Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2019-00062-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2019-00062-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 63001-23-33-000-2019-00062-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 630012333000-2019-00062-01
Recurso de apelación contra la sentencia de 28 de noviembre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Segunda de Decisión
Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE
DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, POR CUANTO NO SE
ACREDITÓ LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO ALEGADA, EN
TANTO EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL FUE TRAMITADO
EN ÚNICA INSTANCIA CON FUNDAMENTO EN LOS CRITERIOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY 1474 DE 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, a través de apoderado, contra la sentencia de 28
de noviembre de 2019, proferida por la SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO,
por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
El señor JHON JAIRO TORO ZULUAGA en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA1, mediante apoderado, presentó
demanda contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
en la que formuló las siguientes pretensiones:
“[…]1. Que se declare agotado el cumplimiento del procedimiento
administrativo frente al Auto número 019 del 24 de octubre de 2018
mediante el cual la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
profirió fallo de responsabilidad fiscal en contra de JOHN JAIRO
TORO ZULUAGA, a título de culpa grave, por la suma de
trescientos cuarenta y tres millones doscientos quince mil
ochocientos dieciséis pesos ($343,215,816), en forma solidaria, en
el proceso ordinario de responsabilidad fiscal de única instancia
número PFR2014-02172-02165, y el Auto 0883 dictado por la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA el 23 de
noviembre de 2018, por medio del cual resuelve el recurso de
reposición interpuesto en contra del fallo de responsabilidad fiscal y
decide no reponer la decisión al confirmarla íntegramente.
2. Que se declare la nulidad del Auto número 019 del 24 de octubre
de 2018 proferido por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA mediante el cual emite fallo de responsabilidad fiscal
en contra de JOHN JAIRO TORO ZULUAGA, a título de culpa
grave, por la suma de trescientos cuarenta y tres millones
doscientos quince mil ochocientos dieciséis pesos ($343,215,816),
en forma solidaria, en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal
de única instancia número PFR 2014-02172-02165.
3. Que se declare la nulidad del Auto 0883 del 23 de noviembre de
2018 dictado por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, a través del cual resuelve el recurso de reposición
presentado en contra del fallo de responsabilidad fiscal número 019
del 24 de octubre de 2018, disponiendo no reponer la decisión y
corolario de ello la confirma integralmente.
4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho se CONDENE a la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que no lleve a cabo el cobro
de la obligación de pagar la sanción fiscal, en forma solidaria, que le
1
En adelante CPACA
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
es atribuida a JOHN JAIRO TORO ZULUAGA, la cual asciende a la
suma de trescientos cuarenta y tres millones doscientos quince mil
ochocientos dieciséis pesos ($343,215,816), suma que se deduce
como alcance de los actos administrativos cuya nulidad se invoca.
5. Subsidiariamente, se solicita como corolario de las declaraciones
dispuestas en los numerales primero a tercero y, a título de
restablecimiento del derecho, la CONDENA de la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA a reintegrar al señor JOHN JAIRO
TORO ZULUAGA las sumas de dinero que llegare a pagar como
resultado de la ejecución del fallo con responsabilidad fiscal
proferido en el proceso ordinario de única instancia con radicado
número PFR 2014-02172-02165, a través de los Autos números
019 del 24 de octubre de 2018 y 0883 del 23 de noviembre de 2018.
6. Que sea CONDENADA la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA a reconocer y pagar la indexación de la suma de dinero
que se pide en la pretensión anterior sea reintegrada al señor JOHN
JAIRO TORO ZULUAGA por concepto de la suma de dinero que
llegare a pagar en la ejecución del fallo con responsabilidad fiscal
proferido en el proceso ordinario de única instancia con radicado
número PFR 2014-02172-02165, a través de los Autos números
019 del 24 de octubre de 2018 y 0883 del 23 de noviembre de 2018.
7. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al
proceso en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
8. Que se condene en costas a la entidad demandada, conforme con
lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 […]”.
I.2.- Hechos
Señaló que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA inició
actuación fiscal con ocasión de un control posterior excepcional
practicado entre el 28 de julio de 2011 y el 28 de febrero de 2012
por la CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR MEDIO
AMBIENTE a las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA S.A. E.S.P.2
–EPA-, por presuntas irregularidades relacionadas con la suscripción
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En adelante EPA E.S.P.
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
del contrato de fiducia mercantil celebrado con la FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A. el 1o. de noviembre de 2007.
Precisó que dichas irregularidades consistieron en la omisión en el
pago de aportes pensionales al INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES – ISS-3, durante los primeros diez meses de ejecución
del contrato, esto es, en el período comprendido entre enero y
octubre de 2008, pese a que EPA E.S.P. tenía conocimiento de esa
situación y únicamente hasta el año 2010 autorizó el desembolso de
los respectivos recursos, circunstancia que generó un detrimento
patrimonial de $251.908.367, por concepto de intereses con cargo a
los recursos administrados por la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
S.A.
Mencionó que, mediante auto de 16 de enero de 2014, se ordenó la
apertura del proceso de responsabilidad fiscal en su contra, como
presunto responsable fiscal, por su actuación en calidad de gerente
de EPA E.S.P.
Sostuvo que mediante auto de 16 de mayo de 2018, proferido dentro
del proceso de única instancia RPF-2014-02172-02165, se le imputó
responsabilidad fiscal, por cuanto, en su condición de gerente general
era el ordenador del pago, ejercía funciones que comportaban
gestión fiscal y debía realizar la gestión de los recursos de manera
eficiente y eficaz.
Adujo que el 24 de octubre de 2018, la Dirección de Investigaciones
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En adelante ISS
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA profirió fallo con responsabilidad fiscal en su contra,
a título de culpa grave, por la suma indexada de $343.215.816, con
fundamento en la misma conducta que había sido objeto de
imputación en el auto de 16 de mayo de 2018.
Agregó que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto el 23 de noviembre de 2018 en el sentido de no
reponer el fallo impugnado, agotándose así la vía gubernativa.
Anotó que el 2 de agosto de 2011 se declaró fallida la audiencia de
conciliación ante la PROCURADURÍA NÚM. 13 JUDICIAL II PARA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE ARMENIA, con lo cual quedó
habilitada la presentación del medio de control.
I.3.- Fundamentos de derecho
La parte actora formuló los cargos de violación de los artículos 29 y
numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política; artículo 31 de
la Ley 142 de 11 de julio de 19944; artículos 2, 3 y 26 de la Ley 610
de 15 de agosto de 20005; artículo 42 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 20116 -CPACA- y el artículo 110 de la Ley 1474 de 12 de julio de
20117.
4
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
5
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías”.
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En adelante CPACA
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“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
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Como fundamento de la presunta vulneración normativa, la parte
actora estructuró y formuló los cargos de nulidad, así:
I.3.1.- Violación del artículo 29 de la Constitución Política y el
artículo 2 de la Ley 610 de 2000:
Sostuvo que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
modificó de manera inadecuada el juicio de imputación inicialmente
formulado, con afectación del debido proceso y del derecho de
defensa.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el auto de apertura de 16 de
enero de 2014 se le atribuyó, en su calidad de gerente, el manejo
irregular de recursos públicos derivado de haber ordenado a la
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. el pago con intereses de
obligaciones pensionales al ISS, mientras que en el auto de
imputación de responsabilidad fiscal núm. 0343 de 16 de mayo de
2018 se le endilgó una conducta diferente, consistente en no vigilar
la correcta ejecución de los contratos suscritos por la entidad y en
haber incurrido en una actuación negligente e inoportuna frente a las
obligaciones pensionales, mediante actividades que no fueron
diligentes ni conducentes a asegurar la correcta ejecución del
contrato de fiducia.
Afirmó que esa variación indebida del juicio de tipicidad de la
conducta le impidió conocer con precisión el reproche objeto de
imputación y, por esa vía, afectó su posibilidad de ejercer
adecuadamente su defensa, solicitar y aportar pruebas dirigidas a
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refutar la imputación fiscal y asumir de manera efectiva la
contradicción dentro del proceso. Con fundamento en ello, estructuró
el concepto de violación en la afectación del debido proceso y del
derecho de defensa, derivada de la divergencia entre el contenido del
auto de apertura y el del auto de imputación.
I.3.2.- Violación del numeral 5 del artículo 268 de la
Constitución Política y artículo 3 de la Ley 610 de 2000:
Adujo que durante la investigación fiscal se omitió efectuar el análisis
correspondiente sobre la ausencia de la condición de gestor fiscal que
se le atribuyó, pero tales razones no fueron examinadas de manera
suficiente.
Sostuvo que la decisión que declaró su responsabilidad fiscal y la que
resolvió el recurso contra dicha decisión adolecen de falsa
motivación, en tanto que no se analizó de manera adecuada si las
funciones de su cargo eran inherentes a la calidad de gestor fiscal,
pues se le atribuyó una responsabilidad sin desarrollar el examen
funcional y argumentativo necesario para demostrar de manera
cierta su vinculación con la gestión fiscal objeto de reproche.
I.3.3.- Violación del artículo 26 de la Ley 610 de 2000 y del
artículo 42 del CPACA:
Afirmó que dichas disposiciones fueron desconocidas, por una parte,
debido a la falta de valoración integral del acervo probatorio con
observancia de las reglas de la sana crítica y, por otra, la insuficiente
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motivación de las decisiones adoptadas en el trámite del proceso de
responsabilidad fiscal.
Expuso que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA no
efectuó una valoración conjunta e integral del material probatorio,
desconoció las reglas de la sana crítica y omitió dar respuesta
completa a los planteamientos formulados por la parte investigada.
Sostuvo que tampoco se estableció de forma clara y concluyente su
condición de gestor fiscal y reiteró que no tenía esa calidad en
relación con las funciones atribuidas al Comité Administrador de la
Fiducia Mercantil, pues EPA E.S.P. había designado a otros
funcionarios para actuar ante dicho órgano y, además, señaló que
dichos planteamientos fueron expuestos tanto en los alegatos de
conclusión como en el recurso de reposición; sin embargo, la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA resolvió
desfavorablemente este último sin dar respuesta a los múltiples
reproches formulados.
I.3.4.- Violación del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y del
artículo 110 de la Ley 1474 de 2011:
Manifestó que estas normas fueron vulneradas por la decisión de
tramitar el proceso de responsabilidad fiscal en única instancia,
habida cuenta que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
consideró que la cuantía del daño patrimonial era inferior a la menor
cuantía de contratación de la entidad afectada, y que por ello
procedía el trámite de única instancia conforme a lo establecido en
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el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.
Señaló que dicha conclusión desconoció la naturaleza jurídica de EPA
E.S.P., en su condición de empresa de servicios públicos
domiciliarios, a la cual no le resultaba aplicable el régimen de
contratación estatal previsto en la Ley 80 de 28 de octubre de 19938,
en los términos en que fue interpretado por la entidad de control
fiscal.
Precisó que, por esa razón, el criterio de menor cuantía no podía ser
trasladado al caso concreto, habida cuenta que la contratación de ese
tipo de entidades se rige por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
142 de 1994.
I.4. Contestación de la demanda
La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de
apoderado contestó la demanda9, argumentando, en síntesis, que el
proceso de responsabilidad fiscal se tramitó con plena observancia
del principio de legalidad.
Precisó que el proceso de responsabilidad fiscal tuvo origen en un
control posterior excepcional y que el hallazgo fiscal se estructuró a
partir de la omisión en el pago oportuno de los aportes al ISS durante
los primeros diez meses de vigencia del contrato de fiducia,
circunstancia que dio lugar al pago posterior de intereses moratorios
8
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
9
Folios 201 a 241 del cuaderno núm. 1 del expediente digital visible en el índice 23 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial -SAMAI-.
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con cargo a recursos públicos y, por ende, a la configuración de un
detrimento patrimonial y que dicho daño permaneció incólume desde
la auditoría hasta que se profirió el fallo con responsabilidad fiscal.
Afirmó que el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal
fue expedido con observancia de los requisitos previstos en la Ley
610 de 2000 y que en dicho proveído se señalaron los fundamentos
fácticos y jurídicos, la identificación de la entidad afectada, los
presuntos responsables fiscales, la determinación del daño
patrimonial, la estimación de su cuantía, así como las pruebas
conducentes y pertinentes.
Señaló que el proceso respetó el principio de congruencia en todas
sus etapas, manteniendo durante todo el trámite la identidad de los
elementos estructurales del proceso de responsabilidad fiscal, esto
es, el hecho generador del daño, la cuantía, los presuntos
responsables y el nexo causal atribuido a sus conductas, sin que se
hubiese sorprendido a los investigados con cargos distintos a los
debatidos durante el trámite.
Manifestó que no se vulneró el debido proceso ni el derecho de
defensa del demandante, porque durante la actuación fiscal se le
notificaron las decisiones pertinentes, se le brindó la oportunidad de
rendir versión libre, se corrió traslado del auto de imputación para
que presentara descargos, solicitara y aportara pruebas, y
posteriormente se resolvieron las peticiones probatorias formuladas
por su apoderada, todo ello conforme a las reglas establecidas en la
Ley 610 de 2000 y sus modificaciones.
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Sostuvo que el trámite del proceso en única instancia se ajustó a lo
previsto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, dado que la
cuantía del daño patrimonial atribuido ascendía a $251.908.367,
habida cuenta que la menor cuantía de contratación de EPA para el
año 2010, acreditada mediante certificación expedida por la propia
entidad, correspondía a $1.030.000.000, circunstancia que
justificaba legalmente que la actuación se hubiera adelantado en
única instancia.
Agregó que la alegada vulneración del derecho a la doble instancia
no estaba llamada a prosperar, por cuanto, además de que el proceso
se adelantó conforme a la cuantía legalmente prevista, la doble
instancia no integra, en todos los casos, el núcleo esencial del debido
proceso, de modo que el legislador puede establecer excepciones en
determinadas actuaciones, entre ellas el proceso de responsabilidad
fiscal.
Explicó que en el fallo de responsabilidad fiscal sí fueron tenidos en
cuenta los argumentos de defensa presentados por el actor, en
particular aquellos orientados a sostener que, una vez conoció la
obligación pendiente, promovió actuaciones internas y judiciales
encaminadas a establecer responsabilidades y procurar la
recuperación de los recursos pagados, razón por la cual rechazó que
hubiera existido ausencia de respuesta o desconocimiento de sus
descargos.
Agregó que, pese a la existencia de funciones asignadas a otros
servidores y a los integrantes del comité administrador de la fiducia,
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ello no excluía la responsabilidad funcional que recaía sobre el actor,
en su condición de gerente general y ordenador del gasto, pues del
material probatorio obrante en el expediente se desprendía que
conocía la situación irregular y que no desplegó una actuación
oportuna y eficaz para evitar el incremento del daño patrimonial
derivado del pago de intereses moratorios.
Concluyó que la actuación fiscal se adelantó con estricto apego a las
formas propias del procedimiento, garantizando los derechos de
contradicción y defensa, y con fundamento en pruebas que
acreditaban tanto el daño patrimonial como la responsabilidad fiscal
atribuida al actor por su conducta omisiva frente al incumplimiento
de las obligaciones pensionales y al consecuente pago de intereses
al ISS.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA
La SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, mediante sentencia de 28 de
noviembre de 2019 denegó las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que los actos acusados se ajustaban al orden jurídico
aplicable al procedimiento de responsabilidad fiscal, en la medida en
que garantizaron el debido proceso y los demás derechos que el actor
estimó vulnerados.
Afirmó que no se configuró la vulneración del debido proceso alegada
con ocasión de la presunta variación entre el auto de apertura y el
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auto de imputación, por cuanto, el primero constituye únicamente el
acto mediante el cual se da inicio formal a la actuación fiscal y no
comporta una definición subjetiva de la conducta reprochada,
mientras que el auto de imputación corresponde al acto procesal en
el que se concreta el juicio de responsabilidad, siendo este el que
debe guardar congruencia con el fallo, razón por la cual estimó que
no hubo sorpresa procesal ni afectación del derecho de defensa, pues
la imputación fue el acto a partir del cual el demandante pudo ejercer
contradicción y defensa.
Señaló que, contrario a lo manifestado por el actor, sí hubo respuesta
a los argumentos de defensa planteados en el curso del proceso de
responsabilidad fiscal, toda vez que en el fallo se relacionaron las
actuaciones procesales surtidas y se examinaron los argumentos
defensivos expuestos por el señor TORO ZULUAGA, incluidos
aquellos relacionados con las funciones que desempeñaba en su
condición de gerente y con la intervención de otros funcionarios en
el comité administrador de la fiducia, por lo cual, concluyó que no se
configuró la omisión alegada.
Sostuvo que no se configuró vulneración del debido proceso por el
hecho de que el proceso de responsabilidad fiscal se hubiese
adelantado en única instancia, habida cuenta que el artículo 110 de
la Ley 1474 de 2011 prevé que esa clase de actuaciones se deben
tramitar de esa manera cuando la cuantía del daño sea igual o inferior
a la menor cuantía de contratación de la entidad afectada, mientras
que la doble instancia solo procede cuando aquella la supere, por lo
cual, concluyó que el trámite impartido se ajustó al ordenamiento
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jurídico y, por ende, descartó el cargo sustentado en la supuesta
necesidad de que el proceso se tramitara en doble instancia.
Añadió que el control de legalidad atribuido a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo respecto de los actos de responsabilidad
fiscal no podía desnaturalizarse hasta convertirse en una nueva
instancia de debate probatorio, en tanto esa valoración corresponde,
de manera principal, a la autoridad fiscal en sede administrativa,
salvo que se acreditaran vicios concretos de legalidad, supuesto que,
a su juicio, no se configuró en el presente caso.
Concluyó que no se acreditó ninguno de los cargos de nulidad
formulados en la demanda y que, por consiguiente, había lugar a
negar las pretensiones.
III.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
El demandante, recurrió la sentencia proferida en primera instancia,
para lo cual manifestó que el TRIBUNAL incurrió en error al
considerar que la demanda pretendía convertir el medio de control
en una tercera instancia, pues, en su criterio, lo realmente discutido
era la vulneración del debido proceso derivada de que la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA tramitó el proceso
de responsabilidad fiscal en única instancia, pese a que, conforme a
la normatividad aplicable, debía adelantarse en doble instancia.
Sostuvo que la sentencia de primera instancia partió de un
entendimiento inexacto del alcance de la demanda, toda vez que lo
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pretendido no era que la jurisdicción contencioso-administrativo
actuara como una tercera instancia dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, sino que ejerciera el control de legalidad sobre
los actos administrativos demandados, por estimar que fueron
expedidos con vulneración del debido proceso, en razón de que el
asunto se tramitó en única instancia cuando, en su criterio,
legalmente correspondía adelantarlo en doble instancia.
Cuestionó la conclusión del TRIBUNAL según la cual no se configuró
vulneración del debido proceso, por considerar que la cuantía del
presunto daño patrimonial permitía surtir el trámite en única
instancia, y afirmó, que por el contrario, la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA incurrió en un error al definir el
parámetro de menor cuantía como aplicable para la entidad afectada,
yerro que lo privó de la garantía de impugnar las decisiones ante el
superior dentro del proceso de responsabilidad fiscal.
Adujo que el a quo interpretó indebidamente el régimen jurídico
aplicable a EPA E.S.P., puesto que el hecho de que esa entidad
estuviera sometida a un régimen especial de contratación no
significaba que pudiera establecer autónomamente el concepto de
menor cuantía ni fijarlo con base en criterios internos, ya que dicho
parámetro obedecía a una disposición legal prevista en el literal b)
del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 16 de julio de 200710,
de modo que la menor cuantía debía establecerse en función del
presupuesto anual de la entidad más no de certificaciones o criterios
particulares expedidos por ella misma.
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“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
Afirmó que el TRIBUNAL otorgó validez a una certificación errónea
conforme a la cual la menor cuantía de EPA E.S.P. para la vigencia
2010 ascendía a $1.030.000.000, equivalentes a 2000 SMMLV, pese
a que esa cifra no encontraba respaldo en la normativa aplicable ni
en el manual de contratación de la entidad, el cual no establecía una
modalidad de selección denominada “menor cuantía”.
Expuso que el presupuesto anual de la entidad afectada ascendía a
$36.692.864.459, suma equivalente a 71.248 SMMLV, por lo que se
ubicaba dentro del rango de entidades con presupuesto inferior a
120.000 SMMLV, cuya menor cuantía correspondía a 280 SMMLV,
esto es, a $144.200.000, y destacó que, al haber sido calculado el
presunto detrimento patrimonial en $251.908.367, valor superior a
esa menor cuantía, el proceso de responsabilidad fiscal, en su
criterio, necesariamente debía tramitarse en doble instancia, en los
términos del artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.
Indicó que, en respaldo de esa tesis, allegó la respuesta a un derecho
de petición presentado por otro de los sujetos procesales, emitida
por EPA E.S.P. mediante oficio DJSG 284 de 7 de noviembre de
2018, obrante en el expediente administrativo, en la cual la propia
entidad manifestó que dentro de los manuales de contratación
vigentes para el año 2010 no existía una modalidad denominada
“menor cuantía”, circunstancia que, en su criterio, corroboraba que
dicho concepto no podía derivarse de una regulación interna de la
entidad, sino que debía provenir directamente de la ley y al
presupuesto oficial de la empresa para determinar si el trámite
correspondía a única o a doble instancia.
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Reprochó que la tesis acogida por la CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA y convalidada por el TRIBUNAL también vulneraba
el principio de igualdad, porque implicaba atribuir a EPA E.S.P.,
entidad con presupuesto inferior a 120.000 SMMLV, una supuesta
menor cuantía de 2000 SMMLV, incluso superior a la que, de
conformidad con la Ley 1150 de 2007, correspondería a entidades
estatales con presupuestos ostensiblemente mayores.
Manifestó que esa interpretación generaba un trato
desproporcionado e irrazonable, dado que, bajo ese entendimiento,
un gestor fiscal vinculado a una entidad de menor capacidad
presupuestal solo tendría acceso a un trámite de doble instancia
cuando el daño supere 2000 SMMLV, mientras que en entidades de
mayor presupuesto esa garantía operaría a partir de umbrales
inferiores.
Sostuvo que la irregularidad advertida configuraba una nulidad
insubsanable por afectación del debido proceso, al comprometer las
formas propias del juicio, de modo que la CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA estaba obligada a sanearla oficiosamente en
cualquier etapa del trámite, de conformidad con lo previsto en el
artículo 37 de la Ley 610 de 2000, máxime aún, teniendo en cuenta
que, dicha inconformidad fue puesta de presente oportunamente
mediante los recursos interpuestos dentro del proceso de
responsabilidad fiscal.
Aseveró que no resultaba jurídicamente admisible justificar la
omisión de corregir el procedimiento en la supuesta
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extemporaneidad de la solicitud de nulidad, toda vez que, cuando la
causal de nulidad compromete la estructura misma del trámite y el
derecho fundamental al debido proceso, el funcionario competente
debe adoptar de oficio las medidas de saneamiento
correspondientes, por lo cual, la negativa a corregir el trámite no solo
mantuvo la vulneración del debido proceso, sino que además implicó
una falsa motivación de los actos administrativos demandados.
Concluyó que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
vulneró el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de
contradicción al tramitar el asunto como de única instancia con
fundamento en un criterio que estimó ajeno a la normatividad
aplicable, y solicitó, por ello, que se revocara la decisión de primera
instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la
demanda.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Una vez concedida la apelación por la SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO,
mediante auto de 15 de enero de 202011, esta Corporación, por auto
de 17 de febrero de 202012, la admitió y, mediante providencia de
30 de septiembre de 202013, dispuso correr traslado a las partes para
alegar de conclusión y al señor procurador para la Conciliación
Administrativa, para que, si así lo estimaba, emitiera su concepto.
11 Índice núm. 00031 del expediente de primera instancia -SAMAI-.
12 Índice núm. 00003 -SAMAI-.
13 Índice núm. 00010 -SAMAI-.
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IV.1.- Tanto la demandante como la demandada, en sus escritos de
alegatos, reiteraron, en síntesis, los mismos argumentos expuestos
en los respectivos escritos de contestación de la demanda, razón por
la cual su contenido será valorado en esa medida, al momento de
resolver el recurso, sin que de ellos se advierta la formulación de
planteamientos nuevos o de consideraciones adicionales que
impongan un pronunciamiento autónomo y diferenciado en esta
instancia.
IV.2.- El Ministerio Público, en esta oportunidad, guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Actos administrativos demandados
V.1.1.- Fallo núm. 019 de 24 de octubre de 2018, con
responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de
responsabilidad fiscal de única instancia núm. PRF-2014-
02172_0216514, proferido por la Dirección de Investigaciones
Fiscales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en el
cual se resolvió:
“[…]PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, a
título de CULPA GRAVE, en cuantía de TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS
DIECISEIS PESOS MCTE ($343.215.816) indexada, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído, en forma
solidaria, en contra de las siguientes personas, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia:
14 Folios 00086 a 00136 del cuaderno núm. 1.
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
JHON JAIRO TORO ZULUAGA, identificado con cedula de
ciudadanía N° 4.423.264, en su calidad de Gerente General y
Ordenador del Gasto de Empresas Públicas de Armenia EPAE.S.
GEMAY GIOVANNY CARDONA GIRALDO, identificado con
cedula de ciudadanía N° 7.558.545, en su calidad de Director de
Financiamiento de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, Miembro
del Comité Fiduciario.
GABRIEL EDUARDO BEDOYA MUÑOZ, identificado con cedula de
ciudadanía N°. 9.725.747, en su calidad de Subgerente
Administrativo de Empresas Públicas de Armenia E.P.A.- E.S.P,
Miembro del Comité Fiduciario.
SEGUNDO: DECLARAR COMO TERCERO CIVILMENTE
RESPONSABLE de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este proveído, a la Aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA
Póliza Multiriesgo N°. 1001042 el 14 de enero de 2008, cuya
vigencia comprende del 1° de enero de 2008 hasta 1° de enero de
2009, asegurado y beneficiario Empresas Públicas de Armenia, por
un valor total asegurado de $42.027.540.961 y contempla entre
otros los siguientes amparos: “cobertura oficial de manejo global
por un valor asegurado de $80.000.000”, en cuyo anexo señala:
“AMPARA AL ASEGURADO CONTRA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN
MENOSCABO DE FONDOS Y BIENES, CAUSADOS POR SUS
EMPLEADOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR ACTOS
QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O FALLOS DE RESPONSABILIDAD
FISCAL […]”.
V.1.2.- Auto 0883 de 23 de noviembre de 201815, por medio del
cual se resuelven los recursos de reposición contra el fallo con
responsabilidad fiscal núm. 019 de 24 de octubre de 2018 dictado
dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal de única
instancia núm. 02165, proferido por la Dirección de Investigaciones
Fiscales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en
cuya parte resolutiva dispuso:
15 Folios 148 a 173 del cuaderno núm. 1.
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“[…] PRIMERO: NO REPONER el Fallo Con Responsabilidad Fiscal
N° 019 del 24 de octubre de 2018, y en consecuencia CONFIRMAR
la decisión proferida, dentro del proceso de responsabilidad fiscal N°
02165 de EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA, el cual se tramita en
única instancia, de conformidad con la parte motiva del presente©
proveído […]”.
V.2.- Problema jurídico
La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a
únicamente a los aspectos que fueron objeto del recurso de apelación
presentado por la parte actora.
A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera instancia
debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a que el
demandante centró su inconformidad en que el proceso de
responsabilidad fiscal debió tramitarse en doble instancia, dado que
la cuantía del daño patrimonial superaba la menor cuantía de
contratación aplicable a Empresas Públicas de Armenia – EPA E.S.P.
Asimismo, afirmó que el TRIBUNAL incurrió en error al avalar la
certificación expedida por EPA E.S.P., por cuanto, la determinación
de la menor cuantía no podía estar supeditada a un criterio interno
de la entidad, sino que debía definirse conforme a lo previsto en el
artículo 2, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007 y que, de
acuerdo con dicha disposición, cuando una entidad cuenta con un
presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, su menor cuantía corresponde a 280 smlmv.
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Indicó que, para la vigencia 2010, el presupuesto anual de EPA
E.S.P. ascendía a la suma de $36.692.864.459, equivalente a 71.248
smlmv, por lo cual, la menor cuantía de esa entidad era de
$144.200.000, valor que resultaba inferior al daño fiscal inicialmente
cuantificado en $251.908.367, lo que imponía tramitar el proceso en
doble instancia.
Añadió que esa tesis encontraba respaldo en el oficio DJSG 284 de 7
de noviembre de 2018, según el cual en el manual de contratación
de la entidad, vigente para el año 2010, no existía una modalidad
denominada “menor cuantía”, aunque precisó que dicho concepto se
determinaba con base en procesos inferiores a 2.000 smlmv, por lo
que la certificación acogida por el TRIBUNAL era errónea, lo cual
vulneraba el principio de igualdad, configuraba una nulidad
insaneable y, en consecuencia, los actos acusados se encontraban,
además, afectados por falsa motivación, pues el proceso se debió
tramitar en doble instancia.
V.3.- El asunto bajo examen
Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al
marco jurídico general aplicable a la gestión fiscal, para luego
abordar el estudio del problema planteado a título de
cuestionamiento contra el fallo del Tribunal a quo.
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V.4.- Del concepto de gestión fiscal
Ahora bien, de manera previa al análisis del problema jurídico
formulado, la Sala considera pertinente realizar una breve precisión
sobre el marco conceptual que delimita la controversia objeto de
estudio, particularmente en lo que atañe al concepto de gestión
fiscal.
V.4.1.- En tratándose del alcance del concepto de gestión fiscal y de
quiénes pueden resultar sujetos pasivos del proceso de
responsabilidad fiscal, se tiene que los artículos 267, 268 y 272 de la
Constitución, en su orden, prevén, lo siguiente:
“[…] Artículo 267. El control fiscal es una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a
los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta
podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia
se realice por empresas privadas colombianas escogidas por
concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del
Consejo de Estado.
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados,
fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales. En los casos
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer
control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Articulo 268. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto
Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El Contralor
General de la República tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
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5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión
fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso,
recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre
los alcances deducidos de la misma […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
“[…] Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los
departamentos, distritos y municipios donde haya
contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma
posterior y selectiva.
La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales,
salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.
(…)
Los contralores departamentales, distritales y municipales
ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuidas al Contralor General de la República en el artículo
268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con
empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia
fiscal […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Por su parte, los artículos 2º, 4º, 8º y 83 de Ley 42, relacionada con
“la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen”, disponen, en su orden, lo siguiente:
“[…] Artículo 2. Son sujetos de control fiscal los órganos que
Integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e
Independientes como los de control y electorales, los organismos
que hacen parte de la estructura de la administración nacional y
demás entidades nacionales, los organismos creados por la
Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las
sociedades de economía mixta, las empresas industriales y
comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o
bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de
organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo
relacionado con éstos y el Banco de la República […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 4. El control fiscal es una función pública, la cual vigila
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y
niveles.
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Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría
General de la República, las contralorías departamentales y
municipales, conforme a los procedimientos, sistemas, y principios
que se establecen en la presente Ley […]”.
“[…] Artículo 8. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se
fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la
valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita
determinar en la administración, en un período determinado, que la
asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus
resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y
servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren
de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.
Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción
económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre
sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y
cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales
y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los mismos.
La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se
adelanta sobre el manejo de los recursos del Estado para
verificar que estos cumplan con los objetivos previstos por
la administración […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 83. La responsabilidad fiscal podrá comprender a los
directivos de las entidades y demás personas que produzcan
decisiones que determinen la gestión fiscal, así como a quienes
desempeñan funciones de ordenación, control, dirección y
coordinación; también a los contratistas y particulares que,
vinculados al proceso, hubieren causado perjuicio a los
intereses patrimoniales del Estado de acuerdo con lo que se
establezca en el juicio fiscal” […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
A su vez, la Ley 610 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías”, en lo pertinente, dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 1º. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal
es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas
por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la
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responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con
ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma
dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 3º. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente
ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y
correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto,
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos
ambientales […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 4º. Objeto de la responsabilidad fiscal. La
responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de
los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes
realizan gestión fiscal mediante el pago de una
indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.
Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se
tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la
función administrativa y de la gestión fiscal.
Parágrafo 1º. La responsabilidad fiscal es autónoma e
independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier
otra clase de responsabilidad […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
De las normas citadas se colige que la CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA y las Contralorías territoriales son entidades
competentes para ejercer el control fiscal y las encargadas de
adelantar procesos a los particulares y/o a las personas jurídicas y/o
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a cualquier otro tipo de organización o sociedad que manejen fondos
o bienes públicos.
Al respecto, por lo ilustrativo que resulta, es pertinente traer a
colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 26 de agosto
de 2004, expediente núm. 0500123310001997209301, consejero
ponente, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en los siguientes
términos:
“[…] Cabe señalar que la Ley 42 de 1993, a diferencia de lo que
sucede con la Ley 610 de 2000, no consagra una definición de
gestión fiscal; empero nada impide a la Sala acudir al concepto que
sobre el tema trae la referida Ley 610 “Por la cual se establece
el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las Contralorías”.
“El artículo 3º de dicha Ley, prevé:
“Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos
y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.
De la definición transcrita deduce la Sala que el sujeto pasivo en
el proceso de responsabilidad fiscal son los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, cuando al realizar la
gestión fiscal, a través de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas no han dado una adecuada planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los mismos, o a la
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recaudación, manejo e inversión de sus rentas, causando por ende
con ello detrimento patrimonial al Estado.
Es oportuno traer a colación apartes de la sentencia C-840 de 9 de
agosto de 2001, de la Corte Constitucional al examinar la
exequibilidad de algunas normas de la mencionada Ley:
“[…] 3. Naturaleza y sentido del concepto de Gestión Fiscal.
Al amparo de la nueva concepción que sobre control fiscal
incorpora la Constitución de 1991, la ley 610 de 2000
prescribe, en su artículo 3, la noción de gestión fiscal... Como
bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como
universo posible para la acción de quienes tienen la
competencia o capacidad para realizar uno o más de los
verbos asociados al tráfico económico de los recursos y
bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del
Estado conforme a unos principios que militan como
basamento, prosecución y sentido teleológico de las
respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del
cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de
planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de
presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja
menor, y por supuesto, los particulares que tengan
capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario
puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los
particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben
someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los
servidores públicos, al tiempo que contribuyen directa o
indirectamente en la concreción de los fines del Estado.
Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar
un programa de control fiscal en una entidad determinada, debe
actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar,
esto es, tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen
gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita
controladora a todos los demás servidores. Lo cual es indicativo de
que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio
universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar,
como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al
respectivo ente. Circunstancia por demás importante si se tienen
en cuenta las varias modalidades de asociación económica que suele
asumir el Estado con los particulares en la fronda de la
descentralización por servicios nacional y/o territorial. Eventos en
los cuales la actividad fiscalizadora podrá encontrarse con
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empleados públicos, trabajadores oficiales o empleados
particulares16, sin que para nada importe su específica
condición cuando quiera que los mismos tengan
adscripciones de gestión fiscal dentro de las
correspondientes entidades o empresas.
Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera
de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y
determinante de las responsabilidades inherentes al manejo
de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores
públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la
condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de
establecer responsabilidades fiscales se trata.
4. El proceso de responsabilidad fiscal.
El proceso de responsabilidad fiscal se fundamenta en el numeral 5
del artículo 268 de la Constitución, según el cual el Contralor General
de la República tiene la atribución de establecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias
que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, facultades que
a su vez tienen asiento en la función pública de vigilancia y control
sobre la gestión fiscal que realicen los servidores públicos o los
particulares en relación con los bienes y recursos estatales puestos
a su cargo. Funciones éstas que por igual se predican de las
contralorías territoriales (art. 272, inc. 6º C.P.)….
[…] Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien
tiene a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia
de los entes de control, con miras a lograr el resarcimiento de los
daños causados al erario público. De esta forma, el proceso de
responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración
jurídica en el sentido de que un determinado servidor público, o
particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe
asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares
en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la
administración de los dineros públicos17.
16 Tal como ocurre en relación con los empleados de las empresas de servicios públicos mixtas; y de
las empresas de servicios públicos privadas que incorporen aportes estatales. (arts. 14, numerales
6 y 7, y 41 de la ley 142/94).
17 Op. Cit. SU 620 de 1996
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El proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza
administrativa;18 de ahí que la resolución por la cual se decide
finalmente sobre la responsabilidad del procesado constituya un
acto administrativo que, como tal, puede ser impugnado ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
En este orden de ideas la responsabilidad que se declara a través
del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae
sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter
subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con dolo o
con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su
declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por
la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera
sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y,
finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido
proceso19 según voces del artículo 29 Superior.
[…]
Frente al tema en estudio resulta ilustrativo el Concepto de la Sala
de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, expresado dentro
del Radicado núm. 1522 (4 de agosto de 2003, consejero ponente
doctor Flavio Rodríguez Arce), en el cual se precisó lo siguiente:
[…]
Control y gestión fiscal. Responsabilidad fiscal.- El control
fiscal es una función pública que tiene por objeto la vigilancia de la
gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan
fondos o bienes públicos, ejercida por la Contraloría General de la
18 Ciertamente, la Corte ha entendido que los órganos de control llevan a cabo una administración
pasiva que consiste en la verificación de la legalidad, eficacia y eficiencia de la gestión de la
administración activa, esto es, aquella que es esencial y propia de la rama ejecutiva, aunque no
exclusiva de ella, pues los otros órganos del Estado también deben adelantar actividades de ejecución
para que la entidad pueda cumplir sus fines. En este sentido, "la atribución de carácter administrativo
a una tarea de control de la Contraloría no convierte a esa entidad en un órgano de administración
activa, puesto que tal definición tiene como único efecto permitir la impugnación de esa actuación
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…) Es pues una labor en donde los servidores
públicos deciden y ejecutan, por lo cual la doctrina suele señalar que al lado de esa administración
activa existe una administración pasiva o de control, cuya tarea no es ejecutar acciones
administrativas sino verificar la legalidad y, en ciertos casos, la eficacia y eficiencia de gestión de la
administración activa." Sentencia C-189 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver también Op
Cit. SU 620 de 1996, C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara
19 En la sentencia varias veces citada SU 620 de 1996 se establece el alcance del derecho al debido
proceso en el proceso de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: "la norma del artículo 29
de la Constitución es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las
siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad
administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, (derecho a
ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir
pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer
recursos contra la decisión condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho."
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República20, las contralorías territoriales y la Auditoría General, que
se cumple mediante el ejercicio del control financiero, de gestión y
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales, en forma posterior y selectiva
conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece
la ley (art. 267 de la C.P.).
Para el cumplimiento de esta función, se asigna a los organismos de
control la atribución de establecer la responsabilidad que se
derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los
alcances deducidos de la misma (art. 268.5 de la C.P.).
Para deducir responsabilidad fiscal, es preciso que la
conducta reprensible se haya cometido en ejercicio de la
gestión fiscal, definida en el artículo 3° de la ley 610 de
2000... (norma atrás transcrita)
[…] De ésta definición legal de gestión fiscal 21, armonizada con las
disposiciones siguientes de la ley 610 y dada su inescindible
interrelación, se desprenden múltiples consecuencias: determina el
20 El artículo 119 constitucional señala que “La Contraloría General de la República tiene a su cargo
la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”. En la Asamblea
Nacional Constituyente. Informe – ponencia se precisó que “...la función fiscalizadora es de interés
primordial del Estado, en cuanto tiene que ver con el correcto manejo de las finanzas públicas que
son objeto de su atención. Los caudales o recursos que tienen las actividades gubernamentales
provienen del pueblo y a él deben revertir en forma de servicios. (...) la Contraloría representa a la
sociedad en cuanto que es ella la titular de sus finanzas en último término, pues en principio lo son
del Estado. Vela porque los recursos que le proporciona al Estado estén correctamente manejados”.
(Gaceta Constitucional 59, jueves 25 de abril de 1991).
21 Sobre el concepto de gestión fiscal, esta Sala expresó en la Radicación No 848 de 1996 : “Gestión
fiscal es, entonces, el conjunto de actividades económico jurídicas relacionadas con la
adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, o disposición de los
bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica
pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado. Dentro del género de
entidades públicas queda comprendido el Banco de la República.” Por su parte la Corte Constitucional
en la sentencia C- 529 de 1993 señala: “...el concepto de gestión fiscal alude a la
administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo
o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición.
“Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes
operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la
gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes,
los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los
criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y,
finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período
determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de 1993, arts. 8° a
13)”.
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objeto de la gestión; se tiene en cuenta para establecer el alcance,
objeto y elementos de la responsabilidad fiscal, esto es, el
resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan
gestión fiscal (arts. 4° y 5°), así como la causación de un daño
patrimonial al Estado producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna ( art.
6° ).22
Así mismo, sirve para estructurar el concepto de proceso de
responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos
y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o
con ocasión de ésta causen, por acción u omisión, un daño
al patrimonio del Estado (art. 1°). 23
La acción fiscal cesará cuando se demuestre que el hecho no
comporta el ejercicio de gestión fiscal y, por tanto, resulta
procedente dictar auto de archivo del proceso de responsabilidad
fiscal (arts. 16 y 47); sin embargo, de existir efectiva lesión al
patrimonio del Estado, habrá lugar a exigir la correspondiente
responsabilidad patrimonial por otra vía, como se verá más
adelante.
22 Sentencia C- 840/01: “...el circuito de la gestión fiscal involucra a todos los servidores
públicos que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado. Criterios éstos
que en lo pertinente cobijan a los particulares que manejen fondos o bienes del Estado (...) Por lo
tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en una
entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto
es, tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la
entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo
cual es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio universal,
tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores públicos
vinculados al respectivo ente.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
23
Sent. C- 840/01: “Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene a
su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con
miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta forma, el proceso
de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido de que un
determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe
asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de
manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros públicos Op. Cit. SU 620 de 1996. (...)
la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado
que recae sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque
busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por
cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es
autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y,
finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido proceso.” // V. sent. C- 477/01.
(Las negrillas y subrayas fuera de texto)
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En consecuencia, se deduce responsabilidad fiscal por la
afectación del patrimonio público en desarrollo de
actividades propias de la gestión fiscal o vinculadas con ella,
cumplida por los servidores públicos o los particulares que
administren o manejen bienes o recursos públicos. Al
respecto la Corte Constitucional, al resolver sobre la
constitucionalidad del artículo 1° 24 de la ley 610, señaló:
“El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se
justifica en la medida en que los actos que la materialicen
comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con
el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se
impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación
para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión
de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se
desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de
recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros,
con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en
sus respetivos ámbitos convocan la atención de los servidores
públicos y los particulares responsables del manejo de fondos o
bienes del Estado.
De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango
derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente
dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter restringido en tanto se
trata de un elemento adscrito dentro del marco de la tipicidad
administrativa. De allí que, según se vio en párrafos anteriores, el
ente fiscal deberá precisar rigurosamente el grado de competencia
o capacidad que asiste al servidor público o al particular en torno a
una específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de plano
cualquier relación tácita, implícita o analógica que por su misma
fuerza rompa con el principio de la tipicidad de la infracción. De
suerte tal que sólo dentro de estos taxativos parámetros puede
aceptarse válidamente la permanencia, interpretación y aplicación
del segmento acusado.
Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al
desdibujamiento de la esencia propia de las competencias,
24 “Artículo 1°. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de
ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.”
(El aparte subrayado se declaró condicionalmente exequible en la sentencia C- 840/01)
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capacidades, prohibiciones y responsabilidades que informan la
gestión fiscal y sus cometidos institucionales.
Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la
vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos
públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde
investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de
quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión,
causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto
en forma dolosa como culposa. Y es que no tendría sentido un
control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes
al establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente
recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y protección
del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva
realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del cual
transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos
y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes
de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de
ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y
particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del
Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la
gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Según se desprende del precedente jurisprudencial transcrito, para
establecer la responsabilidad fiscal, se requiere examinar si la
conducta comporta gestión fiscal o guarda alguna relación de
conexidad con ésta y quiénes son los directamente competentes para
desarrollar la actividad que se enmarca en dicho concepto.
La responsabilidad fiscal se deduce de la afectación del patrimonio
público, tanto por acción como por omisión, en forma dolosa o
culposa, en desarrollo de actividades propias de la gestión fiscal 25 o
25 Actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo
e inversión de sus rentas, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad ,
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.
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vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos y
particulares, que manejen o administren bienes y recursos del
Estado.
La Sala considera pertinente enfatizar que, la responsabilidad fiscal
debe necesariamente recaer sobre el manejo o administración de
bienes y recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores
públicos y particulares que los tengan a su cargo por estar revestidos
de capacidad o poder decisorio sobre los mismos.
Resulta igualmente importante tener presente que la responsabilidad
que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente
administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los
bienes públicos; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su
declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión
irregular.
V.4.2.- Lo anterior, en armonía con lo expuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-840 de 9 de agosto de 2001,
providencia en la cual esa Corporación, al ocuparse de la intervención
directa o a la contribución indirecta en la gestión fiscal ejercida por
servidores públicos o por particulares, sostuvo lo siguiente:
“[…] Cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta
de una persona que tenga la titularidad jurídica para
manejar los fondos o bienes del Estado materia del
detrimento, procederá la apertura del correspondiente
proceso de responsabilidad fiscal, sea que su intervención
haya sido directa o a guisa de contribución. En los demás
casos, esto es, cuando el autor o partícipe del daño al patrimonio
público no tiene poder jurídico para manejar los fondos o bienes del
Estado afectados, el proceso atinente al resarcimiento del perjuicio
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causado será otro diferente, no el de responsabilidad fiscal. La
responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar
respecto de los servidores públicos y particulares que estén
jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es
decir, que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del
Estado puestos a su disposición. Advirtiendo que esa
especial responsabilidad está referida exclusivamente a los
fondos o bienes públicos que, hallándose bajo el radio de
acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la
forma y condiciones prescritos por la ley. La gestión fiscal está
ligada siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente
estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un
servidor público o de un particular, concretamente identificados […]”
(Destacado fuera de texto).
Ahora bien, aun cuando la Corte Constitucional, en esa providencia,
declaró la exequibilidad de la expresión “[…] o con ocasión de ésta […]”,
prevista en el artículo 1.º de la Ley 610 de 2000, y admitió que, por su
conexidad próxima y necesaria con el desarrollo de la gestión fiscal, los
contratistas del Estado pueden, eventualmente, ser destinatarios de
responsabilidad fiscal, lo cierto es que la propia Corporación precisó que
esa atribución tiene carácter excepcional y está sujeta al cumplimiento
de determinados presupuestos. Sobre el particular, señaló:
“[…] 5. Artículo 1 de la ley 610 de 2000.
El demandante sostiene que el artículo 1 de la ley 610 de 2000
vulnera los artículos 90 y 267 de la Constitución, al establecer que
el proceso de responsabilidad fiscal se adelanta cuando se cause un
daño al patrimonio del Estado por acción u omisión en el ejercicio
de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta.
No obstante, de la lectura del cargo se desprende que la acusación
del actor va dirigida solamente contra la expresión “o con ocasión
de ésta”, pues considera que con ella se permite a la contraloría
adelantar procesos de responsabilidad fiscal contra quienes no
realizan de manera directa gestión fiscal, lo cual infringe
abiertamente el artículo 267 Superior, a cuyos términos el control
se ejerce sobre la administración y los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación.
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El artículo 1 de la ley 610 de 2000 define el proceso de
responsabilidad fiscal en la siguiente forma:
El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos
y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con
ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o
culposa un daño al patrimonio del Estado.
En primer lugar, debe dilucidarse el contenido y alcance de la
expresión “con ocasión de ésta”, a efectos de determinar si con ella
se podría dar pie a un eventual rebasamiento de la competencia
asignada a las contralorías en torno al proceso de responsabilidad
fiscal.
Entonces, ¿qué significa que algo ocurra con ocasión de otra cosa?
El diccionario de la Real Academia Española define la palabra ocasión
en los siguientes términos: "oportunidad o comodidad de tiempo o
lugar, que se ofrece para ejecutar o conseguir una cosa. 2. Causa o
motivo porque se hace o acaece una cosa."
A la luz de esta definición la locución impugnada bien puede
significar que la gestión fiscal es susceptible de operar como
circunstancia u oportunidad para ejecutar o conseguir algo a costa
de los recursos públicos, causando un daño al patrimonio estatal,
evento en el cual la persona que se aproveche de tal situación,
dolosa o culposamente, debe responder fiscalmente resarciendo los
perjuicios que haya podido causar al erario público.
El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se
justifica en la medida en que los actos que la materialicen
comporten una relación de conexidad próxima y necesaria
para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en
cada caso se impone examinar si la respectiva conducta
guarda alguna relación para con la noción específica de
gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una
entidad material y jurídica propia que se desenvuelve
mediante planes de acción, programas, actos de recaudo,
administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con
miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus
respetivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos
y los particulares responsables del manejo de fondos o bienes del
Estado.
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De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango
derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal
propiamente dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter
restringido en tanto se trata de un elemento adscrito dentro del
marco de la tipicidad administrativa. De allí que, según se vio en
párrafos anteriores, el ente fiscal deberá precisar
rigurosamente el grado de competencia o capacidad que
asiste al servidor público o al particular en torno a una
específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de
plano cualquier relación tácita, implícita o analógica que por
su misma fuerza rompa con el principio de la tipicidad de la
infracción. De suerte tal que sólo dentro de estos taxativos
parámetros puede aceptarse válidamente la permanencia,
interpretación y aplicación del segmento acusado.
Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al
desdibujamiento de la esencia propia de las competencias,
capacidades, prohibiciones y responsabilidades que
informan la gestión fiscal y sus cometidos institucionales.
Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la
vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos
públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde
investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza
de quienes en el manejo de tales haberes, o con ocasión de
su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción
u omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no
tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y
mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades
fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos
resarcitorios. La defensa y protección del erario público así lo exige
en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas
públicas. Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales
destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades
que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como
quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y
coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los
ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro
de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y
deberes fiscales.
En concordancia con estos lineamientos estipula el artículo 7 de la
ley 610:
“(...) únicamente procederá derivación de responsabilidad fiscal
cuando el hecho tenga relación directa con el ejercicio de actos
propios de la gestión fiscal por parte de los presuntos responsables”.
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Y a manera de presupuesto el artículo 5 de esta ley contempla como
uno de los elementos estructurantes de la responsabilidad fiscal, “la
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza
gestión fiscal”.
En este orden de ideas la Corte declarará la exequibilidad de la
expresión "con ocasión de ésta", contenida en el artículo 1 de la ley
610 de 2000, bajo el entendido de que los actos que la
materialicen comporten una relación de conexidad próxima
y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal […]”.
(Destacado original del texto).
V.5.- Caso concreto
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia de 28 de noviembre de
2019, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda formulada contra el Auto 019 de 24 de octubre de 2018,
mediante el cual la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
profirió fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario
de responsabilidad fiscal de única instancia PFR-2014-02172-02165,
y contra el Auto 0883 de 23 de noviembre de 2018, que resolvió el
recurso de reposición y confirmó dicha decisión.
La Sala advierte que la sustentación del recurso de apelación se
dirigió, esencialmente, a controvertir el razonamiento expuesto por
el TRIBUNAL en torno al trámite del proceso de responsabilidad
fiscal en única instancia. En ese sentido, el recurrente insistió en que
su pretensión no estaba encaminada a obtener una “tercera
instancia”, sino a promover el control de legalidad respecto de la
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presunta vulneración del debido proceso, derivada de que el proceso
de responsabilidad fiscal hubiera sido tramitado en única instancia,
pese a que, a su juicio, de conformidad con el artículo 110 de la Ley
1474 de 2011, debía tramitarse en doble instancia.
Aunado a lo anterior, el apelante sostuvo que la menor cuantía para
efectos de la contratación de EPA E.S.P. no podía definirse con base
en criterios internos ni en certificaciones expedidas por la propia
entidad, sino con fundamento en el artículo 2, numeral 2, literal b),
de la Ley 1150 de 2007, a partir de su presupuesto anual y con base
en esa premisa, afirmó que, para la vigencia 2010, la menor cuantía
ascendía a $144.200.000, de modo que el daño patrimonial estimado
en $251.908.367 superaba ese umbral y, por ende, imponía que el
proceso se tramitara en doble instancia.
Agregó que el oficio DJSG 284 de 7 de noviembre de 2018, expedido
por EPA E.S.P., evidenciaba que en el manual de contratación
vigente para el año 2010 no existía una modalidad denominada
“menor cuantía”, circunstancia que, en su criterio, corroboraba que
dicho parámetro debía definirse exclusivamente a partir de la Ley
1150 de 2007. Finalmente, sostuvo que la tesis acogida por la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y avalada por el
TRIBUNAL desconocía el principio de igualdad y que la nulidad
derivada de haber tramitado el proceso en única instancia tenía
carácter insaneable y como consecuencia de ello, los actos
demandados estaban falsamente motivados y solicitó revocar la
sentencia de primera instancia.
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
V.5.1.- Sobre la violación del debido proceso por haberse
tramitado el proceso de responsabilidad fiscal en única
instancia cuando debía surtirse en doble instancia.
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido
proceso “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”. En ese mismo sentido, dicha disposición prevé que
“nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
A su turno, el Decreto 01 de 2 de enero de 198426 y el CPACA regulan,
-de conformidad con las reglas de vigencia y transición normativa-,
los procedimientos administrativos, entendidos como el conjunto de
disposiciones que orientan la actuación de la autoridad en la
formación de la voluntad administrativa y que culmina con la
expedición de un acto administrativo o de una decisión con efectos
jurídicos respecto de una situación de carácter general, impersonal y
abstracto, o de naturaleza particular y concreta, según el destinatario
de la manifestación de voluntad.
En esa medida, tales disposiciones constituyen el marco general
aplicable al trámite de los procedimientos administrativos sometidos
a esa regulación, salvo en aquellos eventos en los que exista un
procedimiento especial expresamente previsto por el legislador, caso
en el cual la administración se encuentra en la obligación de aplicar
ese procedimiento.
26
“Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
Aclarado lo anterior, la Sala advierte que para resolver el reparo
relacionado con la violación del debido proceso por haberse tramitado
el proceso de responsabilidad fiscal en única instancia cuando debía
surtirse en doble instancia, resulta necesario: i) precisar el marco
normativo aplicable en materia de instancias dentro del proceso de
responsabilidad fiscal; ii) reconstruir, de manera ordenada, el trámite
surtido en la actuación fiscal objeto de controversia; iii) efectuar
algunas precisiones sobre el alcance constitucional de la doble
instancia en actuaciones de naturaleza administrativa; y iv)
determinar, finalmente, si en el presente asunto la autoridad de
control fiscal desconoció las garantías propias del debido proceso al
haber dado a la actuación el trámite de única instancia.
V.5.1.1.- Marco normativo aplicable al régimen de
instancias en el proceso de responsabilidad fiscal.
En desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, el legislador
ha establecido, para ciertos procedimientos administrativos, reglas
especiales en materia de competencia, trámite, recursos e instancias.
Por consiguiente, cuando la ley haya previsto expresamente un
procedimiento especial, la actuación administrativa deberá
adelantarse de manera preferente con sujeción a ese régimen
particular, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones
generales que resulten compatibles.
En particular, el artículo 110, incorporado en el Capítulo VIII,
denominado “Medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal
en la lucha contra la corrupción”, Sección Primera “Modificaciones al
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proceso de responsabilidad fiscal”, Subsección II “Modificaciones a la
regulación del procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal”,
estableció las reglas para determinar si el trámite de responsabilidad
fiscal debe surtirse en única o en doble instancia, en los siguientes
términos:
“[…] DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO Y AL PROCEDIMIENTO VERBAL DE
RESPONSABILIDAD FISCAL
ARTÍCULO 110. Instancias. El proceso de responsabilidad fiscal
será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño
patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de
imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o
inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva
entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando
supere la suma señalada […]” (Destacado fuera de texto).
De conformidad con la disposición en cita, la determinación de la
instancia en el proceso de responsabilidad fiscal depende de la
concurrencia de dos elementos, a saber: i) la cuantía del presunto
daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o en
el auto de imputación de responsabilidad fiscal, según corresponda;
y ii) la menor cuantía para contratación de la entidad afectada con
los hechos.
. - V.5.1.2.- Desarrollo del proceso de responsabilidad
fiscal de única instancia núm. RPF-2014-02172_02165:
Previo a resolver el caso concreto, la Sala estima pertinente ilustrar
el desarrollo del referido proceso de responsabilidad fiscal con
fundamento en el acervo documental obrante en el expediente, con
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el propósito de ofrecer una contextualización ordenada de las
actuaciones surtidas y de los antecedentes relevantes del asunto.
a) La Dirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, dio inicio a la
actuación fiscal como resultado de un control posterior excepcional
practicado por la Contraloría Delegada para el Sector Medio
Ambiente a las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.,
entre el 28 de julio de 2011 y el 28 de febrero de 2012, con ocasión
de presuntas irregularidades ocurridas el 1º de noviembre de
2007, asociadas a la celebración del contrato de fiducia mercantil
con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., debido al incumplimiento
en el pago de aportes pensionales al ISS durante los diez primeros
meses de vigencia del contrato, esto es, entre enero y octubre de
2008, pese a que la entidad conocía dicha situación y solo autorizó
el desembolso de esos recursos hasta el año 2010.
b) Mediante Auto núm. 00025 de 16 de enero de 2014, la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA dio apertura al
proceso de responsabilidad fiscal núm. 02165 y vinculó, entre
otros, al actor, en su condición de gerente de EPA E.S.P., por el
presunto manejo irregular de recursos públicos. En ese contexto,
se señaló que el no pago oportuno de los aportes pensionales
generó intereses por valor de $251.908.367, suma que fue
considerada como detrimento patrimonial.
c) Por Auto núm. 0343 de 16 de mayo de 2018, la entidad
demandada profirió auto de imputación de responsabilidad fiscal
dentro del proceso ordinario de única instancia PRF-2014-
02172-02165, en el cual atribuyó responsabilidad fiscal al actor,
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al considerar que, en su calidad de gerente general, ejercía gestión
fiscal y, siendo ordenador del gasto, no dispuso oportunamente el
pago de las obligaciones pensionales al ISS, circunstancia que
generó la cancelación de intereses con cargo a los recursos
administrados por la Fiduciaria de Occidente.
d) Mediante Auto núm. 0563 de 9 de agosto de 2018 se abrió el
proceso a pruebas.
e) El 24 de octubre de 2018, la Dirección de Investigaciones Fiscales
de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA profirió el fallo con responsabilidad fiscal núm. 019,
dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal de única
instancia PRF-2014-02172-02165, en contra del demandante y
otros, a título de culpa grave, la suma indexada de $343.215.816.
f) Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de reposición, en
el que solicitó revocar el fallo y su absolución de la responsabilidad
fiscal, al estimar que no existía prueba suficiente de culpa grave ni
incumplimiento de gestión fiscal y, además, entre otros, se resolvió
la nulidad de la actuación por violación a la doble instancia,
propuesta por otro de los sancionados, señor GABRIEL EDUARDO
BEDOYA MUÑOZ.
g) Por Auto núm. 0883 de 23 de noviembre de 2018, la Dirección
de Investigaciones Fiscales decidió no reponer la decisión, con lo
cual confirmó integralmente el fallo fiscal y, denegó la nulidad
deprecada en los siguientes términos:
“[…]-NULIDAD POR VIOLACIÓN A LA DOBLE INSTANCIA:
Manifiesta el apoderado: “En ese sentido la Contraloría no ha
permitido la aplicación del derecho a la doble instancia
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considerando que la cuantía del proceso es inferior a la menor
cuantía para la contratación de Empresas Públicas de Armenia
E.S.P. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que esta entidad
no emplea en su contratación el criterio de la menor cuantía,
teniendo en cuenta que es una empresa sujeta a un régimen
especial que no aplica el régimen de contratación de la Ley 80 de
1993.
Considera este Despacho respecto de la nulidad deprecada, que no
es procedente su trámite y decisión, pues debe reiterar que, en
cuanto a la oportunidad para proponer las nulidades el artículo 109
de la Ley 1474 2011 señaló: -La solicitud de nulidad podrá
formularse hasta antes de proferirse la decisión final, la cual
se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
su presentación. (Se destaca).
De la norma en cita se extrae con claridad que las nulidades deben
proponerse antes de la decisión final. Se observa entonces, que en
el presente asunto la referida nulidad fue propuesta después de
dictado el Fallo Con Responsabilidad fiscal N° 019 del 24 de octubre
de 2018, constituyéndose en el momento procesal preclusivo
dispuesto en forma expresa por el legislador.
(…)
Las solicitudes de nulidad se pueden proponer hasta antes
de proferirse el fallo de primera o única instancia de
conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la ley
1474 de 2011.
• Según jurisprudencia del Consejo de Estado debe entenderse
como fallo de primera o única instancia el que se profiere cuando
concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el
acto administrativo principal. Bajo este mismo criterio, los actos
que resuelven bs recursos interpuestos contra el acto principal no
pueden ser considerados como los que declara la responsabilidad
fiscal porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito
no es ya emitir el pronunciamiento sino permitir a la administración
revisar el fallo proferido.
• Por tanto, bajo esta misma línea argumentativa, y por lo que no
se puede dar más alcances a la norma que lo que contiene, una
voz se haya proferido el fallo de primera o única instancia, ya no
es procedente la solicitud de nulidad, pues ha precluido la
oportunidad para hacerlo, en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 284 de la ley 1437 de 2011, el cual dispone que la
formulación extemporánea de nulidades se rechazará de plano y
será tenida como una maniobra dilatoria del proceso; así mismo
esta última norma indica: ”Contra el auto que rechaza de plano
una nulidad procesal no habrá recursos”.
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Acotado lo expuesto, el Despacho dando aplicación al 109 de la
Ley 1474 de 2011 procederá a rechazar de plano la solicitud de
nulidad incoada por el apoderado del señor GABRIEL EDUARDO
BEDOYA MUÑOZ […]”.
. - V.5.1.3.- Alcance del principio de doble instancia en
actuaciones administrativas
De conformidad con el recuento que antecede, se advierte que el
proceso de responsabilidad fiscal núm. RPF-2014-02172_02165 fue
tramitado por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
como proceso ordinario de única instancia y que, incluso, la discusión
relativa a la presunta vulneración del derecho a la doble instancia
fue planteada al interior de esa misma actuación y resuelta por la
autoridad fiscal al decidir el recurso de reposición interpuesto contra
el fallo con responsabilidad fiscal.
En efecto, según se desprende del expediente, la entidad
demandada sostuvo que la nulidad formulada por esa causa
resultaba improcedente, tanto por haber sido propuesta de manera
extemporánea como por la estructura procesal que regía el trámite
adelantado.
Precisado lo anterior, la Sala estima pertinente reiterar que el
derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 29 de
la Constitución Política, es exigible tanto en las actuaciones judiciales
como en las administrativas, e incorpora, entre otras garantías, la
sujeción a las formas propias de cada juicio, la observancia de las
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reglas previamente establecidas y la posibilidad real de ejercer el
derecho de defensa y contradicción.
Ahora, si bien es cierto que la doble instancia constituye una garantía
de especial relevancia de orden procesal, no tiene carácter absoluto.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que dicho principio
no integra, de manera invariable, el núcleo esencial del derecho al
debido proceso, por cuanto, corresponde al legislador, en ejercicio
de su potestad, definir, de conformidad con la naturaleza del
procedimiento, el tipo de decisión, la entidad del agravio y los casos
en los que resulta procedente el recurso de apelación. En ese
sentido, ha señalado que el legislador puede establecer excepciones
a la doble instancia, salvo en aquellos eventos en los que la propia
Constitución impone expresamente su garantía.
Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 2002,
en la que indicó que el principio de doble instancia, previsto en el
artículo 31 de la Carta Política, no tiene carácter absoluto, “…pues
no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, ya
que la procedencia de la apelación puede ser determinada por el
legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia,
y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte. En
ese orden de ideas, la ley puede consagrar excepciones a la doble
instancia, salvo cuando se trata de sentencias penales condenatorias
o de fallos de tutela, los cuales siempre podrán ser impugnados,
según los artículos 29 y 86 de la Carta…”27. (Destacado fuera del
texto).
27
En el mismo sentido, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-377 de 2002 y C-103 de 2005,
providencias en las cuales la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia sobre esta materia.
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Desde esa perspectiva, en tratándose del proceso de responsabilidad
fiscal, cuya naturaleza es administrativa y eminentemente
resarcitoria, la definición legislativa acerca de los eventos en los
cuales el trámite debe surtirse en única o en doble instancia no
comporta, por sí misma, desconocimiento del orden constitucional.
En esa medida, lo jurídicamente relevante desde la óptica del debido
proceso es que la autoridad aplique correctamente las reglas legales
que rigen la actuación y determine la instancia correspondiente con
sujeción a los criterios establecidos en el artículo 110 de la Ley 1474
de 2011.
Ahora bien, en la sentencia apelada, el TRIBUNAL abordó de
manera expresa este aspecto y formuló como problema jurídico
asociado el consistente en establecer si “¿según lo expuesto como
cargos en la demanda se vulneró el derecho al debido proceso del
demandante al haberse dispuesto el trámite ordinario de
responsabilidad fiscal de única instancia y no de doble instancia?”.
Al respecto, el a quo concluyó que no se configuró la irregularidad
alegada, pues consideró que la instancia del proceso debía
establecerse a partir de la certificación expedida por EPA E.S.P.,
según la cual, para la vigencia 2010, la menor cuantía para
contratación ascendía a $1.030.000.000, por lo que el daño
patrimonial estimado no superaba ese umbral y el trámite
procedente era el de única instancia.
En efecto, del material probatorio obrante en el expediente se
observa que en el auto de apertura del proceso fiscal se estimó un
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detrimento patrimonial por concepto de intereses en cuantía de
$251.908.367 y que, posteriormente, en el auto de imputación, la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA mantuvo el trámite
del proceso de única instancia en los siguientes términos:
“[…] INSTANCIA
Observa la Dirección de Investigaciones de la Contraloría
Delegada para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva que el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 consagra
que: “El proceso de responsabilidad fiscal será de única
instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial
estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación
de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior
a la menor cuantía para contratación de la respectiva
entidad afectada con los hechos y será de doble instancia
cuando supere la suma señalada”. (Negrilla fuera del texto
original), por lo que se hace necesario determinar la menor
cuantía de la contratación de la entidad aquí afectada.
Para el efecto, obra en el folio 1132 del expediente, la
certificación suscrita por el Director Jurídico y Secretario
General de Empresas Públicas de Armenia ESP en la que se
indica que para el año 2010 la menor cuantía para contratar
por parte de las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP
estaba fijada en la suma de MIL TREINTA MILLONES DE
PESOS MCTE. ($1.030.000.000)28.
Por lo anterior, considerando que la cuantía sin indexar el
daño patrimonial causado a las Empresas Públicas de Armenia
asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TRESECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($251.908.367), este
Despacho dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia
que el presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal se
surta por el trámite de única instancia.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Dirección
de Investigaciones de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
28
2000 SMLMV
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RESUELVE
(…)
TERCERO: TRAMITAR en ÚNICA instancia el Proceso
Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 02165, conforme a la
parte considerativa de esta providencia […]”.
Lo anterior pone de manifiesto que en el auto de imputación de
responsabilidad fiscal, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA dejó constancia de que en el folio 1132 del trámite
fiscal reposaba certificación suscrita por el Director Jurídico
Secretario General de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., en
la que se indicaba que la menor cuantía de contratación de la entidad
para el año 2010 ascendía a MIL TREINTA MILLONES DE PESOS
($1.030.000.000); y que con fundamento en esa certificación, la
autoridad fiscal dispuso que el asunto debía tramitarse en única
instancia.
V.4.1.4.- Del alcance de la apelación y de los límites del
pronunciamiento de la Sala.
Previo a abordar el estudio de fondo del cargo, la Sala estima
necesario precisar el alcance de la competencia funcional del juez de
segunda instancia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión expresa del
artículo 306 del CPACA, la competencia del juez de segunda instancia
se encuentra delimitada por los reparos concretos formulados por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio
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en los casos previstos por la ley, lo cual, según la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación, garantiza los derechos de
contradicción y defensa de las partes, concreta el principio de
congruencia y delimita el ámbito material de la decisión del superior,
de manera que este no puede extender su examen a aspectos ajenos
a la alzada ni desbordar el marco fijado por los argumentos de
inconformidad propuestos por la parte recurrente.
Bajo ese entendido, la Sala observa que, aunque en el escrito de
apelación se desarrollaron diversos razonamientos para controvertir
la validez del trámite de única instancia, lo cierto es que solo puede
ser objeto de pronunciamiento en esta sede el cargo que guarda
correspondencia con el problema jurídico efectivamente decidido por
el TRIBUNAL, esto es, el relativo a la presunta vulneración del
debido proceso por haberse adelantado el proceso fiscal en única
instancia.
En cambio, los desarrollos específicos introducidos en el recurso en
torno a: i) la supuesta obligación de calcular la menor cuantía
exclusivamente con fundamento en el artículo 2, numeral 2, literal
b) de la Ley 1150 de 2007; ii) el alegado desconocimiento del alcance
probatorio y jurídico del oficio DJSG 284 de 7 de noviembre de 2018,
según el cual en el manual de contratación de EPA E.S.P. no existía
una modalidad denominada “menor cuantía”, y del cual el apelante
derivó la configuración de una presunta nulidad insaneable, así como
la vulneración del principio de igualdad y la existencia de falsa
motivación en los actos acusados por no haber tramitado el proceso
en doble instancia; iii) la tesis conforme a la cual, con base en el
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presupuesto anual de EPA E.S.P. para la vigencia 2010, la menor
cuantía era de 280 SMLMV, equivalentes a $144.200.000; y, iv) la
improcedencia de negar el recurso de apelación respecto de otras
decisiones adoptadas dentro del trámite fiscal, no fueron estudiados
por parte del a quo como cargos autónomos ni como problemas
jurídicos independientes.
La Sala advierte, entonces, que tales planteamientos solo fueron
aducidos en el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo
cargo contra los actos acusados, que no fueron invocados en la
demanda, situación que a todas luces es improcedente, no solo por
extemporáneo, pues, se insiste, que el momento procesal oportuno
era la demanda o su adición, sino también porque de acogerse su
estudio se vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la
parte demandada en el proceso, siendo deber del juez de preservar
la igualdad procesal entre las partes.
Precisamente, el examen de segunda instancia debe circunscribirse
a los aspectos desfavorables de la sentencia apelada que fueron
efectivamente cuestionados por el recurrente y que, además,
guarden correspondencia con la causa petendi fijada en la demanda
y con los problemas jurídicos resueltos en primera instancia, por lo
cual, no le es dable al ad quem pronunciarse sobre argumentaciones
nuevas que, aunque expuestas en la sustentación del recurso, no
fueron sometidas al debate procesal desde el libelo introductorio ni
constituyeron objeto de definición por parte del TRIBUNAL.
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Por consiguiente, al no haber sido abordados en la sentencia
impugnada, tales planteamientos exceden el marco funcional de
competencia del juez de segunda instancia, en la medida en que su
examen en esta oportunidad supondría emitir un pronunciamiento
sobre aspectos que no fueron resueltos en la primera instancia, con
desconocimiento del principio de congruencia y de los límites propios
de la alzada.
Sobre el particular, esta Sección ha sostenido de manera reiterada
que la invocación de nuevas normas o la formulación de nuevos
cargos en sede de apelación resulta improcedente, no solo por
extemporánea, sino también porque su estudio comprometería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa e igualdad
entre las partes. En esa línea, en sentencia de 31 de mayo de 201829,
precisó que el juez de segunda instancia solo puede pronunciarse
sobre los cuestionamientos formulados con fundamento en las
normas y cargos oportunamente introducidos en la demanda, y no
respecto de reproches nuevos propuestos por primera vez en el
recurso de alzada, así:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron invocadas
en la demanda como violadas, pues las indicadas en ésta se
circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la Constitución Política
y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-
2008-00074-02.
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momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del juez
de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los artículos
187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación. […]”
(Destacado fuera de texto).
Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de 8
de octubre de 202030, esta Sección consideró que el ad quem no
puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación,
que no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni de lo que
la sentencia de primera instancia estudió, pues es su deber
salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
sirven de sustento al a quo para fundamentar la sentencia. Sobre
el particular, esta Sección precisó:
“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco
de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia. […] Sobre
el particular, esta Sección en diversas oportunidades ha puesto
de presente que “[…] el juez de la segunda instancia está sujeto,
al decidir la apelación, a los planteamientos expuestos en el
recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no
fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que
no puede abordar materias o cuestiones que se plantean
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-00135-
01.
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Número único de radicación: 63001-23-33-000-2019-00062-01
Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de los
principios de lealtad procesal, contradicción y de defensa
y la congruencia que debe existir entre el recurso, la
sentencia censurada, el concepto de violación de la
demanda y los argumentos expuestos en la contestación
de la misma, imponen que al apelante le esté vedado
exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y
presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la
demanda ni en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem
no puede abordar el estudio de estos nuevos reproches,
pues es su deber salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de la
contraparte en el proceso […]”. (Resaltado fuera de
texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y probatorio,
para que el superior funcional las revoque, modifique o adicione;
en esa medida, no es un instrumento para incluir cargos
nuevos en contra del acto administrativo acusado porque
ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el
recurso y la sentencia apelada. […]” (Destacado fuera de texto).
En consecuencia, la Sala no puede emitir pronunciamiento de fondo
alguno sobre esos argumentos nuevos, habida cuenta que solo
fueron invocados como argumentos de defensa en el recurso de
apelación. Proceder de manera contraria implicaría romper el
equilibrio procesal y la igualdad de las partes, pues la parte
demandada no tendría la posibilidad de controvertir y desvirtuar los
nuevos argumentos31.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
Por consiguiente, el examen de esta Corporación se circunscribirá al
cargo efectivamente resuelto por el TRIBUNAL y controvertido por
la parte recurrente, esto es, el atinente a si la autoridad fiscal
desconoció el debido proceso del actor al haber tramitado la
actuación en única instancia.
V.4.2.3.- Análisis del cargo
Precisado lo anterior, la Sala procede a verificar si, a la luz del artículo
110 de la Ley 1474 de 2011 y de las particularidades del asunto sub
examine, la actuación fiscal debía surtirse en única o en doble
instancia, y si de ello se deriva la vulneración del las garantías propias
del debido proceso invocadas por la parte demandante.
Lo primero que debe destacarse es que, conforme a lo dispuesto en
el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, la determinación de la
instancia en el proceso de responsabilidad fiscal no obedece a una
valoración abstracta sobre la conveniencia de la doble instancia ni de
una presunción general a favor de su procedencia, sino a la
verificación concreta de los criterios expresamente previstos por el
legislador. En efecto, dicha disposición supedita esa definición a la
concurrencia de dos elementos normativos claramente delimitados:
de un lado, la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el
auto de apertura e imputación o en el auto de imputación, según
corresponda; y, de otro lado, la menor cuantía para contratación de
la entidad afectada con los hechos.
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Ahora bien, la Sala reitera que la doble instancia, aunque
constituye una garantía procesal relevante, no tiene carácter
absoluto. En efecto, la Corte Constitucional ha reiterado, entre
otras, en la sentencia C-040 de 2002 que el artículo 31 superior no
impone la existencia del recurso de apelación en toda clase de
actuaciones judiciales o administrativas, ni erige la doble instancia
en exigencia invariable del ordenamiento, pues corresponde al
legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa,
definir los eventos en los que procede una o dos instancias, siempre
que dicha regulación responda a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad y no desconozca mandatos constitucionales
expresos. En desarrollo de esa línea argumentativa, en la referida
sentencia la Corte Constitucional precisó:
“[…] 5- El análisis precedente es suficiente para concluir que el
principio de la doble instancia (CP art. 31) no reviste un carácter
absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al
debido proceso, ya que la procedencia de la apelación puede ser
determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del
proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio
referido a la respectiva parte [2]. En ese orden de ideas, la ley
puede consagrar excepciones a la doble instancia, salvo cuando
se trata de sentencias penales condenatorias o de fallos de
tutela, los cuales siempre podrán ser impugnados, según los
artículos 29 y 86 de la Carta.[3] Esto significa que en materia
penal, la Constitución ordena que todos los procesos sean de
doble instancia, con la única excepción de aquellos casos en
donde la propia Carta establece fueros especiales, que implican
un juicio penal de única instancia, como es el caso de los
congresistas, que son investigados y juzgados en única
instancias por la Corte Suprema de Justicia. En estos fueros
especiales, la garantía del debido proceso es lograda por el
hecho mismo de que esos funcionarios son investigados
penalmente por la más alta corporación judicial de la justicia
ordinaria
(…)
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6- Sin embargo, el hecho de que la doble instancia sólo haga
parte del contenido esencial del debido proceso en las acciones
de tutela y en materia penal, no significa que la ley pueda
establecer excepciones a la doble instancia en cualquier tipo de
proceso, por las siguientes tres razones: De un lado, el principio
general establecido por el artículo 31 superior es que todos los
procesos judiciales son de doble instancia. Por consiguiente,
como los procesos de única instancia son una excepción a ese
principio constitucional, es obvio que debe existir algún
elemento que justifique esa limitación. Otra interpretación
conduciría a convertir la regla (doble instancia) en excepción
(única instancia).
(…)
7- Por todo lo anterior, aunque la ley puede consagrar
excepciones a la doble instancia (CP art. 31), sin embargo ello
no significa que cualquier exclusión sea constitucional, y por ello,
esta Corte ha declarado la inconstitucionalidad de algunas
limitaciones a la posibilidad de apelar sentencias adversas,
incluso en campos distintos al penal y a las acciones de tutela.
Así, por no citar sino algunos ejemplos, la sentencia C-345 de
1994 declaró inexequible el artículo 2º del Decreto 597 de 1988,
que excluía la apelación en ciertos procesos laborales
administrativos en razón de la asignación mensual
correspondiente al cargo, pues consideró que se trataba de un
criterio irrazonable e injusto, que por ende violaba el principio
de igualdad. Igualmente, la sentencia C-005 de 1996 declaró
inexequible el inciso 2º del artículo 6º de la Ley 14 de 1988, que
excluía del recurso de súplica las sentencias de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, mientras que en los procesos ante las
otras secciones sí se prevé tal recurso. La Corte no encontró
ninguna razón objetiva que justificara ese trato diferente pues,
a pesar de su especialidad, los asuntos tratados por las distintas
secciones del Consejo de Estado son en esencia idénticos, pues
"mediante ellos se procura la preservación de la
constitucionalidad y legalidad de las actuaciones del Estado
[…]”.
En el presente asunto, está acreditado que el presunto daño
patrimonial fue estimado en la actuación fiscal en la suma de
$251.908.367, correspondiente a los intereses generados por el pago
tardío de aportes pensionales al ISS. Asimismo, obra en el
expediente el auto de imputación de responsabilidad fiscal, en el cual
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA dejó constancia
de que en el folio 1132 reposaba certificación expedida por el director
jurídico y el secretario general de EPA E.S.P., según la cual la menor
cuantía para contratar en el año 2010 ascendía a $1.030.000.000 y
con fundamento en ese documento, la autoridad fiscal dispuso que
el proceso se surtiera por el trámite de única instancia.
En el mismo sentido, el TRIBUNAL, consideró en la sentencia
apelada que el trámite debía surtirse en única instancia, para lo cual
expuso:
“[…] 4.4.3. Por último, la demanda propone violación al debido
proceso porque el procedimiento fiscal se tramitó en única
instancia, cuando desde su parecer debió tener una segunda. Al
respecto, arguyó que EPA por ser una empresa de servicios
públicos domiciliarios no se rige por la Ley 80 de 1993, es decir,
su contratación está regulada en la Ley 142 de 1994, por ello,
en su sentir, no resultaba viable tener en cuenta la cuantía de la
contratación en el caso a fin de determinar la instancia del
proceso, lo que imponía la existencia de una segunda instancia.
Sobre las instancias del procedimiento, la norma aplicada en el
sub-lite contempla lo siguiente (art. 110 de la Ley 1474 de
2011):
(…)
Así entonces, lo que determina la instancia en que se tramita el
procedimiento fiscal, es la cuantía del presunto daño
patrimonial, el cual se estima en el auto de apertura o de
imputación de responsabilidad fiscal, y toma como referencia la
menor cuantía para la contratación de la respectiva entidad
afectada con los hechos.
En consecuencia, será de única instancia si el daño no iguala o
supera la menor cuantía de la entidad, motivo por el cual, es
claro que resulta determinante si la contratación de la entidad
está o no regida íntegramente por la Ley 80 de 1993, pues ello
se relaciona con las condiciones propias en que se desenvuelve
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la contratación estatal, pero no altera el mecanismo de
determinación de la instancia por medio de la cuantía de la
entidad para realizar contrataciones. En efecto, el procedimiento
de responsabilidad fiscal gira en torno al daño patrimonial
causado y toma como referencia las cuantías de la contratación
dentro de la misma entidad, que de acuerdo a la propia
certificación de la EPA para el año 2010 la menor estaba fijada
en $ 1.030.000.000 o 2000 SMLMV, es decir, notablemente
inferior al daño detectado, por consiguiente, el procedimiento se
ubicó desde un principio como corresponde con la norma en cita
en única instancia. Por ende, no se verifica trasgresión a una
norma procedimental que se relacione con el debido proceso.
[…]”.
La Sala comparte la posición del TRIBUNAL y coincide en que la sola
circunstancia de que el proceso de responsabilidad fiscal se hubiere
surtido en única instancia no comporta, por sí sola, vulneración del
debido proceso. En efecto, el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011
estableció de manera expresa el criterio normativo para definir la
instancia aplicable en esta clase de actuaciones, al disponer que el
trámite será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño
patrimonial estimado sea igual o inferior a la menor cuantía para
contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos, y de
doble instancia cuando la supere.
Desde esa perspectiva, la circunstancia de que el asunto se hubiera
adelantado en única instancia no puede apreciarse, de manera
aislada, como una irregularidad procesal o como una restricción
ilegítima del derecho de defensa, pues se trata, precisamente, de
una posibilidad expresamente prevista por el legislador en ejercicio
de su potestad de configuración normativa.
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Actor: JHON JAIRO TORO ZULUAGA
En concordancia con lo anterior, se itera, la Corte Constitucional ha
señalado que la doble instancia no reviste carácter absoluto y que,
por ende, el legislador puede válidamente estructurar procedimientos
de única instancia, siempre que con ello no desconozca las demás
garantías que integran el debido proceso. De ahí que la validez del
trámite adelantado en única instancia no dependa de una presunción
general en favor o en contra de ese modelo procesal, sino de su
correspondencia con la regulación legal aplicable y del respeto por
las formas propias de la actuación, como en efecto ocurrió en el
presente asunto, pues en la actuación fiscal cuestionada, al actor le
fueron respetadas las garantías propias del debido proceso y se le
aseguró su participación en las distintas etapas procesales surtidas
al interior del trámite.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el recuento procesal evidencia
que el actor fue vinculado formalmente a la actuación fiscal en su
condición de gerente de EPA E.S.P., conoció de forma oportuna las
decisiones adoptadas por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, ejerció su derecho de contradicción y defensa,
intervino en la etapa probatoria y contra el fallo con responsabilidad
fiscal dictado en su contra ejerció su derecho de contradicción
mediante el recurso de reposición, en el cual solicitó la revocatoria
del fallo y su absolución. De este modo, no se observa que el actor
hubiese sido privado de oportunidades reales de participación o de
defensa en el proceso, ni que la estructura de única instancia hubiera
comportado, en su caso concreto, una restricción material de sus
garantías procesales.
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En ese contexto, la Sala advierte que el planteamiento del apelante
tampoco pone de presente un desconocimiento de la regla especial
prevista en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, sino, en realidad,
una discrepancia interpretativa acerca del criterio con base en el cual
debía determinarse la menor cuantía de la entidad. Sin embargo, esa
lectura alternativa, por sí sola, no desvirtúa la legalidad de la
actuación adelantada por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA ni permite concluir que la definición de la instancia se
hubiera efectuado al margen de los parámetros normativos aplicables
o sin respaldo en elementos objetivos de juicio.
Así las cosas, la Sala concluye que, en el presente asunto, la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA dio correcta
aplicación al artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, al disponer que el
proceso de responsabilidad fiscal núm. RPF-2014-02172_02165 se
surtiera en única instancia. En efecto, en el expediente se encuentra
acreditado que, desde el auto de apertura del proceso, el presunto
detrimento patrimonial fue estimado en la suma de $251.908.367,
con ocasión de los intereses generados por el no pago oportuno de
aportes pensionales al ISS, y que, a partir del auto de imputación de
responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de responsabilidad
fiscal de única instancia núm. RPF-2014-02172_02165, de 16 de
mayo de 2018, la actuación fue tramitada por la autoridad de control
fiscal como proceso ordinario de única instancia.
Asimismo, se advierte que la determinación de la instancia no
obedeció a una decisión arbitraria o carente de soporte, sino a la
existencia de un criterio objetivo asumido por la administración para
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esos efectos, consistente en la certificación sobre la menor cuantía
de contratación de EPA E.S.P. para la vigencia 2010, la cual fue
tomada en consideración durante el trámite fiscal como por el
TRIBUNAL al momento de examinar la legalidad de la actuación.
Al respecto, conviene precisar que el citado artículo 110 es claro al
establecer que el proceso de responsabilidad fiscal será de única
instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el
auto de apertura e imputación o de imputación de
responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor
cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los
hechos, y en el presente caso fue en el auto de imputación de
responsabilidad fiscal de 16 de mayo de 2018, el momento en que la
entidad demandada determinó que el proceso de responsabilidad fiscal
era de única instancia, al considerar satisfechos los presupuestos
previstos en dicha disposición, esto es, la cuantía del presunto daño
patrimonial y la menor cuantía para contratación de la entidad afectada
con los hechos.
Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad fiscal definió la
instancia con apoyo en un referente documental concreto, conforme
lo establece la norma aplicable al asunto y además, tramitó el asunto
bajo esa estructura procesal desde el inicio de la actuación y que esa
discusión también fue planteada dentro del mismo proceso de
responsabilidad fiscal y resuelta por la CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, al decidir el recurso de reposición interpuesto
contra el fallo con responsabilidad fiscal, con ocasión de la nulidad de
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la actuación por violación a la doble instancia, propuesta por otro de
los sancionados, señor GABRIEL EDUARDO BEDOYA MUÑOZ.
Así las cosas, se encuentra acreditado que el presunto daño
patrimonial inicialmente estimado ascendía a $251.908.367, que la
actuación fue estructurada y decidida por la autoridad fiscal como
proceso ordinario de única instancia, y que el demandante intervino
en las distintas etapas del procedimiento con oportunidad real y
efectiva para ejercer sus derechos de defensa y contradicción. En ese
contexto, la Sala concluye que no se configuró la vulneración del
debido proceso invocada por la parte actora, pues no se advierte que
la definición de la instancia hubiese obedecido a una actuación
arbitraria, caprichosa o adoptada al margen de las reglas que regían
el trámite.
En efecto, no se acreditó que la actuación fiscal debiera surtirse
necesariamente en doble instancia ni que la decisión de adelantarla
en única instancia hubiera desconocido, en el caso concreto, los
parámetros legales y constitucionales que gobiernan la materia. Por
el contrario, lo que se evidencia es que la autoridad de control fiscal
tramitó el asunto conforme a la estructura procesal aplicable, con
respeto de las garantías procesales del demandante y sin
menoscabar sus oportunidades reales de intervención, defensa y
contradicción dentro de la actuación.
En consecuencia, al no acreditarse la irregularidad invocada ni la
vulneración material del derecho al debido proceso, la Sala concluye
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que el cargo no tiene vocación de prosperidad, por lo cual, se impone
confirmar la sentencia apelada.
COSTAS PROCESALES EN SEGUNDA INSTANCIA
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso32 y por las agencias en derecho33“.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18834 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP35, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo36, corresponde a la
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
32
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
33
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
34
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
35
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
36
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
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términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 437 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas
procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por
no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
37
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 30 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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