Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2012-00104-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2012-00104-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-31-000-2012-00104-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
Tema: Responsabilidad fiscal. Vinculación de la aseguradora. Prescripción
de la acción fiscal. Aplicación de la regla prevista en el artículo 1081 del
Código de Comercio. Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 15 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
I.1.1. Las pretensiones de la demanda
1. La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en adelante parte demandante, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, por conducto
de apoderada judicial instauró demanda en la cual elevó las siguientes
pretensiones:
“II. LO QUE SE DEMANDA
Las peticiones de esta demanda son las siguientes:
PRIMERA: Que se declare que es Nulo el Fallo con Responsabilidad
Fiscal No.120 de fecha 29 de diciembre del 2010, el Auto 041 por el cual
se decide el Recurso de Reposición interpuesto contra el Fallo con
Responsabilidad de fecha 24 de Mayo del 2011 proferidos por los
funcionarios de la Contraloría en primera instancia y el Auto No. 001066
originario de la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General de
La República, producido en el proceso de responsabilidad fiscal No.910
de fecha 18 de julio del 2011 que confirmo (sic) el Fallo con
Responsabilidad Fiscal No.120 de fecha 29 de diciembre del 2010
adelantado por LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA en
contra del Dr. GIOVANNY (sic) MANDON NAVARRO, ANGELICA SOTO
PABON Y LA PREVISORA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior nulidad se ordene a
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA restituir a LA
PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS el valor de
$689.910.290.25 que esta tuvo que pagar como consecuencia de la
declararía (sic) de responsabilidad en el fallo con responsabilidad No. 120
de fecha 29 de diciembre del 2010, debidamente indexado desde la fecha
en que se causo (sic) el pago, hasta la fecha en que se haga efectivo el
pago a LA PREVISORA S.A. COMPANÍA DE SEGUROS, dándose
cumplimiento a la sentencia en los términos de los Artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
TERCERO: Que se condene en costas a la entidad demandada1”.
(Mayúsculas original del texto)
I.1.2. Los hechos descritos en la demanda
2. Los hechos que sustentan la demanda están relacionados con las principales
actuaciones surtidas en la investigación administrativa que culminó con la
expedición de los actos demandados:
2.1. La Gerencia Departamental de Norte de Santander de la Contraloría General
de la República adelantó investigación fiscal que se tramitó con el número 910, en
contra de los señores Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón, quienes
para la época de los hechos fungieron como jefe del Instituto de Seguros Sociales
– Seccional y contratista de esa entidad, respectivamente.
2.2. El 14 de junio de 2006, la señora Liliana del Pilar Meza Mora, en su calidad de
coordinadora (e) del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva y sin tener competencia para ello, mediante comunicación 82544-1911
asignó la evaluación de los antecedentes del proceso a la señora Paola Andrea
Vélez Otálora con el propósito de que se adelante la investigación por las presuntas
irregularidades con ocasión del trámite de “pensiones e incapacidades” al interior
del Instituto de Seguros Sociales.
2.3. Según auto 412 de 14 de junio de 2007, se ordenó la apertura de
responsabilidad fiscal en contra de los señores Geovanny Mandón Navarro y
Angélica Soto Pabón. Igualmente, se vinculó al proceso a la Previsora S.A.
Compañía de Seguros como tercero civilmente responsable. Dicha vinculación, a
juicio de la actora, se hizo “[…] sin auto de vinculación debidamente motivado, no
permitiendo de esta manera a la aseguradora ejercer una adecuada defensa2”.
2.4. Mediante auto 485 de 1 de noviembre de 2007, el señor Jorge Eler Rubio, en
su calidad de funcionario de conocimiento (encargo) ordenó el decreto de algunas
pruebas y negó otras sin estar investido de la respectiva competencia conforme lo
exige la Resolución 5500 de 2003.
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Folio 2 Cuaderno 1.
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Folio 6 Cuaderno 1.
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
2.5. A través de la Resolución 153 de 30 de septiembre de 2008, el Gerente
Departamental de Norte de Santander designó al señor Jorge Eler Rubio funciones
de coordinador del grupo ante la vacancia del cargo por renuncia del titular.
2.6. El propio Gerente Departamental de Norte de Santander, mediante Resolución
171 de 10 de febrero de 2009, revocó la Resolución 153 de 30 de septiembre de
2008, esgrimiendo su falta de competencia para designar al coordinador del grupo
"[...] siendo nulas todas las acciones que se hayan surtido en el proceso desde bajo
su coordinación (período del 30/09/2008 hasta el 10 de Febrero de 2009) de
acuerdo a las funciones que se encuentran establecidas en el Artículo 20 de la
Resolución 5500/20033”.
2.7. La Gerencia Departamental de Norte de Santander de la Contraloría General
de la República inicialmente profirió fallo 624 de 9 de julio de 2009, por medio del
cual declaró fiscalmente responsables a los señores Geovanny Mandón Navarro y
Angélica Soto Pabón por la cuantía de $1.016.917.866,00 y condenó a la Previsora
S.A. Compañía de Seguros como tercero civilmente responsable.
2.8. Mediante auto 001397 de 26 de noviembre de 2009, la Contraloría declaró la
nulidad de lo actuado a partir del auto de imputación de responsabilidad fiscal de 30
de abril de 2009, toda vez que la actuación administrativa se expidió con violación
al debido proceso de la señora Angélica Soto Pabón y de la Previsora S.A.
Compañía de Seguros.
2.9. A través de auto 020 de 11 de marzo de 2010, se ordenó vincular a la Previsora
S.A. por las pólizas de manejo global 1003157 y 1002889, con sus respectivas
prórrogas. Dicha vinculación, a juicio de la actora “[…] se surtió enunciando los
números de las pólizas, el ramo, el valor asegurado y su deducible, con base en
copias simples allegadas por el Seguro Social sin anexos, sin las condiciones
generales y particulares que hacen parte integrante de los contratos de seguros,
elementos en donde se encuentran plasmadas las condiciones en que se expidieron
los respectivos contratos de seguros y en cuyos términos debe responder el
asegurador4”.
2.10. El 2 de julio de 2010 se expidió auto de imputación 046 en contra de los
señores Geovanny Mandón Navarro, Angélica Soto Pabón y la Previsora S.A.
Compañía de Seguros.
2.11. Dentro del término del traslado, la aseguradora solicitó la práctica de algunas
pruebas, en especial, pidió que se allegaran los originales de los contratos de
seguros y los documentos relacionados con el siniestro, petición que fue negada
mediante auto 112 de 10 de noviembre de 2010.
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Folio 5 Cuaderno 1.
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Folio 8 Cuaderno 1.
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
2.12. La Gerencia Departamental de Norte de Santander de la Contraloría General
de la República profirió el fallo con responsabilidad fiscal 120 de 29 de diciembre de
2010 (acto demandado) por medio del cual declaró responsable a los señores
Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón por cuantía de $1.016.907.866
y condenó a la Previsora S.A. Compañía de Seguros como tercero civilmente
responsable. Igualmente, no se accedió a la solicitud de nulidad del proceso
presentada por los apoderados de los responsables fiscales.
2.13. En contra de la anterior decisión la Previsora S.A. interpuso recurso de
reposición y subsidiariamente, de apelación.
2.14. Mediante auto 017 de 11 de marzo de 2011, la Gerencia Departamental de
Norte de Santander de la Contraloría General de la República rechazó la solicitud
de nulidad presentada por el señor Geovanny Mandón Navarro e indicó que “[…]
contra la presente providencia no procede recurso alguno5”.
2.15. El Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta por fallo de tutela del 5 de abril
de 2011 ordenó dejar sin efecto el auto 017 de 11 de marzo de 2011 y dispuso que
se debía otorgar a los afectados la oportunidad de interponer los recursos del
artículo 38 de la Ley 610 de 2000, esto es, los recursos de reposición y de apelación.
2.16. La Gerencia Departamental de Norte de Santander de la Contraloría General
de la República mediante auto 041 de 24 de mayo de 2011 y la Dirección de Juicios
Fiscales de la Contraloría General de la República a través del auto 001066 de 18
de julio de 2011, confirmaron el fallo con responsabilidad fiscal.
2.17. La Contraloría General de la República inició el proceso de cobro coactivo 964
en contra de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, so pena del pago de intereses
de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio y el embargo de sus cuentas.
2.18. La Previsora S.A. Compañía de Seguros efectuó el pago de la suma de
“$689.910.290,14” a la cuenta 110050001197 del Tesoro Nacional del Banco
Popular según información que para tal fin proporcionó el Coordinador del Grupo de
Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia
Departamental de Norte de Santander de la Contraloría General de la República.
2.19. Mediante Resolución 005 de 1 de febrero de 2012 y auto aclaratorio 008 de 7
de febrero de esa misma anualidad, el Coordinador de Gestión, Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva resolvió declarar por terminado el proceso
de cobro coactivo 964 contra la Previsora S.A. Compañía de Seguros por el pago
total a su cargo.
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Folio 10 Cuaderno 1.
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
I.1.3. Normas violadas y el concepto de la violación
3. Como tales se invocaron las siguientes normas: los artículos 29 de la
Constitución Política; 22, 23, 24, 26, 36, 37, 38, 41, 44, 51 y 53 de la Ley 610 de 15
de agosto de 2000; 1046, 1056, 1060 y 1081 del Código de Comercio; 174, 177 y
181 del Código de Procedimiento Civil y; el artículo 20 de la Resolución Orgánica
5500 de 2003.
4. Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso
los siguientes argumentos:
(i) Primer cargo. Falta de competencia de los funcionarios de la Contraloría
Departamental que adelantaron el proceso de responsabilidad fiscal.
(ii) Segundo cargo. Violación al debido proceso por ausencia de pruebas
conducentes para imputar responsabilidad fiscal a los señores Geovanny Mandón
Navarro y Angélica Soto Pabón.
(iii) Tercer cargo. Violación al debido proceso por indebida vinculación del garante
al proceso de responsabilidad fiscal pues no se identificaron con precisión las
pólizas y los contratos de seguros.
(iv) Cuarto cargo. Violación al debido proceso pues no se aportaron los contratos
de seguro y demás documentos que la informan contrariando lo dispuesto en los
artículos 264 y 279 del Código de Procedimiento Civil.
(v) Quinto cargo. Violación al debido proceso toda vez que no se demostró la
cobertura y que los responsables fiscales estuvieran asegurados.
(vi) Sexto cargo. Violación al debido proceso pues la parte demandada no efectuó
ninguna valoración jurídica de las razones de la objeción presentada por la
Previsora S.A. ante el Seguro Social mediante comunicación 017347 de 12 de junio
de 2007, la cual fue ratificada mediante comunicación 026224 de 12 de septiembre
de 2007. Por ende, se configuró una causal de exclusión de responsabilidad del
asegurador frente al beneficiario.
(vii) Séptimo cargo. Operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del
contrato de seguro prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio desde que
se tuvo conocimiento de los hechos.
I.2. La contestación de la demanda
5. El apoderado judicial de la Contraloría General de la República contestó la
demanda de manera extemporánea6.
6
De conformidad con la constancia secretarial visible a folio 336 del Cuaderno 1 la fijación en lista inició el día 8 de julio de
2014 y la desfijación se realizó el día 21 de julio de 2014. Ahora bien, según sello de secretaría la contestación de la demanda
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Demandada: Contraloría General de la República
I.3. La sentencia de primera instancia
6. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander a través de fallo dictado el día
15 de julio de 2021 denegó las súplicas de la demanda.
7. Previo a resolver el problema jurídico, el Tribunal a quo se pronunció sobre los
siguientes aspectos: (i) los hechos probados y jurídicamente relevantes; (ii) las
facultades de la Contraloría General de la República; (iii) el proceso de
responsabilidad fiscal, el término de prescripción y de caducidad de la acción; (iv)
las obligaciones de las aseguradoras llamadas en garantía en virtud de la póliza de
seguro; (v) de la prueba directa en un contrato de póliza de seguro respecto al
llamamiento en garantía para hacer efectivo su cumplimiento y, (vi) el caso en
concreto.
8. Igualmente, el Tribunal a quo abordó los siguientes problemas jurídicos: (i) la
falta de competencia; (ii) la violación al debido proceso y, (iii) la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro.
I.3.1. Sobre la falta de competencia
9. Sostuvo que el nombramiento en encargo constituye una modalidad de provisión
temporal de empleos y una situación administrativa a través de la cual se permite el
ejercicio de funciones públicas en forma parcial o total.
10. El Tribunal a quo describió que a través de la Resolución 153 de 2008, el
Gerente Departamental encargó al señor Jorge Eler Rubio Escalante como
Coordinador del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
11. Subrayó que dicha resolución fue revocada por la Gerencia de Talento Humano
tras considerar que el Gerente Departamental no tenía competencia para efectuar
dicho encargo, siendo nulas, entonces, las acciones que se hayan surtido en el
proceso bajo su coordinación, “[…] es decir entre el periodo (sic) del 30 de
septiembre del 2008 hasta el 10 de febrero de 2009, entre las cuales estaba el Auto
No. 485 del 01 de noviembre del 2007, por medio del cual el funcionario retirado
resolvió sobre la práctica de las pruebas solicitadas por la Previsora7”.
12. Igualmente, el tribunal aceptó que si bien tal funcionario actuó sin competencia
no era menos cierto que “[…] este vicio fue subsanado a través de la expedición del
Auto No 001397 del 26 de noviembre del 2009, mediante el cual se declaró la
nulidad del fallo con responsabilidad fiscal No. 624 del 09 de julio del 2009, a partir
del auto de Imputación No. 537 del 2008, por indebida notificación de la señora
Angélica Soto del auto de apertura y por la indebida vinculación del tercero
se radicó el día 4 de agosto de 2014, esto es, por fuera del término previsto en el artículo 144 del CCA, modificado por el
artículo 46 de la Ley 446 de 1998.
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Folio 577 Cuaderno 2.
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Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
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civilmente responsable y todas las actuaciones surtidas a partir del auto de
imputación8”.
13. Así, los funcionarios de la Contraloría mediante auto 020 del 11 de marzo de
2010 vincularon nuevamente a la Previsora S.A. Compañía de Seguros por las
pólizas de manejo global 1003157 y 1002889, con sus respectivas prórrogas y el 2
de julio de 2010 se expidió de nuevo auto de imputación 046 en contra de los
señores Geovanny Mandón Navarro, Angélica Soto Pabón y de la Previsora S.A.
14. Por ende, a juicio del Tribunal de primera instancia, no estaba llamado a
prosperar el vicio de nulidad por falta de competencia, pues al iniciarse nuevamente
el proceso de responsabilidad fiscal los actos administrativos reprochados por la
demandante -expedidos sin competencia- quedaron sin efectos.
I.3.2. Sobre la violación al debido proceso
15. Señaló que, según el amplio material probatorio de la investigación
administrativa se estableció el detrimento causado al Estado por el señor Geovanny
Mandón Navarro, como jefe del Departamento de Riesgos Laborales del Instituto de
Seguros Sociales – Seccional y la señora Angélica Soto Pabón, encargada del
sistema de pago de nómina por acciones fraudulentas al reconocer pensiones de
sobrevivientes e invalidez.
16. Por otro lado, explicó que al expediente contentivo del procedimiento
administrativo sí fueron allegadas las pólizas de responsabilidad global en las cuales
se puede apreciar la vigencia del seguro, el valor asegurado deducible de cada una
de las pólizas (1003157 y 1002889) e, igualmente, se puede apreciar que los
eventos amparados consistían en “COBERTURA GLOBAL DE MANEJO,
EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN,
RENDICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, con alcances fiscales9”.
17. Agregó que por empleado se entendía cualquier persona que prestara su
servicio a la entidad asegurada, vinculada ya fuera mediante contrato de trabajo,
orden de trabajo, o mediante nombramiento por decreto o resolución. Igualmente,
se encontraban amparados los contratistas independientes quienes debían cumplir
las normas que lo regulan y las garantías de la Ley 80 de 1993. En definitiva, según
el Tribunal, la Previsora S.A. estaba llamada a responder como tercero civilmente
responsable.
I.3.3. Sobre la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro
18. Precisó que el artículo 9° de la Ley 610 de 2000 consagra dos fenómenos
diferenciables que pueden configurarse en los procesos de responsabilidad fiscal:
La caducidad y la prescripción. La caducidad opera si transcurridos cinco (5) años
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Folio 577 Cuaderno 2.
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Folio 580 Cuaderno 2.
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Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
desde la ocurrencia del hecho que genera el daño al patrimonio público no se dicta
auto por medio del cual se da apertura al proceso de responsabilidad fiscal, es decir,
en este primer evento se extingue el derecho de acción que tienen las contralorías
para iniciar formalmente un proceso de responsabilidad fiscal.
19. Por su parte, la responsabilidad fiscal prescribe si dentro del lapso de cinco (5)
años contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal no
se ha dictado providencia en firme que así la declare, en cuyo caso el ente de control
fiscal pierde el derecho a atribuir responsabilidad fiscal al implicado.
20. Manifestó que el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que por
no tratarse de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro
coactivo, sino una acción derivada del contrato de seguros, es aplicable la
prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio y no el término de caducidad
previsto en el artículo 9º de la ley 610 de 2000, como tampoco el señalado en el
artículo 66, numeral 3, del C.C.A., para vincular al garante como civilmente
responsable. Así mismo, explicó que el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011, sometió
a las pólizas de seguro a los plazos de prescripción de la Ley 610 de 2000.
21. En el presente caso, consideró que la norma aplicable es el artículo 9° de la Ley
610 de 2000, toda vez que los hechos ocurrieron en vigencia de esa normatividad.
Precisado lo anterior formuló las siguientes conclusiones que se transcriben:
“Por lo tanto, teniendo en cuenta que la última prórroga de la póliza que
se encontraba vigente fue hasta el 01 de enero del 2006 y los actos eran
de tracto sucesivo y complejo, el término empezaba a correr al siguiente
día del último hecho, el cual fue en mayo del 2006, que fue el último pago
efectuado a la pensión de sobrevivientes del causante Elmer Robinson
Villamizar Lemus, con beneficiario María Ofelia Lemus De Villamizar,
cuando se realizaron pagos irregulares consecutivamente durante 35
meses desde el mes de julio de 2003 hasta mayo de 2006, y el auto que
dio apertura al proceso fue del 29 de diciembre de 2010.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la siguiente línea temporal:
En conclusión, encuentra la Sala que los fallos de responsabilidad fiscal
no se encontraban prescritos y por el contrario, están revestidos de
legalidad, pues los vicios que pudo tener el proceso fueron debidamente
saneados durante el curso del proceso, dando como resultado la
declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de la Previsora S.A. como
tercero civilmente responsable […]”. (Subrayado original del texto).
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
I.4. El recurso de apelación presentado por la Previsora S.A.
22. La Previsora S.A. Compañía de Seguros apeló el fallo de primera instancia, con
sustento en las siguientes premisas:
23. Primer motivo. La falta de competencia de los funcionarios de la Contraloría
que adelantaron el proceso de responsabilidad fiscal 910 en contra de los señores
Geovanny Mandón Navarro, Angélica Soto Pabón y de la Previsora S.A.
24. A juicio de la recurrente, las siguientes actuaciones fueron expedidas sin
competencia: (i) la comunicación 82544-1911 de 14 de junio de 2006, por medio de
la cual la señora Liliana del Pilar Meza Mora, en su calidad de coordinadora (e) del
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva asignó los
antecedentes del proceso para su evaluación a la señora Paola Andrea Vélez
Otálora y, (ii) el auto 485 de 1 de noviembre de 2007, suscrito por el señor Jorge
Eler Rubio Escalante, por medio del cual decretó y negó la práctica de algunas
pruebas.
25. Sobre este punto, explicó que si bien a través de la Resolución 153 de 30 de
septiembre de 2008, el Gerente Departamental de Norte de Santander designó al
señor Jorge Eler Rubio Escalante funciones como coordinador del grupo ante la
vacancia del cargo por renuncia del titular, dicha decisión fue revocada por el propio
gerente departamental mediante Resolución 171 de 10 de febrero de 2009. Como
resultado de ello, a su juicio, resultan “[…] nulas todas las acciones que se hayan
surtido en el proceso desde bajo su Coordinación en el período comprendido del 30
de Septiembre del 2008 hasta el 10 de febrero del 200910”.
26. Más adelante agregó que: “[…] [e]sta (sic) probado en el proceso que La
Coordinadora de Gerencia Departamental de Norte de Santander para la fecha en
que adelanto (sic) el proceso año 2006 la doctora Myriam Celina Guzmán designo
(sic) para el conocimiento del proceso a la doctora LILIANA DEL PILAR MEZA
MORA, hecho que no se discute, con lo que no se estuvo de acuerdo que es hecho
de la asignación que hiciera la doctora LILIAN (sic) DEL PILAR MEZA sin ostentar
dicha facultad que nunca fue probada mediante acto administrativo de delegación
[…] el proceso traía vicios por esta causal desde su inicio y estas actuaciones no
fueron anuladas el proceso fiscal, ni las demás causales que se invocaron al fallo
manteniendo las mismas irregularidades invocadas, que no fue revisada por el
Operador de Justicia de 1° Instancia11”.
27. Segundo motivo. Violación al debido proceso por ausencia de pruebas
conducentes para imputar responsabilidad fiscal a los señores Geovanny Mandón
Navarro y Angélica Soto Pabón. En este sentido, anotó que el fallo con
responsabilidad fiscal no efectuó ningún análisis jurídico para demostrar las razones
10
Folio 589 reverso Cuaderno 2.
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Folios 597 reverso y 598 Cuaderno 2.
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Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
de porqué el reconocimiento de las pensiones efectuado por los señores Geovanny
Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón era contrario a la ley.
28. Tercer motivo. Violación al debido proceso por indebida vinculación del garante
al proceso de responsabilidad fiscal. Para ello, puso de presente que a pesar de
que la Contraloría mediante auto 001397 de 26 de noviembre de 2009 declaró la
nulidad del fallo con responsabilidad fiscal 624 de 9 de julio de 2009, tras advertir
que se habían producido una serie de irregularidades en la vinculación de la
aseguradora, el auto 020 de 11 de marzo de 2010 “[…] recogió los mismos vicios
de la vinculación anterior que han hecho nugatoria la defensa de los intereses de la
Previsora debido a la imprecisión en aspectos fundamentales12” como es la
definición de las pólizas, la vigencia, el valor asegurado y el deducible.
29. Cuarto motivo. Violación al debido proceso por falta de prueba de los contratos
de seguro junto con los documentos que la informan y solo se aportaron las copias
simples de dichos documentos.
30. Quinto motivo. Violación al debido proceso por indebida valoración probatoria
de los contratos de seguros y, además, porque no se demostró la cobertura y el
aseguramiento de los presuntos responsables fiscales, lo cual le impidió a la parte
demandada profundizar en el grado de responsabilidad del asegurador.
31. Sexto motivo. No haberse efectuado ninguna valoración jurídica de las razones
de la objeción presentada por la Previsora S.A. ante el Seguro Social mediante
comunicación 017347 de 12 de junio de 2007, la cual fue ratificada mediante
comunicación 026224 de 12 de septiembre de 2007. Por ende, se produjo una
causal de exclusión de responsabilidad entre el asegurador y el beneficiario
transgrediendo lo dispuesto en los artículos 1056 y 1060 del Código de Comercio.
En esta ilación, argumentó que el fallo de primera instancia no efectuó ninguna
valoración probatoria del alcance de dichas comunicaciones.
32. Séptimo motivo. Haber operado la prescripción ordinaria de la acción derivada
del contrato de seguro prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio desde
que se tuvo conocimiento de los hechos.
33. Aseveró que “[…] [l]a falta de valoración del contrato de seguro […] permitió que
el operador de justicia no pudiera diferenciar la clase de seguro que pretendía tener
como base para generar responsabilidad a mi poderdante. De esta manera no pudo
visualizar que (sic) normas jurídicas rigen la materia y aplicando de manera errónea
directrices jurídicas que no derogan la ley vigente llega a conclusiones erradas. En
primer lugar, no es viable confundir la prescripción derivada del contrato de seguro
y caducidad de la acción fiscal. En segundo lugar no se debe confundir la acción
ejecutiva derivada del contrato de seguro, la ejecutividad del acto administrativo y
la potestad de declarar un siniestro13”.
12
Folio 591 Cuaderno 2.
13
Folio 595 Cuaderno 2.
11
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
34. Finalmente, señaló que “[…] el auto de apertura 412 si bien fue profirió (sic) el
14 (sic) del año 2007, en virtud de la declaratoria de nulidad del fallo 624 de fecha
9 de septiembre de 2007 mediante auto 001397 emanado de la Dirección de Juicios
Fiscales, surgió el Auto 020 de fecha 11/03 (2010) para vincular en legal forma a la
Previsora S.A. por virtud de las pólizas 1003157 y 1002889 cuando la acción frente
a la aseguradora estaba más que prescrita”.
I.5. Trámite impartido al proceso en segunda instancia
35. A través de auto de 11 de octubre de 202114 se concedió, en el efecto
suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la actora.
36. Luego de repartirse el asunto entre los diferentes despachos de la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 18 de julio de 202215 se admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
37. A través de proveído de 7 de septiembre de 202216 se corrió traslado a las
partes y demás sujetos intervinientes para que presenten sus alegatos de
conclusión y al señor agente del Ministerio Público para que, de considerarlo
pertinente, rindiera concepto.
38. La parte demandante17 reiteró, en esencia, los mismos argumentos esgrimidos
en el recurso de apelación.
39. La parte demandada18 solicitó que la sentencia proferida en primera instancia
sea confirmada.
40. En síntesis, la accionada se opuso a la prosperidad de los argumentos de la
alzada, esto es, los relativos a cuestionar la falta de competencia de los funcionarios
de la contraloría para adelantar la investigación, sobre la presunta transgresión al
debido proceso y la operancia de la figura de la prescripción de la acción derivada
del contrato de seguro.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
41. Esta Sala de decisión para desatar los argumentos propuestos en el recurso de
apelación abordará lo relativo a: (i) su competencia; (ii) los actos demandados; (iii)
el problema jurídico; (iv) hechos probados; (v) el marco normativo del contrato de
seguros; (vi) la vinculación del garante en el proceso de responsabilidad fiscal; (vii)
análisis de los motivos de alzada y, finalmente, (viii) efectuará un pronunciamiento
sobre condena en costas.
14
Folio 601 Cuaderno 2.
15
Índice 6. SAMAI.
16
Índice13. SAMAI.
17
Índice 18. SAMAI.
18
Índice 20 SAMAI.
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Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
II.1. La competencia
42. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 129 del CCA19 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación Judicial.
II.2. Los actos administrativos que se cuestionan
43. En el presente caso se cuestionan los siguientes actos administrativos:
(i) El fallo con responsabilidad fiscal 120 de 29 de diciembre del 201020, expedido
por la Gerencia Departamental de Norte de Santander de la Contraloría General de
la República por medio del cual se declaró fiscal y solidariamente responsables a
los señores Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón, por la suma de
$1.016.907.866 y de igual forma condenó como tercero civilmente responsable a la
Previsora S.A. Compañía de Seguros a través de la afectación de las pólizas de
seguro núms. 1003157 y 1002889, en el siguiente sentido:
“Artículo Primero: Fallar con Responsabilidad Fiscal, de conformidad
con el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, a cargo de ANGÉLICA SOTO
PABÓN, […] en su condición de contratista para la época de los hechos,
por su conducta dolosa y GEOVANNY MANDÓN NAVARRO, […], en su
condición de jefe Departamento de riesgos laborales del ISS para la época
de los hechos, por culpa grave por el daño patrimonial producido al erario
con ocasión de los hechos que son objeto del proceso de responsabilidad
fiscal No.910 representado en el egreso que realizó el ISS por el
reconocimiento y pago irregular de prestaciones económicas de
sobrevivientes e invalidez a quienes no tenían derecho, la cuantía del
daño se estableció en Mil Dieciséis Millones Novecientos Siete mil
Ochocientos Sesenta y Seis pesos ($1.016.907.866) y la responsabilidad
es solidaria según se expuso en la parte motiva de la providencia y a la
compañía de seguros la Previsora S.A. en su condición de tercero
civilmente responsable responderá por SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECEINTOS (sic) DIEZ MIL DOSCIENTOS
NOVENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($689.910.290,25)
valor histórico sin indexar y realizado el descuento del deducible.
Artículo Segundo: Incorporar al presente Fallo con Responsabilidad
Fiscal, la Póliza N° 1003157 amparo Cobertura Global de Manejo con sus
certificados de prorroga (sic) con un deducible del 15% del valor de la
perdida (sic), valor asegurado $1.500.000.000 y la Póliza Global de
Manejo N° 1002889 con sus certificados de prórroga, valor asegurado
$300.000.000 deducible 15% sobre el valor del siniestro mínimo 10
SMMLV, expedida por la compañía de seguros La Previsora, en su calidad
de tercero civilmente responsable.
19
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
20
Folios 3995 a 3630 Cuaderno 19.
13
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
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Demandada: Contraloría General de la República
Artículo Tercero: No acceder a las solicitudes de Nulidad del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 910, presentadas por los apoderados de los
Presuntos Responsables, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
[…]” (Negrilla y mayúsculas son originales del texto)
(ii) El auto 041 de 24 de mayo de 201121, por el cual la Gerencia Departamental de
Norte de Santander de la Contraloría General de la República resolvió los recursos
de reposición interpuestos por el señor Geovanny Mandón Navarro y por la
Previsora S.A. Compañía de Seguros, confirmando el fallo con responsabilidad
fiscal y se concedió el de apelación, en el siguiente sentido:
“Primero: Confirmar el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 120 del 29-
12-2010 proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 910,
adelantado en las dependencias administrativas del Seguro Social, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente auto.
Segundo: Confirmar el Auto 017 del 11-03-2011, proferido dentro del
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 910, adelantado en las
dependencias administrativas del Seguro Social, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.
Tercero: Conceder el recurso de apelación, para lo cual se ordenará
remitir el expediente a la Dirección de Juicios Fiscales para que decida
sobre la apelación del Fallo y del Auto que rechaza la solicitud de nulidad
interpuesta contra el fallo.
[…]” (Negrilla original del texto)
(iii) El auto 001066 de 18 de julio de 201122, por el cual la Dirección de Juicios
Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva resolvió los recursos de apelación interpuestos por el señor
Geovanny Mandón Navarro y por la Previsora S.A. Compañía de Seguros y surtió
el grado de consulta, confirmando la decisión inicial, en el siguiente sentido:
“ARTICULO PRIMERO. CONFIRMAR el Fallo con Responsabilidad
Fiscal N° 120 de 29 de diciembre de 201123 (sic) y su CONFIRMATORIO
N° 041 de 24 de mayo de 2011, por el cual se decide el recurso de
reposición interpuesto contra el Fallo N° 120 de 29 de diciembre de 2011
(sic), en cuantía total del daño en MIL DIECISEIS MILLONES
NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($1.016.907.866,00) a cargo de la señora ANGÉLICA SOTO PABÓN, […]
en su condición de contratista para la época de los hechos. por su
conducta dolosa y GEOVANNY MANDÓN NAVARRO […] en su
condición de Jefe del Departamento de Riesgos Laborales del ISS, por
culpa grave por el daño producido al erario y la responsabilidad es
solidaria y a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., en su
condición de Tercero Civilmente Responsable responderá por
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ
21
“Por el cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad fiscal”. Folios 3723 a 3738
22
“Por medio del cual se resuelve (sic) los recursos de apelación y el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad
fiscal N° 910”. Folios 3753 a 3809 Cuaderno 19.
23
Se advierte un error de transcripción pues el fallo de responsabilidad fiscal data del año 2010.
14
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
($689.910.290,25), valor histórico sin indexar y realizado el descuento del
deducible de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. CONFIRMAR los Artículos Primero, Segundo y
Tercero del Auto N° 017 de 11 de marzo de 2011, por medio del cual se
rechaza la solicitud de Nulidad interpuesta contra el Fallo con
Responsabilidad Fiscal N° 120 de 29 de diciembre de 2011 (sic) y
CONFIRMAR el Artículo Primero del Auto N° 025 de 6 de abril de 2011.
por medio del cual se modifica el Auto N° 017 de 2011, en el cual se
rechaza la solicitud de Nulidad interpuesta contra el Fallo con
Responsabilidad Fiscal N° 120 de 29 de diciembre de 2011 (sic).
[…]”. (Negrilla, subrayado y mayúsculas son originales del texto)
II.3. El problema jurídico
44. Siguiendo para tal efecto las prescripciones de los artículos 32024 y 32825 del
CGP, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, el problema jurídico se
circunscribe a determinar si (i) los funcionarios encargados de adelantar la
investigación fiscal actuaron sin competencia para ello; (ii) si la entidad demandada
con ocasión de los actos demandados vulneró el debido proceso y, (iii) si operó la
prescripción de la acción derivada del contrato de seguros.
II.4. Hechos probados
45. En el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos:
45.1. A través de auto 042 de 21 de julio de 2006, la Gerencia Departamental de
Norte de Santander de la Contraloría General de la República asignó a la señora
Liliana del Pilar Meza Mora adscrita al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva para adelantar la indagación preliminar núm. 910 con ocasión
de las quejas identificadas con los números 54-06-0027 y 06-06-0028 contentivas
de las denuncias sobre las presuntas irregularidades en que pudieron haber
incurrido funcionarios del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Norte de
Santander en el pago de pensiones y prestaciones sociales26.
45.2. El día 10 de agosto de 2006, se expidió auto de apertura de indagación
preliminar 36427.
24
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
25
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
26
Folios 61 a 62 Cuaderno 1.
27
Folios 63 a 66 Cuaderno 1.
15
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
45.3. Por auto 399 de 31 de enero de 200728 se ordenó el cierre de la indagación
preliminar.
45.4. Mediante auto 053 de 26 de febrero de 200729 se asignó a la señora Liliana
del Pilar Meza Mora adscrita al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva para sustanciar y practicar pruebas dentro del proceso de
responsabilidad fiscal.
45.5. Según auto 412 de 14 de junio de 200730, se ordenó la apertura de
responsabilidad fiscal en contra de los señores Geovanny Mandón Navarro y
Angélica Soto Pabón y se ordenó vincular al proceso a la Previsora S.A. Compañía
de Seguros, como tercero civilmente responsable por la póliza de manejo 1003157.
45.6. El día 18 de mayo de 2007, el señor Geovanny Mandón Navarro rindió
exposición libre y espontánea.
45.7. A través de auto 423 de 23 de mayo de 200731 se decretan pruebas y por auto
485 de 1 de noviembre de 200732, se decidió una solicitud de pruebas presentada
por el señor Geovanny Mandón Navarro. Este último acto administrativo fue suscrito
por Jorge Eler Rubio Escalante, en su calidad de funcionario de conocimiento
(encargo) y Liliana del Pilar Meza Mora, en su calidad de funcionaria sustanciadora.
45.8. El día 15 de noviembre de 2007, el señor Geovanny Mandón Navarro realizó
ampliación de versión libre y espontánea33.
45.9. El día 30 de abril de 2008, se formuló auto de imputación de responsabilidad
fiscal 53734 en contra del señor Geovanny Mandón Navarro, en su calidad de Jefe
de Departamento de Riesgos Laborales del Instituto de Seguros Sociales, la señora
Angélica Soto Pabón, en su calidad de contratista, como responsables solidarios
del daño patrimonial causado al ISS por el reconocimiento irregular de prestaciones
económicas de sobrevivientes e invalidez e igualmente contra la Previsora S.A.
como tercero civilmente responsable por las pólizas de manejo núm. 1003157 y
1002889.
45.10. El 9 de julio de 2009, se profirió fallo con responsabilidad fiscal 62435, por
medio del cual se declaró responsables en forma solidaria a los señores Geovanny
Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón, por el reconocimiento irregular de
prestaciones económicas de sobrevivientes e invalidez. De igual forma, se condenó
a la Previsora S.A. como tercero civilmente responsable por las pólizas de manejo
núm. 1003157 y 1002889.36
28
Folios 336 a 350 Cuaderno 2.
29
Folios 351 a 352 Cuaderno 3.
30
Folios 356 a 363 Cuaderno 3.
31
Folios 1886 a 1888 Cuaderno 10.
32
Folios 2625 a 2626 Cuaderno 14.
33
Folios 2628 a 2632 Cuaderno 14.
34
Folios 2924 a 2950 Cuaderno 15.
35
Folios 3209 a 3240 del Cuaderno 17.
36
Esta decisión fue confirmada a través del Auto 646 de 19 de septiembre de 2009, por medio del cual se resuelve el recurso
de reposición interpuesto contra el fallo 624 de 9 de julio de 2009.
16
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
45.11. Por auto 001397 de 26 de noviembre de 200937, se decretó una nulidad
dentro del proceso de responsabilidad fiscal en el siguiente sentido:
“ARTICULO PRIMERO: DECLARAR, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente proveído la nulidad de:
1. Diligencia de notificación surtida a la señorita ANGÉLICA SOTO
PABÓN, del Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal N°
910, por indebida notificación y
2. Todas las actuaciones surtidas a partir del Auto de Imputación de
Responsabilidad Fiscal N° 537 del 30 de abril de 2008, incluyendo ésta
por violación del debido proceso en contra de la investigada SOTO
PABÓN y del tercero civilmente responsable.
[…]” (Negrilla y mayúsculas son originales del texto)
45.11.1. La Contraloría justificó tal determinación en los siguientes términos:
[…] Ahora bien, la vinculación de la compañía de seguros en calidad de
tercero civilmente responsable se surte mediante la comunicación del
auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado
designado por este […]
[…]
En las presentes diligencias, el auto de vinculación de LA PREVISORA
S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS en virtud de la póliza N° 1002889 brilla
por su ausencia. Simplemente se envió un oficio informando acerca de la
incorporación de tal póliza sin providencia previa que así lo haya
determinado.
Tal actuación constituye una vulneración al debido proceso, y al derecho
a la defensa en contra de la aseguradora LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS., así como a las formas propias del proceso
de responsabilidad fiscal, en contra de lo previsto en el artículo 44 de la
Ley 610 de 2000, irregularidad que no es susceptible de sanearse de otra
manera distinta a la declaratoria de nulidad.
[…]
Ahora bien, el Despacho considera importante recordad (sic) al A - Quo
que para efectos de incorporar legalmente dicha póliza al proceso, es
necesario que lo haga a través de providencia motivada debidamente
notificada a los sujetos procesales y comunicada a la aseguradora,
conforme a lo ordenado en la Ley.
[…]
10. DECISIÓN
Siendo esto así, se observa que en el trámite del proceso, existieron
irregularidades que afectaron el debido proceso así como el derecho a la
defensa y las formas propias del Proceso de Responsabilidad Fiscal, por
37
Folios 3404 a 3425 del Cuaderno 18.
17
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
cuanto se notificó indebidamente a la señorita ANGÉLICA SOTO PABÓN
del Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, y por la
indebida incorporación de la póliza N° 1002889 expedida por el tercero
civilmente responsable LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
Estas irregularidades resultan suficientes para que éste Despacho nulite
el Proceso de Responsabilidad Fiscal, en los términos anotados, de
conformidad con lo previsto en el capítulo III (de las nulidades) de la Ley
610 de 2000.
[…]” (Negrilla original y subrayado fuera de texto)
45.12. En cumplimiento de lo anterior, a través de auto 020 de 11 de marzo de
201038, se ordenó vincular a la Previsora S.A. por las pólizas de manejo global
1003157 y 1002889, con sus respectivas prórrogas, así:
“Artículo Primero: Vincular a la Compañía de Seguros La Previsora S.A.,
en su calidad de tercero civilmente responsable, dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 910 que se adelanta en las dependencias del
ISS por las pólizas 1002889 con sus certificados de prorroga 1 y 5
vigencia del 01-09-03 al 01-07-04 y la póliza 1003157 con sus certificados
de prorroga 1, 2, y 3 vigencia del 01-09-04 al 01-07-06 de conformidad a
lo expuesto en la parte motiva”. (Negrilla fuera de texto)
45.13. El 2 de julio de 2010 se expidió auto de imputación 04639 en contra del señor
Geovanny Mandón Navarro, en su calidad de Jefe de Departamento de Riesgos
Laborales del Instituto de Seguros Sociales y la señora Angélica Soto Pabón, en su
calidad de contratista, como responsables solidarios e igualmente en contra de la
Previsora S.A. como tercero civilmente responsable por las pólizas núms. 1003157
y 1002889.
45.14. Dentro del término de traslado presentaron sus escritos de defensa los
señores Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón, por conducto de
apoderados. Además de ello, se pronunció la Previsora S.A.40
45.15. Posteriormente, se profirió fallo con responsabilidad fiscal 120 de 29 de
diciembre de 201041, por medio del cual la Gerencia Departamental de Norte de
Santander de la Contraloría General de la República declaró responsable de forma
solidaria a los señores Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón y a la
Previsora S.A. Compañía de Seguros como tercero civilmente responsable.
Igualmente, no se accedió a la solicitud de nulidad del proceso presentada por los
apoderados de los responsables fiscales.
45.16. A través de auto 017 de 11 de marzo de 201142, se rechazaron las solicitudes
de nulidad interpuestas por los señores Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto
Pabón y la Previsora S.A. Compañía de Seguros.
38
Folios 3460 a 3466 Cuaderno 18.
39
Folios 3492 a 3515 Cuaderno 18.
40
Folios 3529 a 3568 Cuaderno 18.
41
Folios 3995 a 3630 Cuaderno 19 Pruebas.
42
Folios 3679 a 3683 Cuaderno 19 Pruebas.
18
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
45.17. Según auto 041 de 24 de mayo de 2011, la Gerencia Departamental de Norte
de Santander de la Contraloría General de la República resolvió el recurso de
reposición interpuesto por el señor Geovanny Mandón Navarro y la Previsora S.A.
confirmando el fallo con responsabilidad fiscal.
45.18. La Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República a
través del auto 001066 de 18 de julio de 2011, resolvió el recurso de apelación y el
grado de consulta confirmando la decisión inicial.
II.5. El contrato de seguros
46. El artículo 1045 del Código de Comercio indica que son elementos esenciales
del contrato de seguro los siguientes: (i) el interés asegurable; (ii) el riesgo
asegurable; (iii) la prima o precio del seguro y, (iv) la obligación condicional del
asegurador.
47. La jurisprudencia de esta Corporación43 ha señalado lo siguiente en relación
con el contrato de seguro:
“25. El estatuto mercantil establece que son partes del contrato el
asegurador, es decir la persona que asume los riesgos, debidamente
autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y el tomador,
que es la persona que obrando por cuenta propia o ajena, traslada los
riesgos (art. 1037); así mismo, consagra como elementos esenciales del
contrato de seguro los siguientes (art. 1045):
25.1. El interés asegurable: Según lo dispuesto por el artículo 1083 del C.
de Co., en el seguro de daños “[t]iene interés asegurable toda persona
cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la
realización de un riesgo” y “[e]s asegurable todo interés que, además de
lícito, sea susceptible de estimación en dinero”; en el artículo 1137,
refiriéndose a los seguros de personas, establece que toda persona tiene
interés asegurable i) en su propia vida, ii) en la de las personas a quienes
legalmente pueda reclamar alimentos y iii) en la de aquellas cuya muerte
o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no
sea susceptible de una evaluación cierta; de acuerdo con estas
definiciones, se advierte que para los efectos de esta clase de contrato, el
interés asegurable corresponde a una situación en la que la realización
del riesgo –ocurrencia del siniestro- puede repercutir negativamente en el
patrimonio de una persona y a través del seguro se busca prevenir y
conjurar dicha afectación antes de que se produzca.
25.2. El riesgo asegurable: Este corresponde, según lo dispuesto por el
artículo 1054, al “(…) suceso incierto que no depende exclusivamente de
la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya
realización da origen a la obligación del asegurador”, estableciendo la
norma que “Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente
imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato
de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto
de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, CP: Danilo Rojas Betancourth,
sentencia de 19 de junio de 2013, radicado: 25000-23-26-000-2000-02019-01(25472), actor: Hospital San Antonio de
Guatavita, demandado: La Previsora Compañía de Seguros.
19
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
25.3. La prima o precio del seguro, que es la contraprestación a favor del
asegurador, a cambio de la asunción por parte de éste, del riesgo que le
es trasladado por el tomador del seguro.
25.4. La obligación condicional del asegurador, que corresponde a la
indemnización que deberá pagar al beneficiario del seguro una vez se
produzca el siniestro.
26. En cuanto a la efectividad del seguro o forma como el beneficiario
puede acceder a la indemnización objeto del mismo, se observa que
cuando se produce el siniestro, es decir se hace efectivo el riesgo
amparado por la póliza, el artículo 1075 del C. de Co., establece que el
asegurado o beneficiario están obligados a dar noticia al asegurador
dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer
que ocurrió el siniestro y la carga de la prueba recae en el asegurado,
quien está en el deber de demostrar su ocurrencia, así como la cuantía
de la pérdida si fuere el caso (art. 1077).
27. Por su parte, el asegurador está obligado a pagar el siniestro dentro
del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite,
aún extrajudicialmente, su derecho ante aquel. Dentro del mismo término,
el asegurador puede oponerse a la reclamación por considerarla
improcedente, caso en el cual, deberá demostrar los hechos o
circunstancias excluyentes de su responsabilidad (art. 1077, inc. 2º); no
obstante, vencido el mencionado plazo, si el asegurador no se opuso de
manera seria y fundada y no procede al pago de la indemnización, deberá
reconocer y pagar, además de la obligación a su cargo, un interés
moratorio igual al bancario corriente aumentado en la mitad o indemnizar
otros perjuicios causados por la mora del asegurador, si así lo demanda
el asegurado o beneficiario (art. 1080)”.
II.6. La vinculación del garante en procesos de responsabilidad fiscal
48. El artículo 44 de la Ley 610 de 2000 señala lo siguiente en relación con la
vinculación del garante en procesos de responsabilidad fiscal:
“ARTICULO 44. VINCULACION DEL GARANTE. Cuando el presunto
responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se
encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía
de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá
los mismos derechos y facultades del principal implicado.
La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del
proceso al representante legal o al apoderado designado por este, con la
indicación del motivo de procedencia de aquella”.
49. La Corte Constitucional en sentencia C- 648 de 200244 declaró la
constitucionalidad de la referida norma en el siguiente sentido:
“En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía
de seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en
los procesos de responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los
mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El papel que
44
Corte Constitucional, sentencia C- 648 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.
20
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo
pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el
servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien
amparados por una póliza.
Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo
amparado, en estos casos la afectación de patrimonio público por el
incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los
servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma
acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las
compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.
El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el
proceso de responsabilidad fiscal puesto que dispone de los mismos
derechos y facultades que asisten al principal implicado, para oponerse
tanto a los argumentos o fundamentos del asegurado como a las
decisiones de la autoridad fiscal.45
Por consiguiente, la vinculación del asegurador establecida en la norma
acusada, además del interés general y de la finalidad social del Estado
que representa, constituye una medida razonable, en ejercicio del amplio
margen de configuración legislativa garantizado en estas materias por el
artículo 150 de la Carta Política. Atiende los principios de economía
procesal y de la función administrativa a que aluden los artículos 29 y 209
de la Constitución. Además, evita un juicio adicional para hacer efectivo
el pago de la indemnización luego de la culminación del proceso de
responsabilidad fiscal, con lo cual se logra, en atención de los principios
que rigen la función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño
causado al patrimonio público. Así, desde la perspectiva del reparo de
constitucionalidad formulado, no hay vulneración de las normas invocadas
por los demandantes.
50. De acuerdo con lo anterior, se colige que la vinculación de la compañía de
seguros como tercero civilmente responsable (a) tiene como finalidad garantizar el
pronto y efectivo pago de los perjuicios que ocasione al patrimonio público el
servidor público que tiene a su cargo la gestión fiscal en virtud del contrato o el bien
amparados por una póliza; (b) está determinada por el riesgo amparado; y (c) las
compañías aseguradoras disponen de los mismos derechos y facultades que le
asisten al principal implicado para oponerse tanto a los argumentos como a los
fundamentos del asegurado y a las decisiones que adopte la autoridad fiscal.
51. Además de ello, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que la
vinculación de la aseguradora no es a título de acción por responsabilidad fiscal sino
por responsabilidad civil, es decir, por razones inherentes al contrato de seguros46.
45
La vinculación del garante constituye, junto con la coadyuvancia y la denuncia del pleito, una modalidad de intervención de
terceros en el proceso, permite la acumulación de acciones y representa la concreción del principio de economía al permitir
que dos conflictos puedan resolverse en la misma actuación. El llamamiento en garantía permite hacer efectivas las
obligaciones surgidas en el contrato de seguro. Constituye también un mecanismo para que el asegurador, que es una
persona jurídica diferente a la administración y al servidor público, participe en el proceso de responsabilidad fiscal para
representar y defender sus intereses en el resultado del proceso.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, C.P.
Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 25000 23 24 000 2004 00529 01.
21
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Demandada: Contraloría General de la República
II.7. Análisis de los motivos de alzada
II.7.1. Sobre la presunta falta de competencia de los funcionarios de la
Gerencia Departamental de Norte de Santander de la Contraloría General de la
República para adelantar la investigación fiscal
52. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la sentencia cuestionada
señaló que, en efecto, a través de la Resolución 153 de 30 de septiembre de 2008,
el Gerente Departamental encargó al señor Jorge Eler Rubio Escalante como
Coordinador del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
Igualmente, reconoció que dicha resolución fue revocada por el propio gerente
departamental mediante la Resolución 171 de 10 de febrero de 2009, lo que a la
postre generó que las actuaciones que se adelantaron en el proceso entre el período
comprendido entre el 30 de septiembre de 2008 al 10 de febrero de 2009 eran nulas,
entre las cuales se encontraba el auto 485 de 1 de noviembre de 2007
53. Igualmente, luego de recordar lo acaecido en la investigación administrativa
consideró que tal vicio fue subsanado a través de la expedición del auto 001397 del
26 de noviembre del 2009, mediante el cual se declaró la nulidad del fallo con
responsabilidad fiscal No. 624 del 9 de julio del 2009, tras considerarse que la
notificación del auto de apertura a la señora Angélica Soto y la vinculación del
tercero civilmente responsable se había hecho con violación al debido proceso.
54. Esto motivó a que la Contraloría mediante auto 020 del 11 de marzo de 2010
vincularan nuevamente a la Previsora Compañía de Seguros por las pólizas de
manejo global 1003157 y 1002889, con sus respectivas prórrogas y el día 2 de julio
de 2010 expidiera de nuevo auto de imputación 046 contra los señores Geovanny
Mandón Navarro, Angélica Soto Pabón y la Previsora S.A.
55. En esa medida, observó que al haberse iniciado nuevamente el proceso de
responsabilidad fiscal los actos administrativos reprochados por la demandante -
expedidos sin competencia- quedaron sin efectos.
56. Por su parte, la sociedad actora insiste en que las siguientes actuaciones fueron
expedidas sin competencia: (i) la comunicación 82544-1911 de 14 de junio de 2006,
por medio de la cual la señora Liliana del Pilar Meza Mora, en su calidad de
coordinadora (e) del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva asignó los antecedentes del proceso para su evaluación a la señora Paola
Andrea Vélez Otálora y, (ii) el auto 485 de 1 de noviembre de 2007, suscrito por el
señor Jorge Eler Rubio en su calidad de funcionario de conocimiento (encargo) por
medio del cual decretó y negó la práctica de algunas pruebas.
57. Para dilucidar lo anterior, la Sala estima necesario señalar que el vicio de
nulidad por falta de competencia se produce cuando el autor de la decisión expide
un acto administrativo sin estar revestido de las competencias constitucionales o
22
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Demandada: Contraloría General de la República
legales para ello, es decir, actúa “por fuera de las atribuciones que el ordenamiento
jurídico ha otorgado47”.
58. La Constitución Política de 1991, vigente para la época de los hechos, señala
que el control fiscal es una función pública de la Contraloría General de la República
que vigila la gestión de particulares o entidades que manejan fondos o bienes del
Estado, en todos los niveles administrativos y respecto de todos los recursos
(artículo 267).
59. Por su parte, el artículo 268, numeral 5°, le confirió a la Contraloría General de
la República la facultad de “[…] Establecer la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su
monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma
[…]”. Además, de conformidad con el artículo 272 ibidem los contralores de las
entidades territoriales, en el ámbito de su jurisdicción gozan de la atribución
asignada al Contralor General de la República.
60. Igualmente, se tiene que la Contraloría General de la República, en ejercicio de
las facultades constitucionales previstas en el artículo 267, numeral 5°, de la
Constitución Política y el Decreto Ley 267 de 200048, expidió la Resolución 5500 de
200349, mediante la cual se determinó la competencia para el conocimiento y trámite
del proceso de responsabilidad fiscal en los niveles central y desconcentrado.
61. Según esta resolución, el Contralor General de la República delega la
competencia para conocer, tramitar y decidir la indagación preliminar y el proceso
de responsabilidad fiscal, que corresponde adelantar a la Contraloría General de la
República en las siguientes dependencias: (i) despacho del Contralor; (ii) despacho
de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva; (iii) los despachos de las Contralorías Delegadas Sectoriales en materia
de indagación preliminar; (iv) la Dirección de Investigaciones Fiscales; (v) la
Dirección de Juicios Fiscales; (vi) los Grupos de Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva del nivel desconcentrado y, (vii) los Grupos de Vigilancia
Fiscal del nivel desconcentrado50.
62. La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, las Contralorías Delegadas Sectoriales, los respectivos Directores en el
nivel central y los coordinadores de los Grupos de Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva y de Vigilancia Fiscal de las Gerencias Departamentales en
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (en descongestión), sentencia de 21 de junio
de 2018, radicado: 73001-23-31-000-2011-00512-01, MP: Alberto Yepes Barreiro.
48
“Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece
su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.”
49
“Por la cual se determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la
Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones”.
Posteriormente, en el año 2012, con ocasión de la expedición de la Ley 1474 de 20118, por medio de la cual se tomó medidas
para el fortalecimiento del ejercicio de la función de control fiscal, la Contraloría General de la República expidió la Resolución
Orgánica 6541 de 2012 en la que precisó y fijó las competencias en el nivel desconcentrado, para el conocimiento y trámite
del control fiscal micro, el control fiscal posterior excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas; la indagación
preliminar fiscal; el proceso de responsabilidad fiscal y el proceso de jurisdicción coactiva y el proceso administrativo
sancionatorio fiscal.
50
Artículo 2 ibidem.
23
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Demandada: Contraloría General de la República
el nivel desconcentrado pueden comisionar para la práctica de las indagaciones
preliminares y la sustanciación de los procesos de responsabilidad fiscal a
profesionales del derecho pertenecientes a la planta de la Contraloría General de la
República (parágrafo 1° del artículo 2 ibidem).
63. Sin embargo, cuando en las Gerencias Departamentales no fuere posible la
participación de abogados, el funcionario comisionado deberá adelantar todas las
actuaciones de manera conjunta con el Coordinador de Grupo (parágrafo 3°del
artículo 2° idem).
64. En el presente caso, conforme se indicó anteriormente, es cierto que mediante
comunicación 82544-1911 de 14 de junio de 2006, la señora Liliana del Pilar Meza
Mora, en su calidad de coordinadora de gestión, encargada, asignó los
antecedentes del proceso para su evaluación a la señora Paola Andrea Vélez
Otálora.
65. Es decir, tal funcionaria se encontraba desempeñando dichas funciones como
coordinadora del grupo de gestión, en encargo, como una modalidad de provisión
de empleos públicos que permite el ejercicio total o parcial de las funciones
asignadas durante la ausencia de su titular51(artículo 24 de la Ley 909 de 200452).
66. En estas condiciones, no es de recibo el argumento de la apelante en el sentido
de considerar que dicha funcionaria carecía de competencia para remitir los
antecedentes del caso a la señora Paola Andrea Vélez Otálora pues el encargo es
una modalidad de provisión de empleos públicos permitida en nuestro ordenamiento
jurídico.
67. Por otro lado, nótese que la delegación de funciones y el encargo son dos
figuras distintas que apuntan a fines diferentes. Así, la delegación “[…] supone el
traslado de determinada competencia en favor de otro órgano de la administración,
mediante acto escrito, revocable, susceptible de recursos en vía gubernativa y sin
que ello implique la pérdida de la titularidad de la función para el delegante 53”, el
encargo consiste en una modalidad de provisión temporal de empleos “[...] que
permite el ejercicio total o parcial de las funciones asignadas a un cargo durante la
ausencia de su titular54”.
68. Igualmente consta que, en efecto, el señor Jorge Eler Rubio, en su calidad de
funcionario de conocimiento (bajo la modalidad de encargo) conjuntamente con la
señora Liliana del Pilar Mesa Mora (funcionaria sustanciadora) del Grupo de
Investigaciones de la Gerencia Departamental de Norte de Santander suscribieron
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, CP: Carlos Enrique Moreno Rubio, providencia
de 13 de febrero de 2020, radicado: 52001-23-33-000-2019-00623-01.
52
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 13 de febrero de 2014, MP:
Gerardo Arenas Monsalve, radicado: 20001-23-31-000-2010-00017-01 (0719-13).
54
Ibidem.
24
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el auto 485 de 1 de noviembre de 200755, por medio del cual se ordenó el decreto y
se negó la práctica de algunas pruebas.
69. Por otro lado, se encuentra acreditado que a través de la Resolución 153 de 30
de septiembre de 200856, el Gerente Departamental de Norte de Santander designó
al señor Jorge Eler Rubio Escalante funciones de coordinador de líder de grupo por
renuncia de su titular (la señora Myriam Celina Jaimes de Duarte). Posteriormente,
el gerente departamental revocó el contenido de dicho acto mediante la Resolución
171 del 10 de febrero de 2009. No obstante ello, dicha situación, a juicio de la Sala,
no afecta la validez de las actuaciones surtidas hasta ese entonces.
70. Por estos precisos motivos, el hecho de que el propio gerente haya revocado la
Resolución 153 de 30 de septiembre de 2008 - mediante la Resolución 171 de 10
de febrero de 2009- dicha situación no tiene la virtualidad de afectar la validez de
las actuaciones desplegadas por tal funcionario con anterioridad a esa fecha,
máxime si se tiene en cuenta que el auto 485 de 1 de noviembre de 2007 fue suscrito
por el señor Jorge Eler Rubio Escalante, en calidad de funcionario de conocimiento,
en encargo, y no como líder coordinador del grupo.
71. En estas condiciones, el reproche que se funda en la presunta falta de
competencia no está llamado a prosperar toda vez que las actuaciones que
reprocha la sociedad actora fueron expedidas por funcionarios que tenían a su cargo
la competencia para adelantar la investigación fiscal.
II.7.2. Sobre la presunta violación al debido proceso
72. El Tribunal de primer grado consideró que según el material probatorio
recaudado en la investigación administrativa se pudo establecer efectivamente en
qué consistió el detrimento patrimonial causado al Estado con ocasión de las
acciones fraudulentas para el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes y de
invalidez efectuadas por los señores Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto
Pabón.
73. Además de ello, indicó que contrario a lo sostenido por la actora, sí se allegaron
las pólizas de responsabilidad global para desprender los elementos del contrato
como son el interés asegurable, el riesgo, el valor deducible y los amparos.
74. La sociedad actora, por su parte, difiere de lo analizado por el Tribunal pues
insiste en que la autoridad demandada transgredió el debido proceso por cinco
motivos. El primero, por ausencia de pruebas conducentes para imputar
responsabilidad fiscal. El segundo, por indebida vinculación del garante al proceso
de responsabilidad fiscal pues no se identificaron con precisión las pólizas y los
contratos de seguros. El tercero, por falta de prueba de los contratos de seguro junto
con los documentos que la informan y porque además solo se aportaron las copias
simples de dichos documentos. El cuarto, porque no se probó la cobertura y
55
Folios 2625 a 2626 Cuaderno 14.
56
Folios 45 a 47 Cuaderno 1.
25
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
tampoco que los responsables fiscales estuvieran asegurados. Finalmente, porque
el ente de control fiscal no valoró jurídicamente las razones de la objeción
presentada por la Previsora S.A. ante el Seguro Social, lo que a la postre hace que
se configure una causal de exclusión de responsabilidad.
75. El artículo 29 de la Constitución Política señala que el debido proceso se aplica
a las actuaciones judiciales y administrativas, mandato según el cual nadie puede
ser juzgado sino según las leyes preexistentes del acto imputado, ante el juez
competente y observando las ritualidades propias de cada juicio.
76. La Corte Constitucional57 al igual que el Consejo de Estado han identificado las
siguientes garantías como integrantes del debido proceso:
“[…] (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a
obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso
o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la
asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso
o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es
efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución
la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas
atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia
e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir
con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas”.
77. La Sala anuncia desde ya que los reproches de nulidad en que se funda el
recurso de apelación sobre la transgresión al debido proceso no están llamados a
prosperar por las siguientes razones:
78. En primer lugar se advierte que la Contraloría decretó varias pruebas con la
finalidad de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo lugar
el reconocimiento y pago irregular de prestaciones económicas de sobrevivientes e
invalidez a favor de personas que no tenían derecho a ello.
79. En este sentido, del material probatorio recaudado en la investigación
administrativa se destacan los siguientes elementos:
57
Corte Constitucional, sentencia C- 341 de 2014, MP: Mauricio González Cuervo.
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• Resolución 132 de 2005 de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
por fallecimiento del afiliado Hernando Pardo Guerra58.
• Denuncia penal por la falsedad en firma de la Resolución 135 de 2005 de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por fallecimiento del afiliado
Hernando Pardo Guerra59.
• Queja presentada por el señor Antonio Hurtado Hurtado ante Auditoría
disciplinaria del ISS60.
• Resolución 2800 del 1 de julio de 1994 por medio de la cual se establece el
manual de funciones y requisitos para el desempeño de los empleos del
Instituto de Seguros Sociales61.
• Resolución 2166 de 9 de septiembre de 2003, que adopta el manual de
procesos de la administradora de riesgos profesionales del Instituto de
Seguros Sociales62.
• Resolución 191 de 26 de noviembre de 2004, por medio de la cual se
concede pensión de sobrevivientes por fallecimiento del señor Rojas Ayala
Néstor José y otros documentos relacionados como denuncia penal y una
acción de tutela63.
• Resolución 070 de 2005 por medio de la cual se niega la pensión de
sobrevivientes solicitada por el fallecimiento del señor Leonardo Mendoza
Núñez y documentos relacionados con su caso64.
• Documentos relacionados con el caso de la señora Elizabeth Ortega
Carrillo65.
• Documentos relacionados con el caso del señor Pedro Hernando Fuentes66.
• Resolución 0051 de 2003 de reconocimiento de pensión de sobrevivientes
por fallecimiento del señor Helmer Robinson Villamizar y demás documentos
relacionados con el caso67.
58
Folios 7 a 9 Cuaderno 1.
59
Folios 10 a 11 Cuaderno 1.
60
Folios 13 a 20 Cuaderno 1.
61
Folios 48 a 57 Cuaderno 1.
62
folios 286 a 335 Cuaderno 1.
63
Folios 75 a177 Cuaderno 1.
64
Folios 178 a 187 Cuaderno 1.
65
Folios 188 a 192 Cuaderno 1.
66
Folios 193 a 203 Cuaderno 1.
67
Folios 204 a 224 Cuaderno 1.
27
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
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• Cuadro que contiene un resumen de los valores cancelados donde se
evidenciaron una serie de irregularidades68.
• Declaraciones juramentadas de Geovanny Mandón Navarro69, de Niela
Yadira López Contreras70 y de Belén Nayibe Diez Ledesma71.
• Contratos de prestación de servicios suscritos entre la señora Angélica Soto
Pabón con el Instituto de Seguros Sociales72.
• Certificación expedida por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos
donde se lee que el señor Geovanny Mandón Navarro “[…] presta los
servicios al ISS a partir del 19 de Junio de 199873”.
• Póliza global sector oficial No. 100315774.
• Copia del libro radicador de resoluciones de la administradora de riesgos
profesionales del ISS75.
• Manual de proceso de nómina administradora de riesgos profesionales del
ISS76.
• Nóminas del año 2003 de la administradora de riesgos profesionales77.
• Las siguientes resoluciones sobre pensión:
68
Folios 259 a 270 Cuaderno 1.
69
Folios 244 a 252 Cuaderno 2.
70
Folios 270 a 271 Cuaderno 2.
71
Folios 275 a 276 Cuaderno 2.
72
Los siguientes: P 044108 (folio 371 C3); VA034213 (folios 372-373 C3), P038512 (folios 374-376 C3) P041670 (folio 380
C3), VA029809 (folio 382-383 C3), VA032447 (folios 384-385 C3), VA029809 (Folios 384-387 C3), Contrato adicional No. 1
al contrato VA025207 (folios 388-387 C3), VA025207 (folios 389-390 C3), VA- VA011947 (folios 391-393 C3), VA09619 (folios
394-396 C3), Convenio modificatorio del contrato 111 (folios 397-398 C3), 0111 (folios 399-403 C3), 549 (folios 405-409 C3)
y 002 (folios 410-414 C3).
73
Folio 427 Cuaderno 3.
74
Folios 420 a 423 Cuaderno 3. Igualmente, a folios 1852 a 1859.
75
Folios 429 a 462 Cuaderno 3.
76
Folios 463 a 481 cuaderno 3.
77
Folios 482 a 1644 Cuadernos 3 y 9.
28
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Demandada: Contraloría General de la República
Resolución 000051 de 2003 que concede la pensión de sobrevivientes por
fallecimiento del señor Helmer Robinson Villamizar78.
Resolución 46 de 2003 que niega la pensión de sobrevivientes a la madre del señor
Helmer Robinson Villamizar79.
Resolución 136 de 2005 que concede la pensión de sobrevivientes por
fallecimiento de la señora Esperanza Torres de Fuentes80.
Resolución 070 de 2005 que niega la pensión de sobrevivientes por fallecimiento
del señor Leonardo Mendoza Nuñez81.
Resolución 084 de 2005 que concede la pensión de sobrevivientes por la muerte
del señor Leonardo Mendoza Nuñez82.
Resolución 191 de 2004 que concede la pensión de sobrevivientes por
fallecimiento del señor Néstor José Rojas Ayala83.
Resolución 0097 de 2003 que niega la pensión por fallecimiento del señor Néstor
José Rojas Ayala84.
Resolución 0132 de 2005 que concede la pensión de sobrevivientes por
fallecimiento del señor Hernando Pardo Guerra85.
Resolución 00044 de 2003 que niega la pensión por fallecimiento del señor
Hernando Pardo Guerra86.
Resolución 00166 de 2004 que activa la pensión de invalidez de Antonio Hurtado
Hurtado87.
Resolución 084 de 2005 por medio de la cual se concede la pensión de
sobrevivientes por fallecimiento del señor Leonardo Mendoza Núñez88.
Resolución 096 de 2005 por la cual se activa la pensión de sobrevivientes a la
beneficiaria Elizabeth Ortega Carrillo89.
• Oficio PSL-936 del 15 de agosto de 2006, por el cual se remite cuadro de
funcionarios de nómina en el cual figuran los nombres de los señores
Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón90.
• Copia de la póliza global 1002889 91.
• Copia de la póliza global 100315792.
• Versión libre de Geovanny Mandón Navarro93.
78
Folios 1665 a 1666 Cuaderno 9.
79
Folios 1670 a 1671 Cuaderno 9.
80
Folios 1685 a 1687 Cuaderno 9.
81
Folios 1721 a 1711 Cuaderno 9.
82
Folios 1723 a 1725 Cuaderno 9.
83
Folios 1732 a 1734 Cuaderno 9.
84
Folios 1756 a 1757 del Cuaderno 9. Este acto fue confirmado mediante la Resolución No. 103 de 20 de octubre de 2003
(folios 1753 a 1754) que resuelve recurso de reposición y luego por la Resolución 565 de 23 de diciembre de 2003 (Folios
1745 a 1747).
85
Folios 1770 a 1772 Cuaderno 9.
86
Folios 1773 a 1774 Cuaderno 9.
87
Folios 1799-1800 Cuaderno 9.
88
Folios 2127 a 2129 Cuaderno 11.
89
Folios 2144 a 2145 Cuaderno 11.
90
Folios 1847 a 1848 Cuaderno 10.
91
Folios 1853 a 1857 Cuaderno 10.
92
Folios 1858 a 1859 Cuaderno 10.
93
Folios 1861 a 1880 Cuaderno 10.
29
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
• Acta de visita especial al departamento de riesgos laborales del ISS de 30 de
mayo de 200794.
• Oficio VPRL3118 del 14 de mayo de 2007 que contiene las directrices
impartidas a nivel nacional con la ARP del ISS95.
• Acta de visita especial practicada a las oficinas de Bancolombia el 10 de julio
de 200796.
• Oficio G.S. 00777 de 11 de julio de 2007 que contiene las listas de los
usuarios de la nómina de pensionados mes a mes de los años 2003, 2004,
2005, 2006 y 200797.
• Oficio 5101.07.19.07 del Banco Agrario sobre envío de soportes de las
cuentas ISS98.
• Oficio del ISS N° VPRL 4721 del 18 de julio de 2007 por medio del cual se
adjunta “Informe de visita Auditoría, nómina automática, novedades”99.
• Copia del proceso disciplinario adelantado en contra del señor Geovanny
Mandón Navarro100.
• Ampliación versión libre y espontánea del señor Geovanny Mandón
Navarro101.
• Copia de la Resolución 007 de 2008102 por medio de la cual se falla en
primera instancia el proceso disciplinario adelantado en contra del señor
Geovanny Mandón Navarro y de la Resolución 3750 de 2008103 que resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra el fallo anterior, confirmando el
contenido de la decisión inicial.
80. Así las cosas, la Gerencia Departamental de Norte de Santander de la
Contraloría General de la República luego de efectuar una valoración probatoria de
los medios de convicción recaudados a lo largo de la investigación administrativa
encontró que los señores Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón eran
responsables por el detrimento causado el erario por cuantía de $1.016.907.866 con
ocasión del reconocimiento y pago irregular de prestaciones económicas a favor de
una serie de personas que no tenían derecho. De lo consignado en el fallo con
responsabilidad fiscal se resalta lo siguiente:
94
Folios 1890 a 1916 Cuaderno 10.
95
Folios 1929-1930 Cuaderno 10.
96
Folios 1951-1966 Cuaderno 10.
97
Folios 1977-2120 Cuadernos 10 y 11.
98
Folios 2121-2151 Cuaderno 11.
99
Folios 2152 a 2410 Cuadernos 11 y 13.
100
Folios 2481 a 2616 Cuadernos 13 y 14.
101
Folios 2628 a 2877 Cuadernos 14 y 15.
102
Folios 3030 a 3079 Cuaderno 16.
103
Folios 3080 a 3118 Cuaderno 16.
30
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
“Teniendo en cuenta que los doctores Luis Alberto Sepúlveda Villamizar
apoderado de Geovanny Mandón y Marina Arévalo Torres apoderada de
la previsora, no presentaron argumentos de defensa frente a las
Imputaciones realizadas, sino que solicitaron la nulidad del Auto de
Imputación, a la cual se dio respuesta en las consideraciones anteriores
el despacho dará respuesta a los argumentos de defensa presentados por
el apoderado de Oficio de la señora Angélica Soto Pabón estudiante de
consultorio jurídico Mario Alexander Vásquez Villamizar (folio 3529-3532)
quien señala:
El apoderado de Angélica Soto Pabón, en sus argumentos de defensa
solicita que la culpa que se le atribuya a la señora Soto sea Culpa Grave
y no dolo como fue calificada en el Auto de Imputación (3529-3532)
El despacho considera que las pruebas existentes en el plenario y las
recaudadas por la fiscalía que llevaron a proferir Auto de Imputación a
este despacho y Resolución de Acusación a La Fiscalía son suficientes
para establecer la responsabilidad de Angélica Soto por su conducta
dolosa. En el Auto de Imputación al respecto se señaló:
"La señora Angélica Soto Pabón, ex contratista del Instituto del
Seguro Social, quien en cumplimiento del objeto del contrato se
encargaba de los Procesos Automáticos: ingresar al software de
nómina los datos de cada expediente, ingreso manual de pensión
e indemnización (folio 224-225), quien fue la persona que realizó
las inclusiones en nómina para su posterior pago de pensiones
de invalidez y sobrevivientes otorgadas en forma irregular y
fraudulenta es decir su conducta fue dolosa por el reconocimiento
y pago de prestaciones económicas a quienes no tenían derecho,
aprovechando que se concentraban en ella gran parte de las
actividades señaladas en el manual de procedimientos atribuidas a
diferentes funcionarios, sin que existiera un control por parte del jefe
de departamento, con su actuación generó el daño al patrimonio del
estado.
Mediante Resolución de Acusación N°05536 del 16 de julio de
2007 de la Unidad Nacional de Delitos contra la administración
Pública fiscalía Cuarta Delegada, se acusa de peculado por
apropiación y falsedad en documento público a la señora
Angélica Soto Pabón, a su vez se señala que: “... la conducta
consciente y voluntaria de la imputada, se encuentra demostrada
Inicialmente con el natural conocimiento de las funciones que tenía,
actuando con evidente dolo al manipular la nómina de pensionados
ATEP y falsificando los actos administrativos que negaban el
reconocimiento de pensión de sobreviviente...”(folios 2242-2261)
Teniendo en cuenta que no fueron desvirtuados los elementos de la
Responsabilidad Fiscal señalados en el Auto de Imputación de
Responsabilidad Fiscal N° 046 del 02-06-2010, el despacho fallará con
Responsabilidad Fiscal a cargo de los señores Angélica Soto Pabón y
Geovanny Mandón Navarro, para lo cual se procede a determinar los
elementos integrantes de la Responsabilidad Fiscal, los cuales se
establecieron de acuerdo con el material probatorio que obra en el
expediente.
31
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
DAÑO
Teniendo en cuenta el acervo probatorio, podemos señalar que el daño
ocasionado al patrimonio del Estado está representado en el egreso que
realizó el ISS por las sumas canceladas por concepto de pensión de
invalidez y sobrevivientes sin tener derecho a las mismas por no cumplir
con los requisitos.
El Estado a través del Instituto de Seguro Social Departamento de
Riesgos Laborales Seccional Cúcuta sufrió un daño en su patrimonio
representado en el egreso de ochocientos trece millones ciento noventa y
seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos ($ 813.196.755),
correspondientes a los pagos irregulares realizados a los señores Antonio
Hurtado Hurtado por pensión de invalidez, (525.805.404) y por pensión de
sobrevivientes a Martha Cecilia Guerra Murcia ($108.514.500), Pedro
Hernando Fuentes Ramírez ($129.143.031), Ana Dolores Nuñez (sic)
($83.519.540), María Ofelia Lemus de Villamizar ($78.623.072), Elizabeth
Ortega Carrillo ($169.800.000), Maria José Rojas Angarita ($42.321.538)
Paola Andrea Rojas Angarita ($ 42.321.538), Doris Angarita Acosta ($
133.148.132).
Advierte el despacho en el material probatorio obrante en el expediente
que los pagos irregulares efectuados a los beneficiarios por concepto de
pensión de invalidez y sobrevivientes ocurrieron en el lapso comprendido
entre 2003 y 2006 así: en el caso Antonio Hurtado las notas débitos son
del 1 de diciembre de 2004 y el 1 de mayo de 2005 es decir se realizaron
pagos irregulares durante 2 meses sin que se advirtiera por parte del
señor Geovanny Mandón Navarro como jefe del Departamento,
interventor y supervisor del contrato. En el caso Ana Dolores Nuñez (sic)
las notas débitos y mesadas son de julio, agosto y septiembre de 2005 y
mesadas de octubre, noviembre y diciembre de 2005, enero, febrero,
marzo y abril de 2006 es decir se realizaron pagos irregulares
consecutivamente durante 10 meses sin que se advirtiera por parte del
señor Geovanny Mandón Navarro como jefe del Departamento,
interventor y supervisor del contrato. En el caso María Ofelia Lemus de
Villamizar el valor de mesada y una nota débito son del mes de julio de
2003 y las mesadas restantes son de julio a diciembre de 2003, enero a
diciembre de 2004, enero a diciembre de 2005 y enero a mayo de 2006
es decir se realizaron pagos irregulares consecutivamente durante 35
meses sin que se advirtiera por parte del señor Geovanny Mandón
Navarro como jefe del Departamento, interventor y supervisor del
contrato. En el caso Pedro Hernando Fuentes Ramírez se realizaron
notas débitos y mesadas en octubre, noviembre y diciembre de 2005,
enero de 2006 mesada, febrero y marzo de 2006 nota débito y mesada y
abril de 2006, es decir se realizaron pagos irregulares consecutivamente
durante 7 meses sin que se advirtiera por parte del señor Geovanny
Mandón Navarro como jefe del Departamento, interventor y supervisor del
contrato. En el caso Elizabeth Ortega Carrillo, las notas débito son de
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005 y enero y
marzo de 2006 es decir se realizaron pagos irregulares consecutivamente
durante 7 meses sin que se advirtiera por parte del señor Geovanny
Mandón Navarro como jefe del Departamento, interventor y supervisor del
contrato. En el caso Martha Cecilia Guerra Murcia se realizaron notas
débito y mesadas en septiembre, octubre y noviembre de 2005, mesadas
en diciembre de 2005, mesada en enero, febrero de 2006, nota débito y
mesada en marzo de 2006 y mesada en abril de 2006 es decir se
realizaron pagos irregulares y consecutivamente durante 8 meses sin que
se advirtiera por parte del señor Geovanny Mandón Navarro como jefe del
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Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
Departamento, interventor y supervisor del contrato. En el caso Doris
Angarita, se realizaron pagos de notas débito y mesadas en diciembre
de 2004, enero de 2005. mesadas en febrero marzo y abril de 2005, nota
débito y mesada en mayo de 2005, mesada en junio y julio de 2005, nota
débito y mesada en agosto de 2005, mesada en septiembre de 2005, nota
débito y mesada en octubre de 2005, mesada en noviembre de 2005, nota
débito y mesada en diciembre de 2005, mesada en enero de 2006, nota
débito y mesada en febrero de 2006 y mesadas en marzo y abril de 2006
es decir se realizaron pagos irregulares consecutivamente durante 17
meses sin que se advirtiera por parte del señor Geovanny Mandón
Navarro como jefe del Departamento, interventor y supervisor del
contrato. Con relación a Maria José y Paola Rojas Angarita se realizaron
pagos a mesadas y notas débito en diciembre de 2004 y enero de 2005,
mesadas en los meses de febrero, marzo y abril de 2005, nota débito y
mesadas en mayo de 2005, mesadas en junio y julio de 2005, nota débito
y mesada en agosto de 2005, mesada en septiembre de 2005, nota débito
y mesada en octubre de 2005 y mesadas en noviembre y diciembre de
2005 y enero, febrero y marzo de 2006 es decir se realizaron pagos
irregulares consecutivamente durante 17 meses sin que se advirtiera por
parte del señor Geovanny Mandón Navarro como jefe del Departamento,
interventor y supervisor del contrato.
[…]
Al respecto no resulta difícil observar que estamos frente a un perjuicio,
que conlleva para el estado a través del Seguro Social una disminución
de su patrimonio ya que realizó un egreso que no debía hacer y desde
este punto de vista se está frente a una de las variadas hipótesis de lesión
del patrimonio público ofrecidas por el citado artículo. De modo que no
hay mayor dificultad para concluir que el reconocimiento y pago de las
pensiones de invalidez y sobrevivientes efectuadas a los señores Antonio
Hurtado Hurtado, Martha Cecilia Guerra Murcia, Pedro Hernando Fuentes
Ramírez, Ana Dolores Nuñez (sic), María Ofelia Lemus de Villamizar,
Elizabeth Ortega Carrillo, María José Rojas Angarita, Paola Andrea Rojas
Angarita, Doris Angarita Acosta, sin tener derecho a las mismas, generó
un daño al patrimonio público, que es cierto y actual porque representó el
egreso de $813.196.755 desde julio de 2003 a mayo de 2006.
Queda entonces así acreditado el elemento "daño patrimonial al Estado"
consagrado en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 y exigido por el artículo
48 y 53 ibidem como presupuesto sustancial del Auto de imputación de
Responsabilidad Fiscal y del Fallo con Responsabilidad Fiscal.
[…]
La Responsabilidad se establece en forma solidaria a cargo de los
señores Angélica Soto Pabón y Geovanny Mandón Navarro, conforme al
artículo 2344 del código civil y el concepto de la Oficina Jurídica de este
Órgano de Control N° 3565 del 21 de diciembre de 2000 que señala que
hay que establecer si es procedente atribuir toda la cuantía o prorratearse
la misma de acuerdo al grado de participación y por ende de
responsabilidad, en este sentido se tiene una participación activa por
parte de Angélica Soto al realizar las maniobras fraudulentas para el
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas e ingreso a
nómina y pasiva por parte de Geovanny Mandón al no ejercer sus
funciones de supervisión vigilancia y control sobre las actividades
desempeñadas por el personal a su cargo en el departamento de riesgos
laborales. Omisión que facilitó la realización del hecho dañoso, por ello la
33
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
responsabilidad es solidaria en cabeza de los responsables fiscales ya
que con su conducta activa por parte de la señora soto y omisiva del señor
Mandón contribuyeron por igual a la producción del daño.
La conducta atribuida al señor Geovanny Mandón Navarro como jefe de
Departamento de la ARP del ISS Seccional Cúcuta e interventor y
supervisor de los contratos de Angélica Soto Pabón fue omisiva en el
cumplimiento de sus funciones de interventoría y supervisión ya que la
señora Angélica Soto Pabón como contratista del ISS y en ejercicio de las
funciones que le fueron asignadas en el departamento de Riesgos
Laborales logró defraudar al estado durante los años 2003, 2004, 2005 y
2006 sin que fuera advertido por parte de su jefe inmediato e interventor
y supervisor, es decir la omisión del señor Mandón fue recurrente ya que
se presento (sic) en un lapso prolongado comprendido desde julio de 2003
hasta mayo de 2006 y no ocurrió en un caso aislado sino en seis (6)
reconocimientos de prestación económica de pensión de sobrevivientes y
una activación de pensión de invalidez y se resalta la omisión del jefe ya
que contaba con todos los mecanismos existentes en la dependencia para
llevar un control y verificación adecuado de las actividades desarrolladas
por las personas a cargo de su dependencia y máxime cuando el
resultado final de las actividades de su departamento conlleva a que se
efectúen los reconocimientos y pagos de prestaciones económicas es
decir tenia (sic) funciones de ordenador del gasto.
NEXO CAUSAL
El nexo causal entre el daño y la culpa, implica que el daño o perjuicio,
tiene que ser inequívocamente el resultado de la culpa del autor de ese
daño o perjuicio, o lo que es igual, entre ambos elementos debe existir
una relación determinante y condicionando de causa-efecto de manera
que el daño será el resultado de una conducta activa u omisiva.
El daño representado en el egreso que realizo (sic) el ISS por el
reconocimiento y pago irregular de prestaciones económicas a quienes
no tenían derecho es consecuencia directa de la conducta activa de
Angélica Soto Pabón al incluirlos en nómina y omisiva de Geovanny
Mandón Navarro por el incumplimiento de los procedimientos y la falta de
control y supervisión de las actividades desarrolladas por Angélica Soto y
al fallar el deber de control y supervisión contribuyó a que se generara el
daño al patrimonio del estado.
Efectuado el análisis en conjunto de las pruebas obrantes en el
expediente y de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal
no queda duda que el daño al patrimonio del estado está materializado en
el egreso que realizo (sic) el ISS correspondientes a los pagos irregulares
realizados a los señores Antonio Hurtado Hurtado, ($25.805.404), Martha
Guerra Murcia ($ 108.514.500), Pedro Hernando Fuentes Ramírez ($
129.143.031), Ana Dolores Nuñez (sic) ($ 83.519.540), María Ofelia
Lemus de Villamizar ($78.623.072), Elizabeth Ortega Carrillo
($169.800.000), María José Rojas Angarita ($42.321.538) Paola Andrea
Rojas Angarita ($ 42.321.538), Doris Angarita Acosta ($ 133.148.132);
pagos efectuados en forma irregular y sin los soportes legales, realizados
por la señora Angélica Soto Pabón contratista del ISS quien se
desempeñaba en el Departamento de Riesgos Laborales del Seguro
Social Seccional Norte de Santander y su conducta se calificó en el grado
de dolo por su conducta activa al incluirlos en nómina y reconocerles una
prestación a la que no tenían derecho. El control, supervisión, vigilancia e
interventoría de las actividades desarrolladas por Angélica Soto estaba en
34
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
cabeza del Jefe de Departamento Señor Geovanny Mandón Navarro
quien de haber cumplido con su deber de vigilancia y control de manera
diligente no se hubiese presentado la defraudación al estado durante los
años 2003, 2004, 2005 y 2006 por parte de Angelica Soto sin que fuera
advertido por parte de su jefe inmediato e interventor y supervisor, es
decir, la omisión del señor Mandón fue recurrente ya que se presento
(sic) en un lapso comprendido desde julio de 2003 hasta mayo de
2006 y no ocurrió en un caso aislado sino en seis (6) reconocimientos de
prestación económica de pensión de sobrevivientes y una activación de
pensión de invalidez y se resalta la omisión del jefe ya que contaba con
todos los mecanismos existentes en la dependencia para llevar un control
y verificación adecuado de las actividades desarrolladas por las personas
a cargo de su dependencia y máxime cuando el resultado final de las
actividades de su departamento conlleva a que se efectúen los
reconocimientos y pagos de prestaciones económicas es decir tenía
funciones de ordenador del gasto”. (Negrilla original y subrayado fuera de
texto).
81. Así las cosas, no le asiste razón a la recurrente por cuanto la Gerencia
Departamental de Norte de Santander de la Contraloría General de la República sí
efectuó una valoración de las pruebas recaudadas oportunamente durante la
actuación administrativa y de su estudio y análisis concluyó que en este caso se
configuraron los elementos determinantes de la responsabilidad fiscal como son la
gestión fiscal, una conducta dolosa o cometida con culpa grave y una relación de
causalidad entre ambas.
82. En segundo lugar, no es cierto que hubo una indebida vinculación del garante
al proceso de responsabilidad fiscal.
83. Al respecto se observa que la Gerencia Departamental de Norte de Santander
de la Contraloría General de la República constató que, en efecto, en el trámite se
habían presentado una serie de irregularidades que habían afectado el debido
proceso, toda vez que no se había incorporado la póliza 1002889 expedida por el
tercero civilmente responsable. Por ello, por auto 001397 de 26 de noviembre de
2009104 dispuso declarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas a partir del
auto de imputación.
84. Posteriormente, a través de auto 020 de 11 de marzo de 2010105, se ordenó
vincular a la Previsora S.A. por las pólizas de manejo global 1003157 y 1002889,
con sus respectivas prórrogas, en el siguiente sentido:
“El despacho vincula a la compañía de seguros la Previsora S.A. por las
siguientes pólizas:
Póliza global de manejo Numero 1003157, amparo Cobertura Global de
Manejo con un deducible del 15% del valor de la perdida (sic), valor
asegurado $1.500.000.000, vigencia de 01-01-06 a 01-07-06,
posteriormente se adicionaron las prorrogas (sic) y la siguientes (sic)
póliza:
104
Folios 3404 a 3425 Cuaderno 18.
105
Folios 3460 a 3466 Cuaderno 18.
35
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
Seguro Manejo Póliza Global sector Oficial N° 1002889 certificado de
prorroga N° 1 vigencia del 1 de enero de 2003 a 1 de septiembre de 2003
valor asegurado $ 300.000.000 deducible 15% sobre el valor del siniestro
mínimo 10 SMMLV.
Certificado de prorroga (sic) N° 5 Póliza N° 1002889 vigencia 1 de
septiembre de 2003 a 1 de julio de 2004 valor asegurado $ 300.000.000
deducible 15% sobre el valor del siniestro mínimo 10 SMMLV.
Certificado de expedición Póliza N° 1003157 vigencia 1 de septiembre de
2004 a 31 de diciembre de 2004 valor asegurado $ 1.500.000.000
deducible 15% toda y cada pérdida.
Certificado de prorroga (sic) N° 1 vigencia del 31 de diciembre de 2004 al
1 de septiembre de 2005.
Certificado de prorroga (sic) N° 2 vigencia del 1 de septiembre de 2005 al
1 de enero de 2006.
Certificado de prorroga (sic) N° 3 vigencia del 1 de enero de 2006 al 1 de
julio de 2006.
A continuación se discriminan las pólizas vigentes de acuerdo con las
fechas de ocurrencia del daño al patrimonio del estado106.
[…]
En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho
RESUELVE
Artículo Primero: Vincular a la Compañía de Seguros La Previsora S.A.,
en su calidad de tercero civilmente responsable, dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No.910 que se adelanta en las dependencias del
ISS por las pólizas 1002889 con sus certificados de prorroga 1 y 5
vigencia del 01-09-03 al 01-07-04 y la póliza 1003157 con sus certificados
de prorroga 1, 2, y 3 vigencia del 01-09-04 al 01-07-06 de conformidad a
lo expuesto en la parte motiva.
Artículo Segundo: Comunicar a la representante legal de la Compañía
de Seguros La Previsora S.A a través de su apoderada doctora Marina
Arévalo de la vinculación al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 910.
Artículo Tercero: Notificar por estado el presente proveído a los señores
Angélica Soto Pabón a través de su apoderado de oficio doctor Mario
Alexander Vasquez (sic) Villamizar, designado por el Consultorio Jurídico
de la Universidad Libre, el señor Geovanny Mandón Navarro a través de
su apoderado doctor Luis Alberto Sepúlveda Villamizar y a la Compañía
de Seguros la Previsora S.A. en su condición de garante a través de su
apoderada doctora Marina Arévalo Torres, haciéndoles saber que contra
el presente Auto no procede recurso alguno” (Negrilla original y subrayado
fuera del texto).
106
Las imágenes se encuentran visibles a folios 3462 a 3465 Cuaderno 18.
36
Radicación: 54001-2331-000-2012-00104-01
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Demandada: Contraloría General de la República
85. En estas condiciones, la irregularidad que echa de menos la sociedad actora
fue advertida por la Gerencia Departamental de Norte de Santander de la
Contraloría General de la República y, de manera contraria a lo afirmado por la
recurrente, el auto de vinculación sí identificó con precisión las pólizas afectadas,
tal y como se evidencia de los apartes anteriormente transcritos.
86. En tercer lugar, tampoco le asiste razón a la apelante por cuanto al expediente
administrativo sí fueron aportadas las pólizas 1003157 y 1002889 107 que prueban
el vínculo contractual existente entre el ISS y la aseguradora Previsora S.A. y, por
consiguiente, los derechos y obligaciones que surgieron a cargo de cada una de
las partes.
87. En efecto, se encuentra demostrado que la Previsora S.A. el día 8 de
septiembre de 2004 libró la póliza de manejo sector oficial 1003157 108 a favor del
Instituto de Seguros Sociales con vigencia del 1 de septiembre de 2004 al 31 de
diciembre de 2004. El valor asegurado se pactó en la suma de $1.500.000.000,00,
con un deducible del 15% del valor de la pérdida y se lee que el interés asegurable
consiste en: “[…] [a]mparar la apropiación indebida de dineros y otros bienes del
INSTITUTO, que acontecieren como consecuencia de los eventos mas (sic)
adelante enumerados, en que incurran sus empleados siempre y cuando el hecho
sea imputable a uno o varios empleados determinados y sea cometido durante la
vigencia de la póliza”. Dentro de los amparos se encuentran los delitos contra el
patrimonio económico, delitos contra la administración pública, alcances fiscales,
gastos de reconstrucción de cuentas y gastos de rendición de cuentas.
88. Valga resaltar que el término de vigencia fue prorrogado en el siguiente sentido:
FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DE VIGENCIA
LA PÓLIZA
29 de diciembre de 2004 31 de diciembre de 2004 a 1 de septiembre
de 2005109.
7 de septiembre de 2005 1 de septiembre de 2005 a 1 de enero de
2006110
4 de enero de 2006 1 de enero de 2006 a 1 de julio de 2006111.
89. Igualmente, consta que el 20 de agosto de 2002, la Previsora S.A. libró la póliza
de manejo sector oficial 1002889 a favor del Instituto de Seguros Sociales con
vigencia del 1 de septiembre de 2002 al 1 de enero de 2003. El valor asegurado se
pactó en la suma de $300.000.000,00, con un deducible del 15% del valor de la
pérdida y se lee que el interés asegurable consiste en: “[…] [a]mparar la apropiación
indebida de dineros y otros bienes del INSTITUTO, que acontecieren como
107
Folios 1853 a 1857 y 1858 a 1859 Cuaderno 10.
108
Folios 109 a 114 Cuaderno 1.
109
Folio 116 Cuaderno 1.
110
Folio 117 Cuaderno 1.
111
Folio 118 Cuaderno 1.
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consecuencia de los eventos mas (sic) adelante enumerados, en que incurran sus
empleados siempre y cuando el hecho sea imputable a uno o varios empleados
determinados y sea cometido durante la vigencia de la póliza”. Dentro de los
amparos se encuentran los delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la
administración pública, alcances fiscales, gastos de reconstrucción de cuentas y
gastos de rendición de cuentas.
90. El término de vigencia fue prorrogado en el siguiente sentido:
FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DE VIGENCIA
LA PÓLIZA
1 de enero de 2003 al 1 de septiembre de
Sin fecha 2003112.
1 de septiembre de 2003 a 1 de julio de
Sin fecha 2004113.
1 de julio de 2004 al 1 de septiembre de
12 de julio de 2004 2004114.
91. Ahora, tampoco resulta de recibo el argumento que sostiene la sociedad
apelante quien pretende restar valor probatorio a las copias simples de los contratos
pues al interior de esta Corporación existe una postura uniforme en el sentido de
señalar que los documentos aportados en copias simples deben ser valorados para
privilegiar el principio de primacía de lo sustancial sobre el formal, el acceso a la
administración de justicia, así como los principios de buena fe y de confianza
legítima. En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2013115 apuntó en esta dirección:
“Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la
prueba documental, contenida en el C.G.P., se avanzará de manera
significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que
es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que
de los artículos 243 a 245 del C.G.P., se pueden extraer algunas
conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las
partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es
posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que
originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los
documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv)
las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el
documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se
aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar
–si lo conoce– el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el
respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el
cotejo de los documentos aportados en copias”. (Negrilla fuera de texto).
112
Folio 119 Cuaderno 1.
113
Folio 124 Cuaderno 1.
114
Folio 130 Cuaderno 1.
115
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, radicado:
05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), MP: Enrique Gil Botero: “La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de
las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de
los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”. En igual sentido, se puede ver Corte
Constitucional, sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.
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92. En cuarto lugar, a partir de un análisis del contenido de las pólizas de seguros
se puede evidenciar que dentro de los amparos se encuentran los delitos contra el
patrimonio económico, delitos contra la administración pública, alcances fiscales,
gastos de reconstrucción de cuentas y gastos de rendición de cuentas.
93. Además, según las cláusulas especiales de los referidos contratos se entiende
por trabajador o empleado la “[…] persona natural que presta su servicio a la
entidad asegurada, vinculada a esta mediante contrato de trabajo, orden de trabajo
o mediante nombramiento por decreto o resolución. Igualmente quedan
amparados los empleados de contratistas independientes los cuales deben
cumplir con las normas que los regulan y con las garantías exigidas por la ley 80
de 1993. Incluye los empleados de servicio de los contratistas, ya sean personas
naturales o jurídicas contratadas por el asegurado para la prestación de algún
servicio, tales como vigilancia, aseo, cafetería, así como estudiantes, empleados
temporales como servidores del asegurado, siempre y cuando se encuentren bajo
el control del asegurado116”. (Negrilla fuera de texto).
94. En estas condiciones, y contrario a lo sostenido por la sociedad actora sí se
demostró la cobertura y el aseguramiento de los presuntos responsables fiscales.
95. En quinto lugar y, por último, si bien está demostrado que mediante
comunicación 017347 de 12 de junio de 2007 117 con fundamento en los artículos
1058 y 1060 del Código de Comercio la aseguradora Previsora S.A. objetó la
reclamación ante el Instituto de Seguros Sociales debe señalarse que, tal
requerimiento está dirigido a una eventual declaración de responsabilidad civil.
96. Al respecto, se debe aclarar que la vinculación del garante en procesos de
responsabilidad fiscal obedece al ejercicio de una competencia de origen
constitucional y legal a cargo de las contralorías que tiene como finalidad resarcir
de forma efectiva e inmediata el patrimonio del Estado con ocasión de la conducta
del responsable fiscal y, ello, incluso, cuando haya mediado una reclamación la
cual, se insiste, estaría dirigida a cuestionar la eventual declaratoria de
responsabilidad civil.
97. Así las cosas, a juicio de la Sala, la reclamación a que alude la sociedad actora
resultaría inane frente al control fiscal a cargo de las contralorías cuya razón de ser
no es otra que la protección del interés general y de los recursos públicos pues con
este tipo de juicios se busca el resarcimiento de los daños causados al Estado por
la actuación de los servidores públicos o las personas que tienen a su cargo la
gestión fiscal cuando con su actuación dolosa o gravemente culposa hayan
generado un detrimento o menoscabo al patrimonio público.
116
Folio 135 Cuaderno 1.
117
Folios 51 a 58 del Cuaderno 1.
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II.7.3. Sobre la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro
98. El artículo 9° regula la caducidad y prescripción de la acción fiscal en los
siguientes términos:
“ARTICULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La acción fiscal
caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho
generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a
contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su
realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter
permanente o continuado desde la del último hecho o acto.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si
dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que
la declare.
El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no
impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la
reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya
sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso penal,
que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la
respectiva entidad pública”. (Negrilla fuera de texto)
99. Como se observa, la Ley 610 de 2000 no estableció un término de prescripción
respecto de las pólizas de seguros vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal
en calidad de terceros civilmente responsables. Sin embargo, dicho vacío normativo
fue superado por la jurisprudencia de esta Corporación a partir de la remisión a la
prescripción ordinaria prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio, norma
que es del siguiente tenor:
“Artículo 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las
acciones que se derivan del contrato de seguro, o de las disposiciones
que lo rigen, podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr
desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda
clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace
el respectivo derecho”. (Negrilla fuera de texto)
100. En efecto, esta Sección en sentencia de 18 de marzo de 2010118 indicó que el
término de prescripción debía ser el señalado en el Código de Comercio dado que
la vinculación del garante se hace a título de responsabilidad civil y no fiscal. Sobre
el particular se sostuvo:
118
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sección Primera, CP: Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta, sentencia de 19 de marzo de 2010, radicado: 25000-23-24-000-2004-00529-01.
40
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“Por no tratarse, entonces, de una vinculación por responsabilidad fiscal
ni de una acción de cobro coactivo, sino una acción derivada del contrato
de seguros, es aplicable la prescripción del artículo 1081 del C.Co. y no
el término de caducidad previsto en el artículo 9º de la ley 610 de 2000119,
como tampoco el señalado en el artículo 66, numeral 3, del C.C.A., para
vincular al garante como civilmente responsable”.
101. La anterior postura fue reiterada en ese mismo año y en ella se agregó que el
término de prescripción del derecho de la acción fiscal en materia de seguros es
diferente al término de vigencia de la póliza puesto que el siniestro debe ocurrir
durante esa vigencia. Además de ello, se indicó que la prescripción de las acciones
derivadas del contrato de seguros empieza a correr desde cuando acontezca el
siniestro o de la fecha en que el beneficiario o la autoridad competente, como en
este caso lo es la Contraloría General de la República tiene conocimiento de su
ocurrencia:
“Conviene reiterar sobre este tema que el término de esa prescripción es
distinto al término de vigencia de la póliza, que el siniestro debe ocurrir
dentro de dicha vigencia para que nazca la obligación del garante o
asegurador, y que la prescripción de las acciones derivadas del contrato
de seguros empieza a correr desde cuando acontezca el siniestro o de
que el beneficiario o la autoridad competente, como en este caso lo es la
Contraloría General de la República, tenga conocimiento de su
ocurrencia120.”
102. La Sección Primera, en sentencias de 20 de noviembre de 2014121 y de 10
de septiembre de 2015122 reiteró la postura anterior en el sentido de señalar que el
término que debía aplicarse para efectos de contabilizar la prescripción cuando se
vincula al garante con ocasión de una póliza de seguros es el previsto en el artículo
1081 del Código de Comercio y no al artículo 9° de la Ley 610 de 2000. Sobre el
particular la sentencia de 20 de noviembre de 2014, citada ut supra, señaló:
“De lo expuesto en la sentencia en cita es claro, entonces, que es el
artículo 1081 del Código de Comercio el que ha de servir de parámetro
jurídico a fin de determinar si el ente de control fiscal ejerció en
oportunidad el derecho previsto en el artículo 44 de la Ley 610 del 2000,
consistente en comprometer a la compañía aseguradora como tercero
civilmente responsable en el proceso de responsabilidad fiscal […].
[…]
119
El artículo 9º de la Ley 610 de 2000 prevé que “La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos,
de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.”
120
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de junio de 2010, MP: Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta, radicado: 68001-23-15-000-2004-00654-01.
121
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia
de 20 de noviembre de 2014, radicado: 25000-23-24-000-2006-00428-01.
122
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: María Claudia Rojas Lasso, sentencia
de 10 de septiembre de 2015, radicado: 25000-23-24-000-2005-01533-01: “De acuerdo con las anteriores consideraciones,
no cabe duda alguno en cuanto a que el término de dos años de la prescripción ordinaria contemplado en el artículo 1081
C.Co., es el plazo del que disponen los entes de control para vincular a los garantes como terceros civilmente responsables
dentro de los procesos de responsabilidad fiscal que adelanten, en virtud de las acciones derivadas del respectivo contrato
de seguro que ampararon”.
41
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Lo anotado, a su turno, evidencia que no es procedente acudir al
artículo 9 ibídem para contabilizar términos de prescripción a favor
del garante, dado que su participación en el mismo es de naturaleza
civil, y por ende, la normativa que le resulta aplicable corresponde a
las normas de derecho comercial que rigen el respectivo contrato de
seguro, y no las de responsabilidad fiscal, en razón, se reitera, a que
no es esta última la calidad en virtud de la cual aquel es llamado al
proceso”. (Negrilla fuera de texto)
103. Conviene precisar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
descongestión, en sentencia de 11 de octubre de 2019123 señaló que el término de
prescripción de la acción fiscal cuando se está ante la vinculación de garantes es el
previsto en la Ley 610 de 2000 y, por ende, no era posible acudir a la regulación del
Código de Comercio.
104. Ahora bien, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 10
de octubre de 2019124, se apartó de la postura de la Sección Quinta y reiteró la
postura jurisprudencial adoptada en el año 2010 que refrendó la aplicación del
artículo 1081 del Código de Comercio en los procesos fiscales antes de la
expedición de la Ley 1474 de 2011, en el siguiente sentido:
“195. En suma, se reitera la postura de la Sección Primera del Consejo de
Estado en la cual se ha señalado que antes de la expedición de la Ley
1474, por no tratarse, de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de
una acción de cobro coactivo, sino de una acción derivada del contrato de
seguros, es aplicable para determinar la prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro el artículo 1081 del Código de Comercio
y no el numeral 3.º del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo
ni las normas que determinan la responsabilidad fiscal.”125
105. La anterior postura ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 18 de
febrero de 2021126, de 15 de septiembre de 2023127 y de 8 de julio de 2024128, por
mencionar algunas.
123
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en Descongestión, sentencia de 7 de junio de
2018, C.P. Alberto Yepes Alzate, número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00289-02: “En este orden de ideas,
para la Sección no es posible aseverar que el hecho de que las aseguradoras se vinculen como terceros civilmente
responsables al procedimiento de responsabilidad fiscal impone que la contraloría deba sujetarse a las normas del C. de Co.
para adoptar una decisión frente a ellas, ya que esto desconocería que los términos de prescripción tienen una regulación
explícita en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000. Tal y como en la actualidad lo evidenció el Estatuto Anticorrupción.
5.2 La postura jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado, torna inane el contrato de seguro, pues en la
práctica ello implicaría que la contraloría no contaría con los 5 años que le otorga la ley ibídem, sino que debería adoptar una
decisión en el lapso de 2 años, so pena de que la póliza de seguros prescriba. Lo que es bastante poco probable que ocurra.
Este razonamiento, no solo pone en riesgo el control fiscal que en lugar de fortalecerse por la existencia de la póliza se ve,
paradójicamente, debilitado, pues las contralorías, contrario al mandato de la Ley 610, deberán expedir una decisión antes
de 2 años, so pena de que la garantía que se contrató, precisamente, para resarcir el daño causado, se declare “prescrita”.
En otras palabras, no tendría sentido que las entidades públicas contraten pólizas de seguros para tratar de mitigar los riegos
derivados de la declaratoria de responsabilidad fiscal, pues casi siempre la decisión se proferiría cuando aquella esté prescrita
y la finalidad que tuvo al celebrar dicho negocio jurídico se desdibujaría, pues solo se lograría si el ente fiscal profiere una
decisión supremamente rápida”. (Negrilla original del texto).
124
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 10 de octubre de 2019, radicado: 25000 2324000 200700459 02
126
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés,
sentencia de 18 de febrero de 2021, radicado: 68001-23-31-000-2004-00491-01, actor: Aseguradora Colseguros S.A,
demandado: Contraloría General de la República – CGR.
127
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, radicado:
250002324000 2012 00588 02, actora. Seguros Colpatria S.A. hoy AXA Colpatria Seguros S.A.
128
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez sentencia
de 20 de junio de 2024, radicado: 250002341000 2018 00434 01, actora: Seguros del Estado S.A.
42
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106. Ahora bien, debe señalarse que a partir de la expedición de la Ley 1474 de
2011129 – Estatuto Anticorrupción- las pólizas de seguro por las cuales se vincula a
los garantes al proceso de responsabilidad fiscal se encuentran sujetas a los
mismos plazos previstos en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000, en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 120. PÓLIZAS. Las pólizas de seguros por las cuales se
vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de
tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en
el artículo 9 de la Ley 610 de 2000”. (Negrilla fuera de texto)
107. Particularmente, en los debates parlamentarios que precedieron la
aprobación de esa iniciativa se desprende que el móvil perseguido por el legislador
no fue otro que adoptar medidas para mejorar la eficiencia y eficacia del control
fiscal como herramienta esencial en la lucha contra la corrupción y como resultado
de la última evaluación al control fiscal se habían identificado una serie de
deficiencias, entre las cuales se enlistó el número alarmante de prescripciones lo
que ponía en evidencia que los resultados del control fiscal no habían sido los
esperados130.
108. En el presente caso, se encuentra que los hechos constitutivos del siniestro,
esto es, los hallazgos que dieron origen a la investigación administrativa en contra
del señor Geovanny Mandón Navarro y Angélica Soto Pabón sucedieron entre el
2003 y el año 2006131.
109. Según el expediente administrativo se encuentra probado que mediante auto
020 de 11 de marzo de 2010132, se ordenó vincular a la Previsora S.A. por las
pólizas de manejo global 1003157 y 1002889, con sus respectivas prórrogas, esto
es, cuando aún no había entrado en vigencia la Ley 1474 de 2011. Por ende, la
disposición que resulta aplicable es el artículo 1081 del Código de Comercio, lo que
significa que la Contraloría disponía del término de dos (2) años previsto en dicha
codificación.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 15 de diciembre de 2023, radicado: 25000-2324-000-2012-00588-02 recapituló las anteriores reglas que deben seguirse
para efectos de la vinculación del garante al proceso de responsabilidad fiscal antes de la expedición de la Ley 1474 de 2011,
en el siguiente sentido: “Por tanto, la jurisprudencia citada de esta Sección ha determinado que: i) el siniestro que ampara la
póliza debe ocurrir necesariamente dentro del término de vigencia de la misma, aunque sea el último instante del último día
de vigencia; ii) el siniestro se configura cuando se produce el incumplimiento de la obligación garantizada por la póliza, no
cuando la administración la declara, iii) que antes de la expedición de la Ley 1474, el término de los dos años señalados en
el artículo 1081 del Código de Comercio se contabiliza, para el caso de los juicios de responsabilidad fiscal, a partir del
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento de la existencia del riesgo asegurado que da base a
la acción de responsabilidad fiscal, que para el caso de las Contralorías lo determina a partir del auto que da apertura a la
investigación fiscal y, iv) que solo se interrumpe el término de los dos años de la prescripción ordinaria señalada en el artículo
1081 del Código de Comercio, cuando el acto administrativo expedido por la Nación- Contraloría General de la República, o
las contralorías distritales, departamentales o municipales que ordena la efectividad de la garantía, cobra firmeza dentro de
dicho lapso”.
129
El citado compendio entró en vigencia a partir de la fecha de su promulgación – 12 de julio de 2011129-, pues así lo dispuso
expresamente dicha norma en el siguiente sentido: “ARTÍCULO 135. Vigencia. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga las normas que le sean contrarias”.
130
Gaceta 607 de 2010 que contiene la exposición de motivos del proyecto de ley 142 de 2010 proyecto de ley por la cual se
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”. Lugar de consulta: http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/.
131
Folios 362 del Cuaderno 19.
132
Folios 3460 a 3466 Cuaderno 18.
43
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110. En consecuencia, como el fallo con responsabilidad fiscal fue proferido el día
29 de diciembre de 2010 y confirmado mediante autos 041 de 24 de mayo de 2011
y 001066 de 18 de julio de 2011, quedando en firme el día 17 de agosto de 2011133,
resulta dable señalar que no operó la prescripción de la acción derivada del contrato
de seguro.
111. Por las razones expuestas, la Sala encuentra razonados los argumentos
esbozados por el Tribunal de primera instancia para considerar que en el presente
caso no operó la prescripción de la acción derivada del contrato de seguros, pero
por las razones expuestas en la presente providencia.
II.8. Pronunciamiento sobre condena en costas
112. Esta Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55
de la Ley 446 de 9 de julio de 1998134, se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandante en segunda instancia pues su conducta no estuvo precedida de
mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y, además, esta se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de julio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se denegaron
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
133
Según constancia de ejecutoria visible a folio 3824 Cuaderno 19.
134
“ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción
de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la
vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
44
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Demandada: Contraloría General de la República
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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