Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01389-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Suspensiones: efecto vinculante de las renuncias a reclamaciones por mayor
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01389-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-01389-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 2500023260002011 01389 01 (68443)
Actor: UNIÓN TEMPORAL MARAN - 019
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL
Temas: DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE PRÓRROGAS, ADICIONES O
SUSPENSIONES – efecto vinculante de las renuncias a reclamaciones por mayor
permanencia en obra / INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS – no fue la causa determinante de la ampliación del plazo
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, el 13 de diciembre de 2021,
mediante la cual se resolvió (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):
PRIMERO: NEGAR las objeciones graves en contra de los dictámenes rendidos
por los peritos Manuel J. Muñoz Faux y Fanny Elsy Montaña, de acuerdo con lo
expuesto en las consideraciones. Radicado N°: 25000 – 23 – 26 – 000 – 2011
– 01389 – 00 Actor: Unión Temporal Maran 019 Demandado: Instituto de
Desarrollo Urbano-IDU Sentencia de Primera instancia 59.
SEGUNDO: FIJAR los honorarios de la perito Fanny Elsy Montaña en la suma
equivalente a 70 SMLMD, esto es, DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($2.119.880), de los cuales la parte actora
le adeuda la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.999.880), según lo expuesto en las
consideraciones.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en las consideraciones.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, expídanse las copias de que trata el artículo 114 del
Código General del Proceso.
Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno a la declaratoria de incumplimiento y
desequilibrio económico del contrato 085 de 2005, celebrado entre el IDU y la unión
temporal Maran - 019, cuyo objeto consistió en la construcción de accesos y
mejoramiento vial en las localidades de Bosa y Kennedy de Bogotá, incumplimiento
que se atribuye a la entrega tardía de los estudios y diseños para el proyecto por el
IDU a la contratista y por su falta al deber de planeación, cuestiones que, junto con
la ocurrencia de hechos extraordinarios, sobrevinientes e imprevisibles motivaron
que el contrato se prorrogara en varias ocasiones, lo que generó mayor
permanencia en obra y la ruptura del equilibrio económico en perjuicio del
contratista.
2. La demanda
La demanda con la que se inició este litigio fue presentada el 6 de diciembre de
2011 por los miembros de la unión temporal Maran - 019, en ejercicio de la acción
contractual, en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, con el fin de que:
• Se declarara que el IDU incumplió el contrato de obra 085 de 2005,
celebrado con la unión temporal Maran - 019.
• Se declarara que se produjo la ruptura del equilibrio económico del contrato
085 de 2005, por la ocurrencia de hechos imprevisibles ajenos a la voluntad
del contratista que hicieron más onerosa su ejecución.
• Como consecuencia, se ordenara al IDU a reconocer y pagar a la unión
temporal los perjuicios padecidos, a título de daño emergente y lucro cesante,
vinculados al componente “obras de construcción” por la mayor permanencia
en obra, estimados en la suma de $1.112’021.176.
• Se condenara al IDU a pagar a la unión temporal Maran - 019 los perjuicios
ocasionados, a título de daño emergente y lucro cesante, vinculados al
componente “Ambiental y de gestión social – manejo de tráfico, señalización
y desvíos en la etapa de construcción” por la mayor permanencia en obra,
calculados en la suma de $155’616.214.
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
2.1. Los hechos de la demanda principal
En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos
relevantes:
2.1.1. Previo procedimiento de licitación pública, el 21 de diciembre de 2005 el IDU
y la unión temporal Maran - 019 celebraron el contrato de obra 085, con el objeto de
realizar, a precios unitarios sin fórmula de reajuste, la construcción de accesos a
barrios y pavimentos locales del grupo 2: localidades de Bosa y Kennedy, en
Bogotá.
2.1.2. El valor del contrato se acordó en la suma de $2.605’445.203, que se habrían
de discriminar en los siguientes conceptos: a) valor de obras de construcción; b)
valor global ambiental y de gestión social en la etapa de construcción; c) valor global
para manejo de tráfico, señalización y desvíos en la etapa de construcción; d) valor
fondo de compensaciones. El plazo se convino en 6 meses, contados a partir del
día siguiente a la suscripción del acta de inicio, de los cuales el primer mes se
destinaría a la etapa de pre-construcción y los cinco meses restantes, a la etapa de
ejecución de la obra.
2.1.3. El 30 de diciembre de 2005 se celebró el contrato adicional 01 al contrato 085,
mediante el que se aumentó su valor a $3.824’350.040, se prorrogó el plazo en 2
meses y se aclaró que el contrato era a precios unitarios con fórmula de reajuste.
2.1.4. El 12 de junio de 2006, las partes suscribieron el acta de iniciación de la etapa
de pre-construcción, la cual finalizó el 22 de enero de 2007, según quedó
consignado en el acta de terminación de esa fecha, por lo que ese día se inició la
fase de construcción.
2.1.5. Durante el plazo de ejecución se suscribieron cinco contratos adicionales, por
los cuales se prorrogó el término contractual en 16.5 meses, debido a varias
circunstancias, tales como demoras en la entrega de los estudios y diseños,
diferencia entre los estudios y diseños entregados al contratista y el estado actual
de los suelos, la necesidad de adicionar las vías a intervenir, la necesidad de
ejecutar mayores cantidades de obra por las nuevas condiciones encontradas en
los terrenos, el mal estado de las redes de servicios públicos y obras adicionales
para renovar el estado de las redes de servicios públicos.
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Expediente: 25000232600020110138901
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Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
2.1.6. La prolongación del plazo generó costos superiores a los previstos por el
contratista por mayor permanencia en obra y por actividades de gestión social, siso-
ambiental y plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos.
2.1.7. La unión temporal presentó varias solicitudes de reconocimiento de mayor
permanencia en obra, frente a las cuales, tanto la interventoría como la entidad, a
través de la dirección técnica de malla vial, consideraron que resultaba viable su
pago en cuantía de $293’941.738, pero que, pese a lo anterior, la dirección técnica
legal del IDU, en oficio del 11 de octubre de 2008, advirtió que, de acuerdo con los
adicionales 2, 3 y 5, se estipuló que las prórrogas no generaban sobrecostos para
el IDU, por lo que solo cabría analizarse la viabilidad de los sobrecostos solicitados
respecto del contrato adicional 4.
2.1.8. El 21 de abril de 2009, la entidad, a través de la dirección de malla vial, informó
a la interventoría que era viable el pago a la contratista por desequilibrio económico
generado por el contrato adicional 4, en la suma de $138’325.524, la cual fue
reconocida por el IDU en acta 60 del 27 de julio de 2009.
2.1.9. El 12 de mayo de 2008 se suscribió el acta de terminación del contrato de
obra, concluyéndose que su ejecución duró 14 meses y 27 días más de lo previsto.
2.1.10. El 11 de septiembre de 2009, las partes liquidaron por mutuo acuerdo el
contrato 085 de 2005 y la contratista se reservó el derecho de acudir a la jurisdicción
a instaurar la presente demanda.
2.2. Fundamento de derecho
Luego de referirse al instituto del equilibrio económico del contrato y a su tratamiento
jurisprudencial y doctrinal, adujo que la mayor permanencia en obra se produjo por
hechos ajenos a la voluntad de la unión temporal, que ocasionaron la disposición
del personal y equipos durante un tiempo superior al previsto. De ahí consideró que
la contratante debía reconocer los gastos administrativos en que incurrió y los
gastos de las actividades de gestión social, siso-ambiental y plan de manejo de
tráfico, señalización y desvíos derivados de la mayor permanencia en obra.
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Expediente: 25000232600020110138901
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Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
Explicó que la teoría de la imprevisión estaba regulada por normas de orden público
que no admitían pacto en contrario, circunstancia en cuya virtud la estipulación
según la cual no se reconocerán perjuicios derivados de circunstancias imprevistas
o del incumplimiento de la entidad por la falta de planeación es inválida, inexistente
e ineficaz.
2.2. Actuación procesal
2.2.1. La demanda se admitió mediante auto del 15 de febrero de 2012 y se ordenó
su notificación a la demandada y al Ministerio Público.
2.3. Contestación de la demanda – IDU
La entidad contestó la demanda dentro del término legal. En esa oportunidad
manifestó que algunos hechos eran ciertos, con las aclaraciones del caso, y otros
no le constaban. Como razones de la defensa explicó que la UT contratista, en los
contratos adicionales previos al 4 y en el 5, renunció a la reclamación derivada de
las prórrogas.
Alegó que, si bien se produjeron aspectos técnicos que requirieron resolverse
previamente a iniciar la etapa de construcción, ello se debió a la necesidad de
garantizar la estabilidad y funcionalidad de las obras, cuestión que igualmente
demandaba del estudio, conocimiento y experticia del contratista para evitar
entorpecimientos en su ejecución. Afirmó que lo reclamado por el solicitante no era
imprevisible, ya que no trascendía del álea de riesgo propia del contrato.
Adujo que la demandante no probó los mayores costos solicitados y que lo pedido
era desproporcional y superior al mismo valor del contrato y añadió que el sistema
de remuneración pactado en el contrato fue el de precio global, lo que implicaba que
la unión temporal asumía un mayor riesgo dentro de su ejecución.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
resolvió el litigio en la forma transcrita al inicio de esta providencia.
Consideró que no prosperaba la objeción por error grave contra el dictamen rendido
por el perito Manuel Muñoz, porque los argumentos presentados por la parte
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
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demandada atacaban directamente sus conclusiones, hasta el punto de exigirle que
emitiera juicios que no eran propios del concepto técnico que debía emitir.
De la misma manera señaló que no prosperaba la objeción por error grave contra el
dictamen rendido por la auxiliar de la justicia Fanny Montaño, puesto que se dirigía
a discutir las conclusiones y no presentaba reparos sobre su objeto.
Explicó que la parte demandante considera que la ruptura de la ecuación económica
del contrato se produjo i) por el cumplimiento tardío de la obligación del IDU de
entregar los diseños adecuados para construir las obras, bajo el entendido de que
sus obligaciones estaban limitadas a la construcción de la obra y no a la elaboración
de los diseños y ii) por problemas en las redes de los servicios públicos, que
ocasionaron mayores cantidades de obra y revaluación de los diseños.
Adujo que, según la línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, el caso debía abordarse desde el ángulo del incumplimiento contractual
frente a la obligación del IDU de entregar los diseños para las obras.
Señaló que, según el pliego de condiciones, los diseños de las obras debían ser
entregados por el IDU, con el fin de que el contratista hiciera una apropiación de
estos, que incluía la formulación de ajustes, actividad que no generaría costos
adicionales; de ahí que su consolidación no recaía únicamente en el IDU, puesto
que en la etapa de pre-construcción eran múltiples las actividades que debían
cumplirse por la unión temporal, las cuales podrían conducir a la ampliación del
plazo por suspensión, sin costos adicionales para el IDU, según se había pactado.
Estimó el tribunal que el período para ajuste de diseños debía tenerse en cuenta en
la proyección del AIU y que, a pesar de haberse prolongado, eso no impidió el inicio
de la etapa de construcción que se adelantaría de manera paralela con las
actividades preconstructivas, lo cual fue aceptado por el contratista.
Al referirse a la mayor permanencia en obra, desencadenada por la ampliación del
plazo en la etapa de construcción, el a quo, con sustento en el acervo probatorio
analizado, advirtió que se pactaron prórrogas al plazo del contrato, motivadas
principalmente en la etapa constructiva por las mayores cantidades de obra
necesarias para superar los inconvenientes con las redes de acueducto y
alcantarillado, pero que las ampliaciones de su término estuvieron amparadas por
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sucesivos acuerdos de las partes en los que se dejó la expresa constancia de que
no generarían costos para el IDU, estipulaciones que se entendían válidas y eran
vinculantes en consideración al principio de buena fe contractual.
Resaltó que los componentes de gestión siso-ambiental y plan de manejo de tráfico,
señalización y desvíos se pactaron a precio global, de modo que el contratista
asumió un margen de riesgo superior, pero relacionado con las obras establecidas
inicialmente, no con aquellas no previstas que se hicieron necesarias. A esto agregó
que para estos imprevistos, que podían afectar la conmutatividad del contrato,
procedía suscribir contratos adicionales y realizar reclamaciones oportunas a la
entidad contratante. De ahí que el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las
partes contratantes se ponía en favor de evitar el desequilibrio económico del
contrato.
Insistió en que, pese a ello, en la mayoría de las adiciones y en la suspensión del
contrato, la contratista aceptó que la extensión del plazo no generaría costos
adicionales, estipulación contractual que luego no podría desconocer, porque esto
equivaldría a contrariar sus propios actos, en desmedro de la buena fe de la entidad
contratante que aceptó las prórrogas bajo este condicionamiento.
En cuanto al concepto favorable que emitió la dirección técnica de malla vial del IDU
para el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en las áreas de
gestión social, siso ambiental, plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos por
el valor reclamado por la unión temporal, sostuvo que no resultaba vinculante,
puesto que la dirección legal del IDU advirtió su improcedencia, debido a que en los
contratos adicionales 2, 3 y 5 se había pactado expresamente que las prórrogas del
plazo contractual no generarían costos adicionales para la entidad contratante.
Añadió que, luego de la terminación de la obra, la unión temporal contratista reclamó
por mayores costos asociados a la mayor permanencia en la obra, pero tal posición
contravenía los acuerdos que ya había suscrito en los contratos adicionales 2, 3 y
5.
En lo sucesivo se refirió al argumento de la parte actora, de acuerdo con el cual las
cláusulas en las que renunció a que las prórrogas del plazo contractual generaran
costos adicionales para el IDU no tenían efectos, por ser inválidas al atentar contra
el principio de conmutatividad del contrato. Frente a esa cuestión, el juzgador
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Expediente: 25000232600020110138901
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consideró que no se formuló una pretensión de declaratoria de nulidad de los
contratos adicionales.
Agregó que, si la demandante consideraba que existía un vicio del consentimiento
en la celebración de los contratos adicionales, como fuerza o violencia, debió
formular en la demanda la pretensión de nulidad relativa de los mismos y probarlo,
pero, como no lo hizo, debía ser desestimado.
En ese punto enfatizó que las estipulaciones contractuales adicionales sin reservas
ni objeciones por vicios del consentimiento tienen plenos efectos vinculantes y, por
consiguiente, impiden reconocer algún valor por la mayor permanencia en la obra.
5. El recurso de apelación
La parte actora apeló la decisión de primera instancia para que, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su inconformidad esgrimió, en primer lugar, que el a quo decidió
algo distinto a lo sostenido en la demanda, pues en esa oportunidad lo que se
sostuvo fue que el IDU se demoró en entregar los estudios y diseños de la obra
contratada, mucho más de lo estipulado en el mismo pliego de condiciones e incluso
el haberse entregado de forma parcial, pero no estaba en controversia si a los
estudios y diseños había que realizarles ajustes o no. Dijo que esto último constituía
una de las causas de la mayor permanencia en obra por la extensión del plazo.
De otro lado, aseveró que se encontraba plenamente demostrado que la contratista
tuvo una mayor permanencia en obra por hechos que no le eran imputables y que,
con ocasión de esta situación, la ejecución del contrato se volvió más gravosa y
llevó a la ruptura del equilibrio financiero, a pesar de lo cual el Tribunal consideró
que no tenía derecho al restablecimiento financiero del contrato, simplemente
porque se estipuló contractualmente que las adiciones en tiempo no generarían
costos adicionales para el IDU, con lo que, en su criterio, se desconoció uno de los
principios rectores de los contratos bilaterales y conmutativos en nuestra legislación
y, con ello, la jurisprudencia que existe sobre la materia, en mérito de la cual se
impone el reconocimiento de los costos generados por la mayor permanencia en
obra.
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Expediente: 25000232600020110138901
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En cuanto al argumento según el cual la UT obró de mala fe al solicitar el
restablecimiento del equilibrio contractual, dijo que el tribunal ignoró los documentos
que obraban en el expediente, en los que consta la posición del contratista y de la
interventoría, en el sentido de expresar que durante la ejecución del contrato se
había roto el equilibrio económico por incumplimiento de la entidad o por hechos no
imputables a la demandante, ocasionados por la mayor permanencia en obra.
Respecto de la validez y eficacia de las cláusulas introducidas en los contratos
adicionales, en las que se pactó que la ampliación del plazo no generaba costos
para el IDU y a la consideración del a quo sobre la inviabilidad de pronunciarse por
no haberse solicitado su nulidad, advirtió que en ningún momento el problema
jurídico planteado en la demanda fue señalar la existencia de un vicio del
consentimiento en la celebración de los contratos adicionales, siendo esta la razón
por la que no se solicitó la nulidad de esos acuerdos. Señaló que el problema jurídico
que se consignó, y respecto del cual el Tribunal no se pronunció, consistió en que
la expresión “la presente prórroga no genera costos adicionales para el IDU” es
ineficaz e inexistente.
En su criterio, el Tribunal desconoció que en la demanda se expuso de manera clara
y precisa que en el caso se presentó la teoría de la imprevisión, en aplicación del
artículo 868 del Código de Comercio y el artículo 27 de la Ley 80 de 1993,
disposiciones que deben ser consideradas normas de orden público, y, por tanto,
no son susceptibles de renuncia o derogación por convenio entre las partes. Reiteró
que en la demanda se concluyó que “la Teoría de la lmprevisión, como uno de los
desarrollos del mantenimiento de la relación contractual, tiene la naturaleza de ser
norma de orden público y, por lo tanto, no susceptible de ser desconocida por la
parte mediante convención”.
6. Actuación en segunda instancia
6.1. Mediante providencia del 1 de junio de 2022, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandante.
6.2. Por medio de auto del 12 de julio de 2022, se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto.
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Expediente: 25000232600020110138901
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En el término otorgado, las partes presentaron sus alegaciones, en las cuales se
reiteraron los argumentos que fundamentaron la causa y la contradicción.
El Ministerio Público guardó silencio en esa etapa procesal.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes
temas: 1) oportunidad para el ejercicio de la acción contractual: 2) análisis de la
apelación: 2.1) entrega tardía de los diseños por parte del IDU; 2.2) sobre la eficacia
de las cláusulas contentivas de renuncias a las reclamaciones originadas en la
ampliación del plazo contractual y 3) costas.
1. Procedencia y oportunidad para el ejercicio de la acción contractual
El presente debate versa sobre el supuesto incumplimiento y ruptura del equilibrio
económico del contrato 085 de 2005, aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción
contractual impetrada.
Para establecer la oportunidad en el ejercicio de la acción, corresponde dar
aplicación a la regla prevista en el literal c) del numeral 10) del artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo, para aquellos eventos en los que el contrato de
tracto sucesivo es liquidado bilateralmente, caso en el que los dos años se contarán
desde la firma del acta.
Está demostrado que el contrato 085 de 2005 fue liquidado bilateralmente mediante
acta suscrita el 11 de septiembre de 2009. La situación anotada permite concluir
que el término de caducidad se habría de vencer el 11 de septiembre de 2011.
En este punto, cobra relevancia señalar que el 9 de septiembre de 2011, faltando
tres días para vencerse los dos años del término de caducidad de la acción, la parte
actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 9 Judicial
II Administrativa, trámite que culminó el 5 de diciembre de 20111, tras declararse
fallida la audiencia de conciliación por ausencia de ánimo conciliatorio, según
1 Folio 28 del cuaderno 1.
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Expediente: 25000232600020110138901
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constancia expedida en esa misma fecha2. Al día siguiente, se reanudaron los tres
días que faltaban para cumplirse los dos años, que habrían de finalizar el 9 de
diciembre de 2011, pues el 8 de diciembre era festivo.
Así pues, al haberse interpuesto la demanda el 7 de diciembre de 2011, la Sala
concluye que la acción se ejerció dentro del término legalmente establecido
2. Análisis de la apelación
Los argumentos de la apelación se concentran en dos ejes temáticos que, en
síntesis, apuntan a enfatizar, por un lado, la responsabilidad del IDU por la entrega
tardía de los estudios y diseños como causa de la extensión de la etapa pre
constructiva y, por otro, a censurar la valoración realizada por el a quo frente a los
documentos contentivos de las prórrogas, en punto a las renuncias a reclamaciones
allí consagradas. En ese orden será abordado su estudio por la Sala.
2.1. Entrega tardía de los diseños por parte del IDU
El tribunal de primera instancia señaló que, de acuerdo con el pliego de condiciones,
los diseños de las obras debían ser entregados por el IDU para que el contratista
los revisara y formulara ajustes, sin que esta actividad generara costos adicionales.
En ese sentido, consideró que la consolidación de los diseños no recaía únicamente
en el IDU, debiendo la unión temporal participar en sus ajustes, lo cual podría
conducir a la ampliación del plazo por suspensión, sin costos adicionales para el
demandado.
Con base en lo anterior, el a quo estimó que el período para ajuste de diseños debía
tenerse en cuenta en la proyección del AIU y que, a pesar de haberse prolongado,
eso no impidió el inicio de la etapa de construcción que se adelantaría de manera
paralela con las actividades pre-constructivas, lo cual fue aceptado por la
contratista.
En desacuerdo con esas consideraciones, la parte recurrente increpó la decisión
del a quo por haber resuelto algo distinto a lo sostenido en la demanda, por lo que
esgrimió que el IDU se demoró en entregar los estudios y diseños de la obra
2 A este respecto debe tomarse en consideración que, según los mandatos del artículo 21 de la Ley
640 de 2001, el término de caducidad de la acción se suspendería desde el recibo de la solicitud de
conciliación prejudicial en la Procuraduría, sin que dicha suspensión pudiera exceder de tres (3)
meses.
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contratada, mucho más de lo estipulado en el mismo pliego de condiciones e incluso
el haberse entregado de forma parcial, pero que no se estaba discutiendo si a los
estudios y diseños había que realizarles ajustes o no.
Para resolver este cargo la Sala empezará por confrontar lo sostenido en la
demanda con lo decidido por el a quo, con el fin de establecer si le asiste la razón
a la parte actora al censurar la sentencia por haberse pronunciado sobre un aspecto
diferente a lo solicitado.
Para ese ejercicio, se evidenció por la Sala que, en la demanda, de manera
reiterada, se indicó que el contratista sufrió perjuicios por la mayor permanencia en
obra, causada por la prolongación del plazo con ocasión del incumplimiento
contractual del IDU y de la ocurrencia de hechos extraordinarios e imprevisibles
ajenos a la voluntad de la unión temporal.
Para fundamentar los supuestos fácticos en que sustentaba su reclamación se
remitió a las causas en que, según su dicho, se apoyaron las distintas prórrogas de
las que fue objeto el negocio jurídico.
Al respecto manifestó que en el contrato adicional 2 del 9 de febrero de 2007, por el
cual se amplió el plazo por 6 meses se justificó:
“en que la etapa de pre-construcción duró más del tiempo establecido (6
meses y quince días), debido a la no entrega oportuna de los diseños por
parte de la administración y la discrepancia que encontró el contratista y la
interventoría frente a las características de los suelos actuales con los
estipulados en los estudios y diseños. Lo que generó el diseño de una nueva
alternativa de estructura”.
Son dos los centros de imputación sobre los que gravitó la extensión en plazo
durante la etapa de pre-construcción como causa de la mayor permanencia en obra.
El primero se relacionó con la demora en la entrega de los diseños por parte del IDU
al contratista y, el segundo, que fue finalmente sobre el cual recayó el examen del
a quo, guardó conexidad con las posibilidades de que, durante la revisión y ajustes
de estudios y diseños a cargo del contratista, pudieran surgir situaciones que
condujeran a modificaciones de las posteriores actividades constructivas a
emprender y que comportaran la ampliación del plazo mientras estas se acometían
en la fase pre-constructiva.
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Expediente: 25000232600020110138901
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Demandado IDU
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De lo dicho se sigue que no es de recibo el dicho de recurrente, con apego al cual
considera que el a quo decidió sobre un tópico distinto al formulado en la demanda.
Aconteció que el juzgador sí se refirió a lo señalado en el escrito inicial, pero de
manera incompleta, en tanto su análisis solo abarcó el segundo cargo de imputación
y no el primero, concerniente a la demora en la entrega de los diseños.
Ante este panorama, procede la Sala a revisar si existió demora en la entrega de
estudios y diseños por el IDU y si esto condujo a la ampliación del plazo generador
de la alegada mayor permanencia en obra, aspectos respecto de los cuales se
limitaron los argumentos de la apelación frente a este asunto, toda vez que en torno
al segundo centro de imputación se partió de una premisa errada, al sostener que
el a quo decidió sobre un aspecto no discutido, cuando lo cierto es que sí lo fue.
Cuestión distinta es que no se hubieren presentado por el apelante argumentos de
disenso frente a esa decisión.
Acerca de este tópico, está demostrado que, previo procedimiento de licitación
pública, el 21 de diciembre de 2005, el IDU y la unión temporal Maran – 019
celebraron el contrato 085, cuyo objeto fue la construcción de accesos a barrios y
pavimentos locales, programa de pavimentos locales grupo 2: localidades de Bosa
y Kennedy de Bogotá, por un valor de $2.605’445.203 y un plazo de seis meses
contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, que se discriminaban en
razón de un mes para la etapa de pre-construcción y cinco meses para la etapa de
construcción.
Respecto de la etapa pre-constructiva se resaltan las siguientes estipulaciones:
En el numeral 4.4. del pliego de condiciones se estableció que el IDU entregaría al
contratista los diseños para las vías objeto del contrato.
En la adenda 2 de los pliegos de condiciones que gobernaron la licitación pública
IDU-LP-DTMV-019-2005 que dio origen al contrato 085 de 2005, se estableció (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“4.4.1 ACTIVIDADES PARA LA ETAPA PARA LA PRECONSTRUCCIÓN A
partir de la fecha de iniciación del contrato, el contratista tendrá un plazo de
ocho (8) días calendario para revisar y evaluar los estudios y diseños
presentados por el IDU, de manera que se garantice durante la ejecución de las
obras el cumplimiento de las Especificaciones Particulares y Generales de
Construcción y las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos
(…).
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
Las observaciones a los estudios y diseños del IDU presentados por el
contratista de obra se estudiarán por el interventor y el contratista de obra hará
los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de los resultados, los
cuales debe presentar al IDU. Sin embargo, se aclara que cualquier cambio
debe mantener el balance económico original del contrato es decir que dichos
cambios no generaran costos adicionales injustificados al proyecto.
(…).
CONSIDERACIONES ESPECIALES: Los estudios y diseños para la ejecución
de las Obras de Construcción podrán (i) ser los mismos que el IDU puso a
disposición de los Proponentes durante el pedido de propuestas; (ii) consistir en
la adaptación y/o modificación, por parte del contratista de obra, de los estudios
y diseños que el IDU puso a disposiciones de los Proponentes durante el pedido
de propuestas, caso en el cual, deberán ir suscritos por los ingenieros o
personas responsables del contratista de obra y con la aprobación del
interventor; (iii) ser estudios y diseños propios del contratista de obra; o (iv) la
combinación de cualquiera de los anteriores. En todo caso, una vez
presentados al Contratante en los términos de este numeral, se entenderá que
los diseños son propios y por lo tanto la responsabilidad de los mismos será
asumida en su totalidad por el contratista de obra. Adicionalmente, se entenderá
que el contratista de obra deberá incluir las Especificaciones Particulares de
Construcción como parte de los estudios y diseños, las cuales igualmente
podrán ser adoptadas, adaptadas, modificadas, o reemplazadas en los mismos
términos que los estudios y diseños señalados en el presente párrafo. En todo
caso, una vez presentadas las Especificaciones Particulares de Construcción,
el contratista de obra será responsable por su contenido y correcta aplicación.
Sin embargo, se aclara que cualquier cambio debe mantener el balance
económico original del contrato es decir que dichos cambios no generarán
costos adicionales injustificados al proyecto. En relación con los estudios y
diseños de las Obras para Redes, el IDU entregará al contratista los estudios y
diseños aprobados y autorizados por las empresas de servicios públicos. El
contratista podrá durante esta Etapa de Preconstrucción, adoptados,
adecuarlos, modificarlos o adaptarlos, pero cualquier cambio en los mismos
deberá, previamente a su implementación durante la Etapa de Construcción,
ser autorizado de manera expresa por parte de la interventoría y de la Empresa
de Servicios Públicos correspondiente, siguiendo los procedimientos descritos
en el Apéndice C del contrato de obra.
(…).
En consecuencia, el contratista de obra deberá adecuar y/o modificar en
cualquier momento los estudios y diseños de detalle presentados, a su costo y
bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el
presente Contrato. En todo caso, estas adecuaciones y/o modificaciones
deberán ser revisadas y aprobadas por el interventor, quién deberá informar al
IDU y entregarle los documentos técnicos que correspondan”.
De lo anterior, se desprende que:
• La etapa pre-constructiva tenía como finalidad que el contratista revisara los
estudios y diseños del proyecto y, si era del caso, los ajustara, al punto de
que terminara “apropiándolos” como si los hubiera efectuado directamente
él.
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
• Era obligación de la entidad entregar al contratista los estudios y diseños para
que la unión temporal procediera a efectuar labores de revisión y evaluación,
al cabo de lo cual, de las observaciones que surgieran frente a estos
documentos, se correría traslado a la interventoría, la que podía igualmente
recomendar ajustes que habrían de realizarse por el contratista y al final se
presentarían a la entidad.
• Si bien no se estableció un término preciso para que la administración
entregara al contratista los estudios y diseños sobre los cuales recaerían las
actividades en la fase previa a la ejecución de las obras, de la lectura de la
previsión en comento se establece que esto debía realizarse antes de la
suscripción del acta de inicio de la etapa de pre-construcción, pues, una vez
esta fase iniciara, el contratista tendría 8 días para presentar las revisiones.
Está acreditado igualmente que, antes de dar inicio a la etapa de pre-construcción,
el 30 de diciembre de 2005, las partes suscribieron el contrato adicional No. 1 y el
otrosí No. 1, lo cual se sustentó en la solicitud de adición y prórroga elevada
conjuntamente, el 27 de diciembre de 2005, por el Director Técnico de Malla Vial, la
Subdirectora Técnica de Pavimentos Locales, el coordinador, el interventor y el
contratista.
Las consideraciones3 en que se fundamentó su celebración estribaron en que las
partes convinieron en ampliar el objeto del contrato 085 en el sentido de agregar
más vías aledañas a intervenir, lo que llevó a aumentar el valor del contrato en
$1.218’904.837.00, modificar la cláusula primera en el sentido de que “La
contratación es a precios unitarios con fórmula de ajuste” y a extender el plazo en
dos meses para un total de ocho meses de término contractual – sin indicar si los
3 La motivación de su celebración consistió en que “Mediante memorando STPE-1100-55360 de
diciembre 12 de 2005, la Subdirección Técnica de Planeación Estratégica envió a la Dirección
Técnica de Malla Vial los planos y listado de vías para adicionar los contratos de accesos a barrios
y pavimentos locales, por tal razón. El Instituto de Desarrollo Urbano requiere para mejorar la
movilidad de la Localidad de Kennedy, adicionar al objeto del contrato IDU 085/2005 la Construcción
de la vía KR 78 entre Calle 5 y Avenida Calle 6 (Avenida Américas). Para tal efecto, se cuenta con
el Certificado de Disponibilidad. Memorando STPL-4300-58450 de diciembre 27 de 2005, mediante
el cual la Dirección Técnica de Malla Vial, solicita a la Subdirección Técnica de Contratos y Convenios
la elaboración de una adición por valor de $1.218.904.837 y una prórroga de dos (2) meses al
contrato de obra 085 de 2005. A su vez solicitan la elaboración de un otrosí con el fin de modificar la
cláusula primera del contrato, toda vez que teniendo en cuenta el adendo 3 del Pliego de Condiciones
de la Licitación Pública IDULP-DTM-019-2005 la cual dio origen a este contrato, la contratación es a
precios unitarios con fórmula de ajuste, así mismo, debe aclarase en el literal h) de la cláusula
segunda del contrato que el valor en números es $163.694.360.00. Teniendo en cuenta que el valor
adicional no supera el 50%, de que trata el parágrafo de artículo 40 de la Ley 80 de 1993.”
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Expediente: 25000232600020110138901
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Referencia: Acción contractual
mismos correspondían a la etapa pre-constructiva o constructiva-, entre otras
determinaciones.
En este nuevo contexto contractual, que a su turno llevó a que se tomara más del
tiempo previsto para el comienzo de las actividades ligadas al objeto del contrato
085, el 12 de junio de 2006 las partes celebraron el acta de inicio de la etapa pre-
constructiva, la cual terminó el 19 de enero de 2007, según acta 6.
Antes de suscribir la referida acta de terminación de la etapa pre-constructiva, las
partes signaron el acta 5 del 19 de enero de 2007 de “apropiación de los diseños”,
en la cual se hizo constar que los estudios y diseños fueron realizados por el IDU,
por Ingetec S.A. y revisados por la unión temporal Maran – 019, encontrando que
eran aceptables y adecuados para adelantar las obras, por lo cual realizó la
apropiación. Con todo, quedaron las siguientes salvedades:
(i) No se entregaron los planos de señalización, los cuales estaban
pendientes de ser entregados por el IDU en medio físico y con las firmas
y sellos que evidenciaran su aprobación.
(ii) Quedó diferida la aprobación de los diseños de acueducto, por estar
pendiente la entrega del plano aprobado de los barrios La Libertad III,
Sauces, Alquería de la Fragua (pendiente plano 4), y Mandalay (Plano 4).
(iii) Quedó pendiente la apropiación del diseño de redes de gas, por estar
pendiente la entrega por parte del IDU de planos y memorias de diseño
de redes de Telecom. En cuanto a la modificación a los diseños para
apropiación, en el acta se estableció que el contratista revisó los estudios
y diseños de pavimentos elaborados para el IDU, a través de los contratos
256 y 294 de 2003, y dio concepto de no apropiación, presentó ajustes y
alternativas de solución para las condiciones encontradas en campo.
(iv) La interventoría informó acerca de la necesidad de ajustar los diseños
existentes.
(v) El Comité Técnico del IDU aprobó las estructuras de pavimento que
habían sido autorizadas mediante oficio de 12 de enero de 2007, antes
de las observaciones de la interventoría.
(vi) Adicionalmente, el contratista se pronunció sobre la apropiación de los
diseños.
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Expediente: 25000232600020110138901
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Referencia: Acción contractual
En el acta 6 de terminación de la etapa de pre-construcción, suscrita el 22 de enero
de 2007, se advirtió (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores de
forma):
“De conformidad con el Oficio IDU N° IDU-001016 STPL-4300 radicado en las
oficinas de la interventoría el día 12 de Enero de 2007, se procede a suscribir
la presente Acta de Terminación de la Etapa de Pre construcción, aclarando
que quedan trabajos pendientes que se realizarán paralelamente con el inicio
de la Etapa de Construcción, permitiendo dar avance a las obras que pueden
ejecutarse actualmente”.
Del acervo probatorio al que se hizo anterior referencia, la Sala concluye que:
Aun cuando no hay evidencia del momento exacto en que el IDU hizo entrega al
contratista de los estudios y diseños del proyecto, resulta viable colegir que cuando
se suscribió el acta de inicio de la fase de pre-construcción ya se había satisfecho
ese deber, al menos parcialmente -y sin que con esta afirmación se justifique esa
tardanza-, toda vez que esta circunstancia era un presupuesto necesario para poder
comenzar las actividades de revisión y evaluación que se llevarían a cabo por la
unión temporal durante la primera semana siguiente a la firma del documento de
inicio.
De lo contrario, carecería de sentido suscribir la referida acta sin tener los insumos
sobre los cuales se adelantarían las labores propias de esa fase de estudios y
diseños del proyecto vial, aserto que además se funda en el hecho de que, al
suscribirla, ningún reparo se dejó consignado acerca de la ausencia de esos
documentos.
El carácter parcial del cumplimiento de la obligación de entregar los estudios y
diseños por parte de la entidad igualmente está llamado a deducirse del contenido
del acta 5 de apropiación de diseños, a la que se hizo anterior referencia.
Con todo, lo dicho no es suficiente para concluir que la entrega parcial y escalonada
de los estudios y diseños por la administración -en tanto no fue agotada en un solo
momento antes de la firma del acta de inicio- hubiese sido la causa que generó la
extensión del plazo en esta fase, por dos razones:
En primer lugar, surge con claridad que la labor de revisión y ajuste de los diseños
y estudios suministrados por el instituto fue dispendiosa y pormenorizada que,
además de estar a cargo de la unión temporal, según el pacto expreso, demandó
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Expediente: 25000232600020110138901
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Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
más tiempo del inicialmente contemplado, siendo esta la causa principal que llevó
a la extensión del plazo de esta primera fase y sobre la cual se pronunció
ampliamente el a quo, sin que se alegaran razones de inconformidad frente a sus
decisiones-.
Así se lee en el testimonio rendido por el ingeniero Andrés Bradford Peraza, quien
fungió como ingeniero residente de la obra, vinculado a la unión temporal Maran-
19:
“…en la entrega de esta documentación el IDU demoró en la entrega de estos
documentos y no lo hizo tampoco en su totalidad en un solo momento sino nos
fueron entregando poco a poco información a medida que la iban obteniendo
de sus archivos, los ajustes de diseños tomaron bastante tiempo, mientras se
hicieron todos los diseños y ajustes, y en algunos casos hubo hasta que
presentar alternativas diferentes presentadas por los diseñadores, que nuestros
especialistas recomendaban”.
Como segundo aspecto, se impone destacar que, a pesar de que las entregas de
algunos documentos relacionados con los estudios y diseños sufrieron retardo, ante
la evidencia de que se suministraron con posterioridad al inicio de la fase de pre-
construcción, no puede perderse de vista que, de cualquier manera, las partes
acordaron que iniciarían las obras de construcción de forma paralela a la realización
de los ajustes a los estudios y diseños, cuestión que permite colegir que la falta de
entrega completa de los referidos documentos, contrario a lo sostenido por el
apelante, no produjo la ampliación del plazo de la etapa previa y con ello la mayor
permanencia en obra de la fase pre-constructiva, en consideración a que, a pesar
de ello, fue posible proseguir con la ejecución de las actividades de obra
programadas.
Además, esta situación se debió no solo a la circunstancia de que no se había
entregado a la contratista la totalidad de los estudios y diseños por el IDU, sino al
hecho de que, respecto de aquellos que sí se habían suministrado oportunamente,
la unión temporal tampoco había cumplido su deber de efectuar las revisiones y
evaluaciones que recaían sobre su contenido, lo que también, junto con la
inobservancia de obligaciones ambientales a cargo de la contratista, dio lugar a que
se extendiera la etapa pre constructiva.
Así se desprende del informe rendido por la dirección técnica de malla vial del IDU
el 15 de noviembre de 2006, en el que informó a la dirección técnica legal de esa
entidad que:
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Expediente: 25000232600020110138901
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Referencia: Acción contractual
“hoy, cuatro meses después de la firma del acta de iniciación, no se ha (sic) recibido
por parte del CONTRATISTA los productos esperados en la etapa de
preconstruccion, tales como informe de evaluación de los estudios y diseños,
revisión del componente ambiental PIPMA, revisión del componente social, por lo
que no se han iniciado actividades de obra”4.
De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra infundado el cargo de la parte
demandante. A pesar de presentarse un retardo en la entrega de la totalidad de los
estudios y diseños por parte del IDU, el contratista tampoco cumplió cabal y
oportunamente sus obligaciones contraídas en esa fase en relación con los estudios
y diseños que sí se entregaron, a lo que se suman las gestiones que debían
adelantarse durante esa etapa por parte de la unión temporal en torno a la
evaluación y ajustes de los documentos mencionados, que demandaron más
tiempo, circunstancia que condujo a que se prolongara más del previsto
inicialmente, hechos que, en suma, fueron los determinantes de la ampliación del
período pre-constructivo.
2.2. Sobre la eficacia de las cláusulas contentivas de renuncias a las
reclamaciones originadas en la ampliación del plazo contractual
Se recuerda que al referirse a la mayor permanencia en obra desencadenada por
la ampliación del plazo en la etapa de construcción, el a quo, con sustento en el
acervo probatorio analizado, advirtió que se pactaron prórrogas al plazo del
contrato, motivadas principalmente por las mayores cantidades de obra necesarias
para superar los inconvenientes con las redes de acueducto y alcantarillado, pero
que las extensiones en el plazo estuvieron amparadas por sucesivos acuerdos de
las partes, en los que se dejó la expresa constancia de que no generarían costos
para el IDU, estipulaciones que se entendían válidas y eran vinculantes en
consideración al principio de buena fe contractual.
En esa misma línea, en cuanto al argumento según el cual las cláusulas contentivas
de las renuncias a los sobrecostos generados por las prórrogas del plazo contractual
no tenían efectos por ser inválidas, consideró que no se formuló una pretensión de
declaratoria de nulidad de los contratos adicionales, por lo que, de considerar que
existía un vicio del consentimiento en la celebración de los contratos adicionales,
como fuerza o violencia, estimó que la accionante debió formular en la demanda la
4 Folios 105 a 111 del cuaderno 7.
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Expediente: 25000232600020110138901
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Referencia: Acción contractual
pretensión de nulidad relativa de los mismos y probarlo, pero, como no lo hizo, debía
ser desestimado.
En discrepancia con lo anterior, el recurrente esgrimió que el Tribunal desconoció
los documentos que obraban en el expediente, en los que consta la posición del
contratista y de la interventoría, en la que manifestaron durante la ejecución del
contrato que se había roto el equilibrio económico por incumplimiento de la entidad
o por hechos no imputables al contratista, ocasionado por la mayor permanencia en
obra.
En cuanto a la validez y eficacia de las cláusulas de renuncia a sobrecostos
introducidas en los contratos adicionales, y a la consideración del a quo sobre la
inviabilidad de pronunciarse, por no haberse solicitado su nulidad, advirtió que, en
ningún momento el problema jurídico planteado en la demanda fue señalar que
existía un vicio del consentimiento en la celebración de los contratos adicionales,
puesto que el problema jurídico que se consignó, y respecto del cual el Tribunal no
se pronunció, consistió en que la expresión “la presente prórroga no genera costos
adicionales para el IDU” es ineficaz e inexistente.
Indicó que, con base en esto último, en la demanda se expuso de manera clara y
precisa que en el caso se presentó la teoría de la imprevisión, en aplicación del
artículo 868 del Código de Comercio y del artículo 27 de la Ley 80 de 1993,
disposiciones que deben ser consideradas normas de orden público y, por tanto, no
son susceptibles de renuncia o derogación por convenio entre las partes. Reiteró
que en la demanda se concluyó que “la Teoría de la lmprevisión, como uno de los
desarrollos del mantenimiento de la relación contractual, tiene la naturaleza de ser
norma de orden público y, por lo tanto, no susceptible de ser desconocida por la
parte mediante convención”.
Son dos los argumentos en controversia que están llamados a ventilarse en este
apartado:
En primer lugar, en cuanto se refiere al argumento de la impugnación en el que dice
que el tribunal desconoció los distintos documentos en los que la contratista solicitó
al IDU el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y aquellos conceptos
de la interventoría y la entidad en los que daban viabilidad a sus peticiones, surge
con nitidez para la Sala que el a quo no los ignoró ni dejó de apreciar su contenido.
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Lo que aconteció fue que, al valorarlos, tras un ejercicio analítico, estimó que esos
documentos no podrían contravenir las cláusulas insertadas en los contratos
adicionales al contrato 085, en los que se advertía que su ampliación no generaba
sobrecostos para el IDU, en tanto ello comportaría una transgresión al principio de
buena fe contractual.
Tampoco es cierto que el tribunal hubiera desatendido los conceptos de la
interventoría y del IDU en los que convalidaban el reconocimiento de las
aspiraciones de la unión temporal como consecuencia de la mayor permanencia en
obra.
En efecto, el tribunal se aprestó al examen de esos documentos, en desarrollo de
lo cual sostuvo que el concepto favorable emitido por la dirección técnica de malla
vial del IDU para el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en
las áreas de gestión social, siso ambiental, plan de manejo de tráfico, señalización
y desvíos por el valor reclamado por la unión temporal contratista, no resultaba
vinculante, toda vez que otra dependencia de la misma entidad -Dirección Legal del
IDU- posteriormente advirtió su improcedencia, de cara al pacto introducido en los
contratos adicionales 2, 3 y 5, según el cual las prórrogas del plazo contractual no
generarían costos adicionales para la entidad contratante.
Se observa pues que, frente a estas cuestiones, no se presentó una verdadera
razón de discordia por parte del apelante5. Es claro que su alegato se ciñó a indicar
que el tribunal desconoció múltiples circunstancias acaecidas en desarrollo de la
ejecución contractual en torno a la solicitudes de restablecimiento del equilibrio
económico y a la suscripción de conceptos que las favorecían, cuando lo cierto es
que, no obstante haber reparado sobre su existencia, el juzgador consideró que
tales elementos no eran suficientes para despojar de vigor el carácter vinculante de
la renuncia a las reclamaciones contenidas en los contratos adicionales.
Dicho esto, se abre paso al análisis del segundo argumento en que sustenta este
cargo y que guarda relación con la nulidad, ineficacia o inexistencia de las cláusulas
en las que se expresó que las prórrogas no generarían costos para el IDU.
5 Sobre en cumplimiento del deber de sustentar materialmente el recurso de apelación, se puede
consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente 65.962, criterio reiterado
por esta Subsección en sentencia del 4 de marzo de 2022, expediente: 53.376, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez. Ver también la sentencia del 19 de junio de 2020, expediente 49.572, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María
Adriana Marín.
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Referencia: Acción contractual
El apelante bifurca este cargo de reproche en dos aspectos:
El primero de ellos apuntó a que el fallador de primer grado erró al estimar que al
hallarse en entredicho la nulidad de las cláusulas contentivas de las renuncias a las
reclamaciones, correspondía al actor elevar la respectiva pretensión anulatoria en
su contra, apoyada en la configuración de algún vicio del consentimiento, premisa
que, en criterio del apelante, distorsionó lo pretendido en la demanda, en la que,
afirmó, en ninguna parte se hizo alusión a la existencia de vicios en los contratos
adicionales.
Observa la Sala que no tiene asidero la censura del apelante, pues de la lectura de
la demanda emerge que al exponer los fundamentos de derecho en que edificaba
sus pretensiones, expresamente hizo mención a que “no es posible darle validez ni
eficacia a pactos que desconozcan el deber de resarcir los perjuicios probados
derivados de los hechos imprevistos o peor aún de incumplimiento de deberes de
los contratantes”.
Así pues, el hacer mención a la inviabilidad de otorgar validez a ese tipo de
estipulaciones es lo que explica que, por oposición, el tribunal hubiera echado de
menos la pretensión anulatoria en su contra, habida cuenta de que solo a través de
ese cauce sería posible analizar la eventual configuración de vicios que afectaran
la validez de esas determinaciones y condujeran a su nulidad.
En segundo lugar, el recurrente hizo énfasis en que la decisión ha debido versar
sobre otro aspecto que sí fue señalado en la demanda y que consistió en que las
normas que disciplinan la teoría de la imprevisión, el artículo 868 del Código de
Comercio y el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, son de orden público, por lo que no
podían ser desconocidas por convención de las partes, so pena de generar su
inexistencia e ineficacia.
Como se aprecia, el argumento en contención se reduce a la ineficacia e
inexistencia de las cláusulas contentivas de las renuncias a reclamaciones, por lo
que, tras constatar que ciertamente el a quo no emitió un pronunciamiento puntual
y concreto sobre ese aspecto, la Sala procede a realizar su análisis.
Para ese propósito debe iniciarse por reseñar que el contrato 085 de 2005, que
ocupa la atención de la Sala, es un contrato estatal regido por las disposiciones de
la Ley 80 de 1993, ya que fue celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano,
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Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
establecimiento público del orden distrital cuya actividad negocial se gobierna por
dicho estatuto.
Esta precisión se deja sentada con el fin de aclarar que el estudio del cargo se
centrará en el análisis de las disposiciones de ese compendio legal, en cuanto
regula la conservación del equilibrio económico del contrato estatal, aserto que
igualmente halla su justificación en el mandato del artículo 13 de esa legislación que
establece “en el Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo
2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”. Ello, sin
perjuicio de que en desarrollo del análisis sea necesario revisar otras disposiciones
del derecho privado afines al tema de discusión.
Una cuestión adicional que cabe advertir, previo al inicio de este estudio, es que a
pesar de que ni en la sentencia de primera instancia ni en el recurso de apelación
se profundizó acerca de las razones que condujeron a la ampliación del plazo 6 del
6 En los informes parciales suscritos de la interventoría semanalmente se observa que:
En febrero de 2007 se iniciaron las labores constructivas y continuaron en marzo, abril y mayo de
2007 se realizaron actividades de excavación manuales y mecánicas, instalaciones de tuberías en
sumideros, demoliciones en pavimento, conformación de subrasante. Folios 74 a 72 del cuaderno 5
Entre junio y julio de 2007 existió demora del IDU en la definición del suministro de concreto, en la
definición de la alternativa del diseño de los sumideros por parte de la EAAB, en la renovación de
las redes del alcantarillado. Folios 84 a 86 del cuaderno 5. Se registró que la EAAB se demoró en la
aprobación de las alternativas ofrecidas para la construcción de sumideros y hubo retardos a causa
del invierno. En julio de 2007 se consignó que el IDU ya no suministraría el concreto para el
pavimento, por lo que debía suministrarlo el contratista con cargo al contrato. Folios 94 a 95 del
cuaderno 5.
En informe de agosto de 2007 se documentó la demora en la definición del suministro de concreto
por parte del IDU, a la temporada invernal y a la definición de la alternativa del diseño de los
sumideros por parte de la EAAB. Folios 59 a 652 del cuaderno 5.
En octubre de 2007 se documentó que el EAAB solicitó la renovación del colector de aguas negras
y las redes de alcantarillado por mal estado. Folios 24 a 58 del cuaderno 5.
En informe del 2 de noviembre de 2007, se advirtió que se hallaba pendiente una solicitud de
ampliación de plazo, debido a que hubo demoras en el suministro de las tuberías para la instalación
del colector de aguas y negras y retardo en el suministro de concreto hidráulico, todo lo cual tenía
que ver con la renovación del alcantarillado y por problemas por taponamiento y mala ubicación de
las aguas servidas y por las fuertes lluvias. Folios 9 a 13 del cuaderno 5.
En informe semanal del 9 de noviembre de 2007 se dejó constancia de que algunos frentes, como
los Sauces, Mandalay, Alquería La fragua, presentaban atrasos por la necesidad de renovar redes
de alcantarillado colector, por la demora en la provisión del cemento, la EAAB no suministraba a
tiempo las tuberías y accesorios. Folios 4 a 8 del c5.
El contratista el 20 de febrero de 2008 solicitó la suspensión del contrato por estar pendiente de
aprobar precios unitarios y bajo la prevención de que él no estaba obligado a ejecutar obras no
previstas ni a financiar el contrato con recursos propios, a lo que la interventoría contestó que no era
cierto que faltaran 54 APU sin aprobar y que los 25 APU que estaban en estado de aprobación se
debía a que la UT no los había corregido según se le había solicitado. Folios 143 del c4.
En oficio del 18 de febrero de 2008 la interventoría informó al contratista su preocupación por que
faltaban 38 días para la terminación del plazo del contrato y no estaban adelantadas una serie de
actividades importantes para el avance de la obra, sin justificación alguna, detallando cada una de
ellas e informó que se observaba una disminución en el personal disponible en obra, lo que afectaba
la productiva en la ejecución de actividades. Agregó que había un desorden en el acopio de los
materiales de campo que afectaba e impedía avanzar y generar rendimientos. Folios 132 a 133 del
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contrato 085 de 2005 durante su fase de construcción, ciertamente la Sala
encuentra demostrado que su ocurrencia se produjo por distintos factores que bien
podrían invadir la órbita de la imprevisión, como fueron la temporada invernal, los
inconvenientes presentados con las empresas de servicios públicos domiciliarios y
la necesidad de reparar las redes de acueducto y alcantarillado existente, así como
también podrían irrumpir en la esfera de responsabilidad de las partes, tales como
los retardos en el suministro del concreto -el cual en un comienzo estuvo a cargo
del IDU y luego del contratista- y por cuestiones atinentes al proceso constructivo,
tales como la necesidad de reevaluar las condiciones del pavimento y la aprobación
y autorización de los diseños requeridos.
La anotación que antecede es de relevancia en cuanto concierne establecer los
efectos vinculantes de las renuncias a sobrecostos desencadenados por la mayor
permanencia en obra, ora por causas eventualmente configurativas de desequilibrio
económico del contrato o por razones que permean la responsabilidad contractual
de las partes.
Dicho esto, es menester indicar que las normas que disciplinan el principio del
equilibrio económico del contrato se estructuran sobre la base del bien colectivo que
inspira la celebración de los negocios del Estado y que trasciende del terreno de la
aspiración de los particulares.
Esto obedece a que el referido instituto se concibe como un instrumento para
viabilizar y llevar a buen término su ejecución en las condiciones inicialmente
pactadas y garantizar la consecución de la finalidad perseguida, que no es otra que
la concreción del interés general materializado en la ejecución de la obra, la
prestación del servicio o el suministro del bien. En defecto, los contratos celebrados
en ausencia de la observancia de este principio estarían condenados de entrada al
fracaso.
Es esta premisa la que justifica el carácter imperativo de las disposiciones que
imponen la conservación de la ecuación contractual a lo largo de la vida del acuerdo
y al tiempo la que permite considerarlas como normas de orden público.
c4.
En oficio del 15 de enero de 2008, la interventoría informó que la UT no había entregado mes a mes
el cronograma o programa de trabajo de obra para cada frente de obra. Agregó que no conocía la
justificación del sobrecosto del área socioambiental por mayor permanencia en obra, por lo que no
compartía el presupuesto de sobrecostos. Folios 94 a 96 del c4.
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
Tal fue el entendimiento del legislador al consagrar los artículos 27, numeral 3 del
artículo 4, numeral 1 del artículo 5, el inciso 2 del artículo 14 y el artículo 28 de la
Ley 80 de 1993, normas que grosso modo proyectan las múltiples naturalezas y
finalidades que encierra el equilibrio económico del contrato, bajo la comprensión
de que funge como un deber de las partes su mantenimiento, un derecho de los
contratantes a su restablecimiento, un contrapeso a la implementación de las
potestades excepcionales y un criterio hermenéutico para desentrañar el contenido
y alcance de las cláusulas contractuales.
En igual sentido, la ley se encargó de establecer remedios para aquellas
eventualidades en las que en los contratos estatales se introdujeran estipulaciones
encaminadas a deshonrar el mantenimiento de la ecuación contractual. Muestra de
ello son las previsiones concebidas en el artículo 24 del Estatuto de Contratación
Estatal, dirigidas a cristalizar el principio de transparencia, en mérito del cual ni en
el documento precontractual ni el contrato se exigirán condiciones de imposible
cumplimiento ni que induzcan ofrecimientos de extensión ilimitada, todo lo cual se
traduce en la imposibilidad de asignar al particular la carga de asumir cualquier tipo
de riesgo sin importar su imprevisibilidad, su naturaleza y dimensión. De lo contrario,
tales estipulaciones serán ineficaces de pleno derecho por disposición expresa del
legislador7.
7 Sobre la ineficacia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 60558 ha explicado que: “La ineficacia
de pleno derecho se encuentra regulada en el artículo 897 del Código de Comercio, canon con
arreglo al cual “Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá
que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial” 7.
A su turno, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la aplicación de la figura no se
subordina a la presencia de una o varias causales que pudieren determinar su acaecimiento. En ese
sentido, para saber cuándo hay lugar a su invocación resulta necesario revisar una a una las
disposiciones que integran el referido Estatuto Mercantil, en las cuales se establece de manera
expresa la sanción específica, bajo el entendido de que solo la ley puede derivar esa consecuencia,
consistente en restarle la totalidad de los efectos que estaría llamado a generar el acto o negocio o
a la correspondiente estipulación en particular, según corresponda.
Igualmente, se ha precisado por esta Sala que la existencia de la ineficacia de pleno derecho no
resulta privativa de la regulación inmersa en el Código de Comercio, debido a que otros catálogos
legales, como el Código Civil u otras normas jurídicas, en similar sentido, han establecido la misma
consecuencia a determinado acto, aun cuando pueda hallarse expresado en términos distintos tales
como “no produce efectos” o “se tendrá por no escrita”.
En el ámbito de la contratación estatal, terreno en el que, no obstante no haberse incorporado una
cláusula general que condensara expresamente la ineficacia de pleno derecho, como sí ocurre en el
Código de Comercio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80, hay lugar a acudir a las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes que no se ocupen de las materias que ya hubieren
sido regulados por el Estatuto de Contratación Estatal.
En adición, existen normas en la Ley 80 de 1993 que de forma específica contemplan este instituto
jurídico. Tal es el caso del inciso final del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 en el que
expresamente se denominan “ineficaces de pleno derecho” las estipulaciones de los contratos
estatales que contravengan las exigencias que se consagran en este numeral, relativas a las reglas
que deben acatarse para la elaboración de los pliegos de condiciones.
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
Al acompasar estas reflexiones con el carácter vinculante de las renuncias
anticipadas a las reclamaciones derivadas de la ruptura de la ecuación contractual
que se incorporan en los pliegos de condiciones o en los contratos inicialmente
celebrados, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha estimado que esas
estipulaciones no estarían llamadas a producir efectos por cuenta de su ineficacia.
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que:
“La posibilidad de acudir a los instrumentos de ajuste y revisión de precios
refleja, entre otros, el principio de mantenimiento del equilibrio económico del
contrato, propio de los contratos conmutativos onerosos (artículos 1496 a 1498
del C.C.), a cuya categoría pertenecen gran parte de los contratos estatales
(artículo 28, Ley 80 de 1993), por cuanto están orientados a garantizar que la
prestación intrínseca se mantenga inalterable, es decir, que no sea
sustancialmente distinta de aquella prevista al momento de acordar el
sinalagma funcional (plazo, precio y objeto). Esto significa que las partes no
pueden renunciar, antes de que se presente el supuesto de ruptura, a que se
restablezca el equilibrio económico- financiero del contrato. Nadie puede
renunciar a lo que desconoce;”8.
Sin perjuicio de lo expuesto, es de capital relevancia destacar que una situación
muy distinta es la que se presenta cuando la renuncia a las reclamaciones derivadas
de la mayor permanencia en obra por ampliación del plazo contractual a causa de
hechos constitutivos de ruptura del equilibrio financiero del contrato se incorpora en
un documento contractual de adición, prórroga o suspensión en el cual se
condensan las causas que dan lugar a esa situación, se advierten las
consecuencias requeridas para su mitigación y se asume libremente su contención.
En este escenario ya no se está en presencia de un panorama imprevisible e incierto
para la parte que expresa libremente su voluntad. De ahí que ante el advenimiento
de la circunstancia ya conocida en su origen y dimensión, los intereses económicos
que podrían verse afectados ingresan al campo de la plena libertad de disposición
y se tornan transigibles o renunciables.
El anterior postulado encuentra su fundamento en el artículo 15 del Código Civil, al
tenor del cual “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal
que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la
renuncia”.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, 14 de marzo de 2013, expediente: 20524, C.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera. Tesis reiterada en sentencia del 23 de noviembre de 2016,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 52161.
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
En efecto, en este terreno se desvanecen los supuestos que habrían servido de
base fáctica y jurídica de la irrenunciabilidad a las reclamaciones derivadas y que
las gravaban con la ineficacia de pleno derecho, toda vez que, ante el conocimiento
previo de la situación alteradora y de las secuelas perjudiciales que esto podría
comportar, la parte afectada bien podría autorregular su proceder contractual a
efectos de que lo que se apresta a convenir no contenga en desfavor suyo una
prestación de imposible cumplimiento ni de extensión ilimitada.
La premisa expuesta descansa igualmente en los principios de la autonomía de la
voluntad de las partes, de la buena fe y rectitud contractual. Es por esto que, en
relación con los efectos que se derivan de las renuncias expresas a las
reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, por las extensiones del
plazo y la afectación económica que ello pudiera desencadenar, la jurisprudencia
reiterada de la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que tal
manifestación constituye la expresión de la autonomía privada de la voluntad y, en
tal virtud, resulta obligatoria y vinculante9.
De lo dicho se sigue que no resulta jurídicamente viable que, luego de sentar su
anuencia respecto del impacto nocivo que la prolongación del vínculo obligacional
pudiera acarrear, la parte de la que emanó la renuncia a la reclamación, cuyo
alcance podría asimilarse al de un acto transaccional y dispositivo frente a su
derecho patrimonial, pueda apartarse, incumplir y desconocer los términos en que
quedó trabada la negociación ínsita en el acta de prórroga libremente concertada.
Esta regla ha de observarse no solo cuando las renuncias recaen sobre
reclamaciones que son producto de prolongaciones de plazo causado por
supuestos constitutivos de desequilibrio económico, sino que también habrá de
9 Sobre el particular, ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 29 de octubre de 2012, exp. 21.429, M.P. Danilo Rojas Betancourth. “Por manera que la ahora
demandante, en ejercicio de su autonomía privada y sin contrariar las normas imperativas, renunció
a cualquier reconocimiento con ocasión de la extensión del plazo hasta el 20 de julio de 1990, acto
dispositivo que resulta congruente con el artículo 15 del Código Civil, según el cual ‘podrán
renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual del
renunciante, y que no esté prohibida la renuncia’.
Posteriormente, esta postura fue reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación en sentencia dictada el 13 de abril de 2016, en el expediente No. 46.297: “Más relevante
aun para decidir esta cuestión viene al caso recordar que al suscribir el acuerdo modificatorio No. 3,
expresamente se incorporó en su texto que su suscripción no implicaba reclamación de ninguna
índole por parte del contratista.
Siendo ello así y no habiéndose cuestionado la legalidad del acuerdo en comento, debe concluirse
que el mismo goza de validez y las estipulaciones allí contenidas están llamadas a producir plenos
efectos. En ese orden, no resulta ajustado que en sede judicial se desconozca el libre consentimiento
que en dicho acuerdo se depositó frente a la imposibilidad de hacer reclamaciones posteriores por
ese concepto”.
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
ocurrir lo mismo cuando sean el resultado del apartamiento obligacional de su
contraparte, pues aun cuando tal proceder no deja de resultar censurable, no por
ello los derechos mutan su condición de ser libremente disponibles por su titular10.
De las circunstancias anotadas surge la fuerza vinculante de la renuncia expresa -
que no tácita11- a las reclamaciones derivadas de la extensión del plazo en las que
se traslada al particular la carga de asumir las consecuencias económicas que
eventualmente se habrían de presentar durante ese período.
Aplicadas las reflexiones que anteceden al caso concreto, ha de decirse que basta
con mirar las motivaciones que dieron lugar a las ampliaciones del plazo de que fue
objeto el contrato 085, para concluir que en todas ellas se hizo expresa referencia
a las causas que dieron lugar a su extensión y al tiempo que se iban a tardar las
partes para ponerse al día con las obras pendientes. Así se observa en el siguiente
recuadro:
Adicional No. 2
de 9 de febrero
"La presente solicitud de prórroga se realiza con base en la comunicación UTM-
de 2007
294-2005 del 11 de Enero de 2007, mediante la cual el Contratista de Obra Unión
Temporal Marán-019 solicita se tramite una ampliación del plazo del contrato, que
permita ejecutar las obras en las condiciones pactadas en el contrato No. 085 de
2005, argumentando lo siguiente; Teniendo en cuenta que las condiciones
propicias para la iniciación las de actividades de obras solo se presentaron hasta
enero de este año, en el plazo remanente no es posible la ejecución de las obras
de construcción contratadas, por lo que se requiere restituir el plazo de
construcción previsto de siete (7) meses. De acuerdo a la ley 80 de 1993 es
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp.
58485, sentencia de 26 de agosto de 2022, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
“A tono con esta exigencia legal, la jurisprudencia señala que las cláusulas de atenuación, limitación
o agravación de responsabilidad constituyen “pactos dispositivos expresos, claros e inequívocos
para disciplinarla [la responsabilidad del deudor] anteladamente con la alteración, variación, o
modificación del régimen normativo ordinario, bien por el incumplimiento de una relación jurídica
preexistente, ya por los riesgos inherentes a su ejecución, ora por el quebranto de otros derechos e
intereses protegidos”.
Nota original de la cita. “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de
septiembre de 2011. Rad. 11001-3103-026-2000-04366-01. M.P William Namén Vargas. En la
doctrina se sostiene la misma tesis: “De suerte que, salvo algunas excepciones, como la que prohíbe
la condonación anticipada del dolo, las normas sobre responsabilidad contractual, o sea, la derivada
de los actos jurídicos, no son de orden público y pueden ser modificadas por los interesados
mediante convenios que han de ser expresos, según lo exigen los textos legales mencionados,
excluyendo así la presunción de tal clase de actos”. Ospina Fernández, Guillermo. Régimen general
de las obligaciones (8ª Ed.). Bogotá: Temis, 2008, p. 427. (se subraya).
11 Sobre el particular, consultar sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del 5 de febrero de 2022, exp. 45762, C.P. María
Adriana Marín. Postura reiterada por esa misma Subsección, el 4 de marzo de 2022, exp. 66466.
“Con todo, aun cuando la inexistencia de salvedades al suscribir los acuerdos adicionales,
modificaciones, prórrogas o suspensiones ha sido invocada como una de las reglas para la
interpretación del alcance del otrosí de prórroga, se advierte que su ausencia no impide el estudio
de fondo de las respectivas reclamaciones y no constituye argumento suficiente para desechar las
pretensiones correspondientes, en tanto es fundamental analizar igualmente la conducta de las
partes en relación con los mismos aspectos que dan lugar a la suscripción de esos documentos, con
el propósito de desentrañar su verdadera voluntad, las reales causas del desequilibrio y la
determinación del sujeto llamado a restablecerlo”.
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Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
procedente la prórroga del plazo contractual para dar cumplimiento a los fines
estatales, existiendo en este específico caso las necesidades de ampliar el plazo
de ejecución del contratista por las causas que son conocidas por las partes
vinculadas y que no han permitido que el contrato se ejecute en su integridad en
los términos inicialmente pactados. (…).
“PRIMERA - PLAZO: Ampliar en SEIS (6) MESES el plazo de ejecución del
contrato”.
Adicional No. 3
de 8 de agosto
“1. Se hizo necesario reevaluar las estructuras del pavimento para ajustarlas a las
de 2007
condiciones encontradas en el terreno, esto aumentó la cantidad de estructuras a
construir, las cantidades de obra y los tiempos de ejecución. Por lo anterior
también se tuvo que tramitar nuevos precios unitarios como el del geotextil a
utilizar.
2 En los diferentes frentes de obra se han presentado obras no previstas,
principalmente relacionadas con el mal estado de las redes de servicios públicos
o solicitadas por las ESP, tales como excavaciones manuales en espacio público,
demolición y construcción de calas domiciliarias de aguas negras, cambio de
cargues en pozos de inspección, obras de renovación de redes de acueducto y
alcantarillado siendo las de mayor magnitud las de los Barrios Los Sauces- Cedros
y Mandalay, traslado, protección, profundización y/o reubicación de tuberías de
redes telefónicas y de gas, etc. Los procesos de autorización de las obras, diseños
requeridos, aprobación de precios unitarios no previstos asociados con las
mencionadas obras y la ejecución de las mismas han requerido plazos no previstos
en el contrato original que han retrasado la ejecución de las obras viales
propiamente dichas. De acuerdo con lo anterior, a la fecha en el plazo remanente
de un (1) mes no es posible la ejecución de las obras de construcción contratadas,
por lo que se requiere ampliar el plazo de construcción previsto en tres (3) meses,
contabilizados a partir de la fecha actual de terminación o sea del 12 de Agosto de
2007"
Adicional No. 5
"La presente solicitud de prórroga se basa en la solicitud presentada por la Unión
de 25 de marzo
de 2008 Temporal Maran-019 en comunicación UTM-1114-2005, mediante la cual el
Contratista solicita un plazo de 2 meses y 5 días para la terminación de las obras
faltantes dentro del contrato No. 85-2005, argumentando que una vez iniciados los
trabajos de renovación de las redes de alcantarillado y acueducto en el Barrio
Alquería de La Fragua, se encontró que era necesario realizar mayores cantidades
a las inicialmente programadas para la renovación de las redes de alcantarillado
pluvial y alcantarillado sanitario, así como para las redes de acueducto en el Barrio
Alquería de La Fragua. De igual manera se encontró que se debe realizar mayor
cantidad de conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado sanitario".
"Sobre la solicitud realizada por la Unión Temporal Maran-019 la Interventoría
conceptúa lo siguiente: Evidentemente se requiere ejecutar mayores cantidades
de obra en la renovación de redes de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial,
acueducto y conexiones domiciliarias en el Barrio Alquería de La Fragua. Una vez
analizada la solicitud del Contratista, y teniendo en cuenta las cantidades de obra
faltantes para terminar el contrato, la interventoría emite concepto favorable a
dicha solicitud considerando que dichas cantidades de obra pueden ser ejecutadas
en un plazo de 1.5 meses, por lo cual recomienda prorrogar el Contrato N° 85-
2005 hasta el 10 de Mayo de 2008, fecha en la cual se estima que se pueden
terminar todas las obras faltantes". 3) El oficio 105 - B- 01 — 38127, radicado IDU
No. 082073 del 6 de marzo de 2008, suscrito por el INTERVENTOR en el cual
solicita al IDU la prórroga del contrato No. 085 de 2005 en los siguientes términos:
"La Unión Temporal Maran-019, mediante comunicación UTM-1114-2005, solicitó
ante esta Interventoría una ampliación de plazo de dos (2) meses y cinco (5) días
para culminar las obras objeto del contrato N° 85-2005. Esta Interventoría analizó
la solicitud presentada por la firma Contratista y elaboró un cronograma diario de
actividades a ejecutar para la terminación de las obras, obteniendo como resultado
un plazo estimado faltante de 1.5 meses. Por lo cual esta Interventoría recomienda
que para la terminación de los trabajos faltantes dentro del contrato N° 85-2005 se
prorrogue el plazo del contrato en 1.5 meses..." 4) El oficio 105 - B - 01 - 38149,
radicado IDU No. 083692 del 10 de marzo de 2008, suscrito por el INTERVENTOR
por el cual remite la solicitud de adición. 5) El memorando STPL-4300-11084 del
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
11 de marzo de 2008, suscrito por el Director Técnico de Malla Vial mediante el
cual solicita a la Subdirección Técnica de Contratos y Convenios realizar la
prórroga del contrato en los siguientes términos: "... con el fin de prorrogar el
contrato IDU-085 de 2005 en UNO Y MEDIO (1.5) MESES a partir del 26 de marzo
de 2008, teniendo en cuenta la revisión y aprobación por parte de la Interventoría
de las justificaciones presentadas por el contratista." (…). “PRIMERA - PLAZO:
Prorrogar el plazo establecido en la cláusula sexta del contrato inicial en UN MES
Y MEDIO (1.5)”.
De la información contenida en esos documentos contractuales, es propio colegir
que la contratista, previo a la suscripción de los acuerdos de extensión del plazo
conocía no solo el origen, sino las medidas que se adoptarían para mitigar esos
retardos y el período en que las prestaciones a su cargo habrían de cumplirse, pese
a lo cual en cada de uno de los contratos adicionales libremente prestó su
consentimiento para sellar los compromisos allí adquiridos, bajo la prevención de
que “la presente prórroga no genera ningún costo para el IDU”, texto que se introdujo
de manera idéntica en los contratos adicionales 2, 3 y 5.
Por contera, a juicio de esta instancia, no puede considerarse que esas
estipulaciones adolecieran de ineficacia, puesto que, por las razones explicadas, no
se encuadran en los supuestos normativos de la Ley 80 de 1993 que determinaron
esa consecuencia jurídica.
Tampoco resulta acertado considerar que las estipulaciones en comento son
inexistentes, como lo afirma la recurrente.
El legislador previó en el artículo 1502 del Código Civil que, para que una persona
se obligue frente a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que: i)
sea legalmente capaz, ii) haya consentimiento y iii) existan un objeto y causa
lícitos12. De lo anterior se extrae que los elementos de consentimiento, capacidad,
objeto y causa son de la esencia de todo negocio jurídico, es decir, su ausencia los
torna inexistentes. Lo propio sucede con las solemnidades exigidas por la ley para
el nacimiento de determinados actos jurídicos.
En ese sentido cabe advertir que la inexistencia13 de un acto jurídico se predica de
aquellos eventos en los que este no nace ni produce ningún efecto, por no reunir
12 “Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es
necesario: 1o.) que sea legalmente capaz. 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolezca de vicio. 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito. 4o.) que tenga una
causa lícita […]”.
13 La inexistencia fue prevista expresamente en el Código de Comercio en los siguientes términos:
“Artículo 898. […] Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades
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Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
los elementos esenciales para su perfeccionamiento, de ser el caso, las
solemnidades que le sean aplicables; sin embargo, más allá de la censura de
comportar una estipulación que contravenía normas de orden público, la apelante
nada replicó sobre la falta de los elementos de su esencia.
De conformidad con las consideraciones que anteceden, la Sala estima infundado
el cargo de la apelación que se acaba de analizar.
Conclusión
Por las consideraciones expuestas, la Sala procederá a confirmar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera-
Subsección C, el 13 de diciembre de 2021, en el sentido de negar las pretensiones
de la demanda.
3. Costas
De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo,
subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición
de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub
lite, ninguna actuó de esa forma; por ende, no se impondrá condena alguna.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2021, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, con
fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia
para en su lugar disponer:
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno
de sus elementos esenciales”.
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Expediente: 25000232600020110138901
Actor: Unión temporal Maran -019
Demandado IDU
Referencia: Acción contractual
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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