Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02177-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02177-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-02177-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de abril de 2025
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE SEGUROS S.A.
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tesis: Es nulo el acto administrativo que estableció como
tercero civilmente responsable a una compañía de
seguros si entre el auto de apertura y la decisión en firme
que declaró la responsabilidad fiscal transcurrieron más
de dos años.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría
General de la República contra la sentencia proferida el 29 de septiembre
de 2016 por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad QBE Seguros S.A., actuando por conducto de apoderado
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA, presentó demanda en
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
contra de la Contraloría General de la República y, para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:
“[…] 4.1. Que se declare la nulidad del fallo No. 00072 de [e]nero 30 de
2013 de primera instancia, el auto No. 00343 de fecha 19 de marzo de
2013 que resolvió el recurso de reposición, el fallo de apelación No. 018
de fecha 1 de abril de 2013 de proceso de responsabilidad fiscal CD000152
de la Contraloría General de la República.
4.2. Que, como consecuencia de dicha declaratoria, se ordene a la
Contraloría General de la República el restablecimiento de la cuantía que
se encuentre probada en el proceso, en cuanto a las pólizas afectadas, o
en lo que proporcionalmente se determine, teniendo en cuenta que la
suma pagada por QBE SEGUROS S.A., el día (3) de mayo de dos mil trece
(2013), por valor de siete mil seiscientos millones de pesos
($7.600.000.000,00) M/CTE, fue realizada para los cuatro procesos de
responsabilidad fiscal CD000267, CD000152, CD000189 y CD000179.
Cualquiera que sea la cuantía que se determine para el restablecimiento
deberá ser debidamente actualizada mediante la aplicación del índice de
precios al consumidor.
4.3. Que se ordene a la Contraloría General de la República reconozca a
QBE SEGUROS S.A. el interés bancario corriente desde la fecha de
realización del depósito el día 3 de mayo de 2013, hasta la fecha en que
se realice la devolución, sin perjuicio del pago de intereses de mora
conforme al artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso administrativo.
4.4. Que se ordene a la Contraloría General de la República suprimir los
registros que versen sobre el proceso CD000152 de Responsabilidad Fiscal
en cuanto a QBE SEGUROS S.A., como tercero civilmente responsable.
4.5. Que se ordene a la Contraloría General de la República archive el
proceso de responsabilidad fiscal en cuanto a QBE SEGUROS S.A., como
tercero civilmente responsable.
4.6. Que se condene a la Demandada a pagar a favor del Demandante las
costas, expensas y agencias en derecho del proceso.
[…]” (mayúsculas y negrillas originales).
1.2. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
La parte actora afirmó que con la expedición de los actos acusados se
vulneraron las siguientes disposiciones constitucionales y legales:
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Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01. Archivo PDF “01DEMANDA (…)”
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Demandante: QBE Seguros S.A.
Artículo 29 de la Constitución Política
Artículo 1081 del Código de Comercio
Artículos 3, 5 y 53 de la Ley 610 de 2000
Artículo 137 y demás normas concordantes del CPACA.
Como cargos de violación se invocaron:
Primero. “Infringen las normas en que deben fundarse: obligatoriedad y
validez de la aplicación del deducible de la póliza de manejo de entidades
estatales”
Que sustentó en que la Contraloría manifestó que el valor asegurado de
la póliza 92100000277 era de cien millones de pesos, sin aplicar el
deducible del 6% por cuanto esta cobertura es menor al valor total de la
pérdida.
Consideró que, el planteamiento de la Contraloría es abiertamente ilegal
y va en contravía del Código de Comercio que permite pactar el deducible
en el contrato de seguro y su aplicación a los siniestros que afecten la
póliza de manejo del departamento del Meta es obligatoria.
Segundo. “Las decisiones No. 00072 de enero 30 de 2013 de primera
instancia, el auto No. 000343 de fecha 19 de marzo de 2013 que resolvió
el recurso de reposición, y el fallo de apelación No. 018 de fecha 1 de abril
de 2013 de la Contraloría General de la República violan el artículo 29 de
la Constitución Política, por ausencia de criterio de imputación y Violación
al debido proceso por imposibilidad de ejercer la defensa”
En este cargo recordó que los artículos 5 y 53 de la Ley 610 de 2000
establecen los elementos de la responsabilidad fiscal y, en la calificación
de la conducta que hizo la Contraloría en el fallo solo determinó el criterio
de imputación frente a la vicepresidente de negocios fiduciarios, no
respecto de los demás funcionarios, en consecuencia, no resultaba viable
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Demandante: QBE Seguros S.A.
jurídicamente proferir un fallo condenatorio cuando la conducta culposa o
dolosa atribuible a quien realiza gestión fiscal no se identificó con claridad
y de manera expresa en los actos acusados.
Tercero. “Las decisiones No. 00072 de enero 30 de 2013 de primera
instancia, el auto No. 000343 de fecha 19 de marzo de 2013 que resolvió
el recurso de reposición, y el fallo de apelación No. 018 de fecha 1 de abril
de 2013 de la Contraloría General de la República son anulables por falsa
motivación”.
Alegó que los actos acusados son nulos por falsa motivación, puesto que
algunas situaciones de hecho son inexistentes y otras han sido calificadas
erradamente desde el punto de vista jurídico, así:
-) Falsa motivación por invocar un término de prescripción diferente al
que le es aplicable al contrato de seguro. Alegó que debió tenerse en
cuenta lo previsto por el artículo 1081 del Código de comercio y, que, en
el caso, la presunta pérdida tuvo lugar el 16 de noviembre de 2006 y el
auto de vinculación al proceso de responsabilidad fiscal se profirió el 20
de febrero de 2009, lo que significa que ya había prescrito la acción
derivada del contrato de seguro para la fecha en que se presentó la
reclamación, esto es, el 20 de febrero de 2009, por haber transcurrido
más de dos años. Para el efecto, citó la providencia proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado el 18 de marzo de 20102.
-) Falsa motivación por calificar erradamente desde el punto de vista
jurídico que los funcionarios de Fiduagraria desplegaron gestión fiscal.
Afirmó que éstos no ostentaban la calidad de servidores públicos, ni
tampoco desarrollaron una función de esta naturaleza, y, en todo caso,
no estaban facultados para vigilar ni fiscalizar la inversión efectuada por
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C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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una entidad territorial en el negocio fiduciario investigado, por lo tanto,
no eran sujetos disciplinables fiscalmente para el caso.
• Falsa motivación por error de hecho. Adujo que ninguna de las conductas
desplegadas por los investigados está relacionada con los amparos
contratados, pues las actuaciones de los funcionarios del departamento
del Meta están referidas a manejos de excedentes de liquidez, de manera,
que, la aseguradora no debe responder contractualmente bajo las pólizas
de este caso.
2. Contestación de la demanda
La Contraloría General de la República, actuando por conducto de
apoderado judicial, contestó la demanda en oportunidad y se opuso a las
pretensiones por considerar que los actos acusados fueron expedidos
dentro del marco de competencias y atribuciones del órgano de control 3.
Luego de referirse a cada uno de los hechos, se pronunció así frente a los
cargos de violación:
Primero. En cuanto a la obligatoriedad y validez de la aplicación del
deducible de la póliza de manejo de entidades estatales
Sostuvo que este argumento es improcedente, ya que, de la lectura del
recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto en contra del
Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 00072 proferido el 30 de enero de
2013 se extrae que no fue alegado en ningún momento, por lo que no se
puede variar sustancialmente la reclamación. Agregó que si la parte
actora estaba inconforme con la determinación del deducible la actuación
idónea debió solicitar la devolución de los dineros que consideró pago en
exceso QBE Seguros S.A. para que la administración se pronunciara.
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Ibidem, Archivo PDF “28CONTESTACION (…)”.
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Segundo. Respecto de la violación del artículo 29 por ausencia del criterio
de imputación
Aseveró que, en el fallo con responsabilidad fiscal CD 152 atacado, se
hicieron todas las consideraciones acerca de la conducta de cada uno de
los responsables fiscales y los relacionó. Adujo también que, “se presentó
una conexión contractual, donde se presentaron varios convenios en un
negocio único para formar uno más grande, con un único fin; a tal grado
de interdependencia que no pueden entenderse como uno diferente del
otro”.
Relató lo establecido por la Contraloría en el proceso de responsabilidad
fiscal y concluyó que los empleados de Fiduagraria S.A. omitieron dirigir
su actuación buscando procurar obtener la mejor rentabilidad posible con
la mayor diligencia.
Tercero. Frente a la falsa motivación de los actos acusados
-) Por el término de prescripción. Indicó que la parte actora se
fundamentó en las consideraciones expuestas por la Sección Primera del
Consejo de Estado en la sentencia del 18 de mayo de 20104, y luego de
referirse a la providencia manifestó que, la Contraloría “se oponía al
planteamiento del Consejo de Estado”, por lo siguiente:
• “La prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio se aplica a las
partes del contrato no a las contralorías”
Para ello distinguió entre:
Relaciones entre las partes del contrato de seguros y las contralorías con
las aseguradoras: consideró que la prescripción regulada por el artículo
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Expediente radicación nro. 25 000 2324 000 2004 0052901.
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1081 del Código de Comercio afecta la acción que tienen las partes del
contrato de seguros para hacer valer sus derechos en caso de ocurrencia
del siniestro amparado, pero no puede incidir de ninguna manera en la
actuación de las contralorías por cuanto éstas no son parte dentro del
contrato de seguros. Agregó que, las cláusulas del contrato ciertamente
son ley para las partes (art. 1602 del C.C.), pero no pueden cobijar a
quienes no ostentan esa calidad.
Relaciones de las Contralorías con las aseguradoras: Alegó que en la
precitada providencia no hay claridad acerca del extremo en que expira
el término prescriptivo, no sé precisa si es el momento en que se llama a
la aseguradora a las diligencias o el de la notificación del fallo. Dijo que
“esto obedece a que al dar aplicación a la prescripción de la acción propia
del derecho privado a una institución de carácter público como es el
proceso de responsabilidad fiscal, no puede determinarse cuál es el
momento en que expiran los términos, pues se trata de dos instituciones
en esencia diferentes”.
Consideró que “(…) lo anterior lleva a la necesidad de diferenciar entre la
prescripción del contrato de seguros consagrada en el artículo 1081 del
Código de Comercio y que se aplica a la acción que puedan emprender
las partes del contrato, es decir, el asegurado, los beneficiarios y la
Compañía Aseguradora; frente la prescripción del proceso de
responsabilidad fiscal estipulada en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000”.
Aseguró que, no puede ser alegada la prescripción prevista en la ley
comercial ante la Contraloría en el trámite del proceso de responsabilidad
fiscal, pues el artículo 1081 del Código de Comercio está dirigido a regular
las relaciones contractuales entre las aseguradoras, los tomadores y los
beneficiarios de las respectivas pólizas que se constituyen en parte
interesada para hacer efectivos los derechos surgidos del acuerdo
contractual.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
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Señaló que “(…) se equivoca la Sala al investir a la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, de la calidad de parte del contrato de
seguros en este caso, imponiéndole las obligaciones del contrato cuando
el Ente de Control no es parte del mismo, pues no lo suscribió y, por lo
tanto, no asumió las obligaciones consagradas en sus estipulaciones,
entre ellas las del artículo 1081 del Código de Comercio”.
• “Las normas de la Constitución y de la Ley 610 de 2000 son de orden
público y por lo tanto prevalecen sobre las normas del Código de
Comercio”
Alegó que, la acción fiscal tiene una regulación especial cuyo fundamento
constitucional son los artículos 1, 19, 267, 268 y siguientes de la Carta
Política y que acorde con dichas normas a la Contraloría le corresponde el
control fiscal, por lo que, su función es de orden público, por ende, las
disposiciones que regulan tanto la competencia como el ejercicio de su
función y los procedimientos para llevarlas a cabo comparten dicho
carácter.
Aseveró que en relación con la prescripción debe prevalecer la regulación
de la Ley 610 de 2000 sobre la regulación del Código de Comercio, por
cuanto la primera consagró la forma en que las Contralorías deben ejercer
su función constitucional de establecer la responsabilidad fiscal de quienes
manejan, custodian o administran recursos públicos, mientras que el
Código de Comercio regula las relaciones entre particulares sometidas a
la autonomía de la voluntad.
• “La ley especial prevalece sobre la ley general”
Afirmó que el fallo del Consejo de Estado “es desatinado si se analiza a la
luz de la hermenéutica jurídica básica”, y que conforme a lo previsto por
el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 las normas de carácter particular
prevalecen sobre las normas de carácter general, por lo que, al proceso
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de responsabilidad fiscal que desarrollan las contralorías se les aplican las
normas de prescripción que establece la Ley 610 de 2000 y no otras.
Indicó que “cuando las contralorías actúan iniciando un proceso de
responsabilidad fiscal y vinculando como garante a una compañía de
seguros, no lo hacen en condición de parte de un contrato de seguros,
sino en calidad de órgano del Estado competente para establecer la
responsabilidad fiscal. Por lo que al Ente de Control debe aplicársele las
normas que regulan el proceso de su competencia y, no las del Código de
Comercio que reglamenta la relación entre Compañía Aseguradora y la
asegurada”.
• “La vinculación al garante es un aspecto accesorio al proceso de
responsabilidad fiscal”
Argumentó que un principio rector o básico del derecho, es el que se
enmarca en el aforismo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y
que las normas que regulan la competencia y procedimiento para
establecer la responsabilidad fiscal tienen un carácter de orden público
imperativo que se concretan en los artículos 1, 19, 267, 268 y siguientes
de la Constitución y las Leyes 42 de 1993, 1474 de 2011 y 610 de 2000,
que previo en su articulado la posibilidad de vincular al garante (artículo
44) y que la vinculación del garante obedece a la afectación del patrimonio
público por la conducta de quien es declarado responsable fiscal.
Anotó que, la vinculación está determinada por el riesgo amparado y se
relaciona con los sujetos beneficiaros del seguro, por lo que, las
Contralorías, cuando actúan como ente competente para iniciar un
proceso y llevarlo hasta su fin declarando la responsabilidad fiscal no
pueden ser contadas como parte del contrato de seguros, pues es el
órgano del Estado encargado de proteger y preservar el patrimonio
público.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
• “Aplicar la prescripción regulada en el Código de Comercio a la actuación
de las Contralorías hace inocua la vinculación del garante al proceso de
responsabilidad fiscal, por cuanto se obliga, en la práctica a lo imposible
a las mismas Contralorías”
En este punto indicó que por mandato constitucional el control fiscal que
practican las Contralorías es de carácter posterior, no preventivo, ni
previo, se despliega sobre inversiones ya ejecutadas sin que el control
fiscal constituya una administración paralela, por lo que no se ciñen a ese
margen de tiempo que sí corre contra los celebrantes del contrato de
seguros, que se mantienen en contacto directo con el desarrollo del
vínculo amparado y sus incidencias, de las que pueden dar aviso
oportuno.
Agregó que, la caducidad y la prescripción previstas por el artículo 9 de
la Ley 610 de 2000, impone una regla de orden público a la que deben
someterse las Contralorías al desarrollar su función constitucional y, que,
vinculada una compañía aseguradora al proceso, para que recaiga la
obligación indemnizatoria sobre ella, debe mediar un pronunciamiento de
responsabilidad fiscal. Y “considerar que la norma sobre prescripción
aplicable a la aseguradora era la del Código de Comercio y no la de la Ley
610 desconoce por completo las características de la actuación de las
contralorías al desarrollar su función de control- posterior, tal como lo
impuso la Constitución Política”.
• “El fallo del Consejo de Estado acude a la aplicación de una ley tercia en
una interpretación inadecuada, cuando existe la ley especial aplicable al
caso”
Señaló que la sentencia proferida por el Consejo de Estado mezcla dos
clases de prescripción, una de orden privado y otra de orden público.
Aseguró que la doctrina jurídica contempla la prohibición de una ley tercia,
y que la interpretación normativa hecha por el Consejo de Estado es una
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aplicación de la ley tercia, porque tomando aspectos de la norma del
Código de Comercio y aspectos de la Ley 610 crea una tercera ley, no
siendo admisible su aplicación al contrato de seguros cuando ha sido
vinculada una póliza dentro del proceso de responsabilidad fiscal.
• “El interés general prevalece sobre el interés particular”
Aseveró que, con fundamento en los principios de la Carta Política previsto
en el Título I, la propia Constitución le dio a la Contraloría el carácter de
órgano de control, y en los artículos 267 y 268 determinó los parámetros
generales sobre cómo la Contraloría debe ejercer sus competencias y
funciones, para ello, la Ley 610 desarrolló las normas superiores
delimitando el concepto de gestión fiscal y estableció el propósito de la
responsabilidad fiscal, de manera que la competencia y funciones
asignadas a la Contraloría desarrollan los principios fundamentales
establecidos en la Constitución, según los cuales el interés general
prevalece sobre los intereses particulares, tratándose de los principios
que deben regir la interpretación normativa.
• “La supuesta violación al artículo 9 de la Ley 610 de 2000”
Expuso que el fenómeno de la prescripción no operó en este caso y que
como quedó preestablecido el artículo 9 de la Ley 610 se debe aplicar sin
tener que acudir a otra legislación por remisión, ya que esta ley no
presenta vacíos.
• “Error de derecho al atribuirles el carácter de gestores fiscales a los
funcionarios de Fiduagraria S.A.”
Alegó que no le asiste razón a la parte actora, y, el hecho de que los
empleados de Fiduagraria S.A. no ostenten la calidad de servidores
públicos no les quita que tengan la calidad de gestores fiscales. Para ello
citó apartes de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
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840 de 2001 e hizo alusión a lo establecido en el fallo de responsabilidad
fiscal.
• “Falsa motivación por error de hecho en la cobertura de la póliza de
manejo de entidades estatales no se verifica ningún amparo”
Lo que sustentó en que: -) en la póliza se señala al departamento del
Meta como tomador y beneficiario y -) la póliza no pactó cubrimiento por
pérdidas referentes a manejo de liquidez.
• “Apartamiento del precedente judicial”
Argumentó que en el presente caso dos sentencias judiciales tienen la
entidad suficiente para constituirse como precedente judicial, no
obstante, en determinadas ocasiones “es factible desacatar las decisiones
de las altas Cortes, siempre y cuando se ponderen de manera precisa
ciertos y específicos condicionamientos que no obedecen simplemente al
capricho del funcionario judicial, a la mera disparidad de criterios o al
obedecimiento ciego e irracional del principio de imparcialidad y
autonomía judicial”. Aseveró que es desproporcionado aplicar en este
caso la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Sección Primera
en el proceso nro. 25 000 23 24 000 2004 00529 01, pues pese a la
similitud de los supuestos de hecho existen diferencias que son relevantes
y no fueron consideradas, por lo que se trata de situaciones que no son
comparables.
• “Respeto a los derechos fundamentales en cabeza de la Contraloría
General de la República”
Afirmó que el artículo 29 constitucional estableció que el debido proceso
debe aplicarse a todo tipo de actuaciones judiciales “por lo que no pueden
los funcionarios judiciales y menos aun administrativos inventarse, entre
otras, procedimientos o actuaciones que no estén expresamente
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consagradas en el ordenamiento jurídico, so pena de responder por acción
u omisión en los términos de los artículos 2 y 6 constitucionales”. Señaló
que la Contraloría también es titular de derechos fundamentales y que de
prosperar en este caso las pretensiones se afecta su derecho al debido
proceso ya que no estructuró ninguna causal de nulidad y se vulnera el
derecho a la propiedad por cuanto se le causaría un agravio injustificado
a la Nación.
Propuso como excepciones: las de ineptitud sustancial de la demanda por
ausencia de vicio de nulidad; ineptitud sustancial de la demanda por
indebida acumulación de pretensiones; ausencia de requisito de
procedibilidad; improcedencia de la pretensión por falta de causal de
nulidad de los actos acusados y la de inexistencia del derecho a restituir
o reparar.
II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 29 de septiembre de 2016, dispuso5:
“[…] Primero. Declárase la nulidad parcial de los actos administrativos
contenidos en el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 000072 del 30 de
enero de 2013, el Auto No. 000343 del 19 de mar[z]o de 2013 y el Fallo
de Apelación No. 0018 del 1° de abril de 2013 proferidos por la Contraloría
General de la República, en cuanto en ellos se declaró a la compañía QBE
Seguros S.A. tercero civilmente responsable e incorporando al fallo con
responsabilidad fiscal las Pólizas Nos. 9200000277 (sic) y 121100000022
expedidas por QBE Seguros S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Como restablecimiento del derecho, declárase que QBE
Seguros S.A. no estaba obligada a pagar suma de dinero alguna en virtud
de las Pólizas Nos. 9200000277 (sic) y 121100000022, por lo que, en
caso de que la demandante haya efectuado el pago en virtud de lo
dispuesto en el numeral segundo de la parte resolutiva del Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 000072 del 30 de enero de 2013 declarado
nulo, la Contraloría General de la República deberá restituir los dineros
que haya recibido en virtud de las Pólizas Nos. 9200000277(sic) y
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Ibidem, Archivo PDF “52FALLO (…)”.
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Demandante: QBE Seguros S.A.
121100000022, suma que deberá será indexada, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Ordénase a la Contraloría General de la República eliminar
cualquier registro donde aparezca la sociedad QBE Seguros S.A. como
responsable fiscal, únicamente en lo referente, al Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. CD 000152.
Cuarto. Condénase en costas a la Contraloría General de la República.
Por Secretaría, liquídense las costas a que haya lugar, conforme lo
señalado en el artículo 366 del Código General del Proceso.
[…]”. (negrillas originales)
En sustento de lo anterior, indicó que, la parte actora había propuesto
cinco cargos, y que, si bien se presentaron en la demanda tres, el último
se había subdivido en tres sub- cargos de nulidad y, que por metodología
se concentraría en el de prescripción aplicable al contrato de seguro, así:
“Prescripción aplicable al contrato de seguro (cargo tercero – sub-
cargo primero)”
Recordó que la parte actora alegó que debía tenerse en cuenta el término
de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio y
para sustentar la aplicación de dicho artículo citó la sentencia del 18 de
marzo de 2010 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
que se ocupó de este tema y determinó que en los procesos de
responsabilidad fiscal sí son aplicables las normas del Código de Comercio
relativas a la prescripción, específicamente el artículo 1081, que, en el
presente caso, el presunto detrimento patrimonial había tenido lugar el
16 de noviembre de 2006, mientras que, el auto de vinculación al proceso
de responsabilidad fiscal se profirió el 20 de febrero de 2009, lo que
significaba que había prescrito la acción derivada del contrato de seguro,
para la fecha en que se presentó la reclamación.
Para estudiar el cargo, el tribunal transcribió el artículo 1081 del Código
de Comercio, de lo que desprendió que, para la acción derivada del
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contrato de seguro, el término de prescripción ordinaria es de dos años
contado a partir del momento que el interesado haya tenido o debió tener
conocimiento del hecho que origina la acción, y el de prescripción
extraordinaria es de cinco años, que correrá contra toda clase de personas
y empieza a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho.
Advirtió que, en lo que respecta a la aplicación del artículo 1081 del
Código de Comercio al proceso de responsabilidad ante la vinculación de
la sociedad garante como tercero civilmente responsable, la Sección
Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de marzo de 2010,
en el proceso con radicación nro. 25000 23 24 000 2004 00529 01, señaló
que su vinculación no era a título de acción por responsabilidad fiscal, sino
por responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al contrato de
seguro, criterio que fue reiterado en sentencias del 17 de junio de 20106,
del 20 de noviembre de 20147, y en sentencia del 10 de septiembre de
20158.
Sostuvo que de conformidad con las precitadas providencias el Consejo
de Estado ha acogido la tesis según la cual no es procedente acudir al
artículo 9 de la Ley 610 de 2000 para contabilizar los términos de
prescripción a favor del garante, dado que su participación en el mismo
es de naturaleza civil; por consiguiente, la normatividad que resulta
aplicable no era otra que la contenida en el derecho comercial,
específicamente el artículo 1081, que rige el contrato de seguro.
Afirmó que, dicho criterio era acogido y acatado por la Sala de decisión
del Tribunal por tratarse de la posición del superior funcional y constituir
un precedente vertical. Añadió que, si bien el artículo 120 de la Ley 1474
de 2011, estableció que las pólizas de seguros por las cuales se vincule al
6
Proceso con radicación nro. 68 0001 23 15 000 2004 00654 01.
7
Proceso con radicación nro. 25 000 23 24 000 2006 00428 01.
8
Proceso con radicación nro. 25 000 23 24 000 2005 01533 01.
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proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero
civilmente responsable prescribirán en los plazos previstos por el artículo
9 de la Ley 610 de 2000, la misma regía desde la promulgación de dicha
ley, y, como en el caso la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y
la vinculación de las pólizas afectadas ocurrieron con anterioridad a la
expedición de la misma, no había lugar a dar aplicación a lo dispuesto por
el artículo 120.
Aseveró que contrario a lo afirmado por la parte demandada, la postura
adoptada por esta Corporación no resultaba inconveniente y mucho
menos inadecuada, pues sería un absurdo aplicar el término de
prescripción y/o caducidad prevista por el artículo 9 de la Ley 610 de 2000
única y exclusivamente para la acción fiscal a un asunto de
responsabilidad civil derivado de un contrato de seguros, cuya regulación
está contenida en el Código de Comercio.
Anotó que, en el caso concreto, la sociedad QBE Seguros S.A. libró las
siguientes pólizas de seguro: a) 9200000277 (sic) de 2006, con vigencia
del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007, valor asegurado
$100.000.000, que tenía por objeto amparar los daños que menoscaben
bienes o fondos del tomador y que tuvieran como origen la conducta de
los empleados cuyo tomador fue la gobernación del Meta y, b)
121100000022 de 2006, vigente del 1 de febrero de 2006 al 31 de enero
de 2007, valor asegurado $7.500.000.000, que tenía por objeto cubrir las
indemnizaciones por daños de los que resultaran como responsables
como consecuencia de actos incorrectos los empleados que ejercieran
cargos de administración dentro de sociedad Fiduagraria S.A.
Refirió que los hallazgos que dieron lugar a la responsabilidad fiscal que
se determinó en cabeza de los declarados responsables fiscales dentro del
proceso nro. CD000152, y a la vez son los hechos constitutivos del
siniestro que en su momento debieron haber sido declarados por el
departamento del Meta y Fiduagraria S.A.
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Anotó que “(…) los actos incorrectos derivados de la celebración de ofertas
privadas de Cesión de Derechos de Beneficio con Pacto de Readquisición
sobre los derechos de beneficio que generaban a favor del Fideicomitente
los contratos celebrados con el INVIAS a favor de quienes se llamarían
Inversionistas Beneficiarios del Contrato de Fiducia Irrevocable suscrito
entre las sociedades contratistas Asociados S.A., Inconal S.A., Bec
Ingeniería S.A. e Incocivil S.A. con FIDUAGRARIA S.A., contrato de fiducia
frente al cual la Gobernación del Meta y el Consorcio Proyectar
suscribieron ofertas comerciales de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición el 17 de octubre de 2006, el 18 de diciembre de
20066, el 17 de abril de 2007 y el 26 de octubre de 2007, pero vencido
los plazos estipulados para la readquisición, el Fideicomitente no cumplió
con el pago estipulado, como tampoco lo hizo la fiduciaria en calidad de
administradora del patrimonio autónomo proyecta (…)”, la cual, tuvo
ocurrencia dentro de la vigencia de las pólizas 9200000277 (sic) y
121100000022 incorporadas al fallo de responsabilidad fiscal nro. 000072
del 30 de enero de 2013.
Explicó que los precitados hallazgos sirvieron de base al Auto nro. 000253
del 14 de abril de 2008 que dio apertura al proceso de responsabilidad
fiscal nro. CD000152. Así mismo, por Auto nro. 000106 del 2009 se
dispuso la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal de la sociedad
QBE Seguros S.A., en calidad de tercero civilmente responsable, en virtud
de las pólizas nros. 9200000277 (sic) y 121100000022 y en esos términos
fue comunicada la decisión.
Resaltó que el término de dos años previsto en el artículo 1081 del Código
de Comercio para la prescripción ordinaria empezó a correr para la
Contraloría General de la República a partir de la fecha en que ésta tuvo
conocimiento de la ocurrencia de los hechos investigados, y, se tendría
como tal el 14 de abril de 2008, fecha del auto de apertura de la
investigación fiscal, por lo que dos años corrieron desde entonces hasta
el 14 de abril de 2010.
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Comentó que si, en gracia y discusión, se llegará a plantear que el término
de la prescripción ordinaria debe computarse desde la fecha en que fueron
vinculadas las pólizas al proceso de responsabilidad fiscal, se tendría que
la vinculación de QBE Seguros S.A. en calidad de tercero civilmente
responsable ocurrió mediante Auto nro. 00106 del 20 de febrero de 2009
y, los dos años corrieron hasta el 20 de febrero de 2011.
En consecuencia, ante una u otra posición, al haberse proferido el fallo
con responsabilidad fiscal que declaró a QBE Seguros S.A. como
civilmente responsable y que configuró el título ejecutivo para posterior
cobro de las pólizas el 30 de enero de 2013, y culminada la vía
gubernativa mediante el Fallo de Apelación nro. 0018 del 1 de abril de
2013 que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra el Fallo
de Responsabilidad Fiscal, era evidente que había operado la prescripción
de las acciones derivadas del contrato de seguro frente a las pólizas
números 9200000277 (sic) y 121100000022, pues transcurrió un término
mayor de dos años, contados desde que la Contraloría tuvo conocimiento
de la ocurrencia de los hechos objeto de responsabilidad fiscal que
aquellas amparaban.
También puso de presente que, si bien los hechos generadores de la
responsabilidad fiscal y constitutivos del siniestro materia de amparo
acaecieron dentro de la vigencia de las pólizas, el acto mediante el cual
se quiso determinar la correspondiente responsabilidad civil de QBE
Seguros S.A. se profirió después de vencido el término señalado por el
artículo 1081, por lo que se configuró la prescripción de la acción
encaminada a hacer efectiva la garantía mediante las pólizas
92100000277 (sic) y 121100000022.
Así las cosas, como la Contraloría General de la República, vinculó a la
compañía aseguradora en calidad de tercero civilmente responsable
afectando las pólizas números 9200000277 (sic) y 121100000022 como
consecuencia de una acción derivada del contrato de seguro, resultaba
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evidente que dicha decisión se había adoptado por fuera del término legal,
razón por la cual, se accedería a la nulidad parcial de los actos contenidos
en el Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 000072 del 30 de enero de
2013, el Auto nro. 000343 del 19 de marzo de 2013 y el Fallo de Apelación
nro. 0018 del 1 de abril de 2013.
Por último, manifestó que, ante la prosperidad del primer sub- cargo del
tercer cargo, la Sala, por economía procesal, quedaba relevada del
estudio de los demás cargos expuestos en el escrito de la demanda.
En lo concerniente al restablecimiento del derecho, explicó que, ante la
prosperidad de la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados, declararía que la parte actora no estaba obligada a pagar
suma de dinero alguna en virtud de las pólizas nros. 9200000277 (sic) y
121100000022, y en caso de haberse efectuado un pago, la Contraloría
General de la República debía restituir los dineros correspondientes.
Por auto del 10 de noviembre de 2016 fue denegada la solicitud de
aclaración que presentó la parte actora, sociedad QBE Seguros S.A.,
respecto de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 20169.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, la parte demandada, Contraloría
General de la República, interpuso recurso de apelación, que sustentó en
los siguientes motivos, a los cuales se hará referencia al descender en su
examen10:
(i) El código de Comercio señala taxativamente quienes son las partes del
contrato de seguros.
9
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01.
10
Ibidem, Archivo PDF “57RECURSOAPELACION (…)”.
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(ii) Improcedencia del término de prescripción establecido en el Código
de Comercio tratándose de procesos de responsabilidad fiscal
-) La prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio se aplica a las
partes del contrato no a las contralorías:
-Relaciones entre las partes del contrato de seguros y las contralorías con
las aseguradoras
-Relaciones de las contralorías con las aseguradoras
-De las diferentes clases de prescripción
(iii) Las normas de la Constitución y de la Ley 610 de 2000 son de orden
público y por lo tanto prevalecen sobre las normas del Código de Comercio
(iv) La ley especial prevalece sobre la general
(v) La vinculación del garante es un aspecto accesorio al proceso de
responsabilidad fiscal
(vi) Aplicar la prescripción regulada en el Código de Comercio a la
actuación de las contralorías hace inocua la vinculación del garante al
proceso de responsabilidad fiscal, por cuanto se le obliga en la práctica a
lo imposible
(vii) El fallo del Consejo de Estado acude a la aplicación de una ley tercia
en una interpretación inadecuada, cuando existe ley especial aplicable al
caso
(viii) El interés general prevalece sobre el particular
(ix) Del apartamiento de otras decisiones judiciales
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El recurso fue concedido en la audiencia de conciliación a que se refiere
el inciso cuarto del artículo 192 del CPACA que se celebró el 8 de marzo
de 2017 por el magistrado ponente de la decisión de primera instancia y
fue declarada fallida11.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 23 de mayo de 201712 al despacho del Consejero Hernando
Sánchez Sánchez.
4.2. Por auto del 30 de julio de 2018 el consejero de conocimiento dispuso
la remisión del proceso al despacho del consejero ponente de la presente
decisión, en cumplimiento de la medida de compensación aprobada
mediante el Acuerdo 094 del 16 de mayo de 2018 por la Sala Plena de
esta Corporación13.
4.3. Por auto 19 de noviembre de 2018 se avocó el conocimiento del
asunto y se admitió el recurso interpuesto por el apoderado de la parte
demandada14.
4.4. Por auto del 4 de marzo de 2019, por considerarse innecesaria la
audiencia de alegaciones y juzgamiento, el despacho corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir
concepto15.
4.4.1. El apoderado de la parte actora solicitó fuera confirmada la
sentencia de primera instancia16.
11
Ibidem, Archivo PDF “64OTROS-AUDIENCIACONCILIACION (…)”.
12
Ibidem, Archivo PDF “02ACTAREPARTO (…)”.
13
Ibidem, Archivo PDF “11AUTORESUELVE (…)”
14
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01.
15
Ibidem, Archivo PDF “19AUTOS-CORRETRASLADO (…)”
16
Ibidem, Archivo PDF “23ALEGATOS- (…)”
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4.4.2. El apoderado de la Contraloría General de la República solicitó se
revoque la decisión del a quo17.
4.4.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
4.4. El expediente ingresó para fallo el 22 de abril de 201918.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201919 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.
5.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
5.2.1. El fallo con responsabilidad fiscal nro. 000072 del 30 de enero de
2013, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial nro. 2 de la
Unidad Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría
General de la República, en el proceso con responsabilidad fiscal CD
000152, que dispuso20:
17
Ibidem, Archivo PDF “22ALEGATOS (…)”
18
Ibidem, Archivo PDF “24INFORMEPASO (…)”.
19
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
20
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01.
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“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Fallar con responsabilidad fiscal de
conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en cuantía de
QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIETOS (sic) SETENTA
Y CINCO PESOS ($15.425.289.575.71), en contra de:
(…)
ARTICULO SEGUNDO. Declarar a la Compañía QBE SEGUROS S.A,
identificada con NIT. No. 860.002.534-0 como tercero civilmente
responsable, de conformidad con las Pólizas de seguro expedidas:
1. Póliza de responsabilidad para directores y administradores No.
121100000022, en la que figura como tomador y beneficiario la
sociedad FIDUAGRARIA S.A, con vigencia del 1 de febrero del año
2006 al 31 de enero del año 2007, cuyo valor asegurado asciende
siete mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000).
2. Póliza de manejo global de entidades oficiales No. 92100000277, en
la que figura como tomador y beneficiario al DEPARTAMENTO DEL
META, con una vigencia que se prolongó desde el 1 de septiembre
del año 2006 hasta el 30 de noviembre del año 2007, cuyo valor
amparado asciende a la suma de cien millones de pesos
($100.000.000).
3. Póliza de responsabilidad para directores y administradores No.
121100000022, en la que figura como tomador y beneficiario la
sociedad FIDUAGRARIA S.A, con vigencia del 1 de febrero del año
2006 al 31 de enero del año 2007, cuyo valor asegurado asciende
siete mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000).
4. Póliza de manejo global de entidades oficiales No. 92100000277, en
la que figura como tomador y beneficiario al DEPARTAMENTO DEL
META, con una vigencia que se prolongó desde el 1 de septiembre
del año 2006 hasta el 30 de noviembre del año 2007, cuyo valor
amparado asciende a la suma de cien millones de pesos
($100.000.000).
[…]”. (mayúsculas y negrillas del original)
Dicha decisión fue aclarada el 8 de febrero de 2013 mediante el auto nro.
000095, en el siguiente sentido21:
“[…] PRIMERO. Corregir el numeral PRIMERO del Fallo de
Responsabilidad Fiscal No. 072 de 30 de enero de 2013, el cual quedará
así:
“(…) ARTÍCULO PRIMERO. Fallar con responsabilidad fiscal de
conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en cuantía de
TRECE MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA
Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y
UN CENTAVOS ($13.914.132.174.71), en contra de: (…).
[…]”.
21
Ibidem.
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5.2.2. El auto nro. 000343 del 19 de marzo de 2013, por el cual se
resuelve un recurso de reposición contra el fallo 000072 del 30 de enero
de 2013 y se concede un recurso de apelación, proferido por el Contralor
Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, que
confirmó la decisión de la siguiente manera22:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: En todo lo demás negar los recursos de
reposición y en consecuencia no reponer el fallo 00072 del 30 de [e]nero
de 2013, interpuesto por el Doctor N[É]STOR HUMBERTO MARTÍNEZ
NEIRA, portado de la tarjeta profesional No. (…) del Consejo Superior
de la Judicatura, como apoderado de la sociedad QBE SEGUROS S.A.,
el doctor DIEGO CORREDOR BELTR[Á]N, identificado con la C.C. No.
(…) y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. (…) en calidad
de apoderado judicial de la señora LUCERO JIM[É]NEZ JIM[É]NEZ, el
Doctor JUAN CARLOS GALINDO VACHA, actuando como apoderado
especial de JUAN MANUEL GONZ[Á]LEZ TORRES, el Doctor
BERNARDO EMILIO VELA CIFUENTES, actuando como apoderado
especial de la Doctora NOHORA CECILIA MARIN DE RUIZ, la Doctora
ANGY MILENY GALLO CUBIDES, actuando en su calidad de apoderada
especial de INCOCIVIL, el Doctor PEDRO ALEJANDRO MART[Í]NEZ
G[Ó]MEZ, actuando en su propio nombre y representación, el Doctor
GERM[Á]N GUTI[É]RREZ GUTI[É]RREZ, actuando en su propio
nombre y representación y la Doctora MARY LISETH QUINTERO
MONTAGUT, en su calidad de apoderada especial de D&PE S.A. en
liquidación, en el proceso de responsabilidad fiscal CD 152. de acuerdo
a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente
proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Conceder el recurso de apelación presentado en
subsidio del de reposición por el profesional del derecho N[É]STOR
HUMBERTO MART[Í]NEZ NEIRA, portador de la tarjeta profesional
No. (…) del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la
sociedad Q B E SEGUROS S.A, el Doctor DIEGO CORREDOR
BELTR[Á]N, identificado con la C.C. No. (…) y portador de la Tarjeta
Profesional de Abogado No. (…) del C.S. de la J., en calidad de apoderado
judicial de la señora LUCERO JIM[É]NEZ JIM[E]NEZ, el Doctor JUAN
CARLOS GALINDO VACHA, actuando como apoderado especial de
JUAN MANUEL GONZ[Á]LEZ TORRES, el Doctor BERNARDO EMILIO
VELA CIFUENTES, actuando como apoderado especial de la Doctora
NOHORA CECILIA MARIN DE RUIZ, la Doctora ANGY MILENY
GALLO CUBIDES, actuando en su calidad de apoderada especial de
INCOCIVIL, el Doctor PEDRO ALEJANDRO MART[Í]NEZ G[Ó]MEZ,
actuando en su propio nombre y representación, el Doctor GERM[Á]N
GUTI[É]RREZ GUTI[É]RREZ, actuando en su propio nombre y
representación y la Doctora MARY LISETH QUINTERO MONTAGUT,
en su calidad de apoderada especial de D & PE S.A en liquidación, en el
proceso de responsabilidad fiscal No. CD 152, en contra del Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 00072 del 30 de enero de 2013. En
22
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01. CD 2, Documento denominado “CARPETA
29 FOLIOS 5550 AL 5744.PDF” de la carpeta denominada “Caja 3”, pág. 72.
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consecuencia remitir el expediente al despacho de la Señora Contralora
General de la República para que surta el recurso.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.2.3. El fallo de apelación nro. 0018 del 1 de abril de 2013 “por el cual
se resuelve apelación, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal CD
000152” proferido por la Contralora General de la República, que en lo
pertinente dispuso23:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en su totalidad el Auto No. 343
del 19 dé marzo de 2013, por medio del cual la Contraloría Delegada
Intersectorial No 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la
Corrupción resolvió el recurso de reposición contra el Fallo No 00072 del
30 de enero de 2013, en donde exonero de responsabilidad fiscal al señor
CESAR AUGUSTO TORRES SUESCUN y confirmo lo demás allí
contemplado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Confirmar el Fallo con Responsabilidad Fiscal
No. 00072 del 30 de enero de 2013, en todo lo demás y negar el Recurso
de Apelación interpuesto por NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA,
portador de la tarjeta profesional (…) como apoderado de la sociedad
QBE SEGUROS S.A, (…).
ARTÍCULO TERCERO. Confirmar el artículo segundo del fallo 00072 del
30 de enero de 2013, en cuanto a (sic) Compañía QBE SEGUROS S.A.,
como tercera civilmente responsable.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.3. Lo probado en el proceso
Del expediente con responsabilidad fiscal nro. CD 000152 se desprenden
las siguientes actuaciones que son relevantes para el caso concreto24:
5.3.1. La Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, por auto
nro. 000100 del 15 de febrero de 2008, abrió indagación preliminar bajo
el radicado nro. CD 000152, con ocasión de una serie de denuncias
23
Ibidem.
24
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01. CD 2, carpeta denominada “PROCESO
RESPONSABILIDAD FISCAL 0152”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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25
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
presentadas en medios de comunicación relacionadas con las inversiones
de excedentes de tesorería por concepto de regalías que el departamento
de Casanare efectuó en el año 2006.
5.3.2. Una vez adelantado el trámite correspondiente, por auto nro.
00253 del 14 de abril de 2008, proferido por el Contralor Delegado (Ad-
Hoc) para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, se
dispuso25
“[…] PRIMERO: Ordenar la apertura de Proceso de Responsabilidad,
Fiscal en contra de WHITMAN HERNEY PORRAS P[É]REZ, C.C. No. (…),
Gobernador del Departamento para la época de los hechos, V[Í]CTOR
MANUEL ALFONSO S[Á]NCHEZ, C.C. No. (…), Director Técnico de
Tesorería del Departamento de Casanare, para la época de los hechos,
como integrantes del Comité Técnico del Departamento del Meta:
N[É]STOR SAMUEL GUTI[E]RREZ C.C. No. (…), Secretario Financiero del
Departamento del Meta para la época de los hechos, NOHORA MAR[Í]N
DE RUIZ C.C. No (…), Directora Administrativa de Presupuesto del
Departamento del Meta, para la época de los hechos, [Á]LVARO DE
JES[Ú]S NIÑO C.C. No. (…), Jefe de Tesorería del Departamento del
Meta, para la época de los hechos., GERM[Á]N GUTI[É]RREZ
GUTI[É]RREZ C.C. (…) Tesorero Departamental de Meta en la época de
los hechos, CHAC[Ó]N BERNAL ASOCIADOS LTDA, NIT (…) Representada
legalmente por SANDRA LORENA CHAC[Ó]N BERNAL identificada con
C.C. (…). Las sociedades INCOCIVIL LTDA, representada por NELSON
ALFONSO CASAS ALFONSO, BEC INGENIERIA S.A, representada por
SONIA PATRICIA BARRETO CAJIGAS INCONAL S.A., representada por
ORLANDO BARRETO CAGIGAS, como integrantes del Consorcio:
PROYECTAR. LAURA CIFUENTES, MUÑOZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número (…), Ex Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y
representante legal de la sociedad FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Agréguese las diligencias declaradas nulas del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 1208 a la Indagación Preliminar No. 000152
y continúen tramitándose conjuntamente. Realícese la refoliación del
expediente.
TERCERO: Vincular a la presente actuación a la Compañía de Seguros
La Previsora S.A., en su calidad de Tercero Civilmente Responsable, por
la póliza global de manejo sector oficial número 1002244, expedida por
la compañía de seguros la PREVISORA S.A. el 18 de enero de 2006,
vigencia del 14 de enero de 2006 al 14 de enero de 2007. de conformidad
con el contenido del artículo 44 de la Ley 610 de 2000.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
25
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01. CD 2, Documento denominado “Folios
2971-3201” de la carpeta denominada “Caja 2 carpetas Principales N° 16”, pág. 1.
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26
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
En cuanto a la determinación del daño fiscal allí se explicó:
“[…] 6.2. AN[Á]LISIS DEL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL RESPECTO
AL PATRIMONIO AUT[O]NOMO PROYECTAR
En relación con la inversión realizada por el Departamento del Meta en
el consorcio PROYECTAR podemos establecer:
Inicialmente se suscribió Oferta Comercial de Cesión de Derechos el d[í]a
11 de abril de 2007, según se desprende de certificación suscrita por
FIDUAGRARIA obrante a folio 140 del Proceso 1208, la inversión de esta
fecha ascendió a los seis mil millones de pesos ($6.000.000.000), de los
cuales el consorcio proyectar una vez cumplido el término para realizar
la recompra se obligó a pagar la suma de Seis Mil Cuatrocientos Treinta
y Siete Millones Quinientos Mil Pesos ($6.437.500.000)
Sin embargo el día 22 de diciembre del año 2007, se celebró una nueva
Oferta Comercial de Cesión de Derechos de Beneficio con Pacto de
Readquisición por valor de Seis Mil Millones ($6.000.000.000) en la cual
se estableció que se renovaría la oferta firmada el día 11 de diciembre
de 2007, hasta el día 30 de marzo de 2008, fecha en la cual se debió
realizar la readquisición por un valor de Seis Mil Ciento Cincuenta y Ocho
Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Tres
Pesos ($6.158.599.963), circunstancia que a la fecha no ha sido
demostrada. Por lo tanto si la suma acordada (ilegible) ingresado al
patrimonio del departamento del Meta está deberá catalogarse como
presunto detrimento Patrimonial en contra del Patrimonio del
Departamento del Meta.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.3.3. Por auto nro. 00106 del 20 de febrero de 2009, se ordenó la
vinculación de la Compañía aseguradora QBE Seguros S.A. como tercero
civilmente responsable.
5.3.4. Por auto nro. 000137 del 31 de agosto de 2012, proferido por el
Contralor Delegado Intersectorial nro. 2 de la Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República,
se dispuso26:
“[…]ARTÍCULO PRIMERO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL
de acuerdo con los términos y consideraciones de la parte motiva de esta
providencia por la suma de a las siguientes personas:
(…)
26
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01. CD 2, Documento denominado “Folios
5794-6028” de la carpeta denominada “Caja 4”, pág. 168.
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27
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar esta decisión a los imputados y a su
garante Compañía QBE SEGUROS S.A.G., de conformidad con lo
establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la
Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la
Corrupción de la Contraloría General de la República, ubicada en la (…).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.3.5. Mediante Fallo con Responsabilidad fiscal nro. 000072 del 30 de
enero de 2013, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial nro. 2
de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la
Contraloría General de la República, que declaró responsables a los
implicados de manera solidaria e incorporó las pólizas de manejo global
del sector oficial números 92100000277 y 121100000022 de QBE
Seguros S.A. 27. De lo señalado en dicho fallo se destaca:
“[…] Negocio Fiduciario:
EL CONSORCIO PROYECTAR representado legalmente por Orlando
Barreto Cajigas e integrado por las sociedades Ingenieros Contratistas
Asociados S.A., Inconal S.A., Bec Ingeniería S.A. e Incocivil Ltda.
suscribió contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y
fuente de pago de fecha 6 de abril de 2006 (Folios 1090 al 1101), con la
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
FIDUAGRARIA S.A. cuyo objeto consistía en administrar y servir de
fuente de pago de las obligaciones que adquiriera el fideicomitente, es
decir el CONSORCIO PROYECTAR, con los Inversionistas Beneficiarios
cuya vinculación se contemplaba en el contrato de fiducia por concepto
de Ofertas de Cesión de Derechos de Beneficio con Pacto de
Readquisición, ante el evento de incumplimiento en la obligación de
readquisición, para lo cual el Fideicomitente se comprometió a transferir
a la fiduciaria los bienes a los que también se hizo referencia en el
contrato de fiducia mercantil (…).
En ejecución de dicho Contrato de Fiducia mercantil, el fideicomitente
transfirió al Patrimonio Autónomo Proyectar las actas de obra por hito
ejecutado de los contratos de obra celebrados con INVIAS, las cuales
debían estar aceptadas por este instituto y los derechos económicos
derivados de las mismas. Dichos contratos de obra fueron adjudicados
al Consorcio Proyectar, luego de participar en la Licitación Pública No.
DG-164-2004 del INVIAS. También se comprometió a transferir los
recursos que fueran entregados por los inversionistas beneficiarios que
ingresaran al fideicomiso como aportes del fideicomitente y por último a
transferir bienes muebles y maquinaria que durante la vigencia del
contrato de fiducia transfiriera el fideicomitente.
27
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01. CD 2, Documento denominado “Folios
5794-6028” de la carpeta denominada “Caja 4”, pág. 52.
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28
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
Con el fin de obtener los recursos para la constitución del Patrimonio
Autónomo, el contrato de fiducia mercantil autorizaba la celebración de
ofertas privadas de Cesión de Derechos de Beneficio con Pacto de
Readquisición sobre los derechos de beneficio que se generaran a favor
del Fideicomitente de los contratos celebrados con el INVIAS a favor de
quienes se llamarían Inversionistas Beneficiarios. Así, de acuerdo con el
contrato de fiducia mercantil quienes suscribieran las ofertas de cesión
con pacto de readquisición debían conocer los contratos suscritos entre
el fideicomitente y el Invias, así como también conocer y aceptar el
estado del fideicomiso y de los bienes fideicomitidos, igualmente, el
inversionista debía conocer y manifestar que la fiduciaria no se hacía
responsable por el cumplimiento de los contratos, ni tampoco se
subrogaba en la obligación de cumplir con los términos y cláusulas de la
oferta de cesión. Posteriormente las mismas partes suscribieron Otro sí
No. 1 al contrato de fiducia mercantil en el que se acordó modificar la
cláusula novena del contrato principal atinente a la remuneración de la
fiduciaria.
Ofertas de cesión:
Es así como en desarrollo del contrato de fiducia, entre la Gobernación
del Meta y el Consorcio Proyectar, suscribieron las siguientes Ofertas
Comerciales de Cesión Derechos de Beneficio con Pacto de
Readquisición:
1. Una primera oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición, suscrita por ORLANDO BARRETO CAJIGAS
en representación de PROYECTAR y [Á]LVARO DE JES[Ú]S NINO
MORALES como DIRECTOR DE TESORO DEL DEPARTAMENTO
DEL META, con fecha 17 de octubre del 2006 (…), por valor de
$10.000.000.000, dineros provenientes de los recursos de regalías y
girados el 12 de octubre de 2006 a FIDUAGRARIA S.A con destino
al Patrimonio Autónomo PROYECTAR (…), La fecha para
readquisición se fijó para el 17 de abril de 2007 por valor de
$10.525.000.000.
2. El 11 de abril de 2007 el Departamento del Meta y el Consorcio
PROYECTAR renuevan la oferta comercial suscrita el 17 de octubre de
2006 (…), mediante dos nuevas ofertas comerciales de cesión de
derechos con pacto de readquisición, con las cuales se reinvierten los
$10.000.000.000 iniciales, de la siguiente manera:
a) Una oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición por valor de $4.000.000.000 con valor
de readquisición de $4.221.666.667 con vencimiento el 29
de octubre de 2007, firmada por ORLANDO BARRETO
CAJIGAS en representación de PROYECTAR y [Á]LVARO
DE JES[Ú]S NIÑO MORALES como DIRECTOR DE
TESORO DEL DEPARTAMENTO DEL META.
b) Oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición por valor de $6.000.000.000 con valor
de readquisición de $6.437.500.000 para el 29 de diciembre
de 2007, acordada entre ORLANDO BARRETO CAJIGAS en
representación de PROYECTAR y [Á]LVARO DE JES[Ú]S
NIÑO MORALES como DIRECTOR DE TESORO DEL
DEPARTAMENTO DEL META.
3. Posteriormente, tres días antes del vencimiento pactado para la
renovación de los $4.000.000.000 (octubre 29 de 2007), es decir, el
26 de octubre de 2007 el Departamento del Meta y el Consorcio
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
PROYECTAR (…) suscriben nuevamente renovación de ofertas
comerciales así:
a) Oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición por valor de $4.000.000.000, con un valor de
readquisición de $4.440.000.000 para el 26 de octubre de 2008,
suscrita por MAURICIO BERNAL MARCUCCI como
Representante de PROYECTAR y GERM[Á]N GUTIERREZ
tesorero de la GOBERNACIÓN DEL META.
b) Oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición suscrita el 22 de diciembre de 2007, por valor de
$6.000.000.000 con un valor de readquisición de $6.158.599.963
con vencimiento a marzo 30 de 2008, pactada por MAURICIO
BERNAL MARCUCCI como Representante de PROYECTAR y
GERMAN GUTI[É]RREZ tesorero de la GOBERNACIÓN DEL
META.
4. Oferta comercial de cesión de derechos de beneficio suscrita el 18 de
diciembre de 2006, por un valor de seis mil millones de pesos
($6.000.000.000), de los cuales mil quinientos millones de pesos
($1.500.000.000) provienen de recursos de pro desarrollo; mil
quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) de recursos de rentas
cedidas; dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) del fondo
común y mil millones de pesos ($1.000.000.000) provenientes de
regalías, dicha oferta se suscribió entre ORLANDO BARRETO
CAJIGAS en representación de PROYECTAR y [Á]LVARO DE
JES[Ú]S NI[Ñ]O MORALES como DIRECTOR DE TESORO DEL
DEPARTAMENTO DEL META.
Vencidos los plazos estipulados para la readquisición de conformidad con
lo estipulado en las ofertas comerciales relacionadas, el Fideicomitente
no cumplió con el pago estipulado así como tampoco lo hizo la Fiduciaria
en su calidad de administradora y fuente de pago del Patrimonio
Autónomo PROYECTAR.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
En cuanto al tercero civilmente responsable QBE Seguros S.A., el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia precisó:
“[…] QBE SEGUROS S.A.
Naturaleza jurídica y determinación de pólizas involucradas
La aseguradora QBE SEGUROS S.A., constituyó garantías que amparan
responsabilidades surgidas por daños ocasionados en el manejo
administrativo, con la GOBERNACIÓN DEL META y FIDUAGRARIA
S.A. Con el ánimo de brindar claridad en el asunto, se expondrá de
manera individual la vigencia de cada una de las Pólizas de seguro
constituidas:
1. La GOBERNACIÓN DEL META como tomador, constituyó con QBE
SEGUROS S.A. Póliza de Manejo Global de Entidades Oficiales No.
92100000277, cuyo objeto era amparar los daños que menoscaben
bienes o fondos del tomador, y que tengan como origen la conducta
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de los empleados al incurrir en ilícitos o infracciones legales o
reglamentarias. Amparo que tuvo vigencia durante los periodos
comprendidos entre 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de
2007; 1 de septiembre de 2007 al 31 de octubre de 2007; 1 de
noviembre de 2007 al 30 de noviembre de 2007 (…).
2. La empresa FIDUAGRARIA S.A. constituye con la aseguradora QBE
SEGUROS S.A., póliza No. 121100000022 denominada Seguro de
Responsabilidad de Directores y Administradores, con el objeto de
cubrir entre otras, las indemnizaciones por daños de los que resulten
responsables como consecuencia de actos incorrectos, los empleados
que ejerzan cargos de administración dentro de la FIDUCIARIA.
Esta Póliza ampar[ó] los periodos comprendidos entre el 1 de febrero
de 2006 al 31 de enero de 2007 (…).
Consideraciones de esta Delegatura
Sea lo primero indicar que la aseguradora QBE Seguros S.A., expidió
garantías que amparaban una eventual responsabilidad por daños, como
tomador la Gobernación del Meta y FIDUAGRARIA S.A.; la primera
identificada con el n[ú]mero 92100000277 tiene como objeto amparar
los daños que se produzca sobre bienes y fondos del departamento que
tengan origen en la conducta de sus funcionarios; la segunda identificada
con n[ú]mero 12110000022 denominada seguro de responsabilidad de
directores y administradores, tiene como objeto el cubrir entre otros, las
indemnizaciones por daños causados por actos incorrectos ejecutados
por los empleados que ejerzan cargos de administración de la fiduciaria.
En consideración a los planteamientos de defensa se hará una relación
pormenorizada de las razones que determinó la vinculación de la
aseguradora, para luego entrar en los detalles que la defensa alega.
En el auto de imputación y dentro de este fallo se ha seguido proceso
por responsabilidad fiscal a la señora Laura Cifuentes Muñoz, presidente
de la fiduciaria, María Fernanda Zúñiga, presidente de la fiduciaria, en
distintos periodos que dan cuenta de sus actuaciones, los señores Pedro
Alejandro Martínez, vicepresidente comercial de la fiduciaria, Cesar
Augusto Torres Suescun, vicepresidente jurídico y secretario general de
FIDUAGRARIA S.A, y la señora Lucero Jiménez, como vicepresidente
de negocios de la mentada sociedad Fiduciaria. Dentro de estas
actuaciones y en fallo en el que nos estamos ocupando, se ha exonerado
de responsabilidad fiscal a la señora Laura Cifuentes y María Fernanda
Zúñiga, no obstante, se ha dictado fallo de responsabilidad fiscal en
contra de los administradores de la FIDUAGRARIA S.A, Lucero
Jiménez, Cesar Augusto Torres y Pedro Alejandro Martínez.
Tanto en la imputación fiscal, como en este fallo se ha insistido que
dichos administradores concurrieron en una y otra forma con su actuar,
a la realización del daño patrimonial al Departamento del Meta, pues con
ocasión del ejercicio a la gestión fiscal adelantada por los funcionarios
del Departamento del Meta en la colocación de excedentes de tesorería
proveniente de regalías, los funcionarios de FIDUAGRARIA S.A, en
conexidad sustancial y necesaria de sus actos, participaron en la gestión
fiscal como particulares.
Esta Contraloría ha demostrado los actos que en conexidad sustancial y
necesaria vinculan a estos funcionarios con ocasión del ejercicio de la
gestión fiscal adelantada por estos partícipes. Así mismo se ha señalado
que son tres elementos que permiten esta vinculación:
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1. La débil e inconsistente configuración del negocio fiduciario que le
fuera presentado el estructurador D&PE S.A. en el que claramente
se observa que los tres funcionarios no adelantaron un estudio serio
y suficiente de los riesgos a los que se sometía el contrato de
fiduciaria como fuente de pago. En esta decisión siguiendo l[o] dicho
por la Superintendencia Financiera de Colombia a folio 2627 se tiene
que ‘…para el caso de que nos ocupa vimos como la sociedad
fiduciaria no aportó el estudio previo a la celebración de los contratos
referidos en el cual se identificarían los riegos que podrían derivarse
de la ejecución de los contratos para las partes y terceros vinculados
directa e indirectamente, dada la modalidad contractual utilizada’. Allí
se dijo, en el auto de imputación, que la fugaz relación de riesgos que
soportaría la fiduciaria generaban el incumplimiento en el examen con
respecto a terceros vinculados específicamente, en este caso con el
Departamento del Meta, y es esta falta la que permite que la fuente
de recursos para el pago subsidiario que asumiría el patrimonio
autónomo no cumpliera con los requisitos mínimos de solvencia que
garantizara una fuente adecuada de la cual se pudiera obtener dinero
para el pago del Departamento de Meta. El no haber hecho ese
estudio de riesgos determinó la constitución de un contrato de fiducia
frágil que únicamente garantizara el tránsito de los dineros públicos
al particular no autorizado.
2. El conocimiento que estos funcionarios tenían de los ingresos de
dineros públicos con destino a las manos de particulares, facilitando
con ello, que quien actuaba como fideicomitente (Proyectar)
realizara un acto no permitido a través del contrato de fiducia y se
aprovechara de los recursos públicos que de otra forma no hubiera
obtenido, pues el tenor de la ley 819 del 2003 fuera de las entidades
financieras, ninguna (sic) otro particular puede ser destinatario de los
excedentes de los recursos públicos. De esta forma estos funcionarios
contribuyeron a que el particular realizara operaciones de crédito
como en su momento realizó con el Departamento del Meta,
contraviniendo con lo establecido en el Decreto 1049 de 2006.
3. La inconsistencia de las referencias que se permitió en el contrato de
fiducia a una cesión de derechos de beneficio que no correspondía
con la realidad, pues es claro que la expresa referencia que hace el
contrato de fiducia a la denominada oferta de cesión de derechos de
beneficio, a pesar de las advertencias del mismo contrato, generaban
la cesión presunta de unos derechos de beneficio que en la realidad
no existía tal y como lo hemos afirmado. Así las cosas, estos tres
elementos fueron el enlace sustancial y necesario para que el
Departamento a través de sus funcionarios dieran a entender una
falsa creencia de unos derechos que negociaban a través de una
oferta de cesión cuyo amparo la mantenía una entidad fiduciaria como
vocera de un patrimonio autónomo, que mediante una fuente de pago
inconsistente pretendía instruir como respaldo de esas operaciones.
Son estos tres elementos los que permitieron y permiten que los
funcionarios declarados responsables fiscalmente se conectaran con
ocasión del ejercicio de la gestión fiscal y determinaran la colocación
bajo un falso ropaje de unos negocios estructurados por un tercero y
avalados por los funcionarios de FIDUAGRARIA S.A.
Superado entonces este asunto, damos respuesta a lo que la defensa no
explica del cómo se haya vinculado a funcionarios que no estaban a cargo
del ejercicio de la gestión fiscal, pues se reitera que su vinculación
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obedece al factor de conexidad sustancial y necesaria ya explicado con
ocasión al ejercicio de la gestión fiscal.
Ahora bien, entiende esta contraloría que la acción de responsabilidad
fiscal tiene unos supuestos objetivos que determinan su correspondencia
con la naturaleza de los asuntos que adelanta y donde claro queda, está
ceñida la Contraloría General de la República a observar precisos
parámetros legales a fin de determinar la efectiva ocurrencia del daño,
la conducta que determinó ese daño y el nexo de casualidad existente
entre lo uno y la otro. Estos factores no permiten entonces que se acuda
a las disposiciones del código de comercio en el sentido de dar aplicación
a los términos de prescripción que en esta norma refiere el contrato de
seguros, sino que la responsabilidad fiscal y la acción que lleva a su
determinación, exige la aplicación de los términos que trata la ley 1474
de 2011 en su artículo 120, pues es la norma con la que actualmente se
regula esta situación. En consecuencia, la norma aplicable a este caso lo
es párrafo 2 del artículo 9 de la ley 610 de 2000, por expresa remisión
de la 1474 de 2011. Téngase en cuenta que el tercero civilmente
responsable es el llamado a responder por la falta del garantizado o
tomador de la póliza. consecuentemente el lugar que ocupa no tiene
nada que ver con la gestión fiscal, empero la actuación de su garantizado
si cuenta con esa directa relación por lo que su conducta se aline[ó] con
ocasión de la gestión fiscal, y fue lo que determinaron la responsabilidad
del garantizado, así pues, mal puede decir el Doctor Galeano que
igualmente a su prohijado habría que enlazar en materia de
responsabilidad, efectos de la normatividad comercial por cuanto se trata
de un tercero. En cuentas resumidas, la responsabilidad deviene por la
conducta de su garantizado, el nexo causal y el daño, y en ello nada
tiene que ver la aseguradora, más que garantizar el pago del daño en el
momento en que este corresponda.
Igualmente, en materia de responsabilidad las actuaciones propias de su
normatividad determina que en el momento en que surja el fallo, es el
momento en el que se considera la existencia causal ente la conducta y
el daño causado y allí es cuando la reclamación se configura, pues ante
la contraloría por disposición legal no le era posible determinar la
existencia u ocurrencia del siniestro, sino que la investigación y juicio de
responsabilidad que en últimas se conjugara en el fallo, determinan el
momento preciso en el que se verifica la actuación generadora del daño.
Así la[s] cosas no son de recibo las alegaciones del jurista defensor pues
mal podría aplicarse la legislación comercial y mucho menos en los
términos que él considera, pues la ocurrencia de los hechos y la
reclamación no son asuntos que compete al ámbito de la gestión fiscal,
sino en los términos en que la legislación fiscal entiende. Menos aún se
podría considerarse la argumentación sobre la póliza global contratada
por el Departamento del Meta pues en este caso, la ocurrencia y su
descubrimiento son asunto que la legislación fiscal especialmente
determina en el momento de la realización de la conducta y el daño,
referido al fallo que declara su existencia.
En cuanto a los vicios de vinculación en el acto de apertura que alega el
apoderado Doctor Galeano, no son recibo sus explicaciones. Pues es
claro que esta norma que cita el abogado hace referencia al análisis
preliminar que realiza el funcionario de la contraloría al estudiar los
hechos que determinan la apertura de la investigación relacionados con
el daño o el detrimento, su nexo causal y la conducta ejecutada objeto
de examen. Para el caso de la aseguradora solo está llamada a responder
en el momento en que el fallo de responsabilidad determine el
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compromiso de su garantizado con el daño al erario público. Mal podría
exigirse este tipo de estructuración en este auto de apertura, como el
que actualmente se están realizando para la vinculación de la
aseguradora, por cuanto solo basta con indicar que ésta es garante por
efectos de la póliza suscrita. Ahora bien, en cuanto a la póliza para
directores y administradores n[ú]mero 121100000022 tomadas por
FIDUAGRARIA S.A, no se demanda de un análisis sobre sus límites,
sub-l[í]mites, coberturas adicionales, y deducible pactado dentro de este
fallo, pues es en este momento en el que se determina la responsabilidad
y la ocurrencia del daño, en cuanto a esta póliza la suma asegurada
asciende a siete mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000)
como límite máximo respecto de toda ocurrencia o serie de ocurrencias
originadas por una misma causa en donde el deducible no aplica.
Entendiendo como ocurrencia la realización del siniestro que en este caso
se encuentra dentro del periodo de vigencia de la póliza otorgada.
Asimismo, la cobertura conforme a la sección primera de las condiciones
de la póliza, permite el amparo solicitado pues como cobertura principal
refiere el numeral 1 de esta sección:
1 ‘Responsabilidad Civil de los miembros de la junta directiva y demás
administradores.
La aseguradora indemnizará por cuenta de los asegurados aquellos
siniestros que se deriven de cualquier reclamación de la que
resultan civilmente responsables por cualquier acto incorrecto
cometido o presuntamente contenido por ellos, en el ejercicio de
sus respectivas funciones como administradores de la entidad
fiduciaria que sea interpuesta por vez primera ante los mismos,
durante el periodo de vigencia de la presente póliza (y en su caso
durante el periodo adicional para notificaciones), excepción hecha
del monto de dichos siniestros que haya sido indemnizada por la
entidad tomadora’.
Entiéndase entonces, que la cobertura está determinada por el acto
incorrecto, dispuesto en el numeral 1 de la sección 4 de las condiciones
de la póliza tomada, contentiva de los funcionarios que incurran en culpa
grave como elemento conceptual de esa definición. En consecuencia, en
virtud de esta póliza tomada por FIDUAGRARIA S.A está llamada a
responder hasta por el monto asegurado QBE control de seguros S.A,
en su condición de garante de los hechos y teniendo en cuenta el valor
que el daño del siniestro asegurado supera los once mil millones de pesos
($11.000.000.000), se tomará únicamente el valor de siete mil
quinientos millones de pesos (57.500.000.000). En lo que corresponda
a la póliza de manejo global de entidades oficiales llamada por el
Departamento del Meta, su valor asegurado es de cien millones de pesos
($100.000.000) en su totalidad sin aplicar el deducible del 6% por cuanto
esta cobertura es menor al valor total de la pérdida.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
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5.3.6. En el fallo nro. 0018 emitido el 1 de abril de 2013 por la Contralora
General de la República, en lo pertinente analizó28:
“[…]2.7.4. Q B E SEGUROS S.A.
El Despacho encuentra que le asiste razón a la Contraloría Intersectorial
en sus argumentos, al resolver el recurso de reposición. Así mismo, una
vez se declara y confirma como responsables fiscales al señor Pedro
Alejandro Martínez, vicepresidente comercial de la fiduciaria
FIDUAGRARIA S.A. y la señora Lucero Jiménez, como vicepresidente de
negocios de la mentada sociedad Fiduciaria, tanto en la imputación fiscal,
como en este fallo se ha insistido que dichos administradores
concurrieron en una y otra forma con su actuar, a la realización del daño
patrimonial al Departamento del Meta, pues con ocasión del ejercicio a
la gestión fiscal adelantada por los funcionarios del Departamento del
Meta en la colocación de excedentes de tesorería proveniente de
regalías, los funcionarios de FIDUAGRARIA S.A, en conexidad
sustancial y necesaria de sus actos, participaron en la gestión fiscal como
particulares, configurando con su actuar culpa grave, tal y como se ha
denotado en las decisiones mencionadas.
Se ha demostrado la débil e inconsistente configuración del negocio
fiduciario que le fuera presentado el estructurador CONSORCIO
PROYECTAR en el que claramente se observa que los funcionarios
responsables fiscales no adelantaron un estudio serio y suficiente de los
riesgos a los que se sometía el contrato de fiduciaria como fuente de
pago. La fugaz relación de riesgos que soportaría la fiduciaria generaban
el incumplimiento en el examen con respecto a terceros vinculados
específicamente, en este caso con el Departamento del Meta, y es esta
falta la que permite que la fuente de recursos para el pago subsidiario
que asumiría el patrimonio autónomo no cumpliera con los requisitos
mínimos de solvencia que garantizara una fuente adecuada de la cual se
pudiera obtener dinero para el pago del Departamento de Meta. El no
haber hecho ese estudio de riesgos determinó la constitución de un
contrato de fiducia frágil que únicamente garantizara el tránsito de los
dineros públicos al particular no autorizado.
El conocimiento que estos funcionarios tenían de los ingresos de dineros
públicos con destino a las manos de particulares, facilitando con ello, que
quien actuaba como fideicomitente (CONSORCIO PROYECTAR)
realizara un acto no permitido a través del contrato de fiducia y se
aprovechara de los recursos públicos que de otra forma no hubiera
obtenido, pues el tenor de la ley 819 del 2003 fuera de las entidades
financieras, contraviniendo con lo establecido en el Decreto 1049 de
2006. La inconsistencia de las referencias que se permitió en el contrato
de fiducia a una cesión de derechos de beneficio que no correspondía
con la realidad, pues es claro que la expresa referencia que hace el
contrato de fiducia a la denominada oferta de cesión de derechos de
beneficio, a pesar de las advertencias del mismo contrato, generaban la
cesión presunta de unos derechos de beneficio que en la realidad no
existía tal y como lo hemos afirmado. Así las cosas, el Departamento a
través de sus funcionarios dieron a entender una falsa creencia de unos
28
Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2013 02177 01. CD 2, Documento denominado “Folios
5745-5973” de la carpeta denominada “Caja 4”, pág. 24.
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derechos que negociaban a través de una oferta de cesión cuyo amparo
la mantenía una entidad fiduciaria como vocera de un patrimonio
autónomo, que mediante una fuente de pago inconsistente pretendía
Instruir como respaldo de esas operaciones. Son estos tres elementos
los que permitieron y permiten que los funcionarios declarados
responsables fiscalmente se conectaran con ocasión del ejercicio de la
gestión fiscal y determinaran la colocación bajo un falso ropaje de unos
negocios estructurados por un tercero y avalados por los funcionarios de
FIDUAGRARIA S.A.
Ahora bien, entiende esta contraloría que la acción de responsabilidad
fiscal tiene unos supuestos objetivos que determinan su correspondencia
con la naturaleza de los asuntos que adelanta y donde claro queda, está
ceñida la Contraloría General de la República a observar precisos
parámetros legales a fin de determinar la efectiva ocurrencia del daño,
la conducta que determinó ese daño y el nexo de casualidad existente
entre lo uno y lo otro. Estos factores no permiten entonces que se acuda
a las disposiciones del código de comercio en el sentido de dar aplicación
a los términos de prescripción que en esta norma refiere el contrato de
seguros, sino que la responsabilidad fiscal y la acción que lleva a su
determinación, exige la aplicación de los términos que trata la ley 1474
de 2011 en su artículo 120, pues es la norma con la que actualmente se
regula esta situación. En consecuencia, la norma aplicable a este caso lo
es párrafo 2 del artículo 9 de la ley 610 de 2000, por expresa remisión
de la Ley 1474 de 2011.
Téngase en cuenta que el tercero civilmente responsable es el llamado a
responder por la falta del garantizado o tomador de la póliza,
consecuentemente el lugar que ocupa no tiene nada que ver con la
gestión fiscal, empero la actuación de su garantizado si cuenta con esa
directa relación por lo que su conducta se alineó con ocasión de la gestión
fiscal, y fue lo que determinaron la responsabilidad del garantizado, la
responsabilidad deviene por la conducta de su garantizado, el nexo
causal y el daño, y en ello nada tiene que ver la aseguradora, más que
garantizar el pago del daño en el momento en que este corresponda.
Igualmente, en materia de responsabilidad las actuaciones propias de su
normatividad determina que en el momento en que surja el fallo, es el
momento en el que se considera la existencia causal ente la conducta y
el daño causado y allí es cuando la reclamación se configura, pues ante
la contraloría por disposición legal no le era posible determinar la
existencia u ocurrencia del siniestro, sino que la investigación y juicio de
responsabilidad que en [ú]ltimas se conjugara en el fallo, determinan el
momento preciso en el que se verifica la actuación generadora del daño.
Así la (sic) cosas mal podría aplicarse la legislación comercial y mucho
menos en los términos que él considera, pues la ocurrencia de los hechos
y la reclamación no son asuntos que compete al ámbito de la gestión
fiscal, sino en los términos en que la legislación fiscal entiende. Menos
aún se podría considerarse la argumentación sobre la póliza global
contratada por el Departamento del Meta pues en este caso, la
ocurrencia y su descubrimiento son asunto que la legislación fiscal
especialmente determina en el momento de la realización de la conducta
y el daño, referido al fallo que declara su existencia.
Por lo anteriormente expuesto y los argumentos esbozados por este
Despacho en el auto de imputación y en fallo de primera instancia, este
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Despacho en sede de segunda instancia, no acoge los argumentos
expuestos por el recurrente y en consecuencia no revoca el fallo aludido.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.4. Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el a quo declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos contenidos en el fallo con responsabilidad fiscal nro.
000072 del 30 de enero de 2013, el auto nro. 000343 del 19 de marzo de
2013 y el fallo de apelación nro. 0018 del 1 de abril de 2013 proferidos
por la Contraloría General de la República, en cuanto declararon a la
sociedad QBE Seguros S.A. como tercero civilmente responsable e
incorporó al fallo con responsabilidad fiscal las pólizas nros. 92100000277
y 121100000022 expedidas por QBE Seguros S.A.
A su turno, el demandado, Contraloría General de la República, cuestiona
lo decidido por el tribunal y considera que no había lugar a la aplicación
de la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, ni la
providencia en la que se basó el a quo tenía el carácter de precedente.
Por lo tanto, la Sala, para resolver, circunscribirá su análisis a los motivos
de la apelación, que son los siguientes:
5.4.1. El Código de Comercio señala taxativamente quienes son las
partes del contrato de seguros
La parte recurrente citó el artículo 1037 del Código de Comercio para
indicar que el concepto de parte en el contrato de seguros se predica
exclusivamente de aquellos que comparecen a celebrar el negocio jurídico
del seguro y que para el legislador se trata de quienes expresan su
consentimiento en la formación del contrato, es decir, el asegurador y el
tomador; asunto diferente es el beneficiario, que las mismas
aseguradoras lo definen como "persona designada en la póliza por el
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Asegurado o Tomador como titular de los derechos indemnizatorios que
en dicho documento se establecen. Su designación puede ser expresa
(Entidad Bancaria), o tácita (herederos legales del asegurado)29."
Al respecto, la Sala observa que lo señalado por el recurrente no
constituye ningún reparo frente a lo decidido por el a quo, puesto que,
efectivamente, en los términos del artículo 1037 del Código de Comercio,
son partes del contrato de seguro: (i) el asegurador, o sea, la persona
jurídica que asume los riesgos, y (ii) el tomador, esto es, la persona que,
obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos.
Ahora bien, en relación con el punto de que la Contraloría General de la
República no puede tener la calidad de parte dentro del contrato de
seguros, comoquiera que el asegurador, QBE Seguros S.A. fue vinculado
a raíz de la obligación constitucional de procurar el resarcimiento del daño
patrimonial causado al Estado con ocasión de la gestión fiscal, se tiene
que, en la decisión recurrida el tribunal no afirmó que la Contraloría fuese
parte en el contrato de seguro, sino que dio aplicación al término de
prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio por
considerar que se trataba de la disposición aplicable al caso, ya que
derivaba del contrato celebrado entre el asegurador y el tomador.
Por lo tanto, sin necesidad de descender en otras consideraciones y
teniendo en cuenta que este primer aspecto no fue motivo de
controversia, no se le dará prosperidad.
5.4.2. Improcedencia del término de prescripción establecido en
el Código de Comercio tratándose de procesos de responsabilidad
fiscal
29
MAPFRE. DICCIONARIO DEL SEGURO. (Documento electrónico)
http://www.mopfre.com.coies/weblmapfre-personas/suc/educacion-
financieraidiccionario-del-seguro.
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La parte recurrente afirmó que, dado que la Contraloría General de la
República no acudió al proceso de formación del contrato, ni al pago de
la prima o a la suscripción de la póliza, mal puede predicarse que tenga
la calidad de parte en el contrato de seguro, y para ello reiteró, lo
expuesto al contestar la demanda, así:
a. “La prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio se aplica a
las partes del contrato de seguros no a las contralorías”
“Relaciones entre las partes del contrato de seguros y las contralorías con
las aseguradoras”
Manifestó que la prescripción regulada por el artículo 1081 del Código de
Comercio afecta la acción que tienen las partes del contrato de seguro
para hacer valer sus derechos en caso de ocurrencia del siniestro
amparado, pero no puede incidir de ninguna manera en la actuación de
las Contralorías por cuanto éstas no son parte dentro del contrato de
seguro. Agregó que las cláusulas del contrato son ley para las partes, pero
no cobijan a quienes no ostentan esa calidad.
“Relaciones de las contralorías con las aseguradoras”. Reiteró que la
prescripción de las acciones en el ámbito del derecho privado se
interrumpe con la presentación de la demanda siempre que sea notificado
el auto de admisorio dentro del término de ley, en cambio, en la caducidad
de la acción y la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal estos
tiempos obran respecto de la actuación de las Contralorías y no tiene que
ver con el ejercicio de la acción por las partes del contrato de seguro.
Al hacer alusión a las diferentes clases de prescripción, aseguró que “(…)
la prescripción establecida para el contrato de seguro en el artículo 1081
del Código de Comercio, es de aplicación entre las partes que celebraron
el contrato, en relación a las cláusulas pactadas en el propio contrato de
seguros. No puede ser alegada la prescripción prevista en la Ley
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Comercial ante la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en el
trámite del proceso de responsabilidad fiscal: lo anterior en virtud que la
citada norma del Código de Comercio se dirige a regular las relaciones
contractuales entre la Aseguradoras, los tomadores y beneficiarios de las
respectivas pólizas, que se constituyen en parte interesada, para hacer
efectivos los derechos surgidos del acuerdo contractual”.
Agregó que el artículo 1081 del Código de Comercio refiere al interesado,
que no puede ser otro que aquel que deriva algún derecho del contrato
de seguro, es decir, el tomador, el asegurado o el beneficiario, pues no
se trata de una acción pública que pueda ejercitar cualquiera, por lo que
el interesado es el tomador o beneficiario de la póliza a quien corresponde
el ejercicio de la acción civil, no la Contraloría, porque no está vinculada
a las estipulaciones de la póliza.
Insistió en que “(…) se equivoca la Sala al investir a la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, de la calidad de parte del contrato de
seguros en este caso, imponiéndole las obligaciones del contrato cuando
el Ente de Control no es parte del mismo, pues no lo suscribió y, por lo
tanto, no asumió las obligaciones consagradas en sus estipulaciones,
entre ellas las del artículo 1081 del Código de Comercio. // Al darle el
carácter de sujeto contractual, el CONSEJO DE ESTADO al mismo tiempo
despojó a la Contraloría de su atributo de Ente de Control competente
para establecer la responsabilidad fiscal, lo que desnaturaliza la figura su
carácter de organismo de control y contrarió manifiestamente las
disposiciones constitucionales sobre la materia.// Desconocer el artículo
9 de la Ley 610 de 2000, dando aplicación al artículo 1081 del Código del
Comercio que rige al contrato de seguros, además de trastocar la calidad
de los sujetos en el proceso, es atribuir el carácter de sujeto procesal al
órgano encargado de tomar la decisión (cuando en realidad es el
competente para dirimir el asunto), lo cual es inaceptable jurídicamente
(…)”.
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La Sala se pronunciará frente a estos reparos de manera conjunta y para
ello es procedente recordar lo siguiente30:
(i) El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de
ejecución sucesiva (artículo 1036 del Código de Comercio) y las partes
del contrato de seguro son el asegurador, o sea la persona que asume los
riesgos y el tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o
ajena, traslada los riesgos (artículo 1037 del Código de Comercio).
El artículo 1054 de la misma codificación define el riesgo como el suceso
incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del
asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación
condicional del asegurador, esto es, la de efectuar el pago del siniestro o
la prestación asegurada.
(ii) En cuanto a la vinculación del garante a los procesos de
responsabilidad fiscal, ello tiene sustento en el artículo 44 de la Ley 610
de 2000, al prever que, “(…) cuando el presunto responsable, o el bien o
contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren
amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de
seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud
tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado (…)”.
La Corte Constitucional, al declarar exequible la citada disposición, precisó
que31 “(…) cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea
vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de
responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés
general y de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador
es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios
que se ocasionen al patrimonio público por el servidor responsable de la
30
En este mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia del 6 de febrero de 2025 en
el expediente con radicación nro. 25 000 23 41 000 2013 02861 01. C.P. Oswaldo Giraldo
López.
31
Corte Constitucional sentencia C-648 del 13 de agosto de 2002.
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gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza. // Es
decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado
(…)”.
(iii) En ese sentido, como lo ha explicado esta Sección en varias
oportunidades32, la vinculación del garante al proceso de responsabilidad
fiscal es de naturaleza civil, no fiscal, comoquiera que se le vincula como
tercero civilmente responsable, dado que está determinada por razones
inherentes al contrato de seguro por el riesgo amparado.
(iv) Respecto de la prescripción de la acción derivada del contrato de
seguro, se insiste que la Ley 610 de 2000 no estableció un término para
las pólizas de seguros por las cuales fuera vinculado al proceso de
responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente
responsable, vacío que fue superado por el artículo 120 de la Ley 1474 de
2011, al señalar que “las pólizas de seguros por las cuales se vincule al
proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero
civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo
9 de la Ley 610 de 2000”.
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de febrero de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 68001 23 31 000 2004 00491 01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre de 2020. C.P. Oswaldo
Giraldo López. Expediente radicación nro. 25000 23 41 000 2012 00418 01; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25000
23 24 000 2007 00459 02; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 3 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2003 00054 01; Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13 de junio de 2019.
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro. 25000 23 27 000 2011
00231 01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 1 de febrero de 2018. C.P. María Elizabeth García González. Expediente
radicación nro. 25000 23 24 000 2010 00234 01.
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Sin embargo, solo con la entrada en vigor de la Ley 1474, el 12 de julio
de 201133, hay lugar a aplicar el artículo 934 de la Ley 610 de 200035 y,
por consiguiente, antes de la expedición de la Ley 1474 de 2011, la norma
que regulaba la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro
era el artículo 1081 del Código de Comercio, que dispuso:
“ARTÍCULO 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de
las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones
que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento
del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda
clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace
el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.
En ese sentido, respecto de la aplicación del artículo 1081 del Código de
Comercio, esta Sección ha explicado36:
“[…] en los juicios de responsabilidad fiscal debe tenerse en cuenta el
artículo 1081 del Código de Comercio, en relación con la prescripción
de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las
disposiciones que lo rigen, el cual, es de dos años contados desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento de la existencia del riesgo asegurado que da base a la
acción de responsabilidad fiscal, para evitar la extinción del derecho
por el fenómeno de la prescripción.
72. Para lo cual, se ha señalado que el citado artículo resulta aplicable
en los eventos de la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal
del garante como civilmente responsable, toda vez que dicha
vinculación no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por
responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del
33
“Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión
pública”. Promulgada en el Diario Oficial nro. 48.128 del 12 de julio de 2011.
34
El cual dispone que la responsabilidad fiscal prescribirá en cinco años, contados a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho
término no se ha dictado providencia en firme que la declare.
35
“Por la cual es establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencias de las contralorías”.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de
octubre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez número único de radicación 25000 23 24 000
2003 00054 01.
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contrato de seguros, derivado únicamente del contrato que se ha
celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión
fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí
que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o
contractual, y nunca fiscal.
73. Asimismo, esta Sección37 señaló que, comoquiera que el legislador
ha derivado del contrato de seguro la vinculación del garante como
tercero civilmente responsable, es claro que tal vinculación es una
forma de acción especial para hacer efectivo el amparo contratado,
que bien puede considerarse como acción paralela a la de
responsabilidad fiscal, aunque se surta en el mismo proceso, toda vez
que tiene supuestos, motivos y objetos específicos, sin que sea posible
equipar dos prescripciones, cuya naturaleza difiere completamente la
una de la otra; toda vez que mientras que en la del seguro, se predica
por la falta de ejercicio de las acciones por parte de quienes tienen
el interés en reclamar la indemnización del contrato; en el caso de la
prescripción de la responsabilidad fiscal, se instituye en el marco de
un proceso fiscal, y lo que se sanciona aquí no es otra cosa que la
inacción y dilación de la propia Administración para dictar una
providencia que resuelva la situación jurídica de los implicados.
[…]” (Se resalta).
(v) Conforme con lo anterior, y contrario a lo señalado por la parte
recurrente, no se puede pretender que la prescripción regulada por el
artículo 1081 del Código de Comercio solo afecte a las partes del contrato
de seguros, puesto que, precisamente atendiendo al principio de
seguridad jurídica, el término prescriptivo tiene que ver con el ejercicio
de la acción derivada del contrato de seguros, indistintamente de si hace
uso de la acción el órgano de control fiscal. Y ello es así, porque es el
contrato de seguro la fuente de la obligación que adquiere la aseguradora,
de tal manera que el reclamo que a ella se haga debe realizarse dentro
de los términos que establece la legislación para su eficacia; se reitera,
teniendo particularmente en cuenta que la vinculación de la compañía
aseguradora al proceso de responsabilidad fiscal no se hace en el carácter
de fiscalmente responsable, sino que es civilmente responsable, de donde
se infiere que debe responder, a este título, de conformidad con las
normas que aplican al contrato que celebró.
37Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 18 de marzo de 2011, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de
radicación 25000 23 24 000 2004 00529 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02177 01
Demandante: QBE Seguros S.A.
Lo señalado no se traduce como lo afirma la parte recurrente, en despojar
a la Contraloría de sus atribuciones constitucionales y legales, dado que,
atendiendo lo previsto por el artículo 267 Constitucional, el control fiscal
es una función pública que está a cargo de la Contraloría General de la
República encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración y de
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, y la
ley la ha dotado de herramientas para su ejercicio, entre ellas, el proceso
de responsabilidad fiscal; en ese proceso la responsabilidad fiscal no se
predica del garante, sino del gestor fiscal que ocasiona el daño al
patrimonio público, que es el llamado a responder directamente del
mismo; y si alguien está garantizando el pago del daño ocasionado, lo
hace en las condiciones en las cuales adquiere tal compromiso, de
conformidad con la ley y el contrato celebrado, y no en las condiciones
previstas para el principal obligado fiscal.
(vi) En el asunto bajo examen, en el fallo con responsabilidad fiscal de
primera instancia proferido el 30 de enero de 2013 por el contralor
delegado intersectorial nro. 2, se examinó la conducta que ejecutaron los
declarados fiscalmente responsables y el detrimento causado “(…) por
efectos de la colocación de recursos de excedentes de liquidez de
tesorería por concepto de regalías, realizados por la gobernación del
departamento del META en un patrimonio autónomo constituido y
desarrollado por el CONSORCIO PROYECTAR (…)”, así como por la oferta
de cesión de derechos con beneficio con pacto de readquisición y la cesión
de derechos, decisión que fue confirmada en el fallo de apelación nro.
0018 del 1 de abril de 2013 proferido por la Contralora General de la
República.
Así mismo, se tuvieron en cuenta las garantías constituidas para amparar
las responsabilidades surgidas por los daños ocasionados en el manejo de
los recursos públicos, así:
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Demandante: QBE Seguros S.A.
La póliza de manejo global de entidades oficiales nro. 92100000277 de la
aseguradora QBE Seguro S.A., cuyo objeto era amparar los daños que
menoscaben bienes o fondos del tomador gobernación del Meta, que
tuvieran origen en la conducta de los empleados al incurrir en ilícitos o
infracciones legales o reglamentarias, amparo que tuvo vigencia durante
los períodos comprendidos entre el 1 de septiembre de 2006 al 31 de
agosto de 2007; 1 de septiembre de 2007 al 31 de octubre de 2007 y 1
de noviembre de 2007 al 30 de noviembre de 2007.
La póliza nro. 121100000022 denominada Seguro de Responsabilidad de
Directores y Administradores, constituida con la aseguradora QBE
Seguros S.A. cuyo tomador fue la sociedad Fiduagraria S.A., con el objeto
de cubrir, entre otras, las indemnizaciones por daños de los que
resultaren responsables como consecuencia de actos incorrectos, los
empleados que ejercieran cargos de administración en la fiduciaria. Póliza
que amparó los períodos comprendidos entre el 1 de febrero de 2006 al
31 de diciembre de 2007.
En consecuencia, como la vinculación del garante se produjo antes de la
entrada en vigor de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 38, la norma que
reguló la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro fue el
artículo 1081 del Código de Comercio. Al respecto, la precitada disposición
establece que “(…) la prescripción ordinaria será de dos años y empezará
a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener
conocimiento del hecho que da base a la acción (…)” y, seguidamente,
prevé que “(…) la prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá
contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento
en que nace el respectivo derecho”39.
38
“Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión
pública”.
39
Al respecto sobre las diferencias entre la prescripción ordinaria y extraordinaria puede
verse la sentencia proferida por esta Sección Primera del Consejo de Estado el 28 de
noviembre de 2024. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25 000 23
41 000 2013 02764 01.
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Por consiguiente, los dos años deben contarse a partir de la apertura del
proceso de responsabilidad fiscal y la vinculación del garante, pues se
trata de la fecha cierta en que la Contraloría “debió conocer” del siniestro.
En el caso concreto, el auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal fue expedido el 14 de abril de 2008 y la vinculación de la compañía
aseguradora se produjo el 20 de febrero de 2009. Por lo tanto, la Sala
concluye que operó la prescripción de la acción derivada del contrato de
seguro, habida cuenta que, la firmeza de la responsabilidad fiscal ocurrió
con el fallo proferido el 1 de abril de 2013 por la Contralora General de la
República que decidió los recursos de apelación, de donde se desprende
claramente que transcurrió un término mayor a los dos años previsto en
el artículo 1081 del Código de Comercio.
Por lo expuesto, el reparo del recurrente no tiene prosperidad.
b. “Las normas de la Constitución y de la Ley 610 de 2000 son de
orden público y por lo tanto prevalecen sobre las normas del
Código de Comercio”
La parte recurrente recalca en que la acción fiscal tiene una regulación
especial cuyo fundamento constitucional son los artículos 119, 267, 268
y siguientes de la Carta Política y que la Contraloría, al desarrollar su
función misional, actúa como vocera del patrimonio público, por lo que,
al determinar la competencia en cabeza de este organismo de control, se
deduce que su función es de orden público y las normas que regulan tanto
la competencia como el ejercicio de su función y los procedimientos para
llevarlas a cabo comparten dicho carácter.
Agregó que, en desarrollo de esta función constitucional, la Ley 610 de
2000 estableció el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, norma
que reglamenta de manera especial esta materia, y allí se consagró en el
artículo 9 el término de caducidad para la acción de responsabilidad fiscal
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y de prescripción para el proceso, de manera que, en lo atinente a la
prescripción, debe prevalecer la Ley 610 de 2000, no el Código de
Comercio, “por cuanto la primera consagra la forma en que las
Contralorías deben ejercer su función constitucional de establecer la
responsabilidad fiscal de quienes manejan, custodian o administran
recursos públicos, mientras que, el Código de Comercio regula relaciones
entre particulares sometidas a la autonomía de la voluntad”.
Este reproche tampoco prospera, toda vez que lo afirmado por la parte
recurrente, en el sentido que: (i) la acción fiscal tiene una regulación
especial cuyo fundamento constitucional son los artículos 119, 267, 268
y siguientes de la Carta Política; (ii) la Contraloría al desarrollar su función
misional actúa como vocera del patrimonio público; (iii) como órgano de
control cumple una función de orden público, por lo que las normas que
regulan tanto la competencia como el ejercicio de su función y los
procedimientos para llevarlas a cabo comparten dicho carácter, y (iv) la
Ley 610 de 2000 estableció el trámite del proceso de responsabilidad
fiscal, se trata de parámetros constitucionales y legales que no están en
contravía con la aplicación de la prescripción de la acción derivada del
contrato de seguro prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio,
atendiendo a que, como ya se explicó, Ley 610 de 2000 no determinó un
término de prescripción para las pólizas de seguros por las cuales fuera
vinculado al garante al proceso de responsabilidad fiscal, en calidad de
tercero civilmente responsable.
A este respecto, la Sala insiste en que, no obstante, el carácter público
de la función que desempeña la Contraloría General de la Nación, el
garante de las obligaciones que asumen las entidades públicas no es
objeto de la investigación que se adelanta por responsabilidad fiscal, sino
que se compromete al pago respectivo, pero lo hace en los términos que
la ley y el contrato le señalan en su carácter de civilmente responsable.
Entonces, el recurrente no puede confundir la responsabilidad que imputa
en un proceso de responsabilidad fiscal al presunto responsable del daño
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al patrimonio, con la responsabilidad civil que deriva para el garante del
contrato que ha celebrado, pues no es este último el que incurre en las
conductas que son objeto de la investigación que la Contraloría adelanta.
c. “La ley especial prevalece sobre la general”
El recurrente afirmó que “el fallo del CONSEJO DE ESTADO es desatinado
si se analiza a la luz de la hermenéutica jurídica básica (…)”, dado que al
proceso de responsabilidad fiscal que desarrollan las Contralorías se les
aplican las normas sobre prescripción que establece la Ley 610 de 2000,
al tratarse de la norma específica que lo regula, por lo que consideró que
“los términos de prescripción ordinaria o extraordinaria propios del
artículo 1081 del Código de Comercio, no son de aplicación de las
Contralorías cuando éstas actúan en cumplimiento de su función
constitucional (…)”.
La Sala, para resolver, se remite a lo señalado en precedencia, en el
sentido que, dado que la ley especial, esto es, la Ley 610 no reguló la
prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, y que la
vinculación del garante al proceso de responsabilidad fiscal es por razones
inherentes a dicho contrato, es que, antes de la Ley 1474, hay lugar a
aplicar el artículo 1081 del Código de Comercio.
Al efecto, la sentencia que cita la parte recurrente, invocada por el a quo,
esto es, la proferida por esta Corporación el 18 de marzo de 2010 en el
proceso con radicación 25 000 23 24 000 2004 00529 01 explicó40:
“[…] el artículo 44 hace parte de la regulación de uno de los
procedimientos administrativos necesarios para hacer efectiva esa
función, así como de la correspondiente competencia de los órganos
públicos titulares de dicho control estatal, señalando los supuestos
que determinan tal competencia, y su alcance procedimental y
sustancial o material, que al tenor del inciso segundo de la precitada
norma constitucional, ello le corresponde al legislador.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
40
del 18 de marzo de 2010. Expediente radicación nro. 25000232400020040052901.
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Pertenece así a la normatividad que regula la organización y
funcionamiento del Estado, las competencias de sus órganos y
autoridades, así como el manejo, vigilancia y control de sus bienes y
recursos económicos, la cual es sabido que constituye el derecho
público, luego se está ante una disposición de derecho público, que
como tal es de imperativa aplicación por los entes de control fiscal, y
consiguientemente se sustrae de la voluntad de los particulares y de
toda posibilidad de que las partes en un contrato o cualquier sujeto
distinto del legislador pueda disponer algo diferente o contrario a lo
que en ella se establece.
Por ende, la situación de toda póliza de seguros que se otorgue para
amparar Contratos Estatales, constituye una situación legal y
reglamentaria, como se sostiene en el acto acusado, que no puede ser
obviada por nadie, y menos por quienes están llamados a ser sujetos
pasivos o destinatarios de la norma en comento.
(…)
2.2.2. Aplicabilidad del artículo 1081 del C. Co. al sub-lite
Despachar esta imputación implica precisar si esa norma es aplicable
o no en caso de vinculación del garante como civilmente responsable
en un proceso de responsabilidad fiscal, según el artículo 44 de la Ley
610 de 2000, debiéndose responder que sí, puesto que tal vinculación
no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por
responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del
contrato de seguros, esto es, derivada únicamente del contrato que
se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de
gestión fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante,
de allí que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente
civil o contractual, y nunca fiscal (…).
(…)
Como quiera que el legislador ha derivado del contrato de seguro y
sólo de él la vinculación del garante como tercero civilmente
responsable, es claro que tal vinculación es una forma de acción
especial para hacer efectivo el amparo contratado, que bien puede
considerarse como acción paralela a la de responsabilidad fiscal,
aunque se surta en el mismo proceso, pues tiene supuestos, motivos
y objetos específicos.
Cabe decir que el titular primigenio de esa acción es la entidad
contratante, quien tiene en principio la facultad e incluso el deber de
declarar la ocurrencia del siniestro como resultas de esa acción,
cuando éste tiene lugar y, en consecuencia, ordenar hacer efectiva la
póliza de seguro respectiva, por el monto que corresponda.
Que ante la omisión del contratante, como aparece de bulto en el
diligenciamiento bajo examen, la Contraloría General de la República
puede asumir o está investida de esa titularidad por virtud del artículo
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44 de la Ley 610 de 2000, con ocasión y dentro de la misma cuerda
del proceso de responsabilidad fiscal, para que verificado el
detrimento patrimonial por cualquiera de las partes del contrato
estatal amparado por la póliza, pueda igualmente ordenar su
efectividad por el monto que sea procedente […]”.
Lo señalado está en consonancia con la línea jurisprudencial que de
manera pacífica ha sostenido esta Sección41, sin que la parte recurrente
explique las razones por las cuales tal posición “es desatinada si se analiza
a la luz de la hermenéutica jurídica básica”.
A lo expuesto, se agrega que, el hecho que el proceso de responsabilidad
fiscal esté a cargo de las Contralorías no exime al órgano de control fiscal
de la aplicación de las disposiciones legales vigentes para la fecha de la
vinculación del garante, pues, como lo señala el estatuto procesal
general42, “(…) las normas procesales son de orden público y, por
consiguiente, de obligatorio cumplimiento y, en ningún caso podrán ser
derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares,
salvo autorización expresa de la ley (…)”.
41
Ver entre otras. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia del 18 de febrero de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Expediente radicación nro. 68001 23 31 000 2004 00491 01; Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre de 2020.
C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25000 23 41 000 2012 00418
01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 11 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 25000 23 24 000 2007 00459 02; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 3 de octubre de 2019. C.P.
Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2003 00054
01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 13 de junio de 2019. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente
radicación nro. 25000 23 27 000 2011 00231 01; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de febrero de 2018. C.P.
María Elizabeth García González. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2010
00234 01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 6 de febrero de 2025. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación
nro. 25 000 23 41 000 2013 02861 01.
42
Artículo 13 Código General del Proceso.
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En el mismo sentido la Corte Constitucional ha dicho que “(…) las leyes
de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria
observancia. Sus dictados… son ajenos al querer de los individuos:
particulares y funcionarios llamados a aplicarlas”43.
Por lo tanto, se trata de un reproche que tampoco tiene prosperidad.
d. “La vinculación al garante es un aspecto accesorio al proceso de
responsabilidad fiscal”
El recurrente manifiesta que, cuando se constituye una póliza, tiene como
finalidad la protección del patrimonio público frente al daño que puedan
generar las actividades culposas o dolosas en que incurran los servidores
públicos y que ocasionen perjuicios al Estado, y se protegen los intereses
de la colectividad superiores al simple interés de los particulares, gozando
de la garantía de un régimen jurídico especial; razonamiento que
comparte la Sala.
Argumenta también que la vinculación del garante obedece a la afectación
del patrimonio público por la conducta de quien es declarado responsable
fiscal, que la Contraloría no es parte del contrato de seguros y no es
necesario que así sea para que se vincule al proceso a la compañía
aseguradora, por lo que “la vinculación al garante dentro del proceso de
responsabilidad fiscal es una figura accesoria al proceso de
responsabilidad fiscal consagrado en la Ley 610 de 2000; tesis que no
está en contravía con lo señalado por la Sala.
Al efecto, se reitera que, la vinculación del garante como tercero
civilmente responsable es una forma de acción especial para hacer
efectivo el amparo contratado, que bien puede considerarse como acción
43
Corte Constitucional. Sentencia T- 213 de 2008.
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paralela a la de responsabilidad fiscal, aunque se surta en el mismo
proceso, toda vez que tiene supuestos, motivos y objetos específicos.
Es en ese contexto en el cual la aseguradora pacta el contrato de seguro
con el asegurado, para amparar el menoscabo que pueda ocurrir en su
patrimonio por el actuar de sus funcionarios; lo que implica que, además
de asegurado, es también el beneficiario. En tales términos, la
aseguradora responde del menoscabo que los funcionarios ocasionan al
asegurado y a la vez beneficiario, en los términos previstos en el Código
de Comercio; y, si bien es cierto que la Contraloría, por virtud de la ley
610, puede asumir la posición del asegurado y beneficiario, ello no quiere
decir que pueda modificar las condiciones del seguro, pues ese no es el
alcance de la atribución que la ley le otorga, y es precisamente por ello
que una ley posterior, la 1474, modificó expresamente tal condición.
e. “Aplicar la prescripción regulada en el Código de Comercio a la
actuación de las contralorías, hace inocua la vinculación del
garante al proceso de responsabilidad fiscal, por cuanto se obliga,
en la práctica, a lo imposible a las mismas contralorías”
El recurrente alega que aplicar la norma sobre prescripción del Código de
Comercio y no la de la Ley 610 desconoce por completo las características
de la actuación de las Contralorías al desarrollar su función de control
posterior como lo impuso la Constitución Política, ya que la eventual
auditoría que hace la Contraloría se inicia durante al año siguiente a la
respectiva vigencia fiscal en que ocurrieron los hechos.
Expuso que, “(…) para emitir auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, las Contralorías deben haber realizado la actividad
previa de auditoría en la que se establecerá si existen hallazgos fiscales;
de existir, habrá de recaudarse el material probatorio necesario para
consolidar el hallazgo y así determinar la cuantía del daño e identificar a
los presuntos responsables en auditoría o en virtud de Indagación
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Preliminar (artículo 39 de la Ley 610 de 2000), tareas todas que llevarían
varios meses, e inclusive años para darles trámite. //Si el control ejercido
por las contralorías es de carácter posterior, unido ello al tiempo que
transcurre para la consolidación de un hallazgo fiscal, será difícil, por no
decir imposible, que se dé inicio a un proceso de responsabilidad fiscal
dentro de los dos años de prescripción establecidos en el Código de
Comercio. Mucho menos podrá exigirse que las Contralorías consigan en
ese lapso llegar a proferir un fallo con responsabilidad fiscal en firme”, y
que por ello la ley le concedió a las Contralorías un plazo razonable de
cinco años como término de caducidad de la acción fiscal.
Para resolver, la Sala insiste que el artículo 1081 del Código de Comercio
establece que la prescripción ordinaria de las acciones que se derivan del
contrato de seguro “será de dos años y empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento
del hecho que da base a la acción”, que para este evento se cuenta a
partir de la vinculación del garante al proceso de responsabilidad fiscal.
Por lo tanto, como lo señaló la jurisprudencia citada en precedencia, en
materia de responsabilidad fiscal la Contraloría puede considerarse como
“un interesado”, a efectos de aplicar la prescripción del artículo 1081
ibidem, así44:
“[…] ante la omisión del contratante (...) la Contraloría General de la
República puede asumir o está investida de esa titularidad por virtud
del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, con ocasión y dentro de la
misma cuerda del proceso de responsabilidad fiscal, para que
verificado el detrimento patrimonial por cualquiera de las partes del
contrato estatal amparado por la póliza, pueda igualmente ordenar su
efectividad por el monto que sea procedente.
Dicho de otra forma, por efecto de ese precepto, la Contraloría pasa
a ocupar el lugar del beneficiario de la póliza, que de suyo es el
contratante, cuando éste no haya ordenado hacerla efectiva en el
evento de la ocurrencia del siniestro […]”.
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Luego, si se considera que la Contraloría es un interesado, la prescripción
que le es aplicable para hacer efectiva la póliza es de dos años desde que
tuvo o debió tener conocimiento del siniestro, término que generalmente
coincide con el auto que ordena la apertura del proceso de responsabilidad
fiscal y dispone la vinculación del tercero civilmente responsable, que no
es el caso.
En ese entendimiento, para este tipo de casos la prescripción aplicable a
la Contraloría no puede computarse a partir del siniestro, como lo cuenta
el recurrente, pues el presupuesto contenido en el artículo 1081 del
Código de Comercio prevé que aquella empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento
del hecho que da base a la acción. Y si bien este plazo resulta menor que
el que rige para que la Contraloría concluya el proceso que adelanta
contra el responsable fiscal, no por ello quiere decir que se le hacía
imposible exigir la garantía, como quiera que contaba con el tiempo
requerido para el efecto.
Como lo señaló la Sala en otra oportunidad en la que se discutieron
argumentos similares45, lo dicho no implica desconocer la falta de
correspondencia entre la prescripción en materia fiscal y la prescripción
civil de que aquí se trata y los inconvenientes que la situación pudo
generar, pero estos últimos no son razón suficiente para entender que
quien asumió el riesgo lo acepta en condiciones distintas a las que pacta
en el contrato y las que en su momento establece la ley. Por ello, la Ley
1474 de 2011 precisó que “las pólizas de seguros por las cuales se vincule
al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero
civilmente responsable prescribirán en los plazos previstos en el artículo
9 de la Ley 610 de 2000”, estableciendo uniformidad en la materia.
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Precisamente, consultada la exposición de motivos, se observa que, en el
informe de ponencia para cuarto debate al proyecto de ley número 142
de 2010 Senado, 174 de 2010 Cámara46, que se convirtió en la Ley 1474
de 2011, se estableció, entre otros puntos, que “el capítulo VIII se
relaciona con las normas de control fiscal. Se destaca la ampliación del
procedimiento verbal, como un mecanismo para lograr que los juicios de
responsabilidad fiscal sean más ágiles y expeditos. También se destacan
normas tendientes a dotar a las contralorías de nuevas herramientas de
gestión (…)”. (se resalta), sin embargo, para la fecha de vinculación del
garante al presente proceso la Ley 1474 no estaba vigente, por lo que
este reparo tampoco tiene prosperidad.
f. “El fallo del Consejo de Estado acude a la aplicación de una ley
tercia en una interpretación inadecuada, cuando existe la ley
especial aplicable al caso”
La parte recurrente manifestó que el Consejo de Estado mezcló dos clases
de prescripción, una de orden privado y otra de carácter público, y que,
en este evento, aplicó la prescripción establecida para el contrato de
seguros en el artículo 1081 del Código de Comercio, pero al mismo tiempo
acude a la Ley 610 de 2000 para determinar el momento en que se
interrumpe la prescripción, y resolvió que éste se produce con la firmeza
del fallo de responsabilidad fiscal como lo prevé el artículo 9 de dicha ley;
lo que se traduce en la aplicación de una ley tercia, pues toma aspectos
de la norma del Código de Comercio y aspectos de la Ley 610, para crear
una tercera ley que se aplica al caso, lo que consideró no es aceptable,
cuando existe una norma especial aplicable, y tampoco se pueden mezclar
dos instituciones que son diferentes.
También aseguró que existen razones suficientes para rebatir los
argumentos de la sentencia emitida por el Consejo de Estado el 18 de
Gaceta del Congreso nro. 128 del 30 de marzo de 2011. Consultada el 18 de noviembre
46
de 2024 en leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos
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marzo de 2010 en el proceso con radicación 25 000 23 24 000 2004 00529
01, que, según señaló, “pone en serios aprietos la eficacia del control
fiscal ejercido por las contralorías, sobre todo en lo que tiene que ver con
la recuperación de recursos del Estado que se hayan perdido a causa de
las conductas irregulares o negligentes de funcionarios públicos o de
particulares en ejercicio de gestión fiscal, cuando existan pólizas de
seguros que los amparen”, por lo que acotó que se hace necesario un
cambio de criterio jurisprudencial sobre este tema, pues de lo contrario,
serán muchos los recursos que dejará de recuperar el Estado, en
detrimento del patrimonio público y a favor de los intereses de los
particulares.
La Sala tampoco dará prosperidad a este reproche, pues, contrario a lo
que alega la parte recurrente, no se está dando aplicación a una ley tercia,
sino a la disposición vigente para la fecha de la vinculación del garante al
proceso fiscal, atendiendo precisamente que la responsabilidad de la
compañía aseguradora no es fiscal, sino civil, y por lo tanto las normas
que aplican, a falta de reglamentación especial, son las generales del
Código que regula la materia.
En consecuencia, como la vinculación del garante al proceso de
responsabilidad fiscal ocurrió el 20 de febrero de 2009, esto es, antes de
la entrada en vigor de la Ley 1474 de 201147, ya que dicha ley entró a
regir el 12 de julio de 2011 se concluye que, la norma que regulaba la
prescripción de la acción derivada del contrato de seguro era el artículo
1081 del Código de Comercio, lo que en manera alguna se traduce en una
ley tercia o en mezclar ”dos clases de prescripción, una de orden privado
y otra de orden público”, como lo aduce el recurrente; pues en estos casos
47
“La posición mayoritaria de la Sala es que a partir del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal comienza el cómputo de la prescripción, mientras que el ponente
de la presente decisión estima que lo es partir del hallazgo fiscal, dado que, al tenor de
lo previsto por el artículo 1081 del Código de Comercio, “la prescripción ordinaria será
de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o
debido tener conocimiento del hecho base de la acción”.
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solo tiene aplicación el citado artículo 1081, que consagró dos clases de
prescripción, la ordinaria de dos años y la extraordinaria de cinco años.
Por otra parte, alega el recurrente que existen razones suficientes para
debatir los argumentos de la sentencia proferida por el Consejo de Estado
el 18 de marzo de 2010 en el proceso con radicación 25 000 23 24 000
2004 00529 01, pero no las explica, y lo único que afirma es que ello
“pone en serios aprietos la eficacia del control fiscal ejercido por las
contralorías, sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación de
recursos del Estado que se hayan perdido a causa de las conductas
irregulares o negligentes de funcionarios públicos o de particulares en
ejercicio de gestión fiscal, cuando existan pólizas de seguros que los
amparen”; lo que no tiene ningún sustento, puesto que el ejercicio del
control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República está sujeto
al acatamiento de las reglas y los términos legales, sin que, so pretexto
del cumplimiento de su misión institucional, pueda inobservarlas.
En efecto, el artículo 267 de la Constitución Política se ocupó de establecer
los mandatos que orientan la función de la Contraloría General de la
República como ente encargado de ejercer el control fiscal, en tanto se
trata de una función dirigida a la gestión de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación48, lo
que no la releva de desarrollarla en los términos previstos en la ley.
Así las cosas, se insiste en que, antes de la expedición de la Ley 1474 de
2011, el artículo 1081 del Código de Comercio es el que ha servido de
parámetro para determinar si el ente de control fiscal ejerció en
oportunidad el derecho previsto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000.
48
Así lo explicó esta Sección en sentencia del 18 de febrero de 2021. C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 68 001 23 31 000 2004 00491 01.
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g. “El interés general prevalece sobre el interés particular”
El recurrente argumenta que, con fundamento en los principios
fundamentales de la Carta Política previstos en el Título I, la propia
Constitución le dio a la Contraloría el carácter de órgano de control, y en
los artículos 267 y 268 determinó los parámetros generales de cómo debe
ejercer sus competencias y funciones, y que la Ley 610 desarrolló las
normas superiores delimitando el concepto de gestión fiscal y estableció
el propósito de la responsabilidad fiscal, de manera que la competencia y
funciones asignadas a la Contraloría desarrollan los principios
fundamentales establecidos en la Constitución, según los cuales el interés
general prevalece sobre los intereses particulares.
La Sala considera que lo expuesto por el recurrente no está en
contraposición con lo que se ha dicho a lo largo de esta providencia, ni
constituye reproche alguno frente a lo señalado por el a quo.
Para ello se reitera que, el hecho de que el interés general prevalezca
sobre el particular no se traduce en manera alguna en que la competencia
y funciones que constitucional y legalmente le han sido asignadas a la
Contraloría General de la República, dentro de ellas, el ejercicio del control
fiscal no deba estar sometido a unas reglas y garantías predicables para
todos, incluso para el órgano de control.
5.4.3. “Del apartamiento del precedente judicial”
La parte recurrente alegó que “es del caso afirmar que, en el presente
caso, dos sentencias judiciales no tienen entidad suficiente para
constituirse como precedente judicial. No obstante lo anterior; no
obstante lo anterior (sic) es del caso considerar que el ordenamiento
jurídico permite apartarse de los precedentes judiciales, habida cuenta de
lo siguiente: // En determinados casos, es factible desacatar las
decisiones de las altas Cortes, siempre y cuando se ponderen de manera
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precisa ciertos y específicos condicionamientos que no obedecen
simplemente al capricho del funcionario judicial, a la mera disparidad de
criterios o al obedecimiento ciego e irracional del principio de
imparcialidad y autonomía judicial”.
Argumentó también que el precedente, aunque es obligatorio para las
autoridades del orden administrativo, no lo es en la función judicial, ya
que es posible apartarse del mismo, siempre que se expongan razones
para ello, como lo ha señalado la Corte Constitucional, entre otras, en la
sentencia C-816 de 2011.
Alegó que tampoco se está ante una sentencia de unificación, atendiendo
lo previsto por el artículo 270 del CPACA, y, pese a que se trata de casos
con supuestos de hecho similares, es decir, de pólizas constituidas antes
de la vigencia de la Ley 1474 de 2011, “ no se puede comparar el hecho
de que el Estatuto Anticorrupción dio claridad en el sentido de que el
término de prescripción aplicable a las pólizas como la estudiada en el
presente caso es de cinco (5) años señalado en el artículo 9 de la Ley 610
de 2000. No puede llamarse precedente a tal sentencia que al que no se
le dio tal entidad y sigue siendo un caso aislado”.
Al respecto, la Sala anota lo siguiente:
(i) En cuanto al concepto de precedente judicial, la Corte Constitucional,
a través de su jurisprudencia, lo ha definido como “la sentencia o conjunto
de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia o
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un
fallo”49.
49
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y
Auto 397 de 2014.
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Según lo previsto por la Corte Constitucional, los criterios para concluir
cuando se está ante un precedente son los siguientes: “i) que en la ratio
decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial
aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema
jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”50.
Bajo dichos parámetros, un precedente se configura cuando la sentencia
pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos
mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e iguales
fundamentos en derecho. En suma, que exista identidad en los hechos y
en el derecho, de tal manera que la regla señalada sea aplicable al
respectivo caso.
(ii) En el asunto bajo examen, el a quo basó su decisión en lo decidido
por el Consejo de Estado en la sentencia del 18 de marzo de 201051, e
indicó que se trataba de un criterio reiterado en sentencias del 17 de junio
de 201052 y del 15 de agosto de 201353, en las que se estudiaron
controversias similares puestas en conocimiento por algunas compañías
aseguradoras afectadas por decisiones de la Contraloría General de la
República, como terceros civilmente responsables.
Por consiguiente, la Sala advierte que la cita que hizo el a quo de la
sentencia proferida por esta Sección tuvo como propósito precisar cuál
era la preceptiva legal aplicable en materia de la acción derivada del
50
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.
51
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de marzo de 2010. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente No. 25000-
23-24-000-2004-00529-01.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 17 de junio de 2010. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente nro. 68001-
23-15-000-2004-00654-01.
53
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. sentencia
del 15 de agosto de 2013. M.P. Marco Antonio Velilla. Expediente nro. 50001-23-31-
000-2003-00085-02.
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contrato de seguro, así como prohijar la tesis según la cual la vinculación
del garante al proceso de responsabilidad fiscal no es a título de acción
por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, con fundamento
en lo expuesto por la jurisprudencia de esta Corporación. Así mismo, que
antes de la expedición de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1081 del Código
de Comercio es el que ha servido de parámetro para determinar si el ente
de control fiscal ejerció en oportunidad el derecho previsto en el artículo
44 de la Ley 610 de 2000.
También es oportuno recordar que, como lo ha señalado la Corte
Constitucional54, (…) el antecedente se refiere a una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas
similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que
contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador (…).
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso
(…)”.
En este caso, el a quo aplicó un antecedente jurisprudencial del órgano
de cierre de esta jurisdicción para resolver el caso objeto de examen
utilizando una tesis que, no sobra destacar, es la que ha sido expuesta
por esta Sección de forma consistente en otras providencias, verbigracia,
en sentencia del 15 de diciembre de 202355, en la que también se expresó
que, antes de la expedición de la Ley 1474, para determinar si operó la
prescripción de la acción derivada del contrato de seguro debe acudirse
54
Corte Constitucional. Sentencia T- 102 del 25 de febrero de 2014.
55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 15 de diciembre de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación
nro. 25 000 23 24 000 2012 00588 02.
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al artículo 1081 del Código de Comercio, pues no se trata de una
vinculación por responsabilidad fiscal, ni de una acción de cobro coactivo,
sino de una acción derivada del contrato de seguros.
En cuanto al argumento de que en sede judicial es posible apartarse del
precedente siempre que se expongan las razones de ello y que tampoco
se estaba ante una sentencia de unificación atendiendo lo previsto por el
artículo 270 del CPACA, la Sala recuerda que “(…) la labor judicial que
llevan a cabo los órganos se cierre, como son la Corte Constitucional, el
Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o
fijan el alcance de una disposición normativa, crean reglas y subreglas
jurisprudenciales que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces al
momento de resolver los casos concretos”56; por ende, son vinculantes
para los demás jueces que forman parte de esta Jurisdicción, cuando se
evidencie que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente, y, si bien es cierto, las sentencias de unificación
jurisprudencial tienen fuerza vinculante, no se trata de las únicas
providencias que pueden ser tenidas como precedente judicial, “... pues
las demás decisiones de los órganos de cierre pueden contener reglas
sobre la aplicación de normas en casos precisos, que bien pueden ser
exigibles como precedentes sobre otros casos que sean análogos o
similares, lo cual encuentra justificación en la necesidad de garantizar la
eficacia de principios derechos fundamentales”57.
Con todo, la Sala advierte que la razón por la que se debe confirmar lo
decidido por el a quo no radica en la existencia o no de un precedente del
Consejo de Estado, sino en que la tesis esbozada en la providencia motivo
de apelación se acompasa con la disposición legal aplicable al caso, por lo
que este reproche tampoco prospera.
56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de febrero de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 68 001 23 31 000 2004 00491 01.
57
Ibidem.
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Corolario de lo explicado, la Sala concluye que no le asiste razón al
recurrente en los reproches formulados, razones por las cuales hay lugar
a confirmar la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, por estar desvirtuada la legalidad de los
actos acusados en cuanto vincularon a la sociedad QBE Seguros S.A. al
proceso de responsabilidad fiscal, con ocasión de los amparos contratados
mediante las pólizas nros. 92100000277 y 121100000022.
5.5. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA estableció que, “salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (…)”. A su vez, el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, lo adicionó en el siguiente sentido: “en todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, no
obstante, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera
instancia, - 29 de septiembre de 2016-, esta última modificación no
estaba vigente.
Conforme con lo previsto por el artículo 365 del Código General del
Proceso, la condena en costas está sujeta, entre otras, a las siguientes
reglas: - se condenará a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; - debe ordenarse en
la sentencia o en el auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella,
y - solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.
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Como lo ha expuesto esta Sección58, el criterio objetivo valorativo de la
condena en costas implica que es objetivo, es decir, no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino
que es el resultado de su derrota en el proceso o en el recurso propuesto,
y valorativo, porque se requiere que en el expediente el juez revise si las
mismas se causaron y en la medida de su comprobación, el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro de éste.
Atendiendo las normas señaladas en precedencia, se condenará en costas
en esta instancia a la parte actora, dado que le será resuelto
desfavorablemente el recurso.
Para ello, está acreditado que, la Contraloría General de la República
acudió a este proceso por conducto de apoderado. En consecuencia, se
dará aplicación a lo establecido por el Acuerdo nro. 1887 del 27 de agosto
de 200359, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que
estableció las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
Contencioso Administrativos, en el capítulo tercero del artículo sexto, y
se impondrá su favor, el pago de la suma equivalente a un salario mínimo
mensual legal vigente a cargo de la parte actora60.
Por último, dado que no está demostrada la causación de gastos
procesales, esta Sala no condenará en costas por dicho concepto.
58
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
4 de febrero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
25000234100020150018001.
59
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
60
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de septiembre de
2016 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la
demanda, por las razones explicadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Contraloría General de la República a pagar
por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un salario
mínimo legal mensual vigente a favor de la parte actora.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
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consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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