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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2017-00482-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2017-00482-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme con lo señalado en la parte motiva. situaciones jurídicas particulares y concretas con base en aquel del que se predica el fenómeno del decaimiento, por declaratoria de inexequibilidad de la ley o por declaratoria de nulidad de la norma sustento de derecho y, comoquiera que tal fenómeno en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su expedición”. Reiterada en Consejo de Estado Sección Primera. Sentencia de 26 de enero de 2026, MP Nubia Margoth Peña Garzón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Radicado: 15001-23-33-000-2017-00482-01 Demandante: Fundación Salvemos el Medio Ambiente Demandado: Contraloría General de la República TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-33-000-2017-00482-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00482-01
Demandante: Fundación Salvemos el Medio Ambiente
Demandado: Contraloría General de la República
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Responsabilidad fiscal. Alcance del juez de segunda instancia.
Principio de congruencia. Determinación de la instancia aplicable
en este tipo de procesos. Aplicación del artículo 110 de la Ley
1474 de 2011. Prescripción de la responsabilidad fiscal.
Suspensión y reanudación de términos.
Decisión: Confirma fallo que negó las pretensiones de la demanda

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Fundación Salvemos el Medio
Ambiente1 en contra de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3, FUNAMBIENTE, por conducto de apoderado judicial, demandó a la
Contraloría General de la República, con el objeto de que se accediera a las siguientes
pretensiones:

Primera: Sírvase declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el
Fallo de única instancia No. 019 del 25 de octubre de 2016 y en el Auto No. 549 del
7 de diciembre de 2016 expedidos por la Gerencia Departamental Colegiada de
Boyacá de la Contraloría General de la República dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 2014-00972-1291, a través de los cuales se declaró
responsable fiscal a mi representada y confirmó el fallo impugnado,
respectivamente; y el Auto No. 00041 proferido el 13 de enero de 2017 por la
Dirección de Juicios Fiscalías de la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva a través del cual se resolvió el grado de

1 En adelante FUNAMBIENTE o la demandante.
2 La demanda fue admitida mediante auto de 3 de octubre de 2017. Índice 25 del aplicativo Samai.
Documento: ED_CUADERNO3_01AUTOADMISORIO(.pdf) NroActua 25.
3 En adelante CPACA.

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00482-01
Demandante: Fundación Salvemos el Medio Ambiente
Demandado: Contraloría General de la República

consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal cuando ya estaba prescrita la
responsabilidad fiscal de mi representada según artículo 9 de la Ley 610 de 2000.
Segunda: A título de restablecimiento del derecho de la demandante,
respetuosamente solicito se exonere a FUNAMBIENTE de la responsabilidad fiscal
que por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ($259'333.998,oo) M/Cte. le endilgó la demandada dentro del espurio
proceso de responsabilidad fiscal devenido en una vía de hecho administrativa
por violación de derechos y garantías constitucionales y legales de FUNAMBIENTE.
1.2 Actos acusados

Mediante fallo de responsabilidad fiscal de única instancia No. 019 del 25 de octubre de
2016 se resolvió lo siguiente:

PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, conforme lo previene el
artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en cuantía indexada de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($259'333.998,00) en contra de la
Empresa ELACAN U.T. […] y de la Empresa FUNDACIÓN SALVEMOS EL MEDIO
AMBIENTE "FUNAMBIENTE" […], quienes deberán responder de manera
solidaria por la indicada suma de dinero, dado que no lograron desvirtuar todos los
cargos que se les formularon en el Auto de Imputación N° 005 de 18 de febrero de
2016, relacionado con la contribución que tuvieron en la configuración del
detrimento patrimonial ocasionado al municipio de Puerto Boyacá como
consecuencia del siniestro por estabilidad de la obra ejecutada en virtud del
Contrato 431 de 2005 […].

Por auto No. 549 del 7 de diciembre de 2016 se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la decisión anterior, así:

PRIMERO: Negar el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de oficio
de la Empresa ELACAN U.T. y, por el contrario, confirmar el fallo con
responsabilidad fiscal proferido en su contra.
SEGUNDO: Negar el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de oficio
de la Empresa FUNDACIÓN SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE
"FUNAMBIENTE" y, por el contrario, confirmar el fallo con responsabilidad fiscal
proferido en su contra.
TERCERO: Negar el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de
confianza de la FUNDACIÓN SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE
"FUNAMBIENTE", el abogado JUAN DE JESÚS GALVIS GARCÍA y, por el
contrario, confirmar el fallo con responsabilidad fiscal proferido en su contra.
CUARTO: Rechazar el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria al
recurso de reposición interpuesto por el Dr. JUAN DE JESÚS GALVIS GARCÍA
contra el fallo N° 019 de 25 de octubre de 2016.
QUINTO: Remítase el expediente a la Dirección de Juicios Fiscales a fin de que
se surta el grado de consulta frente a la decisión adoptada […].

Por auto No. 00041 proferido el 13 de enero de 2017 se resolvió el grado de consulta,
así:

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Demandado: Contraloría General de la República

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Gerencia Departamental
Colegiada de Boyacá, en el Fallo No. 019 de 25 de octubre de 2016 por medio del
cual se falla sin responsabilidad fiscal el Proceso de Responsabilidad Fiscal No.
PRF-2014-00972_1291, en favor de […], y con responsabilidad fiscal en contra de
ELACAN U.T. […] y FUNDACIÓN SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE
"FUNAMBIENTE" […], de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el artículo séptimo del Fallo No. 019 de 25 de octubre de
2016, y en consecuencia declarar, como tercero civilmente responsable, a la
Aseguradora Liberty Seguros S.A. e incorporar al fallo la Póliza Única de Seguro
de Cumplimiento No. 675284 de 9 de diciembre de 2005 […], de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia […].

1.3. Fundamentos de hecho

El municipio de Puerto Boyacá, mediante licitación pública, adjudicó a la Unión Temporal
Alcantarillado 2005 la ejecución del Contrato de Obra No. 431 de 2005, cuyo objeto
consistió en la construcción del alcantarillado sanitario en varios sectores de dicha
entidad territorial. La referida unión temporal estaba integrada por ELACAN E.U., con una
participación del 90 %, y por FUNAMBIENTE, con una participación del 10 %.

El proyecto se estructuró con fundamento en los estudios y diseños previamente
elaborados en desarrollo de un contrato de consultoría suscrito entre el municipio y la
empresa FUNDEUIS, en los cuales se determinó que la red de alcantarillado sanitario se
instalaría por debajo de la vía peatonal y de la berma de la vía vehicular existentes en los
sectores intervenidos.

Iniciadas las obras, fue necesario suspender su ejecución al encontrarse el tubo matriz
del acueducto municipal en el trazado previsto. Posteriormente las partes acordaron
reiniciar la ejecución contractual mediante la suscripción de un otrosí, en virtud del cual
el trazado del alcantarillado pasó a ubicarse por debajo de las vías vehiculares, sin que
se modificaran las especificaciones técnicas originalmente previstas para una
intervención sobre vías peatonales.

Se afirmó que dicha modificación fue objetada tanto por el contratista como por la
interventoría, al considerar que la construcción de una red de alcantarillado bajo vías
vehiculares de alto tráfico y gran tonelaje requería especificaciones técnicas especiales,
además de actividades relacionadas con la intervención y reconstrucción de pavimentos
asfálticos que no estaban contempladas en el objeto inicial del contrato.

Durante la ejecución de las obras comenzaron a presentarse ondulaciones,
agrietamientos, filtraciones y empozamientos en las vías intervenidas, situaciones que
fueron puestas en conocimiento de la administración municipal por parte de la firma
interventora.

Pese a tales observaciones, las obras fueron recibidas por la entidad territorial y el
contrato fue liquidado unilateralmente mediante la Resolución No. 0110-62-1752 del 26
de septiembre de 2007. Se indicó que la firma interventora CORA Ltda. se negó a
suscribir el acta de recibo final y presentó denuncias ante los organismos de control por
las presuntas irregularidades advertidas en la ejecución contractual.

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Demandado: Contraloría General de la República

Ante el deterioro de algunos tramos viales intervenidos, el Secretario de Obras Públicas
expidió la Resolución No. 4410 del 30 de noviembre de 2009, mediante la cual declaró la
ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra correspondiente al Contrato No. 431 de
2005.

Con fundamento en tales hechos, la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá de la
Contraloría General de la República, mediante auto No. 052 del 20 de diciembre de 2011,
ordenó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2014-00972-1291, “por un
presunto detrimento patrimonial ocasionado al Municipio de Puerto Boyacá, como
consecuencia de irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra No. 431 de 2005”.

Al proceso fiscal fueron vinculados funcionarios de la administración municipal, quienes,
posteriormente, fueron desvinculados de la actuación, continuando la investigación
respecto de quienes integraron la Unión Temporal Alcantarillado 2005, entre ellos
FUNAMBIENTE.

Señaló que la Contraloría, mediante auto No. 005 del 18 de febrero de 2016, imputó
responsabilidad fiscal a FUNAMBIENTE y dispuso continuar la actuación bajo el
procedimiento de única instancia previsto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, al
considerar como referente la menor cuantía para contratación vigente en el municipio
durante el año 2009, cuando fue declarado el siniestro de estabilidad de la obra.

Mediante Fallo No. 019 del 25 de octubre de 2016, la Contraloría General de la República
declaró fiscalmente responsables a los integrantes de la Unión Temporal Alcantarillado
2005, al concluir que las irregularidades advertidas en la ejecución del Contrato de Obra
No. 431 de 2005, particularmente aquellas relacionadas con la construcción de la red de
alcantarillado y los daños prematuros presentados en las vías intervenidas, generaron un
detrimento patrimonial al municipio de Puerto Boyacá.

Contra esa determinación se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
desfavorablemente mediante auto No. 540 del 7 de diciembre de 2016, que confirmó en
su integridad el fallo recurrido.

En desarrollo del grado de consulta surtido ante la Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva, se profirió el auto No. 0041 del 13 de enero de 2017,
mediante el cual se mantuvo incólume la declaratoria de responsabilidad fiscal.

1.4. Normas vulneradas y concepto de violación

La demandante señaló como infringidos los artículos 1, 2 y 29 de la Constitución Política,
así como las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011 y 1564 de 2012. Con fundamento en ello,
formuló los siguientes cargos de nulidad:

▪ Indebida valoración de las causas que originaron el daño patrimonial

El detrimento atribuido a los integrantes de la Unión Temporal Alcantarillado 2005 tuvo
su origen en falencias de planeación imputables al municipio de Puerto Boyacá, toda vez
que los estudios y diseños que sirvieron de soporte al Contrato de Obra No. 431 de 2005
no identificaron la existencia de la tubería matriz del acueducto ni previeron las
especificaciones técnicas que requería la modificación posterior del trazado de la red de

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alcantarillado. En su criterio, la Contraloría omitió valorar adecuadamente estas
circunstancias y trasladó al contratista las consecuencias derivadas de errores atribuibles
a la entidad contratante.

▪ Violación de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción por la aplicación
indebida del trámite de única instancia previsto en el artículo 110 de la Ley 1474 de
2011

La Contraloría tramitó la actuación bajo el procedimiento de única instancia previsto en
el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual tomó como referencia la menor
cuantía vigente en el año 2009, cuando se declaró la ocurrencia del siniestro de
estabilidad de la obra. Sostuvo que los hechos generadores del presunto detrimento
patrimonial ocurrieron y fueron advertidos desde el año 2007, razón por la cual debía
aplicarse la menor cuantía correspondiente a esa vigencia y, en consecuencia, el
procedimiento ordinario de doble instancia previsto en la Ley 610 de 2000.

Agregó que la entidad desconoció sus garantías de defensa y contradicción al negar la
nulidad propuesta frente al cambio de procedimiento, rechazar las pruebas encaminadas
a demostrar la cuantía aplicable al proceso y valorar un informe técnico sin tramitar
adecuadamente las solicitudes de aclaración y complementación formuladas respecto de
dicho medio probatorio.

▪ Configuración de la prescripción de la responsabilidad fiscal

La responsabilidad fiscal se encontraba prescrita, toda vez que el auto No. 0041 del 13
de enero de 2017, mediante el cual se resolvió el grado de consulta, fue expedido y
notificado después de transcurridos cinco años desde la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, ocurrida el 20 de diciembre de 2011. En consecuencia, afirmó que
para ese momento ya había operado el fenómeno de la prescripción previsto en el artículo
9 de la Ley 610 de 2000.

1.5. Contestación de la demanda4

La Contraloría General de la República se opuso a las pretensiones de la demanda por
considerar que los actos acusados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico
y con fundamento en las pruebas recaudadas dentro del proceso de responsabilidad
fiscal.

Sostuvo que la declaratoria de responsabilidad fiscal se sustentó en la existencia de un
daño patrimonial al Estado derivado de la declaratoria del siniestro de estabilidad de la
obra, así como en la acreditación de los demás elementos exigidos para la configuración
de la responsabilidad fiscal, motivo por el cual descartó la alegada vulneración del debido
proceso y del derecho de defensa.

Frente al cuestionamiento relacionado con el trámite de única instancia, señaló que el
daño fiscal fue determinado con ocasión de la declaratoria del siniestro efectuada
mediante la Resolución No. 0100-0110-62-4410 del 30 de noviembre de 2009, por valor

4 Índice 25 del aplicativo Samai. Documento: ED_CUADERNO3_12CONTESTACIONDEMAND(.pdf)
NroActua.

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de $199.061.011, suma inferior a la menor cuantía de contratación del municipio de
Puerto Boyacá para esa vigencia. Por tal razón, resultaba procedente aplicar el
procedimiento previsto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

Respecto de la prescripción, indicó que el término correspondiente se suspendió durante
59 días por diversas actuaciones procesales, de conformidad con el artículo 13 de la Ley
610 de 2000, circunstancia que extendió su vencimiento hasta el 17 de febrero de 2017.
Por tanto, para cuando se resolvió el grado de consulta mediante auto No. 0041 del 13
de enero de 2017, la acción fiscal aún no había prescrito.

Propuso como excepción la inexistencia del derecho pretendido, al estimar que el
proceso de responsabilidad fiscal se adelantó con observancia de las normas legales
aplicables y pleno respeto de las garantías procesales de la demandante.

II. LA SENTENCIA APELADA

En sentencia del 15 de mayo de 20195, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió lo
siguiente:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurada por la Fundación Salvemos el Medio Ambiente contra la
Contraloría General de la República, conforme lo expuesto en la parte motiva de
ésta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante por el trámite de esta
instancia. Su liquidación se efectuara en la forma establecida en el artículo 366 del
CGP.

TERCERO: En firme la presente providencia, ARCHIVAR el proceso, previas las
anotaciones del caso.

Consideró que los actos administrativos mediante los cuales la Contraloría General de la
República declaró la responsabilidad fiscal de FUNAMBIENTE conservaban su
presunción de legalidad y que los cargos formulados por la parte actora no lograban
desvirtuarla. Los argumentos fueron los siguientes:

▪ De la indebida planeación y ausencia de responsabilidad fiscal

El Tribunal consideró que las presuntas falencias de planeación atribuidas al municipio
de Puerto Boyacá no excluían la responsabilidad fiscal de FUNAMBIENTE como
integrante de la Unión Temporal Alcantarillado 2005. Precisó que el objeto del proceso
no era determinar la eventual responsabilidad de la entidad contratante, sino establecer
si la conducta de la demandante contribuyó a la producción del daño patrimonial
identificado por la Contraloría.

Concluyó que la unión temporal incumplió la obligación postcontractual de garantizar la
estabilidad de la obra, pues las pruebas recaudadas demostraban la existencia de fallas
en el tramo intervenido y la omisión de las reparaciones requeridas.

5 Índice 36 del aplicativo SAMAI correspondiente al expediente de primera instancia.

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Agregó que el contratista tenía el deber de verificar la idoneidad de los materiales y las
condiciones técnicas de la ejecución contractual, por lo que, aun de existir deficiencias
en los estudios previos, debía advertirlas oportunamente o abstenerse de ejecutar una
obra que considerara técnicamente inadecuada. En consecuencia, encontró acreditada
la culpa grave que sustentó la declaratoria de responsabilidad fiscal.

▪ De la violación de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción por el
trámite de única instancia

El Tribunal estimó ajustada a derecho la decisión de la Contraloría de tramitar el proceso
bajo el procedimiento de única instancia previsto en el artículo 110 de la Ley 1474 de
2011. Consideró que el daño patrimonial investigado correspondía al derivado de la
declaratoria del siniestro de estabilidad de la obra mediante la Resolución No. 0100-0110-
62-4410 del 30 de noviembre de 2009, razón por la cual la cuantía relevante para
determinar las instancias era la vigente para dicha anualidad.

A partir de ello, concluyó que el monto del daño patrimonial fijado en $199’061.011 era
inferior a la menor cuantía de contratación del municipio de Puerto Boyacá para el año
2009, circunstancia que hacía procedente el trámite en única instancia. Por tal razón,
descartó la alegada vulneración del debido proceso derivada de la aplicación de dicho
procedimiento.

Sobre los reproches relacionados con la negativa de la nulidad procesal, el rechazo de
las pruebas solicitadas para controvertir la cuantía aplicable y la omisión de dar trámite a
las solicitudes de aclaración, complementación y ajuste del informe técnico incorporado
al proceso, el Tribunal no efectuó un pronunciamiento específico, ni desarrolló un análisis
individual de tales irregularidades.

Su conclusión se limitó a señalar, de manera general, que el procedimiento de única
instancia fue correctamente aplicado y que la demandante tuvo oportunidad de ejercer
su derecho de defensa dentro de la actuación fiscal.

▪ De la prescripción de la acción fiscal

El Tribunal concluyó que la prescripción no se configuró, pues consideró que durante el
trámite del proceso operaron varias suspensiones de términos que extendieron el plazo
previsto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.

Tras revisar las actuaciones correspondientes a la Semana Santa de los años 2012 y
2014, así como el trámite de un impedimento y una recusación, estableció que el proceso
estuvo suspendido durante 36 días, por lo que la competencia temporal de la Contraloría
se extendía hasta el 25 de enero de 2017. En consecuencia, concluyó que tanto el Fallo
No. 019 del 25 de octubre de 2016 como el auto No. 041 del 13 de enero de 2017 fueron
expedidos oportunamente.

Asimismo, en cuanto al argumento relacionado con las suspensiones y reanudaciones
de términos no habían sido ordenadas mediante auto de trámite ni notificadas por estado,
como exige el artículo 13 de la Ley 610 de 2000. El Tribunal consideró que tales
circunstancias no constituían irregularidades sustanciales que afectaran el debido

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proceso, pues las actuaciones respectivas fueron conocidas por las partes e incorporadas
al expediente.

En virtud de las anteriores consideraciones, el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda y mantuvo incólume la declaratoria de responsabilidad fiscal impuesta a
FUNAMBIENTE.

III. RECURSO DE APELACIÓN

FUNAMBIENTE apeló la decisión de primera instancia y planteó los siguientes cargos de
inconformidad6:

▪ Indebida apreciación de las pruebas y vulneración del debido proceso por el trámite
de única instancia

El Tribunal incurrió en una indebida valoración del material probatorio al concluir que el
proceso de responsabilidad fiscal debía tramitarse por el procedimiento de única instancia
previsto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

Afirmó que el daño patrimonial investigado no se produjo con la expedición de la
Resolución No. 0100-0110-62-4410 del 30 de noviembre de 2009, mediante la cual el
municipio declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, sino desde el año
2007, cuando se presentaron y fueron advertidas por la interventoría las irregularidades
constructivas que posteriormente dieron lugar a la imputación de responsabilidad fiscal.

Señaló que las pruebas obrantes en el expediente demostraban que los hundimientos,
agrietamientos, filtraciones y demás defectos de la obra fueron advertidos por la
interventoría y puestos en conocimiento de la administración municipal antes del recibo
definitivo de las obras y de la liquidación unilateral del contrato realizada mediante
Resolución No. 0110-62-1752 del 26 de septiembre de 2007. En consecuencia, para
determinar la instancia procedente dentro del proceso fiscal debía tenerse en cuenta la
menor cuantía de contratación vigente para el año 2007, y no la correspondiente al año
2009.

Adujo que el Tribunal pasó por alto que, según la certificación expedida por el municipio
de Puerto Boyacá, la menor cuantía para contratación en el año 2007 ascendía a
$121’436.000, mientras que el daño patrimonial estimado por la Contraloría fue de
$199.061.011, circunstancia que imponía adelantar el proceso bajo el trámite de doble
instancia. A partir de ello concluyó que se vulneraron sus derechos al debido proceso y
de defensa al haberse tramitado el asunto como un proceso de única instancia.

Asimismo, manifestó que dentro del proceso fiscal promovió una solicitud de nulidad por
desconocimiento del principio de doble instancia, la cual fue rechazada por la autoridad
fiscal, y que no pudo controvertir dicha decisión en sede de apelación precisamente a
que el procedimiento se tramitaba como de única instancia.

6 Índice 39 del aplicativo SAMAI correspondiente al expediente de primera instancia.

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▪ Desconocimiento de las normas que regulan la suspensión de términos y la
prescripción de la responsabilidad fiscal

Sostuvo que las suspensiones del proceso fiscal no habían cumplido los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000.

Explicó que la norma mencionada exige que tanto la suspensión como la reanudación de
los términos sean ordenadas mediante auto de trámite y notificadas por estado, requisitos
que, según afirmó, no se acreditaron en el expediente. A su juicio, no existía prueba de
la expedición ni de la notificación en debida forma de las decisiones por medio de las
cuales se suspendieron y reanudaron los términos del proceso fiscal.

Manifestó que el Tribunal desconoció el carácter imperativo de las normas procesales al
considerar irrelevante dicha irregularidad por el hecho de que las partes hubiesen tenido
conocimiento material de las actuaciones. En su criterio, tal conclusión desconocía el
artículo 13 de la Ley 610 de 2000 y las garantías del debido proceso y el principio de
publicidad de las decisiones administrativas.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que las suspensiones invocadas por la
Contraloría carecían de eficacia jurídica y que, en consecuencia, la acción de
responsabilidad fiscal se encontraba prescrita, razón por la cual solicitó revocar la
sentencia apelada.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante providencia de 22 de octubre de 20197, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por FUNAMBIENTE. Posteriormente, en auto del 24 de enero de 20208 se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera rendir concepto.

4.2. FUNAMBIENTE9 reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de
apelación relacionados con la vulneración del debido proceso derivada del trámite de
única instancia impartido al proceso de responsabilidad fiscal, así como con la
prescripción de la acción por la indebida suspensión de términos.

Adicionalmente, planteó un argumento sobreviniente relacionado con el decaimiento de
los actos administrativos demandados. Al respecto, informó que el Tribunal Administrativo
de Boyacá, mediante providencia del 14 de mayo de 2019, declaró la nulidad de las
Resoluciones Nos. 0100-0110-62-4410 del 30 de noviembre de 2009 y 0100-0110-62-
0440 del 24 de marzo de 2010, por medio de las cuales el municipio de Puerto Boyacá
declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra del Contrato No. 431 de 2005.
Para sustentar dicho planteamiento, allegó copia de la sentencia y la respectiva
constancia de ejecutoria.

Sostuvo que tales actos constituyeron el fundamento de la apertura del proceso fiscal y
de la posterior declaratoria de responsabilidad en su contra. En esa medida, argumentó

7 Índice 12 del aplicativo Samai.
8 Índice 16 del aplicativo Samai.
9 Índice 13 del aplicativo Samai.

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que su anulación produjo la pérdida de fuerza ejecutoria de las decisiones demandadas
por desaparición de sus fundamentos fácticos y jurídicos, circunstancia que, en su
criterio, imponía acceder a las pretensiones de la demanda.

4.3. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada. Consideró que el daño
patrimonial no se configuró en el año 2007, como lo sostenía la demandante, sino en el
año 2009, cuando el municipio de Puerto Boyacá declaró la ocurrencia del siniestro de
estabilidad de la obra y debió asumir los costos de reparación de los daños presentados
en las obras ejecutadas por la Unión Temporal Alcantarillado 2005. Sobre el cargo
relacionado con la prescripción de la responsabilidad fiscal no emitió pronunciamiento
alguno.

4.4. La Contraloría General de la República guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con lo
previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 10
(modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), que regula la distribución
de negocios entre las secciones.

5.2. Delimitación de la controversia

Antes de abordar los cargos de apelación, la Sala considera necesario precisar el alcance
de la controversia sometida a su conocimiento.

En los alegatos de conclusión de segunda instancia, la parte actora planteó la
configuración de un supuesto de decaimiento de los actos administrativos demandados,
al poner de presente que el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del
14 de mayo de 2019, declaró la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales el
Municipio de Puerto Boyacá había reconocido la ocurrencia del siniestro de estabilidad
de la obra del Contrato No. 431 de 2005. Con fundamento en ello, sostuvo que la
desaparición de tales actos del ordenamiento jurídico incidía en la validez de las
decisiones de responsabilidad fiscal aquí controvertidas.

La Sala advierte que dicho planteamiento no hizo parte de los cargos formulados en la
demanda. Sin embargo, también observa que la sentencia invocada fue proferida con
posterioridad a la presentación del libelo introductorio e, incluso, al fallo de primera
instancia dictado en este proceso. Por ello, los alegatos de conclusión en segunda
instancia constituían la única oportunidad procesal con que contaba la demandante para
poner en conocimiento de la Sala dicha decisión judicial y solicitar que se examinara su
eventual incidencia sobre los actos administrativos aquí demandados.

En consecuencia, corresponde a la Sala examinar el alcance de la referida decisión
judicial y determinar si la misma tiene incidencia en la legalidad de los actos
administrativos demandados.

10 Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.

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En este contexto, de conformidad con las consideraciones precedentes, la controversia
se circunscribe a determinar: (i) si la Contraloría General de la República aplicó
correctamente el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 al disponer que el proceso de
responsabilidad fiscal debía tramitarse en única instancia; (ii) si la responsabilidad fiscal
declarada en contra de la demandante se encontraba prescrita; y (iii) si la nulidad
sobreviniente de las resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro de estabilidad
de la obra tiene incidencia sobre la legalidad de los actos administrativos aquí
demandados.

5.3. Análisis de la Sala

A) Del cargo por la vulneración del debido proceso por haberse tramitado en
única instancia el proceso de responsabilidad fiscal

Para establecer si el proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra FUNAMBIENTE
debía tramitarse en única o en doble instancia, corresponde determinar el momento en
que se configuró el presunto daño patrimonial estimado por la autoridad fiscal, toda vez
que a partir de dicha fecha debe establecerse la menor cuantía para contratación
aplicable y efectuar la comparación prevista en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

Con tal propósito, resulta necesario examinar los hechos que dieron lugar a la
investigación fiscal y las actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución del
Contrato de Obra No. 431 de 2005, a fin de establecer el momento en que la afectación
patrimonial atribuida a los investigados adquirió certeza y fue susceptible de valoración
económica para efectos de su estimación dentro del proceso de responsabilidad fiscal.

▪ Contrato de obra No. 431 de 2005

El 16 de diciembre de 2005, el municipio de Puerto Boyacá y la Unión Temporal
Alcantarillado 200511 suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 431, cuyo objeto
consistía en la construcción del alcantarillado sanitario en los tramos comprendidos entre
la calle 22 y las carreras 5 y 7A, la carrera 5 entre las calles 22 y 31 y la calle 31 entre las
carreras 2 y 5, en el casco urbano de dicho municipio. El contrato fue celebrado por un
valor de $743’096.202 y con un plazo de ejecución de 135 días calendario12.

El 12 de diciembre de 2005, se suscribió el Acta No. 001 de inicio de obra y se ordenó el
pago del anticipo correspondiente al 50 % del valor del contrato. Posteriormente,
mediante Acta No. 002 del 23 de enero de 2006, las partes acordaron suspender la
ejecución contractual, la cual fue reanudada mediante Acta No. 003 del 27 de junio de
200613.

El 1º de agosto de 2006, las partes suscribieron el Contrato Adicional No. 013 al Contrato
de Obra No. 431 de 2005, cuyo objeto consistió en reconocer y contratar obras

11 Integrada por ELACAN E.U., con una participación del 90 %, y por FUNAMBIENTE, con una participación

del 10 %.
12 C.D. obrante a folio 228, págs. 12 a 19.
13 C.D. obrante a folio 228, págs. 24 a 26.

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adicionales y complementarias a las inicialmente previstas para la ejecución del proyecto,
por valor de $367’505.092. Asimismo, se amplió la vigencia de la póliza única de
cumplimiento, fijándose el amparo de estabilidad de la obra hasta el 9 de diciembre de
201014.

Obra igualmente en el expediente una serie de informes de interventoría rendidos el 19
de octubre, 24 de noviembre, 13 y 27 de diciembre de 2006, así como el 5 de marzo y el
17 de abril de 2007, en los cuales se advirtieron deficiencias constructivas y la utilización
de material de relleno inadecuado en la ejecución de las obras objeto del Contrato No.
431 de 200515.

El 28 de abril de 2007, la firma CORA Ltda., en calidad de interventora, rindió informe
final de interventoría del Contrato No. 431 de 2005 y su Adicional No. 013 de 2006. En
dicho documento señaló que el contratista no había dado cumplimiento integral a las
obligaciones contractuales dentro del plazo inicialmente convenido y que, pese a los
múltiples requerimientos efectuados, persistían falencias en la ejecución de las obras.
Asimismo, reportó que el valor de las obras ejecutadas y susceptibles de recibo ascendía
a $979’125.131, equivalente al 88,16 % del valor total contratado16.

Mediante informe de visita técnica del 10 de septiembre de 2007, suscrito por el
contratista y la Secretaría de Obras Públicas de Puerto Boyacá, se dejó constancia de
que habían sido atendidas las observaciones y pendientes señalados por la interventoría,
quedando únicamente algunos compromisos menores por cumplir17.

Posteriormente, una comisión interdisciplinaria integrada por representantes de la Unión
Temporal Alcantarillado 2005 y de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de
Puerto Boyacá presentó un informe de cantidades finales de obra ejecutadas, en el cual
se modificó el balance elaborado por la interverntora en el informe final18.

Mediante Resolución No. 0110-62-1752 del 26 de septiembre de 2007, el Secretario
General del municipio de Puerto Boyacá liquidó unilateralmente el Contrato de Obra No.
431 de 2005 y el Contrato Adicional No. 013 de 2006, ordenando el pago a favor de la
Unión Temporal Alcantarillado 2005 de la suma de $236’000.42119.

Luego de evidenciarse deficiencias en la obra ejecutada, la Secretaría de Obras Públicas
del municipio de Puerto Boyacá requirió a la Unión Temporal Alcantarillado 2005
mediante oficio del 21 de noviembre de 2007, en el que le informó la existencia de daños
en varios sectores de la capa asfáltica intervenida y le solicitó adelantar las reparaciones
correspondientes20.

14 C.D. obrante a folio 228, págs. 20 a 23.
15 C.D. obrante a folio 228, págs. 27 a 32, 35 a 36, 38 a 40 y 53 a 59.
16 C.D. obrante a folio 228, págs. 61 a 66.
17 C.D. obrante a folio 228, págs. 75 a 76.
18 C.D. obrante a folio 228, págs. 78 a 80.
19 C.D. obrante a folio 228, págs. 131 a 134.
20 C.D. obrante a folio 228, págs. 137.

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Mediante escrito del 22 de diciembre de 2008, la Unión Temporal Alcantarillado 2005
respondió el requerimiento formulado por el municipio. Atribuyó las fisuras y hundimientos
observados a asentamientos diferenciales de la cimentación y a las condiciones de
drenaje existentes, y sostuvo que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones
técnicas y los ensayos de laboratorio practicados a la mezcla asfáltica y a la base
granular21.

Mediante comunicación del 30 de diciembre de 2008, la Secretaría de Obras Públicas de
Puerto Boyacá rechazó las explicaciones ofrecidas por la Unión Temporal Alcantarillado
2005 sobre el origen de las fallas observadas en la obra. Señaló que los daños se
localizaban precisamente en los sectores intervenidos por el contratista, que no existía
soporte documental de solicitudes para el cambio del material de relleno y que el empleo
de materiales inadecuados comprometía la estabilidad y duración de la obra. En
consecuencia, anunció el inicio de las actuaciones tendientes a hacer efectivas las
garantías de estabilidad correspondientes22.

Mediante comunicación del 25 de noviembre de 200923, la Secretaría de Obras Públicas
de Puerto Boyacá informó a la Secretaría General del municipio que el contratista había
sido requerido en varias oportunidades para reparar los daños presentados en la franja
intervenida, sin que atendiera dichas solicitudes. En consecuencia, remitió el informe
técnico y el presupuesto de reparación de la obra, con el fin de iniciar el trámite para
hacer efectivas las pólizas de estabilidad correspondientes.

En el informe técnico anexo se realizó el balance de daños ocasionados en la carpeta
asfáltica de la carrera 5 entre las calles 22 y 29 del municipio y se estimó que el costo
total de las obras requeridas para su reparación ascendía a $199’061.011, suma que
comprendía actividades de excavación, reposición de materiales granulares,
recuperación del pavimento flexible y transporte de materiales.

Mediante Resolución No. 0110-62-4410 del 30 de noviembre de 2009, el secretario
general del municipio de Puerto Boyacá declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad
de la obra correspondiente al Contrato No. 431 de 200524.

Posteriormente, mediante Oficio No. 0100-150-59-074 del 15 de febrero de 2010, la
Secretaría de Obras Públicas presentó un informe sobre los sectores de la obra que
continuaban presentando problemas estructurales25.

Finalmente, mediante las Resoluciones Nos. 0110-62-0270 del 16 de febrero de 2010 y
0110-62-0440 del 24 de marzo de 2010, el secretario general del municipio resolvió los
recursos de reposición interpuestos por la Unión Temporal Alcantarillado 2005 y por

21 C.D. obrante a folio 228, págs. 151 a 153.
22 C.D. obrante a folio 228, págs. 154 a 155.
23 C.D. obrante a folio 228, págs. 155 a 157.
24 C.D. obrante a folio 228, págs. 160 a 161.
25 C.D. obrante a folio 228, pág. 196.

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Liberty Seguros S.A. contra la Resolución No. 0110-62-4410 de 2009, confirmando la
declaratoria del siniestro de estabilidad de la obra26.

▪ Las actuaciones surtidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal

Por auto del 15 de octubre de 2007, la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío remitió a
la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de Puerto Boyacá la queja formulada por
el interventor del Contrato de Obra No. 431 de 2005, relacionada con las presuntas
irregularidades advertidas en la ejecución del proyecto27.

Posteriormente, el 21 de octubre de 2011 se emitió el Hallazgo Fiscal No. 16-04-0052,
derivado de la denuncia ciudadana No. 15-08-0093, en el que se documentaron las
actuaciones adelantadas por la administración municipal frente a los daños presentados
en la obra, la declaratoria del siniestro de estabilidad y el presunto detrimento patrimonial
ocasionado al municipio de Puerto Boyacá28.

En el hallazgo se indicó que las obras objeto del contrato fueron ejecutadas entre los
años 2006 y 2007 y que los daños evidenciados en la vía obedecían, “presuntamente”, a
la utilización de materiales inadecuados en los rellenos del sistema de alcantarillado.
Asimismo, se señaló que la administración municipal recibió las obras pese a las
observaciones formuladas por el interventor respecto de su estabilidad y calidad.

Igualmente, se concluyó que existía un presunto daño patrimonial al municipio de Puerto
Boyacá derivado de los costos necesarios para reparar la franja de vía afectada por los
hundimientos presentados sobre la red de alcantarillado construida por el contratista.
Para ello se tomó como referencia el informe técnico remitido por la Secretaría de Obras
Públicas el 25 de noviembre de 2009, en el cual se estimó que las obras de reparación
ascendían a la suma de $199’061.011, valor que fue identificado como el monto del
presunto detrimento patrimonial y que sirvió de fundamento para recomendar la apertura
del correspondiente proceso de responsabilidad fiscal.

Mediante auto No. 052 del 20 de diciembre de 2011, la Contraloría General de la
República ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por los hechos
relacionados con la ejecución del Contrato de Obra No. 431 de 2005 y vinculó a varios
funcionarios del municipio de Puerto Boyacá; posteriormente, en el auto No. 125 del 10
de abril de 2014, dispuso la vinculación de los integrantes de la Unión Temporal
Alcantarillado 2005, entre ellos FUNAMBIENTE29.

Mediante auto No. 005 del 18 de febrero de 201630, la Contraloría General de la República
imputó responsabilidad fiscal a varios funcionarios del municipio de Puerto Boyacá y a
los integrantes de la Unión Temporal Alcantarillado 2005 por las irregularidades

26 C.D. obrante a folio 228, págs. 197 a 207 y 212 a 222.
27 C.D. obrante a folio 228, págs. 135 a 136.
28 C.D. obrante a folio 228, págs. 2 a 11.
29 C.D. obrante a folio 228, págs. 361 a 367 y 829 a 830
30 C.D. obrante a folio 228, págs. 1110 a 1131.

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advertidas en la ejecución del Contrato de Obra No. 431 de 2005 y la inestabilidad
presentada en la obra una vez liquidado el contrato. Para el efecto consideró lo siguiente:

i) En relación con el daño patrimonial, la Contraloría sostuvo que las irregularidades
advertidas durante la ejecución y la etapa poscontractual del Contrato No. 431 de
2005 generaron problemas de estabilidad en los sectores intervenidos por la Unión
Temporal Alcantarillado 2005, particularmente en la carrera 5 entre las calles 22 y
31.

ii) Indicó que tales circunstancias condujeron a la expedición de la Resolución No.
4410 del 30 de noviembre de 2009, mediante la cual el municipio de Puerto Boyacá
declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra y estimó que el valor de
los daños y de las reparaciones necesarias para restablecer la vía ascendía a la
suma de $199’061.011. Asimismo, señaló que, pese a los requerimientos
efectuados al contratista durante los años 2007 a 2009, las deficiencias no fueron
corregidas, razón por la cual concluyó que existía un daño patrimonial cierto y
cuantificable por dicho valor.

iii) En relación con la instancia por la cual debía adelantarse la actuación, la
Contraloría sostuvo:

La Ley 1474 de 2011 introdujo cambios a la Ley 610 de 2000 que regula el
proceso de responsabilidad fiscal, entre dichas modificaciones está la de
contemplar la posibilidad de adelantarse procesos de responsabilidad fiscal de
única instancia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 110 de la
mentada Ley 1474.

[…]

Para el caso que aquí nos ocupa, el presupuesto del Municipio de Puerto
Boyacá para el año 2009, que fue la fecha en que se expidió la Resolución
Administrativa No. 4410 de 30 de noviembre de 2009 que declaró la ocurrencia
del siniestro de estabilidad de la obra del Contrato 431 de 2005, ascendía a la
suma de $75.415.108.062, mientras que el salario mínimo legal para ese año
correspondía al valor de $496.900, lo cual indica que para ese entonces la
menor cuantía de contratación del municipio ascendía a la suma de
$223.605.000. Ahora bien, como el detrimento patrimonial que aquí se
reprocha es por un valor inferior al de la menor cuantía de la entidad territorial
afectada para ese entonces ($199.061.011), es procedente imputar
responsabilidad fiscal y continuar con el trámite del proceso de
responsabilidad fiscal de única instancia, de conformidad con lo señalado en
el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

Mediante auto No. 438 del 4 de octubre de 2016, la Contraloría General de la República
negó la solicitud de nulidad promovida por FUNAMBIENTE, quien había cuestionado el
trámite de única instancia impartido al proceso. La peticionaria sostuvo que la cuantía
debía calcularse con base en la vigencia 2007, año en que fue liquidado el Contrato No.
431 de 2005, y no con referencia al año 200931.

31 C.D. obrante a folio 228, págs. 1464 a1466.

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Al resolver tal solicitud, la entidad consideró que los hechos generadores del daño no
culminaron con la liquidación del contrato, sino que se prolongaron durante los años 2008
y 2009, cuando se adelantaron las actuaciones encaminadas a establecer la inestabilidad
de la obra, cuantificar los daños y declarar el siniestro correspondiente.

Por lo anterior, concluyó que la menor cuantía debía determinarse con fundamento en la
vigencia 2009, pues fue en ese momento cuando se estableció el monto del detrimento
patrimonial estimado en $199.061.011. Asimismo, señaló que la aplicación de la Ley 1474
de 2011 era procedente por tratarse de normas procesales de aplicación inmediata.

Mediante auto No. 465 del 21 de octubre de 2016, la Contraloría General de la República
resolvió el recurso de reposición interpuesto por FUNAMBIENTE contra el auto No. 438
del 4 de octubre de 2016 y confirmó la decisión de negar la nulidad propuesta. Reiteró
que el daño patrimonial objeto de investigación no se consolidó con la liquidación del
Contrato No. 431 de 2005, sino con la posterior verificación, cuantificación y declaratoria
de la inestabilidad de la obra, razón por la cual resultaba procedente tomar como
referencia la vigencia 2009 para determinar la menor cuantía aplicable y, en
consecuencia, tramitar el proceso por el procedimiento de única instancia32.

En fallo No. 019 del 25 de octubre de 2016, la Contraloría declaró fiscalmente
responsables a ELACAN E.U. y a FUNAMBIENTE, en su condición de integrantes de la
Unión Temporal Alcantarillado 2005, por la suma indexada de $259’333.998, al concluir
que las fallas de estabilidad presentadas en la obra eran atribuibles a deficiencias en su
ejecución. En la misma decisión exoneró de responsabilidad fiscal a los demás
vinculados al proceso33.

Mediante auto No. 549 del 7 de diciembre de 2016, la Contraloría General de la República
resolvió el recurso de reposición interpuesto por FUNAMBIENTE contra el Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 019 de 2016, confirmó la decisión recurrida y rechazó el
recurso de apelación por tratarse de una actuación tramitada en única instancia34.

Finalmente, en auto No. 041 del 13 de enero de 2017, se resolvió el grado de consulta y
se confirmó integralmente el fallo con responsabilidad Fiscal No. 019 del 25 de octubre
de 201635.

▪ Estudio del cargo

El cargo formulado por la apelante parte de la premisa según la cual el daño patrimonial
investigado se produjo en el año 2007, cuando se evidenciaron las fallas constructivas
de la obra, por lo que el proceso debía tramitarse en doble instancia con fundamento en
la menor cuantía de contratación vigente para esa anualidad.

32 C.D. obrante a folio 228, págs. 1472 a1494.
33 C.D. obrante a folio 228, págs. 1476 a1493.
34 C.D. obrante a folio 228, págs. 1624 a 1631.
35 C.D. obrante a folio 228, págs. 1636 a 1650.

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Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que desde la etapa de ejecución
contractual la interventoría advirtió diversas deficiencias técnicas relacionadas con la
compactación de los rellenos, la estabilidad de la base granular y la calidad de algunos
materiales empleados en la obra. Tales observaciones quedaron consignadas en los
informes rendidos entre octubre y diciembre de 2006, así como en marzo y abril de 2007.
Posteriormente, el informe final de interventoría del 28 de abril de 2007 señaló que
persistían falencias en la ejecución del proyecto pese a los requerimientos efectuados al
contratista.

Sin embargo, también está acreditado que, una vez culminada la ejecución de las obras,
la administración municipal y el contratista adelantaron actuaciones orientadas a corregir
las anomalías detectadas. Así lo evidencian la visita técnica realizada el 10 de septiembre
de 2007, en la que se dejó constancia del cumplimiento de la mayoría de las
observaciones formuladas por la interventoría, así como el informe posterior de la
comisión interdisciplinaria conformada para verificar las cantidades finales de obra
ejecutadas. Luego, el municipio procedió a liquidar unilateralmente el contrato mediante
la Resolución No. 0110-62-1752 del 26 de septiembre de 2007.

Lo anterior permite concluir que para esa época existían observaciones técnicas, fallas
constructivas e incluso daños advertidos en algunos sectores de la obra, pero no una
determinación cierta del detrimento patrimonial. De hecho, después de la liquidación
contractual el municipio continuó requiriendo al contratista para que realizara las
reparaciones correspondientes, primero mediante oficio del 21 de noviembre de 2007 y
posteriormente a través de nuevas actuaciones adelantadas durante los años 2008 y
2009.

Fue precisamente en ese contexto que la Secretaría de Obras Públicas, mediante
comunicación del 25 de noviembre de 2009, informó que los requerimientos efectuados
al contratista no habían sido atendidos y remitió el informe técnico y el presupuesto de
reparación de la vía afectada. En dicho documento se cuantificó por primera vez el
costo de las obras necesarias para restablecer las condiciones del tramo
intervenido, estimándolo en la suma de $199’061.011.

La Resolución No. 0110-62-4410 del 30 de noviembre de 2009, mediante la cual se
declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, fue la consecuencia de las
verificaciones técnicas, requerimientos y actuaciones adelantadas por la administración
municipal desde años anteriores, y su cuantificación se fundamentó en el informe técnico
remitido el 25 de noviembre de 2009 en el que se estableció el costo de las obras
necesarias para su reparación.

En esas condiciones, la Sala considera ajustada a derecho la decisión de la Contraloría
de tomar como referencia la vigencia 2009 para efectos de aplicar el artículo 110 de la
Ley 1474 de 2011. Fue en esa anualidad cuando el daño patrimonial objeto de
investigación adquirió una expresión económica cierta y cuantificable, circunstancia que
permitía establecer la menor cuantía de contratación de la entidad afectada y definir la
instancia aplicable al proceso.

La determinación de la cuantía no solo encontró sustento en la Resolución No. 0110-62-
4410 del 30 de noviembre de 2009, sino que fue el resultado de un conjunto de
actuaciones previas, entre ellas los informes de interventoría, los requerimientos

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formulados al contratista, las visitas técnicas adelantadas por la administración municipal,
las respuestas presentadas por la Unión Temporal Alcantarillado 2005 y, especialmente,
el informe técnico del 25 de noviembre de 2009 que identificó las obras necesarias para
reparar la vía y estimó su costo en $199.061.011.

Así, aunque las fallas constructivas y los problemas de estabilidad de la obra fueron
advertidos desde años anteriores, solo en 2009 se logró establecer con precisión el
alcance económico de la afectación patrimonial. Por ello, era razonable que la Contraloría
utilizara dicha anualidad como referente para determinar la menor cuantía de contratación
aplicable y definir que el proceso debía tramitarse en única instancia.

Como para el año 2009 la menor cuantía de contratación del municipio de Puerto Boyacá
ascendía a $223’605.00036 y el daño patrimonial fue estimado en $199’061.011, la
actuación debía tramitarse en única instancia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 el cual dispone lo siguiente:

El proceso de responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la cuantía del
presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de
imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor
cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será
de doble instancia cuando supere la suma señalada.

De la lectura de la disposición se advierte que el legislador previó dos parámetros para
definir las instancias del proceso. El primero corresponde a la cuantía del presunto daño
patrimonial, esto es, el valor económico del detrimento que la autoridad fiscal estima en
el auto de apertura e imputación o en el auto de imputación. El segundo concierne a la
menor cuantía para contratación de la entidad afectada con los hechos, la cual sirve como
referente para determinar si la actuación debe tramitarse en única o en doble instancia.

La referencia que hace el artículo el 110 de la Ley 1474 de 2011 a la «entidad afectada
con los hechos» tiene por objeto identificar el ente cuyo patrimonio resultó comprometido
por la conducta investigada; sin embargo, de dicha expresión no se desprende que la
menor cuantía de contratación que sirve de parámetro para determinar las instancias del
proceso deba corresponder necesariamente a la vigente al momento de ocurrencia de
los hechos investigados.

Lo anterior encuentra sustento en que los hechos objeto de investigación y el daño
patrimonial no siempre se producen o consolidan simultáneamente. En efecto, pueden
existir actuaciones, omisiones o irregularidades que solo generen una afectación
patrimonial determinada y susceptible de valoración económica en un momento posterior.

Por ello, la determinación de la vigencia relevante para establecer la menor cuantía de
contratación exige identificar previamente cuándo pudo ser cuantificado el detrimento
patrimonial objeto de investigación, pues es únicamente a partir de ese momento que
puede realizarse la comparación prevista en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

36 De conformidad con el certificado de menor cuantía de los años 2007,2008 y 2009 expedido por la
Secretaría de Hacienda Municipal de Puesto Boyacá. Folio 261 c-2.

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En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que dentro del presente asunto se encuentra
acreditado que el daño patrimonial fue cuantificado en el año 2009, era esa la vigencia a
partir de la cual se debía determinar la instancia por la cual se regía el proceso de
responsabilidad iniciado contra el demandante.

De ahí que al haberse determinado que, para el año 2009, la menor cuantía de
contratación del municipio de Puerto Boyacá ascendía a $223’605.000 y el daño
patrimonial fue estimado en $199’061.011, el proceso de responsabilidad fiscal debía
adelantarse en única instancia, motivo por el cual no se incurrió en la vulneración del
artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

Tampoco prospera el argumento según el cual se vulneraron los derechos de defensa y
contradicción de la demandante por la imposibilidad de apelar la decisión que negó la
nulidad propuesta contra el trámite de única instancia. Ello, por cuanto dicha censura
parte de la premisa de que el proceso debía adelantarse en doble instancia, aspecto que,
como se explicó, no se ajusta a la forma en que debía aplicarse el artículo 110 de la Ley
1474 de 2011 al caso concreto.

En consecuencia, al resultar procedente el trámite de única instancia, la negativa de la
solicitud de nulidad y el rechazo del recurso de apelación no comportaron una vulneración
del debido proceso, sino la aplicación de las reglas procesales que gobernaban la
actuación.

Por las razones expuestas, la Sala no encuentra acreditada la vulneración del debido
proceso alegada por la demandante, razón por la cual este cargo de la apelación no está
llamado a prosperar.

B) Del cargo por la prescripción de la responsabilidad fiscal

La demandante sostuvo que la responsabilidad fiscal se encontraba prescrita, pues entre
la expedición del auto de apertura del proceso y la decisión que resolvió el grado de
consulta transcurrió el plazo de cinco años previsto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.
Consideró que las suspensiones de términos carecían de eficacia jurídica porque no se
acreditó el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 13 de la misma ley
para su suspensión y posterior reanudación, por lo que dichos periodos no podían
descontarse del cómputo prescriptivo.

El artículo 9 de la Ley 610 de 200037 regula la caducidad de la acción fiscal y la
prescripción de la responsabilidad fiscal. La primera opera cuando transcurren cinco (5)
años desde la ocurrencia del hecho generador del daño sin que se haya proferido auto

37 “Artículo 9°. Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la
ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos
desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o
continuado desde la del último hecho o acto. La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años,
contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no
se ha dictado providencia en firme que la declare. El vencimiento de los términos establecidos en el
presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de
la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil
en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad
pública”.

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de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Por su parte, la segunda se configura
cuando, una vez abierto el proceso, transcurren cinco (5) años contados desde el auto
de apertura sin que se haya dictado providencia en firme que declare la responsabilidad
fiscal.

Así, mientras la caducidad se relaciona con la oportunidad para iniciar la actuación fiscal,
la prescripción se refiere al término con que cuenta la autoridad para culminarla mediante
una decisión ejecutoriada38.
A su turno, el artículo 1339 de la misma ley prevé que el cómputo de los términos se
suspenderá en los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o durante el trámite de
impedimentos y recusaciones. En tales casos, la suspensión y la reanudación de los
términos deben ordenarse mediante auto de trámite, que se notificará por estado al día
siguiente.

En el presente asunto, el Auto No. 052 de apertura del proceso de responsabilidad fiscal
fue proferido el 20 de diciembre de 2011, por lo que, en principio, la Contraloría General
de la República contaba hasta el 20 de diciembre de 2016 para proferir una decisión en
firme que declarara la responsabilidad fiscal.

Sin embargo, durante el trámite de la actuación administrativa tuvieron lugar diversas
circunstancias que dieron lugar a la suspensión de los términos procesales:

Motivo de la suspensión Período Días
Suspensión de términos con ocasión de la Semana Santa de 2, 3 y 4 de abril de 3
2012 (Resolución No. 167 de 26 de marzo de 2012)40. 2012
Trámite del impedimento presentado por el Marco Javier Del 4 al 8 de mayo de 4
Cortés Casallas41. 2012
Suspensión de términos con ocasión de la Semana Santa de 4, 15 y 16 de abril de 3
2014 (Resolución No. 001 de 10 de abril de 201442). 2014
Trámite de la recusación formulada por el apoderado de Del 10 de noviembre
FUNAMBIENTE (Auto No. 502 de 10 de noviembre de 201643 al 6 de diciembre de 26
que decreta suspensión y levantamiento mediante Auto No. 2016
548 de 5 de diciembre de 201644).
Total de días de suspensión 36

Ahora bien, respecto de las actuaciones que dieron lugar a la suspensión de términos, se
observa que las Resoluciones Nos. 167 del 26 de marzo de 2012 y 001 del 10 de abril de

38 Sobre diferencias entre la caducidad de la acción fiscal y la prescripción de la responsabilidad fiscal en
los términos previstos en la Ley 610 de 2000. Ver sentencias del 3 de octubre de 2019, rad. 13001-23-31-
000-2005-01012-01, del 20 de junio de 2024, rad. 25000-23-41-000-2018-00434-01, entre otras.
39 Artículo 13. Suspensión de términos. El cómputo de los términos previstos en la presente ley se
suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o por la tramitación de una declaración de
impedimento o recusación. En tales casos, tanto la suspensión como la reanudación de los términos se
ordenará mediante auto de trámite, que se notificará por estado al día siguiente y contra el cual no procede
recurso alguno.
40 C.D. obrante a folio 228, págs. 430.
41 C.D. obrante a folio 228, págs. 457.
42 C.D. obrante a folio 228, págs. 831 a 832.
43 C.D. obrante a folio 228, págs. 1614 a 1616.
44 C.D. obrante a folio 228, págs. 1618 a 1621.

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2014, fueron objeto de publicación por parte de la entidad, en virtud de las cuales se
dispuso no contabilizar determinados días hábiles dentro de los procesos adelantados
por la Contraloría con ocasión de la Semana Santa de los respectivos años.

Por su parte, el auto No. 266 del 29 de mayo de 201245, relacionado con el impedimento
presentado por el Marco Javier Cortés Casallas, fue proferido de cúmplase y, por tal
razón, no fue notificado por estado.

En relación con la recusación promovida por el apoderado de FUNAMBIENTE, obra en
el expediente que el Auto No. 502 del 10 de noviembre de 2016, mediante el cual se
suspendieron los términos de la actuación, fue notificado por estado el 11 de noviembre
siguiente46. Asimismo, el auto No. 548 del 5 de diciembre de 2016, por medio del cual se
dispuso la reanudación de los términos, fue notificado por estado el 6 de diciembre de
201647.

Del examen de las actuaciones anteriormente reseñadas se advierte que no todas las
decisiones relacionadas con la suspensión y reanudación de términos observaron las
formalidades previstas en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000; sin embargo, dicha
circunstancia, por sí sola, no conduce a la invalidez de los actos administrativos
demandados.

En efecto, la jurisprudencia de esta Sala ha precisado que «la sola constatación de una
irregularidad procedimental no resulta suficiente para invalidar los actos administrativos
demandados, pues, para que dicha irregularidad tenga efectos anulatorios, debe
verificarse que haya afectado materialmente el derecho de defensa, comprometido la
competencia sustancial de la autoridad que adoptó la decisión de fondo o incidido de
manera real y determinante en el sentido de la actuación administrativa»48.

En el presente caso, las suspensiones obedecieron a circunstancias objetivas, tales como
los períodos de suspensión dispuestos por la entidad con ocasión de la Semana Santa
de los años 2012 y 2014, el trámite del impedimento formulado por un servidor de la
Contraloría y la recusación promovida por el apoderado de la propia demandante.
Además, no se acreditó que la forma en que dichas actuaciones fueron publicadas o
incorporadas al expediente hubiera impedido el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción.

A lo anterior se suma que el procedimiento de responsabilidad fiscal prevé mecanismos
específicos para cuestionar las irregularidades que puedan presentarse durante su
trámite. En efecto, el artículo 109 de la Ley 1474 de 201149 establece la oportunidad para

45 En este se se dejó constancia de que el servidor presentó escrito de impedimento el 4 de mayo de 2012
ante los directivos de la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá y que este fue aceptado en sesión
del 8 de mayo siguiente. En la misma providencia se ordenó incorporar al proceso la certificación expedida
por el Contralor Provincial para asumir el conocimiento de la actuación.
46 C.D. obrante a folio 228, pág. 1616.
47 C.D. obrante a folio 228, pág. 1621.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de abril

de 2026, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, rad. 63001-23-33-000-2019-00062-01.
49 “Oportunidad y requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes
de proferirse la decisión final, la cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su
presentación”.

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promover nulidades antes de la expedición de la decisión final. Esta disposición debe
interpretarse de manera armónica con el régimen general de nulidades procesales
previsto en el Código General del Proceso, conforme al cual las irregularidades que no
se alegan oportunamente se entienden convalidadas50.

Así las cosas, teniendo en cuenta que los términos del proceso estuvieron suspendidos
durante 36 días, el plazo de prescripción previsto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000
se extendía hasta el 25 de enero de 2017. Como la decisión que resolvió el grado de
consulta fue proferida el 13 de enero de 2017 y quedó en firme el 18 de enero siguiente 51,
la responsabilidad fiscal fue declarada dentro del término legalmente previsto.

En consecuencia, no se configuró el fenómeno de la prescripción alegado por la
demandante y este cargo de apelación tampoco está llamado a prosperar.

C) Análisis de la situación sobreviniente por la nulidad de las resoluciones
que declararon la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra

En la sentencia del 14 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá anuló las
Resoluciones 0100-0110-62-4410 de 2009 y 0100-0110-62-0440 de 2010, mediante las
cuales el Municipio de Puerto Boyacá declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad
de la obra del Contrato No. 431 de 2005 y resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra dicha decisión, respectivamente.

Para ello, dicho Tribunal consideró que la administración sustentó la declaratoria del
siniestro en hechos que correspondían a incumplimientos advertidos durante la ejecución
contractual y no a situaciones amparadas por una garantía de naturaleza postcontractual.
Asimismo, concluyó que se vulneró el debido proceso de la aseguradora Liberty Seguros
S.A., al no haberse agotado un procedimiento que le permitiera ejercer adecuadamente
sus derechos de defensa y contradicción antes de la declaratoria del siniestro.

Sin embargo, cabe advertir que la referida providencia no desconoció la existencia de las
deficiencias advertidas en la obra ni de los daños reportados por la interventoría y la
administración municipal. Por el contrario, reconoció la existencia de hundimientos,
fisuras, problemas de compactación y otras anomalías constructivas evidenciadas
durante y después de la ejecución del contrato.

En aquel proceso, el tribunal declaró la nulidad de las resoluciones teniendo como
fundamento la indebida utilización del amparo de estabilidad y la vulneración de las
garantías procesales de la aseguradora, mas no la inexistencia de los hechos que dieron
lugar a las actuaciones administrativas posteriores.

Bajo esa premisa, la legalidad de los actos administrativos aquí demandados debe
analizarse a partir de las circunstancias fácticas y jurídicas existentes al momento de su
expedición52. Además, la posterior nulidad de las resoluciones que declararon la
50 El artículo 133 del CGP estableé que “irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.
51 C.D. obrante a folio 228, págs. 1618 a 1621.
52 Consejo de Estado Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2001 MP Olga Inés Navarrete

Barrero: “en la práctica bien pudo haberse producido la expedición de actos administrativos creadores de

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ocurrencia del siniestro no determina, por sí sola, la invalidez de las decisiones de
responsabilidad fiscal objeto de este proceso.

En efecto, se trata de actos particulares expedidos por autoridades distintas -el Municipio
de Puerto Boyacá y la Contraloría General de la República- y con finalidades jurídicas
igualmente diferentes. Mientras las primeras decisiones estuvieron dirigidas a declarar la
ocurrencia del siniestro y a hacer efectiva la garantía correspondiente, los actos aquí
demandados definieron la existencia de responsabilidad fiscal a partir de una valoración
propia del material probatorio recaudado dentro del respectivo proceso fiscal.

Asimismo, la declaratoria de responsabilidad no se apoyó exclusivamente en la existencia
formal de las Resoluciones 0100-0110-62-4410 y 0100-0110-62-0440 -que fueron
declaradas nulas por el Tribunal-. Como quedó expuesto al reseñar las pruebas de la
actuación, la Contraloría valoró los informes de interventoría rendidos entre los años 2006
y 2007, los requerimientos dirigidos al contratista, las visitas técnicas adelantadas por la
administración municipal, las respuestas suministradas por la Unión Temporal
Alcantarillado 2005 y el informe técnico del 25 de noviembre de 2009 que cuantificó los
daños en $199’061.011, entre otros elementos de juicio.

En consecuencia, aunque las resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro
fueron posteriormente anuladas por autoridad competente, ello no implica la desaparición
de los hechos materiales que sirvieron de fundamento a la actuación fiscal ni de los
demás elementos probatorios valorados por la Contraloría. Por tal razón, la nulidad
sobreviniente de aquellos actos no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la legalidad
de los actos administrativos aquí demandados.

5.4. Condena en costas

La Sala no condenará en costas en la presente instancia, comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme con lo señalado en la
parte motiva.

situaciones jurídicas particulares y concretas con base en aquel del que se predica el fenómeno del
decaimiento, por declaratoria de inexequibilidad de la ley o por declaratoria de nulidad de la norma sustento
de derecho y, comoquiera que tal fenómeno en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta
el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de
un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su
expedición”. Reiterada en Consejo de Estado Sección Primera. Sentencia de 26 de enero de 2026, MP
Nubia Margoth Peña Garzón.

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TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al
tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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