Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00020-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00020-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2008-00020-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 500012331000-2008-00020-01 (71544)
Demandante: Cromas S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVIAS -
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN – No es suficiente la
manifestación de estar en desacuerdo con la sentencia impugnada, sino que es
necesario atacar los fundamentos de hecho y/o de derecho que le sirvieron de
sustento / RENUNCIA A RECLAMACIONES FUTURAS – Son válidas, vinculantes
y obligatorias en virtud del principio de autonomía de la voluntad / BUENA FE DEL
CONTRATISTA –En caso de identificarse ambigüedades, omisiones o
inconsistencias en el pliego de condiciones, y en especial, alguna circunstancia que
impida ejecutar el contrato, estas deben manifestarse oportunamente durante la
etapa precontractual.
Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación formulado contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
El actor reclama el presunto incumplimiento de un contrato de obra pública por la
falta de reconocimiento y pago de la mayor permanencia en obra, de unas actas de
reajuste y del transporte de algunos materiales, así como la presunta nulidad de la
liquidación unilateral del contrato y de las renuncias a reclamaciones futuras
efectuadas por el contratista.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 9 de mayo de 2024 1, en
la que la Sala de Decisión Escritural No. 5 del Tribunal Administrativo del Meta,
resolvió la demanda presentada el 8 de febrero de 20082 por Cromas S.A. (el
contratista, parte actora o demandante) en contra del Instituto Nacional de Vías (el
INVIAS, la entidad contratante o demandada), cuyos hechos principales,
fundamentos de derecho y pretensiones se describen a continuación.
1 Actuación registrada índice 14, SAMAI, Tribunal.
2 Expediente Digital, Cuaderno 1, Archivo PDF “01Incorpora Expediente Digitalizado”, índice 1, SAMAI, Tribunal,
página 6 – 48.
Radicación: 500012331000-2008-00020-01 (71544)
Demandante: CROMAS S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Acción: Controversias contractuales
Hechos
2. El 6 de abril de 2001, la parte actora celebró con el INVIAS el contrato de
obra 138, cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la carretera “Fuente
de Oro-Puerto Lleras-Cruce Puerto Rico- Puerto Arturo- San José Del Guaviare,
Sector Puerto Lleras – Cruce Puerto Rico K6+000 al K18+000”, con un presupuesto
inicial de $6.110’661.471 y un plazo de 14 meses contados a partir de la expedición
de la orden de inicio. El 11 de abril de 2001 el INVIAS impartió aprobación de las
pólizas y emitió la orden de inicio de ejecución del contrato, por lo que el plazo inicial
vencía el 10 de junio de 2002.
3. Mediante adenda al pliego de condiciones, la entidad demandada excluyó el
acarreo o transporte de los materiales pétreos utilizados para el tratamiento
superficial doble de los precios unitarios, circunstancia que lo obligó a asumir costos
de transporte no previstos en su propuesta.
4. El contratista se vio obligado a permanecer en el sitio de los trabajos durante
un tiempo superior al inicialmente acordado con ocasión de la ampliación del plazo
contractual desde el 10 de junio hasta el 31 de diciembre de 2002 por causas no
imputables a su responsabilidad.
5. Aunque posteriormente el plazo contractual fue prorrogado desde el 1 de
enero hasta el 9 de mayo de 2003, estos períodos no son objeto de reclamo por
mayor permanencia bajo las pretensiones de la demanda3.
6. En los contratos adicionales 2, 3 y 4, suscritos el 10 de julio, el 27 de
septiembre y el 15 de noviembre de 2002, respectivamente, se incluyeron cláusulas
en las cuales el contratista renunciaba a futuras reclamaciones por la mayor
permanencia en la obra.
7. El contrato establecía que los pagos al contratista se realizarían mediante
actas mensuales, de las cuales se descontaría la amortización del anticipo. El saldo
restante se ajustaría con base en los Índices de Costos de la Construcción Pesada
(ICCP) calculados por el DANE. Sin embargo, los ajustes correspondientes a los
meses de abril y mayo de 2003 no fueron sufragados en su totalidad, por cuanto
dejaron de pagarse las actas de ajuste 24 y 25.
8. El contrato terminó su ejecución el 9 de mayo de 2003 y el 28 de agosto
siguiente las partes suscribieron el acta de recibo definitivo, donde se consignó que
las obras cumplían con las especificaciones de construcción estipuladas en el
proyecto, y, por otra parte, se hizo referencia a la relación de las cuentas pagadas
por el INVIAS por un valor sin IVA de $5.597’800.491 y cuentas por facturar de
$56’830.511,74.
3 Se indicó textualmente en la demanda: “Posteriormente se suscribieron otros cuatro contratos adicionales
mediante los cuales se prorrogó sucesivamente el plazo del contrato de obra No. 138 desde el 31 de diciembre
de 2002 hasta el 15 de marzo, 30 de marzo, 15 de abril y 9 de mayo de 2003. El plazo añadido mediante estos
Otrosíes no es objeto de reclamo de mayor permanencia por parte de CROMAS S.A.”
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Demandante: CROMAS S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Acción: Controversias contractuales
9. El 27 de abril de 2004 el contratista regresó el proyecto de acta de liquidación
bilateral con la salvedad de reservarse el derecho de reclamar por quedar pendiente
el reconocimiento y pago de: (i) las actas de ajuste definitivo 24 y 25; (ii) la mayor
permanencia en obra por las ampliaciones del plazo; (iii) los sobrecostos por
empradización botaderos, transporte de agregados para tratamiento superficial
doble (TSD), protección de cuenca hidrográfica, concreto para canal botadero,
suministro y colocación de sacos; y; (iv) reajustes e intereses de mora.
10. El 28 de julio de 2004, el INVIAS profirió la Resolución 3212 por medio de la
cual liquidó unilateralmente el contrato sin reconocer al contratista las sumas
reclamadas, por lo que el 31 de agosto de ese mismo año presentó recurso de
reposición contra ese acto administrativo, que se resolvió de manera negativa el 1
de febrero de 2006 mediante la Resolución 449.
Fundamentos de derecho
11. Como sustento jurídico de la demanda y sus pretensiones, la parte actora
indicó, que:
12. (i) La entidad demandada está obligada al reconocimiento y pago de la mayor
permanencia en obra por circunstancias no imputables a su responsabilidad y
sobrecostos por mayor permanencia en obra -contratos adicionales 2, 3 y 4-, frente
a la cual no es oponible su renuncia bajo los principios de buena fe, igualdad y
equilibrio que deben regir en los contratos conmutativos.
13. (ii) El INVIAS incumplió sus obligaciones contractuales al no pagar las actas
de ajuste 24 y 25, adeudando las sumas de $48’046.623,05 y $25’806.067,37, por
concepto de ajustes pendientes de la obra ejecutada en mayo de 2003.
14. (iii)
La adenda 1 del 14 de diciembre de 2000, modificó el pliego de
condiciones para excluir el transporte de asfalto líquido, base y concreto asfáltico
de los precios unitarios, por lo que su propuesta no los incluyó, lo que conllevó a
que durante la ejecución del contrato se viera obligado a asumir un sobrecosto por
el transporte de materiales pétreos para el TSD.
15. (iv) La falta de reconocimiento y pago de la mayor permanencia, de las actas
24 y 25, y de los sobrecostos por el transporte de materiales pétreos, generaron un
desequilibrio de la ecuación financiera del negocio jurídico en detrimento del
contratista.
16. (v) La demandada actuó de forma arbitraria, vulnerando el derecho al debido
proceso del contratista, al proferir un acta de liquidación con manifestaciones
unilaterales y sin permitir que se incluyeran sus reclamaciones por sobrecostos y
otros conceptos.
Pretensiones
17. Con fundamento en lo anterior, la parte actora solicitó declarar: (i) la nulidad
de los apartes contenidos en los adicionales 2, 3 y 4, en los que el contratista
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Radicación: 500012331000-2008-00020-01 (71544)
Demandante: CROMAS S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Acción: Controversias contractuales
manifestó que no presentaría reclamación alguna por mayor permanencia en la
obra; (ii) que el INVIAS incumplió el contrato de obra 138 de 2001 al no haber pagado
las sumas correspondientes a la mayor permanencia, las actas 14 y 25 y los
sobrecostos por el transporte de materiales pétreos, o subsidiariamente, que se
presentaron situaciones imprevistas e imprevisibles no imputables al contratista que
alteraron el equilibrio económico del contrato, al generarse una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, por esos mismos conceptos; (iii)
la nulidad de la Resolución 3212 del 28 de julio de 2004 por medio de la cual se
liquidó unilateralmente el contrato de obra, y de la Resolución 449 del 1 de febrero
de 2006 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
primera; (iv) condenar al INVIAS al pago de los sobrecostos y perjuicios de todo
orden sufridos por el contratista; (vi) condenar al INVIAS al pago de intereses, (vi)
liquidar judicialmente el contrato de obra; y, (vii) condenar al INVIAS al pago de las
costas y agencias en derecho4.
4 Textualmente solicitó “PRIMERA.- Que se declare que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-incumplió
el contrato de obra No. 138 celebrado el 6 de abril de 2001 con la sociedad CROMAS S.A., con el objeto de
realizar el mejoramiento y pavimentación de la carretera Fuente de Oro - Puerto Lleras - Cruce Puerto Rico -
Puerto Arturo - San José del Guaviare, Sector Puerto Lleras - Cruce Puerto Rico, K6+000 al K18+000; por
cuanto la entidad contratante: a) No reconoció ni pagó al contratista los sobrecostos que tuvo que soportar por
la mayor permanencia en la obra, que se generó por la ocurrencia de situaciones imprevistas y ajenas a la
responsabilidad de CROMAS S.A. b) Impuso al contratista renuncias a reclamaciones futuras en algunos de los
contratos adicionales que tuvieron por objeto ampliar el plazo contractual por causas no imputables a CROMAS
S.A. No dio cumplimiento al contrato en materia de ajustes a las actas de obra ejecutada por el contratista y
dejó de pagar a CROMAS S.A. ajustes definitivos de actas de obra. d) Se negó a reconocer y pagar a CROMAS
S.A. el costo del transporte de materiales pétreos para el tratamiento superficial doble, que no fue incluido en la
oferta del contratista, en acatamiento de disposición expresa adoptada por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
-INVIAS- durante el proceso de selección. e) Infringió abiertamente la ley y las estipulaciones contractuales al
proferir los actos administrativos mediante los cuales liquidó unilateralmente el contrato de obra No. 138 de
2001, pese a que el contratista estaba presto a efectuar su liquidación de común acuerdo. PRETENSIÓN
SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN ANTERIOR. - Que se declare que en desarrollo del contrato de obra No. 138 de 2001 celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- y la sociedad CROMAS S.A. se
presentaron situaciones imprevistas e imprevisibles, no imputables al contratista, que alteraron el equilibrio
económico financiero del contrato en forma perjudicial para CROMAS S.A., por cuanto le generaron una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las prestaciones a su cargo. TERCERA.- Que se declare la nulidad de los
apartes contenidos en: a) la cláusula primera del contrato adicional No. 2 suscrito el 10 de julio de 2002, b) la
cláusula primera del contrato adicional No. 3 suscrito el 27 de septiembre de 2002 y c) la cláusula primera del
contrato adicional No. 4 suscrito el 15 de noviembre de 2002, conforme a los cuales el contratista manifiesta
que no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en obra o en el sitio de los trabajos, por cuanto
tales pactos contravienen prescripciones de orden público consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano. CUARTA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 3212 del veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro
(2004) expedida por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -
INVIAS-, acto administrativo por medio del cual se liquidó unilateralmente el contrato de obra No. 138 de 2001
celebrado con CROMAS S.A., así como la nulidad de la Resolución No. 449 del primero (1°) de febrero de dos
mil seis (2006) también proferida por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-, mediante la cual resolvió confirmar en todas sus partes el primero de tales actos
administrativos. QUINTA. - Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene al INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- al reconocimiento y pago de los sobrecostos y perjuicios de todo orden sufridos
por la sociedad CROMAS S.A., conforme a lo que resulte probado dentro del proceso. SEXTA. - Que se condene
al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- al pago de intereses a la tasa que el H. Tribunal determine como
procedente, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y que se dé aplicación al artículo 886 del Código de
Comercio, de forma que los intereses debidos con un año de anterioridad o más produzcan intereses a partir
de la fecha de presentación de la demanda judicial. SÉPTIMA. - Que se liquide judicialmente el contrato de obra
No.
138 de 2001 y que, dentro de dicha liquidación judicial, se incluya el reconocimiento y pago de los
sobrecostos y perjuicios a los que hace referencia la PRETENSIÓN QUINTA, debidamente actualizados,
comprendiendo corrección monetaria e intereses a los que en derecho haya lugar, conforme se resuelva la
PRETENSIÓN SEXTA. OCTAVA. - Que se ordene Al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- dar
cumplimiento a la sentencia a partir de su ejecutoria, en los términos prescritos en el artículo 176 del Código
Contencioso Administrativo. NOVENA. - Que sobre las cantidades liquidas reconocidas en la sentencia se
condene a la entidad demandada a pagar intereses de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo. DÉCIMA. - Que se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- al pago de las costas
del juicio y las agencias en derecho.
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Demandante: CROMAS S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Acción: Controversias contractuales
Contestación de la demanda
18. La entidad demandada5 se opuso a las pretensiones, por cuanto el contratista
conocía, desde la etapa precontractual, las condiciones del lugar de ejecución de la
obra, incluyendo las circunstancias climáticas y de orden público, y decidió asumir
estos riesgos voluntariamente al presentar su oferta y suscribir el contrato. Además,
el contratista manifestó de forma libre y expresa en los adicionales celebrados que
no presentaría reclamaciones por concepto de mayor permanencia, por lo que
resulta improcedente su cobro.
19. A su vez, consideró que la demanda refleja una conducta contraria a la buena
fe y a la lealtad contractual, pues el contratista pretende obtener un reconocimiento
económico por hechos que no solo aceptó sin objeción en su momento, sino que
incluso sirvieron de base para ampliar el plazo contractual sin reclamar
contraprestación alguna. En caso contrario, la entidad habría optado por liquidar el
contrato y acudir a la garantía de cumplimiento, dada la reiterada negligencia
evidenciada en los informes de interventoría, que documentaron múltiples
incumplimientos tanto en la ejecución como en la facturación del contrato. En
esencia, el contratista intenta beneficiarse de circunstancias previsibles y asumidas,
sin que existan verdaderos perjuicios atribuibles a la entidad contratante.
Alegatos en primera instancia
20. Surtida la etapa probatoria6, la parte actora7 reiteró los argumentos
expuestos en la demanda y agregó que debía configurarse un indicio grave en
contra de la entidad, en tanto no aportó los documentos que solicitó en la demanda
y le fueron exigidos durante el proceso. El INVÍAS y el Ministerio Público guardaron
silencio.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia
21. El Tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda8, conforme a las
siguientes consideraciones:
22. La demandante en su calidad de contratista había aceptado libremente que
las prórrogas contenidas en las adiciones 2, 3 y 4 no tendrían sobrecosto alguno,
sin que hubiese aducido algún vicio del consentimiento, motivo por el cual se
abstendría de realizar reclamaciones por mayor permanencia por el periodo
comprendido entre el 11 de julio al 31 de diciembre de 2002.
5 Expediente Digital, Cuaderno 1, Archivo PDF “01Incorpora Expediente Digitalizado”, índice 1, SAMAI, Tribunal,
paginas 85 – 102.
6 Se decretaron como medios de prueba el 16 de diciembre de 2008: a) las documentales aportadas con la
demanda, b) Oficios solicitados por la demandante al INVIAS, y solicitados por la demandada al IGAC,
Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Policía, Fiscalía General de la Nación, IDEAM y séptima Brigada
de la localidad, c) dictamen pericial para establecer el monto de los perjuicios de todo orden sufridos por la parte
actora en desarrollo del contrato de obra 138 de 2001 cuyo reconocimiento no se incluyó en la liquidación
unilateral, d) testimonial de ARMANDO BELLO solicitada por la Entidad.
7 Expediente Digital, Cuaderno 4, Archivo PDF “04Incorpora Expediente Digitalizado”, índice 1, SAMAI, Tribunal,
paginas 146-202.
8 La parte resolutiva de la Sentencia dispone: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas. SEGUNDO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, procédase a
su archivo, no sin antes hacer la devolución de la suma correspondiente al remanente de gastos procesales, si
a ello hay lugar.
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Demandante: CROMAS S.A.
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Acción: Controversias contractuales
23. Frente a la mayor permanencia entre el 11 de junio y el 10 de julio de 2002,
correspondiente al adicional 1, concluyó que la prórroga inicial por un mes no tuvo
origen en problemas de orden público o lluvias como se indicó en la demanda, sino
que fue un acuerdo para gestionar una ampliación de valor y plazo mayor solicitada
por el contratista. Además, destacó que en las prórrogas subsiguientes y al entregar
la obra el contratista no solo no reclamó sobrecostos por este concepto, sino que
expresamente renunció a ellos, lo que evidenciaba que para las partes tal
ampliación inicial para atender la solicitud del contratista no implicaba algún
sobrecosto. Por otra parte, reprochó que solo transcurridos ocho (8) meses después
de finalizado el contrato el demandante reclamara sorpresivamente sobrecostos por
mayor permanencia, incluyendo los periodos en que había renunciado
expresamente a ese concepto, lo que consideró contrario a la buena fe contractual,
por lo que resultaba improcedente lo reclamado.
24. Sobre la pretensión del reconocimiento de los sobrecostos por el transporte
de materiales pétreos para el TSD, señaló que el reclamo del contratista se derivó
de la adenda 1 que modificó el pliego de condiciones, por lo cual, el contratista debió
presentar la observación en la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones
o, en su defecto, solicitar una aclaración de la adenda antes de presentar su oferta.
De este modo, concluyó que no se había justificado el sobrecosto reclamado, ya
que no se trató de un imprevisto ocurrido durante la ejecución, sino de una situación
que aconteció desde la etapa precontractual desvirtuando de esa manera la
configuración de un desequilibrio económico. Agregó que, incluso si se aceptara el
argumento del demandante sobre la interpretación de la adenda, en el sentido de
que el TSD no debía incluir el costo de transporte de los materiales aunque este era
necesario para ejecutar la obra, tampoco sería procedente lo reclamado, pues a la
luz del principio de buena fe y lealtad, debió haberlo comunicado a la entidad
oportunamente, así como tampoco se aportaron con el dictamen pericial los
soportes que permitieran considerar la existencia de esos sobrecostos.
25. Frente al reconocimiento de las actas 24 y 25, determinó que no obra prueba
alguna de que la demandante hubiere mostrado inconformidad con el acta de recibo
definitivo del contrato ni con los únicos pagos pendientes de pago allí consignados,
donde no se incluyó el valor reclamado. Resaltó además que solo dejó
observaciones en el acta de liquidación bilateral del contrato, es decir, ocho meses
después de haber suscrito el acta de recibo definitivo, a pesar de haber estado
conforme con que solo se le adeudaba el valor del acta provisional de abril de 2003.
Adicionalmente, no reposa prueba de la existencia de dichas actas y cuyo cobro se
pretende, las cuales, a pesar de que fueron solicitadas con otros documentos al
INVIAS no se allegaron al expediente, circunstancia que no puede entenderse como
un ocultamiento de estas, porque la parte actora no aportó prueba alguna para
afirmar que en efecto esas actas existieron. Respecto de esto último, recordó que a
las partes les incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo cual, no se accedía a la pretensión.
26. Respecto de la solicitud de la demandante de configurar un indicio grave en
contra de la entidad, estableció que no resultaba procedente, por cuanto: (i) no había
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certeza de la existencia de los documentos aducidos por la parte actora,
particularmente de las actas 24 y 25; (ii) los documentos también debían reposar en
el archivo de la demandante; (iii) los argumentos expuestos en la demanda fueron
resueltos sin resultar necesarios los documentos pedidos, porque muchos de ellos
iban encaminados a soportar la presunta mayor permanencia y su pago, pretensión
que fue negada; y (iv) la carga probatoria también le correspondía a la demandante,
quien bien pudo haber allegado dichos documentos o probar su existencia, pero no
lo hizo.
27. En lo relativo a la nulidad del acto que liquidó de forma unilateral el contrato,
encontró acreditado que las partes suscribieron un acta de recibo final el 28 de
agosto de 2003 donde no se indicó ninguna discrepancia con las sumas allí
reconocidas como ejecutadas, ni se solicitó el reconocimiento de dineros
adicionales, por lo que con base en ello, la contratante elaboró un acta de liquidación
bilateral en la que las partes quedarían a paz y salvo. Sin embargo, la demandante
presentó salvedades al acta propuesta por la entidad, las cuales fueron rechazadas,
negándose la entidad a firmar el acta bajo tales condiciones, situación que evidenció
la falta de acuerdo entre las partes para la liquidación de mutuo acuerdo, lo que
facultó a la entidad a proceder con la liquidación unilateral del contrato, por lo que
no se acreditó la aducida violación al debido proceso.
28. Por último, el Tribunal no condenó en costas conforme con el criterio
establecido en el artículo 171 del CCA.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
29. La parte actora9 recurrió la sentencia de primera instancia, al considerar que
el Tribunal a quo:
30. (i) No se pronunció sobre la causa y objeto ilícito que se configuró respecto
de las renuncias a las reclamaciones por mayor permanencia en obra contenidas
en las prórrogas 2, 3 y 4, como tampoco tuvo en cuenta que las mencionadas
prórrogas se derivaron de la ola invernal que no era imputable al contratista, por lo
que debían ser declaradas nulas y reconocerse los perjuicios cuantificados a través
del dictamen pericial.
31. (ii)
Sin considerar las pruebas y en contravía de lo dispuesto en la sentencia
de unificación del 27 de septiembre de 2023, negó la pretensión de mayor
permanencia derivada de la adición 1, únicamente por inferir que el hecho de no
incluir salvedades significó la intención del contratista de renunciar al valor de la
mayor permanencia en obra10.
9 Expediente Digital, Archivo PDF “059Memorial__59Recurso”, índice 59, SAMAI, TRIBUNAL.
10
Se precisa que en el recurso de apelación el demandante transcribió, de manera literal, la totalidad de la
demanda y de los alegatos de conclusión de primera instancia. Lo único objetado por el recurrente respecto de
la adenda 1 constitutivo de un reproche frente a lo resuelto por el Tribunal en primera instancia, fue que sin
atender las pruebas, el Tribunal dedujo una renuncia de la falta de salvedades, en los siguientes términos: “en
cuanto al Otrosí en el que se convino extensión del plazo contractual sin incluir renuncia del contratista, el
Tribunal infirió, sin recoger sustento probatorio alguno, que la intención del contratista fue no reclamar por los
mayores costos derivados de la mayor permanencia, lo que en la práctica se traduce en la exigencia, hoy ya
superada, de salvedad expresa, por lo que contraria la sentencia de unificación que dice aplicar”.
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Acción: Controversias contractuales
32. (iii)
Apreció erróneamente el problema jurídico derivado de la adenda 1 al
pliego de condiciones, pues a pesar de que en esta se eliminó, de la oferta a
presentar, el transporte del asfalto líquido, la base y el concreto asfáltico, materiales
pétreos necesarios para el TSD, se le negó al contratista el reconocimiento de su
costo durante la ejecución del contrato aunque a que tuvo que sufragarlo.
33. (iv) No tuvo en cuenta que de acuerdo con el dictamen pericial, se acreditó
que el INVIAS incumplió el contrato al no pagar las actas de ajuste 24 y 25, por las
sumas de $48’046.623 y $25’806.067, respectivamente.
34. Respecto de la nulidad del acto de liquidación unilateral por violación del
debido proceso, transcribió lo expuesto en la demanda. Así mismo, reiteró
textualmente lo expuesto en los alegatos de conclusión respecto de la existencia de
un indicio grave en contra del INVIAS por no haber allegado los documentos que le
fueron requeridos.
Alegatos en segunda instancia
35. Al alegar de conclusión, la parte demandante reiteró los argumentos que
expuso en su alzada11. El INVIAS insistió en los argumentos de defensa
presentados en su contestación de demanda12. El Ministerio Público guardó
silencio.
III. CONSIDERACIONES
Consideración preliminar
36. La sustentación del recurso de apelación no se satisface con la sola
indicación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de
que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte
inconforme, y menos aún, con la simple reiteración de las razones expuestas en el
curso de la primera instancia. Lo que la ley impone13, es que se ataquen los
fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia
recurrida, en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea
contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad, a su
juicio, una razón por la que considere que lo fallado en primera instancia no
corresponde en derecho a la decisión acertada, lo cual, delimita el marco al que
debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida14.
11 Expediente digital, “022RECIBEMEMORIAL_ALEGATODECONCLUSIONS” índice 22, SAMAI, CE.
12 Expediente digital “15_RECIBEMEMORIAL_ALEGATOSDECONCLUSION_1_20241002151821259” índice
15, SAMAI, CE.
13 Sobre el particular, el artículo 212 del CCA, aplicable al sub júdice, determina que la parte inconforme con la
decisión debe interponer y sustentar el recurso ante al a quo; a su vez, el parágrafo 1 del artículo 352 del CPC,
establece que “… [p]ara la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma
concreta, las razones de su inconformidad con la providencia” (se resalta). En el artículo 357 de esa misma
codificación se prescribe que “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo
tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso …”.
14 Esta Corporación, de forma reiterada, ha reconocido la relevancia del cumplimiento de esta exigencia y, en
ese sentido, ha señalado que se constituye en indispensable la indicación de los aspectos que deben ser
analizados por el ad quem, “pues, de lo contrario, la segunda instancia se queda sin herramientas o elementos
de juicio que le permitan revisar lo acertado o no de la providencia apelada, así como saber con certeza en qué
consiste la inconformidad del apelante con ella y, por lo mismo, se le deja sin la orientación que requiere para
revisar y decidir si tal providencia merece ser modificada o, incluso, revocada” dado que “… el presupuesto sine
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Radicación: 500012331000-2008-00020-01 (71544)
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Acción: Controversias contractuales
37. Al examinar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, se
observa que en algunos de los cargos no se cumple con la carga de fundamentación
requerida, puesto que no se presentaron reparos frente a los argumentos expuestos
en la decisión que se impugna.
38. (i) En relación con la mayor permanencia en obra, la recurrente transcribió la
totalidad de los argumentos expuestos en su escrito de demanda y alegatos,
trayendo como único motivo de reproche el hecho de que el Tribunal omitiera
pronunciarse sobre la causa y objeto ilícito de las renuncias contenidas en las
adiciones 2, 3 y 4 por cuanto tuvieron origen en causas ajenas a su responsabilidad
(ola invernal), y respecto de la adición 1, que la única razón para negar los
sobrecostos se sustentó en que se derivó una renuncia de la inexistencia de
salvedades en ese acto. En consecuencia, esos serán los únicos aspectos que se
abordarán para proferir una decisión en esta instancia.
39. (ii)
Así mismo, la parte apelante transcribió textualmente los argumentos
expuestos en los alegatos de primera instancia relativos a la conducta procesal del
INVIAS, en relación con la existencia de un indicio grave en su contra por no haber
aportado los documentos que le fueron requeridos; sin embargo, no expuso ningún
motivo de oposición respecto de lo decidido por el a quo sobre el particular, por lo
cual, se confirmará lo resuelto en primera instancia.
40. (iii)
Finalmente, en relación con la nulidad de los actos que contienen la
liquidación unilateral, el apelante también se limitó a transcribir lo expuesto en su
demanda respecto de la violación del debido proceso, sin allegar reproche alguno
respecto de los argumentos que llevaron al Tribunal a desestimar dicho cargo, de
manera que lo resuelto en primera instancia se mantendrá incólume.
Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal a quo: (i) omitió pronunciarse
frente a la causa y objeto ilícito de las renuncias a reclamaciones por mayor
permanencia en obra contenidas en las prórrogas 2, 3 y 4; (ii) negó sin sustento
probatorio la pretensión de mayor permanencia derivada de la prórroga 1, por el
solo hecho de inferir de la ausencia de salvedades por parte del contratista su
intención de renunciar a futuras reclamaciones; (iii) no valoró adecuadamente el
hecho de que el contratista asumió injustificadamente el costo del transporte de
materiales pétreos necesarios para el TSD, con ocasión de la modificación del
pliego de condiciones; y, (iv) no tuvo en cuenta que el dictamen pericial practicado
en el proceso acreditó que el INVIAS adeudaba el pago de las actas de ajuste
definitivo 24 y 25.
qua non de la sustentación del recurso de apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de
los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al
superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia,
tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado corresponder
hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no confirmada”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de septiembre de 2014, Exp.
25001 2324 000 2007 90029 01.
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Acción: Controversias contractuales
El objeto y causa ilícitos de las renuncias a futuras reclamaciones
42. La parte actora sostuvo que el Tribunal omitió pronunciarse sobre el hecho
de que se configuró un objeto y causa ilícitos respecto de las renuncias incluidas en
las adiciones 2, 3 y 4. No obstante, se advierte que tal afirmación no es cierta, toda
vez que el Tribunal determinó que, a la luz de la jurisprudencia aplicable, al haberse
suscrito esas renuncias durante la ejecución del contrato y específicamente en
ampliaciones del plazo, no existía una imprevisibilidad o incertidumbre, y en
consecuencia, el contratista se encontraba informado y facultado a expresar
libremente su voluntad de renunciar al cobro de la mayor permanencia, como en
efecto lo hizo, por lo que tal pacto no era contrario a la ley.
43. Además, la Sala considera relevante tener en cuenta las circunstancias que
antecedieron esas modificaciones al contrato y que pasan a resumirse:
44. (i) El 9 de julio de 2002, el contratista remitió reprogramación de la obra para
la ampliación del plazo, en los siguientes términos15: “(…) enviamos la
reprogramación del contrato de la referencia, extendiendo el plazo de ejecución de
los trabajos hasta el 30 de septiembre de 2002, plazo dentro del cual confiamos en
poder terminar las actividades del proyecto con el valor inicial del mismo.
Lamentamos que no se pueda efectuar la ampliación en el valor del contrato, pues
con los recursos actuales del mismo no es posible culminar todas las obras que este
requiere hasta el K 18 +000 y no será factible proteger adecuadamente los trabajos
ya realizados, quienes al ser sometidos a las inclemencias del clima y el tráfico
sufrirán inevitable y significativo deterioro.”
45. (ii) En el memorando SCT-021260 del 10 de julio de 200216, se indicó por el
supervisor del contrato: “justificación técnica: de acuerdo con solicitud del contratista
según comunicación CN RMPL 415 guion 2002 del 09/07/2002 y su justificación
técnica presentada por la interventoría incomunicado 9901270498 del 09/07/2002.
Se requiere ampliar el plazo para permitir ejecutar el saldo del contrato, lo anterior
debido a la ola invernal que ha afectado el desarrollo de la obra”.
46. (iii) El
10 de julio de 200217, las partes acordaron prorrogar el plazo de
ejecución hasta el 30 de septiembre de 2002 (adicional 1), dejando expresa
constancia de que el contratista no presentaría reclamación alguna por mayor
permanencia en obra que tuviera como causa el nuevo plazo acordado.
47. (iv) El 29 de agosto de 200218 el contratista presentó nuevamente solicitud de
ampliación del plazo, hasta el 30 de noviembre de 2002, con ocasión de las
dificultades presentadas en el sitio de las obras relacionadas con el periodo invernal
y con el objeto de desarrollar las obras faltantes hasta agotar los recursos,
15 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“- “Gestión TAM -
Octubre de 2019” - “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 3” página 118.
16 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“> “Gestión TAM -
Octubre de 2019” > “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 3” página 116
17 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“> “Gestión TAM -
Octubre de 2019” > “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 3” páginas 121-
122.
18 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“> “Gestión TAM -
Octubre de 2019” > “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 3” página 143.
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incluyendo la conversión a valor básico del excedente del rubro de ajustes y obras
complementarias.
48. (v) Con fundamento en lo anterior, el 26 de septiembre de 2002 a través del
memorando SCT 03102319 el supervisor presentó justificación técnica en la que
además de indicar que los rendimientos se habían visto afectados por la ola
invernal, señaló que dicha circunstancia no exoneraba al contratista de su
responsabilidad y cumplimiento contractual, por lo que con el fin de facilitar la
inversión de los recursos contratados y lograr el cumplimiento de las metas, era
indispensable contar con un plazo adicional. Dicha solicitud fue secundada por la
interventoría a través de la comunicación 990-127-873 el 11 de septiembre de
200220, por lo que el 27 de septiembre se prorrogó el plazo hasta el 30 de noviembre
de 2002 (adicional 2), incluyendo la manifestación del contratista de que no
presentaría reclamación por mayor permanencia21.
49. (ix) El
13 de noviembre de 2002, el contratista solicitó una adición de
$400’000.000 y una ampliación hasta el mes de enero de 2003 22 con fundamento
en la temporada invernal. El 15 de noviembre de 2002 se suscribió únicamente la
prórroga hasta el 31 de diciembre de 2002, sin realizar adición presupuestal, con la
misma manifestación del contratista de renunciar a reclamar por una mayor
permanencia con ocasión de la prórroga celebrada.
50. Las circunstancias fácticas enunciadas, dan cuenta de que los modificatorios
2, 3 y 4 obedecieron a las solicitudes presentadas por parte del contratista en virtud
de la falta de rendimientos ocasionados por la ola invernal, circunstancia que fue
reconocida por la Entidad accediendo a extender el plazo, con el ánimo de lograr la
ejecución del contrato. Por tanto, en cada uno de esos instrumentos se enunció
como principal causa de la ampliación del plazo las lluvias, frente a lo cual, la
demandante declaró expresamente que no se generarían sobrecostos y que
renunciaba a adelantar cualquier acción o reclamación en contra de la entidad.
51. Por tanto y dado que la parte actora no adujo ni acreditó la existencia de
algún vicio del consentimiento, se puede concluir que accedió libre y
voluntariamente a la celebración de los adicionales 2, 3 y 4, acuerdos que
formalizaron sus solicitudes de prórroga del plazo por el periodo comprendido entre
el 11 de julio y el 31 de diciembre de 2002 con ocasión de las severas lluvias
derivadas la ola invernal, aun cuando consideraba que tal circunstancia era ajena a
su responsabilidad, resultando en consecuencia improcedente en virtud de los
principios de buena fe y normatividad de los contratos, que con base en esta última
circunstancia que fue considerada y aceptada en su momento, pretenda desconocer
su expresa manifestación de voluntad vertida en esos negocios jurídicos.
19
Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“> “Gestión TAM -
Octubre de 2019” > “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 3” página 149.
20 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“> “Gestión TAM -
Octubre de 2019” > “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 3” página 150.
21 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “adición y prorroga 3”.
22 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“> “Gestión TAM -
Octubre de 2019” > “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 4” páginas 7-9.
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52. Además, la Sala comparte el pronunciamiento del a quo respecto de que es
válido que en el marco de las relaciones negociales, las partes puedan regular lo
atinente a la responsabilidad, por lo que la renuncia expresa a reclamaciones
derivadas de los efectos de esos acuerdos de extensión del plazo contractual –salvo
que se demuestre su invalidez por vicios en el consentimiento– son plenamente
válidas, en tanto constituyen expresión de la autonomía de la voluntad de los
contratantes, que supone su capacidad para disponer libremente de los derechos
propios que son renunciables, aserto que encuentra su fundamento en el artículo
15 del Código Civil conforme con el cual “[p]odrán renunciarse los derechos
conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante,
y que no esté prohibida la renuncia”.
53. Esta Subsección23 ha reconocido que en virtud de la autonomía de la
voluntad y ante el conocimiento de una determinada situación alteradora del
panorama negocial, las partes pueden válidamente establecer los mecanismos para
su regulación y, dentro de ello, están habilitadas para exonerar a la otra parte frente
a futuras reclamaciones con carácter obligatorio y vinculante. Por tal motivo y con
fundamento en el principio de la buena fe contractual, no resulta jurídicamente viable
que luego de sentar su anuencia respecto del impacto que la prolongación del
vínculo obligacional pudiera acarrear, posteriormente la parte que prestó su
consentimiento pretenda apartarse de este, incumpliendo o desconociendo los
términos en que quedó trabada la negociación ínsita en el acta de prórroga
libremente concertada24.
54. De lo expuesto, se concluye que al no haberse incurrido en una omisión por
parte del Tribunal en relación con el presunto objeto y causa ilícita de las renuncias,
y teniendo en cuenta que la parte actora no expuso argumentos adicionales o
distintos a los señalados en la demanda en relación con este asunto, no es posible
reconocer en esta instancia la mayor permanencia correspondiente al término de
las ampliaciones convenidas en los modificatorios 2, 3 y 4, por lo que se despachará
desfavorablemente el cargo.
Sobre el no reconocimiento de la mayor permanencia en obra del periodo del
11 de junio al 10 de julio de 2002 (prórroga 1)
55. El cargo de la parte actora está dirigido a señalar que el Tribunal no valoró la
pretensión del reconocimiento de la mayor permanencia en obra durante el primer
mes en que el contrato fue prorrogado, por el solo hecho de que el contratista no
dejó salvedades en el adicional 1, desconociendo la sentencia de unificación del 27
de julio de 2023 proferida por esta Corporación. No obstante, la Sala descartará el
cargo, pues no es cierta tal apreciación como se pasa a exponer.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, Sentencias del
18 de septiembre de 2023, número interno 62.481 y del 1 de marzo de 2024, numero interno: 64.416, Consejero
Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
24 Entre otras consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2022, radicación 2500023260002011 01389 01 (68443),
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico,
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56. El Tribunal partiendo de la regla de unificación contenida en la sentencia
antes indicada, en virtud de la cual se exige que el juez antes de entender por
renunciados los derechos cuando no se incluyen salvedades durante la ejecución
contractual y que posteriormente son objeto de reclamación, debe realizar una
“interpretación del contrato y los acuerdos durante su ejecución”, procedió a estudiar
las circunstancias que rodearon la suscripción del adicional 1, instrumento con el
que las partes acordaron modificar el plazo contractual. De esa manera pudo
advertir que:
57. (i) Mediante comunicación del 15 de abril de 200225, el contratista señaló que
una vez realizada la revisión de las cantidades de obra necesarias para terminar el
objeto contractual, estas excedían las inicialmente previstas para el proyecto y que
la diferencia con el valor inicial del contrato se calculaba en $1.423’749,695, por lo
que se requería su adición:
II.
36. (ii) En dicha comunicación se indicó: “(…) debe considerarse que para ejecutar
el total de horas faltantes es necesario contar con un plazo adicional, el cual
estimamos debería ser hasta el 30 de septiembre de 2002, contando con
condiciones normales de trabajo.”
37. (iii) Posteriormente, en el memorando SCT 0171198 del 6 de junio de 2002 26
la supervisión dejó constancia de lo siguiente: “se requiere ampliar en un mes el
plazo del contrato con el fin de permitir que el Comité Técnico designado para
los proyectos CAF autorice la ampliación en valor y plazo de acuerdo con el
oficio de solicitud del contratista CRM- 234-2002 del 15 de abril de 2002, oficio
990-127-0322 del 24 de abril 2002 con concepto de interventoría y concepto de
supervisor del 31 de mayo 2002”(se resalta). Lo anterior, quedó expresamente
consignado dentro de las consideraciones de la adición 1 suscrita el 7 de junio de
2002, en la que las partes efectivamente acordaron prorrogar el plazo hasta el 10
de julio de 2002, con el fin de que el Comité Técnico designado para los proyectos
CAF (en adelante, el Comité) autorizara la ampliación en valor y plazo, sin que se
evidenciara que el contratista solicitara algún reconocimiento por ese periodo, antes,
durante o después de haberse celebrado ese acuerdo, ni al momento de suscribirse
las subsiguientes prórrogas en donde renunció a la mayor permanencia, como
tampoco en el acta de recibo final.
25 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 3” páginas 75-77.
26 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 3” páginas 94-95.
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38. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la prórroga
contenida en el adicional 1 no tuvo origen en problemas de orden público e intensas
lluvias, como afirmó la demandante, sino que las partes estuvieron de acuerdo en
prorrogar el plazo en un mes hasta que el Comité designado autorizara la ampliación
en valor y en plazo mayor a tres (3) meses solicitado por el contratista en las
comunicaciones CRM-234-2002 y 990-127-0322.
39. Así mismo, el a quo incluyó en su análisis el actuar del contratista durante la
ejecución del contrato, evidenciando que en las prórrogas posteriores que
finalmente materializaron la adición del contrato27 y la ampliación del plazo por un
término mucho más amplio, este tampoco hizo manifestación alguna sobre el
reconocimiento de la mayor permanencia, sino que expresamente renunció a tal
concepto, como tampoco adujo algo distinto al momento de recibirse la obra por la
entidad, por lo que resultaba razonable derivar, de la conducta desplegada por la
demandante durante toda la ejecución del contrato, que para las partes era clara la
inexistencia de sobrecostos por ese concepto.
40. Respecto de esto último, al amparo de la buena fe contractual que implica
“respetar el pacto, cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar
con corrección y lealtad durante su ejecución”28, el Tribunal reprochó el hecho de
que, luego de suscribir otras ocho (8) modificaciones contractuales y el acta de
recibo definitivo, en ninguno de estos instrumentos o en algún otro documento, el
contratista manifestara su inconformidad o presentara reclamaciones u
observaciones con relación a unos sobrecostos por mayor permanencia en relación
con dicho periodo, sino que al momento de intentarse la liquidación bilateral, más
de ocho (8) meses después de terminado el contrato, sorprendió a la entidad
reclamando ese concepto incluyendo los periodos que habían sido objeto de
renuncia expresa, actuación que consideró contraria a los postulados de lealtad,
transparencia y corrección que deben regir las relaciones negociales.
41. En consecuencia y contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, las
razones que llevaron a que el Tribunal negara la pretensión de mayor permanencia
por el primer mes de prórroga no se derivó del solo hecho de que el contratista no
presentara salvedades en el adicional 1 sin consultar las demás pruebas del
expediente, sino que tuvo sustento en que: (i) la prórroga tuvo un origen distinto al
que alegó la parte demandante, por cuanto surgió de una solicitud que ella misma
presentó a la entidad para adicionar recursos al contrato, y no en problemas de
orden público y fuertes lluvias como se afirmó en la demanda; y, (ii) el reclamo de
una mayor permanencia por dicho periodo resultaba contrario a la propia conducta
del contratista durante la ejecución del contrato, a la comprensión que tuvieron las
partes al ampliar el plazo contractual por ese mes y a los postulados de la buena fe
contractual. Aunque estos argumentos del a quo están claramente desarrollados en
la sentencia de primera instancia, la parte actora no allegó motivo de reproche o
27 Con el adicional 5 se acordó prorrogar el plazo de ejecución del contrato principal 138 del 2001 hasta el 15
de marzo de 2003 y adicionar su valor en la suma de $1.418.676.923 moneda corriente incluido IVA y ajustes
para un valor total acumulado durante la ejecución del contrato de $6.383.457.694 moneda corriente.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28
de octubre de 2024, C.P: Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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disenso frente a los mismos en el recurso de apelación. Por tanto, se desestimará
el cargo propuesto.
El costo del transporte de los materiales pétreos para el tratamiento
superficial doble
42. Aduce la parte actora que el Tribunal apreció erróneamente el problema
derivado de la adenda 1 al pliego de condiciones, dado que esta en efecto excluyó
el transporte de asfalto líquido, base y concreto asfáltico de los precios unitarios,
por lo que su propuesta no los incluyó, lo que conllevó a que durante la ejecución
del contrato se viera obligado, sin deber estarlo, a asumir un sobrecosto por el
transporte de materiales pétreos para el TSD.
43. Sobre el particular, obra en el expediente que luego de abierta la
convocatoria para la ejecución del proyecto, el INVIAS llevó a cabo la audiencia de
aclaración de pliegos el 12 de diciembre del 2000. En el acta de la audiencia,
además de constar la asistencia del representante de la demandante, se hizo
referencia a que la firma Conciviles S.A. fue la única en presentar observación en
relación con el transporte de los materiales pétreos en los siguientes términos: “En
el numeral 3.4.2.2, subnumeral 4, párrafo 3, de las licitaciones correspondientes a
las obras en San José del Guaviare, se dice que los precios unitarios deberán incluir,
entre otras cosas, el costo del acarreo. Esto no concuerda con las especificaciones
dadas en el Anexo 1 de los Pliegos”, frente a lo cual, el INVIAS respondió que “El
costo de transporte de los concretos hidráulicos debe ser considerado en los
cuadros de precios unitarios. Para los demás materiales se deberá evaluar el precio
del transporte independientemente del precio del material mismo”29.
44. El 14 de diciembre de 2000 se realizó la modificación al pliego de condiciones
aludida por la parte actora, en el siguiente sentido (se subrayan los apartes
eliminados del texto inicial del pliego):
Pliego de condiciones inicial numeral 4 Adenda 1 al numeral 4 del 3.4.2.230
del 3.4.2.2
“El costo de todos los acarreos de los “El costo de todos los acarreos de los
materiales tales como el asfalto líquido y materiales tales como los materiales
los materiales pétreos utilizados en la pétreos utilizados en la construcción de
construcción de subbase, base, concreto subbase, concreto asfaltico, concretos
asfaltico, concretos hidráulicos y obras de hidráulicos y obras de arte, deberá incluirse
arte, deberá incluirse dentro de los análisis dentro de los análisis de precios unitarios
de precios unitarios respectivos, toda vez respectivos, toda vez que no habrá pago
que no habrá pago por separado para el por separado para el transporte de los
transporte de los mismos.”, mismos.”,
29 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“> “Gestión TAM -
Octubre de 2019” > “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Carpeta 1” página 171-
177.
30Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.2 CD FOLIO 724 CUADERNO 04“> “Gestión TAM -
Octubre de 2019” > “Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Precontractual” página 65-79.
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45. Es del caso resaltar que en el pliego de condiciones, en el capítulo de
generalidades, se incluyó la siguiente previsión31: “El valor de la propuesta deberá
incluir la totalidad de todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecución de la obra objeto de la presente licitación (…)”. A su vez el
anexo técnico32 dispuso: “(…) ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 900P: Transporte
de materiales (…) DESCRIPCIÓN. Esta especificación se refiere al acarreo de los
materiales pétreos para los terraplenes, la sub-base, base, base asfáltica de
gradación abierta y concreto asfaltico desde las fuentes de materiales establecidas
en este pliego, hasta el sitio de colocación en la obra y en general todo tipo de
transportes. (…) PAGO. El pago de las cantidades de acarreo de materiales en la
forma anteriormente especificada se hará al precio unitario por metro cúbico -
kilómetro pactado en el contrato. El precio unitario deberá cubrir todos los costos
necesarios para el transporte fuera de las fuentes de materiales hasta el sitio de
colocación final en la vía, de los ítems relacionados en esta especificación.
Cualquier otro transporte no contemplado en esta especificación deberá ser incluido
en el precio unitario del ítem respectivo. (…)33” (se resalta).
46. Luego de la suscripción del contrato y la orden de inicio en abril del 2000,
transcurridos aproximadamente nueve (9) meses de ejecución del contrato, se
encuentra en el expediente la comunicación del 30 de enero de 2002 34 en la que el
contratista solicitó el reconocimiento del precio unitario de transporte de materiales
pétreos para el tratamiento superficial doble o TSD, indicando que “el transporte de
los materiales pétreos para el tratamiento superficial doble no se incluye dentro del
precio unitario de este, pues debe recordarse que de conformidad con las
especificaciones generales de construcción de carreteras, los tratamientos
superficiales hacen parte del capítulo de concretos asfalticos”.
47. Esta solicitud fue denegada el 19 de febrero de 2002 por parte de la
interventoría, considerando que la adenda no modificaba las condiciones
establecidas en las Especificaciones Generales de Construcción en su artículo 431-
96, cuya forma de pago se rige por lo establecido en el numeral 431.7, que l dispone
“En los casos en que el trabajo incluya el empleo de agregados pétreos, el precio
unitario deberá cubrir todos los costos de su adquisición, obtención de permisos y
derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras, la obtención
de licencias ambientales, instalaciones provisionales, los costos de arreglo o
construcción de las vías de acceso a las fuentes y canteras, (…) así como todos
los costos relacionados con la explotación, selección trituración, (…) cargue
transporte, descargue, clasificación colocación (.)”, a partir de lo cual concluyó que
“el costo de transporte de los materiales pétreos para la construcción del tratamiento
superficial doble está incluido en el precio unitario para la construcción del
31
Expediente Digital, Anexo II, Archivo PDF “08Incorpora Expediente Digitalizado”, índice 8, SAMAI, Tribunal,
página 24.
32 En virtud de la cláusula vigésima del contrato se estableció que integraban el contrato los documentos de la
Licitación SCT-022 de 2000, por ende, el anexo técnico allí contenido resultaba vinculante.
33 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “Contrato 138 de 2001 correspondencia” página 124-125.
34 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “Contrato 138 de 2001 correspondencia” página 252-253.
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tratamiento superficial, por ello la interventoría recomienda no se acepte pago
adicional por dicha actividad como lo está solicitando el contratista”35.
48. Visto lo anterior, se debe reiterar que la etapa precontractual es reconocida
como la fase de conformación de las voluntades entre la entidad y los proponentes,
pues al lado de la definición por parte de la administración acerca de las
necesidades que pretende suplir con la contratación a la que aspira llegar, basada
en estudios, autorizaciones y apropiaciones presupuestales, también se definen las
reglas de participación y las bases del futuro contrato. Frente a éstas, los
interesados pueden pronunciarse en las diferentes oportunidades que prevé la ley
solicitando aclaraciones, complementaciones o ajustes para el mejor curso y
definición del proceso de selección, y deberán hacerlo como expertos en la actividad
a contratar, si advierten yerros o imprecisiones en tales reglas. De esta manera,
aunque la génesis de la etapa precontractual consiste en una decisión
administrativa, su desarrollo y la dinámica de participación de los interesados es
expresión de la confluencia de voluntades que antecede y sustenta el contrato
estatal.
49. Lo anterior también se relaciona con el principio de buena fe contractual, el
cual implica la responsabilidad en cabeza de los contratistas de examinar los
documentos dispuestos por la entidad en el proceso de selección y, en caso de
identificar ambigüedades, omisiones o inconsistencias, y en especial, alguna
circunstancia que impediría ejecutar el contrato, debe manifestarlas oportunamente
durante la etapa precontractual36. Si el contratista no advierte ni comunica las
deficiencias detectadas en los documentos precontractuales, y posteriormente
surgen controversias relacionadas con esas mismas falencias, no podrá alegar
desconocimiento o sorpresa, pues esto va en contravía de los postulados de la
debida diligencia y colaboración que se predican en el marco de los contratos
estatales37.
50. De esa manera, si el contratista consideraba que la adenda no era clara o
implicaba una afectación posterior a sus intereses, particularmente por cuanto no
se incluía un precio por una actividad necesaria para la ejecución del contrato, como
lo es el transporte de los materiales requeridos para la obra, debió advertirlo en la
oportunidad correspondiente para que la entidad adoptara las medidas correctivas.
De manera que no es cierto que el a quo avalara que la entidad pública negara al
contratista la compensación de lo que este tuvo que sufragar para atender a
cabalidad el contrato, sino que en efecto debía asumir ese costo, pues en su calidad
de experto tenía que evidenciar antes de obligarse bajo los términos de la licitación
35 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “Contrato 138 de 2001 correspondencia” páginas 258-259.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera sentencias: i) Subsección B, Consejera ponente: RUTH STELLA
CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho () Radicación número: 21489 del 28 de mayo de 2012, ii)
Subsección C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Radicación 31618 del 18 de
marzo de 2015.
37 Se ha dicho también por esta Corporación (….) los proponentes tienen la carga de analizar la suficiencia y
consistencia de los estudios previos y de los precios presupuestados, en orden a definir su participación en la
licitación y el contenido de su oferta, pues el contratista no puede desconocer los términos y condiciones que
aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública (…) también se pueden consultar: Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. 59309, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico;
sentencia de 18 de marzo de 2015, rad. 33223, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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y la minuta del contrato, la existencia de una posible inconsistencia sobre la
interpretación dada a la inclusión o no del transporte del material pétreo para el TSD.
51. Adicionalmente, la Sala considera que de la lectura del aparte del pliego que
es objeto de controversia y su modificación no se desprende lo aducido por el
contratista, en el sentido de que se excluyera el concepto que ahora reclama, toda
vez que la regla allí establecida siempre consistió en que el oferente debía incluir
en su oferta “[e]l costo de todos los acarreos de los materiales”, solo que a modo
de ejemplo indicó algunos que difirieron en la modificación, lo cual, no podía
interpretarse por el oferente como una exclusión del transporte del material pétreo
para el TSD, especialmente, por cuanto ello no modificó explicita ni implícitamente
el capítulo de generalidades del pliego y el anexo técnico, que como se explicó,
determinaban lo contrario.
52. Aunque en su recurso de apelación se cita el dictamen elaborado por el
Ingeniero Mejía Artunduaga38, lo cierto es que este no aporta elementos y
fundamentos técnicos que permitan desvirtuar las razones antes anotadas para
negar el reconocimiento y pago de ese ítem, toda vez que su conclusión se
circunscribió a afirmar que “[p]ara un proponente es evidente que debe incluir todos
los costos relacionados con todas las actividades necesarias para adelantar la obra
dentro de los análisis de precios unitarios”, pero que en su concepto, “el pliego sufrió
un cambio importante al excluir taxativamente el asfalto líquido, la base y el concreto
asfáltico de aquellos materiales que debían incluir en la oferta el transporte dentro
del análisis de precios unitarios”, apreciación que difiere de lo acreditado en el
proceso por las razones ya anotadas.
53. Adicionalmente, pese a que el perito incluyó su interpretación de lo
establecido en las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS de
199639, esta no fue compatibilizada con lo previsto expresamente en los demás
apartes del pliego de condiciones y en el anexo técnico como parte integral del
contrato de obra, conforme a los cuales, el valor de la propuesta debía incluir “la
totalidad de todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecución de la obra”, de manera que los precios unitarios debían cubrir “todos los
costos necesarios para el transporte fuera de las fuentes de materiales hasta el sitio
de colocación final”.
54. Por consiguiente, se confirmará la decisión del Tribunal en el sentido de
negar la pretensión respecto del reconocimiento y pago del transporte de material
pétreo para el tratamiento superficial doble o TSD.
38 Expediente Digital, Cuaderno 3, Archivo PDF “03Incorpora Expediente Digitalizado”, INDICE 1, SAMAI,
Tribunal, páginas 2-37.
39 Esta corporación ha señalado que los dictámenes periciales deben ser precisos, claros y exhaustivos con el
objeto de la experticia, de lo contrario se pueden configurar incongruencias y deficiencias en la evaluación del
objeto del dictamen que impiden que éste medio de prueba tenga la eficacia que reclama la parte que lo aporta.
Consejo de Estado, Sección Tercera, SUBSECCIÓN A, sentencia del 6 de diciembre de dos 2024, radicado
interno 68858, Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ-.
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Sobre las actas de ajuste 24 y 25
55. El recurrente señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que conforme al
dictamen pericial el INVIAS no había reconocido el pago de las actas de ajuste 24
y 25 correspondientes a los meses de abril y mayo de 2003, las cuales ascendían
a la suma de $74’307.168,42.
56. Sobre el particular, se advierte que en la cláusula octava del contrato las
partes acordaron que el INVIAS pagaría al contratista el valor pactado
mensualmente, previa presentación de las respectivas actas de obra y de las actas
de ajuste de los precios unitarios, que debían ser refrendadas por el representante
del contratista, interventor, supervisor del INVIAS y el ordenador del gasto, pero que
además, debían estar acompañadas del programa de trabajo e inversiones
aprobado por el subdirector de construcción de la entidad contratante.
57. Adicionalmente, en la cláusula séptima se reguló lo concerniente a las actas
de obra y ajustes en los términos que se transcriben a continuación:
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES. - El valor básico de la respectiva acta de obra
será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de
obra ejecutada por los precios unitarios de la Lista de Cantidades de Obra,
Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta del CONTRATISTA.
PARÁGRAFO PRIMERO: ACTAS DE OBRA. - El valor de la obra ejecutada
debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el Programa de
Trabajo e Inversiones para el mes correspondiente. Las actas de obra
mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de
la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El Interventor podrá, en
actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las
actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la
parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera
satisfacción, a efecto de que el INSTITUTO se abstenga de pagarlos al
CONTRATISTA hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ningún certificado
que no sea el certificado de recibo definitivo de la totalidad o de parte de
las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de algún
trabajo u obra.
PARÁGRAFO SEGUNDO: AJUSTES. – (…) Si por alguna razón los índices
de ajuste no se obtienen oportunamente, se podrá elaborar un acta
provisional con los índices disponibles. El ajuste definitivo, se efectuará
una vez se obtengan los índices del mes que corresponda al
cumplimiento del programa de obra. EL CONTRATISTA no podrá hacer
reclamaciones por los resultados de los ajustes al aplicar los índices en
forma definitiva. Durante la etapa de liquidación del contrato, EL
CONTRATISTA podrá aceptar la liquidación de los ajustes con los índices
utilizados provisionalmente, renunciando a cualquier reclamación posterior por
este concepto. lo = valor de Índice de Costos de Construcción Pesada (ICCP)
para cada grupo de obra, correspondiente al mes de enero del 2001. (Se
resalta)
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58. Señala la parte actora que la entidad dejó impagas las cantidades de
$48’046.623 por concepto de ajustes pendientes de la obra ejecutada en el mes de
abril y $25’806.067 por ajustes pendientes de la obra ejecutada en el mes de mayo
de 2003, no obstante, las pruebas indican lo contrario.
59. Lo acreditado en el proceso, es que si bien existía un documento de la
interventoría del 22 de julio de 2003 donde se realizó un balance general del
contrato, en el cual se indicó que había un saldo pendiente de pago por las actas
de ajuste de abril y mayo de 2003 por valor de $74’307.168 40, también obra en el
expediente el acta de recibo definitivo suscrita por las partes el 28 de agosto de
200341, documento posterior en el que la demandante aceptó que los valores
adeudados por ajustes correspondían a una suma diferente, únicamente por el acta
provisional 24, que fue reconocida por la entidad:
60. Adicionalmente, en la relación de pagos efectuados por la entidad consta que
el INVIAS, el 4 de diciembre de 2003, desembolsó al contratista el pago
correspondiente al acta provisional 24 por un valor de $56’830.511.74 42, documento
y pago que no fueron objetados por el demandante:
40 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “Contrato 138 de 2001 carpeta 4” páginas 142-153.
41 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “Contrato 138 de 2001 carpeta 4” páginas 126-132.
42 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF “contrato 138 2001 relación de pagos” paginas 1-2.
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61. Lo expuesto, conduce a la Sala desestimar las conclusiones a las que llegó
el perito con sustento en el informe de interventoría, pues en el acta de recibo
definitivo las partes dejaron constancia de las actas de obra y de ajuste presentadas
por el contratista y pagadas por el INVIAS, así como aquellas pendientes de pago,
estando acreditado que la entidad pagó en diciembre de 2003 el único valor que se
aceptó en conjunto por las partes se adeudaba por concepto de ajustes.
62. La conclusión a la que llegó el dictamen pericial no es acertada, por cuanto
se fundamentó en un documento previo proveniente del interventor y en las
afirmaciones del demandante, pero sin considerar que los valores adeudados fueron
definidos y acordados por las propias partes al suscribir el acta de recibo final. Esto,
aunado al hecho de no obra prueba que acredite la existencia del acta de ajuste
definitivo 24 y del acta 25, de hecho, no se acreditó por el contratista que se
hubiesen presentado o radicado ante el INVIAS tales documentos conforme a los
términos establecidos en la cláusula octava citada con anterioridad, como sí sucedió
por ejemplo con las actas 743 y 844, las cuales se remitieron acompañadas del acta
de obra, el acta de ajuste provisional y el programa de inversiones.
63. Por las razones expuestas y dado que la recurrente no presentó argumentos
adicionales de inconformidad, la Sala confirmará la decisión del a quo de negar la
pretensión de reconocimiento de las actas de ajuste 24 y 25.
64. En consecuencia, ante la improcedencia de la totalidad de los cargos de
apelación presentados por la parte actora, la Sala confirmará en su totalidad la
decisión proferida en primera instancia.
Condena en costas
65. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del CCA., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. PARTE RESOLUTIVA
88. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de mayo de 2024 proferida por la Sala
de Decisión Escritural No. 5 del Tribunal Administrativo del Meta.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
43 " Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.3 CD FOLIO 728 CUADERNO 04” > “Gestión TAM -
Octubre de 2019” >” Contrato N° 138 de 2001” Archivo PDF “Contrato N° 138 de 2001 Correspondencia 2.pdf"
página 296-300.
44 Expediente Digital, CD, índice 4, SAMAI Carpetas “04.1 CD FOLIO 699 CUADERNO 04 “> “Contrato N° 138
de 2001” Archivo PDF Contrato 138 de 2001 correspondencia” paginas 319-323.
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Demandante: CROMAS S.A.
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Acción: Controversias contractuales
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.
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