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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2018-00434-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2018-00434-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección “A”, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 27 de octubre de 2023, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2018-00434-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 250002341000 2018 00434 01
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Contraloría General de la República 1

Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Prescripción de la póliza de seguro de
manejo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida, en primera instancia, el 27 de octubre de 2023 por la
Subsección “A”, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda3

1. Seguros del Estado S.A. 4, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte

1 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
2_EXPEDIENTEDIGI_ACTADEREPARTOPDF_20240411104819.
2 En adelante Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo:
9_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOPRINCIPALNO1_20240411105138. Folios 1 a 24.
4 Por intermedio de apoderado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 5.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló la siguiente pretensión:

“[…]1. Dejar sin efectos jurídicos, de hecho y de derecho y, por tanto, DECLARAR
LA NULIDAD de las siguientes providencias emitidas dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. PRF-2014-02038_UCC-PRF-038-2012 SIREF: AC 80011-
2012-13546: a) “FALLO No. 1348 DE 10 DE AGOSTO DE 2017 Por el cual se profiere
fallo dentro trámite del proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal número PRF-
2014-02038_UCC-PRF-038-2012 y se adoptan otras determinaciones”, b) el AUTO
1695 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, que resolvió los recursos de reposición
presentados y confirmó el fallo No. 1348 de 10 de agosto de 2017 y c) AUTO NO.
ORD-80112-0275-2017 DE 9 DE OCTUBRE DE 2017 “Por el cual se resuelve grado
de consulta y recursos de apelación dentro del proceso de responsabilidad fiscal
UCC-PRF-038-2012”, dictadas por la Contraloría General de la República; por cuanto
los mencionados actos administrativos resultan violatorios de la Constitución y la Ley
tal como se desarrolla en el presente escrito […]”.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] 2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que SEGUROS DEL
ESTADO S.A. debió ser desvinculada del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-
2014-02038_UCC-PRF-038-2012 SIREF: AC-80011-2012-13546, y/o no debió
haberse declarado como tercero civilmente responsable.

3. DECLARAR que los contratos de seguro Póliza de seguro de manejo empleados
públicos No. 21-42-101000813 y la Póliza de manejo global a favor de entidades
estatales No. 21-42-101001067 no brindan cobertura y no debieron ser afectado en
el proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-2014 02038_UCC-PRF-038-2012
SIREF: AC-80011-2012-13546.

4. DECLARAR que respecto de los contratos de seguro Póliza de seguro de manejo
empleados públicos No. 21-42-101000813 y la Póliza de manejo global a favor de
entidades estatales No. 21-42-101001067 operó el fenómeno jurídico de la
prescripción de las acciones derivadas de los mismos.

5. DECLARAR que en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF 2014-
02038_UCC-PRF-038-2012 SIREF: AC-80011-2012-13546 se configuró la caducidad
y/o prescripción de la responsabilidad fiscal.

6. En armonía con lo anterior, ORDENAR a la Contraloría General de la República
dar por terminado cualquier cobro coactivo que pudiere haber iniciado en contra de
mi mandante con base en las referidas providencias dictadas dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. PRF-201402038_UCC-PRF-038-2012 SIREF: AC-80011-
2012-13546, incluyendo la cancelación de cualquier medida cautelar que se hubiere

5 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”

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3

Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

podido ordenar y practicar, con la correspondiente devolución de los dineros
respectivos.

7. ORDENAR la devolución a favor de SEGUROS DEL ESTADO S.A. a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, de la totalidad de las sumas que hubiere
tenido que pagar la misma en cumplimiento de las citadas providencias o de cobros
coactivos iniciados con base en las mismas, junto con sus intereses moratorios o, en
defecto de lo anterior, devolviendo las sumas debidamente indexadas.

8. Que, en caso de oposición a la presente demanda, se CONDENE a la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA a pagar las costas procesales, que
incluyen las agencias en derecho […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

5. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito Capital
(UAESP), en el marco del contrato C-216/2011, adquirió la siguiente póliza de
manejo para empleados públicos con las prórrogas de tiempo que se detallan en la
tabla a continuación, indicando su número, fecha de vigencia y valor asegurado:

Número Vigencia Valor Asegurado
21-42-10100-0813 05-07-2011 a 05-07-2012 $300.000.000
21-42-10100-0813 05-07-2012 a 05-11-2012 $300.000.000
21-42-10100-0813 05-11-2012 a 04-12-2012 $300.000.000
21-42-10100-0813 05-11-2012 a 10-12-2012 $300.000.000
21-42-10100-0813 04-12-2012 a 10-12-2012 $300.000.000

6. En la citada póliza y sus prórrogas consta el acuerdo sobre un deducible del
5% del valor de la pérdida, mínimo 1 SMMLV. En esta póliza no se incluyó una
cláusula de siniestro por descubrimiento. Conforme las condiciones generales de la
misma, aceptadas por la UAESP en su momento y conocidas por la Contraloría en
el proceso de responsabilidad fiscal, se ampararon los riesgos “SIEMPRE Y
CUANDO EL HECHO SEA COMETIDO DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA
PRESENTE PÓLIZA”.

7. Así mismo, la UAESP es tomador y¡ beneficiario la siguiente póliza de manejo
global a favor de entidades estatales, tras adelantar el procedimiento de selección
abreviada UAESP-SAMC-02-2012, así:

Número Vigencia Valor Asegurado

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4

Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

21-42-10100-1067 10-12-2012 a 16-07-2013 $300.000.000

8. En la póliza señalada consta el acuerdo sobre un deducible del 3% del valor
de la pérdida, mínimo 1 SMMLV. En dicha póliza no se acordó cláusula de siniestro
por descubrimiento. Conforme sus condiciones generales aceptadas por la UAESP
en su momento y conocidas por la parte demandada en el proceso de
responsabilidad fiscal, se ampararon los riesgos “SIEMPRE Y CUANDO EL HECHO
SEA COMETIDO DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA”.

9. La parte demandada, a través del auto núm. 0224 del 11 de octubre de 2012,
dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal núm. PRF-2014-02038_UCC-PRF-
038-2012.

10. La parte demandada, mediante auto núm. 00063 de 2 de agosto de 2012, dio
apertura al proceso de responsabilidad fiscal núm. PRF-2014-
03239_UCC/PRF/009/2012.

11. Los dos procesos de responsabilidad fiscal fueron acumulados mediante
auto núm. 1500 de 16 de octubre de 2015.

12. En el auto de imputación de 15 de diciembre de 2016, la parte demandada
precisó que, atendiendo a la caducidad advertida sobre los hechos anteriores a
septiembre de 2007, se pronunciaría exclusivamente sobre los hechos continuados
generadores de daño fiscal que hayan tenido lugar o producido efectos con
posterioridad al 30 de septiembre de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2011.

13. La parte demandante fue vinculada como tercero civilmente responsable al
proceso de responsabilidad fiscal núm. PRF-2014-02038_UCC-PRF-038-2012
Mediante auto núm. 0764 de 22 de mayo de 2013 notificado por aviso recibido el 26
de mayo de 2013.

14. La Contraloría Delegada Intersectorial núm. 11 de la Contraloría General de
la República profirió el fallo núm. 1348 de 10 de agosto de 2017, con responsabilidad
fiscal en este asunto frente a los ex funcionarios de la UAESP y en el que declaró
como tercero civilmente responsable y garante de las pólizas que amparan manejo
global de la UAESP expedidas por la parte demandante.

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Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

15. La parte demandante presentó oportunamente recursos de reposición y en
subsidio apelación contra el fallo núm. 1348 de 10 de agosto de 2017.

16. La Contraloría Delegada Intersectorial núm. 11 expidió el auto núm. 1695 de
13 de septiembre de 2017, mediante el cual resolvió el recurso de reposición
interpuesto, disminuyendo el detrimento fiscal de Fabiola Ramos Bermúdez a
$45.389.673 y confirmando decisión inicial en los demás aspectos.

17. El Contralor General de la República expidió el auto núm. ORD-80112-0275-
2017 de 9 de octubre de 2017 en el que confirmó el fallo de primera instancia.

18. La parte parte demandada dejó transcurrir más de 2 años desde que tuvo
conocimiento de los hechos que dieron lugar a este proceso de responsabilidad
fiscal, sin vincular a la parte demandante.

19. La parte demandada dejó transcurrir más de 5 años sin dictar decisión
definitiva en el proceso de responsabilidad fiscal.

Normas violadas 6

20. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 1036, 1054, 1055 y 1081 del Código de Comercio.
• Artículo 9 de la Ley 610 de 2000 7.

Concepto de violación 8

21. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

Primer cargo: Infracción de las normas en que debería fundarse

22. La parte demandada no podía declarar a la parte demandante como tercero
civilmente responsable con base en la póliza de seguro global de amparo núm. 21-

6 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
9_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOPRINCIPALNO1_20240411105138. Folio 10.
7 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las

contralorías […]"
8 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
9_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOPRINCIPALNO1_20240411105138. Folios 10 a 22.

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Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

42-10100-1067, por cuanto el amparo tuvo vigencia desde el 10 de diciembre de
2012 hasta 16 de julio de 2013, periodo en el que no ocurrieron los hechos
generadores de responsabilidad fiscal.

23. La parte demandada limitó el periodo de tiempo de la investigación entre el
1.º de agosto de 2007 y el 31 de diciembre de 2011. La póliza de seguro bajo la
modalidad de reclamación (artículo 1073, Código de Comercio) solo cubre los
siniestros ocurridos durante su vigencia.

Segundo cargo: Falsa motivación

24. La parte demandante adujo que el presunto daño ocasionado por los
funcionarios de la UAESP no produjo un menoscabo al patrimonio público, dado
que los recursos utilizados son de naturaleza privada, por lo que no hay lugar a
declarar el siniestro.

25. El monto del amparo de la póliza de seguro núm. 21-42-101000813 es de
$300´000.000 M/Cte., correspondiente a una sola póliza de seguro, la cual, si bien
se renovó en varias ocasiones, sigue siendo el mismo amparo.

26. La póliza de seguro núm. 21-42-101000813 estaba supeditada a que el
riesgo de menoscabo de los fondos y bienes del Estado fuera causado por sus
servidores públicos, por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la
administración pública o fallos con responsabilidad fiscal. En este sentido, al no
haberse declarado judicialmente una conducta penalmente sancionable contra la
administración pública, no podría declararse el siniestro y, por lo tanto, afectar la
póliza de seguro núm. 21-42-101000813.

Tercer cargo: Desconocimiento del artículo 1081 del Código de Comercio

27. En este caso operó la prescripción ordinaria de que trata el artículo 1081 del
Código de Comercio, por haber transcurrido más de dos (2) años entre la fecha de
ocurrencia de los hechos y el fallo con responsabilidad fiscal.

28. La jurisprudencia ha admitido que la prescripción sea de dos años para el
caso de los seguros que amparan siniestros de responsabilidad fiscal.

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Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

29. En virtud de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, no resulta
aplicable lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011. En caso de acceder
a lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011 es
inconstitucional, por cuanto desconoce el debido proceso y la regulación especial
que rige el contrato de seguro, al equipararlo con el término de prescripción de la
acción de responsabilidad fiscal.

Contestación de la demanda

30. La parte demandada 9 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas de la siguiente manera 10:

Sobre la infracción de las normas en que debería fundarse

31. La parte demandada adujo que las pólizas que cubren el siniestro estuvieron
vigentes durante los periodos comprendidos entre el 05 de julio de 2011 y el 10 de
diciembre de 2012 (Póliza núm. 21-42-101000813) y entre el 10 de diciembre de
2012 y el 16 de julio de 2013 (Póliza núm. 21-42-10-10001067). Bajo esos
parámetros, las pólizas dan un plazo de 60 días para dar aviso sobre el siniestro y
se estableció expresamente que la aseguradora cubriría el menoscabo al patrimonio
público sin requerir fallo fiscal o penal.

32. Las pólizas de manejo global amparan hechos ya sucedidos al iniciar la
vigencia de la póliza, pero que son desconocidos para las partes y que solo se
evidencian durante la misma.

33. Una sentencia penal en la que se condene por un delito contra la
administración pública no es necesaria para hacer efectiva la póliza, por cuanto se
estableció que la misma cubría también la responsabilidad fiscal.

Sobre la falsa motivación

34. La parte demandada indicó que se probaron fehacientemente los elementos
de la responsabilidad fiscal en relación con cada uno de los sujetos pasivos de la
decisión contenida en los actos acusados. Específicamente, los dineros del
esquema del servicio público de aseo son recursos públicos, contrario a lo afirmado

9 Por intermedio de apoderado
10 Cfr. Folios 889 a 904 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

por el asegurador. En consecuencia, se ocasionó el siniestro amparado por las
pólizas de seguro y, por lo tanto, es deber de la aseguradora cumplir con sus
obligaciones contractuales.

Sobre el desconocimiento del artículo 1081 del Código de Comercio

35. El proceso de responsabilidad fiscal no prescribió, dado que el término de
cinco años debe contabilizarse desde el 11 de octubre de 2012 y no desde el 2 de
agosto de ese año, debido a la acumulación de procesos ocurrida durante el trámite
del proceso administrativo.

36. La posición jurisprudencial sobre el término de prescripción de las pólizas
globales de manejo no ha sido uniforme. En algunas providencias se sostiene la
tesis de la parte demandante, según la cual el término de prescripción es de dos
años, mientras que en otras se concluye que es de cinco años. Sin embargo, con la
expedición del artículo 120 de la Ley 1474 de 2011, dicha discusión quedó resuelta,
dado que se equipara el término de prescripción para las pólizas de manejo a los
mismos cinco años de la acción de responsabilidad fiscal.

Alegatos de conclusión

37. El Magistrado sustanciador, vencido el término probatorio y mediante auto
proferido en audiencia inicial el 13 de mayo de 2019, resolvió correr traslado común
a las partes por el término de diez días para que presentaran sus alegatos de
conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento
del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto
en el mencionado artículo.

38. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

39. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

40. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

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Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

Sentencia proferida, en primera instancia

41. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca 11, mediante sentencia proferida
el 27 de octubre de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de Fallo con Responsabilidad Fiscal
No. 1348 de 20 de agosto de 2017, Auto No. 1695 de 13 de septiembre de 2017 y
Auto No. ORD-80112-0275-2017 de 9 de octubre de 2017, expedidos por la
Contraloría General de la República, únicamente en lo que respecta a la cobertura de
la póliza No. 21-42-10-10001067, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoadas por Seguros del Estado S.A. contra la
Contraloría General de la República.

TERCERO.- Sin condena en costas.

CUARTO.- Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

QUINTO.- En firme esta providencia, remítase el proceso al Despacho del Magistrado
Sustanciador para lo de su cargo […]” (Negrillas de texto original).

Consideraciones del Tribunal

42. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo siguiente:

Respecto a si, la parte demandante es tercero civilmente responsable

43. El artículo 1073 del Código de Comercio reconoce la responsabilidad del
asegurador cuando el siniestro se inicia con anterioridad a la vigencia del seguro,
pero se consuma cuando ya ha terminado su vigencia “[…] Sin embargo, en el
presente asunto, según la demandada, se trata de una póliza global de manejo, la
cual trae consigo una excepción a dicha regla. (…) cuando se trate de pólizas de
seguros globales de manejo, la cobertura comprende las pérdidas descubiertas
durante su vigencia, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su
iniciación. (…) Con fundamento en lo anterior, la póliza de seguro No. 21-42-10-
10001067 no ampara el siniestro determinado por la Contraloría General de la
República […]”.

11 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 005_SENTENCIA.

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Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

44. La póliza de seguro en mención estuvo vigente entre el 10 de diciembre de
2012 y el 16 de julio de 2013 “[…] La Contraloría General de la República dio
apertura al proceso de responsabilidad fiscal correspondiente al radicado núm.
009/2012, mediante auto 2 de agosto de 2012. Luego el ente de control fiscal,
mediante auto de 11 de octubre de 2012, dio apertura al proceso de responsabilidad
fiscal con radicado No. 0038/2012. De acuerdo con lo anterior, se puede establecer
que el siniestro fue conocido por la Contraloría General de la República los días 2
de agosto de 2012 y el 11 de octubre de 2012, fechas en las que se dio apertura al
proceso de responsabilidad fiscal al que se vinculó como tercero civilmente
responsable a la demandante. Dado que el conocimiento del hecho materia del
siniestro (2 de agosto de 2012 y 11 de octubre de 2012) se produjo antes de la fecha
en que entró en vigencia la póliza de seguro No. 21-42-10-10001067 (10 de
diciembre de 2012), este queda excluido de la cobertura porque no cumple con la
excepción prevista en la norma: que el hecho haya ocurrido antes de la vigencia de
la póliza y se descubra durante su vigencia. […]”.

45. El hecho ocurrió antes de la vigencia de la póliza y su descubrimiento “[…]
(que es lo relevante para la aplicación de la excepción) ocurrió antes de la vigencia
de la póliza; por ende, se encuentra excluido de la cobertura aplicable. El cargo
prospera en lo que respecta a la póliza de seguro No. 21-42-10- 10001067 […]”.

Respecto a la falsa motivación

46. La prestación de servicios públicos domiciliarios es una función social
inherente al Estado “[…] resulta indiferente si es una entidad pública o un particular
quien presta el servicio, pues su naturaleza mantendrá una connotación pública y,
por tanto, dicha prestación deberá ser sometida a la regulación, vigilancia,
inspección y control que corresponda. Ahora bien, dada la naturaleza del servicio
público de aseo, a juicio de la Sala, los recursos que se recaudan por la prestación
del mismo son de naturaleza pública, en la medida en que son contraprestación del
mismo. Por tanto, no habría razones jurídicas que sustenten que el cobro que se
realiza a los usuarios por la prestación de un servicio público se transforme en
capital privado. Esto es, dada su naturaleza, haber otorgado mediante contrato de
concesión la prestación del servicio de aseo, en las zonas de uso exclusivo que
determinó, no trae como efecto que la naturaleza del servicio se transforme en
privado, por la circunstancia de que lo preste un particular […]”.

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Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
Demandante: Seguros del Estado S.A.

47. Los recursos que se recaudan por la prestación del servicio de aseo “[…] son
netamente públicos, hasta tanto se entreguen, en la forma y cantidad prevista en
las estipulaciones contractuales, al operador privado del servicio por la prestación
del mismo. Por ello, al tenor de lo dispuesto en los artículos 267 de la Constitución
y 2 de la Ley 42 de 1993 (vigente para ese momento), la Contraloría General de la
República optó de manera correcta al realizar el control fiscal sobre los recursos
recaudados y administrados por parte de las sociedades concesionarias, por cuanto
se trataba de dineros públicos. A su vez, la regulación tarifaria también demuestra
lo referido en esta providencia. […]”.

48. La afectación de la póliza de seguro núm. 21-42-101000813 no requería de una
condena penal por delitos contra la administración pública “[…] pues su cobertura
comprende los hechos que tipifiquen responsabilidad fiscal. Así se observa en la
póliza mencionada, cuando indica que su ámbito corresponde a “Los riesgos que
impliquen menoscabo de los fondos y bienes del Estado, causados por sus
servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la
administración pública o fallos con responsabilidad fiscal”. En esa medida, como se
trata de un asunto que involucraba hechos que comprometían la responsabilidad
fiscal de los empleados de la UAESP, la póliza No. 21-42-101000813 sí podía ser
afectada […]”.

De la prescripción y el desconocimiento del artículo 1081 del Código de
Comercio

49. La jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, hasta la expedición de la
Ley 1474 de 2011 “[…] había acogido el criterio expuesto por la parte demandante,
esto es, que la prescripción del contrato de seguro en los procesos de
responsabilidad fiscal era la prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio.
Sin embargo, con la expedición de la Ley 1474 de 2011 (artículo 120) el H. Consejo
de Estado cambió su postura. Se afirma que desde la entrada en vigencia de la ley
mencionada, el término de prescripción para el contrato de seguro en los procesos
de responsabilidad fiscal se equipara al previsto en el artículo 9 de la Ley 610 del
2000 […] La Sala comparte el criterio aquí transcrito, esto es, que desde la entrada
en vigencia del artículo 120 de la Ley 1474 de 2011, por expresa disposición legal,
el término de prescripción del contrato de seguro en los procesos de responsabilidad

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fiscal es de 5 años. Además, lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 tiene el carácter
de ley especial, ya que se dirige única y exclusivamente a los procesos de
responsabilidad fiscal; e, igualmente, posterior al artículo en el 1081 del Código de
Comercio. Por lo tanto, la norma aplicable en este caso es el artículo 120 de la Ley
1474 de 2011 […]”.

50. La parte demandada “[…] inició dos procesos de responsabilidad fiscal por
hechos relacionados, pero que son distintos. El primero corresponde al radicado No.
009/2012, en el que se profirió auto de apertura del proceso el 2 de agosto de 2012
[…] Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante auto de 11 de
octubre de 2012, dio apertura a otro proceso de responsabilidad fiscal, al que se le
asignó el radicado No. 0038/2012 […]”.

51. La parte demandante fue vinculada al proceso de responsabilidad fiscal núm.
0038/2012 mediante auto de 22 de mayo de 2013 “[…] De acuerdo con ello, será
conforme al auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 0038/2012
que se debe contabilizar el término de prescripción previsto en el artículo 9 de la
Ley 610 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 1474
de 2011. No podría contabilizarse el término prescriptivo desde la fecha en que se
dio apertura el proceso de responsabilidad fiscal No. 009/2012, como quiera que en
ese no se vinculó a la demandante y corresponde a hechos fiscales distintos […]”.

52. El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal núm. 0038/2012,
fue proferido el 11 de octubre de 2012 “[…] El 20 de agosto de 2017, se expidió el
fallo con responsabilidad fiscal No. 1348, mientras que los autos que resolvieron los
recursos de reposición y apelación se profirieron el 13 de septiembre de 2017 y 9
de octubre del mismo año, respectivamente. El auto No. ORD-80112-0275-2017 de
9 de octubre de 2017, mediante el cual se resolvieron los recursos de apelación
interpuestos, fue notificado por Estado el 10 de octubre de 2017. Por lo tanto,
teniendo en cuenta que el auto de apertura del proceso se profirió el 11 de octubre
de 2012, la entidad demandada tuvo hasta el 11 de octubre de 2017 para proferir
decisión en firme que declarara la responsabilidad fiscal. Esto sin contar las distintas
suspensiones de términos que fueron decretadas durante la actuación
administrativa. Así las cosas, como la decisión sobre los recursos interpuestos se
notificó el 10 de octubre de 2017, se concluye que no operó el fenómeno de la
prescripción alegado por la demandante […]”.

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53. Sobre la aplicación del artículo 41 de la Ley 153 de 1887, “[…] debe señalarse
que cuando se dictó el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal (11
de octubre de 2012), ya se encontraba en vigencia el artículo 120 de la Ley 1474 de
2011, pues de conformidad con el artículo 135 del mismo compendio normativo,
esto tuvo lugar desde su promulgación, 12 de julio de 2011. Es decir, en este asunto
no hubo un cambio normativo en cuanto al término de prescripción que haga
discutible la aplicación del artículo 41 de la Ley 153 de 1887, ya que al momento de
dictar el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal se encontraba
vigente el término especial previsto en el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011 y, por
lo tanto, como se advirtió, el último de los mencionados debía regir la prescripción
[…]”.

Recursos de apelación 12

54. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:

Prescripción del proceso de responsabilidad fiscal

55. La parte demandada “[…] dentro del trámite adelantado bajo radicado UCC –
PRF – 009 – 2012, emitió auto de apertura el 2 de agosto de 2012, de manera que
el término para la configuración de la prescripción de la responsabilidad fiscal, se
habría extendido, a lo sumo, hasta el 2 de agosto de 2017. No obstante, de manera
ilegal, desconociendo los criterios establecidos en la legislación frente a los
hallazgos fiscales y al trámite de los procesos de responsabilidad fiscal,
particularmente lo establecido en el artículo 14 de la Ley 610 de 2000, que dispone
que por cada hecho generador de responsabilidad fiscal se debe adelantar una sola
actuación procesal, mediante auto 224 del 11 de octubre de 2012, la Contraloría
Delegada Intersectorial N° 7 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción de la Contraloría General de la República, avocó conocimiento de la
indagación preliminar IP01 de 2012, dando apertura al proceso de responsabilidad
fiscal UCC – PRF – 038 – 2012, por hechos que guardan identidad con los que
dieron lugar al PRF – 009 de 2012 […]”.

12 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 015-RECIBEMEMORIALES-RECURSO.

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56. La fecha que se debió tomar, para el cómputo del término prescriptivo no era
otro que el 2 de agosto de 2012, […] fecha en que se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal PRF – 009 de 2012 con la emisión del auto correspondiente,
sin que se pudiera tomar fechas de otros procesos de responsabilidad fiscal
adelantados con base en los mismos hechos. No obstante, sin realizar el análisis
debido, el Tribunal concluyó que en el presente caso no se configuró la prescripción
de la acción de responsabilidad fiscal, tomando como fecha de inicio del cómputo la
fecha de emisión del auto de apertura del PRF – 038 – 2012, cuando la apertura de
dicho proceso, apenas fue un intento de revivir términos procesales y, correspondía
era tomar el 2 de agosto de 2012, fecha de inicio del PRF – 009 de 2012. Lo anterior,
determinó que se concluyera de manera equivocada que en el presente caso no se
configuró la prescripción […]”

Las pólizas expedidas por la parte demandante no ofrecen cobertura frente al
siniestro

57. La parte demandante manifestó que “[…] como aparece probado, el hecho
generador del daño fiscal se produjo con anterioridad al 5 de julio de 2011, fecha en
que inició la vigencia de la póliza antes referida, y fecha desde la cual, se habría
producido incluso la prescripción de la acción de responsabilidad fiscal; situación
que implica que el detrimento se inició a causar desde antes a la entrada en vigencia
de la póliza de seguro expedida por Seguros del Estado S.A. Lo anterior, fue
reconocido por el propio Tribunal, que en la parte considerativa de la providencia
apelada […]”.

58. Los periodos en los que trabajaron los presuntos responsables fiscales “[…] se
encuentran ubicados temporalmente antes del inicio de vigencia de la póliza, más
concretamente, antes del año 2011, circunstancia que, se insiste, está plenamente
acreditada dentro del proceso. Lo anterior se evidencia además, en las distintas
resoluciones proferidas por la entidad demandada dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, las cuales obran en el proceso. No obstante, a pesar de que,
en virtud de lo anterior, los eventos con base en los cuales se adelantaron los
procesos de responsabilidad fiscal no podían ser objeto de cobertura, por expresa
disposición del artículo 1053 del C. de Co. al tratarse de hechos que iniciaron su
producción desde antes de que el riesgo principiara a correr por cuenta del
asegurador, por lo que en atención a la aplicación del artículo 1.073 del C. de Co.

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no existe responsabilidad alguna a cargo de la Compañía de Seguros que
represento. Al respecto, el artículo 1.073 del Código de Comercio es claro, cuando
expresa que el siniestro iniciado antes y continuado después del inicio de la vigencia
del seguro, no es responsabilidad del asegurador […]”.

De la aplicación del artículo 120 de la Ley 1474 de 2011

59. En este caso, se encuentra consolidada la caducidad y/o prescripción de las
Pólizas núm. 21-42-101000813 y 21-42-101001067 teniendo en cuenta que “[…]
se encuentra vencido el término de cinco años previsto en el artículo 120 de la Ley
1474 de 2011, norma que dispone que “Las pólizas de seguros por las cuales se
vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero
civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9o de la
Ley 610 de 2000” […] La actual jurisprudencia del Consejo de Estado, ha precisado
que el término de prescripción de las pólizas de seguro en el marco del proceso de
responsabilidad fiscal, es de cinco años […]”.

60. La contabilización del término de prescripción de cinco años del contrato de
seguro “[…] debe comenzar a contabilizarse desde el último día de vigencia de la
póliza de seguro, pues se asume que en ese día ocurrió el último acto o hecho
(constitutivo de un eventual detrimento patrimonial) por el cual procedía vincular a
la garante al proceso de responsabilidad fiscal […]”.

61. Los hechos que dieron lugar al proceso de responsabilidad fiscal “[…]
adelantado por la Contraloría General de la República, según lo señalado por la
propia contraloría, ocurrieron entre el 30 de septiembre de 2007 y el 31 de diciembre
de 2011. Las pólizas expedidas por mi poderdante, CONTRARIO A LO SEÑALADO
POR EL TRIBUNAL, OPERAN BAJO LA MODALIDAD OCURRENCIA, NO BAJO
DESCUBRIMIENTO, PUES SE PACTÓ EXPRESAMENTE QUE LA COBERTURA
OPERABA BAJO LA MODALIDAD OCURRENCIA. De esta manera, los hechos
determinantes del presunto detrimento patrimonial, (presunto siniestro), se habrían
producido, a más tardar, el día 31 de diciembre de 2011. Para la fecha antes
referida, la única póliza que encontraba cobertura era la Póliza 21 42-101000813
cuya vigencia estaba comprendida entre el 5 de julio de 2011 al 10 de diciembre de
2012 […]”.

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62. Desde la fecha de ocurrencia de los hechos constitutivos de detrimento
patrimonial “[…] hasta la fecha en que se profirió fallo en firme, habría transcurrido
un término superior a los 5 años establecidos en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.
Dada la modalidad de cobertura pactada, se insiste, ocurrencia, no habría
posibilidad alguna que el presunto siniestro en el marco de la póliza se hubiere
producido con posterioridad al 31 de diciembre de 2011. De tal manera, es claro
que en el presente caso, se habría producido la prescripción de las acciones
derivadas del contrato de seguro, en tanto, desde la fecha del presunto siniestro,
transcurrió un término superior al establecido en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000,
sin que se hubiere emitido fallo con responsabilidad fiscal en firme […]”.

63. Concluyó que “[…] para el 10 de octubre de 2017, fecha en la cual se resolvieron
los recursos de alzada interpuestos frente al fallo con responsabilidad fiscal y el
grado jurisdiccional de consulta, transcurrió un término superior a cinco años desde
la ocurrencia de las circunstancias constitutivas de detrimento patrimonial, que en
el marco de una póliza expedida bajo modalidad de reclamación constituyen el
siniestro […]”.

Parte demandada

64. La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:

65. El artículo 4 de la Ley 389 de 1997 prevé la posibilidad de que por un pacto
expreso entre los contratantes “[…] se límite temporalmente la cobertura, o incluso,
se extienda a hechos anteriores a su vigencia, siempre que ambos casos se cumpla
con la exigencia de que la reclamación se haga dentro del lapso de vigencia de la
convención, es decir, se establecen dos requisitos para que opere el contrato de
seguro, que los hechos sean anteriores a la entrada en vigencia de la póliza, pero
la reclamación se dé dentro de la vigencia de la misma […]”.

66. En este caso se trata de riesgos específicos “[…] en relación con los cuales
el legislador permite amparar hechos ya sucedidos al iniciar la vigencia del seguro,
pero aún desconocidos para las partes y que se evidencian durante la misma. De
esta manera se logró determinar que en lo que respecta a la póliza expedida por
Seguros del Estado la misma está llamada a indemnizar los siniestros causados
incluso fuera del término de su vigencia, señalando incluso que la misma establece

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los delitos contra la administración pública y los fallos con responsabilidad fiscal
como amparos diferentes, por lo que no se requiere de la existencia de fallo
condenatorio en o penal para que opere la misma […]”.

67. Frente al caso en cuestión “[…] es necesario tener en cuenta que si bien la
Contraloría General de la República apertura el proceso de responsabilidad fiscal
mediante auto 009 del 2 de agosto de 2012 y 0038 del 11 de octubre del 2012, no
es posible equiparar dicha acción al descubrimiento del siniestro, ya que como se
ha establecido por parte de la Jurisprudencia nacional, el descubrimiento requiere
de un conocimiento más profundo por parte del asegurado, no basta con la
existencia de simples sospechas, lo que conlleva inevitablemente a una
investigación o profundización adicional para corroborar las mismas […]”.

68. En el caso objeto de recurso, sería inexacto indicar que el inicio de la
investigación preliminar por parte de la Contraloría General de la República sea
equiparable al descubrimiento del siniestro “[…] ya que, como fue establecido dentro
de los hechos de la demanda, es mediante oficio de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente del Congreso de la República que se solicita a esta
Entidad iniciar un control fiscal posterior en forma excepcional sobre las cuentas y
contratos de la UAESP, especialmente en materia de servicio público de aseo, y es
por ello que la Contraloría General de la República despliega las acciones
investigativas para verificar la existencia del daño, es decir, que el descubrimiento
se concreta en el momento que se vincula a la aseguradora, el 22 de mayo del
2013, dando así cumplimiento al segundo requisito para que opere la póliza de
seguro de manejo, concerniente en que la reclamación se dé dentro de la vigencia
de la misma […]”.

Actuación en segunda instancia

69. Este Despacho, mediante auto de 15 de abril de 2024 13, admitió los recursos
de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la
sentencia proferida, en primera instancia, el 27 de octubre de 2023 por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

13
Cfr. índice 4 del expediente digital, SAMAI.

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70. Vistos los numerales 4. ° a 6. ° del artículo 247 de la Ley 1437, sobre trámite del
recurso de apelación contra sentencias, encuentra el Despacho sustanciador que,
la parte demandante se pronunció en relación con el recurso de apelación y no fue
necesario realizar el decreto de pruebas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

71. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco
normativo de las atribuciones de la Nación – Contraloría General de la Republica en
los procesos de responsabilidad fiscal; v) el marco normativo del proceso de
responsabilidad fiscal; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
vinculación del garante en los procesos de responsabilidad fiscal; vii) el marco
normativo sobre la póliza global de manejo; viii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro,
reiteración de la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado; ix) el
marco normativo sobre la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro
con la expedición de la Ley 1474; y x) el análisis del caso en concreto.

Competencia de la Sala

72. Vistos el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 14, sobre la competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

73. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes demandante y demandada.

14 “[…] Artículo 150. Inciso modificado por el artículo 25, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. […]”

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74. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandante y demandada en los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 2012.

Actos administrativos acusados

75. Los actos acusados 15 son los siguientes:

74.1. El acto administrativo que contiene el fallo con responsabilidad fiscal núm.
1348 de 10 de agosto de 2017 16 resolvió:

“[…] ARTÍCULO CUARTO: PROFERIR FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL
en contra de los siguientes implicados:

• FABIOLA RAMOS BERMÚDEZ C.C. 41.675.863. En su calidad de Directora
General encargada de la UAESP durante el periodo comprendido entre el 10 de enero
de 2008 al 19 de noviembre de 2008, deberá responder fiscalmente en forma solidaria
en virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada 3 de
SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
(COP$71.757.288,00 Mc/te), de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente,
tales como contratos, órdenes de pago, resoluciones de delegación, registros
contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de julio de 2017 y las
consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por su conducta
gravemente culpase, por la probada omisión de sus deberes funcionales como
máxima autoridad de dicha entidad distrital y supervisora de la actividad contractual
de su delegatario RIGOBERTO MORALES BECERRA, quien en ejercicio de la
gestión fiscal delegada celebró los siguientes contratos que generaron el menoscabo
de las tarifas del esquema de aseo de Bogotá, porque infringen los criterios legales
del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por la CRA.

• VICTORIA EUGENIA VIRVIESCAS CALVETE C.C. 35.318.451, En su calidad de
Directora General en propiedad de la UAESP durante el periodo comprendido entre
el 21 de noviembre de 2008 al 15 de septiembre de 2009, deberá responder
fiscalmente en virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en virtud del artículo 53 de
la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada de SIETE MIL NOVECIENTOS DOS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (COP$7.902.768.929,00 Mc/te.), de
acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, tales como contratos, órdenes
de pago, resoluciones de delegación, registros contables del fideicomiso, Informe
Técnico rendido el 7 de julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo
frente a los descargos, por el probado ejercicio de una gestión fiscal irregular
materializada en la celebración de contratos y la expedición de resoluciones que

15 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin

perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
16 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CD FOLIO 26A. Archivo denominado:

Anexo4FALLO1348.

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ordenaron pagos que generaron el menoscabo de las tarifas del esquema de aseo de
Bogotá porque infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones
impartidas por la CRA. También responderá fiscalmente en forma solidaria con
CATALINA FRANCO GÓMEZ por una cuantía de $1.314.707.406,00 M/Cte, con
JULIA ESTHER PRIETO por una cuantía de $568.149.767,00 M/Cte y con
RIGOBERTO MORALES BECERRA por una cuantía de $366.039.592,00 M/Cte, por
su conducta gravemente culposa, por la probada omisión de sus deberes funcionales
como máxima autoridad de dicha entidad distrital y supervisora de la actividad
contractual de sus delegatarios, CATALINA FRANCO GÓMEZ, JULIA ESTHER
PRIETO y RIGOBERTO MORALES BECERRA, quienes en ejercicio de la gestión
fiscal delegada celebraron los siguientes contratos que generaron el menoscabo de
las tarifas del esquema de aseo de Bogotá, porque infringen los criterios legales del
régimen tarifario y las instrucciones impartidas por la CRA.

• GERARDO ENRIQUE CUENCA MELO C.C. 12.970.397, en su calidad de Director
General encargado de la UAESP durante el periodo comprendido entre el 04 de
noviembre de 2010 al 05 de noviembre de 2010, deberá responder fiscalmente en
virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada de TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE (COL$3.764.504.912,77 M/Cte), de acuerdo con las pruebas que obran
en el expediente, tales como contratos y resoluciones que ordenar financiarse con
tarifas, órdenes de pago, registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido
el 7 de julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo frente a los
descargos, por su conducta gravemente culposa por el probado ejercicio de una
géstión fiscal irregular como delegatario materializada en la celebración de contratos
que ordenaron pagos que generaron el menoscabo de las tarifas del esquema de
aseo de Bogotá porque infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las
instrucciones impartidas por la CRA.

• MIRIAM MARGOTH MARTÍNEZ DÍAZ C.C. 30.732.383, en su calidad de Directora
General en propiedad de la UAESP durante el periodo comprendido entre el 16 de
septiembre de 2009 al 12 de agosto de 2011. deberá responder fiscalmente en virtud
del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada de TRECE MIL
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA CINCUENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE (COP$13.046.659.953,90 Mc/te.), de acuerdo con las pruebas que
obran en el expediente, tales como contratos, órdenes de pago, resoluciones de
delegación, registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de julio
de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por el
probado ejercicio de una gestión fiscal irregular materializada en la celebración de,
contratos y la expedición de resoluciones que ordenaron pagos que generaron el
menoscabo de las tarifas del esquema de aseo de Bogotá porque infringieron los
criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por la CRA.
También responderá fiscalmente en forma solidaria con BERTHA CRUZ FORERO
por una cuantía de $1.411.576.497,52 M/Cte, con GERARDO ENRIQUE CUENCA
MELO por una cuantía de $3.764.504.912,77 y con RIGOBERTO MORALES
BECERRA por una cuantía de $92.171.565,00 M/Cte, por su conducta gravemente
culposa, por la probada omisión de sus deberes funcionales como máxima autoridad
de dicha entidad distrital y supervisora de la actividad contractual de sus delegatarios,
quienes en ejercicio de la gestión fiscal delegada celebraron los siguientes contratos
que generaron el menoscabo de las tarifas del esquema de aseo de Bogotá, porque
infringen los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por la
CRA.

• JUAN CARLOS JUNCA SALAS C.C. 79.568.357, en su calidad de Director General
en propiedad de la UAESP durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto de
2011 al 02 de enero de 2011 deberá responder fiscalmente en virtud del artículo 53
de la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada de QUINCE MIL CUATROCIENTOS

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SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
(COP$15.461.271.143,60 Mc/te.), de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, tales como contratos, órdenes de pago, resoluciones de delegación,
registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de julio de 2017 y
las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por el probado
ejercicio de una gestión fiscal irregular materializada en la celebración de contratos y
la expedición de resoluciones que ordenaron pagos que generaron el menoscabo de
Alas tarifas del esquema de aseo de Bogotá porque infringieron los criterios legales
del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por la CRA. También responderá
fiscalmente en forma solidaria con BERTHA CRUZ FORERO por una cuantía de
$66.288.416,00 M/Cte, por su conducta gravemente culposa, por la probada omisión
de sus deberes funcionales como máxima autoridad de dicha entidad distrital y
supervisora de la actividad contractual de su delegataria, quienes en ejercicio de la
gestión fiscal delegada celebraron los siguientes contratos que generaron el
menoscabo de las tarifas del esquema de aseo de Bogotá, porque infringen los
criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por la CRA.

• RIGOBERTO MORALES BECERRA C.C. 7.212.879, en su calidad de Director
Técnico (E) de la Dirección Jurídica Código 09 Grado 01 de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos deberá responder fiscalmente en virtud del artículo 53
de la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada de QUINIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS MONEDA CORRIENTE (COL$532.650.578,00 M/Cte), de acuerdo con las
pruebas que obran en el expediente, tales como contratos y resoluciones que
ordenar financiarse con tarifas, órdenes de pago, registros contables del fideicomiso,
informe Técnico rendido el 7 de julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este
fallo frente a los descargos, por su conducta gravemente culposa por el probado
ejercicio de una gestión fiscal irregular como delegatario materializada en la
celebración de contratos que ordenaron pagos que generaron el menoscabo de las
tarifas del esquema de aseo de Bogotá porque infringieron los criterios legales del
régimen tarifario y las instrucciones impartidas por la CRA.

• CATALINA FRANCO GÓMEZ C.C. 29.505.884, en su calidad de Directora Técnico
de la Dirección Jurídica Código 09 Grado 01 de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, nombrado mediante Resolución 356 del 26 de marzo de 2009 y
Acta de posesión número 017 del 01 de abril de 2009 deberá responder fiscalmente
en virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada de UN MIL
TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (COL$1.314.707.406,00
M/Cte), de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, tales como contratos
y resoluciones que ordenar financiarse con tarifas, órdenes de pago, registros
contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de julio de 2017 y las
consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por su conducta
gravemente culposa por el probado ejercicio de una gestión fiscal irregular como
delegataria materializada en la celebración de contratos que ordenaron pagos que
generaron el menoscabo de las tarifas del esquema de aseo de Bogotá porque
infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por
la CRA.

• BERTHA CRUZ FORERO C.C. 52.005.897, en su calidad de Directora General (E)
de la UAESP deberá responder fiscalmente en virtud del artículo 53 de la Ley 610 de
2000 por una cuantía indexada de UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE
PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (COL$1.477.864.913,52 M/Cte), de
acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, tales como contratos y
resoluciones que ordenar financiarse con tarifas, órdenes de pago, registros
contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de julio de 2017 y las
consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por su conducta

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gravemente culposa por el probado ejercicio de una gestión fiscal irregular como
delegataria materializada en la celebración de contratos que ordenaron pagos que
generaron el menoscabo de las tarifas del esquema de aseo de Bogotá porque
infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por
la CRA.

• JULIA ESTHER PRIETO RODRÍGUEZ C.C. 51.584.617, en su calidad de Directora
Técnica de la Dirección Jurídica Código 009 Grado 01 de la UAESP deberá responder
fiscalmente en virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada
de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
(COL$568.149.767,00 M/Cte), de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, tales como contratos y resoluciones que ordenar financiarse con tarifas,
órdenes de pago, registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de
julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por
su conducta gravemente culposa por el probado ejercicio de una gestión fiscal
irregular como delegataria materializada en la celebración de contratos que ordenaron
pagos que generaron el menoscabo de las tarifas del esquema de aseo de Bogotá
porque infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones
impartidas por la CRA.

• FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. NIT. 800.150.280-0, Sociedad fiduciaria
administradora de los fideicomisos constituidos mediante los Contratos de Fiducia
Mercantil números 1996 de 2003, 3649 de 2011 y 4060 de 2012 deberá responder
fiscalmente en virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en forma solidaria por una
cuantía indexada de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MILLLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
(COP$47.425.968.533,79. M/Cte), de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, tales como contratos y resoluciones que ordenar financiarse con tarifas,
órdenes de pago, registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de
julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por
su conducta gravemente culposa en calidad de fiduciario del esquema financiero del
servicio de aseo de Bogotá, persona jurídica de derecho privado que con ocasión de
la gestión fiscal de las tarifas de aseo porque se infringieron los criterios legales del
régimen tarifado y las instrucciones impartidas por la CRA, contribuyó al menoscabo
de estos recursos por la omisión de sus deberes legales indelegables.

• ASEO TÉCNICO DE LA SABANA S.A. E.S.P. ATESA NIT. 830.123.625-2, En su
calidad de contratista concesionario del servicio ordinario de aseo en Bogotá en virtud
del Contrato de Concesión número 055 de 2003 deberá responder fiscalmente en
virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en forma solidaria por una cuantía
indexada de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MILLLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
(COP$47.425.968.533,79. M/Cte), de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, tales como contratos y resoluciones que ordenar financiarse con tarifas,
órdenes de pago, registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de
julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por
su conducta gravemente culposa en calidad de concesionario del servicio de aseo y
fideicomitente encargado de la gestión financiera y comercial de los recursos del
esquema de aseo de Bogotá, persona jurídica de derecho privado que con ocasión
de la gestión fiscal de las tarifas de aseo contribuyó por la omisión de sus funciones
y obligaciones como fideicomitente al menoscabo de estos recursos, porque se
infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por
la CRA.

• LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. LIME S.A.E.S.P. NIT. 830.123.461-1, En
su calidad de contratista concesionario del servicio ordinario de aseo en Bogotá en

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virtud del Contrate, de Concesión número 054 de 2003 deberá responder fiscalmente
en virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en forma solidaria por una cuantía
indexada de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MILLLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
(COP$47.425.968.533,79. M/Cte), de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, tales como contratos y resoluciones que ordenar financiarse con tarifas,
órdenes de pago, registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de
julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por
su conducta gravemente culposa en calidad de concesionario del servicio de aseo y
fideicomitente encargado de la gestión financiera y comercial de los recursos del
esquema de aseo de Bogotá, persona jurídica de derecho privado que con ocasión
de la gestión fiscal de las tarifas de aseo contribuyó por la omisión de sus funciones
y obligaciones como fideicomitente a menoscabo de estos recursos, porque se
infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por
la CRA.

• CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P. NIT. 830.000.861-6, En su calidad de
contratista concesionario del servicio ordinario de aseo en Bogotá en virtud del
Contrato de Concesión número 053 de 2003 deberá responder fiscalmente en virtud
del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en forma solidaria por una cuantía indexada de
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
(COP$47.425.968.533,79. M/Cte), de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, tales como contratos y resoluciones que ordenar financiarse con tarifas,
órdenes de pago, registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de
julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por
su conducta gravemente culposa en calidad de concesionario del servicio de aseo y
fideicomitente encargado de la gestión financiera y comercial de los recursos del
esquema de aseo de Bogotá, persona jurídica de derecho privado que con ocasión
de la gestión fiscal de las tarifas de aseo contribuyó por la omisión de sus funciones
y obligaciones como fideicomitente al menoscabo de estos recursos, porque se
infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por
la CRA.

• CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.NIT. 830.048.122-9, En su calidad de
contratista concesionario del servicio ordinario de aseo en Bogotá en virtud del
Contrato de Concesión número 069 de 2003 deberá responder fiscalmente en virtud
del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en forma solidaria por una cuantía indexada de
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
(COP$47.425.968.533,79. M/Cte) de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, tales como contratos y resoluciones que ordenar financiarse con tarifas,
órdenes de pago, registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de
julio de 2017 y las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por
su conducta gravemente culposa en calidad de concesionario del servicio de aseo y
fideicomitente encargado de la gestión financiera y comercial de los recursos del
esquema de aseo de Bogotá, persona jurídica de derecho privado que con ocasión
de la gestión fiscal de las tarifas de aseo contribuyó por la omisión de sus funciones
y obligaciones como fideicomitente al menoscabo de estos recursos, porque se
infringieron los criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por
la CRA.

PARÁGRAFO: Se dispone que la obligación de resarcir los recursos de tarifas
menoscabados dentro de la noción de intereses patrimoniales públicos se realice de
conformidad con lo ordenado en la Resolución 235 de 2002 expedida por la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico —CRA.

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ARTÍCULO QUINTO: DECLARAR como garantes a los Terceros Civilmente
Responsables a las siguientes aseguradoras:
• Pólizas que amparan manejo global de UAESP:

ASEGURADORA PÓLIZA No. AMPARO VIGENCIA FECHA DE FOLIO
DE EXPEDICIÓN
AMPAROS
LA PREVISORA 1008431 Póliza 01/06/07 A 06/06/2007 5457
S.A. global de 01/06/08
manejo
LA PREVISORA 1008481 Póliza 15/09/08 A 19/09/2008 5464
S.A. global de 15/09/09
manejo
LA PREVISORA 1008481 Póliza 15/09/09 A 16/09/2009 5477
S.A. global de 12/03/10
manejo
QBE SEGUROS 700000531 Póliza 17/04/10 A 27/04/2010 5489
S.A. global de 16/04/11
manejo
QBE SEGUROS 700000531- Póliza 17/04/11 A 17/04/11 5490
S.A. prorroga global de 15/06/11
manejo
QBE SEGUROS 700000531- Póliza 16/06/11 A 28/06/2011 5491
S.A. prorroga global de 05/07/11
manejo
SEGUROS DEL 21-42- Póliza 05/07/11 A 26/07/11 5489
ESTADO 101000813 global de 05/07/12
manejo
SEGUROS DEL 21-42- Póliza 05/07/12 A 29/05/12 5499
ESTADO 101000813 global de 05/11/12
manejo
SEGUROS DEL 21-42- Póliza 05/11/12 A 09/11/12 5500
ESTADO 101000813 global de 04/12/12
manejo
SEGUROS DEL 21-42- Póliza 05/11/12 A 19/12/12 5501
ESTADO 101000813 global de 10/12/12
manejo
SEGUROS DEL 21-42- Póliza 04/12/12 A 29/12/12 5502
ESTADO 101000813 global de 10/12/12
manejo
SEGUROS DEL 21-42- Póliza 10/12/12 A 18/12/12 5510
ESTADO 101001067 global de 16/07/13
manejo

• Pólizas que amparan el Contrato número 1996 de 2003 de Fiducia Mercantil irrevocable17:

(…)

De acuerdo con las consideraciones del presente fallo.

ARTÍCULO SEXTO: MANTENER las medidas cautelares decretadas en los
siguientes autos:

(…) ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a través del Grupo de
Secretaría Común del Despacho de la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la Contraloría General de la República
Bogotá Distrito Capital, República de Colombia, el contenido de esta providencia, con
las formalidades prescritas en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2911 y la Ley 1437
de 2011 (…)

17
La demanda pretende exclusivamente la nulidad de los actos acusados respecto de la responsabilidad civil de
la parte demandante.

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25

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ARTÍCULO OCTAVO: DECLARAR que la presente providencia presta mérito
ejecutivo una vez quede en firme y debidamente ejecutoriada, en consecuencia, a
través del Grupo de Secretaría Común del Despacho de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la Contraloría General de
la República Bogotá Distrito Capital, se surtirán los siguientes traslados y
comunicaciones:

• Remitir copia íntegra del presente Fallo a la Dirección de Jurisdicción Coactiva, de
conformidad con lo previsto por el artículo 58 de la Ley 610 de 2000.

• Solicitar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, que incluya a las personas declaradas responsables en este
fallo en el Boletín de Responsables Fiscales.

• Remitir copia íntegra del presente proveído a la Procuraduría General de la Nación,
de conformidad con el numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

• Remitir Copia Íntegra del presente proveído a la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos UAESP para lo de su competencia.

ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR que contra las decisiones contenidas en los
artículos 4° y 5° del presente fallo proceden los recursos de reposición y apelación
ante este Despacho, en la forma y términos que establece el artículo 55 de la Ley 610
de 2000, a través del Grupo de Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupción, de la Contraloría General de la República Bogotá
Distrito Capital.

ARTÍCULO DÉCIMO: REMITIR el expediente una vez resueltos los recursos de
reposición a que se refiere el artículo noveno y si se concedan los recursos de
apelación al Despacho del Contralor General de la República para surtir el grado de
consulta relativo a los artículos segundo y tercero de la parte resolutiva del presente
Fallo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 18° de la Ley 610 de 2000 […]".

74.2. El Auto núm. 1695 de 13 de septiembre de 2017 18, “[…] Por el cual se
resuelven recursos de reposición en contra del Fallo 1348 del 10 de agosto de 2017
dentro del trámite del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal número PRF-
2014- 02038 UCC-PRF-038/012 y se adoptan otras determinaciones […]”, que
confirmó parcialmente el fallo de responsabilidad fiscal núm. 1348 de 10 de agosto
de 2017 en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el FALLO 1348 del 10
de agosto de 2017 por las razones expuestas en el presente AUTO, con excepción
de lo dispuesto en el artículo TERCERO de esta parte resolutiva.

ARTÍCULO TERCERO: REPONER PARCIALMENTE el FALLO 1348 del 10 de
agosto de 2017 en el siguiente sentido y por las razones expuestas en el presente
AUTO debido a el contrato 377 de 2009 por el monto de $26.367.615.00., no se le
reprocha fiscalmente porque no se celebró durante su gestión, motivo por el cual
FABIOLA RAMOS BERMÚDEZ identificada con C.C. 41.675.863. deberá responder
en los términos del Fallo solamente por una cuantía indexada de CUARENTA Y

18 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CD FOLIO 26A. Archivo denominado:
Anexo5parte2auto1695_PRF038-2012_fl14244-14305.

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CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (COP$45.389.673,00 Mc/te).

ARTÍCULO CUARTO: PROFERIR FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL en
contra de los siguientes implicados:

• FABIOLA RAMOS BERMÚDEZ C.C. 41.675.863. En su calidad de Directora
General encargada de la UAESP durante el periodo comprendido entre el 10 de
enero de 2008 al 19 de noviembre de 2008, deberá responder fiscalmente en forma
solidaria en virtud del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 por una cuantía indexada
de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE
(COP$45.389.673,00 Mc/te), de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, tales como contratos, órdenes de pago, resoluciones de delegación,
registros contables del fideicomiso, Informe Técnico rendido el 7 de julio de 2017 y
las consideraciones expuestas en este fallo frente a los descargos, por su conducta
gravemente culposa, por la probada omisión de sus deberes funcionales como
máxima autoridad de dicha entidad distrital y supervisora de la actividad contractual
de su delegatario RIGOBERTO MORALES BECERRA, quien en ejercicio de la
gestión fiscal delegada celebró los siguientes contratos que generaron el
menoscabo de las tarifas del esquema de aseo de Bogotá, porque infringen los
criterios legales del régimen tarifario y las instrucciones impartidas por la CRA.

ARTÍCULO CUARTO: RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el recurso de
reposición y en subsidio apelación presentado por GUSTAVO QUINTERO NAVAS,
como apoderado de MIRIAM MARGOTH MARTÍNEZ, mediante el radicado
2017ER0084518 radicado el día 30 de agosto de 2017, al haberse notificado
personalmente por intermedio de su apoderado sustituto, doctor JUAN MANUEL
OSPINA el día 22 de agosto de 2017, de acuerdo con las consideraciones de la
presente providencia.

ARTÍCULO QUINTO: CONCEDER los siguientes recursos de apelación ante el
Despacho del Contralor General de la República:

(…)
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR el expediente al Despacho del Contralor General de la
República para surtir el grado de consulta relativo en relación con el Fallo con
Responsabilidad Fiscal frente a CATALINA FRANCO GÓMEZ C.C. 29.505.884 y
RIGOBERTO MORALES BECERRA C.C. 7.212.879, confirmado en esta providencia,
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 18° de la Ley 610 de 2000 debido a que
fueron representados por apoderados de oficio.

ARTÍCULO SÉPTIMO: NO CONCEDER el recurso de apelación presentado por
URIEL ALBERTO AMAYA OLAYA en contra de lo dispuesto en el artículo primero del
Fallo No. 1348 del 10 de agosto de 2017, por las razones expuestas en la parte
considerativa de dicha providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: COMPULSAR copias de las piezas procesales pertinentes al
Consejo Superior de la Judicatura para que adelante las diligencias procedentes
respecto de los siguientes abogados.

(…) ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR por estado el contenido del presente Auto de
acuerdo a lo señalado en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la
Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción,
advirtiendo que como se trata de un auto de trámite no procede recurso en contra.
[…]"

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74.3. El Auto núm. ORD-80112-0275-2017 de 9 de octubre de 2017 19, “[…] Por el
cual se resuelve grado de consulta y recursos de apelación dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. UCC-PRF-038-2012 […]”, el cual resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en sede de consulta lo resuelto por la
Contraloría Delegada Intersectorial N° 11, en el Fallo N°1348 del 10 de agosto de
2017, en lo que respecta a los siguientes artículos:
i) SEGUNDO. Relacionado con la decisión de fallo sin responsabilidad fiscal a favor
de la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. NIT. 800.150.280-0, por la no existencia de
pagos en exceso en relación con los Contratos de interventoría allí señalados;
ii) TERCERO. Por medio del cual se falló sin responsabilidad fiscal a favor de TANNY
LILIANA GARCÍA LIZARAZO identificada con C.C. 52.557.867, dado que se probó
que no ejerció funciones como Directora encargada de la UAESP, en la época de
celebración de los contratos 01-2008, 02-2008 y 03-2008 del 1 de agosto de 2008 y
por tanto no se le puede reprochar responsabilidad fiscal como delegante.
iii) CUARTO PARCIAL. Sobre la determinación de fallar con responsabilidad fiscal en
contra del señor RIGOBERTO MORALES BECERRA identificado con cédula de
ciudadanía 7'212.879 y CATALINA FRANCO GÓMEZ identificada con cédula de
ciudadanía 29'505.884, quienes se encontraban representados por apoderados de
oficio, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR íntegramente en sede de apelación el Fallo
N°1348 del 10 de agosto de 2017, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial
N° 11 adscrita al Grupo para el Conocimiento y Trámite del Proceso de
Responsabilidad Fiscal de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción, declarativo de la responsabilidad fiscal de los siguientes implicados
FABIOLA RAMOS BERMÚDEZ C.C. 41.675.863, respecto de quién también se
confirma lo dispuesto por el artículo cuarto del auto N° 1695 del 13 de septiembre de
2017; VICTORIA EUGENIA VIRVIESCAS CALVETE C.C. 35.318.451; GERARDO
ENRIQUE CUENCA MELO C.C. 12.970.397; MIRIAM MARGOTH MARTÍNEZ DÍAZ
C.C. 30.732.383; JUAN CARLOS JUNCA SALAS C.C. 79.568.357; RIGOBERTO
MORALES BECERRA C.C. 7.212.879; CATALINA FRANCO GÓMEZ C.C.
29.505.884; BERTHA CRUZ FORERO C.C. 52.005.897; JULIA ESTHER PRIETO
RODRÍGUEZ C.C. 51.584.617; FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. NIT. 800.150.280-
0; ASEO TÉCNICO DE LA SABANA S.A. E.S.P. ATESA NIT. 830.123.625-2;
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. LIME S.A.E.S.P. NIT. 830.123.461-1;
CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P. NIT. 830.000.861-6; y CIUDAD LIMPIA
BOGOTÁ S.A. E.S.P.NIT. 830.048.122-9. E igualmente declarativo de
responsabilidad patrimonial a título de terceros civilmente responsables frente a las
siguientes compañías de seguros LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Nit.860.002.400-2; QBE SEGUROS S.A. NIT 860.002.534-0; SEGUROS DEL
ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6; y SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
NIT.890.903.407-9, como consecuencia de la expedición de las pólizas de seguros
indicadas en el artículo quinto del fallo de primera instancia.
ARTÍCULO TERCERO: Rechazar por improcedente los siguientes memoriales que
contenían apelación a los rechazos de nulidad:
(…) ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR bien denegado el recurso de apelación
contra el auto N°. 1695 del 13 de septiembre de 2017, por medio del cual la
Contraloría Delegada Intersectorial N° 11, rechazó por improcedente el recurso de

19 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CD FOLIO 26A. Archivo denominado:
Anexo6GRADODECONSULTAPRF0382012.

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apelación interpuesto por el apoderado Uriel Amaya Olaya, contra la decisión
contenida en el fallo 1348 de 10 de agosto de 2017.
ARTÍCULO QUINTO. CORREGIR el artículo quinto de la parte resolutiva del auto N°
1695 de 13 de septiembre de 2017 en el sentido de conceder el recurso de apelación
ante el Despacho del Contralor General de la República, entre otros, al doctor LUÍS
FERNANDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, pero como apoderado de la sociedad
CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A E.S.P., de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de este proveído.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, por estado la presente decisión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la Secretaria
Común de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de este
Órgano de Control.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente a la Contralora Delegada
Intersectorial N° 11, para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
[…]"

Problema jurídico

76. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:

77. Si se configuró la prescripción de las pólizas de seguro de manejo núm. 21-
42-101000813 y 21-42-10- 10001067 en el proceso de responsabilidad fiscal
conforme al artículo 120 de la Ley 1474.

78. Si las pólizas de seguro de manejo núm. 21-42-101000813 y 21-42-10-
10001067, expedidas por la parte demandante, en el caso sub examine, cuentan
con cobertura de los riesgos asegurados durante su término de vigencia.

79. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida, en primera instancia.

Marco normativo de las atribuciones de la Nación – Contraloría General de la
República

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80. Visto el numeral 5.° del artículo 268 20 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.

81. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República,
entre otros aspectos, establecen la responsabilidad que se derive de la gestión
fiscal, la cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.

Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal

82. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
dispone:

“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.

83. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 21 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de

20 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”
21 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los

bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”21.

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cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.

84. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.

85. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se
configura sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.

86. Visto el artículo 5.° ejusdem, los elementos de la responsabilidad fiscal son
los siguientes:

87. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.

88. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio
público por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el
deterioro de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos,
generada por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna
que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías 22.

89. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.

90. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones

22 Artículo 6.° de la Ley 610

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irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la vinculación del garante en
los procesos de responsabilidad fiscal

91. Visto el artículo 44 de la Ley 610, sobre la vinculación del garante señala:

“[…] Artículo 44. Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien
o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por
una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero
civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del
principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de
apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con
la indicación del motivo de procedencia de aquella. […]”.

92. La Corte Constitucional 23, en cuanto a la vinculación del asegurador
consideró:

“[…] En materia contractual existen dos tipos de garantías, según el objeto, la
oportunidad y finalidad con las que se constituyen: las garantías precontractuales,
para garantizar la seriedad de la oferta, y las garantías contractuales, para asegurar
los riesgos que puedan afectar el patrimonio público durante la ejecución del contrato
estatal. Los riesgos asegurables en la segunda modalidad de garantías son el buen
manejo e inversión del anticipo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, las
obligaciones laborales de los trabajadores del contratista, el saneamiento por vicios
ocultos y la responsabilidad civil. Estas garantías son obligatorias en los contratos
estatales, salvo las excepciones que señale la ley.

9. Otro asunto a tener en cuenta son las características del contrato de seguros, el
cual se identifica por ser consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecución
sucesiva y de carácter indemnizatorio, en cuanto, precisamente, del carácter bilateral
y oneroso del contrato de seguros surge la obligación para el asegurador de pagar
oportunamente la indemnización cuando a ello haya lugar, pues ella hace parte de los
compromisos que la empresa aseguradora adquiere en ejercicio de la autonomía de
la voluntad contractual y de la aceptación de los riesgos que ampara y en desarrollo
de un objeto lícito que es propio del giro de sus negocios.

En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros
sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de
responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y
de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el
de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al
patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el
contrato o el bien amparados por una póliza.

Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos
casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones
del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de

23 Sentencia C-648/02, de 13 de agosto de 2002

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lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber
para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.

El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el proceso de
responsabilidad fiscal puesto que dispone de los mismos derechos y facultades que
asisten al principal implicado, para oponerse tanto a los argumentos o fundamentos
del asegurado como a las decisiones de la autoridad fiscal .

Por consiguiente, la vinculación del asegurador establecida en la norma acusada,
además del interés general y de la finalidad social del Estado que representa,
constituye una medida razonable, en ejercicio del amplio margen de configuración
legislativa garantizado en estas materias por el artículo 150 de la Carta Política.
Atiende los principios de economía procesal y de la función administrativa a que
aluden los artículos 29 y 209 de la Constitución. Además, evita un juicio adicional para
hacer efectivo el pago de la indemnización luego de la culminación del proceso de
responsabilidad fiscal, con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen la
función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio
público. Así, desde la perspectiva del reparo de constitucionalidad formulado, no hay
vulneración de las normas invocadas por los demandantes.

10. En conclusión, las respuestas a los interrogantes arriba planteados son estas: 1ª)
Las contralorías sí pueden ejercer control fiscal sobre los contratos estatales, en dos
momentos, a) una vez concluidos los trámites administrativos de legalización de los
contratos y b) una vez liquidados o terminados los contratos; tal actuación no
constituye vulneración del carácter posterior del control asignado a estos organismos
por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política; 2ª) La naturaleza y el carácter
administrativo, resarcitorio y autónomo del control fiscal permiten la determinación de
responsabilidad fiscal con ocasión de la gestión fiscal, lo cual no significa que las
contralorías invadan órbitas de competencia de otras autoridades que tengan a cargo
la determinación de otros tipos de responsabilidad de los servidores públicos o de
particulares, incluso por una misma actuación; y 3ª) La vinculación de las compañías
de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal representa una medida
legislativa razonable en aras de la protección del interés general y de los principios
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de
la función pública […]”

93. De lo anterior se colige que:

94.1. El asegurador garantiza el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se
ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión
fiscal, por el contrato o el bien amparado por una póliza.

94.2. La vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos
casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones
del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados.

La vinculación del garante constituye, junto con la coadyuvancia y la denuncia del pleito, una modalidad de
intervención de terceros en el proceso, permite la acumulación de acciones y representa la concreción d el
principio de economía al permitir que dos conflictos puedan resolverse en la misma actuación. El llamamiento
en garantía permite hacer efectivas las obligaciones surgidas en el contrato de seguro. Constituye también un
mecanismo para que el asegurador, que es una persona jurídica diferente a la administración y al servidor
público, participe en el proceso de responsabilidad fiscal para representar y defender sus intereses en el
resultado del proceso.

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Asimismo, lo ha señalado esta Sección 24 su vinculación no es a título de acción por
responsabilidad fiscal sino por responsabilidad civil, es decir, por razones inherentes
al objeto del contrato de seguros, derivada únicamente del contrato que se ha
celebrado.

94.3. El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el
proceso de responsabilidad fiscal en la medida que dispone de los mismos derechos
y facultades que asisten al principal implicado, para oponerse tanto a los
argumentos o fundamentos del asegurado como a las decisiones de la autoridad
fiscal.

Marco normativo sobre la póliza global de manejo

94. Visto el artículo 1045 del Código de Comercio, sobre los elementos
esenciales del contrato de seguro, que señala los siguientes: i) interés asegurable;
ii) riesgo asegurable: iii) prima y iv) obligación condicional del asegurador.

95. Visto el artículo 1054 del Código de Comercio, el riesgo asegurable, lo
constituye el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del
tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la
obligación condicional del asegurador, es decir, la de efectuar el pago del siniestro
(como la realización del riesgo asegurado) o la prestación asegurada, señalando el
artículo 1056 ibídem como riesgos inasegurables “[…] El dolo, la culpa grave y los
actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son
inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno,
tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las
sanciones de carácter penal o policivo […]”.

96. Visto el artículo 1073 del Código de Comercio, sobre la responsabilidad del
asegurador, dispone que conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, se
reconoce la responsabilidad del asegurador cuando el siniestro se inicia con
anterioridad a la vigencia del seguro, pero se consuma cuando ya ha terminado su
vigencia.

24 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18

de marzo de 2010, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 25000 23 24 000 2004
00529 01

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“[…] ARTÍCULO 1073. <RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR SEGÚN EL
INICIO DEL SINIESTRO>. Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de
vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada,
el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato.
Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr
por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el siniestro […]”.

97. Visto el artículo 203 del Decreto núm. 663 de 2 de abril de 199325, sobre la
póliza global de manejo, prevé:

“[…]1. Objeto del seguro. Dentro de los seguros de manejo o de cumplimiento
habrá uno que tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores
de cualquier clase que se confíen a los empleados públicos o a los particulares, en
favor de las entidades o personas ante las cuales sean responsables; y podrá
extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos y al cumplimiento de
obligaciones que emanen de leyes o de contratos.

2. Destinatarios del seguro. Los empleados nacionales de manejo, los de igual
carácter que presten sus servicios a entidades o instituciones en que tenga interés
la Nación, así como los que deban responder de la administración o custodia de
bienes de la misma los albaceas, guardadores, fideicomisarios, síndicos, y en
general, los que por disposición de la Ley tengan a su cargo la administración de
bienes ajenos con obligación de prestar caución, garantizarán su manejo por medio
del seguro de que trata el presente artículo.

Las Asambleas Departamentales, y los Concejos Municipales podrán disponer que
los empleados que administren, manejen o custodien bienes de las respectivas
entidades constituyan sus garantías por medio del seguro a que este estatuto se
refiere […]".

98. Posteriormente, el inciso primero del artículo 4° de la Ley 389 de 18 de julio
de 199726 dispone que en el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de
responsabilidad “[…] la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de
pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el
damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en el segundo, así
se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro 27, reiteración de la jurisprudencia de
la Sección Primera del Consejo de Estado

25 “[…] Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico y se modifica su titulación y numeración […]”.
26 “[…] Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio […]”.
27 Antes de la expedición de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública. El artículo 120 ibídem no dejó duda respecto a que las pólizas de seguros “por las
cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable,
prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9o de la Ley 610 de 2000.”

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99. Visto el artículo 1081 del Código de Comercio que prevé, en cuanto a la
prescripción que se derivan del contrato de seguro, que:

“[…] Artículo 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las
acciones que se derivan del contrato de seguro, o de las disposiciones que lo rigen,
podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del
hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de
personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes […]” (Negrillas por fuera de
texto).

100. La Sección Quinta en descongestión 28, al estudiar el cargo de prescripción
de la acción derivada del contrato de seguro en los juicios de responsabilidad fiscal,
consideró que los términos regulados en el artículo 1081 del Código de Comercio
no constituyen limitante para proferir el acto administrativo declarativo de la
responsabilidad civil de las aseguradoras, en el marco de un procedimiento de
responsabilidad fiscal, en la medida en que:

100.1. La acción de responsabilidad fiscal no es en realidad una acción propiamente
dicha, sino que es un procedimiento que tiene naturaleza netamente administrativa.

100.2. Si no puede entenderse que el funcionario declarado fiscalmente
responsable ha sido objeto de “acción”, por ausencia de “proceso judicial”, en el
marco de un procedimiento de responsabilidad fiscal, tampoco puede entenderse
respecto de la decisión administrativa declarativa de la responsabilidad civil de la
aseguradora.

100.3. Lo anterior, a juicio de la Sección Quinta del Consejo de Estado, no
desconoce que las aseguradoras se vinculan en calidad de terceras civilmente
responsables y su responsabilidad solo va en los términos pactados en el contrato
de seguros, de lo que se trata es de entender que la declaratoria de responsabilidad
civil que se produce en el marco del procedimiento no se realiza en ejercicio de una

28 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en Descongestión,

sentencia de 7 de junio de 2018, C.P. Alberto Yepes Alzate, número único de radicación 25000 23 24 000 2009
00289 02.

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acción, sino que es la manifestación de voluntad de una autoridad estatal vertida en
un acto administrativo que puede ser objeto de control judicial, concluyendo que la
norma aplicable para determinar la prescripción de la acción derivada del contrato
de seguro es la que se deriva de la responsabilidad fiscal y no comercial.

101. La anterior postura jurisprudencial no es compartida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, atendiendo a que esta Sección 29, de manera reiterada y
pacífica ha señalado que en los juicios de responsabilidad fiscal debe tenerse en
cuenta el artículo 1081 del Código de Comercio, en relación con la prescripción de
las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo
rigen, el cual, es de dos años contados desde el momento en que el interesado haya
tenido o debido tener conocimiento de la existencia del riesgo asegurado que da
base a la acción de responsabilidad fiscal para evitar la extinción del derecho por el
fenómeno de la prescripción.

102. Para lo cual, se ha señalado que el citado artículo resulta aplicable en los
eventos de la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal del garante como
civilmente responsable, toda vez que dicha vinculación no es a título de acción por
responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, es decir, por razones
inherentes al objeto del contrato de seguros, derivado únicamente del contrato que
se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal
alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí que la
responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca
fiscal.

103. Asimismo, esta Sección 30 señaló que, comoquiera que el legislador ha
derivado del contrato de seguro la vinculación del garante como tercero civilmente

29 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

18 de febrero de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 68001 23 31 000
2004 00491 01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
22 de octubre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 25000 23 41 000 2012 00418
01; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000 23 24 000 2007 00459 02; iv)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de octubre de 2019,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000 23 24 000 2003 00054 01; v) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, número único de radicación 25000 23 27 000 2011 00231 01; vi) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de 2018, C.P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 25000 23 24 000 2010 00234 01; vii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero 2013, C.P. María
Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 25000 23 24 000 200 00542 01 vii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de septiembre de 2011, C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno, número único de radicación 11001 03 24 000 2011 2002 00905 01.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de

2011, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 25000 23 24 000 2004 00529 01.

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responsable, es claro que tal vinculación es una forma de acción especial para
hacer efectivo el amparo contratado, que bien puede considerarse como acción
paralela a la de responsabilidad fiscal, aunque se surta en el mismo proceso, toda
vez que tiene supuestos, motivos y objetos específicos.

104. De la misma manera, se consideró que la acción de responsabilidad fiscal
tendiente a declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza, en la que
se encuadra la vinculación del garante, no es una acción ejecutiva o de cobro
coactivo, puesto que antes de que ella culmine no hay título que ejecutar; por el
contrario, corresponde a una acción declarativa y constitutiva, toda vez que ella se
ha de surtir justamente para constituir el título ejecutivo, que lo conformará la póliza
y el acto administrativo que declare la ocurrencia del siniestro y ordene hacer
efectiva la póliza; de allí que en tal situación se esté ante un título ejecutivo
complejo.

105. Por tanto, la jurisprudencia citada de esta Sección ha determinado que: i) el
siniestro que ampara la póliza debe ocurrir necesariamente dentro del término de
vigencia de la misma, aunque sea el último instante del último día de vigencia; ii) el
siniestro se configura cuando se produce el incumplimiento de la obligación
garantizada por la póliza, no cuando la administración la declara, iii) que antes de
la expedición de la Ley 1474, el término de los dos años señalados en el artículo
1081 del Código de Comercio se contabiliza, para el caso de los juicios de
responsabilidad fiscal, a partir del momento en que el interesado haya tenido o
debido tener conocimiento de la existencia del riesgo asegurado que da base a la
acción de responsabilidad fiscal, que para el caso de las Contralorías lo determina
a partir del auto que da apertura a la investigación fiscal y, iv) que solo se interrumpe
el término de los dos años de la prescripción ordinaria señalada en el artículo 1081
del Código de Comercio, cuando el acto administrativo expedido por la Nación-
Contraloría General de la República, o las contralorías distritales, departamentales
o municipales que ordena la efectividad de la garantía, cobra firmeza dentro de
dicho lapso.

106. En efecto, reiteró que debe tenerse en cuenta que uno es el término durante
el cual se cubre el riesgo, que corresponde al período de duración del contrato de
seguro, y otro el término dentro del cual es exigible el cumplimiento de la obligación
de indemnizar mediante la acción del asegurado o beneficiario del seguro,

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determinando que el acto administrativo mediante el cual se declara el
incumplimiento de una obligación garantizada mediante un contrato de seguro,
debe expedirse, notificarse y quedar ejecutoriado dentro de los dos años siguientes
a la fecha en que la administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo
tenerlo de la existencia del riesgo asegurado.

107. En suma, se reitera la postura de la Sección Primera del Consejo de Estado
en la cual se ha señalado que antes de la expedición de la Ley 1474, por no tratarse,
de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro coactivo,
sino de una acción derivada del contrato de seguros, es aplicable para determinar
la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro el artículo 1081 del
Código de Comercio.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro con la expedición de la Ley 1474

108. Visto el artículo 120 de la Ley 1474, sobre pólizas en los procesos de
responsabilidad fiscal, que textualmente señala:

“[…] ARTÍCULO 120. PÓLIZAS. Las pólizas de seguros por las cuales se vincule al
proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente
responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9º de la Ley 610 de
2000 […]”.

109. En la exposición de motivos 31 de la citada ley se determinó que era necesaria
para establecer medidas para mejorar la eficiencia y eficacia del control fiscal en la
lucha contra la corrupción, específicamente, sobre las prescripciones y
caducidades que se presentan en las actuaciones administrativas de
responsabilidad fiscal, proponiendo algunas medidas como: i) la creación de un
procedimiento verbal de responsabilidad fiscal para los procesos con cuantía
inferior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se determine
que están dados todos los elementos para proferir imputación y si existe flagrancia
en la generación del daño; ii) un proceso verbal sumario, en única instancia, cuando
la cuantía no supere los 15 salarios mínimos legales mensuales, con el fin de
eliminar trámites y evitar así las caducidades y prescripciones. Textualmente,
señaló:

31 http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf

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“[…] El capítulo noveno contempla las medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia
del control fiscal en la lucha contra la corrupción. Esta reforma pretende aumentar los
índices de eficacia y con ello lograr una legitimidad del control fiscal frente a la
ciudadanía, cualificación que cada día se ha desmejorado ante los resultados
negativos del control fiscal. En los estudios que ha realizado la Auditoría General de
la República, se ha podido evidenciar que los resultados del control fiscal a nivel
nacional no son lo esperado de acuerdo con su misión. En la última evaluación al
control fiscal territorial se señaló lo siguiente: Se han identificado una serie de
deficiencias que impiden la eficiencia y eficacia del control fiscal territorial. Entre ellas
se encuentran que gran parte de los procesos que se adelantan no culminan con
decisiones de responsabilidad fiscal.

Igualmente, es alarmante el número de prescripciones, que en el año 2009 ascendió
a 712 procesos por cuantía de $ 221.592 millones. El total de expedientes prescritos
durante los últimos cinco años es de 3.732 por cuantía de $ 2,9 billones. Por su parte,
las caducidades fueron 157 en el año 2009 por cuantía de $ 16.112 millones. Durante
los últimos cinco años se caducaron 624 procesos por cuantía de $ 522.394 millones.

En este sentido, se proponen medidas puntuales para garantizar la eficacia de los
procesos de responsabilidad fiscal, tales como las siguientes: a. Se crea el
procedimiento verbal para los procesos de responsabilidad fiscal, con el objeto de dar
celeridad a los procesos cuya cuantía sea inferior a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos mensuales vigentes cuando se determine que están dados todos los
elementos para proferir imputación y si existe flagrancia en la generación del daño. El
objeto fundamental de esta medida es reducir los términos y eliminar trámites
innecesarios en estos eventos. Adicionalmente, se consagra un proceso verbal de
única instancia cuando la cuantía del presunto daño sea inferior a la suma de quince
(15) salarios mínimos. Así mismo, se facilitan los mecanismos de notificación en todos
los procesos. b. Con fundamento en el principio de coordinación, se establece un
mecanismo para que las Contralorías de todo el país y la Auditoría General de la
República efectúen auditorías coordinadas concurrentes y planes nacionales de
auditoría para dar cobertura nacional al control fiscal. c. Se mejora el sistema de
información y de publicidad, creándose un sistema de información y seguimiento de
las denuncias del control fiscal, exigiéndose la publicación de los Planes Generales
de Auditoría (PGA) que no estén sujetos a reserva, advertencias e informes. d.
Adicionalmente, se incorporan las figuras de los auditores universitarios y la rendición
de cuentas de las contralorías para mejorar la eficiencia del control fiscal y garantizar
la transparencia del mismo. e. Por último, se establece un Sistema Integrado de
Auditoría para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SIACE), administrado por la
Contraloría General de la República con el apoyo de la Auditoría General de la
República para hacer un seguimiento de eventos en los cuales se afecte la
transparencia en esta actividad del Estado […]”.

110. En suma, desde la entrada en vigencia de la Ley 1474 32, las pólizas de
seguro vinculadas a los procesos de responsabilidad fiscal cuentan con el mismo
término de prescripción de cinco años previsto para la declaración de
responsabilidad fiscal.

Acervo probatorio

32 La ley 1474 fue promulgada en el diario oficial número 48.128 el 12 de julio de 2011.

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111. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes 33:

112. La póliza de seguro núm. 21-42 101000813, expedida por la parte
demandante el 26 de julio de 2011, tuvo vigencia del 5 de julio de 2011 al 5 de julio
de 2012. El tomador y beneficiario fue la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos. El valor asegurado fue de $300,000,000. El objeto de la póliza
fue el siguiente: “[…] Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se
anexan, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador
declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza: OBJETO:
SEGURESTADO AMPARA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCABO DE
LOS FONDOS Y BIENES DEL ESTADO, CAUSADOS POR SUS SERVIDORES
PÚBLICOS POR ACTOS U OMISIONES QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O FALLOS CON RESPONSABILIDAD
FISCAL[…]” 34.

113. La póliza fue renovada para el periodo comprendido entre el 5 de julio y el 5
de noviembre de 2012, con las siguientes observaciones: “[…] OBSERVACIONES
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA ADICIÓN No. 2
PRORROGA 1 AL CONTRATO C-216/2011, CUYO OBJETO ES AMPARAR LOS
BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA UAESP, Y
AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE, SE
PRÓRROGA LA PRESENTE PÓLIZA DESDE LAS 24:00 HORAS DEL 05 DE
JULIO DE 2012 HASTA LAS 24:00 HORAS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2012
[…]” 35.

114. La póliza anterior fue renovada para el periodo comprendido entre el 5 de
noviembre y el 4 de diciembre de 2012, con las siguientes observaciones: “[…] POR
MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y
SOPORTADO EN EL CDP No. 717, SE REALIZA LA SEGUNDA (02) PRÓRROGA
A LA PRESENTE PÓLIZA, QUE COMPONE EL PROGRAMA DE SEGUROS DE
LA UAESP, PARA UNA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE LAS 24:00 HORAS

33 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI.
34
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CDFOLIO26A. Archivo denominado:
anexo1POLIZA_21_42_101000813(0)
35
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CDFOLIO26A. Archivo denominado:
anexo1POLIZA_21_42_101000813(1)

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DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y LAS DEMAS CONDICIONES SE MANTIENEN
INALTERADAS […]” 36.

115. La póliza número 21-42-101000813, expedida por la parte demandante, se
prorrogó por tercera vez para el periodo comprendido entre el 4 y el 10 de diciembre
de 201237 .

116. La póliza de seguro número 21-42-10-10001067, expedida el 18 de diciembre
de 2012, estuvo vigente entre el 10 de diciembre de 2012 y el 16 de julio de 2013.
El tomador y beneficiario fue la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos. El valor asegurado fue de $300,000,000. El objeto de la póliza fue el
siguiente: “[…] *AMPARAR EL COSTO DE LA RENDICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE CUENTAS LLEVADAS A CABO POR FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LOS CASOS DE ABANDONO DEL CARGO O
FALLECIMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA RENDICION DE CUENTAS,
SIEMPRE Y CUANDO EL ASEGURADOR MANIFIESTE LA IMPOSIBILIDAD DE
RENDIR DICHA CUENTA. * AMPARAR EL COSTO DE LA RENDICIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CUENTAS LLEVADAS A CABO POR FUNCIONARIOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA IMPOSIBILIDAD DE
RENDIR DICHA CUENTA […]”. En el acápite de observaciones se precisó lo
siguiente: “[…] POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO SE EMITE LA PRESENTE
PÓLIZA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN No. 761 DE
2012, LUEGO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS OFERTADAS
PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA No. UAESP-SAMC-02-2012, QUE TIENE
POR OBJETO CONTRATAR LOS SEGUROS GENERALES QUE AMPAREN LOS
BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA UAESP, Y
AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE; PARA
UNA VIGENCIA DE 218 DÍAS, COMPRENDIDA ENTRE LAS 24:00 HORAS DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2012 Y LAS 24:00 HORAS DEL 16 DE JULIO DE 2013. EN
LOS CASOS DE ABANDONO DEL CARGO O FALLECIMIENTO DEL
RESPONSABLE DE LA RENDICION DE CUENTAS, SIEMPRE Y CUANDO EL
ASEGURADOR MANIFIESTE […]” 38.

36
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CDFOLIO26A. Archivo denominado:
anexo1POLIZA_21_42_101000813(2)
37
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CDFOLIO26A. Archivo denominado:
anexo1POLIZA_21_42_101000813(3)
38
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CDFOLIO26A. Archivo denominado:
anexo2POLIZA_21_42_101001067(0)

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117. La póliza anterior fue renovada y su vigencia prorrogada para el periodo
comprendido entre el 16 de julio y el 12 de octubre de 2013 39.

118. En las condiciones generales de la póliza de seguro núm. se señala que
ampara lo siguiente:

“[…] 1. AMPARO
SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA LA COMPAÑÍA,
INDEMNIZARÁ A LA ENTIDAD ASEGURADA, CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS,
CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN ESTA PÓLIZA. LAS PÉRDIDAS
CAUSADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD ASEGURADA O POR
LAS PERSONAS QUE BAJO SU RESPONSABILIDAD LO REEMPLACEN PREVIA
ACEPTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR INCURRIR EN CONDUCTAS QUE SEAN
TIPIFICADAS COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EN
ALCANCES QUE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES O
REGLAMENTARIAS, CAUSEN MENOSCABO DE LOS FONDOS O BIENES DE LA
ENTIDAD A SEGURADA, SIEMPRE Y CUANDO EL HECHO SEA COMETIDO
DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

EL AMPARO SE EXTIENDE A RECONOCER EL VALOR DE LA RENDICIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CUENTAS. QUE SE DEBA LLEVAR A CABO EN LOS
CASOS DE ABANDONO DEL CARGO O FALLECIMIENTO DEL (LOS)
FUNCIONARIO (S).

“[…] 6. SINIESTRO
Se entiende ocurrido el siniestro, en los siguientes casos:

6.1. Cuando la Entidad asegurada sufra menoscabo patrimonial a consecuencia de
uno de los eventos cubiertos por la presente póliza.

6.2. Cuando se trate de alcances que se liquiden en juicios de cuentas, en la fecha
en la cual que de debidamente ejecutoriada la providencia que declare fiscalmente
responsable al funcionario o Empleado.

7. PAGO

La Compañía pagará la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en la cual
haya recibido copia al carbón, o fotocopia autenticada, de la denuncia penal
instaurada contra el funcionario. por un hecho amparado por la presente Póliza
acompañada del acta de investigación administrativa o fiscal donde conste la cuantía
de la pérdida y certificación del valor de la liquidación del contrato de trabajo a favor
del funcionario.

[…] PRESCRIPCIÓN
La prescripción de las acciones derivadas de este contrato, se regirá por lo
estatuido en el artículo 1081 del Código de Comercio […]40”.

39
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CDFOLIO26A. Archivo denominado:
anexo2POLIZA_21_42_101001067(1)
40
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CDFOLIO26A. Archivo denominado:
anexo3CONDICIONADO_MANEJO_ESTATALEMPLEADOSPUBLICOS.

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43

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119. La parte demandada, a través del auto núm. 0224 del 11 de octubre de 2012,
dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal núm. PRF-2014-02038_UCC-PRF-
038-2012.

120. La parte demandada, mediante auto núm. 00063 de 2 de agosto de 2012, dio
apertura al proceso de responsabilidad fiscal núm. PRF-2014-
03239_UCC/PRF/009/2012.

121. La parte demandante fue vinculada al proceso de responsabilidad fiscal núm.
0038/2012 mediante auto de 22 de mayo de 2013 41, respecto de las pólizas de
seguro de manejo global núm. 21-42-101000813 y 21-42-10-1001067.

122. El auto núm. ORD-80112-0275-2017 de 9 de octubre de 2017, mediante el
cual se resolvieron los recursos de apelación interpuestos, fue notificado por estado
el 10 de octubre de 2017.

123. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente administrativo
de responsabilidad fiscal 42.

124. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso concreto

125. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

Prescripción de la acción de responsabilidad fiscal en el caso concreto

41 Disco extraíble de antecedentes administrativos. Carpeta: exp. Digital. Carpeta principal 29. Archivo
denominado: 647732 MARISOL MILLAN PRF 038 2012 UAESP C. PRINCIPAL 29 (5738 - 5749)
42 Folio 581 del cuaderno núm. 2 del expediente. En el que obra un disco de almacenamiento extraíble.

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126. La parte demandante afirmó que en el trámite adelantado bajo radicado UCC
– PRF – 009 – 2012, la parte demandada expidió el auto de apertura el 2 de agosto
de 2012, de modo que el término para la configuración de la prescripción de la
responsabilidad fiscal se habría extendido, como máximo, hasta el 2 de agosto de
2017.

127. La acción de responsabilidad fiscal prescribe en cinco (5) años contados a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho
término no se ha proferido sentencia en firme que la declare, conforme el artículo 9
de la Ley 610 visto supra.

128. Al respecto, esta Sección de la Corporación ha señalado que el término de
prescripción se contabiliza a partir del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, de la siguiente manera:

“[…] 51. Atendiendo a que esta Sección en relación al término de prescripción de
responsabilidad fiscal ha considerado que: i) el término de 5 años se contabiliza a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal; ii) dentro de
dicho término la Nación- Contraloría General de la República debe expedir el acto
administrativo, debidamente ejecutoriado conforme a los artículos 56 de la Ley 610 y
82 de la Ley 1437, que declare la responsabilidad fiscal del servidor público y/o del
particular que ejerza gestión fiscal y cause un daño patrimonial al Estado; iii) al finalizar
el término prescribe la responsabilidad fiscal, esto es, se extingue el derecho del
Estado de atribuir la responsabilidad fiscal a quien venía procesando.

52. Asimismo, la citada sentencia señaló que la prescripción de la responsabilidad
fiscal de que trata la norma señalada supra, se identifica con la prescripción que la
legislación civil denomina prescripción extintiva, esto es, la que determina la extinción
de los derechos y de las acciones que de estos emanan cuando no han sido ejercidos
por su titular durante determinado lapso de tiempo.

53. En suma, la prescripción se erige en esta materia como un instituto jurídico
liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo cesa la potestad del Estado
para deducir la responsabilidad fiscal de quien es objeto de un proceso por el daño
que con su gestión fiscal le han causado al patrimonio del Estado; es decir, que si ha
transcurrido el tiempo señalado en la ley, es decir, 5 años a partir del auto que ordenó
la apertura del proceso fiscal, sin que se haya dictado y además ejecutoriado la
decisión sobre la responsabilidad fiscal del investigado, el órgano de control ya no
podrá declarar dicha responsabilidad […]”43.

43 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de mayo

de 2012; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; número único de radicación 50001233100020053045601 […]”. En
el mismo sentido ver: i) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
sentencia de 15 de diciembre de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
25000232400020120058802 […]”; ii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera; sentencia de 22 de octubre de 2020; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación
25000234100020120041801 […]”.

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129. Esta Sección de la Corporación también ha señalado que, con la entrada en
vigencia del artículo 120 de la Ley 1474 el 12 de julio de 2011, el término de
prescripción aplicable es de 5 años:

“[…] Para dilucidar si se configuró el fenómeno de la prescripción, la Sala
estima necesario revisar las citadas disposiciones en aras de determinar cuál
era la que debía aplicarse y las consecuencias que ello conlleva:

El artículo 1081 del Código de Comercio dispuso frente a las acciones
derivadas del contrato de seguro:

“Artículo 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las
acciones que se derivan del contrato de seguro, o de las disposiciones que lo
rigen, podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del
hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de
personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.” (se destaca)

Por su parte el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 estableció:

“ARTICULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La acción fiscal caducará
si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del
daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o
actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de
tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho
o acto.

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho
término no se ha dictado providencia en firme que la declare.

El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá
que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la
totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración,
a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la
contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública”. (se destaca)

A su vez, el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011 precisó:

“ARTÍCULO 120. PÓLIZAS. Las pólizas de seguros por las cuales se vincule
al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente
responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9 de la Ley 610
de 2000”.

En cuanto a la vigencia de la Ley 1474, el artículo 135 ejusdem previó:

“Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas
que le sean contrarias”.

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Es de anotar que dicha ley fue promulgada en el diario oficial número 48.128 el
12 de julio de 2011.

De las normas en cita se desprende que la Ley 610 de 2000 no estableció un
término de prescripción para las pólizas de seguros por las cuales fuera
vinculado al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero
civilmente responsable, vacío que fue superado por el artículo 120 de la Ley
1474 de 2011, que previó el término de prescripción para las pólizas de
seguros, el cual está sujeto al mismo término de prescripción del proceso de
responsabilidad fiscal señalado por el artículo 9 de la Ley 610 de 2000; en ese
contexto, antes de la expedición de la ley 1474 se debía aplicar el artículo 1081
del Código de Comercio44[…]”. (Negrillas del texto original)

130. En el mismo sentido, esta Sección de la Corporación señaló:

“[…] En este mismo orden, no se halla configurado el fenómeno de la
prescripción de la acción derivada del contrato de seguros, toda vez que con la
entrada en vigor de la Ley 1474, -el 12 de julio de 201145-, estatuto vigente para
el momento en que se vinculó a la garante LA PREVISORA S.A. en calidad de
tercero civilmente responsable, -Auto núm. 000179 de 17 de septiembre de
2012-, las pólizas de seguro cuentan con el mismo término de prescripción de
cinco (5) años que el previsto para la declaración de responsabilidad fiscal, así:
(…)

198. En suma, desde la vigencia de la Ley 1474, las pólizas de seguro
vinculadas a los procesos de responsabilidad fiscal cuentan con el mismo
término de prescripción de 5 años que el impuesto para la declaración de
responsabilidad fiscal […]”46

Con fundamento en lo explicado, una vez en firme el fallo con responsabilidad
fiscal en la fecha de notificación personal del Auto núm. 0116 de 11 de julio
de 2013, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra aquél, esto
es el 15 de agosto de 2013, y habiendo sido aperturado el proceso de
responsabilidad fiscal con Auto núm. 023 de 23 de mayo de 2011, está claro
que dicho fenómeno no tuvo ocurrencia en el asunto bajo examen y, por lo
mismo, no hay lugar a la inconformidad elevada por la impugnante“[…]47.
(Negrillas y subrayas del texto original).

131. Conforme a lo expuesto, desde la entrada en vigencia de la Ley 1474, las
pólizas de seguro vinculadas a los procesos de responsabilidad fiscal cuentan con
el mismo término de prescripción de 5 años establecido para la declaración de
responsabilidad fiscal.

44 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de octubre

de 2020; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 25000234100020120041801 […]”;
45 Diario Oficial núm. 48128 de julio 12 de 2011.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 y 11 de octubre

de 2019, números únicos de radicado 25000-23-24-000-2003-00054-01 y 25000-23-24-000-2007-00459-02,
respectivamente, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
47 Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil

veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-41-000-2014-00035-01

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132. En el caso sub examine, la Sala advierte que la parte demandada inició el
proceso de responsabilidad fiscal núm. 009/2012 mediante auto de 2 de agosto de
201248:

“[…] Durante la presente actuación se detectaron irregularidades que demuestran la
gestión fiscal antieconómica desplegada por los funcionarios de la UAESP, la cual
afectó el buen manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de la finalidad social
del Estado en contravía del propósito social de los recursos provenientes de las tarifas
de los servicios públicos contemplado en la Ley 142 de 1994, disponiendo de los
recursos de Bolsa del Esquema General de Aseo de origen tarifario, ordenados por
la UAESP para la realización de una amplia contratación definida por los siguientes
aspectos:

1. Estructuración de la nueva licitación del servicio de aseo en Bogotá, función
propia de la Entidad que debió ser cubierta con sus recursos propios y en ningún caso
con las tarifas pagadas por los usuarios por la prestación integral del servicio de aseo.

2. Ejecución de actividades propias de Plan Maestro Integral en el Manejo de
Residuos Sólidos, proyecto institucional que comprende una iniciativa del Gobierno
Nacional, reflejada en un proyecto que recoge las entidades territoriales en búsqueda
del cumplimiento de un programa al que debe darse cumplimiento con recursos de
los presupuestos nacionales, departamentales, municipales y/o distritales. En ningún
caso, estos planes deben ser cubiertos con dineros de los ciudadanos con origen en
las tarifas que pagan por la prestación integral del servicio.

Estas millonarias contrataciones representan gastos que no sustentan el costo-
beneficio de las mismas, lo cual generó presuntamente el daño patrimonial al Estado,
descrito en acápites precedentes, razón por la cual este Delegado Intersectorial No.
10 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, con fundamento
en las razones de hecho y derecho expuestas en precedencia, recomienda la apertura
de Proceso de Responsabilidad Fiscal por los hechos aquí objeto de averiguación.

A manera de conclusión y como resultado del estudio y análisis a las pruebas
practicadas, éste Despacho ha establecido de forma provisional por cada uno de los
Hechos Fiscales materia de indagación los siguientes:

Por el primer hecho fiscal "El proceso de Estructuración de la Licitación Pública 01 de
2010, que debió adelantar la UAESP, para los servicios de recolección, barrido y
limpieza de la ciudad de Bogotá", un daño en cuantía de $2.405.285.166 pesos Mcte.

Por el segundo hecho fiscal "El desarrollo de actividades que hacen parte de las
obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de
concesión un daño en cuantía de $3.599.118.235 pesos Mcte.

Por el tercer Hecho fiscal "La contratación celebrada por la UAESP con recursos
obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto
aprobado y autorizado por la UAESP". un daño en cuantía de $5.396.947.254.” pesos
Mcte.

Por el cuarto hecho fiscal "El sistema de información integrado del sistema de
información integrado del servicio de aseo- SISA, un presunto daño en cuantía de
$31.941.430.236.00 de pesos Mcte.

48Disco extraíble de antecedentes administrativos. Carpeta: exp. Digital. Carpeta principal 27. Archivo
denominado: 320773 MARISOL MILLAN PRF 009 2012 UAESP C. PRINCIPAL 27 (5388 - 5443)

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Lo anterior determina el valor aproximado total del presunto daño al patrimonio del
estado descrito anteriormente. Es pertinente señalar que existe un posible
menoscabo al patrimonio público teniendo en cuenta que el patrimonio público se
constituye por sus activos y pasivos, por tanto afectaciones o lesiones que afecten el
mismo o que puedan generar pasivos, atentan contra el patrimonio estatal, para tal
efecto tener en cuenta la Sentencia de 19 de febrero de 2004 Exp 2002-559 Sección
primera del Consejo de Estado entre otras […]”.

133. En el auto de apertura de responsabilidad fiscal núm.009/2012, se vinculó
como presuntos responsables fiscales a César Augusto Villamil Gómez, en su
condición de Gerente de la UAESP; José Robinson Gómez Trejos, en su condición
de Gerente (e) de la UAESP; Fabiola Ramos Bermúdez en su condición de Gerente
(e) de la UAESP; Victoria Eugenia Virviescas Calvete, en su condición de Directora
de la UAESP; Tanny Liliana García Lizarazo, en su condición de Directora (e) de la
UAESP; Gerardo Enrique Cuenca Melo, en su condición de Director (e) de la
UAESP; Miriam Margoth Martínez Díaz, en su condición de Directora de la UAESP;
Juan Carlos Junca Salas, en su condición de Director de la UAESP y la fiduciaria
Fiducolombia.

134. Por otra parte, la Sala advierte que mediante auto núm. 0224 de 11 de
octubre de 2012 49, la parte demandada dio apertura al proceso de responsabilidad
fiscal núm. 038-2012 por los siguientes hechos:

“[…] Hecho Fiscal N° 1.

Inadecuada planeación en el proceso de estructuración de la licitación pública 001-
2011, a cargo de la UESP, para los servicios de recolección, barrido y limpieza, lo
que condujo a la prórroga de los contratos de concesión... En desarrollo del proceso
de control excepcional se pudo evidenciar una inadecuada planeación en el proceso
de estructuración de la licitación pública a cargo de la UAESP para los servicios de
recolección, barrido y limpieza de la ciudad de Bogotá, que condujo a la prórroga de
un año de los contratos hasta el 14 de septiembre de 2011”.

(…) Hecho Fiscal N° 2.

Evaluación del Sistema de Costos (Saldo 2003-2011) de la Bolsa General del
Esquema de Aseo..."Se estableció igualmente, que la Bolsa General del Esquema
de Aseo, constituida por los prestadores del servicio de Aseo, del 3 de septiembre de
2003 al 31 de octubre de 2011 reportó un saldo de $95.412,06 millones, y
descontando solo los pagos por recolección, barrido y limpieza, después de sufragar
los demás costos del servicio integral de aseo, alcanzó un saldo de $30.978,9
millones"

(…) Hecho Fiscal N° 3.

49Disco extraíble de antecedentes administrativos. Carpeta: exp. Digital. Carpeta principal 24. Archivo
denominado: 323974 MARISOL MILLÁN PRF 038 2012 UAESP C. PRINCIPAL 24 (4591 - 4620). Folios 6 a 10.

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Análisis V/r pagado por los usuarios del servicio (prórroga contratos 2010-2011) ...
"Es importante anotar, que la UAESP, al prorrogar los contratos de concesión de las
áreas exclusivas para la prestación del servicio de aseo pactó una reducción de la
retribución acordada a los concesionarios en un 5% aproximadamente,
presuntamente sin tener en cuenta que las inversiones previstas inicialmente ya
habían sido amortizadas y posiblemente los equipos habían sido depreciados en la
vigencia de los contratos de concesión, factores que al ser considerados podrían
haber permitido una reducción mayor en la retribución mencionada. Podría por tanto,
haberse generado un doble pago a los concesionarios."

(…) Hecho Fiscal N° 4.

Evaluación de la aplicación de la nueva estructuración tarifaria de 2005 en las
prórrogas (2010-2011)... "Valga agregar, que la UAESP no aplicó para estas implicar
éstas una reducción en las tarifas a los usuarios, podría haber generado una mayor
disminución en la retribución a los concesionarios. […]”.

135. La Sala advierte que, mediante el acto administrativo que contiene el auto
núm. 224 de 11 de octubre de 2012 50, expedido por la Contralora Delegada
Intersectorial núm. 7 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción, se dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal núm. 0038/2012,
contra Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano, en su calidad de Gerente de
la UAESP; José Robinson Gómez Trejos, en su condición de Gerente (e) de la
UAESP; Fabiola Ramos Bermúdez en su condición de Gerente (e) de la UAESP;
Victoria Eugenia Virviescas Calvete, en su condición de Directora de la UAESP;
Tanny Liliana García Lizarazo, en su condición de Directora (e) de la UAESP;
Gerardo Enrique Cuenca Melo, en su condición de Director (e) de la UAESP; Miriam
Margoth Martínez Díaz, en su condición de Directora de la UAESP; Juan Carlos
Junca Salas, en su condición de Director de la UAESP y Fiduciaria Fiducolombia;
Aseo Técnico de la Sabana S.A. ESP (Atesa); Limpieza Metropolitana S.A. ESP
(LIME); Aseo Capital S.A. ESP; Ciudad Limpia S.A. ESP y Proactiva Doña Juana
S.A. ESP.

136. En ese orden, los autos de apertura no guardan identidad, dado que en el
proceso de responsabilidad fiscal núm. 009 de 2012 se investigaron personas
jurídicas que no fueron objeto de investigación el proceso núm. 038 de 2012 y por
conductas diferentes a la estructuración del proceso de la licitación. Por tanto, el
término de prescripción de la acción de responsabilidad fiscal finalizaría cinco años
después de expedido el auto de apertura núm. 224 de 11 de octubre de 2012, el 11
de octubre de 2017. Para la Sala es a partir de este último momento en donde la

50Disco extraíble de antecedentes administrativos. Carpeta: exp. Digital. Carpeta principal 24 Archivo
denominado: 323974 MARISOL MILLAN PRF 038 2012 UAESP C. PRINCIPAL 24(4591 a 4620).

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50

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

parte demandada tiene certeza de todas las circunstancias que rodearon los hechos
por lo que más adelante se le vincula al proceso.

137. La parte demandante fue vinculada al proceso de responsabilidad fiscal núm.
0038/2012 mediante auto de 22 de mayo de 2013.

138. Así, será conforme al auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal
núm. 0038/2012 en el que se vinculó a la parte demandante que se debe contabilizar
el término de prescripción previsto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 1474.

139. El auto núm. 224 de 11 de octubre de 2012 51 ordenó la apertura del proceso
de responsabilidad fiscal en el que se vinculó a la parte demandante. El término
prescriptivo no podría contabilizarse desde la fecha en que se dio apertura el
proceso de responsabilidad fiscal núm. 009/2012, debido a que en ese no se vinculó
a la parte demandante y corresponde a hechos fiscales distintos a la planeación
contractual.

140. Por ello, pese a que los procesos administrativos se acumularon en
determinado momento mediante auto núm. 1500 de 16 de octubre de 2015, lo cierto
es que dicha circunstancia procesal no implica que deje de existir alguno de ellos,
puesto que la consecuencia es únicamente que el funcionario competente tramite y
resuelva en un solo fallo de responsabilidad fiscal cada uno de los hechos
imputados. Y es por esta razón que la parte demandada tiene plena certeza de los
hechos que dan origen a esta apertura, de modo que es a partir de este momento
en el que comienza contabilizarse el término prescriptivo .

141. Así las cosas, se encuentra probado en el proceso que el auto de apertura
del proceso de responsabilidad fiscal núm. 0038/2012, fue expedido el 11 de octubre
de 2012.

142. El 10 de agosto de 2017, se expidió el fallo con responsabilidad fiscal núm.
134852, mientras que mediante auto núm. 1695 de 13 de septiembre de 2017 53 se

51 Disco extraíble de antecedentes administrativos. Carpeta: exp. Digital. Carpeta principal 24 (4591 a 4620).

Archivo denominado: 323974 MARISOL MILLAN PRF 038 2012 UAESP C. PRINCIPAL 24. Folios
52 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CD FOLIO 26A. Archivo denominado:

Anexo4FALLO1348.
53 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CD FOLIO 26A. Archivo denominado:

Anexo5parte2auto1695_PRF038-2012_fl14244-14305.

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51

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resolvió el recurso de reposición y por Auto ORD-80112-0275-2017 de 9 de octubre
de 201754 se resolvió el grado de consulta y el recurso de apelación. Este último fue
notificado por estado el 10 de octubre de 2017 55.

143. Por lo tanto, en atención a que el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal en el cual se vinculó a la parte demandante se profirió el 11
de octubre de 2012, la parte demandada tuvo hasta el 11 de octubre de 2017 para
proferir decisión en firme que declarara la responsabilidad fiscal. Esto sin contar las
distintas suspensiones de términos que fueron decretadas durante la actuación
administrativa 56, que no fueron objeto de cuestionamiento alguno en el recurso de
apelación.

144. Así las cosas, como la decisión sobre el recurso de apelación se notificó el
10 de octubre de 2017, se concluye que no operó el fenómeno de la prescripción
alegado por la parte demandante.

145. Ahora bien, la parte demandante manifestó que desde la fecha de ocurrencia
de los hechos constitutivos de detrimento patrimonial (entre el 30 de septiembre de
2007 y el 31 de diciembre de 2011) hasta la fecha en que se profirió fallo en firme
(el 10 de octubre de 2017), habría transcurrido un término superior a los 5 años
establecidos en el artículo 9 de la Ley 610.

146. Al respecto, esta Sección ha señalado las diferencias entre la caducidad y la
prescripción en los términos de la Ley 610:

“[…] la Sala recuerda que la caducidad y la prescripción son instituciones procesales
diferentes. La caducidad de la acción fiscal se refiere al término máximo con que
cuentan las autoridades de control para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal tal

54 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CD FOLIO 26A. Archivo denominado:
Anexo6GRADODECONSULTAPRF0382012.
55 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: CD FOLIO 541.CdSubsanación. Archivo denominado:

notificacionesautos
56 44 PRF-038-2012 CARPETA PRINCIPAL 59. En dicha Resolución se suspendieron los términos, entre otros,

los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaran en dicha entidad desde el 2 de noviembre hasta el 7
de noviembre de 2016, ordenando asimismo la suspensión de los términos de prescripción de los procesos de
responsabilidad fiscal, reanudando el cómputo de términos en los procesos y actuaciones el 8 de noviembre de
2016, en consideración a fallas técnicas que se estaban presentado en la nueva sede, eventos que señaló como
caso fortuito.
45 PRF 038-2012 CARPETA PRINCIPAL 64. 20170515. En la Resolución mencionada se ordenó la
suspensión, entre otros, de los términos en los procesos de responsabilidad fiscal que requirieran cómputo de
términos que se encontraban adelantando en dicha entidad durante los días 15, 16 y 17 de mayo de 2017,
término que dispuso se reiniciaría el 18 de mayo de 2017, resolvió que dicha suspensión de términos no
implicaría la interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los diferentes procesos de
responsabilidad fiscal, entre otros. Dicha medida se adoptó en consideración a la adopción de medidas que
permitieran mantener sin
afectación alguna la infraestructura de los sistemas informáticos de la entidad, en consideración al incidente de
seguridad sufrido por el ataque cibernético a nivel mundial.

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Núm. único de radicación: 25000234100020180043401
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y como se desprende del inciso 1° del artículo 9° de la Ley 610 de 2000. Por su parte,
la prescripción en materia de responsabilidad fiscal alude al término máximo con que
cuentan los órganos de control para proferir una decisión declarativa con o sin
responsabilidad fiscal. Ambas instituciones procesales favorecen la aplicación
efectiva de los principios de seguridad jurídica y el cumplimiento de los principios de
la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

Esta Sección ha definido estas dos instituciones en el siguiente sentido:

Repárese que el inciso primero se refiere al término de caducidad y el inciso 2° al
término de prescripción. Por tanto son dos instituciones procesales distintas, en la
medida en que la caducidad hace relación al término máximo de que disponen las
autoridades de control para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal y la
prescripción, alude al plazo máximo que tienen esas mismas autoridades para
declarar la responsabilidad fiscal y la consecuente sanción, en caso de que luego de
haber proferido el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, encuentre
méritos para declararla o para exonerar de compromiso al investigado.

En el caso de autos, la Sala se limitará al análisis de la caducidad, cuyo extremo
temporal inicial viene marcado por la fecha de ocurrencia de los hechos generadores
de la presunta lesión al patrimonio del Estado, en tanto que el final, por la fecha del
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Así, la acción fiscal caduca si
transcurridos cinco años desde la ocurrencia del hecho generador del patrimonio, no
se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal […]” 57.
(Subrayado del texto original).

147. De este modo, el artículo 9 de la Ley 610 se refiere a dos aspectos distintos:
i) a la caducidad: hace relación al término máximo de 5 años que disponen las
autoridades de control para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, término que
se cuenta a partir del hecho generador del daño hasta el auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal; y, ii) a la prescripción: alude al plazo máximo que
tienen esas mismas autoridades para declarar la responsabilidad fiscal y la
consecuente sanción, los 5 años se cuentan a partir del auto de apertura del proceso
de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia
en firme que la declare.

148. Para la Sala, ninguno de los presupuestos fácticos que prevé la norma
establece que deban contarse los 5 años desde la fecha de ocurrencia de los hechos
constitutivos del detrimento hasta la fecha en que se profirió el fallo en firme, como
lo interpreta la parte demandante. En consecuencia, no le asiste la razón en dicho
aspecto y su argumento no tiene vocación de prosperidad.

57 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de octubre

de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 13001-23-31-000-2005-01012-01
[…]”.

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149. Así las cosas, al contabilizar el término de la prescripción de la póliza en el
término de cinco años del artículo 9 de la Ley 610, por remisión expresa del artículo
120 de la Ley 1474, y como ha sido establecido por esta Sección de la Corporación,
no le asiste razón a la parte demandante al afirmar que el término debe contarse
desde el último día de vigencia de la póliza de seguro o desde el último hecho
constitutivo de un eventual detrimento patrimonial.

De la cobertura y vigencia de la póliza de seguro de manejo

150. La parte demandante adujo en el recurso de apelación que los períodos en
los que laboraron los presuntos responsables fiscales se encuentran ubicados
temporalmente antes del inicio de vigencia de la póliza, más concretamente, antes
del año 2011. Además, los eventos con base en los cuales se adelantaron los
procesos de responsabilidad fiscal no podían ser objeto de cobertura, por expresa
disposición del artículo 1053 del Código de Comercio, al tratarse de hechos que
iniciaron su producción antes de que el riesgo comenzara a correr por cuenta del
asegurador. En atención a la aplicación del artículo 1073 del Código de Comercio,
no existe responsabilidad alguna a cargo de la Compañía de Seguros.

151. El artículo 1073 del Código de Comercio dispone que si el siniestro, iniciado
antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida
o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la
indemnización en los términos del contrato. Pero si se inicia antes y continúa
después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste
no será responsable por el siniestro.

152. De este modo, el Código de Comercio reconoce la responsabilidad del
asegurador cuando el siniestro se inicia con anterioridad a la vigencia del seguro,
pero se consuma cuando ya ha terminado su vigencia. Sin embargo, en el caso sub
examine, según la parte demandada, se trata de una póliza global de manejo, la
cual trae consigo una excepción a dicha regla.

153. El artículo 203 del Decreto núm. 663 prevé que dentro de los seguros de
manejo o de cumplimiento: i) tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de
fondos de cualquier clase que se confíen a los empleados públicos o a los
particulares, en favor de las entidades o personas ante las cuales sean
responsables; y, ii) respecto los destinatarios del seguro, los empleados nacionales

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de manejo, los de igual carácter que presten sus servicios a entidades o
instituciones en que tenga interés la Nación, así como los que deban responder de
la administración o custodia de bienes de la misma los albaceas, guardadores,
fideicomisarios, síndicos, y en general, los que por disposición de la Ley tengan a
su cargo la administración de bienes ajenos con obligación de prestar caución,
garantizarán su manejo por medio del seguro de que trata el presente artículo.

154. A su turno, el artículo 4 de la Ley 389, señala que en el seguro de manejo y
riesgos financieros y en el de responsabilidad, la cobertura podrá circunscribirse al
descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones
formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en
el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación. Así
mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la
vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado
al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato,
el cual no será inferior a dos años.

155. En ese orden, cuando se trate de pólizas de seguros globales de manejo, la
cobertura comprende las pérdidas descubiertas durante su vigencia, así se trate de
hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación.

156. La Sección Tercera de esta Corporación señaló las características más
importantes de la póliza de seguros de manejo global y riesgos financieros en los
siguientes términos:

“[…] Dada la naturaleza de la obligación que contrae el asegurador, resulta de la
mayor importancia la determinación del momento exacto a partir del cual aquel
asume el riesgo que le es trasladado y así mismo, la hora y el día hasta los cuales
va tal asunción, puesto que únicamente estará obligado a ejecutar la prestación a su
cargo cuando el riesgo se realice dentro de ese lapso, es decir si el siniestro se
presenta dentro de esos límites temporales. Al respecto, el artículo 1073 del C. de
Co., relativo a la responsabilidad del asegurador, establece que “Si el siniestro,
iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la
pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la
indemnización en los términos del contrato. Pero si se inicia antes y continúa después
que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será
responsable por el siniestro”.

33. De acuerdo con lo anterior, el legislador sólo concede el derecho a la
indemnización a cargo del asegurador, cuando el riesgo se realiza o inicia su
realización dentro del periodo amparado por la respectiva póliza. Como lo sostuvo la
Sala, “Debe tenerse en cuenta que lo que se exige en el régimen de los contratos de
seguros, en cuanto a su vigencia y cobertura, es que el riesgo efectivamente se

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materialice durante el periodo de vigencia de la póliza, puesto que una cosa es
el surgimiento del derecho a obtener la indemnización y otra cosa es el derecho a
recibir su pago, el que sí se concreta una vez se hace la reclamación en la forma
establecida por la ley.

34. En el caso objeto de la presente decisión, como ya se advirtió, está debidamente
acreditado que la póliza multiriesgos hospitalaria expedida por La Previsora S.A.
Compañía de Seguros a solicitud del tomador, hospital San Antonio de Guatavita,
tiene fecha de expedición del 9 de octubre de 1998 y que la vigencia de su cobertura,
que era de 365 días, iba desde el 1º de octubre de 1998 a las 0:00 horas, hasta el 30
de septiembre de 1999, a las 24 horas. Así mismo, se probó que el hurto se produjo
el 19 de septiembre de 1998 y la reticencia de la entidad demandante en informar la
fecha exacta del hecho, al punto que en el formato de siniestro elaborado por La
Previsora S.A. para su tramitación, consta que informó como fecha del hurto, el 27
de enero de 1999, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de la póliza de
seguro multiriesgo (ver párrafos 8.3, 8.9 y 8.15 y 8.18).

35. Ahora bien, la demandante adujo que el artículo 4º de la Ley 389 de 1997,
circunscribe la cobertura del seguro al descubrimiento de las pérdidas durante su
vigencia, así se trate de hechos anteriores a su iniciación. Al respecto, se observa
que la mencionada disposición, establece:

(…) 36. De la sola lectura de la norma, se desprende sin dificultad que la medida
allí comprendida, de acuerdo con la cual la cobertura podrá circunscribirse al
descubrimiento de pérdidas durante la vigencia del seguro así se trate de
hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación, es una excepción a la regla
general que señala que la responsabilidad del asegurador sólo surge cuando
el siniestro se produce dentro del término de vigencia de la respectiva póliza y
que admite que el hecho de la pérdida haya sido anterior a la iniciación de la
cobertura del seguro, siempre que el conocimiento del mismo se produzca
durante el término de su vigencia, pero es una excepción que sólo se predica,
así mismo, de ciertos y determinados seguros: los de manejo y riesgos
financieros.

37. A través del primero, contenido en la denominada póliza global de manejo, las
entidades públicas o privadas se precaven frente a los perjuicios que pueden sufrir
en su patrimonio con ocasión de la pérdida de sus fondos y bienes, proveniente de
las actuaciones de sus empleados en ejercicio de sus cargos y como consecuencia
de la administración, custodia o manejo de los bienes por parte de dichos servidores.
Tratándose de las entidades estatales, el seguro de manejo las ampara de los actos
que sean tipificados como delito contra la administración pública, es decir que en
estos casos, el riesgo está fundado en la administración dolosa o gravemente culposa
de los bienes y valores confiados al funcionario en razón de su cargo.

38. En relación con la póliza de manejo o el seguro de cumplimiento, el artículo 203
del Decreto 663 de 1993, dispone: (…) 39. Por su parte, en relación con el seguro de
riesgos financieros, existe la póliza denominada de infidelidad y riesgo financiero,
cuya finalidad es la de proteger a las empresas de los perjuicios que pueden sufrir
como consecuencia de la infidelidad de sus empleados, por fraudes, el hurto
calificado, en el transporte de valores, por la falsificación o alteración de firmas, por
el dinero falso, el crimen por computador, etc.; sobre esta clase de pólizas, el numeral
3 del artículo 185 del Decreto 663 de 1993, establece que “[e]n los seguros que
tengan por objeto el amparo de los riesgos propios de la actividad financiera, se
podrán asegurar, mediante convenio expreso, los hechos pretéritos cuya ocurrencia
es desconocida por tomador y asegurador”.

40. De acuerdo con lo expuesto, se trata de riesgos específicos en relación con
los cuales el legislador permite amparar hechos ya sucedidos al iniciar la
vigencia del seguro pero aún desconocidos para las partes y que se evidencian

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durante la misma, pero no es una regla general que se pueda predicar de seguros
como el que es objeto del contrato celebrado en el sub-lite por el hospital San Antonio
de Guatavita y La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

41. Para la Sala, a partir de las anteriores consideraciones, no cabe duda alguna en
cuanto a la inexistencia de cobertura para la fecha en la que se produjo el hurto del
ecógrafo de propiedad de la entidad demandada ya que para ese día, no se
encontraba aún vigente la póliza de seguro, puesto que ni siquiera había sido
expedida, razón por la cual la aseguradora no estaba obligada a pagar la
indemnización reclamada por el hospital […]” 58. (Negrillas fuera de texto).

157. De este modo, en las pólizas globales de manejo, la cobertura podrá
circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia del seguro, aunque
se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación. Esto constituye una
excepción a la regla general que establece que la responsabilidad del asegurador
solo surge cuando el siniestro se produce dentro del término de vigencia de la
respectiva póliza, y que admite que el hecho de la pérdida haya sido anterior a la
iniciación de la cobertura del seguro, siempre que el conocimiento de este se
produzca durante el término de su vigencia.

158. La Sección Tercera de la Corporación señaló sobre la póliza seguro de
manejo global:

“[…] 35. Ahora bien, la demandante adujo que el artículo 4º de la Ley 389 de 1997,
circunscribe la cobertura del seguro al descubrimiento de las pérdidas durante su
vigencia, así se trate de hechos anteriores a su iniciación.

[…] 36. De la sola lectura de la norma, se desprende sin dificultad que la medida
allí comprendida, de acuerdo con la cual la cobertura podrá circunscribirse al
descubrimiento de pérdidas durante la vigencia del seguro así se trate de
hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación, es una excepción a la regla
general que señala que la responsabilidad del asegurador sólo surge cuando el
siniestro se produce dentro del término de vigencia de la respectiva póliza y que
admite que el hecho de la pérdida haya sido anterior a la iniciación de la
cobertura del seguro, siempre que el conocimiento del mismo se produzca
durante el término de su vigencia, pero es una excepción que sólo se predica,
así mismo, de ciertos y determinados seguros: los de manejo y riesgos
financieros.

37. A través del primero, contenido en la denominada póliza global de manejo, las
entidades públicas o privadas se precaven frente a los perjuicios que pueden sufrir
en su patrimonio con ocasión de la pérdida de sus fondos y bienes, proveniente de
las actuaciones de sus empleados en ejercicio de sus cargos y como consecuencia
de la administración, custodia o manejo de los bienes por parte de dichos servidores.
Tratándose de las entidades estatales, el seguro de manejo las ampara de los actos
que sean tipificados como delito contra la administración pública, es decir que en

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 31 de marzo de 2005,

expediente 25689, C.P. Ramiro Saavedra Becerra

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estos casos, el riesgo está fundado en la administración dolosa o gravemente culposa
de los bienes y valores confiados al funcionario en razón de su cargo.

38. En relación con la póliza de manejo o el seguro de cumplimiento, el artículo 203
del Decreto 663 de 1993, dispone:

(…)39. Por su parte, en relación con el seguro de riesgos financieros, existe la póliza
denominada de infidelidad y riesgo financiero, cuya finalidad es la de proteger a las
empresas de los perjuicios que pueden sufrir como consecuencia de la infidelidad de
sus empleados, por fraudes, el hurto calificado, en el transporte de valores, por la
falsificación o alteración de firmas, por el dinero falso, el crimen por computador, etc.;
sobre esta clase de pólizas, el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 663 de 1993,
establece que “[e]n los seguros que tengan por objeto el amparo de los riesgos
propios de la actividad financiera, se podrán asegurar, mediante convenio expreso,
los hechos pretéritos cuya ocurrencia es desconocida por tomador y asegurador”.

40. De acuerdo con lo expuesto, se trata de riesgos específicos en relación con
los cuales el legislador permite amparar hechos ya sucedidos al iniciar la
vigencia del seguro pero aún desconocidos para las partes y que se evidencian
durante la misma […]59”. (Negrillas fuera de texto).

159. De este modo, el legislador permite amparar hechos ya sucedidos al iniciar
la vigencia del seguro de manejo, pero aun desconocidos por las partes y que se
evidencian durante la vigencia de esta.

160. En el caso sub examine, se encuentra probado que la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos del Distrito Capital (UAESP) en el marco del contrato
C-216/2011 tomó la póliza de manejo empleados públicos con las prórrogas en
tiempo que se precisan en la siguiente tabla:

Número Vigencia Valor Asegurado
21-42-10100-0813 05-07-2011 a 05-07-2012 $300.000.000
21-42-10100-0813 05-07-2012 a 05-11-2012 $300.000.000
21-42-10100-0813 05-11-2012 a 04-12-2012 $300.000.000
21-42-10100-0813 04-12-2012 a 10-12-2012 $300.000.000

161. Así, la póliza de seguro de manejo núm. 21-42-101000813 señalada estuvo
vigente entre el 5 de julio de 2011 y el 10 de diciembre de 2012.

162. La parte demandada dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal
correspondiente al radicado núm. 009/2012, mediante auto 2 de agosto de 2012.
Luego, mediante auto de 11 de octubre de 2012, la parte demandada dio apertura
al proceso de responsabilidad fiscal con radicado núm. 0038/2012.

59 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 19 de junio

de 2013 C.P. Danilo Rojas Betancourth; número único de radicación: 25000232600020000201901 […]”.

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163. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el siniestro fue conocido por
la parte demandada el 11 de octubre de 2012, fecha en la que se dio apertura al
proceso de responsabilidad fiscal al que se vinculó como tercero civilmente
responsable a la parte demandante.

164. La Sala considera que, dado que el conocimiento del hecho materia del
siniestro (2 de agosto de 2012 y 11 de octubre de 2012) se produjo durante la
vigencia de la póliza de seguros globales de manejo, aunque los hechos hayan
ocurrido con anterioridad, este queda cubierto por la póliza. En otras palabras, el
hecho ocurrió antes de la vigencia de la póliza y se descubrió durante su vigencia,
por lo que se encuentra incluido en su cobertura.

165. Conforme a lo expuesto, esta Sala considera que, contrario a lo afirmado por
la parte demandante, en el caso sub examine, la póliza de seguro de manejo núm.
21-42-101000813 tenía cobertura.

166. Además, al revisar las condiciones de las pólizas, esta Sala advierte que
únicamente se menciona la ocurrencia en el numeral 3.º, sobre el procedimiento en
caso de siniestro. En este caso, no aplican las cláusulas sobre la ocurrencia, dado
que están referidas a la entidad asegurada, y en este caso, quien lleva a cabo la
reclamación no es dicha entidad entidad sino la parte demandada. Por lo tanto, no
aplica el criterio de ocurrencia, sino el de descubrimiento.

Del recurso de apelación presentado por la parte demandada

167. La parte demandada argumentó que la póliza de manejo está llamada a
indemnizar los siniestros causados, no requiere fallo condenatorio o penal, y la
reclamación se presentó oportunamente durante su vigencia.

168. Sobre el particular, el Despacho reitera que, en vigencia del artículo 4 de la
Ley 389: i) cuando se trate de pólizas de seguros globales de manejo, la cobertura
comprende las pérdidas descubiertas durante su vigencia, aunque se trate de
hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación; ii) las pólizas globales de manejo
permiten que la cobertura se circunscriba al descubrimiento de pérdidas durante la
vigencia del seguro, aunque se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su
iniciación, siendo una excepción a la regla general que establece que la
responsabilidad del asegurador solo surge cuando el siniestro se produce dentro

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del término de vigencia de la respectiva póliza, y que admite que el hecho de la
pérdida haya sido anterior a la iniciación de la cobertura del seguro, siempre que el
conocimiento del mismo se produzca durante el término de su vigencia; y iii) el
legislador permite amparar hechos ya sucedidos al iniciar la vigencia del seguro de
manejo, pero aun desconocidos por las partes y que se evidencian durante la
vigencia de esta.

169. En ese sentido, le asiste razón a la parte demandada cuando señaló en el
recurso de apelación la posibilidad de que, por un pacto expreso entre los
contratantes, se limite temporalmente la cobertura, o incluso, se extienda a hechos
anteriores a su vigencia, siempre que en ambos casos se cumpla con la exigencia
de que la reclamación se haga dentro del lapso de vigencia de la convención.

170. Ahora bien, en el caso de la póliza núm. de seguro núm. 21-42-10-10001067
estuvo vigente entre el 10 de diciembre de 2012 y el 16 de julio de 2013.

171. La parte demandada dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal
correspondiente al radicado núm. 009/2012, mediante auto 2 de agosto de 2012.
Luego, a través de auto de 11 de octubre de 2012, dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal con radicado núm. 0038/2012.

172. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el siniestro fue conocido por
la parte demandada el 11 de octubre de 2012, fecha en la que se dio apertura al
proceso de responsabilidad fiscal al que se vinculó como tercero civilmente
responsable a la parte demandante.

173. Dado que el conocimiento del hecho materia del siniestro se produjo con
anterioridad a la fecha en que entró en vigor la póliza de seguro número 21-42-10-
10001067 (10 de diciembre de 2012), queda excluido de la cobertura porque no
obedece a la excepción prevista en la norma: que el hecho haya ocurrido antes de
la vigencia de la póliza y se descubra durante su vigencia. El hecho ocurrió antes
de la vigencia de la póliza y su descubrimiento (que es lo relevante para la aplicación
de la excepción) ocurrió antes de la vigencia de la póliza; por ende, se encuentra
excluido de la cobertura aplicable. Al respecto, se reiteran las consideraciones
expuestas en el cargo anterior, donde se determinó el alcance del artículo 4 de la
Ley 398 y lo que ha considerado esta Corporación.

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174. En ese sentido, el descubrimiento se da cuando el asegurado se haya
enterado de hechos o circunstancias que llevarían a que una persona razonable
considerara que ha ocurrido o va a ocurrir una pérdida de las que se enc uentran
amparadas por el seguro, lo que se da en el momento en que se da la apertura del
proceso de responsabilidad fiscal.

175. El argumento de la parte demandada no prospera en lo que respecta a la
póliza de seguro No. 21-42-10- 10001067.

176. Asimismo, la Sala comparte la apreciación de la parte demandada de que no
se requiere fallo o condenatorio o penal contra la administración pública para la
eventual afectación de la póliza de seguro núm. 21-42-101000813, debido a que su
cobertura comprende los hechos que tipifiquen responsabilidad fiscal. Así se
observa en la póliza mencionada, cuando indica que su ámbito corresponde a “Los
riesgos que impliquen menoscabo de los fondos y bienes del Estado, causados por
sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra
la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal”. A la misma conclusión
llegó el a quo, sin que sea necesario modificar la sentencia en dicho aspecto.

Conclusiones de la Sala

177. La Sala considera que no prescribió la acción de responsabilidad fiscal,
debido a que entre la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y la sentencia
en firme no transcurrieron los 5 años previstos en el artículo 9 de la Ley 610.
Además, la póliza de seguro núm. 21-42-101000813 ofrece cobertura frente a la
responsabilidad civil de la parte demandante en vigencia del artículo 4 de la Ley 389
lo que no ocurre con la póliza de seguro No. 21-42-10- 10001067. Así, no se
desvirtúan los fundamentos de la sentencia de primera instancia proferida por la
Subsección “A”, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En
consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia.

Condena en costas

178. Visto el artículo 365 numeral 8.° de la Ley 1564 sobre condena en costas, y
atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que en el expediente no
aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la parte
demandante.

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179. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida, en
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección “A”, Sección
Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 27 de octubre de 2023,
en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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