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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2011-00099-03

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2011-00099-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

R E S U E L V E: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-31-000-2011-00099-03

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 17001233100020110009903
Recurso de apelación contra la sentencia de 2 de octubre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas
Actora: SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE
MANIZALES S.A., SOCOBUSES S.A.

TESIS: LOS ACTOS ACUSADOS, RESOLUCIÓN NÚM. 012 DE 4 DE MARZO DE
2010 Y DECRETO MUNICIPAL 0123 DE 15 DE ABRIL DE 2010, EXPEDIDOS POR
EL MUNICIPIO DE MANIZALES, SE ENCUENTRAN VICIADOS POR VIOLACIÓN
DE LAS NORMAS EN QUE DEBÍAN FUNDARSE, ASÍ COMO DE FALSA
MOTIVACIÓN, A PARTIR DE LA INCORRECTA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20
DE LA LEY 336 Y LA INFRACCIÓN DEL DECRETO 3422 DE 2009, EN
CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS MUNICIPALES 0246 DE 2006, 0128 DE
2006 Y 0467 DE 2009, QUE PROHÍBEN EL INGRESO DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO POR INCREMENTO PARA LA ÉPOCA DE LOS HECHOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandada y por el tercero coadyuvante de ésta, contra la sentencia
de 2 de octubre de 20141, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual además de no encontrar probadas las
excepciones de caducidad de la acción, falta de legitimación en la
causa por activa y presunción de legalidad, declaró la nulidad de los
actos acusados.

1 Folios 790 a 812, cuaderno núm. 1A.

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE
MANIZALES S.A., en adelante SOCOBUSES S.A., por conducto de
apoderado, en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el
artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA,
presentó demanda2 ante el Tribunal Administrativo de Caldas,
tendiente a que:

“[…] 1. … se declare la nulidad de la Resolución 012 de 4 de marzo
de 2010, por medio de la cual el Secretario de Tránsito y Transporte
de la ciudad de Manizales, otorgó permiso provisional y transitorio
a Autolegal S.A. para servir una ruta circular temporal en la ciudad
de Manizales, por cuanto la adjudicación de la misma no se otorgó
a través de proceso licitatorio o concurso público en el que se
garantizara la libre concurrencia de todas las empresas
transportadoras interesadas en servir la ruta, conforme a lo
establecido en las normas que rigen el servicio público de transporte
urbano colectivo de pasajeros, con el consecuente incremento de la
capacidad transportadora de la empresa vinculada por pasiva, así
como la capacidad global de la localidad, en clara contravía de los
postulados reglamentarios que rigen los Sistemas Estratégicos de
Transporte Público “SETP”.

2. … se declare la nulidad del Decreto 0123 de 15 de abril de 2010
“por medio del cual se adiciona transitoriamente el Decreto 0128 de
2006”, en tanto permite el aumento de la capacidad transportadora
de las empresas individualmente consideradas y la establecida
como global para la ciudad de Manizales […]”.

I.2.- Como hechos relevantes para las resultas del proceso, la actora
manifestó, en síntesis, que a través del Decreto municipal 0128 de
15 de junio de 20063, el MUNICIPIO DE MANIZALES, ordenó la
suspensión del ingreso de vehículos por incremento para el servicio
público colectivo individual de pasajeros al municipio, hasta tanto su

2 Folios 3a 39
3 “[…] Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio

público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales [..]”.

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Secretaría de Tránsito y Transporte, o quien haga sus veces,
determine las condiciones técnicas y operativas en que deba
prestarse el servicio para incrementar el parque automotor.

Indicó que por medio del Decreto municipal 0246 de 5 de diciembre
de 20064, el MUNICIPIO DE MANIZALES estableció unos criterios
para la reorganización del transporte público urbano colectivo en la
ciudad, al tiempo que congeló la capacidad transportadora global de
la ciudad y de las empresas que operan el citado servicio público a
nivel local.

Manifestó que a través del Decreto municipal 0467 de 30 de octubre
de 20095, dicho municipio ajustó, actualizó y modificó el Decreto
municipal 0246 de 2006, y confirmó una delegación al secretario de
Tránsito municipal para expedir los actos necesarios para la
implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público y
Multimodal, en adelante SETPM, sin determinar el marco
reglamentario al que debía ceñirse el ejercicio de la función delegada.

Refirió que por medio de la Resolución núm. 146 de 10 de noviembre
de 2009, se estableció el procedimiento del SETPM y multimodal,
suscrita por el secretario de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO
DE MANIZALES. Sostuvo que dicha resolución, junto con las demás
expedidas por esa Dependencia para la implementación del SETPM,
fueron objeto de medida cautelar por el Juez Primero Administrativo
del Circuito de Manizales en acción popular identificada con el

4 “[…] Por medio del cual se establecen criterios para la reorganización del transporte público

colectivo en el municipio de Manizales […]”.
5 “[…] Por el cual se ajusta, actualiza y modifica el Decreto 0246 de 5 de diciembre de 2006,

por medio del cual se establecieron criterios para la reorganización del transporte colectivo
en el municipio de Manizales […]”.

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número único de radicación 17001333100120090011100, del 3 de
marzo de 2010 hasta la fecha de presentación de esta acción.

Anotó que a través de la Resolución núm. 012 de 4 de marzo de
20106, el secretario de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE
MANIZALES otorgó permiso provisional y transitorio a la empresa
AUTOLEGAL S.A. para servir una ruta circular temporal que abarca
la zona franca de la ciudad que coincide con el sector de Maltería;
que el parágrafo segundo del artículo primero de este acto, estableció
que se iniciaría la prestación del servicio con una capacidad de once
buses, la cual se aumentaría paulatinamente hasta llegar a la
indicada de treinta buses conforme a la demanda del servicio que se
requiriera para el proyecto de la zona franca de la ciudad, lo que, a
su juicio, va en contravía con lo previsto en el Decreto 3422 de 9 de
septiembre de 20097 y el Decreto municipal 0128 de 2006, que
prohíben expresamente el ingreso de vehículos por incremento; y
que la zona franca del MUNICIPIO DE MANIZALES aún no se
encuentra en funcionamiento, toda vez que no ha sido objeto de
autorización por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

Relató que AUTOLEGAL S.A. tiene la posibilidad de aumentar su
capacidad transportadora en treinta buses, vehículos que no poseía,
permitiéndosele así tanto el aumento de su capacidad transportadora
como de la global de la ciudad, sin haberse realizado el estudio para
el otorgamiento del nuevo permiso ni una revisión integral del plan
de rodamiento, en aras de determinar lo correspondiente; y que

6 “[…] Por medio de la cual se otorga un permiso provisional y transitorio para servir una

ruta temporal de transporte público […]”.
7 “[…] Por el cual se reglamentan los Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos (SETP)

de conformidad con la Ley 1151 de 2007 […]”.

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hasta la fecha de presentación de esta demanda, las autoridades
municipales no han iniciado proceso licitatorio alguno para la
adjudicación del permiso a través de una selección objetiva, de
conformidad con los preceptos legales vertidos en el artículo 19 de la
Ley 336 de 20 de diciembre de 19968.

Señaló que mediante el Decreto municipal 0123 de 15 de abril
de 20109, el MUNICIPIO DE MANIZALES adicionó el Decreto
municipal 0128 de 2006, ordenando la inclusión de un parágrafo
transitorio que permite el aumento del ingreso de vehículos por
incremento.

I.3.- Como normas violadas, la parte actora invocó los artículos 13,
211, 150, numerales 21 y 23, 313, numeral 1, 315, 333 y 334 de la
Constitución Política; 1º y 2º de la Ley 1151 de 24 de julio de 200710;
6º y 19 de la Ley 336; 3º, 24 a 30, 32 y 43 del Decreto municipal
170 de 5 de febrero de 200111; 3º, 7º, 10°, 18 y 20 del Decreto 3422
de 2009; 1º, 2º y 3º del Decreto municipal 0128 de 2006; y 2º, 3º,
8º, 9º, 11, 12 y 13 del Decreto municipal 0246 de 2006. Para
sustentar el concepto de violación de estas, argumentó, en resumen,
que los actos demandados adolecen de los vicios de violación de las
normas en que debían fundarse, falsa motivación y desviación de
poder.

Con relación a la vulneración de las normas en que debían

8 “[…] ESTATUTO GENERAL DE TRANSPORTE […]”.
9 “[…] Por el cual se adiciona transitoriamente el Decreto 0128 de 2006 […]”.
10 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. El Congreso de
Colombia […]”.
11 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor

colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros […]”.

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fundarse, señaló que se trasgredieron los preceptos teleológicos que
rigen el transporte público urbano de pasajeros, al haberse ejercido
dichas potestades especiales de manera contraria al ordenamiento
jurídico, pues se aisló del interés superior de protección de los
consumidores o usuarios del servicio, coartándose así la libertad de
empresa y sustrayendo los intereses comerciales de los operadores
del servicio.

De igual forma, indicó que se vulneraron preceptos legales y
reglamentarios que ordenan el otorgamiento de los permisos para
servir rutas de transporte urbano colectivo de pasajeros, toda vez
que los actos se expidieron en contravía de los artículos que disponen
la realización de concurso o licitación pública para la adjudicación a
las empresas transportadoras de nuevos servicios o rutas, al igual
que imponen la prohibición de incremento de capacidad
transportadora de las empresas; e insistió en que a la fecha de
presentación de la demanda, el MUNICIPIO DE MANIZALES no ha
iniciado proceso licitatorio tendiente a otorgar el permiso a través del
mecanismo legalmente establecido, toda vez que, según lo
manifestado en el curso de recaudo de un testimonio, el permiso para
servir la ruta otorgada en el acto acusado operará como definitivo en
el marco del SETPM que se pretende implantar en la ciudad.

Asimismo, manifestó que se desconocieron las normas que prohíben
el aumento de la capacidad transportadora de las empresas a partir
de la adopción de los SETPM y normas locales establecidas en el
mismo sentido, como quiera que la capacidad transportadora de la
ciudad fue sobredimensionada en lo referente al número de vehículos
acorde con las necesidades de movilización requeridas, situación que

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atenta contra las finalidades propuestas en la implementación de
aquel, lo que demuestra que la expedición del acto no corresponde a
la superación de “precisas situaciones de alteración del servicio
público ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de
sus modos, que afecten la prestación del servicio o para satisfacer el
surgimiento de ocasionales demandas de transporte”, conforme al
contenido del artículo 20 de la Ley 336.

Sostuvo que el MUNICIPIO DE MANIZALES actuó en contravía
tanto de sus propias normas (Decretos municipales 0128 y 0246 de
2006), como a lo establecido por el Decreto 3422 de 2009, al permitir
el aumento de la capacidad transportadora global de la ciudad e
individual de AUTOLEGAL S.A., al expedirle un permiso provisional;
y que ni el estudio realizado para la concesión del permiso de
operación de la ruta, como tampoco la Resolución núm. 012 de 4
de marzo de 2010, realizaron una revisión integral del plan de
rodamiento de la empresa beneficiaria de dicho permiso, en aras de
determinar la viabilidad del aumento de la capacidad transportadora
conferida a la vinculada en el acto administrativo referido, conforme
lo establece la parte final del artículo 43 del Decreto 170 de 2001.

Expuso que el aumento de la capacidad transportadora global de la
ciudad, al concederse el incremento individual del número de
vehículos autorizados en el parque automotor de la empresa
AUTOLEGAL S.A., a través de los actos enjuiciados, riñe con los
objetivos del SETPM adoptado con el Decreto municipal 0467 de 2009
como esquema de solución integral a las deficiencias presentadas en
el servicio de transporte urbano, aumentando así una problemática
de oferta sobre diagnosticada desde el año 2006, situación que se ha

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ratificado en los diferentes estudios realizados posteriormente y que
se observa en la actualidad con las medidas de pico y placa de tales
vehículos; y que a la fecha de expedición de la Resolución núm.
012 de 4 de marzo de 2010, estaba expresamente prohibido el
ingreso de vehículos por incremento para el MUNICIPIO DE
MANIZALES en virtud de lo establecido por el Decreto municipal
0128 de 2006, sumado a la prohibición contenida en el artículo 7º
del Decreto 3422 de 2009, con las que se ordenaba el congelamiento
del parque automotor del servicio colectivo de pasajeros a partir de
la adopción del SETPM.

En cuanto al vicio de falsa motivación, la parte actora comentó que
los fundamentos fácticos y jurídicos de los actos acusados se alejan
de la realidad, toda vez que la demanda de pasajeros que se pretende
cubrir con el permiso provisional otorgado mediante la Resolución
núm. 012 de 4 de marzo de 2010, fue diagnosticada hace más de
tres años en estudios locales que han arrojado dicha necesidad, por
lo que no se trata del surgimiento de una demanda ocasional del
servicio de transporte con origen en la medida cautelar decretada en
el curso de la acción popular, surtida ante el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Manizales, con número único de
radicación 17001333100120090011100.

Insistió en que la necesidad de la ruta estaba determinada con mucha
antelación, al punto que había sido otorgada en el año 2007 a través
de la Resolución núm. 0131 de 2007 a la empresa Gran Caldas, con
fundamento en el estudio realizado en el mes de diciembre de 2006
por Transmilenio S.A., con lo que resulta demostrado que la demanda
insatisfecha del servicio no puede catalogarse como ocasional ni

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encuadra en la alteración del servicio público ocasionada por una
empresa de transporte en los términos del artículo 20 de la Ley 336,
máxime cuando la zona franca de la ciudad aún no estaba en
funcionamiento ni siquiera contaba con autorización legal, por lo que
lo correcto era la realización del proceso de selección objetiva del
operador que prestaría el servicio según el artículo 19 de la Ley 336,
reglamentado por el Decreto 170 de 2001.

Destacó que, sin sustento alguno y bajo un intento de brindar
apariencia de legalidad a la resolución acusada, el MUNICIPIO DE
MANIZALES expidió el Decreto municipal 0123 de 15 de abril
de 2010, con el único fin de encubrir las falencias de aquella,
situación que fue resaltada por el Juez Primero Administrativo del
Circuito en sede de acción de cumplimiento, bajo el número único de
radicación 17001333100120100049000.

Finalmente, invocó el vicio de desviación de poder, por cuanto no
existe justificación alguna para haber otorgado esa autorización a
AUTOLEGAL S.A., empresa que no contaba con el parque automotor
suficiente para servir la ruta de transporte conferida de manera
transitoria, por lo que se le concedió el incremento de aquel a través
de la demandada Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010.

I.4.1.- El MUNICIPIO DE MANIZALES, a través apoderado,
presentó escrito de contestación de 24 de junio de 201312, en el que
propuso la excepción que denominó “presunción de legalidad”, así
como la de caducidad de la acción. En cuanto a la primera, señaló
que los actos acusados gozan de presunción de legalidad y no pueden

12 Folios 623 a 644.

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invalidarse sino por los vicios legalmente estipulados, los que no se
encuentran presente en aquellos; y respecto de la segunda, adujo
que la nulidad solicitada implica el restablecimiento automático de
los derechos de la parte actora, desvirtuándose así el objeto de la
acción pública de nulidad, toda vez que se trata, en realidad, de una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducada por
exceder los cuatro meses previstos para los efectos.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para
lo cual narró que en el año 2009 la Secretaría de Tránsito y
Transporte del MUNICIPIO DE MANIZALES, dentro del marco del
Sistema Estratégico de Transporte Público, en adelante SETP, que se
iba a implementar en la ciudad, decidió reestructurar las rutas de
transporte que en el momento circulaban en el municipio, por cuanto
muchas de estas ya no eran necesarias al carecer de demanda de
pasajeros, así como otras sí lo eran para atender necesidades
insatisfechas de transporte, de ahí que se expidiera, entre otras, la
Resolución núm. 151 de 10 de noviembre de 200913, mediante la
cual se reestructuró la ruta de transporte público, operada por
AUTOLEGAL S.A., identificada con la denominación “RUTA 24
MANIZALES-BARRIO ARANJUEZ-MANIZALES” -autorizada desde la
Resolución núm. 017 de 1989-; y que de acuerdo con el plazo fijado
para el inicio de la operación de la reestructuración de rutas del SETP,
el día 27 de febrero de 2010 empezó la misma y a la par el
MUNICIPIO DE MANIZALES implementó un nuevo esquema
tarifario mediante una tarjeta electrónica sin contacto.

13“[…] Por medio de la cual se reestructura de manera oficiosa una ruta de transporte
público […]”.

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Sostuvo que, paralelamente, en el marco de la acción popular surtida
ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales
contra el MUNICIPIO DE MANIZALES, el municipio de Villamaría
(Caldas) y la Empresa de Transporte Integrado de Manizales S.A., en
adelante TIM S.A., bajo el número único de radicación
1700133310012009001110014, y una vez se declaró fallida la
audiencia de pacto de cumplimiento, llevada a cabo el día 3 de marzo
de 2010, fue proferida medida cautelar en la que se dispuso: “[…]
los señores alcaldes de Manizales y Villamaría y el representante
legal de la Empresa TIM S.A., dentro de los ámbitos de sus
competencias, profieran los actos necesarios, con los cuales
restablezcan en forma inmediata las rutas de transporte urbano de
pasajeros, en la ciudad de Manizales y su área de influencia,
conforme venían funcionando antes de la entrada en operación del
Sistema Estratégico de Transporte, dispongan la suspensión de la
venta de tarjetas TIM, e implementen un sistema de pago de tarifas
por el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, en forma
temporal, que posibilite a toda la ciudadanía el acceso al servicio en
mención, permitiendo que quienes hubieran adquirido la tarjeta de
pagos TIM, la sigan utilizando hasta agotar los saldos que en ella se
tengan, y que quienes no la poseen aún, puedan acceder al servicio
sin imponérseles la obligación de adquirirla […]”.

Recalcó que dicha decisión judicial hizo que los actos expedidos
dentro del SETP fuesen, igualmente, objeto de la medida,

14 Actores: Francisco Javier González Sánchez y Milton César Jiménez Ramírez. Presunta
vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público, movilidad ciudadana,
moralidad administrativa, libertad de empresa y contratación, derechos de consumidores y
usuarios, libre competencia económica, realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, y accesos a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

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volviéndose al sistema de transporte público colectivo tradicional,
conforme venían funcionando antes de la entrada en operación del
SETP, a lo cual se le dio cumplimiento mediante la Resolución núm.
011 de 4 de marzo de 2010.

Subrayó que este hecho provocó que la ruta que se le había
reestructurado a AUTOLEGAL S.A. regresara a su estado original,
por lo que muchos sectores afligidos de la ciudadanía, como la
‘comuna cinco’, se quedaran sin servicio hasta el sector de la ‘comuna
tesorito’, sector industrial destino de la población obrera de
Manizales; y que ese recorrido ya había sido disfrutado por la
comunidad durante el tiempo en que estuvo implementado el SETP,
lo que colmó las expectativas y demanda, así hubiese sido por poco
tiempo, de los habitantes de esos sectores quienes habían solicitado
que se satisficiera sus necesidades de transporte a lo largo de los
años.

Manifestó que consciente de lo anterior el MUNICIPIO DE
MANIZALES, con fundamento en el artículo 20 de la Ley 336,
expidió la Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010,
concediéndole un permiso provisional a AUTOLEGAL S.A. para que
prestara el servicio en la referida ruta de forma temporal, empresa
que venía operándola antes de la reestructuración suspendida; y que
la medida cautelar decretada por el Juzgado Primero del Circuito de
Manizales no permitía adelantar un proceso licitatorio, como lo
pretende la parte actora, porque la ruta autorizada provisionalmente
a través del acto acusado dejará de tener efectos cuando aquella se
levante, dejando en firme la Resolución núm. 151 de 10 de
noviembre de 2009, lo que hubiera conllevado la coexistencia de dos

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rutas idénticas.

Enfatizó en que no entiende la inconformidad de SOCOBUSES S.A.,
toda vez que no solo nunca ha operado dicha ruta ni se perjudica con
las facilidades de transporte ofrecidas a esa comunidad por el
MUNICIPIO DE MANIZALES, sino que también se le ha adjudicado
permisos temporales con sustento en el citado artículo 20 de la Ley
336, tales como la Resolución núm. 028 de 2012 para servir la ruta
denominada Liborio-San Pelegrino-Liborio, incluso tiempo después
de presentar esta demanda.

Destacó que en la Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010
nunca se mencionó que los vehículos necesarios ingresarían por
incremento en la capacidad transportadora de AUTOLEGAL S.A.,
quien debía operarla con los que tuviera asignados para ese
momento, sin perjuicio de mencionar que dicha situación varió con
la modificación del Decreto municipal 0128 de 2006, a través del
Decreto municipal 0123 de 15 de abril de 2010 con el que se
permitió el ingreso de vehículos por incremento, a partir de las
facultades determinadas en el Decreto 170 de 2001; y que el Decreto
3422 de 2009 no es aplicable a los actos acusados como quiera que
no ha suscrito convenio alguno para definir los aportes de las
entidades al SETP, en los términos de sus artículos 1º y 7º, como sí
lo es la Ley 336 y el Decreto 170 de 2001.

I.4.2.- AUTOLEGAL S.A., en su calidad de tercero interesado15 en
las resultas del proceso, contestó la demanda mediante escrito de 20

15 Auto de 12 de abril de 2013, folios 574 y 575, cuaderno núm. 1A.

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de junio de 201316 en el que propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa con fundamento en que no es
posible otorgar el monopolio del servicio de transporte a ninguna
empresa para que lo explote de forma exclusiva, toda vez que ello
vulneraría la libre competencia constitucionalmente protegida, así
como el derecho de uso de las vías públicas a que tienen acceso los
ciudadanos del común y las diferentes empresas transportadoras de
pasajeros y carga que circulan por la ciudad de Manizales.

De igual forma alegó que la pretensión relacionada con la nulidad de
la Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010, siendo este un
acto de carácter particular debió ser incoada a través de una acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se encontraba
caducada desde la presentación de la acción pública de nulidad de la
referencia.

Para oponerse a las pretensiones de la demanda, señaló que el
MUNICIPIO DE MANIZALES, dentro del marco del SETP, decidió
reestructurar las rutas de transporte público colectivo a partir de los
resultados de los estudios técnicos adelantados, que demostraron
que muchas rutas no eran necesarias ni estaban siendo servidas por
carecer de demanda insatisfecha, en tanto que otras comunidades sí
necesitaban rutas urgentes.

Que por ello fue expedida la Resolución núm. 151 de 10 de noviembre
de 2009, con la que se reestructuró la ruta operada por AUTOLEGAL
S.A., con origen en la terminal de San Sebastián, la cual empezó a
funcionar en febrero de 2010 conjuntamente con las demás rutas

16 Folios 580 a 590, cuaderno núm. 1A.

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reestructuradas, por lo que para el momento de proferirse la referida
medida cautelar por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Manizales, aquella llevaba dos semanas operando.

Afirmó que con dicha decisión judicial la comunidad beneficiaria
corría el riesgo de quedarse sin el servicio, lo que haría que
nuevamente estuvieran supeditados a pagar cuatro pasajes
diariamente, todos en buseta, con lo cual sus gastos se
incrementarían en más del 100%, siendo inaceptable para una
población pobre.

Realzó que el MUNICIPIO DE MANIZALES, a través de la
Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010, privilegió el interés
general sobre el particular, otorgando un permiso provisional a
AUTOLEGAL S.A., empresa que venía prestando dicho servicio
desde la aprobación de la mencionada reestructuración, -suspendida
para ese entonces-, por lo que ese acto es la respuesta adecuada a
una demanda insatisfecha o al menos ocasional o temporal, con
origen en la medida cautelar del Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Manizales, en lo que se entiende como el ejercicio del
poder discrecional de la Administración municipal para resolver el
problema que implicaba la suspensión de dicha ruta.

Reveló que aquella no fue la única ruta nueva en la ciudad tras la
suspensión del proceso de reestructuración, sino que también fueron
asignadas las siguientes: empresas UNITRANS (1. La cumbre-
Palermo-Los Cámbulos. 2. El Carmen-Plaza de toros-Fundadores-El
Carmen); GRAN CALDAS (1. Puerta del Sol-Los Cedros-Clínica de la
Presentación-Parque Liborio-Puerta del Sol); SOCOBUSES (1.

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Minitas-Av.Kevin Ángel-La Isla); EXPRESO SIDERAL (1. Maltería-
Lusitania-La Florida-Villa Carmenza. 2. San Sebastián-Av. Kevin
Ángel-Ondas del Otún-Los Cámbulos); y que la diferencia era que la
comunidad beneficiada con la ruta de AUTOLEGAL S.A., fue la única
que pasó de pagar $4.800 diarios a solo $1.900, resultando tan
necesaria, aunque de forma provisional.

Manifestó que, para hacer una licitación de rutas, el artículo 28 del
Decreto 170 de 2001 determina que los términos de referencia
deberán establecer un plazo de duración del permiso, contrato de
operación o concesión, así como las condiciones de calidad y
excelencia en que se prestará el servicio, lo cual no era posible
garantizarse, siendo la única salida la otorgada por el artículo 20 de
la Ley 336; y que el artículo 1º del Decreto 3422 es claro al prever
que este compendio se aplicará en las ciudades que cuenten con
cofinanciación de la Nación, lo que deja ver que no hay obligación de
atender su contenido en el presente caso, toda vez que el
MUNICIPIO DE MANIZALES no ha recibido dicha cofinanciación ni
hay compromiso de hacerla efectiva.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Con sentencia de 2 de octubre de 201417, el Tribunal Administrativo
de Caldas declaró no probadas las excepciones de caducidad de la
acción, falta de legitimación en la causa por activa y presunción de
legalidad, y declaró la nulidad de los actos acusados, bajo los
siguientes argumentos:

17 Folios 790 a 812.

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En lo atinente a las excepciones de caducidad de la acción y falta de
legitimación en la causa por activa, afirmó que bastaba, para
declararlas infundadas, el hecho de que la acción de nulidad es de
naturaleza pública por lo que toda persona puede solicitar por sí, o
por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos, la cual podrá ejercerse en cualquier tiempo a partir
de la expedición de aquel; y en cuanto a la excepción denominada
“presunción de legalidad”, adujo que como la misma guarda relación
directa con el fondo de la controversia sometida al examen del
Tribunal, se requiere efectuar el análisis de los elementos probatorios
aportados al expediente, ejercicio propio de la sentencia de mérito.

Luego de revisar los hechos acreditados en el proceso a partir del
acervo probatorio acopiado, en cuanto a la pretensión de nulidad de
la Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010, determinó que
el artículo 16 de la Ley 336 sujeta la prestación del servicio público
de transporte a la habilitación y expedición de un permiso o la
celebración de un contrato de concesión u operación, según se trate
de rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación,
servicios especiales de transporte, facultad que le corresponde
ejercer al respectivo municipio dentro de su ámbito territorial.
Manifestó que el artículo 19 ídem exige, de igual forma, que el
permiso para la prestación del servicio público de transporte se
otorgue mediante concurso en el que se garantice la libre
concurrencia y la iniciativa privada sobre creación de nuevas
empresas, según lo determine la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional.

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Estableció que en el caso sub examine los elementos materiales
probatorios aportados demuestran que lejos de tratarse de una
demanda ocasional y transitoria, la existencia de una ruta de
transporte público que conectara a los habitantes de la comuna
Ciudadela del Norte con el sector industrial de Maltería, y en concreto
con el sitio en donde ha de localizarse la Zona Franca Andina, ha sido
una necesidad detectada y diagnosticada por lo menos desde el año
2009, a propósito de los estudios técnicos realizados para expedir la
Resolución núm. 151 de 10 de noviembre de 2009.

En efecto, recordó que dicho acto, expedido en el marco de la
aplicación del SETP, modificó el recorrido de una ruta existente que
cubría la empresa AUTOLEGAL S.A., y que en adelante se denominó
‘Ruta 40’; de hecho, las condiciones técnicas, el recorrido, la
frecuencia del despacho de los vehículos, la capacidad transportadora
y, por supuesto, la empresa de transporte beneficiaria de la misma,
son todos elementos que guardaban plena identidad con los
contenidos en la acusada Resolución núm. 012 de 4 de marzo de
2010.

Mencionó que no le era lógico ni admisible, tratándose de una
demanda de servicio plenamente identificada, con vocación de
permanencia, diagnosticada con suficiente antelación, que perseguía
satisfacer una necesidad de considerable magnitud e impacto social,
que se presentara como una “ocasional demanda de transporte” para
justificar la expedición de una licencia temporal de manera
discrecional, soslayando el imperativo normativo de someter esa ruta
a un concurso o licitación pública que garantice la libre concurrencia,
la iniciativa privada y la igualdad de trato y oportunidades; y que

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estructurada como estaba la necesidad insatisfecha y definitiva del
servicio de transporte en el trayecto discutido, haberlo sometido a
un concurso o proceso licitatorio habría permitido ofrecerle a la
ciudadanía mejores condiciones objetivas de prestación de tal
servicio público.

Resaltó que, bajo ese panorama, la Resolución núm. 012 de 4 de
marzo de 2010 incurrió en el vicio de vulneración de las normas
superiores que le sirvieron de fundamento, toda vez que los
supuestos fácticos invocados para su expedición no se encuadran
dentro de la hipótesis descrita en el artículo 20 de la Ley 336, a cuya
potestad discrecional pretendió apelar el MUNICIPIO DE
MANIZALES.

Ahora bien, con relación a la pretensión de nulidad del Decreto
municipal 0123 de 15 de abril de 2010 el a quo sostuvo que los
efectos de la medida cautelar decretada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Manizales se circunscribían a la
reorganización de las rutas que hacían parte del SETP, así como a la
implementación de las denominadas tarjetas TIM S.A. como medio
de pago, mas no cobijaba los demás elementos constitutivos de dicho
sistema, ni acarreaba la suspensión de los efectos de esos elementos
restantes, ni suponía la desaparición del SETP del mundo jurídico,
por lo que los puntos no incluidos en la orden judicial seguían
plenamente vigentes y los efectos de sus disposiciones debían ser
observados.

En este sentido, manifestó que los decretos municipales núm. 0246
de 5 de diciembre de 2006 y 0467 de 30 de octubre de 2009 se

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encontraban vigentes y declaraban de manera expresa la existencia
en la ciudad del SETPM, es decir que adoptaban ese sistema en los
términos del artículo 7º del Decreto 3422 de 2009, prohibiendo,
igualmente, el aumento de la capacidad transportadora global por
virtud de la modificación, reestructuración o traslado de rutas.

Concluyó que resultaba contradictorio que mediante el Decreto
municipal 0123 de 15 de abril de 2010 el MUNICIPIO DE
MANIZALES haya adicionado un acto administrativo anterior,
permitiendo así el aumento de la capacidad transportadora, cuando
el Decreto municipal 0128 de 2006 se había apoyado en diversos
estudios técnicos practicados por dos entidades distintas para
justificar el congelamiento de la capacidad transportadora de la
ciudad, toda vez que existía una sobreoferta de vehículos de servicio
público, tal como se expuso en su parte considerativa. Por lo tanto,
anotó que la motivación expuesta en el Decreto municipal 0123
de 15 de abril de 2010 para justificar el aumento de la capacidad
transportadora de la ciudad, no corresponde a la verdad.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- A través de escrito de 24 de octubre de 201418, el
MUNICIPIO DE MANIZALES interpuso recurso de apelación contra
la sentencia, en el que reitera todos los argumentos vertidos en la
contestación de la demanda y alegatos de conclusión allegados en la
oportunidad procesal correspondiente.

18 Folios 820 a 836.

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Manifiesta que, lamentablemente, el Tribunal no efectuó el más
mínimo análisis sobre los puntos de vista de la Administración, sino
que se limitó a la escogencia del mecanismo de la licitación como
único medio aceptable para la asignación de rutas de transporte
público, contradiciendo de esta manera sus precedentes,
interpretaciones y sentencias.

Aduce que la empresa SOCOBUSES S.A. también interpuso una
acción de cumplimiento tramitada bajo el número único de radicación
17001333100120100049001, en la que el mismo Tribunal, en
sentencia de 13 de diciembre de 2010, determinó que no era ajena
la Sala “[…] al hecho incontrastable de que, en el contenido de la
disposición transcrita (artículo 20 de la Ley 336) se halla la
posibilidad de ejercicio de una potestad discrecional de la autoridad
de tránsito y transporte en el orden territorial que corresponda, para
expedir permisos especiales y transitorios ante la configuración de
especiales situaciones de alteración de las condiciones de prestación
del servicio público o del ocasional surgimiento de necesidades de
transporte […]”. Y que, contrario a lo considerado en el fallo apelado,
la medida cautelar dentro de la citada acción popular, sí suspendió el
sistema de transporte de la ciudad.

Insiste en que luego de la operación de la ruta en comento se pudo
establecer que con la oferta de servicio que tenía la empresa
AUTOLEGAL S.A. no era posible la prestación de la ruta requerida,
lo que dio origen al Decreto municipal 0123 de 15 de abril de
2010 para permitir el incremento de unos vehículos absolutamente
necesarios para contener la demanda de transporte que se

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presentaba, acto que tuvo que expedirse ante la medida cautelar del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales.

Sostiene que el Tribunal también incurrió en una contradicción al
establecer que debía licitarse la ruta, pero sin poder incrementar el
parque automotor, lo que de entrada impedía que cualquier empresa
se presentara ante la prohibición de cubrir el trayecto con los
vehículos requeridos, posibilidad cercenada con la nulidad del
mencionado decreto.

Finalmente, censuró que la providencia impugnada anote que los
decretos municipales 0246 de 2006 y su modificatorio 0467 de 2009
adoptaron el SETP bajo los postulados del Decreto 3422 de 2009,
como quiera que este solo es aplicable a los sistemas que cuentan
con cofinanciación, lo que no ocurre con el del MUNICIPIO DE
MANIZALES, según certificación que reposa a folios 43 y 44 del
cuaderno 5 del expediente.

III.2.- Con escrito de 24 de octubre de 201419, la empresa
AUTOLEGAL S.A. interpuso recurso de apelación contra la
sentencia, en el que luego de reiterar los argumentos vertidos en su
contestación y alegatos de conclusión solicitó la revocatoria integral
de aquella y, en su lugar, la denegación de las pretensiones de la
demanda.

19 Folios 814 a 819.

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IV.- ALEGATOS

En esta instancia, tanto las partes como el Ministerio Público
guardaron silencio20.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Actos demandados

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la
Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010 y del Decreto
municipal 0123 de 15 de abril de 2010, expedidos por el
MUNICIPIO DE MANIZALES, cuyo contenido es el siguiente:

“[…] SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

RESOLUCIÓN 012

“Por medio de la cual se otorga un permiso provisional y transitorio
para servir una ruta temporal de transporte público”

El secretario de Despacho de la Secretaría de tránsito y Transporte
em ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas
por las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y el Decreto 170 de 2001,
y

CONSIDERANDO

Que la zona franca ubicada en la ciudad de Manizales ubicada en el
sector de Maltería y aledaños, carece de un servicio público
adecuado que satisfaga la demanda insatisfecha de transporte que
se genera desde la comuna Ciudadela del Norte hasta ese sector de
la ciudad.

Que el artículo 20 de la Ley 336 de 1996 determina:

20 Ver constancia secretarial de 4 de mayo de 2015, folio 7, cuaderno apelación sentencia.

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Artículo 20.- La autoridad competente de transporte podrá
expedir permisos especiales y transitorios para superar precisas
situaciones de alteración del servicio público ocasionadas por
una empresa de transporte en cualquiera de sus modos, que
afecten la prestación del servicio, o para satisfacer el
surgimiento de ocasionales demandas de transporte.

Superadas las situaciones mencionadas, los permisos
transitorios cesarán en su vigencia y la prestación del servicio
quedará sujeta a las condiciones normalmente establecidas o
autorizadas, según el caso.

Que conforme lo anterior y en aras de garantizar que la personas
que habitan en la comuna descrita puedan llegar a la zona franca,
se hace necesario establecer una ruta temporal que permita
satisfacer las necesidades de movilización.

Que para el efecto la Secretaría de Tránsito y Transporte efectuó un
estudio técnico en el cual se determina cuál debe ser el recorrido de
la ruta a asignar transitoriamente los intervalos de despacho y la
demanda del servicio.

Que el permiso otorgado, como bien se determina en la Ley 336 de
1996, es temporal y perderá vigencia una vez se implemente una
reestructuración de rutas dentro del Sistema Estratégico de
Transporte Público Colectivo de la ciudad o hasta que el Juez
Constitucional determine que se ha demostrado la operatividad de
la reestructuración que fue expedida y que ahora se encuentra
suspendida.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso provisional y
transitorio a la empresa Autolegal S.A. para servir la ruta temporal
cuyas características y recorrido se detallan a continuación:

Nombre: BARRIO SAN SEBASTIÁN-BARRIO FÁTIMA-SECTOR
ZONA FRANCA-CIRCULAR

Recorrido: SAN SEBASTIÁN CARRERA 2G-CALLE 47-CARRERA 3E-
CALLE 48-CARRERA 4D-CALLE 48D-CARRERA 4F-
CALLE 46E-CARRERA 4-CALLE 48I-ENTRADA
SOLFERINO-CARRERA 7B-CALLE 51A-CARRERA 8-
CALLE 51F-CARRERA 11-CALLE 51C-CARRERA 13A-
CALLE 54-AVENIDA KEVIN ÁNGEL-VÍA AL GUAMO-
RETORNO-VÍA AL GUAMO-CARRERA 15A-CALLE 51B-

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CARRERA 15B-CALLE 51B-CARRERA 17-CALLE 51E-
CARRERA 19A-CALLE 51C-CARRERA 19-CALLE 51-
AVENIDA SANTANDER-CALLE 45-AVENIDA PARALELA-
GLORIETA PASEO DEL MUNDIAL CALLE 65-CARRERA
32C-CALLE 62-CARRERA 33-CALLE 65A-CARRERA
35A-CALLE 68-CARRERA 36-CALLE 66-CARRERA 38-
CALLE 67A-CARRERA 38B-CALLE 67-CARRERA 39-
CALLE 68-CARRERA 40-CALLE 67A-CARRERA 41-
CALLE 68-CARRERA 42-CALLE 66-GLORIETA
CÁMBULOS-VÍA PANAMERICANA-GLORIETA SAN
MARCEL-AVENIDA CUMANDAY-SENA-VÍA AL
MAGDALENA-ZONA FRANCA-RETORNO-VÍA AL
MAGDALENA-SENA-AVENIDA CUMANDAY-GLORIETA
SAN MARCEL-VÍA PANAMERICANA-GLORIETA LOS
CÁMBULOS-CALLE 66-CARRERA 42-CALLE 68-
CARRERA 41-CALLE 67A-CARRERA 40-CALLE 68-
CARRERA 39-CALLE 67-CARRERA 38B-CALLE 67A-
CARRERA 38-CALLE 66-CARRERA 36-CALLE 66A-
CARRERA 37-CALLE 68-CARRERA 35A-CALLE 65A-
CARRERA 33-CALLE 61-CARRERA 32C-CALLE 65-
GLORIETA PASEO DEL MUNDIAL-AVENIDA LINDSAY-
AVENIDA SANTANDER-CALLE 46A-CARRERA 22-
BARRIO SAN JORGE-CALLE 50A-CARRERA 21-CALLE
51-CARRERA 19-CALLE 51C-CARRERA 19A-CALLE
51E-CARRERA 17-CALLE 51B-CARRERA 15B-CALLE
51B-CARRERA 15A-VÍA AL GUAMO-AVENIDA KEVIN
ÁNGEL-CALLE 54-CARRERA 13A-CALLE 51C-CARRERA
11-CALLE 51F-CARRERA 8-CALLE 51A-CARRERA 7B-
GLORIETA ENTRADA SOLFERINO-CARRERA 8-CALLE
48J-CARRERA 5B-CALLE48I-CARRERA 4-CALLE 48E-
CARRERA 4F-CALLE 48D-CARRERA 4D-CALLE 48-
CARRERA 3E-CALLE 47-CARRERA 2G-SAN SEBASTIÁN.

Características:

Clase de vehículo: Bus
Modalidad: Pasajeros
Horario de servicio: 5:00AM a 11:00PM
Capacidad
transportadora máxima: Treinta buses
Intervalo de despacho
(en minutos): Hora pico 5.3; Hora valle 15
Plano: Se anexa plano con el recorrido de la
ruta el cual forma parte integral del
presente acto administrativo

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de las frecuencias, el
siguiente es el horario definido para cada una de sus clases:

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HORA PICO: Desde las 06:00 horas hasta las 07:30 horas, desde
las 11:45 horas hasta las 14:30 horas; desde las 17:15 hasta las
19:15.
HORA VALLE: El horario que no esté definido como hora pico.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La ruta otorgada provisionalmente,
iniciará la prestación del servicio con una capacidad de ONCE BUSES
y con los siguientes intervalos de despacho (en minutos):

Intervalo de despacho
(en minutos): HORA PICO 15 HORA VALLE 15

La capacidad se aumentará paulatinamente hasta llegar a la
indicada de treinta buses, conforme la demanda del servicio que se
requiera para el proyecto de La zona franca de la ciudad.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso otorgado es temporal y perderá
su vigencia una vez la reestructuración suspendida transitoriamente
opere dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público de la
ciudad.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Manizales a los cuatro días del mes de marzo de 2010

DIEGO FRANCO MOLINA
Secretario de Despacho

Manizales, 04 de marzo de 2010 […]”.

“[…] ALCALDÍA DE MANIZALES

DECRETO No. 0123

“Por el cual se adiciona transitoriamente el Decreto 128 de 2006”

LA ALCALDESA (E) DE MANIZALES, en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por los artículos 315, numerales
1 y 3, y 365 de la Constitución Nacional; artículo 1º, inciso 2 y
artículo 3, numeral 1, literal c), de la Ley 105 de 1993; artículos 3º
y 5º de la Ley 336 de 1996; y Decreto municipal 0246 de 2005 y
sus modificaciones, y

CONSIDERANDO

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Que mediante Decreto 128 de 15 de junio de 2006, la
Administración Municipal suspendió el ingreso de vehículos por
incremento para el servicio público colectivo e individual de
pasajeros al municipio de Manizales

Que la secretaría de Tránsito y Transporte, dentro del SETP, expidió
una reestructuración oficiosa de rutas con el fin de que operaran
dentro del referido sistema, soportado en un estudio técnico el cual
fue elaborado por la Unidad de Gestión Técnica de la Secretaría de
Tránsito con fecha de 4 de febrero de 2009, que justifica la presente
actuación administrativa.

Que, en desarrollo de una audiencia pública, llevada a cabo el
pasado 03 de marzo del año en curso, dentro de la acción popular
interpuesta por los señores FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ
SÁNCHEZ y MILTON CÉSAR JIMÉNEZ RAMÍREZ, en contra del
municipio de Manizales, el municipio de Villamaría y la empresa de
Transporte Integrado de Manizales, el señor Juez Primero
Administrativo del Circuito, decretó la siguiente medida cautelar:

“En este sentido se dispone que los señores Alcaldes de
Manizales y Villamaría y el Representante Legal de la Empresa
TIM S.A., dentro de los ámbitos de sus competencias, profieran
los actos necesarios, con los cuales restablezcan en forma
inmediata las rutas de transporte urbano de pasajeros, en la
ciudad de Manizales y su área de influencia, conforme venían
funcionando antes de la entrada en operación del Sistema
Estratégico de Transporte, dispongan la suspensión de la venta
de tarjetas TIM, e implementen un sistema de pago de tarifas
por el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, en forma
temporal, que posibilite a toda la ciudadanía el acceso al servicio
en mención, permitiendo que quienes hubieran adquirido la
tarjeta de pagos TIM, la sigan utilizando hasta agotar los saldos
que en ella se tengan, y que quienes no la poseen aún, puedan
acceder al servicio sin imponérseles la obligación de adquirirla”.

Que, así las cosas, la ejecución del SETP, sus componentes y
agentes, se encuentra suspendida, a raíz de la medida cautelar
decretada.

Que, sin embargo, algunos sectores de la ciudad a los cuales se les
había solucionado los problemas de demanda insatisfecha de
transporte quedaron nuevamente sin servicio.

Que se hace necesario, entonces, crear una excepción transitoria a
la aplicación del Decreto 0128 de 2006, en el sentido de autorizar el
ingreso por incremento de vehículos a la ciudad, únicamente cuando
la Secretaría de Tránsito y Transporte otorgue permisos temporales

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Actora: SOCOBUSES S.A.

para cubrir las necesidades insatisfechas de las comunidades, a la
luz del artículo 20 de la ley 336 de 1996, siempre y cuando tales
permisos se sustenten en los estudios técnicos correspondientes.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Alcaldesa (e) de
Manizales,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR el siguiente artículo y
parágrafo transitorios al Decreto 0128 de 15 de junio de 2006:

ARTÍCULO TRANSITORIO: La Secretaría de Tránsito y
Transporte podrá autorizar el ingreso de vehículos por
incremento al servicio público colectivo para suplir concretas
demandas insatisfechas de la comunidad, generadas por la
suspensión de la reestructuración de rutas, expedida por la
autoridad de transporte municipal, como consecuencia de la
medida cautelar decretada por el señor Juez Primero
Administrativo del Circuito de Manizales.

PARÁGRAFO: Para efectos del presente artículo la Secretaría
de Tránsito y Transporte expedirá permisos especiales y
transitorios, como se indica en el artículo 20 de la Ley 336 de
1996, los cuales estarán vigentes solamente hasta tanto el Juez
Primero Administrativo del Circuito de Manizales, levante la
medida cautelar decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Manizales, hoy 15 ABR 2010

CLAUDIA MARÍA OSORIO VILLEGAS
ALCALDE (E)

DIEGO FRANCO MOLINA CARLOS ARTURO YELA GÓMEZ
Secretario de Despacho Secretario de Despacho
Secretaría de Tránsito y Transporte Secretaría Jurídica […]”.

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Actora: SOCOBUSES S.A.

V.2.- De las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE
MANIZALES y AUTOLEGAL S.A.

Si bien los demandados, en sus respectivos escritos de apelación, no
se extendieron en las razones por las cuales debía revocarse la
decisión del Tribunal de declarar no probadas las excepciones
propuestas, lo cierto es que habiéndose reiterado los fundamentos
de la defensa le corresponde a la Sala pronunciarse en torno a
aquellas, así:

El MUNICIPIO DE MANIZALES invocó la excepción de caducidad
de la acción, así como aquella que denominó ‘presunción de
legalidad’; y AUTOLEGAL S.A. formuló la excepción de ‘falta de
legitimación en la causa por activa’.

Al respecto, tanto la excepción de caducidad de la acción como la de
falta de legitimación en la causa por activa, tienen como origen
común el argumento equívoco según el cual la acción procedente
para solicitar la nulidad de los actos acusados era la prevista en el
artículo 85 del CCA, esto es la de nulidad y restablecimiento del
derecho, que no la acción pública de nulidad establecida en el artículo
84 del mismo compendio.

La Sala, en este sentido, reafirma los argumentos expuestos en el
proveído de 16 de febrero de 201221, mediante el cual decidió revocar
el auto de 1o. de septiembre de 201122, con el que el Tribunal
rechazó la demanda de la referencia en lo relacionado con la

21 Folios 9 a 20, cuaderno núm. 2.
22 Folios 493 a 496.

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Actora: SOCOBUSES S.A.

Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010 y, en su lugar,
ordenó que se proveyera sobre su admisión, lo que en efecto tuvo
lugar a través de auto de 25 de mayo de 201223, así:

“[…] El mencionado acto resolvió otorgar permiso provisional y
transitorio a la empresa AUTOLEGAL S.A., para servir una ruta
temporal, lo que significa que su contenido es particular y
concreto, en cuanto resuelve una situación jurídica en favor
de dicha Empresa.

Esta Sección, concretamente frente a los actos particulares
relacionados con asignación o reestructuración de rutas o licencias
de funcionamiento para operar rutas y horarios, ha admitido que
los mismos puedan ser enjuiciados a través de la acción de
nulidad, porque la prestación del servicio público de
pasajeros interesa a la comunidad, pero cuando ésta acciona
para procurar la legalidad y el respeto del orden jurídico, y
siempre que la decisión estimatoria no apareje
restablecimiento de ningún derecho subjetivo a favor de la
parte actora24.

En este sentido, en diversas ocasiones, cuando se ha demostrado
que el interés que pretende el actor es el restablecimiento
de su derecho, se ha estimado que la acción procedente es
la de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la
cual deben ser aplicadas todas las reglas del agotamiento de
la vía gubernativa, caducidad y las propias de su
naturaleza25.

Si, por el contrario, se logra establecer que, de prosperar la
pretensión de nulidad no se derivaría restablecimiento de
derecho para el actor o persona distinta, el acto particular
puede ser susceptible de enjuiciamiento a través de la
acción de nulidad26.
(…)

23 Folios 541 a 544.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

15 de noviembre de 2007, expediente núm. 2002 00348 01, consejero ponente Marco
Antonio Velilla Moreno, actor: Cooperativa Multiactiva Transportadores de Cota LTDA.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

19 de junio de 2008, Expediente núm. 2006 01000 01, consejero ponente Marco Antonio
Velilla Moreno, actora: Maritza María Naranjo Briles.
26 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, sentencia de 4 de agosto de 2005, expediente núm. 2001 00013 01, consejero
ponente Camilo Arciniegas Andrade, actora: Transportes Arizona S.A., que reitera el
pronunciamiento de 17 de mayo de 2002 (Expediente núm. 2001 00215, consejero ponente
doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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Actora: SOCOBUSES S.A.

De acuerdo con el precedente jurisprudencial reseñado, y
atendiendo a las particularidades del caso concreto, no advierte la
Sala que un eventual fallo estimatorio conlleve un
restablecimiento automático de los derechos de la actora.

Al respecto, se observa que el acto acusado otorgó un permiso
provisional tomando en consideración “que la zona franca ubicada
en la ciudad de Manizales … carece de un servicio público adecuado
que satisfaga la demanda insatisfecha de transporte…”, lo que
evidencia que, en principio, las empresas que actualmente
prestan el servicio público de transporte en el Municipio, no
están siendo directamente afectadas en sus rutas, así como
también se desprende que no hay situaciones consolidadas
por las que pudieran considerar lesionados sus derechos.

También del texto de la demanda se puede colegir que no le
asiste a la demandante un interés diferente al de la defensa
de la legalidad, pues, el fundamento de la anulación lo hace
descansar en que el acto acusado no se sometió a las normas sobre
concesión de permisos para la prestación del servicio público de
transporte, que indican que éstos se otorgan mediante concurso en
el que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Bajo este contexto, los actos acusados sí son susceptibles de
judicializarse bajo la acción pública de nulidad toda vez que, por una
parte, la Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010, pese a
su carácter particular y concreto, no conlleva un restablecimiento
automático de los derechos de la actora ante un eventual fallo
estimatorio de sus pretensiones y, además, como atrás se citó, esta
formula cargos en torno al análisis de la legalidad objetiva de dicho
acto; y, por la otra, el Decreto municipal 0123 de 15 de abril de
2010 es un acto de carácter general y abstracto cuya naturaleza le
permite ser sometido al referido escrutinio, sin perjuicio de resaltarse
que la demanda carece de pretensiones indemnizatorias.

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Precisamente, en cuanto a la legitimación en la causa por activa que
debe ostentar la parte actora en el marco de controversias relativas
a la habilitación de rutas, horarios, frecuencias, capacidad
transportadora, entre otras, otorgadas a las empresas que prestan
el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
municipal de pasajeros, esta Sección ya ha tenido oportunidad de
explicar en reiterados pronunciamientos las condiciones de su
procedencia en tratándose de acciones de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, criterios que también se prohíjan en su
integridad en aras de habilitar la judicialización de los actos
demandados bajo las pretensiones de nulidad del caso concreto27.

De conformidad con lo anterior, como quiera que según lo previsto
en los artículos 84 y 136, numeral 1, del CCA, este tipo de actos
pueden demandarse en acción pública de nulidad por cualquier
persona y en cualquier tiempo a partir de su expedición, no hay lugar
a declarar probadas las excepciones de ‘caducidad’ y ‘falta de
legitimación en la causa por pasiva’, conforme fue decidido por el a
quo.

Respecto de la excepción denominada ‘presunción de legalidad’, lejos
de constituir un obstáculo para adoptar una decisión de fondo en el
presente asunto, apunta es a desvirtuar los cargos de la demanda,

27 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 10 de agosto de 2023, número único de radicación
17001233100020100021601, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón. En esta
providencia, a su vez, se reiteran las sentencias de 18 de noviembre de 2010, número único
de radicación 17001233100020050067401, consejero ponente Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta; 1o. de noviembre de 2012, número único de radicación
17001233100020060012601, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; 14 de septiembre
de 2017, número único de radicación 08001333100420110055601, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 29 de julio de 2021, número único de radicación
17001230000020050113501, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, entre otras.

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manifestando para ello que los actos permanecen ausentes de vicio
alguno, todo lo cual guarda relación directa con la decisión de mérito
que deberá resolverse en la presente providencia.

La Sala, por lo tanto, confirmará la decisión que declaró no probadas
las excepciones propuestas.

V.3.- Problema jurídico

De conformidad con lo esgrimido en los recursos de apelación, la Sala
debe examinar si es cierto que los actos acusados violan las normas
en que debían fundarse y adolecen de falsa motivación, defectos
estos observados por el Tribunal en la sentencia impugnada a partir
de la incorrecta aplicación del artículo 20 de la Ley 336, la
transgresión de las normas que regulan la licitación pública para
adjudicar rutas de servicio público de transporte terrestre colectivo
automotor, y la infracción de los decretos municipales 0246 de 2006,
0128 de 2006 y 0467 de 2009, así como el Decreto 3422 de 2009,
que prohíben el ingreso de vehículos de transporte público por
incremento en el MUNICIPIO DE MANIZALES.

V.4.- Análisis del caso concreto

De todas las normas que se invocan en la demanda como
fundamento de las pretensiones de nulidad, así como en su
contestación, se tienen:

“[…]
• LEY 336

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Artículo 6º. Por actividad transportadora se entiende un conjunto
organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de
personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro,
utilizando uno o varios modos, de conformidad con las
autorizaciones expedidas por las autoridades competentes
basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional.
(…)

Artículo 19. El permiso para la prestación del servicio público
de transporte se otorgará mediante concurso en el que se
garanticen la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre
creación de nuevas empresas, según lo determine la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Cuando el servicio a prestar no esté sujeto a rutas y horarios
predeterminados el permiso se podrá otorgar directamente junto
con la habilitación para operar como empresa de transporte.

Artículo 20. La autoridad competente de transporte podrá
expedir permisos especiales y transitorios para superar
precisas situaciones de alteración del servicio público
ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera
de sus modos, que afecten la prestación del servicio, o para
satisfacer el surgimiento de ocasionales demandas de
transporte.

Superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios
cesarán en su vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a
las condiciones normalmente establecidas o autorizadas, según el
caso.

• DECRETO 170 DE 2001

Artículo 3º. Actividad transportadora. De conformidad con el
artículo 6º de la Ley 336 de 1996, se entiende por actividad
transportadora un conjunto organizado de operaciones tendientes a
ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o
conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos,
de conformidad con las autorizaciones expedidas por las
autoridades competentes, basadas en los reglamentos del
Gobierno Nacional.
(…)

Artículo 24. Prestación del servicio. La prestación de este
servicio público de transporte estará sujeta a la expedición de
un permiso o la celebración de un contrato de concesión o
de operación suscrito por la autoridad competente, como

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resultado de un proceso licitatorio efectuado en las
condiciones establecidas en el presente decreto.

La continuidad de la prestación del servicio en las rutas y frecuencias
autorizadas a las empresas de transporte con licencia de
funcionamiento vigente a la fecha de expedición de este decreto
estará sujeta a la obtención de la habilitación en los términos
establecidos en el artículo 14 de la presente disposición.

Parágrafo. El permiso para prestar el servicio público de
transporte es revocable y obliga a su beneficiario a cumplir
las condiciones establecidas en el acto que las concedió.
(…)

Artículo 26. Licitación pública. La autorización para la
prestación del servicio público de transporte colectivo de
pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital y
municipal en una ruta o sistema de rutas será el resultado
de una licitación pública, en la que se garantice la libre
concurrencia y la iniciativa privada para la creación de nuevas
empresas.

• DECRETO 3422 DE 2009

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto
reglamentar la implementación de los Sistemas Estratégicos de
Transporte Público (SETP) del país, y se aplicará integralmente
en las ciudades que cuenten con cofinanciación de la Nación
y cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente
decreto y el artículo 52 de la Ley 1151 de 2007.
(…)

Artículo 3°. Objetivos de los SETP. Los sistemas estratégicos de
transporte público estarán orientados a lograr una movilidad segura,
equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente
sostenible, en cada una de las ciudades donde se implementen. Para
el logro de estos fines, cumplirán con los siguientes objetivos en el
radio de acción de cada sistema:
(…)
3. Racionalizar la oferta del servicio de transporte público
colectivo.
(…)

Artículo 7°. Adopción del Sistema Estratégico de Transporte
Público. Previo al convenio que se suscribirá entre la Nación y los
entes territoriales que definirá los montos de los aportes al proyecto,
las vigencias fiscales en las cuales deberán realizarse dichos aportes

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y las condiciones de los desembolsos; el Alcalde de la ciudad donde
se implementará el Sistema Estratégico de Transporte Público
(SETP) deberá, mediante acto administrativo adoptar el mismo y
sus respectivos componentes.

A partir de la expedición del acto administrativo de adopción
del SETP, se debe suspender el ingreso de vehículos de
transporte público colectivo por incremento, en las ciudades
donde se implementarán los SETP; así mismo, las
autoridades de transporte competentes deberán congelar la
capacidad transportadora de las empresas con base en las
tarjetas de operación vigente expedida a los vehículos
vinculados.
(…)

Artículo 11. Licitación pública. La autoridad de transporte
competente que no adopte la reorganización del servicio que trata
el artículo anterior, deberá adjudicar el servicio mediante
licitación pública cumpliendo las condiciones señaladas en el
estatuto general de contratación de la administración
pública.

• DECRETO MUNICIPAL 0128 DE 2006

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el ingreso de vehículos por
incremento, para el servicio público colectivo e individual de
pasajeros del Municipio de Manizales, hasta tanto la Secretaría
de Tránsito y Transporte del Municipio de Manizales, o quien
haga sus veces, determine las condiciones técnicas y
operativas en que deba prestarse el servicio para
incrementar el parque automotor público.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solamente podrán ingresar vehículos
de transporte público colectivo e individual de pasajeros al
municipio de Manizales por reposición, lo cual solo podrá
efectuarse con automotores nuevos, entendiéndose como nuevo
aquel que no haya matriculado ante las autoridades de tránsito.

ARTÍCULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

• DECRETO MUNICIPAL 0246 DE 2006

Artículo 7º. Modificación de rutas o servicios. Se modificarán
las rutas y servicios que se encuentren autorizados, según lo
requieran las necesidades de movilización de la ciudad, teniendo en

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cuenta el diseño del sistema de transporte que desarrolla la
Secretaría de Tránsito y Transporte, y considerando la demanda
del servicio que evidencien los estudios técnicos.

Artículo 10. Estudios Técnicos. Todas las medidas que se tomen
dentro del proceso de reestructuración del servicio deberán
fundamentarse en un estudio técnico previamente existente
y documentado que cumpla con los parámetros establecidos
por la normatividad vigente.

Artículo 11. Creación de nuevas rutas o servicios. La
Secretaría de Tránsito y Transporte dará origen a nuevas
rutas o servicios de transporte público colectivo, cuando se
identifiquen necesidades insatisfechas del servicio y los estudios
técnicos demuestren que no resulta viable o conveniente su
atención mediante la reestructuración de rutas o servicios de
transporte existentes. Para tales efectos, la Secretaría de Tránsito y
Transporte establecerá el recorrido de la ruta, condiciones
operativas, frecuencia y capacidad transportadora y las demás
condiciones que encuentre pertinentes.

Artículo 12. Licitación pública. La creación de rutas dará
lugar en todos los casos a convocar la correspondiente
licitación pública, de acuerdo con el procedimiento señalado
en los artículos 28 y siguientes del Decreto 170 de 2001, con
el propósito de seleccionar la empresa de transporte público
terrestre automotor que operará las rutas o servicios
licitados […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

V.4.1.- Del régimen jurídico que rige el servicio público de
transporte

La Sala ha considerado en cuanto al transporte como servicio público,
los siguientes aspectos, que ahora se prohíjan:

“[…] Es bien sabido que conforme a lo preceptuado en los artículos
150, numeral 23 y 365 de la Constitución Política, corresponde al
Congreso de la República regular mediante ley el régimen jurídico
que rige la prestación del servicio público de transporte. En ejercicio
de esta competencia de regulación normativa, el Congreso expidió
las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 que configuran el régimen

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jurídico que rige la operación y prestación del servicio público de
transporte. Sus fundamentos esenciales son los siguientes:

El transporte público es una industria encaminada a
garantizar la movilización de las personas o cosas por medio
de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras
del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación
económica. (Artículo 3º, Ley 105 de 1993).

El transporte público se rige, entre otros, por los siguientes
principios:

La operación del transporte público en Colombia es un
servicio público sometido a la regulación del Estado, que
ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su
adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad
y seguridad. Es deber del Estado evitar que se presenten
prácticas monopolísticas u oligopolísticas que afecten los
intereses de los usuarios (art. 3º, num. 2º ib).

El transporte público debe operar sobre la premisa de la
prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del
servicio y a la protección de los usuarios. (Art. 5º, Ley 336
de 1996).

Como servicio público esencial, el transporte público está
sujeto a la regulación, inspección, control y vigilancia del
Estado. (Artículos 333 y 334 CP).

Con fundamento en los artículos 150-21, 150-23, 334 y 365 de la
Constitución Política sobre intervención del Estado en la economía
y régimen de los servicios públicos, la ley puede facultar al
Ejecutivo para que, con miras a mantener la seguridad,
comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar a los
usuarios del servicio su prestación eficiente, reglamente las
condiciones que deben cumplir quienes aspiren a la
habilitación para prestar el servicio público de transporte o
a los permisos necesarios para el efecto (arts. 2°, 3°, 4° y 5°
de la Ley 336/96)28.

Dentro del marco especial de regulación que le es propio, el servicio
público de transporte se presta, en general, por particulares,
quienes con sujeción a las condiciones que fije el Estado para
garantizar la seguridad, comodidad y accesibilidad (art. 3º Ley 336

28 Corte Constitucional, sentencia C-043 de 1998.

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de 1996), desarrollan su actividad con fundamento en las garantías
constitucionales de la libertad de empresa y de la libre competencia.

La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y
del Sistema de Transporte. (Artículo 2º, Ley 336).

Para estos efectos, en la regulación del transporte público las
autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de
seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles
a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico. (Artículo
3° ídem) […]”29 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Asimismo, lo explicó en otro pronunciamiento:

“[…] Servicio de Transporte

El transporte, entendido como actividad, ha sido concebido
como parte fundamental de la sociedad, no sólo desde la
perspectiva económica sino también desde la arista pública
que emerge cuando se erige un Estado como social de
derecho, orientado a garantizar los conceptos básicos de la
vida en sociedad. Así lo entendió la Corte Constitucional al estudiar
la exequibilidad de algunas disposiciones de las Leyes 105 de 1993
y 336 de 1996 en la sentencia C-066 de 1999; veamos:

“De otro lado, es claro que el transporte juega un papel muy
importante en el desarrollo social y económico y en la realización de
los derechos fundamentales. Así, la libertad de movimiento y
circulación (CP art. 24, Convención Interamericana art. 22, Pacto de
Derechos Civiles y Políticos art. 12) presupone la existencia de
formas y modos de transporte, pues mal podrían las personas
transitar libremente por el territorio nacional, si la sociedad no les
ofrece los medios para hacerlo. En segundo término, la realización
de las actividades económicas y el intercambio de mercancías sólo
son posibles si existen medios idóneos de transporte, que permitan
que los sujetos económicos y los distintos bienes puedan
desplazarse de un lugar a otro. La profundización de la división
social del trabajo y el desarrollo de una libre competencia
presuponen entonces el perfeccionamiento de los medios de
transporte. Finalmente, en la sociedad moderna, la actividad
transportadora implica en general riesgos importantes, por cuanto
los adelantos técnicos permiten que éstos se realicen a velocidades
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único

de radicación 11001-03-24-000-2001-00018-01, consejero ponente Camilo Arciniegas
Andrade.

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importantes, por lo cual resulta indispensable no sólo potenciar la
eficacia de los modos de transporte sino garantizar su seguridad”.

En nuestro ordenamiento el transporte siempre ha gozado
de una especial protección, y ha sido calificado como un
servicio público, cuya planeación, control, regulación y
vigilancia corresponde al Estado, y en esa medida se trata de
una actividad intervenida dados sus efectos en el desarrollo
progresivo de las interacciones de la vida moderna y el
significativo progreso social resultante del crecimiento
económico que promueve y dinamiza.

En sentencia de 16 de agosto de 2007 la Sala reiteró:

“La actividad misma del transporte constituye un servicio
público, que ha de prestarse en forma permanente, regular
y continua, dada la función económica que con ella se
cumple y, además, por cuanto resulta indispensable para el
desarrollo de las demás actividades de los usuarios, tanto si
se trata del desplazamiento de mercancías de un lugar a
otro, como en el transporte de pasajeros”30.

Siendo ello así, no cabe duda alguna de que, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 150, numeral 23 de la Constitución Política,
corresponde al Congreso la expedición de la ley para regular la
prestación de ese servicio público, atribución que, además,
corresponde al legislador en ejercicio de la potestad de “expedir
códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus
disposiciones”31. Como consecuencia de ello se profirieron las Leyes
105 de 1993 y 336 de 1996, en las cuales se definieron los modos
y los medios en que éste se preste, las condiciones generales para
el otorgamiento de las rutas y horarios, los requisitos mínimos de
seguridad para los usuarios, la determinación de quiénes han de
ejercer la autoridad de transporte, la necesaria coordinación de las
autoridades nacionales con las autoridades locales para el efecto,
entre otros aspectos, todos dirigidos a permitir la movilización de las
personas o cosas a través de vehículos en condiciones de libertad,
acceso, calidad32, al amparo de un orden de prioridad que comienza
por garantizar la seguridad de los usuarios33, así como la comodidad
y accesibilidad34.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único

de radicación 11001-03-24-000-2004-00231-01, consejero ponente Marco Antonio Velilla
Moreno.
31 Artículo 150, numeral 2º, Constitución Política.
32 Artículo 3º de la Ley 105 de 1993.
33 Artículo 2º de la Ley 336 de 1996.
34 Artículo 3º ibidem.

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41

Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

Así pues, y en aras de acatar las órdenes que allí impartió el
Legislador, además de la contenida en el numeral 11 del artículo
189 Superior, se previó que la reglamentación de cada modo de
transporte quedara en manos del Gobierno Nacional (…)

En vista de lo anterior, el Presidente de la República junto al
Ministro de Transporte expidió el Decreto 171 de 2001, que
interesa al caso, en el cual se elaboró todo un desarrollo del
régimen aplicable a la habilitación de las empresas
interesadas en prestar el servicio público de transporte
terrestre automotor de pasajeros por carretera35.

Definió el mencionado servicio como “aquel que se presta
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
legalmente constituida y debidamente habilitada en esta
modalidad, a través de un contrato celebrado entre la
empresa y cada una de las personas que han de utilizar el
vehículo de servicio público al que está vinculado, para su
traslado en una ruta legalmente autorizada”36.

También se ocupó de clasificar este modo de transporte
(regulado, ocasional, básico, de lujo o preferencial de
lujo)37, de definir las autoridades competentes38 y de
determinar la manera y trámite en que las empresas
interesadas participarían en la actividad39.

En lo atinente al procedimiento para adjudicación de rutas y horarios
en los niveles de servicio básico y de lujo, indicó que debía
determinarse la necesidad de movilización para luego proceder a la
apertura de una licitación cuyos términos de referencia
establecerían, entre otros aspectos, los relativos a las rutas y
horarios a servir40. Así mismo, previó el término máximo de
adjudicación en cinco (5) años, con oportunidad de prórroga por una
sola vez por el término inicialmente concedido41.

Dentro de los aspectos generales reglamentó, además, las
siguientes vicisitudes a las cuales pueden verse abocadas
las empresas que se encuentren prestando tal servicio:
solicitud de prolongación de rutas42, modificación de rutas43,

35 Artículo 1º.
36 Artículo 6º del Decreto 171 de 2001.
37 Capítulo III ibidem.
38 Capítulo IV ibidem.
39 Artículos 11 a 21 ibidem.
40 Artículo 29 ibidem.
41 Artículos 26 y 29 ibidem.
42 Artículo 35 ibidem.
43 Artículo 36 ibidem.

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42

Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

cambio de nivel del servicio44, empalmes de rutas45,
convenios de colaboración empresarial, y por supuesto, la
reestructuración de horarios46, etc. Como puede observarse,
todos esos supuestos se encuentran reguladas bajo un
escenario claro que supone que las empresas que eleven
una solicitud en cualquiera de esos sentidos tienen
previamente autorizada una ruta para la prestación del
servicio público de transporte terrestre de pasajeros con
horarios y frecuencias establecidas. […]”47 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Y, con relación a los elementos y requisitos que rodean el acceso
como prestador de dicho servicio público, se determinó que:

“[…] De acuerdo con las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, la Sala
encuentra que la prestación del servicio público de transporte, se
encuentra sometida a los siguientes presupuestos: i) la
habilitación y, ii) a la expedición de un permiso, que se
otorgará en todo caso mediante concurso, o a la celebración
de un contrato de concesión u operación, adjudicado por
licitación pública, llamando la atención que tal y como lo
prevé el artículo 21 de la Ley 336 de 1996, esta licitación
estará sometida a los procedimientos y las condiciones
señaladas en el estatuto general de contratación de la
administración pública, contenidos en la Ley 80 de 1993.

Igualmente, otro aspecto a destacar es el consignado en el inciso 2º
del artículo 19 de la Ley 336 de 1996, que prevé el otorgamiento
directo del permiso y la habilitación para operar la prestación del
servicio público de transporte, siempre y cuando no esté sujeto a
rutas y horarios. Resulta de suma importancia esta preceptiva,
como quiera que la interpretación que le da la Sala es que, en
vigencia del Estatuto Nacional de Transporte, la regla
general es el concurso para obtener el permiso para la
prestación del servicio público y la excepción, es la
adjudicación directa, la cual como lo dispone la norma
analizada, sólo opera en caso excepcional y es cuando el
permiso a otorgar no está sujeto a ruta y horario.
(…)

44 Artículo 38 ibidem.
45 Artículo 40 ibidem.
46 Artículo 37 ibidem.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de agosto de 2018, número único de radicación 11001 0324 000 2010 00198 00,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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43

Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

No cabe duda que, de acuerdo con la norma transcrita, el Gobierno
estableció para la regulación de la prestación del servicio público de
transporte, un proceso licitatorio propio o autónomo en el
Decreto 170 de 2001, cuya definición de licitación pública, la
apertura de la licitación, la evaluación de las propuestas y el
trámite como tal para la adjudicación de rutas, se encuentra
consignado en los artículos 26, 28, 29 y 30 ídem […]”48
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

A partir de lo anterior se tiene entonces que por actividad
transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones
tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o
conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos,
de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades
competentes basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional.

Que el carácter de servicio público esencial, bajo la regulación del
Estado, que la ley le otorga a la operación de las empresas de
transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el
particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación
del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos
y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

En ese sentido, el Estado ejercerá el control y la vigilancia necesarios
para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad
y seguridad, por lo que es deber del Estado evitar que se presenten
prácticas monopolísticas u oligopolísticas que afecten los intereses
de la comunidad. La actividad misma del transporte constituye un
servicio público, que ha de prestarse en forma permanente, regular
y continua, dada la función económica que con ella se cumple y,

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

19 de mayo de 2016, número único de radicación 17001-23-31-000-2003-00719-01,
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

además, por cuanto resulta indispensable para el desarrollo de las
demás actividades de los usuarios, tanto si se trata del
desplazamiento de mercancías de un lugar a otro, como en el
transporte de pasajeros.

El reglamento se ocupa de organizar, en un alto nivel de detalle e
incidencia, aspectos como solicitud de prolongación de rutas,
modificación de rutas, cambio de nivel del servicio, empalmes de
rutas, convenios de colaboración empresarial y, por supuesto, la
reestructuración de horarios, rutas, etc. Como puede observarse,
todos esos supuestos se encuentran reguladas bajo un escenario
claro que supone que las empresas que eleven una solicitud en
cualquiera de esos sentidos tienen previamente autorizada una ruta
para la prestación del servicio público de transporte terrestre de
pasajeros con horarios y frecuencias establecidas.

De conformidad con las leyes 105 y 336, la Sala encuentra que la
prestación del servicio público de transporte se encuentra sometida
a presupuestos como la habilitación y a la expedición de un permiso
que se otorgará mediante concurso, o a la celebración de un contrato
de concesión u operación, adjudicado por licitación pública. En
efecto, en vigencia del Estatuto Nacional de Transporte, la regla
general es el concurso para obtener el permiso para la prestación del
servicio público y la excepción, es la adjudicación directa en caso
excepcional, cuando el permiso a otorgar no está sujeto a ruta y
horario.

V.4.2.- Análisis de legalidad de la Resolución núm. 012 de 4
de marzo de 2010

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Actora: SOCOBUSES S.A.

A partir del acervo probatorio que reposa en el expediente, la Sala
pudo determinar que la expedición de los actos acusados giró en
torno, exclusivamente, a un común denominador: la medida cautelar
de 3 de marzo de 201049, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Manizales dentro del proceso de acción
popular instaurado por los ciudadanos Francisco Javier González
Sánchez y Milton César Jiménez Ramírez contra los municipios de
Manizales y Villamaría (Caldas), y la empresa TIM S.A., por la
supuesta vulneración de los derechos colectivos al patrimonio
público, movilidad ciudadana, moralidad administrativa, libertad de
empresa y contratación, y libre competencia económica. En medio
de los extensos relatos y argumentaciones difundidas por las partes,
aquel surge como el hito judicial que encarna el punto de partida
imprescindible en el análisis del caso concreto.

En dicha providencia se dejó constancia de que el Juez popular, en la
misma fecha se había constituido en audiencia pública especial con
el fin de elaborar el pacto de cumplimiento pero que ante la
inasistencia del alcalde municipal de Villamaría (Caldas), en virtud de
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199850,
decidió declararlo fallido y continuar con las etapas siguientes del
proceso. Es entonces en ese momento que profiere el auto núm. 207
de 3 de marzo de 2010 mediante el cual decretó las pruebas
solicitadas por las partes, así como las de oficio y, por último, ordenó
la referida medida cautelar.

49 Folios 2 a 6, cuaderno núm. 6.
50 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones
[…]”.

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

Para ello, luego de acudir a lo establecido en el artículo 25 de la Ley
47251, determinó lo siguiente:

“[…] Conforme a lo expuesto y dado que es notorio en la ciudad
de Manizales, que la entrada en funcionamiento del Sistema
Estratégico de Transporte ha causado, y es previsible que en
el inmediato futuro siga causando, un daño inminente a la
colectividad, relacionado con el derecho colectivo descrito
en el literal j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 (el acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna), el Despacho considera necesario ordenar como medida
cautelar la prevista en el literal a) del artículo 25 ya citado, que
faculta al juez popular para ordenar la inmediata cesación
de las actividades que puedan originar el daño.

En ese sentido, se dispone que los señores alcaldes de
Manizales y Villamaría y el representante legal de la empresa TIM
S.A., dentro de los ámbitos de sus competencias, profieran
los actos necesarios con los cuales restablezcan en forma
inmediata las rutas de transporte urbano de pasajeros, en la
ciudad de Manizales y su área de influencia, conforme venían
funcionando antes de la entrada en operación del Sistema

51 “[…] Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en
cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar,
debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño
inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las
siguientes:

a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo
hayan causado o lo sigan ocasionando;

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente
perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de
las anteriores medidas previas;

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los
estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medias urgentes a tomar
para mitigarlo.

Parágrafo 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del
proceso.

Parágrafo 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una
autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la
acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es
inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad
amenazada, a costa del demandado […]”.

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

Estratégico de Transporte; dispongan la suspensión de la venta
de tarjetas TIM, e implementen un sistema de pago de tarifas por
el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, en forma temporal,
que posibilite a toda la ciudadanía el acceso al servicio en mención,
permitiendo que quienes hubieran adquirido la tarjeta de pagos TIM,
la sigan utilizando hasta agotar los saldos que en ella se tengan, y
que quienes no la poseen aún, puedan acceder al servicio sin
imponérseles la obligación de adquirirla.

Se advierte por el Despacho que tales medidas cautelares
podrán ser levantadas en el momento que las autoridades
accionadas demuestren que la operatividad del sistema
estratégico de transporte se encuentre en condiciones de
garantizar, óptimamente, una prestación adecuada del
servicio, o hasta que se defina mediante sentencia
ejecutoriada la presente acción popular.

Así mismo, el MUNICIPIO DE MANIZALES deberá remitir copia a
este Despacho de todas las actuaciones que se adopten en
cumplimiento de la medida decretada el 4 de marzo de 2010, así
mismo deben remitir copia de las actuaciones que se adopten hacia
el futuro para la implementación del sistema (…)

Todas las actuaciones adoptadas quedan notificadas por estrados
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De esta orden judicial se logra extraer, en lo que concierne al asunto
bajo examen, que (i) se justificó en que la entrada en
funcionamiento del SETP había causado, y era previsible que siguiera
causando, un daño inminente a la colectividad del MUNICIPIO DE
MANIZALES, materializado en la transgresión del derecho colectivo
al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna; (ii) dispuso que el alcalde del MUNICIPIO DE
MANIZALES, dentro del ámbito de sus competencias, expidiera los
actos necesarios con los cuales restableciera en forma inmediata las
rutas de transporte urbano de pasajeros, en su jurisdicción y su área
de influencia, conforme venían funcionando antes de la entrada en
operación del SETP; (iii) advirtió que tales medidas cautelares serían
levantadas en el momento que el MUNICIPIO DE MANIZALES

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
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demostrara que la operatividad del SETP se encuentra en condiciones
de garantizar, óptimamente, una prestación adecuada del servicio o
hasta que se profiriera sentencia ejecutoriada en esa acción popular;
y (iv) exigió que el MUNICIPIO DE MANIZALES le remitiera copia
de todas las actuaciones que adoptara en cumplimiento de la medida
decretada, así como de las actuaciones que se adopten hacia el futuro
para la implementación del SETP.

Se observa cómo el Juez Primero Administrativo de Manizales
identificó serios inconvenientes en el inicio del funcionamiento del
SETP en ese municipio, problemas que atentaban e iban a seguir
atentando, -en los términos de la citada providencia-, contra el
derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su
prestación fuese eficiente y oportuna, por lo cual se animó a
implementar la medida cautelar, todo ello alrededor de la necesidad
de volver las cosas al estado anterior a la implementación de dicho
sistema de transporte público mientras se optimizaba su prestación
y cesaba la citada vulneración, o hubiese un pronunciamiento de
fondo en el marco de la acción constitucional.

En ese contexto, la orden que debía cumplir el MUNICIPIO DE
MANIZALES era la de expedir todos aquellos actos administrativos
requeridos para reinstaurar, inmediatamente, las rutas de transporte
urbano de pasajeros tradicionales que venían operando en la ciudad,
por lo que, en ejecución de tal instrucción, expidió primero la
Resolución núm. 011 de 4 de marzo de 2010, por medio de la cual
suspendió la reestructuración oficiosa de rutas que se había
implementado mediante otros actos administrativos dentro del SETP

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
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y, como consecuencia de ello, dispuso la operación de las rutas que
se encontraban antes de dicha reestructuración.

A renglón seguido, expidió la demandada Resolución núm. 012 de
4 de marzo de 2010, a través de la cual otorgó permiso provisional
y transitorio a la empresa AUTOLEGAL S.A. para servir una ruta
temporal, a la que le fijó sus características, frecuencia, recorrido,
horarios e intervalos, bajo la necesidad de garantizar que la personas
que habitaban en la comuna Ciudadela del Norte pudieran llegar a la
zona franca ubicada en el sector Maltería y aledaños, y precisó, allí
mismo, que el acto perdería su vigencia una vez la reestructuración
suspendida operara dentro del SETP de Manizales o hasta que el juez
constitucional determinara la operatividad de la reestructuración,
esto es en los mismos términos ordenados por el Juez popular en el
auto núm. 207 de 3 de marzo de 2010.

Debe resaltarse que un antecedente jurídico inmediato a ese acto,
de suma trascendencia para las resultas del caso bajo estudio, lo
constituye la Resolución núm. 151 de 10 de noviembre de 2009 52,
expedida por el MUNICIPIO DE MANIZALES, por medio de la cual
reestructuró de manera oficiosa la ruta de transporte público
identificada como “RUTA 24 MANIZALES-BARRIO ARANJUEZ-
MANIZALES” - que había sido autorizada con la Resolución núm. 017
de 1989 a la empresa AUTOLEGAL S.A.-, de conformidad con lo
previsto en el artículo 34 del Decreto 170 de 200353 y en el Decreto
municipal 0246 de 2006, modificado por el Decreto municipal 467 de

52 Folios 170 a 173.
53 “[…] Articulo 34. Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en

cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar
oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones
normales de demanda […]”.

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2009, sobre criterios y parámetros generales para la reorganización
del transporte público colectivo, así como con base en un estudio
técnico que contiene todas las recomendaciones y aspectos a
implementar para la reestructuración de las rutas que operarán
dentro del SETP.

Así las cosas, la mencionada reestructuración de la ‘Ruta 24’ por la
‘Ruta 40’, operada por la empresa AUTOLEGAL S.A., quedó
suspendida como consecuencia de la orden contenida en la medida
cautelar decretada por el Juez de la acción popular, así como por
efecto de la decisión administrativa adoptada por el propio
MUNICIPIO DE MANIZALES en la Resolución núm. 011 de 4 de
marzo de 2010, en tanto que aquella obedecía a la necesidad de
implementar un sistema de transporte interrumpido en sede judicial.

No obstante, una vez cotejada la Resolución núm. 151 de 10 de
noviembre de 2009 con la Resolución núm. 012 de 4 de marzo
de 2010, queda en evidencia que pese a la orden contenida tanto
en la medida cautelar decretada por el juez de la acción popular como
en la decisión administrativa adoptada por el propio MUNICIPIO DE
MANIZALES, ésta reprodujo íntegramente aquella, es decir que en
la práctica lo que hizo fue reactivar el funcionamiento de la
suspendida “RUTA 40 BARRIO SAN SEBASTIÁN-BARRIO FÁTIMA-
SECTOR ZONA FRANCA-CIRCULAR” (antes ‘Ruta 24’ “MANIZALES-
BARRIO ARANJUEZ-MANIZALES), con la misma clase de vehículos,
modalidad, horario, capacidad transportadora, intervalo de
despacho, horas pico y valle, entre otros.

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Actora: SOCOBUSES S.A.

Si bien en estricto sentido no se trató de la autorización de una nueva
ruta, la resolución demandada sí volvió a activar un trayecto circular
suspendido que había sido diagnosticado, estudiado, creado y puesto
en ejecución como parte del plan de reestructuración de rutas para
la entrada en vigor del SETP, objeto ahora de paralización.

En el marco de este escenario notoriamente contradictorio, la
ALCALDÍA DE MANIZALES pasó por alto, con la Resolución núm.
012 de 4 de marzo de 2010, el debido cumplimiento de la medida
cautelar proferida por el Juez Primero Administrativo del Circuito de
Manizales, obviando que, en el fondo, lo que se buscaba con esta era
volver a las rutas tradicionales que estaban operando antes de la
entrada en funcionamiento del SETP y la reestructuración que llevó
consigo; y que en este caso equivalía a rehabilitar la “RUTA 24
MANIZALES-BARRIO ARANJUEZ-MANIZALES”, autorizada a la
empresa AUTOLEGAL S.A. por medio de la Resolución núm. 017 de
1989.

V.4.2.1.- El Tribunal consideró como fundamento de la nulidad de
dicho acto acusado que lejos de tratarse de una demanda ocasional
y transitoria, la existencia de una ruta de transporte público que
conectara a los habitantes de la comuna Ciudadela del Norte con el
sector industrial de Maltería, ha sido una necesidad detectada y
diagnosticada desde el año 2009, a propósito de los estudios técnicos
para expedir la Resolución núm. 151 de 10 de noviembre de 2009,
con vocación de permanencia, tanto así que las condiciones técnicas,
recorrido, frecuencia de despacho, capacidad transportadora y
empresa beneficiaria, guardan plena identidad con los de la
Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010, por lo que al no

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cumplirse con los presupuestos del artículo 20 de la Ley 336, se
configuraron los vicios de vulneración de normas en que debía
fundarse y falsa motivación.

La referida disposición prevé:

“[…] Artículo 20.- La autoridad competente de transporte podrá
expedir permisos especiales y transitorios para superar precisas
situaciones de alteración del servicio público ocasionadas por una
empresa de transporte en cualquiera de sus modos, que afecten la
prestación del servicio, o para satisfacer el surgimiento de
ocasionales demandas de transporte.

Superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios
cesarán en su vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a
las condiciones normalmente establecidas o autorizadas, según el
caso […]”.

Respecto de su incidencia, esta Sección ha explicado que:

“[…] Por su parte, la Ley 336 de 1996 en su artículo 20,
permite, en aras de garantizar la continua prestación del
servicio público, que se expidan permisos especiales y
transitorios para superar precisas situaciones de alteración
del servicio público ocasionadas por una empresa de
transporte en cualquiera de sus modos, que afecten la
prestación del servicio, o para satisfacer el surgimiento de
ocasionales demandas de transporte.

Superadas las situaciones mencionadas, los permisos
transitorios cesarán en su vigencia y la prestación del
servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente
establecidas o autorizadas, esto es, el agotamiento del
concurso o licitación pública.
(…)

Las leyes 105 y 336 claramente disponen que es necesario en todo
momento para que puedan asignarse las rutas, una licitación o
concurso, salvo cuando existe abandono de ellas.

La adjudicación de una ruta puede ser revocada por el abandono de
la misma y por el interés de garantizar el cumplimiento de los fines
estatales, entre ellos, la continua prestación del servicio público de

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
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transporte, pero previa observancia de las formalidades creadas en
la misma Ley y asignada de manera temporal, por medio de los
permisos transitorios, como lo permite el artículo 20 de la
Ley 336 de 1996, en tanto se surte el trámite de concurso o
licitación pública.

Según el inciso segundo de esta norma, una vez superadas
las situaciones mencionadas, los permisos transitorios
cesarán en su vigencia y la prestación del servicio quedará
sujeta a las condiciones normalmente establecidas o
autorizadas, según el caso.

La Sala considera que cuando la ruta ha sido abandonada puede
generar un traumatismo en la prestación del servicio público de
transporte, razón por la cual es posible aplicar el artículo 20 de la
Ley 336 de 1996 […]”54 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La resolución demandada, en efecto, invocó el artículo 20 de la Ley
336 y, en los términos de la apelación, ello fue así porque la ruta que
se había reestructurado regresaba a su estado original, llevando a
que múltiples sectores de la ciudad se quedaran sin servicio hasta el
sector de la Comuna Tesorito, sector industrial hacia donde se dirige
la población obrera de la ciudad, por lo que decidió otorgar el permiso
provisional a AUTOLEGAL S.A. como empresa que venía operando
la ruta producto de la reestructuración suspendida.

Estas razones, si bien pueden llamar la atención por su aparente
connotación pública, no encajan en los eventos que específicamente
vienen dispuestos en la citada norma, habida cuenta que el
otorgamiento provisional de la ruta en la Resolución núm. 012 de
4 de marzo de 2010 no atendió a una alteración del servicio público
ocasionado por una empresa de transporte ni satisfizo el surgimiento
de ocasionales demandas de transporte.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

2 de abril de 2009, número único de radicación 11001-03-24-000-2003-00132-01,
consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

Esto es, todo lo contrario: la ruta que fue reproducida en el acto
acusado representa la reestructuración introducida para la puesta en
marcha del SETP y encarna en sí misma aquellas circunstancias que
causaban, y era previsible que siguieran causando, un daño
inminente a la colectividad, tal cual fue dictaminado en la medida
cautelar de la acción popular ante la transgresión del derecho
colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna. La sustracción temporal de ese tipo de rutas,
por lo tanto, llevaba implícita la prohibición de seguir empleándolas
para satisfacer, a su vez, demandas de transporte al margen de que
fuesen ocasionales, permanentes o de cualquier otra clase.

La solución, con sustento en las evidencias que reposan en el
proceso, no pasaba por insistir en la ‘Ruta 40’ implementada por la
Resolución núm. 151 de 10 de noviembre de 2009, -lo que
erráticamente hizo la Resolución núm. 012 de 4 de marzo de
2010-, sino que el MUNICIPIO DE MANIZALES tenía que haber
acudido, como atrás se pudo advertir, a las alternativas y variables
que le ofreciera la tradicional “RUTA 24 MANIZALES-BARRIO
ARANJUEZ-MANIZALES”, operada por la misma empresa
AUTOLEGAL S.A. desde la Resolución núm. 017 de 1989 y hasta la
vigencia de la medida cautelar.

Aun así, si se aceptara la hipótesis de la parte demandada según la
cual la medida cautelar fue el hecho que causó una demanda
ocasional del servicio de transporte que debía ser satisfecha, la
decisión provisional se vició al disponer, irregularmente, la
continuidad de una ruta reestructurada que permanecía suspendida
junto con las demás que componían el SETP, lo cual evidencia un

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

acto deliberado para evadir el retorno de las rutas tradicionales
mediante la permanencia de la operación de la ‘Ruta 40’.

Al constatarse que la Resolución núm. 012 de 4 de marzo de
2010, en efecto, vulneró las normas en que debía fundarse y adolece
de falsa motivación, la Sala procederá a confirmar la decisión del a
quo en el sentido de declarar su nulidad.

Cabe resaltar que en el citado proceso de acción popular el 12 de
diciembre de 2013 se profirió sentencia, mediante la cual el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Manizales declaró vulnerados
los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa
del patrimonio público por parte de los municipios de Manizales y
Villamaría (Caldas) y la Empresa de Transporte Integrado de
Manizales TIM S.A. y, en consecuencia, declaró no probadas las
excepciones propuestas55.

55 Concluyó que se vulneró la moralidad administrativa y el patrimonio público, puesto que

se realizaron estudios técnicos y económicos por parte de TIM S.A. e INFOMANIZALES al
margen de fundamentos jurídicos o contractuales, inclusive, si se considera que no se
delimitaron las funciones, obligaciones y facultades con las cuales TIM S.A. entraría como
gestor del SETP. Consideró el juzgado que esta falta de planeación de la etapa contractual,
junto con la premura en poner en funcionamiento el sistema, contribuyó para que
INFOMANIZALES firmara leasing con la fiduciaria BBVA, para la importación de los equipos
necesarios, sin que se analizara la propuesta económica de este. Sin siquiera haber realizado
un estudio de mercado. En últimas, advirtió que TIM S.A. asumió la obligación del leasing,
lo que originó que se modificará en varias oportunidades el sistema tarifaría. A su juicio, lo
anterior evidencia que TIM SA y el municipio de Manizales vulneraron el principio de
selección objetiva, pues acudieron a la contratación directa, existía la obligación de efectuar
un proceso de selección que respondiera a criterios objetivos, en concordancia con los
principios que rigen la función administrativa. Estas circunstancias, advirtió, una clara
vulneración al derecho colectivo al patrimonio público y a la moralidad administrativa, en
especial porque las demandadas no se acogieron a los requerimientos del Departamento de
Planeación Nacional, contenidos en el oficio del 29 de noviembre del 2001, en donde se
advertían problemas en la estructuración del SETP en Manizales. Resaltó el Juzgado que
SUSUERTE SA, operador al que se le concesionó el recaudo, distribución, venta y recarga
de las TICS2, no podía ejecutar el objeto contractual dada su naturaleza de establecimiento
de chance y azar, y por lo mismo, los menores de edad no podían acceder. Señaló
igualmente múltiples errores en los puntos de venta y recarga de tarjetas. El juzgado no
accedió a disponer que las empresas de transporte comercialicen las tarjetas, toda vez que
el recaudo centralizado está ordenado por la norma nacional que regula los SETP en el país.
Finalmente, el Juzgado resolvió no levantar la medida cautelar hasta que no se garanticen

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Actora: SOCOBUSES S.A.

Esta decisión fue confirmada a través de sentencia de 30 de julio de
2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
la cual revocó el ordinal quinto de la providencia apelada y, en su
lugar, levantó la medida cautelar decretada en el curso de la primera
instancia. En lo demás, confirmó la sentencia de 12 de diciembre de
2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Manizales.

Finalmente, con auto de 7 de diciembre de 2017, esta Corporación
resolvió no seleccionar para revisión la sentencia de 30 de julio de
201556.

V.4.2.2.- Como segundo aspecto, el Tribunal sostuvo que,
estructurada como estaba la necesidad insatisfecha y definitiva del
servicio de transporte en el trayecto de la ruta “BARRIO SAN
SEBASTIÁN-BARRIO FÁTIMA-SECTOR ZONA FRANCA-CIRCULAR”,
haberlo sometido a un concurso o proceso licitatorio como lo exige la
ley, habría permitido ofrecerle a la ciudadanía mejores y más
objetivas condiciones de prestación de ese servicio.

Las normas que regulan el asunto, tal como fueron citadas in
extenso, establecen que el permiso para la prestación del servicio
público de transporte se otorgará mediante concurso en el que se
garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre creación
de nuevas empresas, según lo determine la reglamentación que

las condiciones de accesibilidad de toda la comunidad al SETP de Manizales y Villamaría.
(Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 7
de diciembre de 2017, número único de radicación (AP) 17001-33-31-001-2009-00111-01,
consejera ponente Stella Conto Díaz del Castillo).
56 Cit. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de

7 de diciembre de 2017, número único de radicación (AP) 17001-33-31-001-2009-00111-
01, consejera ponente Stella Conto Díaz del Castillo.

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

expida al Gobierno Nacional. A su vez, que cuando el servicio a
prestar no esté sujeto a rutas y horarios predeterminados, el permiso
se podrá otorgar directamente junto con la habilitación para operar
como empresa de transporte, evento este último que no corresponde
con el caso sub iudice, toda vez que aquellos sí están predefinidos.

Para estos efectos, deberá expedirse un permiso o celebrarse un
contrato de concesión o de operación suscrito por la autoridad
competente, como resultado de un proceso licitatorio efectuado en
las condiciones establecidas en el Decreto 170 de 2001. En el caso
de la autorización para la prestación del servicio público de transporte
colectivo de pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital y
municipal en una ruta o sistema de rutas, será el resultado de una
licitación pública, en la que se garantice la libre concurrencia y la
iniciativa privada para la creación de nuevas empresas.

En este sentido, el Decreto municipal 0246 de 2006 determinó que
la Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE
MANIZALES crearía nuevas rutas o servicios de transporte público
colectivo, cuando se identifiquen necesidades insatisfechas del
servicio y los estudios técnicos demuestren que no resulta viable o
conveniente su atención mediante la reestructuración de rutas o
servicios de transporte existentes. Para ello, esa Dependencia
establecerá el recorrido de la ruta, condiciones operativas, frecuencia
y capacidad transportadora y las demás formalidades que encuentre
pertinentes, así como la convocatoria de la correspondiente licitación
pública.

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Actora: SOCOBUSES S.A.

Bajo estas disposiciones, y a partir de los eventos acaecidos en el
caso concreto, se observa que para dar cumplimiento a la medida
cautelar del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales
no se requería el adelantamiento de la referida licitación pública, por
cuanto la orden consistía en volver a la implementación de las rutas
tradicionales de transporte público que venían operando desde antes
de la entrada en funcionamiento del SETP, circunstancia que se
opone a la creación de nuevas rutas.

Aun así, la actuación desplegada por el MUNICIPIO DE
MANIZALES, a través de la Resolución núm. 012 de 4 de marzo
de 2010, no creó una nueva ruta sino que reprodujo la operación de
la reestructurada ‘Ruta 40’, circunstancia que también la exoneraba
de tal requisito en los términos del artículo 11 del Decreto municipal
246 de 2006. A su vez, el carácter transitorio y provisional de la
decisión adoptada en el acto censurado, que no permanente, impedía
la realización de un proceso licitatorio cuyo objeto es escoger un
prestador del servicio de transporte durante un lapso racional y
ecuánime no superior a cinco (5) años.

De lo anterior, la Sala concluye que, contrario a lo manifestado por
la parte actora, así como por el Tribunal, con la expedición de la
Resolución núm. 012 de 4 de marzo de 2010 no se transgredió
la normatividad que prevé la realización de licitaciones públicas para
la adjudicación de rutas de servicio público de transporte terrestre
colectivo de pasajeros.

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Actora: SOCOBUSES S.A.

En cualquier caso, a pesar de la falta de prosperidad de este cargo,
se declarará la nulidad del acto, de conformidad con lo expuesto en
el punto anterior.

V.4.3.- Análisis de legalidad del Decreto municipal 0123 de 15
de abril de 2010

Con posterioridad, el MUNICIPIO DE MANIZALES expidió el
acusado Decreto municipal 0123 de 15 de abril de 2010, por el
cual adiciona su Decreto municipal 0128 de 2006, al considerar
necesario crear una excepción transitoria a la prohibición de ingreso
de vehículos por incremento a la ciudad para, en su lugar, autorizarlo
únicamente cuando la Secretaría de Tránsito y Transporte otorgue
permisos temporales para cubrir necesidades insatisfechas de las
comunidades generadas por la suspensión de la reestructuración de
rutas, como consecuencia de la medida cautelar decretada por el
señor Juez Primero Administrativo del Circuito de Manizales.

A partir de lo anterior, dispuso que esos permisos especiales y
transitorios serán expedidos en la forma establecida en el artículo 20
de la Ley 336, los que permanecerían vigentes hasta tanto el Juez
Primero Administrativo del Circuito de Manizales levante la medida
cautelar decretada el 3 de marzo de 2010.

Para declarar su nulidad, la sentencia apelada consideró que los
efectos de la medida cautelar decretada se circunscribían a la
reorganización de las rutas que hacían parte del SETP, así como a las
denominadas tarjetas TIM S.A. como medio de pago, sin que cobijara
los demás elementos constitutivos de dicho sistema los que

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

permanecieron vigentes. Recalcó que los decretos municipales núms.
0246 de 2006 y 0467 de 2009, así como el Decreto 3422 de 2009,
prohibían el aumento de la capacidad transportadora global del SETP
y suspendían el ingreso de vehículos por incremento, lo que siendo
de obligatorio cumplimiento fue inobservado por el Decreto
municipal 0123 de 15 de abril de 2010 en medio de un intento
de justificación contradictoria con los estudios en que se fundaron los
decretos transgredidos.

La Sala encuentra que, en efecto, la expedición del acto acusado
estaba precedida de ese citado conjunto de disposiciones del orden
municipal que daban cuenta de la sobre oferta de vehículos en el
MUNICIPIO DE MANIZALES, lo que saturaba el servicio y
deterioraba las rutas, debiendo congelarse, por lo tanto, el parque
automotor colectivo (ver consideraciones del Decreto municipal 0128
de 15 de julio de 200657) a través de la suspensión del ingreso de
vehículos por incremento para la prestación del servicio público
colectivo e individual de pasajeros hasta tanto la Secretaría de
Tránsito y Transporte determinara las condiciones técnicas y
operativas en que pudiera llevarse a cabo dicho incremento. Y que
solamente podrían ingresar vehículos de transporte público colectivo
e individual de pasajeros al MUNICIPIO DE MANIZALES por
reposición, lo cual solo podría efectuarse con automotores nuevos,
entendiéndose por nuevo aquél que no hubiera sido matriculado ante
las autoridades de tránsito58.

57 “[…] Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el
servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de
Manizales […]”.
58 “[…] Artículo Primero: Suspender el ingreso de vehículos por incremento para el servicio

público de colectivo individual de pasajeros al municipio de Manizales, hasta tanto la
Secretaría de Tránsito de Transportes del municipio de Manizales, o quien haga sus veces
determine las condiciones técnicas y operativas en el que deba prestarse el servicio para

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También se logra observar que a través del Decreto municipal 0467
de 2009, modificatorio del Decreto municipal 0246 de 2006, el
MUNICIPIO DE MANIZALES, al establecer los criterios para la
reorganización del transporte colectivo, declaró la existencia del
SETPM -Sistema Estratégico de Transporte Público y Multimodal,
artículo primero-, en lugar del SETP59, y determinó que la
modificación, reestructuración o traslado de rutas no podrá implicar
el aumento de la capacidad transportadora global del SETPM60.

En este punto, se recuerda el contenido del decreto demandado que
adiciona el Decreto municipal 0128 de 15 de julio de 2006:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR el siguiente artículo y
parágrafo transitorios al Decreto 0128 de 15 de junio de 2006:

ARTÍCULO TRANSITORIO: La Secretaría de Tránsito y
Transporte podrá autorizar el ingreso de vehículos por
incremento al servicio público colectivo para suplir concretas
demandas insatisfechas de la comunidad, generadas por la
suspensión de la reestructuración de rutas, expedida por la
autoridad de transporte municipal, como consecuencia de la
medida cautelar decretada por el señor Juez Primero
Administrativo del Circuito de Manizales.

PARÁGRAFO: Para efectos del presente artículo la Secretaría de
Tránsito y Transporte expedirá permisos especiales y
transitorios, como se indica en el artículo 20 de la Ley 336

incrementar el parque automotor. Artículo segundo: Solamente podrán ingresar vehículos
de transporte público colectivo e individual de pasajeros al municipio de Manizales por
reposición, lo cual solo podrá efectuarse con automotores nuevos, entendiéndose por nuevo
aquél que no haya sido matriculado ante las autoridades de tránsito. Artículo tercero: El
presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias […]”.
59 “[…] ARTÍCULO SEGUNDO: En adelante, para la aplicación del Decreto 0246 de 2006,

deberá entenderse cuando se refiera a SERVICIO O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO, que se trata del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y
MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES […]”.
60 “[…] ARTÍCULO QUINTO: MODIFICAR el artículo noveno del decreto 0246 de 2006, el

cual quedará así: “ARTÍCULO 9. Modificación de la capacidad transportadora de la
ciudad. La modificación reestructuración o traslado de rutas no podrá implicar en ningún
caso el aumento de la capacidad transportadora global del SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MANIZALES” […]”.

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de 1996, los cuales estarán vigentes solamente hasta tanto
el Juez Primero Administrativo del Circuito de Manizales,
levante la medida cautelar decretada […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Se tiene que a través de este acto se implementó una medida de
ingreso de vehículos por incremento al SETPM del MUNICIPIO DE
MANIZALES: (i) Con el objetivo de suplir concretas demandas
insatisfechas de la comunidad; (ii) generadas por la suspensión de
la reestructuración de rutas decretada por la medida cautelar
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Manizales; (iii) para lo cual, su Secretaría de Tránsito y Transporte
expedirá los permisos especiales y transitorios bajo las reglas del
artículo 20 de la Ley 336, los que estarán vigentes hasta que dicho
Juzgado levante la medida cautelar en mención.

En este sentido, si bien el acto estaba destinado a conjurar las
necesidades de transporte público colectivo que llegaren a generarse
con ocasión del cumplimiento de la referida medida cautelar, lo cual
es, como ya se mencionó por la Sala, un evento con posibilidad de
ocurrir, tal cual acontece con decisiones judiciales de este tipo que
podrían causar efectos colaterales, lo cierto es que la expedición de
los permisos especiales y transitorios que prevé el artículo 20 de la
Ley 336 no está eximida de atender, en este caso concreto, las
prohibiciones que en la materia fueron establecidas en los decretos
municipales 0128 y 0246 de 2006, menos aún porque el
MUNICIPIO DE MANIZALES no sustentó la existencia de las
condiciones técnicas y operativas en el que debía prestarse el servicio
para incrementar el parque automotor ni observó que aquello solo
podía ocurrir mediante el sistema de reposición de vehículos en uso
por nuevos.

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Actora: SOCOBUSES S.A.

Durante la época de expedición del acusado, Decreto municipal
0123 de 15 de abril de 2010, la situación del servicio público de
transporte en el MUNICIPIO DE MANIZALES, tal como se tuvo la
oportunidad de describir, tenía la particularidad de haber avanzado
hacia la adopción del modelo de SETPM. En ese contexto especial, si
bien la medida cautelar de 3 de marzo de 2010 dispuso que se
expidieran los actos necesarios con los cuales se restableciera en
forma inmediata las rutas de transporte urbano de pasajeros
conforme venían funcionando antes de la entrada en operación del
SETP, lo cierto es que con ello, si bien se suspendió y condicionó su
entrada en funcionamiento, no se alteró la adopción que del mismo
se hizo con el Decreto municipal 0467 de 2009, en concordancia con
el Decreto municipal 0128 de 206, ni se afectaron sus componentes,
modelos, esquemas, recursos y elementos, entre ellos el que impide
el ingreso de vehículos de transporte público por incremento, como
una medida que propugna por la reorganización del parque
automotor e impide su crecimiento anormal y anárquico, en
consonancia con los principios rectores del transporte público61.

Para la Sala, tanto los elementos probatorios como la normatividad
que regula el asunto le permiten llegar a la convicción de que los
actos que debía expedir para reactivar el sistema de transporte
tradicional, en acatamiento de la orden judicial, tenían que brindar
soluciones con el volumen de vehículos que tenía disponible para ese
momento, sin disponer incremento alguno a dicho parque automotor,
-salvo que se probara la presencia de las condiciones técnicas y
operativas en el que debía prestarse el servicio para hacerlo-,
quedando así en evidencia que el Decreto municipal 0123 de 15

61 Artículos 2º y 3º de la Ley 105.

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de abril de 2010 excedió las facultades que le brindaban las
referidas normas.

Respecto de la eventual transgresión de las disposiciones del Decreto
3422 de 2009, expedido por el Gobierno Nacional, la Sala reitera las
consideraciones que fueron expuestas en sus recientes sentencias de
9 de febrero y 10 de agosto de 2023, referidas a que dicho compendio
no es aplicable al MUNICIPIO DE MANIZALES para la época de la
expedición del acto acusado, por cuando no se agotó el requisito de
la cofinanciación de la Nación para su implementación, así:

“[…] Como puede verse, el artículo 1° del Decreto 3422 de 2009
establece una condición esencial para su aplicación integral, en
determinados municipios cual es, que estos cuenten con la
cofinanciación de la Nación para la implementación del
SETP, condición que, para el momento de la expedición de
los actos acusados, el Municipio de Manizales no cumplía,
pues para entonces dicha cofinanciación de la Nación aún no
se había dado. Y es por ello por lo que los actos acusados
expedidos con ocasión del sistema de transporte existente
en ese entonces en dicha ciudad, no tienen como
fundamento legal el Decreto 3422 de 2009, el cual solo sería
de obligatoria aplicación una vez contara con el respectivo
aval del Conpes.
(…)
En consonancia con lo citado, consta en el expediente copia del oficio
núm. GEINF-20102840672931 de 27 de septiembre de 201062,

62 Folios 744 a 746, cuaderno núm. 1A: “[…] El municipio de Manizales no ha recibido
recursos pro parte de la Nación para la implementación y puesta en marcha del Sistema
Estratégico de Transporte Público de Manizales (…) Teniendo en cuenta las conclusiones de
este estudio, el DNP recomendó al municipio que se hiciera una revisión de las rutas
reestructuradas y de los costos del sistema, sin embargo esta recomendación no fue
atendida (…) En el año 2008 el municipio llevó a cabo la contratación del sistema de recaudo
y de gestión y control de flota, mediante una licitación realizada por el ente gestor del SETP,
Transporte Integrado de Manizales-TIM, sin la revisión del proceso por parte del Gobierno
Nacional. En el año 2009, el municipio de Manizales contrató un estudio complementario
con el fin de validar y realizar las modificaciones a las rutas planteadas en el año 2006. Se
acordó con la Alcaldía de Manizales que dicho estudio debería ser entregado al DNP para
continuar con el proceso de estructuración del sistema, no obstante, hasta la fecha dicha
información no ha sido entregada. Finalmente, en el año 2010 el municipio de Manizales
implementó la reestructuración de rutas y los sistemas de gestión y control de flota, sin el
apoyo técnico del Gobierno Nacional (…) Sobre estos aspectos debe tenerse presente que,
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3422 de 2009, acorde con la disponibilidad de

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dirigido a la concejala del MUNICIPIO DE MANIZALES, señora
ADRIANA ARANGO MEJÍA por el subdirector de Transporte del
Departamento Nacional de Planeación, en adelante DNP, mediante
el cual le informa que ese municipio no ha recibido recursos por
parte de la Nación para la implementación y puesta en marcha del
SETP, habida cuenta que no ha contado con la información suficiente
para la estructuración y validación de este proyecto, conforme lo
establece el Decreto 3422 de 2009, circunstancia que fue ratificada
por el coordinador de Movilidad y Transporte Urbano del DNP, a
través de oficio de 12 de enero de 201163, y en similar sentido se
pronunció el asesor de la Dirección General asignado a la Dirección
de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento de
Planeación Nacional, con memorando de 15 de febrero de 201364.
(…)
Contrario a lo concluido por el Tribunal, el hecho de que en el
Decreto municipal núm. 0467 de 30 de octubre de 2009, en su
artículo primero, el cual adiciona un artículo al Decreto 0246 de
2006 y en el artículo 20 adicionado, se declare la existencia en el
MUNICIPIO DE MANIZALES del Sistema Estratégico de Transporte
Público y Multimodal, y, en su artículo 2°, establezca que en
adelante para la aplicación del Decreto 0246 de 2006, deberá
entenderse, cuando se refiera a SERVICIO O SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, que se trata del SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MULTIMODAL DE LA
CIUDAD DE MANIZALES, no constituye, propiamente, la
expedición del acto administrativo de adopción del SETP en
los términos establecidos en el artículo 7° del Decreto 3422
de 2009, como tampoco se puede inferir que el acto administrativo
de adopción del SETP sea la Resolución 146 de 10 de noviembre de
2009, ya que ésta no es más que una reglamentación de los

recursos por parte de la Nación, ésta podrá cofinanciar los SETP, siempre y cuando se
cumplan, entro otros, lo siguientes requisitos (…) Todo lo anterior explica que si bien el
municipio de Manizales se encuentra dentro de la política de ciudades amables del Plan
Nacional de Desarrollo, el SETP del municipio de Manizales aún no está incluido en el Marco
de Gasto de Mediano Plazo 2008-2011 (MGMP), el cual define los techos de gasto sectorial
por parte de la Nación, con el propósito, entre otros aspectos, de garantizar y posibilitar
efectivamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ejecución de proyectos
de inversión con cargo a presupuestos de vigencias futuras. En suma, el municipio de
Manizales no ha suministrado la información necesaria para que la Nación evalúe la
viabilidad de cofinanciar el SETP y adelante, de ser procedente, los trámites
correspondientes a fin de cofinanciar el citado proyecto […]”.
63 Folios 747 y 748, cuaderno núm. 1A.
64 Folio 622, cuaderno núm. 2B: “[…] Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de

Manizales no ha podido acceder a la cofinanciación de la Nación para la implementación del
SETP, ya que el diseño conceptual del proyecto SETP de Manizales que hasta el momento
se ha realizado, no tiene claridad en cuanto a la implementación de operación del sistema,
la sostenibilidad financiera del proyecto, la infraestructura del SETP, los impactos
ambientales y sociales del proyecto, el esquema tarifario, la evaluación económica, entre
otros aspectos. En este sentido, el proyecto no se encuentra estructurado técnica, legal y
financieramente, por lo cual no cuenta con la validación de la Nación para la cofinanciación
del proyecto […]”.

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Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

aspectos técnicos para la eventual operación del sistema, con
sujeción a regulaciones ya existentes […]”65

Por lo tanto, como quiera que este argumento de las apelaciones
tampoco prospera, se procederá a confirmar la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de octubre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 21 de marzo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 9 de febrero de 2023, número único de radicación 17001233100020100022702,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; y de 10 de agosto de 2023, número único
de radicación 17001233100020100021601, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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67

Número único de radicación 17001 23 31 000 2011 00099 03
Actora: SOCOBUSES S.A.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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