lo establecido por el artículo 1081 del Código de Comercio,
que dispone que “la prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde
el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho
base de la acción”, esto es, a partir del hallazgo fiscal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

2012, se concluye que se superó ampliamente el término de dos años que
tenía la Contraloría para reclamar el pago de los perjuicios ocasionados
por la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de seguro nro.
1004046.

(iii) En cuanto a las providencias que invoca la parte recurrente para
señalar que a la Contraloría no le son aplicables los términos establecidos
por el artículo 1081 del Código de Comercio, y más específicamente la
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, la Sala se remitirá a
lo que ha explicado esta Sección sobre las razones por las cuales no
comparte el entendimiento que ha dado la Sección Quinta a la vinculación
del garante al proceso de responsabilidad fiscal, así39:

“[…] La Sección Quinta en descongestión40, al estudiar el cargo de
prescripción de la acción derivada del contrato de seguro en los juicios
de responsabilidad fiscal, consideró que los términos regulados en el
artículo 1081 del Código de Comercio no constituyen limitante para
proferir el acto administrativo declarativo de la responsabilidad civil de
las aseguradoras, en el marco de un procedimiento de responsabilidad
fiscal, en la medida en que:

160.1. La acción de responsabilidad fiscal no es en realidad una acción
propiamente dicha, sino que es un procedimiento que tiene naturaleza
netamente administrativa.

160.2. Si no puede entenderse que el funcionario declarado fiscalmente
responsable ha sido objeto de “acción”, por ausencia de “proceso
judicial”, en el marco de un procedimiento de responsabilidad fiscal,
tampoco puede entenderse respecto de la decisión administrativa
declarativa de la responsabilidad civil de la aseguradora.

160.3. Lo anterior, a juicio de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
no desconoce que las aseguradoras se vinculan en calidad de terceras
civilmente responsables y su responsabilidad solo va en los términos
pactados en el contrato de seguros, de lo que se trata es de entender
que la declaratoria de responsabilidad civil que se produce en el marco
del procedimiento no se realiza en ejercicio de una acción, sino que es la
manifestación de voluntad de una autoridad estatal vertida en un acto
administrativo que puede ser objeto de control judicial, concluyendo que
la norma aplicable para determinar la prescripción de la acción derivada
del contrato de seguro es la que se deriva de la responsabilidad fiscal y
no comercial.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
39

del 15 de diciembre de 2023.
40
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta en Descongestión, sentencia de 7 de junio de 2018, C.P. Alberto Yepes Alzate,
número único de radicación 25000 23 24 000 2009 00289 02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

161. La anterior postura jurisprudencial no es compartida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, atendiendo a que esta Sección, de
manera reiterada y pacífica ha señalado que en los juicios de
responsabilidad fiscal debe tenerse en cuenta el artículo 1081 del Código
de Comercio, en relación con la prescripción de las acciones que se
derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen, el
cual, es de dos años contados desde el momento en que el interesado
haya tenido o debido tener conocimiento de la existencia del riesgo
asegurado que da base a la acción de responsabilidad fiscal para evitar
la extinción del derecho por el fenómeno de la prescripción.

162. Para lo cual, se ha señalado que el citado artículo resulta aplicable
en los eventos de la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal del
garante como civilmente responsable, toda que vez dicha vinculación no
es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad
civil, esto es, por razones inherentes al objeto del contrato de seguros,
derivado únicamente del contrato que se ha celebrado, que por lo demás
es de derecho comercial, y no de gestión fiscal alguna o conducta lesiva
del erario por parte del garante, de allí que la responsabilidad que se
llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca fiscal.

[…]”. (subrayas ajenas a la providencia)

Por consiguiente, no le asiste razón al recurrente cuando pretende
concluir que la norma aplicable para determinar la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro es la que corresponde a la
responsabilidad fiscal y no comercial, cuando se ha reiterado una y otra
vez que la aseguradora tiene un vínculo comercial y no fiscal.

Por lo tanto, este reproche tampoco prospera.

5.4.4. Sobre la condena en costas

Finalmente, la parte recurrente manifiesta que, en primera instancia, se
dispuso la condena en costas a la Contraloría, sin tener en cuenta que, de
conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, aplicable según lo
previsto por el inciso 3 del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, no se
observa que la Contraloría haya actuado con temeridad o mala fe, por lo
que debe revocarse dicha condena.

Este disenso no tiene prosperidad por lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

(i) El artículo 188 del CPACA estableció que, “salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (…)”. A su vez, el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, lo adicionó en el siguiente sentido: “en todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, no
obstante, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera
instancia, - 30 de agosto de 2013-, esta última modificación no estaba
vigente.

(ii) Conforme con lo previsto por el artículo 365 del Código General del
Proceso, la condena en costas está sujeta, entre otras, a las siguientes
reglas: - se condenará a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; - debe ordenarse en
la sentencia o en el auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella,
y - solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.

(iii) Como lo ha señalado esta Sección41, el criterio objetivo valorativo de
la condena en costas implica que es objetivo, por lo que, contrario a lo
señalado por el recurrente, no resulta de un obrar temerario o de mala
fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es el resultado de
su derrota en el proceso o en el recurso propuesto, y valorativo, porque
se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron
y en la medida de su comprobación, el pago de gastos ordinarios del
proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro de
éste.

En el caso concreto, el a quo dispuso la condena en costas a la entidad
demandada y fijó por concepto de agencias en derecho la suma de

41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 4 de febrero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente
radicación nro. 25000234100020150018001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

$250.000 debidamente indexadas, toda vez que la parte actora actuó en
el proceso por conducto de apoderado, lo que no cuestiona el recurrente,
sino que su argumento está dirigido a indicar que su actuar no es
temerario.

Al efecto se le precisa que, específicamente las agencias en derecho,
tienen que ver con que la parte haya actuado en virtud del derecho de
postulación por conducto de apoderado, lo que en este caso está probado,
motivo por el cual, este reparo tampoco tiene despacho favorable.

5.5. Costas procesales en segunda instancia

Con fundamento en las normas señaladas en precedencia, estos son, los
artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso, se
condenará en costas en esta instancia a la parte vencida, Contraloría
General de la República, dado que le será resuelto desfavorablemente el
recurso.

Para ello, está acreditado que La Previsora S.A. compañía de seguros
acudió a este proceso por conducto de apoderado. En consecuencia, se
dará aplicación a lo previsto por el Acuerdo nro. 1887 del 27 de agosto de
200342, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que estableció
las tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso
Administrativos, en el capítulo tercero del artículo sexto, y se impondrá
por este concepto a favor de La Previsora S.A. compañía de seguros y a
cargo de la Contraloría General de la República, el pago de la suma
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente43.

42
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
43
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

Por último, dado que no está acreditada la causación de gastos procesales,
esta Sala no condenará en costas por dicho concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013
por el Tribunal Administrativo de Santander, atendiendo las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar a la Contraloría General de la República a pagar a
favor de La Previsora S.A. compañía de seguros por concepto de agencias
en derecho la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal
vigente.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33

Radicación: 68 001 23 33 000 2012 00332 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros

consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.