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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2010-00071-01

Fecha
15 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2010-00071-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, de acuerdo con los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo segundo de la Resolución núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009, confirmada por la Resolución núm. 10.112 de 13 de octubre de 2009, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN], de acuerdo con los argumentos contenidos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declara que la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., en virtud del contenido de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales núm. «[…] 85-43-101000225 […]», solo está obligada a cancelar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN], las sumas de dinero que corresponden al valor asegurado señalado en el contrato de seguro, esto es, la suma de $201.982.738,31, o el remanente disponible. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN] deberá realizar la devolución de los dineros que la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A. haya cancelado en exceso del valor asegurado, en caso de que 48 Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01 Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. hubiere realizado pago alguno, con la respectiva actualización, siguiendo para el efecto los artículos 177 y 178 del CCA. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en esta providencia. QUINTO: SIN CONDENA en costas en esta instancia. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2010-00071-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

15 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 08001 23 31 000 2010 00071 01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES
Tema: Siniestro en el contrato de seguro de cumplimiento de disposiciones legales
• Reiteración de jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 en
contra de la sentencia de 29 de agosto de 20142, proferida por el «[…] TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO (…) SUBSECCIÓN DE DESCONGESTIÓN
[…]».

I. Antecedentes
I.1.- La demanda3

1. La sociedad Seguros del Estado S.A., actuando a través de apoderado judicial4 y
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo ─en adelante CCA─, acudió ante la
jurisdicción contencioso administrativa para elevar las siguientes pretensiones:

«[…] a. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1-87-201-241-668-056
del 17 de Junio de 2009 proferida por La Jefe de la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla (…) b. Que
se declare la nulidad de la Resolución No. 10112 del 13 de Octubre de 2009,
proferida por La Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos, por medio de
la cual Resuelve los recursos de reconsideración presentados, confirmando en
todas sus partes la Resolución No. 1-87-201-241-668-056 del 17 de Junio de
2009 (…) c. Que como consecuencia del reconocimiento de lo anterior se
declare que la factura presentada como soporte para la declaración de
importación es totalmente válida y por ende existente (…) d. Que como
consecuencia de la primera declaración y en caso de haber efectuado algún
pago por parte del Importador o de la Compañía Aseguradora mientras se
desarrolla el presente proceso contencioso administrativo, se condene a la UEA
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al pago de las siguientes sumas
de dinero: (…) – Por el daño emergente: la suma de $566.856.046, suma que
consta dentro del expediente administrativo aduanero o la suma que se pague
a la DIAN con el incremento de intereses actualizados (…) – Por el lucro
cesante: la actualización de la suma anterior, según el índice de precios al
consumidor, más un 6% (seis) desde el momento en que se haga el pago a la

1 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
2 Fol. 365-376, C. 1.
3 Fol. 14-33, C. 1.
4 Abogada LIGIA CRISTINA RESTREPO PATIÑO.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DIAN hasta el día en que se realice efectivamente el reintegro al demandante
[…]».

I.1.1. Los hechos

2. Los hechos que sustentan la demanda y sus pretensiones pueden sintetizarse de
la siguiente forma:

2.1. Indicó que la compañía colombiana HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A. celebró con el proveedor del exterior MEZCO INC., un contrato de suministro
y servicios, en virtud de la cual se expidió la factura núm. 24364522 de 5 de julio de
2005.

2.2. Afirmó que el jefe de la División de Programas de Control Posterior de la
Subdirección de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales [en adelante DIAN] profirió el Oficio núm. 63-00-305-00568 de 1 de
agosto de 2007, a través del cual remitió un listado de declaraciones, dentro de las
que se encontraban las siguientes:

«[…] Declaraciones de Importación iniciales No. 07480260030181 del 9 de
Febrero de 2006, aceptación 022006000014925 del 17 de febrero de 2006,
corregida con la No. 51267050029409 del 17 de Febrero de 2006; Declaración
de importación No. 07477310002845 del 13 de Julio de 2006, aceptación
022006000165012 del 21 de Diciembre de 2006; Declaración de importación
No. 01292020697059 del 5 de Septiembre de 2006, aceptación
022006000112394 del 5 de Septiembre de 2006 en las cuales figura el valor
FOB declarado por debajo del precio indicativo de US$56 señalado en la
Resolución No. 09477 de 2005 […]».

2.3. Aseguró que el GIT de Control Posterior de la División de Fiscalización Aduanera
de la Administración Local de Aduanas de Barranquilla expidió el requerimiento
ordinario de información núm. 1.066 de 9 de octubre de 2007, a través del cual se
solicitó a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. el envío de la
documentación que soportaba las declaraciones de importación núm. i)
07480260030181 de 9 de febrero de 2006, corregida con la declaración núm.
51267050029409 de 17 de febrero de 2006; ii) 07477310002845 de 13 de julio de
2006; iii) 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006; y, iv) 01292020697059 de
5 de septiembre de 2006, requerimiento que, añadió, no le fue notificado [a
SEGUROS DEL ESTADO S.A.].

2.4. Aseveró que el representante legal de la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A., el 24 de octubre de 2007, dio respuesta al precitado
requerimiento ordinario.

2.5. Apuntó que el jefe de la División de Fiscalización de Aduanas de la
Administración Local de Aduanas de Barranquilla, a través del oficio núm. 80-02-
070-0144 de 14 de febrero de 2008, solicitó «[…] al Grupo RILO verificar la
existencia del proveedor, obtener copias de los contratos de suministros y servicios

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

de las facturas y demás documentos relacionados con el objeto de verificar los
contratos celebrados entre la compañía colombiana HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A., con el proveedor en el exterior MEZCO INC […]».

2.6. Sostuvo que, el 18 de julio de 2008, expidió la póliza de cumplimiento de
disposiciones legales núm. «85-43-101000224»5, cuya vigencia estuvo
comprendida entre el 19 de octubre de 2008 y el 18 de enero de 2010, teniendo
como valor asegurado límite la suma de $201.982.738,31, para garantizar ante la
DIAN las siguientes obligaciones a cargo de HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A.

«[…] “GARANTIZAR EL PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, QUE SE GENEREN EN EL
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE USUARIA ADUANERO [sic]
PERMANENTE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2685 DE 1999, EN
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL ART. 32 Y LA RESOLUCIONES 4240
DEL 2000 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE LA MODIFIQUEN,
ADICIONEN O COMPLEMENTEN” […]».

2.7. Manifestó que el Cónsul de Colombia en Beijing, República Popular China, en
respuesta al oficio núm. 80-02-070-0144 de 14 de febrero de 2008 antes
mencionado, indicó que la empresa «MEZCO INC.» adujo no conocer a la empresa
colombiana y, además, que sus mercancías fueron vendidas a una empresa en
Panamá.

2.8. Expresó que el 3 de febrero de 2009 se ordenó cerrar la investigación preliminar
núm. PR 2006 2008 0038 y abrir un expediente administrativo por definición de
situación jurídica de la mercancía y, asimismo, que la jefe del «[…] GIT Secretaria
de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla ordenó iniciar investigación contra la sociedad HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., por no ser posible aprehender una
mercancía […]» a través del auto de apertura de expediente núm. 00148 de 19 de
febrero de 2009.

2.9. Señaló que la «[…] División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla […]», mediante oficio núm.
1.87.238.419.0189, solicitó, a «[…] la División de Gestión de la Operación Aduana
de la misma Dirección Seccional […]», la cancelación del levante de las
declaraciones de importación núm. i) 07480260030181 de 9 de febrero de 2006,
corregida con la declaración núm. 51267050029409 de 17 de febrero de 2006; ii)
07477310002845 de 13 de julio de 2006; iii) 07487260093206 de 21 de diciembre
de 2006; y, iv) 01292020697059 de 5 de septiembre de 2006.

5 En realidad, se trata de la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales núm. 85-43-101000225

de 18 de julio de 2008.

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

2.10. Indicó que el «[…] G.I.T. Investigaciones Aduaneras de la División de Gestión
de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla […]» expidió
el requerimiento ordinario núm. 0403-213-301, por medio del cual solicitó a la
sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. poner a disposición de
la autoridad aduanera las mercancías descritas en las declaraciones de importación
ya mencionadas.

2.11. Resaltó que la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA, el 18 de
marzo de 2009, dio respuesta al requerimiento ordinario núm. 0403-213-301 y
también que la autoridad aduanera profirió requerimiento especial aduanero núm.
1-87-238-419-0450-00007 de 18 de marzo de 2009, por el cual se propuso
sancionar a la mencionada sociedad, el cual, indicó, nunca le fue notificado [a
SEGUROS DEL ESTADO S.A.].

2.12. Afirmó que la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA, el 18 de
marzo de 2009, dio respuesta al requerimiento especial aduanero núm. 1-87-238-
419-0450-00007 de 18 de marzo de 2009 y que, posteriormente, «[…] la División de
Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla […]»
profirió la Resolución núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009, a través
de la cual sancionó a la citada sociedad con multa por valor de $566.856.046 y
ordenó la efectividad de la póliza de seguro núm. «85-43-101000225», el cual fue
notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 30 de junio de 2009.

2.13. Anotó que, frente a la anterior decisión administrativa, interpuso recurso de
reconsideración; sin embargo, a través de la Resolución núm. 10.112 de 13 de
octubre de 2009, la «[…] Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos […]»
confirmó la decisión recurrida, la cual fue notificada a SEGUROS DEL ESTADO
S.A. el 14 de octubre de 2009.

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas por el actor

3. La
parte actora consideró que las resoluciones cuestionadas infringieron las
normas en que se debieron fundar.

I.1.2.1. Las normas violadas

4. Señaló como transgredidos, en particular, i) los artículos 29 y 83 de la Carta
Política; ii) el artículo 44 del CCA; iii) los artículos 187, 248, 252 y 276 del Código
de Procedimiento Civil; iv) los artículos 1.054, 1.057, 1.072, 1073, 1.079 y 1.081 del
Código de Comercio; v) el artículo 745 del Estatuto Tributario; y, vi) los artículos 131
y 502 del Estatuto Aduanero.

I.1.2.1. El concepto de violación

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

i) «[…] 1. VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
[…]»

5. Indicó que la DIAN, con la expedición de los actos acusados, violó el artículo 1.079
del Código de Comercio, al ordenar, en el artículo segundo de la parte resolutiva de
la Resolución núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009, hacer efectiva la
póliza de seguro núm. 85-43-101000225 por la suma de $566.856.046, valor
superior al asegurado de $201.982.738,31, desconociendo, además, que «[…] con
actos anteriores y posteriores ordenó la afectación de la misma póliza, excediendo
en esa medida el límite del valor asegurado […]».

6. Aseguró que, sin perjuicio de los argumentos que expondrían posteriormente,
resultaba indispensable aclarar que la responsabilidad de la aseguradora tiene
como límite el valor asegurado o su remanente disponible, reiterando que la DIAN
habría ordenado, en diferentes actuaciones, la afectación de la citada garantía, las
cuales listó, así:

Número de resolución Número de Expediente Monto de la sanción

Resolución 047 de 12 de AA-2006-2009-00050 $230.083.402
mayo de 2009 -aclarada por
la Resolución núm. 003 de
10 de julio de 2009-.
Resolución 048 de 12 de AA-2006-2009-00145 $360.052.350
mayo de 2009 -aclarada por
la Resolución núm. 004 de
10 de julio de 2009-.
Resolución 049 de 18 de AA-2006-2009-00070 $778.356.572
mayo de 2009 -aclarada por
la Resolución núm. 005 de
10 de julio de 2009-
Resolución 053 de 16 de AA-2006-2008-1773 $651.339.942
junio de 2009
Resolución 054 de 16 de AA-2006-2009-00247 $72.436.338
junio de 2009
Resolución 056 de 17 de AA-2006-2009-00148 $201.856.046
junio de 2009
Resolución 058 de 21 de AA-2006-2009-00250 $1.032.478.332
julio de 2009

ii) «[…] 2. DESCONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 745 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO NORMA RESIDUAL DE LAS NORMAS ADUANERAS QUE
A TENOR [sic] EXPRESA “LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACÍOS
PROBATORIOS SE RESUELVEN A FAVOR DE LA CONTRIBUYENTE.
LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACÍOS PROBATORIOS
EXISTENTES EN EL MOMENTO DE PRACTICAR LAS
LIQUIDACIONES O DE FALLAR LOS RECURSOS, DEBEN
RESOLVERSE, SI NO HAY MODO DE ELIMINARLAS, A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE”. ASI MISMO LA ADMINISTRACIÓN DESCONOCE

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CRITERIOS SOBRE APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS
PRUEBAS, CONTENIDOS EN LOS ART. 187, 252, 248 Y 276 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL […]»

7. Manifestó que la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN ordenó poner a
disposición las mercancías relacionadas en las declaraciones de importación antes
mencionadas, presumiendo que la factura núm. 243654778 de 5 de noviembre de
2005 expedida por MEZCO INC «[…] es falsa […]».

8. Argumentó que llegaba a la anterior conclusión del contenido del oficio núm.
019686 de octubre 30 de 2008 expedido por la autoridad aduanera en el cual aludió
a la respuesta al exhorto núm. 118 de 25 de febrero de 2008, enviado por el cónsul
de Colombia en Beijing, República Popular China, en el cual informó «[…] “… que
no conocen a la empresa colombiana y que sus mercancías las vendieron a una
empresa en Panamá” […]».

9. Aseveró que en la respuesta entregada por el funcionario no se indica que la
factura núm. 243654778 del «5 de noviembre de 2005» «[…] sea falsa o no
corresponda a la verdad […]», por lo que la autoridad aduanera no podía llegar a tal
conclusión.

10. Destacó, una vez citó el artículo 502 del Decreto núm. 2.685 de 28 de diciembre
de 19996, que en el presente asunto no se ha determinado «[…] la falsedad de las
facturas […]», luego lo decidido por la autoridad aduanera, desconoció el principio
de buena fe previsto en el artículo 83 de la Carta Política, atendiendo que los
documentos que soportaron la operación de comercio exterior, dentro de los cuales
está la factura aludida, existen:

«[…] y sus datos coinciden con la cantidad, valor, descripción de la mercancía,
exportador, transporte de mercancía, y mal puede entenderse la conclusión de
presunta falsedad, cuando en ningún momento MEZCO ha manifestado que
dicha factura es falsa o no corresponde a la realidad, ni esto ha sido declarado
por un Juez Penal de la República, que es el competente para este tipo de
asuntos […]».

11. Solicitó, bajo el contexto anterior, que se diera aplicación al artículo 745 del
Estatuto Tributario «[…] resolviendo las dudas que existan en el proceso a favor de
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. y de mi representada, aplicando
la misma solución en derecho que ya aplicó la misma administración para un caso
exactamente igual, que sin ir más lejos, corresponde a la resolución que le sigue
numéricamente a la aquí impugnada […]».

iii) «[…] 3. FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN […]»

12. Citó el artículo 131 del Estatuto Tributario, para indicar que las declaraciones de
importación números 07480260030181 de 9 de febrero de 2006, 07477310002845
de 13 de julio de 2006, 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006 y

6 Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

01292020697059 de 5 de septiembre de 2006 que respaldaron el negocio jurídico
internacional realizado por la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A., adquirieron firmeza el 9 de febrero de 2009, 13 de julio de 2009, 5 de
septiembre de 2009 y 21 de diciembre de 2009 respectivamente, ya que «[…] el
Requerimiento Especial Aduanero que exige la norma para interrumpir la firmeza de
la declaración, nunca ha sido notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A. […]».

iv) «[…] 4. VIOLACIÓN A LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES LEGALES:
ARTÍCULOS 1054, 1057, 1072 Y 1073 DEL CÓDIGO DE COMERCIO,
QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DE COBERTURA A TRAVÉS DE
LAS LIMITACIONES LEGALES DEL CONTRATO DE SEGURO,
PORQUE LOS HECHOS QUE GENERAN LA SANCIÓN OCURRIERON
POR FUERA DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA NÚMERO 85-43-
101000225 […]»

13. Mencionó, frente al artículo 1.054 del Código de Comercio, que las declaraciones
de importación involucradas en este proceso fueron presentadas cuando el contrato
de seguro contenido en la póliza de seguro núm. 85-43-101000225 aún no existía
[no había sido suscrito el contrato de seguro], advirtiendo que a través de tal
contrato se amparan hechos futuros e inciertos y no hechos pasados ya acaecidos.

14. Llamó la atención, en lo atinente al artículo 1.057 del Código de Comercio, que
para SEGUROS DEL ESTADO S.A. «[…] el riesgo empezó [a] correr a partir de la
hora 24 del día en que se inicia la vigencia de la cobertura, es decir el 19 de octubre
de 2008 […]», por lo que los riesgos ocurridos con anterioridad «[…] seguramente
y por disposición aduanera deben estar cubiertos por otra póliza, que debió
presentar HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. para una vigencia
anterior […]».

15. Estimó, respecto del artículo 1.072 del Código de Comercio, que «[…] En el caso
sub judice, que implica la afectación de la póliza No. 85-43-101000335 [sic], cuya
vigencia inició el 19 de octubre de 2008, es menester concluir que no pudo haber
siniestro de un riesgo que ya se había concretado, materializado y conocido por el
asegurado DIAN, constituyendo la violación directa al art. 1072 del C. de Co., al
pretender afectar con siniestro una póliza que no existía al momento de los hechos
[…]».

16. Afirmó, en lo que se refiere al artículo 1.073 del Código de Comercio, que «[…]
es totalmente concordante la norma con todos los artículos citados, al reiterar que
el siniestro iniciado antes de que hayan principiado a correr los riesgos por cuenta
de SEGUROS DEL ESTADO S.A. (asegurador) no serán responsabilidad de este
último, y es apenas de natural comprensión esta norma, porque SEGUROS DEL
ESTADO S.A. si hubiera conocido de la existencia de estos cargos sobre HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., seguramente se abstendría de expedir la
póliza […]».

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

v) «[…] 5. VIOLACIÓN A LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES LEGALES:
ARTÍCULOS 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, RELACIONADO CON
LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
DE SEGURO, QUE EN GRACIA DE DISCUSIÓN, EN EL PRESENTE
CASO, OPERÓ DE PLENO DERECHO, AL HABER TRANSCURRIDO
MÁS DE 2 AÑOS DESDE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO (DIAN)
TUVO O DEBIÓ HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS
QUE DAN ORIGEN A LA ACCIÓN […]»

17. Transcribió el artículo 1.081 del Código de Comercio y luego resaltó que el
término para que opere la prescripción ordinaria empezaría a correr a partir del
momento en que el interesado, en este caso la DIAN, tuvo conocimiento o debía
tenerlo del hecho que da base a la acción.

18. Tal situación acaeció, en este asunto, en la fecha en que se presentaron las
declaraciones de importación anteriormente mencionadas ante la DIAN, puesto que
a partir de aquella fecha «[…] dispone de todos los documentos, las facultades y las
acciones para verificar la operación […]» y, entonces, «[…] a la fecha que se notifica
la Resolución No. 056 de Junio 17 de 2009 (junio 30 de 2009), que vincula a
SEGUROS DEL ESTADO S.A. al proceso aduanero, había operado de marras la
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro frente a la póliza 85-
43-101000225 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., tornando
improcedente cualquier vinculación frente a la aseguradora […]».

vi) «[…] 6. NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR VIOLACIÓN AL
DEBIDO PROCESO […]»

19. Citó el artículo 44 del CCA y la sentencia T-352 de 1996 de la Corte
Constitucional, para apuntar que se violó su derecho de oponerse a las condenas
que la autoridad administrativa le impuso en los actos administrativos acusados
puesto que «[…] si bien es cierto la División de Gestión de Fiscalización profirió el
Requerimiento Especial Aduanero No. 0007 de Marzo 18 de 2009 proponiendo
sancionar a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. tal como se menciona
en el acápite de hechos del acto enjuiciado, dicho acto administrativo nunca fue
notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A., compañía aseguradora garante del
cumplimiento de esa obligación, vulnerando de plano su derecho a oponerse a las
condenas del mencionado acto administrativo y por efecto propio al debido proceso
y derecho de defensa […]».

I.2. Trámite de la demanda

20. Repartida la demanda7, el magistrado instructor del proceso, mediante auto de 5
de abril de 20108, la admitió y, en consecuencia, i) ordenó la notificación personal
al Director General de la DIAN, por conducto del director regional de impuestos y
aduanas nacionales, así como al agente del Ministerio Público y al representante

7 Fol. 67, C. 1.
8 Fol. 69, C. 1.

9

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

legal de HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.; y, ii) fijó el negocio en
lista por el término de diez (10) días para los fines previstos en el artículo 207
numeral 5° del CCA, subrogado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998.

I.2. La contestación de la demanda por parte de la DIAN9

21. La DIAN, a través de apoderado judicial10, contestó la demanda y en ella solicitó
denegar las pretensiones de la demanda y declarar la legalidad de los actos
administrativos acusados.

i) Las excepciones propuestas

22. Propuso, luego de referirse a los hechos de la demanda, las excepciones de «[…]
FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA ETAPA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
ANTE LA PROCURADURÍA JUDICIAL ADMINISTRATIVA […]» y de «[…] FALTA
DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA POR UN HECHO NUEVO […]».

23. Afirmó, frente a la primera excepción, que de acuerdo con los artículos 13 de la
Ley 1.285 de 22 de enero de 200911 y 2° del Decreto núm. 1.716 de 14 de mayo de
200912, se ha debido agotar, antes de acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa, el trámite de conciliación extrajudicial.

24. Adujo que no era acertado el planteamiento que realiza el demandante
consistente en que la presente controversia se enmarca en uno de los asuntos
exceptuados de agotar este trámite conforme el parágrafo 1° del artículo 2° del
Decreto núm. 1.716 de 2009, puesto que no estamos en presencia de un conflicto
de carácter tributario, sino de un asunto de orden particular y concreto de contenido
económico, así como sancionatorio por la infracción de lo establecido en el artículo
503 del Decreto núm. 2.685 de 199913.

25. Aseguró, en lo atinente a la segunda excepción, que la entidad demandante, en
sede administrativa, no alegó la prescripción de las acciones derivadas del contrato
de seguro, por lo que debería tenerse tal alegación como un hecho nuevo dentro de
este trámite jurisdiccional, añadiendo que, en todo caso, tal fenómeno no ocurrió.

ii) De los argumentos de defensa

26. Se pronunció, luego de proponer las excepciones líneas atrás mencionadas,
respecto de los cargos esbozados en la demanda.

(a) Violación del artículo 1.079 del Código de Comercio.

9 Fol. 77-96, C. 1.
10 Abogado Juan José Delgado Pineda.
11 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
12 Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del

Capítulo V de la Ley 640 de 2001.
13 Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.

10

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

27. En primer lugar, adujo que no se transgredió el artículo 1.079 del Código de
Comercio por haberse ordenado la efectividad de la póliza de seguro núm. 85-43-
101000225 por valor superior [$566.856.046] al contemplado en esta como valor
asegurado [$201.982.738,31], póliza de seguro que, además, ya había sido
afectada en actos administrativos anteriores, puesto que «[…] el artículo 497 de la
resolución [sic] 4240 de 2000, ha previsto que cuando la garantía global por
incumplimiento declarado, se procede a la modificación de la misma ajustando el
monto inicial. Posición doctrinariamente avalada mediante conceptos 143 de agosto
9 de 2000 y 052 de julio 25 de 2005 […]».

28. Añadió, asimismo, que la DIAN había hecho efectiva la póliza de seguro y que,
frente a los valores insolutos, se remitía copia de la resolución a distintas divisiones
de la misma entidad para efectos de que «[…] en el evento que existan otros
soportes a nombre de la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.
con ellos se pueda hacer efectivo los dineros que faltan para completar el valor total
de la sanción que equivale a la suma de (…) ($364.872.308) o en su defecto se
intente la acción correspondiente contra el importador HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A.[…]».

(b) Desconocimiento del artículo 745 del Estatuto Tributario, norma
residual de las normas aduaneras

29. Apuntó que los actos administrativos tuvieron como sustento la respuesta
obtenida por la DIAN de parte del «[…] Cónsul de Colombia en Beijing China
república Popular [sic] respecto de la empresa MEZCO INC. Señaló: “que no conoce
la empresa COLOMBIANA y sus mercancías fueron vendidas a una empresa en
PANAMÁ […]».

30. Sostuvo que la factura comercial que se presenta como soporte de la declaración
de importación ante la autoridad aduanera debe ser expedida por el vendedor con
quien el comprador nacional realizó el acuerdo de voluntades y, para el caso en
estudio, la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., en
respuesta al requerimiento ordinario núm. 301 de 2 de marzo de 2009, reconoció
que su proveedor había sido la compañía «[…] MEZCO INC que tiene su domicilio
en Colón Zona Libre de la República de Panamá […]», persona distinta de la que
consta en aquellos documentos.

31. Afirmó que la factura aportada por el usuario aduanero HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. no puede tener efectos aduaneros puesto
que carece de todos los requisitos que exige el artículo 188 de la Resolución núm.
4.240 de 2 de junio de 200014 y, adicionalmente, que:

«[…] Si se coteja el documento aportado como factura (folio 20), frente a la
respuesta consignada en el Exhorto No. 118 del 25 de febrero de 2008, se
puede corroborar que no puede ser tenido en cuenta dicho documento como

14 Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999.

11

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

factura comercial soporte, ya que si el proveedor en el exterior certifica que la
mercancía fue despachada a una empresa en Panamá, entonces se desvirtúa
la afirmación del recurrente que el importador o comprador haya sido HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. (…) Un elemento adicional que se
evidencia dentro del presente análisis, es que tampoco la empresa NINGBO
TIANXIANG ELECTRICAL APPLIANCES CO LTDA, MEZCO INC de la
República Popular China, fabricante y país de origen de la mercancía, haya sido
el proveedor de la sociedad importadora HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A., porque, se reitera, su Representante Legal reconoció que el
proveedor había sido MEZCO INC, que tiene su domicilio en Colón Zona Libre
de la República de Panamá (…) Es importante para determinar la procedencia
[…]»

(c) La firmeza de las declaraciones de importación.

32. Alegó, en lo que se refiere a la firmeza de las declaraciones de importación
números 07480260030181 de 9 de febrero de 2006 [corregida con la declaración
51267050029409 de 17 de febrero de 2006], 07477310002845 de 13 de julio de
2006 y 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006, que la primera de ellas
[declaración de importación núm. 07480260030181 de 9 de febrero de 2006] no
obtuvo levante, esto es, que no produjo efecto alguno conforme lo establece el
artículo 132 literal a) del Decreto núm. 2.685 de 1999, por lo que no podría
considerarse en firme.

33. Añadió que la segunda de aquellas declaraciones [declaración de importación
núm. 07477310002845 de 13 de julio de 2006] no se encuentra en firme puesto que
tal firmeza fue interrumpida con la notificación del requerimiento especial aduanero
núm. «1-87-238-4190450-00007» de 18 de marzo de 2009, lo cual acaeció el 24 de
marzo de 2009, lo anterior siguiendo el artículo 131 del Decreto núm. 2.685 de 1999.

34. Resaltó que el requerimiento especial aduanero mencionado le fue notificado al
responsable de la obligación aduanera, no a la compañía aseguradora, en virtud de
lo previsto en el artículo 3° del Decreto núm. 2.685 de 1999, esto es, a la sociedad
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., por lo que no existe fundamento
legal que sustente la posición de la parte actora consistente precisamente en que
las declaraciones de importación mencionadas adquirieron firmeza por no habérsele
notificado el mencionado requerimiento especial aduanero.

(d) Violación de los artículos 1054, 1057, 1072 y 1073 del Código de
Comercio.

35. Manifestó, en lo que se refiere a la violación de los precitados artículos por cuanto
los hechos objeto de juzgamiento ocurrieron por fuera de la vigencia de la póliza de
seguro núm. 85-43-101000225, que no le asistía razón a la demandante puesto que
«[…] el siniestro de las obligaciones aduaneras amparadas con póliza de compañía
de seguros se configura cuando la administración establece la presunta comisión
de una infracción aduanera, o identifica las causales que dan lugar a la expedición
de una liquidación oficial o la imposición de una sanción por la comisión de una
infracción administrativa, esto es, con el requerimiento especial aduanero […]».

12

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

(e) Violación al debido proceso

36. Subrayó que no se violó el artículo 44 del CCA ni existió trasgresión al debido
proceso toda vez que, en su concepto, el artículo 531 de la Resolución núm. 4.240
de 1999 establece en qué momento debe notificarse a la compañía aseguradora y
no es otro que con ocasión de la expedición de la decisión de fondo pues es allí en
donde se hace efectiva la garantía. Por el contrario, no hay una disposición legal
que ordene notificarle el requerimiento especial aduanero.

I.3. La intervención de la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A.15

37. La sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., actuando a través
de apoderado judicial16, intervino dentro de este proceso y elevó las siguientes
pretensiones:

«[…] 1. PRETENSIONES (…) 1.1. Se declare la Nulidad de la Resolución No.
1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009 proferida por la Jefe de la División
de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla.

1.2. Se declare la nulidad de la Resolución No. 10112 de 13 de octubre de 2009,
proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos, por medio de
la cual resuelve los recursos de reconsideración presentados, confirmando en
todas sus partes la Resolución No. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de
2009.

1.3. Que en consecuencia de lo anterior y en caso de haber efectuado algún
pago por parte de mi representada o de SEGUROS DEL ESTADO S.A. mientras
se desarrolla el proceso, se condene a la U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales a la restitución de la suma pagada con el incremento de
intereses actualizados […]»

38. Afirmó que la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. tenía
interés directo en el resultado del proceso y, por tal razón, se constituía en
litisconsorte, por ser el destinatario de la sanción impuesta por la DIAN en los actos
administrativos acusados, en los cuales, igualmente, se ordena la efectividad de la
garantía expedida por la compañía aseguradora demandante.

39. Expresó, en primer lugar y luego de hacer referencia a los hechos fundamento
de su intervención, que las dudas probatorias debían resolverse a favor del
contribuyente, conforme el artículo 745 del Estatuto Tributario, norma de aplicación
residual del Estatuto Aduanero.

15 Fol. 108-118, C. 1.
16 Abogado Juan Carlos Gloria de Vivo.

13

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

40. Explicó, en efecto, que la DIAN le imputó la comisión de una infracción aduanera
al considerar que las declaraciones de importación números 07480260030181 de 7
de febrero de 2006 [corregida con la declaración núm. 51267050029409 de 17 de
febrero de 2006], 07477310002845 de 13 de julio de 2006, 01292020697059 de 5
de septiembre de 2006 estaban soportadas en una factura «[…] presuntamente
falsa […]».

41. Resaltó que tal presunción tuvo como sustento la situación consistente en que
«[…] en desarrollo de sus labores de fiscalización, ordenó la verificación de la
existencia del proveedor a través de Exhorto enviado al Cónsul de Colombia en
Beijing, China en cuya respuesta se indicó que la empresa MEZCO INC, que figura
como proveedor señaló que “no conoce a la empresa colombiana y que sus
mercancías las vendieron a una empresa en Panamá” […]», con lo que se configuró
la causal de aprehensión y decomiso de las mercancías, prevista en el artículo 502
numeral 1.25 del Estatuto Aduanero.

42. Anotó que la DIAN, a través del requerimiento ordinario núm. 0403-213-301 de 2
de marzo de 2009, le solicitó que pusiera a disposición de la autoridad aduanera la
mercancía descrita en las declaraciones de importación, lo cual no ocurrió, por lo
que decidió imponerle la respectiva sanción y hacer efectiva la póliza de
cumplimiento de obligaciones legales expedida por la compañía aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

43. Sostuvo que, en su concepto, la actuación administrativa se cimentó en una
presunción más no en un hecho probado puesto que «[…] la factura soporte cuya
falsedad se reputa no fue tachada como tal en la respuesta al exhorto aludido, ni
declarada de esta manera por un juez penal de la República o por alguna otra
autoridad competente para ello. Por ende, a falta de la prueba de su falsedad, no
es procedente la imposición de la sanción cuya revocatoria se solicita por ser
contraria a las normas procedimentales que regulan la materia […]».

44. Hizo hincapié en que la causal de aprehensión que se le atribuyó debía estar
plenamente probada; sin embargo, dentro del expediente obrarían «[…] los
documentos soportes de la declaración de exportación y que dan cuenta de que la
factura existe y sus datos coinciden con la cantidad, valor, descripción de la
mercancía, exportador, y transporte de la mercancía […]», razón por la que existiría
una duda proveniente de vacíos probatorios que debía ser resuelta en su favor, de
acuerdo con el precitado artículo 745 del Estatuto Tributario.

45. Subrayó, de otro lado, que la veracidad de la factura soporte de la operación de
comercio exterior no era un asunto que debía acreditar puesto que los documentos
privados, siguiendo el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se reputan
auténticos y, por ello que quien alegue su falsedad debe probarla.

14

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

46. Continuó insistiendo en que, dentro del anterior contexto, la respuesta «[…] al
exhorto que alude a que el proveedor del exterior no conoce a mi representada, es
un hecho que tan sólo constituyó un indicio para la DIAN acerca de su supuesta
falsedad […]», el cual debe estar acompañado de otros hechos indicadores de la
comisión de la falta; sin embargo, dentro del proceso no obra otra prueba que
permita inferir la falsedad de la factura y, por el contrario, «[…] obran en el
expediente pruebas de otros hechos que refuerzan su existencia y validez acorde a
la operación que sustenta […]».

47. Finalmente, reiteró los argumentos expuestos por la parte demandante,
SEGUROS DEL ESTADO S.A., según los cuales en un caso similar al que se
estudia en este proceso, se «[…] decidió revocar las resoluciones por medio de las
cuales se impuso una sanción a mi representada […]».

I.4. Sentencia de primera instancia

48. El «[…] TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO (…) SUBSECCIÓN DE
DESCONGESTIÓN […]», en sentencia de 29 de agosto de 2014, dispuso lo
siguiente:

«[…] 1. NIÉGUESE las pretensiones de la demanda, de acuerdo con la parte
motiva de esta sentencia (…) 2. Sin condena en costas (…) 3. EJECUTORIADA,
la presente providencia si no es objeto de recurso de apelación, ordénese su
archivo […]»

i) El problema jurídico

49. Luego de hacer un recuento de los antecedentes del proceso, consideró que el
problema jurídico a resolver era el consistente en «[…] determinar si los actos
administrativos demandados deben declararse nulos con ocasión a la vulneración
del debido proceso de la aseguradora demandante por afectar con varias sanciones
una misma póliza y exceder el monto asegurado, así como por no notificarle el
requerimiento especial ordinario […]».

ii) Decisión de las excepciones

50. Inicialmente resolvió la excepción «[…] 2.1.- Excepción de falta de agotamiento
de la vía gubernativa por un hecho nuevo […]» declarando su prosperidad y, en
consecuencia, relevándose de decidir el cargo relativo a la «[…] prescripción de las
acciones derivadas del contrato de seguros en el cargo sexto de nulidad […]».

51. Señaló que la jurisprudencia de esta Corporación censuraba la posibilidad de
plantear hechos nuevos o no alegados al momento de agotar la vía gubernativa; sin
embargo, tal posición no cercenaba la posibilidad de presentarle a la jurisdicción
contencioso-administrativa nuevos y mejores argumentos mientras no varíe la

15

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

petición inicial, para lo cual citó la sentencia de 17 de marzo de 2005, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el expediente núm. 14.113.

52. Evidenció, del contenido de los actos administrativos y de la demanda
contencioso-administrativa, que «[…] la petición del actor en el libelo incluyó un
hecho nuevo, frente al cual la demandada no tuvo la oportunidad de ejercer el
derecho de contradicción y defensa durante el agotamiento de la vía gubernativa
[…]», puesto en el recurso de reconsideración presentado en contra de la resolución
sancionatoria no se planteó como argumento el «[…] relativo a la prescripción de la
acción que deriva del contrato de seguro […]».

53. Posteriormente, desató la excepción de «[…] caducidad de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho por falta de conciliación extrajudicial […]»,
declarándola no probada.

54. Estimó que, conforme a la Ley 1.285 y el Decreto núm. 1.716 de 2009, la
conciliación extrajudicial es presupuesto «[…] para demandar en acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, solo para asuntos de carácter particular y de
contenido económico, pero nunca en asuntos de carácter tributario […]».

55. Consideró que la presente controversia, por ser de índole aduanera, debía ser
regulada por la Ley 863 de 29 de diciembre de 200317 y de cuyo contenido, en
particular de su artículo 38, dedujo que «[…] no estipuló la conciliación extrajudicial
en derecho como requisito para demandar en nulidad y restablecimiento del
derecho, los asuntos relativos a aduanas, sino que de manera temporal, permitió la
conciliación judicial para aquellas demandas que se encontraban en curso, lo cual
fue reiterado por el Decreto 412 de 2004 en su artículo 6° […]».

iii) Cargos de la demanda

(a) La violación del artículo 1.079 del Código de Comercio

56. Indicó que el artículo 1.079 del Código de Comercio estableció que el asegurador
no estaría obligado a responder sino hasta concurrencia de las sumas aseguradas.

57. Recordó que la DIAN, a través de los actos administrativos cuestionados, impuso
una sanción por valor de $566.856.046 al importador HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A. por no poner a disposición la mercancía relacionada en las
declaraciones de importación núm. «[…] 07477310002845, 07487260093206,
01292020697059 y 51267050029409 […]» y, además, ordenó hacer efectiva la
póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales núm. 85-43-101000225,
a favor de la DIAN por la citada suma de dinero.

17 Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento

económico y el saneamiento de las finanzas públicas.

16

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

58. Adujo que la mencionada póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones
legales garantizaba «[…] “(…) el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones
a que haya lugar, por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que
se generen en la actividad de usuario aduanero permanente (…) […]» por la suma
de $195.828.904.

59. Anotó que, si bien la demandante expuso que la DIAN habría excedido el límite
asegurado en la póliza de seguro citada por haberla afectado en otros actos
administrativos, estos no fueron aportados al expediente.

60. Evidenció, igualmente, que:

«[…] en el informativo figuran, en copia simple, las Resoluciones Nos. 1-87-201-
241-668-056 de junio 17 de 2009 (fls. 38-46), en las cuales la División de
Gestión de Liquidación de la DIAN Barranquilla impone una multa al importador
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., pero llama la atención de
ésta Colegiatura, que contra dichas sanciones procedía el recurso de
reconsideración, y al no encontrarse los expedientes administrativos que dieron
origen a tales decisiones sancionatorias, así como tampoco constancia de
ejecutoria de las mismas, no pueden tenerse como en firme, ya que pudieron
ser recurridas al momento de agotar la vía gubernativa y la administración pudo
variar su decisión con respecto a la efectividad de la póliza de seguros.

También figura en el proceso copia de la Resolución No. 10112 de octubre 13
de 2009 mediante la cual la DIAN resolvió un recurso de reconsideración y
confirmo la resolución Nos. 1-87-201-241-668-056 junio 17 de 2009, en la cual
se había multado a la Sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A. (fls. 38-46), destacando de la decisión tomada mediante resolución
demandada no desvirtúan razones de hecho y de derecho consagradas en el
acto oficial impugnado.

Es necesario que al operador judicial se arrimen o soliciten los elementos
probatorios necesarios para comprobar las afirmaciones que se hacen en el
curso del proceso, pues el incumplimiento de la carga de la prueba acarrea la
negación de las peticiones que se hagan en el libelo demandatorio [sic][…]»

(b) El desconocimiento del artículo 745 del Estatuto Tributario

61. Apuntó que la multa impuesta por la DIAN en los actos acusados:

«[…] tuvo lugar por el Oficio No. 80-02-070-0144 de 14 de febrero de 2008
librado por el Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla, en el que solicitó al Grupo RILO verificar
la existencia del proveedor, obtener copia de los contratos de suministros y
servicios, de la factura No. 24364522 de 5 de julio de 2005 y demás documentos
relacionados para verificar los contratos celebrados por el importador HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. con el proveedor MEZC INC.

17

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Contrario a lo expuesto por la parte actora en el cargo de nulidad, el oficio antes
relacionado no fue el único elemento de juicio para la imposición de la multa,
pues en respuesta dada por el Jefe del GRUPO RILO se dijo: “En respuesta al
Exhorto No. 118 del 25 de febrero de 2008 enviada por el Cónsul en Colombia
en Beijing-China, República Popular relacionada con la empresa MEZCO INC.,
se indicó que: “… no conocen la empresa colombiana y que sus mercancías las
vendieron a una empresa en Panamá”.

Es con base en dicha información oficial, y en el entendido que no se puso a
disposición de la DIAN la mercancía descrita en las declaraciones (…) por tener
como soporte una factura comercial presuntamente falsa debido a que el
supuesto exportador presentó una factura diferente a la aportada por el
importador, con base en las facultades conferidas por el artículo 503 del Decreto
2685 de 1999 […]»

62. Aseveró que la demandada estimó que los documentos aportados con las
declaraciones de importación números 074802600030181 de 9 de febrero de 2006,
07477310002845 de 13 de julio de 2006, 07487260093206 de 21 de diciembre de
2006 y 01292020697059 del 5 de septiembre de 2006 no podían ser sustento de
estas.

63. Mencionó que la factura comercial soporte de aquellas declaraciones:

«[…] fue expedida al importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A. y la remitida al entonces GIT RILO e intercambio de información de la
Subdirección de Fiscalización Aduanera en respuesta del exhorto No. 118 de
febrero 25 de 2008, es diferente; se encuentra expedida a nombre de una
empresa en Panamá, entonces no es posible que el importador o comprador
sea HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.

En ese contexto, la sanción que se discute en este proceso no fue ordenada
con base en dudas o presunciones, sino en información recaudada en el curso
de las pruebas que se recaudaron en el proceso sancionatorio y que reposan
en el expediente No. AA2006-2009-00070 […]».

(c) Firmeza de las declaraciones de importación y violación del debido
proceso

64. Desató conjuntamente los citados cargos concluyendo que los mismo no tenían
vocación de prosperidad, puesto que la aseguradora, en principio, no era la
responsable de la obligación aduanera ni fue la entidad que presentó las
declaraciones de importación números 074802600030181 de 9 de febrero de 2006,
07477310002845 de 13 de julio de 2006, 07487260093206 de 21 de diciembre de
2006 y 01292020697059 del 5 de septiembre de 2006, por lo que no era posible
efectuarle a ella [la aseguradora] el requerimiento especial aduanero núm. 007 de
18 de marzo de 2009.

65. Añadió, citando para el efecto el artículo 562 del Estatuto Aduanero, que la
demandada «[…] debió realizar las notificaciones al responsable de la obligación
aduanera, en la dirección que el mismo declarante consignó en la declaración de
importación, por lo cual, es claro que se cumplió a cabalidad con las reglas que rigen

18

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

el procedimiento de notificación no solo de los actos administrativos demandados,
sino del requerimiento especial aduanero […]».

(d) Violación de los artículos 1054, 1057, 1072 y 1073 del Código de
Comercio

66. Encontró que la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales núm.
85-43-101000225 expedida el 18 de julio de 2008 por la aseguradora SEGUROS
DEL ESTADO S.A., tenía una vigencia desde el 19 de octubre de 2008 hasta el 18
de enero de 2010 y su objeto era garantizar el pago de tributos aduaneros y de las
sanciones a que haya lugar, por el incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades que pudieran haber presentado en el ejercicio de la actividad de
usuario aduanero permanente.

67. Explicó que, para que se entienda ocurrido el siniestro en el presente caso, se
requería que la autoridad aduanera expidiera el requerimiento aduanero, lo cual
refleja el incumplimiento de las obligaciones aduaneras por parte del importador, lo
cual ocurrió el 2 de marzo de 2009, siendo notificado el 24 de marzo del mismo año.

68. Adicionó que la resolución a través de la cual se desató el recurso de
reconsideración presentado en contra de la decisión sancionatoria, tiene como
fecha de expedición el 13 de octubre de 2009 y fue notificada el 15 del mismo mes
y año, fecha para la cual se encontraba vigente la póliza precitada.

I.4. El recurso de apelación18

69. La parte actora, inconforme con la decisión de primera instancia y por intermedio
de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación orientado a que se revoque
tal decisión y se acceda a las pretensiones de la demanda.

i) Violación del artículo 1.079 del Código de Comercio

70. Manifestó, en lo que tiene que ver con el cargo de violación del artículo 1.079 del
Código de Comercio, que allegó los elementos probatorios a través de los cuales
acreditó que la DIAN habría afectado la póliza de seguro de cumplimiento de
disposiciones legales núm. «85-43-101000225» excediendo el valor asegurado, no
obstante, la primera instancia no los estimó suficientes para demostrar que la
autoridad administrativa exigió, con cargo a dicha póliza, sumas superiores a
$3.300.000.000 cuando el valor asegurado era de «[…] $201.982.238 […]» [la póliza
de seguro indica como valor asegurado $201.982.738.31].

71. Anotó que el hecho consistente en que haya demandado o no los actos
administrativos a través de los cuales la DIAN afectó la citada póliza no enerva que
dicha autoridad administrativa exigió suma superior a la asegurada, desconociendo

18 Fol. 378-396, C. 1.

19

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

el artículo 1.079 del Código de Comercio, norma que fija el límite de responsabilidad
de las aseguradoras, añadiendo que aquella no tuvo en cuenta que:

«[…] 1. Que el límite máximo de responsabilidad económica exigido a mi
representada con cargo a la Póliza 85-43-101000225 asciende a la suma de
$201.982.238,oo, y nunca más allá (…) 2. Que cuando la DIAN ordena hacer
efectiva la póliza en cada uno de los actos administrativos proferidos, debe
ordenar que se afecta por $201.982.238,oo o su remanente disponible (…) 3.
Que agotado el límite de valor asegurado con cargo a la póliza, las sumas
pendientes de pago serán exigidas única y exclusivamente al usuario Aduanero
responsable [sic] […]»

72. Afirmó que la primera instancia no tuvo en cuenta que la DIAN no contestó la
demanda19 y, además, que, si estimaba que le faltaban mayores pruebas para fallar,
pues no tuvo en cuenta los actos administrativos allegados al proceso, ha debido
ordenar a la DIAN allegarlas, no obstante, se conformó con analizar aquellas
aportadas al proceso.

73. Solicitó, de acuerdo a lo anterior, revocar la sentencia de primera instancia y
acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos
administrativos cuestionados o, en su defecto, declarar «[…] que en todo evento, y
en el más extremo de los casos, la responsabilidad de la aseguradora nunca podrá
exceder del límite de valor asegurado señalado en la póliza o su remanente
disponible, por todos los Actos Administrativos expedidos con cargo a la misma
póliza […]».

ii) Desconocimiento del artículo 745 del Estatuto Tributario y de los
criterios sobre apreciación y valoración de las pruebas, contenidos
en los artículos 187, 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil

74. Explicó frente a dicho cargo, que la primera instancia no estudió los argumentos
de fondo expuestos en la demanda y en la intervención litisconsorcial puesto que la
sanción se sustentó en la presunción de falsedad de la factura que respaldó las
declaraciones de importación.

45. Resaltó que la primera instancia afirmó que:

«[…] la sanción es totalmente procedente porque no se demostró la
imposibilidad de cumplir con la orden de la administración, sin tener en cuenta
que la orden fue totalmente improcedente al presumir que la Factura No. HEPI-
510203 del 22 de octubre de 2005 [sic] es falsa (…) La información suministrada
por el funcionario consular es clara, sin embargo, en ningún momento se califica
que la factura No. 243654778 del 15 de noviembre de 2005 sea falsa o no
corresponda a la verdad, presunción en la cual también erró el A-QUO a la hora
de proferir la decisión de fondo que hoy se ataca (…) En las resoluciones
demandadas la DIAN afirma que la Factura es FALSA, con fundamento en un[a]
afirmación del Cónsul de Beijin-China [sic], al indicar que “…la factura es
diferente…”, afirmación que unilateralmente la DIAN, equipara a que la
FACTURA ES FALSA, aseveración que no fue la manifestada por el Cónsul (…)
19 Del auto de 29 de junio de 2012 [fol. 126, C. 1] y de la sentencia apelada es posible deducir que, contrario a

lo afirmado por la apelante, la DIAN sí contestó oportunamente la demanda.

20

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Insistimos en que existe desconocimiento del artículo 745 del Estatuto Tributario
porque la División de Gestión de Fiscalización ordenó colocar a disposición de
las Autoridades Aduaneras las mercancías relacionadas en las declaraciones
de importación, AL PRESUMIR que la factura No. 243654778 del 15 de
noviembre de 2005, ES FALSA (…) Ahora, el A-QUO afirmó que la sanción es
totalmente procedente porque no se logró demostrar la imposibilidad para dar
cumplimiento a la orden emitida por la DIAN, aspecto que nada tiene que ver
con los cargos formulados en la demanda y reiterados en el escrito de alegatos
de conclusión; tampoco tuvo en cuenta el A-QUO las sentencias aportadas por
la suscrita y que pudieron servir de fundamento para acceder a las pretensiones
de la demanda […]».

iii) La firmeza de las declaraciones de importación y la violación del
artículo 1081 del Código de Comercio relacionado con la
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro

75. Advirtió, en lo que tiene que ver con estos cargos que la autoridad administrativa
estaba en la obligación de notificarle el requerimiento especial aduanero [a
SEGUROS DEL ESTADO S.A.] siguiendo el artículo 2° de la Carta Política, lo cual
no ocurrió, razón por la que las declaraciones de importación que respaldaron la
negociación internacional realizada por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. se encuentran en firme desde el «[…] 9 de febrero de 2009, 13 de
julio de 2009, 21 de diciembre de 2009 y 5 de septiembre de 2009 […]», conforme
el artículo 131 del Estatuto Tributario.

76. Añadió, frente al cargo relativo a la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro, que fue expuesto oportunamente en la demanda y en las
alegaciones de conclusión, no obstante, no fue estudiado por la primera instancia.
Pese a lo anterior, reiteró los argumentos esbozados al respecto, así:

«[…] A la luz del artículo 1081 del Código de Comercio, en el sub judice, a la
fecha que se notifica la Resolución Sanción No. 1-87-201-241-668-056 del 17
de junio de 2009 que vincula a SEGUROS DEL ESTADO S.A., al proceso
aduanero, había operado de marras la prescripción de las acciones derivadas
del contrato de seguro frente a la póliza No. 85-43-101000225 expedida por
SEGUROS DEL ESTADO S.A., tornando improcedente cualquier vinculación
frente a la aseguradora (…) el incumplimiento de la obligación aduanera se
generó el 9 de febrero de 2006, el 13 de julio de 2006, el 21 de diciembre de
2006 y el 5 de septiembre de 2006, por lo tanto la administración tenía dos años
a partir de la mencionada fecha para proferir la decisión de fondo, es decir hasta
el 9 de febrero de 2008, el 13 de julio de 2008, el 21 de diciembre de 2008 y el
5 de septiembre de 2008 (…) Se observa, entonces, que en junio de 2009,
(fecha en la que se notificó a SEGUROS DEL ESTADO S.A. la decisión de
fondo) la resolución dictada por la Administración, estaría por fuera de los dos
(2) años de ocurrencia de los siniestros, por tal razón en ningún caso se puede
hacer efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-
101000225, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. al haber operado de
marras la prescripción […]».

iv) La violación de los artículos 1.054, 1.057, 1.072 y 1.073 del Código de
Comercio

21

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77. Enfatizó,frente a la trasgresión de tales disposiciones, que la aseguradora
asumió los riesgos como hechos futuros e inciertos a partir del 19 de octubre de
2008, fecha en la cual inició la vigencia de la póliza de seguro, hasta el 18 de enero
de 2010, riesgos consistentes en el pago de los tributos aduaneros y de las
sanciones a que hubiera lugar por el incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades generadas en el ejercicio de la actividad de usuario aduanero
permanente.

78. En tal sentido y a la luz de la cobertura otorgada por la póliza de seguro
mencionada, aseveró que el incumplimiento que dio lugar al pago de tributos y
sanciones se configuró en el momento que se presentaron las declaraciones de
importación que soportaron la operación de comercio exterior celebrada por la
interviniente litisconsorcial, esto es, los días 9 de febrero, 13 de julio, 5 de
septiembre y 21 de diciembre de 2006 [fechas en las cuales ocurrió el siniestro].

79. De lo expuesto coligió que la vigencia de la póliza de seguro, que principio el 19
de octubre de 2008, se dio dos años después de haberse presentado las
declaraciones de importación [los días 9 de febrero, 13 de julio, 5 de septiembre y
21 de diciembre de 2006], dejando claro que «[…] el riesgo asegurado es el
incumplimiento, no su declaratoria como lo confunde la sentencia apelada […]», por
lo que se ha debido afectar la póliza de seguro que se encontraba vigente entre
febrero y diciembre de 2006.

I.5. Trámite del recurso de apelación

80. El magistrado ponente a cargo de la sustanciación del proceso en primera
instancia, a través del auto de 16 de septiembre de 201520, concedió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora.

81. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en
segunda instancia, mediante auto de 25 de mayo de 201621, admitió el recurso de
apelación y, además, decidió que, en firme lo anterior, se corriera traslado a las
partes para que presenten sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

82. La parte actora22 y la demandada23, a través de sus apoderados judiciales,
presentaron alegaciones de conclusión en los cuales reiteraron los argumentos
expuestos a lo largo del proceso. El agente del Ministerio Público no intervino en
esta oportunidad.

20 Fol. 406, C. 1.
21 Fol. 4, C. Consejo de Estado.
22 Fol. 6-20, C. Consejo de Estado.
23 Fol. 21-24, C. Consejo de Estado.

22

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

83. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; y, vi) el caso concreto, para,
posteriormente, precisar v) las conclusiones de su análisis.

II.1. La competencia

84. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA24 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

II.2. Los actos administrativos acusados

85. Los actos administrativos acusados son i) la Resolución núm. 1-87-201-241-668-
056 de 17 de junio de 2009, expedida por la jefe de la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla de la DIAN y ii)
la Resolución núm. 10.112 de 13 de octubre de 2009, expedida por la subdirectora
de Gestión de Recursos Jurídicos – Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

86. La Resolución núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009, expedida por
la jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla de la DIAN, en sus partes más importantes, es del
siguiente tenor:

«[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO (…) Con el fin de Resolver el
presente expediente, este despacho se permite hacer las siguientes
consideraciones: (…) La presente investigación tiene como objeto principal
establecer la responsabilidad de la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A., por no poner a disposición de la aduana cierta mercancía, la
cual lo fue en atención a lo informado por el GIT RILO quien pudo obtener del
supuesto exportador la manifestación de no conocer al importador investigado
con relación a las declaraciones de importación con autoadhesivos Nos.
07480260030181 de fecha 09/0272006 Aceptación 022006000014925 de fecha
08/02/2006 corregida con la No 51267050029409 del 17/02/2006,
07477310002845 de fecha 13/07/2006 Aceptación 022006000088284 de fecha
13/07/2006, 07487260093206 de fecha 21/12/2006 Aceptación
022006000165012 de fecha 21/12/2006, 01292020697059 de fecha 05/09/2006
Aceptación 022006000112394 de fecha 05/09/2006 (…) Al revisarse las casillas
47 y 52 de las declaraciones citadas se observa que figura como proveedor en
exterior MEZCO INC y la factura No. 24364522 del 05 de Julio de 2005 como

24 «Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión (…)».

23

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

documento soporte de acuerdo con el artículo 121 Decreto 2695 de 1999,
empresa que precisó lo anotado (…) Cotejadas las pruebas anteriores puede
precisarse que el investigado no puso a disposición de la autoridad aduanera la
mercancía, la cual le fue solicitada mediante requerimiento ordinario de
información No 0301 de fecha 02/03/2009. (Folios 92-98), limitándose a
presentar ciertos argumentos ya revisados en el Requerimiento Especial
Aduanero, y en el auto que deniega pruebas, sin que los mismos sean
eximentes de responsabilidad de la omisión detectada, ya que la obligación de
poner a disposición de la aduana la mercancía, es producto de las facultades
de fiscalización que el artículo 470 le otorga a la autoridad aduanera (…) La
norma aduanera contempla en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, la
aplicación del 200% del valor en aduana de la mercancía cuando no sea posible
aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o
porque no se haya puesto a disposición de la autoridad (…) Como se pudo
apreciar en el presente expediente, se hace evidente que el investigado no puso
a disposición de la Administración la mercancía solicitada mediante
requerimiento Ordinario [sic] de información No 0301 de 02/03/2009, por lo tanto
se hace procedente e imprescindible la sanción establecida en el artículo 503
del Decreto 2685 de 1.999 (…) El inciso cuarto del artículo 503 del Decreto 2685
de 1999, ibídem a la letra expresa: “La imposición de la sanción prevista en este
artículo no subsana la situación irregular en que se encuentre la mercancía, y
en consecuencia, la autoridad aduanera podrá disponer en cualquier tiempo su
aprehensión y decomiso” (…) Para el establecimiento del monto de la sanción,
se tendrá como base el valor en aduanas y la tasa de cambio de las
declaraciones de Importación que se relacionan a continuación: (…) TOTAL
SANCIÓN: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($566.856.046)

(…)

RESUELVE

PRIMERO SANCIONAR a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A identificada con el NIT 802.024.578, con una multa por valor de
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($566.856.046), por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto y conforme con lo establecido
en el artículo 503° del Decreto 2685 de 1999.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguros de
Cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18
de Julio de 2008 y los anexos de modificación Nos 1 del 05 de Septiembre del
2008 y 2 del 06 de Octubre de 2008, Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
identificado con el Nit 860.009.578, a favor de la NACIÓN UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/L
($566.856.046).

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A. (…) y a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., de acuerdo con lo
ordenado en [el] Artículo 567 del Decreto 2685 de 1.999, advirtiéndoles que
contra la presente providencia procede el Recurso de Reconsideración, el cual
de conformidad con el Artículo 515° del Decreto 2685 de 1999, deberá
interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su
notificación, dirigido al Jefe de la División de Gestión Jurídica de esta Dirección
Seccional, presentándolo en el GIT de Documentación, 1°. Piso, ubicada en la
Avenida Hamburgo Carrera 30, Diagonal a Zona Franca de esta Ciudad.

24

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ARTÍCULO CUARTO: Notificado envíese copia del presente acto al GIT Control
Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección
Seccional. Ejecutoriada la presente providencia envíese copia de la misma a la
Subdirección de Gestión de Registro Aduanero a la División de Gestión de
Recaudo y Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de
Barranquilla, y el expediente al GIT de Documentación de esta Dirección
Seccional para lo de su competencia […]»

87. La Resolución núm. 10.112 de 13 de octubre de 2009, expedida por la
subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos – Dirección de Gestión Jurídica de
la DIAN, resolvió lo siguiente:

«[…] Mediante escrito presentado el día 17 de julio de 2009, radicado con el No.
775, en la División de Gestión de Documentación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Bogotá, la Doctora LIGIA CRISTINA RESTREPO PATIÑO (…)
actuando como apoderada de la compañía SEGUROS DEL ESTADO (…),
interpuso recurso de Reconsideración contra la Resolución No. 1-87-201-241-
668-056 del 17 de junio de 2009, por la cual [la] División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, impuso
sanción a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., por
valor de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($566.856.046)
(…) MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE (…) Señala que
existe firmeza de la declaración de importación, transcribe el artículo 131 del
Decreto 2685 de 1999 y afirma que no proceden las exigencias que se le
pretenden hacer valer a SEGUROS DEL ESTADO S.A. con las Declaraciones
de Importación Nos. 07480260030181 del 9 de febrero de 2006 y
07477310002845 del 13 de julio de 2006, que respalda la negociación
internacional realizada por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.
por cuanto adquirió firmeza el 15 de diciembre de 2009 ya que el Requerimiento
Especial Aduanero que exige la norma para interrumpir la firmeza de la
declaración, nunca la [sic] fue notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A. (…)
Afirma que como los actos administrativos deben ser notificados a todas las
partes interesadas, el no cumplimiento de un acto tan importante como la
notificación genera la nulidad del proceso por presentarse violación al derecho
constitucional del debido proceso, para lo que transcribe el artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo (…) Menciona que el debido proceso en las
actuaciones administrativas hace parte la sujeción de la administración a las
reglas propias del trámite respectivo y precisa que cuando la ley señala unos
determinados elementos integrales de la actuación en beneficio del
administrado y la administración omite cumplirlos, viola el debido proceso y
compromete la validez de los actos (…) Argumenta que atañe a la
administración enderezar esta situación y en principio definir esa validez de
manera extraordinaria, porque la decisión que adopte se adopte [sic] puede
resultar apenas formal y teórica, es decir carente de idoneidad u aptitud para la
efectiva protección de los derechos fundamentales (…) Agrega que si bien la
División de Gestión de Fiscalización profirió el Requerimiento Especial
Aduanero No. 0007 del 18 de marzo de 2009, proponiendo sancionar a
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., dicho acto nunca fue
notificado a SEGUROS DEL ESTADO S.A., compañía aseguradora garante del
cumplimiento de la obligación, vulnerándose de plano su derecho a oponerse a
las condenas del mencionado acto administrativo y por efecto propio al debido
proceso y derecho de defensa (…) Asegura que el debido proceso fue agredido
y las actuaciones que sirvieron de fundamento porque no fueron notificadas a
SEGUROS DEL ESTADO S.A., razón por la cual el proceso en general está

25

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

viciado de nulidad y por lo tanto, las actuaciones debe retrotraerse al momento
en que se presenta la nulidad para subsanar esas circunstancias (…) Señala la
recurrente que hay una inexistencia de cobertura porque los hechos que
generaron la sanción ocurrieron por fuera de la vigencia de la Póliza No. 85-43-
101000225, porque según el acápite de hechos de la resolución impugnada, la
Subdirección de Fiscalización de Aduanas solicitó a la División de Fiscalización
de Aduanas de Barranquilla obtener copia de los contratos de suministro y
servicios así como de la Factura No. 24364522 del 5 de julio de 2005 y demás
documentos relacionados con el contrato (…) Concluye que la DIAN debió
haber tenido conocimiento desde la fecha en que solicitó verificar la existencia
del proveedor, es decir desde el 14 de febrero de 2008 y señala que es
importante precisar que existen dos momentos diferentes: el hecho que genera
el incumplimiento, es decir el hecho material que origina la imposición de la
sanción; y el momento en que se expide el acto administrativo que declara el
incumplimiento de la obligación y ordena la afectación de al póliza [sic] (…)
Advierte que el hecho que genera la imposición de la sanción se determina
desde el mes de febrero de 2008 y que se debe afectar la póliza que se
encontraba vigente en esa fecha, ya que la que se ordena afectar en el artículo
segundo de la resolución recurrida identificada con el “No. 85-43-1010000335”
[sic] (aclara el despacho que el artículo segundo de la resolución recurrida
ordena hacer efectiva la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones
Legales No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18 de julio de 2008 y los anexos de
modificación Nos. 1 del 05 de septiembre del 2008 y 2 del 6 de octubre de 2008)
expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., inició su vigencia y por ende su
cobertura a partir del 19 de octubre de 2008 (…) Insiste en que el hecho material
que evidencia el conocimiento por parte de la DIAN, ocurrió desde el mes de
febrero de 2008, que el acto administrativo que ordena la imposición de la
sanción solo fue notificado con su acto modificatorio después del 17 de julio de
2009, que la vigencia de la póliza que se pretende afectar inicia su cobertura el
19 de octubre de 2008, que la Póliza No. 85-43-1010000225 inició su cobertura
en esa misma fecha, cuando ya habían transcurrido más de 6 meses desde que
al DIAN [sic] había determinado la infracción y ordenado iniciar el procedimiento
para aprehensión de la mercancía. Precisa que cuando la póliza inició su
cobertura ya había ocurrido el hecho generador del siniestro (…) Asegura que
la DIAN con la resolución recurrida desconoce lo preceptuado por el artículo
1079 del Código de Comercio porque ordena hacer efectiva la Póliza No. 85-
43-101000225 por valor de $230.083.402, valor según la recurrente mayor al
asegurado, desconociendo además que con actos anteriores y posteriores
ordenó la afectación de la misma póliza, excediendo en esa medida el límite del
valor asegurado (…) Dice que la Póliza No. 85-43-101000225 cuyo tomador es
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., donde el asegurado es LA
NACIÓN – DIAN, establece como valor asegurado la suma de $201.982.738,31;
y que con la Resolución No. 1-87-201-241-668-047 del 12 de mayo de 2009,
modificada por la Resolución 87-201-241-0657-003 del 10 de julio de 2009, se
afectó por la suma de $201.982.738,31 (…) Menciona que es indispensable que
se aclare que la responsabilidad de la aseguradora asciende únicamente hasta
el límite del valor asegurado en la Póliza 85-43-101000225 de SEGUROS DEL
ESTADO S.A., y resalta “o su remanente disponible” porque la póliza fue
afectada con las Resoluciones Nos. 052, 053, 054 y 055 de junio de 2009 (…)
Pide la nulidad de todos los actos adelantados por violación al debido proceso
y que se revoque en todas sus partes la Resolución No.

1-87-201-241-668-056
del 17 de junio de 2009, así como se excluya de toda responsabilidad a
SEGUROS DEL ESTADO S.A., de modo que cualquier suma en contra sea
exigible al importador únicamente. En subsidio, que corrija la resolución
recurrida en su artículo segundo, en donde se aclare que la Póliza No. 85-43-
101000225 solo se podrá afectar hasta el límite máximo de su valor asegurado,
es decir por la suma de $201.982.738,31 o su remanente disponible (…)
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO (…) Una vez estudiados los

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

argumentos de orden fáctico y legal presentados por la recurrente en sus
escritos de impugnación, al igual que el acervo probatorio que en el expediente,
este Despacho procede a efectuar las siguientes consideraciones: (…) En
cuanto a la supuesta firmeza de la Declaraciones de Importación Nos. 07480260030181 del 9 de febrero de 2006 y 07477310002845 del 13 de julio
de 2006, de las cuales manifiesta la recurrente por el hecho de no habérsele
notificado el Requerimiento Especial Aduanero, es preciso señalar lo siguiente:
(…) En primer término, es pertinente recordar que la declaración de Importación
No. 07480260030181 del 9 de febrero de 2006 (folio 15), no obtuvo levante, es
decir, que la declaración de importación no produce efecto como lo establece el
literal a) artículo 132 del Estatuto Aduanero por lo tanto de ella no se puede
predicar firmeza (…) Ahora bien respecto de la Declaración de Importación No. 07477310002845 del 13 de julio de 2006, no esta en firme debido a que esta
fue interrumpida con la notificación del Requerimiento Especial Aduanero No. 1-87-238-4190450-00007 del 18 de marzo de 2009, la cual se surtió el 24 de
marzo de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Decreto
2685 de 1999, que señala: (…) Es importante precisar respecto del argumento
de la recurrente sobre la inexistencia de la notificación del Requerimiento
Especial Aduanero No. 1-87-238-4190450-00007 del 18 de marzo de 2009 a la
compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., lo siguiente: (…) Como se observa,
de las normas mencionadas el destinatario del Requerimiento Especial
Aduanero será el declarante o el importador según el caso, por lo tanto en la
presente investigación era el importador la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS
LATIN AMERICA S.A., sujeto obligado a poner la mercancía a disposición de la
administración aduanera y no la sociedad aseguradora, razón por la que era
deber de la DIAN notificar el Requerimiento Especial Aduanero al importador y
sólo en el acto que decide de fondo la imposición de la sanción se ordena hacer
efectiva la garantía como sucede en el sub examen se notifica a la entidad
garante tal como lo señala el artículo 531 de la Resolución 4240 de 2000 (…)
En consecuencia, esta norma determina en qué momento procesal es que actúa
y se debe notificar a la compañía de seguros y es con respecto a la efectividad
de la garantía en el acto que decide de fondo. Sobre el particular es preciso
tener en cuenta que las normas aduaneras son de carácter especial y priman
sobre las de carácter general y por lo tanto queda demostrado que fue
debidamente notificado el Requerimiento Especial Aduanero, que no se ha
violado el debido proceso, ya que en el expediente reposan las distintas
actuaciones que ha realizado la compañía aseguradora e impugnaciones contra
los actos administrativos y que no prosperarán los argumentos de la recurrente
en tal sentido (…) En relación la presunta inexistencia de cobertura de la póliza
porque los hechos ocurrieron por fuera de la vigencia de la Póliza No. 85-43-
101000225 Anexo 0 del 18 de julio de 2008, es decir, desde la fecha en que la
DIAN solicitó la verificación del proveedor 14 de febrero de 2008- [sic] y que la
póliza expedida inició su vigencia y cobertura a partir del 19 de octubre de 2008,
este Despacho manifiesta que no le asiste razón a la apoderada de la sociedad
recurrente toda vez que el siniestro de las obligaciones aduaneras amparadas
con póliza de compañía de seguros se configura cuando la administración
establece la presunta comisión de una infracción aduanera, o identifica las
causales que dan lugar a la expedición de una liquidación oficial, esto es, con
el requerimiento especial aduanero, que para el caso de estudio es el 18 de
marzo de 2009 (folios 100 a 110) (…)Por otra parte, se observa que no le asiste
la razón a la recurrente en cuanto al argumento que hubo violación del artículo
1079 del Código de Comercio porque la DIAN ordenó hacer efectiva la Póliza
No.

85-43-101000225 Anexo 0 del 18 de julio de 2008 por la suma de
$230.083.402.oo, cuyo tomador es la sociedad importadora HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., por cuanto dicho valor es superior al
asegurado que está determinado en la póliza en cuantía de $201.982.738,31,
además que con actos administrativos anteriores y posteriores se ordenó la
afectación de la misma póliza, se excedió el límite del valor asegurado, por

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

cuanto el artículo 497 de la Resolución 4240 de 2000 ha previsto que cuando la
garantía global por incumplimiento declarado, se procede a la modificación de
la misma ajustando el monto inicial posición doctrinariamente avalada mediante
los Conceptos 143 de agosto 9 de 2000 y 052 de julio 25 de 2005.

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER personería para actuar a la Doctora
LIGIA CRISTINA RESTREPO PATIÑO (…) actuando como apoderada de la
compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., en los términos del poder conferido.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución No. 1-87-201-241-668-056
del 17 de junio de 2009, por la cual la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, impuso sanción a la sociedad
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., por valor de QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCIUENTA [sic] Y SEIS MIL
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($566.856.046), de conformidad lo
expuesto en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR por correo el presente acto administrativo
a la Doctora LIGIA CRISTINA RESTREPO PATIÑO (…) como apoderada de la
compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. (…) y al Señor SAMUEL RICARDO
LERNER SCHARAER (…) quien actúa como Representante Legal (primer
suplente del gerente) de la Sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. (…) de conformidad con el artículo 567 del Decreto 2685 de
1999.

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR el Expediente No. AA2006200900148, una vez
notificada la presente Resolución, a la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, para lo de su competencia, y
copia de la resolución a la División de Gestión de Recaudo de la Dirección
Seccional de Impuestos de Barranquilla, para su contabilización.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICADO Y EJECUTORIADO el presente acto
administrativo, remitir copia a la División de Gestión de Cobranzas de la
Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, para lo de su competencia,
y a la Subdirección de Gestión de Registro y Control para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno
[…]»

II.3. El problema jurídico

88. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32025 y 32826 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así como el recurso de apelación

25 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
26 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

presentado por la parte demandante, considera que el problema jurídico que se
debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente la revocatoria de la sentencia de 13 de junio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, en la que se
negaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar, acceder a la declaratoria de
nulidad de las resoluciones núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009 y
10.112 de 13 de octubre de 2009, expedidas por la DIAN27, así como al
restablecimiento del derecho solicitado, puesto que, contrario a lo decidido por la
primera instancia, el apelante estima que:

i) Sí se desconoció el artículo 1.079 del Código de Comercio, norma que
estableció el límite de responsabilidad de las aseguradoras, puesto que
la DIAN hizo efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de
disposiciones legales núm. 85-43-101000225 expedida por la
aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., por valores superiores al
valor asegurado previsto en la citada garantía [$201.982.738,31] tanto en
los actos administrativos acusados como en otros actos administrativos
que el apelante aduce haber allegado al proceso.

ii) Sí se desconocieron el artículo 745 del Estatuto Tributario y los artículos
187, 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil puesto que no se
encontró plenamente acreditado que la factura núm. 243654778 de 5 de
julio de 2005 fuera falsa.

iii) Las declaraciones de importación que soportaron la operación de
comercio exterior presentadas por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. adquirieron firmeza pasados los tres años siguientes a su
presentación conforme el artículo 131 del Estatuto Tributario por no
haberle sido notificado a la sociedad aseguradora apelante el
requerimiento especial aduanero.

iv) Sí se trasgredió el artículo 1.081 del Código de Comercio puesto que
operó el fenómeno de la prescripción toda vez que a la fecha de la
notificación de la Resolución núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio
de 2009, a través de la cual se impuso la sanción al importador y se
ordenó hacer efectiva la garantía, ya había transcurrido más de dos años
de la presentación de las citadas declaraciones de importación, momento
que, conforme el apelante, marca el incumplimiento de las obligaciones

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia»
27 Actos administrativos a través de los cuales se sancionó a HYUNDAI ELECTRÓNICS LATIN AMERICA S.A.

por la suma de $566.856.046 y se ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones
legales núm. «85-43-101000225» de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
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aduaneras. El apelante afirma que la primera instancia no se pronunció
en relación con el cargo de violación de este artículo.

v) Sí se desconocieron los artículos 1.054, 1.057, 1.072 y 1.073 del Código
de Comercio en tanto que cuando se inició la vigencia de la póliza de
seguro de cumplimiento de disposiciones legales núm. «85-43-
101000225» [el 19 de octubre de 2008], ya se había materializado el
incumplimiento de obligaciones aduaneras por la presentación de las
declaraciones de importación números 07480260030181 de 9 de febrero
de 2006 [corregida con la declaración de importación núm.
51267050029409 de 17 de febrero de 2006], 07477310002845 de 13 de
julio de 2006, 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006 y
01292020697059 del 5 de septiembre de 2006, lo cual quiere decir que el
siniestro ocurrió por fuera de la vigencia de aquella póliza.

II.4. El caso concreto

i) La trasgresión del artículo 1.081 del Código de Comercio relativo a
la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro

89. La Sala, inicialmente, se referirá al cargo consistente en que la DIAN, a través de
los actos administrativos cuestionados, desconoció el artículo 1.081 del Código de
Comercio relativo a la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro,
en la medida en que el apelante señala que la primera instancia no realizó
pronunciamiento alguno respecto del mismo.

90. Se observa que si bien, como lo señala el apelante, el Tribunal Administrativo del
Atlántico se abstuvo de desatar dicho cargo, lo cierto es que esta abstención se
debió a la prosperidad de la excepción de «[…] falta de agotamiento de la vía
gubernativa por un hecho nuevo […]».

91. Dicha Corporación declaró la prosperidad de la mencionada excepción bajo el
entendido que, analizados los actos administrativos y la demanda contencioso-
administrativa, «[…] la petición del actor en el libelo incluyó un hecho nuevo, frente
al cual la demandada no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción
y defensa durante el agotamiento de la vía gubernativa […]», puesto que en el
recurso de reconsideración presentado en contra de la resolución sancionatoria no
se planteó como argumento el «[…] relativo a la prescripción de la acción que deriva
del contrato de seguro […]».

92. La sociedad aseguradora apelante, en su recurso de apelación, no esgrimió
argumento alguno para cuestionar la decisión adoptada por la primera instancia en
relación con la precitada excepción [falta de agotamiento de la vía gubernativa] y,
en esa medida, esta Sala carece de competencia para emitir un pronunciamiento

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

de fondo sobre tal cargo, puesto que, conforme a los citados artículos 320 y 328 del
CGP, esta se limita a examinar los reparos concretos formulados por el apelante.

ii) El desconocimiento del artículo 1.079 del Código de Comercio por
cuanto la DIAN exigió el pago sumas de dinero superiores al valor
asegurado con la póliza de seguro de cumplimiento de
disposiciones legales núm. 85-43-101000225

93. Para desatar la inconformidad expuesta por el apelante, se debe indicar que la
obligación de indemnizar a cargo del asegurador se encuentra delimitada en los
artículos 1.079, 1.084, 1.088 y 1.089 del Código de Comercio.

94. El artículo 1.079 del Código de Comercio, norma señalada como desconocida,
establece que «[…] El asegurador no estará obligado a responder si no hasta
concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 1.074 […]».

95. A su turno, el artículo 1.084 del Código de Comercio mencionó que «[…] Sobre
una misma cosa podrán concurrir distintos intereses, todos los cuales son
asegurables, simultánea o sucesivamente, hasta por el valor de cada uno de ellos.
Pero la indemnización, en caso de producirse el hecho que la origine, no podrá
exceder del valor total de la cosa en el momento del siniestro. Su distribución entre
los interesados se hará teniendo en cuenta el principio consignado en el artículo
1.089 […]».

96. Elartículo 1.088 del Código de Comercio resaltó que «[…] Respecto del
asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás
podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá
comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser
objeto de un acuerdo expreso […]».

97. Finalmente, el artículo 1.089 del mismo código resaltó que «[…] Dentro de los
límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso,
del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto
efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario (…) Se
presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo
expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el
valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del
contrato, mas no que es inferior a él […]».

98. El apelante estimó que la sentencia de 29 de agosto de 2014 debía revocarse y,
en consecuencia, accederse a las pretensiones de la demanda, anulando los actos
administrativos acusados puesto que, en su concepto, allegó todos los medios de
prueba que acreditaban que la DIAN, desconociendo el contenido del artículo 1.079
del Código de Comercio, habría afectado la póliza de seguro de cumplimiento de

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

disposiciones legales núm. «85-43-101000225» expedida el 18 de julio de 2008 por
encima del valor asegurado.

99. Explicó que esto ocurrió, de un lado, al ordenar, en los actos administrativos
acusados, la efectividad de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones
legales mencionada en la suma de $566.856.046, valor superior al previsto en la
garantía [$201.982.738,81], sin que en estos se hubiera fijado claramente el límite
de la responsabilidad de la aseguradora; y del otro lado, por cuanto en otros actos
administrativos presentados como pruebas al proceso, se habría ordenado la
efectividad de la misma garantía. De esta manera, la DIAN habría exigido el pago
de sumas superiores a los $3.300.000.000 cuando el valor asegurado ascendía a
$201.982.738,31.

100. De acuerdo con lo expuesto, se debe precisar que en el expediente se encuentra
la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales núm. 85-43-
10100022528 cuyo tomador fue HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. y
asegurado – beneficiario la DIAN, con fecha de expedición del 18 de julio de 2008
y cuya vigencia inició a las «[…] 00:00 […]» horas del 19 de octubre de 2008 y hasta
las «[…] 00:00 […]» del 18 de enero de 2010, amparando «[…] EL PAGO DE
TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR, POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, QUE SE
GENEREN EN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE USUARIO ADUANERO
PERMANENTE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2685 DE 1999, EN
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL ART. 32 Y LA RESOLUCIÓN 4240 DEL 2000
Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN […]».

101. La póliza de seguro estableció como suma asegurada, inicialmente,
$195.828.904, la cual fue actualizada a $201.982.738,31 y, adicionalmente, se
prolongó la vigencia de la misma hasta las 24 horas del 19 de enero de 201029. No
se debe perder de vista que no obra en el expediente prueba alguna que permita
inferir que la sancionada y la aseguradora hayan ajustado el valor asegurado en la
póliza de seguro involucrada en este proceso, como lo indicó la demandada en la
Resolución núm. 10.112 de 13 de octubre de 2009.

102. En lo que tiene que ver con la inconformidad consistente en que en los actos
administrativos acusados se habría ordenado la efectividad de la póliza de seguro
de cumplimiento de disposiciones legales aludida en la suma de $566.856.046, valor
superior al previsto en la garantía [$201.982.738,81], se tiene que la DIAN,
mediante la Resolución núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009,
confirmada por la Resolución núm. 10.112 de 13 de octubre de 2009, decidió
imponer al importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. una multa

28 Fol. 34-36, C. 1.
29 Fol. 35 y 36, C. 1.

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

por valor de $566.856.046, ordenando hacer efectiva la póliza de seguro de
cumplimiento de disposiciones legales precitada, en la siguiente forma:

«[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguros de
Cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18
de Julio de 2008 y los anexos de modificación Nos 1 del 05 de Septiembre del
2008 y 2 del 06 de Octubre de 2008, Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
identificado con el Nit 860.009.578, a favor de la NACIÓN UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/L
($566.856.046)[…]»

103. Del contenido del mencionado artículo de la parte resolutiva de la Resolución
núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009, se advierte que, como lo señala
el apelante, el citado acto administrativo ordenó la efectividad de la garantía por un
valor que excedía la suma asegurada [$201.982.758,31], sin fijar claramente el
límite de la responsabilidad de la aseguradora, con lo cual se desconoció el artículo
1.079 del Código de Comercio que, se insiste, señala que el asegurador no está
obligado a responder si no hasta la concurrencia de la suma asegurada.

104. En lo que se refiere al argumento relativo a que en otros actos administrativos
presentados como pruebas al proceso, se habría ordenado la efectividad de la
misma garantía en exceso del valor asegurado, se puede advertir que la
aseguradora apelante expuso en la demanda que dio inicio a este proceso, que en
los expedientes administrativos AA-2006-2009-00050, AA-2006-2009-00145, AA-
2006-2009-00070, AA-2006-2008-1773, AA-2006-2009-00247, AA-2006-2009-
00148 y AA-2006-2009-00250, se habrían expedido las resoluciones núm. 047 de
12 de mayo de 2009 [aclarada por la Resolución núm. 003 de 10 de julio de 2009],
048 de 12 de mayo de 2009 [aclarada por la Resolución núm. 004 de 10 de julio de
2009], 049 de 18 de mayo de 2009 [aclarada por la Resolución núm. 005 de 10 de
julio de 2009], 053 de 16 de junio de 2009, 054 de 16 de junio de 2009, 056 de 17
de junio de 2009 y 058 de 21 de julio de 2009, mediante las cuales se habría
afectado la misma póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales
involucrada en este proceso.

105. Los actos administrativos enunciados y que habrían afectado la póliza de seguro
de cumplimiento de disposiciones legales núm. 85-43-101000225 no fueron
allegados a este proceso tal y como lo verificó la primera instancia al señalar que
«[…] para corroborar lo anterior, es preciso que en el expediente se encuentren los
expedientes administrativos antes relacionados, pues de esa manera se podría
corroborar la existencia de afectación de la póliza de seguros No. 85-43-101000225
(…) pero al revisar el plenario, se advierte que sólo figura el expediente
administrativo No. AA-2006-2009-00248 relacionado con los actos administrativos
demandados […]», incumpliéndose la carga consistente en probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, contenida
en el artículo 167 del Código General Proceso [asimismo, el artículo 177 del Código
de Procedimiento Civil].

33

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

106. Se debe advertir, frente a la alegación consistente en que si el juez de primera
instancia consideraba «[…] que le faltaban mayores pruebas para fallar, así lo debió
haber ordenado […]», lo cual implica que el apelante estimó que se han debido
decretar pruebas de oficio, que, como la ha señalado esta Corporación, «[…]
Aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello
auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente
concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera
buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las
partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para
suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico
procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la
debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan
a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria […]»30.

107. Lo pretendido por la parte demandante resultaba ser que la primera instancia
empleara su poder para decretar y practicar pruebas de oficio para suplir las
deficiencias probatorias evidenciadas en su demanda con irrespeto a la igualdad de
las partes en el proceso, lo cual está lejos del objetivo de tales pruebas consistente
en, conforme el artículo 169 del CCA, «[…] esclarecer puntos oscuros o dudosos de
la contienda […]».

iii) El desconocimiento del artículo 745 del Estatuto Tributario y los
artículos 187, 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil puesto
que no se encontró plenamente acreditado que la factura núm.
243654778 del 15 de noviembre de 2005 fuera falsa

108. El apelante aseveró que se desconoció el artículo 745 del Estatuto Tributario 31,
puesto que la DIAN, en los actos administrativos acusados, presumió que la factura
núm. 243654778 de 15 de noviembre de 2005 era falsa, pese a que el cónsul de
Colombia en Beijing [República Popular China], en modo alguno, aseveró tal cosa
y solo indicó que la factura era diferente, siendo tal situación la que habría
fundamentado la aprehensión.

109. La DIAN allegó, mediante el oficio núm. 1-87-235-402-1236 de 25 de julio de
201232 el expediente administrativo núm. AA-2006-2009-0014833. En el mismo
consta que la Administración Local de Aduanas Nacionales de Barranquilla, División
de Fiscalización Aduanera, Grupo Interno de Trabajo de Control Posterior, expidió
el requerimiento ordinario de información núm. 1.066 de 9 de octubre de 2007,

30 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES. Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de
dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 76001-23-31-000-2010-00745-01(53441). Actor: JHON JAIRO
BECERRA VALENCIA Y OTROS.
31 «[…] ARTICULO 745. LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACIOS PROBATORIOS SE RESUELVEN A

FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de
practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, deben resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del
contribuyente, cuando éste no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas
del capítulo III de este título […]».
32 Fol. 130, C. 1.
33 Fol. 131-317, C. 1.

34

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

dirigido a «[…] HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. […]», a través del
cual solicitó el envío de información y documentación relacionada con una serie de
declaraciones de importación, a fin de «[…] adelantar estudio de valor en aduana
[…]»34.

110. HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., a través del oficio de 22 de
octubre de 200735, contestó tal requerimiento anunciando que allegaba una serie de
documentos. En relación con el presente asunto, afirmó:

«[…] Factura: 24364522 (…) Declaraciones de Importaciones:
07480260030181 (20060209), 07477310002845 (20060713), 07487260093206
(20061221), 01292020697059 (20060905) (…) Fotocopias por ambas caras de
las declaraciones de importaciones citadas anteriormente, con sus respectivas
declaraciones Andina de valor (7 folios) (…) Fotocopia de la Factura Invoice (1
folio) (…) Fotocopia de la factura No. 15010616 expedida por Panalpina, y el BL
No. 112658 (2 folios) (…) Certificación del Revisor Fiscal sobre el precio de
venta del artículo en el mercado, con sus costos (1 folio) (…) Fotocopias del
Formulario No. 6 de Endeudamiento Externo del Banco de Bogotá (1 folio) […]»

111. La factura núm. 2436452236, allegada con la anterior comunicación, tiene los
siguientes datos relevantes: «[…] INVOICE (…) Exporter (Name. Address): Mezko
Inc – Ningbo, China (…) Date: July, 05 2005 (…) TO: Hyundai Electronic Latin
America S.A. (…) FROM: Ningbo (…) TO: FOB (…) Marks and numbers: (…)
Description of goods (…) SIGMA (…) 14” CTV (Conventional) (…) Quantity (…)
1946pcs/40HQ*2 1946pcs (…) Unit price FOB NINGBO USD 48.65 (…) Total
Amount US$94.672,90 (…) TOTAL: US $94.672,90 […]».

112. La Administración Local de Aduanas Nacionales de Barranquilla, División de
Fiscalización Aduanera, Grupo Interno de Trabajo de Control Posterior, expidió el
oficio núm. 80-02-070-0144 de 14 de febrero de 200837, dirigido a la jefe GIT RILO
e Intercambio de Información, Subdirección de Fiscalización Aduanera, con el
siguiente propósito:

«[…] Adjunto al presente y para lo de su competencia atendiendo instrucciones
del Memorando No 00706 de septiembre 15 de 2004 de la Subdirección de
Fiscalización Aduanera, remito a usted los datos de los proveedores, con quien
el importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. NIT:
802,024,578 ha realizado actividades comerciales, con el propósito de: (…) 1.
Verificar la existencia del proveedor, obtener copia de los contratos de
suministros y servicios, así como de las facturas y demás documentos
relacionados con el objeto de los contratos celebrados entre la compañía
Colombiana con el proveedor del exterior (…) 2. Verificar la existencia de
poderes, mandatos o representaciones otorgados por el proveedor al
importador, para firmar o celebrar contratos a nombre y en representación del
proveedor, en Colombia (…) PROVEEDOR (…) MEZKO INC (…) FACTURA
(…) 24364522 (…) FECHA (…) 05-JUL-2005 […]».

34 Fol. 138-140, C. 1.
35 Fol. 141-146, C. 1.
36 Fol. 155, C. 1.
37 Fol. 168-170, C. 1.

35

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

113. Se encuentra el oficio núm. 63-00-144-2345 de 14 de octubre de 200838
expedido por la jefe GIT RILO e Intercambio de Información de la Subdirección de
Fiscalización Aduanera de la DIAN con destino al jefe de la División de Fiscalización
de la Administración Local Aduanas de Barranquilla, en la cual se remite la
respuesta a diferentes exhortos:

«[…] Respuesta a Exhorto No. 118 de Febrero 25 de 2008, enviada por el
Cónsul de Colombia en Beijing – China República Popular, relacionada con las
empresas NINGBO TIANXIANG ELECTRONICAL APPLIANCES CO. LTD,
MEZCO INC, TCL AIR CONDITIONES (ZHONGSHAN) CO. LTD, donde las
respuestas de cada una de ellas fue la siguiente: con respecto a la primera de
ellas el Cónsul no logró establecer comunicación alguna, la segunda indicó que
no conoce la empresa colombiana y sus mercancías fueron vendidas a una
empresa en PANAMÁ (…) Lo anterior en relación con la empresa colombiana
HIUNDAI [sic] ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. Su solicitud Oficio No.
144 de Febrero 25 de 2008 […]».

114. Reposa el oficio núm. C – 432 de 30 de julio de 200839 expedida por el «[…]
Ministro Consejero EFC […]» desde Beijing [República Popular China], dirigida a la
«[…] Jefe GIT RILO e Intercambio de Información (…) Subdirección de Fiscalización
Aduanera […]», en la cual consta la siguiente información:

«[…] Exhorto (…) 11840 (…) FECHA (…) 25-Feb-08 (…) OFICIO (…) C-13741
(…) EMPRESA (…) MEZCO INC (…) RESPUESTA (…) Ninguna. Indicaron que
no conocer la empresa [sic] colombiana y que sus mercancías las vendieron a
una empresa en Panamá […]».

115. El jefe de la División de Gestión de Fiscalización, Grupo Interno de Trabajo de
Investigaciones Aduaneras I, de la Dirección Seccional de Aduanas, expidió la
comunicación núm. 1-87-201-238-006042 [sin fecha], dirigida al jefe de la División
de Gestión Jurídica, Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla y al jefe de la
División de Gestión de Fiscalización, Dirección Seccional de Impuestos de
Barranquilla, en el cual informó:

«[…] Para lo de su competencia me permito remitir copia de la factura N°
24364522 de Julio 5 de 2005 del proveedor MEZCO INC, presentada por el
Importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. identificado con el
NIT 802.024.578, como soporte de las Declaraciones de Importación con
Sticker Nos. 07480260030181 de 9/02/2006, 07477310002845 de 13/07/2006,
07487260093206 de 21/12/2006, y 01292020697059 de 5/09/2006 (…) Lo
anterior, toda vez que en desarrollo de las labores de control posterior el anterior
grupo GIT RILO e Intercambio de Información de la Subdirección de
Fiscalización Aduanera, adscrito a la Subdirección mediante oficio No. 63-00-
144-2345 de 14/10/2008, remite la respuesta al exhorto No. 118 de Febrero 25
de 2.008, enviada por el Cónsul de Colombia en Beijing-China República
Popular, relacionada con la verificación de la factura No. 24364522 de Julio 5
de 2005, del proveedor en el exterior MEZCO INC., presentada como soporte

38 Fol. 190-193, C. 1.
39 Fol. 194-195, C. 1.
40 Fol. 207, C. 1.
41 Fol. 200, C. 1.
42 Fol. 210-211, C. 1.

36

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

de la declaración antes mencionada, obteniendo como respuesta “que no
conoce la empresa colombiana, y que sus mercancías la vendieron a una
empresa en Panamá…” (…) Con base en lo anterior se presume la falsedad de
la factura N° 24364522 de julio 5 de 2005, del proveedor MEZCO INC.,
correspondiente a la investigación preliminar PR-2006-2008-0038 a nombre del
importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA (…) Por lo anterior, se
hace necesario efectuar el análisis de la presente situación, a fin de poder
determina[r], en el área de impuestos, si esta situación se extiende a la
Tributación interna; a la Unidad Penal, para poner en conocimiento el hecho
ante la Fiscalía General de la Nación […]».

116. La jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras I de la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla, mediante el acta de archivo núm. 0026 de 3 de febrero de 2009 43, cerró
la investigación preliminar núm. PR-2006-2008-0038 y dispuso «[…] 2. Enviar copia
del presente acto administrativo al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de esta
División a fin de proceder a la apertura de expediente dentro del programa de
Definición de situación jurídica de mercancías […]».

117. La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas
profirió el auto núm. 00148 de 19 de febrero de 200944, por el cual inició la
investigación al importador HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.
[Expediente núm. AA-2006-2009-00148].

118. La jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras I de la
División de Gestión de Fiscalización de la DIAN, formuló el requerimiento ordinario
núm. 0301 de 2 de marzo de 200945, solicitándole a HYUNDAI ELECTRONICS
LTAN AMERIA S.A. poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía
descrita en las declaraciones de importación números 07477310002845 de 13 de
julio de 2006, 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006, 01292020697059 de
5 de septiembre de 2006 y 51267050029409 de 17 de febrero de 2006 [corrección].
Asimismo, mediante el Oficio núm. 1-87-238-419-0189 de 26 de febrero de 200946
se solicitó la cancelación del levante de las precitadas declaraciones de importancia
para efectos de continuar con el proceso sancionatorio.

119. La misma autoridad, en el curso de la investigación administrativa, formuló el
requerimiento especial aduanero núm. 00007 de 18 de marzo de 2009 47, por el cual:

«[…] PROPONE (…) ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a la sociedad
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. con NIT No. 802.024.578 con
una multa por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
MONEDA LEGAL ($566.856.049), por las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto y conforme con lo establecido en el artículo 503 del Decreto
2685 de 1999 (…) ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al interesado que podrá

43 Fol. 214-219, C. 1.
44 Fol. 223, C. 1.
45 Fol. 225-231, C. 1.
46 Fol. 232, C. 1.
47 Fol. 233-243, C. 1.

37

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

presentar la respuesta al presente Requerimiento Especial Aduanero ante la
División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de notificación del mismo para lo cual el
expediente AA 2006 2009 00148 quedará a su disposición en el Grupo Interno
de Trabajo de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización de esta
Dirección Seccional […]».

120. HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. contestó el requerimiento
especial aduanero, mediante oficio de 18 de marzo de 200948, solicitando dejar sin
efectos jurídico tal requerimiento y se ordene el archivo de la investigación. Para el
efecto manifestó que:

«[…] En la parte motiva de su decisión, la División de Fiscalización señala que
la Factura No. 2436364522 de Julio 5 de 2005 como documento soporte de las
declaraciones de importación arriba enunciadas es falsa, porque ha sido
expedida por medios ilegales. Advierte que esta circunstancia depende de
hechos indicadores e indicativos que permitan a la autoridad aduanera deducir
que se encuentra frente a una posible acción fraudulenta como sería la
presentación de documentos adulterados, documentos prefabricados con
rúbricas falsas, documentación doble que conlleva a una falsedad ideológica o
material, lo que le permite concluir que el primer evento de la causal de
aprehensión prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999 se configura cuando los documentos presentados carecen de legalidad
por haberse obtenido por medios ilegales.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, y si no se pudo localizar al proveedor, ¿se
puede afirmar que la factura fue obtenida de manera ilegal? ¿cómo se pudo
comprobar que en dicho documento se tipificaba una falsedad ideológica?

Las anteriores consideraciones nos permiten inferir que la medida cautelar de
aprehensión carece de sustento legal, porque el procedimiento se encuentra
viciado de imprecisiones.

La autenticidad y veracidad del documento investigado se puede verificar en las
siguientes direcciones:

El proveedor en la República de Panamá de MEZKO INC. es TEXDECOR, con
domicilio en La Calle 6 y 18 Lote 1 Manzana en Colón Zona Libre en la
República de Panamá. Teléfono 4417800, persona que puede ser contactada a
fin de verificar la información, el señor OSWALDO KRISTENSEN. Correo
Electrónico: texdecor@hotmail.com. Reitero aquí, que la mercancía se compró
a MEZKO INC. directamente.

ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA

El numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 advierte que dará
lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías… “cuando dentro de los
términos a que se refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente decreto o
dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos
soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior
declarada, o cuando vencido los términos señalados en los numerales 6 y 9 del
mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soportes que
acreditan que no se encuentra incurso su restricción legal o administrativa”.

48 Fol. 244-246, C. 1.

38

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pues bien, al utilizar el legislador la expresión se determinó, está señalando que
las circunstancias que pueden constituir documentación falsa, es necesario que
el funcionario aduanero ya lo hubiera comprobado y no basta que se trate de
presunciones, como cuando el funcionario de fiscalización aduanera parte de la
afirmación de que no se pudo localizar al proveedor, para inferir la falsedad de
la factura.

En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, hasta la fecha no se ha
tipificado la infracción que el funcionario aduanero le imputa a la sociedad
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A.

PRESUNCIÓN DE BUENA FE […]»

121. HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A., nuevamente, dio respuesta
al requerimiento especial aduanero núm. 007 de 18 de marzo de 200949 señalando
lo siguiente:

«[…] En la medad que la presunta falsedad de la factura No. 24364522 de Julio
5 de 2005 expedida por el proveedor en el exterior MEZCO INC no se encuentra
aprobada en la investigación preliminar, la medida cautelar de aprehensión no
se puede ejecutar, en razón a que el acto preliminar por basarse en una
presunción no puede producir efectos jurídicos en donde cabe referir lo
siguiente:

IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR

(…)

En el caso que nos ocupa, es necesario precisar primero, que las mercancías
importadas con las declaraciones de importación anteriormente citadas no
están en poder de mi representada porque HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. ejerció el derecho de enajenación de las mismas por cuanto las
mercancías fueron adquiridas con el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en la Constitución Nacional en el Estatuto Aduanero y en
los reglamentos aduaneros y estas normas no le imponen restricción alguna
que le hubiera impedido la facultad legal de enajenar los bienes a los cuales se
le otorgó el respectivo levante y si se hizo fue porque la administración aduanera
estableció el cumplimiento de estos requisitos o la existencia de una garantía.

(…)

La tacha de falsedad de la factura comercial que hace la División de Gestión de
Fiscalización Aduanera, es una mera hipótesis ya que ni siquiera se ha
formulado por parte de esa entidad denuncia penal ante la Fiscalía General de
la Nación para que se establezca o verifique la posibilidad o en caso contrario
se desvirtúe. No se desconoce la facultad que tiene la DIAN para que a través
del control posterior se ponga a disposición de la facultad aduanera mercancías,
pero eso ocurre cuando existen dudas sobre la descripción o identificación de
la mercancía en donde es necesaria su presencia física en razón que dicha
mercancía constituye la base misma de una prueba técnica o científica, pero no
para el caso en donde lo que se alega es la falsedad de un documento y la
descripción técnicas (sic) de la mercancía.

Ahora bien, en el requerimiento especial aduanero No. 007 de Marzo 18 de
2009 la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de

49 Fol. 256-260, C. 1.

39

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Aduanas de Barranquilla, señala que las mercancías señaladas están incursas
en la causal de aprehensión 1.25 del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999
modificado por el Artículo 10 del Decreto 4431 del 2004 por cuanto se determinó
que de conformidad con la respuesta al exhorto No. 118 del 25/02/2008 enviada
por el Cónsul de Colombia en Beijín (China) [sic] en relación con la empresa
MEZCO INC., no se conoce la empresa colombiana y que sus mercancías se
vendieron a Panamá.

(…)

Analizada la norma que se acaba de transcribir es evidente que en el caso en
que nos ocupa el hecho que se afirma es que no conocen la empresa Colombia
y que las mercancías se vendieron a una empresa en Panamá, no se está
afirmando que la factura comercial es falsa.

Así mismo cuando la norma advierte que se debe determinar que los
documentos soportes no corresponden con la operación de comercio exterior,
está exigiendo certeza de este hecho y no que se presente una mera
presunción.

En el caso bajo análisis HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICAN S.A. [sic]
adquirió la mercancía en la República de Panamá al proveedor MEZCO INC., a
través del intermediario TEXDECOR, firma que tiene domicilio en la Calle 6 y
18 Lote 1 Manzana en Colón Zona Libre en la República de Panamá Tel.:
4417800 señor que puede ser contactado OSWALDO KRISTEMSEN correo
Electrónico texdecor@hotmail.com.

CONCLUSIONES

De conformidad a las consideraciones anteriormente expuestas y al acerbo [sic]
probatorio obrante en la referencia y las pruebas que se alleguen
posteriormente se puede corregir e que no existen razones legales ni
reglamentarias para que la División de Gestión de Fiscalización Aduanera
proponga una sanción con multa ilegal como lo es la multa que se propone en
razón a que la tacha de falsedad se refiere a un documento en calidad de
presunción no las características de las mercancías y que par que pueda
producir efectos jurídicos se requiera que la tacha de falsedad haya sido
previamente declarada con la autoridad judicial competente.

PRUEBAS

Solicito respetuosamente que se decreten y tengan como pruebas las
siguientes:

(…)

EXHORTO

Solicito atentamente librar exhorto al Señor Cónsul de Colombia en la República
de Panamá para que realicen las diligencias que en Derecho corresponden a
efectos de verificar la legalidad y veracidad de la factura comercia[l] No.
24364522 de julio 5 de 2005 en la que figura como proveedor de la mercancía
la Empresa MEZCO INC., que puede ser localizada en la Calle 6 y 18 Lote 1
Manzana en Colon Zona Libre en la República de Panamá Tel: 4417800 señor
que puede ser contactado OSWALDO KRISTEMSEN correo Electrónico
texdecor@hotmail.com […]»

40

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

122. La autoridad aduanera, en auto núm. 0157 de 29 de mayo de 2009 50, negó la
práctica de pruebas solicitadas por HYUNDAI ELECTRONIC LATIN AMERICA S.A.

123. De las pruebas que obran en el proceso y del contenido de los actos
administrativos se puede evidenciar que existe una inconsistencia en la factura núm.
24364522 de 5 de julio de 2005 en relación con la operación de comercio
internacional celebrada por el importador HYUNDAI ELECTRONIC LATIN
AMERICA S.A.

124. En efecto, si bien no puede afirmarse que la mencionada factura sea falsa, lo
cierto es que no refleja la realidad de la operación de comercio internacional
realizada por el importador, en la medida en que la empresa china «[…] Mezko Inc
– Ningbo, China […]» adujo no conocer a la empresa colombiana, lo cual implica
que no celebró directamente con ella negocio jurídico alguno.

125. En tal sentido apunta el mismo importador que, en la contestación al
requerimiento aduanero especial núm. 00007 de 18 de marzo de 2009, manifestó
que la operación de comercio internacional no se realizó directamente con la
empresa de origen chino «[…] Mezko Inc – Ningbo, China […]», sino con un
proveedor de la mercancía de dicha empresa, ubicado en Panamá, llamado «[…]
TEXDECOR […]».

126. No sobra advertir que las afirmaciones realizadas por el importador relativas a
que en realidad habría celebrado el negocio jurídico con la empresa «[…]
TEXDECOR […]», supuesto proveedor de mercancías de la firma china, no tienen
sustento probatorio.

127. De acuerdo a lo anterior, los documentos presentados por HYUNDAI
ELECTRONIC LATIN AMERICA S.A. no permiten sustentar la operación de
comercio exterior que dan cuenta las declaraciones de importación números
07480260030181 de 9 de febrero de 2006 [corregida con la declaración de
importación núm. 51267050029409 del 17 de febrero de 2006], 07477310002845
de 13 de julio de 2006, 07487260093206 de 21 de diciembre de 2006 y
01292020697059 de 5 de septiembre de 2006, por lo que resultaba imperativo que
el importador pusiera la mercancía mencionada en las citadas declaraciones a
disposición de la autoridad aduanera, conforme se le solicitó en el requerimiento
ordinario núm. 0301 de 2 de marzo de 2009, no obstante, ello no ocurrió, por lo que
no se evidencia transgresión alguna de las disposiciones invocadas por el
demandante.

iv) Las declaraciones de importación que soportaron la operación de
comercio exterior presentadas por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A. adquirieron firmeza pasados los tres años siguientes

50 Fol. 265-268, C. 1.

41

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

a su presentación conforme el artículo 131 del Estatuto Tributario
por no haberle sido notificado a la aseguradora el requerimiento
especial aduanero.

128. El apelante estimó que la autoridad administrativa estaba en la obligación de
notificarle el requerimiento especial aduanero [a SEGUROS DEL ESTADO S.A.]
siguiendo el artículo 2° de la Carta Política, lo cual no ocurrió, razón por la que las
declaraciones de importación que respaldaron la negociación internacional
realizada por HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. se encuentran en
firme desde el 9 de febrero de 2009, 13 de julio de 2009, 5 de septiembre de 2009
y 21 de diciembre de 2009, conforme el artículo 131 del Estatuto Tributario.

129. Al respecto cabe precisar que la parte demandada inició investigación mediante
auto de apertura de expediente núm. 00148 de 19 de febrero de 2009 por presuntas
irregularidades presentadas con los soportes de las declaraciones de importación
antes mencionadas, lo cual dio lugar a que se expidiera el requerimiento ordinario
núm. 0301 de 2 de marzo de 2009, por el cual se le solicitó poner a disposición de
la autoridad aduanera la mercancía descrita en aquellas declaraciones.

130. En atención a que no fue posible aprehender la mercancía, la DIAN formuló el
requerimiento especial aduanero núm. 00007 de 18 de marzo de 2009, a través del
cual propuso sancionar a la sociedad HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA
S.A. con multa de $566.856.046, ordenando la notificación de la decisión a su
representante legal y advirtiéndole que disponía de 15 días para dar respuesta al
requerimiento. El procedimiento administrativo culminó con los actos administrativos
cuestionados en el presente proceso.

131. En relación con el argumento expuesto cabe destacar que esta Sala ha
considerado que el requerimiento especial «[…] corresponde a un acto de trámite,
por el cual se propone una sanción. No se trata del acto definitivo que le pone fin a
la actuación administrativa sancionatoria, por lo que al momento en que fue
expedido, el único interesado era el presunto infractor de la conducta indicada por
la parte demandada […]»51, en este caso HYUNDAI ELECTRONICS LATIN
AMERICA S.A.

132. De tal forma que era la Resolución núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio
de 2009 la que debía notificarse a la demandante, puesto que fue este acto
administrativo a través del cual se sancionó al importador y se hizo efectiva la póliza
de seguro de cumplimiento de disposiciones legales a la parte demandante.

133. De otro lado, frente a la firmeza de las declaraciones de importación, esta Sala52
ha señalado que la misma guarda relación con:

51 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno
(2021). Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00242-03. Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
52 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).

42

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

«[…] el valor de los tributos aduaneros y las sanciones de tipo económico que
deban relacionarse en la respectiva declaración. Al respecto, en un caso similar
al que se discute, esta Sección concluyó que: “[…] no es el valor de los tributos
aduaneros sino la deficiencia sustancial en que se incurrió y su consecuencia
jurídica, por lo que no tiene cabida la firmeza de la declaración de importación
[…]” (…) “[…] se infiere que tal firmeza guarda relación con el valor de los
tributos aduaneros y las sanciones de tipo económico que deban relacionarse
en la respectiva declaración (…) A juicio de la Sala, si, como en este caso, lo
que se discute no es el valor de los tributos aduaneros dejados de cancelar por
la actora en razón de la diferencia en el año del modelo del vehículo importado,
sino la deficiencia sustancial en que se incurrió y su consecuencia jurídica, no
tiene cabida la firmeza de la Declaración de Importación […]” (…) 51. De lo
anterior, la Sala considera que en los casos que se pretende la aprehensión y
posterior decomiso de la mercancía, no es procedente invocar la firmeza de la
declaración de importación, debido a que se trata de omisión de carácter
sustancial y, en el caso sub examine se discute que la factura como soporte de
la declaración de importación presentaba inconsistencias, habida cuenta que el
valor y número de la factura era diferente a la expedida por el proveedor, por lo
que no era posible que el a quo considerara que la declaración de importación
había adquirido firmeza (…) 52. Ahora, una cosa es la firmeza de la declaración
de la importación que, como se indicó en el párrafo precedente “[…] guarda
relación con el valor de los tributos aduaneros y las sanciones de tipo económico
que deban relacionarse en la respectiva declaración “[…]” y otra cosa diferente
el procedimiento sancionatorio por no poner a disposiciones aduanera la
mercancía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 503 del Estatuto Aduanero.
En este sentido, la Sala considera que el a quo, en efecto, confundió estos dos
conceptos […]».

134. De lo expuesto se concluye: (a) que no resultaba necesario notificar a la parte
demandante del requerimiento especial aduanero núm. 00007 de 18 de marzo de
2009, y (b) que no era posible aludir a la firmeza de las mencionadas declaraciones
de importación, puesto que lo se discute en este proceso no es el valor de los
tributos aduaneros, sino la deficiencia sustancial relacionada con el soporte de tales
declaraciones.

v) La transgresión de los artículos 1.054, 1.057, 1.072 y 1.073 del Código
de Comercio por haberse materializado el incumplimiento de las
obligaciones aduaneras por fuera de la vigencia de la póliza de
seguro de cumplimiento de disposiciones legales núm. 85-43-
101000225.

135. El apelante alegó que los hechos que dieron lugar a la infracción aduanera
asociados al incumplimiento de los tributos y sanciones aduaneros, ocurrieron antes
de la entrada en vigor de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones

Radicación número: 13001-23-31-000-2012-00215-01. Actor: AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA.
NIVEL 2 Y AUTOS HALLEY LTDA.

43

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

legales, lo que tuvo lugar el 19 de octubre de 2008, por lo que se violaron los
artículos 105453, 1057 54, 1072 55 y 1073 56 del Código de Comercio.

136. En tal sentido, aseveró que tal incumplimiento se dio el «[…] 9 de febrero de
2006, 13 de julio de 2006 y 21 de diciembre de 2006 y 5 de septiembre de 2006 [sic]
[…]» fechas en las que se presentaron las declaraciones de importación números
«[…] 07480260030181 del 9 de febrero de 2006, 07477310002845 del 13 de julio
de 2006, 07487260093206 del 21 de diciembre de 2006 y 01292020697059 del 5
de septiembre de 2006 […]», lo que significa que la vigencia de póliza inició dos (2)
años después de acecido tales hechos.

137. Para desatar las acusaciones formuladas, se tiene que en el expediente se
encuentra la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales número
«[…] 85-43-101000225 […]» emitida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO S.A. el día 18 de junio de 2008 y cuya vigencia inició el 19 de octubre de
2008 y culminó el 18 de enero de 2010, siendo tomador o afianzado «[…] HYUNDAI
ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. […]» y beneficiario o asegurado «[…] LA
NACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES […]».

objeto del seguro estuvo asociado al «[…] PAGO DE TRIBUTOS
138. El
ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR, POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, QUE SE
GENEREN EN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE USUARIO ADUANERO
PERMANENTE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2685 DE 1999, EN
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL ART. 32 Y LA RESOLUCIÓN 4240 DEL 2000
Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN […]».

139. La póliza de seguro estableció como suma asegurada, inicialmente, la suma de
$195.828.904, la cual fue actualizada a la suma de $201.982.738,31 y,
adicionalmente, se prolongó la vigencia de la misma hasta las 24 horas del 19 de
enero de 2010.

53 «Artículo 1054. DEFINICIÓN DE RIESGO. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la
obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen
riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva
respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento».
54 «Artículo 1057. TÉRMINO DESDE EL CUAL SE ASUMEN LOS RIESGOS. En defecto de estipulación o de

norma legal, los riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se
perfeccione el contrato».
55 «Artículo 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado».
56 «Artículo 1073. RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR SEGÚN EL INICIO DEL SINIESTRO. Si el

siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro
de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato.
Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador,
éste no será responsable por el siniestro».

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

140. La póliza de cumplimiento de disposiciones legales precitada no fue expedida
para una determinada operación de comercio exterior, sino que es una póliza global,
entendida por esta, conforme al artículo 496 de la Resolución núm. 4.240 de 2 de
junio de 2000, como «[…] la[s] que se constituye[n] para respaldar varias
operaciones de un mismo responsable […]», en este caso, del usuario aduanero
permanente HYUNDAI ELECTRONIC LATIN AMERICA S.A., cuyas obligaciones se
encuentran definidas, principalmente, en el artículo 32 del Decreto 2685 de 1999.

141. Cabe resaltar que el artículo 31 del Decreto núm. 2685 de 1999 ordena a los
usuarios aduaneros permanentes constituir y entregar a la autoridad aduanera,
dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo en
que se otorga el reconocimiento e inscripción, «[…] una garantía bancaria o de
compañía de seguros en los términos a que haya lugar por el incumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades consagradas en este Decreto […]».

142. La póliza de seguro a la que se refiere este proceso fue constituida para
garantizar, de una parte, el pago de tributos aduaneros y, por la otra, las sanciones
a que hubiere lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que el ordenamiento jurídico les asigna a los usuarios aduaneros permanentes.

143. El presente asunto, conforme con lo señalado líneas atrás, no involucra el pago
de tributos aduaneros puesto que los actos administrativos acusados sancionaron
a HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. por el incumplimiento de la
obligación prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, consistente en no
poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía solicitada mediante el
requerimiento ordinario de información núm. 0301 del 2 de marzo de 2009, dentro
de los 15 días calendario siguientes a la fecha de recibo de tal requerimiento.

144. Ahora bien, se debe advertir que, en reciente sentencia de 29 de junio de 2023,
providencia judicial dictada por esta Sección en el expediente núm. 76001 23 31
000 2008 00846 01, se unificaron las reglas relativas a la ocurrencia del siniestro y
la prescripción en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en materia
aduanera.

145. La Sala debe resaltar la regla fijada en dicha providencia judicial consistente en
que: «[…] 1. El siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en
materia aduanera, se materializa: (…) 1.2. Con la firmeza del acto administrativo
que impone la sanción y ordena pagar a la aseguradora la suma correspondiente,
caso en el cual el acto administrativo es constitutivo y la póliza que ampara el riesgo
será la vigente al momento de la firmeza del acto administrativo […]», pues es la
que resulta aplicable a la controversia en atención, precisamente, al contenido de la
póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales número «[…] 85-43-
101000225 […]», expedida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
S.A. y a la norma que ordenó su constitución.

45

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

146. De esta manera y en aplicación a la regla precedente, se encuentra que la póliza
de seguro de cumplimiento de disposiciones legales número «[…] 85-43-101000225
[…]», expedida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. estuvo
vigente al momento del acaecimiento del siniestro consistente en la firmeza de las
Resoluciones núm. 1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009 y 10.112 de 13
de octubre de 2009, expedidas por la DIAN, mediante las cuales se sancionó a
HYUNDAI ELECTRONICS LATIN AMERICA S.A. por la suma de $566.856.046 y
se ordenó hacer efectiva dicha póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones
legales, lo cual ocurrió el 19 de octubre de 200957. Nótese que la señalada póliza
de seguro estuvo vigente hasta las 24 horas del 19 de enero de 2010.

147. La DIAN, en consecuencia, al ordenar la efectividad de la póliza de seguro de
cumplimiento de disposiciones legales núm. «[…] 85-43-101000225 […]», expedida
por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., no desconoció el
contenido del artículo 1072 del Código de Comercio.

II.5. Conclusión

148. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos anteriormente, estima que el
cargo formulado por el apelante consistente en la violación del artículo 1.079 del
Código de Comercio por haberse ordenado la afectación de la póliza de seguro de
cumplimiento de disposiciones legales núm. «[…] 85-43-101000225 […]» expedida
por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., en la suma de
$566.856.046, sin fijar claramente el límite de la responsabilidad de la aseguradora
y en exceso del valor asegurado fijado en la garantía de $201.982.758,31, tiene
vocación de prosperidad.

149. Por lo tanto, resulta procedente acceder a la revocatoria de la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, a la declaratoria de nulidad parcial de los actos
administrativos acusados, en particular, del artículo segundo de la Resolución núm.
1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009, confirmada por la Resolución núm.
10.112 de 13 de octubre de 2009, expedidas por la DIAN, en tanto que en dicho
artículo se ordenó:

«[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguros de
Cumplimiento de disposiciones legales No. 85-43-101000225 Anexo 0 del 18
de Julio de 2008 y los anexos de modificación Nos 1 del 05 de Septiembre del
2008 y 2 del 06 de Octubre de 2008, de Compañía SEGUROS DEL ESTADO
S.A identificado con el Nit 860.009.578, a favor de la NACIÓN UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/L
($566.856.046) […]».

57 Fol. 307 [vuelto], C. 1.

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

II.6. El restablecimiento del derecho

150. La parte demandante, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos acusados, solicito que:

«[…] d. Que como consecuencia de la primera declaración y en caso de haber
efectuado algún pago por parte del Importador o de la Compañía Aseguradora
mientras se desarrolla el presente proceso contencioso administrativo, se
condene a la UEA Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al pago de las
siguientes sumas de dinero: (…) -Por el daño emergente: la suma de
$566.856.046, suma que consta dentro del expediente administrativo aduanero
o la suma que se pague a la DIAN con el incremento de intereses actualizados
(…) -Por el lucro cesante: la actualización de la suma anterior, según el índice
de precios al consumidor, más un 6% (seis) desde el momento en que se haga
el pago a la DIAN hasta el día en que se realice efectivamente el reintegro al
demandante […]»

151. El artículo 85 del CCA estableció la posibilidad de que toda persona que se crea
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, puede pedir, además de
su nulidad, el restablecimiento de su derecho conculcado o menoscabado por aquel.
Conforme lo ha señalado esta Sección58:

«[…] las órdenes que accedan a las pretensiones de restablecimiento del
derecho sólo son procedentes una vez se defina la invalidez del acto
demandado, pues un mandamiento en ese sentido es una consecuencia
inexorable de la declaración de ilegalidad siempre que así se encuentre
acreditado59 (…) Así, una vez se haya acreditado dicha circunstancia, el Juez
deberá ordenar como restablecimiento que las cosas se retrotraigan al estado
anterior al que se encontraban antes de que se profiera el acto administrativo
enjuiciado; es decir, el status quo ante, como si no hubiese sido proferido el acto
que ha sido retirado del ordenamiento jurídico, desde el momento de su
expedición hasta que se profiera sentencia definitiva, siempre que ello sea
posible […]»

152. En la medida en que, en este caso, se accedió a la declaratoria de nulidad
parcial de los actos administrativos acusados, resulta procedente ordenar el
respectivo restablecimiento del derecho conculcado por aquel.

153. Así las cosas, se declarará que la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.,
en virtud de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales núm. «[…]
85-43-101000225 […]» solo está obligada a cancelar las sumas de dinero que
correspondan al valor asegurado consignado en el contrato de seguro, esto es,
$201.982.738.31, o su remanente disponible.

58 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Radicación: 76001 2331 000 2010 00854 01.
59 En este sentido puede consultarse la sentencia proferida por esta Sección el 21 de mayo de 2021, expediente

25000 2341 000 2013 00439 01. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.

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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

154. En caso tal que la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. haya pagado a la
DIAN suma alguna superior al valor asegurado con ocasión de la efectividad de la
póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales núm. «[…] 85-43-
101000225 […]», la entidad demandada deberá restituir tal valor cancelado, con la
respectiva actualización y sin considerar la fórmula expuesta por el actor de «[…]
más un 6% (seis) […]», pues de esta manera, conforme lo indicó la Sala en la
providencia mencionada, se retrotraen las cosas al estado anterior al que se
encontraban antes de proferirse los actos administrativos cuestionados, lo anterior
siguiendo para el efecto los artículos 177 y 178 del CCA.

II.7. Costas

155. Si bien se reconoce la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda,
no habrá lugar a condena en costas (gastos o expensas del proceso y agencias del
derecho) porque en el expediente no se probó su causación, ya que la conducta de
las partes no fue temeraria o de mala fe, en los términos del artículo 171 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de agosto de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, de acuerdo con
los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo segundo de la Resolución núm.
1-87-201-241-668-056 de 17 de junio de 2009, confirmada por la Resolución núm.
10.112 de 13 de octubre de 2009, expedidas por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales [DIAN], de acuerdo con los argumentos contenidos en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se declara que la aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO S.A., en virtud del contenido de la póliza de seguro de cumplimiento de
disposiciones legales núm. «[…] 85-43-101000225 […]», solo está obligada a
cancelar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales [DIAN], las sumas de dinero que corresponden al valor asegurado
señalado en el contrato de seguro, esto es, la suma de $201.982.738,31, o el
remanente disponible.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
[DIAN] deberá realizar la devolución de los dineros que la aseguradora SEGUROS
DEL ESTADO S. A. haya cancelado en exceso del valor asegurado, en caso de que

48

Radicación: 08001-23-31-002-2010-00071-01
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

hubiere realizado pago alguno, con la respectiva actualización, siguiendo para el
efecto los artículos 177 y 178 del CCA.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
señaladas en esta providencia.

QUINTO: SIN CONDENA en costas en esta instancia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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