Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2007-00795-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2007-00795-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2007-00795-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
1 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
13-001-23-31-000-2008-00032-00 [Acumulados]
Demandante: PLÁSTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN
Tema: BENEFICIOS LEY 218 DE 1995 – OBLIGACIÓN ADUANERA DECRETO
n.° 891 DE 1997, ARTÍCULO 4° / El ordenamiento jurídico no fijó término
para su cumplimiento. / CARGOS SIN RESOLVER EN PRIMERA
INSTANCIA – aplicación de los artículos 281, 287, 320 y 328 del Código
General del Proceso - REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – en adelante DIAN, en contra de la sentencia n.° 206 / 2014 de 29
de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión n.° 41.
I.- ANTECEDENTES
I.1. Expediente n.° 13-001-23-31-000-2007-00795-002
I.1.1.- La demanda
1. La sociedad PLASTICOS DIENES S.A., actuando por intermedio de apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista
en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–, acudió a
la jurisdicción contencioso administrativa para elevar las siguientes pretensiones (fol.
1-30, C1):
«[…] PETICIÓN (…) Con fundamento en los hechos relacionados, en los
documentos acompañados a esta demanda, y en las demás pruebas que
habrán de pedirse dentro de los términos legales, y en las razones de orden
jurídico y legal anteriormente invocadas, con el mayor respeto solicito al
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento de Bolívar,
se sirva hacer las siguientes declaraciones: (…) 1. Que es nula la Resolución
No. 002290 del 27 de septiembre de 2006, dictada por la División de Liquidación
1 Subsección Especial de Descongestión.
2 Se adoptó la identificación del proceso de acuerdo al Oficio n.° N00944-DD002 LRC suscrito por el Secretario
General del Tribunal Administrativo de Bolívar y que se encuentra al folio n.° 1 del cuaderno del Consejo de
Estado, mediante el cual se remitió este expediente a esta Corporación. Este expediente, en la sentencia de
primera instancia, se identifica con el n.° 13-001-23-31-004-2007-00795-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena (…) 2. Que es nula la
Resolución No. 000779 del 11 de mayo de 2007, expedida por la División de
Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena (…) 3. Que
es nula la Resolución No. 001346 del 16 de agosto de 2007, originaria del
Despacho del Administrador de la Administración Especial de Aduanas de
Cartagena (…) Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho lesionado se decrete el resarcimiento de los siguientes perjuicios
ocasionados por el acto ilegal y arbitrario (…) 1. Se condene a la Nación por
conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a pagar a favor
de la demandante PLÁSTICOS DIENES S.A., perjuicios materiales por valor de
$761.844.156.76, sufridos por causa y razón de la arbitrariedad y antijuridicidad
de las Resoluciones Nos. 002290 del 27 de Septiembre de 2006; No. 000779
del 11 de mayo de 2007 y No. 001346 del 16 de agosto de 2007 (…) 2. Se
condene a la Nación por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
– Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, a pagar a favor de la demandante PLÁSTICOS DIENES S.A., lucro
cesante o utilidades dejadas de percibir por valor de $23.940.000.00, por causa
y razón de la arbitrariedad y antijuridicidad de las Resoluciones Nos. 002290 del
27 de Septiembre de 2006; No. 000779 del 11 de mayo de 2007 y No. 001346
del 16 de agosto de 2007 […]»
I.1.1.1. Los hechos
2. La parte actora en la demanda aludió a los hechos que sustentan las pretensiones,
las cuales se sintetizan de la siguiente forma:
3. Manifestó que desarrolla su actividad industrial en el municipio de Caloto,
departamento del Cauca, razón por la que goza de los beneficios establecidos en el
artículo 6° de la Ley 218 de 1995, modificado por el artículo 37 de la Ley 383 de
1997, la cual establece que, entre otros bienes, la materia prima utilizada en los
municipios allí previstos, estará exenta de todo impuesto, tasa o contribución
siempre que la respectiva licencia de importación haya sido aprobada por el
Ministerio de Comercio Exterior a más tardar el 31 de diciembre de 2003.
4. Indicó que la norma citada, en lo atinente a la materia primera importada, solo
impone la obligación de que sea utilizada en los municipios señalados en la norma,
lo cual, en su concepto, es ratificado por el artículo 2° del Decreto n.° 891 de 1997.
5. Afirmó que para demostrar que la sociedad que representa utilizó la materia prima
que importó a través de las declaraciones de importación n.° 0708502022885-7 de
1° de octubre de 2002, aportó en el trámite del recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación, certificación del revisor fiscal, en la cual consta que consumió la
totalidad de la materia prima amparada por las declaraciones de importación n.°
0708502022885-7 de 1 de octubre de 2002 y 2383003165466-7 de 18 de diciembre
de 2003, de acuerdo con los registros contables y libros oficiales de contabilidad.
6. Añadió que dicha certificación fue acompañada con los comprobantes de salida
de inventarios para consumo de materia prima y los respectivos libros auxiliares y,
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Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
además, que constituyó la respectiva póliza de seguro para garantizar la utilización
y transformación de la materia prima importada a través de las declaraciones
importación n.° 0708502022885-7 de 1 de octubre de 2002 y 2383003165466-7 de
18 de diciembre de 2003 por el plazo establecido en los incisos 2° y 3° del artículo
4° del Decreto 891 de 1997.
7. Expresó que la verificación y certificación de la utilización o transformación de la
materia prima se estableció, exclusivamente, para que la autoridad administrativa
competente proceda a la cancelación de las garantías constituidas en virtud de los
incisos 1°, 2° y 3° del artículo 4° del Decreto 891 de 1997, la cual fue cumplida, para
el caso objeto de controversia, por la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN,
la cual, en la respectiva acta, dejó constancia de la utilización y transformación de
la materia prima.
8. Adicionalmente, resaltó que, en notas del 18 y 21 de octubre de 2005, para efectos
de cumplir lo ordenado en la mencionada acta, reafirmó la utilización y
transformación de la materia prima amparada en las precitadas declaraciones de
importación, dejando como constancia que parte de la materia primera amparada
por los beneficios de la «Ley Páez» había sido transformada y utilizada, no obstante,
algunas lo habían sido parcialmente atendiendo a la demanda del mercado.
9. Señaló que, en la medida en que la División de Fiscalización de la Administración
de Impuestos de Cali verificó y certificó que la utilización y transformación de la
materia prima importada, por virtud de lo previsto en el artículo 4° inciso 1° del
Decreto n.° 891 de 1997, la Administración Especial de Aduanas de Cartagena –
lugar por el cual se realizó la importación de la materia prima– no tenía competencia
más que para cancelar las garantías que amparaban la importación efectuada a
través de las declaraciones de importación n.° 0708502022885-7 de 1 de octubre
de 2002 y 2383003165466-7 de 18 de diciembre de 2003, por lo que se extralimitó
en su competencia al expedir los actos administrativos acusados.
10. Explicó que, siguiendo las prescripciones del artículo 530 de la Resolución n.°
4240 de 2000, dentro del término fijado en la norma, no se le comunicó la situación
de incumplimiento en la que supuestamente se encontraba para efectos de que
pudiera acreditar la situación contraria, esto es, su cumplimiento, procediendo a
expedir la Resolución n.° 2290 de 27 de septiembre de 2006, lo que evidencia, en
su concepto, la violación del debido proceso.
I.1.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
I.1.1.2.1.- Las normas violadas
11. La parte demandante consideró que la DIAN, con la expedición de los actos
acusados, trasgredió las siguientes normas:
«[…] DISPOSICIONES VIOLADAS (…) Las actuaciones o actos acusados violan el
preámbulo y las normas de los Artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 58, 90, 95, 228, 229, 230,
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Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
338 y 363 de la Constitución Nacional; Artículos 1, 2, 3, 4, 28, 35, 36, 44, 47, 48, 49,
50, 62, 63, 64, 65, 68, 77, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; Artículos
632 del Estatuto Tributario; Artículos 1, 2, 3, 4 y 131 del Decreto 2685 de 1999;
Artículos 1° y 6° de la Ley 218 de 1995; Artículo 37 de la Ley 383 de 1997; Artículos
2, 3, 4 y 9 del Decreto 891 de 1997; Artículos 530 y 531 de la Resolución 4240 de
2000; Artículos 174, 175, 177, 251, 252, 253 siguientes y concordantes del Código
de Procedimiento Civil y Artículo 10° de la Ley 43 de 1990 […]»
I.1.1.1.2. El concepto de la violación
12. Adujo que se le vulneró el debido proceso puesto que el artículo 530 de la
Resolución n.° 4240 de 2000 prevé, en el procedimiento para hacer efectivas las
garantías cuyo pago no estuviera condicionado a un procedimiento administrativo
sancionatorio previo, la comunicación al usuario o responsable de la obligación
aduanera con la finalidad de advertirle que se encuentra en situación de
incumplimiento y, además, le otorga el término de 10 días para dar respuesta a tal
comunicación.
13. Tal procedimiento no fue aplicado por la Administración Especial de Aduanas de
Cartagena y, por ello, no le dio la oportunidad a la demandante de acreditar el
cumplimiento de la obligación aduanera, resaltando, asimismo, que las normas de
la primera parte del CCA son compatibles con el procedimiento establecido en el
artículo 530 de la Resolución n.° 4240 de 2000 y es así como la comunicación
ordenada en la norma citada:
«[…] [t]iene su origen en las prescripciones del artículo 4° del C.C.A., en la
medida que, por sus disposiciones las actuaciones administrativas pueden
iniciarse por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. En
forma que, surtida esa comunicación dentro del término de diez (10) días
dispuesto en la norma, merced a las prescripciones del inciso 1° del artículo 35
del citado Código Contencioso Administrativo, debió dársele a la Sociedad
actora la oportunidad “… para expresar sus opiniones, y que será motivada al
menos en forma sumaria si afecta a particulares…” como ocurrió en el caso
puesto a la consideración del Honorable Tribunal con la entidad
ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. – CONFIANZA S.A., por lo dispuesto en el
artículo 28 del mismo Código, porque en su inciso 1° está preceptuado: “Deber
de comunicar. Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se
desprende que hay particulares que puedan resultar afectado en forma directa,
a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma.”
(…) En fin, como por la preceptiva del inciso final del artículo 50 del comentado
Código Contencioso Administrativo, la Administración debe proferir el acto
administrativo que ponga fin a la actuación administrativa, en los que deben
decidirse directa o indirectamente el fondo del asunto, del modo estipulado en
el inciso 2° del artículo 35 ibídem, como quiera que dispone: “En la decisión se
resolverán todas [las] cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante
el trámite”, es incontrovertible que debió proferírsele a la Sociedad demandante
y solamente a ella, el acto administrativo que declara el incumplimiento de la
obligación, no sólo por el mandato de la norma sino también por la disposición
del inciso 2° del mencionado artículo 530 de la Resolución 4240 del 2000, por
cuanto ordena lo que vuelvo a transcribir en lo pertinente: “Vencido el término
anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago o el cumplimiento
de la obligación, se remitirá el expediente a la División de Liquidación para que
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Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
dentro de los quince (15) días siguientes profiera la resolución que declare el
incumplimiento de la obligación…” […]»
14. Hizo referencia a la Sentencia T-521 de 1992 proferida por la Corte
Constitucional para destacar que, pese a que no se le comunicó el incumplimiento
de la obligación aduanera, probó del modo estipulado en los artículos 174, 175, 177,
251, 252, 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– y
en el artículo 10º de la Ley 43 de 1993, dentro del plazo establecido en el artículo
530 de la Resolución n.° 4240 de 2000, el cumplimiento de la obligación de utilizar
o transformar las materias primas en el territorio de los municipios señalados en el
artículo 1º de la Ley 218 de 1995 y en el artículo 1º del Decreto n.° 529 de 1996,
conforme el artículo 4º del Decreto n.° 891 de 1997, por lo que debería declararse
la nulidad de los actos administrativos acusados y el resarcimiento de los perjuicios
causados que le fueron causados.
15. Explicó que no existe en el ordenamiento jurídico una norma que establezca el
término o plazo para el cumplimiento de la obligación de utilizar o transformar la
materia prima importada sin el pago de los derechos arancelarios:
«[…] [p]or ende, que preceptúe que constituye incumplimiento de la obligación
aduanera, el hecho de que la materia prima no sea utilizada o transformada en
el plazo o término que señale la administración aduanera. Lo que si estatuye la
ley como derecho del administrado, artículo 530 de la Resolución 4240 del
2000, es demostrar en el plazo de los diez (10) días siguientes a la
comunicación del establecimiento del Incumplimiento, demostrar el
cumplimiento de la obligación, esto es, la utilización o transformación de la
materia prima (…) Esta probado en los hechos de esta demanda, que con
mucha antelación a la expedición de la Resolución No. 002290 del 27 de
septiembre de 2006, dictada por la División de Liquidación de la Administración
Especial de Aduanas de Cartagena, la sociedad actora probó “… con plena
observancia de las disposiciones procesales…” de los artículos 174, 175, 177,
251, 252, 253 y siguientes y concordantes del Código de Procedimiento Civil y
del artículo 10º de la Ley 43 de 1990, el cumplimiento de la obligación
preceptuada por el artículo 4º del Decreto 891 de 1997, por cuanto: (…) a) El
artículo 175 del C.P.C., instituye como prueba los documentos y está
demostrado en los hechos de ésta demanda, que para atender lo pedido en el
acta de hechos levantada por la División de Fiscalización Aduanera de la
Administración de Aduanas de Cali, la demandante remitió a ese Despacho
certificación del Revisor Fiscal y la relación de las importaciones que
demostraban que parte de la materia prima amparada por los beneficios de la
Ley Páez “… ha sido transformada y utilizada…” pero que algunas a la fecha
de la práctica de la inspección “… han sido transformadas parcialmente de
acuerdo con la demanda del mercado…” (…) b) Al Recurso de Reposición y
Subsidiario de Apelación se acompañó certificación del Revisor Fiscal que hace
constar que se consumió en su totalidad las materias primas amparadas por las
Declaraciones de Importación, en cuya base se declara el incumplimiento en la
Resolución No. 002290 del 27 de Septiembre de 2006, o dicho en otros
términos, a través de ese medio de prueba, la sociedad demostró el
cumplimiento de la obligación preceptuada por el artículo 4º del Decreto 891 de
1997, y consecuencialmente, que dicho acto administrativo fue expedido de
modo irregular con falsa motivación y abuso de poder (…) c) Es más al Recurso
de Reposición y Subsidiario de Apelación, también se Incorporaron los
comprobantes de salida de inventarios para consumo de materia prima y copias
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Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
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de los libros auxiliares, con el propósito de probar que fue consumida o
transformada en su totalidad la materia prima amparada con las declaraciones
de importación Nos. 0708502022885-7 del 1º de octubre de 2002 y
2383003165466-7 del 18 de diciembre de 2003 (…) La certificación del Revisor
Fiscal de la Sociedad, es prueba de la utilización y transformación de la materia
prima por el rigor de la disposición del artículo 10 de la Ley 43 de 1990 y la
documentación contable arriba mencionada también es prueba de la utilización
y transformación de la materia prima por imperio de las preceptivas del artículo
252 del C.P.C., por lo que, consecuencialmente, cumplimiento por parte de la
demandante de la obligación preceptuada por el artículo 4º del Decreto 891 de
1997, en forma que, el Honorable Tribunal admitirá las súplicas de ésta
demanda, mediante el decreto de nulidad de los actos administrativos acusados
y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por los mismos a la Sociedad
actora […]»
16. Indicó,siguiendo el artículo 131 del Decreto n.° 2685 de 1999, que las
declaraciones de importación mencionadas quedaron en firme por no haberse
proferido el requerimiento especial aduanero y, de esta manera, resultaba
improcedente la declaratoria de incumplimiento.
17. Hizo referencia, en el acápite «RESARCIMIENTO DE PERJUICIOS POR ACTO
ILEGAL», que, de acuerdo con el artículo 85 del CCA, resultaba posible obtener el
resarcimiento del perjuicio provocado por el acto administrativo ilegal, aludiendo a
que «[E]n los hechos de ésta demanda se probó fácticamente y jurídicamente en su
concepto de violación, que los funcionarios MARÍA TERESA RAVE SAMRA – Jefe de la
División de Liquidación Aduanera y CAPITÁN DE FRAGATA HUMBERTO ANGULO
MONTERO – Administrador Especial de Aduanas de Cartagena, con la expedición de los
actos administrativos acusados obraron con dolo y culpa grave» y a los argumentos
expuestos en el concepto de violación y por los cuales solicita la nulidad del acto
acusado, cuantificando los daños materiales y el lucro cesante en la suma señalada
en las pretensiones de la demanda y que fueron anteriormente transcritas.
I.1.2. La contestación de la demanda por parte de la DIAN
18. La DIAN, a través de apoderada judicial y dentro de la oportunidad procesal
respectiva, contestó la demanda (fol. 473-482, C2).
19. Señaló, respecto de la violación del debido proceso, que el artículo 4º del Decreto
n.° 891 de 1997 estableció que para gozar del beneficio previsto en el artículo 6º de
la Ley 218 de 1995, el importador o propietario de la mercancía debe constituir a
favor de la Nación – DIAN, una garantía bancaria o de compañía de seguros por el
monto de los tributos aduaneros exonerados con ocasión de su importación, con el
objeto de responder por el cumplimiento de la obligación de utilizar o transformar
las materias primas, en el territorio señalado en la citada ley y en el Decreto n.° 529
de 1996.
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Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
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20. Indicó que tal norma, esto es, el artículo 4º del Decreto n.° 891 de 1997, previó
que para las importaciones de materias primas, la garantía debería constituirse por
el término de 6 meses.
21. Añadió que de acuerdo con la Resolución n.° 1794 de 1993, derogada y
modificada por la Resolución n.° 4240 de 2000, las garantías se constituirían con
una vigencia igual al término fijado para el cumplimiento de la obligación que se
respalda, luego si el objeto de la garantía es responder por el cumplimiento de la
obligación y solo puede ser cancelada una vez vencido el término de los 6 meses
para el caso de la importación de materias primas o con el acta de verificación de la
administración aduanera con jurisdicción donde se encuentre la mercancía, quiere
decir que aquella debe ser consumida, utilizada o transformada dentro del mismo
término, pues de lo contrario se incurriría en incumplimiento de la obligación
aduanera garantizada.
22. Afirmó que de acuerdo con lo anterior, la División de Fiscalización de la
Administración Local de Aduanas de Cali remitió a la División de Comercio Exterior
el oficio n.° 1149 de 21 de abril de 2006 en el que demuestra, en relación con la
declaración de importación n.° 0708502022885-7 de 1º de octubre de 2022, que se
encontraron inventarios que a esa fecha no habían sido consumidos y, por tal razón,
la División de Liquidación Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de
Cartagena declaró el incumplimiento la obligación aduanera consistente en no
utilizar ni transformar la materia prima dentro del término establecido para ello y, en
consecuencia, ordenó hacer efectiva la garantía, siguiendo para ello la Ley 218 de
1995, trascribiendo el concepto nº. 009 de 4 de marzo de 2003.
23. Destacó que la DIAN, determinado el incumplimiento de la obligación garantizada
con la póliza de seguro, dio aplicación al artículo 530 de la Resolución n.° 4240 de
2000, que aborda los casos en que se deben hacer efectivas pólizas cuyo pago no
está condicionado al trámite de un procedimiento sancionatorio previo,
manifestando al respecto que:
«[…] [C]on relación a las garantías presentadas por Ley Páez, la legislación
aduanera no estableció que se adelantara un proceso para la imposición de una
sanción por infracción aduanera, por el contrario se debe adelantar es un
proceso independiente al sancionatorio y decretar el incumplimiento de la
obligación garantizada y la efectividad de la garantía que lo respalda (…) Está
claro y probado que el procedimiento aplicable para hacer efectivas las
garantías que nos ocupan es el establecido en el artículo 530 de la Resolución
No. 4240 de 2000, tal como fue demostrado en vía gubernativa (…) No obstante
lo anterior se puede evidenciar en la demanda presentada por el accionante
PLASTICOS DIENES S.A., que con relación a este argumento se aduce una
situación diferente a la planteada en vía gubernativa, es así como al interponer
el recurso de reposición y en subsidio apelación considera que hay violación al
debido proceso por que la Administración Especial de Aduanas de Cartagena
no expidió Requerimiento Especial Aduanero, debiendo dar el tratamiento de
sanción a la situación presentada, de conformidad con el artículo 515 del
Decreto 2685 de 1999, otorgando para el efecto el recurso de Reconsideración
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
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correspondiente (…) Este fue el argumento debatido en vía gubernativa, no
obstante con la presentación de la demanda sigue alegando violación del
debido proceso pero cambia el sentido de la violación y considera que la
Administración al amparo del artículo 530 de la Resolución No. 4240 de 2000,
debió oficiar a la Compañía PLASTICOS DIENES S.A. y otorgar la oportunidad
y demostrar el cumplimiento de la obligación garantizada, alegando también la
falta de competencia de la DIAN para expedir el acto de incumplimiento […]»
24. Formuló la excepción de inepta demanda por cuanto, reitera, PLASTICOS
DIENES S.A., durante el trámite de la vía gubernativa, se refirió a la violación del
debido proceso alegando que la autoridad aduanera no le expidió el correspondiente
requerimiento especial aduanero, en la medida en que a la situación objeto de
controversia debía dársele el tratamiento de sanción, siguiendo para el efecto el
artículo 515 del Decreto n.° 2685 de 1999.
25. Sin embargo, en la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa,
aludió a que la autoridad aduanera, al amparo del artículo 530 de la Resolución n.°
4240 de 2000, debió oficiar a la demandante y otorgarle la oportunidad para
demostrar el cumplimiento de la obligación garantizada añadiendo la falta de
competencia de aquella –la DIAN– para declarar el incumplimiento de la obligación
garantizada.
26. Lo expuesto, continuó, correspondió a argumentos totalmente nuevos a los
debatidos en la vía gubernativa en donde demostró la legalidad de la actuación
adelantada toda vez que a la controversia debía dársele el tratamiento de
incumplimiento y no de sanción no siendo viable la expedición de un requerimiento
especial aduanero de acuerdo con el artículo 515 del Decreto n.° 2685 de 1999,
añadiendo que no hizo referencia a la competencia para expedir el incumplimiento
puesto que tal argumento no se presentó en su momento.
27. Estimó por ello que:
«[…] [S]eñor Magistrado, respetuosamente consideramos que en este caso no
puede darse el tratamiento al accionante que está presentando mejores
argumentos con la presentación de la demanda, con relación a la Violación del
Debido Proceso, y a la falta de competencia de la DIAN para expedir el acto,
por el contrario trae argumentos nuevos no debatidos (…) Para la DIAN es claro
que no se consideran HECHOS NUEVOS aquellos que aunque no fueron
invocados por el actor en sede administrativa, pueden tener validez ante la
jurisdicción, cuando se presentan para mejorar los argumentos de la demanda
y reforzar la petición de nulidad de los actos acusados (…) En este caso, no se
están presentando mejores argumentos de la demanda y reforzando las
peticiones de la misma, por el contrario trae argumentos NUEVOS como es la
obligación por parte de la DIAN de oficiar a la Compañía PLASTICOS DIENES
S.A., antes de la declaratoria de incumplimiento y la FALTA DE COMPETENCIA
de la DIAN para declarar el incumplimiento (…) A su vez, el accionante también
presenta como la FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN,
situación que no fue alegada ni discutida en vía gubernativa, convirtiéndose en
un argumento NUEVO no debatido […]»
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
I.1.3. La intervención de la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. -
CONFIANZA
28. La COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. – CONFIANZA, actuando
a través de su apoderada judicial, intervino dentro del trámite del proceso,
adhiriendo a los hechos, declaraciones y condenas, así como a los fundamentos de
derecho, la enunciación de las normas violadas y el concepto de la violación de la
demanda (fol. 499-503, C2).
29. En lo que se refiere a las pretensiones del demandante, reiteró su adhesión a las
formuladas en la demanda y, además, solicitó:
«[…] 1º. Se declare que Confianza S.A. no adeuda suma alguna a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, por concepto de afectación de la póliza
de seguro de cumplimiento de disposiciones legales No. 1574392, derivada de
los actos administrativos a declarar nulos: Resolución No. 002290 del 27 de
septiembre de 2006, acto administrativo mediante el cual la DIAN
Administración Especial de Aduanas de Cartagena declaró el incumplimiento
de la obligación adquirida por la sociedad PLASTICOS DIENES S.A. y ordenó
la efectividad de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales
No. 1574392, posición confirmada con resolución No. 00799 del 11 de mayo de
2007, al resolverse el recurso de reposición; y resolución No. 001346 del 16 de
agosto de 2007 que resolvió el recurso de apelación decidiendo confirmar
parcialmente la resolución No. 002290 del 27 de septiembre de 2006, que
ordenaba la efectividad de la póliza No. 1574392, dado que al momento en que
se profirió el acto administractivo (sic) que declaró el incumplimiento ya se había
configuirado (sic) la prescripción del contrato de seguro […]»
30. Formuló como argumento adicional a los expuestos en la demanda, la
prescripción del contrato de seguro.
31. Explicó, entonces, que la DIAN, Administración Especial de Cartagena, a través
de la Resolución n.° «670-002290», declaró el incumplimiento de la obligación
prevista en el Decreto n.° 891 de 1997 y el concepto n.° 53012-020 del 14 de junio
de 2005, toda vez que la empresa PLASTICOS DIENES S.A. debió utilizar y
transformar las mercancías dentro de los 6 meses siguientes a la autorización de
levante de la declaración n.° 0708502022885-7, levante n.° 1400401962 de 4 de
octubre de 2002, fecha máxima 4 de abril de 2003, ordenando la efectividad de la
póliza n.° CDL1574392 en cuantía de $652.174.265.
32. Estimó, frente al caso en concreto que:
«[…] [e]ncontramos que la prescripción bien empezó a correr desde el 04 de
abril de 2003, fecha límite en que debió darse cumplimiento a las condiciones
del régimen autorizado, Ley Páez, de acuerdo con lo señalado en la misma
resolución de incumplimiento, por lo anterior se considera que es desde este
momento en que la administración tenía dos años para declarar el
incumplimiento y ordenar la efectividad de la póliza ya que con el incumplimiento
al régimen se configuró el siniestro (…) Si el incumplimiento se materializa de
conformidad con la administración aduanera el 04 de abril de 2003, significa que
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
hasta el 03 de abril de 2005 la DIAN tenía plazo para ejercer las acciones
tendientes a declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de la póliza ya
que con el incumplimiento al régimen se configuró el siniestro (…) Significa esto,
que desde el 04 de abril de 2003, la administración sabía de la inconsistencia
en el cumplimiento de las obligaciones previstas para gozar del beneficio Ley
Páez, fecha desde la cual se cuentan los dos años para declarar el
incumplimiento y ordenar la efectividad de la póliza, ya que este es el momento
en que se tuvo conocimiento del hecho por el cual se declaró el incumplimiento
y se pretende reclamar al asegurador, pero, la resolución No. 670 – 002290 fue
expedida el 27 de septiembre de 2006 y notificada a la aseguradora el día 11
de diciembre de 2006 (…) El Consejo de Estado ha establecido mediante
interpretación que el acto administrativo mediante el cual se declara el
incumplimiento de una obligación garantizada a través del seguro de
cumplimiento, debe expedirse dentro de la vigencia de la póliza o dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha en que la administración tuvo conocimiento o
razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado; lo anterior
con el fin de evitar que proceda la prescripción ordinaria de que trata el artículo
1081 del Código de Comercio (…) Figura que fe reconocida por la
Administración Aduanera, al resolverse el recurso de apelación
interpuesta por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, con
la resolución No. 001346 de 16 de 2007, resolviendo en el en el artículo
segundo: “REVOCAR el artículo segundo de la resolución No. 002290 del
27 de septiembre de 2006, ´proferida por la División de Liquidación, por
medio de la cual se ordena hacer efectiva la póliza No. 1574392 de la
Compañía de Seguros CONFIANZA S.A. en la suma de $652.174.265” (…)
En conclusión, debemos señalar que la orden de efectividad de la póliza
No. 1574392 se encuentra revocada por la misma administración, no
siendo vinculante para Confianza S.A. los actos administrativos
demandados […]» –Resaltado de la Sala–
I.2. Expediente n.° 13-001-23-31-000-2008-00032-00
I.2.1. La demanda
33. La sociedad PLASTICOS DIENES S.A., actuando por intermedio de apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista
en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–, acudió
a la jurisdicción contencioso-administrativa para elevar las siguientes pretensiones
(fol. 1-36, C1):
«[…] PETICIÓN (…) Con fundamento en los hechos relacionados, en los
documentos acompañados a esta demanda, y en las demás pruebas que
habrán de pedirse dentro de los términos legales, y en las razones de orden
jurídico y legal anteriormente invocadas, con el mayor respeto solicito al Señor
Juez Administrativo del Circuito de Cartagena, se sirva hacer las siguientes
declaraciones: (…) 1. Que es nula la Resolución No. 002289 del 27 de
septiembre de 2006, dictada por la División de Liquidación de la Administración
Especial de Aduanas de Cartagena (…) 2. Que es nula la Resolución No.
000780 del 11 de mayo de 2007, expedida por la División de Liquidación de la
Administración Especial de Aduanas de Cartagena (…) 3. Que es nula la
Resolución No. 001366 del 22 de agosto de 2007, originaria del Despacho del
Administrador de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena (…)
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
lesionado se decrete el resarcimiento de los siguientes perjuicios ocasionados
por el acto ilegal y arbitrario (…) 1. Se condene a la Nación por conducto del
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a pagar a favor de la
demandante PLÁSTICOS DIENES S.A., perjuicios materiales por valor de
$196.120.516.06, sufridos por causa y razón de la arbitrariedad y antijuridicidad
de las Resoluciones Nos. 002289 del 27 de septiembre de 2006; No. 000780
del 11 de mayo de 2007 y No. 001366 del 22 de agosto de 2007 (…) 2. Se
condene a la Nación por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, a pagar a favor de la demandante PLÁSTICOS DIENES S.A., lucro
cesante o utilidades dejadas de percibir por valor de $23.940.000.00, por causa
y razón de la arbitrariedad y antijuridicidad de las Resoluciones Nos. 002289 del
27 de Septiembre de 2006; No. 000780 del 11 de mayo de 2007 y No. 001366
del 22 de agosto de 2007 […]»
34. El contenido de esta demanda, en términos generales, es idéntico a la
presentada dentro del expediente n.° 13-001-23-31-000-2007-00795-00, esto es, se
fundamentan en similares hechos, normas violadas y concepto de la violación, razón
para la cual la Sala se abstendrá de realizar su síntesis.
35. Cabe advertir que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena,
mediante auto de 15 de enero de 2008 (fol. 438-439, C1), resolvió no aprehender el
conocimiento de este proceso por carecer de competencia para ello y, en
consecuencia, ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Bolívar.
I.2.2.- La contestación de la demanda por parte de la DIAN
36. La DIAN, a través de apoderado judicial y dentro de la oportunidad procesal
respectiva, contestó la demanda (fol. 449-459, C2), se opuso a los cargos formulados
de la siguiente forma:
«[…] 4.1. DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DEL
ARTÍCULO 530 DE LA RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 (…) El presente proceso
se trata de hacer efectiva una garantía en el cual no media un procedimiento
administrativo sea para la imposición de sanción por infracción aduanera o para
la definición de la situación jurídica de una mercancía, o para la expedición de
la situación jurídica de una mercancía o para la expedición de una liquidación
oficial, el proceso es el establecido en el artículo 530 de la Resolución 4240 de
2000 (…) En el proceso administrativo aduanero, se siguió rigurosamente el
procedimiento establecido en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000. La
División de Servicio al Comercio Exterior, envió el oficio No. 0060068A
1050GAR de junio 23 de 2004, posteriormente la División de Liquidación
Aduanera expidió la Resolución por medio de la cual se declaró un
incumplimiento y se hizo efectiva una garantía y otorgó al tomador y al garante
los recursos de reposición y apelación, posteriormente resolvió el recurso de
reposición el mismo funcionario que profirió y el acto (sic) y el de apelación el
Administrador Especial de Aduanas de Cartagena, cumpliendo de manera cabal
el procedimiento establecido (…) 4.2 DE LA SUPUESTA VIOLACIÓN A LOS
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS (…) Básicamente considera el accionante
violado el debido proceso si se tiene en cuenta que la Resolución No. 00289 del
27 de septiembre de 2006, es dictada para ubicar en la relación jurídica
subjetiva en ella concretada a la Sociedad Plásticos Dienes S.A., y a la
Compañía Seguros Confianza S.A. (…) Este es un tema que ha sido
suficientemente debatido por la Jurisprudencia y se ha establecido que en esta
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
clase de procesos existe una responsabilidad solidaria, entre el tomador y el
garante (…) 4.3. DEL SUPUESTO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
ADUANERA (…) Lo que se encuentra probado dentro del proceso es que tanto
la División de Fiscalización de la Administración Local de Cali como el
certificado de fecha 11 de octubre de 2005 suscrito por el Representante Legal
de la firma PLÁSTICOS DIENES S.A. y su revisor fiscal, que las materias primas
habían sido transformadas de manera parcial y no total. Por lo tanto
consideramos que la obligación aduanera garantizada se incumplió (…) 4.4. DE
LA SUPUESTA FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN (…)
Debemos tener en cuenta que nos encontramos ante un proceso de declaratoria
de incumplimiento de una obligación aduanera, en donde la firmeza de la
declaración no tiene incidencia porque, la incidencia es para su revisión,
independientemente de las sanciones que pueda generar para el interesado en
su compromiso de importación […]»
37. Abordó, igualmente, lo atinente al resarcimiento de los perjuicios que, en
concepto del demandante, le causó la expedición del acto ilegal, insistiendo que la
actuación de la administración se ciñó a la Carta Política, la legislación y los
principios generales del derecho, en tanto que se valió de sus atribuciones legales
para declarar el incumplimiento objeto de la garantía, en la medida en que el mismo
importador con su revisor fiscal confesaron que no habían utilizado o transformado
la totalidad de la materia prima importada a través de la declaración de importación
n.° 2383003165466-7 de 18 de noviembre de 2003.
38. Añadió que respetó el debido proceso al seguir los lineamientos del artículo 530
de la Resolución n.° 4240 de 2000 «con el envío del oficio (Folio 7) la declaratoria de
oficio del incumplimiento de la obligación aduanera (Folios 219 a 223) el Recurso de
Reposición y en subsidio Apelación presentado por la empresa Plásticos Dienes (Folios 229
a 234) Resolución mediante la cual se resuelve el Recurso de Reposición (Folios 365 a
380) y Resolución mediante el cual se resuelve el Recurso de Apelación (Folios 385 a
395)».
39. Consideró que no existe responsabilidad administrativa de la DIAN puesto que
la declaratoria de incumplimiento de una obligación aduanera es una de las cargas
que debe padecer un importador cuando desconoce las normas que lo exceptúan
del pago de tributos aduaneros.
40. Estimó,frente a los supuestos daños materiales y lucro cesante cuyo
reconocimiento solicitó la demandante, que:
«[…] [E]l concepto de daños materiales que trae el demandante es
completamente exagerado y desconoce los argumentos lógicos que desde hace
mucho tiempo el Consejo de Estado fija como criterio para establecerlos (…) El
demandado debió solicitar las pruebas necesarias o presentar alguna con su
escrito, para intentar probar los gastos exagerados que supuestamente se
deriva sobre unos montos que habría que agregar por los honorarios que debe
pagar sobre el monto de intereses moratorios y sobre gastos de alimentación y
desplazamiento (…) En el escrito de demanda, no existe un documento que
acredite los inconmensurables gastos que incurrió por gastos de alimentación y
desplazamiento a la ciudad de Cartagena (…) En cuanto a los inmensos
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
honorarios que debe pagar sobre el monto de los intereses moratorios, no
sabemos a que intereses moratorios se refiere, por dos razones: (…) i) Sobre
las sanciones no se cobran por pare (sic) de la DIAN intereses moratorios, es
decir, si la suma por medio de la cual se declaró el incumplimiento de una
mercancía es de $56.027.194, oo es la misma suma que debe pagar hoy o en
cinco (5) años (…) ii) Si se trata a unos intereses moratorios generados por el
incumplimiento en el pago puntual que deba hacerle su cliente, este es un
concepto que no tiene por que desplazarlo a la Administración Especial de
Aduanas Nacional de Cartagena (…) DEL SUPUESTO LUCRO CESANTE (…)
Si bien estos no son tan exagerados como los daños materiales, estos tampoco
tienen ninguna razón de ser por lo siguiente (…) No existe prueba que la
empresa haya dejado de percibir un lucro cesante por la Actividad de la DIAN
(…) Los gastos que cobran por concepto de lucro cesante son repetitivos y ya
fueron cobrados como daños materiales (transporte, alojamiento y
alimentación) (…) No se encuentra demostrado que ese giro recibido por el
doctor ADAULFO ARIAS COTES, corresponde a este caso, o sea para que
realice otra clase de encargo, ya que de acuerdo a la escritura No. 308 del 4 de
abril de 2003, Notaría 60, se le otorgó poder amplio y suficiente para que
represente a la empresa PLÁSTICOS DIENES en la defensa de sus derechos
ante toda clase de autoridades públicas y del poder judicial colombiano (…) De
manera curiosa los daños materiales y el lucro cesante producidos por los
gastos en que presuntamente tiene que incurrir la empresa Plásticos Dienes,
sobrepasa en un 300 % del valor del incumplimiento decretado por la
Administración especial de Aduanas (sic) es decir es mayor la suma que tiene
que sufragar la empresa demandante por concepto de años materiales y lucro
cesante por la defensa que realizar (sic) su abogado que el valor de la obligación
que en un momento determinado, debería cancelarle a la DIAN. Lo anterior se
encuentra en contravención con la Ley 1123 de enero 22 de 2007, que en el
artículo [28] numeral 8 […] […]»
I.3. Trámite de los procesos judiciales
41. El Tribunal Administrativo del Bolívar, mediante auto de 10 de febrero de 2014
(fol. 484-489, Expediente 2008-00032, C2) ordenó:
«[…] [P]RIMERO: Acumular a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho radicada bajo el número 13001-23-31-000-2008-00032-00, siendo
demandante PLASTICOS DIENES S.A. contra el MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO -DIAN la Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho radicada bajo el número 13001-23-31-000-2007-00795-00 de
PLÁSTICOS DIENES S.A. contra el mismo demandado, ambas adelantadas en
este despacho (…) SEGUNDO: En consecuencia, los procesos se tramitarán
conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia […]»
42. La magistrada ponente en primera instancia, a través del auto de 29 de julio de
2014 (fol. 492-495, Expediente 2008-00032, C2), resolvió:
«[…] 1. DECLARAR la legalidad de lo actuado en el proceso de la referencia,
hasta esta etapa procesal (…) 2. TENER POR CONTESTADA la demanda por
parte de la U.A.E. DIAN (…) 5. PRESCINDIR del período probatorio, toda vez
que no existen pruebas que practicar en el mismo, de conformidad con lo
siguiente: (…) 6. CÓRRASE TRASLADO a las partes, por el término común de
10 días hábiles, que se contarán a partir del día siguiente al de la notificación
de esta providencia, para que presenten alegatos de conclusión (…) 7. Vencido
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
el término para alegar de conclusión, CÓRRASE TRASLADO al señor
Procurador 21 Judicial II Delegado ante esta Corporación, para que emita
concepto en el asunto de la referencia. Artículo 212 de C.C.A […]»
43. Solo la DIAN presentó alegaciones de conclusión, mediante escrito de 14 de
agosto de 2014 (fol. 496-501, Expediente 2008-00032, C2).
I.4.- Sentencia de primera instancia
44. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección Especial de Descongestión,
mediante la sentencia n.° 206 / 2014 de 29 de agosto de 2014 (fol. 511-527, Expediente
2008-00032, C2), decidió:
«[…] [P]RIMERO: DECLARAR la Nulidad de los siguientes actos
administrativos: (…) Resolución N° 002290 y 002289 del 27 de septiembre de
2006, dictadas por la División de Liquidación de la Administración Especial de
Aduanas de Cartagena (…) Resolución N° 00779 y 000780 del 11 de mayo de
2007, expedidas por la División de Liquidación de la Administración Especial de
Aduanas de Cartagena (…) Resolución N° 001346 y 001366 del 16 y 22 de
agosto de 2007, respectivamente, originarias del Despacho del Administrador
de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena por los motivos
expuestos en esta providencia (…) SEGUNDO: A título de restablecimiento del
derecho, se declara que la accionante no incurrió en incumplimiento de la
obligación aduanera, que no es procedente hacer efectiva la garantía y se
ordena la terminación del proceso administrativo de incumplimiento y
efectividad de la garantía, así como del proceso de cobro fiscal que se hubiere
iniciado […]»
45. Estimó que el problema jurídico que se debía resolver en este proceso se contrae
a determinar «si el actor incumplió o no la obligación aduanera de que trata el Decreto 891
de 1997, y si se encuentra prescrita la acción derivada del contrato de seguros» y
formulando como tesis la consistente en que «no existe incumplimiento de la obligación
aduanera que se le imputa a la sociedad actora».
46. En efecto, relató que la sociedad demandante, haciendo uso de los beneficios
previstos en la Ley 218 de 1995, importó materias primas para aplicarlas a bienes
que se instalarían, utilizarían o transformarían en el territorio señalado en aquella
norma.
47. Laentidad accionada declaró el incumplimiento de la obligación aduanera
establecida en el artículo 4° del Decreto n.° 891 de 1997 al considerar que la
demandante no transformó en su totalidad, dentro del término establecido, las
materias primas importadas.
48. La primera instancia citó el contenido del artículo 4° del Decreto n.° 891 de 1997
para explicar que de esta disposición surgen 2 obligaciones al importador:
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
«[…] i.-) constituir una garantía para avalar el cumplimiento de la obligación de
instalar, utilizar o transformar según el caso, la maquinaria, equipos, repuestos
y materias primas en el territorio de los municipios cobijados por la exención; y,
ii.-) expedir y remitir a la Administración de Impuestos y Aduanas con
jurisdicción en el municipio donde se encuentren las mercancías, cada nueve
(9) meses a partir del levante, un certificado suscrito por el representante legal
y del revisor fiscal, o contador público, en el que conste que la maquinaria,
equipos y repuestos permanecen instalados y/o están siendo utilizados en el
territorio de los municipios exentos; en tratándose de materias primas, la
certificación se debe expedir cada tres (3) meses contados a partir del 1° de
enero de cada año, y versará sobre su ubicación y transformación,
comprendiendo la totalidad de importaciones del semestre anterior (…)
Claramente se observa que para el supuesto de importación consistente
en materia prima, no se señala plazo alguno para su consumo (…)
Respecto de la materia prima, la ley exige su consumo o transformación, es por
ello que prohíbe su enajenación, tal como lo consagra el artículo 13 del Decreto
529 de 1996 […]»
49. Mencionó, asimismo, que:
«[…] [P]or otro lado, el hecho de que el artículo 4 del Decreto 891 de 1997,
exija que para el caso de importaciones de materias primas la garantía
deberá constituirse por el término de seis (6) meses, no significa ello que
ese sea el término para el consumo de dichas mercancías, la
interpretación que debe dársele no es otra distinta, a lo que quiso el
legislador, y es simplemente la de establecer un plazo de amparo. Para la
Sala se justifica el no señalamiento de término para el consumo, en el hecho de
que establecerlo, implicaría permitir a la DIAN tener injerencia en las políticas
de producción de las empresas, siendo que estas (políticas) están reguladas
por las leyes de la oferta y demanda en el mercado, de manera que son ellas
(empresas) las que pueden determinar las cantidades de bienes a producir; es
por ello, que la norma lo que exige al importador de la materia, es informar cada
tres (3) meses contados a partir del 1° de enero de cada año su ubicación y
transformación, con lo cual el Estado vigila el estricto cumplimiento de los
requisitos para acceder a la exención (…) Corrobora la tesis de la Sala el hecho
que la norma precitada exija respecto de la materia prima importada un informe
trimestral a partir del “1° de enero de cada año”, de lo contrario, es decir si
existiera término de consumo equivalente al de la vigencia de póliza, entonces
los informes no se requirieran cada año, sino que se hubiera limitado a los seis
(6) meses […]»
50. Dedujo, de lo expuesto anteriormente, que, si la voluntad del legislador hubiera
sido la de establecer un plazo para el consumo de las materias primas importadas,
así lo hubiese establecido y, de esta manera, no compartió la tesis esbozada por la
autoridad aduanera, añadiendo que:
«[…] [p]ara el consumo la ley no estableció término, y no puede la DIAN
mediante conceptos internos adicionar o modificar en algún sentido una norma
jurídica jerárquicamente superior, como lo son la Ley 218 de 1995 y el Decreto
891 de 1997; máxime si atiende el hecho que el consumo o la transformación
de una materia prima sea total o parcial, encierra una relación de dependencia
con las condiciones de la economía nacional (demanda de mercado) […]»
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
51. Encontró, entonces, que los actos administrativos acusados están falsamente
motivados, reiterando, que una interpretación armónica de las normas citadas
llevaría a concluir que para el consumo de la materia prima importada el legislador
no estableció un plazo y, en tanto el cargo tenía vocación de prosperidad, se
abstuvo de pronunciarse frente a los demás.
I.5. El recurso de apelación
52. La DIAN, inconforme con la decisión de primera instancia y por intermedio de su
apoderado judicial, presentó recurso de apelación a fin de que se revocara tal
decisión (fol. 529-533, Expediente 2008-00032, C2).
53. Indicó que con motivo de la catástrofe ocurrida en los departamentos de Cauca
y Huila, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas para hacer frente a esta
situación y procurar la reconstrucción de la región, para lo cual se expidió la
denominada «Ley Páez», la cual estableció una serie de exenciones arancelarias y
tributarias para las importaciones realizadas a dicha zona, dentro de las que se
encuentra la consistente en que la mercancía es importada sin el pago de tributos
pero con la obligación de instalarla, utilizarla y transformarla dentro de los 6 meses
siguientes, obligación que debía ser garantizada mediante la expedición de una
póliza de seguros.
54. Afirmó que la demandante importó mercancía a la precitada zona, pero incumplió
la obligación de instalar, transformar, equipos, repuestos y materias primas
importadas dentro del tiempo establecido en el artículo 1° de la citada Ley 218 de
1995, en armonía con el concepto n.° 009 de 4 de marzo de 2003.
55. Adujo, luego de citar el contenido del artículo 4° del Decreto n.° 891 de 1997,
que:
«[…] [D]el contenido de la norma se pueden sustraer las siguientes premisas:
(…) 1o. La póliza bancaria o de compañía de seguros tiene como objeto
garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la misma norma,
una de las cuales es la de transformar la materia prima (…) 2o. La garantía se
debe constituir para el caso de la importación de materias primas a la Zona del
Río Páez por el término de seis (6) meses (…) 3o. Se debe certificar por el
representante legal o el revisor fiscal sobre la ubicación de la materia prima y
su transformación, comprendiendo la totalidad de las importaciones del
semestre anterior (…) De lo expuesto se desprende que dado que la
constitución de la garantía, cuando se trata de la importación de materia prima
para transformarla en la zona del Río Páez, se realiza por el término de seis (6)
meses, es dable concluir que el plazo para consumir dicha materia prima es por
el mismo período (…) Ahora bien, en relación con la efectividad de la garantía
mediante en el (sic) concepto No. 015 de 1999, se precisa que la póliza puede
hacerse efectiva dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro,
término dentro del cual debe quedar ejecutoriado el acto administrativo que
declara el incumplimiento y ordena hacer efectiva la garantía, según
pronunciamiento efectuado por el Consejo de Estado en sentencia de
inexequibilidad parcial del concepto en comento (…) Entonces no es cierto,
como afirma el A quo que la Administración en sede administrativa incurrió en
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
falsa motivación de los catos (sic), pues cuando el artículo 4 del Decreto 891 de
1997, señaló que la cancelación de la garantía procedía una vez transcurrieran
los términos previstos en el citado artículo, o cuando la Administración de
Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el municipio donde se encontraba la
mercancía verificara la instalación, utilización o transformación según el caso,
es necesario entender que en ambos casos estas obligaciones debía cumplirse
dentro de los plazos allí fijados, toda vez que la misma norma establecía la
finalidad para la cual se constituía la garantía y el procedimiento para demostrar
el cumplimiento de la misma ante la autoridad aduanera. Interpretar que
solamente el transcurso del término de vigencia de la garantía es la de
establecer un plazo de amparo, como desacertadamente manifiesta el juez de
primera instancia, haría nugatorio los fines establecidos en la ley para este tipo
de beneficios, pues en este caso no sería necesario demostrar el cumplimiento
de los mismos (…) Lo planteado por el fallador abre la puerta para generar una
suerte de importaciones temporales sin período de tiempo para cumplirse o con
un período tan amplio que desdibujan así dicha figura de importación (…)
Siendo así las cosas el término de cumplimiento de las obligaciones fue
incumplido por la empresa demandante, motivo por el cual la DIAN impuso una
sanción e hizo efectiva la garantía establecida […]»
56. Afirmó no compartir la afirmación de la primera instancia consistente en que se
justificaba el no señalamiento de término para realizar el consumo de las materias
primas en «el hecho de que establecerlo, implicaría permitir a la DIAN tener injerencia en
las políticas de producción de las empresas, siendo que estas políticas están reguladas por
las leyes de la oferta y demanda en el mercado, de manera que son las empresas las que
pueden determinar las cantidades de bienes a producir», puesto que tal afirmación refleja
el desconocimiento de los sistemas aduaneros por parte del juzgador, toda vez que
la DIAN no pretende tener injerencia en las políticas de producción de las empresas
y, por el contrario:
«[…] [a]l momento en que la Entidad otorga unos beneficios al importador con
fundamento en la ley Páez, este tenía pleno conocimiento que para hacerse
acreedor a los mismos, debía cumplir con los compromisos, señalados en las
normas aduaneras que se encontraban vigentes en ese momento, por tratarse
de exenciones condicionadas al destino y utilización de los bienes, afirmar lo
contrario es aceptar que los usuarios y beneficiarios con esta ley, podrían
acceder de manera liberada y sin control alguno a las ventajas estipuladas en
la normatividad […]»
57. Resaltó que no estaba de acuerdo con la posición esgrimida por la primera
instancia por ser incongruente, en la medida en que:
«[…] [n]o existe una coherencia entre lo argumentado por el demandante y los
argumentos utilizados por el fallador para declarar la nulidad de los actos
acusados, pues se observa que en la demanda el accionante se limita a
sostener que la Administración vulneró el debido proceso, toda vez que no
atendió lo dispuesto en el artículo 530 de la Resolución 4240 del 2000, el cual
preceptúa que previo al procedimiento de hacer efectiva una garantía, la
Administración debe librar al usuario un oficio para que este dentro de los días
siguientes acreditara el cumplimiento de la obligación, y en la sentencia el A quo
se basa en hechos no alegados por el demandante como lo es el considerar
que en la norma no existía un término dentro del cual se debía demostrar
transformación de la materia prima (…) Este proceder del fallador además de
ser incongruente con las pretensiones de la demanda, viola el debido proceso
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
de la Entidad que represento, pues nótese que en la contestación de la
demanda y en los alegatos de conclusión la Administración, buscó debatir los
argumentos planteados por [el] demandante, al delimitarse en el estudio y
resolución del problema jurídico planteado, el cual recordemos debe ser
provisto con base en los pretendido por el accionante y en lo alegado por el
accionado […]»
I.6. Trámite del recurso de apelación
58. La magistrada sustanciadora del proceso, a través de auto de 27 de octubre de
2014 (fol. 535, Expediente 2008-00032, C2), fijó el 26 de noviembre de 2014 para la
realización de la audiencia de conciliación judicial prevista en el artículo 70 de la Ley
1395 de 2010.
59. La citada audiencia no se realizó y, por ello, la magistrada sustanciadora del
proceso, en el auto de 28 de noviembre de 2014 (fol. 539, Expediente 2008-00032, C2),
fijó el 10 de diciembre de 2014, para que se llevara a cabo la mencionada diligencia.
60. La magistrada sustanciadora del proceso realizó la audiencia de conciliación el
10 de diciembre de 2014 (fol. 541 y 542, Expediente 2008-00032, C2), declarándola fallida
en la medida en que a la DIAN no le asistía ánimo conciliatorio y, en consecuencia,
concedió el recurso de apelación presentada por la citada autoridad administrativa.
61. El Consejero de Estado sustanciador de este proceso en segunda instancia,
mediante auto de 25 de agosto de 2015 (fol.4, Consejo de Estado), admitió el recurso
de apelación y, por auto de 31 de marzo de 2016 (fol. 28, Consejo de Estado), corrió
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que, de considerarlo pertinente, rinda el respectivo concepto.
62. Solo la apoderada judicial de la DIAN presentó sus alegatos de conclusión en los
cuales consideró lo siguiente:
«[…] [r]especto al motivo de incumplimiento declarado por la DIAN a través de
los actos administrativos demandados, señala el a quo que el hecho de que el
artículo 4 del Decreto 891 de 1997 exija que para la importación de materias
primas deba constituirse la garantía por el término de seis (6) meses, no
significa que éste sea el término para el consumo de dichas mercancías, pues
este es simplemente un plazo de amparo y establecerlo implicaría permitirle a
la DIAN tener injerencia en las políticas de producción de las empresas, por lo
que agrega que la norma lo que le exige al importador de la materia primera es
informar cada tres meses contados a partir del primero de enero de cada año
su ubicación y transformación. Argumento del cual nos apartamos basados en
lo dispuesto en la Resolución 1794 de 1993 derogada y modificada por la
Resolución 4240 de 2000, que indica que las garantías se constituyen con una
vigencia igual al término fijado para el cumplimiento de la obligación que se
respalda. Es así como para el caso de la importación de materias primas, lo que
se garantiza es precisamente que durante el término de vigencia de la garantía
se realice la transformación de las materias primas; con lo que no se está
pretendiendo la injerencia de la DIAN en las políticas de producción de la
empresa y menos en las leyes de la oferta y la demanda de los productos en el
mercado. De darse una interpretación como la asumida por el Juez de Primera
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
instancia, se estaría desdibujando la intensión de la norma respecto del
otorgamiento de la garantía, pues lo que se persigue es que las obligaciones
surgidas en la operación de comercio exterior culminen so pena de ordenar su
efectividad (…) Considera el a quo que el hecho de que la norma exija un
informe trimestral a partir del 1° de enero de cada año respecto de la materia
prima importada, corrobora la posición de que la vigencia de la garantía no
significa que exista un término de consumo equivalente al de la póliza, ya que
si esto fuera así no se requerirían cada año los informes, sino que los hubiera
limitado a seis (6) meses. Tal interpretación es errónea pues como lo señala la
misma norma en tratándose (sic) de materias primas, la certificación versará
sobre su ubicación y transformación y deberá comprender la totalidad de las
importaciones del semestre anterior. Claro es que la norma no se refiere a una
sola importación sino a todas aquellas realizadas en el semestre anterior con
entregas trimestrales de informe, distinto a entender que sobre la misma
importación se realicen innumerables informes, hasta que se concluya la
transformación de la totalidad de las materias primas sin importar los años que
dicho proceso implique y este no fue el sentido de la norma pues su expedición
se debió a un beneficio temporal cuyo fin fue estimular económicamente la zona
golpeada por la catástrofe originada en un fenómeno natural (…) Argumenta el
juez que respecto de la materia prima la ley exige su consumo o transformación,
por lo que prohíbe su enajenación, para lo cual cita el artículo 13 del Decreto
529 de 1996; no obstante tenemos que dicha norma no habla de consumo sino
que se refiere a la obligación que surge para quien importa maquinarias,
equipos, materias primas y repuestos, las cuales deben ser instaladas,
utilizadas, transformadas o manufacturadas en el territorio contemplado en la
Ley Páez; así mismo explica la norma que transformación o manufactura de una
materia prima es su incorporación a un proceso productivo de características
industriales (…) Indica el a quo que la DIAN no argumentó la ausencia de los
informes trimestrales exigidos por la norma sino que fundó el incumplimiento en
el consumo total de la materia prima en el tiempo establecido en la norma, tesis
ésta que carece de veracidad puesto que la declaratoria de incumplimiento se
fundamentó en el hecho que el importador no transformó la totalidad de la
materia prima dentro del plazo señalado por la norma, esto es seis (6) meses
contados a partir de la fecha de presentación de las declaraciones, tiempo en
el que igualmente se encontraba amparado el riesgo con las garantías, decisión
que se sustentó tanto en el informe de visita que realizó la División de
Fiscalización, como en la certificación expedida por el revisor fiscal y el
representante legal de la compañía (…) con lo cual se fundamenta el
acaecimiento del incumplimiento de transformación de las materias primas,
contrariando lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 891 de 1997, antes
transcrito (…) Claro es que la ley otorga un determinado tiempo para que se
transforme la materia prima, sin referirse al consumo de la misma, pues la
transformación o manufactura es tener una materia prima y someterla a un
proceso productivo de características industriales, diferente al consumo que
supone una comercialización que depende de las leyes de oferta y demanda
del mercado (…) Queda así demostrado que la decisión de la DIAN estuvo
debidamente motivada, toda vez que según lo señala artículo 4 del Decreto 891
de 1997, el importador PLÁSTICOS DIENES S.A. tenía un plazo de 6 meses
para realizar la transformación de las materias primas importadas, ya que la
norma en cita habla de transformación o manufactura y no de consumo,
concepto al cual no hace referencia la norma […]»
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
63. Esta Sala de Decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentados por la parte demandada, abordará: i) su competencia; ii) los actos
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
administrativos cuestionados; iii) los problemas jurídicos; iv) el caso concreto; y, v)
las conclusiones.
II.1. La competencia
64. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA3 y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
II.2. Los actos administrativos acusados
65. Los actos administrativos acusados son las resoluciones n.° 2290 de 27 de
septiembre de 2006, 779 de 11 de mayo de 2007 y 1346 de 16 de agosto de 2007,
mediante las cuales se declaró el incumplimiento de una obligación aduanera en el
expediente n.° PT020600417, proferidas por la Administración Especial de Aduana
de Cartagena.
66. También lo son las resoluciones n.° 2289 de 27 de septiembre de 2006, 780 de
11 de mayo de 2007 y 1366 de 22 de agosto de 2007, mediante las cuales se
declaró el incumplimiento de una obligación aduanera en el expediente n.°
PT030600416, proferidas por la Administración Especial de Aduana de Cartagena.
67. La DIAN, en la Resolución n.° 2290 de 27 de septiembre de 2006, decidió:
«[…] CONSIDERANDO (…) El jefe de la División de Servicio al Comercio
exterior de esta Administración con oficio 006 068 A -0628 de junio 14 de 2006,
remite a esta dependencia antecedentes de la póliza 1574392 Expedida por
seguros Confianza, por cuanto el importador PLÁSTICOS DIENES S.A.,
incumplió las condiciones requeridas para gozar de la exención de que trata el
régimen de la Ley Páez (…) Analizados los documentos aportados por la
División de Servicios al Comercio Exterior y Evaluado el expediente, se observa
que como lo indica la comunicación remitida por el jefe de la División de
Fiscalización de Cali, el importador incumplió con la obligación prevista en el
Decreto 891 de 1997 y el concepto 53012-020 del 14 de junio de 2005 toda vez
que la empresa PLÁSTICOS DIENES S.A. debió utilizar y transformar las
mercancías dentro de los seis (6) meses siguientes a la autorización de levante
de la declaración 0708502022885-7 (levante 1400401962 de octubre 4/2002)
es decir a una fecha máxima de abril 4 de 2003 (…) Lo anteriormente expuesto
se comprueba con la certificación remitida por el representante legal de la
empresa Plásticos Danies (sic) en fecha abril 6/2006 (folio 5 y 6) donde se
certifica que las materias primas, han sido ubicadas dentro del parque industrial
de Caloto Cauca y que parte de la materia prima amparada con los beneficios
de la Ley Páez han sido transformadas y utilizadas, pero algunas no han sido
3 «Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión […]».
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
transformadas en su totalidad (…) Por otro lado, no reposa dentro del
expediente certificación alguna donde se remita a la autoridad aduanera el
certificado suscrito por el representante legal y revisor fiscal, o contador público
que conste que la maquinaria, equipos y repuestos permanecen instalados y/o
están siendo utilizados en el territorio de los municipios contemplados; o
certificación trimestral de que las materias primas se encuentran ubicadas y han
sido transformadas conforme a la totalidad de importaciones (…) Siendo así las
cosas y en vista de la no existencia de las certificaciones indicadas como
obligaciones inherentes al importador y de encontrarse saldo de mercancía
importadas (sic) que tuvieron que haber sido transformadas; se encuentra
entonces, probada la circunstancia de que la mercancía sometida a importación
con franquicia total no ha cumplido con la condiciones (sic) requeridas para
gozar del beneficio otorgada (sic) conforme a la Ley 218/95 y decreto 0891/97
(…) En este orden de ideas, atendiendo que fue constituida a favor de la Nación
– DIAN y presentada en la Administración de Aduanas de Cartagena por donde
se efectuó la importación; esta división siendo competente, procederá a hacer
efectiva la garantía N° 1574392 expedida por la compañía Seguros Confianza
por la suma de $652.174.265.00; la cual garantizó el 100% de los tributos
aduaneros correspondientes a la Declaración de Importación N°
0708502022885-7 de octubre 1/2002 en el evento que se incumplan las
condiciones requeridas para gozar del beneficio una vez obtenido el levante.
Queda claro además que el importador será el responsable directo por el
gravamen arancelario exonerado y por el incumplimiento de las obligaciones
aduaneras adquiridas con ocasión a la autorización de la importación temporal
con beneficios tributarios acorde a la Ley Páez (…) RESUELVE (…) ARTÍCULO
PRIMERO: Declarar el incumplimiento de la obligación adquirida por el
afianzado o tomador PLÁSTICOS DIENES S.A. con Nit.817.001.688-5; en la
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($672.174.265.00)
(sic) obligación consistente en asegurar el pago de Los tributos aduaneros (sic)
en el evento que se incumplan las condiciones requeridas para gozar del
beneficio Ley Páez una vez obtenido el levante de las declaraciones
0708502022885-7, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
la presente providencia (…) ARTÍCULO SEGUNDO: Hacer efectiva la Póliza de
Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales No 1574392 de la Compañía
SEGUROS CONFIANZA S.A con Nit 860.070.374-9 por el valor de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($652.174.265.00)
con vigencia 03/10/02 hasta 03/04/2003 a favor de la Nación – Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (…)
ARTÍCULO TERCERO: Determinar como obligación a pagar por PLÁSTICOS
DIENES S.A. la suma líquida en dinero de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO PESOS ($652.174.265.00), que deberán ser consignados en Recibo
Oficial de Pago de Tributos Aduaneros […]»
68. A su turno, en la Resolución n.° 779 de 11 de mayo de 2007, por la cual se
resolvió el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución n.° 2290 de
2006, se decidió lo siguiente:
«[…] CONSIDERACIONES PARA RESOLVER (…) Veamos, Afirma (sic) la
Compañía Aseguradora, que desde el momento que la Autoridad Aduanera tuvo
conocimiento o pudo tener conocimiento del incumplimiento de los
compromisos adquiridos por el importador, y que a partir de dicho momento
principiaba a contarse el término de prescripción de la garantía otorgada. Por
tanto a la fecha de la emisión de la Resolución 02290 de septiembre 27 de 2006
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
se encontraban prescritos los términos del artículo 1081 del Código de
Comercio, esto es, dos años contados a partir del momento en que el interesado
haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción (…)
Como quiera que en el presente caso la administración no perfeccionó el acto
administrativo tendiente al cobro de la póliza dentro del término de dos (2) años,
opera el fenómeno de prescripción, alegada por la Compañía Aseguradora es
decir para la administración extinguió el derecho que tenía del cobro de dicha
póliza (…) En conclusión, solo se encuentra prescrita para la Administración la
acción derivada del contrato de seguro conforme lo indicado en el Artículo 1081
del Código de Comercio (…) Respecto a lo alegado por PLÁSTICO DIENES
S.A. de que existió violación al debido proceso por no expedición del
requerimiento especial aduanero, este despacho no las considera aceptables
veamos por qué: (…) El proceso administrativo sancionatorio plasmado en la
resolución de incumplimiento 2290 del 27 de septiembre de 2006, se evidencia
que hizo referencia estrictamente al procedimiento establecido en el artículo 530
de la resolución 4240 de 2002, el cual regula el procedimiento de efectividad de
obligaciones garantizadas con póliza de seguros, cuyo pago no está precedido
de un procedimiento sancionatorio, proceso que se ajusta a la realidad fáctica
discutida en este proceso y que se fundamenta en un procedimiento que tiene
origen por el incumplimiento del régimen de importación con franquicia (…) En
cuanto a lo alegado por Plásticos Dienes respecto a que se cumplió con todas
las obligaciones inherentes con la Ley Páez es importante anotar que para
hacerse acreedor y que procediera la exención arancelaria bajo estudio, se
debían cumplir por parte del importador unos requisitos ya antes mencionados
y que son de amplio conocimiento, requisitos que si se cumplían por parte del
importador, como es el caso de PLÁSTICOS DIENES, procedía la exención
arancelaria, otorgándosele el respectivo levante en la declaración con la
modalidad escogida por el importador (Franquicia o Importación Temporal
Largo Plazo) (…) A su vez, el importador adquiría nuevas responsabilidades
frente al beneficio obtenido, el cual respaldaba con una póliza, relacionados,
como ya lo hemos explicado, con la ubicación, destinación, uso, transformación
y consumo de los bienes importados y con la remisión de certificación suscrita
por el Revisor Fiscal (o por Contador Público) en la que conste que las materias
primas importadas están siendo ubicadas y utilizadas y/o transformadas en la
actividad productora dentro de los términos indicados para ello. Asimismo
quedaba obligado a informar a la DIAN cualquier cambio de ubicación del bien
dentro o fuera de los municipios del desastre (…) Se indica claramente en la
providencia que declara el incumplimiento que el Tomador de la póliza incumplió
en forma expresa con la obligación adquirida y debidamente garantizada de
transformar y utilizar las materias primas importadas dentro de los plazos
indicados. Prueba de ello se indica en las certificaciones expedidas por el
revisor Fiscal y el Representante Legal de la Compañía (folios 242-245) donde
textualmente indica:
ASÍ MISMO CERTIFICAMOS QUE LAS MATERIAS
PRIMAS HAN SIDO UBICADAS EN NUESTRA BODEGAS (sic) EL PARQUE
INDUSTRIAL DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE CALOTO Y QUE PARTE DE
LA MATERIA PRIMA AMPARADA CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY PÁEZ
HAN SIDO TRANSFORMADAS PARCIALMENTE DE ACUERDO A LA
DEMANDA DEL MERCADO, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA
RELACIÓN DE IMPORTACIÓN ADJUNTA (…) Así también existen
certificaciones (folio 237-241) donde se indica que conforme a los requisitos
establecidos en el Decreto 891 de 1997 se transformó y utilizó en su totalidad
la importaciones (sic) del período, lo cual nos indica claramente que se conocía
tal obligación (…) En síntesis dicha obligación, no está condicionada a
situaciones circunstanciales de tiempo, Modo (sic) o lugar respecto a la
necesidad de la actividad industrial que obligue a su consumo (…) Dicho en
otras palabras, en forma independiente al Control que pudiera ejercer la
autoridad aduanera legalmente se delegó a cada importador la obligación de
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
remitir anualmente certificación suscrita por revisor fiscal en la que conste que
los bienes de capital están siendo utilizados en la actividad productora de renta
del importador, en la jurisdicción territorial de la zona afectada por el terremoto
(…) De manera tal que cumplidos los requisitos para acceder al beneficio, y
obtenido el mismo, mal hace el recurrente hoy, cuando realmente se encuentra
manifiesto el incumplimiento de la obligación garantizada; pretender que la
Autoridad Aduanera desconozca el incumplimiento el cual se encuentra
claramente demostrado (…) En este orden de ideas, reiteramos, la Empresa
PLASTICOS DIENES no solo podía, sino que debía cumplir con su objeto
social, entre ellos cumplir con el fin de la importación efectuada con franquicia
arancelaria; destinando (sic), utilizando y cumpliendo además con la obligación
[de] transformar las materias primas dentro de los términos indicados y expedir
certificación suscrita por Revisor Fiscal para acreditar la destinación y utilización
del bien (…) RESUELVE (…) ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la Resolución
02290 de septiembre 27 de 2006, por medio de la cual se declara el
incumplimiento de la obligación adquirida por PLÁSTICOS DIENES con Nit.
817.001.688-5; en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS ($652.174.265.00) obligación consistente en responder por el
incumplimiento de la obligación de INSTALAR, UTILIZAR O TRANSFORMAR
SEGÚN EL CASO las maquinarias, equipos, repuestos y materias primas en el
territorio de los municipios contemplados en el art. 1° de la Ley 218 de 1995 y
otras normas. Mercancías indicadas en la declaración de Importación N°
0708502022885-7 de octubre 01/2002, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de la presente providencia […]»
69. La Resolución n.° 1346 de 16 de agosto de 2007 resolvió el recurso de apelación
presentado en contra de la Resolución n.° 2290 de 27 de septiembre de 2006, así:
«[…] 3.2. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR (…) En el caso particular que
nos ocupa, el apoderado de PLASTICOS DIENES S.A. afirma que se violó el
debido proceso por la no expedición o la omisión por parte de la Administración
de proferir el requerimiento especial Aduanero, conforme las normas
aduaneras, la anterior posición se desvirtúa trayendo a colación lo reglado en
el artículo 530 del Resolución Reglamentaria 4240 del Estatuto Aduanero, que
dice (…) Encontramos que el artículo 530 transcrito establece el procedimiento
a seguir al dictar el acto administrativo que decide de fondo, en aquellos eventos
en los que las garantías deban hacerse efectivas, sin que medie un
procedimiento administrativo para la imposición de sanción por infracción
aduanera o para la definición de la situación jurídica de una mercancía, o para
la expedición de una liquidación oficial (…) Revisado el expediente se encuentra
que la División de Liquidación, expidió la Resolución No. 2290 por medio de la
cual declaró de oficio el incumplimiento de una obligación aduanera y por tanto
ordena hacer efectiva la garantía que se constituyó para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones requeridas para gozar de la exoneración del
pago de tributos aduaneros, conforme la ley Peaz (sic) (…) Le recuerda el
Despacho a los memorialistas que el objeto de la garantía fue: “…responder por
el incumplimiento de la obligación de instalar, utilizar o transformar según el
caso, la maquinaria, equipos, repuestos y materias primas en el territorio de los
municipios contemplados en el Art. Primero de la Ley 218 de 1995 y el Artículo
1 del Decreto 529/96. Disposiciones complementarias del Decreto 891/97…”
(…) Por tanto una vez la DIAN tuvo conocimiento de no haberse cumplido la
obligación garantizada, fue que conforme lo dispuesto en el art. 530 y sin que
mediara requerimiento especial aduanero, profirió el incumplimiento de la
obligación y ordenó hacer efectiva la garantía, sin que por tal motivo se violara
el debido proceso de la empresa PLÁSTICOS DIENES S.A., pues el
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
procedimiento utilizado por el que se encuentra reglado en nuestra legislación
aduanera (…) Se aduce también en el recurso presentado por la empresa
aseguradora SEGUROS CONFIANZA S.A., que existe prescripción del contrato
de seguro, respecto a esta afirmación procede el Despacho, a hacer las
siguientes consideraciones (…) De conformidad con las normas vigentes para
la época en que sucedieron los hechos, Decreto 2685 de 1999, Decreto 1397
de 1999, Ley 218 de 1995 y demás normas complementarias, la vigencia como
bien se señala en la misma póliza era de seis (6) meses, esta era la vigencia de
la póliza que iba del 3 de octubre de 2002 hasta el 3 de abril de 2003 (…)
Pasando al argumento de prescripción del contrato de seguro, por la apoderada
de la compañía aseguradora, encontramos que la póliza global que ampara las
obligaciones contraídas por la empresa PLÁSTICOS DIENES S.A., es la No.
1574392 expedida el 2 de octubre de 2002 al 3 de abril de 2003, por un valor
de $652.174.265.oo pesos (…) De acuerdo con la definición que trae el código
de comercio, en su artículo 1072, “se denomina siniestro la realización del
riesgo asegurado. El riesgo que se aseguró con la Póliza Global 1574392
expedida por SEGUROS CONFIANZA S.A., era el de responder por el
cumplimiento de la obligación contraída que consistía en la de instalar, utilizar
o transformar según el caso la maquinaria, equipos, repuestos y materias
primas en el territorio de los municipios (…) De conformidad con lo anotado la
pluri mencionada póliza (sic) ya se encontraba vencida al momento de
producirse el acto de fondo, por lo tanto, este riesgo no se encontraba cubierto
por ella, pues su vigencia iba del 3 de octubre de 2002 al 3 de abril de 2003, y
la Resolución mediante la cual se profiere el acto de fondo tiene fecha del 27
de septiembre de 2006, y debía haberse fallado y quedar en firme dentro de los
dos años siguientes a la vigencia de la misma (…) Tampoco puede pretender
la administración aplicar la vigencia de la póliza de manera retroactiva para
cubrir un riesgo que acaeció cuando ésta ya había expirado en el tiempo, por
ende, no puede aspirar la administración a endilgarle a la Aseguradora, una
obligación que al momento de ocurrencia del siniestro ya la póliza no estaba
vigente (…) Por lo tanto, se revocará el artículo segundo de la Resolución
recurrida, pero queda vigente la obligación a cargo de la empresa importadora,
en consideración a que no ha sido demostrada la inexistencia de la obligación
(…) RESUELVE (…) ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la
Resolución N° 002290 del 27 de septiembre de 2006, emanada de la División
de Liquidación de ésta Administración, en lo concerniente al incumplimiento de
la obligación garantizada (…) ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR el artículo
segundo de la Resolución No. 002290 del 27 de septiembre de 2006 proferida
por la División de Liquidación, por medio de la cual se ordena hacer efectiva la
póliza No. 1574392 de la Compañía de Seguros CONFIANZA S.A., en la suma
de $652.174.265.oo […]»
70. La DIAN, en la Resolución n.° 2289 de 27 de septiembre de 2006, desató la
controversia de la siguiente forma:
«[…] CONSIDERANDO (…) El jefe de la División de Servicio al Comercio
exterior de esta Administración con oficio 006 068 A -0629 de junio 14 de 2006,
remite a esta dependencia antecedentes de la póliza DL000889 Expedida por
seguros Confianza, por cuanto el importador PLÁSTICOS DIENES S.A.,
incumplió las condiciones requeridas para gozar de la exención de que trata el
régimen de la Ley Páez (…) Analizados los documentos aportados por la
División de Servicios al Comercio Exterior y Evaluado el expediente, se observa
que como lo indica la comunicación remitida por el jefe de la División de
Fiscalización de Cali, el importador incumplió con la obligación prevista en el
Decreto 891 de 1997 y el concepto 53012-020 del 14 de junio de 2005 toda vez
que la empresa PLÁSTICOS DIENES S.A. debió utilizar y transformar las
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
mercancías dentro de los seis (6) meses siguientes a la autorización de levante
de la declaración 2383003165466-7 (levante 06001117724 de diciembre
12/2003) es decir a una fecha máxima de junio 12 de 2004 (…) Lo anteriormente
expuesto se comprueba con la certificación remitida por el representante legal
de la empresa Plásticos Dienes S.A. en fecha abril 6/2006 (folio 5 y 6) donde se
certifica que las materias primas, han sido ubicadas dentro del parque industrial
de Caloto Cauca y que parte de la materia prima amparada con los beneficios
de la Ley Páez han sido transformadas y utilizadas, pero algunas no han sido
transformadas en su totalidad (…) Por otro lado, no reposa dentro del
expediente certificación alguna donde se remita a la autoridad aduanera el
certificado suscrito por el representante legal y revisor fiscal, o contador público
que conste que la maquinaria, equipos y repuestos permanecen instalados y/o
están siendo utilizados en el territorio de los municipios contemplados; o
certificación trimestral de que las materias primas se encuentran ubicadas y han
sido transformadas conforme a la totalidad de importaciones (…) Siendo así las
cosas y en vista de la no existencia de las certificaciones indicadas como
obligaciones inherentes al importador y de encontrarse saldo de mercancía
importadas (sic) que tuvieron que haber sido transformadas; se encuentra
entonces, probada la circunstancia de que la mercancía sometida a importación
con franquicia total no ha cumplido con la condiciones (sic) requeridas para
gozar del beneficio otorgada (sic) conforme a la Ley 218/95 y decreto 0891/97
(…) En este orden de ideas, atendiendo que fue constituida a favor de la Nación
– DIAN y presentada en la Administración de Aduanas de Cartagena por donde
se efectuó la importación; esta división siendo competente, procederá a hacer
efectiva la garantía N° DL000889 expedida por la compañía Seguros Confianza
por la suma de $56.027.194.00; la cual garantizó el 100% de los tributos
aduaneros correspondientes a la Declaración de Importación N°
2383003165466-7 de diciembre 18/2003 en el evento que se incumplan las
condiciones requeridas para gozar del beneficio una vez obtenido el levante.
Queda claro además que el importador será el responsable directo por el
gravamen arancelario exonerado y por el incumplimiento de las obligaciones
aduaneras adquiridas con ocasión a la autorización de la importación temporal
con beneficios tributarios acorde a la Ley Páez (…) ARTÍCULO PRIMERO:
Declarar el incumplimiento de la obligación adquirida por el afianzado o tomador
PLÁSTICOS DIENES S.A. con Nit 817.001.688-5; en la suma de CINCUENTA
Y SEIS MILLONES VENTISIETE (sic) MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
PESOS ($56.027.194.00) obligación consistente en asegurar el pago de Los
tributos aduaneros (sic) en el evento que se incumplan las condiciones
requeridas para gozar del beneficio Ley Páez una vez obtenido el levante de las
declaraciones 23830031654466-7 (…) SEGUNDO: Hacer efectiva la Póliza de
Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales No DL000889 de la
Compañía SEGUROS CONFIANZA S.A. con Nit 860.070.374-9 por el valor de
CINCUENTA Y SEIS MILLONES VENTISIETE (sic) MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($56.027.194.00) con vigencia 19/06/2004 a favor de la
Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (…) ARTÍCULO TERCERO: Determinar como obligación a pagar
por PLÁSTICOS DIENES S.A. la suma líquida en dinero de CINCUENTA Y
SEIS MILLONES VENTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
($56.027.194.00), que deberán ser consignados en Recibo Oficial de Pago de
Tributos Aduaneros […]»
71. Mediante la Resolución n.° 780 de 11 de mayo de 2007 se desató el recurso de
reposición presentado en contra de la Resolución n.° 2290 de 2006, de la siguiente
manera:
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
«[…] CONSIDERACIONES PARA RESOLVER (…) Veamos, Afirma (sic) la
Compañía Aseguradora, que desde el momento que la Autoridad Aduanera tuvo
conocimiento o pudo tener conocimiento del incumplimiento de los compromisos
adquiridos por el importador, y que a partir de dicho momento principiaba a contarse
el término de prescripción de la garantía otorgada. Por tanto a la fecha de la emisión
de la Resolución 02289 de septiembre 27 de 2006 se encontraban prescritos los
términos del artículo 1081 del Código de Comercio, esto es, dos años contados a
partir del momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del
hecho que da base a la acción (…) Como quiera (sic) que en el presente caso la
administración no perfeccionó el acto administrativo tendiente al cobro de la póliza
dentro del término de dos (2) años, opera el fenómeno de prescripción, alegada por
la Compañía Aseguradora es decir para la administración extinguió el derecho que
tenía del cobro de dicha póliza (…) En conclusión, solo se encuentra prescrita para la
Administración la acción derivada del contrato de seguro conforme lo indicado en el
Artículo 1081 del Código de Comercio (…) Respecto a lo alegado por PLÁSTICOS
DIENES S.A. de que existió violación al debido proceso por no expedición del
requerimiento especial aduanero, este despacho no las considera aceptables veamos
por qué: (…) El proceso administrativo sancionatorio plasmado en la resolución de
incumplimiento 2289 del 27 de septiembre de 2006, se evidencia que hizo referencia
estrictamente al procedimiento establecido en el artículo 530 de la resolución 4240 de
2002, el cual regula el procedimiento de efectividad de obligaciones garantizadas con
póliza de seguros, cuyo pago no está precedido de un procedimiento sancionatorio,
proceso que se ajusta a la realidad fáctica discutida en este proceso y que se
fundamenta en un procedimiento que tiene origen por el incumplimiento del régimen
de importación con franquicia (…) En cuanto a lo alegado por Plásticos Dienes
respecto a que se cumplió con todas las obligaciones inherentes con la Ley Páez es
importante anotar que para hacerse acreedor y que procediera la exención
arancelaria bajo estudio, se debían cumplir por parte del importador unos requisitos
ya antes mencionados y que son de amplio conocimiento, requisitos que si se
cumplían por parte del importador, como es el caso de PLÁSTICOS DIENES,
procedía la exención arancelaria, otorgándosele el respectivo levante en la
declaración con la modalidad escogida por el importador (Franquicia o Importación
Temporal Largo Plazo) (…) A su vez, el importador adquiría nuevas responsabilidades
frente al beneficio obtenido, el cual respaldaba con una póliza, relacionados, como ya
lo hemos explicado, con la ubicación, destinación, uso, transformación y consumo de
los bienes importados y con la remisión de certificación suscrita por el Revisor Fiscal
(o por Contador Público) en la que conste que las materias primas importadas están
siendo ubicadas y utilizadas y/o transformadas en la actividad productora dentro de
los términos indicados para ello. (…) Se indica claramente en la providencia que
declara el incumplimiento que el Tomador de la póliza incumplió en forma expresa
con la obligación adquirida y debidamente garantizada de transformar y utilizar las
materias primas importadas dentro de los plazos indicados. Prueba de ello se indica
en las certificaciones expedidas por el revisor Fiscal y el Representante Legal de la
Compañía (folios 242-245) donde textualmente indica:
ASÍ MISMO CERTIFICAMOS
QUE LAS MATERIAS PRIMAS HAN SIDO UBICADAS EN NUESTRA BODEGAS
(sic) EL PARQUE INDUSTRIAL DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE CALOTO Y QUE
PARTE DE LA MATERIA PRIMA AMPARADA CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY
PÁEZ HAN SIDO TRANSFORMADAS PARCIALMENTE DE ACUERDO A LA
DEMANDA DEL MERCADO, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA RELACIÓN DE
IMPORTACIÓN ADJUNTA (…) Así también existen certificaciones (folio 237-241)
donde se indica que conforme a los requisitos establecidos en el Decreto 891 de 1997
se transformó y utilizó en su totalidad la importaciones (sic) del período, lo cual nos
indica claramente que se conocía tal obligación (…) En síntesis dicha obligación, no
está condicionada a situaciones circunstanciales de tiempo, Modo (sic) o lugar
respecto a la necesidad de la actividad industrial que obligue a su consumo (…) Dicho
en otras palabras, en forma independiente al Control que pudiera ejercer la autoridad
aduanera legalmente se delegó a cada importador la obligación de remitir anualmente
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
certificación suscrita por revisor fiscal en la que conste que los bienes de capital están
siendo utilizados en la actividad productora de renta del importador, en la jurisdicción
territorial de la zona afectada por el terremoto (…) De manera tal que cumplidos los
requisitos para acceder al beneficio, y obtenido el mismo, mal hace el recurrente hoy,
cuando realmente se encuentra manifiesto el incumplimiento de la obligación
garantizada; pretender que la Autoridad Aduanera desconozca el incumplimiento el
cual se encuentra claramente demostrado (…) En este orden de ideas, reiteramos, la
Empresa PLASTICOS DIENES no solo podía, sino que debía cumplir con su objeto
social, entre ellos cumplir con el fin de la importación efectuada con franquicia
arancelaria; destinando (sic), utilizando y cumpliendo además con la obligación [de]
transformar las materias primas dentro de los términos indicados y expedir
certificación suscrita por Revisor Fiscal para acreditar la destinación y utilización del
bien (…) RESUELVE (…) ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la Resolución 02289 de
septiembre 27 de 2006, por medio de la cual se declara el incumplimiento de la
obligación adquirida por PLÁSTICOS DIENES con Nit. 817.001.688-5; en la suma de
CINCUENTA Y SEIS MILLONES VENTISIETE (sic) MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($56.027.194.00) obligación consistente en responder por el
incumplimiento de la obligación de INSTALAR, UTILIZAR O TRANSFORMAR
SEGÚN EL CASO las maquinarias, equipos, repuestos y materias primas en el
territorio de los municipios contemplados en el art. 1° de la Ley 218 de 1995 y otras
normas. Mercancías contemplados (sic) en el art. 1° de la Ley 218 de 1995 y otras
normas. Mercancías indicadas en la declaración de Importación N°
238300316544667 de diciembre 12/03, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia […]»
72. La Resolución n.° 1366 de 22 de agosto de 2007 resolvió el recurso de apelación
presentado en contra de la Resolución n.° 2289 de 27 de septiembre de 2006,
señalando lo siguiente:
«[…] V.1 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
DEL RECURRENTE PLASTICOS DIENES S.A. (…) Observa la administración,
que no obstante que el Importador (sic) SOCIEDAD PLÁSTICOS DIENES S.A.,
certifica en su escrito del 6 de abril de 2006, dirigido a la Administración Local
de Aduanas de Cali, ubicado a folio 5 del expediente en estudio, que las
mercancías fueron ubicadas en la bodega del Parque Industrial del Cauca en el
Municipio de Caloto, y además aseverar que parte de las mismas han sido
transformadas parcialmente, de conformidad a la demanda de mercado, ello no
lo exonera de la responsabilidad ante la autoridad aduanera, frente al
incumplimiento de las obligaciones generadas a partir de las operaciones de
comercio exterior, bajo la modalidad de Importación con franquicia arancelaria,
ello se puede apreciar en la relación adjunta de los bienes constituidos en
materias primas importados al amparo de la ley Paez, con corte a 31 de marzo
de 2006, en donde manifiesta el importador lo siguiente, respaldando con su
firma en calidad de representante Legal de la sociedad PLÁSTICOS DIENES
S.A. (…) “… CERTIFICAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS
RELACIONADAS EN ESTE CUADRO FUERON UBICADAS EN LA PLANTA
QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA EN LA EMPRESA PLÁSTICOS DIENES S.A., PERO NO HAN
SIDO TRANSFORMADAS EN SU TOTALIDAD…” (folio 6) (la negrilla es
nuestra para resaltar) (…) Como corolario de lo anterior, se determina que por
el incumplimiento en que incurrió el importador SOCIEDAD PLÁSTICOS
DIENES S.A., se hizo acreedor a las sanciones de ley, no prosperando sus
pretensiones, al aducir que existe violación al debido proceso, falsa motivación
y abuso o desviación de poder por parte de la administración, por la inexistencia
del Requerimiento Especial Aduanero, para que a partir de dicha actuación, se
proceda, según su criterio, a imponer las debidas sanciones, lo cual carece de
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
fundamento jurídico, toda vez que como antes se esbozó, la administración
actuó con arreglo a las disposiciones en materia de regulación de los beneficios
otorgados, previstos en el artículo 6° de la Ley 218 de 1995, (LEY PÁEZ) y
demás normas complementarias, con acopio de las consagradas en el régimen
aduanero, artículo 530 de la Resolución 4240 de 2002, norma que regula el
procedimiento de la efectividad de las obligaciones garantizadas con pólizas de
seguros y que por ende no se encuentra enmarcado dentro de un proceso
sancionatorio, por fundamentarse en un proceder que como origen tiene el
incumplimiento en el régimen de importación con franquicia arancelaria (…) Por
otra parte, los efectos de la Declaración de Importación han sido analizados por
la Doctrina de la Dian, existiendo un pronunciamiento al respecto, mediante el
concepto 98 de octubre 6 de 2003, considerándose que las declaraciones de
importación con autorización de levante producen efectos jurídicos
consagrados en la norma aduanera, sin perjuicio del control posterior que se
ejerza sobre estas, con ocasión del incumplimiento de una obligación aduanera
(…) V.2 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
DE LA ASEGURADORA CONFIANZA S.A. (…) Los argumentos de este
recurrente en su escrito radicado con el No. 037255 del 14 de diciembre de
2006, se abrevian de la siguiente manera: (…) Violación al debido proceso (…)
Prescripción del Contrato de Seguros (…) Cumplimiento de los Requisitos de la
Ley Páez (…) La posición jurídica asumida por la administración frente al
argumento de violación al debido proceso, debidamente debatido y refutado en
el acápite anterior, cuando la Sociedad PLASTICOS DIENES S.A. dentro de
requerimientos e inquietudes eso pretendió, en iguales términos se dispone
ahora, para refutar el mismo argumento presentado por la COMPAÑÍA
ASEGURADORA CONFIANZA S.A., en su escrito No. 037255 del 14 de
diciembre de 2006, considerando que las razones de hecho y de derecho
respecto de la realidad fáctica, son los elementos tenidos en cuenta por la
administración como pilares para apoyar sus decisiones, acompasadas con un
justo proceder con la primacía del respeto a los principios consagrados en la
norma superior (…) Por lo ya debatido, no son de recibo estas pretensiones, las
cuales se encuentran distantes de configurarse el fenómeno violatorio de
aquellos preceptos que enmarcan el debido proceso y el derecho a la defensa
(…) Prescripción del Contrato de Seguros: (…) El recurrente COMPAÑÍA
ASEGURADORA CONFIANZA S.A., asevera en sus argumentos que el
importador cumplió con los requisitos enmarcados en la Ley Páez, lo cual no es
demostrado por la sociedad PLASTICOS DIENES en el curso del proceso, ya
que dentro de las operaciones de comercio exterior realizadas bajo los
beneficios de la franquicia arancelaria, al amparo de la Declaración de
Importación No.
238300316544667 de diciembre 18 de 2003, no se ciñeron a
los parámetros de la norma que concede estas prerrogativas, al observarse que
las mercancías no fueron transformadas en su totalidad, conforme a lo que se
puede apreciar en la relación de los bienes constituidos en materias primas
importados (sic) al amparo de la Ley Paez, con corte a 31 de marzo de 2006,
aportada por el peticionario SOCIEDAD PLÁSTICOS DIENES S.A., e incluida
en el expediente a folio 6, se certifica: “QUE LAS MATERIAS PRIMAS
IMPORTADAS RELACIONADAS EN ESTE CUADRO FUERON UBICADAS EN
LA PLANTA QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALOTO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN LA EMPRESA PLÁSTICOS DIENES S.A.,
PERO NO HAN SIDO TRANSFORMADAS EN SU TOTALIDAD” (…) Al existir
incumplimiento por parte del importador, como en el caso que nos ocupa, este
se hace acreedor de las sanciones contempladas en el régimen aduanero
vigente, sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros dejados de cancelar al
momento de la importación (…) En el caso en estudio se puede concluir que el
importador PLASTICOS DIENES S.A. tuvo conocimiento de los hechos
mediante el oficio No. 006068 A – 1068GAR con radicación 010635, del 23 de
junio de 2004 (sic) fecha a partir de la cual la administración le comunicó la
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
necesidad de remitir un certificado de la Aduana competente sobre la ubicación
y transformación de las mercancías al amparo de varias declaraciones de
importación entre las cuales se registró la No. 23830031654667, del 18 de
diciembre de 2003, otorgándole diez (10) días para que respondiera, lo cual no
hizo, incumpliendo lo establecido en el artículo 530 de la Resolución 4240 de
2000, razón por [la] cual se procede mediante la Resolución No. Resolución No.
002289 (sic) del 27 de septiembre de 2006, a ordenar la efectividad de la
garantía correspondiente con la cual se afianzó el cumplimiento de las
obligaciones. (folio 7) (…) Así las cosas, es a partir del 23 de junio de 2004, la
fecha desde donde se deben contar los términos de los dos (2) años que
consagra el artículo 1081 del Código de Comercio para que se produzca el
fenómeno de la prescripción ordinaria del contrato de seguros, mediante el cual
se suscribió la Póliza No. DL000889, con vigencia desde el 3 de octubre de
2003, hasta el 19 de junio de 2004 (…) Si bien es cierto, se produjo el
incumplimiento de los compromisos adquiridos por el importador PLÁSTICOS
DIENES S.A., decretado por la administración mediante la Resolución No.
002289 del 27 de septiembre de 2006, la cual quedó ejecutoriada el 1° de
noviembre de 2006, mediante el Edicto No. 032 del 19 de octubre de 2006,
fijado en la Administración Local de Impuestos Nacionales de Popayán, el 19
de octubre de 2006 y desfijado el 1° de noviembre del mismo año, no se puede
hacer efectiva la garantía constituida mediante la Póliza de Seguros DL000889,
expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
“CONFIANZAS S.A.”, por parte de la administración por caducidad de la acción,
en razón a que opera el fenómeno de la prescripción previsto en el artículo 1081
del Código de Comercio, decretado de oficio por esta administración en la
instancia anterior y alegado por la entidad garante (folios 27 al 30) (…)
RESUELVE (…) CONFIRMAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución
002289 del 27 de septiembre de 2006, emanada de la División de Liquidación
de ésta Administración, por medio del cual se declara un incumplimiento de la
obligación adquirida por la Sociedad PLÁSTICOS DIENES S.A., por las
consideraciones tenidas en cuenta en la parte motiva de esta providencia (…)
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución
No. 002289 del 27 de septiembre de 2006, mediante el cual se ordena hacer
efectiva una garantía en la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES
VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESO MCTE
($56.027.194.00), para responder por la obligación de instalar, utilizar o
transformar según sea el caso, las maquinarias, equipos y materias primas en
el territorio de los Municipios, conforme lo estipula el artículo 1° de la Ley 218
de 1995 y demás normas complementarias, respecto de las mercancías
amparadas en la Declaración de Importación No. 238300316544667 de
diciembre 18 de 2003 […]»
II.3. El problema jurídico
73. La Sala, siguiendo las prescripciones del artículo 3204 y 3285 del Código General
del Proceso, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, considera que el
4 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
5 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
problema jurídico que se debe resolver en el presente asunto es determinar, de
acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la
DIAN, si resulta procedente la declaratoria de nulidad, por un lado, de las
resoluciones n.° 2290 de 27 de septiembre de 2006, 779 de 11 de mayo de 2007 y
1346 de 16 de agosto de 2007, mediante las cuales se declaró el incumplimiento de
una obligación aduanera en el expediente n.° PT020600417, proferidas por la
Administración Especial de Aduana de Cartagena; y por el otro, de las resoluciones
n.° 2289 de 27 de septiembre de 2006, 780 de 11 de mayo de 2007 y 1366 de 22
de agosto de 2007, mediante las cuales se declaró el incumplimiento de una
obligación aduanera en el expediente n.° PT030600416, proferidas por la
Administración Especial de Aduana de Cartagena, en la medida en que:
i) La sociedad demandante, para efectos de hacerse acreedora al beneficio
previsto en el artículo 6° de la Ley 218 de 1995, no cumplió con la obligación
aduanera consistente en transformar las materias primas que importó en el
territorio de los municipios señalados en el artículo 1° de aquella ley dentro del
término de 6 meses, el cual se encuentra previsto en el artículo 4° del Decreto
n.° 891 de 1997 para la constitución de la garantía que asegure el cumplimiento
precisamente de la mencionada obligación.
ii) La decisión judicial de primera instancia es incongruente al no haber coherencia
entre lo expuesto por el demandante y los argumentos esbozados en la
sentencia apelada, puesto que aquel sostiene que la autoridad aduanera le
vulneró el debido proceso al no atender lo señalado en el artículo 530 de la
Resolución n.° 4240 de 2000 y omitir remitirle una comunicación para efectos de
que acreditara el cumplimiento de la obligación aduanera, mientras que el fallo
discutido se sustentó en que en el artículo 4° del Decreto n° 891 de 1997, no
está previsto término dentro cual se deba transformar la materia prima
importada.
II.4. El caso concreto
74. La incongruencia de la decisión de primera instancia. Para desatar este
argumento del apelante, cabe señalar que la sociedad PLASTICOS DIENES S.A.,
en sus demandas acumuladas, consideró que se habían trasgredido las normas
jurídicas allí enunciadas por las siguientes razones:
i) La vulneración del debido proceso en la medida en que la autoridad
administrativa no aplicó el procedimiento previsto en el artículo 530 de la
Resolución n.° 4240 de 2000 para hacer efectivas las garantías cuyo pago no
está condicionado a un procedimiento administrativo sancionatorio previo,
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia»
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Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
consistente en (1) establecer el incumplimiento de la obligación aduanera, (2)
comunicarlo al usuario y (3) otorgarle el término de 10 días para efectos de
respuesta a la comunicación y acredite el cumplimiento de la misma, lo cual se
tradujo en una vulneración del debido proceso administrativo.
ii) El cumplimiento de la obligación aduanera, puesto que estimó que en el
ordenamiento jurídico no existía una norma que estableciera término o plazo
para el cumplimiento de la obligación consistente en utilizar o transformar la
materia prima importada y, siguiendo tal interpretación, consideró que había
aportado los documentos que permitían concluir que había utilizado y
transformado parte de aquella materia prima.
iii) La firmeza de las declaraciones de importación, al resaltar, con sustento en el
artículo 131 del Decreto n.° 2685 de 1999, que las declaraciones de importación
n.° 0708502022885-7 de 1° de octubre de 2002 y 2383003165466-7 de 18 de
diciembre de 2003 habían adquirido firmeza por no haberse proferido, dentro del
término de 3 años a partir de la fecha de presentación y aceptación de aquellas,
un requerimiento especial aduanero, por lo que no es posible sustentar en ellas,
una declaratoria de incumplimiento de una obligación aduanera.
75. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia n.° 206 / 2014 de 29 de
agosto de 2014, únicamente desató el cargo consistente en el cumplimiento de la
obligación aduanera considerando, luego de interpretar la Ley 218 de 1995 y el
Decreto n.° 891 de 1997, que el legislador no había establecido plazo alguno para
el consumo de las mercancías importadas al amparo de tal normatividad y, en
consecuencia, no podía la autoridad administrativa declarar el incumplimiento de
aquella obligación argumentando que la misma no se produjo dentro del término de
6 meses, el cual se estableció con lapso de tiempo por el cual debía constituirse la
garantía para el caso de importación de materias primas.
76. De esta manera, siguiendo el artículo 281 del Código General del Proceso 6 y
contrario a lo expuesto por el apelante, la sentencia estuvo en consonancia con los
6 «ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio.
PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario
para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad
mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el
objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de
los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en
las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única
instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa,
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hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y, además, la demandada no
fue condenada por causa diferente de la invocada en la demanda puesto que la
primera instancia desató uno de los motivos esgrimidos por la sociedad demandante
evidenciando su prosperidad y «[F]rente a la prosperidad del anterior cargo, la Sala
considera innecesario pronunciarse sobre los demás propuestos», por lo que no
acierta el apelante en su inconformidad frente a la decisión apelada, sin perjuicio de
lo que se decidirá en esta providencia en relación con los cargos no estudiados en
la sentencia de instancia.
77. El cumplimiento de la obligación aduanera en el caso en concreto. La Sala,
en virtud de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, desatará la
inconformidad del apelante frente a la sentencia de 29 de agosto de 2014, proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
78. Talinconformidad radica en que la sociedad demandante, para efectos de
hacerse acreedora al beneficio previsto en el artículo 6° de la Ley 218 de 1995, no
cumplió con la obligación aduanera consistente en transformar las materias primas
que importó en el territorio de los municipios señalados en el artículo 1° de aquella
ley dentro del término de 6 meses, el cual se encuentra previsto en el artículo 4° del
Decreto n.° 891 de 1997 para la constitución de la garantía que asegure el
cumplimiento precisamente de la mencionada obligación, razón por la que no resulta
procedente la declaratoria de nulidad, por un lado, de las resoluciones n.° 2290 de
27 de septiembre de 2006, 779 de 11 de mayo de 2007 y 1346 de 16 de agosto de
2007, mediante las cuales se declaró el incumplimiento de una obligación aduanera
en el expediente n.° PT020600417; y por el otro, de las resoluciones n.° 2289 de 27
de septiembre de 2006, 780 de 11 de mayo de 2007 y 1366 de 22 de agosto de
2007, mediante las cuales se declaró el incumplimiento de una obligación aduanera
en el expediente n.° PT030600416, todas proferidas por la Administración Especial
de Aduana de Cartagena.
79. Inicialmente se debe advertir que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto n.°
1178 de 9 de junio de 19947, declaró el estado de emergencia por el término de 15
días calendario a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo, con el fin de
conjurar y evitar la extensión de los efectos de la crisis producida por un sismo con
epicentro en cercanía del municipio de Toribío, departamento del Cauca, que trajo
como consecuencia el desbordamiento de varios ríos y avalanchas en varios
municipios de los departamentos del Cauca y Huila, así como grandes pérdidas
humanas y materiales en ellos.
siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar
el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten
estén debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por
finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros
e integrantes de comunidades civiles indígenas».
7 por el cual se decreta el Estado de Emergencia por razón de grave calamidad pública
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80. Con sustento en el Decreto n.° 1178 de 9 de junio de 1994, se expidió el Decreto
Legislativo n.° 1264 de 19948, mediante el cual se establecieron diversas
exenciones de impuestos para la mencionada zona9, norma que fue modificada y
adicionada por la Ley 218 de 17 de noviembre de 199510.
81. En lo que concierne a esta controversia, la Ley 218 estableció, en su artículo 6°
que «[L]a maquinaria, equipos, materias primas y repuestos nuevos o de modelos
producidos hasta con cinco (5) años de antelación al momento de importar los que se
instalen o utilicen en los municipios contemplados en el artículo 1º de la presente Ley,
estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución, siempre que la respectiva
licencia de importación haya sido aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior a
más tardar el día 31 de diciembre del año 2003» –resaltado de la Sala–.
82. El Decreto n.° 529 de 15 de marzo de 1996 reglamentó parcialmente la Ley 218
de 1995 y estableció, frente al artículo 6° de la Ley 218, lo siguiente:
«[…] Artículo 13º. Las maquinarias, equipos, materias primas y repuestos que
se importen haciendo uso de las exenciones establecidas en el artículo 6o. de
la Ley 218 de 1995, deberán ser instaladas, utilizadas, transformadas o
manufacturadas según el caso, en el territorio de los municipios señalados en
el artículo 1° de este decreto.
Para estos efectos, en la contabilidad se conservarán pruebas y documentos,
durante el término establecido en el artículo 632 del Estatuto Tributario, para
8 por el cual se establecen exenciones tributarias para la zona afectada por la calamidad pública en los
Departamentos del Huila y Cauca
9«Artículo 1° Objeto y zona afectada por el fenómeno natural. Las exenciones de impuestos que se establecen
en el presente Decreto tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995. (…) Para efectos del presente
Decreto entiéndase que la zona afectada por el fenómeno natural es la comprendida dentro de la jurisdicción
territorial de los Departamentos de Cauca y Huila así: (…) Cauca: (…) Caldono (…) Inzá (…) Jambaló (…)
Toribío (…) Caloto (…) Totoró (…) Silvia (…) Páez (…) Santander de Quilichao (…) Huila: (…) La Plata (…)
Paicol (…) Yaguará (…) Nátaga (…) Iquirá (…) Tesalia».
Este artículo 1° fue modificado por el artículo 1° de la Ley 215, cuyo contenido es el siguiente: «Artículo
1º. Modifícase el artículo 1º del Decreto número 1264 del 21 de junio de 1994, el cual quedará así: Las
exenciones de impuestos que se establecen en el presente Decreto tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre
del año 2003.
Para efectos del presente Decreto entiéndese que la zona afectada por el fenómeno natural es la comprendida
dentro de la Jurisdicción Territorial de los Municipios de los Departamentos de Cauca y Huila, así: (…)
Cauca: (…) Caldono, Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, Silvia, Páez, Santander de Quilichao, Popayán,
Miranda, Morales, Padilla, Puracé, Tambo, Timbío y Suárez.
Huila: (…) La Plata, Paicol, Yaguará, Nátaga, Iquira, Tesalia, Neiva, Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Rivera
y Villavieja».
El Decreto n.° 529 de 1996 reglamentó parcialmente la Ley 218 y en el artículo primero estableció lo siguiente:
«Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo primero de la Ley 218 de 1995, se
extienden las exenciones de impuestos previstas en dicha Ley, a los municipios de Cajibío, Piendamó, Sotará,
Buenos Aires, La Sierra, Puerto Tejada, Patía y Corinto en el Departamento del Cauca y a los municipios de
Acevedo, La Argentina, Palermo, Pitalito, Tello, San Agustín, Garzón y Teruel, en el Departamento del Huila.
En consecuencia, para efectos de las exenciones de Impuestos, entiéndese que la zona afectada por el
fenómeno natural es la comprendida dentro de la jurisdicción territorial de los Municipios de los departamentos
de Cauca y Huila así: (…) Cauca: (…) Caldono, Inzá, Jambaló, Toribio, Caloto, Totoró, Silvia, Paez, Santander
De Quilichao, Popayán, Miranda, Morales, Padilla, Puracé, El Tambo, Timbío, Suarez, Cajibío, Piendamó,
Sotará, Buenos Aires, La Sierra, Puerto Tejada, Corinto y Patía (…) Huila: (…) La Plata, Paicol, Yaguará,
Nátaga, Iquira, Tesalia, Neiva, Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Rivera, Villavieja, Acevedo, La Argentina,
Palermo, Pitalito, Tello, Teruel, San Agustín, Algeciras y Garzón».
10 por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994 proferido en desarrollo de la emergencia
declarada mediante Decreto 1178 del 9 de junio de 1994 y se dictan otras disposiciones.
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probar la instalación, utilización, transformación o manufactura de los mismos
en la correspondiente jurisdicción municipal.
Se entiende como transformación o manufactura de una materia prima
importada al amparo de la exención, su incorporación a un proceso
productivo de características industriales.
Las materias primas no podrán ser enajenadas sin que previamente se les
haya efectuado un proceso industrial por parte de importador.
La violación de lo dispuesto en este artículo hará acreedor al importador, de las
sanciones contempladas en el régimen aduanero vigente, sin perjuicio del pago
de los tributos aduaneros dejados de cancelar al momento de la importación.
Para la aplicación de este artículo, se harán los trámites necesarios, por parte
de las autoridades competentes, para armonizarlo con los convenios
internacionales.
Parágrafo 1º. Las maquinarias y equipos importados al amparo de la exención
contemplada en el artículo 6o. de la Ley 218 de 1995, no podrán ser objeto de
enajenación antes de transcurrir un término de diez (10) años contados a partir
de su nacionalización.
Parágrafo 2º. Los registros o licencias de importación presentados ante el
INCOMEX para efectos de las exenciones, deberán ser tramitados dentro de
los treinta (30) días inmediatamente siguientes a la presentación de los mismos
en debida forma […]». –resaltado de la Sala–
83. El Decreto n.° 891 de 31 de marzo de 1997 11 reglamentó las condiciones para
ser acreedor de la exención de tributos aduaneros y gravámenes arancelarios y
para la importación de los bienes a que hacen referencia los artículos 6° y 12 de la
Ley 218.
84. Dicho decreto, en su artículo 4°, indicó que:
«[…] Artículo 4°. Garantía de tributos aduaneros. Para efectos de gozar del
beneficio previsto en el artículo 6 de la Ley 218 de 1995 el importador o
propietario de la mercancía deberá constituir a favor de la Nación-Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y
ante la Administración de Impuestos y Aduanas por la cual se realiza su
importación, una garantía bancaria o de compañía de seguros por el
monto de los tributos aduaneros exonerados con ocasión de su
importación, con el objeto de responder por el cumplimiento de la
obligación de instalar, utilizar o transformar según el caso, la maquinaria,
equipos, repuestos y materias primas, en el territorio de los municipios
contemplados en el artículo primero de la Ley 218 de 1995 y en el artículo
1 del Decreto 529 de 1996.
La garantía a que se refiere el presente artículo deberá constituirse por el
término de dos (2) años, contados desde la fecha de presentación de la
declaración de importación.
11 por el cual se reglamentan las condiciones para la exención de tributos aduaneros y gravámenes arancelarios,
para la importación de los bienes a que se refieren los artículos 6° y 12 de la Ley 218 de 1995.
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Para el caso de importaciones de materias primas la garantía deberá
constituirse por el término de seis (6) meses.
Solamente procederá la cancelación de la garantía una vez transcurran los
términos previstos en el inciso anterior o cuando la Administración de
Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el municipio donde se encuentre
la mercancía haya verificado y certificado la instalación, utilización o
transformación según el caso, y de acuerdo con la información que sobre
la ubicación se le hubiere suministrado a la autoridad aduanera antes de
obtener el levante.
El importador deberá expedir y remitir a la Administración de Impuestos y
Aduanas con jurisdicción en el municipio donde se encuentren las mercancías,
cada nueve (9) meses contados a partir de la obtención del levante, un
certificado suscrito por el representante legal y revisor fiscal, o contador público,
si no existe la obligación legal de tener revisor fiscal en el que conste que la
maquinaria, equipos y repuestos permanecen instalados y/o están siendo
utilizados en el territorio de los municipios contemplados en el artículo primero
de la Ley 218 de 1995 y en el artículo 1 del Decreto 529 de 1996. Para el caso
de materias primas, la certificación versará sobre su ubicación y transformación,
comprenderá la totalidad de importaciones del semestre anterior y deberá
remitirse cada tres (3) meses contados a partir del 1 de enero de cada año […]».
–resaltado de la Sala–
85. Del contenido de la norma citada se colige, que no se fijó un término para efectuar
la transformación o manufactura de las materias primas importadas al amparo de
las exenciones previstas en la Ley 218.
86. Cabe resaltar que la DIAN en sus alegaciones de conclusión señaló que la
Resolución n.° 1794 de 13 de octubre de 1993, «Por la cual se establecen los plazos,
modalidades y condiciones en que deben otorgarse las garantías que respalden
obligaciones aduaneras»12, indica, en su artículo segundo, que «[L]as garantías se
constituirán con una vigencia igual al término fijado para el cumplimiento de la
obligación que se respalda, contado desde el momento de su aprobación o de la
vigencia del contrato (…) ».
87. Sin embargo, cierto es que tal resolución fue derogada expresamente por la
Resolución 4240 de 2 de junio de 2000 -artículo 54413-, publicada en el Diario Oficial
n.° 44.037 de 9 de junio de 2000 -y así lo acepta la DIAN-, vigente al momento de la
expedición de los actos administrativos acusados y la misma no tiene disposición
de igual contenido de la citada anteriormente, razón por la que la interpretación que
la DIAN realizó del artículo 4° del Decreto 891 de 1997, consistente en que «dado
que la constitución de la garantía, cuando se trata de la importación de materia prima para
transformarla en la zona del Río Páez, se realiza por el término de seis (6) meses, es dable
12 Esta resolución fue derogada por la Resolución n.° 4240 de 2 de junio de 2000.
13 «ARTÍCULO 544. DEROGATORIAS. La presente resolución deroga las resoluciones: 3096, 3492, 3624, 5051
y 5093 de 1990; 50, 110, 1309, 2653, 2719, 2720 y 3222 de 1991; 371, 408, 499, 1433, 2335, 2680 y 2681 de
1992; 168, 1336, 1794, 2087, 2215, 2762, 3026, 3029, 3030 y 3036 de 1993; 758, 759, 760, 877, 932, 1061,
1111, 1318, 1536, 1676, 1855, 2176, 2647, 3512 y 3780 de 1994; 248, 577, 662, 712, 1409, 3290, 6198, 8874
de 1995; 18, 74, 137, 395, 396, 630, 1968, 2459, 2572, 3400, 3436, 3490, 4020 y 6517 de 1996; 360, 1016,
1860, 2450, 3072 de 1997; 825, 1052, 5049, 5268, 5740 de 1998 y demás normas que le sean contrarias. […]»
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concluir que el plazo para consumir dicha materia prima es por el mismo período» no tiene
sustento normativo alguno como bien lo señaló la primera instancia.
88. Los demás cargos formulados por el demandante en contra de los actos
administrativos acusados. Como se advirtió líneas atrás, el demandante
consideró que, por un lado, las resoluciones n.° 2290 de 27 de septiembre de 2006,
n.° 779 de 11 de mayo de 2007 y n.° 1346 de 16 de agosto de 2007, mediante las
cuales se declaró el incumplimiento de una obligación aduanera en el expediente
n.° PT020600417, proferidas por la Administración Especial de Aduana de
Cartagena; y por el otro, de las resoluciones n.° 2289 de 27 de septiembre de 2006,
780 de 11 de mayo de 2007 y 1366 de 22 de agosto de 2007, mediante las cuales
se declaró el incumplimiento de una obligación aduanera en el expediente n.°
PT030600416, proferidas por la Administración Especial de Aduana de Cartagena,
resultaban violatorias de las normas por él enunciadas y debía declararse su
nulidad, por incurrir en tres defectos: i) la vulneración del debido proceso por parte
de la autoridad administrativa; ii) el cumplimiento de la obligación aduanera por parte
de PLASTICOS DIENES S.A., y iii) la firmeza de las declaraciones de importación
de la mercancía sujeto de la exención aduanera.
89. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia n.° 206 / 2014 de 29 de
agosto de 2014, desató únicamente la acusación relativa al cumplimiento de la
obligación aduanera y, por encontrarla próspera, consideró que no debía abordar
los demás cargos expuestos por el demandante, razón por la que esta Sala estima
que, aunque no encontró que los argumentos del recurso de apelación frente al
único cargo desatado por la primera instancia permitan revocar la citada decisión,
debe abordar los demás cargos formulados por el demandante conforme lo previsto
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en los artículos 28114, 28715, 320 y 328 del Código General del Proceso, en la
medida en que (a) la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda; y, (b) la parte demandada, afectada con la
omisión, apeló el fallo de primera instancia.
90. Tal derrotero fue fijado por esta Sala, en sentencia de 9 de febrero de 2023 16,
así:
«[…] Definido lo anterior, es del caso entrar a examinar los demás cargos
propuestos en la demanda (…) Sobre el particular, cabe advertir que, en este
caso, la Sala debe pronunciarse sobre los demás cargos de nulidad elevados
por la parte actora, a pesar de que no fueron analizados en la sentencia del
inferior, de conformidad con lo previsto en los artículos 287, 320 y 328 del
Código General del Proceso (…) En efecto, el juez de segunda instancia se
encuentra habilitado para emitir sentencia complementaria que desate los
extremos de la controversia omitidos en primera instancia, en virtud de lo
previsto en el inciso segundo del artículo 287 del CGP, habida cuenta que en el
caso sub examine la parte perjudicada con la omisión (la demandante) apeló,
aunado al hecho de que la demandada también apeló, lo que faculta al superior
para no limitar el análisis de la cuestión litigiosa, de acuerdo con lo señalado en
el inciso segundo del artículo 328 ibidem […]».
14 «ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio.
PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario
para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad
mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el
objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de
los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en
las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única
instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa,
siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar
el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten
estén debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por
finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros
e integrantes de comunidades civiles indígenas.».
15 «ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis
o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada
en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse
también la providencia principal».
16 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Bogotá,
D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023). CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN. Número único de radicación: 170012331000-2010-00227-02. ACCIÓN: NULIDAD.
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i) La vulneración del debido proceso por parte de la autoridad
administrativa
91. La parte demandante estimó en sus demandas, que la DIAN no aplicó el
procedimiento previsto en el artículo 530 de la Resolución n.° 4240 de 2000 para
hacer efectivas las garantías cuyo pago no está condicionado a un procedimiento
administrativo sancionatorio previo, consistente en (1) establecer el incumplimiento
de la obligación aduanera, (2) comunicarlo al usuario y (3) otorgarle el término de
10 días para efectos de respuesta a la comunicación y acredite el cumplimiento de
la misma, lo cual se tradujo en una vulneración del debido proceso administrativo.
92. La DIAN, por su parte, adujo, al contestar las respectivas demandas, que, al
haberse determinado el incumplimiento de la obligación aduanera, dio aplicación al
artículo 530 de la Resolución n.° 4240 de 2000, que aborda los casos en que se
deben hacer efectivas pólizas cuyo pago no está condicionado al trámite de un
procedimiento sancionatorio previo, puesto que, en relación a las garantías
presentadas por la Ley Páez, la legislación aduanera no estableció que debía
adelantarse un proceso para la imposición de una sanción por infracción aduanera
y, por el contrario, se debía tramitar un proceso independiente al procedimiento
sancionatorio y decretar el incumplimiento de la obligación y hacer efectiva la
garantía que la respalda.
93. Manifestó, desde tal perspectiva, que:
«[…] En el proceso administrativo aduanero, se siguió rigurosamente el
procedimiento establecido en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000. La
División de Servicio al Comercio Exterior, envió el oficio No. 0060068A
1050GAR de junio 23 de 2004, posteriormente la División de Liquidación
Aduanera expidió la Resolución por medio de la cual se declaró un
incumplimiento y se hizo efectiva una garantía y otorgó al tomador y al garante
los recursos de reposición y apelación, posteriormente resolvió el recurso de
reposición el mismo funcionario que profirió y el acto (sic) y el de apelación el
Administrador Especial de Aduanas de Cartagena, cumpliendo de manera cabal
el procedimiento establecido […]» ─Contestación de la demanda, expediente n.°
2008-00032-00─.
94. Inicialmente y ante la manifestación de la DIAN consistente en que la sociedad
actora, PLÁSTICOS DIENES S.A., en la vía gubernativa, alegó la violación del
debido proceso, pero sustentándola bajo argumentos distintos a los expuestos en
la demanda presentada ante esta jurisdicción, consistentes en que la autoridad
administrativa omitió la expedición del correspondiente requerimiento especial
aduanero, en la medida en que a la situación objeto de controversia debía dársele
el tratamiento de sanción, siguiendo para el efecto el artículo 515 del Decreto n.°
2685 de 1999, lo cual daría lugar a que se declara la prosperidad de la excepción
de ineptitud de la demanda, pues se trata de argumentos totalmente nuevos a los
debatidos en la vía gubernativa, se estima que tal alegación no está llamada a
prosperar.
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95. Esta Corporación, reiteradamente, ha destacado que:
«[…] Al respecto estima la Sala que le asiste razón al a quo, considerado que
esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que no es necesario que el
demandante aduzca los mismos hechos o argumentos invocados en sede
administrativa para acudir legítimamente ante la jurisdicción, pues ello
equivaldría a un desconocimiento del derecho de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso17.
En esa línea, ha señalado esta Sección que la formulación en la demanda de
acusaciones o censuras no planteadas en vía gubernativa contra el acto
administrativo que ponga fin a una actuación no comporta per se falta de
agotamiento de dicha vía, puesto que ese presupuesto no significa que el uso
de la sede jurisdiccional se deba limitar a reproducir los motivos de
inconformidad de los recursos que se hubieren impetrado dentro de aquélla,
sino la circunstancia de que se configure alguna de las situaciones previstas en
el artículo 63 del CCA., o la del inciso final del artículo 135 ibídem en relación
con el acto demandado y que, siendo éste susceptible de recursos los mismos
hubieren sido resueltos, debiéndose recordar que cuando procede el recurso
de apelación es indispensable su adecuada interposición para agotar la vía
gubernativa18 […]»19
96. Expuesto lo anterior y para efectos de desatar el cargo formulado, se debe hacer
referencia al artículo 530 de la Resolución n.° 4240 de 2000, cuyo contenido es el
siguiente:
«[…] ARTÍCULO 530. PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS
GARANTÍAS CUYO PAGO NO ESTA CONDICIONADO A UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PREVIO. En
aquellos eventos en los que las garantías deban hacerse efectivas, sin que
medie un procedimiento administrativo para la imposición de sanción por
infracción aduanera o para la definición de la situación jurídica de una
mercancía, o para la expedición de una liquidación oficial, la Dependencia
competente deberá, dentro del mes siguiente a la fecha en que establezca el
incumplimiento de la obligación garantizada, comunicar al usuario o
responsable este hecho, otorgándole un término de diez (10) días para que dé
respuesta al oficio o acredite el pago correspondiente o el cumplimiento de la
obligación, si a ello hubiere lugar.
Vencido el término anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el
pago o el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la División
de Liquidación para que dentro de los quince (15) días siguientes profiera la
resolución que declare el incumplimiento de la obligación y, en consecuencia,
ordene hacer efectiva la garantía por el monto correspondiente. Esta
providencia se notificará conforme a lo previsto en el Código Contencioso
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de diciembre
de 2006. Radicación: 25000-23-15-000-2001-00413-01. M. P.: Martha Sofía Sanz Tobón. Actor: Moon Sik Yoon.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 27 de noviembre de
2014. Radicación: 05001 2331 000 2008 00306 01. M. P.: Guillermo Vargas Ayala. Actor: Banco de Occidente
S.A.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 12 de noviembre
de 2009. Radicación: 25000-23-24-000-2003-00883-01. M. P.: Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Actor: Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
19 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil diecinueve
(2019). Radicación número: 08001-23-31-000-2003-01881-01.
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
Administrativo y contra ella procederán los recursos previstos en el mismo
Código.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la citada resolución, el
usuario, el Banco o la Compañía de Seguros deberá acreditar, con la
presentación de la copia del Recibo Oficial de Pago en Bancos la cancelación
del monto correspondiente. Vencido este término, sin que se hubiere producido
dicho pago, se remitirá el original de la garantía y copia de la resolución con la
constancia de su ejecutoria a la División de Cobranzas. […]»
97. Para constatar si la DIAN agotó el procedimiento previsto en la citada norma, se
evidencia que dentro de los documentos que integran los antecedentes
administrativos del proceso, se encuentra el Oficio n.° 006068-A-1068GAR de 23
de junio de 2004 (fol. 10, Anexo DIAN), en el cual la Coordinadora de la Oficina de
Garantías de la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración
Especial de Cartagena, señora Sandra Elena Juan Galindo, le manifestó a la
sociedad actora, lo siguiente:
«[…] Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la norma referenciada,
solicitamos remitir a este despacho, certificado de la Aduana competente sobre
la ubicación y transformación de las mercancías amparadas en las
declaraciones de importación que a continuación se relacionan: (…)
DECLARACIÓN (…) 23830031654667 (…) FECHA (D-M-A) (…) PÓLIZA No.
(…) DL000889 (…) Para lo anterior tiene un plazo de diez (10) días, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, igualmente
se le hace saber que en el evento de no obtener respuesta dentro del término
señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía con la que se afianzó el
cumplimiento de esta obligación […]»
98. De otro lado, las Resoluciones n.° 2290 de 27 de septiembre de 2006, 000779
de 11 de mayo de 2007 y 001346 de 16 de agosto de 2007, señalaron en sus
antecedentes que:
«[…] ANTECEDENTES (…) Mediante oficio 0060068 A 001051GAR de junio
4 de 200320 radicado 009627 de la misma fecha (folio 9) La funcionaria del
Grupo de Garantía de la División de Servicio al Comercio Exterior de la
Administración Especial de Aduanas de Cartagena solicitó a los señores
PLÁSTICOS DIENES S.A., remitir ante esa oficina la certificación de la
aduana competente sobre la ubicación y transformación e instalación de
las mercancías amparadas en las declaraciones de importación
0708502022885-7 de octubre 01/2002 […]» ─Resolución n.° 2290 de 2006─.
«[…] ANTECEDENTES (…) Mediante oficio 0060068 A 001051GAR de junio
4 de 2003, radicado 009627 de la misma fecha (folio 9) La funcionaria del
Grupo de Garantía de la División de Servicio al Comercio Exterior de la
Administración Especial de Aduanas de Cartagena solicitó a los señores
PLÁSTICOS DIENES S.A., remitir ante esa oficina la certificación de la
aduana competente sobre la ubicación y transformación e instalación de
las mercancías amparadas en las declaraciones de importación
0708502022885-7 de octubre 01/2022 […]» ─Resolución n.° 000779 de 2007─.
20 La administración aduanera da cuenta de la existencia de este documento, no obstante, no reposa en los
antecedentes administrativos remitidos por aquella. En este proceso judicial no hay cuestionamiento alguno en
relación con la remisión de este documento a la parte actora.
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
«[…] ANTECEDENTES (…) Mediante oficio 0060068 A 001051GAR de junio
4 de 2003, radicado 009627 de la misma fecha (folio 9) La funcionaria del
Grupo de Garantía de la División de Servicio al Comercio Exterior de la
Administración Especial de Aduanas de Cartagena solicitó a los señores
PLÁSTICOS DIENES S.A., remitir ante esa oficina la certificación de la
aduana competente sobre la ubicación y transformación e instalación de
las mercancías amparadas en las declaraciones de importación
0708502022885-7 de octubre 01/2022 […]» ─Resolución n.° 001346 de 2007─.
99. Posteriormente, se expidió el Oficio n.° 1149 de 21 de abril de 2006 (fol. 5-7,
Anexo DIAN), en el cual el señor Javier Zuluaga Montero, Jefe de la División de
Fiscalización de la Administración Local Aduana Cali, informó al Jefe de la División
de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Especial de Cartagena, señor
Rafael Guillermo Meza, lo siguiente:
«[…] Asunto: Incumplimiento obligaciones Ley 218/95 (…) Cordial saludo doctor
Meza (…) Es criterio de esta Administración que las materias primas importadas
con exoneración de tributos aduaneros, efectuadas por empresas ubicadas en
la zona de desastre del río Páez, deben ser utilizadas y/o transformadas dentro
de los seis (6) meses siguientes a la autorización de levante de la declaración
de importación que la ampare, esto de conformidad con el artículo 4° del decreto
891 del 31 de marzo de 1997, en concordancia con el artículo 6° de la Ley 218
de 1995. Consecuentemente, se colige que el incumplimiento de tal obligación
trae como consecuencia la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la
garantía que sirviera de soporte a la respectiva declaración de importación (…)
Por lo anterior, me permito remitir oficio suscrito por el Representante Legal y
Revisor Fiscal de la Firma Plásticos Dienes S.A., Nit 817.001.688-5, radicado
en esta Administración bajo el No 06326 del 12 de abril de 2.006, mediante el
cual envían relación de consumo de materias primas importadas por esa
jurisdicción, donde se reportan inventarios de materias primas que a la fecha no
han sido consumidas, lo cual constituye un presunto incumplimiento de las
obligaciones aduaneras previstas en las citadas normas […]»
100. En el citado oficio se hizo referencia a las siguientes declaraciones:
DECLARACIÓN FECHA PÓLIZA CANT. CANT.SIN
CONSUMIDA MT2 CONSUMIR MT2
0708502022885-7 01-10-02 1574392 938,113.74 64,613.26
1450104059840-2 04-08-03 DL000689 7,757.25 2,264
2383003165466-7 18-12-03 DL000889 0.000 6,912
2383003165466-7 18-12-03 DL000889 3,017.04 5,507.96
101. Como se advirtió líneas atrás, en la comunicación suscrita por el representante
legal de la parte actora a la cual se hace referencia en el citado oficio, aquel
manifestó a la autoridad aduanera, que «[l]as materias primas, han sido ubicadas en
nuestra bodega del parque Industrial del Cauca en el municipio de Caloto, y que parte de
la materia prima amparada por los beneficios de la Ley Páez ha sido transformada y
utilizada, pero algunas han sido transformadas parcialmente de acuerdo a la
demanda del mercado, como se puede observar en la relación de importaciones adjunta»
(fol. 8 y 9, Anexo DIAN; fol. 42, C1 Expediente 2007-00795; y fol. 42, C1 Expediente
2008-00032), materias primas que correspondían, entre otras, a las declaraciones
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
de importación n.° 0708502022885-7 de 1 de octubre de 2002 y n.°
2383003165466-7 de 18 de diciembre de 2003.
102. La sociedad actora, en la relación de importación adjunta a la mencionada
comunicación, manifestó, con corte a 31 de marzo de 2006, frente a la declaración
de importación n.° 0708502022885-7 de 1 de octubre de 2002, que había importado
«1,002,727.00» kilos de «ENVASES Y TAPAS DE PLÁSTICOS», de las cuales
había consumido «938,113.74», por lo que tenía como saldo «64,613.26». Lo propio
ocurrió respecto a la declaración de importación n.° 2383003165466-7 de 18 de
diciembre de 2003, al señalar que había importado, de un lado, «6,912.00» metros
cuadrados de «LINNER PARA TAPAS», de las cuales no consumió nada, por lo
que tenía como saldo «6,912.00» y, del otro, «8,525.00» metros cuadrados de
«LINNER PARA TAPAS», de las cuales consumió «3,017.04», por lo que tenía
como saldo «5,507.96», datos que se relacionaron en el citado Oficio n.° 1149 de
21 de abril de 2006.
103. De lo expuesto es posible colegir que la autoridad aduanera si llevó a cabo el
trámite previsto en el artículo 530 de la Resolución n.° 4240 de 2000 para hacer
efectivas las garantías cuyo pago no está condicionado a un procedimiento
administrativo sancionatorio previo, remitiendo a la parte actora, PLÁSTICOS
DIENES S.A., los oficios n.° 006068-A-001051GAR de 4 de junio de 2003 y 006068-
A-1068GAR de 23 de junio de 2004, mediante los cuales se le requirió remitir
certificado de la aduana competente sobre la ubicación y transformación de las
mercancías amparadas por las declaraciones 0708502022885-7 de 1 de octubre de
2022 y 23830031654667 de 18 de diciembre de 2003.
104. Si bien es cierto, solo hasta la expedición y remisión del Oficio n.° 1149 de 21
de abril de 2006 por parte del Jefe de la División de Fiscalización de la
Administración Local Aduana Cali al Jefe de la División de Servicio al Comercio
Exterior de la Administración Especial de Cartagena, la autoridad aduanera advirtió
el incumplimiento de las obligaciones aduanera impuestas en la Ley 218, una vez
fue remitido por parte del representante legal y revisor fiscal de la parte demandante
la certificación en la que se constataba que a 31 de marzo de 2006 existían
mercancías amparadas por las declaraciones 0708502022885-7 de 1 de octubre de
2022 y 23830031654667 de 18 de diciembre de 2003 que aún no había sido
transformadas, la Sala estima que la DIAN, con anterioridad, como se evidenció
líneas atrás, ya le había requerido a la sociedad actora acreditar el cumplimiento de
tales obligaciones aduaneras, por lo que no resultaba necesario agotar tal trámite
nuevamente una vez expedido el oficio de 21 de abril de 2006, razón por la que,
siguiendo el citado el artículo 530 de la Resolución n.° 4240 de 2000 y habiendo
transcurrido ─con amplitud─ el término de diez (10) días allí previsto, solo se
encontraba pendiente, frente al procedimiento previsto en aquella norma, la
expedición de «[…] la resolución que declare el incumplimiento de la obligación y, en
consecuencia, ordene hacer efectiva la garantía por el monto correspondiente. […]».
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
ii) La firmeza de las declaraciones de importación aduanera
105. Ahora bien, la sociedad actora, PLÁSTICOS DIENES S.A., manifestó, con
sustento en el artículo 131 del Decreto n.° 2.685 de 199921, que las declaraciones
de importación n.° 0708502022885-7 de 1 de octubre de 2002 y 2383003165466-7
de 18 de diciembre de 2003 quedaron en firme por no haberse proferido el
requerimiento especial aduanero y, de esta manera, resultaba improcedente la
declaratoria de incumplimiento.
106. La parte demandada, esto es, la DIAN, indicó que «[…] Debemos tener en
cuenta que nos encontramos ante un proceso de declaratoria de incumplimiento de
una obligación aduanera, en donde la firmeza de la declaración no tiene incidencia
porque, la incidencia es para su revisión, independientemente de las sanciones que
pueda generar para el interesado en su compromiso de importación […]».
107. Al respecto, a la Sala le basta mencionar, conforme lo expuso la parte
demandada, que el presente proceso judicial no tiene como propósito cuestionar el
ingreso de la mercancía al territorio nacional a través de las precitadas
declaraciones de importación y, por ello, su firmeza nada interesa a esta
controversia puesto que lo se le cuestiona a la sociedad actora, PLÁSTICOS
DIENES S.A., es cosa distinta y consistente en incumplir la obligación aduanera de
transformar las materias primas que importó ─bajo las declaraciones de importación n.°
0708502022885-7 y 2383003165466-7─ en el territorio de los municipios señalados en el
artículo 1° de aquella ley dentro del término de 6 meses, el cual se encuentra
previsto, según la autoridad aduanera, en el artículo 4° del Decreto n.° 891 de 1997,
norma que regula el término para la constitución de la garantía que asegure el
cumplimiento precisamente de la mencionada obligación, para hacerse acreedora
al beneficio previsto en el artículo 6° de la Ley 218.
II.5. La conclusión
108. La Sala, con fundamento en las consideraciones expuestas en esta providencia,
encuentra que los argumentos del recurso de apelación no están llamados a
prosperar y, en consecuencia, confirmará la sentencia de primera instancia n.° 206
/ 2014 de 29 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
21 «Artículo 131. Firmeza de la Declaración. La Declaración de Importación quedará en firme transcurridos tres
(3) años contados a partir de la fecha de su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado
Requerimiento Especial Aduanero.
Cuando se ha corregido o modificado la Declaración de Importación inicial, el término previsto en el inciso
anterior se contará a partir de la fecha de presentación y aceptación de la Declaración de Corrección o de la
modificación de la Declaración».
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Radicación: 13-001-23-31-000-2007-00795-01
Demandante: PLASTICOS DIENES S.A.
Demandado: DIAN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia n.° 206 / 2014 de 29 de agosto de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. [P4]
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