Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00588-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00588-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2012-00588-02
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
15 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A. hoy AXA Colpatria Seguros S.A.
Demandado: Contraloría General de la República
Tercero con interés: La Previsora S.A. compañía de seguros
Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Tercero civilmente responsable.
Prescripción de la acción derivada del contrato de seguro.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el
tercero con interés en las resultas del proceso contra la sentencia proferida en
primera instancia, el 21 de julio de 2022 por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda1
1. La sociedad Seguros Colpatria S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte
1 Cfr. Escrito de demanda visible a folios 6 a 56 del Cuaderno Principal - Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…]
Expediente Digital […]”.
2 Por intermedio de apoderado
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 de la Decreto 01 de 2 de enero de 19843.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que se declare NULO el Artículo 2°del Fallo con
Responsabilidad No. 000001 del siete (7) de Septiembre de dos mil once (2.011),
proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 32-05-526, y
expedido por la Coordinadora para investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva de la Gerencia Departamental del Quindío de la Contraloría General de la
República, por el cual se declaró como tercero Civilmente responsable a SEGUROS
COLPATRIA S.A., por haber expedido la póliza de infidelidad y riesgos financieros
y/o global manejo bancario y/o manejo global para entidades públicas No.
8001000118, expedida para la vigencia comprendida entre el 21 de enero de 2006
al 21 de enero de 2007, para lo cual consignó:
[…]
SEGUNDA: Que se declare NULO el Auto No. 00086 de fecha 10 de Octubre de
2.011, por el cual se Resolvió el Recurso de Reposición formulado frente al Fallo
con Responsabilidad Fiscal No. 000001 del siete (7) de Septiembre de dos mil once
(2.011), proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 32-05-526,
y de donde aclaró el Artículo 2 del referido Fallo, y confirmando lo demás, expedido
por la Coordinadora para investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
de la Gerencia Departamental del Quindío de la Contraloría General de la
República,
[…]
TERCERA: Que se declare NULO el Auto No. 001893 de fecha 18 de Noviembre
de 2.011, proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 32-05-526,
y por el cual Resolvió el Recurso de Apelación formulado en contra del Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 00001 del siete (7) de Septiembre de dos mil once
(2.011), expedido por la Directora de de (sic) Juicios Fiscales, de la Contraloría
General de la República […]” (Negrillas y subrayado del texto original)
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“[…] CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores Declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, cesar toda y cualquier clase de acción en contra de mi representado
SEGUROS COLPATRIA S.A., y que tenga como origen los ACTOS
ADMINISTRATIVOS enunciados, como son: abstenerse de ejercer el cobro coactivo
en contra de SEGUROS COLPATRIA S.A.; y en el evento de que SEGUROS
COLPATRIA S.A. HAYA EFECTUADO EL PAGO DE LAS SUMAS DE DINERO A
QUE FUE CONDENADA, SE ORDENE la devolución de cualquier suma de dinero
que mi representada hubiere pagado con ocasión del Fallo de Responsabilidad Fiscal,
SE REINTEGRE su valor debidamente actualizado teniendo como sustento el Artículo
3 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
178 del Código Contencioso Administrativo, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia
del Honorable Consejo de Estado, conforme a la siguiente […]”
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones4:
5. La sociedad Seguros Colpatria S.A. expidió la póliza de seguro de manejo global
bancario núm. 8001000118, con vigencia comprendida entre el 21 de enero de 2006
al 21 de enero de 2007, y cuyo tomador, asegurado y beneficiario fue Fiduciaria La
Previsora S.A.
6. La Contraloría General de la República inició proceso de responsabilidad fiscal
núm. Q/063-Q6-03/32-01-526 y mediante Auto núm. 000001 de 7 de septiembre de
2011, profirió fallo con responsabilidad fiscal contra Armando Sánchez, Álvaro
Quintero, Jhon Carlos Pino y Luisa Fernanda Jaramillo; y estableció como daño
patrimonial la suma de $501.707.945,80.
7. En el mismo acto administrativo declaró como terceros civilmente responsables
a las compañías de seguros La Previsora S.A. y Colpatria S.A.
8. Como argumentos de defensa planteó la prescripción del contrato de seguro,
conforme lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio. Al respecto
indicó que “[…] El acaecimiento de LA PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE LAS
ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO, en aplicación del
Artículo 1081 del Código de Comercio, en razón a la EXTEMPORANEIDAD por
parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para incorporar al
Fallo con Responsabilidad, LA PÓLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL
BANCARIO No.8001000118, expedida dentro de la vigencia 21 de enero de 2.006
al 21 de enero de 2.007, cuyo TOMADOR, ASEGURADO Y BENEFICIARIO fue
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., por haber transcurrido más de dos (2) años
entre la fecha de APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
(31 de Mayo de 2007) y la fecha en que se PROFIRIO EL FALLO CON
RESPONSABILIDAD FISCAL (7 de Septiembre de 20011 (sic)) y aún a la fecha
4 Cfr. Escrito de demanda visible a folios 6 a 56 del Cuaderno Principal. E Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…]
Expediente Digital […]”.
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
de interposición de los RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN (21 de
Septiembre de 2011), sin que el Fallo con Responsabilidad Fiscal hubiera cobrado
su FIRMEZA.- […]” (Negrillas y subrayado del texto original)
9. Aseveró que “[…] Con ocasión de la declaratoria de NULIDAD, proferida en el
presente asunto por parte de la DIRECCIÓN DE JUICIOS FISCALES, de la
Contraloría General de la República, a través del Auto 001688, del 21 de
Diciembre de 2.010 en el numeral 2.5. de donde se consideró LA INDEBIDA
VINCULACIÓN AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE LA
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., una vez Desvinculada del Proceso de
Responsabilidad Fiscal a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., (TOMADORA,
ASEGURADA Y BENEFICIARIA DE LA POLIZA DE SUGURO DE MANEJO
GLOBAL BANCARIO No. 8001000118, con vigencia 21 de enero de 2.006 al 21
de enero de 2.007) no obstante no haberse dado apertura al juicio fiscal por
detrimento patrimonial a esta entidad, desapareció, cualquier fundamento de orden
contractual y legal, para mantener vinculada a SEGUROS COLPATRIA S.A., en
razón a que el proceso de responsabilidad fiscal NO GIRÓ EN TORNO DE
EVENTUALES DETRIMENTOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL ESTADO
RESPECTO DEL PATRIMONIO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.; el juicio
fiscal se adelantó, en razón del eventual detrimento patrimonial que se pudo haber
causado a la entidad ACCIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA-ARMENIA, persona jurídica, no amparada bajo la póliza
fundamento de vinculación de SEGUROS COLPATRÍA S.A. en calidad de
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE […]”. (Negrilla y subrayado del texto
original)
10. Señaló que, la póliza de seguro de manejo global bancario núm. 8001000118
no tenía una cobertura respecto al eventual detrimento patrimonial que sufriera la
agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional, y al
respecto indicó que, en el referido amparo de infidelidad se requería como mínimo
“[…] a-) La pérdida que sufra la entidad en este caso, EL ASEGURADO
“FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.”; b-) ocurra como CONSECUENCIA DIRECTA
de; uno o más ACTOS DESHONESTOS O FRAUDULENTOS cometidos por uno o
varios empleados; c-) Con LA INTENCIÓN MANIFIESTA DE HACER QUE EL
ASEGURADO SUFRA DICHAS PERDIDAS […]” (Negrillas y subrayado del texto
original)
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
11. Sostuvo que, la parte demandada al resolver el recurso de apelación interpuesto
contra el fallo de responsabilidad fiscal evidenció que “[…] existe una profunda
confusión, respecto al tema de la prescripción, consagrada en el Artículo 1081 del
C. de Co. (2 años), relativa a las ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE
SEGURO, con la PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS, consagrado en el Artículo 66 del Decreto 01 de 1984 (C.C.A.),
norma esta última a la que hace referencia las sentencias invocadas por el Operador
Fiscal, proferidas por la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado, cuando en
los referidos fallo se consignó:
"La tesis de la no- aplicación del término de dos años de que trata el artículo 1081 del
Código de Comercio sino de cinco años del artículo 66 del Decreto 01 de 1984 como
término válido para el ejercicio de la acción ejecutiva por parte de las entidades
públicas, en los casos de cobro de las garantías mediante póliza de seguros" […]”
12. Y al respecto precisó que, en el proceso de responsabilidad fiscal “[…] no se
estaba ejerciendo ninguna acción ejecutiva, dentro del mismo se estaba
estableciendo si existían o no los presupuestos consignados en la Ley 610 de 2.000,
para derivar Responsabilidad Fiscal, la cual a través del fallo debidamente
ejecutoriado, constituye título ejecutivo, y ahí si dar aplicación al preceptivo legal
consagrado en el Artículo 66 del C.C.A. […]”.
13. Afirmó que, existió “[…] confusión por parte del Operador Fiscal, frente al tema
de las facultades Constitucionales para poder ejercer el control posterior,
consignado en el Artículo 267 y 272 de la Constitución Política, al punto de que
dentro de los fallos jurisprudenciales invocados para despachar desfavorablemente
los argumentos expuestos relacionados con la imposibilidad jurídica de ejercer su
control […]
"El control fiscal, como todos los demás controles establecidos en la Constitución y la
ley, debe ejercerse en forma oportuna, es decir, dentro de los plazos prudenciales y
razonables, para que sea eficaz. (...) (...)" El control fiscal sobre los contratos estatales
debe ejercerse después de que se hayan cumplido los trámites administrativos de
legalización de los contratos, esto es, cuando han quedado perfeccionados, durante
su ejecución y después de terminados o liquidados. […]”
14. Ahora, en el escrito de adición y corrección de demanda5, indicó que “[…] Si
bien para el ejercicio de las acciones derivadas del contrato de seguro, habrán de
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Cfr. Folios 155 a 181 del Cuaderno Principal. E Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital […]”.
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tenerse en cuenta las disposiciones del Artículo 1081 del Código de Comercio, tal
como se ha consignado en diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, en el
presente asunto, no es dable ni aplicable la prescripción extraordinaria de las
acciones derivadas del contrato de seguro consignadas en el inciso tercero del
Artículo 1081 del Código de Comercio, en razón a la posición que asume la
Contraloría en remplazo de la entidad asegurada […] para el computo del término
de los cinco años, que el mismo empieza a contarse desde el momento en que nace
el respectivo derecho, y que el referido término corre contra toda clase persona.
[…]”
15. Precisó que, “[…] el detrimento patrimonial, SURGIÓ con DEL PAGO
FRAUDULENTO DE LOS SUBSIDIOS APROBADOS Y AUTORIZADOS ENTRE
EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006, tal y como se
consignó en el FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 000001 DEL 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2011 […]” (Negrillas y subrayado del texto original)
16. Y en ese sentido, refirió que “[…] la fecha en que se notificó el Fallo con
Responsabilidad Fiscal No.000001 del 7 de Septiembre de 2011 habían transcurrido
más Seis (6) años, para los subsidios pagados dentro del año 2005, (Notificación
por edicto No.039 fijado el 15 de Septiembre de 2011 y desfijado el 28 de septiembre
de 2011), y más de Cinco (5) años para los subsidios pagados dentro del año 2006,
haciendo claridad que el último subsidio cancelado de acuerdo con la
documental, y la relación contenida dentro del fallo de responsabilidad fiscal
[…] fue el veintidós (22) de Septiembre de 2006, y más de Seis (6) años tres (3)
meses, para los subsidios pagados dentro del año 2005, frente a la fecha de
ejecutoria del fallo de responsabilidad Fiscal, que acaeció el Catorce (14) de
Diciembre de 2011, conforme a la certificación obrante en el proceso y más de
Cinco (5) años dos (2) meses y veintiún (21) días, desde la fecha de pago del
último subsidio del año 2006, (Septiembre 22), a la fecha de ejecutoria del fallo
de responsabilidad Fiscal, que acaeció el Catorce (14) de Diciembre de 2011
habiéndose de esta manera, consolidado y superado ampliamente el término de
prescripción extraordinaria de que trata el inciso tercero del Artículo 1081 del Código
de Comercio. […]” (Negrillas y subrayado del texto original)
17. Sostuvo que, existió falsa motivación al momento de expedir los actos
administrativos demandados cuando se argumentó que “[…] el actuar de los
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Señores JHON CARLOS PINO FRANCO y LUISA FERNANDA JARAMILLO
VILLEGAS, se encuentran dentro de los amparos que figuran en las pólizas y por
ende mi representada SEGUROS COLPATRIA S.A., debe responder como tercero
civilmente responsable […]”; toda vez que indicó que “[…] de acuerdo con el
contrato de seguro invocado como fundamento para la vinculación de mi
representada al Proceso de Responsabilidad Fiscal […] TOMADOR, ASEGURADO
Y BENENFICIARIO fue FIDUCUARIA LA PREVISORA S.A. […]”. (Negrillas del
texto original)
Normas violadas
18. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículo 1602 del Código Civil.
• Artículos 1054, 1056, 1072 y 1079 del Código de Comercio.
Concepto de violación
19. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:
Cargo Primero: “[…] FALTA DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA DECLARAR A SEGUROS COLPATRÍA
S.A. COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE POR LA ACAECENCIA
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE
SEGURO RECOGIDO EN LA POLIZA DE MANEJO GLOBAL BANCARIO No.
8001000118, EXPEDIDA DENTRO DE LA VIGENCIA 21 DE ENERO DE 2.006 AL
21 DE ENERO DE 2.007, CUYO TOMADOR, ASEGURADO Y BENEFICIARIO
FUE FIDUCUARIA (SIC) LA PREVISORA S.A. […]”
20. Indicó que, “[…] La vinculación […] se efectuó con fundamento en la celebración
del contrato de seguro (PÓLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL BANCARIO
No.8001000118, […] cuyo TOMADOR, ASEGURADO Y BENENFICIARIO fue
FIDUCUARIA LA PREVISORA S.A.), en su calidad de TERCERO CIVILMENTE
RESPONSABLE, Y NO COMO IMPUTADO O PRESUNTO RESPONSABLE
FISCAL DEL EVENTUAL DETRIMENTO PATRIMONIAL […]”
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
21. Sostuvo que “[…] POR NO TRATARSE, ENTONCES DE UNA VINCULACIÓN
POR RESPONSABILIDAD FISCAL NI DE UNA ACCIÓN DE COBRO COACTIVO,
SINO UNA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGUROS, ES APLICABLE
LA PRESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 1081 del C.Co. Y NO EL TÉRMINO DE
CADUCIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9° DE LA LEY 610 DE 20001, COMO
TAMPOCO EL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 66, NUMERAL 3, DEL C.C.A., PARA
VINCULAR AL GARANTE COMO CIVILMENTE RESPONSABLE. […]”
Cargo Segundo: “[…] INEXISTENCIA DE COBERTURA DE LA POLIZA DE
SEGURO DE MANEJO GLOBAL BANCARIO N° 8001000118, RESPECTO DEL
DETRIMENTO PATRIMONIAL SUFRIDO POR PARTE DE LA AGENCIA
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL) […]”.
22. Refirió que “[…] En el caso objeto del proceso de responsabilidad fiscal, de Actos
Administrativos se pide la nulidad: no cabe duda que no existe cobertura por
ninguno de los amparos otorgados por la POLIZA DE SEGURO DE MANEJO
GLOBAL BANCARIO N° 8001000118. expedida por SEGUROS COLPATRIA S.A.
En efecto, la responsabilidad de la aseguradora ha de limitarse de manera exclusiva
y limitante a los parámetros y condiciones previstas en las pólizas y sus
renovaciones, luego, mal podría pretender exorbitar las condiciones de las pólizas
por parte de la Contraloría, pues ello entrañaría una modificación a las condiciones
mismas del contrato de seguros, y al Código de Comercio, del cual, emana su
vinculación como TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE dentro del proceso de
Responsabilidad Fiscal, y el cual no puede ser modificado de manera unilateral por
la Contraloría, bajo la premisa de ejercer la función constitucional del control fiscal.
[…]”
23. Al respecto, adujo que “[…] resulta obvio que sólo se amparan aquellos hechos
que han sido previstos expresamente por las pólizas, tanto en las Condiciones
Generales, como especiales y particulares previstas en la POLIZA DE SEGURO DE
MANEJO GLOBAL BANCARIO N° 8001000118 expedida por SEGUROS
COLPATRIA S.A., EXPEDIDA DENTRO DE LA VIGENCIA 21 DE ENERO DE 2.006
AL 21 DE ENERO DE 2.007, CUYO TOMADOR, ASEGURADO Y BENENFICIARIO
FUE FIDUCUARIA LA PREVISORA S.A. […]”
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
24. Precisó que “[…] Si en gracia de discusión se admitiera que dentro del Proceso
de Responsabilidad Fiscal, se estableció que se había generado UN DETRIMENTO
PATRIMONIAL AL ASERGURADO Y BENEFICIARIO "FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A.", en razón a la conducta de los funcionarios Señores JHON
CARLOS PINO FRANCO Y LUISA FERNANDA JARAMILLO VILLEGAS, ninguna
de ellas, es constitutiva del amparo contratado, ya que jamás se estableció que las
mismas fueron objeto de: a-) un ACTO DESHONESTO O FRAUDULENTO, b-) ni
que tuvieron como origen, LA INTENCIÓN DE CAUSAR UNA PÉRDIDA AL
ASEGURADO, c-) como tampoco la de obtener un beneficio o ganancia económica
para cada uno de ellos, PRESUPUESTO SUSTANCIAL NECESARIO PARA
AFECTAR EL AMPARO DE INFIDELIDAD. […]”
Tercer Cargo: “[…] INEXISTENCIA DE FUNDAMENTO LEGAL O
CONTRACTUAL PARA LA VINCULACIÓN AL JUICIO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL EN CALIDAD DE TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE A
SEGUROS COLPATRIA S.A., EN RAZÓN A LA DESVINCULACIÓN DEL
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. […]”.
25. Señaló que “[…] Con ocasión de la declaratoria de NULIDAD proferida en el
presente asunto por parte de la DIRECCION DE JUICIOS FISCALES, de la
Contraloría General de la República, a través del Auto 001688, del 21 de Diciembre
de 2.010, en el numeral 2.5. al consignar los hechos y los fundamentos de orden
legal por los cuales, consideró LA INDEBIDA VINCULACION AL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL, DE LA FIDUCIARIA LA PREVISORA, trayendo a
colación el concepto emitido por la Oficina Jurídica No. 80112- EE25557 del 14 de
Abril de 2.010, de donde como aparte central se puedo extraer, que los
responsables dentro de los juicios fiscales, tan sólo pueden serlo las personas
naturales servidores públicos, las personas naturales, los particulares, y las
personas jurídicas de derecho privado, excluyéndose de toda categoría, las
personas jurídicas de derecho público como gestor fiscal. […]”.
26. Afirmó que “[…] Desvinculada de Proceso de Responsabilidad Fiscal a la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., (TOMADORA, ASEGURADA Y BENEFICIARIA
DE LA POLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL BANCARIO No.8001000118,
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
con vigencia 21 de enero de 2.006 al 21 de enero de 2.007) no obstante no haberse
dado apertura al juicio fiscal por detrimento patrimonial a esta entidad, desapareció,
cualquier fundamento de orden contractual y legal, para mantener vinculada a
SEGUROS COLPATRIA S.A., YA QUE EL JUICIO FISCAL. NO GIRÓ EN TORNO
DE EVENTUALES DETRIMENTOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL ESTADO
RESPECTO DEL PATRIMONIO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: el juicio
fiscal se adelantó, en razón del eventual detrimento patrimonial que se pudo haber
causado a la entidad ACCION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-
ARMENIA, persona jurídica, no amparada bajo la póliza fundamento de vinculación
de SEGUROS COLPATRIA S.A. en calidad de TERCERO CIVILMENTE
RESPONSABLE […]”
Cuarto Cargo: “[…] CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FIDUCIA POR
PARTE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA Y SUS DEPENDIENTES JHON
CARLOS PINO FRANCO Y LUISA FERNANDA JARAMILLO VILLEGAS […]”
27. Resaltó que “[…] En lo que respecta al contrato de fiducia como tal, se tiene
como las actuaciones de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como la de sus
dependientes ahora cobijados con el fallo de responsabilidad fiscal, dependía
exclusivamente de las órdenes impartidas por el FIDEICOMITENTE, más
concretamente para el tema relacionado con la actividad número tres (3 )PAGO DE
SUBSIDIOS, al punto de haberse consignado: "EFECTUAR LOS PAGOS DE
CONFORMIDAD CON LAS INDICACIONES QUE SOBRE ESTA ACTIVIDAD
IMPARTA EL FIDEICOMITENTE. […] es decir el pago de subsidios dependía
exclusivamente de las indicaciones que para tal efecto impartiera el Fideicomitente,
como en efecto ocurrió. […]”
Quinto Cargo: “[…] DEDUCIBLE PACTADO EN EL CONTRATO DE SEGURO
RECOGIDO EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL BANCARIO N°
8001000118 EXPEDIDA DENTRO DE LA VIGENCIA 21 DE ENERO DE 2.006 AL
21 DE ENERO DE 2.007, CUYO TOMADOR, ASEGURADO Y BENENFICIARIO
FUE FIDUCUARIA (sic) LA PREVISORA S.A. […]”
28. Señaló que “[…] Dentro del (sic) los actos administrativos, proferidos con
ocasión del Proceso de Responsabilidad Fiscal No.32-05-526, y de los cuales versa
la presente Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, no se tuvo en cuenta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 250002324000 2012 00588 02
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
el DEDUCIBLE, pactado en el contrato de seguro recogido en la PÓLIZA DE
SEGURO DE MANEJO GLOBAL BANCARIO N° 8001000118, expedida dentro de
la vigencia 21 de enero de 2.006 al 21 de enero de 2.007, cuyo TOMADOR,
ASEGURADO Y BENEFICIARIO FUE FIDUCUARIA (sic) LA PREVISORA S.A. en
cuantía de CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($100.000.000)
para toda y cada perdida. […]”
Sexto Cargo: “[…] IMPOSIBILIDAD JURIDICA PARA QUE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA PUEDA EJERCER SU FUNCION
CONSTITUCIONAL DEL CONTROL POSTERIOR […]”
29. Indicó que, “[…] Los Actos Administrativos, afectos de la nulidad deprecada,
frente a este cargo, el mismo se erige en razón a que el contrato de Fiducia
Mercantil, celebrado entre el FOREC y la fiduciaria LA PREVISORA S.A., a la fecha
de presentación de la presente acción contenciosa, se encuentra vigente. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal
No.32-05-526, se allegó ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN
PARCIAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 1426 de 1999 suscrito entre
el extinto FOREC subrogados sus derechos y obligaciones en la hoy AGENCIA
PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION
INTERNACIONAL (antes Red de Solidaridad Social) y FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., acta que con el presente escrito se allega debidamente
autenticada, con corte al 30 de Septiembre de 2.005. […]”.
Séptimo Cargo: “[…] DIFERENCIA ENTRE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION
FISCAL Y LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO DE SEGURO […]”.
30. Manifestó que “[…] La prescripción de la acción fiscal es una sanción que
impone la ley a la demora o letargo de la Contraloría para proferir un fallo o tomar
una decisión dentro de un proceso de Responsabilidad Fiscal: esta prescripción
corre indistintamente para los implicados y para el asegurador, y es una prescripción
autónoma e independiente a la prescripción de las acciones derivadas del contrato
de seguro. La prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, corre
en contra de quien reclama una indemnización o contra quien posee un derecho
nacido del contrato de seguro, o está legitimado por ministerio de la ley para hacer
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efectiva la póliza, es independiente de la prescripción de la acción fiscal y es
autónoma a ésta, y sólo opera a favor del garante, y no en favor de los responsables
fiscales. […]”
31. Y en ese sentido, refirió que “[…] La prescripción de la Responsabilidad Fiscal
se interrumpe si dentro del término de cinco (5) años contados a partir del auto de
apertura no se ha proferido la providencia en firme que así la declare, en cambio la
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, dentro de un
procedimiento administrativo, como el que dio origen a los actos aquí demandados,
sólo se interrumpe con el respectivo Fallo que declare la Responsabilidad Fiscal
debidamente ejecutoriado, dentro del término de dos (2) años contados a partir del
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL […]”
32. Al respecto, sostuvo que “[…] en el caso que nos ocupa, transcurrieron más de
dos años, sin que se haya producido la ejecutoria del fallo con responsabilidad fiscal,
de donde se deduce, que la administración habría perdido lo competencia para
declarar la existencia del siniestro por haber operado la prescripción del artículo
1081 del Código de Comercio. […]”
Contestación de la demanda6
33. La Contraloría General de la República7 contestó la demanda, oponiéndose a
las pretensiones de la parte demandante y argumentando que la demanda carece
de fundamentos jurídicos y probatorios.
34. Como argumentos de defensa frente a los cargos alegados por la parte
demandante, indicó que “[…] El proceso de responsabilidad fiscal se inició como
resultado de la remisión de una denuncia penal instaurada por el Director Territorial
de Acción Social del Quindío y en la que se verificó un presunto detrimento
patrimonial, causado por un fraude realizado por ALVARO ANDRÉS QUINTERO
ORREGO, contratista y Coordinador de la Unidad Técnica de Subsidios e
Informática de la Red de Solidaridad Social, al apropiarse de los recursos dispuestos
por el FOREC (Fondo de Reconstrucción), en una fiducia (FIDUCIARIA LA
6 Cfr. Folios 118 a 136; y 190 a 192. E Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital […]”.
7 Por intermedio de apoderado.
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PREVISORA), destinada a atender las contingencias producidas por el terremoto
sufrido en el eje cafetero. […]”
35. Además, refirió que:
“[…] Los hechos que causaron el detrimento patrimonial fueron:
SUBSIDIOS INDEBIDAMENTE PAGADOS. Se trataba de subsidios aprobados
legalmente por el FOREC, pero que fueron cancelados de manera indebida a
personas ajenas al beneficio mediante supuestos poderes, o fueron modificados los
nombres de los beneficiarios.
SUBSIDIOS INDEBIDAMENTE APROBADOS. En este caso el contratista incluyó en
la base de datos de beneficiarios que no habían hecho los tramites y por tanto los
subsidios no habían sido objeto de aprobación por el Consejo Directivo del extinto
FOREC.
SUBSIDIOS INDEBIDAMENTE PAGADOS SIN SOPORTE. Corresponde a subsidios
que fueron pagados por la Fiduciaria La Previsora S. A., a personas que nunca han
estado incluidas en las bases de datos. […]”
36. Y al respecto, precisó que “[…] Dentro del proceso mencionado se logró
identificar a los responsables fiscales: ARMANDO ESCOBAR SÁNCHEZ, ALVARO
ANDRÉS QUINTERO, JHON CARLOS PINO FRANCO Y LUISA FERNANDA
JARAMILLO VILLEGAS. […]”
37. Finalmente, resaltó que “[…] ¿Por qué se vinculó a la COMPAÑÍA DE
SEGUROS COLPATRIA S.A.? Por la sencilla razón de que PINO FRANCO Y
JARAMILLO VILLEGAS fungieron como directores de la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. y esta última tenía una PÓLIZA SEGURO DE MANEJO GLOBAL
BANCARIO N° 8001000118 con la COMPAÑÍA DE SEGUROS COLPATRIA, que
cubría los riesgos que ellos produjeron y ocasionaron. […]”
Excepciones propuestas
38. La parte demandada, propuso como excepciones las siguientes: i) la
inexistencia de la prescripción del contrato de seguro recogido en la póliza No.
8001000118; ii) la existencia de cobertura de la póliza de seguro de manejo global
bancario No. 8001000118 y existencia de fundamento legal para vincular a seguros
Colpatria; iii) el incumplimiento del contrato de fiducia; iv) la inexistencia de falsa
motivación en los actos acusados; y v) la viabilidad del control fiscal sobre los
contratos en ejecución por parte de la contraloría general de la república.
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Excepción de “[…] inexistencia de la prescripción del contrato de seguro
recogido en la póliza No. 8001000118 […]”
39. Señaló que “[…] Son diferentes la relación existente entre las partes del contrato
de seguros propiamente dicho y la relación existente entre la Contraloría y las
aseguradoras. En ese sentido, la prescripción regulada en el artículo 1081 del
Código de Comercio afecta la acción que tienen las partes del contrato de seguros
para hacer valer sus derechos en caso de ocurrencia del siniestro amparado, pero
no puede incidir de ninguna manera en la actuación de la Contraloría por cuanto
ésta no es parte dentro del contrato de seguros. Las cláusulas del contrato
ciertamente son ley para las partes, pero no pueden cobijar a quien no ostentan esa
calidad […]”.
40. Indicó que, “[…] Es de recordar que por mandato constitucional el control fiscal
que practica la Contraloría es de carácter posterior, no preventivo ni previo, se
despliega sobre inversiones ya ejecutadas sin que el control fiscal constituya una
administración paralela (inc. 2°. art. 267 Const. Política), por lo que no se ciñen a
ese margen de tiempo que sí corre contra los celebrantes del contrato de seguros,
que se mantienen en contacto directo con el desarrollo del vínculo amparado y sus
incidencias, de las que pueden dar aviso oportuno.
41. Y al respecto, precisó que “[…] Por su parte, la caducidad y la prescripción
consagrada en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000, impone una regla de orden
público a la que debe someterse la Contraloría General de la República al
desarrollar su función constitucional. Vinculada una compañía aseguradora al
proceso, para que recaiga la obligación indemnizatoria sobre ella debe mediar un
pronunciamiento de responsabilidad fiscal. La existencia de la obligación que tienen
que satisfacer las compañías de seguros depende incluso cronológicamente de los
resultados de ese proceso, a cuyos términos por ende se someten. […]”
Excepción de “[…] Existencia de cobertura de la póliza de seguro de manejo
global bancario No. 8001000118 y existencia de fundamento legal para
vincular a Seguros Colpatria […]”
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42. Señaló que “[…] El mismo apoderado en su escrito demandatorio demuestra la
relación existente entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A y SEGUROS
COLPATRIA S.A. La primera es una sociedad de economía mixta de carácter
indirecto del orden nacional, que en desarrollo de sus actividades administra el
Fideicomiso 1426 Patrimonio Autónomo FOREC II. Para garantizar sus
operaciones, tomó, contrató con la segunda la PÓLIZA DE INFIDELIDAD Y
RIESGOS FINANCIEROS Y/O GLOBAL MANEJO BANCARIA Y/O MANEJO
GLOBAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS No. 8001000118 con vigencia de enero
21 de 2006 al 21 de enero de 2007 […] “
43. Precisó que “[…] Según la norma y el desarrollo del proceso bajo estudio, los
presuntos responsables son: JHON CARLOS PINO FRANCO Y LUISA FERNANDA
JARAMILLO VILLEGAS, quienes laboraban para LA FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A., quien a su vez había tomado una PÓLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS
FINANCIEROS Y/O GLOBAL MANEJO BANCARIA Y/O MANEJO GLOBAL PARA
ENTIDADES PÚBLICAS No. 8001000118 con vigencia de enero 21 de 2006 al 21
de enero de 2007 con SEGUROS COLPATRIA S.A. […]”
44. Y al respecto afirmó que “[…] la CGR no es parte, pero olvida o pasa por alto
que las personas que fueron declaradas responsables fiscales laboraban para la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., que su vez tenía una póliza que garantizaba la
infidelidad de esos dos trabajadores. […]”
Excepción de “[…] incumplimiento del contrato de fiducia […]”
45. Adujo que “[…] con las evidencia que reposan dentro del proceso de
responsabilidad fiscal estudiado, se hace visible el incumplimiento de los
dependientes de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., que se traduce en
incumplimiento del contrato de Fiducia Mercantil, por cuanto, repito, se perdieron
los recursos que servirían para mitigar los estragos sufridos en esa región del país
a causa del terrible terremoto. Si se hubiese cumplido el contrato por parte de
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., no estaríamos discutiendo el asunto dentro del
presente proceso. […]”
Excepción de “[…] Inexistencia de falsa motivación en los actos acusados
[…]”
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46. Mencionó que la parte demandante alega que “[…] al no expresarse en los actos
acusados lo relacionado con el deducible, los mismos se encuentran “falsamente
motivados”[…]”, al respecto aseveró que “[…] la Contraloría General de la República
no obró con falsa motivación, ya que lo que se encuentra expuesto en los actos
administrativos se ciñó a lo establecido legalmente. Si bien no se mencionó nada
respecto del deducible que aparece en la póliza global bancaria, esto no hace ilegal
la actuación o falsa como se pretende, pues al momento de cobrarse el monto
establecido en el acto administrativo que imputa responsabilidad, implica que el
deducible deberá tenerse en cuenta, pues mal haría la Contraloría en cobrar lo que
no puede cobrar […]”
Excepción de “[…] Viabilidad del control fiscal sobre los contratos en
ejecución por parte de la contraloría general de la república […]”
47. Señaló que “[…] El control fiscal de la Contraloría General de la República es
POSTERIOR Y SELECTIVO […]”; y añadió que “[…] Así, es claro que en cualquiera
de estos tres momentos contractuales puede realizarse control fiscal y, si en
desarrollo del control posterior se observa que en los pagos efectuados dentro de
la ejecución parcial del contrato aparecen irregularidades fiscales que ameriten el
inicio de un Proceso de responsabilidad Fiscal, el grupo auditor debe realizar su
traslado inmediato al competente para el efecto. Para el caso que aquí se plantea,
es menester establecer el momento contractual en el que se ha causado el daño al
patrimonio del Estado, la cuantificación e individualización del hallazgo y realizar el
correspondiente traslado al Grupo de Investigaciones de la Gerencia Departamental
de Antioquia"8. […]”
Sentencia apelada9
48. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 21 de julio de 2022, resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: DESVINCULAR a La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
8 Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República No. 80112-IE21652 del 8 de abril de 2011.
9 Cfr. Folios 252 a 289 del Cuaderno Principal. E Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital […]”.
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SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por SEGUROS
COLPATRIA S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.
QUINTO: En firme está providencia, archívense el expediente. […]” Negrillas de texto
original
Consideraciones en la sentencia proferida en primera instancia
49. El a quo señaló que, de conformidad con el material probatorio obrante en el
proceso y el expediente administrativo, concluyó que:
“[…] el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados y en ese orden de ideas las pretensiones elevadas a
través del medio de control no pueden prosperar, puesto que:
• Las resoluciones demandadas no fueron expedidas sin competencia, como
quiera que las disposiciones respecto de las figuras de la caducidad y prescripción
son las contenidas en la Ley 610 de 2020, fenómenos que no ocurrieron en el sub
lite, toda vez que, desde la ocurrencia de los hechos (2005-2006) y el auto de
apertura que se emitió el 31 de mayo de 2007 (Auto No. 001) no habían
trascurridos los 5 años, como tampoco había transcurrido dicho lapso entre el
primer acto administrativo y la decisión definitiva. (Auto 0893 del 18 de noviembre
de 2011, notificado el 25 del mismo mes y año) Disposiciones legales posteriores,
especiales al artículo 1081 del Código de Comercio, no tratarse de una decisión
judicial sino administrativa de la Contraloría, en un proceso que por la importancia
y naturaleza de los recursos, se habilitó por economía procesal, comparecer como
sujeto procesal a las compañías de seguro.
• Las resoluciones demandadas no fueron expedidas o adolecen de falsa
motivación por cuanto el siniestro ocurrido, esto es, el daño patrimonial causado al
erario entregado en administración en virtud de un contrato de Fiducia fue
resultado del actuar de ALVARO ANDRÉS QUINTERO ORREGO en complicidad
con los directores de la Fiduciaria La Previsora S.A. para el Eje Cafetero, riesgo
que si está amparado por la póliza de seguro de manejo global bancario No.
8001000110, sin que la discusión del deducible afecte la legalidad de aquellas.
• Se acreditó el incumplimiento del contrato de fiducia por parte de Jhon Carlos
Pino Franco y Luisa Fernanda Jaramillo Villegas toda vez que autorizaron los
pagos fraudulentos sin cumplir el Manual de Operaciones establecido por la Junta
Administradora del Fidecomiso.
• La Contraloría General de la República sí puede ejercer su función
constitucional del control en el caso en estudio, con independencia de la existencia
del FOREC, pues el objeto de vigilancia por parte de la entidad es la gestión fiscal.
[…]”
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50. Y con fundamento en ello, consideró que el fallo de responsabilidad fiscal y los
autos confirmatorios, se encontraron fundados en las pruebas legalmente
producidas y allegadas al trámite de responsabilidad fiscal.
51. El a quo planteó un problema jurídico principal y unos asociados, en los
siguientes términos:
“[…] para la Sala el problema jurídico principal consiste en determinar si el Fallo con
Responsabilidad No. 000001 del 7 de septiembre de 2011 por medio del cual declaró
como Tercero Civilmente Responsable a Seguros Colpatria S.A. por haber expedido
la póliza de infidelidad y riesgos financieros y/o global manejo bancario y/o manejo
global para entidades públicas No. 8001000118 expedida para la vigencia
comprendida entre el 21 de enero de 2006 al 21 de enero de 2007 y los Autos Nos.
86 del 10 de octubre y 1893 del 18 de noviembre de 2011, por los cuales se resuelven
los recursos de reposición y apelación, respectivamente fueron expedidas con falta
de competencia y falsa motivación, los dos grandes cargos que comprenden los
reparos específicos también planteados. Y posteriormente establecer si le asiste o no
interés al demandante en el restablecimiento del derecho pretendido, esto es, si hay
lugar o no a la declaración de responsabilidad o la devolución de las sumas
canceladas por dicho concepto.
Como problemas jurídicos asociados se evidencia determinar:
i) Teniendo en cuenta que las normas relativas a la prescripción o caducidad
aplicables al caso concreto son las contenidas en el artículo 1081 del Código de
Comercio, establecer si la administración perdió competencia constitucional y legal
para declarar a Seguros Colpatria S.A. como tercero civilmente responsable en virtud
de la expedición de la póliza de seguro manejo global bancario No. 8001000118 con
vigencia 21 de enero de 2006 al 21 de enero de 2007, cuyo tomador, asegurado y
beneficiario fue la Fiduciaria la Previsora S.A.
ii) Si la póliza de seguro de manejo global bancario No. 8001000110 cubría o no el
detrimento patrimonial sufrido por parte de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Integración Socia (Acción Social Armenia), teniendo en
cuenta que el tomador, asegurado y beneficiario fue La Fiduprevisora S.A.
iii) Si la conducta de los señores Jhon Carlos Pino Franco y Luisa Fernanda Jaramillo
Villegas, es o no constitutiva del amparo contratado, esto es, si se trató de actos
deshonestos o fraudulentos, si tuvieron como origen, la intención de causar una
pérdida al asegurado, y obtener u beneficio o ganancia económica para cada uno de
ellos.
iv) Si existía o no fundamento legal o contractual para vincular al juicio responsabilidad
fiscal en calidad de tercero civilmente responsable Seguros Colpatria S.A en razón a
la desvinculación de la Fiduciaria Previsora, beneficiaria de la póliza afectada.
v) Si se cumplió o no el contrato de fiducia celebrado por parte de Fiduciaria La
Previsora S.A. y sus dependientes Jhon Carlos Pino Fran y Luisa Fernanda Jaramillo
Villegas, teniendo en cuenta que el pago los subsidios fue efectuado precisamente
atendiendo a las indicaciones del Fideicomitente.
vi) Si se debía o no tener cuenta el deducible pactado en el contrato seguro recogido
en la póliza de seguro de manejo global bancario 8001000118 en el fallo de
responsabilidad fiscal, suma que asciende a una cuantía de cien millones de pesos
moneda corriente ($100.000.000)
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vii) Si la Contraloría General de la República podía o no ejercer control contrato de
fiducia mercantil celebrado entre el FOREC y la Fiduciaria La Previsora S.A., teniendo
en cuenta que a la fecha de presentación del presente de la demanda se encontraba
vigente. […]”
52. Para resolver de manera metodológica el problema jurídico planteado, abordó
en primer lugar, la vinculación de la sociedad La Previsora S.A. compañía de
seguros, y posteriormente analizó “[…] el primer cargo: Falta de competencia de la
Contraloría General de la República para declarar a Seguros Colpatria S.A. como
tercero civilmente responsable y luego, estudiará el segundo cargo: Falsa
motivación, en el que se abordarán los otros reparos a los administrativos
relacionados con el alcance la cobertura de la póliza, el fundamento legal para la
vinculación del demandante, el cumplimiento del contrato de fiducia, el deducible
pactado y la naturaleza del control fiscal ejercido por la Contraloría General de la
República. Así mismo, como las excepciones propuestas por la demandada, en
realidad corresponden a argumentos de defensa, serán analizados de manera
conjunta con los cargos de nulidad propuestos […]”.
Sobre la vinculación de la sociedad La Previsora S.A. compañía de seguros
53. Precisó que, mediante auto de 17 de mayo de 2012, se admitió la demanda y
se ordenó la vinculación como tercero interesado a la Sociedad La Previsora S.A.,
quien a su vez pidió ser reconocido como coadyuvante de la parte demandante y
en ese mismo sentido, solicitó que se declarará la nulidad del artículo segundo del
fallo de responsabilidad fiscal núm. 00001 de 7 de septiembre de 2011.
54. Refirió que, “[…] las solicitudes del apoderado judicial de La Previsora S.A. salen
de la órbita de su vinculación, toda vez que si bien, en su momento la Sala consideró
que aquella tenía un interés en las resultas del proceso ya que también fue
declarada responsable fiscal dentro del proceso No. 32-05-526, dicha circunstancia
no la habilita a proponer nuevas pretensiones y cargos de nulidad, pues las
declaraciones que hizo de la Contraloría General de la Republica se efectuaron
pronunciamientos diferentes en torno a situaciones jurídicas concretas y
particulares de cada uno de los investigados, con ocasión a los argumentos de
defensa presentados y las pruebas arrimadas al proceso, por cada uno de ellos.
[…]”
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55. Y afirmó que “[…] debe precisarse que independientemente que la demandante,
Colpatria S.A. y la Previsora S.A., vinculada oficiosa, en calidad de aseguradoras
hubiesen sido declarados terceros civilmente responsables, debe tenerse en cuenta
que esta condena obedeció a la existencia de dos pólizas distintas (Nos. 1001135
y 801000118), cubrimientos independientes, así como disimiles en la vigencia en el
tiempo, una, del 21 de enero de 2005 al 21 de enero de 2006 y otra del 21 de enero
(sic) al 21 de enero de 2007, por lo que no puede tramitarse bajo una misma cuerda
procesal la declaratoria de responsabilidad de cada una, máxime cuando las
excepciones de mérito que proponga la Contraloría para defender los actos
administrativos, en cada caso serán diferentes. […]”.
56. Y en atención a lo anterior, no estudió las pretensiones propuestas por La
Previsora S.A., por cuanto consideró que, excedió la naturaleza de su vinculación
en calidad de tercero y procedió a su desvinculación.
Sobre la falta de competencia de la Contraloría General de la República
57. Luego de realizar un análisis legal y jurisprudencial sobre el tema concluyó que
“[…] El proceso de responsabilidad fiscal es un proceso de naturaleza resarcitoria,
patrimonial, […] en el que por expresa disposición del legislador, las aseguradoras
son vinculadas forzosas porque (i) la propia autoridad administrativa cuya conducta
omisiva, negligente, gravemente culposa o dolosa, ha generado o contribuido al
detrimento patrimonial no la puede declarar motu proprio en tanto significa que
estaría reconociendo su propia responsabilidad en la generación del daño, y
habilitando a la aseguradora respectiva a repetir contra ella misma. De allí que sea
(ii) es la Contraloría la que deberá hacer tal declaratoria pero lo puede hacer
únicamente cuando esté acreditada la responsabilidad fiscal del servidor público o
contratista para que, a partir de allí, pueda exigir a las aseguradoras el pago del
valor asegurado, porque la CGR sólo tiene competencia en el marco del proceso de
responsabilidad fiscal, no anticipadamente […]”
58. Aseveró que “[…] Cuando se vincula a una compañía de seguros al
procedimiento de responsabilidad fiscal, lo que se pretende es hacer efectivas las
obligaciones adquiridas en el contrato de seguro previamente celebrado, de forma
que la responsabilidad civil que del citado negocio jurídico se deriva, se limita,
exclusivamente, al riesgo amparado en la póliza. Bajo este panorama, no cabe duda
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que la compañía de seguros en el marco del procedimiento de responsabilidad
fiscal: i) está llamada como tercera civilmente responsable; ii) tiene las mismas
prerrogativas que las partes; y iii) su responsabilidad se limita a los riesgos
amparados en la póliza y en los montos ahí establecidos. […]”.
59. Afirmó que “[…] la responsabilidad civil de la aseguradora tratándose de un
seguro obligatorio como el responsabilidad por el manejo de recursos públicos no
está limitada por los plazos indicados en el artículo 1081 del C. de Co., sino por lo
previsto en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000, puesto que la declaratoria del monto
del daño patrimonial al Estado con el que se hace efectiva la póliza de seguros que
ampara tales siniestros, no es una acción judicial propiamente dicha, sino la
manifestación de la voluntad de la administración vertida en un acto administrativo
[…] En efecto, la póliza de seguro de infidelidad y riesgos financieros Global
Bancario No. 800100118, tenía por objeto cubrir toda perdida ocurrida única y
directamente como consecuencia de uno o más actos deshonestos o fraudulentos
cometidos por uno o varios empleados del asegurado ya sea solo o en complicidad
con otras personas con la intención manifiesta de hacer que el asegurado sufra
dichas pérdidas […]”
60. Resaltó que “[…] la vinculación de la compañía de seguros se realiza en calidad
de responsable fiscal, cuando corresponde a un tercero civilmente responsable, que
por economía procesal se le otorga por la ley, el derecho a ser escuchado de forma
que aquella pese a hacer parte del procedimiento y tener las mismas prerrogativas
que tendrían las partes, no compromete su responsabilidad fiscal, sino su
responsabilidad civil en el marco de un proceso administrativo, no jurisdiccional con
regulación especial, cuyo validez ha sido zanjada desde la sentencia C-648 de 2002
de la Corte Constitucional […]”
61. Precisó que la sociedad Colpatria S.A. expidió la póliza de seguro de manejo
global bancario núm. 8001000118, con vigencia desde el 21 de enero de 2006 al 21
de enero de 2007, y la cual tenía por objeto cubrir toda pérdida ocurrida como
consecuencia de uno o más actos deshonestos o fraudulentos cometidos por uno o
varios empleados de la Fiduciaria La Previsora S.A., ya sea solo o en complicidad
con otras personas, con la intención manifiesta de hacer que el asegurado sufra
dichas pérdidas.
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62. Señaló que, en el proceso de responsabilidad fiscal se verificó un presunto
detrimento patrimonial con ocasión a la apropiación de los recursos dispuestos a
atender las contingencias producidas por el terremoto sufrido en el eje cafetero; en
donde el daño al patrimonio ocurrió a través de los subsidios indebidamente
pagados, aprobados y sin soporte, efectuados entre el 5 de septiembre de 2005 y
el 23 de noviembre de 2006, con ocasión al actuar del señor Jhon Carlos Pino
Franco y Luisa Fernanda Jaramillo Villegas, entre otros, quienes se desempeñaron
como directores de la Fiduciaria La Previsora.
63. Hallazgos que sirvieron de motivación para el auto núm. 01 del 31 de mayo de
2007, por medio del cual se dio apertura al proceso de responsabilidad y al auto
núm. 037 del 28 de abril de 2011 que dispuso la vinculación al proceso de
responsabilidad de Colpatria S.A, en calidad de tercero civilmente responsable, en
virtud de la Póliza de seguro de manejo global bancario núm. 8001000118. Y
finalmente se profirió el Fallo con Responsabilidad Fiscal núm. 000001 de 7 de
septiembre de 2011, en contra del cual se interpusieron los recursos de reposición
y apelación, sin embargo, dicha decisión fue confirmada a través de los Autos núms.
000086 de 10 de octubre y 001893 de 18 de noviembre 2011.
64. Y en ese sentido, advirtió que conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
610 de 2000, no acaecieron los fenómenos alegados por la parte demandante, toda
vez que, desde la ocurrencia de los hechos (2005-2006) y el auto de apertura que
se fue el 31 de mayo de 2007 (Auto No. 001), no transcurrieron los 5 años previstos
para que se configurara la caducidad de la acción fiscal, como tampoco había
transcurrió dicho lapso entre el primer acto administrativo y la decisión definitiva
(Auto 01893 del 18 de noviembre de 2011, notificado el 25 del mismo mes y año),
para que operara la prescripción, lo que indica que el término concedido por la
norma precitada no había fenecido.
Sobre la falsa motivación
65. Indicó que, el cargo propuesto por la parte demandante está relacionado con la
cobertura de la póliza de seguro de manejo global bancario núm. 8001000110
emitida por la aseguradora Colpatria S.A., y en razón de ello, el a quo analizó el
objeto del mencionado documento y los fundamentos por los cuales la Contraloría
General de la República declaró como tercero civilmente responsable a la
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Demandante: Seguros Colpatria S.A.
mencionada sociedad aseguradora.
66. Refirió los siguientes hechos como antecedentes administrativos:
66.1. Con ocasión del terremoto del eje cafetero ocurrido el 25 de enero de 1999, a
través del Decreto Legislativo núm. 197 del 30 de enero del año en cita, se creó el
Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC).
66.2. El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero y la
Fiduciaria la Previsora S.A celebraron el Contrato de Fiducia Mercantil núm. 1426,
y cuyo objeto era “[…] la constitución de un PATRIMONIO AUTONOMO con los
recursos que EL FOREC le transfiera a LA FIDUCIARIA, con la finalidad de que ésta
los administre, ejerza las funciones inherentes a la calidad de fiduciaria, de
conformidad y con arreglo a las instrucciones de la Junta Administradora del
Fideicomiso. […]”
66.3. En desarrollo del contrato antes reseñado la Fiduciaria La Previsora S.A.
suscribió el contrato de prestación de servicios personal administrativo patrimonio
autónomo FOREC II, con la Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios Varios
"COOTRASERVI"; cuyo objeto era “[…] El contratista se obliga para con la
Fiduciaria la Previsora S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso 1426
Patrimonio Autónomo FOREC II, a suministrar personal que ejerza labores
administrativas, de acuerdo con los perfiles requeridos por la Red de Solidaridad
Social Proyecto Eje Cafetero […]”
66.4. El Decreto núm. 111 del 25 de enero de 2002, ordenó la liquidación del
FOREC, en consecuencia, la antigua Red de Solidaridad Social (ahora Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional) recibió por parte
de la Fiduciaria, en su calidad de liquidadora, todos los derechos y obligaciones del
extinto FOREC.
66.5. El 2 de junio de 2005 COOTRASERVI celebró contrato de prestación de
servicios con el ingeniero ÁLVARO ANDRÉS QUINTERO ORREGO, cuyo objeto
era “[…] aportar en forma competente las experiencias y conocimientos liberales
como Coordinador de Subsidios e Informática, para efectos de asegurar que se
cumplan con los objetivos propuestos entre la Empresa Usuaria del proyecto y el
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contratante […]”
66.6. Mediante Auto núm. 001 de 31 de mayo de 2007, se dio apertura al proceso
de Responsabilidad Fiscal, vinculándose como presunto responsable al señor
ARMANDO ESCOBAR SÁNCHEZ.
66.7. Mediante Auto núm. 025 de 28 de enero de 2010, se imputó Responsabilidad
Fiscal a los señores ARMANDO ESCOBAR SÁNCHEZ, ÁLVARO ANDRÉS
QUINTERO ORREGO y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.; y el 6 de agosto
de 2010 se profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal núm. 016, decisión que fue
confirmada mediante auto núm. 033 del 5 de octubre de 2010.
66.8. A través del auto núm. 001688 de 21 de diciembre de 2010, la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría General de la República, al desatar los recursos de apelación y resolver
otras peticiones, decretó la nulidad, de todas las actuaciones a partir, incluso, del
auto núm. 11 del 30 de enero de 2009, por medio del cual se vinculó a este proceso,
como presuntos responsables fiscales a ÁLVARO ANDRÉS QUINTERO ORREGO
y la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
66.9. Mediante auto núm. 035 de 21 de febrero de 2011, se vincularon como
presuntos responsables fiscales a los señores ÁLVARO ANDRÉS QUINTERO
ORREGO, en calidad de contratista, JHON CARLOS PINO FRANCO en su
condición de Director Oficina de Armenia de la Fiduciaria La Previsora S.A. y LUISA
FERNANDA JARAMILLO VILLEGAS como Directora Oficina de Pereira de la
Fiduciaria La Previsora S.A, para la época de los hechos.
66.10. A través del auto núm. 37 de 28 de abril de 2011, se vincularon a unas
compañías de Seguros al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 32-01-526, en
atención a la póliza de infidelidad y riesgos financieros que obraban en el
expediente.
66.11. En auto núm. 40 de 30 de mayo de 2011, la Contraloría General de la
República se imputó responsabilidad fiscal a diferentes personas naturales, entre
ellas, a los señores JHON CARLOS PINO FRANCO Y LUISA FERNANDA
JARAMILLO VILLEGAS quienes fungían como Director Armenia y como Jefe de
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Oficina Pereira la segunda de LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para el eje
cafetero por el daño patrimonial producido al erario con ocasión de los desembolsos
efectuados de los subsidios de vivienda en forma fraudulenta del Fondo para la
Reconstrucción del Eje Cafetero hoy en la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional ACCIÓN SOCIAL Armenia; y con
posterioridad fue proferido el fallo con responsabilidad fiscal núm. 000001 de 7 de
septiembre de 2011.
66.12. A través de los autos núms. 000086 de 10 de octubre de 2011 y 001893 de
18 de noviembre de 2011, se resolvieron los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra el fallo de responsabilidad fiscal.
Sobre el subcargo de “[…] Inexistencia de la cobertura de la póliza de seguro
de manejo global bancario No. 8001000110 respecto del detrimento
patrimonial sufrido por parte de la agencia presidencial para ala acción social
y la cooperación integración social (Acción Social Armenia) […]”
67. Expuso que la parte demandante argumentó que “[…] el Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 32-05-525 tuvo como objeto resarcir el perjuicio al
patrimonio que ocasionado la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional y no a la Fiduciaria La Previsora S.A. En ese orden de
ideas y teniendo en cuenta que la póliza de seguro de manejo global bancario No.
8001000110 expedida por Seguros Colpatria S.A. tenía como cuyo asegurado y
beneficiario fue la fiduciaria y no la precitada entidad, el hecho dañino no está
cubierto por dicha póliza […]”
68. Y refirió que “[…] el extremo pasivo manifiesta no estar de acuerdo con los
planteamientos realizados por la aseguradora, toda vez que: i) existe un contrato de
fiducia mercantil No.1426, cuyo objeto era la constitución de un patrimonio
autónomo con los recursos que transfería el Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC); ii) se probó que existieron subsidios
indebidamente pagados, aprobados y sin soporte con ocasión al actuar de Jhon
Carlos Pino Franco y Luisa Fernanda Jaramillo Villegas, quienes se desempeñaron
como directores de la Fiduciaria La Previsora S.A. para el Eje Cafetero y iii) la
mencionada fiduciaria a través de sus empleados no puede desarrollar sin ningún
temor su objeto social (administrar fideicomisos patrimonios autónomos) y perder
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cualquier cantidad de dinero sin ningún riesgo porque no es su patrimonio sino de
un tercero. […]”
69. Al respecto, el a quo señaló que “[…] este planteamiento no tiene vocación de
prosperidad por cuanto, en primera medida, se destaca con ocasión a las
irregularidades presentadas con la gestión del contrato de fiducia mercantil suscrito
entre La Fiduciaria La Previsora y el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo
Social del Eje Cafetero (FOREC) […]”, y adujo que “[…] es claro que ese daño al
patrimonio de la Fiduciaria […] no es otro que el derivado de aquellos recursos que
salieron de su administración para pagar los subsidios que fueron reclamados
indebidamente, con ocasión del proceder del contratista, por ende, sí se ocasionó
una pérdida a aquella […]”.
70. Y concluyó que “[…] si bien los dineros que fueron entregados pertenecían al
FOREC, dichos recursos conformaron un Patrimonio Autónomo administrado y
vigilado por Fiduciaria La Previsora, a la cual se le transfirieron de manera
irrevocable […] vale la pena señalar, que en la portada del clausulado de la Póliza
de seguro de manejo global bancario No. 8001000110, se indica que el asegurado
original es la Fiduciaria La Previsora S.A., así como las compañías subsidiarias en
las cuales el asegurado tiene un interés controlante, que descendiendo al caso en
concreto, sería la antigua Red de Solidaridad Social (ahora Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional), dado que administraba y
autorizaba los pagos que con cargo a ese patrimonio autónomo se efectuaron […]”
Sobre el subcargo de “[…] Inexistencia de la cobertura de la póliza de seguro
de manejo global bancario No. 8001000110 por cuanto no se comprobó que la
existencia de los presupuestos contractuales requeridos para la afectación
del amparo invocado por el operador fiscal (infidelidad) […]”
71. Indicó que, conforme lo expuesto por la parte demandante no se acredito que el
daño patrimonial ocasionado fuera resultado de un hecho fraudulento o deshonesto
cometido por los señores Jhon Carlos Pino Franco y Luisa Fernanda Jaramillo
Villegas, pues no se demostró que aquellos tuvieran la intención de causar dicha
pérdida o hayan obtenido un beneficio para sí; argumento que no compartió la parte
demandada toda vez que, en el proceso fiscal adelantado no debía certificarse la
existencia de conducta punible alguna.
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72. Frente a ello, destacó que en la referida póliza se tuvo como objeto “[…] amparar
TODA PÉRDIDA OCURRIDA ÚNICA Y DIRECTAMENTE COMO
CONSECUENCIA DE UNO O MÁS ACTOS DESHONESTOS O FRAUDULENTOS
COMETIDOS POR UNO O VARIOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO YA SEA
SOLOS O EN COMPLICIDAD CON OTRAS PERSONAS, CON LA INTENCIÓN
MANIFIESTA DE HACER QUE EL ASEGURADO SUFRA DICHAS PÉRDIDAS […]”
73. Y en ese sentido, sostuvo que “[…] Frente a las conductas que le fueron
reprochadas a los responsables fiscales en el proceso, es claro para la Sala que los
señores Jhon Carlos Pino Franco y Luisa Fernanda Jaramillo Villegas, es decir,
quienes tenían la calidad de empleados de la Fiduciaria La Previsora ordenaron el
pago de los subsidios sin el debido cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1426 del 23 de junio de 1999 […]”
74. Además precisó que “[…] se acredito que existió una (sic) daño al patrimonio
público, cuantificado en la suma de $501.707.945,80, atribuible a la acción y omisión
de los gestores fiscales, a título de culpa grave en el caso de los directores y jefes
de las oficinas de Fiduciaria La Previsora, por lo que los elementos de la
responsabilidad fiscal como condición previa indispensable para la declaración del
siniestro y la consecuente exigibilidad del pago se encontraban configurados. […]”.
75. Ahora, frente al elemento concerniente a la responsabilidad de la seguradora
manifestó que “[…] la existencia de una póliza de seguro vigente al momento de los
hechos defraudatorios (póliza de seguro de manejo global bancario No.
8001000110), cuya temporalidad y cuantía cubría el monto del daño fiscal
acreditado. Ahora respecto de la clase de riesgo cubierto, se trató de una póliza de
manejo para amparar al Estado frente a los posibles daños que pudieran sufrir los
bienes o recursos por las conductas de los servidores que, teniendo la
disponibilidad, manejo, administración o custodia de los mismos, llevaran a un
detrimento patrimonial […]”.
76. Sostuvo que “[…] Los actos fraudulentos fueron acreditados por cuanto no era
posible de acuerdo al Contrato de Fiducia Mercantil 1426 y el Manual Operativo el
pago de subsidios de vivienda mediante la figura de pago mediante apoderado y ahí
precisamente, en la aceptación de apoderados, es que se presentó el pago de
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subsidios indebidamente pagados, subsidios indebidamente aprobados y subsidios
indebidamente pagados sin soporte, es decir, al no cumplir las obligaciones que les
correspondía, se configuró el descuido, la negligencia, el actuar deshonesto de los
empleados de la fiduciaria que había contratado la póliza de manejo. […]”
77. Finalmente, concluyó que “[…] el cargo de falsa motivación tampoco está
llamado a prosperar como quiera que la pérdida sufrida al patrimonio autónomo
administrado por la Fiduciaria La Previsora, resultó viable tanto por el señor Quintero
Orrego como por el actuar negligente de Jhon Carlos Pino Franco y Luisa Fernanda
Jaramillo Villegas, circunstancia cubierta por la póliza de seguro de manejo global
bancario No. 8001000110 […]”
Sobre el subcargo “[…] relacionado con el deducible pactado en el contrato
de seguro recogido en la póliza de seguro de manejo global bancario No.
8001000118 […]”
78. Mencionó que “[…] el apoderado judicial, únicamente hace la afirmación
indefinida sin que explique las razones por las cuales la entidad demandada se
abstuvo de analizar el valor que debía cancelar el asegurado, por ende, carece de
elementos probatorios para determinar si dicha manifestación es o no correcta,
máxime cuando de la simple lectura del Fallo Responsabilidad Fiscal No. 001 se
evidencia que la Contraloría General de la República señaló de forma taxativa el
valor del deducible que se debía tener en cuenta para el pago de la póliza. […]”
79 Resaltó que “[…] salta a la vista que la discusión respecto el monto que debía
ser cubierto por La Fiduciaria La Previsora al hacer efectivo el seguro, no es de
resorte del análisis de nulidad del fallo que determinó la responsabilidad fiscal de
los particulares y la declaración de Colpatria S.A. como tercero civilmente
responsable, pues tal cuestión debe ser dilucidada en el trámite administrativo
relacionado con el cobro de la póliza y no en una etapa previa (la declaratoria de
responsabilidad fiscal y la exigibilidad de la póliza); por ende el subcargo de nulidad
propuesto tampoco está llamado a prosperar […]”
Sobre el subcargo de “[…] la Inexistencia de fundamento legal o contractual
para la vinculación al juicio de responsabilidad fiscal en calidad de tercero
civilmente responsable a Seguros Colpatria S.A. en razón a la desvinculación
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de la Fiduciaria La Previsora. […]”
80. Indicó que “[…] la Corporación ya había afirmado en los análisis anteriores que
este cargo de nulidad tampoco está llamado a prosperar, pues independientemente
que La Fiduciaria La Previsora no acuda al trámite administrativo en calidad de
gestor fiscal atendiendo a su naturaleza (persona jurídica de derecho público), fue
el actuar de sus empleados, que sí tenían dicho carácter, pues fue el incumplimiento
y el descuido en sus labores lo que permitió, como se ha reiterado en los acápites
precedentes, el daño al patrimonio público al permitir los subsidios indebidamente
pagados, sin soporte e indebidamente aprobados. […]”
81. Adujo que “[…] la póliza de manejo global bancario No. 8001000110 emitida por
Colpatria S.A., cubría las pérdidas ocasionadas al asegurado por actos fraudulentos
cometidos por sus empleados, por lo que se entiende que el contrato de fiducia
suscrito entre el Forec y la Previsora, estaba amparado en ese evento, máxime
cuando aquella precisó su alcance respecto del "interés controlante" […]”
Sobre el cumplimiento del contrato de fiducia por parte de La Fiduciaria La
Previsora S.A. y sus dependientes Jhon Carlos Pino Franco y Luisa Fernanda
Jaramillo Villegas.
82. Refirió que “[…] revisado el expediente se observa que el extremo pasivo pudo
evidenciar que los mencionados funcionarios incumplieron las obligaciones en el
Manual de Funciones referentes a planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar
las acciones administrativas, jurídicas, financieras, operativas y comerciales de la
Oficina, controlar y verificar la elaboración y correcta ejecución de las obligaciones
que la Oficina adquiere en desarrollo de los contratos de fiducia y aprobar y firmar
los comprobantes de egreso, cheques, cartas giro, autorizaciones de pago emitidos
por la oficina, puesto que en su calidad de Directores realizaron los pagos sin el
debido cumplimiento del Manual Operativo aprobado por el Fondo para la
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero FOREC y LA FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., para llevar a cabo la ejecución de las obligaciones del Fondo
para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero. […]”
83. Además aseveró que “[…] Lo anterior, por cuanto a pesar de existir operaciones
inusuales y sospechosas, no hubo reporte al oficial de cumplimiento (infidelidad de
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empleados) y se comprobó un actuar negligente de su parte, pues aquellos
simplemente se limitaban a observar en la base de datos la información que recibían
y que, si se encontraban allí registradas las personas y operaciones a realizar,
sencillamente ordenaban el desembolso. […]”
84. Finalmente, afirmó que “[…] como lo destacó la Contraloría General de la
República los señores Jhon Carlos Pino Franco y Luisa Fernanda Jaramillo Villegas
no solo tenían la obligación de autorizar el desembolso de los recursos por orden
del FOREC, sino verificar que esos mandatos cumplieran con los requisitos arriba
señalados, lo cual en efecto no sucedió, por lo que el actuar de estos funcionarios
demuestra el incumplimiento del contrato de fiducia. […]”
Sobre la Imposibilidad jurídica para que la Contraloría General de la República
pueda ejercer su función constitucional del control posterior
85. Indicó que “[…] la labor de control fiscal, por expreso mandato constitucional en
su artículo 267 es una función pública que ejerce la Contraloría General de la
República, en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas
y principios que establece la ley, es decir es un control financiero, de gestión y de
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los
costos ambientales, por lo que el hecho de que se hubiese extinguido el FOREC el
control no desaparece, ni se encuentra imposibilitado de realizarse por la disolución
de la entidad pública o el particular que cumpla funciones de gestor fiscal, dado que
el control es sobre la gestión de los representantes, directivos, gerentes, tesoreros,
almacenistas etc., es decir, sobre los funcionarios o empleados que fueron gestores
fiscales y no sobre la entidad, es decir, que la responsabilidad fiscal es subjetiva, se
configura sobre quiénes desplegaron esa tarea labor, por lo que no se declara
responsable a la entidad pública sino a sus servidores o exservidores, aunque los
hallazgos que realizan los equipos auditores de la Contraloría supongan la adopción
de medidas al interior de la entidad […]”
Recursos de apelación
Recurso interpuesto por La Previsora S.A. compañía de seguros10
10
Cfr. Folios 300 a 304 del Cuaderno Principal. E índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital
[…]”.
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85. La Previsora S.A. compañía de seguros interpuso y sustentó oportunamente
recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia el 21 de julio
de 2022, por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; para lo cual expone los siguientes argumentos:
Frente a la indebida desvinculación de La Previsora S.A. compañía de seguros
como tercero interesado
86. Refirió que, a través del auto de 17 de mayo de 2012, se le vinculó como tercero
interesado; trajo a colación el artículo 146 del Decreto 01 de 1985, los numerales 1
y 3 del artículo 171 y el artículo 224 de la Ley 1437 de 2012; expuso que “[…]
Aunque el CPACA no alude directamente a una clasificación, el Consejo de Estado
ha explicado que puede acudirse a las disposiciones del CGP, en las cuales se
establece que los litisconsortes facultativos (artículo 60) y los intervinientes
excluyentes (artículo 63), pueden tener su propia pretensión, que la formulan en
demanda independiente y que cuando comparecen al proceso deben tomarlo en el
estado en que se encuentra. Es decir, que no hay obligación de notificarles el auto
admisorio de la demanda, como sí ocurre con los terceros a los que alude el artículo
171, numeral 3, del CPACA cuya omisión puede acarrear una nulidad y en caso de
que esta se decrete se debe retrotraer todo el procedimiento […]”.
87. Adujo que “[…] el despacho concluyo que las solicitudes del suscrito en
representación de La Previsora S.A. salen de la órbita de su vinculación,
negándonos la oportunidad procesal de coadyuvar con las pretensiones que expuso
Aseguradora Colpatria […]”; y en ese sentido refirió que “[…] Se equivoca el
despacho al indicar que se están proponiendo nuevas pretensiones y cargos de
nulidad; Colpatria S.A. y la Previsora S.A., son ambos terceros civilmente
responsables, y como es obvio es resultado de la expedición de dos pólizas distintas
(Nos. 1001135 y 801000118), con sus condiciones generales y particulares
diferentes, esto no implica que a ambos contratos de seguro se les deban aplicar
normas del contrato de seguro diferentes, por el contrario, a ambas pólizas les son
predicables los mismos principios y normas especiales del código de comercio […]”
88. Sostuvo que, la decisión “[…] que hoy se censura, de no declarar la nulidad de
los Actos demandados […] si le afecta a mi representada, ya que estábamos frente
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a una discusión relativa a la indebida aplicación de las normas especial de derecho
de seguro. […] Igualmente, de la demanda se desprende un interés directo, estando
acreditada una relación sustancial entre la demandada Contraloría General de la
Nación y La Previsora S.A., ya que en el evento de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos acusados se podría afectar o beneficiar a La Previsora
S.A., porque contrario a lo que indica el despacho de primera instancia, el hecho
que Colpatria hubiere demandado de cara a un interés particular que se desprende
de la póliza de seguro por esta expedida, eso no desvirtúa que la finalidad de la
nulidad pretendida no es por una relación jurídica puntual derivada de ese contrato
de seguro, sino por la violación de las normas aplicables al contrato de seguro, las
cuales también son de aplicación a la póliza de seguro Expedia por la Previsora S.a.
Compañía de Seguros. […]”
Sobre la indebida aplicación del artículo 1081 del Código de Comercio.
Violación al principio de confianza legítima, de legalidad y una sana
interpretación normativa y jurisprudencial.
89. Indicó que, el a quo al momento de estudiar el cargo “[…] concluyo que
Contraloría profirió los citados actos aun estando dentro de los términos de ley,
como quiera que le es aplicable la normatividad fiscal y no la norma especial de
Prescripción derivada del contrato de seguros del artículo 1081 del código de
comercio […]” y sostuvo que “[…] el error del despacho para sustentarlo es indicar
que la Ley 1474 de 2011, lo ha reiterado, por cuando esta norma no puede ser
aplicada al caso en estudio por ser una norma posterior a los hechos base de la
acción, que pretendía la Contraloría enmarcar en las pólizas de seguros. Y luego
alude a una jurisprudencia del año 2018, que se reitera, es un precedente
jurisprudencial posterior a los hechos que dieron base a la situación investigada por
la contraloría, por lo que no puede el Tribunal desconocer CONTEXTO, LEGAL Y
JURISPRUDENCIAL imperante para la época de los hechos investigados en el
proceso fiscal […] generándose una flagrante VIOLACION AL PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGITIMA, DE LEGALIDAD Y UNA SANA INTERPRETACIÓN
NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL. […]”
90. Manifestó que, el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 “[…] establece el trámite de
los procesos de responsabilidad fiscal, la compañía de seguros participa como
garante en calidad de tercero civilmente responsable […]”; y al respecto, señaló que
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“[…] cuando el termino de prescripción establecido en la ley de 2 años ha
transcurrido desde el momento en el que se profiere el auto de apertura del proceso
y el fallo con responsabilidad, la prescripción ha operado, como quiera que una vez
iniciado el proceso de responsabilidad fiscal, con su auto de apertura y vinculación
al Asegurador Garante, respecto de éste se deben aplicar las normas que regulan
el contrato de seguro mencionado para éste propósito en el propio acto de apertura,
por lo que en el caso bajo examen la Contraloría perdió la acción derivada del
contrato de seguro, para hacer exigible la póliza. […]”
91. Afirmó que “[…] Estaba probado que trascurrieron más de dos años no solo
desde el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal hasta la fecha en el
que se profirió el fallo sino más de 5 años, desde la ocurrencia de los hechos que
hubieran podido tener cobertura o estar amparados bajo la póliza de Seguro objeto
de reproche y la fecha del auto de apertura del Proceso Fiscal, por ende operó la
prescripción contenida en el artículo 1081 en favor de Seguros Colpatria y LA
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. […]”
Respecto a que “[…] la sentencia desconoce que los actos demandados no
dieron aplicación a las cláusulas contenidas en el contrato de seguro […]”
92. Indicó que se desconoció el deducible pactado, en atención a que en el fallo con
responsabilidad fiscal se declaró como tercero civilmente responsable a La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, por la suma de $29.833.028,60, sin embargo,
la parte demandada, no dio aplicación el deducible pactado en la póliza No.
1001135, contrato de seguro vinculado al proceso y el cual establece sin lugar a
duda como deducible la suma de $100.000.000.
Frente a que la sentencia desconoce que los actos demandados eran nulos
porque fueron proferidos cuando ya había operado la caducidad de la acción
fiscal
93. Señaló que “[…] los hechos tuvieron lugar el 5 de septiembre de 2.005, y fue el
7 de septiembre de 2.011 es decir seis (6) años después, que se decretó la apertura
del proceso de responsabilidad fiscal de una manera legal y válida. […]”; y refirió
que “[…] la Contraloría en el auto 000086, reconoció y aceptó que la vigencia de la
póliza expedida por la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, estaba
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comprendida entre el 21 de Enero de 2.005 al 21 de Enero de 2.006, e indicó que
su responsabilidad contractual como aseguradora, vinculada se enmarcaba
únicamente dentro de dicho periodo. […]”.
94. Además indicó que “[…] Para el caso en estudio si solo había cobertura para
hechos ocurridos hasta el 21 de enero de 2006, se debe computar como última
fecha de ocurrencia de los hechos cubiertos bajo la póliza 1001135 el
eventualmente ocurrido el último día de la vigencia de la póliza es decir el día 21 de
Enero de 2.006, para la fecha de la expedición del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal 7 de Septiembre de 2.011 ya habían transcurrido cinco (5)
años y siete (7) meses y diez y seis (16) días y por ende operó la caducidad de la
acción fiscal en favor de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. […]”
95. Finalmente, en el recurso, entre otras, solicitó que: i) se ordene vincular
nuevamente y mantener vinculado en el proceso a la Previsora S.A., compañía de
seguros como tercero interesado; y ii) se revoque la sentencia de primera instancia
y en su lugar se declare la nulidad de los actos administrativos demandados.
Recurso interpuesto por Colpatria Seguros S.A.11
96. Seguros Colpatria S.A. hoy AXA Colpatria Seguros S.A., interpuso y sustentó
oportunamente recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera
instancia el 21 de julio de 2022, por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca; para lo cual expone los siguientes
argumentos:
Frente a que los actos administrativos demandados, vulneran el artículo 1081
del Código de Comercio
97. Sostuvo que “[…] La Sentencia objeto de la presente apelación desconoce la
naturaleza de la vinculación de las aseguradoras en los procesos de
Responsabilidad fiscal, desconoce el contenido y alcance del artículo 1081 de
Código de Comercio, desconoce el principio de irretroactividad de la Ley, aplica la
11 Cfr. Folios 305 y 306 (CD el cual contiene el recurso de apelación). E Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…]
Expediente Digital […]”.
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Ley de manera errada y en abierta violación a principios constituciones […]”; y en
ese sentido planteo los siguientes argumentos:
98. “[…] LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY 1474 DE 2011 Y
DESCONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 153 DE 1887 […]”, al
respecto indicó que, para el momento en que se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal, no estaba en vigencia la Ley 1474 de 2011, por lo cual, la
sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurre
en un error de interpretación y aplicación normativa, al dar de manera retroactiva
unos efectos al artículo 120 de la mencionada Ley.
99. Y en ese sentido, señaló que “[…] el Tribunal no podía aplicar a su árbitro de
forma retroactiva el artículo 120 de la ley 1474 de 2011, y en tal errada interpretación
o aplicación de la norma, se funda una de las violaciones o los motivos de
inconformidad que se tiene contra la sentencia, pues efectivamente, en este caso
no hay duda alguna que se debía aplicar la reiterada jurisprudencia del Consejo de
Estado, que de tiempo atrás ha venido reconociendo la prescripción de seguros en
los procesos de responsabilidad fiscal, bajo postulados muy acordes no sólo con la
naturaleza la vinculación de la garantía, sino con la aplicación del artículo 1081 del
código de comercio […]”
100. “[…] EL ARTÍCULO 120 NO MODIFICA LA NATURALEZA DE LA
VINCULACIÓN DE LA GARANTE […]”, al respecto aseveró que, conforme lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, las aseguradoras son vinculadas
a los procesos de responsabilidad fiscal en calidad de terceros civilmente
responsables, y en razón de ello, su responsabilidad siempre se delimita a las
condiciones de la póliza conforme al riesgo que se haya amparado, y en ese sentido,
reiteró que “[…] el artículo 1081 del Código Comercio, que establece los términos
de prescripción ordinaria y extraordinaria que de aplicarse al contrato de seguros,
el primero de ellos […] contará a partir de que se conoció o se haya conocido el
hecho, que para efectos de proceso de responsabilidad fiscal podría asimilarse con
el hallazgo u con el auto de apertura que son los momentos en los que la contraloría
conoce o debió conocer, y para efectos de la prescripción extraordinaria […] desde
el momento en que ocurre esa situación que da lugar a la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal. […]”
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101. Precisó que para la presente controversia “[…] sería desde el momento en qué
se autorizaron los desembolsos, es decir en el año 2005, es desde esta época que
debe tenerse en cuanta para contabilizar los términos de la prescripción prevista en
el 1081 del Código de Comercio […]”.
106. Refirió también “[…] PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO DE SEGUROS DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY 1474 DE 2011 EN
CONCORDANCIA CON EL 1081 DEL CODIGO DE COMERCIO […]”, frente a ello
manifestó que, “[…] si al caso en concreto, en gracia de discusión, le fuera aplicable
el artículo 120 de la ley 1474 de 2011, igualmente habría operado la prescripción de
seguros prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio, pues, como se
advierte, la naturaleza de la vinculación de la garante como tercero civilmente
responsable no fue modificada por la Ley 1474 de 2011 y mucho menos por el
artículo 120 de la citada ley, pues esa vinculación como tercero civilmente
responsable, implica nada más y nada menos, que la responsabilidad de la
aseguradora está determinada por el contrato de seguros […]”
107. Además señaló que “[…] según los parámetros jurisprudenciales y legales que
debemos analizar cómo interpretar el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, no podemos
considerar que el legislador quiso asimilar las dos prescripciones, pues ello
resultaría contrario a la constitución pues una ley como la 1474 de 2011 no podría
entrar a derogar de plano el artículo 1081 del Código de Comercio, pues ello
resultaría inconstitucional, toda vez que rompería el principio de unidad materia, y
convertiría una norma de orden público como la del 1081 del Código de Comercio
como una norma supletiva y de aplicación relativa […]”
108. Finalmente, estimó que “[…] en materia de responsabilidad fiscal no operaria
la prescripción ordinaria de dos años contados desde que conoció o debió conocer
(en materia fiscal desde el auto de apertura), sino la prescripción extraordinaria, que
según lo establece el artículo 1081 del C. Co., “Será de 5 años, correrá contra toda
clase de personas (La Contraloria) y empezará a contarse desde el momento en
que nace el respectivo derecho”., y al respecto la ley, artículo 1054 del C. Co., y la
jurisprudencia también han establecido que el derecho a la indemnización, nace
para el asegurado o para el beneficiario, en su caso, “en el momento en que
ocurre el hecho futuro e incierto a que esta suspensivamente condicionado”,
“o lo que es lo mismo, cuando se produce el siniestro, es decir que el término de
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prescripción corre desde el día del siniestro.”. En ese orden de ideas podemos
entender que, en los procesos de responsabilidad fiscal, el término del artículo 9
que debemos contar para tener la prescripción es de cinco años a partir de la
ocurrencia del hecho que da lugar a apertura el proceso fiscal y no el de la
prescripción de la acción fiscal que cuenta a partir de la apertura, que sería para la
prescripción ordinaria de dos años, lo que resulta conceptualmente diferente, y
aplicar la prescripción de la acción fiscal, a la prescripción extra ordinaria de la
acción de seguros, resultaría violatorio del código de comercio 1081 pues
desconocería el momento en el cual debe contarse la prescripción de seguros. […]”
109. Respecto a la “[…] RESPONSABILIDAD DEL GARATE ACORDE CON
RIESGO AMPARADO, DIFERENCIA ENTRES PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
FISCAL Y LA PRESCRIPCIÓN DE SEGUROS […]”, precisó que “[…] La
prescripción de la acción fiscal es una sanción que impone la ley a la demora o
letargo de la Contraloría para proferir un fallo o tomar una decisión dentro de un
proceso fiscal; esta prescripción corre de manera distinta para los implicados y para
el asegurador, pero es una prescripción autónoma e independiente a otras
prescripciones. La prescripción de seguros corre en contra de quien reclama una
indemnización o contra quien posee un derecho nacido en el contrato de seguros,
es independiente de la prescripción de la acción fiscal y es autónoma a ésta, y sólo
opera a favor de la aseguradora, y no a favor de los implicados fiscales. La
prescripción fiscal se interrumpe con un fallo, la de seguros con un fallo ejecutoriado,
un acto en firme que es el mecanismo como la administración manifiesta su voluntad
de reclamar en virtud del contrato de seguros. […]”
110. Aseveró que “[…] La Contraloría, en su afán de desvirtuar la operancia de la
prescripción de seguros contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio,
frente a un derecho emanado de este contrato, argumenta que opera la prescripción
de la acción fiscal establecida en el artículo 9° de la Ley 610 del 2000, haciendo una
interpretación errada del artículo 120 de la Ley 1474 del 2011 […]”
111. Estimó que “[…] LA SENTENCIA APELADA DESCONOCE EL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL […]” expuso que “[…] derechos de quien es
llamado como tercero civilmente responsable dentro de un proceso de
responsabilidad fiscal deben estar supeditados a los estándares constitucionales y
legales que rigen el contrato de seguro, entre ellos el artículo 1081 del Código de
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Comercio […]”
112. Frente a este asunto, refirió que la Sección Primera del Consejo de Estado
“[…] ha reiterado la copiosa jurisprudencia que acepta la prescripción de seguros
en los procesos de responsabilidad fiscal y en ello nos permitimos citar la sentencia
proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, CONSEJERO PONENTE: HERNANDO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, del tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019),
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2003 00054 01, Demandante:
Aseguradora Colseguros S.A. Demandado: Nación- Contraloría General de la
República, Tercero con interés directo: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
[…]”; y también refiere la siguiente providencia “[…] Sentencia de 11 de octubre de
2019, se reitera la posición del Consejo de Estado en dar aplicación a la prescripción
de seguros, Sentencia nº 25000-23-24-000-2007-00459-02 de Consejo de Estado
• Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 11 de octubre de
2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-24-000-2007-00459-02 de Consejo de
Estado (SECCION PRIMERA) del 11-10-2019) […]” (Negrillas del texto original)
113. Finalmente señaló que “[…] Dentro del proceso de responsabilidad fiscal 32-
05-526, se profiere auto 001 de 20 de diciembre de 2006, por medio del cual, se
apertura una indagación preliminar; teniendo como entidad afectada a La Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, por auto 004 de
18 de mayo de 2007 se cierra indagación preliminar, y por auto 001 de 31 de mayo
de 2007 se apertura el proceso con responsabilidad fiscal., PUES COMO esta
demostrado los hechos ocurren en el año 2005, el proceso se apertura en el 2007,
y para el 18 de noviembre de 2011 ya había operado la prescripción de seguros,
establecida a favor del tercero civilmente responsable, en el artículo 1081 del
Código de Comercio […]”
Frente al segundo cargo de “[…] INEXISTENCIA DE COBERTURA DE LA
PÓLIZA DE SEGURO GLOBAL MANEJO BANCARIO N° 8001000118
RESPECTO DEL DETRIMENTO PATRIMONIAL SUFRIDO POR LA ENTIDAD
AGENCIA PRESIDENCIA PARA LA ACCIÓN SOCIA Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL […]”
114. Señaló que la sentencia proferida en primera instancia “[…] desconoce el
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contenido y alcance de la póliza global de manejo bancario por la cual ha sido
vinculada a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., en cuánto a su modalidad de
cobertura, requisitos de afectación de la póliza, y objeto de la misma […]”
115. Y en ese sentido analizó las condiciones de cobertura de la póliza expedida en
los siguientes términos: “[…] 1.1 INFIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS CUBRE
TODA PÉRDIDA OCURRIDA ÚNICA Y DIRECTAMENTE COMO
CONSECUENCIA DE UNO O MÁS ACTOS DESHONESTOS O FRAUDULENTOS
COMETIDOS POR UNO O VARIOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO YA SEA
SOLOS O EN COMPLICIDAD CON OTRAS PERSONAS, CON LA INTENCIÓN
MANIFIESTA DE HACER QUE EL ASEGURADO SUFRA DICHAS PÉRDIDAS.
[…]” (Negrillas del texto original)
116. Arguyó que “[…] la responsabilidad de las aseguradoras ha de limitarse de
manera exclusiva a las condiciones del contrato de seguro y en tal sentido debe
limitase a los parámetros y condiciones previstas en las pólizas y sus renovaciones,
mal podría pretender exorbitar las condiciones de las pólizas por parte de la
Contraloría como ha ocurrido en el caso del sub examine, pues ello entrañaría una
modificación a las condiciones mismas del contrato de seguros, y el cual no puede
ser modificado de manera unilateral por una de las partes integrantes del contrato
de seguros. […]”
117. Señaló que respecto al amparo de infidelidad, se deben analizar las siguientes
características: i) solo cubre los actos deshonestos o fraudulentos, no ampara los
actos atribuibles a la simple negligencia o descuido o culpa grave; ii) debe ser
demostrado para que opere el amparo, es el referente a “[…] obtener una ganancia
deshonesta para sí o para un tercero, pero en todo caso siempre que el acto se
dirija inequívocamente a ello […]”; y iii) este tipo de pólizas, no están diseñadas “[…]
para cubrir riesgos operacionales que nacen del ejercicio de los negocios
normales de la entidad bancaria o financiera, ni para cubrir tampoco la mala
administración de los negocios, entendida como los simples errores de
criterio que en algún momento puede inducir a los empleados a llevar cabo
negocios que no obstante permitidos por la ley, o sin contrariarla, generan
riesgos especiales que se realizan en perjuicio de la expectativa de lucro de
la entidad financiera. […]” (Negrillas del texto original)
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Frente al cargo en que la póliza ampara a Fiduprevisora y no a la agencia
presidencial para acción social y cooperación.
118. Afirmó que, otro de los motivos de inconformidad, se centra en el hecho, que
no se analizó, ni verificó si el beneficiario era o no la Agencia Presidencial afectada
por el presunto detrimento, o si lo era la Fiduprevisora., al respecto, señaló que “[…]
la entidad asegurada es Fuduprevisora, la cual no fue declarara responsable fiscal,
y la Agencia Presidencial no es asegurada de la póliza. Por lo tanto, no hay lugar a
indemnizar por una pérdida o detrimento que no sufrió y al cual no fue condenada
la Fuduprevisora S.A. […]”
Trámite en segunda instancia
119. El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de abril de 202312, admitió los
recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el tercero con interés
en las resultas del proceso contra la sentencia proferida el 21 de julio de 2022, por
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y a través del auto de 16 de mayo de 202313, corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto.
120. Visto el artículo 21214 del Decreto núm. 01 de 2 de enero de 1984, modificado
por el artículo 67 de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010, sobre trámite del recurso
de apelación contra sentencias, encuentra el Despacho sustanciador que, la parte
demandante y el tercero con interés presentaron alegatos de conclusión en segunda
instancia en los siguientes términos:
Alegatos de conclusión parte demandante15
121. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación interpuesto y solicitó que “[…] se acceda a las súplicas de la demanda, y
en consecuencia de declare la nulidad de los actos demandados, por cuanto opero
la prescripción del 1081 del Código de Comercio, toda vez que esta es autónoma e
independiente de la prescripción del proceso fiscal del artículo 9 de ley 610 de 2000,
12 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 5 “[…] Auto que admite recurso de apelación […]”
13 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 10 “[…] Auto que corre traslado para alegar […]”
14 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021
15 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 14 “[…] Alegatos segunda instancia exp 2012-588(.pdf) […]”
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opera a favor de la garate (sic) en virtud de la naturaleza de su vinculación como
tercero civilmente responsable, que implica que su responsabilidad se circunscribe
a las condiciones del riesgo y del contrato de seguros regulado por el Código de
Comercio y las condiciones generales y particulares de la póliza, de igual forma, con
relación a la póliza inexistencia de cobertura de la póliza de seguro global manejo
bancario n° 8001000118 respecto del detrimento patrimonial sufrido por la entidad
agencia presidencia para la acción social y la cooperación interna, que la póliza
ampara a fiduprevisora y no a la agencia presidencial para acción social y
cooperación. […]”.
Alegatos de conclusión de La Previsora S.A. compañía de seguros16
122. La Previsora S.A., expuso los mismos argumentos presentados en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, respecto a que
en la presente controversia hay: i) una indebida aplicación del artículo 1081 del
Código de Comercio; ii) los actos demandados no dieron aplicación a las cláusulas
contenidas en el contrato de seguro, teniendo en cuenta que, se desconoció el
deducible pactado; iii) se debe declarar la nulidad de los actos administrativos toda
vez que, operó la caducidad de la acción fiscal; iv) y en la sentencia objeto de
apelación hubo una indebida desvinculación de La Previsora S.A. compañía de
seguros como tercero interesado en el presente proceso.
123. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
124. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de las
atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría General de la Republica en los
procesos de responsabilidad fiscal; v) el marco normativo del proceso de
responsabilidad fiscal; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
vinculación del garante en los procesos de responsabilidad fiscal; vii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la póliza de seguro bancario, en
especial, por deshonestidad de los empleados; viii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro,
16 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 15 “[…] Alegatos segunda instancia(.pdf) […]”
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reiteración de la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado; ix) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro con la expedición de la Ley 1474; y x) el análisis del
caso en concreto.
Competencia de la Sala
125. Visto el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo17, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
del artículo 30818 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
126. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por la parte demandante y el tercero con interés en las resultas del
proceso.
127. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandante y el tercero con interés en las resultas del proceso, en los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia proferida el 21 de julio de 2022 por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
teniendo en cuenta que de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201220, norma aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto
en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 21, el juez se limitará a
conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso
17 “[…] Artículo129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. […]”.
18 […] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos
(2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”
19 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
20 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
21 “[…] Artículo 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo […]”.
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Actos administrativos acusados
128. Los actos administrativos acusados22 son los siguientes:
128.1. El acto administrativo que contiene el fallo con responsabilidad fiscal núm.
000001 de 7 de septiembre de 201123 resolvió:
“[…] ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR como Terceros Civilmente Responsables
a las siguientes Compañías de Seguros: LA PREVISORA S.A. con NIT 860.002-400-
2, quien expidió póliza de infidelidad y riesgos financieros y/o global manejo bancario
y/o manejo global para entidades Públicas N° 1001135 que ampara la cobertura
infidelidad riesgos financieros de la Fiduciaria La Previsora S.A. para la vigencia del
21 de enero de 2005 al 21 de enero de 2006, por $50.000.000.000,00 y COLPATRIA
S.A., con NIT 860.002-184-6, quien expidió la póliza de infidelidad y riesgos
financieros y/o global manejo bancario y/o manejo global para entidades Públicas N°
8001000118 que ampara la cobertura infidelidad riesgos financieros de la Fiducia La
Previsora S.A., expedida para la vigencia del 21 de enero de 2006 al 21 de enero de
2007, por $60.000.000.000,00 […]"
128.2. El Auto núm. 000086 de 10 de octubre de 201124, “[…] por medio del cual se
resuelve sobre los recursos interpuestos contra el fallo con responsabilidad fiscal
[…]”, que aclaró el artículo segundo del fallo con responsabilidad fiscal, en los
siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el artículo segundo del fallo con
responsabilidad fiscal proferido el 7 de septiembre de 2011, de acuerdo a la parte
motiva de este proveído, el cual quedará así: ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR
como Terceros Civilmente Responsables a las siguientes Compañías de Seguros: LA
PREVISORA S.A. con NIT 860.002-400-2, quién expidió póliza de infidelidad y
riesgos financieros y/o global manejo bancario y/o manejo global para entidades
Públicas N° 1001135 que ampara la cobertura infidelidad riesgos financieros de la
Fiduciaria La Previsora S.A. para la vigencia del 21 de enero de 2005 al 21 de enero
de 2006, por $50.000.000.000,00, la cual responderá por la suma de $ 29.833.028,60
mcte. y COLPATRIA S.A., con NIT 860.002-184-6, quien expidió la póliza de
infidelidad y riesgos financieros y/o global manejo bancario y/o manejo global para
entidades Públicas N° 8001000118 que ampara la cobertura infidelidad riesgos
financieros de la Fiduciaria La Previsora S.A., expedida para la vigencia del 21 de
enero de 2006 al 21 de enero de 2007, por $60.000.000.000,00, quien responderá
por la suma de $ 471.874.917,20. Confirmar en las demás partes el Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 0000001 del 07 de septiembre de 2011. […]” (Negrillas
del texto original)
22 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva
respecto de la parte demandante, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
23 Cfr. Folios 30 a 66 del Cuaderno anexo núm. 3. E Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital
[…]”.
24 Cfr. Folios 110 a 130 del Cuaderno anexo núm. 3. E Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital
[…]”.
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128.3. El Auto núm. 001893 de 18 de noviembre de 201125, “[…] por medio del cual
se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra el fallo con
responsabilidad fiscal No. 000001 dentro del proceso No. 32-01-526 […]”, que
confirmó el fallo de responsabilidad fiscal núm. 000001 de 7 de septiembre de 2011
y el auto núm. 000086 de 10 de octubre de 2011.
Problema jurídico
129. Corresponde a la Sala, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por la parte demandante y el tercero con interés en las resultas del
proceso, determinar:
130. Si es procedente o no declarar la nulidad de: i) el acto administrativo que
contiene el fallo con responsabilidad fiscal núm. 000001 de 7 de septiembre de
2011; ii) el auto núm. 000086 de 10 de octubre de 2011; y iii) el auto núm. 001893
de 18 de noviembre de 2011, en cuanto declaró a las compañías de seguros La
Previsora S.A. y Colpatria S.A. como terceros civilmente responsables por
presuntamente presentarse la prescripción del contrato de seguro bancario
estipulado en la póliza global bancaria núm. 1001135 y 8001000118, cuyo
beneficiario era Fiduciaria La Previsora S.A.
131. En caso negativo, se deberá determinar si es procedente o no declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados por los siguientes cargos:
131.1. Por la presunta vulneración de las normas del contrato de seguro, por no
aplicarse las cláusulas de seguro y por desconocer los deducibles pactados en las
pólizas.
131.2. Por la presunta vulneración de las normas del contrato de seguro, al ordenar
a la aseguradora responder como garante por el daño fiscal, por el detrimento
patrimonial ocasionado por una persona jurídica diferente al tomador, asegurado y
beneficiario de la póliza.
132. Si es procedente o no la desvinculación de La Previsora, compañía de seguro
como tercero con interés en las resultas del proceso.
25 Cfr. Folios 132 a 150 del Cuaderno núm. 3. E Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital […]”.
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133. Y en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por la Subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en primera instancia.
134. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo de las atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría
General de la República y las contralorías departamentales en los procesos
de responsabilidad fiscal
135. Visto el numeral 5.° del artículo 26826 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
136. Visto el artículo 272 de la Constitución Política, “[…] La vigilancia de la gestión
fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías,
corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la
República […]”; y “[…] La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales
[…]”.
137. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República, y en
el caso de las entidades territoriales, los contralores departamentales, distritales o
municipales, según sea el caso, establecen la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, la cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de
resultados.
Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal
26 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”
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138. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
establece:
“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.
139. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 27 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de
cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.
140. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.
141. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se
configura sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.
142. Visto el artículo 5.° ejusdem, los elementos de la responsabilidad fiscal son los
siguientes:
143. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.
27 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”27.
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144. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio público
por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el deterioro
de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos, generada por
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que, en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías28.
145. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
146. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones
irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la vinculación del garante en
los procesos de responsabilidad fiscal
147. Visto el artículo 44 de la Ley 610, sobre la vinculación del garante señala:
“[…] Artículo 44. Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien
o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por
una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero
civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del
principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de
apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con
la indicación del motivo de procedencia de aquella. […]”.
148. La Corte Constitucional29, en cuanto a la vinculación del asegurador consideró:
28 Artículo 6.° de la Ley 610
29 Sentencia C-648/02, de 13 de agosto de 2002
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“[…] En materia contractual existen dos tipos de garantías, según el objeto, la
oportunidad y finalidad con las que se constituyen: las garantías precontractuales,
para garantizar la seriedad de la oferta, y las garantías contractuales, para asegurar
los riesgos que puedan afectar el patrimonio público durante la ejecución del contrato
estatal. Los riesgos asegurables en la segunda modalidad de garantías son el buen
manejo e inversión del anticipo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, las
obligaciones laborales de los trabajadores del contratista, el saneamiento por vicios
ocultos y la responsabilidad civil. Estas garantías son obligatorias en los contratos
estatales, salvo las excepciones que señale la ley.
9. Otro asunto a tener en cuenta son las características del contrato de seguros, el
cual se identifica por ser consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecución
sucesiva y de carácter indemnizatorio, en cuanto, precisamente, del carácter bilateral
y oneroso del contrato de seguros surge la obligación para el asegurador de pagar
oportunamente la indemnización cuando a ello haya lugar, pues ella hace parte de los
compromisos que la empresa aseguradora adquiere en ejercicio de la autonomía de
la voluntad contractual y de la aceptación de los riesgos que ampara y en desarrollo
de un objeto lícito que es propio del giro de sus negocios.
En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros
sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de
responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y
de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el
de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al
patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el
contrato o el bien amparados por una póliza.
Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos
casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones
del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de
lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber
para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.
El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el proceso de
responsabilidad fiscal puesto que dispone de los mismos derechos y facultades que
asisten al principal implicado, para oponerse tanto a los argumentos o fundamentos
del asegurado como a las decisiones de la autoridad fiscal.
Por consiguiente, la vinculación del asegurador establecida en la norma acusada,
además del interés general y de la finalidad social del Estado que representa,
constituye una medida razonable, en ejercicio del amplio margen de configuración
legislativa garantizado en estas materias por el artículo 150 de la Carta Política.
Atiende los principios de economía procesal y de la función administrativa a que
aluden los artículos 29 y 209 de la Constitución. Además, evita un juicio adicional para
hacer efectivo el pago de la indemnización luego de la culminación del proceso de
responsabilidad fiscal, con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen la
función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio
público. Así, desde la perspectiva del reparo de constitucionalidad formulado, no hay
vulneración de las normas invocadas por los demandantes.
La vinculación del garante constituye, junto con la coadyuvancia y la denuncia del pleito, una modalidad de
intervención de terceros en el proceso, permite la acumulación de acciones y representa la concreción del
principio de economía al permitir que dos conflictos puedan resolverse en la misma actuación. El llamamiento
en garantía permite hacer efectivas las obligaciones surgidas en el contrato de seguro. Constituye también un
mecanismo para que el asegurador, que es una persona jurídica diferente a la administración y al servidor
público, participe en el proceso de responsabilidad fiscal para representar y defender sus intereses en el
resultado del proceso.
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10. En conclusión, las respuestas a los interrogantes arriba planteados son estas: 1ª)
Las contralorías sí pueden ejercer control fiscal sobre los contratos estatales, en dos
momentos, a) una vez concluidos los trámites administrativos de legalización de los
contratos y b) una vez liquidados o terminados los contratos; tal actuación no
constituye vulneración del carácter posterior del control asignado a estos organismos
por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política; 2ª) La naturaleza y el carácter
administrativo, resarcitorio y autónomo del control fiscal permiten la determinación de
responsabilidad fiscal con ocasión de la gestión fiscal, lo cual no significa que las
contralorías invadan órbitas de competencia de otras autoridades que tengan a cargo
la determinación de otros tipos de responsabilidad de los servidores públicos o de
particulares, incluso por una misma actuación; y 3ª) La vinculación de las compañías
de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal representa una medida
legislativa razonable en aras de la protección del interés general y de los principios
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de
la función pública […]”
149. De lo anterior se colige que:
149.1. El asegurador garantiza el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se
ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión
fiscal, por el contrato o el bien amparado por una póliza.
149.2. La vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos
casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones
del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados.
Asimismo, lo ha señalado esta Sección30 su vinculación no es a título de acción por
responsabilidad fiscal sino por responsabilidad civil, es decir, por razones inherentes
al objeto del contrato de seguros, esto es, derivada únicamente del contrato que se
ha celebrado.
149.3. El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el
proceso de responsabilidad fiscal en la medida que dispone de los mismos derechos
y facultades que asisten al principal implicado, para oponerse tanto a los
argumentos o fundamentos del asegurado como a las decisiones de la autoridad
fiscal.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la póliza de seguro
bancario, en especial, por deshonestidad de los empleados
30 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de marzo de 2010, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 25000 23 24 000 2004
00529 01
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150. Visto el artículo 1045 del Código de Comercio, sobre los elementos esenciales
del contrato de seguro, que señala los siguientes: i) interés asegurable; ii) riesgo
asegurable: iii) prima y iv) obligación condicional del asegurador.
151. Atendiendo a que, conforme el artículo 1054 del Código de Comercio, el riesgo
asegurable, lo constituye el suceso incierto que no depende exclusivamente de la
voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen
a la obligación condicional del asegurador, es decir, la de efectuar el pago del
siniestro (como la realización del riesgo asegurado) o la prestación asegurada,
señalando el artículo 1056 ibídem como riesgos inasegurables “[…] El dolo, la culpa
grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son
inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno,
tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las
sanciones de carácter penal o policivo […]”.
152. A su vez, visto el artículo 1082 del Código de Comercio, la póliza bancaria se
aplica a la afectación patrimonial por eventos de defraudación o de daños que sufra
la entidad financiera asegurada cometidos por sus trabajadores, por tanto, este
seguro es de daños y patrimonial, en la medida que ampara al asegurado contra la
pérdida patrimonial sufrida por cualquier tipo de riesgo efectivamente realizado que
se encuentre amparado.
153. Esta Corporación31 ha señalado que la característica fundamental de las
pólizas globales bancarias, es que, bajo la póliza se cubren varias eventualidades
que normalmente serían objeto de cobertura mediante de pólizas independientes,
entre otras: i) la deshonestidad de los empleados, ii) la perdida de los bienes
asegurados que ocurran en los predios de las respectivas entidades; iii) las pérdidas
que ocurran durante el transporte de bienes a cargo de los mensajeros, iv) la
falsificación de documentos u otros títulos valores o de moneda, v) los daños al
interior de las oficinas de la respectiva entidad como consecuencia del acaecimiento
de algún evento asegurado con la póliza, vi) el pago de honorarios y costas
judiciales y vii) la denominada responsabilidad profesional.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25
de enero de 2017, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, número único de radicación 25000 23 26 000 2008 00090
01.
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154. Las pólizas globales bancarias, en cuanto atañe al descubrimiento de la
pérdida, se regían por el artículo 23 de la Ley 35 de 5 de enero de 1993 32,
incorporado luego en el artículo 185 del Decreto 663 de 2 de abril de 199333,
conforme al cual “[…] En los seguros que tengan por objeto el amparo de los riesgos
propios de la actividad financiera, se podrán asegurar, mediante convenio expreso,
los hechos pretéritos cuya ocurrencia es desconocida por tomador y asegurador
[…]”.
155. Posteriormente, el inciso primero del artículo 4° de la Ley 389 de 18 de julio de
199734 estableció que en el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de
responsabilidad “[…] la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de
pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el
damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en el segundo, así
se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación […]”.
156. Finalmente, respecto al riesgo denominado “deshonestidad de los empleados”,
conforme al cual la aseguradora debe indemnizar la pérdida resultante directamente
de actos deshonestos o fraudulentos por empleados del asegurado cometidos solo
o en confabulación con otros, con la intención manifiesta de causarle al asegurado
que soporte tal pérdida.
157. La efectividad de este amparo, depende, entonces, de la acreditación de los
siguientes elementos: i) Una pérdida directa sufrida por el asegurado; ii) la causa
del detrimento es un acto deshonesto o fraudulento; iii) los actos provienen de
empleados del asegurado y iv) la mediación expresa de la intención de los
dependientes de causarle al asegurado una pérdida que debía soportar.
158. La cobertura se otorga a pérdidas causadas y descubiertas por la entidad
asegurada, ocasionadas por conductas de sus empleados, las cuales no son de
mera negligencia, sino actos voluntarios encaminados específicamente a causar un
menoscabo patrimonial a la primera, de modo que en ellos es posible detectar el
evidente o notorio propósito de producir ese daño.
32 Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financieras, bursátil y aseguradora.
33 Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico y se modifica su titulación y numeración.
34 Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro35, reiteración de la jurisprudencia de
la Sección Primera del Consejo de Estado
159. Visto el artículo 1081 del Código de Comercio que prevé, en cuanto a la
prescripción que se derivan del contrato de seguro, que:
“[…] Artículo 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las
acciones que se derivan del contrato de seguro, o de las disposiciones que lo rigen,
podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del
hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de
personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes […]” (Negrillas por fuera de
texto).
160. La Sección Quinta en descongestión36 37, al estudiar el cargo de prescripción
de la acción derivada del contrato de seguro en los juicios de responsabilidad fiscal,
consideró que los términos regulados en el artículo 1081 del Código de Comercio
no constituyen limitante para proferir el acto administrativo declarativo de la
responsabilidad civil de las aseguradoras, en el marco de un procedimiento de
responsabilidad fiscal, en la medida en que:
160.1. La acción de responsabilidad fiscal no es en realidad una acción propiamente
dicha, sino que es un procedimiento que tiene naturaleza netamente administrativa.
160.2. Si no puede entenderse que el funcionario declarado fiscalmente
responsable ha sido objeto de “acción”, por ausencia de “proceso judicial”, en el
marco de un procedimiento de responsabilidad fiscal, tampoco puede entenderse
35 Antes de la expedición de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública. El artículo 120 ibídem no dejó duda respecto a que las pólizas de seguros “por las
cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable,
prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9o de la Ley 610 de 2000.”
36 De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017,
suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
37 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en Descongestión,
sentencia de 7 de junio de 2018, C.P. Alberto Yepes Alzate, número único de radicación 25000 23 24 000 2009
00289 02.
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respecto de la decisión administrativa declarativa de la responsabilidad civil de la
aseguradora.
160.3. Lo anterior, a juicio de la Sección Quinta del Consejo de Estado, no
desconoce que las aseguradoras se vinculan en calidad de terceras civilmente
responsables y su responsabilidad solo va en los términos pactados en el contrato
de seguros, de lo que se trata es de entender que la declaratoria de responsabilidad
civil que se produce en el marco del procedimiento no se realiza en ejercicio de una
acción, sino que es la manifestación de voluntad de una autoridad estatal vertida en
un acto administrativo que puede ser objeto de control judicial, concluyendo que la
norma aplicable para determinar la prescripción de la acción derivada del contrato
de seguro es la que se deriva de la responsabilidad fiscal y no comercial.
161. La anterior postura jurisprudencial no es compartida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, atendiendo a que esta Sección38, de manera reiterada y
pacífica ha señalado que en los juicios de responsabilidad fiscal debe tenerse en
cuenta el artículo 1081 del Código de Comercio, en relación con la prescripción de
las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo
rigen, el cual, es de dos años contados desde el momento en que el interesado
haya tenido o debido tener conocimiento de la existencia del riesgo asegurado que
da base a la acción de responsabilidad fiscal para evitar la extinción del derecho
por el fenómeno de la prescripción.
162. Para lo cual, se ha señalado que el citado artículo resulta aplicable en los
eventos de la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal del garante como
civilmente responsable, toda vez que dicha vinculación no es a título de acción por
responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, esto es, por razones
38 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
18 de febrero de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 68001 23 31 000
2004 00491 01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
22 de octubre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 25000 23 41 000 2012 00418
01; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000 23 24 000 2007 00459 02; iv)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de octubre de 2019,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000 23 24 000 2003 00054 01; v) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, número único de radicación 25000 23 27 000 2011 00231 01; vi) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de 2018, C.P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 25000 23 24 000 2010 00234 01; vii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero 2013, C.P. María
Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 25000 23 24 000 200 00542 01 vii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de septiembre de 2011, C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno, número único de radicación 11001 03 24 000 2011 2002 00905 01.
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inherentes al objeto del contrato de seguros, derivado únicamente del contrato que
se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal
alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí que la
responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca
fiscal.
163. Asimismo, esta Sección39 señaló que, comoquiera que el legislador ha derivado
del contrato de seguro la vinculación del garante como tercero civilmente
responsable, es claro que tal vinculación es una forma de acción especial para hacer
efectivo el amparo contratado, que bien puede considerarse como acción paralela
a la de responsabilidad fiscal, aunque se surta en el mismo proceso, toda vez que
tiene supuestos, motivos y objetos específicos.
164. De la misma manera, se consideró que la acción de responsabilidad fiscal
tendiente a declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza, en la que
se encuadra la vinculación del garante, no es una acción ejecutiva o de cobro
coactivo, pues antes de que ella culmine no hay título que ejecutar; por el contrario,
corresponde a una acción declarativa y constitutiva, toda vez que ella se ha de surtir
justamente para constituir el título ejecutivo, que lo conformará la póliza y el acto
administrativo que declare la ocurrencia del siniestro y ordene hacer efectiva la
póliza; de allí que en tal situación se esté ante un título ejecutivo complejo y, que
solamente después de constituido el título ejecutivo es que se abre la posibilidad y
empieza a correr el término señalado en el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo, para adelantar la acción de cobro coactivo del mismo.
165. Por tanto, la jurisprudencia citada de esta Sección ha determinado que: i) el
siniestro que ampara la póliza debe ocurrir necesariamente dentro del término de
vigencia de la misma, aunque sea el último instante del último día de vigencia; ii) el
siniestro se configura cuando se produce el incumplimiento de la obligación
garantizada por la póliza, no cuando la administración la declara, iii) que antes de
la expedición de la Ley 1474, el término de los dos años señalados en el artículo
1081 del Código de Comercio se contabiliza, para el caso de los juicios de
responsabilidad fiscal, a partir del momento en que el interesado haya tenido o
debido tener conocimiento de la existencia del riesgo asegurado que da base a la
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de
2011, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 25000 23 24 000 2004 00529 01.
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acción de responsabilidad fiscal, que para el caso de las Contralorías lo determina
a partir del auto que da apertura a la investigación fiscal y, iv) que solo se interrumpe
el término de los dos años de la prescripción ordinaria señalada en el artículo 1081
del Código de Comercio, cuando el acto administrativo expedido por la Nación-
Contraloría General de la República, o las contralorías distritales, departamentales
o municipales que ordena la efectividad de la garantía, cobra firmeza dentro de
dicho lapso.
166. En efecto, reiteró que debe tenerse en cuenta que uno es el término durante
el cual se cubre el riesgo, que corresponde al período de duración del contrato de
seguro, y otro el término dentro del cual es exigible el cumplimiento de la obligación
de indemnizar mediante la acción del asegurado o beneficiario del seguro,
determinando que el acto administrativo mediante el cual se declara el
incumplimiento de una obligación garantizada mediante un contrato de seguro,
debe expedirse, notificarse y quedar ejecutoriado dentro de los dos años siguientes
a la fecha en que la administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo
tenerlo de la existencia del riesgo asegurado.
167. En suma, se reitera la postura de la Sección Primera del Consejo de Estado
en la cual se ha señalado que antes de la expedición de la Ley 1474, por no tratarse,
de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro coactivo,
sino de una acción derivada del contrato de seguros, es aplicable para determinar
la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro el artículo 1081 del
Código de Comercio y no el numeral 3.º del artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo ni las normas que determinan la responsabilidad fiscal.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro con la expedición de la Ley 1474
168. Visto el artículo 120 de la Ley 1474, sobre pólizas en los procesos de
responsabilidad fiscal, que textualmente señala:
“[…] ARTÍCULO 120. PÓLIZAS. Las pólizas de seguros por las cuales se vincule al
proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente
responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9º de la Ley 610 de
2000 […]”.
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169. En la exposición de motivos40 de la citada ley se determinó que era necesaria
para establecer medidas para mejorar la eficiencia y eficacia del control fiscal en la
lucha contra la corrupción, específicamente, sobre las prescripciones y caducidades
que se presentan en las actuaciones administrativas de responsabilidad fiscal,
proponiendo algunas medidas como: i) la creación de un procedimiento verbal de
responsabilidad fiscal para los procesos con cuantía inferior a 150 salarios mínimos
legales mensuales vigentes cuando se determine que están dados todos los
elementos para proferir imputación y si existe flagrancia en la generación del daño;
ii) un proceso verbal sumario, en única instancia, cuando la cuantía no supere los
15 salarios mínimos legales mensuales, con el fin de eliminar trámites y evitar así
las caducidades y prescripciones. Textualmente, señaló:
“[…] El capítulo noveno contempla las medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia
del control fiscal en la lucha contra la corrupción. Esta reforma pretende aumentar los
índices de eficacia y con ello lograr una legitimidad del control fiscal frente a la
ciudadanía, cualificación que cada día se ha desmejorado ante los resultados
negativos del control fiscal. En los estudios que ha realizado la Auditoría General de
la República, se ha podido evidenciar que los resultados del control fiscal a nivel
nacional no son lo esperado de acuerdo con su misión. En la última evaluación al
control fiscal territorial se señaló lo siguiente: Se han identificado una serie de
deficiencias que impiden la eficiencia y eficacia del control fiscal territorial. Entre ellas
se encuentran que gran parte de los procesos que se adelantan no culminan con
decisiones de responsabilidad fiscal.
Igualmente, es alarmante el número de prescripciones, que en el año 2009 ascendió
a 712 procesos por cuantía de $ 221.592 millones. El total de expedientes prescritos
durante los últimos cinco años es de 3.732 por cuantía de $ 2,9 billones. Por su parte,
las caducidades fueron 157 en el año 2009 por cuantía de $ 16.112 millones. Durante
los últimos cinco años se caducaron 624 procesos por cuantía de $ 522.394 millones.
En este sentido, se proponen medidas puntuales para garantizar la eficacia de los
procesos de responsabilidad fiscal, tales como las siguientes: a. Se crea el
procedimiento verbal para los procesos de responsabilidad fiscal, con el objeto de dar
celeridad a los procesos cuya cuantía sea inferior a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos mensuales vigentes cuando se determine que están dados todos los
elementos para proferir imputación y si existe flagrancia en la generación del daño. El
objeto fundamental de esta medida es reducir los términos y eliminar trámites
innecesarios en estos eventos. Adicionalmente, se consagra un proceso verbal de
única instancia cuando la cuantía del presunto daño sea inferior a la suma de quince
(15) salarios mínimos. Así mismo, se facilitan los mecanismos de notificación en todos
los procesos. b. Con fundamento en el principio de coordinación, se establece un
mecanismo para que las Contralorías de todo el país y la Auditoría General de la
República efectúen auditorías coordinadas concurrentes y planes nacionales de
auditoría para dar cobertura nacional al control fiscal. c. Se mejora el sistema de
información y de publicidad, creándose un sistema de información y seguimiento de
las denuncias del control fiscal, exigiéndose la publicación de los Planes Generales
de Auditoría (PGA) que no estén sujetos a reserva, advertencias e informes. d.
Adicionalmente, se incorporan las figuras de los auditores universitarios y la rendición
de cuentas de las contralorías para mejorar la eficiencia del control fiscal y garantizar
la transparencia del mismo. e. Por último, se establece un Sistema Integrado de
40 http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf
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Auditoría para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SIACE), administrado por la
Contraloría General de la República con el apoyo de la Auditoría General de la
República para hacer un seguimiento de eventos en los cuales se afecte la
transparencia en esta actividad del Estado […]”.
170. En suma, desde la vigencia de la Ley 1474, las pólizas de seguro vinculadas a
los procesos de responsabilidad fiscal, cuentan con el mismo término de
prescripción de 5 años que el impuesto para la declaración de responsabilidad fiscal.
Análisis del caso concreto
171. Conforme al marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales expuestos en
la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.
172. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 156441, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante y el tercero con interés en las resultas del proceso.
Vigencia de la póliza global bancaria
173. La Póliza de seguro de manejo global bancaria núm. 8001000118 expedida por
Seguros Colpatria S.A., con vigencia comprendida entre el 21 de enero de 2006 hasta
el 21 de enero de 2007, tuvo las siguientes coberturas: i) seguro global bancario; ii)
fraudes por computador; e iii) indemnización profesional.
174. La Sección I de la póliza global bancaria para instituciones financieras en
materia de amparos básicos estableció como amparos los siguientes: i) infidelidad de
los empleados; ii) predios: iii) tránsito; iv) falsificación; v) extensión de falsificación;
vi) dinero falsificado; vii) responsabilidad para cajillas de seguridad; y viii) pérdidas
de derechos de suscripción.
41 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
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175. Respecto a la Sección III de la póliza referente al amparo de Infidelidad de
empleados, aplicable al caso concreto, se determinó que “[…] cubre toda pérdida
ocurrida única y directamente como consecuencia de uno o más actos deshonestos
o fraudulentos cometidos por uno o varios empleados del asegurado ya sea solos o
en complicidad con otras personas, con la intención manifiesta de hacer que el
asegurado sufra dichas pérdidas […]”.
Proceso de responsabilidad fiscal
176. El acto administrativo que contiene el fallo con responsabilidad fiscal núm.
000001 de 7 de septiembre de 2011 expedido por la Coordinación para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia
Departamental del Quindío de la Contraloría General de la República por medio del
cual se declaró responsable fiscal a los señores Armando Escobar Sánchez, Álvaro
Andrés Quintero Orrego, Jhon Carlos Pino Franco y Luisa Fernanda Jaramillo
Villegas por el daño patrimonial producido al erario con ocasión de los desembolsos
efectuados de los subsidios de vivienda en forma irregular de los recursos del Fondo
para la Reconstrucción del Eje Cafetero hoy la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social sede Armenia y se declararon
terceros civilmente responsables a las compañía de seguros La Previsora S.A. y
Colpatria S.A. en su calidad de garante derivado de las Pólizas Global Bancaria
núms. 1001135 con vigencia de 21 de enero de 2005 a 21 de enero de 2006 y
8001000118 con vigencia de 21 de enero de 2006 a 21 de enero de 2007,
respectivamente.
177. El acto administrativo contenido en el auto núm. 000086 de 10 de octubre de
2011, expedido por la Coordinación para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental del Quindío de la Contraloría
General de la República por medio del cual resolvió los recursos de reposición
interpuestos contra el acto administrativo indicado supra.
178. El acto administrativo contenido en el auto núm. 001893 de 18 de noviembre
de 2011, expedido por la Dirección de Juicios fiscales de la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República, mediante el cual se decidió el recurso de apelación.
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179. En los citados actos administrativos se citaron las siguientes actuaciones
procesales:
“[…] Auto No. 001 del 31 de mayo de 2007, por el cual se apertura el proceso
de Responsabilidad Fiscal (Folios 455 a 463).
[…]
Auto No. 37 del 28 de abril de 2011, por el cual se vinculan unas compañías
de seguros (Folios 3099 a 3104)
[…]
Auto No. 39 del 23 de mayo de 2011, por el cual se reconoce personería a un
apoderado de la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y diligencia de
posesión (Folios 3137 y 3138)
[…]
Auto No. 45 del 21 de junio de 2011 por el cual se reconoce personería al
apoderado de la Compañía de Seguros Colpatria (Folio 3268) […]”
“[…] Fallo con responsabilidad fiscal No. 000001 del 7 de septiembre de 2011
(Folios 3527 a 3563) […]”
180. Frente al cargo de prescripción la Contraloría General de la República mencionó
que:
“[…] a) La prescripción del artículo 1081 del Comercio de Comercio se aplica a
las partes del contrato de seguros no a las contralorías.
Son diferentes la relación existente entre las partes del contrato de seguros
propiamente dicho la relación existente entre la Contraloría y las aseguradoras. En
ese sentido, la prescripción regulada en el artículo 1081 del Código de Comercio
afecta la acción que tienen las partes del contrato de seguros para hacer valer sus
derechos en caso de ocurrencia del siniestro amparado, pero no puede incidir de
ninguna manera en la actuación de la Contraloría por cuanto ésta no es parte dentro
del contrato de seguros. Las cláusulas del contrato ciertamente son ley para las
partes, pero no pueden cobijar a quien no ostentan esa calidad.
[…]
b) Las normas de la Constitución y de la Ley 610 de 2000 son de orden público
y por lo tanto prevalecen sobre las normas del Código de Comercio.
La acción fiscal tiene una regulación especial cuyo fundamento constitucional son los
artículos 119. 267, 268 y siguientes de la Carta Política. De acuerdo con estas
normas, a la Contraloría General de la República le corresponde el control fiscal.
[…]
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En desarrollo de esta función constitucional, la Ley 610 de 2000 estableció el trámite
del proceso de responsabilidad fiscal de competencia de la Contraloría, norma que
regula de manera especial esta materia, con el fin de determinar la responsabilidad
fiscal de servidores públicos y particulares cuando en ejercicio de gestión fiscal o con
ocasión de esta, por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, causen un daño
patrimonial al Estado.
[…]
c) Aplicar la prescripción regulada en el código de comercio a la actuación de
la Contraloría General de la República, hace inocua la vinculación del garante
al proceso de responsabilidad fiscal, por cuanto se obliga a lo imposible a la
misma Contraloría.
Es de recordar que por mandato constitucional el control fiscal que practica la
Contraloría es de carácter posterior, no preventivo ni previo, se despliega sobre
inversiones ya ejecutadas sin que el control fiscal constituya una administración
paralela (inc. 2°. art. 267 Const. Política), por lo que no se ciñen a ese margen de
tiempo que sí corre contra los celebrantes del contrato de seguros, que se mantienen
en contacto directo con el desarrollo del vínculo amparado y sus incidencias, de las
que pueden dar aviso oportuno. […]”.
181. De las pruebas anteriormente citadas se desprende que:
182. La póliza de seguro de manejo global bancario núm. 8001000118 determinó
en la cláusula de infidelidad de los empleados, un amparo consistente en “[…] toda
pérdida ocurrida única y directamente como consecuencia de uno o más actos
deshonestos o fraudulentos cometidos por uno o varios empleados del asegurado
ya sea solos o en complicidad con otras personas, con la intención manifiesta de
hacer que el asegurado sufra dichas pérdidas […]”.
183. En el asunto sub examine se tiene acreditado que la compañía de seguros
Colpatria S.A., expidió la póliza de seguro de manejo global bancario núm.
8001000118 cuyo tomador fue Fiduciaria La Previsora S.A. para amparar las
pérdidas causadas por infidelidad de empleados.
184. Los hallazgos e irregularidades que determinaron el inicio del proceso de
responsabilidad fiscal tienen relación con el pago de una serie de subsidios de
vivienda de manera fraudulenta, cuyos desembolsos tuvieron lugar entre el 5 de
septiembre de 2005 y el 23 de noviembre de 2006.
185. Ahora bien, dichos hallazgos sirvieron de base para la expedición del Auto de
Apertura de Investigación preliminar núm. 001 de 20 de diciembre de 2006 y el Auto
de apertura del proceso de responsabilidad fiscal núm. 001 de 31 de mayo de 2007.
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186. Según lo reseñado en precedencia, el término de dos (2) años previsto en el
artículo 1081 del Código de Comercio para que opere la prescripción ordinaria,
empezó a correr para la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental del Quindío de la
Contraloría General de la República, a partir de la fecha en que esta tuvo
conocimiento de la ocurrencia de los hechos investigados, que en el presente caso
aconteció el 20 de diciembre de 2006 cuando abrió formalmente la investigación fiscal
en contra de los implicados.
187. En vista de que el fallo con responsabilidad fiscal núm. 000001 fue expedido el
7 de septiembre de 2011, resulta evidente que se expidió después de los dos años
de que disponía el ente de control para hacerlo, el cual vencía el 20 de diciembre de
2008 por lo que, al estar vencido ese término, operó la prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro en contra de la Contraloría, cuya póliza ordenó hacer
efectivos el ente de control en el mencionado fallo.
188. Para la Sala, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República,
vinculó a la compañía aseguradora en calidad de tercero civilmente responsable
afectando la póliza núm. 8001000118, como consecuencia de una acción derivada del
contrato de seguro, resulta evidente que dicha decisión la adoptó por fuera del término
legal en virtud de la ocurrencia de la prescripción de la acción derivada del contrato de
seguro, de allí que la sentencia de primera instancia será revocada.
189. En esas circunstancias, es notoria la ocurrencia de la prescripción alegada por
la parte demandante, lo cual implica revocar la decisión tomada en primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.
Del restablecimiento del derecho
190. La parte demandante a título de restablecimiento del derecho solicitó:
“[…] CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores Declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, cesar toda y cualquier clase de acción en contra de mi representado
SEGUROS COLPATRIA S.A., y que tenga como origen los ACTOS
ADMINISTRATIVOS enunciados, como son: abstenerse de ejercer el cobro coactivo
en contra de SEGUROS COLPATRIA S.A.; y en el evento de que SEGUROS
COLPATRIA S.A. HAYA EFECTUADO EL PAGO DE LAS SUMAS DE DINERO A
QUE FUE CONDENADA, SE ORDENE la devolución de cualquier suma de dinero
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que mi representada hubiere pagado con ocasión del Fallo de Responsabilidad Fiscal,
SE REINTEGRE su valor debidamente actualizado teniendo como sustento el Artículo
178 del Código Contencioso Administrativo, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia
del Honorable Consejo de Estado, conforme a la siguiente […]”
191. La parte demandante, mediante escrito de 22 de agosto de 202242 allegó
comprobante de pago, afectando la póliza núm. 8001000118, pago realizado dentro
del proceso de cobro coactivo adelantado por la Contraloría General de la República
núm. 2014-00460-573, por la suma de $1.792.066.515,81, como se verifica al
inverso del folio 298 del cuaderno principal.
192. Teniendo en cuenta que, esta Sala revocará la decisión adoptada en primera
instancia, y accederá a las pretensiones de la demanda, la parte demandada deberá
efectuar la devolución del pago realizado por el parte demandante indicado supra,
y para lo cual se deberá dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo, para los efectos de la devolución de las sumas
pagadas por la parte demandante.
Vinculación de la compañía de seguros La Previsora S.A. como tercero en las
resultas del proceso
193. El a quo en la sentencia de 21 de julio de 2022, como cuestión preliminar
desvinculó a la compañía de seguros La Previsora S.A., del presente proceso al
considerar que:
“[…] las solicitudes del apoderado judicial de La Previsora S.A. salen de la órbita de
su vinculación, toda vez que si bien, en su momento la Sala consideró que aquella
tenía un interés en las resultas del proceso ya que también fue declarada responsable
fiscal dentro del proceso No. 32-05-526, dicha circunstancia no la habilita a proponer
nuevas pretensiones y cargos de nulidad, pues las declaraciones que hizo de la
Contraloría General de la Republica se efectuaron pronunciamientos diferentes en
torno a situaciones jurídicas concretas y particulares de cada uno de los investigados,
con ocasión a los argumentos de defensa presentados y las pruebas arrimadas al
proceso, por cada uno de ellos.
Por lo tanto, debe precisarse que independientemente que la demandante, Colpatria
S.A. y la Previsora S.A., vinculada oficiosa, en calidad de aseguradoras hubiesen sido
declarados terceros civilmente responsables, debe tenerse en cuenta que esta
condena obedeció a la existencia de dos pólizas distintas (Nos. 1001135 y
801000118), cubrimientos independientes, así como disimiles en la vigencia en el
tiempo, una, del 21 de enero de 2005 al 21 de enero de 2006 y otra del 21 de enero
al 21 de enero de 2007, por lo que no puede tramitarse bajo una misma cuerda
procesal la declaratoria de responsabilidad de cada una, máxime cuando las
42 Folios 297 y 298 del Cuaderno Principal.
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excepciones de mérito que proponga la Contraloría para defender los actos
administrativos, en cada caso serán diferentes.
[…]
Finalmente ha de indicarse que cada uno de los sujetos involucrados en los fallos de
responsabilidad fiscal ostentan la facultad (dispositiva) de ejercer o no la acción
contenciosa ante la jurisdicción administrativa, en la oportunidad prevista por el
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y a través de una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto
administrativo y esgrimir el derecho que presuntamente le ha sido vulnerado, además
de sustentar si le asiste interés o no en la eventual reparación del daño causado. […]”
194. Al respecto, en el presente proceso se adelantaron las siguientes actuaciones:
194.1. Mediante auto de 17 de mayo de 2012, la subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó “[…] Vincúlase como tercero
interesado en el proceso a la sociedad La Previsora S.A. […]”.
194.2. La Previsora S.A. compañía de seguros, mediante escrito de 14 de diciembre
de 201243, solicitó reconocerlo como coadyuvante de la parte demandante y refirió
las mismas declaraciones y pretensiones del escrito de la demanda.
194.3. La Previsora S.A. compañía de seguros, presentó alegatos de conclusión 44,
e hizo las siguientes solicitudes:
“[…] 1. Que se declare nulo el artículo segundo del fallo con responsabilidad No.
000001 del 7 de Septiembre de 2.011, proferido dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. 32 - 5 - 526 expedido por la Contraloría General de la
República Gerencia Departamental del Quindío en el cual declaro civilmente
responsable a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, quien expidió la
póliza de infidelidad de riesgos financieros y o global manejo global para entidades
públicas No. 1001135.
2. Que se declare nulo el auto No. 000086 del fecha 10 de Octubre de 2.011, mediante
el cual se aclaró el artículo segundo citado. En dicho acto administrativo, se declaró
civilmente responsable a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS hasta por
la suma de $29.833.028,60.
3. Que se declare nulo el auto No. 001893 de fecha 18 de Noviembre de 2.011,
proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 32 - 5 - 526 mediante el
cual confirmo el recurso de apelación interpuesto, y decidió confirmar el fallo con
responsabilidad No. 0001 del 7 de Septiembre de 2.011 y el auto No. 000086 del 10
de Octubre de 2.011.
43 Fls. 143 a 151 del Cuaderno Principal
44 Fls. 238 a 244 del Cuaderno Principal
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Demandante: Seguros Colpatria S.A.
4. Se ordene a la Contraloría General de la República cesar toda y cualquier acción
en contra de Seguros Colpatria y La Previsora S.A: Compañía de Seguros., que tenga
como origen los actos administrativos enunciados y cuya nulidad se solicitó. […]”
195. Ahora bien, esta Sala considera ajustada la decisión adoptada por el a quo, en
atención a que, si bien La Previsora S.A. Compañía de Seguros, pretende la nulidad
de los mismos actos administrativos enjuiciados por la parte demandante, el objeto
de la litis es diferente, toda vez que las pólizas de seguro de manejo bancario son
diferentes, con vigencia diferente, por lo cual el término de prescripción en cada
caso varía.
196. Y en ese sentido, la actuación de La Previsora S.A. Compañía de Seguros
desborda la naturaleza de la coadyuvancia, motivo por el cual y sobre este asunto,
habrá de confirmarse la decisión adoptada en la sentencia proferida en primera
instancia, por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Conclusiones de la Sala
197. En suma, la Sala revocará parcialmente la sentencia apelada, en razón a que,
en el presente asunto, no era procedente la declaratoria como tercero civilmente
responsable de la parte demandante Seguros Colpatria S.A, en la medida que operó
la prescripción de la acción para el contrato de seguro de conformidad con lo
previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio.
198. Es el artículo 1081 del Código de Comercio el que ha de servir de parámetro
jurídico a fin de determinar si el ente de control fiscal ejerció en oportunidad el
derecho previsto en el artículo 44 de la Ley 610, consistente en comprometer a la
compañía aseguradora como tercero civilmente responsable en el proceso de
responsabilidad fiscal.
199. No es procedente acudir al artículo 9 de la Ley 610 para contabilizar términos
de prescripción a favor del garante, dado que su participación en el mismo es de
naturaleza civil, y la normativa que le resulta aplicable corresponde a las normas de
derecho comercial que rigen el respectivo contrato de seguro, y no las de
responsabilidad fiscal.
200. De otro lado, esta Sala confirmará la decisión adoptada en la sentencia
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Demandante: Seguros Colpatria S.A.
proferida, en primera instancia, respecto a la desvinculación de La Previsora S.A.
compañía de seguros, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia proferida, en
primera instancia, por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 21 de julio de 2022, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad del artículo segundo del Fallo con
responsabilidad fiscal núm. 000001 de 7 de septiembre de 2011 proferido dentro del
proceso de responsabilidad fiscal núm. 32-05-526, expedido por la Coordinación
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia
Departamental del Quindío de la Contraloría General de la República, respecto a
declarar como tercero civilmente responsable a la compañía de seguros “[…]
COLPATRIA S.A., con NIT 860.002.-184-6, quien expidió la póliza de infidelidad y
riesgos financieros y/o global manejo bancario y/o manejo global para entidades
públicas N°. 8001000118 que ampara la cobertura infidelidad riesgos financieros de
la Fiduciaria La Previsora S.A., expedida para la vigencia del 21 de enero de 2006
al 21 de enero de 2007, por $60.000.000.000,00 […]”.
TERCERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero del auto núm. 000086 de 10
de octubre de 2011 proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal núm. 32-
05-526, expedido por la Coordinación para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental del Quindío de la Contraloría
General de la República, que aclaró el artículo segundo del Fallo con
responsabilidad fiscal núm. 000001 de 7 de septiembre de 2011, en lo que respecta
a la compañía de seguros Colpatria S.A. “[…] quien responderá por la suma de
$471.874.917,20 […]”; así como del auto 001893 de 18 de noviembre de 2011
expedido por la Coordinación para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
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Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Coactiva de la Gerencia Departamental del Quindío de la Contraloría General de la
República, en lo respectivo a la parte demandante.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la Contraloría General de la República a favor de la parte
demandante a realizar la devolución de los dineros pagados con ocasión al proceso
de cobro coactivo, suma que deberá ser liquidada conforme a los lineamientos
señalados en la parte motiva de la presente sentencia.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
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