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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2017-00468-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2017-00468-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE REVOCAR la sentencia del 21 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar disponer: PRIMERO: DECLARAR, de oficio, la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios No. 109 de 2010 celebrado entre el Departamento del Magdalena y Ada S.A., sin lugar a restituciones mutuas. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2017-00468-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

9 de diciembre de 2025

Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00468-01 (70168)
Demandante: ADA S.A.
Demandado: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TEMAS: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – régimen jurídico aplicable / NULIDAD
ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL – Deber del juez de declararla de oficio en caso de que se
encuentre probada en el proceso – objeto ilícito por delegación de funciones propias de la
Administración – se debe analizar al momento de la celebración del contrato / RESTITUCIONES
MUTUAS – por regla general, el contratista tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a
las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha
beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 21 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de abril de 2010, el departamento del Magdalena y Ada S.A. celebraron el
contrato No. 109, cuyo objeto consistió en la prestación de servicios especializados
para la modernización tecnológica integral de la gobernación del Departamento, con
énfasis en el apoyo al proceso de recaudo de la contribución por valorización. Entre
las obligaciones a cargo del contratista se estipularon, entre otras, la liquidación del
gravamen, la atención y trámite de recursos en sede administrativa, la proyección
de actos administrativos y la preparación de actuaciones administrativas necesarias
para el cobro coactivo.

En su demanda, la parte actora alega que no percibió ingresos durante los dos (2)
primeros años de ejecución del contrato, por circunstancias atribuibles al
Departamento. Por ende solicita, entre otras cosas: (i) que se declare la existencia

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

y validez del contrato No. 109 de 2010; (ii) que se declare que el Departamento
incumplió el referido contrato y, en consecuencia, se le condene al pago de
perjuicios materiales y morales; y (iii) que se liquide judicialmente el acuerdo de
voluntades. Como pretensión subsidiaria, solicita que se declare que el
Departamento se benefició indebidamente a expensas de la contratista,
configurándose un enriquecimiento sin justa causa y que, en consecuencia, se le
condene a reembolsar las sumas correspondientes por concepto de los servicios
efectivamente prestados en desarrollo del contrato.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 15 de diciembre de 20171, Ada S.A. mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda en
contra del departamento del Magdalena.

1.2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones (se transcriben de
forma literal, incluso con posibles errores):

“PETICIONES PRINCIPALES

PRIMERO: Que se declare la existencia del contrato 109 DE ABRIL 5 DE 2010,
suscrito entre ADA S.A. y LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, así como de sus modificaciones.

SEGUNDO: Que se declare la validez 109 DE ABRIL 5 DE 2010, suscrito entre ADA
S.A. y LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, así como de
sus modificaciones.

TERCERO: Que ordene la liquidación judicial del contrato 109 DE ABRIL 5 DE 2010,
suscrito entre ADA S.A. y LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA.

CUARTO: Que se declare administrativamente responsable a la gobernación del
departamento del Magdalena por el incumplimiento del contrato 109 DE ABRIL 5 DE
2010, suscrito entre ADA S.A. y LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, imputables a su conducta omisiva por incumplimiento de sus
obligaciones expresamente señaladas en el Contrato y por la ausencia de trámite
administrativo conducente a su cumplimiento.

QUINTO: Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento por parte de la
Gobernación del Departamento Del Magdalena, se ordene el reconocimiento y pago,

1 Folio 1183 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Demandante: Ada S.A.

con cargo de su propio presupuesto, en su totalidad de los perjuicios materiales a
título de daño emergente y lucro cesante cierto y futuro y perjuicios morales a favor
de ADA S.A.

SEXTO: Que la liquidación y pago de los perjuicios se haga teniendo en cuenta la
indexación o corrección monetaria, conforme a lo dispuesto por el Art. 187 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: Que la liquidación y pago de todos los perjuicios, se hagan en sumas de
dinero de curso legal en Colombia, devengando el interés moratorio bancario por el
lapso, desde la fecha en que se generó la obligación de pagar una suma líquida de
dinero y hasta cuando la deuda sea cancelada en su totalidad.

OCTAVO: Que se condene en costas al Departamento del Magdalena, incluidas las
Agencias en Derecho.

PETICIÓN SUBSIDIARIA

PRIMERA: Que se declare que La Gobernación del Departamento del Magdalena se
enriqueció, sin causa legal alguna, a expensas del patrimonio de la contratista ADA
S.A., quien debió efectuar gastos de su propio peculio para la ejecución del Contrato
109 DE ABRIL 5 DE 2010.

Que, en consecuencia, se condene La Gobernación del Departamento del Magdalena
a reembolsar a mi poderdante el valor actualizado de los servicios prestados por éste
en provecho del primero, junto con los frutos que le correspondan.

SEGUNDO: Que la suma liquida que resulte de la declaratoria anterior, se haga
efectiva teniendo en cuenta la indexación o corrección monetaria, conforme a lo
dispuesto por el Art. 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO Que la suma liquida que resulte de la declaratoria anterior, se hagan en
sumas de dinero de curso legal en Colombia, devengando el interés moratorio
bancario por el lapso, desde la fecha en que se generó la obligación de pagar una
suma Iíquida de dinero y hasta cuando la deuda sea cancelada en su totalidad”.
(mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito).

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante narró
los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Sostuvo que, como resultado de la licitación pública DM – 016 – 06, el
departamento del Magdalena y Ada S.A. celebraron el contrato No. 109 del 5 de
abril de 2010, cuyo objeto consistió en la “prestación de servicios especializados
para la modernización tecnológica integral de la GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con énfasis en el apoyo al proceso de
recaudo de la contribución de valorización, solución integral que incluye el
suministro y operación en los siguientes aspectos: a) Hosting en Datacenter
principal y Datacenter de contingencia y Conectividad, b ) Infraestructura Hardware
de Aplicaciones, c) Implementación, Operación, Administración Mantenimiento
Sistemas de Información, d) Niveles de Servicio de la solución integral, e) Apoyar la

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Demandante: Ada S.A.

gestión de facturación y apoyar la gestión de recaudo de la contribución de
valorización”.

1.3.2. Señaló que el plazo de ejecución del contrato se fijó en cinco (5) años y seis
(6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que ocurrió el 28
de abril de 2010.

1.3.3. Afirmó que la cuantía del contrato se pactó como indeterminada, en la medida
en que dependía del monto efectivamente recaudado por concepto de la
contribución por valorización, dado que el contratista tendría derecho a percibir un
7% sobre el valor recaudado y, adicionalmente, un 10% sobre el monto proveniente
del cobro de facturas en mora.

1.3.4. Indicó que, durante la ejecución del contrato, las partes suscribieron dos (2)
modificaciones contractuales: i) la modificación No. 001 del 22 de septiembre de
2010, y ii) la modificación No. 002 del 8 de agosto de 2011. Explicó que las
modificaciones recayeron, principalmente, sobre el objeto contractual, las
actividades y obligaciones del contratista, así como la forma de pago.

1.3.5. Aseveró que durante los años 2010 y 2011 no percibió ingresos por la gestión
contractual desarrollada, debido a que el Departamento solamente autorizó el cobro
de la contribución por valorización en diciembre de 2011, con lo cual impidió que el
contratista percibiera ingresos con anterioridad a esa fecha.

1.4. Como fundamentos jurídicos de la demanda, el extremo activo expuso lo
siguiente:

Alegó que el Departamento incurrió en incumplimiento contractual, habida cuenta
que su conducta negligente impidió que la contratista percibiera ingresos durante
los dos (2) primeros años de ejecución del contrato, pues solo hasta diciembre de
2011 el ente territorial autorizó el envío de facturas y el inicio del proceso de recaudo
de la contribución por valorización, circunstancia que marcó el momento a partir del
cual pudo empezar a percibir ingresos, dado que su remuneración dependía
directamente de dicho recaudo.

Adujo que, pese a no recibir contraprestación alguna durante ese lapso de tiempo,
debió mantener la estructura administrativa, tecnológica y operativa necesaria para

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Demandante: Ada S.A.

la ejecución del contrato, lo que implicó asumir costos de personal e infraestructura,
configurándose así una ruptura al equilibrio económico del contrato, pues tuvo que
soportar una carga inequitativa y desproporcional, derivada de la dilación
injustificada del Departamento para autorizar con antelación el cobro del tributo.

De igual manera, indicó que entre las múltiples omisiones atribuibles al
Departamento durante la ejecución del contrato, se destacan las siguientes: (i) la
falta de preparación oportuna y adecuada de los actos administrativos necesarios
para garantizar la viabilidad del cobro; (ii) la ausencia de gestión ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta para inscribir la contribución en
los folios de matrícula inmobiliaria de los predios gravados; (iii) la inadecuada
conformación de la junta de representantes; (iv) la deficiente o nula defensa judicial
de la valorización frente a los distintos procesos instaurados; (v) la carencia de
respaldo político y social para legitimar las gestiones de recaudo; y (vi) la omisión
en la adopción de planes de contingencia que permitieran dar continuidad al
proyecto frente a la crisis institucional provocada por los graves hechos de
corrupción que afectaron a la Gobernación, incluidos la destitución del Gobernador,
los encargos provisionales y las elecciones atípicas posteriores.

Finalmente, expuso que, con fundamento en los documentos aportados al proceso
licitatorio y, en particular, en el estudio de factibilidad socio económico elaborado
por la firma Convalor Ltda., se proyectó un escenario financiero que garantizaba
ingresos anuales desde el inicio de la autorización del recaudo. Sin embargo, la
diferencia entre dichas expectativas y los ingresos efectivamente percibidos
asciende a la suma de $17.829’843.172, monto que, a su juicio, evidencia el
perjuicio económico sufrido como consecuencia directa de las omisiones de la
entidad contratante.

2. La admisión de la demanda y su contestación

2.1. Mediante auto del 29 de enero de 20182, el Tribunal Administrativo del
Magdalena inadmitió la demanda porque no se estimó razonadamente la cuantía.

2 Folios 1184 a 1185 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Demandante: Ada S.A.

2.2. La parte actora allegó la subsanación de la demanda dentro del término
oportuno3 y, por tanto, a través de proveído del 12 de marzo de 20184, el Tribunal
Administrativo del Magdalena admitió la demanda. Esa decisión se notificó en
debida forma a las partes y al Ministerio Público.

2.3. El 18 de junio de 20185 la parte demandante presentó reforma de la demanda,
la cual fue admitida mediante auto del 15 de enero de 20196.

2.4. El departamento del Magdalena contestó la demanda -junto con su reforma-
de forma extemporánea7.

3. Audiencia inicial

El 19 de septiembre de 20198, el Tribunal Administrativo del Magdalena llevó a cabo
la audiencia inicial, en la que no encontró vicio alguno que debiera ser objeto de
saneamiento. Seguidamente fijó el litigio, en los siguientes términos:

“El objeto del litigio es determinar si hay lugar o no a declarar la existencia, validez
y liquidación judicial del Contrato 109 del 5 abril de 2010, suscrito entre ADA S.A. y
LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, cuyo objeto
consistía en "La prestación de servicios especializados para la modernización
tecnológica integral de la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, con énfasis en el apoyo al proceso de recaudo de la contribución de
valorización", para lo cual habrá que establecerse:

¿Si hay lugar o no a declarar el incumplimiento del contrato No. 109 del 5 de abril
de 2010, por no cumplirse las obligaciones señaladas en el Contrato y la ausencia
de trámite administrativo conducente a su cumplimiento?

¿Si hay lugar o no reconocer perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante
y daño emergente y perjuicios morales a favor de la sociedad demandante en caso
de declararse el incumplimiento del Contrato?

Como pretensión subsidiaria ¿Establecer si se presentó o no un desequilibrio
económico durante la ejecución del Contrato No. 109 del 5 de abril de 2010?

¿Determinar si se presentó o no un enriquecimiento sin justa causa por parte de la
Gobernación como consecuencia de la ejecución del contrato No. 109 del 5 de abril
de 2010?”.

3 Folios 1187 a 1189 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
4 Folios 1191 a 1192 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
5 Folios 1202 a 1203 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
6 Folios 1242 a 1243 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
7 Folio 1255 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
8 Folios 1262 a 1269 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

Posteriormente, se declaró fallida la fase de conciliación por la falta de ánimo
conciliatorio entre las partes y se decretaron como pruebas las documentales
aportadas por la parte demandante.

También se decretó la práctica de los testimonios de los señores Reiner Avendaño
Rojas, Álvaro Mercado de la Ossa, Carlos Caviedes Alarcón, José Fernández de
Castro, Maryoris Margarita Pedraza Álvarez, Donaldo Duica Granados, Carlos Iván
Quintero Daza, Sandra Rubiano Layton, Veruzka Tatiana Aaron Torregroza, Joel
Gámez López, William José Márquez Gómez, Mauricio Zapata Vidal, Myriam
Puentes, Jacob de Jesús Goez, Sergio López Trujillo, Daverson Henao, Olga Ávila
Torres, Adelina Casadiego Cuao, Aquileo Bermúdez Correa, Edier Ávila, Lisbeth
Angulo Ávila, Keyla Guillen Hernández y Juan Fernando Betancourt.

Igualmente, se decretó la práctica de un informe rendido por la Gobernadora del
Magdalena sobre los hechos debatidos que le conciernan y la práctica de un
dictamen pericial que debían rendir dos (2) peritos de la lista de auxiliares de la
justicia inscritos en la especialidad de contabilidad o finanzas9, y que permitiera
calcular “el valor proyectado de los ingresos esperados para el recaudo de
valorización para financiar las obras del Plan Vial del Norte en el Departamento del
Magdalena, para los municipios de Ciénaga y Santa Marta, de acuerdo al estudio
de factibilidad socioeconómico elaborado por la firma CONVALOR, y el cálculo del
consecuente valor dejado de percibir por la demandante como contraprestación a
los servicios prestados de conformidad con lo dispuesto por el Contrato 109 de
2010, ante la omisión de la entidad demandada para realizar adecuadamente el
proceso de recaudo”.

El Tribunal también ofició a la Gobernación del Magdalena para que allegara la
documentación relacionada con la etapa precontractual, contractual, poscontractual
del contrato No. 109 de 2010, así como los soportes de los pagos efectuados a Ada
S.A. en relación con el aludido contrato.

4. Audiencia de pruebas

9 Para el efecto, se designaron a los peritos Danilo Enrique López Cogollo y Magalys María Meriño Hernández.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

El 26 de noviembre de 201910 y el 15 de julio de 202111, el Tribunal Administrativo
del Magdalena llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual se practicaron los
testimonios decretados12, se surtió la contradicción de los dictámenes periciales que
rindieron de manera independiente los peritos13 y se incorporaron las demás
pruebas documentales decretadas en la audiencia inicial que se aportaron con
posterioridad. De igual manera, se corrió traslado a las partes para que presentaran
sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

5. Los alegatos de conclusión en primera instancia

5.1. Ada S.A.14 presentó sus alegatos, en los que reiteró los argumentos expuestos
en su demanda.

5.2. El departamento del Magdalena no presentó alegatos de conclusión.

5.3. El Ministerio Público guardó silencio.

6. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de septiembre de 202215, el Tribunal Administrativo del
Magdalena negó las pretensiones de la demanda. Al efecto, recordó que la cuantía
del contrato era indeterminada y que, en la modificación No. 002 del contrato, las
partes incorporaron un parágrafo en la cláusula sexta (valor y forma de pago), en el
cual estipularon expresamente la renuncia a cualquier pretensión económica que
hubiera podido causarse hasta la fecha de suscripción de dicho modificatorio, ya
fuera por concepto de indemnización o por daños derivados de la acción u omisión
de alguna de las contratantes, de ahí que el reclamo efectuado por la sociedad
demandante en sede judicial fuera improcedente y contrario a lo acordado por las
partes.

10 Folios 1324 a 1331 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
11 Índice 35 de Samai del Tribunal Administrativo del Magdalena.
12 Salvo los de los señores Álvaro Mercado de la Ossa, Carlos Caviedes Alarcón, José Fernández de Castro,

Maryoris Margarita Pedraza Álvarez, Donaldo Duica Granados, Carlos Iván Quintero Daza, Veruzka Tatiana
Aaron Torregroza, Joel Gámez López, William José Márquez Gómez, Daverson Henao, Olga Ávila Torres,
Adelina Casadiego Cuao, Aquileo Bermúdez Correa, Edier Ávila, Lisbeth Angulo Ávila, Keyla Guillen Hernández
y Juan Fernando Betancourt, dado que la parte actora desistió de su práctica.
13 Los peritos designados en la audiencia inicial informaron que no fue posible llegar a un acuerdo para la

elaboración de un dictamen conjunto, motivo por el cual cada uno presentó su experticia de manera separada.
14 Archivo 10 del índice 2 de Samai del Consejo de Estado.
15 Índice 42 de Samai del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

El Tribunal también puntualizó que no era posible entender configurada una ruptura
del equilibrio económico del contrato, toda vez que el contratista conocía desde un
inicio que su remuneración estaba condicionada al recaudo efectivo de la
contribución por valorización, sin que las proyecciones derivadas del estudio de
factibilidad socioeconómica elaborado por la sociedad Convalor Ltda. pudieran
entenderse como una utilidad asegurada. Además, agregó que los dictámenes
periciales allegados al plenario no permitían evidenciar la inversión real y efectiva
de los montos denunciados por el contratista como sobrecostos en el marco de los
trabajos contratados.

En lo que atañe a la liquidación del contrato, el Tribunal advirtió que en la cláusula
decimoctava se pactó que, una vez vencido el plazo de ejecución, se procedería a
su liquidación conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. No
obstante, advirtió que dicha norma fue modificada por el artículo 217 del Decreto
019 de 2012, el cual estableció que en los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión la liquidación no era obligatoria. En
consecuencia, concluyó que la liquidación del contrato No. 109 de 2010 tenía
carácter facultativo y, por tanto, no podía exigirse a las partes su realización.

Finalmente, precisó que, aunque las partes introdujeron modificaciones
contractuales con ocasión de la expedición de la Ley 1386 de 2010 -norma que
prohibió a las entidades territoriales delegar en particulares la administración de sus
tributos-, en tales modificatorios quedó establecido que el contratista únicamente
desarrollaría labores de apoyo en las gestiones de cobro persuasivo y coactivo, de
ahí que no se configurara la nulidad absoluta del contrato.

7. Recurso de apelación

El 1º de febrero de 202316, Ada S.A. interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por el Tribunal a quo a través
de proveído del 7 de febrero siguiente17. En su escrito, que en gran medida
comportó una reiteración de lo manifestado en los alegatos de conclusión de
primera instancia18, la recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,

16 Índice 47 de Samai del Tribunal Administrativo del Magdalena.
17 Índice 48 de Samai del Tribunal Administrativo del Magdalena.
18 En efecto, el recurso de apelación reproduce de manera literal los alegatos de conclusión presentados en

primera instancia, con la única diferencia de que incorpora un capítulo adicional referido a la indebida valoración
probatoria del Tribunal a quo.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

acceder a las pretensiones de la demanda; lo anterior, con fundamento en que
“[e]rra el Tribunal Administrativo al desestimar las pretensiones de la demanda,
habida cuenta de que no se realizó una valoración completa de las pruebas debido
a que, si estaba acreditada dentro del plenario las obligaciones incumplidas por la
entidad demandada y contratante, además de que se evidenció dentro del plenario
la ruptura del equilibrio financiero del contrato, en desmejora de los legítimos
intereses patrimoniales de la sociedad actora”.

Al efecto, puso de presente que el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria, comoquiera que: (i) omitió apreciar el interrogatorio de parte rendido por
el representante legal de la sociedad demandante; (ii) no valoró los testimonios de
los señores Reiner Avendaño y Sandra Rubiano, funcionarios del Departamento,
quienes declararon sobre circunstancias propias de la etapa precontractual y
contractual; (iii) dejó de considerar los testimonios de los señores Sergio López,
Mauricio Zapata y Myriam Puentes, empleados de Ada S.A., quienes se
pronunciaron sobre la ejecución del contrato y los gastos asumidos sin percibir
ingresos por el incumplimiento del Departamento; y (iv) tampoco apreció los
informes periódicos de gestión, los oficios remitidos por Ada S.A. donde se dejaron
múltiples constancias del desequilibrio económico del contrato, así como las
solicitudes orientadas al restablecimiento de la ecuación económica.

En ese orden de ideas, insistió en que se encontraba acreditado el incumplimiento
contractual del Departamento, el cual produjo como consecuencia directa la ruptura
del equilibrio económico. A su juicio, tal circunstancia afectó de manera grave y
desproporcionada sus intereses patrimoniales, pues se vio obligada a asumir cargas
y costos que no guardaban correspondencia con las condiciones inicialmente
pactadas ni con la ecuación económica que sirvió de fundamento a la contratación.

8. Actuación en segunda instancia

Mediante proveído del 11 de agosto de 202319 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Una vez concedido y admitido
el recurso de apelación, el expediente ingresó para fallo, debido a que no se
solicitaron ni se decretaron pruebas en el trámite de la segunda instancia.

19 Índice 4 Samai del Consejo de Estado.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación, la Sala estudiará los siguientes aspectos: (1)
jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer del presente asunto;
(2) procedencia del medio de control; (3) legitimación en la causa; (4) oportunidad
del medio de control; (5) el objeto de la impugnación y la delimitación de los
problemas jurídicos a resolver en esta instancia; (6) hechos probados y pruebas
relevantes de cara a la resolución de los problemas jurídicos; (7) el análisis de la
Subsección y la resolución del caso concreto; y (8) la condena en costas en segunda
instancia.

1. Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer del presente
asunto

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA20, pues el contrato No. 109 del
5 de abril de 2010 fue celebrado por Ada S.A. y el departamento del Magdalena -
entidad territorial-21, cuyo objeto consistió en la prestación de servicios especializados
para la modernización tecnológica integral de la gobernación del Departamento, con
énfasis en el apoyo al proceso de recaudo de la contribución de valorización.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Magdalena, de conformidad con el artículo 15022 y el numeral 5 del artículo 15223
del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón a que la

20 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los
contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública […]”.
21 Constitución Política de 1991. “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los

municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y
provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”.
22 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. [modificado

por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los
recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto
distinto al que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia
[…]”.
23 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5.

De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por
cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.

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Demandante: Ada S.A.

cuantía de la demanda excedió los 500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de interposición del libelo introductorio24.

2. Procedencia del medio de control

En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA25, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere al
presunto incumplimiento del contrato No. 109 de 2010, a la ruptura de la ecuación
económica y a su liquidación judicial, el medio de control procedente es el de
controversias contractuales.

3. Legitimación en la causa

Ada S.A. y el departamento de Magdalena están legitimados en la causa por activa
y por pasiva, respectivamente, toda vez que ostentan la calidad de partes del
contrato objeto de la litis.

24 El valor del salario mínimo legal mensual vigente en el 2017 ascendía a $737.717. Información obtenida de

la página oficial del Banco de la República de Colombia https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para dicha
anualidad, el tope correspondiente a los 500 SMLMV equivalía a $368’858.500. En este caso, la cuantía de la
demanda se estimó en un monto de $26.271’751.607.
25 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir

que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se
declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación
judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de
mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración
del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán
pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando
esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes
o sus causahabientes”.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

4. Oportunidad del medio de control

El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la
determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de
caducidad de dos (2) años del medio de control de controversias contractuales. De
forma general, dispone que dicho término empezará a correr a “partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento” y enseguida establece una serie de supuestos aplicables a los
contratos según estos sean de ejecución instantánea o requieran o no liquidación.

El numeral v), literal j), del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispone que el
término de caducidad de dos (2) años para los contratos que requieran de
liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la
administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses
contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente
o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del
contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga.

En el caso concreto, se tiene que en la cláusula decimoctava del contrato No. 109
de 2010 (hecho probado 6.11.) las partes estipularon de manera expresa que, una
vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme
a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, es pertinente recordar
que, para el momento de la celebración del contrato -abril de 2010-, dicha norma no
contemplaba una regla especial relativa a la liquidación de los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, pues fue con ocasión
de la expedición del Decreto 019 de 2012 que se modificó dicha disposición y se
incluyó que la liquidación frente a ese tipo de contratos no sería obligatoria -sino
facultativa-.

El artículo 38 de la Ley 153 de 188726 prevé que en todo contrato se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Sobre la irretroactividad

26 “ARTÍCULO 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.

Exceptúense de esta disposición: 1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que
resultaren del contrato, y 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción
será castigada con arreglo á la ley bajo la cual se hubiere cometido”.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

de la Ley y la estabilidad jurídica en materia contractual, esta Corporación27 ha
sostenido:

“54. En materia contractual, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 prevé que en todo
contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.
Esta norma se opone al efecto general inmediato de una nueva ley en el ámbito
contractual, porque los contratos no pueden estar sujetos a los cambios constantes
y repentinos de la legislación, que generarían inestabilidad e incertidumbre en las
relaciones jurídicas. Aceptada, pues, por el Estado una obligación contractual su
cumplimiento es ineludible, de modo que las leyes nuevas posteriores no tienen la
virtualidad de modificarlo.

55. Los contratos deben gozar de estabilidad y seguridad, pues así se promueve la
confianza y se facilitan las relaciones jurídicas. Por ello, la jurisprudencia ha
considerado que esta regla se refiere a los aspectos sustanciales del negocio
jurídico, y, por ello, las leyes nuevas no pueden alterar las relaciones contractuales.
Así, se contrae a las obligaciones que surgen del contrato, a su validez, existencia
y efectos, que quedan bajo el imperio de la ley que estuviese en vigor en el momento
en que la obligación nació. Este mandato legal, es la concreción de la regla de la
irretroactividad de la ley, pues la nueva no puede regular o afectar las situaciones
jurídicas consolidadas con base en leyes sustanciales anteriores”.

En ese orden de ideas, la Sala observa que, para la época de celebración del
negocio jurídico, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión se encontraban comprendidos dentro de la categoría de contratos de
tracto sucesivo para efectos de su liquidación28 y, por tanto, requerían de esta. En
consecuencia, la norma aplicable al caso concreto es la vigente al momento de la
celebración del contrato, esto es, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin la modificación
introducida por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, comoquiera que las
reformas normativas posteriores no pueden alterar las condiciones jurídicas
originalmente pactadas por las partes29.

Así las cosas, ha de entenderse que los plazos de liquidación del contrato eran de
cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y dos (2) meses para la unilateral. En
este punto, es menester anotar que la jurisprudencia de esta Corporación se ha

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27

de octubre de 2023. Rad: 63164.
28 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 20 de octubre de 2014. Rad: 27777.
29 En gracia de discusión, aun si se entendiera que resulta aplicable la norma vigente al momento en que se

habilita la liquidación -esto es, una vez vencido el plazo de ejecución del contrato-, lo cierto es que la
modificación introducida por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 únicamente estableció que en los contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la liquidación no sería obligatoria, sino
facultativa; sin embargo, atendiendo a lo establecido en el artículo 1618 del Código Civil, la cláusula decimoctava
del contrato refleja de manera inequívoca la voluntad común de los contratantes de proceder a su liquidación,
pues incluyeron expresamente una previsión en tal sentido y dispusieron que se realizaría conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, lo que permite concluir que la intención real de las partes fue
que el contrato se liquidara, y esa es la interpretación que debe prevalecer.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

ocupado de precisar que los contratos de tracto sucesivo sometidos a las
prescripciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
en ausencia de acuerdo sobre el balance final del negocio jurídico, pueden ser
liquidados unilateralmente por la Administración, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 200730.

De esta manera, se tiene que el negocio jurídico en cuestión se extendió hasta el
28 de octubre de 2016 (hecho probado 6.23.), razón por la cual ha de señalarse que
el término de cuatro (4) meses para liquidar el vínculo obligacional de forma bilateral
transcurrió entre el 29 de octubre de 2016 y el 1º de marzo de 2017, y los dos (2)
meses adicionales para la liquidación unilateral transcurrieron entre el 2 de marzo
de 2017 y el 2 de mayo de 2017, por lo que a partir de esa última fecha se debe
empezar a contabilizar el término de caducidad de dos (2) años.

Por tanto, como la demanda se presentó el 15 de diciembre de 2017, es claro que
esta se interpuso dentro del término legal oportuno para tal efecto. Lo anterior,
incluso sin tener en cuenta la suspensión del término de caducidad, que operó entre
el 20 de octubre de 201731 y el 4 de diciembre de 201732 por la presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial.

5. El objeto de la impugnación y la delimitación de los problemas jurídicos a
resolver en esta instancia

5.1. El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 328 del CGP33.

Así las cosas, y de conformidad con lo estipulado en el negocio jurídico sometido a
juicio, la Sala deberá establecer, en primer lugar - y de oficio-34, si el contrato de
prestación de servicios No. 109 de 2010 adolece de nulidad absoluta, en razón a la

30 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de febrero de 2021. Rad.: 49792.
31 Folio 58 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
32 Folio 59 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
33 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
34 Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, que señala sobre la nulidad

absoluta del contrato que: “El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada
en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.”

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

eventual delegación de funciones propias de la administración tributaria territorial
por parte del Departamento a la contratista en la celebración del negocio jurídico en
cuestión.

En segundo lugar, y solo en el evento de no configurarse la nulidad absoluta del
referido contrato, corresponderá a la Sala determinar si se encuentra acreditado el
incumplimiento contractual por parte del departamento del Magdalena en relación
con el contrato No. 109 de 2010, así como también la ruptura del equilibrio
económico y, de ser así, establecer si hay lugar al reconocimiento y pago de los
perjuicios y compensaciones reclamados en la demanda.

6. Hechos probados y pruebas relevantes de cara a la resolución de los
problemas jurídicos

En el marco de lo expuesto, se procederá a establecer cuáles son los hechos
probados que resultan jurídicamente relevantes para decidir la controversia
sometida a juicio en esta instancia. Para tal efecto, la Sala analizará los documentos
aportados al proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 246 del CGP35.

El proceso licitatorio

6.1. Mediante Resolución No. 067 del 11 de febrero de 201036, el Departamento
abrió la licitación pública No. DM-01-10 con el fin de contratar la prestación de
servicios especializados para la modernización tecnológica integral en la
gobernación del departamento del Magdalena, con énfasis en el apoyo al proceso
de recaudo de la contribución de valorización.

6.2. En el pliego de condiciones37 aparecen como actividades a cargo del
contratista, entre otras, las de “[a]delantar las gestiones de facturación a cada
SUJETO DE RECAUDO en forma mensual y/o anual durante el plazo establecido
en las respectivas resoluciones”, así como “[c]olaborar en la proyección de las
respuestas a los recursos de reposición dentro de los términos de ley y de las
reclamaciones que se presenten por parte de los SUJETOS DE RECAUDO”.

35 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo

cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia […] Sin
perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar
su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se
efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”.
36 Folios 150 a 152
37 Índice 2 de Samai.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

6.3. Frente al valor del contrato y la forma de pago en favor del contratista, en el
pliego de condiciones se estableció lo siguiente:

“1.5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presente contrato es de cuantía indeterminada pero determinable debido a que
depende del recaudo de la contribución de valorización; sin embargo, para efectos
fiscales y de legalización el valor se fija en TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS.
M. L. ($300.000.000,00).

EL CONTRATISTA tendrá derecho a que EL DEPARTAMENTO le reconozca y
cancele una suma resultante de multiplicar el porcentaje ofrecido por el proponente
por el valor recaudado de la contribución de valorización, la cual será cancelada
dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la cuenta de cobro por
parte del Interventor del contrato y que será pagada por la fiducia que administre el
recaudo y administración de los recursos originados en la facturación y recaudo de
la valorización. Para tal fin se emitirá por el Departamento hacia la fiducia una orden
de pago irrevocable por toda la duración del contrato y sujeta para su pago a la
presentación del acta de liquidación periódica aprobada por el interventor”.

El contrato de prestación de servicios No. 109 del 5 de abril de 2010 celebrado
entre el departamento del Magdalena y Ada S.A.

6.4. El 5 de abril de 201038, el departamento del Magdalena y Ada S.A. celebraron
el contrato No. 109, cuyo objeto consistió en “la prestación de servicios
especializados para la modernización tecnológica integral de la GOBERNACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con énfasis en el apoyo al proceso
de recaudo de la contribución de valorización, solución integral que incluye el
suministro y operación en los siguientes aspectos: a) Hosting en Datacenter
principal y Datacenter de contingencia y Conectividad, b) Infraestructura Hardware
de Aplicaciones, c) Implementación, Operación, Administración, Mantenimiento
Sistemas de Información, d) Niveles de Servicio de la solución integral, e) Apoyar la
gestión de facturación y apoyar la gestión de recaudo de la contribución de
valorización”. (énfasis añadido)

6.5. En la cláusula segunda39 se establecieron las actividades del contratista, tal
como se transcribe a continuación:

“SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: Para el desarrollo de estos servicios EL
CONTRATISTA se compromete a asumir las siguientes actividades, con recursos
físicos humanos propios: 1. La operación, administración y mantenimiento de la
solución de software de los sistemas provistos por EL CONTRATISTA de acuerdo

38 Folios 61 a 69 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
39 Folio 62 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

con los niveles de servicios y demás requerimientos estipulados en el pliego de
condiciones y en la oferta presentada por EL CONTRATISTA dentro del proceso
licitatorio que precedió a la adjudicación del presente contrato, documentos que
forman parte integral de este contrato. 2. Suministro de toda la infraestructura
tecnológica (hardware y software) requerida para la correcta operación del recaudo
de la contribución de valorización, cumpliendo con los requerimientos mínimos de
infraestructura tecnológica relacionados en el pliego de condiciones y en la
propuesta del CONTRATISTA. Todos los servidores, incluyendo las licencias de los
sistemas de información, sistemas operativos, manejadores de bases de datos y las
soluciones de almacenamiento (hardware y software) de los ambientes de
producción y pruebas incluida la información que estén siendo utilizados al finalizar
el contrato, pasaran a ser propiedad de EL CONTRATANTE. 3. Instalación,
configuración, operación administración de toda la infraestructura tecnológica sobre
la cual funcionen correctamente los sistemas de información provistos, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del pliego. 4. Ejecución de los diferentes procesos
y procedimientos técnicos operativos y administrativos relacionados con el normal
funcionamiento de los sistemas. 5. Durante los últimos tres (3) meses del contrato,
EL CONTRATISTA debe realizar el empalme con el siguiente administrador del
sistema o en su defecto con EL CONTRATANTE, certificando el normal
funcionamiento del sistema y la transferencia adecuada de la información para su
debida operación 6. Rendir los informes que le sean requeridos por EL
CONTRATANTE respecto a la gestión que adelanta, para el cumplimiento del objeto
convencional. 7. Toda vez que la facultad de la jurisdicción coactiva se intransferible,
EL CONTRATISTA debe implementar los procesos, procedimientos y mecanismos
necesarios para ofrecer al público la certeza de que las actuaciones de cobro de
TASAS, IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES las hace EL DEPARTAMENTO en
forma ajustada al orden jurídico y al Estatuto Tributario”.

6.6. En la cláusula tercera40 se estipularon las obligaciones a cargo del contratista,
en los siguientes términos:

“TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones
propias de la naturaleza del contrato, son obligaciones a cargo del CONTRATISTA
las siguientes actividades: 1. Cumplir el objeto contractual con diligencia,
ajustándose a las disposiciones constitucionales, legales, contractuales, las del
pliego de condiciones, sus adendas y a la propuesta presentada. 2. Suministrar el
recurso humano mínimo ofrecido, con sujeción a los condicionamientos de tiempo,
modo y lugar señalados en el pliego de condiciones, la oferta y este contrato. 3.
Suministrar los servicios, equipos, plataforma tecnológica, infraestructura de
hardware, software, comunicaciones y demás requerimientos técnicos señalados en
el pliego de condiciones, en la propuesta y en este contrato. 4. Constituir la garantía
única para amparar los riesgos establecidos en el contrato. 5. Pagar la publicación
del contrato, dentro del término fijado para ello. 6. Atender las observaciones del
funcionario que ejerce la Interventoría, el control y vigilancia del contrato. .7 Pagar
el impuesto de timbre, si hubiere lugar a ello. 8. Tomar las medidas necesarias para
garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 9. Mantener reserva
profesional sobre los asuntos o la información que le sea suministrada por motivo
de la ejecución de este contrato. 10. Informar inmediatamente al CONTRATANTE y
autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes
actúen por fuera de la ley con el objeto de obligarlo a hacer u omitir algún acto o
hecho. 1. Cumplir durante el tiempo de ejecución del contrato, las obligaciones con
el sistema general de seguridad social y aportes parafiscales del personal que
laborará en la ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones legales
sobre la materia. 12. Cumplir estrictamente todas las obligaciones laborales del
personal que utilice para la ejecución del objeto contratado. 13. En los procesos de
recaudo de contribuciones por valorización, hacer la publicidad para que los

40 Folios 63 a 66 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
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SUJETOS DE RECAUDO se enteren de los plazos y condiciones de pago, mediante
su divulgación por los medios adecuados: emisoras, internet, vallas, prensa
boletines. Adelantará las campañas publicitarias orientadas a la socialización. Es
sensibilización de la importancia del pago de estas tasas, impuestos, y
contribuciones bajo el desarrollo del Departamento. 14. Adelantar las gestiones de
facturación de contribuciones por valorización a cada SUJETO DE RECAUDO
en forma mensual y/o anual durante el plazo establecido en las respectivas
resoluciones. 15. Remitir y entregar las facturas de contribuciones por
valorización a los SUJETOS DE RECAUDO en forma oportuna, antes del
vencimiento de cada cuota u OBLIGACION. 16. Establecer en coordinación
con la Gobernación, los sitios de atención a los contribuyentes con los
recursos adecuados de manera que la atención sea oportuna y eficiente 17. Apoyar en la proyección de las respuestas de los recursos de reposición
dentro de los términos de ley y de las reclamaciones que presenten los sujetos
de recaudo de contribuciones por valorización. 18. Realizar los estudios
correspondientes a las reclamaciones presentadas, atendiendo si es del caso
las solicitudes efectuadas. 19. Colaborar en la proyección de las
correspondientes resoluciones modificadoras para la firma de la
administración, darles la publicidad que corresponda, hacerlas conocer de los
interesados o reclamantes e inscribirlas en la oficina de instrumentos públicos
cuando sea del caso. 20. Actualizar las bases de datos cada vez que se
produzcan modificaciones en las de contribuciones por valorización. 21. Enviar notificaciones persuasivas a los contribuyentes que se atrasen en los
pagos de las cuotas periódicas asignadas. 22. Informar a la administración
sobre los contribuyentes que no atendieron las notificaciones persuasivas
para que esta autorice el Inicio del proceso de cobro por jurisdicción coactiva,
preparar toda la documentación requerida para el cobro coactivo y proyectar
los respectivos actos administrativos, creando los respectivos expedientes. 23. Apoyar en la gestión para la generación de paz y salvos a los contribuyentes que
se encuentren al día en las cuotas periódicas o hayan cancelado el gravamen
asignado. 24. Proyectar los oficios de cancelación de gravamen de contribuciones
por valorización a los contribuyentes que hayan cancelado totalmente la obligación
y dirigirlos a los Registradores de Instrumentos Públicos cuando sea el caso. 25. Elaborar informes periódicos dirigidos a la administración sobre el comportamiento
de los recaudos, flujo de caja, reclamos y demás eventos que ocurran durante el
período inmediatamente anterior. 26. Elaborar los formatos de autorización y
entregarlos a los contribuyentes que lo soliciten para poder efectuar trámites ante la
oficina de registro de instrumentos públicos cuando sea el caso. 27. EL
CONTRATISTA debe tener en cuenta que el objeto de que trata este contrato cubre
exclusivamente a la administración departamental tomada como aquella que
físicamente se ubica en el edificio de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA en la
ciudad de Santa Marta; sin embargo: Las licencias de los sistemas de información
ERP podrán ser utilizadas en todos los municipios del Departamento de Magdalena. Los módulos que conforman el ERP son: a) Presupuesto, b) Contabilidad, c)
Tesorería (Pagaduría), d) PAC (programación de da ejecución efectiva de fondos),
e) Compras y pedidos de bienes y/o servicios, f) Almacén e Inventarios, g) Activos
Fijos, Mantenimiento y Seguros, h) Nómina, i) Talento Humano j) Facturación, k)
Cuentas por cobrar, l) Cuentas por pagar, m) Liquidación de Impuestos, n) Recaudo,
o) Impuestos, tasas y contribuciones.

La infraestructura de hardware y software,
datacenter y conectividad debe estar en capacidad de recibir y soportar la operación
de todos los municipios del Departamento durante la ejecución de este contrato; la
responsabilidad de la infraestructura física de redes, computadores, impresoras,
conectividad local e internet y en general otros elementos de hardware y software
no descritos, son responsabilidad y deben ser provistos por la GOBERNACIÓN DE
MAGDALENA y por cada uno de sus municipios. 28. Las demás que se requieran
para cumplir con el objeto pactado, en coordinación con la dependencia encargada
de ejercer la interventoría, el control y vigilancia del contrato”.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

6.7. En la cláusula quinta41 se acordó que el plazo de ejecución sería de cinco (5)
años y seis (6) meses prorrogables por voluntad de las partes, contados a partir de
la suscripción del acta de inicio.

6.8. En la cláusula sexta42 se pactó que la cuantía era indeterminada, debido a que
dependería del recaudo de la contribución por valorización. No obstante, se
estableció que, para efectos fiscales y de legalización, el valor del contrato se fijaría
en $300’000.000. Finalmente, se estipuló que el contratista tendría derecho al 7%
sobre el valor recaudado de la contribución por valorización, y el 10% adicional del
valor del recaudo sobre facturas morosas.

6.9. En la cláusula décima43 se indicó que la supervisión técnica, administrativa y
financiera del contrato sería efectuada por la Gerencia de Proyectos Departamental
en cabeza del funcionario jefe o en quien este designara para tales efectos.

6.10. En la cláusula decimotercera44 se estipuló una cláusula penal pecuniaria a
cargo de quien incumpliera cualquiera de sus obligaciones contractuales, por una
suma equivalente al 10% del valor total del contrato.

6.11. En la cláusula decimoctava45 se indicó que, terminado el plazo de ejecución
del contrato, se procedería a la liquidación del mismo conforme a lo establecido en
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

La ejecución del contrato No. 109 del 5 de abril de 2010

6.12. El 28 de abril de 201046 las partes suscribieron el acta de inicio.

41 Folio 66 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
42 Folio 66 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
43 Folio 67 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
44 Folio 68 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
45 Folio 69 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
46 Folio 55 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

20

Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

6.13. El 22 de septiembre de 201047, las partes celebraron la modificación No. 001
al contrato No. 109 del 201048, en la cual se dejó constancia de que, con ocasión
de la expedición de la Ley 1386 del 21 de mayo de 2010 -norma que prohibió a las
entidades territoriales delegar en terceros la administración, fiscalización,
liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones e imposición de sanciones
relacionadas con los tributos-, se hacía necesario introducir ajustes al contrato
original. En consecuencia, las partes acordaron modificar, entre otras, las cláusulas
primera (objeto contractual) y segunda (actividades del contratista), en los términos
que a continuación se indican:

“PRIMERO.- La cláusula primera del contrato quedará así: OBJETO.- El objeto
de este contrato es la prestación de servicios especializados para la modernización
tecnológica integral del Departamento del Magdalena, con énfasis en el apoyo al
proceso de recaudo de la contribución de valorización, solución integral que incluye
el suministro y operación en los siguientes aspectos: 1)Hosting en datacenter
principal y datacenter de contingencia y conectividad; 2) Infraestructura de hardware
y de aplicaciones; 3) Implementación, asesoría y mantenimiento de los sistemas de
información; 4) Niveles de servicio de la solución integral; 5) Apoyo y asesoría en la
facturación y la gestión de recaudo de la contribución de valorización, tasas,
impuestos y cartera normal o vencida de la Entidad. PARÁGRAFO: El objeto del
contrato está delimitado a: 1) La implementación, instalación, capacitación
permanente, actualización, mantenimiento y suministro de toda la infraestructura
tecnológica (hardware y software) requerida para la correcta operación del sistema
de recaudo de la contribución de valorización: 2) Apoyar la gestión de recaudo de la
contribución de valorización mediante la asistencia permanente del recurso humano
(especializado, profesional y técnico) calificado para esta materia; y 3) Garantizar la
publicidad de la gestión de recaudo de la contribución de valorización.

SEGUNDO.- La cláusula segunda del contrato quedará así: ALCANCE DEL
OBJETO: Para el desarrollo de estos servicios EL CONTRATISTA se compromete
a asumir las siguientes actividades, con recursos físicos y humanos propios: 1. La
instalación, capacitación, actualización y mantenimiento de la solución de software
de los sistemas provistos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con los niveles de
servicios y demás requerimientos estipulados en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por EL CONTRATISTA dentro del proceso licitatorio que precedió
a la adjudicación del presente contrato, documentos que forman parte integral de
este contrato. 2. Suministro de toda la infraestructura tecnológica (hardware y
software) requerida para la correcta operación del recaudo de la contribución de
valorización, cumpliendo con los requerimientos mínimos de infraestructura
tecnológica relacionados en el pliego de condiciones y en la propuesta del
CONTRATISTA. Todos los servidores, incluyendo las licencias de los sistemas de
información, sistemas operativos, bases de datos y las soluciones de
almacenamiento (hardware y software) de los ambientes de producción y pruebas
que se utilicen, pasarán a ser propiedad de EL CONTRATANTE al finalizar el
contrato. 3. Instalación, configuración, actualización y mantenimiento de toda la
infraestructura tecnológica para que funcionen correctamente los sistemas de

47 Folios 260 a 263 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
48 La Sala observa que en el expediente reposan varios documentos que se denominan “MODIFICACIÓN No.

001 AL CONTRATO No. 109 DE ABRIL 5 DE 2010 DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL DE LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, CON ÉNFASIS EN EL APOYO AL PROCESO
DE RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN”. No obstante, dichos documentos no presentan
un contenido uniforme, pues entre ellos se advierten variaciones sutiles. Por tal razón, para efectos de los
hechos probados, se tuvo en cuenta únicamente la modificación suscrita por la Gobernadora (E) del
Departamento, el Jefe de la Oficina Jurídica y el representante legal de la contratista.

21

Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

información provistos para el recaudo de la contribución de valorización, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del pliego. 4. Durante los últimos tres (3) meses
del contrato, EL CONTRATISTA debe realizar el empalme con el Departamento del
Magdalena, certificando el normal funcionamiento del sistema y la fidelidad de la
información para su debida operación, salvo terminación anticipada del contrato. 5.
Rendir informes mensuales de la gestión realizada y los demás que le sean
requeridos por EL CONTRATANTE respecto a la gestión que adelanta para el
cumplimiento del objeto contractual. 6. Toda vez que la facultad de jurisdicción
coactiva es intransferible, EL CONTRATISTA debe implementar los procesos,
procedimientos y mecanismos necesarios para ofrecer al público la certeza de que
las actuaciones de cobro las hace EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA en
forma ajustada al orden jurídico y al Estatuto Tributario”.

6.14. En la modificación No. 001 al contrato No. 109 del 201049 también se
introdujeron ajustes a la cláusula tercera del contrato (obligaciones del contratista),
las cuales se consignaron así:

“TERCERO. - La cláusula tercera del Contrato No. 109 de 2010, referida a las
obligaciones de EL CONTRATISTA tendrá las siguientes modificaciones:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A) El numeral 14 de la cláusula tercera del
contrato quedará así: "14. Apoyar las gestiones de facturación que realice el
Departamento del Magdalena para el recaudo de la contribución de valorización a
cada sujeto de recaudo, durante el plazo establecido en las respectivas
resoluciones". B) Se suprime el numeral 16 de la cláusula tercera del contrato. C) El
numeral 17 de la cláusula tercera del contrato quedará así: "17. Apoyar al
Departamento del Magdalena en la adecuada y oportuna proyección de respuestas
a las peticiones, recursos y reclamaciones que presenten los sujetos de recaudo,
relacionada con el objeto del contrato". D) Se suprime el numeral 18 de la cláusula
tercera del contrato. E) El numeral 19 de la cláusula tercera del contrato quedará
así: "19. Colaborar a la Administración Seccional proyectando las resoluciones o
actos que expresamente le solicite en relación con la facturación y recaudo de la
Contribución de Valorización, coadyuvar en la publicidad de las mismas y en la
inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos, cuando sea del caso". F) El
numeral 20 de la cláusula tercera del contrato quedará así: "20. Actualizar la
infraestructura tecnológica (hardware y software) cuando así sea necesario para
garantizar la correcta operación del recaudo de la valorización". G) El numeral 22 de
la cláusula tercera del contrato quedará así: "22. Preparar la documentación
requerida para el cobro coactivo y proyectar los respectivos actos administrativos,
de acuerdo con la información que el Departamento del Magdalena le remita sobre
los contribuyentes que no atendieron las notificaciones persuasivas". Se suprime el
numeral 26 de la cláusula tercera del contrato”.

6.15. El 15 de diciembre de 201050 las partes suscribieron el acta de comité de
valorización, en el que fijaron un cronograma de plan de trabajo para facturación,
entrega de facturas e inicio del cobro de la valorización. En ese documento se
observa que Ada S.A. adquirió compromisos tales como: (i) realizar y proyectar
resoluciones modificadoras en las contribuciones de los inmuebles con
parqueaderos vinculados, así como los documentos necesarios para la notificación
personal de dichas resoluciones a los interesados (citaciones, notificación personal,

49 Folios 260 a 263 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
50 Folios 76 a 80 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

edictos); y (ii) controlar la entrega de facturas, verificar y llevar control del registro
de los recaudos.

6.16. El 8 de agosto de 201151, las partes suscribieron la modificación No. 002 al
contrato No. 109 del 2010. En ese documento se dejó constancia de que,
nuevamente, se realizarían ajustes al contrato con el fin de evitar que se incurriera
en alguna de las prohibiciones contenidas en la Ley 1386 de 2010. En
consecuencia, las partes acordaron adicionar la cláusula tercera del contrato
(obligaciones del contratista), en el siguiente sentido:

“PRIMERO: A la cláusula tercera del Contrato No. 109 de 2010, que fue objeto
de modificación a través del acto No. 001 de 2010 y que se refiere a las
obligaciones del contratista se le adicionará lo siguiente: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Para el desarrollo de los servicios descritos en la cláusula primera
del contrato N° 109 de abril 5 de 2010 el contratista se compromete a asumir las
siguientes actividades, con recursos físicos y humanos propios, según se describe
a continuación, durante las diversas etapas que supone la ejecución del contrato: 1.
APOYO A LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. En la labor de apoyo a la atención
a la comunidad en el cobro de la contribución, la CONTRATISTA tendrá las
siguientes obligaciones: 1.1. Operar en la oficina de atención a la comunidad del
fondo rotatorio de valorización. 1.2. Recepcionar y atender las llamadas PBX y
líneas de atención al contribuyente. 1.3. Atender presencialmente al contribuyente,
para tal fin el asesor de la CONTRATISTA brindará información general o específica
del proyecto de la contribución, de los factores generales y demás datos
relacionados con pagar. 1.4. Administrar la información del predio y/o propietario -
contribuyente. 1.5. Recibir por escrito o verbalmente las peticiones, quejas o
reclamos realizados por los contribuyentes para su ingreso al aplicativo de PQR,
bajo el manejo exclusivo de EL CONTRATANTE Y LA CONTRATISTA. 1.6.
Proyectar, archivar y gestionar los proyectos de respuestas certificadas a las
peticiones, quejas y reclamos de los contribuyentes, para la revisión, aprobación y
firma del CONTRATANTE. 17. Verificar los documentos anexos a las peticiones,
quejas y reclamos como pruebas de los mismos. 1.8. Digitalizar y archivar en medios
físicos y magnéticos las peticiones, quejas y reclamos, así como sus anexos
(escrituras, planos, certificados de libertad y tradición, minutas, documentos públicos
privados, etc.) 1.9. Proyectar los paz y salvos parciales y totales; como también las
comunicaciones a las oficinas de instrumentos públicos, para revisión, aprobación y
firma del CONTRATANTE 1.10 Realizar el seguimiento del curso de los
procedimientos de atención de peticiones, quejas y reclamos, hasta la respuesta o
la resolución modificadora por medio del aplicativo diseñado para tal fin. 1.11 Apoyar
al CONTRATANTE en el proceso de notificación de los contribuyentes y en el envío
de las citaciones y avisos 1.12. Realizar las publicaciones en prensa con formatos y
procedimientos aprobados por el CONTRATANTE. 2. APOYO A LA TAREA DE
RECAUDO: la labor de apoyo a la gestión de recaudo que ejercerá la contratista se
clasifica en tres componentes, que se detallan de la siguiente manera: 2.1 GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN: la contratista deberá: 2.1.1. Custodiar la información en
datacenter y en datacenter de apoyo. 2.1.2. Ejercer la implementación, montaje y
mantenimiento de la herramienta de reliquidación de la contribución en los casos
señalados en la Ordenanza Departamental No. 012 de 1997. 2.1.3 Capacitar al
funcionario de la CONTRATANTE que manejará la herramienta de reliquidaciones
de la contribución. 2.1.4. Suministrar las plantillas y documentos básicos, para la
proyección de resoluciones modificadoras por parte del CONTRATANTE. 2.1.5.
Suministrar los datos e información básica al CONTRATANTE para que actualice el

51 Folios 250 a 254 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

monto a pagar por los contribuyentes. 2.1.6. Proyectar las notificaciones que se
requieran para la revisión, aprobación y firma del CONTRATANTE. 2.1.7. Actualizar
permanentemente la información sobre predios y propietarios afectados por la
contribución con fundamento en la información suministrada por el interesado. 2.1.8. Proyectar los documentos a terceros (paz y salvos de instrumentos públicos) para
revisión, aprobación y firma del CONTRATANTE. 2.2 PUBLICIDAD: Ia contratista
en la labor de publicidad deberá realizar lo siguiente: 2.2.1 Elaborar la campaña
publicitaria que acompañe las distintas etapas del proceso de cobro de la
contribución. 2.2.2. Elaborar las propuestas de piezas publicitarias para la revisión
y aprobación del CONTRATANTE. 2.2.3. Producir las piezas publicitarias aprobadas
por el CONTRATANTE. 2.2.4 Asumir el alquiler y pago de espacios externos de
publicidad (vallas, pasacalles. Mogadores, Muppies, paraderos, etc dependiendo de
la estrategia publicitaria implementada y aprobada por el CONTRATANTE). 2.2.5. Elaborar y producir cuñas radiales y piezas publicitarias masivas para revisión y
aprobación de la CONTRATANTE. 2.2.6 Asumir alquiler y pago de espacios radiales
para difundir las cuñas aprobadas por el CONTRATANTE. 2.2.7. Implementar,
diseñar, administrar y manejar una página web para el proceso de recaudo de la
contribución de valorización. El contenido difundido en la página web debe ser
previamente autorizado por el CONTRATANTE antes de su publicación. 2.2.8. Asumir el apoyo técnico en los procesos de socialización que adelante la
CONTRATANTE a través de sus dependencias previo requerimiento escrito de esta
para el efecto. 2.2.9. Manejar y difundir el proceso de recaudo y de las piezas
publicitarias aprobadas por la CONTRATANTE a través de redes sociales y
campañas presenciales en sitios y eventos públicos. El contenido difundido debe ser
previamente autorizado por la CONTRATANTE antes de su publicación. 2.3 APOYO
A LA TAREA DE RECAUDO en ejercicio de labor de apoyo a la operación a
recaudo, el contratista deberá realizar las siguientes funciones: 2.3.1. Imprimir los
documentos de cobro correspondientes al periodo causado. 2.3.2. Entregar los
documentos de cobro suscritos por la CONTRATANTE, de manera personal a cada
contribuyente. 2.3.3. Realizar llamadas de seguimiento para el pago efectivo de la
contribución. 2.3.4. Proyectar y entregar las cartas, circulares y de más documentos
masivos para la revisión y aprobación de la CONTRATANTE, para afianzar el
recaudo de la contribución. 2.3.5. Entregar informes y realizar el acompañamiento
(como la entrega de datos, cifras, presentaciones, ayudas visuales, etc.) en el cobro
que la CONTRATANTE realice a grandes contribuyentes. 2.3.6. Informar a los
contribuyentes de los medios y las formas de pago de la contribución de acuerdo a
lo determinado por la CONTRATANTE 3. APOYO A LA TAREA DE COBRO
PERSUASIVO Y COACTIVO. Sin soslayar lo preceptuado por la ley 1386 de 2010,
la labor de apoyo al cobro persuasivo y coactivo lo realizará la CONTRATISTA de
la siguiente manera: 3.1. APOYO A LA TAREA DE COBRO PERSUASIVO: el
cobro persuasivo será realizado a través del grupo de cobro persuasivo y jurisdicción
coactiva adscrito a la Secretaria de Hacienda Departamental, no obstante, la
CONTRATISTA realizará una labor de apoyo en dicha gestión de la siguiente
manera: 3.1.1. Suministrar a la CONTRATANTE una carpeta por cada contribuyente
moroso con la siguiente información: requisitos del título ejecutivo, el estado de la
obligación, datos del deudor, la liquidación de la cuantía e intereses generados a la
fecha por el CONTRATANTE. 3.1.2. Realizar llamadas, proyectar y entregar
información personalizada a los contribuyentes para instar al pago de la
contribución, una vez hayan sido revisada y aprobada por el CONTRATANTE. 3.1.3. Actualización de la base de datos una vez se realice el pago por el contribuyente. 3.1.4.

Proyectar el documento de acuerdo de pago para aprobación de la
CONTRATANTE. 3.1.5. Archivar y hacer seguimiento (telefónico con los datos
financieros aportados por la CONTRATANTE) de los convenios de pago vigentes. 3.1.6. Notificar a la CONTRATANTE el incumplimiento del convenio de pago suscrito
por los contribuyentes. 3.1.7. Proyectar las solicitudes de estudio de bienes y hacer
seguimiento, archivo y digitalización en el aplicativo de las respuestas a dichas
solicitudes. 3.1.8. Solicitar los certificados a los que dé lugar el estudio de bienes. 3.1.9. Informar el resultado del estudio de los bienes a la CONTRATANTE. 3.2
APOYO A LA TAREA DE COBRO COACTIVO: el cobro coactivo será realizado por

24

Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

la CONTRATANTE a través del grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva
adscrito a la Secretaria de Hacienda Departamental, no obstante, la CONTRATISTA
realizará una labor de apoyo en dicha gestión de la siguiente manera: 3.2.1.
Suministrar al CONTRATANTE las carpetas con la información del predio,
propietario, la contribución y el sujeto de cobro coactivo. 3.2.2. Proyectar los oficios
necesarios previos al mandamiento de pago para revisión, aprobación y firma de la
CONTRATANTE. 3.2.3. Proyectar y distribuir masivamente los mandamientos de
pago que hayan sido aprobados y firmados por el funcionario competente de la
entidad CONTRATANTE. 3.2.4. Apoyar el trámite de notificación, entrega masiva y
seguimiento de los mandamientos de pago. 3.2.5. Proyectar los oficios que la
gobernación determine a fin de hacer efectivas las medidas cautelares. 3.2.6.
Proyectar las resoluciones que se requieran durante el proceso de cobro coactivo,
previa autorización y requerimiento de la CONTRATANTE. 3.2.7. Apoyar a la
CONTRATANTE en el proceso de cobro coactivo, informando sobre los términos
procesales, las techas de su vencimiento, las actuaciones pendientes y radicadas a
través de la herramienta tecnológica dispuesta para tales efectos. 3.2.8. Archivar las
actuaciones procesales en el cobro coactivo”.

6.17. En la modificación No. 00252 también se modificó la cláusula sexta del contrato
(valor y forma de pago), en los siguientes términos:

“SEGUNDO. - La cláusula sexta del Contrato No. 109 de 2010, referida al valor y
forma de pago se modificará de la siguiente manera: “VALOR Y FORMA DE PAGO":
El presente contrato es de cuantía indeterminada debido a que depende del recaudo
de la contribución de valorización; sin embargo, para efectos fiscales y de
legalización el valor se fija en TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M. L.
($300.000.000.00). El CONTRATISTA tendrá derecho a que el CONTRATANTE le
reconozca y cancele la suma resultante de multiplicar el SIETE - POR CIENTO (7%)
por el valor efectivamente recaudado de la contribución de valorización, y el DIEZ
POR CIENTO (10%) adicional del valor del recaudo efectivamente realizado sobre
facturas morosas. PARÁGRAFO. El valor correspondiente al impuesto al valor
agregado - IVA, del recaudo por valorización se hará con cargo a la cuenta del
FIDEICOMISO constituido para ello por la CONTRATANTE a nombre de la
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA. El CONTRATISTA presentará mensualmente
su cuenta de cobro por su gestión a la FIDUCIARIA, la cual enviará la misma y una
certificación de los ingresos efectivamente recaudados en la respectiva mensualidad
a la Secretaria de Hacienda Departamental para que esta realice las respectivas
operaciones presupuestales previas y necesarios para proceder al pago y constate
el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Una vez
adelantado los tramites presupuestales necesarios y el visto bueno de la
supervisión, el Gobernador del Departamento autorizará al encargo fiduciario a
proceder con el pago en la cuenta que para el efecto autorice el CONTRA TISTA.
Este procedimiento se surtirá en un término “máximo de cinco (5) días hábiles
contados a partir de la radicación de la cuenta de cobro. PARAGRAFO: Las partes
acuerdan renunciar a cualquier tipo de pretensión económica que se haya podido
causar hasta la fecha de suscripción del presente acto modificatorio por concepto
de indemnización o daño generado como consecuencia de la acción u omisión de
uno de los contratantes; renuncia que está sometida a la condición de que no se
suspende en forma unilateral e injustificada el contrato por parte de los
contratantes”.

52 Folios 250 a 254 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

6.18. Obran múltiples informes de labores53 elaborados por Ada. S.A. en relación
con el cumplimiento del contrato No. 109 de 2010. En todos los informes, dentro del
acápite de objetivos específicos se señala el de “lograr un recaudo eficiente de la
contribución de valorización, con énfasis en: Una adecuada atención al
contribuyente, y en general la realización oportuna y de calidad para la facturación,
distribución y entrega de facturas, recaudo, cobranza, generación y expedición de
certificados de paz y salvo”. Además, junto con cada informe se allegó la factura de
venta correspondiente a la mensualidad vencida.

6.19. Mediante oficio No. 441 del 28 de diciembre de 201154, el Gobernador del
departamento del Magdalena le solicitó al representante legal de Ada S.A. “el inicio
de las gestiones de facturación a los distintos contribuyentes del tributo de
valorización en el Departamento del Magdalena, en cumplimiento de la cláusula
tercera, numerales 14 y 15 del Contrato No. 109 del 5 de abril de 2010”.

6.20. El 26 de junio de 201255, el supervisor rindió informe sobre la ejecución del
contrato.

6.21. Reposan las órdenes de pago56 expedidas por la Gobernación del
Departamento del Magdalena en favor de Ada S.A.

6.22. Se encuentran incorporados al plenario varios oficios57 suscritos por Ada S.A.
y dirigidos a la Gobernación del departamento de Magdalena en los que solicitaba
el restablecimiento de la ecuación económica, debido a la ruptura del equilibrio
económico del contrato.

6.23. El contrato terminó el 28 de octubre de 2016, por vencimiento del plazo de
ejecución, y ante el silencio de las partes para prorrogar el mismo.

53 Folios 300 a 318; 326 a 356; 365 a 388; 399 a 422; 439 a 476; 490 a 511; 523 a 555; 566 a 586; 596 a 618;

628 a 658; 667 a 693; 700 a 720; 736 a 758; 759 a 799; 800 a 821; 845 a 871; 880 a 899; 908 a 926; 935 a 941;
951 a 971; 982 a 1001; 1009 a 1032; 1043 a 1062; 1073 a 1091; 1100 a 1119; 1129 a 1148 y 1158 a 1180 del
cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
54 Folio 48 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
55 Folios 88 a 105 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
56 CD allegado con la demanda, en la carpeta “CD ORDENES DE PAGO”, en el índice 2 de Samai.
57 CD allegado con la demanda, en la carpeta “Ecuación Patrimonial”, en el índice 2 de Samai.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

6.24. Se allegaron los contratos58 de arrendamiento de local comercial, de asesoría
en publicidad y de mensajería celebrados por Ada S.A. con terceros, en
cumplimiento de lo dispuesto en el contrato No. 109 de 2010.

6.25. Obran documentos relativos a la investigación adelantada por la Contraloría
General de la República59, en atención a las denuncias formuladas contra el
Gobernador del Magdalena, sobre las presuntas irregularidades cometidas en el
contrato No. 109 del 5 de abril de 2010, dentro de las cuales se incluyó la presunta
vulneración a la Ley 1386 de 2010 por la delegación de la administración de tributos
a particulares.

6.26. Obran soportes contables de Ada S.A.60, en los que se registran los costos y
egresos asumidos durante la ejecución del contrato, particularmente en los años
2010 y 2011.

Dictámenes periciales

6.27. Reposa el dictamen pericial61 elaborado por la contadora Magalis María
Meriño Hernández, en el cual se analizó el cálculo de los ingresos que Ada S.A.
esperaba percibir por concepto del recaudo de la contribución de valorización,
conforme al estudio de factibilidad socioeconómico preparado por la firma Convalor
Ltda., así como la estimación del valor dejado de percibir por Ada S.A. como
remuneración por los servicios prestados en el marco del contrato No. 109 de 2010,
con ocasión del presunto incumplimiento del Departamento en realizar
adecuadamente el proceso de recaudo. En ese dictamen se concluyó que la suma
por concepto de daño emergente ocasionado durante los primeros dos años del
contrato fue de $2.853’816.802, mientras que el lucro cesante consolidado ascendía
a $198.719’737.562.

6.28. Obra otro dictamen pericial62 elaborado por el economista Danilo López
Cogollo, en el cual se pronunció sobre los ingresos esperados por Ada S.A. sobre
el recaudo de la valorización, de acuerdo al estudio de factibilidad socioeconómico
preparado por la firma Convalor Ltda., así como la estimación del valor dejado de

58 Folios 174 a 201 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
59 Folios 1367 a 1382 y 1425 a 1430 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
60 CD allegado con la demanda, en la carpeta “Soportes contables ADA S.A”, en el índice 2 de Samai.
61 Folios 1 a 169 de la carpeta de “DICTAMEN PERICIAL” en el índice 2 de Samai.
62 Folios 170 a 281 de la carpeta de “DICTAMEN PERICIAL” en el índice 2 de Samai.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

percibir por Ada S.A. como remuneración por los servicios prestados en el marco
del contrato No. 109 de 2010, con ocasión del presunto incumplimiento del
Departamento en realizar adecuadamente el proceso de recaudo. En ese dictamen
se concluyó que la suma por concepto de daño emergente ocasionado durante los
primeros dos años del contrato fue de $6.724’100.869, mientras que el lucro cesante
consolidado ascendía a $24.395’991.161.

6.29. Se encuentra incorporado al expediente un memorial suscrito por el perito
Daniel López Cogollo, en el cual controvierte la fórmula empleada por la perito
Magalis María Meriño Hernández para el cálculo del lucro cesante. Asimismo,
señaló que dicho dictamen no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo
226 del CGP, toda vez que la perito carecía de la experiencia necesaria para la
elaboración de ese tipo de experticias.

Testimonios y declaración de parte

6.30. Obra el testimonio del señor Hernán Mauricio Zapata Vidal63, en su calidad de
director comercial de Ada S.A.

6.31. Obra el testimonio del señor Sergio López Trujillo64, en su calidad de gerente
de proyectos de Ada S.A.

6.32. Obra el testimonio de la señora Luz Myriam Puentes65, en su calidad de
gerente técnico de Ada S.A.

6.33. Obra el testimonio del señor Reiner Antonio Avendaño Rojas 66, quien se
desempeñó como profesional especializado en la Gobernación del departamento
del Magdalena.

6.34. Obra el testimonio de la señora Sandra Rubiano Layton67, quien fungió como
supervisora del contrato No. 109 de 2010.

63 Folios 1327 a 1328 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
64 Folios 1328 a 1329 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
65 Folios 1329 a 1330 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
66 Folios 1329 a 1330 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
67 Folio 1330 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

6.35. Obra la declaración de parte rendida por el señor César Echeverri Pérez 68, en
su calidad de representante legal de la sociedad Ada S.A.

7. El análisis de la Subsección y la resolución del caso concreto

Antes de resolver los problemas jurídicos planteados, es pertinente referirse al
régimen del contrato, para posteriormente analizar los problemas jurídicos
planteados.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el contrato sometido a juicio fue celebrado
por el Departamento como entidad contratante, con el objeto de prestar servicios
especializados para la modernización tecnológica de la Gobernación del
Departamento, enfocada en fortalecer el proceso de recaudo de la contribución por
valorización, se colige que el régimen del negocio jurídico es el previsto en la Ley
80 de 1993 y le son aplicables las disposiciones contenidas en esta normatividad,
en especial lo dispuesto en el artículo 32-3 sobre el contrato de prestación de
servicios; lo anterior, sin perjuicio de la remisión al derecho privado prevista en el
artículo 13 del mismo estatuto69.

7.1. La nulidad absoluta del contrato

Según lo previsto en el artículo 45 de la Ley 80 de 199370, la nulidad absoluta de los
contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca
plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación.
A su vez, la posibilidad de decretar oficiosamente la nulidad absoluta de los
contratos, si se encuentra plenamente demostrada y en el proceso están presentes
todas las partes que lo celebraron, es reiterada en el inciso final del artículo 141 del
CPACA71.

Ahora bien, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, en la nueva redacción que le dio al
artículo 1742 del C.C., expresa que la nulidad absoluta se sanea “en todo caso” por

68 Folios 1328 a 1329 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Magdalena.
69 “ARTÍCULO 13 Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente

estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas en esta Ley.”
70 “La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier

persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.”
71 “El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad

absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en
el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.”

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

prescripción extraordinaria. Por consiguiente, cualquiera que sea la causa que da
origen a la nulidad absoluta, transcurrido el término de la prescripción extraordinaria
no podrá pedirse ni decretarse porque el legislador, en procura de la seguridad
jurídica, ha fijado un límite temporal a la posibilidad de cuestionar los negocios
jurídicos.

Respecto de las causales de nulidad absoluta de los contratos estatales, el artículo
44 de la Ley 80 de 1993 dispone:

“ARTÍCULO 44.- De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del Estado
son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además
cuando:

1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitución y la ley;

2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.

3o. Se celebren con abuso o desviación de poder.

4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y

5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el
artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de
la reciprocidad de que trata esta Ley”.

En el derecho común, el artículo 1741 del C.C. establece que el contrato es
absolutamente nulo por objeto o causa ilícita, por omisión de alguno de los requisitos
o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en
consideración a su naturaleza o por haber sido celebrado por personas
absolutamente incapaces.

A su vez, en punto al objeto ilícito como causal de nulidad absoluta, el artículo 1519
del C.C. dispone que “hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público
de la nación”, de tal suerte que toda violación a un mandato imperativo constituye
un vicio que genera nulidad absoluta, salvo que de modo expreso la norma
establezca una sanción distinta.

Ahora bien, las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino
también las que ordenan, por lo que el quebranto del orden público se presenta
tanto cuando se violan normas que establecen prohibiciones como cuando no se

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

observan o se desatienden normas que ordenan72, eventos todos estos en los
cuales se produce nulidad absoluta por objeto ilícito.

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación73 que:

“(…) el orden público comprende además los principios ínsitos en el ordenamiento,
que se deducen de las normas imperativas, y su transgresión también apareja la
nulidad absoluta como sanción.

(…)

Así para que un acto o contrato sea absolutamente nulo por objeto ilícito no es
indispensable la existencia de una norma que diga, expresa y sacramentalmente,
que es “nulo” como consecuencia, el acto que la contraviene, pero desde luego que
lo que sí debe existir es la norma que expresamente mande o prohíba”.

De tiempo atrás, y con anterioridad a la expedición de la Ley 1386 de 2010, la
jurisprudencia reiterada de esta Sección74 ha señalado que los contratos en los que
las entidades deleguen en particulares las funciones de administración,
fiscalización, liquidación y cobro de tributos son nulos por objeto ilícito. Sobre este
particular, en sentencia del 1º de marzo de 201875 esta Sección precisó lo siguiente:

72 Sobre la nulidad absoluta por objeto ilícito y la violación de normas prohibitivas e imperativas, enseña el

tratadista Luis Claro Solar, lo siguiente: “Para la validez de la declaración de voluntad no basta que su objeto
sea posible, cierto y determinado y comerciable; se requiere además que sea lícito. Objeto lícito es el que se
conforma con la ley, es reconocido por ella y lo protege y ampara. Sabemos que las leyes constituyen
limitaciones de la libertad individual, necesarias para la vida del hombre en sociedad; y según la importancia de
la materia sobre la cual recaen, los preceptos legales toman diversas formas que dan a los mandatos del
legislador efectos diversos y mayor o menor energía. Las leyes son: imperativas, que también se llaman
preceptivas, que imponen la ejecución de un precepto como necesario al mantenimiento de ciertas instituciones
y del orden social; prohibitivas, que prohíben la ejecución de un hecho o de un acto jurídico, como contrario a
la estabilidad social; y permisivas, a que se da también el nombre de declarativas, que simplemente reconocen
los derechos de los individuos. Las imperativas y las prohibitivas se dirigen a la voluntad del hombre
principalmente y constituyen para él mandatos autorizados de que no puede ni debe desentenderse, porque el
legislador exige su observancia como una necesidad del mantenimiento del orden social y del respeto de los
derechos de los ciudadanos; las leyes permisivas, como simplemente declarativas que son, no se dirigen
directamente a la voluntad del hombre, sino más bien a su inteligencia para indicarle las condiciones necesarias
a una figura jurídica para su validez y su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta los derechos e intereses
privados en juego. Por lo mismo la observancia de estas leyes no es rigurosamente exigida y los derechos que
de ella se derivan pueden ser renunciados, si no se ha prohibido por el legislador especialmente la renuncia.
Sucede todo lo contrario con las leyes imperativas y especialmente con las leyes prohibitivas, que establecen
normas que el nombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la violación de una de estas
leyes se descubre. Las leyes imperativas acentúan la voluntad del legislador que quiere que las codas se hagan
como él lo entiende en beneficio de la generalidad y para asegurar el orden social y público. Las leyes
prohibitivas revelan el propósito del legislador de asegurar el funcionamiento de todos los intereses legítimos y
de velar por el mantenimiento de las buenas costumbres y de la justicia y equidad en los tratos de los
particulares. Estas dos clases de leyes deben ser cuidadosamente observadas y como el legislador no puede
prestar su protección a quien desconoce y viola sus preceptos imperativos de orden público o prohibitivos, la
sanción de su violación es la nulidad del acto ejecutado en contravención a dichas leyes; salvo que en la ley
misma designe otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención”. (Explicaciones de Derecho Civil
Chileno y Comparado, Luis Claro Solar, Tomo Undécimo, De las Obligaciones II, Págs. 264 y 265)
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 3 de junio de 2015, Rad. 37.566.
74 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de mayo de 2007. No. de radicación: 41001-23-

31-000-2004-00369-01(AP); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de octubre de
2012. No. de radicación: 23001-23-31-000-1998-08976-01 (26140); Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 13 de mayo de 2015. No. de radicación: 76001-23-31-000-1999-00306-01 (29200).
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 1º de marzo de 2018. No. de radicación:

85001-23-33-000-2014-00146-01 (54819).

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

“Los contratos mediante los cuales se delegaban las actividades de administración,
fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de
sanciones de los tributos quedaron prohibidos a partir de la vigencia de la Ley 1386
de 2010, por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier
título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras
disposiciones’

Si bien antes de la expedición de Ley 1386 de 2010 no había prohibición legal
expresa, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional76, las
potestades propias del cobro coactivo de impuestos no podían ser entregadas
a particulares a través de contratos, por razón de la distribución de funciones
que se deriva de la Constitución Política, a partir de la cual se concluye que
los alcaldes municipales que así lo hicieran desbordaban sus competencias
en asuntos tributarios– delimitadas por los artículos 677, 313 y 315 CP- en
aquellas contrataciones en las que asignaran la función administrativa referida
al ejercicio de la jurisdicción coactiva, aun tratándose de contratos celebrados
con anterioridad a la vigencia de la mencionada Ley” (se destaca).

Bajo el anterior contexto, la Sala advierte que el contrato de prestación de servicios
No. 109 de 2010 adolece de nulidad absoluta porque fue celebrado con objeto ilícito,
como pasa a exponerse.

Al efecto, cabe empezar por señalar que dicho contrato se celebró en abril de 2010
(hecho probado 6.4.), mientras que la Ley 1386 de 2010 se expidió en mayo del
mismo año, es decir, que para el momento de la celebración del contrato la aludida
normatividad no se encontraba vigente, de ahí que no se analice el asunto sub judice
bajo la causal de nulidad establecida en el numeral segundo del artículo 44 de la
Ley 80 de 1993 relativa a la celebración de contratos contra expresa prohibición
constitucional o legal, pues dicha causal presupone la existencia de una norma
imperativa vigente al momento de la celebración del contrato, circunstancia que en
el caso concreto no se configura.

Ahora bien, el contrato tuvo como objeto (hecho probado 6.4.) la prestación de
servicios especializados para la modernización tecnológica integral de la
gobernación del Departamento, con énfasis en el apoyo al proceso de recaudo de
la contribución de valorización y, para tal efecto, se pactaron como obligaciones del
contratista, entre otras, las siguientes (hecho probado 6.6):

76 Sentencia C-224 de 18 de abril de 2013, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 66 de la

Ley 1480 de 2011, contentiva del Estatuto del Consumidor, por razón de la improcedencia del vaciamiento
integral de la función administrativa, decisión en la cual se asumió la conformación de la unidad normativa con
el aparte del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, también declarado inexequible, mediante el cual se permitía el
ejercicio de la jurisdicción coactiva en materia tributaria, mediante la contratación con abogados.
77 Original de la cita: “Artículo 6. C.P. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir

la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en
el ejercicio de sus funciones”.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

• Adelantar las gestiones de facturación de contribuciones por
valorización a cada sujeto de recaudo en forma mensual y/o anual durante
el plazo establecido en las respectivas resoluciones.

• Remitir y entregar las facturas de contribuciones por valorización a los
sujetos de recaudo en forma oportuna, antes del vencimiento de cada
cuota u obligación.

• Apoyar en la proyección de las respuestas de los recursos de
reposición dentro de los términos de ley y de las reclamaciones que
presenten los sujetos de recaudo de contribuciones por valorización.

• Realizar los estudios correspondientes a las reclamaciones
presentadas, atendiendo si es del caso las solicitudes efectuadas.

• Colaborar en la proyección de las correspondientes resoluciones
modificadoras para la firma de la administración, darles la publicidad que
corresponda, hacerlas conocer de los interesados o reclamantes e
inscribirlas en la oficina de instrumentos públicos cuando sea del caso.

• Actualizar las bases de datos cada vez que se produzcan modificaciones
en las contribuciones por valorización.

• Enviar notificaciones persuasivas a los contribuyentes que se atrasen en los
pagos de las cuotas periódicas asignadas.

• Informar a la administración sobre los contribuyentes que no atendieron las
notificaciones persuasivas para que esta autorice el Inicio del proceso de
cobro por jurisdicción coactiva, preparar toda la documentación requerida
para el cobro coactivo y proyectar los respectivos actos
administrativos, creando los respectivos expedientes.

La Sala reconoce que la instrumentalización del procedimiento administrativo y la
elaboración de documentos pueden encomendarse a particulares, en el entendido
de que la Administración puede apoyarse en ellos para la preparación de decisiones

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

relacionadas con la expedición de actos administrativos o la resolución de recursos.
Ello es admisible siempre que la entidad conserve, en todo momento, la regulación,
dirección, control y vigilancia sobre la función administrativa. Sin embargo, dicha
condición se desvirtúa cuando el contratista asume competencias propias de la
entidad, tales como determinar la oportunidad de los cobros, liquidar los tributos,
definir los sujetos pasivos de las obligaciones fiscales o, en general, cuando la
entidad no reserva de manera clara y efectiva el poder decisorio sobre las
actuaciones proyectadas; circunstancia que no se subsana con la simple previsión
contractual de supervisión o control.

Por lo anterior, corresponde al juez examinar el contrato, su objeto y las obligaciones
estipuladas, con el fin de determinar si, en cada caso, la labor contratada se limita
a un apoyo operativo o si, por el contrario, implica la delegación de actividades
propias de la función administrativa, como la expedición de actos administrativos, la
investigación de bienes, la liquidación de tributos o la realización de actuaciones
preparatorias del cobro coactivo.

En el caso concreto, del análisis de las tareas asignadas al contratista, la Sala
advierte que estas excedieron el ámbito permitido de apoyo, pues se produjo una
verdadera transferencia de funciones de liquidación y fiscalización, que
corresponden única y exclusivamente a la entidad. Bajo el rótulo de actividades de
“modernización tecnológica del proceso de recaudo de la contribución de
valorización”, el contrato terminó habilitando al contratista para ejecutar funciones
propias de la administración tributaria, como liquidar el gravamen y adelantar
propiamente actuaciones para el cobro coactivo. Esta conclusión se refuerza por el
hecho de que la remuneración del contratista se condicionó al recaudo efectivo de
la contribución, lo que revela la verdadera intención contractual: delegar en cabeza
del contratista actividades sustanciales del proceso de determinación y cobro de
tributos, bajo un esquema en el cual la contraprestación de aquel aumentaba en la
medida en que lo hacía el recaudo.

Dichas funciones, por su propia naturaleza, se encuentran reservadas a la
administración tributaria territorial y, en tal virtud, son indelegables. Ello era así
incluso antes de la expedición de la Ley 1386 de 2010, frente a lo cual esta

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

Corporación78 manifestó de manera reiterada que los contratos estatales mediante
los cuales se trasladaran a particulares competencias relacionadas con la
administración, fiscalización, liquidación o cobro de tributos adolecían de nulidad
absoluta por objeto ilícito, al implicar una vulneración directa de la cláusula de
indisponibilidad de las potestades públicas.

En este punto, conviene resaltar que la nulidad absoluta afecta directamente la
validez misma del negocio jurídico. En tal sentido, si el contrato se celebra con
objeto ilícito, el vicio es originario e insaneable -salvo por prescripción extintiva-, lo
que significa que no puede ser enmendado ni purgado mediante estipulaciones o
modificaciones posteriores, pues estas carecen de la virtualidad de convalidar un
negocio jurídico que nació viciado.

En el caso concreto, llama la atención de la Sala que en las modificaciones
contractuales No. 001 y 002 (hechos probados 6.13. y 6.16.) se hubiera dejado
constancia de la necesidad de ajustar cláusulas que constituían el núcleo esencial
del negocio jurídico -particularmente el objeto contractual y las obligaciones del
contratista- con el fin de evitar contrariar lo dispuesto en la Ley 1386 de 2010. Dichas
modificaciones, lejos de subsanar cualquier falencia, dan cuenta de los vicios de los
que adolecía desde un comienzo el contrato, vicios que las partes intentaron
encubrir a través de las diferentes modificaciones contractuales.

Muestra de ello es que, incluso con posterioridad a las modificaciones contractuales,
la contratante le solicitó al contratista adelantar las gestiones de facturación a los
distintos contribuyentes del tributo de valorización en el Departamento del
Magdalena. En efecto, en el plenario reposa el oficio No. 441 del 28 de diciembre
de 2011 (hecho probado 6.19.) en el que el Gobernador del departamento del
Magdalena, en virtud del contrato, le solicitó al representante legal de Ada S.A. “el
inicio de las gestiones de facturación a los distintos contribuyentes del tributo de
valorización en el Departamento del Magdalena, en cumplimiento de la cláusula
tercera, numerales 14 y 15 del Contrato No. 109 del 5 de abril de 2010”. Ese
documento da cuenta de la voluntad real de las partes en el sentido de delegar en
un particular la ejecución de una función tributaria esencial, confirmando así la

78 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de mayo de 2007. No. de radicación: 41001-23-

31-000-2004-00369-01(AP); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de octubre de
2012. No. de radicación: 23001-23-31-000-1998-08976-01 (26140); Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 13 de mayo de 2015. No. de radicación: 76001-23-31-000-1999-00306-01 (29200).

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

ilicitud del objeto contractual.

Ahora bien, en el sub examine es evidente que el término de prescripción extintiva
de diez (10) años dispuesto en el artículo 2532 del C.C., modificado por el artículo
6 de la Ley 791 de 2002 -norma vigente para el momento en que se celebró el
contrato- no había transcurrido, pues el contrato se suscribió el 5 de abril de 2010 y
la demanda se interpuso el 15 de diciembre de 201779.

En consecuencia, habiéndose establecido la nulidad absoluta del contrato
celebrado entre las partes por objeto ilícito y teniendo en cuenta que en el caso
concreto aquella no se encuentra saneada por prescripción, la Sala procederá a
declararla de oficio, de conformidad con el deber-facultad consagrado en los
artículos 45 de la Ley 80 de 1993, 1742 del Código Civil y 141 del CPACA.

7.2. Restituciones mutuas como consecuencia de la nulidad absoluta del
contrato

La declaratoria de nulidad absoluta de un contrato, o de una de sus cláusulas
cuando quiera que el vicio recaiga solamente sobre alguna de ellas, genera como
efectos: (i) su desaparición del mundo jurídico; (ii) la extinción de todas las
obligaciones derivadas del mismo; y (iii) retrotrae la situación de las partes al estado
en que se encontraban, como si el contrato o la cláusula no hubieran existido80 .

A su turno, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993:

“La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria.

Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato
nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha
beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido.
Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones
cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público” (subraya la Sala).

En este orden, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se declara la
nulidad absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto

79 Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del CGP que dispone que “[l]a presentación de

la demanda interrumpe el término para la prescripción”. Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2022. Radicado:
66001-23-33-000-2017-00373-01 (65134).
80 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de diciembre de 2017. Rad.: 50.045.

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones
ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha
beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público81, restituciones que,
no obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación,
por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible efectuarlas82.

Como ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corporación 83, del artículo 48
de la Ley 80 de 1993 se deriva la necesidad de que las prestaciones ejecutadas y
no reconocidas al momento de declarar la nulidad absoluta sea acreditada en dos
aspectos: cualitativo, vale decir, que haya significado un beneficio representado en
la satisfacción de un interés público84; y otro cuantitativo, en tanto la declaración de
restituir lo ejecutado debe ir hasta el monto efectivamente demostrado.

En el presente caso, la Sala concluye que no existe prueba que conduzca a
reconocer restitución alguna en favor de las partes, como pasa a exponerse.

Al efecto, se encuentra acreditado que, a partir del 28 de diciembre de 2011, el
Departamento autorizó el inicio de las gestiones de facturación para adelantar el
cobro de la contribución de valorización. Sin embargo, no obran en el expediente
elementos de prueba que demuestren la existencia de prestaciones ejecutadas con
posterioridad a dicha fecha que no hubieren sido reconocidas -y que, por tanto,

81 Sobre el particular, esta Subsección ha señalado de modo reiterado y uniforme que la declaratoria judicial de

nulidad de un contrato, retrotrae la situación al estado en que se encontrarían las partes como si el contrato no
hubiera existido, lo que en principio daría lugar a las restituciones mutuas, precisando que “(a)l respecto el inciso
segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir entre contratos de ejecución instantánea o de
ejecución sucesiva, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato declarado
nulo por objeto o causa ilícitos hasta el monto del beneficio que la entidad estatal haya obtenido. Sin embargo,
para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato declarado nulo por
objeto o causa ilícito es indispensable que las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés
público, pues solo en esta medida se puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado”. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 15 de diciembre de 2017, Radicación número: 76001-
23-31-000-2007-01419-01(55102); Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de febrero de
2019. Rad.: 61720.
82 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de febrero de 2006. Rad.: No. 13414; Sección

Tercera, Sentencia del 6 de febrero de 2019. Rad.: 61720.
83 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, Sentencia del 31 de agosto 2020,

radicación:250002326000201000277-01(48242)
84 “… en materia de contratación del Estado, para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones

derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícita es indispensable que las prestaciones cumplidas hayan
servido para satisfacer el interés público pues solo en esta medida se puede entender que la entidad estatal se
ha beneficiado, como lo prevé el citado artículo 48 de la Ley 80 de 1993 en su inciso final. // Luego, si el interés
público no se ha satisfecho en alguna medida, no habrá lugar a ningún reconocimiento o pago y ello ocurriría,
por ejemplo, cuando en un contrato que es nulo por ilicitud de su objeto o de su causa, la obra contratada no se
ha ejecutado total o parcialmente y de tal manera que el interés público se haya satisfecho en esa misma medida
en virtud de que el servicio público finalmente se prestó en alguna proporción. // En conclusión, declarada la
nulidad del contrato habrá lugar a las restituciones mutuas, aunque, por supuesto, cuando nada se ha dado o
pagado en razón del contrato nulo, no hay lugar a considerar y a resolver sobre las eventuales restituciones
mutuas.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C.
Sentencia del 9 de febrero de 2017. Rad. 85001-23-33-000-2013-00221-01(52805), reiterada en sentencia del
23 de octubre de 2017. Rad. 73001-23-33-000-2013-00468-01(53477)).

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

habiliten el reconocimiento de restituciones mutuas-. Lo anterior cobra relevancia si
se tiene en cuenta que en la demanda se afirmó que, por las actividades
desarrolladas desde ese momento, el contratista recibió como contraprestación la
suma de $864´891.437, circunstancia de la cual se infiere que cumplió con la labor
encomendada y que la entidad le remuneró las obligaciones a su cargo mediante la
correspondiente contraprestación.

De otro lado, y con relación al periodo anterior al 28 de diciembre de 2011, en el
plenario quedó demostrado que no existió recaudo alguno por concepto de
contribución por valorización -aspecto frente al cual versó en estricto sentido el
contrato-, pues el Gobernador del Departamento tan solo autorizó su facturación
para el cobro a partir de esa fecha, de ahí que, a juicio de la Sala, no resulte
procedente reconocer suma alguna a título de restitución a favor del contratista, toda
vez que, durante dicho período, al no haberse realizado el recaudo del tributo, no
se generó beneficio alguno para el interés general, por lo que no se satisface el
requisito cualitativo exigido para la procedencia de la restitución.

Además de lo anterior, conviene señalar que en el contrato se pactó que la
remuneración del contratista (hecho probado 6.8.) consistiría en el 7% sobre el valor
efectivamente recaudado de la contribución de valorización, más un 10% adicional
sobre el valor del recaudo de las facturas morosas. En ese orden de ideas, desde
la celebración del contrato e, incluso, desde el mismo pliego de condiciones (hecho
probado 6.3.), la parte actora era plenamente consciente de que cualquier
contraprestación a su favor se encontraba condicionada a la existencia real y
efectiva del recaudo del gravamen.

En otras palabras, no resulta procedente afirmar que durante el periodo
comprendido entre el 28 de abril de 2010 y el 28 de diciembre de 2011 cualquier
actividad desarrollada por el contratista conlleve a reconocer algún tipo de
restitución, pues el esquema de remuneración -como contraprestación- fue definido
por las partes sobre la base exclusiva del recaudo efectivo, y no sobre el simple
cumplimiento de gestiones preliminares o preparatorias.

Finalmente, la Sala advierte que, si bien en la cláusula segunda del contrato se
estableció que “[t]odos los servidores, incluyendo las licencias de los sistemas de
información, sistemas operativos, bases de datos y las soluciones de

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Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

almacenamiento (hardware y software) de los ambientes de producción y pruebas
que se utilicen, pasarán a ser propiedad de EL CONTRATANTE al finalizar el
contrato”, lo cierto es que en el expediente no se encuentra acreditado cuales fueron
los servidores utilizados, ni mucho menos que estos hubiesen sido transferidos al
Departamento. Esta circunstancia constituye una razón adicional para concluir que
no hay lugar a restitución alguna a favor del contratista, en tanto no se probó que la
entidad se hubiera beneficiado con ello.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 21 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones
de la demanda, para en su lugar declarar, de oficio, la nulidad absoluta del contrato
No. 109 de 2010 sin lugar a restituciones mutuas, en atención a las consideraciones
previamente expuestas.

8. La condena en costas en segunda instancia

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA85 -adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del
CGP86, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y, aunque la sentencia del a quo habrá de ser revocada- cierto es
que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en
los términos de los artículos 365.8 y 366 del CGP. Para tal efecto, el Tribunal deberá
tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que
la parte demandante no intervino en segunda instancia87, de tal manera que
aquellas no se entienden causadas.

85 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo en los procesos

en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal”.
86 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
87 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado

17001233300020120017601 (51034).

39

Radicación: 470012333000201700468-01 (70168)
Demandante: Ada S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia del 21 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia y, en su lugar disponer:

PRIMERO: DECLARAR, de oficio, la nulidad absoluta del contrato de prestación de
servicios No. 109 de 2010 celebrado entre el Departamento del Magdalena y Ada
S.A., sin lugar a restituciones mutuas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso.

TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este
proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
VF

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