Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00456-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00456-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2012-00456-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 05001 23 31 000 2012 00456 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Demandado: Contraloría General de Medellín y otro
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prescripción de la acción derivada del contrato de seguro
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de
los actos acusados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Contraloría General de
Medellín y por el municipio de Medellín en contra de la sentencia proferida el 11 de
septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Descongestión, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La Previsora S.A. actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 85 del Decreto
01 del 2 de enero de 19841, interpuso demanda en contra de la Contraloría General de
Medellín y el municipio de Medellín, para ello formuló las siguientes pretensiones2:
“[…] Que se declare nulo el titulo ejecutivo complejo de condena, proferido en el proceso
fiscal radicado 028-2007, el acto jurídico complejo compuesto por:
1. Auto nro. 029 de 2011, por el cual se resuelve un recurso de apelación, es nulo por
violación al principio de legalidad, falsa motivación y por abuso de poder.
2. Que se declare nulo el Auto nro. 299 de 1/08/2011, por el cual se resuelve un recurso
de reposición dentro del proceso, en tanto el mismo tiene interpretación errada de la
normatividad relacionada con el contrato de seguro.
3. Que se declare la nulidad del Fallo con Responsabilidad Fiscal Nro. 095 de
22/03/2011, en tanto el mismo es nulo por desviación de poder por parte del ente de
control, interpretación errada de la normatividad, el contrato de seguros y las pruebas
obrantes en el expediente.
1 Por la cual se expide el Código Contencioso Administrativo.
2 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 00.
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
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4. Que se envíe copia de la sentencia al agente del Ministerio Público a quien competa
ejercer la vigilancia del Departamento de Antioquia – Contraloría General de Antioquia,
y/o Contraloría General de Antioquia (sic), con el fin de que de estricto cumplimiento
al mandato contenido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
5. Que se dé cumplimiento a la sentencia respectiva, en los términos de los artículos 176,
177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
6. Que se condene en costas y agencias en derecho a la CONTRALORÍA GENERAL DE
MEDELLÍN Y AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
[…]”. (mayúsculas originales)
Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
El demandante consideró que, con la expedición de los actos acusados se vulneraron los
artículos 2, 4, 6, 13, 25, 29 y 125 de la Constitución Política; 44 de la Ley 610 de 20003 y
57 del Código de Procedimiento Civil.
Como cargos de violación invocó los siguientes:
(i) Ilegalidad del acto jurídico
Alegó que se vulneró el principio de legalidad por vincular a la Previsora S.A. al proceso
de responsabilidad fiscal, y consideró que se hizo una interpretación jurídica errada de la
obligación del tercero civilmente responsable, sin tener en cuenta las condiciones de
aseguramiento pactadas en el contrato de seguro y las de obligatorio cumplimiento
establecidas en el Código de Comercio.
(ii) Falsa motivación
Aseveró que hubo falsa motivación sobre las circunstancias de hecho y de derecho que
justificaron la vinculación de La Previsora al proceso y del acto administrativo que definió
su calidad de responsable fiscalmente por afianzar la conducta del servidor público.
Adujo que la conducta que generó el daño patrimonial no era objeto de afianzamiento
bajo el Contrato de Seguro 1010013, pues este corresponde a un riesgo llamado
Infidelidad de Riesgo Financiero, el cual no afianza el actuar irregular de los funcionarios,
de conformidad con las exclusiones del contrato.
(iii) Abuso de poder
Manifestó que, aunque La Previsora S.A. compañía de seguros no ampara los hechos
objeto de reproche, en el hipotético evento que lo hiciera tampoco tendría responsabilidad
alguna por la configuración a su favor de la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro, con fundamento en el artículo 1081 del Código de Comercio.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Contraloría General de Medellín, actuando por conducto de apoderado
contestó la demanda en oportunidad y se opuso a las pretensiones4.
3 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías.
4 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
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Afirmó que, el ente de control actuó en el marco de los deberes constitucionales al buscar
el resarcimiento del perjuicio ocasionado al erario por la conducta irregular desplegada
por un gestor fiscal adscrito a la empresa Emtelco.
Alegó que, establecido el hecho dañino, se determinó que la conducta del trabajador
estaba amparada, entre otros, bajo el Contrato de Seguro 1001013 correspondiente al
cubrimiento de infidelidad y riesgos financieros suscrito por EPM con la compañía de
seguros La Previsora S.A., vigente desde febrero de 2005 y que la vinculación al proceso
de responsabilidad fiscal se hizo de conformidad con lo ordenado por el artículo 44 de la
Ley 610 de 2000.
En cuanto al primer cargo, afirmó que no existe ilegalidad alguna para la vinculación al
proceso, toda vez que la responsabilidad del garante se ciñó a las condiciones de
aseguramiento pactadas y que la conducta que generó el daño fiscal estaba afianzada
con dicha póliza.
Respecto del segundo cargo, indicó que no hubo error en el llamamiento que se le hizo a
La Previsora con base en el contrato de seguro de infidelidad y riesgos financieros, pues
el actuar doloso del funcionario de Emtelco generó un daño patrimonial a la empresa, y
no hay una interpretación extensiva ni por fuera del Contrato 1001013 al llamar a la
Previsora como tercero civilmente responsable, para que responda de conformidad con
las condiciones contractuales pactadas, acorde con el monto y deducibles pactados.
Frente al tercer cargo, indicó que no operó la prescripción y que los hechos materia de
investigación fiscal ocurrieron el 21 de octubre de 2005, la Contraloría ordenó la apertura
del proceso de responsabilidad fiscal el 19 de julio de 2008, y el fallo fue emitido el 22 de
marzo de 2012, por lo que, entre la apertura del proceso y el fallo corrieron 3 años y 9
meses aproximadamente, y no cinco años.
Consideró que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados y solicitó
se denegaran las pretensiones.
1.2.2. El municipio de Medellín actuando por conducto de apoderado, contestó la
demanda en oportunidad y se opuso a las pretensiones5.
En cuanto al cargo de ilegalidad, indicó que el hecho de que no se expresara la proporción
que debía cubrir la compañía aseguradora no generaba vicio, debido a que las garantías
son algo accesorio y no principal.
Frente al cargo de falsa motivación, precisó que el hecho de que se haya determinado
que la cuantía objeto de investigación fuera de más de 600 millones no significaba que el
acto administrativo fuera nulo, sino que al momento de la exigibilidad la compañía
aseguradora podía demostrar que la obligación solo era exigible hasta ese valor, por lo
tanto, no hubo motivación insuficiente, ni falsa motivación.
Formuló como excepciones, la falta de legitimación en la causa por pasiva; compromiso o
cláusula compromisoria; inexistencia de causales de nulidad de los actos administrativos;
obligación de La Previsora S.A. de garantizar la obligación; inepta demanda; no hay lugar
a restablecimiento del derecho; inexistencia de la obligación; falta de causa para pedir;
buena fe y las genéricas.
5 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
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I. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 11 de septiembre de 2015
dispuso6:
«[…] PRIMERO. SE DECLARAN no probadas la (sic) excepciones propuestas por el
Municipio de Medellín - Contraloría General de Medellín, de conformidad con las
consideraciones precedentes.
SEGUNDO. SE DECLARA la nulidad parcial del Fallo de responsabilidad fiscal N°
095 del 22 de marzo de 2011, del Auto N° 299 del 01 de agosto de 2011 que resuelve
un recurso de reposición, y del Auto No. 029 de 2011, por medio del cual se resuelve
un recurso de apelación; actos todos expedidos por la Contraloría General de Medellín,
específicamente en lo atinente a que La Previsora S.A. debe pagar la indemnización
pecuniaria impuesta en el artículo primero del Fallo de responsabilidad fiscal al señor
James Beltrán Ramirez en su calidad de servidor de EMTELCO S.A., con ocasión de la
póliza No. 1001013; en el evento de que se hayan pagado sumas dinerarias deberán
devolverse las mismas debidamente indexadas de acuerdo con la fórmula señalada en
la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO. No se condena en costas como lo prevé el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo, por cuanto no aparecen causadas.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
Para decidir comenzó por referirse a las excepciones propuestas por el municipio de
Medellín, y, específicamente frente a la alegada falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Contraloría General de Medellín, precisó lo siguiente:
«[…] el Consejo de Estado desde el año 20027 rectificó tal posición en el sentido de
indicar que la personalidad jurídica de las contralorías territoriales radica en el ente
territorial del cual hacen parte, independiente de que la entidad de control, por medio del
Contralor pueda intervenir para que defienda sus actuaciones. En consecuencia, en el
caso bajo estudio el municipio de Medellín es la entidad de cuya personalidad jurídica
hace parte la Contraloría General de Medellín, entendiéndose que acude como municipio
de Medellín. Contraloría General de Medellín, siendo por ende claro que debe
comparecer al presente proceso, por lo que se niega tal medio de defensa […]».
Con relación a la excepción de cláusula compromisoria precisó lo siguiente: «en el sentido
de que en la póliza 1001013 de la Previsora, se pactó que las divergencias surgidas con
ocasión del contrato de seguro serían resueltas por un tribunal de arbitramento, se señala
que el numeral 28 del negocio jurídico efectivamente incluyó tal estipulación, pero
especificando que se circunscribía a las partes del contrato, encontrando que la
Contraloría General de Medellín – entidad que emitió los actos sometidos a control de
legalidad- no figura en ningún apartado ni como asegurado, beneficiario o tomador, por
lo que no tiene ninguna vocación de prosperidad esta excepción».
Al descender al examen del caso, hizo referencia al proceso de responsabilidad fiscal y
al contrato de seguro, así como al acervo probatorio y precisó que la discusión se
circunscribía a establecer si la póliza 100103 tenía o no cobertura para el respectivo
riesgo o si se configuraban algunas de las censuras señaladas en la demanda,
especialmente la prescripción.
Analizó que en la actuación fiscal se identificó a los terceros civilmente responsables,
esto es, a La Previsora S.A. en virtud de la póliza 1001013 del 14 de febrero de 2005
vigente del 14-02-05 al 14-05-06 y del 14-05-2006 al 14-05-2007 por valor de
6 Folios 641 a 651 del cuaderno principal de la primera instancia.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Auto del 7 de marzo de 2002. Expediente 1494-01.
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$7.500.000,000, y a la sociedad QBE Seguros S.A., los cuales manifestó habían sido
vinculados en el auto de imputación, con fundamento en lo previsto por el artículo 44 de
la Ley 610 de 2000.
Abordó en primer lugar, la censura referente a la prescripción invocada por La Previsora
S.A., que alegó que se presentó tal fenómeno «en tanto que ha debido aplicarse el
artículo 1081 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual este solamente se
interrumpe con la presentación de la demanda, y no con la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal como lo interpretó el órgano de control territorial», mientras que la
Contraloría aseguró que para la aplicación de la prescripción debía aplicarse el artículo 9
de la Ley 610 de 2000 contados los cinco años desde la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal.
Para ello, estimó necesario distinguir la forma de vinculación al proceso fiscal de la
aseguradora, y precisó que, dado que lo fue en calidad de tercero civilmente responsable
con ocasión del contrato de seguros, como lo ha señalado el Consejo de Estado en casos
análogos8, debía aplicarse el artículo 1081 del Código de Comercio.
Advirtió también que, tratándose de responsabilidad civil derivada del contrato de seguros
en procesos de responsabilidad fiscal debe contabilizarse la prescripción ordinaria de dos
años a partir de la apertura de la investigación, y para ello citó lo dicho por esta
Corporación9.
Concluyó que, le asistía razón a La Previsora S.A. en el sentido de que era con
fundamento en el artículo 1081 del Código de Comercio que debía determinarse si el ente
de control había ejercido en término oportuno el derecho previsto en el artículo 44 de la
Ley 610 de 2000 para vincular a la aseguradora como tercero civilmente responsable en
el proceso de responsabilidad fiscal, debiendo contarse la prescripción ordinaria de dos
años desde la apertura de la investigación.
Aseguró que, como en el caso el auto nro. 291 de apertura de la investigación fue
proferido el 19 de julio (sic) de 2008 y que el fallo de responsabilidad fiscal se emitió el
22 de marzo de 2011, ello permitía deducir que se superó el término de la prescripción
ordinaria de la responsabilidad civil derivada del Contrato de Seguro 1001013, por lo que,
sin necesidad de otras consideraciones, había lugar a declarar la nulidad parcial de los
actos acusados y quedaba relevada del estudio de los demás cargos, declarando
imprósperas las demás excepciones formuladas por el municipio de Medellín.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
3.1. El municipio de Medellín10
Fundamentó los motivos de la apelación así:
(i) “Litisconsorcio necesario”: Manifestó que la Contraloría no inicia un proceso de
responsabilidad fiscal para quedarse con los dineros de la compañía aseguradora o para
que el responsable fiscal pague, sino para entregarlo a la entidad a la cual pertenecen.
8 Para ello citó la siguiente sentencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia del 18 de marzo de 2010. C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Expediente radicación
2004-00529-01.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 15 de agosto
de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente radicación 50001 23 331 000 2003 00085 02.
10 Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
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Argumentó que la decisión del a quo afectaba a Emtelco S.A. y a las Empresas Públicas
de Medellín, entidades que debían devolver los dineros, por lo que solicitó fuera declarada
la nulidad de lo actuado y se notificara en debida forma a Emtelco S.A. y a Empresas
Públicas de Medellín para que se hiciera parte del proceso y pudiera ejercer su derecho
de defensa11.
(ii) “La Contraloría sí tiene personería jurídica”: alegó que conforme al artículo 272 de la
Constitución Política, las contralorías tienen autonomía administrativa y presupuestal, y,
por ende, la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones.
(iii) “Compromiso y cláusula compromisoria”: sostuvo que la póliza señaló que cualquier
diferencia que se presentara entre las partes debía solucionarse de común acuerdo y si
no se lograba se debía resolver por un tribunal de arbitramento, por lo que la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa carecía de competencia para conocer de este asunto, ya que,
el numeral 28 de la póliza estableció una cláusula compromisoria y las diferencias que
ocurrieran entre las partes serían resueltas por tres árbitros elegidos de común acuerdo
por las partes o en su defecto por el director del centro de arbitraje de la Cámara de
Comercio de Medellín.
(iv) “La prescripción en este caso es de 5 años y no de 2 años”: cuestionó que el tribunal
haya considerado que la prescripción del contrato de seguro es de dos años. Precisó que
conforme con el artículo 1081 del Código de Comercio la prescripción ordinaria es de 2
años y la extraordinaria es de 5 años y que el principal aspecto para determinar cuál se
aplica es el subjetivo, es decir, si se trata o no de una de las partes del contrato de seguro.
Expuso “es decir, si contra quien se establece la prescripción hace referencia al (sic)
alguna de las partes del contrato de seguros, llámese el tomador (Empresas Públicas de
Medellín), el asegurado o el beneficiario (Empresas Públicas de Medellín), la prescripción
es de 2 años. En los demás casos, la prescripción es de 5 años, como ocurre en el
presente caso, en el cual la Contraloría de Medellín, no es ni el tomador, ni el asegurado,
ni el beneficiario”.
(v) “Inexistencia de ilegalidad del acto jurídico”: Manifestó que los actos administrativos
expedidos por la Contraloría fueron proferidos por funcionario competente, se respetó el
derecho de contradicción, no hubo falsa motivación ni desviación de poder, por lo que no
están afectados de nulidad.
Agregó que, el hecho de que pueda existir un error en cuanto al garante de la obligación
no significa que el acto sea nulo, sino que tiene un efecto diferente, como que en el
proceso ejecutivo podría alegarse la inexigibilidad de la obligación.
(vi) “Error de transcripción no da lugar a la nulidad del acto”: Indicó que el demandante
argumentó que al referirse a la póliza global de manejo 1001013 suscrita por La
Previsora, se cometió un error, por expresarse póliza Global de Manejo, cuando se llama
Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros; sin embargo, ello no era óbice para declarar
la nulidad parcial o total de los actos administrativos, pues debe prevalecer la esencia
sobre la forma.
(vii) “Vicio por exclusión de la póliza y conducta no objeto del contrato de afianzamiento”:
indicó que otro argumento que se presentó para declarar la nulidad de los actos acusados
fue la exclusión establecida en el mismo contrato, en el sentido que se excluía la
responsabilidad impuesta al asegurado relacionada directa o indirectamente con
decisiones que resultaran de procedimientos iniciados por la Contraloría, y que en todo,
11 La solicitud de nulidad fue resuelta por el despacho ponente por auto del 31 de julio de 2025 en el sentido
de rechazarla.
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ello no daba lugar a la nulidad total o parcial del acto, sino a que la obligación derivada
del acto administrativo no fuera exigible.
(viii) “Error al interpretar la naturaleza jurídica del tercero civilmente responsable”: insistió
que el tercero civilmente responsable es un garante de la obligación, no el que realizó el
detrimento patrimonial, por lo que, cualquier diferencia de las partes sino se lograba de
común acuerdo debía resolverse por el tribunal de arbitramento, y la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa carecía de competencia para ello.
(ix) “Cuantía del riesgo asegurado”: afirmó que el hecho de que se haya determinado que
la cuantía objeto de investigación fiscal fuera de más de seiscientos millones no
significaba que el acto administrativo sea nulo, y al momento de la exigibilidad la
compañía aseguradora podía defenderse y demostrar que la obligación solo era exigible
hasta ese valor, lo que no generaba ni motivación insuficiente, ni falsa motivación.
(x) “Terminación automática del contrato por presentarse coexistencia”: indicó que en ese
punto existía una contradicción en los argumentos del demandante, pues “de un lado,
hace al principio un paralelo y diferencia entre el contrato de seguro, póliza global de
manejo y el contrato de seguro de infidelidad de riesgos financieros, clarificando que entre
los dos existen diferencias, y que por tanto cubren riesgos diferentes, no existiendo
coexistencia entre los mismos. Y por el otro argumenta que existe coexistencia entre los
mismos y que por tanto hay una terminación automática del contrato”.
(xi) “Obligación de La Previsora de garantizar la obligación” (sic): expuso que la póliza de
infidelidad de riesgos financieros ampara actos dolosos de los trabajadores, como lo
expresó la Previsora al hacer el análisis entre la póliza global de manejo y la póliza de
infidelidad de riesgos financieros y que, dentro del proceso administrativo quedó
plenamente demostrado el dolo con el que actuó el señor James Beltrán y que la póliza
cubre los actos dolosos de los trabajadores.
3.2. La Contraloría General de Medellín12
Recordó que el único concepto de violación del que se ocupó el Tribunal como problema
jurídico fue el de la prescripción y señaló como fundamentos de la apelación los
siguientes:
(i) “Error en la condena en cuanto al sujeto y la suma estimada”
Afirmó que sin tener en cuenta el acervo probatorio, el a quo los condenó erradamente y
que La Previsora S.A. nunca probó que pagó la suma de dinero a la que fue condenada
en el proceso de responsabilidad fiscal.
Alegó que el Tribunal sin ningún estudio profundo optó por considerar que la norma
aplicable al proceso de responsabilidad fiscal era el artículo 1081 del Código de Comercio
y pasó por alto que el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, es la norma especial que regula
el proceso de responsabilidad fiscal.
(ii) “La Contraloría General de Medellín frente al fallo de responsabilidad fiscal”
Cuestionó que el Tribunal en la sentencia de primera instancia haya impuesto a la
Contraloría General de Medellín una indemnización pecuniaria sin establecer suma
alguna.
12Visto en el índice 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
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Consideró que la Contraloría no podía ser “condenada”, dado que si a ella se le hubiera
pagado “la condena” tendría que haberla consignado a la entidad auditada, esto es, a
Emtelco S.A., y que el resarcimiento que se hace en el proceso fiscal se le debe consignar
a la entidad a la que se le produjo el daño.
(iii) “Falta de prueba, prueba inexistente, al momento de la demanda, ni posterior a esta
el demandante había pagado”
Indicó que la parte actora nunca pagó, que incluso se condenó al pago de indexación
desde la fecha en que se impuso la sanción, lo que consideró era suficiente “para solicitar
la revocatoria y declaración de nulidad por desconocimiento del debido proceso” de la
sentencia proferida el 11 de septiembre de 2015.
(iv) “Insistencia de argumentos exonerativos”
Señaló que la primera instancia desconoció que la póliza de infidelidad y riesgos
financieros cubría los actos dolosos de los trabajadores y la de manejo global los alcances
fiscales.
Sostuvo que a La Previsora S.A. se le respetaron los derechos y su vinculación se hizo
como lo ordena el artículo 44 de la Ley 610 de 2000.
Cuestionó que en el concepto de violación se solicitó la nulidad de los actos, pero que
por ejemplo el auto de imputación no fue demandado; frente al fallo de responsabilidad
fiscal, que no es cierto que la Contraloría tuviera una interpretación forzada o equivocada
del Contrato de Seguro 1001013, puesto que está probado que se trata de un seguro de
infidelidad de riesgos financieros y la cobertura tenía, entre otros, “actos dolosos de los
trabajadores”; la responsabilidad del garante se ciñó a las condiciones de aseguramiento
pactadas y la conducta que generó el daño fiscal estaba afianzada en la póliza y en
ningún momento la Contraloría llamó a las compañías bajo el equívoco de la coexistencia
de seguros.
Dentro de los varios argumentos expuestos, se destaca que manifestó que los hechos
materia de investigación fiscal se presentaron el 21 de octubre de 2005, se ordenó la
apertura del proceso de responsabilidad fiscal el 19 de julio de 2008 y el fallo fue emitido
el 22 de marzo de 2012, por lo que solo transcurrieron 3 años y 9 meses, y no había lugar
a aplicar la prescripción y que tampoco era de recibo el argumento de que solo opera la
prescripción con la presentación de la demanda en los términos del artículo 90 del C.P.C.
y que se actuó con fundamento en la Ley 610 de 2000, norma especial que orienta el
proceso de responsabilidad fiscal.
(v) “Petición de revocatoria de la sentencia 0071 de 2015
Primero, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia por violación del debido
proceso, “toda vez que condenó a la Contraloría General de Medellín con una suma de
dinero que no corresponde con la realidad, porque el demandante nunca para el año
2011 pagó a esta entidad por concepto del proceso de responsabilidad fiscal 028 de
2011”.
Segundo, porque de haberse resarcido el perjuicio por parte del demandante, en el año
2011, tanto este como sus indexaciones se le habrían consignado a la entidad Emtelco
S.A. que sería la beneficiada con el pago.
Tercero, que “La Previsora S.A. al no pagar dentro del proceso 028 de 2007, se le
adelantó proceso ejecutivo 008 de 2011, lo que quiere decir que solicitó el resarcimiento
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Demandado: Contraloría General de Medellín y otro
de lo no pagado, por lo que la indexación a que nos condenó tampoco podría ser desde
el año 2011”.
Cuarto, alegó que “La Previsora S.A. demandó también la nulidad y el restablecimiento
del derecho del auto de mandamiento ejecutivo dentro del proceso 008 de 2011, donde
se abrió proceso por no pagar la suma a que fue condenado dentro del proceso 028 de
2007. Lo que demuestra que en este proceso solicitó el restablecimiento de lo que no
había pagado. Mala fe manifiesta”.
Quinto, alegó la “falta de competencia del magistrado para condenar. Porque el que debe
hacer la condena es a quien esté conociendo del proceso ejecutivo ya que fue dentro de
este proceso donde realmente tuvo efecto el pago (…)”.
Por último, manifestó que la supuesta vulneración de los principios del debido proceso,
derecho de defensa y contradicción no tienen sustento fáctico ni jurídico, porque los actos
emitidos fueron debidamente motivados de conformidad con las normas que regulan el
procedimiento de responsabilidad fiscal.
El recurso fue concedido por auto del 16 de diciembre de 201513.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de reparto del 30 de
junio de 201614 y admitido en proveído del 24 de agosto de 201615.
4.2. Por auto del 11 de noviembre de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para rendir concepto16.
4.2.1. El apoderado de la Contraloría General de Medellín, en su escrito insistió en los
argumentos expuestos en el escrito de apelación17.
4.2.2. El apoderado La Previsora S.A. reiteró lo manifestado en primera instancia18.
4.2.3. El apoderado del municipio de Medellín, igualmente, insistió en lo expuesto en la
apelación19.
4.3. El expediente ingresó para fallo el 6 de febrero de 201720.
4.4. Por auto del 5 de agosto de 2021 se ordenó correr traslado a las partes de la solicitud
de nulidad formulada en el escrito de apelación por el municipio de Medellín21.
13 Visto en el índice 61 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 00.
14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
15 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
16 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
17 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
18 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
19 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
20 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
21 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
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4.5. Por auto del 31 de julio de 202522 se rechazó la petición de nulidad presentada por
el municipio de Medellín, específicamente frente al primer punto de la apelación, en lo
relacionado con el litisconsorcio necesario, petición que había sido coadyuvada por la
Contraloría General de Medellín.
4.6. El expediente ingresó nuevamente a despacho para fallo el 25 de agosto de 202523.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución Política, 11, 34 y
36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 85 y 129 del Código Contencioso
Administrativo - Decreto Ley 01 del 2 de enero de 1984 y 13 del Acuerdo 80 del 12 de
marzo de 2019, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
5.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
5.2.1. El auto 095 del 22 de marzo de 2011 expedido por la Contraloría auxiliar de
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría General de Medellín, que
dispuso24:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable fiscalmente al señor JAMES
BELTRÁN RAMÍREZ identificado (…) por el daño o detrimento al patrimonio de la
entidad EMTELCO con NIT (…), dado que fue determinado en la suma $649.909.487.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable a la compañía de seguros La Previsora
S.A. con NIT (…) y QBE Seguros S.A. en calidad de tercero civilmente responsable, por
la suma señalada en el artículo primero de eta providencia, conforme al contrato de
seguro, suscrito con EMTELCO, por las pólizas manejo global, con vigencias así:
(…)
La Previsora S.A.: Póliza Global de Manejo número 1001013, vigencias 14-02-05 al 14-
05-06 y 14-05/2006 al 14-05-2007, suscrita con la compañía de Seguros S.A. por valor
de $7.500.000.000, puesto que en dicha póliza uno de los asegurados es la empresa
EMTELCO.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
5.2.2. El auto 299 del 1 de agosto de 2011, expedido por la Contraloría auxiliar de
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría General de Medellín, «por
medio del cual se resuelve un recurso de reposición dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. 028 del 2007», que dispuso25:
22 Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
23 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 01.
24 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
23 31 000 2012 00456 00. Anexos demanda.
25 Ibidem.
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«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar íntegramente el contenido del fallo 095 del 22
de marzo del 2011, por medio del cual se declaró responsable fiscal al señor James
Beltrán con cédula (…) y como terceros civilmente responsables a las Compañías QBE
Seguros S.A. y la Previsora S.A.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
5.2.3. El auto 029 del 4 de octubre de 2011 proferido por el contralor general de Medellín,
«por medio del cual se resuelve un recurso de apelación», que dispuso26:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el fallo con responsabilidad fiscal 095 del 22 de
marzo del 2011 en contra del señor JAMES BELTRÁN RAMÍREZ, (…) por el daño o
detrimento al patrimonio de la Empresa EMTELCO S.A. (…) determinado en la suma $
649.909.487.
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la declaración de responsabilidad a las compañías
de seguros La Previsora S.A. con Nit (…) y QBE Seguros S.A. en calidad de terceros
civilmente responsables por la suma señalada en el artículo anterior, conforme al
contrato de seguro, suscrito con EMTELCO, por las pólizas de manejo global, con
vigencias, así:
La Previsora S.A. Póliza Seguros de Infidelidad de Riesgos Financieros, número
1001013, vigencias 14-02-05 al 14-05-06, con una cobertura de «Actos dolosos de
trabajadores», suscrita entre EPM y la Previsora S.A., por valor de $ 7.500.000.000.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
5.3. Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen el a quo declaró la nulidad de los actos acusados,
específicamente, en cuanto ordenaron a la Previsora S.A. responder en calidad de
tercero civil con ocasión del Contrato de Seguro 1010013 por el detrimento causado a la
entidad Emtelco, y sustentó su decisión en el único cargo que resolvió, consistente en
que operó la prescripción ordinaria del contrato de seguro.
El municipio de Medellín apeló la decisión, y cuestiona que el tribunal haya considerado
que la prescripción del contrato de seguro era de dos años y no de cinco años, además
de que expuso otros motivos de disenso.
Por su parte, la Contraloría General de Medellín, también controvierte que en el caso
hubiese operado la prescripción del contrato de seguro y estimó que debió aplicarse el
artículo 9 de la Ley 610 de 2000, no el artículo 1081 del Código de Comercio y expuso
otros puntos de disentimiento.
En punto a lo anterior, la Sala analizará si le asistió o no razón al a quo en concluir que
la norma aplicable en materia de prescripción era el artículo 1081 del Código de Comercio
y no el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y, que el término era el ordinario de dos años, no
el extraordinario. En caso de establecerse que no operó la prescripción determinará si le
corresponde o no a esta instancia examinar los demás cargos.
Para dicho efecto, la Sala observa que las actuaciones más relevantes del proceso de
responsabilidad fiscal son las siguientes, lo que se desprende del auto 029 del 4 de
octubre de 2011 «por medio del cual se resuelve un recurso de apelación»:
(i) Mediante comunicación radicada el 5 de septiembre de 2007 ante la Contraloría
General de Medellín, el presidente de la junta directiva de UNE- EPM, solicitó a dicho
26 Ibidem.
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órgano de control se iniciara proceso de responsabilidad fiscal con ocasión del daño
ocasionado a la empresa Emtelco S.A. por parte del funcionario James Beltrán Ramírez,
quien ocupaba el cargo de auxiliar administrativo y financiero, por los siguientes hechos:
«[…] en el mes de octubre del año 2005, la presidencia de la entidad autorizó dar de
baja y por ende poner en venta 55.526 metros de cable telefónico, cuyo valor
comercial a la fecha 18 de enero del 2006, ascendía a la suma de $600.672.348, y
en libros contables a la suma de $208.292.420.
En vista de lo anterior, el Auxiliar Administrativo, James Beltrán Ramírez, haciendo caso
omiso al proceso establecido por la Empresa para la venta de este tipo de bienes, sin
que se surtiera la publicación de apertura del proceso de venta, decidió ofertar
personalmente el cable, saltándose los conductos regulares y los procedimientos
determinados por la Entidad para ello, donde recibió tres (3) propuestas de compra (…).
(…)
A través de resolución de presidencia (…) con fecha 21 de octubre de 2005, se
adjudicó la venta de los 55.526 mts de cable a este oferente WILSON ENRIQUE
RODRÍGUEZ ACOSTA, pero dicho acto administrativo no fue firmado por el
presidente de la Empresa, (…) y le fue notificado telefónicamente por el funcionario
BELTRÁN RAMÍREZ, quien le indicó que debía consignar la suma de $35.000.000 en
una cuenta a nombre de la Compañía EMTELCO S.A. pero solo por 52.970 mts, el
cual ratificó su oferta el 24 de octubre de 2005 (…).
(…) la entidad de acuerdo con las observaciones y sugerencias de la Oficina de Control
Interno y del Ejecutivo de Relaciones Laborales (…) consideró procedente instaurar
demanda por lesión enorme, en razón de que el cable se vendió a $35.000.000 cuando
el valor comercial era de más de 600 millones.
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
(ii) La Contraloría General de Medellín por auto 488 del 25 de septiembre de 2007 inició
la indagación preliminar bajo el radicado 028 de 2007 y por auto 291 del 19 de junio de
200827 se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal contra empleados de
Emtelco por el presunto daño patrimonial a dicha empresa en cuantía de $658.501.048,
entre otros, en contra del señor James Beltrán Ramírez, auxiliar administrativo y
financiero.
(iii) Por auto 411 del 6 de septiembre de 2010 se imputó responsabilidad fiscal al señor
James Beltrán Ramírez, auxiliar administrativo y financiero y en calidad de tercero
civilmente responsable a las compañías de seguros La Previsora S.A. y QBE Seguros
S.A., por cuantía de $490.947.280.
(iv) Mediante auto 095 del 22 de marzo de 2011, la Contraloría auxiliar emitió fallo con
responsabilidad fiscal en contra del señor James Beltrán Ramírez y de las compañías de
seguros La Previsora S.A. y QBE Seguros S.A., en calidad de terceros civilmente
responsables, por valor de $649.909.4387 indexado.
Así mismo, está acreditado que con la póliza 1001013 de seguro de infidelidad de riesgos
financieros cuyo tomador fue Empresas Públicas de Medellín ESP y el asegurado
Empresas Públicas de Medellín ESP con una vigencia del 14-2-2005 al 14-14-5-2005 y
renovada del 14-5-2006 al 14-05-2007, se contrataron los siguientes amparos: extended
coverage; sistemas computarizados, terremoto y/o eventos de la naturaleza y pérdidas
de derecho de suscripción, la cual según se lee en la misma póliza inicial y en la de
renovación tenía las siguientes coberturas: (i) actos dolosos de trabajadores; (ii) pérdidas
dentro de predios o locales; (iii) pérdidas por fuera de predios o locales; (iv) pérdidas por
27 Revisado el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal se observa que la fecha que allí
consta es 19 de junio de 2008, no 19 de julio de 2008 como lo señaló el a quo.
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giros postales y billetes falsificados; (v) pérdida por falsificación de documentos y (vi) una
extensión de cobertura.
Como esta Sección lo ha explicado en varias oportunidades28, la vinculación del garante
al proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza civil, no fiscal, como tercero
civilmente responsable, puesto que está determinada por razones inherentes al contrato
de seguros, por el riesgo amparado.
Lo anterior, con sustento en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 que dispone que, «(…)
cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del
proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía
de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los
mismos derechos y facultades del principal implicado».
La Corte Constitucional, al declarar exequible la citada disposición precisó que 29 «(…)
cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en calidad de
tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal, actúa en
cumplimiento de los mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El papel
que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los
perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor responsable de la gestión
fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza. // Es decir, la vinculación del
garante está determinada por el riesgo amparado (…)».
Ahora bien, para determinar si como lo manifiestan los recurrentes debe acudirse al
artículo 930 de la Ley 610 de 200031 o si como lo señaló el a quo la disposición aplicable
era el artículo 1081 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta que solo con la
entrada en vigor de la Ley 1474, el 12 de julio de 201132, hay lugar a aplicar el artículo 9
de la Ley 610 de 2000, atendiendo a que el artículo 120 de la Ley 1474 dispuso que «las
pólizas de seguros por las cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al
garante en calidad de tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos
en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000».
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de febrero
de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 68001 23 31 000 2004 00491
01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 22 de
octubre de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25000 23 41 000 2012 00418
01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2007
00459 02; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 3 de
octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2003
00054 01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13
de junio de 2019. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro. 25000 23 27 000 2011
00231 01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de
febrero de 2018. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicación nro. 25000 23 24 000 2010
00234 01.
29 Corte Constitucional sentencia C-648 de 2002.
30 El cual dispone que la responsabilidad fiscal prescribirá en cinco años, contados a partir del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en
firme que la declare.
31 “Por la cual es establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencias de las
contralorías”.
32 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública”. Promulgada en el Diario
Oficial nro. 48.128 del 12 de julio de 2011.
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Lo señalado, por cuanto la Ley 610 de 2000 no estableció un término de prescripción
para las pólizas de seguros por las cuales fuera vinculado al proceso de responsabilidad
fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable, vacío que fue superado
por el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011.
Al efecto, esta Sección ha precisado33 que «(…) la vinculación del garante como tercero
civilmente responsable es una forma de acción especial para hacer efectivo el amparo
contratado y por ende puede considerarse como una acción paralela a la de la
responsabilidad fiscal, aunque se surta al interior del mismo proceso, sin que sea posible
equipar las dos prescripciones, cuya naturaleza difiere la una de la otra; toda vez que,
mientras en la del contrato de seguro ésta se configura ante la falta de ejercicio de las
acciones por parte de quienes tienen el interés en reclamar la indemnización, en el caso
de la prescripción de la responsabilidad fiscal, se instituye en el marco de un proceso
fiscal».
En ese contexto, antes de la expedición de la Ley 1474 de 2011, la norma que regulaba
la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro era el artículo 1081 del
Código de Comercio, que dispuso:
«ARTÍCULO 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las acciones
que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser
ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en
que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la
acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas
y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes».
En el caso concreto, la Sala comparte lo explicado por el tribunal de instancia, en el
sentido que la disposición aplicable al caso es el artículo 1081 del Código de Comercio,
no el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, ya que los hechos que dieron lugar al proceso de
responsabilidad fiscal ocurrieron antes de la entrada en vigor de la Ley 1474 de 2011,
esto es, antes del 12 de julio de 2011, puesto que, el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal fue proferido el 19 de junio de 2008, el cual dispuso la vinculación,
entre otros, de la compañía de seguros La Previsora S.A. con ocasión de la póliza de
infidelidad y riesgo financiero 100103.
Así las cosas, dado que el auto de apertura es del 19 de junio de 2008 y el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia fue proferido el 22 de marzo de 2011, es
posible concluir que se superó el término de prescripción ordinaria de la responsabilidad
civil derivada del Contrato de Seguro 1001013.
Ahora bien, el municipio de Medellín alegó que en el caso debía aplicarse la prescripción
extraordinaria de cinco años y no la ordinaria de dos años, porque, en materia de contrato
de seguros solo son partes el asegurador y el tomador, y que la Contraloría tiene carácter
de tercero frente al vínculo inter partes que surge de dicha convención; sin embargo,
aunque parte de una premisa válida sobre las partes en el contrato, de la misma no es
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre
de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25 000 23 41 000 2012 00418 01.
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posible concluir que, en el caso, solo podía computarse la prescripción extraordinaria y
no la ordinaria, pues el concepto de parte no es igual que interesado 34.
Para ello, la Sala se remite a lo explicado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, que, en sentencia del 4 de noviembre de 2021, precisó lo siguiente35:
• La prescripción ordinaria tiene una naturaleza subjetiva, mientras que la prescripción
extraordinaria es de carácter objetivo36:
«[…] En múltiples oportunidades la Corte ha precisado que la prescripción ordinaria se
caracteriza por ser de naturaleza subjetiva, sus destinatarios son todas las personas
legalmente capaces, empieza a correr desde cuando el interesado conoció o debió
conocer “el hecho base de la acción” y el término para su configuración es de dos años,
mientras que la extraordinaria, es de carácter objetivo, corre contra toda clase de
personas incluidos los incapaces, empieza a contarse desde cuando nace el
correspondiente derecho y su término de estructuración es de cinco años.
Dada la amplitud del referido texto normativo, prima facie no es factible circunscribir a
las distintas tipologías de acciones aseguraticias, ninguno de estos modelos de
prescripción en particular. De ahí, que, en principio, todas las acciones derivadas del
contrato de seguro pueden verse afectadas por la prescripción ordinaria cuyo carácter
subjetivo, impone reparar, en cada caso, tanto la calidad de la persona promotora de la
acción, como su posición en relación con el hecho que dio origen a la misma o con el
derecho que persigue, con miras a determinar si su reclamación se rige por aquella o,
en caso contrario, por la extraordinaria, dada la connotación objetiva de la última […]».
• Estas dos formas de prescripción son independientes y autónomas, pueden transcurrir
simultáneamente y adquiere materialización jurídica la que se configure primero; la
misma providencia expuso:
«[…] según se precisó en CSJ SC 29 jun. 2007, exp. 1998-04690-01, estas dos formas
de prescripción son independientes, autónomas y pueden transcurrir simultáneamente,
de modo que, “adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure.
Ahora bien, como la extraordinaria aplica a toda clase de personas y su término inicia
desde cuando nace el respectivo derecho (objetiva), ella se consolidará siempre y
cuando no lo haya sido antes de la ordinaria, según el caso”.
Por otra parte, en CSJ SC 19 feb. 2003, reiterada entre otras en SC130-2018, en punto
al genuino sentido del artículo 1081 del Código de Comercio, se precisó,
(...) "Síguese de lo anterior que, por tanto, no es elemento que sirva para
distinguir esas dos especies de prescripción, que una y otra se apliquen sólo a
ciertas acciones derivadas del contrato de seguro o de las normas que lo regulan,
esto es, que la prescripción ordinaria cobre vigencia únicamente en relación con
determinadas acciones y que la extraordinaria, a su paso, tenga cabida frente a
otras. Como con claridad suficiente lo consagra el inciso 1° del precepto que se
analiza, 'La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro
o de las disposiciones que lo rigen..., de todas ellas por igual, reitera la Corte
'podrá ser ordinaria y extraordinaria. Cabe afirmar, entonces, que todas las
acciones de que se trata son susceptibles de extinguirse ya sea por prescripción
ordinaria, ora por prescripción extraordinaria, y que, por tanto, la aplicación de
una y otra de esas formas de prescripción extintiva depende de la persona que
ejerza la respectiva acción o intente la efectividad de algún derecho y de la
34 Así lo precisó la Sala en sentencia del 28 de noviembre de 2024. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente
radicación: 25 000 23 41 000 2013 02764 01.
35 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de noviembre de 2021. M.P. Octavio
Augusto Tejeiro Duque. Radicación nro. 66001 31 03 003 2017 00133 01.
36 Ibidem.
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Radicado: 05001 23 31 000 2012 00456 01
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Demandado: Contraloría General de Medellín y otro
posición que ella tenga en relación, precisamente, con el hecho que motive la
acción o con el derecho que persigue. (subraya intencional).
[…]». (subraya original de la providencia)
• Por último, la providencia distinguió lo siguiente entre las expresiones «interesados» a
que se refiere la prescripción ordinaria y «contra toda clase de personas» frente a la
prescripción extraordinaria:
«[…] Está fuera de discusión que, en principio, solo son “interesados” las personas que
derivan algún derecho del contrato de seguro, entre los que estarían el asegurador y el
tomador (artículo 1037 C. de Co), así como el asegurado y el beneficiario (art. 1047,
num. 3) (…)”.
(…)
Se memora, además, que el sentido de la expresión “contra toda clase de personas”
contenida en el inciso 3 del artículo 1081 ejusdem, no hace referencia a los terceros,
como lo afirman los recurrentes, pues tal y como lo ha analizado la Corte al tamiz de los
artículos 2530 y 2541 del Código Civil, con esa expresión se entiende que la prescripción
extraordinaria corre incluso en contra de los incapaces. Así, en CSJ SC 3 may. 2000,
exp. 5360, dijo la Sala,
Puntualización adicional requiere la distinción entre una y otra especie de
prescripción, por cuanto a términos del referido artículo 1081 del C. de Co., los
cinco años que se exigen para la extraordinaria correrán "contra toda clase de
personas"; mandato este último cuyo alcance definió la Corte al sostener que "La
expresión contra toda clase de personas' debe entenderse en el sentido de que
el legislador dispuso que la prescripción extraordinaria corre aún contra los
incapaces (artículo 2530 numeral 1° y 2541 del C.C.), así como contra todos
aquellos que no hayan tenido ni podido tener conocimiento..." del hecho que da
base a la acción (sentencia citada de 7 de julio de 1977), esto es, en los casos
de los ejemplos analizados, que el término de la prescripción extraordinaria
corre, según el evento, desde el día del siniestro, o desde cuando se perfeccionó
el contrato viciado por una reticencia o inexactitud, háyase o no tenido
conocimiento real o presunto de su ocurrencia, y no se suspende en ningún caso,
como si sucede con la ordinaria (artículo 2530 del C.C.). (...).
Resulta por ende de lo dicho, que los dos años de la prescripción ordinaria corren
para todas las personas capaces, a partir del momento en que conocen real o
presuntamente del hecho que da base a la acción, por lo cual dicho término se
suspende en relación con los incapaces (artículo 2541 C.C.), y no corre contra
quien no ha conocido ni podido o debido conocer aquél hecho; mientras que los
cinco años de la prescripción extraordinaria corren sin solución de continuidad,
desde el momento en que nace el respectivo derecho, contra las personas
capaces e incapaces, con total prescindencia del conocimiento de ese hecho,
como a espacio se refirió, y siempre que, al menos teóricamente, no se haya
consumado antes la prescripción ordinaria.
[…]». (subrayas ajenas)
Por lo explicado, no le asiste razón a la parte recurrente en el sentido de que debió
computarse la prescripción extraordinaria, dado que, la prescripción que primero se
consolidó fue la ordinaria de dos años, y contabilizado desde que La Previsora S.A. fue
vinculada al proceso de responsabilidad fiscal en calidad de tercero civilmente
responsable, esto es, el 19 de junio de 2008 y que el fallo de responsabilidad fiscal de
primera instancia fue expedido el 22 de marzo de 2011, por auto del 1 de agosto de 2011
se resolvió el recurso de reposición y por auto del 4 de octubre de 2011 se decidió la
apelación, se concluye que transcurrieron más de los dos años a que se refiere el artículo
1081 del Código de Comercio.
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De otro lado, frente a los reproches formulados por la Contraloría General de Medellín
que intituló «error en la condena en cuanto al sujeto pasivo y la suma estimada»; «la
Contraloría General de Medellín frente al fallo de responsabilidad fiscal» y «falta de
prueba, prueba inexistente, al momento de la demanda, ni posterior a esta el demandante
había pagado», la Sala advierte que, mediante auto del 31 de julio de 2025 el despacho
sustanciador puso de presente que «(…) el pago al que aludió la apoderada de la
Contraloría General de Medellín en su escrito de apoyo a la solicitud de nulidad,
corresponde al que se efectuó con ocasión del trámite del procedimiento de cobro
coactivo adelantado en contra de la aseguradora, pago que se ordenó reintegrar por lo
decidido en el proceso 2014 00184 00, cuyo objeto es distinto al del presente asunto, al
cual subyace una relación jurídico sustancial formalmente distinta entre las partes».
En consecuencia, estos reproches de la alzada no tienen vocación de prosperidad.
Corolario de lo señalado, será confirmada la decisión de primera instancia que accedió a
las pretensiones de la demanda, por estar desvirtuada la legalidad de los actos acusados
en cuanto vincularon a La Previsora S.A. compañía de seguros al proceso de
responsabilidad fiscal, sin que sea necesario descender a los demás puntos de la
apelación.
Por último, conforme a lo previsto por el artículo 171 del Código Contencioso
Administrativo y la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se
evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que no se condenará en
costas en esta instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, según las razones
analizadas en la parte considerativa.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la
presente providencia.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 4 de diciembre
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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