Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2017-00218-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2017-00218-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-40-000-2017-00218-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
17 de septiembre de 2025
Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 44001-23-40-000-2017-00218-01 (70441)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL WATEPICHIN
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
TEMAS: MEDIO DE CONTROL - Es el mecanismo procesal previsto en el CPACA a través del cual
se encausa el derecho de acción según la pretensión que se formule. - Está fundado en el principio
iura novit curia. - No puede ser elegido a discreción por el demandante. COMPETENCIA DEL JUEZ
EN SEGUNDA INSTANCIA - Se circunscribe al examen de los aspectos apelados.
ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA - Consiste en el incremento patrimonial de una persona a
costa del empobrecimiento correlativo de otra sin justa causa. - En caso de que el Estado sea objeto
de la figura se puede demandar a través del medio de control de reparación directa. - No corresponde
estudiarlo bajo la óptica de una controversia contractual, pues dicho vínculo constituye una causa
del movimiento patrimonial. OFERTA - Su aceptación deviene en el perfeccionamiento del negocio
jurídico. TRATATIVAS PREVIAS – Son simples negociaciones que persiguen celebrar un eventual
contrato posteriormente. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA - Es un presupuesto procesal que
corresponde verificar incluso de oficio.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la unión temporal Watepichin
contra la sentencia del 27 de abril de 2022, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 11 de febrero de 2016, la unión temporal Watepichin y el ICBF suscribieron el
contrato de aporte No. 135, que tuvo por objeto la atención y cuidado de menores,
mujeres gestantes y madres en período de lactancia, que se extendió en su plazo
hasta el 31 de junio de 2016.
Durante julio de 2016 existieron tratativas entre los cocontratantes con el fin de
extender el acuerdo de voluntades durante ese mes, período en el que, a juicio de
la unión temporal Watepichin, prosiguió con la ejecución del objeto negocial; sin
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Demandante: Unión temporal Watepichin
embargo, este no se llegó a prorrogar, por lo que se entendió culminado el último
día de junio de dicha anualidad.
La unión temporal Watepichin solicitó al ICBF el pago por la prestación de sus
servicios durante el mes de julio, quien se rehusó alegando que no había contrato
para ese mes y que dichas labores fueron de carácter voluntario, lo que llevó a que
la otrora contratista presentara demanda de controversias contractuales, con el fin
de solicitar el incumplimiento del contrato por su impago durante el mes de julio de
2016 y, como consecuencia, el reconocimiento de los saldos supuestamente no
pagados.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 14 de febrero de 20171, la unión temporal Watepichin presentó demanda de
controversias contractuales contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF-, con el fin de que fuera declarado patrimonialmente responsable por los
perjuicios ocasionados por el incumplimiento en la obligación de pago en tiempo de
la última adición del contrato No. 135 de 2016 y, como consecuencia, se liquidara
el acuerdo de voluntades a efectos de establecer el saldo a su favor.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“PRETENSIONES PRINCIPALES.
1. Que se declare al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR ICBF administrativa y patrimonialmente responsable de los
perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales, directos
e indirectos, incluyendo el costo o pérdida de oportunidad para contratar,
causados a la UNIÓN TEMPORAL WATEPICHIN al no cancelarle a
tiempo la adición correspondiente al mes de julio de 2016 dentro del
contrato No. 135 de 2016 y liquidar en los términos pertinentes el contrato
en mención.
1 Folios 1 a 9 del cuaderno 1.
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Demandante: Unión temporal Watepichin
2. Condenar, en consecuencia, al INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR ICBF, a pagar al accionante, como reparación o
indemnización, los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante)
y morales, directos e indirectos, a la UNIÓN TEMPORAL WATEPICHIN
causados al no pagarle la adición correspondiente al mes de julio de 2016
y no liquidar a su debido tiempo el contrato en mención.
3. Condenar al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF, al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos del
proceso.
4. La condena respectiva será actualizada en virtud de lo previsto en el
artículo 178 del C.C.A., reajustándola en su valor, tomando como base la
variación del índice de precios al consumidor, desde el 31 de julio de 2016
hasta la ejecutoria del fallo definitivo.
5. Que la parte demandada dará cumplimiento a la sentencia dentro del
término establecido en el art.298 de la Ley 1437 de 2011.
6. Que si no se efectúa el pago oportunamente, la entidad condenada
liquidará intereses comerciales y moratorios a la tasa máxima legalmente
permitida, a partir de la fecha en que se produzca la mora hasta que le dé
cabal cumplimiento a la providencia que le ponga fin al proceso, conforme
lo prevé el artículo 137 y 138 del C.C.A.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUANTÍA PRETENSIÓN
PRINCIPAL: Condenar en consecuencia, al INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF a pagar al accionante, como reparación
o indemnización los perjuicios materiales (daño emergente, lucro cesante)
y morales, directos e indirectos, causados a la UNIÓN TEMPORAL
WATEPICHIN causados al no cancelarle a tiempo la adición
correspondiente al mes de julio de 2016 en la cuantía que se determine
por esa corporación”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, el 11 de febrero de 2016, la unión temporal Watepichin y el ICBF
suscribieron el contrato de aporte No. 135, cuyo objeto consistió en la atención,
educación inicial y cuidado a los niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso
al grado de transición, y a mujeres gestantes y madres en período de lactancia, con
un plazo inicial hasta el 31 de mayo de 2016 y un valor total de $2.797’412.990.
1.3.2. Anotó que el 1° de junio de 2016 el contrato fue adicionado hasta el 31 de
julio de 2016, y su valor se adicionó en $1.362’098.140.
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Demandante: Unión temporal Watepichin
1.3.3. Argumentó que, el 29 de junio de 2016, el ICBF le remitió a la unión temporal
Watepichin la invitación a “operar modalidad desarrollo infantil en medio familiar”.
1.3.4. Aseveró que, mediante el oficio No. E-2016-309364-4400 del 30 de junio de
2016 la unión temporal Watepichin aceptó la invitación hecha por el ICBF.
1.3.5. Indicó que, mediante el oficio E-2016-310886-440 del 1° de julio de 2016,
dirigido al director regional encargado del ICBF hizo entrega de los documentos
referidos a la respuesta de una carta de invitación con radicado No. S-2016-314395-
4400 del 1° de julio de 2016.
1.3.6. Señaló que, el 28 de julio de 2016, el ICBF y la unión temporal Watepichin
suscribieron la adición y modificación No. 01 del contrato No. 135 de 2016 para lo
cual, entre otros, indicó que se aportó la póliza que respaldaba la adición.
1.3.7. Arguyó que, el 12 de julio de 2016 el ICBF efectuó visita de supervisión a una
Entidad Administradora de Salud de primera infancia y, sucesivamente, se
entregaron varios mercados para dar cumplimiento a la adición del 28 de julio de
2016.
1.3.8. Consideró que, el 27 de octubre de 2016, la unión temporal Watepichin
presentó al ICBF un certificado de paz y salvo de pago de aportes parafiscales, así
como una cuenta de cobro “No. 005”.
1.3.9. Estimó que, “en espera del pago de la adición y al ver que la parte contratante
no se manifestaba y después de casi 5 meses, se envió solicitud de conciliación
ante la Procuraduría 154 para asuntos administrativos”, la cual fue declarada fallida.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que el ICBF,
al incumplir el contrato No. 135 de 2016 y la adición de que fue objeto, desatendió
los artículos 141, 154, 155, 161, 162, 163 y 298 del CPACA, así como el parágrafo
1° del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, pues se le debió pagar el valor al haber
asumido la extensión del acuerdo de voluntades.
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Finalmente, la cuantía se estimó en la suma de $700’000.000, por concepto de “la
utilidad que hubiera percibido si se le hubiera cancelado en tiempo el valor
adeudado”.
2. Admisión de la demanda y su contestación
2.1. El 9 de febrero de 20172, el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la
demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada
debidamente.
2.2. El 25 de mayo de 20183, el ICBF contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que no incumplió el contrato No. 135 del 11 de febrero
de 2016, debido a que, en realidad, lo que sucedió es que la unión temporal
Watepichin prestó un servicio sin estar amparado por un acuerdo de voluntades,
por su mera liberalidad y conociendo que el negocio jurídico suscrito se encontraba
terminado. Como consecuencia, formuló las excepciones de fondo de inexistencia
de la obligación, autorización legal para contratar, cobro de lo no debido y la
genérica.
Así pues, sostuvo que tras varias modificaciones del contrato No. 135 de 2016, las
partes del negocio acordaron que su plazo iría hasta el 30 de junio de 2016 y que
su valor total sería de $3.308’779.690, de ahí que no era dable reconocer
emolumento adicional alguno por el mes de julio de 2016 y, por ende, “no
comprende entonces la entidad como la contratista procede a realizar el cobro de
un período que no se encuentra amparado bajo ningún contrato y tampoco
presupuestalmente”.
A su turno, agregó que suscribió diligentemente el contrato de aporte con base en
la normativa en materia de inclusión social y reconciliación y en virtud de la Ley 80
de 1993, así como delimitó en debida forma su alcance temporal, por lo que no
podía ahora la unión temporal Watepichin exigir el cumplimiento de un negocio
jurídico que ya había cesado. Sobre ello también adujo que dicha tipología
2 Folios 89 a 90 del cuaderno 1.
3 Folios 101 a 104 del cuaderno 1.
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Demandante: Unión temporal Watepichin
contractual es de carácter especial y de beneficencia, pues más allá de un lucro se
suscribe bajo criterios de solidaridad un acuerdo de voluntades para obtener un
apoyo en pro de grupos vulnerables.
En cualquier caso, advirtió que la demandante no demostró haber prestado los
servicios que alega que generaron un costo imputable al ICBF en el mes de julio de
2016 y que, de todos modos, aquella desatendió sus obligaciones frente al contrato
No. 135 de 2016 “pues no acató de forma integral los lineamientos del ICBF y las
orientaciones dadas por la supervisión del contrato para efectos de la ejecución del
mismo”.
A manera de síntesis, concluyó que el ICBF no estaba en la obligación de reconocer
un servicio que nunca se prestó y que no se encuentra amparado bajo ningún
acuerdo contractual.
3. Trámite de primera instancia
3.1. El 4 de junio de 20194 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual no se
encontró vicio alguno que debiera ser objeto de saneamiento y no se resolvieron
excepciones previas, pues no se formularon. Seguidamente se fijó el litigio, en el
sentido de determinar si el ICBF es patrimonialmente responsable por los perjuicios
alegados por la unión temporal Watepichin como consecuencia del impago de la
“adición” del contrato de aporte No. 135 de 2016 y dada la falta de liquidación del
acuerdo de voluntades. Finalmente, se declaró fallida la etapa de conciliación y se
decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, varios
testimonios y un interrogatorio de parte.
3.2. El 9 de julio de 20195 el a quo dio inicio a la audiencia de pruebas, en la cual
recaudó el interrogatorio de parte de la unión temporal Watepichin, por medio de su
apoderado. De otro lado, advirtió que se allegaron unos documentos nuevos cuyo
decreto en ningún momento se pidió ni se ordenó de oficio, por lo que “no podrán
4 Folios 127 a 132 del cuaderno 1.
5 Folios 145 a 146 del cuaderno 1.
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ser apreciadas al momento de proferir sentencia” y se suspendió la diligencia ante
la falta de presentación de los testigos.
Posteriormente, el 27 de agosto de 20196 se reanudó la audiencia y se recaudaron
unos testimonios, pero otros se dieron por desistidos por la inasistencia de los
testigos.
3.3. Una vez finalizada la etapa probatoria, el Tribunal Administrativo de La Guajira
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y
presentar concepto por escrito.
3.3.1. La unión temporal Watepichin reiteró los argumentos de su escrito inicial, en
el sentido de indicar que el contrato No. 135 de 2016 sí fue prorrogado y ampliado
hasta el 31 de julio de 2016, lo que en su criterio fue debidamente demostrado, de
ahí que se le debió pagar el valor en comento7.
3.3.2. El ICBF reafirmó su tesis de oposición y ratificó que, si bien el contrato No.
135 de 2016 tras una modificación iba hasta el 31 de julio de 2016, ello fue ajustado
posteriormente en el sentido de reducir su valor y la fecha de ejecución hasta el 30
de junio de 2016, de suerte que cualquier actividad posterior a ello no estaba
prevista por el acuerdo de voluntades. También precisó que el contrato se
encontraba en trámite de liquidación aún8.
3.3.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 27 de abril de 20229, el Tribunal Administrativo de La Guajira
negó las pretensiones de la demanda, por considerar que en el caso de estudio,
enmarcado en el impago de supuestos servicios prestados por la Unión Temporal
6 Folios 165 a 166 del cuaderno 1.
7 Folios 169 a 171 del cuaderno 1.
8 Folios 172 a 177 del cuaderno 1.
9 Folios 278 a 301 del cuaderno 1.
7
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Watepichin al ICBF en el mes de julio de 2016 sin que hubiera un contrato que
respaldara dicha actividad, no se acreditó un enriquecimiento sin justa causa.
Previo a estudiar el fondo del asunto, advirtió que aunque se hizo ejercicio del medio
de control de controversias contractuales, del análisis del petitum se evidenció que
lo que en realidad pretende la parte actora es la declaratoria de responsabilidad por
un enriquecimiento sin justa causa, dado que “alega el no pago por la prestación de
un servicio el cual no se encontraba amparado bajo una relación contractual”, por
cuanto el contrato de aporte No. 135 del 1° de febrero de 2016 feneció el 31 de junio
de 2016 y la circunstancia que a su juicio originó el impago reclamado en sede
judicial acaeció en forma posterior, durante el mes de julio, cuando el acuerdo de
voluntades ya había concluido. Como consecuencia, concluyó que la contienda
debía analizarse bajo la óptica de la reparación directa.
Seguidamente señaló que, estándose ante una controversia de reparación directa,
la demanda fue presentada en tiempo, pues como la omisión en el pago alegada
fue del mes de julio de 2016 y la demanda se radicó el 14 de febrero de 2017, es
claro que fue presentada dentro de los dos años de ley.
Precisado lo anterior, indicó que, en virtud de la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado, no se cumplió ninguno de los supuestos para la procedencia
del enriquecimiento sin justa causa, debido a que: i) no hubo un constreñimiento por
parte de la entidad al aquí demandante para que prestara sus servicios sin causa
en un contrato, ii) no se estaba ante la necesidad de adquirir bienes y/o servicios
para evitar una afectación al derecho a la salud, y iii) ni se estaba ante una situación
de urgencia manifiesta.
Bajo ese contexto, aseveró que “como se mencionó anteriormente, las partes
habían acordado una relación contractual de acuerdo a las normatividades y
procedimientos que regulan la materia, sin embargo, por mutuo acuerdo decidieron
recortar el plazo de ejecución inicial del contrato, y muy a pesar de ello, la
demandante optó por continuar con la prestación del servicio, siendo ésta la razón
por la cual se reclama el enriquecimiento sin causa alegado, mas no porque
existiera una urgencia manifiesta”.
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Así las cosas, concluyó que “para la Sala no se encuentra probado que el presente
asunto encuadre en alguno de los supuestos de procedencia de la actio in rem
verso, conforme a lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón
por la cual se impone negar las pretensiones de la demanda”.
5. Recurso de apelación
El 12 de mayo de 202210, la unión temporal Watepichin interpuso recurso de
apelación, que fue concedido el 23 de agosto de 202311 y admitido el 6 de octubre
de 202312.
En su escrito, la recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, su petitum se enmarcó en una controversia eminentemente
contractual -que no de reparación directa-, por lo que, a su juicio, la decisión
recurrida debió limitarse a estudiar la responsabilidad por el incumplimiento del
contrato No. 135 de 2016 en el mes de julio de 2016.
Así, señaló que “en ese orden de ideas, tenemos que el medio de control es
controversias contractuales pues está concebido para adelantar un proceso en el
que se pretenda dirimir un litigio originado en la ejecución de un contrato”.
Para reforzar lo anterior, adujo que “el material probatorio aportado da evidencia
suficiente y clara de la existencia de dicha relación contractual, pruebas aportadas
que solicito sean analizadas”.
Finalmente, consideró que se cumplió con el requisito de oportunidad del medio de
control, por lo que solicitó “la revisión total del expediente” pues la decisión “advierte
una caducidad inexistente pues supuestamente la relación contractual no nació a la
vida jurídica”.
10 Folios 318 a 324 del cuaderno 1.
11 Folios 356 a 357 del cuaderno 1.
12 Índice 4 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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6. Actuación en segunda instancia
Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el expediente ingresó para
fallo, debido a que no se solicitaron ni se decretaron pruebas en el trámite de la
segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) problemas jurídicos, (3) solución a los
problemas jurídicos y (4) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA13-14, considerando que la
abstención en el pago de los supuestos servicios prestados por la unión temporal
Watepichin durante el mes de julio de 2016 se le atribuyó al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-, en tanto establecimiento público del orden nacional15.
13 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación
de la demanda y del recurso de apelación -14 de febrero de 2017 y 12 de mayo de 2022,
respectivamente- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las modificaciones de la Ley
2080 de 2021 -salvo las modificaciones atinentes a la competencia, que comenzaron a regir hasta
el 26 de enero de 2022 para los nuevos asuntos- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos no
contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer estatuto
procesal.
14 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier
entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. // 2. Los relativos a los contratos, cualquiera
que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública […]”.
15 Al respecto, el artículo 14 del Decreto 1137 del 29 de junio de 1999 dispuso “Artículo 14. Naturaleza
jurídica. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un establecimiento público, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio adscrito al Ministerio de Salud. Su domicilio
legal es la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C. pero podrán organizarse dependencias en el territorio
nacional”.
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Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
La Guajira, de conformidad con el artículo 15016 y el numeral 6 del artículo 15217 del
CPACA -vigentes al momento de la presentación de la demanda-, dada la vocación
de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor para la
fecha de presentación del escrito inicial supera los 500 SMLMV18.
2. Problemas jurídicos
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP19, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”20.
16 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
17 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. De los relativos a
los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos
órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados
por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan
cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. // 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción
u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes […]”.
18 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formuló una única pretensión
por la suma de $700’000.000, monto que excedió 500 veces la suma de $737.717 (737.717 x 500 =
368’858.500), que correspondía al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de
presentación de la demanda -2017-.
19 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
20 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018 con
radicado 05001233100020010306801 (46005), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede
de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le
formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado21.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, en el recurso de apelación, la Unión
Temporal Watepichin consideró que la sentencia de primera instancia debía
revocarse para, en su lugar, accederse a las pretensiones del escrito inicial, con
sustento en que su petitum se enmarcó en una controversia contractual y no de
reparación directa, por lo que el a quo erró al haberla conocido sobre la base del
segundo medio de control.
Al efecto añadió que el medio de control de controversias contractuales era el
idóneo para conocer la contienda, habida cuenta que consistió en el impago por los
servicios prestados en el mes de julio de 2016 con ocasión de la ejecución del
contrato No. 135 de 2016, negocio que estaba vigente para tal entonces, lo cual a
su juicio se encuentra demostrado en el plenario, de ahí que se estaba ante una
controversia derivada de un acuerdo de voluntades y no frente a una circunstancia
de enriquecimiento sin justa causa.
De otro lado, consideró que su demanda fue radicada en tiempo, y que la decisión
advierte una caducidad inexistente sobre la base errada de que la relación
contractual no nació a la vida jurídica cuando, en realidad, se encuentra demostrado
que sí se perfeccionó.
Bajo el anterior contexto, la Sala evidencia que el reproche de la unión temporal
Watepichin gira en torno a: i) la procedencia del medio de control en virtud de la
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado
18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
causa petendi ventilada, que versa sobre un impago del ICBF por una supuesta
ejecución contractual, y ii) la oportunidad de la demanda, que a criterio de la
apelante se radicó en término, sin que, valga destacarlo, exista cuestionamiento
alguno sobre la determinación del a quo frente a la ausencia de un enriquecimiento
sin justa causa, de ahí que, como consecuencia, al ad quem no le corresponda
pronunciarse sobre ese aspecto.
Ciertamente, no existe ningún cuestionamiento en cuanto a la negativa de las
pretensiones de la demanda respecto al hecho de que, en criterio del Tribunal
Administrativo de La Guajira, demostrado que no existía una relación contractual
entre la unión temporal Watepichin y el ICBF para julio de 2016, no se acreditaron
los supuestos de la otrora sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012
para la procedencia de un enriquecimiento sin justa causa, pues la apelante se limitó
a cuestionar únicamente la adecuación que se hizo del medio de control y la
oportunidad de la radicación del libelo introductorio, circunstancia que releva a la
Subsección de analizar si de reafirmarse que la situación no tiene como fuente un
contrato operó un enriquecimiento sin justa causa.
En ese orden de ideas, y en estricta concordancia con lo apelado, en primer lugar,
la Sala deberá establecer si la sentencia de primera instancia debe revocarse por el
hecho de que, a juicio de la unión temporal Watepichin, el tribunal de primera
instancia adecuó inadecuadamente las pretensiones en el medio de control de
reparación directa por encontrar que el impago del ICBF debía analizarse a la luz
de los supuestos del enriquecimiento sin justa causa por no tener respaldo en
ningún contrato, cuando en realidad dicha desatención tuvo como base un auténtico
acuerdo de voluntades que se encontraba vigente para la fecha del incumplimiento.
Se advierte que, según el recurso de alzada, y en concordancia con el principio de
congruencia, de encontrarse que el medio de control procedente es la reparación
directa, la Sala se abstendrá de analizar la supuesta desatención del ICBF ventilada
inicialmente en la demanda, pues ello no fue objeto de apelación y el juez colegiado
no puede suplir la voluntad de las partes para analizar aspectos no ventilados, como
se explicó.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
En segundo y último lugar, habrá de verificarse si el Tribunal Administrativo de La
Guajira erró en el cómputo del presupuesto de la oportunidad y, dentro de ello, se
deberá establecer si la demanda se radicó en tiempo.
3. Solución a los problemas jurídicos
A efectos de determinar si le asistió razón a la unión temporal Watepichin en sus
reproches de apelación, corresponde verificar los sucesos alrededor de la
suscripción, ejecución y modificación del contrato No. 135 de 2016 y, en particular,
respecto a lo sucedido entre la apelante y el ICBF en el mes de julio de 2016, para
lo cual se analizarán las pruebas del expediente, incluidos los documentos
aportados al proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 246 22 del CGP,
los testimonios recaudados, en virtud de lo prescrito en el artículo 21123 del CGP, y
la declaración de parte, en concordancia con el artículo 19824 del CGP. Luego, se
22 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
23 “Artículo 211. Imparcialidad del testimonio. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. // La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
24 “Artículo 198. Interrogatorio de las partes. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la
citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. // Las
personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio. // Cuando una
persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de ellos deberá
concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia
o manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para obrar separadamente o que
no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad
del representante informarse suficientemente. // Cuando se trate de incidentes y de diligencias de
entrega o secuestro de bienes podrá decretarse de oficio o a solicitud del interesado el interrogatorio
de las partes y de los opositores que se encuentren presentes, en relación con los hechos objeto del
incidente o de la diligencia, aun cuando hayan absuelto otro en el proceso. // Si se trata de terceros
que no estuvieron presentes en la diligencia y se opusieron por intermedio de apoderado, el auto
que lo decrete quedará notificado en estrados, no admitirá recurso, y en él se ordenará que las
personas que deben absolverlo comparezcan al juzgado en el día y la hora señalados; la diligencia
solo se suspenderá una vez que se hayan practicado las demás pruebas que fueren procedentes. //
racticado el interrogatorio o frustrado este por la no comparecencia del citado se reanudará la
diligencia; en el segundo caso se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor // El juez, de oficio,
podrá decretar careos entre las partes”.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
retomarán los cargos de apelación, a efectos de determinar si le asistió razón a la
apelante en sus cuestionamientos25.
3.1. El iter contractual en torno al contrato de aporte No. 135 de 2016 y los
sucesos sobre la supuesta ejecución de actividades no pagadas por el ICBF
3.1.1. El 31 de febrero de 201626, la unión temporal Watepichin y el ICBF
suscribieron el contrato de aporte No. 135, que tuvo por objeto “prestar el servicio
de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta
su ingreso al grado de transición, y a mujeres gestantes y madres en período de
lactancia con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con
calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices,
parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la estrategia de
atención integral «de cero a siempre»”.
Como obligaciones comunes de las partes se fijaron las de apoyar la ejecución
idónea del contrato, designar los delegados del comité técnico operativo del acuerdo
de voluntades y las demás que se deriven de su naturaleza. Como obligación
general del ICBF se determinó la de desembolsar los aportes fijados en el contrato
para el uso exclusivo de la atención de la primera infancia. Como obligaciones del
contratista se concibieron las de prestar el servicio del objeto contractual, realizar
los pagos a proveedores y disponer de una cuenta bancaria para el manejo
exclusivo de los recursos del acuerdo de voluntades.
En la cláusula octava del acuerdo de voluntades se estableció que el plazo de
ejecución iría hasta el 31 de mayo de 2016, contado a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez suscrita el acta de inicio
por el supervisor y el contratista. Por su parte, en la cláusula novena se fijó como
valor del contrato la suma de $2.797’412.990.
25 Cabe precisar que en el cuaderno 3 del índice 2 del Consejo de Estado obran varias pruebas que,
no obstante, el a quo advirtió que no decretó a solicitud de parte ni de oficio, pues fueron allegadas
después de la oportunidad de ley, de suerte que no puedan valorarse por no estar incorporadas.
26 Folios 16 a 40 del cuaderno 1.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
Enseguida, la cláusula décima sexta estableció el deber del contratista de constituir
en favor del ICBF la garantía única de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015, con las coberturas de cumplimiento general,
calidad del servicio, prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual.
De otro lado, en el parágrafo primero de la cláusula décima primera y la cláusula
vigésima octava se prescribió que, vencido el plazo de ejecución del contrato, y a
efectos de proceder a su liquidación, la contratista debía entregar varios
documentos que dieran cuenta de la concreción del objeto negocial. Así pues, se
indicó que, finalizado el contrato, se efectuaría el corte de cuentas según la Ley 80
de 1993 y sus reformas, dentro de los 4 meses siguientes en forma bilateral y, de
no lograrse un acuerdo, unilateralmente mediante acto administrativo.
A su turno, la cláusula décima novena dispuso que al negocio jurídico le serían
aplicables las cláusulas previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 27 y,
seguidamente, la cláusula vigésima primera indicó que el contrato se entendería
terminado, entre otros, por expiración del término inicial de duración del contrato o
de las prórrogas si las hubiere.
Finalmente, la cláusula trigésima sexta estipuló que el contrato se habría de
entender perfeccionado por escrito, con la firma de las partes.
3.1.2. El 29 de mayo de 201628, la unión temporal Watepichin aceptó la adición de
la suma de $1.362’098.140 y anexó la documentación requerida por el ICBF.
3.1.3. El 31 de mayo de 201629, la unión temporal Watepichin y el ICBF suscribieron
la “prórroga adición y modificación No. 001 del contrato N° 135 de 2016”, en la
27 Frente a la naturaleza y el régimen aplicable a esta tipología contractual, de tiempo atrás la
jurisprudencia de esta Sección ha manifestado que: “Ahora bien, en relación con la naturaleza del
negocio jurídico mencionado, es preciso señalar que se trata de un contrato estatal regulado por las
normas del Estatuto General de la Contratación Pública –ley 80 de 1993–, y cuya posibilidad de
celebración se encuentra consagrada en el numeral 9 del artículo 21 de ley 7 de 1979 y el decreto
2388 de 1979”. (Se subraya). Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de
2010. Radicado 76001-23-25-000-1995-01884-01 (16941).
28 Folio 10 del cuaderno 1.
29 Folios 46 a 48 del cuaderno 1 y archivo “folio 104 CD” del índice 2 del expediente digital de segunda
instancia en SAMAI.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
cual convinieron prorrogar el acuerdo de voluntades inicialmente hasta el 31 de julio
de 2016 y adicionar su valor en $1.362’098.140, para un total de $4.159’511.130.
3.1.4. El 1° de junio de 201630, la unión temporal Watepichin y el ICBF suscribieron
la “modificación No. 002 del contrato N° 135”, a partir de la cual: i) se redujo el
plazo del acuerdo de voluntades hasta el 30 de junio de 2016 ante la inejecución de
varios saldos y ii) se redujo el valor del contrato a $3.308’776.690.
3.1.5. El 29 de junio de 201631, el ICBF le remitió a la unión temporal Watepichin un
oficio que denominó “invitación a contratar para la operación de primera infancia en
el departamento de La Guajira”, por el mes de julio, por un valor de $681’049.070,
para lo cual indicó que esperaría una respuesta a más tardar esa misma fecha, así
como le solicitó varios documentos para la contratación.
3.1.6. En la misma fecha32, la Unión Temporal Watepichin manifestó aceptar la
invitación a contratar “la operación de primera infancia en el departamento de La
Guajira, en la modalidad de desarrollo infantil en medio familiar para operar en el
municipio de Riohacha el total de 3490 cupos por el valor de 681.049.070 por el mes
de julio”. Como consecuencia, el 1° de julio afirmó haber entregado “los documentos
anexos a la respuesta de carta de invitación” para que posteriormente se efectuara
la vinculación respectiva.
3.1.7. El 12 de julio de 201633, el ICBF efectuó una “visita de supervisión a EAS
primera infancia” donde puso de presente múltiples situaciones y desavenencias
frente al actuar de la unión temporal Watepichin.
3.1.8. Entre el 1° y el 21 de julio de 201634 se realizó un cruce de comunicaciones
entre el señor Jaime Rincón Beltrán y múltiples personas naturales sobre aspectos
como el estado de cargue de beneficiarios del aplicativo cuéntame, para agendar
reuniones, y para efectuar el registro de información.
30 Folios 43 a 45 del cuaderno 1 y archivo “folio 104 CD” del índice 2 del expediente digital de segunda
instancia en SAMAI.
31 Folios 11 a 13 del cuaderno 1.
32 Folios 14 a 15 del cuaderno 1.
33 Folios 50 a 56 del cuaderno 1.
34 Folios 58 a 61 del cuaderno 1.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
3.1.9. El 28 de julio de 201635 la unión temporal Watepichin adquirió varios alimentos
en la ciudad de Riohacha por las sumas de $290’769.350 y $39’961.690.
3.1.10. El 14 de octubre de 201636, la unión temporal Watepichin emitió la “cuenta
de cobro #005”, mediante la cual indicó que el ICBF le debía 681’049.070 “por la
ejecución del contrato No. 135 de 2016 el mes de julio de 2016”.
3.1.11. Finalmente, durante las audiencias de pruebas se recaudaron: i) el
interrogatorio de parte de la unión temporal Watepichin, por medio de su
representante legal, quien manifestó que delegó la parte operativa del contrato en
otra persona y que no conoció las circunstancias relativas a la “adición contractual”
y las negociaciones surgidas con ocasión de ello; y ii) los testimonios de la señora
Leyla del Socorro Montalvo Rojas, como coordinadora del centro zonal Riohacha
Uno del ICBF y de la señora Gloria Brito Choles, como “profesional especializada
del ICBF”, quienes afirmaron en idéntico sentido que inicialmente el contrato había
sido adicionado hasta julio, pero luego se concertó que solo iría hasta junio 30 de
2016, sin que les constara que se hubiera vuelto a ampliar por un mes más37.
3.2. El medio de control idóneo para estudiar el impago por servicios alegado
por la parte activa de la contienda era el de reparación directa
En su recurso de apelación, la unión temporal Watepichin consideró que el a quo
erró al encausar el petitum ventilado en la demanda como una controversia de
enriquecimiento sin justa causa bajo la óptica de la reparación directa, debido a que,
en realidad, se estaba ante una auténtica controversia contractual por el impago del
valor del contrato No. 135 de 2016 en el mes de julio de 2016, negocio que en su
criterio se acreditó que estuvo vigente hasta esa fecha.
3.2.1. En ese orden de ideas, y previo a resolver el reproche anterior, conviene
indicar que a partir de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- se introdujo una nueva
35 Folio 57 del cuaderno 1.
36 Folio 77 del cuaderno 1.
37 Minutos 08:35 a 18:50 del archivo “001-2017-00218-00 Audiencia de Pruebas del 09-07-2019” del
“Folio 147 Cd Aud de Pruebas” del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
concepción del derecho de acción en el procedimiento contencioso administrativo,
por cuanto se pasó de considerar en vigencia del Decreto 01 de 1984 -CCA- que
existían múltiples acciones, a sostener que en realidad aquella es una sola y, no
obstante, se ejerce mediante los medios de control que se eligen en virtud de las
pretensiones que se presenten en sede judicial38.
El medio de control es entonces una vía procesal por medio de la cual se encausa
la acción en el proceso contencioso administrativo según el petitum que se ventile
y sobre la base del principio de iura novit curia o “el juez conoce el derecho”, de ahí
que dicha figura no está sujeta al arbitrio o capricho de la parte procesal, sino que
se encuentra supeditada a lo que se persiga en sede judicial y sobre ese derrotero
el operador judicial constata que se ejerció el camino correcto, por lo que, si se
busca la reparación de un menoscabo basado en un contrato, el medio idóneo es el
de controversias contractuales39; si se persigue la reparación de perjuicios
originados en un acto administrativo se debe ejercer la nulidad y restablecimiento
del derecho40 y; cuando la fuente del daño se funda en otras causas como hechos,
omisiones y operaciones administrativas, residualmente es dable acudir a la
reparación directa41.
Bajo el anterior contexto, esta Corporación ha señalado que la introducción de los
medios de control mediante la Ley 1437 de 2011 -CPACA- representa una nueva
visión sobre el derecho de acción, por cuanto ya no constituye una carga para quien
acude a la administración de justicia el señalamiento del medio de control, sino que
le corresponde a esta misma determinarlo, “razón por la que no podrá haber
decisiones inhibitorias con fundamento en una “indebida escogencia de la acción”
(hoy medio de control), pero este avance, por demás afortunado y garantista, no
38 Para la doctrina, en vigencia del CCA, el legislador concibió el concepto de acción para encausar
las pretensiones de los individuos respecto del Estado en sede judicial, lo cual fue reformado con la
Ley 1437 de 2011 -CPACA-, que pasó a darle prevalencia al medio de control, figura que, en todo
caso, no fue novedosa, pues ya había sido prevista desde el primer estatuto procesal mencionado.
HOYOS LEMUS, Félix. Medios de control en el CPACA. Bogotá: 2016. Editorial de la Universidad
Nacional de Colombia. P. 21-22.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicado
25000-23-36-000-2015-02630-02 (67095).
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024,
radicado 11001-03-26-000-2015-00098-00 (54485).
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de octubre de 2020.
Radicado 47001-23-33-000-2015-00167-01 (61767).
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
reduce la preponderancia de su aplicación, en tanto es el operador jurídico,
sobretodo quien recibe de primera vez el escrito de postulación, el llamado a
direccionar en forma acorde a derecho el medio de control pertinente a las
necesidades del actor, así que su causa petendi y su formulación pretensional darán
las pautas y los límites al juez para encausar su proceso”42.
A partir de lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha detallado, en línea
con lo previsto en el artículo 14143 del CPACA, que las controversias contractuales
son aquellas en las cuales se demanda la existencia o nulidad de un contrato, su
revisión, la declaratoria de incumplimiento, la anulación de los actos administrativos
contractuales, y la condena de indemnización de perjuicios con causa en el negocio
jurídico, entre otros, lo que naturalmente exige que la contienda se derive de un
acuerdo de voluntades, entendido como un acto jurídico en virtud del cual dos o mas
personas se obligan a múltiples prestaciones de dar, hacer o no hacer44.
De otro lado, se ha reconocido que en el marco del actuar del Estado es posible que
se pueda presentar un enriquecimiento sin justa causa -también predicable del
actuar privado-, entendido como una figura a partir de la cual una persona ve
incrementado su patrimonio a costa del empobrecimiento correlativo de otra
persona, que en cualquiera de los dos casos puede ser una entidad pública, y sin
que exista una justa causa, escenario en el cual, al no haber una fuente que valide
la relación transaccional, tanto la jurisprudencia de antaño45 como la recientemente
42 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 16 de octubre de 2014. Radicado 81001-23-
33-000-2012-00039-02.
43 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de agosto de 2025.
Radicado 05001-23-33-000-2022-01017-01 (72178).
45 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 19 de
noviembre de 2012. Radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24897).
20
Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
de unificación46 han sostenido que el medio de control residual e idóneo para
perseguir la compensación respectiva -que no indemnización- es la reparación
directa, pues, entre otros, dicha circunstancia no tiene como causa un contrato o un
acto administrativo.
En desarrollo de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado señaló (se transcribe en forma literal):
[E]n torno a la configuración y procedencia del enriquecimiento sin
justa causa cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de
un contrato, en favor de entidades que -en su gestión- deben aplicar
el Estatuto General de Contratación Pública, se decantó que la
respectiva pretensión de compensación, cuando se carezca de otro
mecanismo para reclamar, debe cumplir los presupuestos
procesales de la reparación directa (incluso cuando se ha celebrado
un contrato cuyo objeto se haya agotado para el momento de la
extinción del plazo previsto y ante el desarrollo de actividades con
posterioridad a la finalización), sin que sea exigible haber provocado
una decisión por parte de la administración y, al satisfacerse, debe ser
tramitada, pese a que el demandante mencione otro medio o guarde
silencio sobre su denominación. Su prosperidad es absolutamente
excepcional, depende de la plena prueba de la actividad desarrollada,
sustentada en la demostración de una circunstancia extraordinaria y en
razones de interés general, sin que, al respecto, se preestablezcan
hipótesis fácticas taxativas; pero, sí se debe supeditar a la existencia de
una ventaja patrimonial en beneficio de la demandada, un
empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante, la ausencia de
causa jurídica en el desequilibrio producido y que no se haya soslayado
la ley. Cumplido lo anterior, procede corregir el traslado patrimonial
injustificado, mas no indemnizar un daño, salvo que el menoscabo emane
de una conducta constitutiva de responsabilidad extracontractual del
Estado, como una coacción o constreñimiento, que realmente constituyen
eventos de falla del servicio.
En el caso concreto, lo alegado por la demandante, con fundamento
en el instituto del enriquecimiento sin justa causa, se fundamentó en
la supuesta ejecución de actividades más allá del periodo fijado por
las partes en el contrato celebrado, sin respaldo negocial para dichas
actividades adicionales. Se trató, por tanto, de una controversia no
contractual, ventilada bajo el medio de control de reparación directa.
Incluso si se hubiera mencionado formalmente un medio de control
46 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 31 de julio de
2025. Radicado 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464). Al respecto, la decisión también indicó
que “[…] en materia contencioso-administrativa, la reparación directa es el medio de control por
medio del cual se debe ventilar la pretensión de compensación en aquellos casos en los que se
alegue la configuración de un enriquecimiento sin justa causa […]”. // De otro lado, vale destacar que
si bien el magistrado sustanciador efectuó aclaración de voto sobre la decisión de unificación, aquella
no versó sobre el medio de control procedente para conocer del enriquecimiento sin justa causa
cuando es alegado en el proceso contencioso administrativo, pues frente a dicho aspecto es
procedente el medio de control de reparación directa.
21
Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
diferente, ello no habría impedido decidir de fondo el asunto, puesto que
se cumplieron todos los presupuestos procesales para ello, y tampoco se
tornaba necesario haber provocado una decisión de la entidad a través de
un acto administrativo”. (Subrayas añadidas).
Como se observa, la Sala Plena de la Sección tercera dictaminó -tanto a manera de
precedente unificatorio, como en el asunto que le correspondió estudiar- que, en
aquellos eventos en que se ejecutan actividades sin respaldo en un contrato, incluso
cuando existió un acuerdo de voluntades pasado que, no obstante, no respalda la
prestación efectuada con posterioridad, no se está ante una controversia de
naturaleza contractual, sino frente a un asunto pasible de ser estudiado en el marco
del medio de control de reparación directa bajo la óptica de un eventual
enriquecimiento sin justa causa -claro está, siempre que no exista otro medio de
control para analizar la contienda-.
Es así como, estándose ante asuntos en vigencia del CPACA, la acción se encausa
con apoyo en el medio de control, que se define según la pretensión que se formule
y, de estarse ante un escenario de enriquecimiento y empobrecimiento patrimonial
sin causa, el camino procesal idóneo es la reparación directa -en forma residual- y
no las controversias contractuales, pues en caso de que la transacción patrimonial
tenga fuente en un contrato, en realidad no se estará ante la figura del
enriquecimiento sin justa causa, sino ante fenómenos distintos tales como un
incumplimiento contractual o un desequilibrio económico del acuerdo de voluntades,
entre otros.
Bajo los anteriores derroteros se pasará a establecer si el a quo encausó
adecuadamente o no en el medio de control de reparación directa el petitum de la
unión temporal Watepichin.
3.2.2. En virtud de las consideraciones esbozadas precedentemente, cabe destacar
que, en el presente asunto, la unión temporal Watepichin persigue la indemnización
por la ejecución de actividades en favor del ICBF durante el mes de julio de 2016
que, en su criterio, favorecieron a esa entidad sin que le hubiera pagado nada a
cambio.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
Así pues, se encuentra acreditado que, el 31 de febrero de 2016, la unión temporal
Watepichin y el ICBF suscribieron el contrato de aporte No. 135, que tuvo por objeto
la prestación del servicio de atención y cuidado a niños, mujeres gestantes y madres
en período de lactancia, para lo cual se fijó un plazo inicial hasta el 31 de mayo de
2016 y un valor a pagar de $2.797’412.990 por cuenta de la ejecución. Al punto, se
dispuso que el contrato y/o sus modificaciones se entenderían suscritos por su
celebración por escrito, bajo el entendido de que estaba sujeto a la Ley 80 de 1993
y sus reformas (hecho probado No. 3.1.1.).
El 31 de mayo de 2016 la unión temporal Watepichin y el ICBF suscribieron la
prórroga -adición y modificación No. 1-, donde se extendió inicialmente el acuerdo
de voluntades hasta el 31 de julio de 2016 y se adicionó su valor (hecho probado
3.1.3.); empero, mediante la modificación No. 2 se redujo tanto el plazo negocial
hasta el 30 de junio de 2016, como el precio del negocio jurídico (hecho probado
3.1.4.).
De forma posterior, el 29 de junio de 2016, el ICBF le remitió una “invitación” a la
unión temporal Watepichin para “contratar” la operación de primera infancia en el
departamento de La Guajira, la cual fue aceptada en la misma fecha por la
destinataria, quien afirmó que procedería a entregar los documentos para luego
efectuar la contratación, que afirmó remitir el 1° de julio siguiente (hechos probados
3.1.5. y 3.1.6); sin embargo, no existe en el plenario prueba alguna que demuestre
que dicho ofrecimiento en efecto se concretó ya sea en un contrato nuevo o en una
nueva ampliación del contrato de aporte No. 135 de 2016.
Con todo, el 14 de octubre de la misma anualidad la unión temporal Watepichin le
cobró al ICBF por los servicios prestados durante el mes de julio de 2016, en su
criterio, “por la ejecución del contrato No. 135 de 2016” (hecho probado No. 3.1.10).
3.2.3. A partir de los antecedentes fácticos del caso, para la Subsección no cabe
duda de que la parte apelante no demostró la existencia de un contrato entre aquella
y el ICBF para el mes de julio de 2016, pues si bien inicialmente se amplió el plazo
del contrato No. 135 de 2016 hasta ese mes, el querer posterior de las partes
mediante la modificación No. 2 fue reducir el plazo hasta el 30 de junio de dicha
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
anualidad, lo cual, entre otros, fue ratificado por los testimonios recaudados (hecho
probado 3.1.11.), donde fuera de ello no evidenciaron ni dieron cuenta de nuevas
ampliaciones o contratos posteriores suscritos con la parte activa de la contienda.
Ahora bien, aunque después de la modificación No. 2 entre el ICBF y la unión
temporal Watepichin surgieron una serie de comunicados a efectos de suscribir ya
fuera una prórroga o un nuevo contrato por el mes de julio de 2016, lo cierto es que
ello no pasó de ser un simple cruce de comunicados o una negociación previa, sin
que ello se hubiera concretado en un auténtico acuerdo de voluntades, tanto así
que para el 1° de julio de 2016 la aquí apelante apenas había afirmado haber
entregado los documentos para una eventual contratación que nunca se llegó a
materializar (hechos probados Nos. 3.1.5. y 3.1.6.).
Al efecto, la jurisprudencia de esta Corporación47 y de la Corte Suprema de
Justicia48 ha sostenido que no toda comunicación entre quienes pretenden suscribir
un contrato deviene en que este se entienda perfeccionado en sí, pues en el marco
de las transacciones negociales pueden existir tratativas previas o preliminares que
tienen por fin negociar las condiciones de un eventual negocio jurídico y, si bien
deben ser tenidas en cuenta para aspectos como interpretar el querer de las partes,
no reemplazan la suscripción del acuerdo de voluntades.
Así pues, la oferta mercantil, en virtud de lo prescrito en los artículos 84549 y
siguientes del Código de Comercio, se distingue de las tratativas o acuerdos
prenegociales en la medida que se trata de un acto firme, inequívoco, preciso y
completo, con voluntad decidida a celebrar un contrato, en el que no hay duda que
está plasmado un proyecto de negocio, con la incorporación de todos los elementos
esenciales del mismo y cuya aceptación por parte del destinatario o los destinatarios
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de septiembre de 2024.
Radicado 41001-23-33-000-2012-00184-02 (65351).
48 Ciertamente, la jurisprudencia ha considerado las tratativas como un elemento a considerar a la
hora de establecer la intención real de los sujetos negociales al convenir modificaciones y ajustes a
los contratos, pues aquellos son producto de negociaciones conjuntas a partir de las cuales se
construye posteriormente el contenido obligacional. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil. Sentencia del 30 de junio de 2022. Radicado 11001-31-03-004-2011-00840-01 - SC1303-2022.
49 “Artículo 845. La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona
formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al
destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio
adecuado para hacerla conocer del destinatario”.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
a los cuales se dirige ocasiona el nacimiento del contrato, en tanto no requiera el
agotamiento de un requisito de perfeccionamiento adicional50.
Lo anterior revela que la oferta se erige como un acto unilateral fuente de
obligaciones, en donde se plasma una manifestación de voluntad firme e
indiscutible, cuya principal consecuencia es su carácter irrevocable -artículo 860
del Código de Comercio-, pues está “revestido de tal seriedad [el proyecto de
negocio jurídico] que no pueda menos que tenerse la certeza de que podrá
perfeccionarse como contrato, con el lleno de todos los requisitos legales, si ella
es aceptada por aquel o aquellos a quienes va dirigida […]”.
Por su parte, los tratos preliminares distan de la certidumbre que irradia la oferta,
pues son manifestaciones o exteriorizaciones dirigidas a una o varias personas a
emprender negocios, sin que tengan el alcance de una proposición con la inclusión
de todos los elementos esenciales del contrato, de suerte que por más que puedan
existir aceptaciones en el curso de aquellas, con ello no se entiende perfeccionado
un negocio jurídico.
Bajo esos derroteros, en el asunto que ocupa la atención de la Sala no cabe duda
que las negociaciones entre el ICBF y la unión temporal Watepichin, entre el 29 de
junio y el 1° de julio de 2016 (hechos probados Nos. 3.1.5. a 3.1.6.), no fueron más
que simples tratativas previas que no se llegaron a concretar o materializar en un
acuerdo modificatorio, pues en las negociaciones solo se previó la posibilidad de
suscribir una prórroga futura, una vez se allegara mayor información, pero de ningún
modo se concibieron integralmente los elementos de dicho acto jurídico, es decir,
no se incorporaron las obligaciones que las partes debían asumir y su alcance,
aspecto que fue reafirmado por los testimonios recaudados, quienes habiendo
trabajado en el ICBF dieron cuenta de que el acuerdo de voluntades se extendió
solamente hasta junio de 2016, sin que hubiera alguna evidencia de que tuvo un
plazo mayor (hecho probado No. 3.1.11.).
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de julio de 2021. Radicado
68001233300020140065601 (58.372).
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
A lo anterior se suma que, como ya se indicó, para cuando la unión temporal
Watepichin afirmó aceptar la invitación a ofertar, indicó que debía entregar varios
documentos para pasar a evaluar la contratación, lo que da cuenta que aquella no
había concluido y, además, no se acreditó que, en efecto, ello se hubiera llevado a
cabo, de suerte que la supuesta prestación de servicios por dicho esquema durante
el mes de julio de 2016 no se encuentre respaldada por un acuerdo de voluntades.
Ciertamente, como el contrato No. 135 de 2016 fue suscrito por el ICBF en tanto
establecimiento público del orden nacional, se encontraba regido por la Ley 80 de
1993 y sus reformas, en concordancia con los artículos 2 y 1351 de ese estatuto, de
manera que solo podía modificarse y/o ampliarse por escrito y en forma expresa52,
sin que fuera deducible la existencia de su modificación y, a su vez, sin que se
pudiera entender perfeccionada la ampliación por una simple negociación donde
apenas se esperaba la presentación de múltiples anexos para la eventual
vinculación.
A su vez, aunque el artículo 41 de la Ley 80 de 199353 dispuso que los contratos del
Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación y éste se eleve a escrito, lo cierto es que, como ya se indicó,
analizadas las tratativas entre el ICBF y la unión temporal Watepichin para prorrogar
el contrato No. 135 de 2016 no se evidencia ningún interés de las partes de que con
la invitación de la primera entidad y la aceptación de la segunda se diera por
perfeccionado el acuerdo de prolongación del plazo, como sí se vislumbran unas
simples negociaciones para evaluar tal posibilidad, sin que pueda desconocerse que
el verdadero querer de las partes fue que el acuerdo de voluntades feneciera en
51 “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos
de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: […] los establecimientos públicos […]”. // “Artículo
13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades
a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley […]”.
52 Así lo exige el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 al señalar que: “Artículo 39. De la forma del contrato
estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser
elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o
imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que
conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. // Las entidades
estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los
originales de los contratos estatales”.
53 “Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando
se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
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Demandante: Unión temporal Watepichin
junio de 2016 (hecho probado No. 3.1.4.), de suerte que deba concluirse que las
partes no suscribieron ningún contrato o alguna ampliación en el plazo para julio de
2016.
En esa medida, considerando que como se explicó párrafos atrás, el medio de
control está definido por las pretensiones que se ventilen desde la demanda y no
por el capricho del extremo procesal activo, es claro que, en realidad, lo pretendido
por la unión temporal Watepichin fue el reconocimiento de un pago por los servicios
que afirmó prestar al ICBF en julio de 2016 sin respaldo en un contrato, escenario
que, por no tener como fuente un acuerdo de voluntades, ni mucho menos un acto
administrativo, se enmarca en un supuesto enriquecimiento sin justa causa que,
como lo concluyó el a quo y como se dictaminó en la reciente sentencia de
unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del 31 de julio de 2025,
correspondía estudiar bajo la óptica del medio de control de reparación directa, entre
otros, porque no existe otro mecanismo para analizarlo ante la improcedencia de
los de controversias contractuales, nulidad simple y/o nulidad y restablecimiento del
derecho.
Evidentemente, no le asiste razón a la apelante al estimar que puede elegir a
discreción el medio de control, dado que no le es posible rotular una controversia
como contractual cuando, simplemente, no tiene como fuente un contrato, de suerte
que, al haber elegido una vía procesal inadecuada, correspondía al a quo corregirla
de oficio, en virtud de lo previsto en la Ley 1437 de 2011, para pasar a estudiar la
contienda bajo la óptica correcta, que era la del enriquecimiento sin justa causa al
amparo del medio de control de reparación directa.
Tampoco acierta la unión temporal Watepichin al insistir que los supuestos servicios
prestados al ICBF en julio de 2016 se fundaron en un contrato, pues, como ya se
argumentó, además de no haberse pasado de la realización de simples
negociaciones, tampoco se aportó documento alguno encaminado a demostrar que
las tratativas hubieran resultado en una nueva prórroga o en un posterior acuerdo
de voluntades y, de hecho, ni siquiera se enunció, en las distintas intervenciones de
la parte actora, que específicamente alguno de esos eventuales actos jurídicos en
comento se hubiera suscrito.
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Demandante: Unión temporal Watepichin
Así las cosas, para la Sala es palmario que el a quo no incurrió en ninguna
irregularidad por haber adecuado las pretensiones de la unión temporal Watepichin
al medio de control de reparación directa, para estudiarlas bajo los supuestos del
enriquecimiento sin justa causa para tal entonces, debido a que aquellas no estaban
fundadas en algún vínculo contractual, por lo que no procedía invocar el medio de
control de controversias contractuales, por no estarse dentro de ninguno de los
supuestos del artículo 141 del CPACA, sino el de reparación directa, previsto en el
artículo 140 del mismo estatuto54, en virtud del cual todo interesado puede
demandar la reparación del daño causado en las acciones u omisiones de los
agentes del Estado, o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a
un particular que haya obrado siguiendo su instrucción.
Por lo demás, y como se advirtió al delimitarse el problema jurídico, no corresponde
pasar a establecer si se cumplieron los supuestos del enriquecimiento sin justa
causa, ya que ello no fue objeto de apelación, sin que corresponda estudiarlo de
oficio so pena de transgredir el principio de congruencia y de desconocer el principio
de justicia rogada propio de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de La
Guajira no incurrió en algún yerro al haber adecuado el petitum de la unión temporal
Watepichin al medio de control de reparación directa para analizarlo sobre la base
de un supuesto enriquecimiento sin justa causa y, como consecuencia, el cargo
estudiado no prospera.
3.3. La demanda se presentó en tiempo, sin que existiera ninguna
irregularidad en su cómputo por el a quo
La Unión Temporal Watepichin sostuvo en su recurso de apelación que el a quo
incurrió en un error al computar la oportunidad para presentar la demanda, porque,
54 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. // De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. […]”.
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Demandante: Unión temporal Watepichin
según afirmó, el Tribunal partió de la premisa según la cual en julio de 2016 no
existía contrato vigente. A juicio de la parte recurrente, para esa fecha sí había un
vínculo contractual, razón por la cual el escrito inicial fue radicado dentro del término
establecido en la ley.
Al respecto, se observa que pese a los reproches en comento el Tribunal
Administrativo de La Guajira concluyó que la demanda de la unión temporal
Watepichin fue radicada en tiempo, lo que en principio relevaría a la Sala de analizar
dicho aspecto, si no fuera porque se trata de un presupuesto procesal que, no
obstante, corresponde verificar de oficio.
Ciertamente, con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis
del tráfico jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,
apuntando a la protección del interés general55, estableció en el proceso
contencioso administrativo unos plazos para ejercer oportunamente los medios de
control judicial, que resultan ser razonables, perentorios, preclusivos,
improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin
que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del
derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se
encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción56 y ofrecer estabilidad del
55 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.
Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
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Demandante: Unión temporal Watepichin
derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
En virtud de lo expuesto, partiendo de la premisa de que el presente asunto
correspondía estudiarlo como una controversia de reparación directa, tal y como lo
concluyó el a quo y se viene reafirmando en esta decisión, era dable acudir al
término para ejercer el derecho de acción de ese medio de control, consagrado en
el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA57, a partir del cual la parte actora
contaba con dos años para demandar, contados a partir del día siguiente a la fecha
en que acaeció el supuesto daño.
Considerando que el supuesto daño alegado por la unión temporal Watepichin
consistió en la falta de pago de unos servicios que afirmó haber prestado al ICBF
durante todo el mes de julio de 2016, se evidencia que los 2 años para ejercer el
derecho de acción deben contabilizarse a partir del día siguiente de dicho período,
pues a partir de tal momento habría cesado la supuesta prestación alegada, es
decir, entre el 1° de agosto de 2016 y el 1° de agosto de 2018 y, considerando que
la demanda se radicó el 14 de septiembre de 2017, no cabe duda de que fue
presentada en tiempo, sin perjuicio del agotamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial, que se surtió entre el 3 de octubre y el 14 de diciembre de 201658.
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.
57 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la
reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia [...]”.
58 Folios 62 a 63 del cuaderno 1.
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
En ese orden de ideas, es claro que la demanda se presentó en tiempo, sin que
exista alguna irregularidad al respecto en la decisión recurrida, de ahí que no se
acceda al cargo de apelación analizado.
A partir de todo lo analizado, la Sala confirmará la sentencia del 27 de abril de 2022,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de
la demanda, debido a la improsperidad de todos los cargos de apelación.
4. Costas en segunda instancia
El numeral 1 del artículo 365 del CGP59 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación60 .
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la unión
temporal Watepichin, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará
de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del
Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en
cuenta que, de todos modos, en esta instancia no se fijarán agencias en derecho,
dado que la demandada no intervino en segunda instancia61, de tal manera que
aquellas no se entienden causadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
59 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
60 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado
17001233300020120017601 (51034).
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Radicado: 440012340000201700218-01 (70441)
Demandante: Unión temporal Watepichin
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la unión temporal
Watepichin, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de
primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366
del Código General del Proceso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
VF
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