Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2011-00850-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Derechos antidumping: constituyen una clase de tributos aduaneros
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2011-00850-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2011-00850-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
17 de mayo de 2018
DERECHOS ANTIDUMPING – Constituyen una clase de tributos aduaneros / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Secciones Primera y Cuarta, de 17 de febrero de 2011, Radicación 25000-23-27-000-2010-00035-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 13 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-27-000-2009-00048-00(18033), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez; y 28 de agosto de 2013, Radicación 08001-33-31-009-2010-00294-01(18825), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez.
REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO – Notificación
Ante la omisión de la liquidación de los derechos antidumping, la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – División de Gestión de Fiscalización – G.I.T. de Investigaciones Aduaneras, formuló el requerimiento especial aduanero N° 1-03-238-419-434-4 del 27 de febrero de 2009, frente a la declaración de importación N° 23030013497707 del 3 de enero de 2007 presentada por Consultores Profesionales Aduaneros S.A. […] Luego de notificado el anterior requerimiento a Consultores Profesionales Aduaneros S.A. y al importador SONOPRINTER S.A., y después de transcurrido el término de 15 días previsto en el artículo 510 del Decreto 2586 de 1999 sin recibir respuesta, mediante auto del 23 de abril de 2009 la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – División de Gestión de Fiscalización dispuso tener como pruebas los documentos que reposan en el expediente N° RA 2007 2009 0372 y remitir el mismo a la División de Gestión de Liquidación para lo de su competencia.
OBLIGACIÓN ADUANERA – Por la no liquidación y pago de los derechos antidumping / PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS / PÓLIZA DE GARANTÍA ADUANERA / DERECHOS ANTIDUMPING / LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Configuración del siniestro / SINIESTRO - Se da cuando se formula la liquidación oficial de corrección / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Posturas divergentes, disimiles o diferentes entre secciones cuarta y quinta (descongestión)
Al respecto esta Sección anuncia, de forma comedida y respetuosa, que no comparte las razones expuestas por la Sección Cuarta en la sentencia del 19 de marzo de 2015, pues de una lectura cuidadosa del contrato de seguros, a luz de los artículos 1054, 1057, 1072 y 1073 del Código de Comercio, se advierte que el siniestro, esto es, la realización del riesgo asegurado, tuvo lugar durante la vigencia de la póliza, y por consiguiente la misma sí puede afectarse. […] Al analizar armónicamente el objeto de contrato y su cláusula cuarta, se advierte que lo garantizado fue el pago de sanciones o tributos por el incumplimiento de obligaciones aduaneras, pero no por la simple circunstancia de que se haya incurrido en la infracción, sino que respecto de ésta exista una decisión definitiva que declare el incumplimiento, y por ende, que imponga el pago efectivo del tributo y/o sanción, de lo contrario, las partes no habrían hecho énfasis en qué momento se presenta el siniestro, es decir, la realización del riesgo asegurado. Lo anterior, porque pólizas de cumplimiento como las destacadas, expresamente garantizan el pago de tributos como consecuencia del incumplimiento de obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la actividad de intermediación aduanera, para lo cual en criterio de esta Sección no basta la comisión de la infracción, sino la declaratoria de la misma y la emisión de la decisión de fondo correspondiente previa garantía del debido proceso, esto es, que se imponga efectivamente el pago del tributo, momento en el que sin lugar a dudas se verifica la configuración del riesgo. En ese orden de ideas, para la Sala es incorrecto predicar (como lo hizo el A quo y la Sección Cuarta de esta Corporación), que el riesgo asegurado corresponde a la simple omisión de la obligación aduanera, esto es, el instante en que se dejaron de pagar y liquidar los derechos antidumping, pues resulta necesario distinguir que una cosa es la comisión simple de la conducta reprochada y otra muy distinta que la autoridad competente declare el incumplimiento e imponga los mayores tributos aduaneros a pagar a través de la liquidación oficial de corrección, en tanto fue este último evento el garantizado en la referida póliza. Tan es así, que con posterioridad al momento en que tuvo lugar la comisión de la infracción aduanera (cuando se presentó la declaración de importación) la DIAN efectúo varios requerimientos, que la agencia de intermediación tuvo la oportunidad de cumplir liquidando y pagando los derechos antidumping, lo que hubiere evitado la posterior declaratoria de incumplimiento a través de la liquidación oficial de corrección, y por ende, que se hubiese hecho efectiva la póliza. […] Por lo tanto, se tiene que cuando se dictó la liquidación oficial de corrección, la póliza de cumplimiento se encontraba vigente, toda vez que aquélla se profirió el 14 de mayo de 2009 y el periodo de la garantía fue del 16 de junio de 2008 al 16 de septiembre de 2009. De manera tal que contrario a lo establecido por el A quo, el siniestro sí tuvo lugar durante la vigencia de la garantía, en consecuencia, resulta errónea la decisión de declarar la nulidad de los actos acusados en cuanto dispusieron hacer efectiva la póliza de cumplimiento N° 00009664 tomada por Consultores Profesionales Aduaneros S.A.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 19 de marzo de 2015, Radicación 76001-23-31-000-2010-01218-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez.
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE SEGURO – No configuración
[T]ampoco hay lugar a considerar que acaeció el fenómeno de la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio, pues en la misma decisión que se impuso el pago del tributo, y por ende, en el momento que en tuvo lugar el siniestro, se ordenó hacer efectiva la póliza, declaraciones que se realizaron durante la vigencia de la misma, contrario a lo indicado por el A quo, que bajo un criterio que no comparte esta Sala Decisión, estimó que el siniestro se configuró cuando se presentó la declaración de importación, ante lo cual se recuerda que no basta con la eventual comisión de una infracción aduanera, sino que se requiere su declaración por la autoridad competente previa garantía del derecho fundamental al debido proceso del presunto infractor.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 328 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 512 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1054 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1057 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1072 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1073 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1081
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00850-01
Actor: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia de segunda instancia.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 13 de marzo de 2013 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda
El 5 de febrero de 2010, SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., a través de apoderado judicial presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (en adelante DIAN), por formular liquidación oficial de corrección a la declaración de importación presentada a nombre del importador SONOPRINTER S.A. y hacer efectiva la póliza de cumplimiento N° 00009664 tomada por Consultores Profesionales Aduaneros S.A.
1.1. Pretensiones
Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 1138 del 14 de mayo de 2009 expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, por la cual se profiere liquidación oficial de corrección a nombre del importador SONOPRINTER S.A., por la suma de $518.619.548.
Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 10004 del 14 de agosto de 2009 por la cual se resolvió el recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1138 del 14 de mayo de 2009.
Tercera: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se condene a la DIAN a restituir “lo que pague o llegare a pagar la sociedad Segurexpo S.A., por la ejecución o exigibilidad de las resoluciones demandadas”.
Cuarta: Que las condenas a que haya lugar sean indexadas en los términos del artículo 177 del C.C.A.
Quinta: Que se condene en costas a la entidad demandada.
1.2. Hechos
La parte demandante expuso los siguientes:
Señaló que el 16 de abril de 2008 SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. y Consultores Profesionales Aduaneros S.A., suscribieron un contrato de seguro, instrumentalizado en la póliza N° 00009664, con el fin de garantizar el pago de los tributos y sanciones aduaneras comprendidas entre el 16 de abril de 2008 hasta el 15 de julio de 2009.
Indicó que 28 de abril de 2008 mediante el certificado de modificación N° 16803, se aclaró que la vigencia de la póliza era del 16 de abril de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2009.
Relató que el 3 de enero de 2007 Consultores Profesionales Aduaneros S.A., presentó la declaración de importación con autoadhesivo N° 2303001349770-7 a nombre de SONOPRINTER S.A., la cual cubre las mercancías declaradas bajo la subpartida arancelaria N° 61.15.96.00.00.
Destacó que el 2 de agosto de 2007, la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN, le solicitó a Consultores Profesionales Aduaneros S.A., allegar en el plazo no inferior a 15 días hábiles, “las declaraciones de correcciones liquidando además de los derechos antidumping la sanción e intereses de mora correspondientes, respecto de las declaraciones de importación que nacionalizaron mercancías clasificadas en las subpartidas arancelarias determinadas en la Resolución N° 022 de 2006, proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.
Precisó que la sociedad antes señalada solicitó una prórroga para la entrega de la información solicitada, la cual fue aceptada mediante oficio N° 63.00.305-00653 del 31 de agosto de 2007.
Narró que después de que la documentación requerida fue enviada, la mencionada subdirección mediante oficio radicado el 2 de enero de 2008, remitió los antecedentes del caso a la Administración Especial de Aduanas, con el fin de que desarrollara la investigación pertinente, la cual inició mediante auto N° 134-372 del 25 de febrero de 2009, suscrito por el “Jefe del GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá”, dentro del expediente N° RA 07 09 372.
Aseveró que la división antes señalada formuló el requerimiento especial aduanero de liquidación oficial de corrección N° 01-03-238-419-434-4-0751 del 27 de febrero de 2009, a Consultores Profesionales Aduaneros S.A., para que “presente declaración de corrección liquidándose los tributos aduaneros dejados de cancelar, más la correspondiente sanción e intereses contemplados en los artículos 482, 543 y 544 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario y la Circular 138 de septiembre de 1994” por un valor de $518.619.548, adicionándole los intereses.
Manifestó que SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. no fue notificada de la anterior decisión, a pesar de su condición de tercero interesado en virtud del contrato de seguro que suscribió con Consultores Profesionales Aduaneros S.A.
Subrayó que luego de surtido el periodo probatorio correspondiente, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá profirió la Resolución N° 03-241-201-639-3001-00-1138 del 14 de mayo de 2009, por la cual se profiere liquidación oficial de corrección a la declaración presentada a nombre del importador SONOPRINTER S.A., por la suma de $518.619.548. Además, ordenó la autoliquidación de los intereses moratorios y hacer efectiva la póliza de cumplimiento N° 00009664 expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
Relató que contra la anterior decisión se presentó recurso de reconsideración que fue resuelto por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, mediante la Resolución N° 10004 del 14 de agosto de 2009, que modificó los numerales 1° y 3° de la Resolución N° 1138 del 14 de mayo de 2009, en cuanto a la suma que fue ordenada liquidar, fijándola en $471.472.316, “considerando que no es procedente la sanción ordenada en el acto impugnado”. Precisó que en los demás aspecto la decisión fue confirmada.
1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación
Estimó que las resoluciones controvertidas desconocieron los artículos 29 de la Constitución Política; 3, 14 y 28 del C.C.A., 1036, 1045, 1054, 1057, 1072, 1079 y 1081 del Código de Comercio; 509, 513, 514 y 519 del Decreto 2685 de 1999; y la Resolución N° 825 del 27 de mayo de 2007 “por la cual se adopta la decisión final de la investigación administrativa adelantada por “dumping” en las importaciones de productos del sector calcetería, originadas de la República Popular China”. Para tal efecto desarrolló los siguientes motivos de inconformidad:
1.3.1. Las resoluciones acusadas incurrieron en falsa motivación, “por cuanto el Seguro de Cumplimiento instrumentalizado en la póliza N° 00009664, no cubre el pago de los derechos Antidumping y la sanción que ello genera, en tanto el amparo otorgado cubre el riesgo de incumplimiento de disposiciones legales, desde el 16 de junio de 2008 y el hecho generador ocurrió el día 3 de enero de 2007”.
Sobre el particular indicó que fue el 3 de enero de 2007, esto es, por fuera del término del contrato de seguro, que Consultores Profesionales Aduaneros S.A., presentó la declaración de importación con autoadhesivo N° 2303001349770-7 a nombre de SONOPRINTER S.A., y fue ese hecho el que generó el procedimiento administrativo sancionatorio, porque respecto de la subpartida arancelaria N° 61.15.96.00.00 existía un derecho antidumping que no fue liquidado.
Reprochó que la DIAN en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración indicara que el siniestro se configuró dentro de la vigencia de la póliza, cuando la autoridad aduanera estableció la comisión de la infracción, esto es, mediante el requerimiento especial aduanero de liquidación oficial de corrección N° 01-03-238-419-434-4-0751 del 27 de febrero de 2009.
Estimó que la anterior conclusión partió de la premisa falsa que los procedimientos administrativos aduaneros tienen carácter constitutivo, cuando en realidad sólo pretenden establecer si el declarante incurrió o no en una infracción, es decir, son de naturaleza declarativa.
Añadió que el artículo 1072 del Código de Comercio es claro al indicar que el siniestro como la realización del riesgo asegurado debe acontecer con posterioridad a la celebración del contrato de seguro.
A renglón seguido realizó algunas consideraciones para distinguir la ocurrencia siniestro, la declaratoria del mismo y su exigibilidad, a fin de precisar que la primera debe ocurrir en el término de vigencia de la póliza, la segunda entre el acaecimiento del siniestro y 2 años después, y la tercera “por estar inserta en un acto administrativo y de acuerdo a la regla del artículo 68 del Código Contencioso se extiende hasta 5 años posteriores a su ejecutoriedad”.
Lo anterior para insistir en que contrario a lo argumentado por la DIAN, el hecho generador de la presunta infracción ocurrió el 3 de enero de 2007 cuando se presentó la declaración de importación, por lo tanto el siniestro tuvo lugar antes de la vigencia de la póliza, que tuvo como fecha inicial el 16 de junio de 2008, motivo por el cual aquélla no puede cubrir “el pago de los derechos antidumping y la sanción que ello genera”.
1.3.2. Los actos acusados se dictaron con falta de competencia por el factor temporal
Subrayó que de conformidad con el artículo 509 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 17 del Decreto 4431 de 2004, establecida la presunta comisión de una infracción administrativa aduanera o identificadas las causales que dan lugar a la expedición de liquidaciones oficiales, la autoridad correspondiente dispondrá de 30 días para formular requerimiento especial aduanero.
En ese orden indicó que la DIAN tuvo conocimiento de la posible irregularidad desde el 3 de enero de 2007 (fecha en la que se presentó la declaración de importación) o desde el 31 de agosto del mismo año (cuando se concedió la prórroga del plazo concedido para presentar las declaraciones de corrección), de manera tal que cuando se expidió el requerimiento aduanero el 27 de febrero de 2009, claramente había vencido el término establecido en el artículo 509 del Decreto 2685 de 1999.
1.3.3. Los actos acusados incurrieron en expedición irregular, por pretermisión de la notificación del requerimiento especial aduanero N° 01-03-238-419-434-4-0751 del 27 de febrero de 2009
Insistió en que SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. no fue notificada de la anterior decisión, a pesar de su condición de tercero interesado en virtud del contrato de seguro que suscribió con Consultores Profesionales Aduaneros S.A.
Reprochó que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la DIAN haya sostenido que no debía notificarse a la compañía de seguros porque los únicos sujetos a notificar respecto de la formulación de la liquidación oficial de corrección son el importador y el declarante autorizado, toda vez que de conformidad con los artículos 3 y 28 C.C.A., aplicables por remisión del artículo 2 del Estatuto Aduanero, es necesario notificar a los terceros determinados o indeterminados en las actuaciones administrativas que se inician de oficio, como ocurre con el mencionado requerimiento especial.
Sobre la necesidad de notificar a la aseguradora garante de una obligación, trajo a colación algunas consideraciones de la sentencia del 30 de junio de 2000, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, C.P. Delio Gómez Leiva (no precisó la radicación correspondiente).
1.3.4. Las resoluciones acusadas deben anularse por improcedencia de la liquidación de corrección
Precisó que de conformidad con el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, podrá expedirse liquidación oficial de corrección, cuando se presenten errores en las declaraciones de importación respecto de subpartidas arancelarias, tarifas, tasas de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, modalidades o tratamientos preferenciales.
Lo anterior, para destacar que “teniendo claro que los derechos antidumping establecidos para las mercancías objeto de la declaración de importación que nos ocupa fueron expresados en términos de preciso base FOB, esto es, que afectan el valor de la mercancía en aduanas y que, en consecuencia, la ausencia de ajuste entre el precio FOB declarado y el precio base FOB se constituye como un error en el valor FOB y en el valor declarado, la liquidación oficial de corrección no es, evidentemente, el acto administrativo procedente”.
Agregó que como el error presentado en la declaración de importación tiene relación directa con el valor FOB de la mercancía, lo procedente era expedir una liquidación oficial de revisión de valor de conformidad con el artículo 514 del Decreto 2685 de 1999.
1.3.5. Los actos acusados deben anularse “por falsa motivación al presentarse el fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del siniestro ocurrido el día 3 de enero de 2007”
Luego de citar el artículo 1081 del Código de Comercio y hacer referencia a algunos pronunciamientos del Consejo de Estado sobre dicha norma, destacó que la prescripción ordinaria de las acciones que se derivan del contrato de seguro es de 2 años, de manera tal que dentro de dicho plazo que se cuenta desde el momento en que conoció o debió conocerse el siniestro o riesgo asegurado, la administración debe conformar el título ejecutivo respectivo.
Frente al caso concreto insistió en que el hecho que presuntamente envuelve la responsabilidad de la compañía de seguros tuvo lugar el 3 de enero de 2007 cuando se presentó la declaración de importación, y que la DIAN luego de transcurrido el término de 2 años, extemporáneamente profirió la Resolución N° 1138 de 14 de mayo de 2009, por la cual se profirió liquidación oficial de corrección frente a la declaración presentada a nombre del importador SONOPRINTER S.A.
1.3.6. Los actos cuya nulidad solicita desconocieron el límite del valor asegurado
Subrayó que de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, por general el asegurador no estará a obligado a responder sino hasta la ocurrencia del suma asegurada, que en el presente caso asciende a $500.000.000.
Puso de presente la anterior situación, porque en el “rarísimo evento” que se afectara la póliza “se deberá tener en cuenta los remanentes que vayan quedando del valor asegurado, teniendo en cuenta que a la fecha se han notificado varias resoluciones” cuyo valor total equivale a $3.386.211.640, que claramente excede el monto asegurado.
2. Actuaciones procesales
2.1 Admisión de la demanda
Inicialmente la demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta mediante auto del 10 de septiembre de 2010, empero el 13 de mayo de 2011 la misma autoridad judicial declaró la nulidad de los actuado y ordenó remitir por competencia el asunto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, teniendo en cuenta el lugar donde se presentó la declaración de conformidad con el artículo 134D, numeral 2°, literal g) del C.C.A.
En atención a lo expuesto, mediante auto del 29 de junio de 2011 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda, dispuso su notificación al Director General de la DIAN y a la Procuradora Judicial 19 delegada ante dicha corporación, y ordenó oficiar para que se aportaran los antecedentes de los actos acusados.
2.2. Contestación de la demanda
La DIAN – Dirección Seccional de Aduanas de Cali – División de Gestión Jurídica se opuso a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
En primer lugar indicó que la Nación no puede ser condenada en costas de conformidad con el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 392 del C.P.C. modificado por el artículo 1° del Decreto 2282 de 1989.
Sostuvo que los actos acusados se dictaron con sujeción a las normas constitucionales, con respeto del derecho de contradicción y con fundamento en la legislación aduanera.
Indicó que en el caso de autos el siniestro ocurrió “cuando la Administración solicita al declarante autorizado CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A. COPAD S.A, allegar al proceso las declaraciones de corrección liquidando además los derechos antidumping, la sanción e intereses de mora correspondientes, para lo cual no fueron allegados las mismas, motivo por el cual se profiere la resolución de liquidación y por ser esta compañía aseguradora quien emitió la póliza global que ampara las operaciones realizadas por dicho usuario se le hace efectiva dicha póliza”.
Seguidamente realizó algunas consideraciones sobre el artículo 1081 del Código de Comercio sobre la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro, destacando el concepto N° 060 del 18 de abril de 2000 de la DIAN, según el cual el acto administrativo que declare el incumplimiento de la obligación asegurada y ordena hacer efectiva la póliza “debe dictarse y quedar ejecutoriado dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado”.
Alegó que de manera errónea la parte demandante considera que con la anterior interpretación la DIAN está extendiendo la responsabilidad de la aseguradora por 2 años más, perdiendo de vista que con la misma simplemente se está precisando el plazo con el que cuenta la administración para proferir el acto administrativo que “declara el incumplimiento de la obligación asegurada y ordena la efectividad de la póliza”.
No obstante lo hasta aquí expuesto, más adelante precisó que “cosa distinta es que se establezca, a través del Concepto cuestionado, que no se requiere que el acto que declara el incumplimiento y ordena hacer efectiva la garantía quede en firme dentro del término de los dos años, contados a partir de la ocurrencia del hecho o del momento que tuvo conocimiento del mismo, pues es incuestionable que el acto de la administración ha de quedar ejecutoriado a fin de constituir el título que tal como lo señala el artículo 68, numeral 5° del C.C.A., preste mérito ejecutivo para lograr la efectividad de la póliza
(…)
Como corolario de los argumentos expuestos, para la Sala es evidente que la interpretación cuestionada, se ajusta al marco legal en que se fundamenta, en cuanto prevé que el acto administrativo que declara el incumplimiento de la obligación garantizada, puede ser proferido dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia del siniestro o del conocimiento del mismo.
No obstante, no ocurre lo propio, en cuanto el concepto interpreta que no se requiere que el acto administrativo que declara el incumplimiento quede ejecutoriado dentro del término de dos años mencionado, desconociendo de esta manera, el contenido del artículo 1.081 del Código de Comercio, por lo cual, acogiendo el concepto emitido por la Agencia del Ministerio Público, la Sala declarará la nulidad de la expresión “… ni quedar debidamente ejecutoriado, dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro…” utilizada en la interpretación oficial cuestionada”.
Se advierte que de manera confusa en la contestación de la DIAN se hace referencia al citado concepto y a una sentencia que al parecer se pronunció frente al mismo, la cual tampoco se identifica, lo que dificulta establecer cuáles de las consideraciones expuestas corresponden a la parte demandada y cuáles al pronunciamiento judicial que tuvo en cuenta.
Seguidamente indicó que respecto de las pólizas que amparan el pago de tributos aduaneros y sanciones que pudieren causarse, se han prestado las siguientes hipótesis respecto al momento en que se configura el siniestro:
1. El siniestro se genera en la fecha en que debía surtirse el pago y no se hizo.
2. El siniestro se genera cuando queda ejecutoriado el acto administrativo que formula la “liquidación oficial de revisión de valor”.
3. El siniestro se genera cuando la administración establece la presunta comisión de la infracción aduanera e identifica las causales que dan lugar a la “expedición de la liquidación oficial por revisión de valor, y por ende la fecha del siniestro será la fecha en que la administración establezca la presunta comisión de la infracción”.
Respecto a la primera hipótesis efectuó las siguientes consideraciones:
“- Por una parte, que la liquidación oficial de revisión de valor deba quedar en firme necesariamente dentro de la vigencia de la póliza y asimismo, el cobro de la diferencia de los tributos y sanciones liquidados en dicho acto administrativo en firme, a efectos de que a partir de dicho momento, considerado el siniestro, se pueda proferir otro acto declarando el incumplimiento del pago y ordenando la efectividad de la garantía.
Derivado de la anterior conclusión, resulta inocuas las garantías otorgadas si se tiene en cuenta que la vigencia de la(s) mismas es tanto s(ó)lo de un (1) año y evidentemente dentro de dicho plazo resulta absolutamente imposible adelantar la investigación para determinar si hubo o no incumplimiento, adelantar el proceso administrativo para formular liquidación oficial y adelantar el proceso de cobro coactivo.
La posibilidad de ampliar el término de vigencia de la garantía resulta inoficioso si se tiene en cuenta que la obligación de constituir garantía tiene como fin primordial tener un respaldo de primera mano en una entidad bancaria o en una compañía de seguros para el cobro del interés asegurado, propósito que no se cumple si primero se debe intentar el cobro al importador”.
En cuanto a la segunda hipótesis señaló:
“Esta hipótesis parte del supuesto según el cual, el suceso que se declara como riesgo asegurable es la ejecutoria del acto administrativo mediante el cual se establece la diferencia de tributos a pagar más la sanción correspondiente, lo cual nos lleva a las conclusiones antedichas más las siguientes:
El pronunciamiento del Consejo de Estado en el sentido de que la firmeza del acto administrativo que declara el incumplimiento y ordena la efectividad de la garantía debe surtirse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro se hace nugatorio por cuanto conforme con la hipótesis expuesta se asimila ejecutoria del acto administrativo con ocurrencia del siniestro”.
En cuanto a la tercera hipótesis planteada no efectuó consideraciones particulares. A renglón seguido manifestó que los actos acusados se encuentran conformes al ordenamiento jurídico y no adolecen de vicio alguno.
2.3. Providencias relevantes dictadas con posterioridad a la admisión de la demanda.
2.3.1. Por medio de auto del 25 de enero de 2012 se dio apertura a la etapa probatoria y se dispuso tener como pruebas los documentos aportados con la demanda y su contestación.
2.3.2. Concluido el periodo probatorio, a través de providencia del 30 de noviembre de 2012, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto pertinente.
2.4. Alegatos de conclusión
La DIAN transcribió los argumentos que expuso al contestar la demanda y lo propio hizo SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. con el concepto de violación desarrollado en libelo introductorio.
2.5. El Ministerio Público guardó silencio.
2.6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 13 de marzo 2013 el A quo resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución 11 (sic) del 14 de mayo de 2009, en su artículo TERCERO y de la Resolución 1004 de 2009, en su artículo PRIMERO, proferidas por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, que hacen efectiva la póliza de seguros N° 00009664 del 16 de abril de 2008, celebrada entre Segurexpo de Colombia S.A. y la Sociedad de Consultores Profesionales Aduaneros S.A. SIA COPAD S.A. SIA.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, la devolución del valor de la póliza a la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., si se hizo efectivo su cobro.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. ”
Lo anterior por las razones que a continuación se sintetizan:
2.6.1. Frente al cargo de falsa motivación
Después de precisar que de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio se denomina siniestro a la realización del riesgo asegurado y que el artículo 1081 del mismo código establece que el siniestro se establece en el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, indicó que de los antecedentes administrativos se observa que el siniestro tuvo ocurrencia el 3 de enero de 2007, “el día que se realizó el levante de la mercancía”, en el que “mediante la Declaración de Importación N° 3520700000424-0 se pagaron los tributos correspondientes y se profirió la aceptación de levante, perfeccionándose la transgresión a las disposiciones legales objeto de amparo”, de manera tal que “los actos administrativos que con posterioridad fueron expedidos, DECLARARON el incumplimiento pretérito, de ello dan cuenta tanto la liquidación oficial de corrección y su confirmación”.
Asimismo, destacó que la vigencia de la póliza comprendió del 16 de abril de 2008 al 16 de septiembre de 2009 y que el siniestro tuvo lugar con anterioridad (el 3 de enero de 2007), motivo por el cual no puede ser amparado con aquélla.
2.6.2. Frente a la presunta falta de competencia por el factor temporal
Aseveró que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, “la competencia temporal recae sobre el acto decisorio que para el caso es la liquidación oficial de corrección, denominado así, ya que pone fin a la actuación administrativa, mientras el requerimiento especial aduanero es un acto de trámite por no expresar totalmente la voluntad del legislador, constituyéndose en acto de impulso hacia la decisión final”, y que no existe disposición alguna que establezca que la pretermisión del término de 30 días previsto en el artículo 509 del Decreto 2685 de 1999 para dictar el requerimiento especial, dé lugar a la pérdida de competencia para iniciar el procedimiento sancionatorio por infracción a la legislación aduanera o para imponer la respectiva sanción.
2.6.3. Frente a la presunta expedición irregular por falta de notificación del requerimiento especial
Con fundamento en una providencia (no precisó de qué fecha) dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, Rad. 25000-23-27-000-2003-00901-01, concluyó que no es obligación de la DIAN notificar a la compañía aseguradora del requerimiento especial, por cuanto la misma sólo debe ser involucrada cuando se dicte el acto administrativo definitivo, como ocurrió en esta ocasión.
2.6.4. Sobre la supuesta improcedencia de la liquidación de corrección
Luego de exponer a la luz de los artículos 513 y 514 del Decreto 2685 de 1999, los eventos en que se profiere la liquidación oficial de corrección y la liquidación oficial de revisión de valor, frente al caso concreto concluyó lo siguiente:
“(…) si bien es cierto la declaración de importación fue expresada en términos de precio base FOB, no es menos cierto que la causal del procedimiento sancionatorio por parte de la Administración fue el hecho de omitir el pago de los derechos antidumping establecidos para la partida arancelaria que cobijó las mercancías importadas. Es decir, que el hecho de expresarse en términos de FOB la declaración de importación no constituye este el error en la declaración, lo constituye la partida arancelaria que tenía inmersa los derechos antidumping.
Siendo así, en observación a los errores presentados en la declaración de importación, se establece que la partida arancelaria de referencia no contó con el análisis debido, pues la parte demandante no tuvo en cuenta el tratamiento especial que contenía esta subpartida arancelaria, por ende dejó por fuera la liquidación de los derechos antidumping que se encontraba en la normatividad. Por tanto, no prospera este cargo respecto a los argumentos manifestados por el recurrente”.
2.6.5. Frente a la prescripción de las acciones derivadas del siniestro ocurrido el 3 de enero de 2007
Después de hacer referencia al artículo 1081 del Código de Comercio y a algunas consideraciones de un fallo dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 19 de agosto de 2010, aseveró que “la declaración de incumplimiento por parte de la administración debe efectuarse dentro del término de los dos años previstos por la norma transcrita, lo cual no sucedió en el presente caso, pues los dos años expiraban el 3 de enero de 2009 y los actos administrativos proferidos por la DIAN fueron con posterioridad”, el primero de ellos la liquidación oficial de corrección del 14 de mayo de 2009.
En ese orden sostuvo que “la parte demandada no actuó en pleno derecho frente a la exigibilidad de la póliza, ya que excedió el límite de los dos años para elevar la exigencia de la garantía en el acto administrativo correspondiente”.
2.6.6. Conclusión
Concluyó que como el siniestro tuvo lugar (el 3 de enero de 2007) antes de celebrarse el contrato de seguro (16 de abril de 2008), por lo que deben anularse de los actos demandado aquellos artículos mediante los cuales se hizo efectiva la póliza de seguros N° 00009664 del 16 de abril de 2008, y en consecuencia a título de restablecimiento del derecho se debe “ordenar la devolución del valor de la póliza a la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., si se hizo efectivo su cobro”.
2.7 Recurso de apelación
La DIAN interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia. Para tal efecto, transcribió los argumentos que desarrolló al contestar la demanda y al alegar en conclusión en primera instancia.
2.8 Trámite de segunda instancia
Luego de haber sido concedida la apelación por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 28 de octubre de 2013, la misma fue admitida a través de auto del 28 de enero de 2014 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
Posteriormente, el Consejero Ponente el 25 de junio de 2014 le corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión.
De dicha oportunidad únicamente hizo uso la DIAN reiterando los argumentos expuestos en el presente trámite.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1° del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.
2. Cuestión previa
Antes de resolver el recurso de apelación interpuesto se evidencia, que la Subdirectora de Gestión de Representación Externa de la DIAN, confirió poder especial al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva para que representara los intereses de la entidad en el presente proceso, motivo por el cual se reconocerá personería jurídica a dicha profesional del derecho en los términos del poder visible a folio 16 del cuaderno 2 del expediente.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la providencia del 13 de marzo de 2013 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para lo cual se deberá resolver el siguiente problema jurídico:
¿Lo resuelto por los actos acusados es susceptible de amparo en virtud de la póliza de cumplimiento N° 00009664 tomada por Consultores Profesionales Aduaneros S.A., cuya vigencia fue del 16 de junio de 2008 al 16 septiembre de 2009?
Antes de resolver el interrogante planteado, estima la Sala pertinente realizar algunas consideraciones sobre el (i) concepto de derechos antidumping al que hacen referencia los actos cuya nulidad se pretende y (ii) respecto de la competencia del juez en segunda instancia.
4. De los derechos antidumping
Sobre el particular resultan ilustrativas las siguientes consideraciones contenidas en la sentencia del 13 de junio de 2013 dictada por la Sección Cuarta de esta Corporación, dentro del proceso N° 11001-03-27-000-2009-00048-00(18033):
“Los derechos antidumping se enmarcan dentro del campo del derecho de la libre competencia en el comercio internacional. El dumping se puede definir como la venta de productos a precios discriminatorios, esto es, la venta al extranjero a precios inferiores (en ocasiones incluso por debajo del costo de producción) a aquellos que rigen para el mercado interno del país vendedor.
Se considera al dumping como una práctica desleal de comercio, o cuando menos como una práctica no deseable, ya que la finalidad del dumping es, generalmente, la de acceder o dominar los mercados extranjeros, con la consecuencia de afectar negativamente al sector de la producción que opera en el país importador.
El dumping es, pues, un instrumento de política económica que un país decide aplicar con diversos fines: penetración de mercados extranjeros, mantenimiento de precios altos en el mercado interno, incentivación a las exportaciones propias, respuesta a políticas proteccionistas de otros países, etc. Lo cierto es que se ha considerado que, sea cual sea la motivación del país exportador, se trata de prácticas de comercio que van en contra del principio de la libre concurrencia.
Históricamente muchos países han acudido a las prácticas de dumping. De hecho, hay autores que afirman que sería difícil encontrar algún país que no lo haya hecho. En la actualidad, los países que presentan sistema de economía central planificada, si bien no son los únicos que acuden a dicha práctica, sí son los que mayores dificultades presentan para efectos de la prueba del dumping. Lo anterior debido a que en dichas economías se hace más difícil establecer los costos de producción, de comercialización y de transporte, pues dichos elementos dependen de políticas estatales y, además, no obedecen a leyes de mercado libre, sino a propósitos políticos, militares, estratégicos, etc.
Debido a las dificultades que pueden presentarse para establecer los elementos que configuran prácticas de dumping, tanto en las economías centralmente planificadas como en las economías de mercado, las legislaciones antidumping han tenido que acudir a fórmulas que permitan salvar dichos obstáculos. Así, por ejemplo, respecto de la determinación del precio interno del producto en el país productor, como es evidente que el país exportador generalmente no estará interesado en facilitar esa información al país que sospecha de la ocurrencia del dumping, las legislaciones permiten que se compare el precio de exportación con el precio del mismo producto en las exportaciones hacia un tercer país o, incluso, que se tome como precio normal el de las exportaciones desde ese tercer país hacia el país que adelanta la investigación.
En la medida en que la existencia del dumping lleve aparejada la ocurrencia de un daño al sector productivo del país importador, o la amenaza del mismo, o que impida o dificulte el establecimiento de dicho sector, los acuerdos de comercio internacional contemplan las llamadas medidas o derechos antidumping, que son los mecanismos de reacción con que cuentan los países para defenderse de las prácticas de dumping.
Ante la comprobación de que se produjo el dumping y de que, como consecuencia del mismo, se ha producido un daño, amenaza de daño, o un obstáculo al establecimiento a la rama de producción nacional, la respuesta no es la de prohibir o limitar el ingreso del producto respectivo, sino la de imponer el pago de derechos antidumping, que no son otra cosa que derechos de carácter aduanero, cuya finalidad es la de corregir el desequilibrio o anomalía que se produjo como consecuencia de las importaciones realizadas a precios inferiores a los normales. Por esta razón, los derechos antidumping son de carácter temporal, ya que solo pueden estar vigentes durante el tiempo que sea necesario para contrarrestar dicho desequilibrio.
(…)
Con fundamento en el Decreto 991 de 1998, pueden señalarse como rasgos característicos de las medidas antidumping las siguientes:
Se trata de una decisión que adopta el país importador en interés general del sector de la producción afectado y de la economía nacional.
Procede cuando se comprueba la existencia de prácticas de dumping, el daño o amenaza de daño a la rama de la producción nacional o cuando se impide su establecimiento, y la relación de causalidad entre aquellas y estas.
Implica que se adelante una investigación previa a la imposición de las medidas, dentro de la cual se permite la intervención de los productores, importadores y exportadores cuyos intereses estén en juego, a quienes se permite el acceso a la información que se recaude, con las limitaciones propias de aquella información que sea de carácter confidencial.
El objetivo de las medidas antidumping, que son de carácter temporal, es el de restablecer el desequilibrio ocasionado con las importaciones hechas a precios inferiores al valor normal.
Las medidas antidumping son impuestas por el Ejecutivo, pero el artículo 13 del Acuerdo GATT prevé la “revisión judicial”, según la cual los países miembros deben asegurar la existencia de tribunales o procedimientos independientes de las autoridades encargadas de aplicarlas, que permitan la revisión de las medidas adoptadas.
No sobra añadir que la aplicación de los derechos antidumping se encuentra consagrada, para los países miembros de la OMC, en el artículo 6 del GATT de 1994, y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Acuerdo GATT, que fue aprobado en la llamada “ronda Uruguay”, adoptado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994”.
En el marco del Decreto 2685 de 1999, norma aplicable al presente asunto, sobre los derechos antidumping esta Corporación señaló:
“Según lo dispuesto en el artículo 1° del Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999), los tributos aduaneros están integrados por los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas.
El mismo artículo establece que los derechos de aduana son “… todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo pago que se fije o se exija, directa o indirectamente por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en relación con dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre o gravámenes que se exijan o se tasen respecto de los documentos requeridos para la importación o, que en cualquier otra forma, tuvieren relación con la misma” (Negrilla y subrayado fuera de texto)
De lo anterior, concluye la Sala que si los derechos antidumping son derechos de aduana y estos a su vez son considerados como tributos aduaneros, los derechos antidumping constituyen una clase de tributos aduaneros”
5. Competencia del juez de segunda instancia
De conformidad con el artículo de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso, de conformidad con el cual “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.”
En el presente caso la DIAN es apelante único, razón por la cual la Sala se ocupará únicamente de los reparos concretos de la alzada.
6. Análisis del caso en concreto
6.1. De los hechos relevantes en el caso de autos
A fin de contar con una mejor comprensión de la controversia planteada se estima necesario resaltar a partir de los documentos aportados los siguientes aspectos:
1. La póliza de cumplimiento motivo de disenso es la N° 00009664 del 16 de abril de 2008, expedida por la compañía de seguros SEGUREXPO; el tomador es Consultores Profesionales Aduaneros S.A. S.I.A. COPAD S.A. SIA; el asegurado es la Nación - Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; y su vigencia inicialmente se pactó desde las 00:00 horas del 15 de abril de 2008 hasta las 24:00 horas del 15 de julio de 2009, empero dicho periodo fue aclarado el 28 de abril de 2008, precisando que la vigencia comprende desde las 00:00 horas del 16 de junio de 2008 hasta las 24:00 horas del 16 de septiembre de 2009.
El objeto del seguro fue el siguiente:
“GARANTIZAR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA CONTENIDAS EN EL DECRETO 2685 DE 1999 EN ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 26, 354 Y 358, DECRETO 1232 DE 2001, RESOLUCIÓN 4240 DE 2000, RESOLUCIÓN 7002 DE 2001 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE LO MODIFIQUEN O ADICIONEN IGUALMENTE RESPONDER POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y SANCIONES A QUE HAYA LUGAR EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO DECLARANTE EN MODALIDAD DE TRÁNSITO ADUANERO NACIONAL” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, se destacan del articulado del contrato de seguros las siguientes cláusulas:
“CLÁUSULA PRIMERA – AMPARO Y DEFINICIONES
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. AMPARA AL ASEGURADO POR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES (LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, ETC) SEÑALADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, IMPUTABLE A LA PERSONA OBLIGADA AL CUMPLIMIENTO DE LA RESPECTIVA DISPOSICIÓN LEGAL.
(…)
CLÁSULA CUARTA – SINIESTROS
SE ENTIENDE CAUSADO EL SINIESTRO CUANDO QUEDE DEBIDAMENTE EJECUTORIADA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN AMPARADA POR ESTA PÓLIZA Y LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO POR CAUSAS IMPUTABLES AL AFIANZADO OBLIGADO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESPECTIVA DISPOSICIÓN LEGAL, CUANDO TAL RESOLUCIÓN HAYA SIDO NOTIFICADA OPORTUNA Y DEBIDAMENTE A Segurexpo de Colombia S.A.” (Subrayado fuera de texto).
2. El 3 de enero de 2007 Consultores Profesionales Aduaneros S.A., presentó declaración de importación con autoadhesivo 23030013497707 a nombre de SONOPRINTER S.A., la cual cubre mercancía consistente en distintos tipos de medias, declarada bajo la subpartida arancelaria N° 61.15.96.00.00.
3. Mediante oficio del 2 de agosto de 2007 la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN, le advirtió en los siguientes términos a Consultores Profesionales Aduaneros S.A., que no liquidó los derechos antidumping para las importaciones de productos del sector calcetería, y por lo tanto le concedió 15 hábiles para efectuar la correspondiente corrección:
“Que la Resolución N° 022 de 2006 en su artículo 2°. Imponer derechos “antidumping” provisionales en la forma de un precio base, el cual consistirá en un valor correspondiente a la diferencia entre US$ 0.88/par y el precio FOB declarado por el importador, siempre que éste último sea menor al precio base, para las importaciones de productos del sector calcetería clasificados por las subpartidas arancelarias 6.15.20.20.00; 61.15.20.90.00; 61.15.92.00.00; 61.15.93.20.00; 61.15.93.90.00 y 61.15.99.00.00 originarios de la República de China.
Que analizadas las declaraciones de importación a continuación relacionadas, no se encuentra liquidada la medida antidumping de que tratan las resoluciones de la referencia, las cuales se encuentran relacionadas en el anexo N° 1.
Por lo anterior, me permito solicitarle allegar a este despacho, las correspondientes declaraciones de corrección; en caso de no haberlas presentado, lo invitamos a corregir a manera voluntaria, liquidando además del antidumping, la sanción e interese de mora a que hubiere lugar.
La documentación solicitada debe ser remitida a este Despacho en un plazo no superior a quince (15) días hábiles contados a partir del recibo del presente requerimiento (…)”.
4. A través de escrito radicado el 28 agosto de 2007, Consultores Profesionales Aduaneros S.A. de un lado puso de presente que la anterior comunicación la recibió el 30 de agosto de 2007, y de otro, le solicitó a la DIAN una prórroga para el envío de la documentación requerida, ante lo cual la Jefe G.I.T. Programas de Control Posterior, concedió 15 calendario días más para tal efecto mediante oficio del 31 de agosto de 2007.
5. Como no se obtuvo respuesta al requerimiento efectuado sobre la liquidación y pago de los derechos antidumping, la Jefe G.I.T. Programas de Control Posterior, mediante oficio N° 63-00-305-00872 del 27 de diciembre de 2007 remitió el asunto a la Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, a fin de que iniciara la investigación pertinente.
6. Ante la omisión de la liquidación de los derechos antidumping, la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – División de Gestión de Fiscalización – G.I.T. de Investigaciones Aduaneras, formuló el requerimiento especial aduanero N° 1-03-238-419-434-4 del 27 de febrero de 2009, frente a la declaración de importación N° 23030013497707 del 3 de enero de 2007 presentada por Consultores Profesionales Aduaneros S.A. Lo anterior por las siguientes sumas de dinero:
Derechos antidumping
$471.442.316
Sanción
$47.147.232
Valor propuesto a pagar
$518.619.548
Frente a la sanción precisó que corresponde al 10% dejado de cancelar de conformidad con el numeral 2.2 del artículo 482 del Decreto 2586 de 1999.
7. Luego de notificado el anterior requerimiento a Consultores Profesionales Aduaneros S.A. y al importador SONOPRINTER S.A., y después de transcurrido el término de 15 días previsto en el artículo 510 del Decreto 2586 de 1999 sin recibir respuesta, mediante auto del 23 de abril de 2009 la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – División de Gestión de Fiscalización dispuso tener como pruebas los documentos que reposan en el expediente N° RA 2007 2009 0372 y remitir el mismo a la División de Gestión de Liquidación para lo de su competencia.
8. La Administración Especial de Aduana de Bogotá – División de Liquidación mediante Resolución N° 03-241-201-1138 del 14 de mayo de 2009, profirió liquidación oficial de corrección frente a la declaración de importación presentada por Consultores Profesionales Aduaneros S.A. a nombre del importador SONOPRINTER S.A., por la suma de $518.619.548, de los cuales $47.147.232 corresponden a la sanción del 10% de lo dejado de cancelar.
En el numeral 2° de la parte resolutiva de dicha resolución se ordenó autoliquidar los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación hasta se realice el pago de la misma
A través del numeral 3° se dispuso hacer efectiva la póliza de cumplimiento N° 00009664 del 16 de abril de 2008, expedida por la compañía de seguros SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
9. Contra la anterior decisión la referida compañía de seguros interpuso recurso de reconsideración, que fue decidido por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos - Dirección de Gestión Jurídica, mediante la Resolución N° 1-00-223-10004 del 14 de agosto de 2009, que modificó el valor a pagar y respecto de cual se ordenó hacer efectiva la garantía en $471.442.316, en tanto la sanción ordenada en el acto impugnado no es procedente respecto del declarante (Consultores Profesionales Aduaneros S.A.) sino únicamente frente al importador, según lo establecido en el parágrafo del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 2883 de 2008). En lo demás, la decisión fue confirmada.
6.2 Análisis de los motivos de inconformidad
En síntesis, en el marco del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, la controversia se limita a establecer si la póliza de cumplimiento N° 00009664 tomada por Consultores Profesionales Aduaneros S.A., ampara o no la liquidación oficial de corrección efectuada a través de los actos acusados.
Particularmente se evidencia, que el A quo estimó que la mencionada póliza no ampara lo decidido por los actos cuya nulidad se pretende, por cuanto (i) el siniestro se configuró en el momento en que se efectuó la declaración de importación sin liquidar los derechos antidumping, el 3 de enero de 2007, esto es, antes de la vigencia de la referida garantía, que comprendió del 16 de junio de 2008 al 16 septiembre de 2009; y por otra parte, (ii) que la DIAN a la luz del artículo 1081 del Código de Comercio (que en materia de seguros establece un prescripción ordinaria de 2 años), mediante la Liquidación Oficial de Corrección N° 1138 del 14 de mayo de 2009, declaró de manera extemporánea el incumplimiento, pues el término para tal efecto vencía el 3 de enero de 2009, esto es, a los 2 años siguientes de presentada la referida declaración, momento que en que a juicio del Tribunal la DIAN tuvo conocimiento del hecho que dio origen a la acción.
Por su parte, la DIAN durante todo el proceso ordinario sostuvo que el que el siniestro tiene lugar cuando la administración establece la presunta comisión de la infracción aduanera, y aunque frente al caso en concreto no fue enfático en el momento en que tuvo lugar dicha circunstancia, realizó la siguiente afirmación:
“Me permito señor magistrado mencionarle las normas y razones que tuvo esta administración para hacer efectiva la garantía respaldada para ese momento al declarante objeto de la sanción impuesto, el siniestro ocurrido para las declaraciones sometidas a esta controversia, sucedieron cuando la Administración solicita al declarante autorizado CONSULTORES PROFESIONALES ADUANEROS S.A. COPAD S.A, allegar al proceso las declaraciones de corrección liquidando además los derechos antidumping, la sanción e intereses de mora correspondientes, para lo cual no fueron allegados las mismas, motivo por el cual se profiere la resolución de liquidación y por ser esta compañía aseguradora quien emitió la póliza global que ampara las operaciones realizadas por dicho usuario se le hace efectiva dicha póliza”.
Por otra parte, en cuanto a la prescripción, hizo énfasis en que la declaratoria de exigibilidad de la póliza debe efectuarse dentro de los 2 años siguientes al momento en que la administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado.
En atención a las razones expuestas, una de las cuestiones centrales de la controversia planteada es establecer en qué momento tuvo lugar el riesgo objeto de la póliza expedida por la parte demandante.
Sobre el particular, en la revisión de antecedentes frente casos similares al de autos, se halló la sentencia del 19 de marzo de 2015 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso N° 76001-23-31-000-2010-01218-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez, en el que también se discutió si la póliza de cumplimiento N° 00009664, expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., con vigencia del 16 de junio de 2008 al 16 de septiembre de 2009, podría ser afectada con ocasión de una declaración oficial de corrección que dictó la DIAN el 13 de mayo de 2009 con el fin de que el declarante Consultores Profesionales Aduaneros S.A. pagara unos derechos antidumping, debido a que los dejó de cancelar cuando presentó la declaración de importación el 7 de marzo de 2007, esto es, antes de la vigencia de la póliza.
Como fácilmente puede advertirse, el caso decidido por la Sección Cuarta de esta Corporación guarda bastante similitud con el analizado en esta oportunidad, entre otros aspectos, porque se trata de la exigibilidad de la misma póliza, la N° 00009664 del 16 de abril de 2008.
En ese orden, por su importancia se traen a colación los apartes más relevantes del referido fallo del 19 de marzo de 2015:
“En materia aduanera, la Sala ha señalado que el siniestro o riesgo asegurado lo configura el incumplimiento de la obligación garantizada, y que esa circunstancia debe ocurrir dentro del término de vigencia de la póliza, aclarando que el incumplimiento, como tal, es sustancialmente distinto a su declaratoria mediante acto administrativo.
Evidencia la Sala que el Contrato Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales N°. 00009664 del 16 de abril de 2008, expedido por la sociedad demandante, tiene vigencia desde el 16 de junio de 2008 hasta el 16 de septiembre de 2009.
El 7 de marzo de 2007, la sociedad Consultores Profesionales Aduaneros S.A. SIA-COPAD S.A. SIA presentó la declaración de importación N° 23030013584915 a nombre del importador SONOPRINTER S.A.; el 27 de febrero de 2009 la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá profirió el Requerimiento Especial Aduanero 1-03-238-419-434-4-000752 por la no aplicación de los derechos antidumping.
Posteriormente, profirió la Liquidación Oficial de Corrección 03-241-201-639-3001-00-1122 del 13 de mayo de 2009 a la declaración de importación antes mencionada, presentada por la sociedad Consultores Profesionales Aduaneros S.A. SIA-COPAD S.A. SIA a nombre del importador SONOPRINTER S.A., y ordenó hacer efectiva proporcionalmente la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales N° 00009664 del 16 de abril de 2008, expedida por la Compañía Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior S.A. SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
Así las cosas, y teniendo claro que la obligación aduanera incumplida por parte de la sociedad Consultores Profesionales Aduaneros S.A. SIA-COPAD S.A. SIA, la constituye la no liquidación ni pago de los derechos antidumping, concluye la Sala que el riesgo asegurado ocurrió el 7 de marzo de 2007, cuando la declaración de importación se presentó.
Para esa fecha, 7 de marzo de 2007, no estaba vigente la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales N° 00009664 del 16 de abril de 2008, expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., razón por la cual la Liquidación Oficial de Corrección 03-241-201-639-3001-00-1122 del 13 de mayo de 2009 no podía ordenar la efectividad de la misma, y al así hacerlo vicio de nulidad los actos administrativos demandados.
En razón de haber prosperado la pretensión encaminada a la declaratoria de nulidad por falsa motivación, procede la anulación de los actos demandados, situación que releva a la Sala de analizar los demás cargos planteados en la demanda.”
De los apartes transcritos se tiene, que en dicha oportunidad la Sección Cuarta del Consejo de Estado concluyó que la mencionada póliza no puede ser afectada, comoquiera que el incumplimiento de la obligación aduanera, esto es, la no liquidación y pago de los derechos antidumping, tuvo lugar antes de la vigencia de aquélla.
Al respecto esta Sección anuncia, de forma comedida y respetuosa, que no comparte las razones expuestas por la Sección Cuarta en la sentencia del 19 de marzo de 2015, pues de una lectura cuidadosa del contrato de seguros, a luz de los artículos 1054, 1057, 1072 y 1073 del Código de Comercio, se advierte que el siniestro, esto es, la realización del riesgo asegurado, tuvo lugar durante la vigencia de la póliza, y por consiguiente la misma sí puede afectarse, veamos:
En primer lugar, se observa del objeto de la póliza de cumplimiento, que la agencia de intermediación y la aseguradora pactaron la garantía (i) por una parte del pago de los tributos aduaneros y por otra, (ii) de las sanciones a que haya, en ambos casos por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la actividad de intermediación aduanera.
En segundo lugar, se advierte que en la cláusula cuarta del contrato de seguros, las partes expresamente señalaron que “SE ENTIENDE CAUSADO EL SINIESTRO CUANDO QUEDE DEBIDAMENTE EJECUTORIADA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN AMPARADA POR ESTA PÓLIZA Y LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO POR CAUSAS IMPUTABLES AL AFIANZADO OBLIGADO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESPECTIVA DISPOSICIÓN LEGAL, CUANDO TAL RESOLUCIÓN HAYA SIDO NOTIFICADA OPORTUNA Y DEBIDAMENTE A Segurexpo de Colombia S.A.” (Subrayado fuera de texto).
Al analizar armónicamente el objeto de contrato y su cláusula cuarta, se advierte que lo garantizado fue el pago de sanciones o tributos por el incumplimiento de obligaciones aduaneras, pero no por la simple circunstancia de que se haya incurrido en la infracción, sino que respecto de ésta exista una decisión definitiva que declare el incumplimiento, y por ende, que imponga el pago efectivo del tributo y/o sanción, de lo contrario, las partes no habrían hecho énfasis en qué momento se presenta el siniestro, es decir, la realización del riesgo asegurado.
Lo anterior, porque pólizas de cumplimiento como las destacadas, expresamente garantizan el pago de tributos como consecuencia del incumplimiento de obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la actividad de intermediación aduanera, para lo cual en criterio de esta Sección no basta la comisión de la infracción, sino la declaratoria de la misma y la emisión de la decisión de fondo correspondiente previa garantía del debido proceso, esto es, que se imponga efectivamente el pago del tributo, momento en el que sin lugar a dudas se verifica la configuración del riesgo.
En ese orden de ideas, para la Sala es incorrecto predicar (como lo hizo el A quo y la Sección Cuarta de esta Corporación), que el riesgo asegurado corresponde a la simple omisión de la obligación aduanera, esto es, el instante en que se dejaron de pagar y liquidar los derechos antidumping, pues resulta necesario distinguir que una cosa es la comisión simple de la conducta reprochada y otra muy distinta que la autoridad competente declare el incumplimiento e imponga los mayores tributos aduaneros a pagar a través de la liquidación oficial de corrección, en tanto fue este último evento el garantizado en la referida póliza.
Tan es así, que con posterioridad al momento en que tuvo lugar la comisión de la infracción aduanera (cuando se presentó la declaración de importación) la DIAN efectúo varios requerimientos, que la agencia de intermediación tuvo la oportunidad de cumplir liquidando y pagando los derechos antidumping, lo que hubiere evitado la posterior declaratoria de incumplimiento a través de la liquidación oficial de corrección, y por ende, que se hubiese hecho efectiva la póliza.
En suma, respecto a la discusión que puede presentarse en el caso de autos, sobre el momento en que tuvo lugar el siniestro, esto es, (i) cuando se presentó la declaración de importación, (ii) cuando la DIAN solicitó que la misma se completara liquidando los derechos antidumping y los intereses correspondientes, (iii) cuando concedió una prórroga para tal efecto, o incluso con posterioridad (iv) cuando se efectúo el requerimiento aduanero especial, a la luz de las consideraciones que anteceden, el instante relevante es cuando se impuso el pago del tributo, esto es, (v) al dictarse la liquidación oficial de corrección, el acto administrativo de fondo (arts. 512 y 513 del Decreto 2586 de 1999), la Resolución N° 03-241-201-1138 del 14 de mayo de 2009, que adicionalmente dispuso hacer efectiva la póliza y que fue confirmada (salvo la sanción inicialmente impuesta, equivalente al 10% de lo dejado de cancelar) mediante la Resolución N° 1-00-223-10004 del 14 de agosto de 2009.
Por lo tanto, se tiene que cuando se dictó la liquidación oficial de corrección, la póliza de cumplimiento se encontraba vigente, toda vez que aquélla se profirió el 14 de mayo de 2009 y el periodo de la garantía fue del 16 de junio de 2008 al 16 de septiembre de 2009.
De manera tal que contrario a lo establecido por el A quo, el siniestro sí tuvo lugar durante la vigencia de la garantía, en consecuencia, resulta errónea la decisión de declarar la nulidad de los actos acusados en cuanto dispusieron hacer efectiva la póliza de cumplimiento N° 00009664 tomada por Consultores Profesionales Aduaneros S.A.
Bajo el mismo razonamiento, tampoco hay lugar a considerar que acaeció el fenómeno de la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio, pues en la misma decisión que se impuso el pago del tributo, y por ende, en el momento que en tuvo lugar el siniestro, se ordenó hacer efectiva la póliza, declaraciones que se realizaron durante la vigencia de la misma, contrario a lo indicado por el A quo, que bajo un criterio que no comparte esta Sala Decisión, estimó que el siniestro se configuró cuando se presentó la declaración de importación, ante lo cual se recuerda que no basta con la eventual comisión de una infracción aduanera, sino que se requiere su declaración por la autoridad competente previa garantía del derecho fundamental al debido proceso del presunto infractor.
Por lo tanto, se revocará el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.
Se hace énfasis en que no prosperan todas las pretensiones formuladas, comoquiera que frente a los asuntos atinentes a la póliza de cumplimiento se verificó que lo dispuesto por los actos acusados sí es objeto de amparo por aquélla, contrario a lo sostenido por el A quo, y que los demás motivos de inconformidad de la parte demandante fueron desvirtuados por el juez de primera instancia, sin que frente a tal negativa se haya interpuesto el recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 13 de marzo de 2013 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a lo solicitado. En su lugar, negar la totalidad de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. RECONOCER personería jurídica al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva, como representante judicial de la DIAN, en los términos del poder visible a folio 16 del cuaderno 2 del expediente.
TERCERO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 2, cuaderno N° 1. Folios 2-27, cuaderno N° 1. Sobre el particular hizo referencia al siguiente pronunciamiento: Consejo de Estado - Sección Primera, sentencia del 1° de agosto de 2002, Rad. 25000-23-24-000-1995-5443-01 (6503).
“ARTICULO 514. LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN DE VALOR. La autoridad aduanera podrá formular Liquidación Oficial de Revisión de Valor cuando se presenten los siguientes errores en la Declaración de Importación: valor FOB, fletes, seguros, otros gastos, ajustes y valor en aduana, o cuando el valor declarado no corresponda al valor aduanero de la mercancía establecido por la autoridad aduanera, de conformidad con las normas que rijan la materia, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan según las disposiciones en materia de valoración aduanera2. Folios 98-99, cuaderno N° 1. Folios 136-140, cuaderno N° 1. Folios 145-146 del cuaderno No. 1. Folios 162-127, cuaderno N° 1. Folio 174, cuaderno N° 1. Folio 177, cuaderno N° 1. Folios 178-186, cuaderno N° 1. Folios 187-205, cuaderno N° 1. Folios 207-229, cuaderno N° 1. La resolución es la N° 1138 del 14 de mayo de 2009. Citó los siguientes pronunciamientos: 1) Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Rad. 25000-23-24-000-2002-00113-01 (no precisó fecha de la providencia). 2) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1° de noviembre de 2007, Exp. 2003-00803-01
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de agosto de 2010, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Rad. 17018, actor Liberty Seguros S.A. contra DIAN. Folios 230-240, cuaderno N° 1. Folio 245, cuaderno N° 1. Folio 4, cuaderno N° 2. Folio 7, cuaderno N° 2. Folios 8-15, cuaderno N° 2. De hecho, el Acuerdo de la OMC no define el dumping como una práctica desleal, ni tampoco lo considera ilegal, sino que se limita a contemplar la manera en que los gobiernos pueden reaccionar frente al mismo. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 13 de junio de 2013, C.P. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez (E), Rad. 11001-03-27-000-2009-00048-00(18033). Auto de la Sección Primera del Consejo de Estado del 17 de febrero de 2011. Expediente No. 25000-23-27-000-2010-00035-01. Demandante: Segurexpo de Colombia S.A. Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 28 de agosto de 2013, C.P. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez, Rad. 08001-33-31-009-2010-00294-01(18825)
Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 627 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar fue concedido mediante auto del 28 de enero de 2014, el presente asunto se encuentra para fallo en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero). Folios 59-60 del cuaderno correspondiente a los antecedentes administrativos de los actos acusados. También visible a folios 32-34 del cuaderno N° 1. Folio 32, cuaderno N° 1. Folio 19 del cuaderno de antecedentes administrativos. Folios 2,3, 24, 70 reverso del expediente de antecedentes administrativos. Folio 4 del cuaderno antes señalado. Folio 5 del cuaderno de antecedentes administrativos. Folio 6 del cuaderno antes señalado. Dicho oficio se radicó ante la Administración Especial de Aduanas el 2 de enero de 2008, según el requerimiento especial aduanero N° 1-03-238-419-434-4 del 27 de febrero de 2009. Folios 47-53 del mencionado cuaderno. Folios 54-55 del referido cuaderno. Folios 70-90 del cuaderno correspondiente a los antecedentes administrativos. Folios 127-138 del cuaderno de antecedentes administrativos. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de agosto del dos mil diez 2010, exp 17018, C. P Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
Folios 32 a 34
“[…] ARTÍCULO 1054. <DEFINICIÓN DE RIESGO>.
Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento […]”.
“[…] ARTÍCULO 1057. <TÉRMINO DESDE EL CUAL SE ASUMEN LOS RIESGOS>. En defecto de estipulación o de norma legal, los riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato […]”.
“[…] ARTÍCULO 1072. <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado […]”.
“[…] ARTÍCULO 1073. <RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR SEGÚN EL INICIO DEL SINIESTRO>. Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato.
Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el siniestro […]”.
El Decreto 2685 de 1999, en su artículo 512, frente a las decisiones de fondo en los procedimientos aduaneros señala:
“[…] ARTÍCULO 512. ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE DE FONDO.
Vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 505-1 del presente Decreto o el término previsto en el inciso segundo del artículo 510 sin que se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar.
Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Ver numerales 3 y 6 del acápite 6.1. de la parte considerativa de este fallo.
Demandante: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
Demandado: DIAN
Radicado: 76001-23-31-000-2011-00850-01
Sentencia de segunda instancia
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