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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2020-02306-01

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2020-02306-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, que declaró la caducidad del medio de control y, en su lugar, se dispone NEGAR las pretensiones de la demanda. 23 Expediente 150012333000202002306 01 (72.791) Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de Ingeniería –DEINPRO Ltda.– Demandado: Departamento de Boyacá Referencia: Controversias Contractuales SEGUNDO: CONDENAR en costas, únicamente por esta instancia, a Desarrollo Integral en Proyectos de Ingeniería –DEINPRO Ltda.– en el monto de 1 SMLMV y a favor del Departamento de Boyacá. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-33-000-2020-02306-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

26 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandantes: Desarrollo Integral en Proyectos de Ingeniería –
DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Medio de control: Controversias Contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CADUCIDAD – el término para demandar se suspendió en virtud de las medidas
adoptadas en el marco de la pandemia por Covid-19 y se reanudó en atención a la orden
que emitió el Consejo Superior de la Judicatura / LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ESTATAL
– la inclusión de salvedades no constituye requisito de procedibilidad para acudir ante la
jurisdicción, sino un presupuesto material en punto a establecer el alcance del acuerdo /
RENUNCIA EXPRESA A RECLAMACIONES CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE
ACUERDOS MODIFICATORIOS – es procedente en el marco de la autonomía y libertad
negocial de los contratantes / CONTRATO DE INTERVENTORÍA – es de naturaleza
conmutativa / NEXO ENTRE EL CONTRATO DE OBRA Y EL DE INTERVENTORÍA – A
pesar de la relación entre uno y otro, cada contrato conserva su individualidad jurídica /
INEFICACIA DE PLENO DERECHO – son ineficaces las cláusulas que prohíben al
contratista formular futuras reclamación judiciales con base en el acaecimiento de
condiciones y exigencias de imposible cumplimiento o de exoneración de responsabilidad.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que negó las súplicas de la demanda.

La controversia se enfoca en establecer si se configuró la caducidad del medio de
control de controversias contractuales. Ante la falta de configuración de este
fenómeno procesal, el litigio se ciñe al pago de los costos por mayor permanencia
derivados de cuatro prórrogas al contrato de interventoría.

I.LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 7 de noviembre de 2024, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta declaró la
caducidad del medio de control instaurado.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 21 de julio de 2020 1
por Desarrollo Integral en Proyectos de Ingeniería - DEINPRO Ltda., integrante del
consorcio Pozos Profundos Boyacá2 (en adelante DEINPRO, la sociedad o la

1
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: “6_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_oficio
remisorio.pdf(.PDF) NroActua 4”
2
El consorcio Pozos Profundos Boyacá estaba conformado por: DEINPRO Ltda. en un 70% y Luis Abdón Castellanos Peña,
en un 30%. Mediante Acta No. 1 del 27 de octubre de 2016, el señor Luis Abdón Castellano Peña cedió su participación al

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

demandante) contra el departamento de Boyacá (en adelante el departamento, la
entidad o la demandada), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos
jurídicos se enuncian a continuación.

Pretensiones

3. La demandante solicitó que se declare el rompimiento del equilibrio
económico del contrato de interventoría No. 2195 de 2016, que suscribió con el
departamento y, como consecuencia, que se restablezca la ecuación contractual
mediante el pago de la suma de $479’345.035 a favor de la sociedad –dicha cifra
corresponde “al valor determinado para la ejecución de las actividades de
interventoría durante las diferentes prórrogas del plazo inicialmente pactado o el
valor que resulte demostrado dentro del proceso”3–, así como su actualización.

Hechos

4. La entidad y el consorcio Pozos Profundos Boyacá (en adelante el consorcio
o el contratista) suscribieron el contrato No. 2195 del 26 de septiembre de 2016,
para la realización de la “interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera
y contable, para la construcción de pozos profundos en los municipios con
declaratoria de calamidad pública del departamento de Boyacá 4”, por el monto de
$240’312.113. Su plazo, en términos de la cláusula quinta, era el mismo del contrato
de obra pública objeto de seguimiento –el 1789 de 2016– el cual se extendía
inicialmente hasta el 30 de diciembre de 2016.

5. Durante la ejecución del negocio, las partes firmaron cuatro otrosíes5 que
ampliaron el plazo hasta el 27 de diciembre de 2017, es decir, por 12 meses más.
Indicó que la razón de tales modificaciones correspondió a la prórroga del contrato
de obra, lo que condujo a que la interventoría fue prolongada por el mismo lapso;
este fue un evento ajeno a las obligaciones de la interventoría, pero que la afectó
directamente.

6. Las ampliaciones en tiempo no incluyeron un aumento del valor, pese a que
con cada una el consorcio solicitó el restablecimiento de la ecuación contractual.
Afirmó que el valor que fue pactado6 se determinó con base en el plazo inicialmente
acordado por el término de tres meses o hasta el 30 de diciembre de 2016.

7. Sostuvo que, mediante comunicación del 28 de septiembre de 2017, el
supervisor del contrato de interventoría negó las solicitudes de restablecimiento del
equilibrio económico formuladas por el contratista7. Y, el 29 de diciembre de 2017,

ingeniero Ricardo Castiblanco Bonilla (índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo:
11_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 4 Conformación Consorcio.pdf(.PDF) NroActua 4).
3
Fl.4, índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: “5_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_DEMANDA
DEINPRO.pdf(.PDF) NroActua 4”.
4
A saber, los municipios de Villa de Leyva, Cómbita, Sutamarchán, Santa Sofía y Tinjacá.
5
El primero, suscrito el 30 de diciembre de 2016, por 4 meses; el segundo, celebrado el 19 de abril de 2017, nuevamente por
4 meses; el tercero, del 28 de agosto de 2017, por el lapso de 2 meses; y el cuarto, suscrito el 27 de octubre de ese año, por
2 meses más.
6
El cual incluía el “costo del equipo de profesionales - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DOS RESIDENTES DE
INTERVENTORÍA, ASESOR AMBIENTAL, ASESOR EN GEOCIENCIAS - al igual que costos de transporte a los municipios
beneficiarios, costos administrativos, oficinas, por el término de ejecución contractual previsto por quien configuró los pliegos
de condiciones”.
7
El Supervisor afirmó: “el valor total de la interventoría incluye todos los costos de administración, personal exigido, pruebas
y/o ensayos de laboratorio y demás necesarios para la verificación de la calidad y cumplimiento del objeto contractual, no

2

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

no accedió a celebrar la quinta solicitud de prórroga del contrato, dada su
inconformidad por la negativa anterior.

8. Precisó que el 15 de marzo de 2018 se liquidó el contrato de interventoría,
sin reconocer valor alguno con ocasión de la extensión del plazo de ejecución.

Fundamentos de derecho
9. Para el demandante la entidad vulneró los arts. 5, 27 y 28 de la Ley 80 de
1993. Aseguró que la prolongación del plazo en un “400%” generó un rompimiento
del equilibrio económico del contrato. El contratista fue obligado a ampliar el
negocio, mediante la suscripción de cuatro otrosíes, cuyas causas fueron ajenas a
la sociedad. En estos pactos no se le reconocieron los gastos en que incurrió por
ese mayor tiempo empleado para mantener las labores de interventoría.

10. La negativa en el restablecimiento de las condiciones económicas del
negocio se basó en una nota incluida en el apéndice del formato No. 6, denominado
“oferta económica”, que dice que “el valor total de la interventoría incluye todos los
costos de administración, personal exigido, pruebas y/o ensayos de laboratorio y
demás necesarios para la verificación de la calidad y cumplimiento del objeto
contractual, no habrá lugar a reconocimientos económicos en valor por adiciones
y/o suspensiones en el plazo de ejecución. El reconocimiento económico se dará
sólo en los casos que se adicione en valor el contrato de obra”. Adujo que esa nota
es ilegal, por cuanto solo figura en un anexo de los pliegos de condiciones, y es
ineficaz de pleno derecho en los términos del art. 24.5 de la Ley 80 de 1993;
además, denota un exceso en la posición de dominio de la entidad, por tratarse de
una carga impuesta al contratista en favor de aquella.

11. Añadió que manifestó salvedades e inconformidades en la suscripción de las
prórrogas, a fin de reservarse el derecho de acudir a la jurisdicción.

Contestación de la demanda

12. El departamento se opuso a las pretensiones de la demanda; y como medios
de defensa propuso las excepciones de: (i) “inexistencia de desequilibrio
económico”, pues la supuesta ruptura fue asumida como un riesgo por parte del
consorcio, al manifestar en su propuesta que el precio ofertado incluía todos los
costos requeridos para la labor y que “el reconocimiento adicional se dará solo en
los casos en los que se adicione en valor el contrato de obra”8; además, aceptó
libremente la prórroga del negocio, sin manifestar salvedad alguna; (ii) “inexistencia
de salvedades o reclamaciones en el acta de liquidación”, lo que impide acceder a
los pedimentos formulado; (iii) “buena fe”, ante la ausencia de reparos en el acta
liquidación no procede acción judicial alguna; y (iv) “la genérica”9.

Alegatos en primera instancia

habrá reconocimientos económicos en valor por adiciones y/o suspensiones en el plazo de ejecución. El reconocimiento
económico adicional se dará solo en los casos que se adicione en valor el contrato de obra” (Fls.3 y 4, índice 4, SAMAI –
Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: “5_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_DEMANDA DEINPRO.pdf(.PDF)
NroActua 4”).
8
Fl.3, índice 18, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–.
9
Esto es, cualquier otro medio de defensa que se pruebe en el plenario.

3

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

13. Surtido el debate probatorio10, al alegar de conclusión, DEINPRO11 ratificó
los reclamos de su demanda, insistiendo en la ocurrencia de factores ajenos a la
interventoría que rompieron la economía del contrato12. La entidad reiteró las
razones de su defensa13.

14. El Ministerio Público guardó silencio.

Fundamentos de la sentencia impugnada14

15. El a quo declaró probada la caducidad del medio de control. Aseguró que
como el acta de liquidación bilateral se suscribió el 15 de marzo de 2018, a partir
del día siguiente empezaron a correr los dos (2) años para interponer la demanda,
por lo que este término se extendía hasta el 16 de marzo de 2020; sin embargo,
este plazo fue suspendido el 12 de marzo de 2020 y reanudado el 17 de julio
siguiente15, por lo que la demandante tuvo hasta el 18 de agosto de ese año para
promover el medio de control16; sin embargo, DEINPRO instauró la demanda el 15
de octubre de 2020, es decir, fuera de la oportunidad procesal prevista para tal fin.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN17

16. DEINPRO pide revocar la sentencia de primer grado, y que se devuelva el
proceso al Tribunal para que dicte la providencia correspondiente. Indica que es
cierto que la demanda debía presentarse antes del 18 de agosto de 2020, pero el a
quo al hacer el cómputo erró en la fecha de presentación de la demanda, pues ésta

10
En la audiencia inicial, llevada a cabo el 13 de diciembre de 2021 (índice 35, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA
Boyacá–), el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con la demanda (el departamento no allegó insumos con
su contestación, pidió que se tuvieran en cuenta las aportadas por la sociedad), ofició a la entidad para que allegara los
estudios previos y pliegos de condiciones de la licitación pública No. GB-PB-001-016, que derivó en el contrato de obra pública
No.001789 de 2016 y del concurso de méritos No. CM-GB-06-2016 que dio lugar al contrato de interventoría No. 2195 de
2016, así como los documentos concernientes a la ejecución y terminación del contrato de obra pública No.001789 de 2016
–estos obran en el índice 48, SAMAI, Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–.También decretó los testimonios de los
señores Darío Alexander Gómez Romero (la sociedad desistió de su práctica en la audiencia de pruebas), Yuddy Esned
Rodríguez Munévar, Dennis Mayerly Alfaro Gutiérrez, Héctor Luis González López y Wilmar Andrés Montaña y el
interrogatorio de la representante legal de la sociedad actora. En auto del 18 de septiembre de 2023, el a quo, de conformidad
con el art. 212 del CPACA, limitó la práctica de los testimonios de Yuddy Esned Rodríguez Munévar, Dennis Mayerly Alfaro
Gutiérrez y Héctor Luis González López, al considerar que los hechos materia de los mismos ya habían sido esclarecidos
mediante la declaración del señor Wilmar Andrés Montaña, así como del interrogatorio de parte decretado, en tanto que los
insumos recaudados eran suficientes para suplir el objeto de esta declaración; además, a través de este último proveído,
cerró el período probatorio y corrió traslado por el término común de diez (10) días, para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto (índice 66, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA
Boyacá–). 11
índice 71, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. 12
Como la circunstancia de que el plazo de la interventoría quedara atado al término del contrato obra. Agregó que “es tan
evidente la deficiencia de la entidad demandada que el contrato de obra sobre el cual fue efectuada la interventoría, tal y
como se observa en el expediente del contrato de obra publicado en el SECOP, solo se terminó el 22 de junio de 2019 y se
liquidó hasta el 11 de febrero de 2020, es decir 18 MESES después de que se aceptara la solicitud de terminación del vínculo
con mi mandante (27 de diciembre de 2017); no puede aceptarse la tesis de la demandada pues de ser legal, implicaría que
mi mandante estaba obligada a prestar servicios por un periodo de tres años sin reconocimiento económico alguno, cuando
el contrato había determinado un plazo de ejecución de tres meses”. 13
Índice 72, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. 14
Índice 74, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. 15
El plazo para demandar se suspendió por dos situaciones concretas: (i) la solicitud de conciliación judicial formulada el 12
de marzo de 2020, ante la Procuraduría General de la Nación; y (ii) la suspensión de términos judiciales dispuesta en el
Decreto 564 del 15 de abril de 2020, con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica
en todo el territorio nacional, a causa del Coronavirus Covid-19. 16
Por medio del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura levantó la medida de
suspensión de los términos judiciales ordenada en virtud del Covid-19, a partir del 1 de julio de 2020, con la expresa precisión
que en aquellos casos en que el plazo que restaba para la configuración de la caducidad era inferior a treinta (30) días, el
interesado tendría un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente
la actuación correspondiente.

Como al momento de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial faltaban cuatro
(4) días para que se configurara la caducidad, a partir del día siguiente en la Procuraduría General expidió la constancia de
agotamiento del requisito de procedibilidad corrió un mes para que la sociedad instaurara la demanda. Dado que la
Procuraduría expidió la aludida constancia el 17 de julio de 2020, desde el día siguiente corrió el mes provisto en la norma
referida para la presentación del libelo–. 17
Índice 79, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–.

4

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

se instauró el 21 de julio de 2020 a través de mensaje de datos enviado al correo
repartoprotun@cendoj.ramajudicial.gov.co18

Trámite en segunda instancia

17. El Tribunal concedió el recurso de apelación19 y esta Corporación lo admitió
en proveído del 20 de mayo de 202520. Como la alzada se interpuso en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión,
en tanto no se decretaron pruebas en segunda instancia21. El Ministerio Público no
emitió concepto22.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

18. El núcleo de la controversia en la segunda instancia se enfoca en determinar
si ¿operó la caducidad del medio de control instaurado? Por tanto, la Sala
examinará si la demanda fue presentada en tiempo y, de ser oportuna, pasará a
estudiar de fondo las súplicas formuladas para establecer si se rompió el equilibrio
económico del contrato de interventoría No. 2195 de 2016.

Cuestión preliminar

19. La Sala aclara que en caso de constatar que la demanda sí se instauró en
tiempo, no accederá a la solicitud que el apelante formuló en la alzada de devolver
el asunto al Tribunal de origen para que “dicte sentencia de primera instancia”23,
toda vez que la decisión recurrida constituye la providencia por medio de la cual el
fallador de primer grado resolvió de fondo el asunto. Lo anterior, estriba en que dicha
sentencia se adoptó una vez finalizó del trámite probatorio y demás etapas
procesales previstas en la ley24, de modo que no es posible sostener que en este
caso se hubiera pretermitido la instancia, o configurado un defecto desencadenante
de una nulidad procesal, pues se trató de una decisión proveniente del ejercicio de
la autonomía judicial del Tribunal que al ser apelada impone a la Sala su examen
para establecer la configuración o no del fenómeno de la caducidad y, en caso de
no considerar este fenómeno, pronunciarse sobre los cargos del libelo25.

Oportunidad de la demanda

18
Para el efecto, aportó la captura de pantalla del mensaje enviado a ese buzón electrónico.
19
Índice 82, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–
20
Índice 3 de SAMAI.
21
El art. 247 del CPACA consagra:
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario
pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para
alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”.
22
Índice 9 de SAMAI.
23
Índice 79, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–
24
Audiencia inicial realizada el 13 de diciembre de 2021, índice 35, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. Y
audiencia de pruebas celebrada el 19 de enero de 2022 índice 41, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–.
25
Se precisa que, tratándose del fenómeno jurídico-procesal de la caducidad, cuya naturaleza es la de una excepción mixta,
esta puede ser resuelta de manera anticipada en la audiencia inicial, si el juez encuentra que los elementos fácticos y jurídicos
que constatan la certeza de su ocurrencia: pero, cuando ello no es posible, su estudio es llevado a la sentencia en aplicación
de los principios pro actione y pro damnato.

5

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

20. El demandante, en la alzada, no exhibe motivos de inconformidad respecto
al periodo en que el a quo efectuó el cómputo de la caducidad del medio de control
promovido. Lo que cuestiona es la fecha tomada por el Tribunal para definir el día
de presentación de la demanda –15 de octubre de 2020–, pues señala que la
instauró el 21 de julio de ese año.

21. Al examinar los documentos que integran el proceso, en particular el enlace
en la plataforma SAMAI que contiene el expediente digital de primera instancia26,
se observa la siguiente trazabilidad en el trámite de radicación y reparto de la
demanda:

22. (a) el 21 de julio de 2020, el apoderado de la sociedad envió al correo
electrónico repartoprotun@cendoj.ramajudicial.gov.co, un mensaje de datos
denominado “Medio de Control: Contractual Dte:DEINPRO Ddo: Departamento de
Boyacá”;

23. (b) ese mismo día, la asistente administrativa de la oficina de reparto de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja remitió ese mensaje a la
“Asistente Depósitos Judiciales – Seccional Tunja”;

24. (c) el 15 de octubre de 2020, esta última reenvió el correo electrónico al buzón
de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá; y

25. (d) al final del archivo, se observa una captura de pantalla donde se indica
que al asunto le correspondió el radicado 15001233300020200230600, es decir, el
proceso de la referencia.

26. Salta a la vista que la demanda fue instaurada el 21 de julio de 2020, como
lo anotó el actor en su apelación. La fecha indicada por el a quo corresponde al día
en que la Oficina de Depósitos Judiciales remitió el asunto proveniente de un trámite
previo entre distintas dependencias de la Seccional, sin que tal circunstancia pueda
modificar o alterar el día en que efectivamente se radicó la demanda. Teniendo
claridad sobre la fecha en mención, pasa a contabilizarse el plazo con que contaba
DEINPRO para instaurar el medio de control.

27. El literal j, del núm. 2 del art. 164 de la Ley 1437 de 201127 establece que en
las controversias relativas a contratos que estén sometidos a liquidación y ésta sea
efectuada bilateralmente, el término para demandar será de dos (2) años
contabilizados desde el día siguiente a la firma del acta.

26
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: “6_ED_EXPEDIENTE DIGITAL oficio
remisorio.pdf(.PDF) NroActua”.
27
“ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se
empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta
del contrato mientras este se encuentre vigente.
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
(…)
iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la
firma del acta”.

6

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

28. De conformidad con el art. 60 de la Ley 80 de 199328, el contrato No. 2195
de 2016 estaba sometido a liquidación, por ser un negocio de tracto sucesivo, y así
se contempló en su cláusula décima tercera. A su vez, en la cláusula quinta se
estipuló como plazo “el mismo del contrato de obra”, el cual se pactó inicialmente
hasta el 30 de diciembre de 201629; no obstante, aquel fue objeto de cuatro
prórrogas que lo extendieron hasta el 29 de diciembre de 201730.

29. Las partes liquidaron de mutuo acuerdo dicho negocio jurídico el 15 de marzo
de 201831, de modo que el plazo para demandar corría del 16 de marzo de ese año
al 16 de marzo de 2020. La solicitud de conciliación extrajudicial presentada ante la
Procuraduría 121 Judicial II para asuntos administrativos de Tunja el 12 de marzo
de 202032, suspendió dicho término, restando 4 días para que se configurara la
caducidad del medio de control.

30. Tal período se vio afectado por los efectos de la pandemia por Covid-19. El
Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de
marzo de 2020, suspendió los términos judiciales a partir del 16 de ese mismo mes
y año, y esta medida fue prorrogada en varias oportunidades.

31. El Gobierno nacional en el Decreto 564 del 15 de abril de 2020 33, que fijó
reglas especiales relativas a la prescripción y caducidad de los asuntos que
presentaran los usuarios de la administración de justicia, dispuso que dichos
términos se reanudarían al día siguiente de la fecha que indicara el Consejo
Superior de la Judicatura, y precisó que, si “… al decretarse la suspensión de
términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción
o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá
un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para
realizar oportunamente la actuación correspondiente”.

32. El 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA20-11567 que levantó la suspensión de los términos judiciales a partir del 1
de julio de 2020 en todo el territorio nacional. Y con el Decreto Legislativo 491 de la
misma anualidad (inc. cuarto, art. 9) el Gobierno nacional ya había modificado el
plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las
conciliaciones extrajudiciales, al ampliarlo de tres (3) a cinco (5) meses desde la
presentación de la respectiva solicitud34.

33. La Procuraduría 121 Judicial II para asuntos administrativos de Tunja expidió
la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad el 17 de julio de 2018,
esto es, dentro del término de los cinco (5) meses consagrados en el Decreto
Legislativo 491 de 2020, razón por la cual el plazo para demandar se reanudó el 18
de julio siguiente y se extendió por un mes más, según el Decreto 564 de 2020 y,

28
“ARTÍCULO 60.- De Su Ocurrencia y Contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento
se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación …”.
29
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: “8_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 1
Contrato de Obra.pdf(.PDF) NroActua 4”.
30
Como se plasmó en el acta de terminación (índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo:
35_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 28. Copia Acta Terminación.pdf(.PDF) NroActua 4).
31
Ibidem.
32
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: “4_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_CONSTANCIA
CONCILIACIÓN.pdf(.PDF) NroActua 4”
33
Declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-213 de 2020.
34
Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-242 de 2020.

7

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
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Referencia: Controversias Contractuales

en consecuencia, el mismo corrió hasta el 18 de agosto de ese año. Como la
demanda se instauró el 21 de julio de 2020, ésta se formuló en tiempo. De modo
que la Sala revocará la caducidad del medio de control declarada por el a quo.

34. Verificado lo anterior, corresponde determinar si se rompió el equilibrio
económico del contrato, en los términos precisados por DEINPRO; al efecto, se
estudiará el contenido del acta de liquidación bilateral del negocio jurídico, para
establecer si las reclamaciones en las que la demandante funda sus pretensiones
quedaron cobijadas en dicho finiquito. En caso afirmativo, se estudiarán los
aspectos que fueron debatidos en este proceso y que sean coincidentes con tal
reserva.

35. De acuerdo con el EGCAP, la liquidación de los contratos sometidos a tal
régimen constituye la fase de cierre integral y definitiva del contrato, cuya función
jurídica le ha merecido la calificación de corresponder al corte de cuentas del
negocio jurídico, no solo en perspectiva económica y contable, sino como un
verdadero ejercicio de verificación de lo que aconteció durante su ejecución a nivel
técnico, administrativo, económico y jurídico, con miras a establecer su completo
balance en todos estos aspectos.

36. A la misma se puede llegar de manera convencional o en ejercicio de una
prerrogativa del poder público –esta última fase reservada a los contratos regidos
por el EGCAP–. Cuando se arriba a través de un acuerdo de voluntades, por ser
contenedora de los designios de los sujetos negociales y de conformidad con los
efectos asignados por ley, emerge un negocio jurídico al que se le atribuyen los
efectos derivados de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602
del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil), de modo
que los pactos alcanzados adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser
desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas
mismas o por causas legales, respectivamente.

37. Dado su alcance definitorio de la relación contractual y su carácter de negocio
jurídico, en el acto de finiquito de mutuo acuerdo deben quedar reflejadas las
salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a
arreglos, pues de lo contrario se entenderá que el contrato se cerró en el estado
que declara el acta, es decir, sin reparo o conflicto sobre los puntos que no fueron
excluidos expresamente de la negociación.

38. De esta forma, el estudio de las pretensiones está hilado, de forma ineludible,
a la existencia de salvedades, no porque éstas constituyan un requisito de
procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, sino porque revelan un presupuesto
de orden material en punto a establecer cuáles aspectos no fueron objeto de
acuerdo, o respecto de los cuales se mantienen criterios de inconformidad o
autonomía, incidiendo de manera directa en la prosperidad de las pretensiones
formuladas. Por tanto, tales manifestaciones (i) deben quedar expresas en el acta
de liquidación, por estar referidas a un contrato estatal donde la forma escrita es
requisito ad substantiam actus; y (ii) deben tener contenido, esto es, suministrar un
mínimo de certeza y concreción que permita a las partes conocer qué aspectos no

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Referencia: Controversias Contractuales

quedan comprendidos en el acuerdo bilateral35; en otras palabras, no puede tratarse
de una expresión genérica de salvedad o vacía de contenido.

39. Las exigencias así expuestas, frente al objeto y fin del acto de liquidación de
los contratos sometidos al EGCAP, como el que atañe al sub-lite36, no provienen de
requerimientos jurisprudenciales, pues ésta solo los explicita a partir del contenido
ontológico del acta de liquidación bilateral del contrato, y reconoce sus efectos
normativos con la misma fuerza que proyecta el acuerdo primigenio; de modo que
si las partes se declaran a paz y salvo sin manifestación concreta de salvedad sobre
algún aspecto, se entiende que no existe inconformidad.

40. El negocio que fundamenta el sub examine, es el contrato No. 2195 de 2016,
cuyo objeto consistía en realizar la interventoría técnica, ambiental, administrativa,
financiera y contable para la construcción de pozos profundos en los municipios con
declaratoria de calamidad pública del departamento de Boyacá, a saber, Tinjacá,
Sutamarchán, Santa Sofía, Cómbita y Villa de Leyva37. En la cláusula décima
tercera se pactó que una vez terminado su objeto y recibido a satisfacción por parte
de la contratante, se procedería a efectuar su liquidación38.

41. Mediante acta del 29 de diciembre de 2017 se hizo constar la terminación del
contrato en mención39, y el 15 de marzo de 2018 las partes suscribieron el acta de
recibo a satisfacción40 y el acta liquidación bilateral41. Este último documento con
una descripción general del negocio jurídico, seguida de la indicación de su plazo,
prórrogas y del balance de pagos. Allí el consorcio plasmó una salvedad en los
siguientes términos (transcripción literal incluidos eventuales errores):

“Como contratista CONSORCIO POZOS PROFUNDOS BOYACÁ dejamos la
salvedad expresa sobre reclamación de restablecimiento económico del contrato
mediante oficio CE_0162-2017 de fecha 29 de septiembre de 2017. Se adjuntan dos
(2) folios, por consiguiente, nos reservamos el derecho de adelantar las acciones
judiciales pertinentes con el objeto del restablecimiento económico del contrato No.
2195 de fecha 26 de septiembre de 2016 y/o reclamaciones a que se tenga derecho,
de conformidad con las razones de hecho y derecho.
La Supervisión del contrato de interventoría aclara que no fue posible dar viabilidad a
la reclamación de equilibrio económico elevada por el Consorcio Pozos Profundos
Boyacá teniendo en cuenta que revisada la propuesta económica se evidenció el
anexo 6 -FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA. Contiene una nota la cual dice: EL
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE
ADMINISTRACIÓN, PERSONAL EXIGIDO, PRUEBAS Y/O ENSAYOS DE

35
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de octubre de 2022, radicación
250002326000201100557 01 (59.773).
36
Según el art. 1 de la Ley 80 de 1993 se rigen por dicho estatuto los negocios jurídicos que celebran las entidades estatales,
entre ellos los departamentos, según dispone el art. 2 ib. El contrato de interventoría sub examine está sometido al EGCAP,
pues fue suscrito por una entidad estatal –el departamento de Boyacá–.
37
El contrato de obra objeto de la interventoría fue el No. 1789 de 2016, celebrado entre el departamento y la unión temporal
Pozos Boyacá. Este negocio tuvo como antecedente la necesidad de optimizar la prestación del servicio de acueducto en los
municipios enunciados, como respuesta a las necesidades de agua potable requeridas debido al desabastecimiento
presentado por el fenómeno del niño, a través de la perforación de pozos profundos en estos territorios, con el fin no solo de
mitigar el déficit de agua, también de mejorar la calidad en la prestación del servicio de acueducto y complementar los sistemas
existentes (estudios previos del contrato de obra - índice 48, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo:
72_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_GOBER_1ESTUDIOSPREVIOS(.PDF) NroActua 48).
38
“CLAÚSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL. Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, lo que se hará entre el
SUPERVISOR y el CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere
lugar; esta liquidación se hará en un acta especial que requiere para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO”.
39
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 35_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 28.
Copia Acta Terminación.pdf(.PDF) NroActua 4.
40
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 33_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 26.
Copia Acta Liquidación.pdf(.PDF) NroActua 4.
41
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 34_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 27.
Copia Acta de Recibo.pdf(.PDF) NroActua 4.

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Referencia: Controversias Contractuales

LABORATORIO Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO
CONTRACTUAL. NO HABRÁ LUGAR A RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN
VALOR POR ADICIONES Y/O SUSPENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN. EL
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO ADICIONAL SE DARIA SOLO EN LOS CASOS
QUE SE ADICIONES (sic) EN VALOR AL CONTRATO DE OBRA, adicional a lo
anterior el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2195 DE 2016 se formuló por
avance de obra y no por tiempo”42 (mayúsculas del texto original).

42. Si bien de la manifestación llana del contratista no se extraen los motivos o
sucesos en que fundó su salvedad, lo cierto es que el consorcio Pozos Profundos
Boyacá sí expresó que su derecho a reclamar por vía judicial se fundaba en la
solicitud de restablecimiento económico del contrato expresada mediante oficio
CE_0162-2017 de fecha 29 de septiembre de 2017. En este documento fue
reiterada la solicitud de adición de valor del contrato, con base en “los antecedentes,
razones y hechos contenidos en documento ... con fecha 19 de septiembre de
2017”. De manera que, por vía de remisión, el contratista reiteró en el acta de
liquidación tal inconformidad respecto de la adición de valor del contrato 43. En este
último escrito se indicó lo siguiente (se trasncribe de forma literal, incluidos
eventuales errores):

“(…) De conformidad con los antecedentes y estudios previos del contrato de obra
pública, cuyo plazo de ejecución se estableció desde la fecha del acta de inicio
hasta el 30 de diciembre de 2016, así se dispone en la cláusula 6 del contrato 1789
2016; plazo que sirvió de referencia para establecer el plazo del contrato de
interventoría base, sobre la cual se estructuró la propuesta económica que fue
avalada por la gobernación.

El antecedente contractual muestra que por hechos ajenos a nosotros como
interventores el plazo del contrato de obra ha sido prorrogado por el departamento en
dos ocasiones prórroga que ha obedecido entre otras razones a inconvenientes de
orden técnico y social, demoras en el desarrollo de las actividades de perforación,
cambios de ubicación, necesidad de nuevos diseños y estudios de prospectiva geo-
eléctrica, adecuación de accesos, entre otros hechos no atribuibles a la interventoría,
por lo que nos hemos visto obligados a igualmente suscribir prórroga de nuestro
contrato de interventoría ajustadas a las vicisitudes del contrato de obra, sin que el
departamento haya reconocido valor alguno por nuestra actividad de interventoría, la
cual se ha mantenido en las condiciones técnicas propuestas durante las prórrogas,
con lo que se ha afectado de manera evidente el equilibrio económico del contrato,
que a la fecha no ha sido restablecido existiendo tanto elementos legales como
fácticos para atender nuestra petición.

En razón a tal antecedente nos vemos en la imperiosa necesidad de dejar
constancia expresa de nuestro inconformismo en cuanto a la prórroga del plazo
de nuestro contrato sin que se adicione el valor del mismo, con lo cual se ha generado
una afectación económica que hoy resulta insoportable, pues como se observa desde
el mes de enero mantenemos nuestra labor de interventoría sobre las obras objeto
de control, sin reconocimiento de valor adicional alguno que restablezca las
condiciones iniciales del contrato.

Bajo tal entendido, la firma de las prórrogas en el plazo de ejecución del contrato de
interventoría, se efectúan para evitar la afectación del servicio público y sin
desmedro de los derechos económicos que nos corresponden, bajo la
perspectiva del derecho a mantener las condiciones de conmutatividad del contrato,
pues no estamos obligados a trabajar a pérdida, por lo cual manifestamos que nos
reservamos el derecho a reiterar vía administrativa y/o judicial, si es del caso,
nuestra justa reclamación de ajuste al valor del contrato, de conformidad con el tiempo
que ha sido necesario prorrogar su duración ...”44 (resaltado del texto original).

42
Ibidem.
43
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 22_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 15
Actualización Propuesta 1 .pdf(.PDF) NroActua.
44
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 21_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 14
Salvedad Expresa.pdf(.PDF) NroActua 4.

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Referencia: Controversias Contractuales

43. Examinado el contenido de los escritos del 19 y 29 de septiembre de 2017,
la salvedad plasmada por el consorcio en el acta de liquidación bilateral se llena de
contenido, al paso que coincide con las reclamaciones que fundamentan el sub-lite.
Ante dicha constatación, la salvedad incluida por el contratista corresponde a una
expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su
inconformidad, pues revela concreción y expresión de las reservas que sobre la
liquidación bilateral hizo el consorcio contratista; por ende, resulta admisible que la
demandante reclame por tales conceptos en sede judicial.

44. El reproche central de la salvedad versa sobre el supuesto rompimiento de
la ecuación económica del contrato, con fundamento en la prolongación del plazo
inicial del negocio jurídico bajo examen, por razones ajenas al consorcio, que
generaron mayores costos al interventor que la entidad se negó a reconocer.

45. Para desatar esta censura, se trae de presente que el contrato No. 2195 se
suscribió el 26 de septiembre de 2016. Para su ejecución las partes pactaron que el
plazo correspondía al mismo del contrato de obra, objeto de seguimiento (cláusula
quinta45), por lo que su término inicial vencía el 30 de diciembre de 2016, dado que
el contrato de obra pública No. 1789 de 2016 fijó esa fecha (cláusula sexta 46). El
término final del negocio jurídico sub examine se vio afectado en virtud de cuatro (4)
acuerdos modificatorios suscritos por las partes. Como los reparos formulados por
DEINPRO se centran en la extensión del lapso negocial y en la ausencia de
reconocimientos adicionales por tales períodos, la Sala analizará lo estipulado en
dichos acuerdos, de los cuales se extracta lo siguiente:

Fecha 30 de diciembre de 2016
Causa Se encontraron justificadas las razones del contratista de la obra
para la ampliación del término de su contrato (no enuncia cuáles)
Adicional en
plazo No. 147 Lo i) Adiciona cuatro (4) meses al plazo inicial
convenido ii) En su cláusula cuarta se convino: “la presente prórroga no
generara (sic) ningún costo adicional para la entidad”.

Fecha 19 de abril de 2017
Causa a) Las causas climáticas extremas de frío en Santa Sofía
impidieron el trabajo en la jornada programada.
b) La población del municipio de Tinjacá se opuso a la
ubicación del pozo, por posible afectación de drenajes naturales.
c) Para el pozo de Sutamarchán, el municipio compró un
Adicional en predio en Saboyá, para el “procedimiento de exploraciones
plazo No. 248 subterráneas”, pero los habitantes de este último municipio de
negaron, lo que llevó a que su alcalde desistiera del proyecto de
perforación, por lo que se solicitó a la UPTC un estudio
hidrogeológico en Sutamarchán para la determinación de un
punto técnicamente propicio para la construcción del pozo dentro
de la jurisdicción de este último.

45
“CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El mismo del contrato de obra” (índice 4, SAMAI –
Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: “9_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 2 Contrato
Interventoria.pdf(.PDF) NroActua 4”).
46
“Cláusula 6 – Plazo del Contrato y Cronograma estimado de obra. El plazo de ejecución del contrato será hasta 30 de
Diciembre de 2016, a partir del acta de inicio previa legalización y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato …”
(índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 8_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 1
Contrato de Obra.pdf(.PDF) NroActua 4).
47
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 13_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 6
Modificatorio 1.pdf(.PDF) NroActua 4.
48
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 14_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 7
Modificatorio 2.pdf(.PDF) NroActua 4.

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Lo i) Adiciona el plazo del contrato en cuatro (4) meses más.
convenido ii) En la cláusula tercera se pactó que “en lo demás, las cláusulas
del contrato conservan su vigencia y alcance”.
Fecha 28 de agosto de 2017
Causa Se amplió el contrato de obra por un término de dos (2) meses
más, para la terminación del objeto en el municipio de Tinjacá,
dado que se levantó la medida cautelar que un juez había
impuesto frente a dicha obra.
Lo i) Se aumenta el plazo del contrato en dos (2) meses, por lo que
Adicional en
convenido el mismo pasa a ser de doce (12) meses y veinte 20 días.
plazo No. 349
ii) En la cláusula segunda se contempló: “[l]a presente adición no
altera el presente contrato ni el correspondiente registro
presupuestal vigente a la fecha y tampoco genera un costo
adicional para la entidad”.
iii) En la cláusula cuarta se pactó que “en lo demás, las cláusulas
del contrato conservan su vigencia y alcance”.
Fecha 27 de octubre de 2017
Causa El requerimiento del municipio de Santa Sofía, para continuar con
perforación del pozo en su territorio.
Lo i) Se prolonga el plazo del contrato en dos (2) meses más, por lo
convenido que éste queda en catorce (14) meses y veinte 20 días. De modo
Adicional en que la nueva fecha de terminación del negocio es el 30 de
diciembre de 2017.
plazo No. 450
ii) En su cláusula segunda se estableció: “[l]a presente adición no
altera el presente contrato ni el correspondiente registro
presupuestal vigente a la fecha y tampoco genera un costo
adicional para la entidad”.
iii) En su cláusula cuarta se pactó que “en lo demás, las cláusulas
del contrato conservan su vigencia y alcance”.

46. En los otrosíes 1, 3 y 4 se incluyeron cláusulas en las que se expresó que las
referidas prórrogas no implicaban valores adicionales a cargo de departamento –tal
como se desprende de la manifestación de no generar mayores erogaciones, como
también de aquellas estipulaciones que luego de aumentar el plazo precisaron que,
en todo lo demás, las partes mantenían el alcance de los pactos vigentes, lo que
incluyó el valor del contrato–.

47. La expresión de voluntad así emitida, que no fue cuestionada en sede de
validez, ni refutada por la presencia de un vicio del consentimiento bajo el sub-lite,
se constituye en ley para las partes. Ello se explica en la aptitud que el legislador
atribuye a la autonomía de la voluntad, como fuente de obligaciones (art. 1494 del
Código Civil) que, junto al reconocimiento de la capacidad de los sujetos en el tráfico
negocial, revela que son ellos los llamados a definir si el curso de la ejecución
contractual y los sucesos que surgen de tal itinerario impactan o no en el
componente económico del contrato, y/o en otros aspectos. Bien puede ocurrir que
las circunstancias específicas en que transcurre el negocio lleven a concluir que no
se genera un mayor valor, pues no necesariamente la ampliación del plazo está
atada al reconocimiento de mayores erogaciones, y ello pasa por múltiples factores,
la asunción de riesgos, el alcance de la prestación debida y su valoración, e incluso
por análisis de cumplimiento, según el caso.

48. Los pactos acabados de aludir, revelan que el consorcio interventor al
declarar su voluntad en los términos establecidos en cada prórroga, signó su
consentimiento en la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa
49
índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 15_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 8
Modificatorio 3.pdf(.PDF) NroActua 4.
50
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 16_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 9
Modificatorio 4.pdf(.PDF) NroActua 4.

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manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato. Por tanto,
no es posible entender que lo manifestado no era lo querido, ni la Sala puede,
apartado de un reproche de esta categoría, dar a tal sujeto un tratamiento que
comprometa su capacidad.

49. En el marco de la libertad negocial y en respeto de la buena fe, no resulta
jurídicamente admisible que la sociedad luego de sentar su aprobación respecto de
la ausencia de un impacto económico en cada prolongación del vínculo
convencional, posteriormente, y de forma unilateral, pretenda apartarse de ella,
desconociendo los términos en que quedó trabada la negociación en cada
prórroga51; una postura en tal dirección supone un apartamento de lo estipulado y
desconoce que los pactos alcanzados, son contenedores de obligaciones llamadas
a cumplirse.

50. La Sala no se debate en si las prórrogas 1, 3 y 4 debieron haber incorporado
reconocimientos económicos adicionales, pues para ello las partes expresaron su
mutuo acuerdo –y bien podía el actor, bajo su tesis, reseñar si estaba siendo
compelido a suscribir tales prórrogas–, sino que optó por manifestar su voluntad en
consenso con la de la entidad, para luego intentar recogerla con una comunicación
unilateral, desprovista del efecto vinculante que sí generó cada otrosí.

51. En este orden de ideas, las previsiones que consagran la no generación de
sobrecostos para la entidad se tornan definitivas; lo anterior, por cuenta de la
facultad de autorregulación de los contratantes en el concierto de sus voluntades,
al disponer que no habría ningún efecto económico por cuenta de la ampliación del
plazo. De suerte que se impone a la Sala reconocer en tales pactos de fuerza
coercitiva del derecho y descartar el fundamento de las reclamaciones atinentes a
los acuerdos modificatorios 1, 3 y 4. No se trata de entender que se debieron dejar
salvedades, pues además de que la ausencia de las mismas carece de efectos
preceptivo o condicionante, la Sala sí repara en que las manifestaciones del actor,
sobre la vigencia de los demás aspectos del contrato, transitó en la confirmación del
acuerdo primigenio y, con él, del equilibrio económico que no se veía alterado.

52. De manera distinta, en relación con el pacto modificatorio No. 2, la Sala se
percata de que las partes se abstuvieron de contemplar una estipulación en los
términos acabados de desarrollar, es decir, allí hubo una negociación diversa a la
alcanzada en los otros escenarios señalados. Sobre el particular, conviene aclarar,
como se viene indicando, que el silencio no tiene efectos dispositivos, es decir, no
conduce a entender que una omisión en tal escenario denote, por sí misma, una
renuncia a reclamaciones futuras, por cuanto ello conduciría a desconocer el
contenido transaccional dispuesto por las partes e imponerles obligaciones de
conducta que la ley no exige, como se indicó en la sentencia de unificación proferida
por la Sección Tercera de esta Corporación el 27 de julio de 2023 (exp. 39.121).

53. Así que este escenario, comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de
201752. quedó fuera de las estipulaciones de las partes de conservar los elementos

51
En este mismo sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2022, radicación 2500023260002011 01389 01 (68443), Consejera Ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico.
52
Se recuerda que el plazo del negocio jurídico, en virtud de los acuerdos suscritos, se resume así:

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del acuerdo no modificados, o de señalar que no se generaban erogaciones
adicionales por el aumento de plazo. Durante este lapso, el contratista, mediante
escrito del 12 de junio de ese año53, pidió a la entidad adicionar el contrato en la
suma de $259’121.034, pues para ese momento el plazo había aumentado a 10
meses y 20 días, pese a que la propuesta se confeccionó para un término de 2
meses y 20 días, lo que le produjo mayores costos de personal, bienes y servicios,
requeridos para la ejecución de la interventoría por el tiempo añadido.

54. Frente a tal petición, el departamento, el 29 de septiembre de 201754, señaló
que era necesario que la Secretaría de Hacienda se pronunciara sobre la nota
incluida en el anexo 6 de la oferta económica, en tanto ella podía impedir el estudio
de la solicitud económica realizada por el consorcio.

55. El 29 de diciembre de 201755, el supervisor del contrato, frente a las
peticiones de “adición en dinero o restablecimiento del equilibrio económico”
formuladas por el contratista, le hizo los siguientes requerimientos: (i) que el acta
respectiva debía estar respaldada con los informes de cada integrante del personal;
(ii) que debía aportar el soporte individualizado de los bienes utilizados para la
prestación del servicio, durante el supuesto período de desequilibrio; (iii) la
evaluación del rompimiento aducido tenía que hacerse respecto de cada locación
trabajada, comoquiera que la interventoría estaba supeditada al avance de la obra;
(iv) indicó que no era posible estudiar ni acceder al pedimento del contratista, hasta
tanto se justificara un informe detallado, mensual y respaldado los mayores costos
solicitados (mediante contratos, facturas y otros); (v) y, precisó que sólo se podía
aumentar el valor del contrato de interventoría si se adicionaba el contrato de obra,
pues la nota incluida en el anexo 6 –formato de oferta económica– indicaba:

“el valor total de la interventoría incluye todos los costos de administración, personal exigido,
pruebas y/o ensayos de laboratorio y demás necesarios para la verificación de la calidad y
cumplimiento del objeto contractual. No habrá lugar a reconocimientos económicos en valor
por adiciones y/o suspensiones en el plazo de ejecución. El reconocimiento económico
adicional se dará solo en los casos en que se adicione en valor al contrato de obra”56.

56. La nota referida –reconocida por ambas partes– hizo parte del clausulado del
acuerdo de voluntades, en tanto que integraba la oferta económica, pues la cláusula
vigésima primera señaló que el contrato se conformaba por “los estudios de
conveniencia y oportunidad, propuesta presentada por el CONTRATISTA, pliegos
de condiciones, contrato legalizado ... las actas y demás documentos emanados de
las partes durante la ejecución del contrato”57.

Contrato 2195 de 2016
Término pactado Fecha de extensión del negocio
Plazo original 30 de diciembre de 2016
Prórroga 1 (4 meses) 30 de abril de 2017
Prórroga 2 (4 meses) 31 de agosto de 2017
Prórroga 3 (2 meses) 31 de octubre de 2017
Prórroga 4 (2 meses) 30 de diciembre de 2017
53
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 20_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 13
Solicitud Adicional.pdf(.PDF) NroActua 4
54
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 28_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 21.
Copia Oficio 28-Sep-2017.pdf(.PDF) NroActua 4
55
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 31_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 24.
Copia oficio 29-Dic-2017.pdf(.PDF) NroActua 4
56
Ibidem.
57
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: “9_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 2
Contrato Interventoria.pdf(.PDF) NroActua 4

14

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

57. La Sala precisa que si bien no fueron aportados al plenario los pliegos de
condiciones del concurso de méritos CM-GB-06-2016 –que dio lugar al contrato
sometido a estudio– ni el anexo 6, concerniente al formato de la oferta económica,
dentro de la propuesta formulada por el consorcio58, lo cierto es que al consultar
esos documentos en el SECOP I59 se verificó la inclusión de la mencionada nota,
en los términos exactos consignados por el supervisor del pacto, mediante el escrito
del 29 de diciembre de 2017, ya citado. El examen de dicha plataforma virtual es
procedente, porque es el principal medio de divulgación de la contratación estatal
en Colombia60, entre otras características, y de acuerdo con su reglamentación el
departamento debía publicar allí los documentos y actos administrativos de la etapa
precontractual, así como los relativos al desarrollo y finalización del negocio jurídico,
como en efecto aparece publicado.

58. Esta Subsección, en recientes oportunidades61, ha señalado que en casos
como el sub examine la carga de la prueba se matiza en virtud del deber de las
entidades demandadas de “allegar el expediente administrativo que contenga los
antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder”
establecido en el parágrafo primero del art. 175 del CPACA; además, como en el
presente asunto el a quo ofició en curso de la audiencia inicial al departamento, para
que allegara los estudios previos y pliegos de condiciones de la licitación pública
No. GB-PB-001-016, que derivó en el contrato de obra pública No.1789 de 2016,
así como los documentos contentivos del concurso de méritos No. CM-GB-06-2016,
que dio lugar al contrato de interventoría No. 2195 de 2016, sin que aquel atendiera
el mandato de remitir la información relativa al concurso de méritos62, la Sala está
habilitada para acudir a los medios electrónicos de divulgación de la información de
los procesos contractuales de las entidades públicas, particularmente al SECOP
que posee las piezas del expediente administrativo necesarias para fallar.

59. Es preciso aclarar que el entendimiento de la nota incluida en la oferta
económica debe hacerse en línea con la naturaleza del contrato del que hace parte,
lo que descarta la realización de un examen aislado, sin referente en la estructura y
caracterización del negocio jurídico, pues de su estirpe y alcance habla la
integralidad de este acuerdo de voluntades.

60. Al respecto, conviene indicar que la interventoría, a voces del art. 32 de la
Ley 80 de 1993, está tipificado como un contrato de consultoría, cuyo objeto es
seguir, verificar y promover la correcta ejecución de otro contrato. El art. 83 de la
Ley 1474 de 2011 señala expresamente que tanto las labores de supervisión como
las de interventoría comportan “el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del
contratista”, por lo que quienes las desempeñen están facultados para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo del contrato y,
paralelamente, asumen la responsabilidad de mantener informada a la entidad
contratante respecto de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en
58
El resto de los documentos de la propuesta del consorcio si fueron aportados; pero en el archivo adjuntado no se observa
el referido anexo. Ver: índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 10_ED_EXPEDIENTE
DIGITAL_Prueba No 3 Propuesta Presentada.pdf(.PDF) NroActua 4.
59
Consultado en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5488213
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de
2024, radicación 08001-23-33-000-2019-00567-01 (70198), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
61
Ibidem.
62
Como se constata al verificar los documentos visibles en el índice 48, SAMAI, Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–

15

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

riesgo el cumplimiento del objeto pactado, o cuando el incumplimiento se presente 63,
conforme al alcance asignado a esta forma de seguimiento –ya sea técnico, jurídico,
ambiental, financiero, algunas de éstas, o todas ellas–.

61. De ahí que su objeto quede circunscrito al campo de control de otro contrato,
razón por la cual entre ambos negocios (el de interventoría y el que es objeto de
seguimiento) se configura un nexo connatural propio de este tipo negocial, sin que
por ello se desvirtúe su carácter autónomo. Así, la prórroga del contrato de obra no
implica, por sí misma, la prórroga del contrato de interventoría64; a su vez, el
incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato vigilado no conlleva, por sí
sólo, el de las obligaciones de la interventoría, por cuanto la labor de este último
consiste en realizar la vigilancia del contrato objeto de seguimiento como un encargo
que es de medios, no de resultado; y menos tiene por fin otorgar una garantía o aval
de cumplimento del negocio jurídico materia de supervisión65.

62. La individualidad de cada negocio jurídico afianza la premisa de que éstos
no comparten suertes; basta observar el objeto y obligaciones de cada cual para
discernir, con meridiano acierto, la frontera que los distingue pues, se itera, uno
corresponde al sustrato material del otro, en el contexto general que explica esta
tipología negocial. Ambos casos afiliados al carácter conmutativo inherente a esta
clase de acuerdos, como lo establece el EGCAP al regular, principalmente,
relaciones negociales de carácter conmutativo66.

63. En compendio de lo dicho, el contrato de interventoría en estudio se
estructuró como un negocio que “tiene por objeto supervisar o vigilar que la obra se
construya de conformidad con lo estipulado en el contrato” 67. Tiene naturaleza
conmutativa, ya que desde la fase precontractual, y como base de su celebración,
se establecieron obligaciones recíprocas y equivalentes para las partes: el
Interventor a realizar el seguimiento y control de la ejecución del contrato de obra
(cláusulas primera y novena), y el departamento a “desembolsar las sumas
pactadas de acuerdo con la forma de pago descrita” (cláusula octava).

64. En reciente oportunidad esta Subsección68 se ocupó de explicar la naturaleza
de los contratos conmutativos. De acuerdo con lo previsto en el art. 1498 del C.C.,
corresponde a aquellos en que las prestaciones asumidas por cada parte se miran
como equivalentes. En este sentido, el contrato de carácter conmutativo revela la
sincronía entre las prestaciones adquiridas por las partes, en tanto que, lo que una
se compromete a dar o hacer es proporcional a lo que la otra se obliga a su vez, a
dar o hacer, de forma recíproca; allí se funda el equilibrio inicial de las prestaciones

63
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, Rad 25000233600020140033201
(56.854), y sentencia del 5 de mayo de 2025, radicación 25000233600020210004301 (70.270). C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
64
Esta Corporación ha señalado de forma pacífica lo siguiente: “ … la Sección Tercera ha caracterizado la interventoría como
un contrato íntimamente relacionado en su objeto con el de obra respecto del cual ejerce su actividad el interventor, y como
un contrato que a pesar de lo anterior, resulta independiente de éste en aspectos específicos como la prórroga y el
incumplimiento, esto es, que la prórroga de la obra no implica de suyo la del interventor y que el incumplimiento del contrato
de obra jamás significa por sí solo el incumplimiento del de interventoría” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, sentencia del 28 de febrero de 2013, Rad 25000232600020000073201(24266), C.P. Danilo Rojas Betancourth..
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de mayo de
2025, radicación 25000233600020190063001 (70.671), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
66
El art. 28 de la Ley 80 de 1993 impone que la interpretación de los contratos sometidos a ese régimen deba guiarse, entre
otros, por el “equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de febrero de 1995,
expediente 3142.
68
Expediente 70.671 Ib.

16

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

de cada sujeto negocial. Si bien las partes pueden pactar algún modo de exigibilidad
de la contraprestación, tales estipulaciones no alteran la existencia misma del
derecho de crédito, sino únicamente el momento en que resulta procedente exigir
su satisfacción.

65. Bajo esta plataforma debe leerse la nota incluida en el anexo 6 de la
propuesta. Allí se indicó que “[n]o habrá lugar a reconocimientos económicos en
valor por adiciones y/o suspensiones en el plazo de ejecución [del contrato de
interventoría]. El reconocimiento económico adicional se dará solo en los casos en
que se adicione en valor al contrato de obra”69. Si bien tal declaración podría tener
génesis en la distribución de riesgos del contrato, o en el alcance de la prestación
debida por el interventor, en este caso la expresión genérica allí descrita realmente
configura una renuncia a la posibilidad futura de acceder a una adición de recursos,
sólo por cuenta del tiempo que se agregue al contrato de obra, o en los casos de
una suspensión, a la llana.

66. Lo anterior, deja al descubierto que una manifestación en tal sentido,
desprovista de un límite temporal, repercute de manera directa y negativa en la
naturaleza conmutativa del contrato, en tanto inunda de incertidumbre el momento
hasta el cual ha de prestar el servicio para el cual fue contratado, sin indagar en
más razones que un referente temporal; y riñe, a su turno, con el principio de buena
fe negocial, pues el interventor quedaría comprometido, aun sin mediar un análisis
de las causas que dan lugar a las adiciones en tiempo o las suspensiones, a
continuar la actividad contratada y a asumir los efectos económicos por el mayor
tiempo de vigilancia de la obra, incluso si a tal escenario se llega por causas
asociadas únicamente a la responsabilidad del contratista de obra, o imputables a
la propia entidad pública, pues el referente fue sólo el tiempo. Lo que conduce a que
una interpretación de tal talante respecto de la manifestación así consignada en el
anexo referido, carezca de respaldo en el ordenamiento jurídico.

67. Frente a las renuncias de los contratistas o el abandono de peticiones y
reclamaciones, el art. 5.3 de la Ley 80 de 1993 establece:

“ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.
Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los
contratistas: …
3. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los
derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o
vulneren.
Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones, ni la
adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación
de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono
de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de este” (resaltado
añadido).

68. A su turno, el art. 24 de la misma norma determina:

“ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este
principio:
(...)
5o. En los pliegos de condiciones:

69
Esta nota está incluida tanto en el formato de la oferta económica de los pliegos de condiciones, como en la propuesta
presentada por el consorcio, tal como se verificó al consultar el SECOP I (Al respecto, ver:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5488213).

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Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

(...)
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni
exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que
se suministren.
(...)
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los
contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados”

69. De las anteriores normas, se lee que el legislador restringe que las entidades
condicionen, entre otras, la adición o prórroga de los contratos, a la renuncia de
presentar reclamación administrativa, judicial o extrajudicial por tales conceptos70, y
establece que serán ineficaces de pleno derecho aquellas previsiones, incluidas las
dirigidas a establecer exenciones de responsabilidad, ya sea de forma directa o
indirecta.

70. En este escenario, es claro que la proscripción establecida para la entidad se
refiere a que se condicione la modificación del contrato y, procesalmente, la
demostración de que se dio tal condicionamiento por la Administración; de lo
contrario, la renuncia resulta válida71.

71. La nota incluida en el anexo No. 6 ya referido, evidencia un condicionamiento
a la modificación del contrato. El aserto relativo a que no habrá reconocimientos
económicos por las adiciones o suspensiones de su plazo, a menos que se adicione
en valor el contrato de obra, consiste en “un acontecimiento futuro, que puede
suceder o no” –definición de condición, a voces del art. 1530 del C.C.–, que supedita
el aumento del precio a un factor externo, como lo es la adición del contrato de obra
objeto de control.

72. Si bien el establecimiento de una condición suspensiva es admitido en
cualquier clase de negocio jurídico, lo cierto es que tal posibilidad se cierra cuando
su pacto suponga la afectación del contrato en el que se incluyó. La nota examinada
devela una limitación al mantenimiento de las condiciones de equivalencia
convenidas dentro del contrato de interventoría, en tanto restringe la adición de
precio a todos los eventos en que éste se prorrogue o suspenda, procediendo sólo
cuando se adicione el valor del contrato de obra, sin examinar la responsabilidad u
origen de sus causas.

73. Como se viene indicando, una estipulación así dispuesta no sólo desconoce
la autonomía e independencia que existen entre el contrato de interventoría y el que
es objeto de verificación, también pasa por alto el deber de las entidades de adoptar
mecanismos de remediación, a fin de mantener la igualdad o equivalencia de
obligaciones surgidas al momento de contratar –art. 27 de la Ley 80 de 1993– y con
ello conservar la conmutatividad de las prestaciones establecidas.

74. Ciertamente, la condición así dispuesta deriva en una renuncia a futuras
reclamaciones –lo que difiere de aquellos pactos en que las partes expresan la
renuncia a perseguir reconocimientos frente a circunstancias actuales y ciertas, no

70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de
2023, radicación 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62400), Consejero Ponente: Freddy Ibarra Martínez.
71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de marzo de
2025, radicación 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709), Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata.

18

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

futuras, que son susceptibles de ser analizadas antes de efectuar una manifestación
en tal sentido–. De admitirse la renuncia anticipada, además de contravenir la norma
que califica de ineficaz una estipulación así, se desconocería que el valor del
contrato de interventoría no se ata al éxito o a las modificaciones del negocio jurídico
vigilado, como atrás quedó visto, además de contraponerse con su naturaleza
conmutativa.

75. En este orden de ideas, la nota del pluricitado anexo 6 revela un evento que
supedita la adición del precio de la interventoría a un supuesto particular y, por esa
vía, impide las reclamaciones económicas fundamentadas en otros sucesos, lo que
ciertamente denota una renuncia a formular reclamación judicial por esos conceptos
y materializa la prohibición que el EGCAP contiene en ese sentido; razón por la cual
la Sala le otorgará el tratamiento de la ineficacia de pleno derecho que el legislador
ha dispuesto para estos eventos.

76. Ante tal constatación, si se demuestra que el contrato de interventoría se
amplío en plazo y que durante este interregno se ejecutaron actividades propias de
la labor de seguimiento, vigilancia y verificación del contrato de obra, no hay razón
para desconocer los mayores costos en que incurrió el interventor, siempre que el
contratista no haya renunciado a su reconocimiento en los acuerdos por medio de
los cuales se estableció la prórroga negocial y, además, acredite la causación de
las mayores erogaciones que le implicó ese mayor tiempo de despliegue de su
labor. Lo anterior, al amparo del art. 167 del CGP que establece como carga de los
sujetos procesales la de conducir al juez a un estado de certidumbre sobre los
hechos que profesan –para el actor en lo relacionado con sus súplicas y los
supuestos que las cimientan, y para el demandado el sustento de sus excepciones
o razones de defensa–.

77. La génesis del litigio planteado por la sociedad se funda en la modificación
sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, por hechos ajenos a
las partes contratantes. Las consideraciones del pacto modificatorio No. 2 –respecto
del cual se examina la acreditación de las reclamaciones económicas– muestran
que fueron supuestos externos al consorcio y al departamento los que motivaron
ese acuerdo de prolongación del tiempo negocial, en tanto se trató de sucesos que
alteraron la ejecución de la obra y, correlativamente, la tarea de verificación y
seguimiento a cargo de la interventoría.

78. Dichos hechos consistieron en72: (i) se construyó un pozo profundo con
capacidad de 5 litros/segundo en el municipio de Cómbita, pero aún estaba
pendiente la construcción de la caseta de control y cerramiento; (ii) se replanteó el
diseño propuesto para el pozo profundo de Villa de Leyva, cambiando la profundidad
de perforación de 500 a 242 mts, faltando el entubado, engravillado, lavado de pozo,
elaboración del sello sanitario, la prueba de bombeo y la construcción de caseta de
control y cerramiento; (iv) en Santa Sofía la obra avanzó en un 13%, porque las
condiciones de frío extremo impidieron adelantar el turno de doble jornada previsto;
(v) el pozo de Tinjacá se encuentra en límites con el pozo de Chiquinquirá, y la
población de este último municipio se opuso al proyecto, mediante la presentación

72
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 14_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 7
Modificatorio 2.pdf(.PDF) NroActua 4.

19

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
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Referencia: Controversias Contractuales

de una acción popular y varias acciones de tutela; y (vi) Sutamarchán compró un
predio en el municipio de Saboyá, en el cual realizaría el pozo; sin embargo, desistió
de su ejecución en ese terreno, porque los ciudadanos de Saboyá rechazaron la
obra, razón por la cual Sutamarchán tuvo que contratar a la UPTC, a fin de que
realizara un nuevo estudio hidrogeológico que sugiriera el punto técnicamente
propicio para la perforación.

79. En estos términos, la prórroga del negocio, durante el lapso estudiado,
provino de situaciones externas a los contratantes, por lo que corresponde a la Sala
determinar si durante ese período, del 1 de mayo al 31 de agosto de 2017, el
consorcio prestó la labor para la cual fue contratado y el impacto de esta actividad,
a fin de establecer si fue capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en
que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación
contractual acordada.

80. Obran en el plenario las actas parciales del contrato, en particular: (i) la No.
2 que comprende el interregno del 24 de marzo al 18 de julio de 2017. En esta se
estableció que el valor a pagar por ese tiempo correspondía a $78’427.475 73; (ii) la
No. 3 que se refiere al lapso del 19 de julio al 21 de diciembre de 2017, por el monto
de $29’877.133,5274; y (iii) el acta de recibo final a satisfacción y de liquidación, del
29 de diciembre de 2017, en la que se registró un monto a liberar (saldo sin ejecutar
por parte del contratista) de $70’958.192,4875.

81. Los valores referenciados en los anteriores documentos se ciñeron al precio
del contrato, sin considerar su aumento o sin plasmar valores de ejecución que lo
superaran. Como se señaló, se liberó una cifra a favor de la entidad, por lo que no
se utilizaron, inclusive, la totalidad de recursos contemplados desde la celebración
del negocio, tal como se evidencia de la siguiente relación contable –visible tanto
en el acta de recibo final76 como en el acta de liquidación del negocio77–:

82. En esa medida, aun cuando las referidas actas parciales demuestran el
ejercicio de la labor de interventoría durante el tiempo atinente a la prórroga 2, lo
cierto es que no se probó que tal despliegue de la actividad generara una situación
deficitaria en el balance financiero global del contrato, pues el art. 5.1 de la Ley 80
de 1993 dispone que la ecuación contractual debe restablecerse a un “punto de no

73
índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 36_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 29
Copia Actas Parciales.pdf(.PDF) NroActua 4
74
índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 36_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 29
Copia Actas Parciales.pdf(.PDF) NroActua 4
75
índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 33_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 26.
Copia Acta Liquidación.pdf(.PDF) NroActua 4
76
Ibidem.
77
índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 34_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 27.
Copia Acta de Recibo.pdf(.PDF) NroActua 4

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Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
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Referencia: Controversias Contractuales

pérdida” cuando la alteración es causada por situaciones imprevistas y no
imputables a las partes, toda vez que lo que se demostró es que se usaron los
dineros previstos para el efecto y que, incluso, el departamento tuvo un saldo a su
favor, por cuenta de un porcentaje de la actividad que se dejó de ejecutar. Además,
no existen otros medios de convicción en el expediente que permitan refutar dicho
ejercicio, o conduzcan a un análisis diverso, de modo que la Sala debe estarse a lo
registrado en los documentos referidos.

83. De otra parte, llama la atención que la prórroga No. 3 se sustentó en la
necesidad de agregar dos (2) meses al plazo, con ocasión del levantamiento de una
medida cautelar ordenada en una acción popular, respecto de la obra del municipio
de Tinjacá78, lo que impedía su avance. Esto demuestra que, al menos en lo que
respecta a esa entidad territorial, el consorcio no efectúo labores de seguimiento y
vigilancia del proyecto durante el interregno atinente al pacto modificatorio No. 2, y
ello se consideró en las motivaciones de esa tercera prórroga. Esta observación es
relevante, en tanto refleja la necesidad de contar con elementos de prueba sobre la
ejecución de las actividades que realmente efectuó el interventor durante el lapso
en estudio, aserto que lejos de ser trivial, lleva a la Sala a constatar el
incumplimiento de la carga del actor de probar los supuestos que le correspondían,
a fin de lograr el reconocimiento económico solicitado, pues no hay medios
demostrativos que acrediten las actividades ejecutadas.

84. Sumado a lo anterior y como las censuras de la demandante dejan entrever
su desacuerdo con lo dispuesto en los documentos contractuales, entre ellos, las
mencionadas actas –en el evento de considerar que éstas sí reflejan una certera
prestación de la labor, más allá de los cuestionamientos planteados frente a las
mismas– la realidad procesal revela que la sociedad no acreditó el efectivo
desembolso de los supuestos gastos adicionales en los que incurrió con la prórroga
No. 2.

85. El expediente es huérfano en insumos que prueben los mayores costos,
comoquiera que la sociedad se limitó a aportar un documento contentivo del
“presupuesto general”79, en el que expresó los mayores valores en que incurrió al
desplegar la consultoría durante las prórrogas, sin soportar tales cifras en elementos
demostrativos que constataran su efectiva generación; lo que no se cumple con el
cuadro referido.

86. El documento de presupuesto adicional refleja los gastos en los que el
contratista adujo haber incurrido para mantener la interventoría por el total de los
meses adicionados, los cuales tasó en la cifra de $479’345.035; para el efecto, se
basó en la estimación de los costos en que respaldó su oferta económica –como se
advierte al cotejar aquel con el presupuesto que soportó su oferta 80–; sin embargo,
estos documentos no son suficientes para acreditar los reconocimientos pedidos
por la demandante, por las razones que pasan a exponerse.

78
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 15_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 8
Modificatorio 3.pdf(.PDF) NroActua 4
79
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 37_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 30.
Presupuesto estimado.pdf(.PDF) NroActua 4
80
Visible en el SECOP I.

21

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

87. Según el oficio CE_0154-2017 del 19 de septiembre de 2017, suscrito por el
consorcio, el “contrato de interventoría se ofertó para CINCO MESES”, lo anterior
revela una contradicción con lo pedido en el sub examine, por cuanto la demandante
aduce que el precio propuesto inicialmente se ciñó al plazo original, esto es, al 30
de diciembre de 2016 (2 meses y 18 días, ya que el acta de inicio s e suscribió el
12 de octubre de ese año81). Estas incoherencias en punto al período que cobijaba
el presupuesto que soportó la oferta económica, no hace más que producir dudas
en sobre el alcance del mismo y los valores que realmente comprendía, y
correspondía al actor dar cuenta de ellas y de su precisión en juicio.

88. Con todo y aun de tener convicción sobre el interregno sobre el cual se
estipuló la oferta económica, frente a la que se efectuó la adjudicación con efectos
vinculantes, lo cierto es que el simple aporte del mencionado presupuesto general
de los gastos por los meses de la prórroga no es suficiente para tener por
acreditados los ítems allí contemplados, pues no se probaron estos últimos y no
basta con su mera enunciación en juicio para tenerlos como efectivamente
causados. Se echan de menos, a título ilustrativo, contratos de trabajo del personal
vinculado, comprobantes de egreso del interventor, contratos de arrendamiento de
la oficina arrendada para la labor, así como del vehículo automotor alquilado para
ello (ya que se incluyeron estos ítems en el presupuesto), facturas de servicios
públicos domiciliarios de la oficina, cuentas de cobro de los ensayos de laboratorio
efectuados, soportes de pago de la papelería (porque también fue sumado como un
ítem), entre muchos otros medios de prueba que pudo aportar la demandante como
respaldo de los desembolsos efectuados durante el período de extensión del
negocio jurídico reclamado.

89. Del solo cuadro de presupuesto no es posible derivar mérito demostrativo,
en éste se hace una relación de los gastos previstos por mes de interventoría,
cuando el simple transcurso del tiempo no implica el reconocimiento de mayores
costos, ni son equivalentes, pues éste último pende de su demostración efectiva en
los términos arriba señalados, y se constata el vacío probatorio sobre los días o
períodos en que se prestaron los servicios y la acreditación de los pagos generados
por tales conceptos. Ninguno de estos elementos fue aportado, y del acta de
liquidación del contrato emerge un saldo no ejecutado a favor del departamento, lo
que denota únicamente un porcentaje de la actividad que se dejó de ejecutar, es
decir periodos de inactividad, sin poder arribar a un escenario diverso con los
elementos de prueba aportados.

90. Por tanto, pese a que se considera ineficaz la previsión que restringió la
adición del precio a un solo evento, lo cierto es que la demandante no logró
demostrar el despliegue y prestación de los insumos reclamados, ni, por tanto, la
ruptura del sinalagma negocial, por lo que se negarán las súplicas formuladas en
este sentido.

91. A título conclusivo, la Sala resalta que, mediante oficio CE_0189-2017 del 29
de diciembre de 201782, el contratista renunció a suscribir suspensiones o una

81
índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 12_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 5 Acta
de Inicio.pdf(.PDF) NroActua 4.
82
Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–, archivo: 39_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 32.
Copia Renuncia Interventoria 1 .pdf(.PDF) NroActua 4

22

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

nueva prórroga del contrato (la quinta), pues manifestó su inconformidad con la falta
de adición de recursos, dado que le producía una afectación económica. Lo anterior,
refleja su libre decisión de negarse a continuar con el negocio, a la vez que respalda
que en otras oportunidades expresó su voluntad de que no se generaban costos
adicionales. En el devenir negocial se observan las distintas posturas por las que se
decantó el contratista, toda vez que frente a las prórrogas No. 1, 3 y 4 fue expreso
en que no se generaban mayores valores con la ampliación del plazo; y con la
prórroga No. 2 conservó la posibilidad de pedir reconocimientos económicos. De
modo que son claros los discernimientos que dirigieron el actuar del demandante
en el avance del contrato, y confirma la tesis que la Subsección ha planteado al
analizar los reclamos formulados.

92. En este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia impugnada por
considerar que no se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad, y negará las
pretensiones de la demanda.

Costas

93. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que se condenará
en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…)”.

94. A su turno, el núm. 4 del art. 365 del CGP consagra que “cuando la sentencia
de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias”. En este caso comoquiera que
prosperaron las censuras del actor frente la decisión de primer grado que declaró la
caducidad del medio de control, la Sala no condenará en costas por la primera
instancia. Y considerando que DEINPRO es la parte vencida en el proceso pues sus
pretensiones fueron resueltas desfavorablemente, se le condenará únicamente por
las costas de segunda instancia.

95. Motivo por el cual la Sala fijará las agencias en derecho para esta instancia,
a cargo de Desarrollo Integral en Proyectos de Ingeniería –DEINPRO Ltda.– en el
monto de 1 SMLMV, según lo establece el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016,
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, que declaró la
caducidad del medio de control y, en su lugar, se dispone NEGAR las pretensiones
de la demanda.

23

Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)
Demandante: Desarrollo Integral en Proyectos de
Ingeniería –DEINPRO Ltda.–
Demandado: Departamento de Boyacá
Referencia: Controversias Contractuales

SEGUNDO: CONDENAR en costas, únicamente por esta instancia, a Desarrollo
Integral en Proyectos de Ingeniería –DEINPRO Ltda.– en el monto de 1 SMLMV y
a favor del Departamento de Boyacá.

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

24

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