Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2010-00216-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2010-00216-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 17001-23-31-000-2010-00216-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 17001233100020100021601
Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de noviembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas
Actora: SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE
MANIZALES S.A. - SOCOBUSES S.A.
TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO DE PASAJEROS.
SOCOBUSES S.A. CARECE DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PARA
DEMANDAR, EN NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
RESOLUCIONES QUE REESTRUCTURAN RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO DE TERCEROS OPERADORES DEL SERVICIO. EL DECRETO 0467 DE
30 DE OCTUBRE DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN NÚM. 146 DE 10 DE NOVIEMBRE
DE 2009, SE EXPIDIERON CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS EN MATERIA
DE DELEGACIÓN, CONTENIDAS EN LA LEY 489 DE 1998 Y DEMÁS NORMAS
CONCORDANTES, Y EN VISTA DE QUE LA RESOLUCIÓN TAMBIÉN CONSTITUYE
UNA MANIFESTACIÓN VÁLIDA DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD
REGLAMENTARIA, A NIVEL TERRITORIAL, A CARGO DE UNA AUTORIDAD
COMPETENTE. LOS ACTOS ACUSADOS NO TUVIERON COMO FUNDAMENTO EL
DECRETO 3422 DE 2009, AL NO CONTAR EL MUNICIPIO DE MANIZALES, PARA
FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CON LA COFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SETP, LO CUAL ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA
SU APLICACIÓN INTEGRAL, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1° DE
DICHO DECRETO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Comoquiera que el proyecto de fallo presentado por el consejero de
Estado, doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, no obtuvo la mayoría
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
de los votos requeridos para su aprobación1, la Sala procederá a
decidir los recursos de apelación interpuestos por el MUNICIPIO DE
MANIZALES y AUTOLEGAL S.A., así como la apelación adhesiva de
la actora SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE
MANIZALES S.A., en adelante SOCOBUSES S.A., contra la
sentencia de 21 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante la cual declaró fundada la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta
por AUTOLEGAL S.A., para demandar unos actos administrativos de
reestructuración de rutas y, de oficio, la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa para demandar otros actos
administrativos de reestructuración de rutas; e infundadas las
restantes excepciones propuestas por los demandados; y declaró la
nulidad de los actos administrativos de adjudicación de nuevas rutas
y de reestructuración de rutas asignadas a SOCOBUSES S.A.; y del
artículo 6º del Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre
de 2009, por medio del cual se concedió una autorización al
secretario de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE
MANIZALES; e inaplicó, por ilegal, la Resolución núm. 146 de 10
de noviembre de 2009, por medio de la cual se establece el
procedimiento para la operación del Sistema Estratégico de
Transporte Público y Multimodal, expedida por el secretario de
Tránsito y Transporte de Manizales.
Y, a título de restablecimiento del derecho, condenó en abstracto al
MUNICIPIO DE MANIZALES a reconocer y pagar a SOCOBUSES
S.A. el valor de los ingresos dejados de percibir los días 27 y 28 de
1 Elproceso pasó al Despacho para lo de su cargo, el 29 de abril de 2022, luego de ser
negada la ponencia inicial. Ver índice 25 en SAMAI.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
febrero y 1o., 2 y 3 de marzo de 2010, por concepto de la no
operación de las rutas de las que era legalmente titular, con
anterioridad a estas fechas; declaró, parcialmente próspera la
objeción por error grave formulada contra el dictamen pericial
practicado en el proceso; denegó las demás pretensiones de la
demanda y no condenó en costas a la parte vencida en el proceso,
entre otras decisiones.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- SOCOBUSES S.A., por conducto de apoderado, en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA.,
presentó demanda mediante la cual formuló las siguientes
pretensiones:
“[…] PRIMERO: Que se inaplique por excepción de ilegalidad el
Decreto Municipal 0467 del 30 de octubre de 2009 por el cual se
ajusta, actualiza y modifica el decreto 0246 del 05 de diciembre de
2006.
SEGUNDO: Que se inaplique por excepción de ilegalidad la
Resolución 146 del 10 de noviembre de 2009, por medio de la cual
se estableció el procedimiento para la operación del sistema
estratégico de transporte público y multimodal, suscrita por el
secretario del Despacho de la Secretaría de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Manizales, publicada en la Gaceta Municipal No.
1105 de la misma fecha.
TERCERO: Que se declare la nulidad de las Resoluciones 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181
del 10 de noviembre de 2009 por medio de las cuales se
reestructuran de manera oficiosa unas rutas de transporte público a
la Sociedad que represento.
CUARTO: Que se declare la nulidad de la Resolución 217 del 07 de
Diciembre de 2009, por medio de la cual se confirmó en todas sus
partes las Resoluciones 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176,
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Actora: SOCOBUSES S.A.
177, 178, 179, 180 y 181 del 10 de diciembre de 2009, notificada
por edicto el día 16 de diciembre de 2009 “por el término de 10 días
hábiles para notificar al señor Representante legal de la empresa
SOCOBUSES S.A., dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
45 del Código Contencioso Administrativo”, siendo desfijado el día
04 de enero de 2010 y quedando agotada la vía gubernativa.
QUINTO: Que se declare la nulidad de la Resolución 218 del 7 de
Diciembre de 2009, por medio de la cual se confirmó en todas sus
partes la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009 notificada
por edicto el 16 de diciembre de 2009 “por el término de 10 días
hábiles para notificar al señor Representante legal de la empresa
SOCOBUSES S.A., dando cumplimiento a los dispuesto en el artículo
45 del Código Contencioso Administrativo”, siendo desfijado el día
04 de enero de 2010 y quedando agotada la vía gubernativa.
SEXTO: Que se declare la nulidad de las Resoluciones 147, 148,
149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 del 10 de
noviembre de 2009 y las Resoluciones 211 y 212 del 01 de
diciembre de 2009 por medio de las cuales se reestructuraron de
manera oficiosa unas rutas de transporte público.
SÉPTIMO: Que se declare la nulidad de la Resolución 213 del 07 de
diciembre de 2009, por medio de la cual se confirmó en todas sus
partes la Resolución 184 del 10 de noviembre de 2009, notificadas
de manera personal al Gerente de la empresa Cooperativa Unitrans
el día 15 de diciembre de 2009, quedando agotada la vía
gubernativa.
OCTAVO: Que se declare la nulidad de la Resolución 214 del 07 de
diciembre de 2009, por medio de la cual se confirmó en todas sus
partes la Resolución 185 del 10 de noviembre de 2009, notificada
de manera personal al Gerente de la empresa Cooperativa Unitrans
el día 15 de diciembre de 2009, quedando agotada la vía
gubernativa.
NOVENO: Que se declare la nulidad de la Resolución 215 del 07 de
diciembre del 2009, por medio de la cual se confirmó en todas sus
partes la Resolución 186 del 10 de noviembre de 2009, notificadas
de manera personal al Gerente de la empresa Cooperativa Unitrans
el día 15 de diciembre de 2009, quedando agotada la vía
gubernativa.
DÉCIMO: Que se declare la nulidad de la Resolución 216 del 07 de
diciembre de 2009, por medio de la cual se confirmó en todas sus
partes la Resolución 182 del 10 de diciembre de 2009, notificadas
de manera personal al Gerente de la empresa Cooperativa Unitrans
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
el día 15 de diciembre de 2009, quedando agotada la vía
gubernativa.
UNDÉCIMO: Que se declare la nulidad de la Resolución 225 del 17
de diciembre de 2009, por medio de la cual se confirmó en todas
sus partes la Resolución 157 del 10 de noviembre de 2009,
notificada por edicto el día 04 de enero de 2010 y siendo desfijado
el día 18 de enero de la presente anualidad, quedando agotada la
vía gubernativa.
DOUDÉCIMO: Que se declare la nulidad de la Resolución 226 del
17 de diciembre del 2009, por medio de la cual se confirmó en todas
sus partes la Resolución 159 del 10 de noviembre de 2009,
notificada por edicto el día 04 de enero de 2010 y siendo desfijado
el día 18 de enero de la presente anualidad, quedando agotada la
vía gubernativa.
DECIMOTERCERO: Que se declare la nulidad de la Resolución 227
del 17 de diciembre del 2009, por medio de la cual se confirmó en
todas sus partes la Resolución 211 del 01 de noviembre de 2009,
notificada por edicto el día 04 de enero de 2010 y siendo desfijado
el día 18 de enero de la presente anualidad, quedando agotada la
vía gubernativa.
DECIMOCUARTO: Que se declare la nulidad de la Resolución 004
del 03 de febrero de 2010, por medio de la cual se modifica la
Resolución 146 del 10 de noviembre de 2009.
DECIMOQUINTO: Que se declare la nulidad de la Resolución 008
del 03 de febrero de 2010, por medio de la cual se adiciona la
Resolución 146 del 10 de noviembre de 2009.
DECIMOSEXTO: Que como consecuencia de las anteriores
declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se
restablezcan los permisos de operación concedidos con anterioridad
a la reestructuración oficiosa del año 2009 y por ende se retomen
las rutas preexistentes.
DECIMOSÉPTIMO: Que a título de restablecimiento del derecho se
condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la
suma trescientos sesenta y tres millones novecientos veintiocho mil
ochocientos treinta y cuatro pesos con 47/00 moneda legal
($363’928.834.47), a título de lucro cesante dejado de percibir para
la demandante durante el lapso de cinco días (27, 28 de febrero, 1,
2 y 3 de marzo de 2010) que estuvo en funcionamiento el SETP, en
la ciudad de Manizales.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
DÉCIMO OCTAVA: Que se condene en costas a la entidad
demandada, por su actuación temeraria […]”2 (Negrillas del texto
original).
I.2.- Como hechos relevantes para las resultas del proceso,
SOCOBUSES S.A. manifestó, en síntesis, que a través de las
resoluciones núms. 013 de 1985, 017 de 1989, 051 de 1989, 054 de
1994, 054 y 043 de 1995, expedidas por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Manizales, le fueron concedidos unos permisos de
operación para servir unas rutas de transporte de pasajeros.
Igualmente, que mediante el Decreto Municipal núm. 0246 de 5 de
diciembre de 2006 fueron establecidos unos criterios para la
reorganización del transporte colectivo en ese ente territorial, el cual
fue ajustado, actualizado y modificado por el Decreto municipal
núm. 0467 de 30 de octubre de 2009.
Agregó que, mediante la Resolución núm. 146 de 10 de
noviembre de 2009, se adoptó “[…] el procedimiento para la
operación del sistema estratégico público y multimodal […]” en el
MUNICIPIO DE MANIZALES; y que a través de los actos
enjuiciados se adjudicaron las rutas de transporte colectivo de
pasajeros.
Indicó que se le adjudicaron rutas a través de las resoluciones
núms. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180 y 181 de 10 de noviembre de 2009, frente a las
cuales interpuso recurso de reposición, siendo resueltos de manera
desfavorable a sus pretensiones a través de las resoluciones núm.
217 y 218 de 7 de diciembre de 2009.
2 Folios 6 a 9 del cuaderno núm. 1 del Tribunal.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
Arguyó que sin que se le hubiera notificado, mediante las
resoluciones núms. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 183,
185, 186, 187, 188 y 189, fueron concedidas unas rutas a las
empresas AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.,
SERVITURISMO S.A.S., EXPRESO SIDERAL S.A.,
COOPERATIVA UNIÓN DE TRANSPORTADORES, en adelante
COOPERATIVA UNITRANS, y FLOTA METROPOLITANA S.A.
Afirmó que el MUNICIPIO DE MANIZALES dividió una misma ruta
en dos distintas, sin haber agotado el trámite de licitación pública
que ordenaba la ley, mediante las resoluciones núms.: (i) 148 y 151
de 2009, (ii)152 y 154 de 2009, (iii) 183 y 184 de 2009, y (iv)
160 y 164 de 2009, siendo adjudicadas a las empresas
AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.,
COOPERATIVA UNITRANS y EXPRESO SIDERAL S.A.,
respectivamente.
Concluyó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Manizales, dentro de la acción popular identificada con el número de
radicado 17001-33-31-001-2009-00111-00, ordenó como medida
cautelar la suspensión del funcionamiento del Sistema Estratégico de
Transporte Público en la ciudad de Manizales, conforme a lo
establecido en el artículo 25 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983.
I.3.- Como normas violadas la demandante señaló los artículos 13,
211, 150, numerales 21 y 23, 313, numeral 1, 315, 333 y 334 de la
3 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones
[…]”.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
Constitución Política; 1º, 2º y 6º de la Ley 1083 de 31 de julio de
20064; 6° y 52 de la Ley 1151 de 24 de julio de 20075; 11 de la Ley
489 de 29 de diciembre de 19986; 25, 26, 32 y 43 del Decreto 170
de 5 de febrero de 20017; 8°, 11, 12 y 13 del Decreto 0246 de 5 de
diciembre de 20068; 7°, 10°, 18 y 20 del Decreto 3422 de 9 de
septiembre de 20099; y 44 y 49 del Acuerdo 508 de 4 de octubre de
200110 del Concejo Municipal de Manizales. Para sustentar el
concepto de violación adujo, en síntesis, lo siguiente:
I.3.1.- Violación de preceptos constitucionales
Afirmó que los actos enjuiciados no se acompasan con el interés
general, en tanto coartan la libertad de empresa, “[…] al tiempo que
se sustraen los intereses económicos y empresariales de los
operadores del servicio público de transporte, por cuanto se disipan
de los postulados constitucionales y legalmente establecidos en
virtud de los cuales se ejercen las competencias por las autoridades
de transporte […]”11.
I.3.2.- Asignación de nuevas rutas
4 […] Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible
y se dictan otras disposiciones […]”.
5 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 […]”.
6 “[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
7 “[…] Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros […]”.
8 “[…] Por medio del cual se establecen criterios para la reorganización del transporte público
colectivo en el municipio de Manizales […]”.
9 “[…] Por el cual se reglamentan los Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos (SETP)
de conformidad con la Ley 1151 de 2007 […]”.
10 “[…] Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de
Manizales […]”.
11 Folios 760 a 761 del cuaderno núm. 1A.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
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Agregó que los actos demandados vulneran el Decreto 170 de 2001,
que reglamenta el Servicio de Transporte Terrestre Automotor
Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros, en la
medida en que dicha disposición, en perspectiva de fomentar la
competencia, abre la posibilidad de reordenar el transporte público
acudiendo a procesos licitatorios y, en el sub judice, la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Manizales asignó nuevas rutas producto de
una doble reestructuración de un mismo recorrido, sin adelantar para
ello el aludido proceso regulado en los artículos 25, 26, 28, 29 y 30
idem. Asimismo, que en el ámbito local, el Decreto 246 de 2006
también se refiere al proceso licitatorio para la asignación de nuevas
rutas, en sus artículos 11, 12 y 13.
Sostuvo que las normas en comento son claras en definir que la
selección de las empresas de transporte, que operaran las nuevas
rutas, debe realizarse a través de licitación pública, la cual no tuvo
lugar en el MUNICIPIO DE MANIZALES respecto de las nuevas
rutas asignadas a las empresas AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES
GRAN CALDAS S.A., COOPERATIVA UNITRANS y EXPRESO
SIDERAL S.A., puesto que se hizo de manera directa, contrariando
tales postulados normativos y desmejorando el servicio, con lo cual
se aumentó el número de vehículos en un mercado de sobreoferta y
sin adoptar un Plan de Movilidad, como lo establece la Ley 1083.
I.3.3.- Violación de norma en que debería fundarse
Anotó que la Ley 1151, que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, consideró al MUNICIPIO DE MANIZALES como una
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ciudad mediana en la que se planearon estudios de movilidad e
implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, en
adelante SETP. Así, en desarrollo de tal mandato legal, los ministerios
de Hacienda y Crédito Público y Transporte y el director del
Departamento Administrativo de Planeación, expidieron el Decreto
núm. 3422 de 2009, por medio del cual reglamentaron los sistemas
de transporte público en el país, estableciendo que éste es aplicable
íntegramente a las ciudades que cuentan con cofinanciación de la
Nación.
I.3.4.- Inaplicación por excepción de ilegalidad de la
Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009
Aseveró que la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de
2009, expedida por el secretario de Tránsito y Transporte del
MUNICIPIO DE MANIZALES, reguló el procedimiento para la
operación del Sistema Estratégico de Transporte Público y Multimodal
sin atender lo dispuesto en el Decreto 3422 de 2009, en el cual debía
fundarse, transgrediendo en particular sus artículos 7°, 10° y 18.
Frente al artículo 7° del citado Decreto, señaló que a partir de la
expedición del acto administrativo de adopción del SETP se debe
suspender el ingreso de vehículos de transporte público colectivo por
incremento, debiéndose congelar la capacidad transportadora de las
empresas con base en las tarjetas de operación vigentes expedidas
a los vehículos vinculados; y que pese a ello, el MUNICIPIO DE
MANIZALES, a través de los actos administrativos acusados, le
autorizó a la empresa AUTOLEGAL S.A. el ingreso de treinta
vehículos a su parque automotor para cubrir una ruta nueva.
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Agregó que en el artículo 7° se enumeran los elementos que debe
contener el acto administrativo que adopte el mencionado sistema
de transporte, los cuales no se encuentran completamente
contenidos en la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de
2009, habida cuenta que se omitieron los elementos descritos en los
numerales 3, 4 y 7 del citado artículo.
Precisó, en cuanto al artículo 10° idem, que los criterios de equidad
y proporcionalidad a los que se refiere esta norma no fueron
respetados con la asignación de rutas a las empresas
transportadoras, que se vieron perjudicadas como lo explica el
informe técnico aportado; y respecto al artículo 18 idem, sostuvo que
el sistema de recaudo establecido para la implementación del SETP
en el MUNICIPIO DE MANIZALES se basó en estudios que no
contaron con el aval del Departamento Nacional de Planeación, como
lo ordena la citada disposición.
I.3.5.- Desviación de poder y violación de los principios de
equidad y proporcionalidad
Manifestó que el artículo 10° del Decreto 3422 de 2009, indica que
la reorganización del servicio de transporte deberá realizarse
respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las
empresas en el mercado; y que el artículo 8º del Decreto 246 de
2006 señala que las decisiones que se tomen en materia de
reestructuración deberán estar inspiradas en los principios de
igualdad y equidad, los cuales se vulneraron con la expedición de los
actos demandados. Para sustentar la alegada vulneración, adujo que
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presentó como prueba un análisis de la reorganización de rutas de
transporte público colectivo del MUNICIPIO DE MANIZALES del
año 2009, elaborado por el Ingeniero Carlos Alberto Moncada, en el
que se utilizó el mismo software denominado Transcard 5,0 usado
por la sociedad Sistema Andinos de Ingeniería Limitada (SAIP Ltda.)
en el informe de consultoría y por la Secretaría de Tránsito de ese
ente territorial, los cuales sirvieron de soporte para la
reestructuración y en los cuales se incorporaron, además de criterios
técnicos, unos de tipo sociopolíticos que no fueron motivados ni
sustentados.
Señaló que el porcentaje de abordaje es el indicador más efectivo
para evidenciar el beneficio o afectación de los operadores, en tanto
refleja los criterios de distribución de rutas aplicadas por la citada
dependencia de la administración del MUNICIPIO DE MANIZALES,
que en este caso da cuenta que los abordajes aumentaron
significativamente respecto de la empresa AUTOLEGAL S.A. del
9,1% al 19,4%, y de las empresas FLOTA METROPOLITANA S.A.
y SERVITURISMO S.A.S. entre el 1% y el 1.5%, mientras que para
las empresas TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A., EXPRESO
SIDERAL S.A. y SOCOBUSES S.A., disminuyeron injustificada y
desproporcionalmente en porcentajes del 6.3%, 17% y 27%,
respectivamente; y que el abordaje en hora pico de la empresa
demandante, SOCOBUSES S.A., pasó de ser de 13.750 pasajeros a
7.450, datos que demuestran el claro favorecimiento a la empresa
AUTOLEGAL S.A., en perjuicio de las otras empresas del mercado.
Refirió que antes de la reestructuración contaba con veinticuatro (24)
rutas que cubría con una flota de trescientos sesenta y cuatro (364)
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vehículos; y que luego de la reestructuración quedó con quince (15)
rutas y una flota de trescientos nueve (309) vehículos, lo que implicó
una reducción de nueve (9) rutas y cincuenta y cinco (55) vehículos,
mientras que las empresas AUTOLEGAL S.A. y EXPRESO SIDERAL
S.A. aumentaron su flota en veintiocho (28) y dos (2) vehículos,
respectivamente, y las empresas FLOTA METROPOLITANA S.A. y
SERVITURISMO S.A.S. conservaron su flota sin afectación.
Advirtió que el proceso de reorganización debió reducir el parque
automotor y no aumentarlo injustificadamente a algunas empresas,
por lo que la reestructuración violó los principios de equidad,
proporcionalidad e igualdad previstos en los decretos 3422 de 2009
y 246 de 2006, en concordancia con los principios de que trata el
artículo 3° de la Ley 105 de 1993, debido a que una empresa duplicó
los abordajes mientras que otras los vieron reducidos casi a la mitad;
y, además, a dicha empresa se le asignó una nueva ruta sin cumplir
con el proceso de licitación que ordena el ordenamiento jurídico, lo
que evidencia la causal de nulidad de desviación de poder, “[…] al
aislarse del contenido teleológico se persigue con la implementación
de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, en detrimento de
los principios de equidad técnica y pública, que permiten determinar
aquellos criterios que dieron origen a sus decisiones […]”12.
I.3.6.- Capacidad transportadora de TRANSPORTES GRAN
CALDAS S.A.
Manifestó que la empresa TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.
tiene autorizada en el municipio de Villamaría setenta y cinco (75)
12 Folio 776 ídem.
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vehículos que están sirviendo rutas desde y hacia el MUNICIPIO DE
MANIZALES, pese a que sus rutas se encuentran asignadas, así
como su rodamiento, permiso de operación y servicios autorizados
para el citado municipio de Villamaría.
Agregó que dichos automotores fueron incorporados a la capacidad
transportadora global del MUNICIPIO DE MANIZALES y, por ende,
a la capacidad mínima concedida a la aludida empresa, situación que
se encuentra en contravía del Decreto 3422 de 2009, que prohíbe
expresamente esa situación, debido a que mientras esa sociedad se
ve beneficiada incorporando a su capacidad ese número de vehículos,
a la sociedad SOCOBUSES S.A., por el contrario, se le disminuyó en
cincuenta y cinco (55) buses.
I.3.7.- Inaplicación por excepción de ilegalidad del Decreto
municipal 0467 de 2009
I.3.7.1.- Violación de normas superiores
Aseveró que aunque el Decreto municipal núm. 0467 de 30 de
octubre de 2009, expedido con el fin de actualizar y modificar el
Decreto núm. 0246 de 2006, en su artículo quinto señaló que la
modificación, reestructuración o traslado de rutas no podía implicar
en ningún caso el aumento de la capacidad transportadora global del
SETP del MUNICIPIO DE MANIZALES, lo cierto era que, en la parte
motiva de ese acto, sí se autorizaba el aumento en la capacidad de
los operadores de transporte, contrariando con ello el mandato del
artículo 7º del Decreto 3422 de 2009, el cual establece,
expresamente, que a partir de la expedición del acto administrativo
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de adopción de ese sistema debe suspenderse el ingreso de vehículos
de transporte público colectivo.
Refirió que las autoridades de transporte competentes deberán
congelar la capacidad transportadora de las empresas con base en
las tarjetas de operación vigentes a los vehículos vinculados, por lo
que una norma local no puede desconocer una del orden nacional,
máxime cuando el Decreto municipal núm. 0467 de 30 de
octubre de 2009 fue expedido por la entidad territorial como
integrante del Sistema Nacional de Transporte del cual el Ministerio
de Transporte actúa como órgano rector.
I.3.7.2.- Aplicabilidad del Decreto 3422 de 2009 a la
implementación del Sistema Estratégico de Transporte
Público del MUNICIPIO DE MANIZALES y, por ende, a la
reestructuración del servicio de transporte adoptada en los
actos enjuiciados
Argumentó que el Decreto 3422 de 2009 fue expedido para
reglamentar los SETP, de conformidad con la Ley 1151, el cual, en
su artículo 1°, dispuso su aplicación integral en las ciudades que
cuenten con cofinanciación de la Nación sin que ello implique que se
excluya a las ciudades que no lograron esa condición, en tanto se
trata de una norma de carácter nacional que debe ser aplicada en
todas las ciudades donde se pretenda implementar el SETP.
Agregó que el precitado artículo 1° del Decreto 3422 de 2009, que
remite al artículo 52 de la Ley 1151, establece al MUNICIPIO DE
MANIZALES como destinatario de sus mandatos; y que la
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aplicabilidad del Decreto 3422 de 2009 se reafirma con que el artículo
20 del Decreto 0246 de 2006, adicionado por el artículo 1° del
Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre de 2009,
expedidos por el alcalde de Manizales, declaró la existencia del
Sistema Estratégico de Transporte Público y Multimodal en ese ente
territorial.
I.3.7.3.- Ilegalidad de la facultad de delegación
Resaltó que la facultad conferida por el Decreto municipal núm.
0467 de 30 de octubre de 2009 al secretario de Tránsito para
reglamentar el procedimiento de adopción del Sistema Estratégico de
Transporte Público y Multimodal del MUNICIPIO DE MANIZALES,
transgrede abiertamente los artículos 10° y 11, numeral 1, de la Ley
489, toda vez que se encuentra expresamente prohibida la
delegación de funciones para la expedición de reglamentos, salvo
autorización legal, y que en el presente caso no existe disposición de
esta naturaleza que así lo permita. Además, mencionó que en la
delegación no se le determinó como obligación la observancia de la
normatividad que reglamenta los SETP, esto es, el Decreto 3422 de
2009.
I.3.7.4.- Excepción de ilegalidad por falta de competencia del
secretario de Tránsito del MUNICIPIO DE MANIZALES para
expedir la Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009, por
ilegalidad del acto de delegación
Luego de reiterar los argumentos expuestos con relación a la
ilegalidad de la facultad de delegación, concluyó que, además de
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vulnerarse el artículo 10° de la Ley 489, en cuanto a la obligación de
determinar en los actos de delegación el marco jurídico delegado, en
este caso el Decreto 3422 de 2009, el secretario de Tránsito del
MUNICIPIO DE MANIZALES carecía de competencia para la
expedición de la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de
2009, como consecuencia de la ilegalidad del decreto que lo facultó
para ello.
I.3.7.5.- Inexistencia de Plan de Movilidad debidamente
adoptado en el MUNICIPIO DE MANIZALES, como herramienta
de planeación territorial con miras a la declaratoria de
existencia e implementación del Sistema Estratégico de
Transporte Público
Aseguró que a la fecha de expedición de los actos generales objeto
de la solicitud de declaratoria de excepción de ilegalidad, no existía
la adopción del Plan de Movilidad, conforme lo exige la Ley 1083, lo
que supone la ilegalidad del establecimiento del SETP, tal como lo
evidencian las sentencias dictadas el 26 de marzo y el 9 de junio de
2010 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales y la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, respectivamente,
dentro de la acción de cumplimiento con radicado
17001310300120100002300, y la sentencia de la Sección Primera
del Consejo de Estado de 3 de junio de 2010, dentro de la acción
popular con radicado 17001233100020030114501.
Señaló que esa situación impedía la reorganización del esquema de
transporte colectivo urbano de pasajeros en esa ciudad, debido a que
dicho plan determina desde el punto de vista técnico, administrativo
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y financiero la forma cómo se debe reorganizar el SETP; y que así
como se omitió su adopción, tampoco se estableció, de manera
preliminar, el diagnóstico de las necesidades, lo que genera la
nulidad de los actos acusados.
I.3.8.- Nulidad de las resoluciones núms. 004 de 3 de febrero
de 2010 y 008 de 2 de marzo de 2010
Explicó que la Resolución núm. 004 de 3 de febrero de 2010
otorgó un nuevo término para el inicio de las operaciones dentro de
la reestructuración de las rutas del SETP, esto es el 27 de febrero de
2011; y que la Resolución núm. 008 de 2 de marzo de 2010, en
su parte resolutiva, autorizó a las empresas operadoras de transporte
dentro del sistema determinar los intervalos de despacho en las
horas valle de acuerdo con la demanda del servicio, por lo que, en
ese sentido, debieron notificarse a los representantes legales de las
demás empresas, lo cual no ocurrió. En efecto, la empresa
SOCOBUSES S.A. solo tuvo conocimiento de las mismas hasta el
mes de abril de 2010 y no por las vías legales.
Concluyó refiriéndose, ampliamente, a las notificaciones como
institución procesal y sus efectos frente al carácter ejecutorio de los
actos administrativos.
I.4.- De las contestaciones de la demanda
I.4.1.- El MUNICIPIO DE MANIZALES se opuso a la prosperidad
de las pretensiones13, indicando para ello que la reestructuración de
13 Folios 673 a 684 y 824 a 827 ídem.
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las rutas se basó en el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, según el
cual la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las
necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el
servicio, sustentando tal actuación en un estudio técnico en
condiciones normales de demanda, el cual se llevó a cabo por parte
de la Secretaría de Tránsito y Transporte como autoridad de
transporte, según el artículo 10° del mismo decreto; y que el 10 de
noviembre de 2009, expidió todos los actos administrativos de
reestructuración de las rutas de la ciudad, incluyendo aquellas que
habían sido asignadas a la empresa demandante por permisos
revocables.
Adujo que no es cierto que se hayan asignado nuevas rutas, de ahí
que no se haya acudido al procedimiento de licitación pública a que
se refiere el Decreto 170 de 2001 y que echa de menos la
demandante, pues, por el contrario, se atendió lo dispuesto en el
artículo 7º del Decreto 246 de 2006 en lo referente a la modificación
de rutas o servicios.
Puso de presente que el artículo 11 del Decreto 246 de 2006 se
refiere al procedimiento de creación de nuevos servicios cuando los
estudios técnicos demuestren que no resulta viable o conveniente
efectuar el proceso de restructuración de rutas. Que, sin embargo,
consideró que dicha norma no era aplicable debido a que en el
presente asunto era viable la operación del sistema mediante la
reestructuración de rutas, aspecto que fundamentó trayendo a
colación una sentencia, cuya fecha no indicó, proferida por el Consejo
de Estado dentro del proceso con número de radicado
25000232400020020048001.
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Anotó que la reestructuración de las rutas arrojó como resultado que
unas empresas requerían parque automotor adicional para atender
las rutas permitidas, mientras que otras tenían una sobreoferta que
obligaba la disminución de su flota, como en el caso de SOCOBUSES
S.A.
Afirmó que el Decreto 3422 de 2009 no es aplicable al MUNICIPIO
DE MANIZALES, por lo que la postura de la demandante al sostener
lo contrario parte de un error de interpretación, ya que tal norma
está dirigida a algunas ciudades que cumplan con unas condiciones
especiales, que no están dadas en el caso de ese ente territorial,
debido a que tal municipio no cuenta con cofinanciación de la Nación
para el desarrollo del SETP, al no haber obtenido concepto favorable
del CONPES. Que, por lo mismo, no era necesaria la suspensión del
ingreso por incremento de vehículos, por cuanto no se ha expedido
el acto administrativo que declare la existencia en esa ciudad del
SETP bajo las condiciones de ese decreto.
Adicionó, respecto al aumento de la flota de la empresa
TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A., que el SETP comprende a los
municipios de Manizales y Villamaría, por lo que no podía pretenderse
que los vehículos de esa empresa que prestan servicio en esos dos
municipios únicamente sean parte de Villamaría; y que en el año
2007, los dos municipios suscribieron un convenio para la operación
de esos vehículos.
Explicó que las rutas en ‘servicio regular’ son aquellas sin variación
importante en recorridos, ‘las irregulares’ son las autorizadas, pero
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con variación importante de recorridos, y ‘las ilegales’ son las que
operan sin acto administrativo. En ese sentido, alegó que, aunque
todas prestan servicio irregular, SOCOBUSES S.A. es la que
presenta un mayor número, debido a que del total de las once (11)
no autorizadas, esa empresa tiene seis (6), y de las veinticuatro (24)
irregulares, tiene siete (7), lo que significa que de las veinticinco (25)
rutas en operación, seis (6) son ilegales, producto de lo cual, al
realizarse la reestructuración que partió de las rutas regulares, se
disminuiría el abordaje.
En cuanto a la petición de restablecimiento del derecho, señaló que
como el MUNICIPIO DE MANIZALES puede en cualquier momento
reestructurar el servicio de transporte público con base en el estudio
técnico elaborado para el efecto y con ello revocar las autorizaciones
concedidas, no hay lugar a la indemnización de perjuicios que se
reclama, conforme lo expresó el Tribunal Administrativo de Caldas
en sentencia de 30 de octubre de 2008, proferida dentro del proceso
núm. 17001230000020030104705.
Agregó que para la estimación del restablecimiento del derecho: (i)
no se tuvo en cuenta que el cálculo de los abordajes se debe hacer
solo con las rutas otorgadas por medio de actos administrativos y no
con la totalidad de ellas, es decir, excluyendo las ilegales e
irregulares; (ii) que en la semana de funcionamiento del SETP hubo
disturbios y manifestaciones que alteró el funcionamiento del
sistema; y (iii) se demandan actos administrativos que corresponden
a otras empresas de transporte y frente a las cuales carece de
legitimación en la causa por activa.
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Por último, presentó argumentos relacionados con la distinción
conceptual de nuevas rutas y reestructuración de rutas.
I.4.2.- SERVITURISMO S.A.S., arguyó que como ninguno de los
actos administrativos demandados modificó sustancialmente las rutas
ya explotadas por esa empresa, se atiene a lo probado en el proceso14.
I.4.3.- EXPRESO SIDERAL S.A., afirmó que no era cierto que a
través de los actos demandados se adjudicaron rutas de transporte
público, sino que se reestructuraron las que ya se estaban prestando
en el MUNICIPIO DE MANIZALES; y que las resoluciones núms. 160
y 164 de 2009, contienen la reestructuración de dos rutas cada una,
las que quedaron subsumidas en un solo recorrido.
Las razones de la defensa, las dividió en los siguientes capítulos:
I.4.3.1.- Normatividad aplicable al asunto bajo análisis: Expuso
que resulta relevante tener en cuenta la fecha de expedición de los
actos demandados, puesto que tuvieron como fundamento el Decreto
170 de 2001; y que aunque el demandante pretende que se analicen
a la luz del Decreto 3422 de 2009, éste último no era aplicable al caso,
porque perdió ejecutoria al haber sido derogado su sustento, -esto es,
el artículo 52 de la Ley 1151-, por el artículo 276 de la Ley 1450 de 16
de junio de 201115.
Anotó que el citado Decreto 3422 de 2009 tampoco era aplicable, pues
no se cumplen los presupuestos definidos en su artículo primero,
debido a que el MUNICIPIO DE MANIZALES no ha tenido
14 Folios 890 a 891 ídem.
15 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 […]”.
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cofinanciación de la Nación y no se suscribió el convenio a que se
refiere el artículo 7 idem.
Aludió a que el Decreto 170 de 2001 reglamentó el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y
Municipal de Pasajeros que definió su objeto en el artículo 1°; y en el
artículo 10° se refirió a las autoridades de transporte, incluyendo allí
al Ministerio de Transporte en la jurisdicción nacional y a los alcaldes
municipales en la jurisdicción distrital y municipal. Que en esa medida,
a través del manual de funciones, el alcalde del MUNICIPIO DE
MANIZALES delegó esta atribución al secretario de Tránsito y
Transporte de esa entidad territorial, quien tenía competencia para
expedir los actos demandados, particularmente el Decreto 0246 de
2006 y el Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre de
2009.
Precisó que el secretario de Tránsito y Trasporte del MUNICIPIO DE
MANIZALES expidió el procedimiento para la operación del SETP, lo
que no equivale a su reglamentación, pues ello ya había sido efectuado
por el alcalde en los decretos 0246 de 2006 y 0467 de 2009, lo que
significa que la delegación hecha al primero de los funcionarios citados
se ajustó a los preceptos legales; y que el citado secretario, también
expidió las resoluciones de reestructuración oficiosa del servicio a
través de una delegación que cumple con todos los requisitos legales
y que se encuentra contenida en el artículo 7º del Decreto municipal
núm. 0467 de 30 de octubre de 2009.
I.4.3.2.- Reestructuración de rutas y plan de movilidad: Recalcó
que a través de los actos acusados la administración del MUNICIPIO
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DE MANIZALES reestructuró el servicio de transporte sin crear
nuevas rutas, pues no es cierto que mediante las resoluciones núms.
160 y 164 de 2009 se haya dividido una ruta para tener dos, sino
que, por el contrario, los actos administrativos dan cuenta que de las
dos que se encontraban adjudicadas se llegó a un solo recorrido para
ambos casos por efecto de la restructuración.
Arguyó que si bien la Resolución núm. 051 de 2009, por medio de la
cual se otorgaba un permiso provisional y transitorio, había perdido su
vigencia como consecuencia de la configuración de la condición
resolutoria consistente en la implementación del SETP, a través de la
Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009, no podía perderse
de vista que, en virtud de la decisión adoptada por el Juez Primero
Administrativo de Manizales en una medida cautelar en la que dispuso
el regreso de las rutas existentes antes de la implementación del SETP,
la primera resolución en comento recuperó su vigencia y en esa medida
no era posible acudir a la figura de la licitación pública, puesto que las
rutas reestructuradas a esa empresa provenían de unas adjudicadas
con anterioridad, según se advierte de la lectura de las resoluciones
núms. 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 de 2009, expedidas
bajo el amparo del artículo 34 del Decreto 170 de 2001.
Aseveró que las conclusiones plasmadas en el escrito de la demanda
sobre la reestructuración y el Plan de Movilidad no corresponden a las
conclusiones oficiales, las cuales están contenidas, por ejemplo, en el
Plan de Movilidad, concretamente en la fase 1; y, además, descartó
que fuera necesario tener dicho plan, pero que, para el caso del
MUNICIPIO DE MANIZALES, fue adoptado mediante Decreto núm.
084 de 4 de marzo de 2011 que acogió y armonizó el proyecto del
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SETP, incluida la reestructuración oficiosa de las rutas de la ciudad
desde el diagnóstico y conclusiones contenidas en la fase 1, a que se
hizo referencia anteriormente.
I.4.3.3.- Equidad e igualdad: Aseguró que para la reestructuración
oficiosa del servicio de transporte se partió de las rutas existentes, que
con anterioridad habían sido otorgadas a las empresas de transporte
público del MUNICIPIO DE MANIZALES mediante actos
administrativos vigentes, sin tener en cuenta aquellas rutas
informales, lo que sustenta la aparente desigualdad e inequidad que
aduce la demandante, lo cual es inexistente, en tanto no pueden
predicarse condiciones de igualdad entre las rutas no autorizadas
legalmente y las autorizadas conforme al ordenamiento jurídico,
conclusión evidente si se efectúa una confrontación entre los actos
administrativos que conceden rutas y el número total de las rutas
operadas por cada empresa, como se expone en la demanda.
I.4.3.4.- Notificación de los actos administrativos: Manifestó que
debido a que las resoluciones núms. 004 y 008 de 2010 son actos
administrativos de carácter general, se comunican y no se notifican16.
I.4.4.- La COOPERATIVA UNITRANS se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda, aduciendo que los actos
administrativos de contenido particular y concreto que restructuraron
las rutas operadas por esa empresa y los actos generales sobre los que
recaen las pretensiones de inaplicación por excepción de ilegalidad,
fueron expedidos respetando el ordenamiento jurídico y por
funcionarios competentes.
16 Folios 895 a 909 ídem.
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Manifestó que no era cierto que a las empresas a las que se les otorgó
una ruta debían ser adjudicatarias de éstas, en razón a que con
antelación a la expedición de los actos enjuiciados estaban habilitadas
por la autoridad competente para la prestación del servicio de
transporte de pasajeros y contaban con autorización para ello; que las
rutas fueron objeto de reestructuración por parte de la Secretaría de
Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE MANIZALES, en ejercicio
de una actividad oficiosa y en virtud de lo previsto en el artículo 34 del
Decreto 170 de 2001; y que la Resolución 050 de 2009 fue expedida
por el MUNICIPIO DE MANIZALES, con fundamento en los
correspondientes estudios técnicos que soportaron la reestructuración
de las rutas de esa ciudad y ante la necesidad de los usuarios.
En el acápite que llamó ‘Razones legales y fácticas de la defensa’,
advirtió que la autoridad competente en materia de transporte en el
MUNICIPIO DE MANIZALES es el alcalde municipal o, en su defecto,
el secretario de Tránsito y Transporte, según lo establece el artículo
10° del Decreto 170 de 2001, funcionarios estos que expidieron los
actos de reestructuración de rutas en nombre y representación de esa
entidad territorial.
Precisó que el Decreto 3422 de 2009 fue derogado expresamente por
el artículo 276 de la Ley 1450, que aprobó el Plan de Desarrollo para
el período 2010-2014, “[…] sin que para la fecha en que se expidiesen
los actos administrativos, producto de la reestructuración, existiese tal
disposición […]”17; y que aun en el evento de considerarse vigente el
Decreto 3422 de 2009, éste no resulta aplicable al MUNICIPIO DE
17 Folio 950 ídem.
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MANIZALES, debido a que no cuenta con cofinanciación de la Nación
para la implementación del SETP, como lo dispone el artículo 1º idem,
toda vez que las autoridades municipales no acreditaron el
cumplimiento de los requisitos legales para tales efectos.
Indicó que el demandante no solicitó la inaplicación por vía de
excepción de ilegalidad del Decreto 0246 de 2006, sino su
modificatorio, esto es, el Decreto 467 de 2009. Asimismo, que la
reestructuración oficiosa de las rutas de la ciudad de Manizales que
adelantó la autoridad competente en materia de transporte se hizo
con fundamento en el artículo 34 del Decreto 170 2001, el cual solo
obligaba a la Secretaría de Tránsito de Manizales a reestructurar el
servicio de rutas existentes y autorizadas con base en un estudio
técnico y sin adelantar actuación adicional, actuación respecto de la
cual se contaba con el recurso de reposición, el cual interpuso la
empresa demandante, quien además hizo parte de la mesa técnica
en la cual se socializaron las decisiones que hoy son objeto de la
presente demanda.
Adujo que el fundamento de la pretensión de restablecimiento del
derecho carece de soporte, en la medida en que el análisis de
reducción de pasajeros plasmado en la demanda durante cinco (5)
días, parte del equívoco de asumir que la totalidad de los vehículos
que operaron para los días 27 y 28 de febrero y 1o., 2 y 3 de marzo
de 2010, cuando se implementó el SETP, fueran de su propiedad, en
los términos previstos en el parágrafo del artículo 922 del Código de
Comercio, careciendo de legitimidad en la causa por activa para
reclamar este tipo de perjuicios debido a que los propietarios de los
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vehículos individualmente considerados, eran los llamados a acudir
ante los órganos judiciales para ello.
Reiteró que no era necesario que la autoridad de tránsito acudiera al
proceso licitatorio para reestructurar las rutas de servicio público de
transporte, ni adoptar el plan de movilidad o contar con la aprobación
del CONPES para ejercer las competencias del artículo 34 del Decreto
170 de 5 de febrero de 2001.
Por último, bajo similares argumentos a los expuestos
anteriormente, propuso las excepciones que denominó (i) “Excepción
Genérica. Todo hecho que resulte probado que constituya una
excepción”, (ii) “Excepción estricto cumplimiento de los requisitos
establecidos por el artículo 34 del Decreto 170 del 05 de febrero de
2001, de parte de la autoridad competente” y (iii) “Excepción,
denominada inexistencia actual del Decreto 3422 de 2.009 que sirve
de sustento a la demanda”18.
I.4.5.- AUTOLEGAL S.A. se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, para lo cual señaló, en cuanto a los
actos que guardan relación con esa empresa, que fueron expedidos
mediante un proceso de reestructuración de rutas en el que se
ajustaron las que ya tenía adjudicada esa empresa a las nuevas
realidades sociales; y que dicho proceso fue llevado a cabo por el
MUNICIPIO DE MANIZALES con base en las facultades previstas
en el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, sin que para ello fuera
necesario acudir al proceso licitatorio que indica la demandante,
18 Folios 947 a 966 ídem.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
puesto que no se asignaron nuevas rutas, sino que se eliminaron
unos recorridos y se incluyeron otros.
Manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia proferida dentro del proceso
25000233400020020048001, determinó que la asignación de rutas
debía realizarse por concurso o licitación, salvo las excepciones de
modificación o reestructuración, tal como se hizo en el MUNICIPIO
DE MANIZALES con fundamento en el artículo 34 del Decreto 170
de 2001, que impone, en el escenario de una reestructuración total,
efectuarla con base en un estudio técnico en condiciones normales
de demanda sin acudir a procesos licitatorios.
Aseveró que no había razón para que se notificara a la sociedad
SOCOBUSES S.A. de las resoluciones que no guardaban relación con
esa empresa, debido a que esos actos administrativos únicamente
tenían que ser comunicados a sus destinatarios; que la demandante
se oponía al proceso de reestructuración debido a que “veía más
cómodo” tener seis (6) rutas ilegales y siete (7) irregulares; y que
dicho proceso fue el resultado de varios estudios técnicos contratados
por el MUNICIPIO DE MANIZALES, entre los que destacó los
elaborados por la Universidad Nacional de Colombia y Transmilenio
S.A.
Expuso que no se trasgredieron los principios de equidad y
proporcionalidad, debido a que a todas las empresas de transportes
le fueron adjudicadas rutas con recorridos nuevos o modificados,
motivo por el cual no puede alegarse violación al principio de
proporcionalidad que una empresa que tiene rutas ilegales se le prive
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Actora: SOCOBUSES S.A.
de esta práctica, pues el mínimo derecho que tiene el Estado es el de
reordenar los asuntos administrativos que por acción o por omisión
han perdido el cauce natural que le es propio, como ocurre en este
caso en el que una empresa, que ahora es accionante, ha desbordado
todos los límites legales, luego de que durante varios años y de
manera permanente ha operado rutas que no le han sido
adjudicadas, cuando además de 12 rutas regulares o que tienen acto
administrativo y se prestan de manera adecuada, pasa a 25 sin
mediar razón alguna ni acto administrativo que así lo autorice, o
teniendo acto administrativo algunas pocas se prestan según la
conveniencia de la empresa19.
Añadió que aun cuando la accionante alega que el Decreto 3422 de
2009 impide el incremento de la capacidad transportadora para las
empresas y que éste aplica para el MUNICIPIO DE MANIZALES, lo
cierto es que lo que la norma impide es que se incremente el parque
automotor global con el que se presta el servicio, lo que no ha
ocurrido en este caso ya que ninguno de los actos administrativos
enjuiciados así lo ha dispuesto, sino que por el contrario, disminuyó
de novecientos once (911) vehículos que existían como capacidad
global de la ciudad antes de la reestructuración, a ochocientos
setenta y cuatro (874) vehículos.
Recalcó que el Decreto 3422 de 2009 es inaplicable para el
MUNICIPIO DE MANIZALES, puesto que el mismo obliga y aplica
en las ciudades que reciben recursos de cofinanciación de la Nación
en la implementación del SETP y éste no es su caso; y que el
19 Folio 974 ídem.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
precitado decreto perdió “fuerza legal” al haber sido derogado el
artículo 52 de la Ley 1151 por el artículo 276 de la Ley 145020.
Propuso las excepciones que título “Falta de legitimación en la causa
por pasiva” y “Falta de legitimación material en la causa por activa”.
La primera de las excepciones, la sustentó en que no ha expedido los
actos administrativos demandados, sino que se limitó a cumplir las
órdenes de la autoridad de tránsito y transporte. Igualmente, que
respecto de las resoluciones núms. 147, 149, 150 y 151 de
2009, por medio de las cuales se conceden unos permisos para
operar unas rutas para la prestación del servicio de transporte
público urbano colectivo a esa empresa, no se agotó la vía
gubernativa y, por lo tanto, no pueden ser demandadas ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La segunda de las excepciones, la sustentó en que SOCOBUSES S.A.
no tiene ni ha tenido nunca autorización para prestar el servicio
público colectivo urbano de pasajeros, desde la comuna cinco hasta
la zona industrial del MUNICIPIO DE MANIZALES, por lo que no
tiene justificación ni fundamento para que demande en asuntos que
no le son propios, según lo consideró el Tribunal Administrativo de
Caldas en la sentencia proferida en el proceso 2006012600, por lo
cual carece de legitimación para demandar actos o resoluciones que
le confieren derechos a AUTOLEGAL S.A. y que en nada afectan a
la actora.
I.4.6.- FLOTA METROPOLITANA S.A. se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, para lo cual sostuvo que la autoridad de tránsito y
20 Folios 967 a 979 ídem.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
transporte público del MUNICIPIO DE MANIZALES, con base en
un estudio técnico y teniendo en cuenta las necesidades de los
usuarios, reestructuró las rutas previamente asignadas y operadas
legalmente por las empresas de transporte. Luego de hacer alusión
al artículo 10° del Decreto 170 de 2001, indicó que el alcalde
municipal de Manizales, por conducto de su secretario de Tránsito y
Transporte, podía adoptar los actos enjuiciados, mediante los cuales
se reestructuraron las rutas de transporte.
De igual forma, manifestó que no es de recibo que la demandante
alegue que no le fueron notificados los actos administrativos
generales expedidos por el secretario de Tránsito y Transporte del
MUNICIPIO DE MANIZALES, si estos fueron publicados en la
Gaceta Municipal, como lo ordenaba el artículo 43 del Código
Contencioso Administrativo y lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-065 de 1995, en virtud de lo cual
son eficaces en tanto no han sido anulados o suspendidos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni se han configurado
las causales del pérdida de fuerza ejecutoria previstas en el artículo
66 idem21.
Arguyó que la actora ya había acudido a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo con el fin de cuestionar la legalidad de
actos administrativos similares a los que se controvierten en esta
sede; y que el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales denegó
la prosperidad de las excepciones.
21 Folios 1012 a 1021 ídem.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Por otro lado, formuló las excepciones que denominó “EXCEPCIÓN
GENÉRICA. ARTÍCULO 306 DEL C.P.C”, “FACULTAD OFICIOSA DE LA
AUTORIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL-
CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DEL ARTÍCULO 34 DEL DECRETO 170
DE 2001”, “CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA PROFERIR EL ACTO
ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO”.
Frente a la primera excepción, indicó que se acoge a la determinación
que la autoridad judicial adopte sobre el particular. En cuanto a la
segunda de las excepciones propuestas, adujo que la autoridad de
tránsito hizo uso de la facultad oficiosa establecida en el artículo 34
del Decreto 170 de 2001 y conforme a ello, dispuso la
reestructuración de algunas rutas de las empresas de servicio público
de transporte de pasajeros motivada por razones de orden público,
con el fin de adecuar las rutas a las necesidades de los usuarios, y
soportada con los estudios contratados para el efecto, descartándose
la necesidad de adelantar un proceso de licitación.
Frente a la última de las excepciones, resaltó la expedición regular
del acto administrativo y de la plena legitimidad y validez que goza
en virtud del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos para
que dichos actos nazcan a la vida jurídica, actos expedidos acorde
con las normas constitucionales y legales en tanto que no se observa
conculcado derecho alguno a la entidad accionante22.
I.4.7.- La empresa TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. reiteró los
argumentos de defensa expuestos por la empresa FLOTA
22 Folio 1020 ídem.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
METROPOLITANA S.A. y propuso las mismas excepciones de
mérito bajo los mismos fundamentos; además, adujo que le fueron
notificadas las resoluciones núms. 152 y 154 de 10 de
noviembre de 2009, con las cuales se reestructuraron, con
fundamento en el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, las rutas de
las que era titular desde tiempo atrás, sin que para ello fuera
necesario acudir a un proceso de licitación pública, pues la autoridad
de tránsito no estaba obligada a ello en virtud de la facultad oficiosa
prevista en la última de las normas citadas y soportada en un estudio
técnico.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
A través de la sentencia de 21 de noviembre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Caldas resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la excepción de falta de
legitimación por activa propuesta por Autolegal S.A. para
demandar las Resoluciones Nos. 147, 149, 150, del 10 de
noviembre de 2009 por medio de las cuales el Secretario de Tránsito
y Transporte de Manizales decidió reestructurar oficiosamente, de
manera individual, las rutas de transporte público operadas por
Autolegal S.A. (fls. 109-139 C.1)
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA DE OFICIO la excepción de
falta de legitimación por activa para demandar los siguientes actos
administrativos:
✓ Resolución No. 156 del 10 de noviembre de 2009: Por medio de
la cual el Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales decidió
reestructurar oficiosamente, de manera individual, las rutas de
transporte público operadas por Transportes Gran Caldas.
(fls.135-152 C.1)
✓ Resolución No. 157 del 10 de noviembre de 2009: Por medio de
la cual el Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales decidió
reestructurar oficiosamente una ruta de transporte público operada
por Flota Metropolitana. (fls.153-157 C.1)
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
✓ Resoluciones Nos. 158 y 159 del 9 de noviembre de 2009: Por
medio de la cual el Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales
decidió reestructurar oficiosamente, de manera individual, las rutas
de transporte público operadas por Serviturismo. (fls. 163-174
C.1)
✓ Resoluciones Nos. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 del 9 de
noviembre de 2009: Por medio de las cuales el Secretario de
Tránsito y Transporte de Manizales decidió reestructurar
oficiosamente, de manera individual, las rutas de transporte público
operadas por Expreso Sideral S.A. (fls.175-216 C.1)
✓ Resoluciones Nos. 182, 185, 186, 187, 188 y 189 del 10 de
noviembre de 2009: Por medio de las cuales el Secretario de
Tránsito y Transporte de Manizales decidió reestructurar
oficiosamente, de manera individual, las rutas de transporte público
operadas por Unitrans S.A. (fls 306-352 C.1)
✓ Resoluciones Nos. 211 y 212 del 1 de diciembre de 2009: Por
medio de las cuales el Secretario de Tránsito y Transporte de
Manizales decidió reestructurar oficiosamente, de manera
individual, las rutas de transporte público operadas por
Transportes Gran Caldas S.A. (fls.353 -363 C.1)
✓ Resolución No. 213 del 7 de diciembre de 2009: Por medio de la
cual se Resolvió un recurso de reposición presentado en contra de
la Resolución No. 184 de 2009 que reestructuró una ruta operada
por Unitrans, confirmándola. (fls.389-391 C.I)
✓ Resolución No. 214 del 7 de diciembre de 2009: Por medio de la
cual se Resolvió un recurso de reposición presentado en contra de
la Resolución No. 185 de 2009 que reestructuró una ruta operada
por Unitrans, confirmándola. (fls.393-396 C.1)
✓ Resolución No. 215 del 7 de diciembre de 2009: Por medio de la
cual se Resolvió un recurso de reposición presentado en contra de
la Resolución No. 186 de 2009 que reestructuró una ruta operada
por Unitrans, confirmándola. (fls.388-400 C.1)
✓ Resolución No. 216 del 7 de diciembre de 2009: Por medio de la
cual se Resolvió un recurso de reposición presentado en contra de
la Resolución No. 182 de 2009 que reestructuró una ruta operada
por Unitrans, confirmándola. (fls 402- 405 C1)
✓ Resolución No. 225 del 17 de diciembre de 2009: Por medio de
la cual se Resolvió un recurso de reposición presentado en contra
de la Resolución No. 157 de 2009 que reestructuró una ruta operada
por Flota Metropolitana confirmándola. (fls.406- 408 C.1)
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✓ Resolución No. 226 del 17 de diciembre de 2009: Por medio de
la cual se Resolvió un recurso de reposición presentado en contra
de la Resolución No. 159 de 2009 que reestructuró una ruta operada
por Serviturismo. confirmándola. (fls.410-412 C.1)
✓ Resolución No. 227 del 17 de diciembre de 2009: Resolvió un
recurso de reposición presentado en contra de la Resolución No. 211
de 2009 que reestructuro una ruta operada por Transportes Gran
Caldas, confirmándola. (fls.414-418 C.1)
TERCERO: DECLARAR INFUNDADAS las excepciones “Estricto
cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 34 del
Decreto 170 del 05 de febrero de 2001, de parte de la autoridad
competente” alegada por Unitrans S.A.; la de “Facultad oficiosa de
la autoridad de tránsito y transporte Municipal-cumplimiento del
mandato del artículo 34 del Decreto 170 de 2001” propuestas por
Flota Metropolitana S.A. y Gran Caldas S.A., y la de “Falta de
legitimación en la causa por pasiva” alegada por Autolegal S.A.
CUARTO: DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos
administrativos:
✓ Resolución No. 151 del 10 de noviembre de 2009 que adjudicó
una ruta nueva a Autolegal S.A.
✓ Resolución No. 154 del 10 de noviembre de 2009 por medio de
la cual se asignó una nueva ruta a Gran Caldas.
✓ Resolución No. 184 del 10 de noviembre de 2009 por medio de
la cual se asignó una nueva ruta a Unitrans.
QUINTO: DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos
administrativos:
✓ Resoluciones Nos. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180 y 181 del 10 de noviembre de 2009: Por
medio de las cuales el Secretario de Tránsito y Transporte de
Manizales decidió reestructurar oficiosamente, de manera
individual, las rutas de transporte público operadas por Socobuses
S.A. (fls.217-305 C.1)
✓ Resolución No. 217 del 7 de diciembre de 2009: Decidió recurso
de reposición presentado por Socobuses en contra de las
señaladas en el párrafo anterior, confirmándolas. (fls.364-376 C.1)
✓ Resolución No. 218 del 7 de diciembre de 2009: Decidió recurso
de reposición presentado por Socobuses en contra de la Resolución
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No. 170 del 10 de noviembre de 2009, confirmándola. (fls.378-387
C.1)
SEXTO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo 6 del Decreto No.
0467 del 30 octubre de 2009 por medio del cual se concedió una
autorización al Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales.
SÉPTIMO: INAPLICAR por ilegalidad para este caso concreto, la
resolución No. 146 de 2009 por medio de la cual se establece el
procedimiento para la Operación del Sistema Estratégico de
Transporte Público y Multimodal expedida por el Secretario de
Tránsito y Transporte de Manizales.
OCTAVO: Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho SE CONDENA EN ABSTRACTO al
MUNINCIPIO DE MANIZALES a reconocer y pagar a
SOCOBUSES S.A. el valor de los ingresos dejados de percibir los
días 27 y 28 de febrero, y 1°, 2 y 3 de marzo de 2010 por concepto
de no operación de las rutas de las que era legalmente titular, con
anterioridad a esas fechas.
Para determinar el valor concreto de la condena, Socobuses
deberá iniciar el correspondiente incidente, en el cual se tendrán en
cuenta las pautas señaladas en la parte motiva de esta sentencia.
NOVENO: DECLARAR PARCIALMENTE PRÓSPERA la objeción
por error grave en contra del dictamen pericial practicado en el
proceso.
DÉCIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO PRIMERO: Sin costas en esta instancia por lo expuesto
en la parte considerativa.
DÉCIMO SEGUNDO: EN FIRME esta providencia, liquídense los
gastos del proceso y devuélvanse los remantes si los hubiere, y
archívese el expediente previas las anotaciones en el Sistema Siglo
XXI […]”23.
En cuanto a las excepciones de “falta de legitimación en la causa por
pasiva” propuesta por AUTOLEGAL S.A., señaló, tras citar múltiples
decisiones del Consejo de Estado, que la demanda está dirigida
únicamente contra el MUNICIPIO DE MANIZALES como parte
23 Folios 1259 a 1260 del Cuaderno núm. 1B.
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accionada, lo que significa que la vinculación de las empresas de
transporte se realizó en virtud de la integración del litisconsorcio
efectuado por el demandante, bajo el entendido de que “[…] tienen
interés directo en las resultas del proceso por ser beneficiarias o
afectadas con las decisiones que se tomen en la decisión que ponga
fin al proceso […]”.
Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa señalada por esa misma sociedad, aseguró que el libelo
introductorio no solo pretende la nulidad de las resoluciones que
reestructuraron de manera oficiosa unas rutas operadas por
SOCOBUSES S.A. y las que decidieron los recursos presentados,
sino también aquellas que lo hicieron con respecto a otras empresas
de transporte y, además, que a título de restablecimiento del
derecho, se restituyan los permisos de operación concedidos con
anterioridad a la reestructuración oficiosa del año 2009 y se retomen
las rutas preexistentes, así como el reconocimiento del lucro cesante.
Refirió que atendiendo el tipo de acción impetrada, la forma en que
se planteó la pretensión de restablecimiento y la jurisprudencia
citada, SOCOBUSES S.A. carece de legitimación en la causa por
activa para discutir la validez de los actos administrativos que
reestructuraron de manera oficiosa las rutas operadas por otras
empresas de transporte público colectivo, por lo que declaró probada
esta excepción frente a AUTOLEGAL S.A., y de oficio con relación a
las empresas SERVITURISMO S.A.S., TRANSPORTES GRAN
CALDAS S.A., COOPERATIVA UNITRANS, FLOTA
METROPOLITANA S.A. y EXPRESO SIDERAL S.A.
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Señaló que el análisis de nulidad únicamente versaría en contra de
los siguientes actos: (i) los que reestructuraron las rutas de
SOCOBUSES S.A. y decidieron los respectivos recursos de
reposición, y (ii) los que adjudicaron de manera directa algunas rutas
nuevas a las empresas accionadas, dado que frente a éstos últimos
actos “[…] amerita un análisis diferente en atención a la naturaleza
de los actos administrativos de adjudicación de rutas […]”.
En consecuencia, delimitó el estudio de legalidad a: (i) las
resoluciones 167 a 181 de 10 de noviembre de 2009, mediante las
cuales se reestructuraron oficiosamente las rutas operadas por
SOCOBUSES S.A., confirmadas por las resoluciones núms. 217
y 218 de 7 de diciembre de 2009; y (ii) las resoluciones núms.
148 y 151; 152 y 154; 183 y 184; 160 y 164 de 10 de
noviembre de 2009, que, según la actora, adjudicaron de manera
directa nuevas rutas a las empresas AUTOLEGAL S.A.,
TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A., COOPERATIVA UNITRANS
y EXPRESO SIDERAL S.A., respectivamente.
En cuanto al primer cargo de nulidad, que denominó “Asignación de
nuevas rutas”, manifestó que estaba sustentado en que
presuntamente se habían asignado nuevas rutas sin adelantar
procesos licitatorios, como lo ordenan los artículos 25, 26, 28 y 30
del Decreto 170 de 2001 y 11, 12 y 13 del Decreto 246 de 2006.
Así, luego de referirse al contenido de las resoluciones núms. 148,
151, 152, 154, 183, 184, 160 y 164 de 10 de noviembre de
2009, expresó que dichas disposiciones son de contenido particular
y concreto en tanto otorgaron unos permisos a unas empresas
distintas a la actora para operar rutas de transporte en el
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MUNICIPIO DE MANIZALES, por lo que era preciso definir la acción
procedente para su enjuiciamiento.
En ese orden, luego de hacer referencia a una providencia expedida
por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso con
número de radicado 11001032400020010001801, manifestó que las
aludidas disposiciones censuradas eran controvertidas por
SOCOBUSES S.A. sin buscar el restablecimiento automático de un
derecho para ella o alguna otra empresa, por lo que era viable
abordar de fondo dicha pretensión anulatoria “[…] en el marco de
esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho al evidenciarse
una acumulación de pretensiones: de nulidad simple de unos actos
(asignación de nuevas rutas), y de nulidad y restablecimiento, de
otros (reestructuración de rutas de Socobuses) […]”24.
Así, luego de traer a colación los artículos 24 a 26 del Decreto 170
de 2001 y 12 del Decreto municipal 246 de 2006, señaló que, a
través de las resoluciones núms. 148 y 151 de 2009, se
reestructuró oficiosamente la ruta 24, cuyo trayecto era Manizales-
Barrio Aranjuez-Manizales y que había sido autorizada en la
Resolución núm. 017 de 1989, para en su lugar disponer, mediante
la primera resolución, que su punto de partida y llegada sería el
Barrio Aranjuez; y en cuanto a la segunda de las citadas resoluciones,
reestructuró la anotada ruta 24, para que su punto de partida y
llegada fuera el Barrio San Sebastián pasando por el barrio Fátima y
el sector Zona Franca.
24 Folio 1247 V ídem.
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En este punto, arguyó que el artículo 7º del Decreto 170 de 2001
define ruta como el trayecto comprendido entre un origen y un
destino, unidos entre sí por una vía, con un recorrido determinado y
unas características en cuanto a horarios, frecuencias, paraderos y
demás aspectos operativos.
Afirmó que “[…] no resulta lógico para esta Sala que en aras de
reestructurar una ruta de transporte operadas por la empresa
Autolegal, es decir, un trayecto previamente definido entre un origen
y un destino, de dicha reestructuración surja una ruta adicional” 25,
cuya reestructuración implica que se modifique parte del recorrido
de la misma, manteniendo el origen y destino; y que lo que ocurrió
en este caso fue que de la “Ruta 24 Manizales-Barrio Aranjuez-
Manizales” surgieron dos rutas, esto es una conservando el mismo
punto de partida y llegada y otra con puntos de origen y destino
disímil y recorrido sustancialmente diferente, lo que, a la luz de los
testimonios recaudados, quiere decir que no se puede considerar
como prolongación desde el punto de vista técnico.
Expresó que le asiste razón a la demandante al sostener que la
Resolución núm. 151 de 10 de noviembre de 2001, configuró una
nueva ruta (Barrio San Sebastián, Barrio Fátima-Sector Zona Franca-
Circular) que se asignó de manera directa a la empresa AUTOLEGAL
S.A. sin acudir al procedimiento de licitación ordenado en las normas
legales vistas.
Adujo que con las resoluciones núms. 152 y 154 de 10 de
noviembre de 2009, se reestructuraron oficiosamente la ruta 1
25 Folio 1248 del Cuaderno núm. 1B.
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Galerías-San Cayetano-Viceversa operada por TRANSPORTES
GRAN CALDAS S.A. en virtud de la Resolución núm. 023 de 1990,
es decir ambas resoluciones hacen referencia a la misma ruta, la cual
se reestructuró quedando así: (i) por la Resolución núm. 152, punto
de partida y llegada San Sebastián, y (ii) por la Resolución 154, punto
de salida Puerta del Sol y de llegada Puerta del Sol Calle 31B, Carrera
3C, Calle 32ª-Carrera 3-Calle 32, con un recorrido sustancialmente
diferente, lo que es indicativo que en este caso también, en aras de
restructurar una ruta, se dio origen a dos (2) distintas asignadas de
manera directa a la empresa operadora.
Arguyó que las resoluciones núms. 183 y 184 de 10 de noviembre de
2009 reestructuraron oficiosamente las rutas denominadas
Villapilar/CC San Cancio/Villapilar 7 Ruta 21 Villapilar-Minitas-
Villapilar y la Ruta 21 Villapilar-Minitas-Villapilar, operadas por la
empresa COOPERATIVA UNITRANS según la Resolución núm. 017
de 1989, las cuales, con ocasión de la reestructuración, quedaron
con punto de partida y llegada el Terminal La Cumbre y con algunos
puntos de coincidencia en el recorrido, derivándose dos (2) rutas de
la que antes era una sola, lo cual contraviene el marco normativo
sobre la materia, en tanto la ruta de la Resolución núm. 184 fue
adjudicada directamente a la empresa operadora.
Señaló que las resoluciones núm. 160 y 164 de 10 de noviembre de
2009 reestructuraron de manera oficiosa las denominadas ruta 2
Villamaría (Urapanes)-Centro Manizales (Calle 17) y Viceversa, la
ruta 25 Manizales-Villamaría-Manizales y la ruta 1 Villamaría-
Manizales (Calle 17)-Villamaría (Circular) y Bosques del Norte-
Peralonso-Centro, operada por la empresa EXPRESO SIDERAL
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S.A.; en ese orden, las rutas reestructuradas fueron dos (2) con
puntos de partida, llegada y recorrido distintos, descartándose
entonces que se trate de una sola ruta la reestructurada, y en tal
orden, no se configura el cargo de nulidad propuesto en su contra.
Con relación al segundo cargo, esto es, el de violación de las normas
en que debía fundarse, argumentó que la Ley 1151, con el fin de
mejorar la movilidad urbana, consideró al MUNICIPIO DE
MANIZALES para la implementación del Sistema Estratégico de
Transporte Público-SETP y, en virtud de ello, se expidió el Decreto
3422 de 2009 que reglamentó el SETP y precisó en su artículo 1° que
debía ser aplicado integralmente en las ciudades que cuenten con
cofinanciamiento de la Nación.
De igual forma, tras aludir al artículo 52 de la Ley 1151 y al Decreto
3422 de 2009, aseveró que, de la revisión de las pruebas aportadas
al plenario, era dable concluir que el alcalde municipal de Manizales
efectivamente implementó el SETP para esa ciudad, en tanto: (i) a
través del Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre de
2009, se ajustó, actualizó y modificó el Decreto núm. 0246 de 5 de
diciembre de 2006, que, a su vez, estableció criterios para la
reorganización del transporte colectivo en la citada ciudad; (ii) en la
Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de 2009 se estableció
el procedimiento para la operación del SETP; (iii) mediante oficio
GEINF-20102840672931 de 27 de septiembre de 2010, dirigido a
una de las concejalas de esa ciudad, el entonces subdirector de
Transporte del Departamento de Planeación-DNP le informó que la
citada ciudad no había recibido recursos por parte de la Nación para
la implementación y puesta en marcha del SETP, en razón a que no
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había sido enviada suficiente información sobre la estructuración y
validación de ese proyecto conforme establece el Decreto 3422 de
2009; asimismo, expresó que dicha información fue ratificada por el
coordinador de Movilidad y Transporte Urbano del DNP en oficio de
12 de enero 2011.
Por ende, señaló que el MUNICIPIO DE MANIZALES, al regular el
SETP, debió aplicar todo el Decreto 3422 de 2009 con estudios
técnicos, de legalidad y financieros que lo viabilizaran sin que así lo
hubiese hecho, contrariando con ello, el mandato del aludido artículo
1°; fue así como, además, en consideración a que no se basaron en
los estudios técnicos validados y aprobados por el DNP, el Tribunal
dispuso la anulación de las resoluciones núm. 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181
de 10 de noviembre de 2009, 217 y 218 de 7 de diciembre de
2009, por medio de las cuales se reestructuraron, oficiosamente, las
rutas de transporte público operadas por SOCOBUSES S.A. y se
resolvieron sendos recursos de reposición.
Agregó que si bien el MUNICIPIO DE MANIZALES y las empresas
vinculadas basan su defensa en que la reestructuración del servicio
de transporte público colectivo de pasajeros tuvo lugar en virtud de
la facultad prevista en el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, lo
cierto es que el SETP en ese ente territorial se adaptó expresamente
con base en el artículo 52 de la Ley 1151 y, por tanto, su
estructuración e implementación debió sujetarse a esa norma y a su
decreto reglamentario, máxime cuando realizó esfuerzos para
obtener la aprobación del DNP, la cual no logró ante la falencia de los
estudios que debían soportar el sistema; y que pese a ello, el
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municipio resolvió expedir los actos enjuiciados contraviniendo las
exigencias del citado Decreto.
En cuanto al cargo relativo a la desviación de poder y violación de los
principios de equidad y proporcionalidad, el a quo
manifestó que como los actos enjuiciados debieron ser expedidos con
fundamento en el Decreto 3422 de 2009, sin que el mismo hubiera
sido acogido, hacía extensivas las consideraciones efectuadas
anteriormente.
Sobre el cargo relacionado con la capacidad transportadora de
TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A., señaló que “[…] no se observa
en la relación de actos demandados ni en la explicación del concepto
de la violación de la demanda, que se haya identificado de manera
clara y precisa el acto administrativo por medio del cual, según la
parte actora, se incrementó la capacidad transportadora de la
empresa Gran Caldas […]”26.
En este punto señaló que, de la revisión de las resoluciones núm.
152, 154 y 156, se verificó que se reestructuraron las dos (2)
primeras rutas con un número de once (11) buses y de veintidós (22)
microbuses para el último acto, sin que de ahí se pudiera inferir el
aumento de la capacidad transportadora de TRANSPORTES GRAN
CALDAS S.A. en setenta y cinco (75) vehículos, como se sostiene en
la demanda.
De la petición de inaplicación por ilegalidad del Decreto municipal
núm. 0467 de 30 de octubre de 2009, que autorizó el aumento
26 Folio 1251 ídem
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de la capacidad transportadora de los operadores, señaló que no era
procedente abordar su estudio, debido a que dicha solicitud estuvo
dirigida a cuestionar la capacidad de la empresa TRANSPORTES
GRAN CALDAS S.A., sin que, como se vio antes, se hubiera
identificado concretamente la forma en que efectuó ese supuesto
aumento.
Puso de presente, frente al cargo de ilegalidad de la facultad de
delegación y la excepción de ilegalidad por falta de competencia del
MUNICIPIO DE MANIZALES para proferir la Resolución núm.
146 de 10 de noviembre de 2009, luego de aludir al contenido de
los artículos 9º, 10°, 11 y 12 de la Ley 489; 10° y 34 del Decreto
107 de 2001 y 6º del Decreto municipal núm. 0467 de 30 de
octubre de 2009, que, aun cuando la última de las normas citadas
se refieren expresamente a la facultad del secretario de Tránsito y
Transporte de ese ente territorial para que elabore el procedimiento
para la operación del Sistema Estratégico Multimodal, ello se traduce
en la práctica en una delegación de funciones para tal fin, la cual se
materializó en la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de
2009 expedida por ese funcionario, que constituye un acto de
carácter general.
En ese orden de ideas, explicó que, conforme al numeral 1 del
artículo 11 de la Ley 489, no se puede transferir mediante delegación
la facultad de expedir reglamentos de carácter general, salvo los
casos expresamente autorizados por la ley, de tal manera que al
tratarse la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de 2009
de un acto de esa naturaleza, el alcalde municipal de Manizales no
podía, como lo hizo, a través del Decreto municipal núm. 0467 de
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30 de octubre de 2009, delegar al secretario de Tránsito y
Transporte para dictar el procedimiento para la operación del SETP
en esa ciudad, en el que fueron regulados aspectos tales como: (i)
un glosario relacionado con dicho sistema; (ii) la definición de los
operadores y la forma de prestación del servicio; (iii) previó la
tipologías vehiculares, estandarización de colores, ruteros, control de
las flotas a bordo, paraderos; (iv) refiere a los operadores de tránsito
y el ente gestor; (v) la transferencia de rutas; (vi) la tarjeta
inteligente; (vii) tarifas y (viii) algunas funciones del ente gestor.
Adicionó que la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de
2009, como acto delegado, partió de una autorización ilegal que le
fue otorgada al secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, lo
que significa que se trata de un acto expedido sin competencia, al
transgredir el artículo 11 de la Ley 489, lo que conduce a su
inaplicación en virtud de la excepción de ilegalidad.
En lo que hace al cargo que denominó como “Inexistencia del plan
de movilidad debidamente adoptado en el municipio de Manizales,
como herramienta de planeación territorial con miras a la declaración
de la existencia e implementación del Sistema Estratégico de
Transporte”, manifestó que analizada la Ley 1083 no se observó que
en alguna parte se exigiera expresamente que el Plan de Movilidad
debía expedirse antes de la implementación de los SETP.
Del cargo de ilegalidad de las resoluciones núms. 004 de 3 de
febrero de 2010 y 008 de 2 de marzo de 2010, indicó que,
mediante estas, fue modificada la Resolución núm. 146 de 10 de
noviembre de 2009, en cuanto a la fecha de inicio de operación del
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SETP y la autorización a las empresas operadoras del mismo para
determinar los intervalos de despacho en las horas valle, conforme a
la demanda del servicio, decisión que en la parte final dispuso “[…]
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE […]”, ajustándose a la naturaleza general
del acto conforme al artículo 43 del C.C.A, en el entendido de que,
contrario a lo alegado por la demandante, tales resoluciones no
modifican situaciones particulares de las empresas, sino un
reglamento general, y en esa medida no era exigible su notificación
personal a cada una de las empresas de transporte.
En cuanto al restablecimiento del derecho, tras referirse al dictamen
pericial practicado y las objeciones por error grave formuladas en su
contra por AUTOLEGAL S.A., EXPRESO SIDERAL S.A. y
COOPERATIVA UNITRANS, y al contenido del artículo 10° de la
Ley 336 y 6º del Decreto 170 de 2001, concluyó que no les asistía
razón a los objetantes en lo relacionado con que los perjuicios
reclamados únicamente se prediquen de los vehículos de propiedad
de SOCOBUSES S.A.
No obstante, acogió los argumentos relacionados con que: (i) la
comparación de pasajeros movilizados se debe hacer en los mismos
días de la semana; (ii) la cuantificación de los ingresos dejados de
percibir se hizo sobre la suma de mil cuatrocientos ($1.400) pesos,
cuando el valor del pasaje de buseta era de mil cuatrocientos
($1.400) pesos y el de buses mil ciento cincuenta ($1.150), en virtud
del Decreto núm. 059 de 26 de febrero de 2010; (iii) el informe no
suministró datos precisos sobre el número de vehículos en circulación
en las rutas atendidas, de los despachos realizados por rutas y por
vehículos, según las condiciones reales de la prestación del servicio
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en los días 27 y 28 de febrero y del 1o. al 3 de marzo de 2010; y (iv)
los decretos municipales que señalaron la tarifa para el transporte
público colectivo urbano establecen los componentes del mismo,
siendo el porcentaje de participación para el operador del transporte
el ochenta y siete punto siete mil doscientos cuarenta y dos por
ciento (87.7242%), calculado a partir de datos ciertos.
Decidió, con base en lo anterior, la prosperidad parcial de las
objeciones por error grave y condenó en abstracto al MUNICIPIO
DE MANIZALES a reconocer y pagar a SOCOBUSES S.A. la suma
que se establezca, mediante incidente de liquidación, -de
conformidad con el artículo 172 del CCA-, por concepto de ingresos
que debió percibir como empresa operadora de transporte los días
17 y 28 de febrero y 1o. a 3 de marzo de 2010, durante los cuales
aquella operó de acuerdo con los actos administrativos que
reestructuraron las rutas de las que era titular. Que el monto a pagar
se calcularía con fundamento en el dictamen pericial que se ordenó
practicar bajo las directrices allí impartidas27.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1.- El MUNICIPIO DE MANIZALES interpuso, mediante escrito
de 13 de enero de 201528, recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, a través del cual manifiesta que aun
cuando el Tribunal declaró que la empresa SOCOBUSES S.A. no está
legitimada para demandar a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho las resoluciones que reestructuraron de
27 Folios 1238 a 1260 ídem.
28 Folios 1262 a 1273 ídem.
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manera oficiosa las rutas de las demás empresas de transporte,
resultaba paradójico y contradictorio que haya declarado la nulidad
de algunos de esos actos administrativos distintos a los que se
refieren a la demandante y que haya adecuado de oficio la acción
presentada, lo cual no está contemplado en el CCA, transformando
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en una de simple
nulidad para anular las resoluciones núms. 151, 154 y 184 de
10 de noviembre de 2009, que reestructuraron las rutas de las
empresas AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.
y COOPERATIVA UNITRANS, respectivamente.
Añade que el a quo sustenta tal decisión en una sentencia del Consejo
de Estado, en la que se determinó como procedente la acción de
nulidad contra actos administrativos que se refieren a rutas de
transporte, bajo el entendido de que en ellas también se encuentran
comprometidos intereses públicos, sin que allí se haya previsto la
posibilidad de extrapolar la naturaleza de la acción interpuesta para
convertirla en otra, como lo hizo, puesto que la acción presentada
por SOCOBUSES S.A. fue la de nulidad y restablecimiento del
derecho y no de simple nulidad y, en ese escenario, debió declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
también respecto a los precitados actos o declararse inhibido para
fallar como lo hizo en el marco del proceso núm.
17001233100020060012601, en el cual AUTOLEGAL S.A. demandó
en acción de nulidad y restablecimiento del derecho un acto
administrativo que otorgó una ruta provisional a FLOTA
METROPOLITANA S.A.
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Comenta, luego de transcribir apartes de la sentencia de 18 de
noviembre de 2010, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado dentro del proceso 17001233100020050067401, que “[…] el
hecho reprochable en la decisión del Tribunal es que esa
determinación se hubiese tomado en el curso de una acción que no
procedía, como la de nulidad y restablecimiento del derecho y que el
Tribunal en contraposición a la seguridad jurídica tome por sorpresa
a las partes, con la concebida violación del debido proceso, y
transfigure de oficio la acción presentada y la cambie a una de simple
nulidad, incluso contraponiéndose a sus propias sentencias […]”29.
Aduce que resulta ‘curioso’ y ‘extraño’ que el Tribunal hubiere
adecuado el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho a nulidad cuando la demanda fue promovida en vigencia del
Decreto 01 de 1984 y la accionante expresó de forma clara el tipo de
acción que ejercía. Cuestionó “[…] cómo puede ser que, en un
proceso administrativo, esencialmente rogado, el mismo Tribunal
desde el encabezado de su sentencia le cambie la naturaleza a la
acción presentada […]”.
Indica que el Tribunal, al momento de abordar el tema de la
reestructuración, efectuó una interpretación restrictiva de la norma
que la prevé, “[…] al reestructurar una ruta se entiende que se
modifica parte del recorrido de la misma, manteniendo el origen y el
destino […]”, sin que la legislación de transporte así lo disponga,
acabando con las posibilidades de usar la figura de la
reestructuración para optimizar la prestación del servicio,
29 Folio 1264 ídem.
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desconociendo la dinámica propia del transporte y obligando a la
administración a acudir a licitación pública para esos efectos.
Alude a que el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, al regular la
reestructuración del servicio de transporte, no contiene ningún límite
a la posibilidad de su utilización, sino que debe estar soportada en
un estudio técnico en condiciones normales de demanda, el cual fue
debidamente elaborado por el MUNICIPIO DE MANIZALES; que es
tan amplia la posibilidad de reestructurar que incluso la anotada
disposición autoriza a que se reestructure oficiosamente todo el
servicio.
Alegó que el testimonio del señor CARLOS ALBERTO MONCADA,
en el cual el a quo funda su decisión sobre este tema, es errado, ya
que la figura utilizada por la administración municipal no es la de la
prolongación o modificación de rutas sino la de reestructuración del
servicio, por lo que con dicha declaración se indujo a error a la
autoridad judicial, quien tomó una decisión equivocada.
Respecto al Decreto 3422 de 2009, precisa que, contrario a lo
considerado por el Tribunal, de acuerdo con el artículo 1°, éste no es
aplicable al MUNICIPIO DE MANIZALES, puesto que solo lo es
frente a los SETP que cuentan con cofinanciación del Gobierno
Nacional y ello no ocurrió en ese ente territorial, tal como está
acreditado en el expediente; y que el Tribunal, luego de analizar el
material probatorio recaudado, arribó a una conclusión alejada del
mismo e interpretó de forma ampliada el citado decreto, apartándose
así de las consideraciones que con anterioridad había efectuado sobre
este mismo tema.
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Sostiene que cuando el Decreto municipal núm. 0467 de 30 de
octubre de 2009 hizo alusión a la Ley 1151 como fundamento para
su expedición, fue con el fin de ir ajustando el sistema a los
parámetros del orden nacional ya que el SETP fue concebido con
anterioridad a la vigencia de esa ley, la cual señala que no existe la
obligación del MUNICIPIO DE MANIZALES de aplicar la norma en
su integridad, lo que no implica que existiera algún tipo de restricción
para reestructurar sus rutas y adoptar un sistema de transporte o
que requería el visto bueno del Gobierno Nacional para efectuar la
contratación del sistema de recaudo y de control de flota, y menos
aún que los estudios técnicos realizados necesitara el apoyo de la
Nación.
Reprocha lo considerado respecto de la ilegalidad de la Resolución
núm. 146 de 10 de noviembre de 2009, con fundamento en que
los artículos 1°, 38 y 44 de la Ley 105; °8 y 17 de la Ley 336; 10°,
14 y 34 del Decreto 170 de 2001, establecen que la autoridad de
tránsito es el alcalde y permiten a éste expresamente la delegación
en otra autoridad, como lo sería la Secretaría de Tránsito. Trae a
colación lo establecido por la Sección Primera del Consejo de Estado
en sentencia de 22 de marzo de 2002, proferida dentro del
expediente 25000232400020040101201 con relación a la delegación
de funciones y, con base en ello, afirmó que se cumplen los
presupuestos de la delegación, esto es que, (i) “Cuenta con
autorización legal, dada por el artículo 10 del Decreto 170 de 2001”,
(ii) “La autoridad a la que se delega, cuenta con funciones afines o
complementarias”, (iii) “La autoridad que confiera la delegación
puede reasumir la competencia”, (iv) “Las funciones transferidas son
propias del Alcalde como autoridad de tránsito”.
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Agrega que, mediante Acuerdo 625 de 2006, se efectuó la
modernización institucional de la administración central municipal, se
definió la estructura de la Secretaría de Tránsito y Transporte y se
fijaron sus funciones, dentro de las cuales se destaca la de
inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio, lo que
demuestra que la atribución de autoridad de tránsito puede ser
delegada en la Secretaría de Tránsito y Transporte como se hizo y se
amplió al SETP mediante el Decreto municipal núm. 0467 de 30
de octubre de 2009.
Señala que los actos demandados fueron expedidos en legal y debida
forma, ya que la reestructuración de las rutas es facultativa de la
administración municipal; en consecuencia, no está de acuerdo con
la condena en abstracto que se profirió, además en razón a que se
dio cumplimiento a los artículos 10° y 34 del Decreto 170 de 2001,
por cuanto efectúo el estudio técnico en condiciones de normalidad
con el objetivo de reestructurar las rutas de transporte público.
Informó que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 336, la autoridad
de tránsito puede otorgar permisos para servir rutas diseñadas en la
ciudad, los cuales son revocables en tanto no generan derechos
adquiridos a favor de los beneficiarios de éstos, por lo que pueden
ser dejados sin efectos en cualquier momento con el fin de mejorar
el servicio y satisfacer el interés general.
Concluye que, de establecerse que existió menor demanda en los
días en los que estuvo en operación el SETP en el MUNICIPIO DE
MANIZALES, tal situación no es atribuible a la administración
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municipal teniendo en cuenta que son hechos notorios, exentos de
prueba, que en esos días ocurrieron actos de terrorismo que
bloquearon las vías e intimidaron a la comunidad.
III.2.- AUTOLEGAL S.A. apeló la sentencia de primera instancia, a
través de escrito de 13 de enero de 201530, en el que solicita revocar
parcialmente el ordinal cuarto de su parte resolutiva, en lo que
guarda relación con la declaratoria de nulidad de la Resolución
núm. 151 de 10 de noviembre de 2009 “[…] Por medio de la cual
se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público
[…]”; anota que el a quo, aun cuando consideró que la empresa
SOCOBUSES S.A. no está legitimada para demandar en ejercicio de
la acción incoada contra actos de reestructuración de las rutas de
otras empresas, seguidamente procedió a convertir de manera
oficiosa la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en una
acción de simple nulidad y a anular algunas resoluciones, entre ellas,
la Resolución núm. 151 de 2009, que reestructuró algunas rutas,
tal como se probó en el expediente, y no las creó nuevas.
Argumenta que la ruta con punto de origen Bosques del Norte y de
destino Maltería-Zona Franca-Circular se dio en la reestructuración
de rutas con base en un estudio previo, que evidenció la demanda
de servicio por las características de la zona industrial y otros sitios
que generaban un origen distinto que tenían la demanda
insatisfecha.
Así, asevera que “no se puede hablar de rutas nuevas, pues si
observamos detenidamente la ruta que se le dio a mi representada,
30 Folios 1274 a 1280 ídem.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
mediante la resolución 151, se cogió la ruta que definió y se tomaron
las que estaban funcionando con actos administrativos que daban el
soporte y tenían que tener relación con las rutas que ya existían, es
así como se tomó la ruta Aranjuez-Estambul-ruta 24, el sector del
Sena o el recinto del pensamiento, existían para el cubrimiento de
dichas rutas actos administrativos anteriores y con los cuales
técnicamente se dan varias rutas que se presentaban en ese corredor
y legalmente se toma la ruta 24 y desde el punto de vista de la
resolución legalmente aparece una sola ruta reestructurada y no una
nueva, por que con esto se busca era optimizar el servicio” 31.
Manifiesta que las rutas del servicio de transporte pertenecen a la
comunidad y no a determinada empresa, de ahí que la administración
tenía la obligación de prestar el servicio independientemente de la
empresa a la que le corresponda; y que, de igual forma, si bien
algunas rutas pueden coincidir en algunos sectores con las operadas
por la empresa demandante, hay que tener en cuenta que por las
características topográficas de la ciudad, solo existen tres corredores
viales principales: la Avenida Santander, la Paralela y la Avenida del
Río, las cuales fueron tenidas en cuenta por la administración en el
proceso de reestructuración, lo que acredita que no se asignaron
rutas nuevas, sino que, por el contrario, se hizo una variación o
reestructuración, para lo cual tenía competencia la autoridad
accionada a la luz del artículo 34 del Decreto 170 de 2001, como
alternativa de servicio para resolver las demandas insatisfechas de
transporte público colectivo de pasajeros.
31 Folios 1276 ídem.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Acota que la ruta San Sebastián-Barrio Fátima-Zona Franca-Circular
no es nueva, debido a que se tomó la ruta 24 cuyo recorrido original
era Aranjuez-Estambul y se conservó una parte del recorrido anterior
y se agregó una variación, lo que, a su juicio, es lo que exige la
restructuración prevista en el artículo 3422 de 2009 y que, por ende,
no hacía necesario la adjudicación de la misma a través de licitación.
Alega que no se pueden confundir la figura de modificación de rutas
prevista en el artículo 32 del Decreto 170 de 2001 con la
reestructuración de las mismas, debido a que, para la primera, es
necesario que la empresa de transporte realice una solicitud expresa
en ese sentido con base en los estudios pertinentes para esos
efectos, sin que en ningún caso se pueda alterar más del diez por
ciento (10 %) el mismo, ni se pueda cambiar el terminal de
despacho; mientras que, por su parte, la reestructuración es oficiosa
y puede versar sobre todo el esquema que la administración había
autorizado.
Añade que la reorganización del servicio de transporte supone
suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las
actuales rutas, así como modificar los horarios, clases, capacidad
transportadora y número de vehículos, lo que se hizo en el presente
asunto cuando se profirió la Resolución núm. 151 de 2009, y no
la creación de una ruta nueva que requería acudir al proceso de
licitación, debido a que la ruta San Sebastián-Barrio Fátima-Zona
Franca-Circular hace parte de una ruta más extensa y se genera de
otra que ya existía o se estaba prestando, es decir, lo que hubo
fueron nuevos recorridos que para el caso de la denominada Bosques
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Actora: SOCOBUSES S.A.
o San Sebastián-Zona Franca tenía el soporte técnico derivado de la
necesidad de la comunidad.
Comenta que el Consejo de Estado determinó, en el expediente con
número de radicado 2500023270002004 (Sic), que las medidas
adoptadas por las autoridades en materia de tránsito deben ser
flexibles a las condiciones reales en las que las mismas se aplica y
que éstas deben estar sometidas a constante evaluación y revisión
con miras a que sean modificadas para que puedan satisfacer las
necesidades de la población. Adiciona que, en el proceso
250002324000200020048001 (Sic), esta Corporación judicial señaló
que la asignación de rutas debe ser por conducto de licitación “[…]
salvo las excepciones por modificación o reestructuración […]”, lo que
indica que en el presente caso no era obligatorio adelantar proceso
de licitación.
Agrega que la Corte Constitucional, en sentencia C-043 de 1998,
señaló que la autoridad competente puede reestructurar o
reorganizar el servicio, revocando, modificando o adicionando los
actos administrativos por los cuales autorizó a una empresa o las
rutas de transporte público, siempre que cambien las condiciones que
dieron lugar a su expedición.
Insiste en la falta de legitimación en la causa por activa de
SOCOBUSES S.A. para promover el presente proceso, con
fundamento en que el Tribunal Administrativo de Caldas, en el
proceso con radicado 1700123000002006012600, en el que “en un
caso semejante y después de un análisis de los Honorables
Magistrados culmina por determinar que existe falta de legitimación
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Actora: SOCOBUSES S.A.
en la causa por activa y para ello dice entre otras cosas que el actor
nunca había tenido autorización para prestar el servicio público sobre
la ruta que demandada (Sic) lo cual ocurre aquí con Socobueses
respecto de mi representada como tercera interesada o afectada,
respecto de los otros terceros y respecto del municipio mismo”32, y a
su vez cita el proceso 11001032400020040007801 del Consejo de
Estado, en el que se analizó este mismo tema de la excepción en
comento.
Por último, sostiene que, como en esta oportunidad se acudió a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no a la de simple
nulidad, el a quo debió declarar fundada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa como lo hizo respecto de los
demás actos demandados, puesto que no existió acumulación de
pretensiones, sino que, por el contrario, el texto de la demanda es
claro en acudir a la primera de las acciones mencionadas.
III.3.- La actora, SOCOBUSES S.A., presentó escrito de 9 de abril
de 2015 ante esta Corporación33, mediante el cual manifestó
interponer apelación adhesiva de los recursos de apelación de 13 de
enero de 2015 elevados por las demandadas, -y que habían sido
concedidos por el Tribunal el 9 de febrero de 201534-, con el que
aduce que su reparo se centra en controvertir: (i) aquellas
pretensiones que le fueron denegadas; (ii) lo atinente a que la
sentencia encontró probadas las excepciones de falta de legitimación
en la causa invocada tanto por AUTOLEGAL S.A. como declarada de
oficio por el a quo; (iii) así como la prosperidad parcial de la objeción
32 Folio 1279 ídem.
33 Folios 4 a 12 del Cuaderno de segunda instancia.
34 Folio 1281 ídem.
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al dictamen pericial a través del cual se habían establecido los
perjuicios causados a la demandante SOCOBUSES S.A., con la
consecuente condena en abstracto.
Indica que, para los efectos, hace extensivos los argumentos
expuestos en el texto de la demanda y en las alegaciones de primera
instancia, y se adentra en cada uno de sus reproches, así:
III.3.1.- “[…] Frente a la negativa parcial de las pretensiones
formuladas en la demanda […]”. Comenta que, conforme con el
sustento fáctico, jurídico y las pruebas allegadas al plenario,
quedaron acreditadas las múltiples irregularidades técnicas que se
originaron en la expedición de los actos que reestructuraron rutas
para la implementación del SETP en el MUNICIPIO DE MANIZALES
durante los años 2009 y 2010; y que el ente territorial demandado
vulneró las normas constitucionales, legales y reglamentarias al
aumentar la capacidad transportadora global de la ciudad y particular
de algunas empresas, sin que se observara lo señalado en el Decreto
3422 de 2009.
Arguye que los actos enjuiciados no tuvieron como resultado el
mejoramiento del servicio público de transporte colectivo de pasajero
en el MUNICIPIO DE MANIZALES, sino que, como dieron cuenta
los testimonios recaudados en el proceso, se aumentó el parque
automotor en desmedro de la garantía constitucional de acceso a los
servicios públicos, circunstancia que conllevó que el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Manizales, mediante providencia de 4
de marzo de 2010, adoptara una medida cautelar dentro del trámite
de una acción popular.
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Sostiene que se vulneró la Ley 1151, debido a que se estableció el
SETP cuando el MUNICIPIO DE MANIZALES no contaba con un
Plan de Movilidad legalmente adoptado que determinara las
necesidades de ese ente territorial, conforme a lo señalado en el
artículo 3º del Decreto 3422 de 2009.
Reprocha que “[…] se acudió a varios malabarismos jurídicos con la
finalidad de eludir un proceso de selección objetiva para la
escogencia de los operadores del servicio, impuesto en el artículo 11
del Decreto 3422 de 2009 […]”35; y que la decisión de entregar en
operación el servicio reestructurado fue puramente discrecional, que
no se buscó mejorar la prestación del servicio.
Afirma que con la expedición de los actos demandados, la autoridad
enjuiciada vulneró los principios de equidad y proporcionalidad,
previstos en el artículo 10° del Decreto 3422 de 2009; y que la
reestructuración del servicio debía agotar el término de selección
objeto del artículo 11 del Decreto 3422 de 2009, razón por la cual, a
su juicio, era menester que se declarara la nulidad de la totalidad de
actos enjuiciados.
III.3.2.- “[…] Sobre la declaratoria de probadas de las
excepciones de falta de legitimación en causa formulada por
la empresa Autolegal S.A. y declarada de oficio en el fallo a
quo […]”. Señala que, si bien la reestructuración realizada a través
de los actos demandados se refiere de manera puntual a unos
permisos otorgados a ciertas empresas, la misma debe revisarse en
35 Visible a folio 7 del Cuaderno Principal.
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el contexto de un mercado regulado por tratarse de un servicio
público en el cual cada una de esas empresas tiene participación a
través de unas rutas preexistentes; por lo que cualquier decisión
tiene injerencia en ellas y en el mercado del transporte, el cual,
conforme a los artículos 10° y 11 del Decreto 3422 de 2009, debían
reorganizarse con sustento en criterios de equidad y proporcionalidad
y con base en estudios técnicos que determinaran la mejor opción
para el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 365
de la Constitución Política, las leyes 105, 336 y 1151 y los decretos
170 de 2001 y 3422 de 2009.
Alega que la legitimación no deviene de ser destinatario de la
voluntad de la administración como lo entendió el a quo, sino de ser
titular de rutas previas a la reestructuración integral del servicio que
se realiza a través de las resoluciones demandadas, de tal suerte que
SOCOBUSES S.A. tiene legitimación para cuestionar la legalidad de
la totalidad de los actos administrativos expedidos en el marco de la
implementación del Sistema estratégico de Transporte Público
Multimodal del MUNICIPIO DE MANIZALES.
III.3.3.- “[…] Sobre la declaración de restablecimiento del
derecho y condena en abstracto […]”. En este punto, asegura
que, a través de un dictamen pericial, se acreditaron los ingresos
dejados de percibir como consecuencia de los pasajeros que no
fueron movilizados durante los días 27 y 28 de febrero y 1o., 2 y 3
de marzo de 2010 por la implementación del SETP; por ese motivo,
adujo que no es jurídicamente viable declarar la prosperidad de la
objeción de dicho estudio técnico por error grave, ya que ese valor
solo se puede establecer a través de la metodología de comparación
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tal como lo hizo el profesional que lo elaboró, aunado a que no solo
se dejaron de percibir ingresos, sino que se efectuaron otras
erogaciones derivadas del cambio de rutas, como, por ejemplo, el
cambio de ruteros.
Solicita la modificación de la sentencia recurrida y, en consecuencia,
que (i) se declare la inaplicación de la totalidad de los actos generales
referidos en la demanda; (ii) se decrete la nulidad de los actos que
dispusieron la restructuración integral del servicio público de
transporte urbano colectivo de pasajeros en el MUNICIPIO DE
MANIZALES en el año 2009 y 2010, y (iii) se modifique el fallo
ordenándose el restablecimiento del derecho conforme al dictamen
pericial allegado.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- Vencido el plazo concedido para alegar de conclusión en esta
instancia, la demandante, SOCOBUSES S.A., descorrió el traslado a
través de escrito de 14 de julio de 2016, en el que luego de
transcribir, in extenso, los testimonios recaudados en el proceso,
reiteró los argumentos expuestos tanto en la demanda como en su
escrito de apelación adhesiva con el fin de insistir en sus pretensiones
de nulidad y restablecimiento del derecho.
IV.2.- La parte demandada y el Agente del Ministerio Público,
guardaron silencio en esta instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Planteamiento de los asuntos por resolver
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De conformidad con las consideraciones expuestas por el Tribunal en
la sentencia apelada y los motivos de inconformidad alegados por el
demandado MUNICIPIO DE MANIZALES y la vinculada
AUTOLEGAL S.A., la Sala observa que la discrepancia gira en torno
a los siguientes puntos: (i) la legitimación en la causa por activa de
SOCOBUSES S.A. para demandar las resoluciones núms. 148,
151, 152, 154, 183 y 184 de 10 de noviembre de 2009, que
reestructuraron las rutas de AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES
GRAN CALDAS S.A. y COOPERATIVA UNITRANS; (ii) el
fundamento para anular dichos actos administrativos; (iii) la nulidad
del artículo 6º del Decreto municipal núm. 0467 de 30 de
octubre de 2009, expedido por el alcalde del MUNICIPIO DE
MANIZALES “[…] Por el cual se ajusta, actualiza y modifica el
Decreto 0246 del 05 de diciembre de 2006, por medio del cual se
establecieron criterios para la reorganización del transporte colectivo
en el municipio de Manizales […]”; (iv) la inaplicación por ilegalidad
para el caso concreto de la Resolución núm. 146 de 10 de
noviembre de 2009, expedida por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de la Alcaldía del MUNICIPIO DE MANIZALES “[…] por
medio de la cual se establece el procedimiento para la operación del
Sistema Estratégico de Transporte público y multimodal […]”; y (v)
la legalidad de las facultades del alcalde del MUNICIPIO DE
MANIZALES para delegar en su secretario de Tránsito y Transporte
la expedición del procedimiento del SETP.
Por su parte, atendiendo al escrito de apelación adhesiva formulada
por la actora SOCOBUSES S.A., se observa que su inconformidad
gira en torno a que la nulidad debió recaer sobre todos los actos
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incluidos en las pretensiones de la demanda inicial, para lo cual alega
estar legitimada en la causa por activa para controvertirlos, debido a
que era titular de rutas preexistentes a la reestructuración integral
del servicio que fuese adoptada con las resoluciones acusadas,
mientras que, para el Tribunal, carece de legitimación en la causa
para formular tal pretensión debido a que no fue destinaria de dichos
actos.
La demandante también cuestiona la decisión de primera instancia
en lo relacionado con la acreditación de los perjuicios reclamados a
título de restablecimiento del derecho, pues, a su juicio, no era
procedente declarar probados los reparos de objeción grave en
contra de éste, pues no sólo dejó de percibir dinero por la expedición
de los actos censurados sino que también se vio obligado a realizar
erogaciones de dinero, mientras que para el Tribunal, en el citado
estudio técnico, se incurrió en errores que hacen prósperas
parcialmente las objeciones por error grave formuladas en su contra,
por lo que resultaba necesario condenar en abstracto a la
demandada.
V.2.- Actos acusados
Debido al número y extensión de los actos acusados, se transcribirá,
únicamente la parte resolutiva de cada uno de ellos en lo que
concierne a las pretensiones de la demanda.
• DECRETO MUNICIPAL NÚM. 0467 DE 30 DE OCTUBRE DE 2009, “Por el
cual se ajuste, actualiza y modifica el decreto 0246 del 05 de diciembre de
2006, por medio del cual se establecieron criterios para la reorganización del
transporte colectivo en el municipio de Manizales”.
“[…] DECRETA
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ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR un artículo al decreto 0246 de 2006, el
que según la parte motiva del presente acto administrativo, establecerá:
ARTÍCULO 20: DECLÁRESE la existencia en la ciudad, del Sistema
Estratégico de Transporte Público y Multimodal, el cual se estructuró con los
siguientes agentes:
Ente Gestor
Operadores de transporte
Operador de recaudo
Operador de plataforma tecnológica
Operador fiduciario
PARÁGRAFO PRIMERO: Competencia de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Manizales. De acuerdo con sus competencias legales y
reglamentarias en calidad de delegataria de la autoridad de tránsito y
transporte, esta Secretaría actuará con la autoridad del Sistema estratégico
de Transporte Público de Manizales.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Competencia de la Empresa de Transporte
Integrado de Manizales S.A. (TIM S.A.) Como Ente Gestor del
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 0645 del 13 de
septiembre de 2006, modificado por el Acuerdo No. 0702 del 23 de diciembre
de 2008 expedidos por el Concejo Municipal de Manizales la Empresa de
Transporte Integrado de Manizales S.A. como ente gestor del SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL realizará
gestión implementación, planeación y control del mismo.
PARÁGRAFO TERCERO: El cable aéreo prestará el servicio de transporte de
pasajeros en la ciudad de Manizales, conforme a la habilitación conferida por
el Ministerio de Transporte de acuerdo con la resolución No. 5330 del 30 de
octubre de 2009, se asimilará a un operador de transporte Público y
Multimodal y su tarifa, la cual debe estar sustentada en un estudio técnico,
deberá remunerar a los demás agentes del sistema.
ARTÍCULO SEGUNDO: En adelante para la aplicación del decreto 246 de
2006, deberá entenderse, cuando se refiera a SERVICIO O SISTEMA DE
TRASPORTE PÚBLICO COLECTIVO, que se trata del SISTEMA ESTRATÉGICO
DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES.
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el artículo segundo del decreto 0246 de
2006, el cual quedará así:
ARTÍCULO 2. Capacidad transportadora global del SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA
CIUDAD DE MANIZALES. La capacidad transportadora global del SISTEMA
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ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE
MANIZALES, corresponderá a la suma de las capacidades mínimas requeridas
por las rutas o servicios autorizados para prestar servicios dentro del sistema,
según las necesidades de movilización establecidas por la Secretaría de
Tránsito y Transporte con base en los estudios técnicos respectivos,
incrementada en un porcentaje máximo del 10% que se concederá para la
flota de reserva; en ningún caso la suma de la capacidad transportadora
máxima autorizada a la totalidad de las empresas de trasporte público que
integran el sistema podrá superar la capacidad transportadora global de la
ciudad.
ARTÍCULO CUARTO: MODIFICAR el numeral cuarto del artículo tercero del
decreto 0456 de 2006, el cual quedará así:
4. Cuando por la disminución de la flota básica vinculada para la prestación
del servicio dentro del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y
MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES, la empresa requerirá un
número de vehículos menor como flota de reserva, la que en ningún caso
podrá superar el diez por ciento (10%) de la flota que se requiera para prestar
los servicios de transporte autorizados dentro del sistema.
ARTÍCULO QUINTO: MODIFICAR el artículo noveno del decreto 0246 de
2006, el cual quedará así:
ARTÍCULO 9. Modificación de la capacidad transportadora de la
ciudad. La modificación reestructuración o traslado de rutas no podrá implicar
en ningún caso el aumento de la capacidad transportadora global del SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MANIZALES.
ARTÍCULO SEXTO: FACULTAR a la Secretaría de Tránsito y Transporte de
la ciudad para que mediante acto administrativo y de acuerdo con las
directrices señaladas en la ley, en los decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de
2007 y este Acto Administrativo, elabore el procedimiento para la operación
del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA
CIUDAD DE MANIZALES.
ARTÍCULO SÉPTIMO: DELEGAR en la Secretaría de Tránsito y Transporte
para que expida las correspondientes resoluciones de reestructuración de las
rutas de transporte público colectivo que en el momento se prestan y que
operarán dentro del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y
MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES y los Actos Administrativos que
eliminen rutas que no se requieran dentro del sistema.
ARTÍCULO OCTAVO: Los demás artículos contenidos en el decreto 0246 de
2006 no se modifican y continúan vigentes.
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ARTÍCULO NOVENO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación […]”36.
• RESOLUCIÓN NÚM. 146 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “por medio
de la cual se establece el procedimiento para la operación del Sistema
Estratégico de Transporte público y multimodal”.
“[…] RESUELVE
ARTÍCULO 1: Adoptar el procedimiento para la operación del SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE
MANIZALES.
ARTÍCULO 2: Para efectos de la interpretación del presente acto
administrativo se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:
(…)
ARTÍCULO 3: Serán operadores de transporte dentro del Sistema
Estratégico de Transporte, las empresas que se encuentren debidamente
constituidas y habilitadas por la autoridad de tránsito respectiva, para la
prestación del servicio de transporte público colectivo y por cable aéreo.
ARTÍCULO 4: Conforme al decreto 0246 de 2006, modificado por el decreto
467 30 de octubre de 2009, los operadores de transporte solo podrán prestar
las rutas de transporte que hayan sido reestructuradas con base en los
estudios técnicos respectivos.
ARTICULO 5: Al inicio de la operación con las rutas previamente
reestructuradas, se podrá efectuar migración vehicular dentro de las rutas
asignadas a cada operador de transporte, sin que con ello se afecte la
capacidad transportadora de la empresa, ello conforme a las necesidades de
la demanda que se presente, conforme recomendación que efectúe TIM S.A.
y autorización por parte de este despacho.
PARÁGRAFO: La reestructuración de rutas dentro del Sistema Estratégico
de Transporte, comenzará su operación a los diez días hábiles siguientes a la
firmeza de todos los actos administrativos que se expidan para el efecto.
ARTÍCULO 6: TIPOLOGÍAS VEHICULARES: Para la operación del Sistema
Estratégico de Transporte Público de la ciudad, se tendrán en cuenta,
inicialmente, las siguientes tipologías vehiculares:
(…)
PARÁGRAFO (Sic): De conformidad con la ley (Sic)1083 de 2006 y la
resolución 18 0158 del 2 de febrero de 2007, a partir del 01 de enero de
36 Folios 84 a 88 ídem.
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2010, solo podrán ingresar al servicio por reposición vehículos que utilicen
combustible con tecnologías limpias.
ARTÍCULO 7: ESTANDARIZACIÓN DE COLORES: Los vehículos que
prestan servicio dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público y
Multimodal tendrán uniformidad en su presentación exterior, serán de color
blanco de la referencia indicada para el efecto.
PARÁGRAFO: Los vehículos al momento de la iniciación de la operación del
sistema conservarán su presentación exterior, pero deben cambiar el color
de acuerdo con el cronograma que para el efecto establecerá la Empresa de
Transporte Integrado de Manizales, sin que el tiempo para que la totalidad de
la flota tenga el color indicado supere los dos años, contados a partir de la
expedición de la presente resolución.
ARTÍCULO 8: Previo a la operación dentro del Sistema Estratégico de
Transporte Publico y multimodal, se deberá certificar por parte de la Empresa
Transporte Integrado de Manizales, como ente gestor, que cada uno de los
vehículos cuente con el cerramiento correspondiente para impedir que los
usuarios del sistema ingresen al automotor por un sitio diferente al torniquete
instalado, e igualmente se deberá elaborar el formato de revisión pre
operacional establecido en el decreto 321 de 2007
ARTICULO 9: RUTEROS: Los ruteros en donde se identificará el número y la
denominación de la ruta tendrán las dimensiones y características
determinadas en el capítulo 2 señales verticales del manual de señalización
vial adoptado por medio de la resolución 1050 de 2004, expedida por el
Ministerio de Transporte, para lo cual se anexa a este acto administrativo el
respectivo instructivo.
ARTÍCULO 10: CONTROL DE FLOTA A BORDO: Previo a la operación inicial
del Sistema Estratégico de Transporte Público y multimodal, la empresa de
Transporte Integrado de Manizales, conforme a sus funciones como ente
gestor, deberá certificar que los vehículos cuenten con los dispositivos que
almacenan la Información relevante de la operación y que corresponde a:
(…)
PARÁGRAFO (Sic): Cuando se presenten reposiciones de equipos al vehículo
que ingrese se le deberá instalar el equipo a bordo definido en este artículo
que tenía instalado el automotor que se desvincula, en estos casos la empresa
TIM S.A deberá igualmente certificar que el vehículo que ingresa al parque
automotor cuanta con tales dispositivos.
ARTÍCULO 11: PARADEROS: son los únicos sitios autorizados por la
autoridad donde se efectúan las maniobras de ascenso y descenso de
pasajeros, para el Sistema Estratégico de Transporte público y multimodal,
los paraderos se clasifican en los siguientes:
(…)
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PARÁGRAFO (Sic): Los paraderos que harán parte el sistema serán
determinados por parte de la Secretarla de Tránsito y Transporte por medio
de acto administrativo.
ARTÍCULO 12: Previo a la operación inicial del Sistema Estratégico de
Transporte Publico, se deberá certificar por parte de la empresa Transporte
Integrado de Manizales, que cada uno de los operadores de transporte
cuentan con la infraestructura necesaria para efectuar el almacenamiento de
la información que transmiten los equipos a bordo de los vehículos, que se
denomina centro de colecta, la infraestructura mínima se compone de lo
siguiente:
(…)
ARTICULO (Sic) 13: TIM como ente gestor del sistema, y el operador de
plataforma, respectivamente, entregarán el uso y goce de los siguientes
equipos a LOS OPERADORES DE TRANSPORTE, debidamente instalados y en
perfecto estado de funcionamiento y se encargarán del soporte y
mantenimiento de los mismos:
(…)
PARÁGRAFO (Sic) PRIMERO: Los equipos enumerados del 1 al 8
conforman el control de flota a bordo para cada vehículo y los enumerados
del 9 al 19 conforman el centro de colecta de la información.
PARÁGRAFO (Sic) SEGUNDO: LOS OPERADORES DE TRANSPORTE se
obligan a garantizar el buen uso y conservación de los bienes que serán
entregados en comodato, garantía que será determinada por el ENTE
GESTOR.
ARTÍCULO 14: Previo a la operación inicial del Sistema Estratégico de
Transporte Publico y multimodal, los operadores de transporte entregarán a
TIM S.A el listado de conductores que harán parte del sistema, los que
deberán encontrarse a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito o al
menos deberán tener acuerdo de pago al día, para tales efectos los
operadores de transporte enviarán la información respectiva a la empresa de
Transporte Integrado de Manizales con el fin de otorgar la autorización
respectiva.
ARTÍCULO 15: Los vehículos que prestarán el servicio dentro del Sistema
Estratégico de Transporte Público y multimodal, deberán estar a paz y salvo
en impuestos.
ARTÍCULO 16: EI transbordo se refiere a la transferencia de una ruta a otra
con una lógica en la dirección origen destino que se puede realizar entre
diferentes modos y medios como son el cable aéreo y dentro de las tipologías
que hacen parte del SETP
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PARÁGRAFO (Sic) PRIMERO: Los transbordos dentro del sistema no
generarán costo adicional para los usuarios y solo se permite una trasferencia
de ruta por importe, inicialmente los transbordos operarán entre
determinadas rutas las cuales serán definidas en el estudio que sobre
reestructuración de rutas se elabore por parte de este despacho.
PARÁGRAFO (Sic) SEGUNDO: La transferencia de rutas se puede efectuar
inicialmente dentro de los 30 minutos siguientes al ingreso del usuario al
sistema, en los paraderos y rutas definidos por este despacho para tal fin,
esto es desde el momento del paso de la tarjeta inteligente sin contacto
(TISC) por el validador del vehículo de la primera ruta. Si pasado el tiempo
indicado no se ha efectuado la trasferencia, el usuario deberá cancelar el valor
del pasaje respectivo de la segunda ruta, este valor lo descontará en el
validador del vehículo transbordado sistema al presentar el usuario la tarjeta
en el validador del vehículo transportado.
ARTÍCULO 17: La empresa Transporte integrado de Manizales S.A, dentro
de sus funciones como ente gestor entregará semanalmente a este despacho
toda la Información relacionada con el incumplimiento de los indicadores de
gestión por parte de los operadores de transporte, con el fin de que se inicien
las respectivas investigaciones conforme al Decreto 3366 de 2003.
ARTÍCULO 18: Las personas que no adquieran la tarjeta inteligente sin
contacto (TICS) y solo efectúen un viaje dentro del sistema, deberán cancelar
en los puntos de venta autorizados por el operador de recaudo el valor del
importe del pasaje e ingresarán al vehículo o a la cabina exhibiendo al
conductor o a la persona autorizada respectivamente el medio de pago o el
recibo entregado.
PARÁGRAFO: AI inicio de la operación del sistema y por un periodo de un
mes se permitirá el pago de la tarifa del pasaje en efectivo directamente al
conductor del vehículo, como medio alternativo de pago a la tarjeta
inteligente sin contacto.
ARTICULO (Sic) 19: El administrador financiero que se encargará de la
administración de los recursos procedentes de la actividad del recaudo
desembolsará semanalmente, los días lunes, la remuneración respectiva, que
de la tarita establecida les corresponde a los agentes del sistema.
PARÁGRAFO (Sic): Para los efectos del presente artículo, los agentes del
sistema deberán dar apertura a una cuenta en la entidad financiera para que
allí sean desembolsados los dineros respectivos, por concepto de
remuneración en el Sistema.
ARTÍCULO 20: TARIFAS. Las tarifas para el sistema estarán determinadas
por tipologías, de acuerdo con los estudios técnicos que sobre el particular se
desarrollen. El esquema tarifario, conforme el decreto 0246 de 2006, debe
retribuir a todos los agentes del sistema allí identificados.
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ARTÍCULO 21: La tarifa por pasaje será descontada de la carga que cada
tarjeta inteligente sin contacto tenga al momento de efectuar el paso por el
validador del equipo, el cual indicará al usuario el saldo que queda de recarga.
ARTİCULO 22: El valor de la tarifa solo será cancelado por los usuarios del
Sistema, mayores de cuatro años.
ARTÍCULO 23: No existirá valor máximo a recargar, sin embargo la recarga
mínima que se aceptará dentro del sistema será la equivalente al 10% del
valor de un pasaje en la tipología bus, aproximada a la siguiente centena.
ARTÍCULO 24: En el sitio de inicio del servicio en el vehículo se debe efectuar
la apertura de la ruta, que consiste en la asignación del recorrido que servirá.
Este procedimiento únicamente puede realizarlo el despachador autorizado
por la empresa transportadora, funcionario que tendrá una tarjeta inteligente
sin contacto, por cada ruta, expresamente destinada para esta labor.
ARTÍCULO 25: Una vez se efectúe la apertura de la ruta, el conductor
autorizado por la empresa, quien tendrá una tarjeta inteligente sin contacto
personalizada, procederá a abrir el viaje que consiste en la aceptación por
parte de este del recorrido origen y destino asignado por parte del
despachador.
ARTICULO (Sic) 26: El conductor debe proceder a cerrar el viaje en el lugar
de destino de cada uno de los recorridos autorizados, el cual consiste en
terminar el ciclo Inicial para proceder a abrir un viaje nuevo.
ARTÍCULO 27: Cuando, según el plan operativo, sea necesario el cambio de
ruta o se llegue al horario de terminación del servicio, se debe efectuar el
procedimiento de cierre de ruta el cual consiste en la finalización de la
prestación del servicio en el recorrido previamente establecido, este
procedimiento únicamente puede realizarlo el despachador autorizado por la
empresa transportadora, funcionario que tendrá una tarjeta inteligente sin
contacto, por cada ruta, expresamente destinada para esta labor.
ARTÍCULO 28: Una vez finalizado el servicio, diariamente se debe efectuar
la prestación de cuentas, donde se presenta la información de pasajeros
movilizados y se ejecuta el proceso financiero. Dicha actividad solo podrá
efectuarse por el administrador autorizado de la empresa transportadora
mediante el uso de una TISC especial para dicho proceso
ARTÍCULO 29: Realizada la prestación de cuentas la plataforma tecnológica
inicia automáticamente el proceso de colecta de la información el cual deberá
ser supervisado por personal de la empresa transportadora.
ARTÍCULO 30: Cuando se presenten contingencias durante el viaje que
requieran que se cierre el mismo, se utilizará una tarjeta de administrador
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Actora: SOCOBUSES S.A.
que será utilizada por la persona autorizada por cada una de las empresas
transportadoras.
ARTÍCULO 31: Una vez el vehículo se encuentre en el sitio de colecta de
Información, adecuado por la empresa de transporte, conforme los
requerimientos establecidos en el presente acto administrativo, luego del
cierre de ruta, el sistema automáticamente colectará y archivará la
información del validador en archivos binarios con el fin de enviarla a los
centros de control principal donde se almacenará la información de todos los
validadores activos dentro del sistema.
ARTÍCULO 32: La empresa de Transporte Integrado de Manizales dentro de
sus funciones como ente gestor deberá presentar las observaciones y
recomendaciones técnicas tendientes a establecer, modificar, suprimir, y
reestructurar las rutas de transporte público.
ARTÍCULO 33: La empresa de Transporte Integrado de Manizales, dentro
de sus funciones como ente gestor deberá cada semana antes de que el
administrador financiero efectúe las correspondientes trasferencias a los
agentes del sistema, conciliar las respectivas cifras con la entidad fiduciaria,
y autorizar los pagos respectivos.
ARTÍCULO 34: La empresa de Transporte Integrado de Manizales dentro de
sus funciones como ente gestor, deberá en todo momento ejercer la
supervisión de todos los componentes del Sistema Estratégico de Transporte
Público y multimodal, para lo cual contará con los supervisores necesarios y
así garantizar el normal funcionamiento del sistema.
ARTÍCULO 35: El operador de recaudo será el encargado de la venta y
recarga de pasajes dentro del sistema y deberá garantizar el cubrimiento
necesario para que los usuarios puedan efectuar la compra respectiva para
ingresar al sistema.
ARTÍCULO 36: El operador de recaudo podrá, a petición del usuario,
personalizar la tarjeta inteligente sin contacto, en los sitios autorizados para
estos efectos.
ARTÍCULO (Sic) 37: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación”37.
• RESOLUCIÓN NÚM. 147 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
37 Folios 94 a 108 ídem.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación TERMINAL AUTOLEGAL CIUDADELA SENA HOSPITAL
GERIÁTRICO VICEVERSA y autorizada por medio de la Resolución 024 de
1996, a la empresa de transporte denominada AUTOLEGAL S.A., de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y
en la parte motiva de la presente Resolución […]”38.
• RESOLUCIÓN NÚM. 148 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta
identificada con la denominación RUTA 24 MANIZALES BARRIO
ARANJUEZ MANIZALES y autorizada por medio de la Resolución
017 de 1989, a la empresa de transporte denominada AUTOLEGAL
S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto
170 de 2003 y en la parte motiva de la presente Resolución […]”39.
• RESOLUCIÓN NÚM. 149 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 16 BARRIO ARANJUEZ MANIZALES – BARRIO
GALAN - ARANJUEZ y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989,
a la empresa de transporte denominada AUTOLEGAL S.A., de conformidad
con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte
motiva de la presente Resolución […]”40.
• RESOLUCIÓN NÚM. 150 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación BARRIO ESTAMBUL – ARCO UNIVERSIDAD
NACIONAL – BARRIO ESTAMBUL (CIRCULAR) y autorizada por medio
de la Resolución 033 de 1994, a la empresa de transporte denominada
AUTOLEGAL S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del
Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente Resolución […]”41.
38 Folios 109 a 113 del Cuaderno núm. 1.
39 Folios 115 a 119 del Cuaderno núm. 1.
40 Folios 121 a 125 del Cuaderno núm. 1.
41 Folios 127 a 131 del Cuaderno núm. 1.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
• RESOLUCIÓN NÚM. 151 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 24 MANIZALES – BARRIO ARANJUEZ –
MANIZALES y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989, a la
empresa de transporte denominada AUTOLEGAL S.A., de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”.42
• RESOLUCIÓN NÚM. 152 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 1 GALERIAS SAN CAYETANO VICEVERSA y
autorizada por medio de la Resolución 023 de 1990, a la empresa de
transporte denominada GRAN CALDAS, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente
Resolución”43.
• RESOLUCIÓN NÚM. 154 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación GALERÍAS - SAN CAYETANO - VICEVERSA y autorizada
por medio de la Resolución 023 de 1990, a la empresa de transporte
denominada TRANSPORTES GRAN CALDAS, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”44.
• RESOLUCIÓN NÚM. 156 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta
identificada con la denominación RUTA 3 GALERIAS – CUCHILLA
DEL SALADO - VICEVERSA y autorizada por medio de la Resolución
42 Folios 133 a 138 del Cuaderno núm. 1.
43 Folios 140 a 144 del Cuaderno núm. 1.
44 Folios 146 a 150 del Cuaderno núm. 1.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
023 de 1990, a la empresa de transporte denominada
TRANSPORTES GRAN CALDAS, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la
presente Resolución.”45 (Negrillas del texto original)
• RESOLUCIÓN NÚM. 157 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación MANIZALES LA MARÍA - VICEVERSA y autorizada por
medio de la Resoluciones 050 de 2004, 064 de 2005 a la empresa de
transporte denominada METROPOLITANA, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de
la presente Resolución […]”46.
• RESOLUCIÓN NÚM. 158 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 33 MANIZALES – BARRIO LA ENERA –
MANIZALES y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989, a la
empresa de transporte denominada SERVITURISMO, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”47.
• RESOLUCIÓN NÚM. 159 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 32 MANIZALES – VILLAMARIA – MANIZALES
(CIRCULAR) y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989, a la
empresa de transporte denominada SERVITURISMO, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”48.
45 Folios 152 a 156 del Cuaderno núm. 1.
46 Folios 158 a 161 del Cuaderno núm. 1.
47 Folios 163 a 167 del Cuaderno núm. 1.
48 Folios 169 a 173 del Cuaderno núm. 1.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
• RESOLUCIÓN NÚM. 160 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 2 VILLAMARIA (URAPANES) – CENTRO DE
MANIZALES (CALLE 17) Y VICEVERSA y RUTA 25 MANIZALES –
VILLAMARIA - MANIZALES y autorizada por medio de la Resoluciones 085
de 1995 y 017 de 1989 respectivamente, a la empresa de transporte
denominada EXPRESO SIDERAL S.A., de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”49.
• RESOLUCIÓN NÚM. 161 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación SAMARIA – SOLFERINO – VILLAHERMOSA – CENTRO
y autorizada por medio de la Resolución 049 de 2005 a la empresa de
transporte denominada EXPRESO SIDERAL S.A., de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de
la presente Resolución […]”50.
• RESOLUCIÓN NÚM. 162 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 26 – CHIPRE – CLÍNICA PSIQUIÁTRICA –
CHIPRE y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 a la empresa
de transporte denominada EXPRESO SIDERAL S.A., de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de
la presente Resolución […]”51.
• RESOLUCIÓN NÚM. 163 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
49 Folios 175 a 179 del Cuaderno núm. 1.
50 Folios 181 a 185 del Cuaderno núm. 1.
51 Folios 187 a 191 del Cuaderno núm. 1.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación BOSQUES DEL NORTE – PERALONSO - CENTRO y
autorizada por medio de la Resolución 029 de 2002 a la empresa de
transporte denominada EXPRESO SIDERAL S.A., de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de
la presente Resolución […]”52.
• RESOLUCIÓN NÚM. 164 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 1 VILLAMARÍA – MANIZALES (CALLE 17) –
VILLAMARÍA (CIRCULAR) y BOSQUES DEL NORTE – PERALONSO –
CENTRO y autorizadas por medio de las Resoluciones 085 de 1995 y 029 de
2002, respectivamente, a la empresa de transporte denominada EXPRESO
SIDERAL S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del
Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente Resolución […]”53.
• RESOLUCIÓN NÚM. 165 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación VILLAMARÍA – CENTRO COMERCIAL SANCANCIO -
VILLAMARÍA y autorizadas por medio de la Resolución 013 de 1985 a la
empresa de transporte denominada EXPRESO SIDERAL S.A., de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 y
en la parte motiva de la presente Resolución […]”54.
• RESOLUCIÓN NÚM. 166 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 28 CHIPRE – BARRIO LA ENEA - CHIPRE y
autorizadas por medio de la Resolución 017 de 1989 a la empresa de
52 Folios 193 a 197 del Cuaderno núm. 1.
53 Folios 199 a 203 del Cuaderno núm. 1.
54 Folios 205 a 209 del Cuaderno núm. 1.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
transporte denominada EXPRESO SIDERAL, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 y en la parte motiva de
la presente Resolución […]”55.
• RESOLUCIÓN NÚM. 167 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 30 LIBORIO BARRIO ARANJUEZ LIBORIO y
autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989, a la empresa de
transporte denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”56.
• RESOLUCIÓN NÚM. 168 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 23 LIBORIO - BARRIO ARANJUEZ - LIBORIO y
autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989, a la empresa de
transporte denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”57.
• RESOLUCIÓN NÚM. 169 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 3 LIBORIO - BARRIO ARANJUEZ - LIBORIO y
autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989, a la empresa de
transporte denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”58.
• RESOLUCIÓN NÚM. 170 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
55 Folios 211 a 215 del Cuaderno núm. 1.
56 Folios 217 a 221 del Cuaderno núm. 1.
57 Folios 223 a 227 del Cuaderno núm. 1.
58 Folios 229 a 233 del Cuaderno núm. 1.
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80
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
“RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas
identificadas con la denominación RUTA 29 MANIZALES -
VILLAMARIA – MANIZALES/ RUTA 29 VILLAMARIA (BARRIO
LA PRADERA) – MANIZALES (CENTRO) – VILLAMARIA y
autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 y 013 de 1985
respectivamente y a la empresa de transporte denominada
SOCOBUSES S.A, de conformidad con lo establecido en el artículo 34
del Decreto 170 de 2001 y en la parte motiva de la presente
Resolución.”59 (Negrillas del texto original)
• RESOLUCIÓN NÚM. 171 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte
público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 4 LIBORIO - BARRIO MINITAS – LIBORIO y
autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 y 013 de 1985
respectivamente y a la empresa de transporte denominada SOCOBUSES
S.A, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de
2003 y en la parte motiva de la presente Resolución […]”60.
• RESOLUCIÓN NÚM. 172 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 8 VILLAPILAR – BARRIO LAS COLINAS –
MALHABAR – VILLAPILAR / RUTA 8 A LIBORIO – BARRIO LAS
COLINAS – LIBORIO / RUTA 35 – LA FRANCIA – BARRIO KENNEDY
– LA FRANCIA / RUTA 2 VILLAPILAR – BARRIO KENNEDY –
VILLAPILAR y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 a la
empresa de transporte denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”61.
• RESOLUCIÓN NÚM. 173 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
59 Folios 235 a 238 del Cuaderno núm. 1.
60 Folios 240 a 244 del Cuaderno núm. 1.
61 Folios 246 a 250 del Cuaderno núm. 1.
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81
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 9 VILLAPILAR – BARRIO PALERMO –
VILLAPILAR – / RUTA 9 A SECTOR DE LA LINDA A BARRIO PALERMO
A LA LINDA y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 a la
empresa de transporte denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”62.
• RESOLUCIÓN NÚM. 174 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 11 VILLAPILAR A SECTOR DE MALTERÍA A
VILLAPILAR y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 a la
empresa de transporte denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”63.
• RESOLUCIÓN NÚM. 175 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 5 LIBORIO BARRIO COMUNEROS – LIBORIO
/ RUTA 31 VILLAPILAR – VILLA DEL RÍO – VILLAPILAR y autorizada
por medio de la Resolución 017 de 1989 a la empresa de transporte
denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”64.
• RESOLUCIÓN NÚM. 176 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 1 LIBORIO – SULTANA – LIBORIO / RURA
1 SULTANA – CENTRO – HOSPITAL GERIATRICO – VICEVERSA y
autorizadas por medio de la Resolución 017 de 1989 y 054 de 1995
respectivamente a la empresa de transporte denominada SOCOBUSES S.A,
62 Folios 252 a 256 del Cuaderno núm. 1.
63 Folios 258 a 262 del Cuaderno núm. 1.
64 Folios 264 a 268 del Cuaderno núm. 1.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003
y en la parte motiva de la presente Resolución […]”65.
• RESOLUCIÓN NÚM. 177 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 10 VILLAPILAR – BARRIO LA SULTANA –
VILLAPILAR y autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 a la
empresa de transporte denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”66.
• RESOLUCIÓN NÚM. 178 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 7 LIBORIO – BARRIO LA ENEA -LIBORIO /
RUTA 12 VILLAPILAR – BARRIO LA ENEA – VILLAPILAR y autorizada
por medio de la Resolución 017 de 1989 a la empresa de transporte
denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”67.
• RESOLUCIÓN NÚM. 179 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 2 HOSPITAL GERIATRICO – VILLACARMENZA –
CIRCULAR y autorizada por medio de la Resolución 054 de 1995 a la
empresa de transporte denominada SOCOBUSES S.A, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”68.
• RESOLUCIÓN NÚM. 180 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
65 Folios 270 a 274 del Cuaderno núm. 1.
66 Folios 282 a 285 del Cuaderno núm. 1.
67 Folios 282 a 286 del Cuaderno núm. 1.
68 Folios 288 a 292 del Cuaderno núm. 1.
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83
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 13 BARRIO CARIBE – LIBORIO - CARIBE y
autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 a la empresa de
transporte denominada SOCOBUSES, de conformidad con lo establecido en
el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”69.
• RESOLUCIÓN NÚM. 181 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 1 SULTANA - CENTRO – HOSPITAL GERIATRICO
• VICEVERSA y autorizada por medio de la Resolución 054 de 1995 a la
empresa de transporte denominada SOCOBUSES S.A., de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”70.
• RESOLUCIÓN NÚM. 182 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 17 BARRIO DE FÁTIMA A SECTOR DEL TABLAZO
A FÁTIMA y autorizada por medio de la Resolución 017de 1989, a la empresa
de transporte denominada COOPERATIVA UNITRANS, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva
de la presente Resolución […]”71.
• RESOLUCIÓN NÚM. 183 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación VILLAPILAR – CC SANCANCIO – VILLAPILAR /
RUTAL 21 VILLAPILAR – MINITAS - VILLAPILAR y autorizada por medio
de las Resoluciones 036 de 1996 y 017 de 1989 respectivamente y a la
empresa de transporte denominada COOPERATIVA UNITRANS, de
69 Folios 294 a 298 del Cuaderno núm. 1.
70 Folios 300 a 304 del Cuaderno núm. 1.
71 Folios 306 a 310 del Cuaderno núm. 1.
Calle 12 No. 7-65. Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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84
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y
en la parte motiva de la presente Resolución […]”72.
• RESOLUCIÓN NÚM. 184 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 21 VILLAPILAR – MINITAS - VILLAPILAR y
autorizada por medio de la Resolución 017 de 1989 a la empresa de
transporte denominada COOPERATIVA UNITRANS, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de
la presente Resolución […]”73.
• RESOLUCIÓN NÚM. 185 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 14 BARRIO DE FÁTIMA A SECTOR DE LA
AURORA A BARRIO FÁTIMA y autorizada por medio de la Resolución 017
de 1989 a la empresa de transporte denominada COOPERATIVA
UNITRANS, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto
170 de 2003 y en la parte motiva de la presente Resolución […]”74.
• RESOLUCIÓN NÚM. 186 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente las rutas identificadas
con la denominación RUTA 20 VILLAPILAR - BARRIO LA CAROLA –
VILLAPILAR / ALTOS DE GRANADA – CAROLITA – HOSPITAL
GERIATRICO (Sic) - VICEVERSA y autorizadas por medio de las
Resoluciones 017 de 1989 y 016 de 1995 respectivamente a la empresa de
transporte denominada COOPERATIVA UNITRANS, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de
la presente Resolución […]”75.
• RESOLUCIÓN NÚM. 187 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
72 Folios 312 a 316 del Cuaderno núm. 1.
73 Folios 318 a 322 del Cuaderno núm. 1.
74 Folios 324 a 328 del Cuaderno núm. 1.
75 Folios 330 a 334 del Cuaderno núm. 1.
Calle 12 No. 7-65. Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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85
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 37 CIRCULAR DEL NORTE y autorizadas por medio
de la Resolución 017 de 1989 a la empresa de transporte denominada
COOPERATIVA UNITRANS, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”76.
• RESOLUCIÓN NÚM. 188 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 15 BARRIO SOLFERINO A BARRIO NEVADO A
SOLFERINO y autorizadas por medio de la Resolución 017 de 1989 a la
empresa de transporte denominada COOPERATIVA UNITRANS, de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y
en la parte motiva de la presente Resolución […]”77.
• RESOLUCIÓN NÚM. 189 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, “Por medio
de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación RUTA 15 BARRIO SOLFERINO A BARRIO NEVADO A
SOLFERINO y autorizadas por medio de la Resolución 017 de 1989 a la
empresa de transporte denominada COOPERATIVA UNITRANS, de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 170 de 2003 y
en la parte motiva de la presente Resolución […]”78.
• RESOLUCIÓN NÚM. 211 DE 1° DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación PORTAL DE LOS ALCAZARES – LISITANIA – PORTAL
DE LOS ALCAZARES (CIRCULAR) y autorizadas por medio de la Resolución
043 de 1995 a la empresa de transporte denominada TRANSPORTES GRAN
76 Folios 336 a 340 del Cuaderno núm. 1.
77 Folios 342 a 346 del Cuaderno núm. 1.
78 Folios 349 a 352 del Cuaderno núm. 1.
Calle 12 No. 7-65. Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
86
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
CALDAS S.A, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto
170 de 2001 y en la parte motiva de la presente Resolución […]”79.
• RESOLUCIÓN NÚM. 212 DE 1° DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte público”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar oficiosamente la ruta identificada con
la denominación VILLAMARÍA – GALLINAZO / VILLAMARÍA -
MANIZALES – CIRCULAR y autorizadas por medio de las Resoluciones
1010 de 2004 y 121 de 1992 a la empresa de transporte denominada
TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A, de conformidad con lo establecido en
el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 y en la parte motiva de la presente
Resolución […]”80.
• RESOLUCIÓN NÚM. 213 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
184 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la resolución No. 184 del 10 de
noviembre de 2009, por medio de la cual se reestructuró de manera oficiosa
una ruta de transporte público.
ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR que la resolución recurrida hace
referencia a la empresa transportadora denominada COOPERATIVA UNIÓN
DE TRANSPORTADORES.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”81.
• RESOLUCIÓN NÚM. 214 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
185 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la resolución No. 185 del 10 de
noviembre de 2009, por medio de la cual se reestructuró de manera oficiosa
una ruta de transporte público.
79 Folios 353 a 357 del Cuaderno núm. 1.
80 Folios 359 a 362 del Cuaderno núm. 1.
81 Folios 389 a 391 ídem.
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87
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR que la resolución recurrida hace
referencia a la empresa transportadora denominada COOPERATIVA UNIÓN
DE TRANSPORTADORES.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”82.
• RESOLUCIÓN NÚM. 215 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
186 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la resolución No. 186 del 10 de
noviembre de 2009, por medio de la cual se reestructuró de manera oficiosa
una ruta de transporte público.
ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR que la resolución recurrida hace
referencia a la empresa transportadora denominada COOPERATIVA UNIÓN
DE TRANSPORTADORES.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”83.
• RESOLUCIÓN NÚM. 216 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
182 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la resolución No. 182 del 10 de
noviembre de 2009, por medio de la cual se reestructuró de manera oficiosa
una ruta de transporte público.
ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR que la resolución recurrida hace
referencia a la empresa transportadora denominada COOPERATIVA UNIÓN
DE TRANSPORTADORES.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”84.
• RESOLUCIÓN NÚM. 217 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2009, “por medio de
la cual se resuelven unos recursos de reposición”.
82 Folios 393 a 395 ídem.
83 Folios 398 a 400 ídem.
84 Folios 398 a 400 ídem.
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88
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR las resoluciones Nros. 167, 168, 169,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181 del 10 de noviembre
de 2009, por medio de las cuales se reestructuraron de manera oficiosa unas
rutas de transporte público.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”85.
• RESOLUCIÓN NÚM. 218 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución No.
170 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la resolución No.
170 del 10 de noviembre de 2009, por medio de la cual se reestructuró de
manera oficiosa una ruta de transporte público.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”86.
• RESOLUCIÓN NÚM. 225 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución No.
157 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la resolución No.
157 del 10 de noviembre de 2009, por medio de la cual se reestructuró de
manera oficiosa una ruta de transporte público.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”87.
• RESOLUCIÓN NÚM. 226 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución No.
157 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
85 Folios 364 a 376 ídem.
86 Folios 378 a 387 ídem.
87 Folios 406 a 407 ídem.
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89
Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la resolución No.
157 del 10 de noviembre de 2009, por medio de la cual se reestructuró de
manera oficiosa una ruta de transporte público.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”88.
• RESOLUCIÓN NÚM. 227 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2009, “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución No.
211 del 01 de diciembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la resolución No. 211 del 01 de
diciembre de 2009, por medio de la cual se reestructuró de manera oficiosa
una ruta de transporte público.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR por impertinente el recurso de
apelación interpuesto en forma subsidiaria, atendiendo las consideraciones
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno y queda agotada la vía gubernativa […]”89.
• RESOLUCIÓN NÚM. 004 DE 3 DE FEBRERO DE 2010, “por medio de la
cual se modifica la resolución No. 146 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el parágrafo del artículo 5° de la
resolución 146 de 2009, el cual quedará así:
PARÁGRAFO: La reestructuración de rutas dentro del Sistema Estratégico
de Transporte Público y multimodal, comenzará su operación el día 27 de
febrero de 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO: SUPRIMIR el parágrafo del artículo 18° de la
resolución 146 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el parágrafo del artículo 6° de la
resolución 146 de 2009, el cual quedará así:
PARÁGRAFO: De conformidad con la ley 1083 de 2006 y la resolución 18
0158 del 2 de febrero de 2007, únicamente podrán ingresar al servicio por
reposición vehículos que utilicen combustibles con tecnologías limpias. La
88 Folios 410 a 412 ídem.
89 Folios 414 a 418 ídem.
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obligación surgirá una vez el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de
Transporte aprueben y definan los motores que cumplan con este requisito a
partir de lo cual se contará con seis meses adicionales.
ARTÍCULO CUARTO: El articulado restante de la resolución 146 de 2009,
no se modifica y continua vigente.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación […]”90.
• RESOLUCIÓN NÚM. 008 DE 2 DE MARZO DE 2010, “por medio de la cual
se modifica y adiciona la resolución No. 146 del 10 de noviembre de 2009”.
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR el siguiente artículo transitorio a la
resolución 146 de 2009:
ARTÍCULO TRANSITORIO: AUTORIZAR a las empresas operadoras de
transporte dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público, para
determinar los intervalos de despacho en las horas valle, conforme la
demanda del servicio.
PARÁGRAFO: La presente autorización se entiende emitida hasta tanto la
Secretaría de Tránsito y Transporte, previas recomendaciones de la empresa
de Transporte Integrado de Manizales, defina los intervalos necesarios en las
horas valle.
ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo restante de la resolución 146 de 2009, no
se modifica y continua vigente.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación […]”91.
V.3.- Analizados los recursos de apelación interpuestos por el
MUNICIPIO DE MANIZALES, AUTOLEGAL S.A. y SOCOBUSES
S.A., respectivamente, y como quiera que atienden a posiciones
litigiosas opuestas, -parte demandada y actora-, e implican la
revisión de la mayoría de las decisiones adoptadas por el Tribunal en
la sentencia de 21 de noviembre de 2014, la Sala procederá a su
90 Folios 420 a 422 ídem.
91 Folios 423 a 424 ídem.
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análisis en el mismo orden en que fueron resueltas las pretensiones
en la providencia recurrida, así:
V.3.1.- De los ordinales ‘PRIMERO’ y ‘SEGUNDO’ en los que se
declara fundada la excepción de ‘falta de legitimación en la
causa por activa’ de SOCOBUSES S.A., -propuesta por la parte
accionada, así como decretada de oficio-, para demandar
actos administrativos que reestructuraron rutas de
transporte operadas por los terceros AUTOLEGAL S.A.,
TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A., SERVITURISMO S.A.S.,
EXPRESO SIDERAL S.A., COOPERATIVA UNITRANS y FLOTA
METROPOLITANA S.A.
El Tribunal, en los ordinales ‘PRIMERO’ y ‘SEGUNDO’ de la sentencia
apelada, determina que la actora SOCOBUSES S.A. carece de
legitimación en la causa para demandar los actos administrativos con
los que la Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE
MANIZALES, reestructuró de oficio aquellas rutas operadas por las
empresas AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.,
SERVITURISMO S.A.S., EXPRESO SIDERAL S.A.,
COOPERATIVA UNITRANS y FLOTA METROPOLITANA S.A., en
el marco de la operación del Sistema Estratégico de Transporte
Público, en adelante SETP, actuación administrativa que se adelantó
con fundamento en lo establecido en los artículos 3º de la Ley 105;
3º, 5º, 8º, 17 y 18 de la Ley 336 y 34 del Decreto nacional núm. 170
de 2001, así como lo previsto en el Decreto municipal núm. 0246 de
5 de diciembre de 2006, modificado por el Decreto municipal núm.
0467 de 30 de octubre de 2009, y la Resolución núm. 146 de
10 de noviembre de 2009.
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Las resoluciones comprendidas en esta decisión y que quedaron
excluidas de la controversia examinada en el caso concreto, fueron
las núms. 147, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 182, 185, 186, 187, 188, y 189 de 10 de
noviembre de 2009; 211 y 212 de 1o. de diciembre de 2009;
213, 214, 215, 216 de 7 de diciembre de 2009; 225, 226 y 227
de 17 de diciembre de 2009.
Contrario a lo sostenido por SOCOBUSES S.A. en su escrito de
apelación, la Sala encuentra que el a quo, al declarar fundada la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa de aquella
empresa, fue consecuente con la posición jurisprudencial asumida
por la Corporación, en especial por esta Sección, debido a las
siguientes razones:
(i) En el marco del asunto relativo a las controversias que se generan
en torno a la habilitación de rutas, horarios, frecuencias, capacidad
transportadora, entre otras, otorgadas a las empresas que prestan
el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
municipal de pasajeros, esta Sección ya ha tenido oportunidad de
explicar en reiterados pronunciamientos, lo siguiente en cuanto a la
legitimación en la causa por activa que debe ostentar la parte actora
en procesos de esta naturaleza:
“[…] Sea lo primero señalar, que la Sala no comparte la
interpretación expuesta por la apoderada de la firma
recurrente, según la cual basta con que una persona tenga
la simple creencia subjetiva de haber sido afectada con la
expedición de un acto administrativo que ha creado,
modificado o extinguido una situación jurídica particular y
concreta, para que, por el sólo prurito de abrigar dicha
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creencia, deba entenderse que se encuentra legitimada para
controvertir su legalidad tanto en sede administrativa como
judicial, pues esa creencia debe estar cimentada
necesariamente en una base cierta, objetiva, fundada,
plausible y demostrable, pues de llegar a admitirse que cualquier
persona puede cuestionar por la vía de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho un acto de tal naturaleza, invocando
creencias infundadas no susceptibles de comprobación, puede
ponerse en entredicho la seguridad jurídica de aquellos
sujetos que han resultado beneficiados con ese tipo de
decisiones, al quedar expuestas a que cualquier individuo,
bajo el pretexto de creerse lesionado, entre a cuestionar la
legalidad de las mismas, sin haber sufrido en realidad
ninguna afectación en la esfera subjetiva de sus derechos e
intereses jurídicamente protegidos.
Observa la Sala que por esa vía, los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho perderían su razón de ser
como procesos contenciosos de carácter subjetivo, para
convertirse en procesos de carácter objetivo, al abrirse la
posibilidad de que los mismos puedan ser promovidos por
cualquier persona que en realidad no tenga un interés
personal, cierto y directo en el asunto.
A propósito del tema, resulta oportuno traer a colación el siguiente
pronunciamiento de la Sala, en donde se dijo lo siguiente:
“[…] En las acciones de simple nulidad, la legitimación en
la causa la tiene cualquier persona, en razón del carácter
público de la acción. Precisamente por ello, el artículo 84 del
C.C.A., subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de
1989, establece que “Toda persona podrá solicitar por sí, o
por medio de representante, que se declare la nulidad de los
actos administrativos.” (El subrayado es de la Sala).
En las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho, por el contrario, la legitimación en la causa la tiene
“Toda persona que se crea lesionada en un derecho
amparado en una norma jurídica, [la cual] podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que
le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la
devolución de lo que pagó indebidamente.”, tal como lo
establece el artículo 85 de la misma codificación (El
subrayado y la expresión encerrada entre corchetes son
propias de la Sala).
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Actora: SOCOBUSES S.A.
De acuerdo con lo anterior, resulta claro que al no
haber demostrado el actor que un derecho suyo haya
sido lesionado por el acto demandado, se infiere que
las razones consignadas en el fallo apelado, relativas
a su falta de legitimación en la causa, se ajustan por
completo a la verdad procesal y al ordenamiento
jurídico […]”92
Por otra parte, considera esta Corporación que el cotejo de
las rutas asignadas a las empresas mencionadas en esta
providencia efectuado en el fallo de primera instancia y que
llevó al Tribunal Administrativo de Caldas a concluir que
ellas no son coincidentes entre sí, sumado al hecho de que
el Ministerio del ramo haya certificado que la sociedad
actora no tiene autorizada la explotación de la misma ruta
que fue concedida a la FLOTA METROPOLITANA S.A.,
constituyen razones más que suficientes para predicar, tal
como lo hizo con acierto el Tribunal de origen, que en efecto
la sociedad actora no tiene legitimación en la causa.
En lo que atañe al hecho de que se haya dictado una
sentencia inhibitoria, debe la Sala señalar que el ideal que
deben perseguir las autoridades judiciales, apunta
ciertamente a que se profieran sentencias de mérito que
resuelvan el fondo de las controversias. No obstante lo
anterior y a diferencia de lo que piensa la apoderada de la
sociedad demandante, en el asunto bajo examen no están
dadas las condiciones para que se profiera un fallo de tal
naturaleza, por las razones que quedan expuestas y por ello,
esta Corporación habrá de confirmar la decisión adoptada en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas
[…]”93 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En reciente providencia, se prohijaron estos criterios así:
“[…] Al contestar la demanda, los apoderados judiciales del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, del Área
Metropolitana de Barranquilla y del municipio de Malambo,
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
18 de noviembre de 2010, número único de radicación 17001-23-31-000-2005-00674-01,
consejero ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
1o. de noviembre de 2012, número único de radicación 17001233100020060012601,
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala. En el mismo sentido, ver Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de julio de 2021,
número único de radicación 17001230000020050113501, consejera ponente Nubia Margoth
Peña Garzón.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
señalaron que los actos acusados son de naturaleza particular y
concreta en razón a que se refieren a las rutas y capacidad
transportadora de la empresa de Transporte Lolaya Ltda., situación
jurídica de la cual se desprende que la parte actora carece de
legitimación en la causa para incoar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de la referencia.
Al respecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia
de primera instancia, consideró que, en efecto, los actos acusados
resuelven situaciones jurídicas concernientes única y
exclusivamente a la empresa de Transporte Lolaya Ltda., pues
están dirigidas a modificar la capacidad transportadora de la misma,
así como a reestructurar y revocar algunas rutas que le habían sido
asignadas, circunstancia con fundamento en la cual concluyó que
quien estaba legitimado en la causa para demandar es la persona
jurídica en mención y no los propietarios de cada vehículo que haga
parte del parque automotor de la referida empresa.
(…)
Para resolver, la Sala recuerda que la exigencia de la
legitimación en la causa alude a la aptitud que debe reunir
la persona – natural o jurídica – para acudir al proceso para
demandar un acto o en contra de quien se dirige la demanda
para oponerse jurídicamente a las pretensiones que el actor
esgrime.
En ese orden, no basta con acudir al proceso como actor o
ser sujeto pasivo de demanda para concurrir legítimamente
a un juicio, dado que es imperioso estar debidamente
legitimado para ello.
En el caso de autos, de la revisión de los actos acusados y como
bien lo consideró el a quo, la Sala advierte que las resoluciones
demandadas resuelven una situación jurídica particular y
concreta en cabeza de la empresa de Transportes Lolaya
Ltda., en tanto deciden sobre la autorización para operar
como empresa de servicio público de transporte en unas
rutas determinadas (Soledad 2000, Calle 72 Zoológico -
Valle Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000,
Granabastos) y regulan lo ateniente a su capacidad
transportadora94.
94 La Sala de Decisión de la Sección Primera en reiterada jurisprudencia ha sostenido que la
Resolución 051 de 23 de febrero de 2010, a pesar de tratarse de un acto de contenido
general tiene la virtud de modificar o extinguir situaciones jurídicas particulares respecto de
aquéllos a quienes les han sido asignadas rutas de transporte público colectivo que circulan
por el corredor de la Troncal de Transmetro y que con ocasión de ello perdieron tal
habilitación. En efecto, se consideró que dicho acto administrativo reguló lo ateniente a la
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Al respecto, la Sala resalta que el señor Paulino Triana Triana es
propietario de los vehículos automotores de placas UYW 414 y UYS
179, los cuales se encuentran vinculados a la Empresa de
Transporte Lolaya Ltda, mediante los contratos 0310 – 182 y 0447
– 218.
En este sentido, si bien es cierto que la parte actora puede
llegar a tener un eventual interés en que se declare la
nulidad de los actos demandados y, por ende, se le autorice
continuar prestando el servicio público de transporte urbano
de pasajeros, también lo es que ello no lo habilita para
sustituir a dicha empresa en su condición de parte
legitimada para incoar la acción de la referencia.
(…)
Sobre el particular, la Sala recuerda que un caso similar en el que
se demandaron los mismos actos administrativos objeto de la
presente litis, la Sala se refirió a la naturaleza particular y
concreta de los mismos y a la falta de legitimación por activa
cuando no era la empresa de Transporte Lolaya Ltda., la cual
acudía a la jurisdicción contenciosa administrativa para
solicitar su nulidad, tal y como se observa a continuación:
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Providencia de 2 de febrero de 2012. Rad.: 2011-
00368. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González,
en la que se indicó:
“[…] A través de los actos acusados, el Director del Área
Metropolitana de Barranquilla ordenó la reestructuración
oficiosa del servicio de transporte público colectivo de
algunas rutas autorizadas a TRANSPORTES LOLAYA LTDA. y
revocó el permiso de operación respecto de otra.
El Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda
al encontrar que no reunía los requisitos formales,
previamente advertidos al demandante, y que se encontraba
fuera del término de caducidad la acción de nulidad y
“pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte público colectivo por la
implantación del sistema de Transmetro”, luego su eventual declaratoria de nulidad daría
lugar al restablecimiento automático del derecho de las empresas en comento. En este
sentido, la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 es pasible de control jurisdiccional por
la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no por la vía de la acción de
nulidad. Sentencias de 2 de marzo de 2017, radicado 2011-00660, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés y 6 de abril de 2017, radicado 2011-00658, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
restablecimiento del derecho, respecto de algunos de los
actos acusados.
El actor apela la decisión porque considera que las
formalidades que pone de presente el a quo le impiden su
derecho al acceso a la Administración de Justicia, y porque al
no haber sido notificado de las Resoluciones acusadas, no
puede exigírsele interponer la demanda en el término de
caducidad previsto en la ley.
Para resolver se advierte que la demanda la promueve
el ciudadano ERNESTO MACIAS ACELAS, por conducto
de apoderado judicial, en su condición de propietario
de vehículos de servicio público colectivo de
transporte de pasajeros que tiene vinculados al
parque automotor de la Empresa TRANSPORTES
LOLAYA LTDA.
Como primera medida, debe señalarse, en cuanto a la
naturaleza de los actos demandados, que su
contenido es particular y concreto, por cuanto
resuelven una situación jurídica en cabeza de la
Empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA., de manera
que la acción procedente para enjuiciarlos es la de
nulidad y restablecimiento del derecho.
De conformidad con el artículo 85 del C.C.A., son
presupuestos procesales de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho: a) que el demandante tenga
capacidad jurídica y procesal para actuar, b) que la acción no
se haya extinguido por caducidad, y c) que se haya agotado
la vía gubernativa, salvo que la Administración no haya
permitido ese agotamiento. Adicionalmente, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 , si el
asunto versa sobre conflictos de carácter particular y
contenido económico de que conozca o pueda conocer la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Ley 446 de
1998, artículo 70), deberá agotarse el requisito previo de la
conciliación extrajudicial.
En consecuencia, corresponde a la Sala verificar si en el
presente caso se reúnen o no los mencionados requisitos
para la admisibilidad de la acción.
Como ya se indicó, el actor actúa en su condición de
propietario de dos vehículos de servicio público
colectivo de transporte de pasajeros que tiene
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Actora: SOCOBUSES S.A.
vinculados al parque automotor de la Empresa
TRANSPORTES LOLAYA LTDA.
Para la Sala, tal circunstancia no le confiere la
condición de parte que en este proceso únicamente
recae sobre la empresa destinataria de los actos
administrativos acusados.
Si bien es cierto que los propietarios de vehículos
vinculados al parque automotor de una empresa de
transporte podrían eventualmente tener un interés en
que a ésta le autoricen la operación de las rutas
solicitadas por ella, no lo es menos que ese interés no
los faculta para sustituirla en su condición de parte
demandante. A lo sumo les daría derecho a que
pudiesen intervenir en el proceso como terceros
adhesivos.
De tal manera que al no haber alegado el actor una
condición diferente a la de ser propietario de
vehículos, no está legitimado para actuar en el
proceso de la referencia y es por esta razón que se
confirmará el proveído que rechazó la demanda, pues
es evidente que ello incide en la ocurrencia del fenómeno de
la caducidad de la acción, en la medida en que en quien recae
el verdadero interés dejó transcurrir el término para el
ejercicio oportuno de la misma […]” (Negrillas fuera de
texto).
(…)
En este contexto, en el sub lite, la Sala considera que el señor
PAULINO TRIANA TRIANA carece de legitimación en la
causa por activa para actuar como demandante en el
proceso, como en efecto lo sostuvo el a quo, razón ésta por
la cual se confirmará la sentencia apelada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído […]”95
(Negrillas y subrayas fuera de texto.
A su vez, la Corporación ha tenido oportunidad de referirse a la
misma temática de la habilitación de rutas, así:
“[…] En el caso que ocupa la atención de la Sala se observa que el
demandante no se encuentra legitimado de hecho en tanto no se
95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
14 de septiembre de 2017, número único de radicación 08001333100420110055601,
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observa cuál es el derecho amparado en norma jurídica que se
lesiona, más aún cuando ha sido descartado el propósito de
defender en abstracto la legalidad objetiva, como se explicó
en el capítulo anterior.
Y, peor aún, tampoco está legitimado materialmente o de
derecho, por cuanto de los actos administrativos
demandados no se deriva una relación sustancial de derecho
con la entidad demandada, careciendo así de la posibilidad
sustantiva para concurrir al proceso.
De ahí que ante la falta de integración del binomio
conformado por los dos aspectos que entrañan la
legitimación, permita a la Sala concluir, al igual que lo hizo
el Tribunal, que el demandante no se encuentra legitimado
en la causa para actuar en el proceso de la referencia […]”96
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
(ii) Consecuente con los anteriores criterios, la Sala evidencia que
las citadas resoluciones no afectan una relación sustancial de derecho
entre el MUNICIPIO DE MANIZALES y SOCOBUSES S.A., por
cuanto todas están dirigidas a reestructurar oficiosamente las rutas
de transporte público terrestre municipal operadas, exclusivamente,
por AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.,
SERVITURISMO S.A.S., EXPRESO SIDERAL S.A.,
COOPERATIVA UNITRANS y FLOTA METROPOLITANA S.A., que
no por la actora, lo que circunscribe sólo a aquellas, en principio, la
legitimación en la causa para demandar cada uno de esos actos en
nulidad y restablecimiento del derecho, según le corresponda.
Se logró constatar que SOCOBUSES S.A., tal como lo sostuvo el a
quo, posee unas rutas asignadas completamente diferentes a las
determinadas en los actos acusados para las citadas empresas, que
96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
3 de mayo de 2018, número único de radicación 05001233100020080057601, consejera
ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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impiden establecer una afectación directa en sus operaciones de
transporte público, no permiten derivar una relación sustancial de
derecho con la entidad demandada y es por ello por lo que carece de
la posibilidad sustantiva de concurrir al proceso, legítimamente,
como parte actora. Pero la demandante tampoco demostró lo
contrario, esto es que las rutas que opera coincidieran con las
reestructuradas en los actos demandados, o que los trayectos se
superpusieran o sucediera un evento que permitiera derivar un
vínculo directo con la expedición de las pluricitadas resoluciones.
(iii) Por demás, resulta evidente que el móvil de la actora, al
interponer y tramitar la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, es de carácter eminentemente subjetivo, como quiera que
procura obtener, de forma deliberada e inequívoca, el resarcimiento
de perjuicios patrimoniales que supuestamente se le causaron con la
reestructuración oficiosa de las rutas de transporte público colectivo
municipal operadas por terceros ajenos a SOCOBUSES S.A. en el
MUNICIPIO DE MANIZALES, sin que de sus fundamentos de hecho
y de derecho se logre advertir motivación y finalidad distintas, esto
es que se descarta cualquier propósito de defender la legalidad
abstracta de los referidos actos administrativos.
Tal como se pudo evidenciar a lo largo de la demanda, la actora elevó
pretensiones de carácter indemnizatorio, a título de restablecimiento
del derecho, consistentes en que se le restauraran los permisos de
operación concedidos con anterioridad a la reestructuración oficiosa
y que, por ende, aquella pudiera retomar las rutas preexistentes, así
como que se condenara al MUNICIPIO DE MANIZALES a pagarle
la suma de trescientos sesenta y tres millones, novecientos
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veintiocho mil, ochocientos treinta y cuatro pesos con 47/00 moneda
legal ($363.928.834.47), a título del lucro cesante dejado de percibir
durante el lapso de cinco días (27, 28 de febrero, 1o, 2 y 3 de marzo
de 2010) en que estuvo en funcionamiento el SETP en ese ente
territorial, para lo cual, incluso, solicitó la práctica de un dictamen
pericial por un perito en ciencias contables y financieras.
(iv) La conclusión, a partir del acervo probatorio recaudado, no
puede ser distinta a que la actora SOCOBUSES S.A. no es la titular
de los permisos de operación de las rutas reestructuradas que se
detallan en este punto y que resultaron modificadas en el marco de
la entrada en operación del SETP, y carece de legitimación en la
causa para pretender la referida nulidad y el seguido
restablecimiento de su patrimonio, habida cuenta que no demostró
que un derecho suyo haya sido lesionado por las resoluciones
controvertidas o, al menos, que estuviera envuelto en estrecha
relación con los efectos propios de aquellas. Se infiere que las
razones consignadas en el fallo impugnado, relativas a su falta de
legitimación en la causa por activa, se ajustan por completo a la
verdad procesal, al ordenamiento jurídico y al tratamiento dispuesto
por la Jurisprudencia de esta Corporación.
La Sala, por lo tanto, confirmará los ordinales ‘PRIMERO’ y
‘SEGUNDO’ de la sentencia apelada, como en efecto lo dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia, debiendo agregarse,
solo en aras de complementar la decisión, que la consecuencia de la
declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa de SOCOBUSES S.A., es la inhibición para pronunciarse de
fondo acerca de las pretensiones de nulidad de las resoluciones
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núms. 147, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 182, 185, 186, 187, 188, y 189 de 10 de
noviembre de 2009; 211 y 212 de 1o. de diciembre de 2009;
213, 214, 215, 216 de 7 de diciembre de 2009; 225, 226 y 227
de 17 de diciembre de 2009, expedidas por la Secretaría de
Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE MANIZALES, mediante
las cuales reestructuró de oficio las rutas operadas por las empresas
AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.,
SERVITURISMO S.A.S., EXPRESO SIDERAL S.A.,
COOPERATIVA UNITRANS y FLOTA METROPOLITANA S.A.
V.3.2.- Del ordinal ‘TERCERO’ en el que se declaran
infundadas excepciones presentadas por COOPERATIVA
UNITRANS, FLOTA METROPOLITANA S.A., TRANSPORTES
GRAN CALDAS S.A. y AUTOLEGAL S.A.
En el ordinal ‘TERCERO’ de la sentencia impugnada, el Tribunal
declara infundadas las excepciones denominadas “[…] Estricto
cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 34 del
Decreto 170 de 5 de febrero de 2001 de parte de la autoridad
competente […]”, propuesta por COOPERATIVA UNITRANS; “[…]
Facultad oficiosa de la autoridad de tránsito y transporte municipal-
cumplimiento del mandato del artículo 34 del decreto 170 de 2001
[…]”, alegada por FLOTA METROPOLITANA S.A. y TRANSPORTES
GRAN CALDAS S.A.; y “[…] Falta de legitimación en la causa por
pasiva […]”, presentada por AUTOLEGAL S.A.
No obstante, como quiera que las vinculadas FLOTA
METROPOLITANA S.A. y TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. no
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apelaron la sentencia de 21 de noviembre de 2014, y AUTOLEGAL
S.A. lo hizo pero sin reprochar dicho asunto, la Sala se abstendrá de
examinar esta decisión.
V.3.3.- Del ordinal ‘CUARTO’ en el que se declara la nulidad de
las resoluciones núms. 151, 154 y 184 de 10 de noviembre de
2009, mediante las cuales el MUNICIPIO DE MANIZALES
reestructuró oficiosamente rutas de transporte público
colectivo operadas por los terceros AUTOLEGAL S.A.,
TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. y COOPERATIVA
UNITRANS, respectivamente
En el ordinal ‘CUARTO’ de la sentencia apelada, el a quo declara la
nulidad de las resoluciones núms. 151, 154 y 184 de 10 de
noviembre de 2009, mediante las cuales el MUNICIPIO DE
MANIZALES reestructuró oficiosamente rutas de transporte público
colectivo operadas por los terceros AUTOLEGAL S.A.,
TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. y COOPERATIVA
UNITRANS, respectivamente.
Para ello, admite que los referidos actos son de contenido particular
y concreto, en tanto reestructuraron rutas de transporte público en
dicho ente territorial, a cargo de las referidas empresas. Sin
embargo, cita jurisprudencia de la Corporación en torno a la ‘acción
de nulidad contra actos de contenido particular’, para apuntar que
frente a esas tres resoluciones SOCOBUSES S.A. solo pretende
discutir su legalidad objetiva sin que ello apareje un restablecimiento
automático del derecho para la actora ni para ninguna otra de las
empresas transportadoras, de manera que esa pretensión,
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meramente anulatoria, puede ser analizada en el marco de esta
acción de nulidad y restablecimiento del derecho al evidenciarse una
acumulación de pretensiones con las de simple nulidad.
Luego de abrir la posibilidad de estudiar la legalidad de dichas
resoluciones, manifiesta que no resulta lógico que, en aras de
reestructurar una ruta de transporte operada por las empresas
AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. y
COOPERATIVA UNITRANS, en las que ya existía un trayecto
previamente definido entre un origen y un destino, surja ahora una
ruta nueva o adicional, -alterando ese origen y destino iniciales-,
entregada de forma directa y sin agotar el procedimiento licitatorio
ordenado en los artículos 24 a 26 del Decreto 170 de 2001 y 12 del
Decreto municipal núm. 0246 de 2006.
Es así como el a quo, a partir de tales razones, declara la nulidad de
las resoluciones núms. 151, 154 y 184 de 10 de noviembre de
2009.
Al respecto, la Sala observa que a diferencia de lo sostenido en la
sentencia apelada no existe justificación alguna para que estas tres
resoluciones no hubieran recibido el mismo tratamiento otorgado a
aquellas frente a las que se declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa de SOCOBUSES S.A., -abarcadas
en el punto V.3.1. de esta providencia-, habida cuenta que:
(i) Las resoluciones núms. 151, 154 y 184 de 10 de noviembre
de 2009 no afectan una relación sustancial de derecho entre el
MUNICIPIO DE MANIZALES y SOCOBUSES S.A., sino que están
dirigidas a reestructurar oficiosamente las rutas de transporte público
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terrestre municipal operadas, específicamente, por AUTOLEGAL
S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. y COOPERATIVA
UNITRANS, lo que circunscribe sólo a aquellas, en principio, la
legitimación en la causa para demandar cada uno de esos actos en
nulidad y restablecimiento del derecho, según le corresponda.
La actora posee unas rutas asignadas distintas a las determinadas
en estos tres actos acusados, que impiden establecer una afectación
directa en sus operaciones de transporte público, no permiten derivar
una relación sustancial de derecho con la entidad demandada y es
por ello por lo que carece de la posibilidad sustantiva de concurrir al
proceso, legítimamente, como parte demandante. Pero SOCOBUSES
S.A. tampoco demostró lo contrario, esto es que las rutas que opera
coincidieran con las reestructuradas en los actos demandados, o que
los trayectos se superpusieran o sucediera un evento que permitiera
derivar un vínculo directo con la expedición de las pluricitadas
resoluciones.
(ii) En este sentido, resulta evidente que el móvil de la actora, al
interponer y tramitar esta acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, es de carácter eminentemente subjetivo, como quiera que
procura obtener, de forma deliberada e inequívoca, el resarcimiento
de perjuicios patrimoniales que supuestamente se le causaron con la
reestructuración oficiosa de las rutas de transporte público colectivo
municipal operadas por terceros ajenos a SOCOBUSES S.A. en el
MUNICIPIO DE MANIZALES, sin que de sus fundamentos de hecho
y de derecho se logre advertir motivación y finalidad distintas, esto
es que se descarta cualquier propósito de defender la legalidad
abstracta de los referidos actos administrativos.
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Se pudo evidenciar a lo largo de la demanda, tal como arriba fue
sustentado, que la actora elevó pretensiones de carácter
indemnizatorio, a título de restablecimiento del derecho, consistentes
en que se le restauraran los permisos de operación concedidos con
anterioridad a la reestructuración oficiosa y que, por ende, aquella
pudiera retomar las rutas preexistentes, así como que se condenara
al MUNICIPIO DE MANIZALES a pagarle la suma de trescientos
sesenta y tres millones, novecientos veintiocho mil, ochocientos
treinta y cuatro pesos con 47/00 moneda legal ($363.928.834.47),
a título del lucro cesante dejado de percibir durante el lapso de cinco
días (27, 28 de febrero, 1o, 2 y 3 de marzo de 2010) en que estuvo
en funcionamiento el SETP en ese ente territorial, para lo cual,
incluso, solicitó la práctica de un dictamen pericial por un perito en
ciencias contables y financieras.
(iii) En síntesis, con fundamento en las pruebas recaudadas en el
expediente, se tiene que la actora SOCOBUSES S.A. tampoco es la
titular de los permisos de operación de las rutas reestructuradas que
se detallan en las resoluciones núms. 151, 154 y 184 de 10 de
noviembre de 2009 y que resultaron modificadas en el marco de la
entrada en operación del SETP, por lo que carece de legitimación en
la causa para pretender la referida nulidad y el consecuente
restablecimiento de su patrimonio, habida cuenta que no demostró
que un derecho suyo haya sido lesionado por los actos controvertidos
o, al menos, que estuviera envuelto en estrecha relación con los
efectos propios de aquellas.
Resulta contraevidente que se pretenda soslayar esta realidad
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procesal, -pretensión indemnizatoria de nulidad y restablecimiento
del derecho-, para adecuar la demanda de SOCOBUSES S.A. a una
pretensión de nulidad simple contra las citadas tres resoluciones,
bajo el pretexto de examinar la legalidad objetiva de estas, cuando
su demanda y conducta procesal, como fue advertido, giran en torno
a una indiscutible intensión resarcitoria de su patrimonio como
empresa operadora del servicio público de transporte colectivo, lo
que en este caso impide reinterpretar el propósito auténtico de la
demandante, cualquiera haya sido el fundamento de los cargos
incoados en la demanda.
(iv) La Sala, por lo tanto, accederá a lo solicitado en los recursos de
apelación interpuestos por el MUNICIPIO DE MANIZALES y
AUTOLEGAL S.A., para lo cual revocará el ordinal ‘CUARTO’ de la
sentencia impugnada, como en efecto lo dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia y, en su lugar, declarará
probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa de SOCOBUSES S.A. para demandar las resoluciones
núms. 151, 154 y 184 de 10 de noviembre de 2009, expedidas
por la Secretaría de Tránsito y Transporte del citado ente territorial,
mediante las cuales reestructuró de oficio las rutas operadas por las
empresas AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.
y COOPERATIVA UNITRANS, respectivamente; como
consecuencia de ello, se inhibirá para pronunciarse de fondo respecto
de la pretensión de nulidad formulada en su contra.
V.3.4.- Del ordinal ‘DÉCIMO’ en el que quedó comprendida la
denegación de nulidad de las resoluciones núms. 148, 152 y
183 de 10 de noviembre de 2009, mediante las cuales el
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MUNICIPIO DE MANIZALES reestructuró oficiosamente rutas
de transporte público colectivo operadas por los terceros
AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. y
COOPERATIVA UNITRANS, respectivamente
Las mismas consideraciones del punto anterior, -V.3.3.-, caben
respecto de las resoluciones núms. 148, 152 y 183 de 10 de
noviembre de 2009, expedidas por el MUNICIPIO DE
MANIZALES, por medio de las cuales reestructuró oficiosamente
rutas de transporte público colectivo operadas por los terceros
AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. y
COOPERATIVA UNITRANS, respectivamente, cuya nulidad fue
denegada por el Tribunal bajo la explicación de que también podían
analizarse bajo el errático contexto de la nulidad simple que atrás se
citó, solo que, como no representaban rutas nuevas, no requerían
haberse licitado y debían mantener su legalidad, cuestión que decide
en el ordinal ‘DÉCIMO’ de la providencia apelada al “[…] NEGAR las
demás pretensiones de la demanda […]”.
Es así como en este punto la Sala reitera, en su integridad, y remite
al mismo razonamiento expuesto para las resoluciones núms. 151,
154 y 184 de 10 de noviembre de 2009, por lo que revocará
parcialmente el ordinal ‘DÉCIMO’ de la sentencia impugnada, como
en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia y, en su lugar, declarará probada de oficio la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa de SOCOBUSES S.A.
para demandar las resoluciones núms. 148, 152 y 183 de 10 de
noviembre de 2009, expedidas por la Secretaría de Tránsito y
Transporte del MUNICIPIO DE MANIZALES, mediante las cuales
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reestructuró de oficio las rutas operadas por las empresas
AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A. y
COOPERATIVA UNITRANS, respectivamente. Como consecuencia
de ello, se inhibirá para pronunciarse de fondo respecto de la
pretensión de nulidad formulada en su contra.
V.3.5.- De los ordinales ‘QUINTO’ en el que se declara la
nulidad de resoluciones mediante las cuales el MUNICIPIO DE
MANIZALES reestructuró oficiosamente rutas de transporte
público colectivo operadas por la actora SOCOBUSES S.A.;
‘SEXTO’ en el que se declara la nulidad del artículo 6º del
Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre de 2009; y
‘SÉPTIMO’ en el que se inaplica, por ilegal, la Resolución núm.
146 de 10 de noviembre de 2009
En el ordinal ‘QUINTO’ de la sentencia apelada, el Tribunal declara la
nulidad de las resoluciones núms. 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181 de 10 de
noviembre de 2009; y 217 y 218 de 7 de diciembre de 2009,
expedidas por el MUNICIPIO DE MANIZALES, mediante las cuales
reestructuró oficiosamente rutas de transporte público colectivo
operadas por la actora SOCOBUSES S.A., para lo cual sostiene los
siguientes argumentos:
V.3.5.1.- Las citadas resoluciones transgredieron las
disposiciones del Decreto 3422 de 2009: Indica que ese ente
territorial implementó un SETP, cuestión que infiere porque a través
del Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre de 2009, se
ajustó, actualizó y modificó el Decreto municipal núm. 0246 de 5 de
diciembre de 2006, que a su vez estableció criterios para la
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reorganización del transporte público colectivo en el MUNICIPIO DE
MANIZALES, entre ellos que se declara la existencia en la ciudad del
Sistema Estratégico de Transporte Público y Multimodal,
estructurado con los siguientes agentes: ente gestor, operadores de
transporte, operador de recaudo, operador de plataforma tecnológica
y operador fiduciario.
Menciona que a través de la Resolución núm. 146 de 10 de
noviembre de 2009, se estableció el procedimiento para la
operación del Sistema Estratégico de Transporte Público y
Multimodal; y que consta en el expediente copia del oficio núm.
GEINF-20102840672931 de 27 de septiembre de 2010, dirigido a la
concejala del MUNICIPIO DE MANIZALES, señora ADRIANA
ARANGO MEJÍA por el subdirector de Transporte del Departamento
Nacional de Planeación, en adelante DNP, mediante el cual le informa
que ese municipio no ha recibido recursos por parte de la Nación para
la implementación y puesta en marcha del SETP, habida cuenta que
no ha contado con la información suficiente para la estructuración y
validación de este proyecto, conforme lo establece el Decreto 3422
de 2009, circunstancia que fue ratificada por el coordinador de
Movilidad y Transporte Urbano del DNP, a través de oficio de 12 de
enero de 2011, y en similar sentido se pronunció el asesor de la
Dirección General asignado a la Dirección de Infraestructura y
Energía Sostenible del Departamento de Planeación Nacional, con
memorando de 15 de febrero de 2013.
Señala que como resulta evidente que el MUNICIPIO DE
MANIZALES adoptó el SETP, debió aplicar en su integridad el
Decreto 3422 de 2009 para su puesta en marcha y reestructuración
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de rutas, con estudios técnicos, de legalidad y financieros que
viabilizaran el sistema, lo cual no sucedió según se desprende de las
pruebas analizadas, contrariando así lo dispuesto en el artículo 1º de
ese compendio que prevé que los SETP “[…] se estructurarán con
base en los resultados de los estudios técnicos desarrollados por cada
ente territorial y validados por la Nación a través del DNP […]”,
razones que llevan a declarar la nulidad de los citados actos
administrativos.
Precisa que si bien el MUNICIPIO DE MANIZALES y las empresas
vinculadas sustentan su defensa en que la reestructuración de rutas
fue realizada con fundamento en la facultad otorgada por el artículo
34 del Decreto 170 de 2001, lo cierto es que, tal como quedó visto,
el SETP de ese ente territorial se adoptó expresamente a partir de lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1151 y, por ende, su
estructuración e implementación debió sujetarse, en un todo, al
Decreto 3422 de 2009, máxime que se evidenciaron los esfuerzos del
municipio para obtener la aprobación por parte del DNP, lo cual no
logró ante la desarticulación y falencia de los estudios que debían
soportar el sistema. Que, pese a ello, el municipio decidió expedir los
actos contraviniendo las exigencias del referido decreto.
V.3.5.2.- Declara la nulidad del artículo 6º del Decreto
municipal núm. 0467 de 30 de octubre de 2009, uno de los
fundamentos legales de tales resoluciones: A su vez, como
sustento de la nulidad de los mencionados actos, el a quo se adentra,
de oficio, en el estudio de legalidad del artículo 6º del Decreto
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municipal núm. 0467 de 200997, -norma cuya nulidad no fue
demandada por la actora en el caso bajo examen-, para mencionar
que la facultad allí delegada por el alcalde del MUNICIPIO DE
MANIZALES a su Secretaría de Tránsito y Transporte, consistió en
la elaboración del procedimiento para la operación del SETP, a pesar
que el artículo 11, numeral 1, de la Ley 489, prevé que no se puede
delegar la expedición de reglamentos de carácter general, salvo en
los casos expresamente autorizados por la ley.
Anota que, a partir de dicha delegación, el secretario de Tránsito y
Transporte expidió la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre
de 2009, fijando el procedimiento para la operación del SETP en el
citado municipio, norma que sirvió de fundamento legal para la
expedición de las resoluciones que reestructuraron las rutas de
transporte público operadas por la actora SOCOBUSES S.A.
Con fundamento en ello, en el ordinal ‘SEXTO’ declara la nulidad del
artículo 6º del Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre
de 2009, por medio de cual el alcalde del MUNICIPIO DE
MANIZALES facultó al secretario de Tránsito y Transporte para
elaborar el procedimiento para la operación del SETP.
V.3.5.3.- Inaplica, por ilegal, la Resolución núm. 146 de 10 de
noviembre de 2009: Por último, también como soporte para
declarar la nulidad de las referidas resoluciones, -esto sí a petición
de la actora SOCOBUSES S.A. en la demanda-, el Tribunal decide
inaplicar íntegramente, por ilegal, la Resolución núm. 146 de 10
97 “[…] ARTÍCULO SEXTO: FACULTAR a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad
para que, mediante acto administrativo y de acuerdo con las directrices señaladas en la ley,
en los decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de 2007 y este acto administrativo, elabore el
procedimiento para la operación del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y
MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES […]”.
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de noviembre de 2009, expedida por el secretario de Tránsito y
Transporte del MUNICIPIO DE MANIZALES, por medio de la cual
se establece el procedimiento para la operación del SETP en ese ente
territorial, toda vez que siendo un acto derivado de una facultad
delegada, no se sustentó en el marco normativo que autoriza la
delegación de funciones por parte de las autoridades públicas, -punto
anterior V.3.5.2.-, y, por lo tanto, fue expedido sin competencia al
transgredir la prohibición del artículo 11, numeral 1, de la Ley 489.
Es así como en el ordinal ‘SÉPTIMO’ de la sentencia recurrida,
inaplica, por ilegal, la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre
de 2009, que servía de fundamento a las mencionadas resoluciones
que reestructuraron las rutas de transporte público operadas por la
actora SOCOBUSES S.A.
V.3.5.4.- La Sala, una vez revisados estos argumentos expuestos en
la providencia apelada, evidencia lo siguiente:
(i) Lo primero que debe ser advertido es que con la demanda se
pretende la nulidad de los actos que reestructuraron las anotadas
rutas operadas por SOCOBUSES S.A., para lo cual la actora solicita,
entre otras cosas, la inaplicación por ilegal del Decreto municipal
núm. 0467 de 2009, pero en ningún momento la nulidad de este
compendio o de alguna de sus normas. Son dos escenarios distintos,
los de la inaplicación por ilegalidad y la nulidad de un acto, los que
confunde en uno solo la providencia apelada, al punto de que en lugar
de resolver la prosperidad o no de la excepción de ilegalidad
invocada, decidió, de forma errática y extra petita, declarar la nulidad
del artículo 6º del mencionado decreto.
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Por ello, la Sala revocará esta decisión anulatoria y, a renglón
seguido, pasará a revisar, exclusivamente, la pretensión de la
demandante consistente en inaplicar, por ilegal, el Decreto
municipal núm. 0467 de 2009, así como la solicitud que en igual
sentido formuló contra la Resolución núm. 146 de 10 de
noviembre de 2009, de cara al estudio de legalidad de las
resoluciones núms. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181 de 10 de noviembre de
2009; y 217 y 218 de 7 de diciembre de 2009, sumado al cargo
de la transgresión de las disposiciones del Decreto 3422 de 2009.
(ii) Para resolver estos asuntos, se pone de relieve que en reciente
sentencia de 9 de febrero de 2023, la Sección tuvo la oportunidad de
denegar cargos de nulidad presentados contra el Decreto municipal
núm. 0467 de 2009 y la Resolución núm. 146 de 10 de
noviembre de 2009, en el marco de una acción de nulidad simple.
Tales consideraciones son íntegramente prohijadas ahora en el caso
concreto, comoquiera que los cargos esgrimidos en ese proceso de
nulidad son idénticos a los invocados para solicitar la inaplicación de
las referidas disposiciones. Así discurrió la Sala en esa oportunidad:
“[…] La demandante adujo que la facultad conferida en el
Decreto 0467 de 2009 al Secretario de Tránsito para
reglamentar el procedimiento para la operación del Sistema
Estratégico de Transporte Público y Multimodal de la ciudad
de Manizales, contraría, abiertamente, el contenido de los
artículos 10° y 11, numeral 1, de la Ley 489 de 1998, que
expresamente prohíbe la delegación de funciones, salvo
autorización legal, para la expedición de reglamentos de
carácter general. En este aspecto el a quo le concedió la razón, en
tanto que la demandada cuestiona tal decisión a través del recurso
de apelación que esta Sala resuelve.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
En relación con esta censura es preciso tener en cuenta lo siguiente:
Siguiendo el marco normativo y jurisprudencial aplicable al
tema, la Sala debe reconocer que los alcaldes municipales
gozan de las competencias constitucionales y legales
previstas en los artículos 315 de la Carta Política, 91 de la
Ley 136 de 1994, 10° del Decreto 170 de 2001 y 3° de la Ley
769 de 2002, para fungir como máxima autoridad en materia
de tránsito y transporte. De ahí que tenga la atribución de
expedir normas y tomar medidas necesarias en esa materia
para el ordenamiento óptimo del tránsito de personas,
animales y vehículos por las vías, facultad que está respaldada
en pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional,
como la sentencia C-568 de 2003, atrás referenciada.
De igual forma, en esa calidad y conforme con lo establecido
en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 9298 de la Ley 136 de 1994 y el
artículo 6º de la Ley 769 de 2002, le es posible delegar dicha
atribución en servidores subalternos, como en este caso lo
hizo a través del Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009, en
el Secretario de Tránsito y Transporte Municipal, a quien
facultó para la elaboración del procedimiento para la
operación del sistema estratégico de transporte público y
multimodal de la ciudad de Manizales, de acuerdo con las
directrices señaladas en la ley , en los Decretos 0246 de 2006, 320
y 321 de 2007 y en el mismo Decreto 0467 de 2009.
Al respecto, es del caso precisar que el Decreto 0246 de 200699,
tuvo como fundamento legal para su expedición los artículos 315,
numerales 1 y 3 y 365 de la Constitución Política, la Ley 105 de
1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en
el sector transporte y se dictan otras disposiciones”; la Ley 336 de
1996, "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte"; y
el Decreto 170 de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio
98 “[…] Artículo 92. Delegación de funciones. <Artículo modificado por el artículo 30 de
la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Alcalde podrá delegar en los
secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes
funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición
legal.
Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos
requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán
susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. […]”.
En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá conforme
a lo reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993.
99 Cabe recordar que para la fecha de expedición del Decreto 0246 de 2006, no se habían
expedido la Ley 1151 de 2007 ni el Decreto 3422 de 2009.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano,
Distrital y Municipal de Pasajeros”, mismas normas en las que se
fundamenta el Decreto 0467 de 2009 que, por ser una
norma que ajusta, actualiza y modifica, se incorpora e
integra en una misma unidad normativa con el Decreto 0246
de 2006, por medio del cual se establecen los criterios para
la reorganización del transporte público colectivo en el
municipio de Manizales.
Valga señalar además que, en sentir de esta Corporación,
dicho acto (el Decreto 0467 de 2009) sí cumplió con las
exigencias en materia de delegación contenidas en la Ley
489 de 1998, en armonía con lo establecido por la
jurisprudencia constitucional.
Ello debe considerarse así por cuanto: i) su objeto recayó sobre
una competencia que ostenta constitucional y legalmente el
Alcalde en materia de tránsito; ii) no existe prohibición
expresa para delegar en esa materia, según el artículo 11 de
aquella norma, y de las leyes 105 de 1994, 336 de 1998 y el
Decreto 170 de 2001, tampoco la naturaleza de la función lo
prohíbe; iii) el acto de delegación fijó claramente su objeto,
parámetros y condiciones sobre los cuales tenía margen de
maniobra el delegatorio, como fue la elaboración del
procedimiento para la operación del Sistema Estratégico de
Transporte Público y Multimodal de la ciudad de Manizales,
de acuerdo con las directrices señaladas en la ley, en los
Decretos 0246 de 2006, 320, 321 de 2007 y en el mismo
Decreto 0467 de 2009; iv) el delegatario que lo fue el
Secretario de Tránsito Municipal tenía la condición de
subordinado del delegante y cumplía, además, funciones
afines a la materia delegada y, v) el acto administrativo
expedido por el delegatario guarda relación directa con el
objeto de la delegación; lo anterior si se tiene en cuenta que
este refiere precisamente los verbos rectores del objeto
delegado, entre estos, elaborar el procedimiento para la
operación del Sistema.
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, prevé que no podrá
delegarse la expedición de reglamentos de contenido general, salvo
autorización expresa de la ley.
Es lo cierto entonces que el asunto litigioso guarda relación con un
acto administrativo reglamentario, motivo por el cual, a simple
vista, resulta pertinente tratar lo relacionado con la figura jurídica
de la potestad reglamentaria, la cual, como bien se sabe, también
opera en la órbita de la administración regional. Ahora bien, al
igual a como se predica del Presidente de la República,
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respecto de los Ministros y demás Jefes de la administración
a nivel nacional, los alcaldes municipales tampoco son los
únicos facultados para ejercer de manera personal y directa
atribuciones reglamentarias en todos y cada uno de los
ámbitos de la gestión pública. Ante esta realidad
incontrovertible, la puesta en marcha de esquemas y
estrategias de descentralización, delegación y
desconcentración, así como la conformación de sectores y
de sistemas sectoriales de gestión se hace imprescindible
para garantizar el correcto desempeño de la administración
pública.
En ese sentido, desconocer, por ejemplo, que las Secretarías
Municipales, motu proprio, están facultadas para expedir
reglamentaciones en materias que son propias de sus
Despachos, resultaría contrario a los principios de
racionalidad, celeridad, eficacia y economía y demás
lineamientos de la Ley 489 de 1998, los cuales han sido
explicados por la Corte Constitucional, en los siguientes términos:
“[…] Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en
afirmar que esta facultad reglamentaria no se ubica
únicamente en cabeza del Presidente de la República, en
tanto existen otros organismos pertenecientes a la
administración que pueden expedir regulaciones. De
allí que se afirme que en Colombia opera un sistema difuso
de producción normativa de alcance general, cuya naturaleza
está destinada a servir de apoyo a la actividad administrativa
desarrollada por el jefe del ejecutivo-sistema difuso-
; además, las materias a reglamentar por el CNJSA100 no
tienen reserva de ley, consisten en asuntos técnicos que no
han sido materia de regulación exhaustiva por el legislador,
ni suponen la pérdida de la potestad reglamentaria del
Gobierno nacional que, por el contrario, la subordina.
[…]
Es posible conferir potestades reglamentarias a órganos que
no configuren gobierno en sentido restringido, siempre y
cuando se trate de una potestad residual y
subordinada, pues de esa manera se armoniza el sistema
de fuentes consagrado en la Constitución Política y la
responsabilidad del gobierno en este campo, con la
posibilidad de contar con organismos especializados,
que desarrollen de manera específica la intervención
en temas complejos […]”101.
100 Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
101Corte Constitucional. Sentencia C-810 de 5 de noviembre de 2014. M. P. Mauricio
González Cuervo.
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Por su mayor aproximación al tema dilucidado, resulta pertinente
tener en cuenta lo que sostuvo esta Corporación en sentencia de 10
de agosto de 2017102, en los siguientes términos:
“[…] Sea lo primero precisar que lo que se predica, sobre la
facultad reglamentaria del gobierno nacional, se predica
también, a nivel regional. Por eso, la Sala parte de reiterar
que la facultad reglamentaria, que la Constitución Política le
reconoce al poder ejecutivo sea nacional o regional, es una
facultad gobernada por el principio de necesidad, que se
materializa justamente en la necesidad que en un momento
dado existe de detallar el cumplimiento de una ley que se
limitó a definir de forma general y abstracta determinada
situación jurídica. […]”.
También la Sala considera ilustrativo del enfoque que se desarrolla
traer a colación la jurisprudencia relacionada con la potestad
reglamentaria a cargo de los Ministerios, los cuales integran la
estructura del Gobierno a nivel Nacional, que se asimilan, en la
estructura de gobierno en el orden municipal, a las secretarías, ya
sean departamentales, distritales o municipales, en la medida en
que los funcionarios titulares de estas últimas
dependencias, como se predica de los Ministros en el ámbito
nacional, son los Jefes de la Administración local en el sector
de que se trate y, bajo la dirección de los alcaldes, les
corresponde formular las políticas atinentes a su despacho,
dirigir la actividad administrativa y ejecutar la Ley.
La Sección Primera de esta Corporación, en sentencia de 20 de
noviembre de 2014103, manifestó sobre el particular lo siguiente:
“[…] La potestad reglamentaria que ostentan los Ministerios
es derivada o de segundo grado. En efecto, esta facultad de
expedir actos generales, en el caso de los Ministerios, se
ejerce en todo caso, frente a la potestad reglamentaria del
Presidente de la República, con criterio residual y
subordinado. Esta facultad reglamentaria encuentra sustento
constitucional en el artículo 208 de la Constitución política, en
cuyo inciso primero se establece que: “Los ministros y los
directores de departamentos administrativos son los jefes de
la administración en su respectiva dependencia. Bajo la
102 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de
10 de agosto de 2017, número único de radicación 05001-23 31 000 2006 03105
01(20464), consejera ponente Stella Jeannette Carvajal Basto.
103 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 20 de noviembre de 2014, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00119-
00, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala.
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dirección del Presidente de la República, les corresponde
formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la
actividad administrativa y ejecutar la ley […]”.
Asimismo, la Corte Constitucional al referirse al tema de la potestad
reglamentaria de los ministerios, expresó lo siguiente:
“[…] La tarea de los Ministerios consiste en desarrollar
funciones previamente determinadas en la Legislación y en
el Reglamento por lo que en relación con la posibilidad de
regulación que les asiste, su competencia es de orden
residual y sus atribuciones de regulación ostentan un
carácter subordinado a la potestad reglamentaria del
Presidente de la República así como atañen únicamente al
ámbito de su respectiva especialidad. A la luz de la
jurisprudencia constitucional no resulta inconstitucional que
una ley le confiera de manera directa a los/las ministros (as)
del despacho atribuciones para expedir regulaciones de
carácter general sobre las materias contenidas en la
legislación, cuando estas tengan un carácter técnico u
operativo, dentro de la órbita competencial del
respectivo Ministerio […]”.
“[L]os Ministros pueden, desde luego, dictar normas
de carácter general para regular aspectos técnicos u
operativos dentro de la órbita de su competencia, pero
esta facultad, ha insistido la Corte, es de carácter residual y
subordinada respecto de la atribución que radica en cabeza
del Presidente de la República, quien en ningún caso se
desprende de su potestad. El Ministerio puede asumir en
virtud de lo establecido por la Ley, lo que se denomina una
regulación secundaria, esto es, puede desarrollar el
decreto con un contenido más específico y más
acentuadamente técnico dentro del ámbito de sus
competencias”.
“[…] En el presente caso, se trata, además, de materias
directamente relacionadas con la especialidad del ramo, […]
le confieren al Ministerio de […] se circunscribe a aspectos
técnicos y operativos estrechamente relacionados con
el ramo y este organismo debe, en consecuencia, observar
las normas constitucionales, legales y reglamentarias. El
ejercicio de esta facultad de regulación en ningún caso
implica el reconocimiento de una potestad autónoma y
desligada de cualquier límite104.
104 Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 15 de octubre de 2008, magistrado ponente,
Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Ahora bien, el Alcalde Municipal de Manizales expidió el Decreto
0467 de 30 de octubre de 2009, por el cual se ajusta, actualiza
y modifica el Decreto 0246 de 5 de diciembre de 2006, por medio
del cual se establecieron criterios para la reorganización del
transporte colectivo en el municipio de Manizales y, en su artículo
sexto, dispuso, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEXTO: FACULTAR a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de la ciudad para que, mediante acto
administrativo y de acuerdo con las directrices señaladas en
la ley, en los decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de 2007 y
este Acto Administrativo, elabore el procedimiento para
la operación del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Como quedó expresado en líneas anteriores y conforme a la
jurisprudencia transcrita, los alcaldes municipales gozan de
las competencias constitucionales y legales para fungir
como máxima autoridad en materia de tránsito y transporte
dentro de su jurisdicción territorial. De ahí que tenga la facultad
reglamentaria que la Constitución Política reconoce al poder
ejecutivo y tomar medidas necesarias en esa materia para el
ordenamiento óptimo del tránsito de personas, animales y vehículos
en su municipio.
Asimismo, mediante la figura de la delegación, los alcaldes
pueden transferir funciones que le corresponden como
máxima autoridad en la materia a colaboradores con
funciones afines para que sean ejercidas por estos, como lo
dispone el artículo 9°, de la Ley 489 de 1998, en los siguientes
términos: “[…] Delegación. Las autoridades administrativas, en
virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad
con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir
el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades,
con funciones afines o complementarias […]”, lo anterior resulta
concordante con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley 136 de
1994, el cual prevé que “[…] El Alcalde podrá delegar en los
secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos
administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas
respecto de las cuales exista expresa prohibición legal […]”.
Según consta en autos, el Alcalde de Manizales, mediante el
parágrafo primero, del artículo 20, del Decreto 0246 de
2006, adicionado por el artículo 1° del Decreto 0467 de
2009, delegó en la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Manizales, de acuerdo con sus competencias legales y
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reglamentarias y en calidad de delegataria de la autoridad
de tránsito y transporte, actuar como autoridad del Sistema
Estratégico de Transporte Público de la ciudad y, en el
artículo 6° de dicho Decreto, la facultó para que reglamente
el procedimiento para la operación del Sistema Estratégico
de Transporte Publico y Multimodal de la ciudad, de acuerdo
con las directrices señaladas en la ley, en los Decretos 0246 de
2006, 320 y 321 de 2007 y en el mismo Decreto 0467 de 2009, que
incorpora el mencionado acto de delegación en uno de sus artículos
(6°).
Cabe precisar que según lo establecido por el inciso segundo del
artículo 1° de la Ley 105 de 1993, “[…] Conforman el Sistema
Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de
transporte, además de los organismos indicados en el inciso
anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre,
aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades
territoriales y demás dependencias de los sectores central o
descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones
relacionadas con esta actividad […]”. En concordancia con lo
anterior el artículo 10° del Decreto 170 de 2001, prevé quiénes son
autoridades de transporte, así: “[…] en la jurisdicción distrital o
municipal, los Alcaldes municipales y/o distritales o en los que en
estos deleguen tal atribución […]”. A su turno, la Ley 769 de 2002,
en su artículo 3°, describe quiénes son autoridades de tránsito, en
su orden, “[…] y Alcaldes y los organismos de tránsito de carácter
departamental, municipal o distrital […]”.
Asimismo, el artículo 6° de dicha norma indica quiénes son los
organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: “[…] c) Las
secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su
respectivo municipio y los corregimientos […]”.
Mediante Acuerdo 625 de 2006, por el cual se efectuó la
modernización institucional de la administración central municipal
de Manizales y se dictan otras disposiciones, se estableció, en su
artículo 11, la estructura, objetivos y funciones generales de la
Secretaría de Tránsito y Transporte, disponiéndose que esta es la
responsable del buen funcionamiento del transporte terrestre
público y privado dentro del Municipio de Manizales, de la circulación
ágil y eficiente de las personas, animales y vehículos, en
concordancia con el Código Nacional de Tránsito Terrestre y, dentro
de sus funciones generales se incluyeron: “[…] 1) Planear, dirigir,
coordinar y organizar todo lo relacionado con el tránsito y
transporte terrestre dentro del Municipio. […] 6) Realizar
estudios técnicos que soporten la toma de decisiones en lo
relacionado con el tránsito y transporte de la ciudad. […] 8)
Fijar la capacidad transportadora de cualquier tipo de servicio
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prestado por las empresas de transporte. […] 10) Determinar la
asignación de rutas y frecuencias de transporte público en el
Municipio. […] 14) Desarrollar las actividades necesarias para
implementar las atribuciones conferidas en el Plan de
ordenamiento Territorial y sean inherentes a la naturaleza de la
dependencia […]”.
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, en
cumplimiento de la facultad conferida en el artículo 6° del
Decreto 0467 de 2009, expidió la Resolución núm. 146 de 10
de noviembre de 2009, por medio la cual se establece el
procedimiento para la operación del Sistema Estratégico de
transporte Público y Multimodal, regulando los siguientes
aspectos: i) un glosario relacionado con el sistema; ii)
quiénes pueden ser operadores y lo relacionado con la
prestación del servicio por rutas reestructuradas; iii) la
tipología de los vehículos, estandarización de colores,
ruteros, control de flota a bordo, paraderos, equipos con que
deben contar los operadores para el almacenamiento de la
información que transmiten los vehículos; iv) la obligación
de buen uso por parte de los operadores de los equipos
entregados en comodato por el ente gestor; v) transbordo
de una ruta a otra; vi) cómo ingresar al sistema cuando no
se adquiere la tarjeta inteligente; vii) las tarifas, que se
determinarán según estudios técnicos y conforme al Decreto
0246 de 2006.
El Tribunal, teniendo en cuenta el contenido de la Resolución 146
de 2009, expedida por el Secretario de Tránsito de la ciudad de
Manizales, consideró que esta constituía un acto administrativo de
carácter general, al estar regulando una situación jurídica
impersonal, no relacionada con una o unas personas determinadas
y que, por tratarse de una reglamentación o procedimiento de
carácter general, no era posible su delegación al Secretario de
Tránsito de Manizales tal y como la otorgó el Alcalde Municipal de
esa ciudad, por cuanto ello obraba en contravía de la prohibición
contenida en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.
La Sala advierte que si bien el Tribunal acierta en considerar la
Resolución 146 de 2009, como un acto administrativo de carácter
general, pierde de vista el hecho indiscutible de que también
se trata de una expresión legitima de la potestad
reglamentaria, en cuanto desarrolla el procedimiento para la
operación del Sistema Estratégico de Transporte Público y
Multimodal de dicha ciudad, con sujeción a regulaciones
superiores precisas (Decretos 0246 de 2006, 320 y 321 de
2007) y en el mismo Decreto 0467 de 2009, que no le era
dado desconocer.
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Una de las diversas aproximaciones que subyacen en torno a la
figura de la potestad reglamentaria indica que esta se contrae a
“[...] la producción de un acto administrativo que hace real el
enunciado abstracto de la ley... [Para] encauzarla hacia la
operatividad efectiva en el plano de lo real […]”105, potestad que se
predica, tanto del gobierno nacional, como del nivel departamental,
distrital y municipal. Por eso la facultad reglamentaria, que la
Constitución Política le reconoce al poder ejecutivo, sea
nacional o regional, es una facultad gobernada por el
principio de necesidad, que se materializa justamente en la
necesidad existente, en un momento dado, de detallar el
cumplimiento de una ley que se limitó a definir, de forma
general y abstracta, determinada situación jurídica,
atribución que debe limitarse a dar vida práctica a la ley que tiende
a desarrollar y que solo puede desenvolver lo que explícita o
implícitamente está comprendido en ella y, por tanto, no puede
introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de
sus disposiciones.
Del análisis de la Resolución 146 de 2009, para la Sala es
claro que esta reglamenta aspectos técnicos y operacionales
relacionados con el Sistema Estratégico de Transporte
Público y Multimodal de Manizales, que ya fueron objeto de
regulación, de una forma general y abstracta, en el Decreto
0246 de 2006, y que dicha resolución los lleva a un plano
más detallado para su efectiva ejecución, mediante la
estipulación de trámites, procedimientos, plazos y todo lo
concerniente a la operación de SETP y Multimodal.
Cabe recordar que una de las finalidades prioritarias de la
función de reglamentación, sino la más destacada, es
resolver en el terreno de lo práctico los cometidos fijados por
las reglas del legislador106, pues, dada la generalidad de
estas últimas es poco probable que su implementación
pueda lograrse por sí misma, y se encuentra, por
consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea
factible alterar o suprimir su contenido ni tampoco
reglamentar materias reservadas al Legislador.
La Sala destaca que el artículo 6° del Decreto 0467 de 2009,
al facultar al Secretario de Tránsito, en lo que por ley ya
105 Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 1993, magistrado ponente Vladimiro Naranjo
Mesa, recogida en la sentencia C-350 de 1997, magistrado ponente Fabio Morón Díaz.
106 En este punto es oportuno recordar la consideración jurídica según la cual los actos
administrativos como los aquí reglamentados deben tenerse como leyes en sentido material
debido precisamente a su obligatoriedad, que es el rasgo esencial de aquellas, cualidad que
ambas regulaciones comparten.
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estaría facultado, de todas formas, lo somete a las
directrices señaladas en la Ley y en los Decretos 0246 de
2006, 320 y 321 de 2007 y al mismo Decreto 0467 de 2009
al momento de elaborar dicho procedimiento, por lo que este
no podía extenderse más allá de los lineamientos regulados
en las normas en que se fundamentaba ni a situaciones de
hecho no previstas en las regulaciones superiores
respectivas.
Ahora bien, como se desprende del análisis de las normas y
jurisprudencia antes relacionada, el Alcalde es la máxima autoridad
de tránsito en su jurisdicción, con la posibilidad de contar con
organismos especializados, como lo es la Secretaría de Tránsito y
Transporte, para que desarrollen, de manera específica, la
intervención en temas complejos, técnicos y operacionales en la
materia. Es esta una función de afinamiento que procede
desde los trazos más amplios fijados por el legislador hasta
los detalles prácticos más concretos, establecidos por el
ejecutor de la medida107.
Es que, precisamente, son los organismos administrativos
especializados los depositarios de información relacionada
de manera directa e inmediata “con el funcionamiento
práctico de las herramientas de creación legislativa.” La idea
central en este lugar es que son precisamente los entes
administrativos los que más cercanía reportan frente a “los
temas reales de implementación de las normas.” Ello trae
como consecuencia que sean estos organismos los que deban ser
encargados de aquello que la Corte denomina “microregulación de
la ley.” Lo anterior enlaza con un aspecto detectado una y otra vez
por la jurisprudencia constitucional, a saber, que resulta muy difícil
para el Legislador prever de antemano todas las eventualidades de
regulación indispensables lo que, sin duda, constituye suficiente
sustento respecto de que “sea una entidad técnica la que produzca
el reglamento correspondiente.”108
Cabe reiterar entonces lo ya expresado en el sentido de que, en lo
que toca con la facultad reglamentaria, tanto la doctrina como la
jurisprudencia coinciden en afirmar que esta facultad no se ubica
únicamente en cabeza del Presidente, pues en armonía con
específicos preceptos constitucionales, existen otros organismos
pertenecientes a la Administración que pueden expedir
regulaciones. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha
resaltado que tal facultad no es exclusiva del Presidente de
107 Ibidem.
108 Corte Constitucional. Sentencia C-1005 de 15 de octubre de 2008, magistrado ponente
Humberto Antonio Sierra Porto
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la República y que en Colombia opera un “sistema difuso” de
producción normativa de alcance general, pero cuya
naturaleza está destinada a servir de apoyo a la actividad
administrativa desarrollada por el jefe del Ejecutivo109.
A juicio de la Sala, la Secretaría de Tránsito, como autoridad
de tránsito y transporte y como responsable del buen
funcionamiento del transporte terrestre público y privado
dentro del municipio de Manizales, independientemente de
la facultad recibida, bien podía expedir reglamentos de
carácter general tendientes a regular aspectos técnicos y
operacionales relativos a la materia de conocimiento de su
despacho, en ejercicio de la potestad reglamentaria que
ejerce de manera residual y subsidiaria respecto al Alcalde
Municipal. De modo que la Resolución 146 de 2009, también
puede considerarse como un acto administrativo general
que reglamenta aspectos técnicos y operacionales para la
puesta en marcha del SETP, competencia propia de una
entidad cuya función es planear, dirigir, coordinar y
organizar todo lo relacionado con el tránsito y transporte
terrestre dentro del municipio de Manizales.
Así las cosas, contra lo decidido por el a quo, en sentir de
esta Corporación, dicho acto sí cumplió con las exigencias en
materia de delegación contenidas en la Ley 489 de 1998, y
demás normas concordantes, en armonía con lo establecido
por la jurisprudencia atrás relacionada.
Consecuentemente, se revocará lo resuelto por el a quo en cuanto
declaró la nulidad del artículo 6° del Decreto 0467 de 30 de
octubre de 2009, expedido por el Alcalde de Manizales y de la
Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009, emanada del
Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales y, en su lugar, se
denegarán las pretensiones de la demanda en lo que respecta al
cargo aquí estudiado […]”110 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
A partir de lo expuesto, se tiene entonces que, para la Sala, el
Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre de 2009 sí
cumplió con las exigencias en materia de delegación contenidas en
la Ley 489, en armonía con lo establecido por la jurisprudencia
109 Corte Constitucional. Sentencia C-350 de 1997, magistrado ponente Fabio Morón Díaz.
110 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 9 de febrero de 2023, número único de radicación 17001233100020100022702,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación 17001 23 31 000 2010 00216 01
Actora: SOCOBUSES S.A.
constitucional, por cuanto: i) su objeto recayó sobre una
competencia que ostenta constitucional y legalmente el Alcalde en
materia de tránsito; ii) no existe prohibición expresa para delegar en
esa materia, según el artículo 11 de aquella norma, y de las leyes
105 de 1994, 336 de 1998 y el Decreto 170 de 2001, tampoco la
naturaleza de la función lo prohíbe; iii) el acto de delegación fijó
claramente su objeto, parámetros y condiciones sobre los cuales
tenía margen de maniobra el delegatorio, como fue la elaboración del
procedimiento para la operación del Sistema Estratégico de
Transporte Público y Multimodal de la ciudad de Manizales, de
acuerdo con las directrices señaladas en la ley, en los decretos 0246
de 2006, 320, 321 de 2007 y en el mismo Decreto municipal núm.
0467 de 2009; iv) el delegatario que lo fue el Secretario de Tránsito
Municipal tenía la condición de subordinado del delegante y cumplía,
además, funciones afines a la materia delegada y; v) el acto
administrativo expedido por el delegatario guarda relación directa
con el objeto de la delegación, lo anterior si se tiene en cuenta que
este refiere precisamente los verbos rectores del objeto delegado,
entre estos, elaborar el procedimiento para la operación del Sistema.
Se resalta que los alcaldes municipales gozan de las competencias
constitucionales y legales para fungir como máxima autoridad en
materia de tránsito y transporte dentro de su jurisdicción territorial,
y, mediante la figura de la delegación, pueden transferir funciones
que le corresponden como máxima autoridad en la materia a
colaboradores con funciones afines para que sean ejercidas por
estos, como lo dispone el artículo 9° de la Ley 489.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
De hecho, el artículo 6° del Decreto municipal núm. 0467 de 30
de octubre de 2009 al facultar al secretario de Tránsito, en lo que
por ley ya estaría facultado, de todas formas, lo somete a las
directrices señaladas en la Ley y en los decretos 0246 de 2006, 320
y 321 de 2007, incluso, al propio Decreto municipal núm. 0467
de 30 de octubre de 2009 al momento de elaborar dicho
procedimiento, por lo que este no podía extenderse más allá de los
lineamientos regulados en las normas en que se fundamentaba ni a
situaciones de hecho no previstas en las regulaciones superiores
respectivas.
También se destacó que si bien el Tribunal acierta en considerar que
la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de 2009, es un acto
administrativo de carácter general, pierde de vista el hecho
indiscutible de que igualmente se trata de una expresión legitima de
la potestad reglamentaria, en cuanto desarrolla el procedimiento
para la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público y
Multimodal del MUNICIPIO DE MANIZALES, con sujeción a
regulaciones superiores precisas, -decretos 0246 de 2006, 320 y 321
de 2007-, y en el mismo Decreto municipal núm. 0467 de 2009,
que no le era dado desconocer.
En efecto, del análisis de la Resolución 146 de 10 de noviembre
de 2009, para la Sala es claro que ésta reglamenta aspectos técnicos
y operacionales relacionados con el Sistema Estratégico de
Transporte Público y Multimodal del MUNICIPIO DE MANIZALES,
que ya fueron objeto de regulación, de una forma general y
abstracta, en el Decreto 0246 de 2006; y que dicha resolución los
lleva a un plano más detallado para su efectiva ejecución, mediante
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la estipulación de trámites, procedimientos, plazos y todo lo
concerniente a la operación de SETP y Multimodal.
A juicio de la Sala, la Secretaría de Tránsito, como autoridad de
tránsito y transporte y como responsable del buen funcionamiento
del transporte terrestre público y privado dentro del MUNICIPIO DE
MANIZALES, independientemente de la facultad recibida, bien podía
expedir reglamentos de carácter general tendientes a regular
aspectos técnicos y operacionales relativos a la materia de
conocimiento de su despacho, en ejercicio de la potestad
reglamentaria que ejerce de manera residual y subsidiaria respecto
al alcalde municipal. De modo que la Resolución núm. 146 de 30
de octubre de 2009, también puede considerarse como un acto
administrativo general que reglamenta aspectos técnicos y
operacionales para la puesta en marcha del SETP, competencia
propia de una entidad cuya función es planear, dirigir, coordinar y
organizar todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre
dentro de este ente territorial.
Toda vez que terminan por rebatirse los argumentos centrales, -
supuestos actos de delegación ilegal y de expedición irregular de
reglamento-, empleados en la sentencia impugnada para tomar las
decisiones analizadas en este punto, la Sala procederá a revocar los
ordinales ‘SEXTO’ y ‘SÉPTIMO’ de la sentencia de 21 de noviembre
de 2014 y, en su lugar, no accederá a inaplicar el Decreto municipal
núm. 0467 de 30 de octubre de 2009 y la Resolución núm. 146
de 10 de noviembre de 2009, por lo que también dejan de
constituir irregularidad alguna, -según lo había establecido el a quo-
, en la expedición de las resoluciones que reestructuraron las rutas
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de transporte público operadas por SOCOBUSES S.A.
(iii) Respecto de la eventual transgresión de las disposiciones del
Decreto 3422 de 2009, por parte de los citados actos de
reestructuración de las rutas operadas por la actora, la Sala reitera
las consideraciones que, de igual forma, fueron expuestas en la
sentencia de 9 de febrero de 2023, y que dan cuenta de los mismos
reparos que aquí se ventilan:
“[…] La demandante también alega que los actos acusados resultan
ilegales, al establecer procesos de reorganización de rutas de
transporte a través de permisos otorgados de manera directa en
contravía de disposiciones legales como el Decreto 170 de 2001,
que determina la obligatoriedad de reordenar el transporte público
aplicando procesos licitatorios; y que en el caso de la ciudad de
Manizales, se facultó a la Secretaría de Tránsito para adjudicar
directamente los servicios resultantes del establecimiento del SETP.
Ello, en tanto que en el recurso de apelación precisó que dicha
censura no fue objeto de consideración por el a quo en la sentencia.
Respecto al anterior cargo, la Sala considera que este carece
de fundamento, ya que del análisis del primero de los actos
acusados, Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009, mediante
el cual se otorgan unas facultades a la Secretaría de
Tránsito, claramente se desprende que las mismas en modo
alguno se refieren a la adjudicación directa o sin licitación de
rutas o nuevos servicios, pues, la delegación a la que allí se
alude, en el artículo 7°, recae precisamente sobre la
reestructuración de rutas y la eliminación de las que ya no
se requieren dentro del sistema.
De modo que la actora confunde la figura de la adjudicación
de nuevas rutas con el de la reestructuración de rutas ya
existentes, no obstante que se trata de figuras diferentes.
Además, acorde con el artículo 34, del Decreto 170 de 2001, la
reestructuración del servicio corre a cargo de la autoridad
competente, la cual en cualquier tiempo podrá disponerla,
incluso oficiosamente, cuando las necesidades de los
usuarios lo exijan, lo cual se sustentará con un estudio
técnico en condiciones normales de demanda.
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Tal distinción entre esas dos modalidades de actuación
administrativa está claramente consignada en la Ley y la
jurisprudencia sobre el particular la ha reconocido y declarado sin
dificultad, como sucedió, por ejemplo, en la sentencia proferida
dentro núm. único de radicación 25000-23-24-000-2002-00480-01
(C.P. Martha Sofía Sanz Tobón) ya transcrita.
De modo que no hay duda en cuanto a que para expedir los actos
acusados relacionados con procesos de reestructuración de rutas ya
existentes no se requería adelantar las actuaciones licitatorias a las
que alude la demandante.
Por lo anterior, dicho cargo en sí mismo considerado no está llamado
a prosperar.
Ahora, según la demandante, los actos acusados violan las normas
en las que debían fundarse, por no avenirse ni tener sustento en el
Decreto 3422 de 2009, el cual establece, en su artículo 1°, que el
mismo deberá ser aplicado íntegramente en las ciudades que
cuenten con cofinanciación de la Nación; y en el artículo 7° dispone
que previo al convenio que se suscribirá entre la Nación y los entes
territoriales que definirán los montos de los aportes al proyecto; el
alcalde de la ciudad donde se implementará el SETP deberá,
mediante acto administrativo, adoptar el mismo y sus respectivos
componentes y, a partir de la expedición del acto administrativo de
adopción del SETP, se debe suspender el ingreso de vehículos de
transporte público colectivo por incremento, y congelar la capacidad
transportadora de las empresas con base en las tarjetas de
operación vigentes expedidas a los vehículos vinculados.
Para dirimir el anterior cuestionamiento, que según lo alegado por
la demandante en su recurso de apelación el a quo no examinó, la
Sala considera pertinente iniciar citando el artículo 1° del Decreto
3422 de 2009, el cual prevé, lo siguiente:
“[…] Artículo 1º. Objeto. El presente decreto tiene como
objeto reglamentar la implementación de los Sistemas
Estratégicos de Transporte Público (SETP) del país, y se
aplicará íntegramente en las ciudades que cuenten
con cofinanciación de la Nación y cumpliendo con los
requisitos establecidos en el presente decreto y el artículo 52
de la Ley 1151 de 2007 […]”. (Destacado fuera de texto).
A su vez, el artículo 5° de dicho Decreto establece los requisitos para
la implementación de los SETP, así:
“[…] Artículo 5°. Requisitos para la financiación de los
SETP. La Nación y sus entidades descentralizadas
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participarán con aportes de capital, en dinero o en especie,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que el proyecto sea consistente con el respectivo Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Movilidad, una vez se
articule y revise dicho Plan de Ordenamiento, según lo
dispuesto en la Ley 388 de 1997, o normas que la modifiquen
o sustituyan.
2. Que el proyecto propuesto esté debidamente registrado
en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, y cumpla los
requisitos establecidos por el Decreto 841 de 1990 y demás
disposiciones vigentes sobre la materia.
3. Que el proyecto de Sistema Estratégico de Transporte
Público esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.
4. Que el proyecto respectivo tenga concepto previo
favorable del Conpes, mediante un estudio de factibilidad y
rentabilidad, técnico-económico, socio-ambiental y físico-
espacial, que defina claramente la estrategia, el cronograma
y los organismos de ejecución.
5. Que el Alcalde de cada ciudad, donde se implementará el
Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), adopte
mediante acto administrativo el respectivo sistema de
conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 7°
del presente decreto […]”.
Ahora, entre los elementos probatorios que obran en el expediente
se aprecia, a folio 5A del cuaderno núm. 3, el memorando del
Departamento Nacional de Planeación, de 16 de julio de 2012, en
el cual (punto segundo), se expresa lo siguiente:
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de
Manizales no ha podido acceder a la cofinanciación de
la Nación para la implementación del SETP, ya que el
diseño conceptual del proyecto SETP de Manizales que hasta
el momento se ha realizado, no tiene claridad en cuanto a la
operación del sistema, la sostenibilidad financiera del
proyecto, la infraestructura del SETP, los impactos
ambientales y sociales del proyecto, el esquema tarifario, la
evaluación económica, entre otros aspectos. En este sentido,
el proyecto no se encuentra estructurado técnica, legal y
financieramente por lo cual no cuenta con la validación
de la Nación para la cofinanciación del proyecto […]”.
(Destacado fuera de texto).
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Como puede verse, el artículo 1° del Decreto 3422 de 2009
establece una condición esencial para su aplicación integral, en
determinados municipios cual es, que estos cuenten con la
cofinanciación de la Nación para la implementación del
SETP, condición que, para el momento de la expedición de
los actos acusados, el Municipio de Manizales no cumplía,
pues para entonces dicha cofinanciación de la Nación aún no
se había dado. Y es por ello por lo que los actos acusados
expedidos con ocasión del sistema de transporte existente
en ese entonces en dicha ciudad, no tienen como
fundamento legal el Decreto 3422 de 2009, el cual solo sería
de obligatoria aplicación una vez contara con el respectivo
aval del Conpes.
Ahora bien, en cuanto a los reproches formulados por la
demandante, reiterados en el escrito de apelación, en contra del
Decreto 0467 de 2009, en el sentido de que no dio aplicación al
artículo 7° del Decreto 3422 de 2009, la Sala considera que, a
objeto de desvirtuar dicha cesura, resultan pertinentes las
mismas razones esgrimidas en líneas anteriores, para
desechar el cargo precedentemente examinado, según las
cuales, para la fecha de la expedición del primer Decreto de
los antes mencionados, no regía para la ciudad de Manizales
el segundo, pues, como ya se dijo, para entonces no existía
concepto previo favorable del Conpes y, por ende, no se
contaba con la cofinanciación de la Nación para el desarrollo
del SETP, por lo que no resultaba menester la cuestionada
suspensión del ingreso por incremento de vehículos.
Para la Sala, del estudio de los actos acusados y los demás
elementos probatorios que obran dentro del expediente se
desprende que no se ha expedido el acto administrativo por
medio del cual se adopta, en la ciudad de Manizales, en las
condiciones establecidas en el referido Decreto 3422 de
2009 el Sistema Estratégico de Transporte Público; y el
hecho de que en el Decreto 0467 de 30 de octubre de 2009,
en su artículo primero, el cual adiciona un artículo al Decreto
0246 de 2006 y en el Artículo 20 adicionado, se declare la
existencia en la ciudad de Manizales, del Sistema Estratégico
de Transporte Público y Multimodal, y en su artículo 2°
establezca que en adelante para la aplicación del Decreto
0246 de 2006, deberá entenderse, cuando se refiera a
SERVICIO O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO, que se trata del SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE
MANIZALES, no constituye, propiamente, la expedición del
acto administrativo de adopción del SETP en los términos
establecidos en el artículo 7° del Decreto 3422 de 2009,
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como tampoco se puede inferir que el acto administrativo de
adopción del SETP, sea la Resolución 146 de 2009, ya que
ésta no es más que una reglamentación de los aspectos
técnicos para la eventual operación del sistema, con
sujeción a regulaciones ya existentes.
Ello debe entenderse así, por cuanto la entrada en vigor del
mencionado Decreto en la ciudad de Manizales exigía un
presupuesto esencial que para la fecha de expedición del Decreto
0467 de 2009 no se había dado, cuál era la puesta en marcha
del aludido proceso de cofinanciación a cargo de la Nación,
el cual para entonces no se había iniciado pues, como ha
quedado visto, no existía incluso el indispensable concepto
favorable de CONPES que debía anteceder al acto formal de
adopción del Sistema que por lo mismo tampoco se había
podido emitir. Vistas así las cosas, como lo alega la
demandada, no podía exigirse la sujeción del Decreto
municipal acusado a un Decreto nacional que aún no regía
en su territorio.
Como se dijo anteriormente, el Decreto 0246 de 2006111 tuvo como
fundamento legal para su expedición las mismas normas en las que
se fundamenta el Decreto 0467 de 2009 que, por ser una norma
que ajusta, actualiza y modifica, se incorpora e integra en una
misma unidad normativa con el Decreto 0246 de 2006, por medio
del cual se establecen los criterios para la reorganización del
transporte público colectivo en el municipio de Manizales aun no
cofinanciado y no el Decreto 3422 de 2009. Por lo anterior, dicho
cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
Así las cosas, se revocará lo resuelto por el a quo en cuanto
declaró la nulidad del artículo 6° del Decreto 0467 de 30 de
octubre de 2009, expedido por el Alcalde de Manizales y la
nulidad de la Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009,
expedida por el Secretario de Tránsito y Transporte de
Manizales y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de
la demanda, habida cuenta que ninguno de los cargos
planteados por la parte demandante tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que
ampara a los actos administrativos acusados, y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”112
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
111 Cabe recordar que para la fecha de expedición del Decreto 0246 de 2006, no se habían
expedido la Ley 1151 de 2007 ni el Decreto 3422 de 2009.
112 Cit. Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2023, radicado 2010-00227, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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En consonancia con lo citado, consta en el expediente copia del oficio
núm. GEINF-20102840672931 de 27 de septiembre de 2010113,
dirigido a la concejala del MUNICIPIO DE MANIZALES, señora
ADRIANA ARANGO MEJÍA por el subdirector de Transporte del
Departamento Nacional de Planeación, en adelante DNP, mediante el
cual le informa que ese municipio no ha recibido recursos por parte
de la Nación para la implementación y puesta en marcha del SETP,
habida cuenta que no ha contado con la información suficiente para
la estructuración y validación de este proyecto, conforme lo establece
el Decreto 3422 de 2009, circunstancia que fue ratificada por el
coordinador de Movilidad y Transporte Urbano del DNP, a través de
oficio de 12 de enero de 2011114, y en similar sentido se pronunció
el asesor de la Dirección General asignado a la Dirección de
Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento de Planeación
113 Folios 744 a 746, cuaderno núm. 1A: “[…] El municipio de Manizales no ha recibido
recursos pro parte de la Nación para la implementación y puesta en marcha del Sistema
Estratégico de Transporte Público de Manizales (…) Teniendo en cuenta las conclusiones de
este estudio, el DNP recomendó al municipio que se hiciera una revisión de las rutas
reestructuradas y de los costos del sistema, sin embargo esta recomendación no fue
atendida (…) En el año 2008 el municipio llevó a cabo la contratación del sistema de recaudo
y de gestión y control de flota, mediante una licitación realizada por el ente gestor del SETP,
Transporte Integrado de Manizales-TIM, sin la revisión del proceso por parte del Gobierno
Nacional. En el año 2009, el municipio de Manizales contrató un estudio complementario
con el fin de validar y realizar las modificaciones a las rutas planteadas en el año 2006. Se
acordó con la Alcaldía de Manizales que dicho estudio debería ser entregado al DNP para
continuar con el proceso de estructuración del sistema, no obstante, hasta la fecha dicha
información no ha sido entregada. Finalmente, en el año 2010 el municipio de Manizales
implementó la reestructuración de rutas y los sistemas de gestión y control de flota, sin el
apoyo técnico del Gobierno Nacional (…) Sobre estos aspectos debe tenerse presente que,
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3422 de 2009, acorde con la disponibilidad de
recursos por parte de la Nación, ésta podrá cofinanciar los SETP, siempre y cuando se
cumplan, entro otros, lo siguientes requisitos (…) Todo lo anterior explica que si bien el
municipio de Manizales se encuentra dentro de la política de ciudades amables del Plan
Nacional de Desarrollo, el SETP del municipio de Manizales aún no está incluido en el Marco
de Gasto de Mediano Plazo 2008-2011 (MGMP), el cual define los techos de gasto sectorial
por parte de la Nación, con el propósito, entre otros aspectos, de garantizar y posibilitar
efectivamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ejecución de proyectos
de inversión con cargo a presupuestos de vigencias futuras. En suma, el municipio de
Manizales no ha suministrado la información necesaria para que la Nación evalúe la
viabilidad de cofinanciar el SETP y adelante, de ser procedente, los trámites
correspondientes a fin de cofinanciar el citado proyecto […]”.
114 Folios 747 y 748, cuaderno núm. 1A.
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Actora: SOCOBUSES S.A.
Nacional, con memorando de 15 de febrero de 2013115.
Resulta claro, a partir de lo anterior, que el Decreto municipal
núm. 0467 de 30 de octubre de 2009, en modo alguno se refiere
a la adjudicación directa o sin licitación de rutas o nuevos servicios,
pues la delegación a la que allí se alude, en el artículo 7°, recae,
precisamente, sobre la reestructuración de rutas y la eliminación de
las que ya no se requieren dentro del sistema, cuestión que se
materializó en las resoluciones que reestructuraron las rutas
operadas por SOCOBUSES S.A.
De modo que la actora confunde la figura de la adjudicación de
nuevas rutas con el de la reestructuración de rutas ya existentes, no
obstante que se trata de figuras diferentes que estos cuenten con la
cofinanciación de la Nación para la implementación del SETP,
condición que, para el momento de la expedición de los actos
acusados, el MUNICIPIO DE MANIZALES no cumplía, pues para
entonces dicha cofinanciación de la Nación aún no se había otorgado.
Y es por ello por lo que los actos acusados expedidos con ocasión del
sistema de transporte existente en ese entonces en esa ciudad, no
tienen como fundamento legal el Decreto 3422 de 2009, el cual solo
sería de obligatoria aplicación una vez contara con el respectivo aval
del COMPES, lo que no ocurrió en este caso.
115 Folio 622, cuaderno núm. 2B: “[…] Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de
Manizales no ha podido acceder a la cofinanciación de la Nación para la implementación del
SETP, ya que el diseño conceptual del proyecto SETP de Manizales que hasta el momento
se ha realizado, no tiene claridad en cuanto a la implementación de operación del sistema,
la sostenibilidad financiera del proyecto, la infraestructura del SETP, los impactos
ambientales y sociales del proyecto, el esquema tarifario, la evaluación económica, entre
otros aspectos. En este sentido, el proyecto no se encuentra estructurado técnica, legal y
financieramente, por lo cual no cuenta con la validación de la Nación para la cofinanciación
del proyecto […]”.
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Contrario a lo concluido por el Tribunal, el hecho de que en el
Decreto municipal núm.0467 de 30 de octubre de 2009, en su
artículo primero, el cual adiciona un artículo al Decreto 0246 de 2006
y en el artículo 20 adicionado, se declare la existencia en el
MUNICIPIO DE MANIZALES del Sistema Estratégico de Transporte
Público y Multimodal, y, en su artículo 2°, establezca que en adelante
para la aplicación del Decreto 0246 de 2006, deberá entenderse,
cuando se refiera a SERVICIO O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO, que se trata del SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE
MANIZALES, no constituye, propiamente, la expedición del acto
administrativo de adopción del SETP en los términos establecidos en
el artículo 7° del Decreto 3422 de 2009, como tampoco se puede
inferir que el acto administrativo de adopción del SETP sea la
Resolución 146 de 10 de noviembre de 2009, ya que ésta no es
más que una reglamentación de los aspectos técnicos para la
eventual operación del sistema, con sujeción a regulaciones ya
existentes.
En el mismo sentido, la demandante no puede sostener que las
resoluciones acusadas transgredieron lo previsto en el artículo 7º del
Decreto 3422 de 2009, respecto de la suspensión del ingreso de
vehículos de transporte público colectivo por incremento, habida
cuenta que dicho compendio, como se ha sostenido, no tenía
injerencia para la época de la expedición de aquellas, además de que
no existía el acto administrativo de adopción del SETP, ni está
demostrado incremento irregular alguno del parque automotor de
transporte público colectivo en el MUNICIPIO DE MANIZALES en
el momento de los hechos.
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(iv) Por último, en cuanto a la supuesta inexistencia del Plan de
Movilidad debidamente adoptado por el MUNICIPIO DE
MANIZALES, como herramienta de planeación territorial con miras
a la declaración de la existencia e implementación del SETP, la Sala
coincide con lo establecido por el a quo, según lo cual, revisada la
Ley 1083, -por medio de la cual se establecen algunas normas sobre
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones-, no se
observa la exigencia expresa de apropiarlo antes de la
implementación de los sistemas estratégicos de transporte y, menos
aún, ello vicia la expedición de las referidas resoluciones de
reestructuración de rutas.
Así se desprende de su artículo 1º: “[…] Con el fin de dar prelación a
la movilización en modos alternativos de transporte, entendiendo por
estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no
contaminantes, así como los sistemas de transporte público que
funcionen con combustibles limpios, los municipios y distritos que
deben adoptar Planes de Ordenamiento Territorial en los términos
del literal a) del artículo 9o de la Ley 388 de 1997, formularán y
adoptarán Planes de Movilidad según los parámetros de que trata la
presente ley. PARÁGRAFO. Los Ministerios de Minas y Energía, de
Protección Social, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley,
determinarán de manera conjunta cuáles son los combustibles
limpios, teniendo como criterio fundamental su contenido de
componentes nocivos para la salud y el medio ambiente. Entre los
combustibles limpios estarán aquellos basados en el uso de energía
solar, eólica, mecánica, así como el gas natural vehicular […]”.
La Sala, con fundamento en lo señalado, procederá a revocar el
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ordinal ‘QUINTO’ de la sentencia apelada, por cuanto no se desvirtuó
la legalidad de las resoluciones núms. 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181 de 10 de
noviembre de 2009; y 217 y 218 de 7 de diciembre de 2009,
expedidas por el MUNICIPIO DE MANIZALES, mediante las cuales
reestructuró oficiosamente rutas de transporte público colectivo
operadas por la actora SOCOBUSES S.A. y, en su lugar, denegará
las pretensiones de la demanda relacionadas con tales actos.
V.3.6.- De los ordinales ‘OCTAVO’ en el que, como
consecuencia de las nulidades que se habían declarado, se
condena en abstracto al MUNICIPIO DE MANIZALES a
reconocer y pagar a la actora SOCOBUSES S.A., el valor de los
ingresos dejados de percibir; y ‘NOVENO’, en el que se declara
parcialmente próspera la objeción por error grave del
dictamen pericial
En este punto, la Sala se limitará a indicar que ambos ordinales de
la sentencia recurrida eran consecuentes con las declaratorias de
nulidad de las resoluciones atrás analizadas por lo que, habiendo sido
revocadas tales decisiones, deviene en necesaria también la
revocatoria de los ordinales ‘OCTAVO’ y ‘NOVENO’ y la denegación
de todas las pretensiones de restablecimiento del derecho incoadas
por la demandante SOCOBUSES S.A.
V.3.7.- Del ordinal ‘DÉCIMO’ en el que quedó comprendida la
denegación de la nulidad de las resoluciones núms. 004 de 3
de febrero de 2010 y 008 de 2 de marzo de 2010
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Con las resoluciones núms. 004 de 3 de febrero de 2010 y 008
de 2 de marzo de 2010, expedidas por el secretario de Tránsito y
Transporte del MUNICIPIO DE MANIZALES, se modificó la
Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de 2009, en cuanto a
la fecha del inicio de la reestructuración de rutas dentro del SETP,
ingreso por reposición únicamente de vehículos que utilicen
combustible con tecnologías limpias e intervalos de despacho en las
horas valle conforme la demanda del servicio.
Tales actos, siendo modificatorios de uno general, en este caso
conservan dicha naturaleza y no requerían ser notificados,
personalmente, ni a la actora SOCOBUSES S.A. ni a las demás
empresas operadoras del servicio de transporte público colectivo de
ese ente territorial. Para ello se reiteran los precisos términos del
artículo 43 del CCA, según el cual: “[…] Los actos administrativos de
carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras
no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o
boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico
de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien
expide el acto. Los municipios en donde no haya órgano oficial de
publicidad podrán divulgar estos actos mediante la fijación de avisos,
la distribución de volantes, la inserción en otros medios, o por bando.
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa
iniciada con una petición de interés general se comunicarán por
cualquier medio hábil […]”.
Basta agregar que la demandante no demostró la ausencia de la
respectiva publicación de tales actos, por cuanto concentró su
reproche en la omisión de su notificación personal.
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La Sala, entonces, procederá a confirmar el ordinal ‘DÉCIMO’ de la
sentencia impugnada, en lo que guarda relación con la denegación
de la nulidad de las resoluciones núms. 004 de 3 de febrero de
2010 y 008 de 2 de marzo de 2010.
V.3.8.- No se condenará en costas a la parte vencida, toda vez que
no se observan reunidos los requisitos exigidos en el artículo 171 del
CCA.
V.3.9.- Se tendrá como apoderado de la COOPERATIVA
UNITRANS al doctor PEDRO VALBUENA CASTELLANOS, de
conformidad con el poder visible a folio 84 del cuaderno contentivo
del recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales ‘PRIMERO’ y ‘SEGUNDO’ de
la sentencia apelada y, como consecuencia de ello, INHIBIRSE para
resolver de fondo la respectiva pretensión de nulidad.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal ‘CUARTO’ de la sentencia
impugnada y, en su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa de
SOCOBUSES S.A. para demandar las resoluciones núms. 151,
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154 y 184 de 10 de noviembre de 2009, expedidas por la
Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE
MANIZALES, mediante las cuales reestructuró de oficio las rutas
operadas por las empresas AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES
GRAN CALDAS S.A. y COOPERATIVA UNITRANS,
respectivamente. Como consecuencia de ello, INHIBIRSE para
resolver de fondo la respectiva pretensión de nulidad.
TERCERO: REVOCAR, parcialmente, el ordinal ‘DÉCIMO’ de la
sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de
SOCOBUSES S.A. para demandar las resoluciones núms. 148,
152 y 183 de 10 de noviembre de 2009, expedidas por la
Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE
MANIZALES, mediante las cuales reestructuró de oficio las rutas
operadas por las empresas AUTOLEGAL S.A., TRANSPORTES
GRAN CALDAS S.A. y COOPERATIVA UNITRANS,
respectivamente; como consecuencia de ello, INHIBIRSE para
resolver de fondo la respectiva pretensión de nulidad.
CUARTO: REVOCAR los ordinales ‘SEXTO’ y ‘SÉPTIMO’ de la
sentencia apelada y, en su lugar, NO ACCEDER a inaplicar el
Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre de 2009,
expedido por el alcalde del MUNICIPIO DE MANIZALES y la
Resolución núm. 146 de 10 de noviembre de 2009, expedida
por el secretario de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE
MANIZALES.
QUINTO: REVOCAR el ordinal ‘QUINTO’ de la sentencia apelada,
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por cuanto no se desvirtuó la legalidad de las resoluciones núms.
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180 y 181 de 10 de noviembre de 2009; y 217 y 218 de 7
de diciembre de 2009, expedidas por el MUNICIPIO DE
MANIZALES, mediante las cuales reestructuró oficiosamente rutas
de transporte público colectivo operadas por la actora SOCOBUSES
S.A. y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda
relacionadas con tales actos.
SEXTO: REVOCAR los ordinales ‘OCTAVO’ y ‘NOVENO’ de la
sentencia recurrida y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones de
restablecimiento del derecho.
SÉPTIMO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada.
OCTAVO: TENER como apoderado de la COOPERATIVA
UNITRANS al doctor PEDRO VALBUENA CASTELLANOS, de
conformidad con el poder obrante a folio 84 del cuaderno contentivo
del recurso de apelación.
NOVENO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 10 de agosto de 2023.
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OSWALDOGIRALDOLÓPEZ NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
Presidente
Salvovoto
HERNANDOSÁNCHEZSÁNCHEZ ROBERTOAUGUSTOSERRATOVALDÉS
Aclaravoto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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