Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00630-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2019-00630-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00630-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00630-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 25000233600020190063001 (70.671)
Demandante: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: NEXO ENTRE EL CONTRATO DE OBRA Y EL DE INTERVENTORÍA - En los contratos de obra
celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con
una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista (Ley 80 de 1993, art. 32.1). En
estos casos, si bien cada contrato conserva su individualidad jurídica, existe entre ellos un nexo funcional
reconocido por el ordenamiento. / MODALIDAD DE REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO - La modalidad de
remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio.
Según el esquema acordado, este puede corresponder a un precio fijo global, al reembolso de costos directos más
una suma fija, o a un monto calculado con base en un factor multiplicador aplicado sobre los salarios del personal,
incluyendo los costos de administración y la utilidad, entre otros. / INTENCIÓN DE LAS PARTES EN LA
INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL - El punto de partida para determinar dicha intención es la declaración vertida
en el documento contractual. En ausencia de elementos extratextuales que evidencien una discrepancia entre la
intención real y su expresión, debe respetarse el contenido semántico de las cláusulas que no sean ambiguas,
porque cabe suponer que los contrayentes buscaron reflejar su acuerdo de voluntades en las palabras con que lo
expresaron.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver los recursos de apelación presentados contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La controversia se refiere a un contrato de interventoría celebrado para el seguimiento
integral de la ejecución de una obra pública. El contrato se prorrogó por nueve meses,
pero la obra no culminó dentro del nuevo plazo, por lo cual la entidad estatal
contratante no reconoció el valor total, aduciendo que la remuneración estaba
supeditada al avance físico de la obra. El interventor demandó la liquidación judicial
del contrato, solicitó el pago del saldo del precio convenido —incluido el valor de la
adición—, la declaratoria de incumplimiento de la entidad estatal y el reconocimiento
de perjuicios materiales. Por su parte, la entidad demandada se opuso a las
pretensiones, alegando que el interventor solo tenía derecho a un pago proporcional
al porcentaje de avance de obra y que no procedía reconocerle la totalidad del precio.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. El 23 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la
siguiente decisión:
“PRIMERO: Liquidar judicialmente el contrato de interventoría No. 186-FDLU de 2015
celebrado entre el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA USME y el FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE USME, estableciendo que el FONDO DE DESARROLLO
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
LOCAL DE USME debe pagar al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA USME, la suma de
cuarenta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil novecientos veinticuatro pesos
($45.134.924), correspondiente al pago de la factura No. 21.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Sin condena en costas, conforme decantó en el anterior considerando.
CUARTO: Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos de proceso, y devuélvanse
los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados
dichos remanentes, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial.
QUINTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección ARCHÍVESE el
expediente dejando las constancias del caso”1.
2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada por el Consorcio
Infraestructura Usme2 en contra del Fondo de Desarrollo Local Usme3 (en adelante,
“FDL Usme”), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son
los siguientes:
Pretensiones
3. El Consorcio Infraestructura Usme formuló dos pretensiones principales. En la
primera (1ª), solicitó la liquidación judicial del Contrato de Interventoría con el
reconocimiento de un saldo a su favor de $561’454.875, integrado por el valor de la
factura No. 21, que no fue cancelada ($45’134.924), y el saldo restante del contrato
aún pendiente de pago ($516’319.951). Sobre esta suma, solicitó el reconocimiento de
los intereses de mora (1.1) y la correspondiente indexación (1.2).
4. Como segunda pretensión principal, solicitó que se declare que el FDL Usme
incumplió el Contrato de Interventoría (2ª). Consecuencialmente, pidió el
reconocimiento de los siguientes perjuicios materiales: (i) $54’799.802 por el no pago
de la factura No. 21 (2.1) y (ii) $516’319.951 correspondientes al valor de la Adición
No. 1 del contrato, que no fue pagado oportunamente debido a fallas en la planeación
1
SAMAI Tribunal, índice 35.
2
El Consorcio Infraestructura Usme estuvo integrado por las sociedades Orbe Consultoría en Arquitectura e
Ingeniería (40%) y Arca Arquitectura e Ingeniería (60%).
3
Los Fondos de Desarrollo Local son entidades con patrimonio propio y personería jurídica, cuya
representación legal es ejercida por el Alcalde Mayor del Distrito Capital. El artículo 87 del Decreto 1421 de
1993 —“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá"— estableció
que en cada localidad del Distrito Capital habría un fondo de desarrollo local, entes con personería jurídica y
patrimonio propio destinados a la prestación de servicios y construcción de obras que fueran competencia de
las juntas administradoras locales. La Sala Plena de esta Corporación confirmó la naturaleza de entidad
pública de estos órganos e indicó que su existencia se ajusta al ordenamiento jurídico, en tanto “se entiende
que a nivel territorial la rama ejecutiva también puede estar conformada por órganos diferentes a los previstos
en las normas que regulan las entidades territoriales, pues estos constituyen simplemente un instrumento
para el logro de los fines estatales”. No obstante, esa misma providencia declaró la nulidad de las normas del
Decreto 1421 de 1993 que crearon los fondos de desarrollo local, por estimar que el Gobierno Nacional, en
su calidad de legislador especial, desconoció la autonomía territorial (C.P., art. 287) al invadir la competencia
del Concejo de Bogotá para determinar la estructura de la Administración Distrital. En relación con la
declaratoria de nulidad, la providencia otorgó al Concejo de Bogotá D.C. un plazo de un año “para que adopte
las medidas necesarias tendientes a proveer la estabilidad financiera y la organización administrativa de las
localidades” (C.E, Sala Plena, rad. 11001-03-15-000-2008-01255-00, jun. 06/2018, C.P. Oswaldo Giraldo
López). En concordancia con la decisión del Consejo de Estado, el Concejo del Distrito Capital, en el artículo
8 del Acuerdo 740 de 2019, estableció que “(e)n cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo
Local con personería jurídica y patrimonio propio”. Adicionalmente, el artículo 11 de dicho Acuerdo estableció
que “el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., será el representante legal de los Fondos de Desarrollo Local”.
2
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
e inconsistencias técnicas y jurídicas de los insumos entregados por la entidad al
contratista de obra (2.2). En subsidio de esta última suma, solicitó el reconocimiento
de $328’908.297 por concepto de daño emergente y lucro cesante (subsidiarias a 2.2).
Frente a todos estos valores solicitó intereses moratorios (2.3) y su correspondiente
indexación (2.4).
5. Como pretensión subsidiaria a la declaratoria de incumplimiento, el Consorcio
solicitó que se declare el desequilibrio económico del contrato por causas imputables
a la entidad contratante y, en consecuencia, se condene al FDL Usme a pagar
$516’319.951, correspondientes a las condiciones inicialmente pactadas en la Adición
No. 1 (primera subsidiaria a 2ª). En subsidio de esta última, pidió que se declare el
desequilibrio económico del contrato por situaciones imprevistas no atribuibles a las
partes y que, para restablecer el equilibrio, se le reconozcan $379’354.095, con el fin
de llevar el contrato a su punto de no pérdida (segunda subsidiaria a 2ª). En ambos
casos, solicitó el reconocimiento de los intereses de mora y la correspondiente
indexación (pretensiones “secundarias” a la primera y segunda subsidiaria a 2ª).
Hechos
6. En apoyo de sus pretensiones, el demandante expuso los siguientes hechos4:
7. El 28 de agosto de 2015, el FDL Usme suscribió con la Unión Temporal Sede
Usme 2016 (en adelante, el “Constructor”) un contrato de obra pública con el objeto de
construir la nueva sede administrativa de la Alcaldía de esa localidad (en adelante, el
“Contrato de Obra”). Este contrato tuvo un plazo inicial de doce meses contados a
partir del 24 de septiembre de 2015.
8. El mismo día, el FDL Usme suscribió con el Consorcio Infraestructura Usme (en
adelante, el “Interventor”) el contrato de interventoría No. 186-FDLU-2015 (en
adelante, el “Contrato de Interventoría”), fuente de esta controversia, cuyo objeto fue:
“realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y
ambiental al contrato de obra que tiene por objeto la ‘Construcción de la nueva sede
administrativa de la Alcaldía Local de Usme en la ciudad de Bogotá D.C’”.
9. El plazo del Contrato de Interventoría se pactó en doce meses contados desde el
acta de inicio, la cual se suscribió el 24 de septiembre de 2015. De este plazo, un mes
correspondía a la etapa de preconstrucción —revisión de estudios, diseños y
presupuesto— y los otros once a la etapa de construcción. Las partes acordaron un
valor de $688’344.000 y la siguiente forma de pago: (i) 10% después del primer mes
de ejecución; (ii) 80% mediante pagos parciales mensuales de conformidad con el
porcentaje de avance de obra; y (iii) 10% a la finalización de la obra, previa suscripción
del acta de recibo final y del acta de liquidación.
10. Durante la ejecución del Contrato de Obra, el Constructor dirigió múltiples
requerimientos al FDL Usme con el fin de obtener respuestas sobre aspectos técnicos
de los diseños entregados, en particular en lo relativo a componentes estructurales,
eléctricos, hidrosanitarios y arquitectónicos. Por su parte, el Interventor solicitó a la
4
Exp. digital, doc. 01, pp. 13-37.
3
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
entidad la gestión de distintos trámites administrativos, entre ellos la obtención de la
certificación de disponibilidad del servicio de acueducto.
11. Entre noviembre de 2015 y agosto de 2016, el Constructor solicitó en cuatro
oportunidades la reprogramación, suspensión o prórroga del Contrato de Obra. En
agosto de 2016, el Interventor emitió concepto favorable a una solicitud de prórroga y
adición, con base en las siguientes circunstancias: (i) problemas jurídicos relacionados
con la titularidad del predio destinado a la construcción; (ii) demoras de la entidad en
la definición de aspectos técnicos del proyecto; (iii) restricciones que afectaban el
desarrollo de las actividades constructivas; (iv) necesidad de ejecutar mayores
cantidades de obra debido a cambios en las especificaciones técnicas; (v)
inconsistencias en los diseños eléctricos y de ventanería frente a las normas
aplicables; y (vi) necesidad de incorporar ajustes que garantizaran el acceso de
personas con discapacidad.
12. El 23 de septiembre de 2016, el FDL Usme y el Constructor suscribieron la
modificación y adición No. 1 al Contrato de Obra, mediante la cual extendieron su plazo
por nueve meses y adicionaron su valor en $3.057’417.704. Esta modificación
obedeció a la necesidad de incorporar ítems no previstos inicialmente. En
consecuencia, ese mismo día, el FDL Usme y el Interventor acordaron una prórroga
de nueve meses y una adición de $516’258.000 al Contrato de Interventoría.
13. Ante el escaso avance en la ejecución de la obra, el 20 de febrero de 2017, el
Consorcio Infraestructura Usme solicitó al FDL Usme modificar la forma de pago del
Contrato de Interventoría, proponiendo que los costos fijos se distribuyeran y pagaran
en partes iguales durante los nueve meses de la prórroga, mientras que los costos
variables continuaran supeditados al avance físico del proyecto. Sin embargo, la
entidad no accedió a dicha solicitud.
14. El 9 de junio de 2017, el Interventor presentó al FDL Usme concepto favorable a
una nueva solicitud de prórroga y adición al Contrato de Obra, con base en los
siguientes motivos: (i) los diseños de acueducto y alcantarillado no fueron entregados
oportunamente al Constructor; (ii) el diseño de andenes carecía de detalles
constructivos y requería la obtención de una licencia de intervención del espacio
público para viabilizar la aprobación de disponibilidad de acueducto y alcantarillado;
(iii) los diseños de climatización y ventilación no se entregaron al Constructor; y (iv) los
diseños entregados de audio, video, seguridad y control estaban obsoletos.
15. A raíz de esta solicitud, el 23 de junio de 2017, el FDL Usme y el Constructor
pactaron una segunda prórroga por siete meses y adicionaron nuevos ítems al
Contrato de Obra. Sin embargo, el FDL Usme no aprobó la solicitud del Interventor
para prorrogar y adicionar el Contrato de Interventoría. En su lugar, abrió un nuevo
concurso de méritos y contrató a otro consultor para ejercer dicha labor. Por lo anterior,
el Contrato de Interventoría terminó el 23 de junio de 2017 por expiración del plazo.
16. El Interventor remitió al FDL Usme el informe final de interventoría junto con la
factura No. 20. Sin embargo, la entidad le solicitó expedir una nota crédito y ajustar su
valor, reduciéndolo de $84’900.000 a $45’134.924. En respuesta, el Interventor remitió
la factura No. 21 con el valor modificado, pero esta no fue pagada por la entidad.
4
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
17. El Contrato de Interventoría no fue liquidado de común acuerdo entre las partes ni
fue objeto de liquidación unilateral por parte del FDL Usme.
Fundamentos de derecho
18. El demandante argumentó que el Contrato de Interventoría es un negocio jurídico
principal, autónomo e independiente respecto del Contrato de Obra, por lo que las
obligaciones del primero subsisten y deben cumplirse al margen del porcentaje de
ejecución, del incumplimiento o de la terminación anticipada del segundo. Indicó que
durante el plazo inicial y la prórroga mantuvo la totalidad del personal y asumió todos
los costos administrativos derivados de ello. Además, señaló que se debe diferenciar
el precio del contrato de su forma de pago. Por tanto, concluyó que tiene derecho a
que se le pague el 100 % del precio pactado —incluyendo la adición—, aunque la
forma de pago se haya establecido en función del avance del Contrato de Obra.
19. En cuanto a la liquidación, afirmó que el valor total del contrato ascendía a
$1.204’602.000, de los cuales $688’344.000 correspondían al valor original y
$516’258.000 a la adición. Sin embargo, al momento de interponer la demanda,
únicamente se le habían pagado $643’147.125. Es decir, aún le adeudaban (i)
$45’134.924 —correspondientes a la factura No. 21— para completar el valor inicial
del contrato y (ii) $516’258.000, que correspondían a la totalidad de la adición No. 1.
20. En línea con lo anterior, indicó que el FDL Usme incumplió el Contrato de
Interventoría por no haber pagado oportunamente la factura No. 21 y el valor
correspondiente a la adición No. 1. Argumentó que dicho incumplimiento era imputable
a la entidad, en la medida en que se originó en su falta de planeación y en las
inconsistencias técnicas y jurídicas de los diseños y la información entregada al
Constructor, lo que impidió el adecuado avance de la obra vigilada. Por lo anterior,
sostuvo que el FDL Usme debía indemnizar los perjuicios causados o, en subsidio,
compensar el desequilibrio económico generado por su conducta. Finalmente, precisó
que si se consideraba que el impago del valor de la adición No. 1 no era imputable a
la entidad debía restablecerse el equilibrio económico del contrato, llevando al
Interventor a punto de no pérdida, en atención a que ese impago obedeció a una
circunstancia no prevista por las partes —el reducido avance de obra—, que no fue
incorporada en la matriz de riesgos.
Contestación de la demanda
21. El FDL Usme se opuso a las pretensiones e interpuso la excepción “cobro de lo no
debido”5. Argumentó que la liquidación del Contrato de Interventoría debía realizarse
con base en el porcentaje de avance del Contrato de Obra, que solo alcanzó el 54.54%,
dado que así se estableció en los estudios previos y en el pliego de condiciones —
frente a los cuales el Consorcio Infraestructura Usme no formuló observaciones—.
Indicó, además, que este criterio fue incorporado expresamente en la cláusula séptima
del Contrato de Interventoría, lo que implica que el Interventor asumió el riesgo
derivado de una eventual ejecución parcial de la obra.
5
Exp. digital, doc. 25.
5
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
22. Sostuvo que el Interventor no prestó su labor de verificación y control hasta la
culminación del Contrato de Obra, pues el Contrato de Interventoría finalizó en junio
de 2017 tras la negativa de la entidad a prorrogarlo y adicionarlo por segunda vez.
Señaló que esa decisión obedeció a que los costos asociados al seguimiento del
contrato hasta su culminación ya estaban comprendidos en el valor de la primera
adición, y el Interventor se rehusó a firmar una nueva prórroga sin adición
presupuestal. En consecuencia, la entidad concluyó que no era procedente reconocer
el valor total del Contrato de Interventoría, dado que al momento de su terminación
solo se había ejecutado el 54,54% de la obra.
23. Por otra parte, el FDL Usme manifestó que cumplió con las obligaciones dinerarias
derivadas del Contrato de Interventoría conforme al avance físico de la obra. Sostuvo
que, durante su ejecución, no se presentaron hechos que alteraran las condiciones
inicialmente pactadas, las cuales se mantuvieron constantes. Finalmente, indicó que
el no pago del valor total no afectó el equilibrio económico, en tanto el Interventor no
prestó los servicios de vigilancia y seguimiento hasta la culminación de la obra.
Traslado de las excepciones
24. El demandante se pronunció frente a las excepciones de mérito propuestas en la
contestación6. Señaló que la oferta económica presentada por el Interventor fue
estructurada con base en los parámetros definidos en los pliegos de condiciones —
como los gastos de operación, la dedicación mínima del personal, los sueldos básicos
y las obligaciones contractuales, calculadas conforme a un factor multiplicador—, y
que estos mismos criterios sustentaron el valor pactado en la adición No. 1 del Contrato
de Interventoría ($516’319.951). En consecuencia, afirmó tener derecho al pago de
dicha suma, por haber cumplido de manera continua sus obligaciones durante el plazo
del contrato, independientemente de que no hubiera acompañado el 100% de la
ejecución del Contrato de Obra. Por último, adujo que la entidad reconoció adeudar el
valor de la factura No. 21, suma que también fue incluida como pendiente de pago en
el borrador del acta de liquidación elaborado por el FDL Usme.
Alegatos en primera instancia
25. En la audiencia inicial, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto7. El demandante presentó
alegatos y reiteró los argumentos planteados en la demanda y en el traslado a las
excepciones8. Por su parte, la entidad demandada reiteró en sus alegatos lo expuesto
en la contestación de la demanda9. El Ministerio Público guardó silencio.
6
Exp. digital, doc. 27.
7
Mediante auto proferido en audiencia inicial del 31 de agosto de 2021, el Tribunal decretó las pruebas
documentales aportadas por las partes. Precisó que también tomaría como prueba el dictamen pericial
aportado por el demandante, frente al cual el FDL Usme no solicitó la comparecencia del perito y el Despacho
tampoco lo estimó necesario. Por otra parte, negó el decreto de la prueba testimonial solicitada por el FDL
Usme por considerarla inconducente frente al objeto del litigio. Por último, solicitó a la entidad aportar las
pruebas documentales faltantes. Ninguna parte interpuso recursos (Exp. digital, docs. 38 y 39).
8
Exp. digital, doc. 41.
9
Exp. digital, doc. 42.
6
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
Los fundamentos de la sentencia impugnada
26. El Tribunal Administrativo liquidó el contrato, estableciendo un saldo de
$45’134.924 a favor del Interventor, y negó las demás pretensiones. Señaló que el FDL
Usme debía pagar la suma correspondiente a la factura No. 21, toda vez que esa
obligación no había sido satisfecha y la entidad había aceptado adeudar la suma
incorporada en ella. No obstante, precisó que tal circunstancia no configuraba un
incumplimiento imputable a la entidad, en la medida en que el Interventor no acreditó
haber radicado, durante la ejecución del Contrato de Interventoría, todos los
documentos exigidos para el desembolso: (i) la factura correspondiente; (ii) el informe
de actividades; (iii) la certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y de
seguridad social expedida por el supervisor; y (iv) la certificación del revisor fiscal sobre
el pago de aportes parafiscales. En consecuencia, aunque se reconoció el saldo del
capital, no se accedió al pago de intereses moratorios.
27. Por otra parte, el Tribunal sostuvo que el FDL Usme no estaba obligado a pagar el
saldo de $516’319.951 correspondiente al valor de la adición No. 1, dado que el
Contrato de Interventoría preveía expresamente que el 80% de la remuneración se
pagaría conforme al porcentaje de avance del Contrato de Obra. En esa línea, precisó
que la obra cuya ejecución era objeto de seguimiento técnico no se completó y que los
pagos realizados al Interventor correspondieron al avance físico alcanzado. Con base
en lo anterior, concluyó que la entidad no incurrió en incumplimiento por no haber
pagado dicho saldo.
28. Por último, el Tribunal indicó que no se acreditó la configuración de un desequilibrio
económico imputable a la entidad. Señaló que el Interventor no demostró la existencia
de fallas de planeación atribuibles al FDL Usme en la estructuración del Contrato de
Obra que le hubiesen generado sobrecostos extraordinarios, imprevisibles y que
excedieran los riesgos que debía asumir. Además, consideró que la solicitud de
restablecimiento del equilibrio económico fue extemporánea, ya que no se presentó
cuando acaecieron las circunstancias que presuntamente lo alteraron ni cuando se
introdujeron modificaciones al Contrato de Obra, sino únicamente después del
vencimiento del plazo del Contrato de Interventoría.
II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
29. El demandante solicitó que se modifique la sentencia y se condene al FDL Usme
a pagar la totalidad del valor del Contrato de Interventoría, incluida la adición No. 110.
Cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual la remuneración debía pagarse
conforme al porcentaje de avance del Contrato de Obra. En este sentido, señaló que
condicionar la forma de pago al progreso de la obra vigilada afectaba el flujo de caja
del Interventor; sin embargo, de no haberse completado la construcción, al momento
de la terminación del contrato o en su liquidación, la entidad está obligada a reconocer
y pagar al Interventor el saldo pendiente, puesto que una cosa es el precio convenido
y otra distinta la forma de pago.
10
SAMAI Tribunal, índice 39.
7
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
30. Por otra parte, argumentó que las pruebas del expediente acreditan el
incumplimiento de la entidad estatal. En particular, afirmó que las fallas en la ejecución
del Contrato de Obra por parte del FDL Usme generaron una mayor permanencia del
Interventor, quien mantuvo la totalidad del personal y asumió todos los costos
administrativos durante el plazo inicial, así como durante la adición y la prórroga No.
1. Por esta razón, sostuvo que tiene derecho a recibir el pago del cien por ciento
(100 %) del precio convenido. En respaldo de su posición, señaló que se presentaron
múltiples inconvenientes no atendidos oportunamente por la entidad, los cuales
generaron retrasos en la obra y estuvieron relacionados con: (i) el acceso al lote; (ii) la
titularidad de los predios; (iii) las licencias de construcción y urbanismo; (iv) los diseños
(geotécnicos, estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos); (v) el sistema
constructivo; (vi) la presencia de árboles; (vii) rocas de gran tamaño; (viii) el manejo de
taludes; (ix) redes de acueducto; (x) redes de alcantarillado; (xi) conexiones eléctricas;
(xii) sistemas hidrosanitarios; (xiii) ventilación; (xiv) accesibilidad para personas en
situación de discapacidad; (xv) climatización; y (xvi) seguridad y tecnología.
31. Finalmente, manifestó que el desequilibrio económico se configuró porque debió
incurrir en gastos de operación y administración para poder permanecer en el proyecto
y cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, pese a las
dificultades generadas por los incumplimientos del FDL Usme en el coligado Contrato
de Obra. Enfatizó que el retraso en la ejecución de este último no impidió la continuidad
del Contrato de Interventoría, pues el Interventor mantuvo activo a todo el personal
requerido y asumió los costos administrativos durante el tiempo adicional de
permanencia.
32. El FDL Usme también impugnó la sentencia y solicitó modificar la liquidación
realizada por el Tribunal, que reconoció un saldo a favor del Interventor por valor de
$45’134.924, correspondiente a la factura No. 2111. Afirmó que no adeuda suma alguna
al Consorcio Infraestructura Usme, ya que los pagos debían efectuarse conforme al
avance en la ejecución del Contrato de Obra y el Interventor no ejerció funciones de
control y vigilancia hasta la finalización de esta. Además, sostuvo que cumplió con lo
estipulado en la forma de pago prevista en el Contrato de Interventoría.
Trámite en segunda instancia
33. Las partes no formularon solicitudes probatorias en los recursos de apelación y
ningún sujeto procesal se pronunció en el término de ejecutoria del auto que admitió
los recursos. Por tanto, no se corrió traslado para alegar de conclusión (art. 247
CPACA). El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
34. Corresponde a la Sala determinar si el Interventor tenía derecho a recibir el pago
de la totalidad del precio convenido en el Contrato de Interventoría, incluida la suma
correspondiente a la adición No. 1, habida cuenta de que el avance de la obra
11
SAMAI Tribunal, índice 40.
8
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
condicionaba la forma de pago, pero no determinaba la remuneración, esto es, la
cuantía de la obligación dineraria a cargo de la entidad estatal. Con base en la
respuesta a este problema, se establecerá si —como lo alegó el FDL Usme en su
recurso de apelación— resultaba improcedente reconocer, en la liquidación judicial del
Contrato de Interventoría, el saldo correspondiente a la factura No. 21.
35. Los reparos formulados por ambas partes convergen en un problema de
interpretación contractual, a saber: si la remuneración del Interventor correspondía a
una suma fija o, por el contrario, a una suma variable, supeditada al porcentaje de
avance en la construcción de la sede administrativa de la Alcaldía Local de Usme.
36. Para resolver este problema y sustentar su decisión, la Sala: (i) examinará la
relación entre los contratos de interventoría y de obra, así como sus implicaciones en
materia de remuneración y distribución de riesgos; (ii) determinará, conforme a las
pautas legales de interpretación contractual, el alcance que debe atribuirse a las
cláusulas relativas al precio y a la forma de pago del Contrato de Interventoría; (iii)
finalmente, con base en lo anterior, establecerá si el FDL Usme incumplió sus
obligaciones contractuales y si debe modificarse la liquidación judicial efectuada por el
Tribunal Administrativo.
El nexo entre el contrato de obra y el de interventoría: consecuencias sobre la
remuneración del interventor y la distribución de riesgos
37. Conforme a su regulación legal (Ley 1474 de 2011, art. 83), la interventoría
consiste en el seguimiento técnico a la ejecución de un contrato ejercido por una
persona natural o jurídica contratada por la entidad estatal, cuando dicho seguimiento
exige conocimientos especializados o cuando la complejidad o extensión del contrato
lo justifica. El legislador autorizó a las entidades públicas, cuando lo estimen necesario
y acorde con la naturaleza del contrato principal, a incluir dentro del objeto de la
interventoría el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico. El contrato
de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen
su deber legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual (Ley 80 de
1993, art. 14.1).
38. En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la
interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente
tanto de la entidad contratante como del contratista (Ley 80 de 1993, art. 32.1). En
estos casos, si bien cada contrato conserva su individualidad jurídica, existe entre ellos
un nexo funcional reconocido por el ordenamiento. Como lo ha señalado esta
Subsección, dicho vínculo se explica porque “las obligaciones del contrato de obra
constituyen, precisamente, el objeto abstracto del contrato de interventoría y, en
conjunto, las obligaciones de uno y otro están orientadas a un fin práctico común”12.
Así, por ejemplo, la validación de las cantidades de obra para efectos de pago —en el
marco del contrato de construcción— puede estar condicionada al pronunciamiento
del interventor; del mismo modo, la verificación del cumplimiento de las
especificaciones técnicas puede requerir su intervención efectiva.
12
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 35.763, jul. 14/2016, C.P. Carlos A. Zambrano.
9
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
39. El nexo entre ambos negocios jurídicos no desvirtúa su carácter autónomo. La
prórroga del contrato de obra no implica, necesariamente, la prórroga del contrato de
interventoría13. De igual modo, el incumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato de obra no conlleva, por sí solo, el incumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de interventoría. La labor del interventor consiste en realizar la
vigilancia técnica del contrato objeto de seguimiento como encargo de medio, pero no
como un resultado, menos aún, tiene por fin otorgar una garantía como si se tratara de
asegurar el cumplimento del contrato materia de supervisión14. Cuestión distinta es
que el interventor esté obligado a mantener informada a la entidad contratante sobre
los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato
(Ley 1474 de 2011, art. 84).
40. El nexo entre los negocios jurídicos se refleja, además, en la estimación del valor
del contrato de interventoría en la etapa de planeación, el cual constituye el
fundamento para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (Ley 80
de 1993, art. 25.6). Si bien las normas legales y reglamentarias no imponen una
metodología específica para establecer dicho valor, las entidades estatales están
obligadas a justificarlo en los estudios previos, aunque esta obligación no implicaba,
en la época de los hechos, la publicación de las variables utilizadas con ese fin
(Decreto 1510 de 2013, art. 20.4, compilado en el Decreto 1082 de 2015).
41. El deber de justificar la estimación del valor del contrato y del presupuesto oficial
del proceso de selección supone que la entidad considere su suficiencia para cubrir,
entre otros: (i) los costos directos del personal del proyecto, conformados por los
salarios del personal profesional, técnico y auxiliar asignado a las labores propias de
seguimientos; (ii) otros costos directos, entre ellos el alquiler de equipos, materiales e
insumos necesarios para su ejecución; (iii) los costos indirectos, entendidos como los
gastos generales de la organización encargada de prestar el servicio; y (iv) la utilidad
razonable esperada por el interventor15.
13
“La interdependencia de las relaciones es, como su nombre lo indica, recíproca, en el sentido que la suerte
de cada contrato está condicionada a la del otro; no obstante, existen supuestos de coligación en los cuales
sólo la suerte de un contrato depende de la del otro o solo algunos aspectos específicos de un contrato
dependen de los del otro, mientras que el otro contrato u otros aspectos de ese contrato permanecen por
fuera de tal dependencia. En tal sentido, la Sección Tercera ha caracterizado la interventoría como un
contrato íntimamente relacionado en su objeto con el de obra respecto del cual ejerce su actividad el
interventor, y como un contrato que a pesar de lo anterior, resulta independiente de éste en aspectos
específicos como la prórroga y el incumplimiento, esto es, que la prórroga de la obra no implica de suyo la
del interventor y que el incumplimiento del contrato de obra jamás significa por sí solo el incumplimiento del
de interventoría” C.E., Secc. Tercera, Sub. B, Sent. 24.266, feb. 28/2013, C.P. Danilo Rojas [fundamento
jurídico 8.3.2].
14
Al respecto, ha indicado esta Subsección: “No puede perderse de vista que la tarea del interventor se centra
en realizar el seguimiento técnico, financiero y jurídico del contrato sobre el que recae su objeto, mas no en
asegurarlo, como si se tratara de un contrato de garantía; por manera que la gestión del interventor puede
considerarse cabalmente satisfecha cuando este formula correctivos, informa a la entidad acerca de hechos
de incumplimiento del contrato inspeccionado que darían lugar a la imposición de sanciones, rechaza o se
abstiene de recibir las obras, bienes o servicios prestados, cuando estos no cumplan con los requisitos
preestablecidos, eventos en los cuales su trabajo debe ser recompensado” C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent.
69.492, oct. 17/2023, C.P. Marta Nubia Velásquez [fundamento jurídico 2]
15
En este punto, resulta ilustrativo mencionar que, en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, el Decreto
Reglamentario 1522 del mismo año (art. 33) regulaba detalladamente los factores que debía remunerar el
precio pactado en el contrato de consultoría: “El costo total del contrato debe cubrir íntegramente los costos
directos derivados de la ejecución de la consultoría y el estimado de los indirectos y la utilidad del consultor.
Para definir el costo del contrato, los de operación del consultor se clasificarán así: Costos directos del
personal del proyecto. Los cuales están constituidos por los salarios del personal profesional, técnico y auxiliar
asignado para ejecutar labores directamente en el contrato. El personal aquí incluido debe tener vinculación
laboral con el consultor; sus prestaciones sociales o laborales se presentarán en forma separada y se cubrirán
10
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
42. Los costos directos de personal varían en función de la complejidad y extensión
de la obra objeto del seguimiento técnico, ya que el número de integrantes del equipo
mínimo requerido, así como sus cualificaciones profesionales y experiencia, depende
del tipo de obra a supervisar. De igual manera, otros costos directos —como los
asociados al uso de equipos o materiales— responden a las exigencias técnicas del
proyecto, como sucede cuando se deben realizar ensayos de laboratorio sobre los
insumos utilizados en la construcción. En suma, la estimación del valor del contrato de
interventoría durante la etapa de planeación se encuentra estrechamente vinculada al
objeto del contrato de obra.
43. Ahora bien, las metodologías utilizadas para estimar el valor del contrato en la
etapa de planeación no necesariamente coinciden con la modalidad de remuneración
pactada en el contrato de interventoría adjudicado. Así, para calcular el presupuesto
del proceso de selección, las entidades pueden recurrir a sistemas como el factor
multiplicador16; sin embargo, en el contrato pueden establecer un precio fijo como
esquema de remuneración de los servicios del consultor.
44. De igual forma, la modalidad de remuneración se asocia a la asignación de riesgos
entre las partes17. Así, si se acuerda un precio fijo18 pagadero en cuotas iguales
durante el plazo del contrato, y dicho valor fue proyectado bajo el supuesto de que el
requerimiento de personal y equipos aumentaría progresivamente al pasar de la fase
de revisión de diseños a la ejecución de la obra, puede suceder que el interventor
obtenga un margen operativo superior si, por causas exógenas a las partes, se
prolonga la etapa de diseño —caracterizada por menores costos directos—. En
contraste, si se adopta una modalidad basada en el reembolso de costos
efectivamente incurridos, más una suma fija previamente pactada, esta variación no
con el factor multiplicador cuando se utilice este sistema de cálculo. Otros costos directos. En estos costos
se incluyen el de otros insumos requeridos para la ejecución del contrato, tales como honorarios por servicios
pagados por el consultor, gastos de viaje, acarreos y transportes, alquiler de equipos, suministros de material
y los insumos que se presupuesten como necesarios para la normal ejecución del a contrato. Costos
indirectos. Corresponden a aquellos gastos que tiene la organización del consultor para poder ofrecer la
disponibilidad de su servicio. Utilidad. Es el beneficio económico que recibe el consultor por ejecutar el
contrato”.
16
En los contratos de consultoría es posible determinar con precisión el tipo y la cantidad de profesionales
requeridos para la ejecución de las actividades, así como la duración estimada del proyecto. Por esta razón,
resulta habitual emplear un sistema que consiste en establecer el perfil, número y tiempo de permanencia de
los especialistas, técnicos y personal administrativo necesario, junto con la remuneración correspondiente a
cada uno. El costo del personal, representado en el sueldo básico mensual, se ajusta mediante la aplicación
de un factor multiplicador que incorpora diversas variables, tales como las prestaciones sociales, los aportes
al sistema de seguridad social, las contribuciones parafiscales, los costos indirectos de la firma interventora,
los impuestos y los honorarios o utilidades del consultor. Este sistema de determinación de la remuneración
estaba previsto en el Decreto 1522 de 1983 (art. 34).
17
En este sentido, la Subsección ha sostenido: “bajo el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el campo
semántico de la expresión riesgo previsible es más restringido: refiere las circunstancias externas a las partes
del contrato, que son identificables y cuantificables, y que pueden alterar los resultados económicos
esperados, tanto en los ingresos como en los costos // El riesgo previsible tiene una doble dimensión: su
materialización puede generar tanto efectos desfavorables —v. gr. un incremento de costos— como efectos
favorables —la disminución de éstos— // Por ejemplo, en un contrato de obra a precio global, el constructor
asume el riesgo de mayores o menores cantidades de obra. Si las cantidades realmente ejecutadas resultan
ser menores a las que se previeron al momento de proponer, el constructor obtendrá, ceteris paribus, un
retorno mayor porque sus costos directos serán menores a los inicialmente previstos”. C.E., Secc. Tercera,
Sub. A, Sent. 70.250, feb. 07/2025, C.P. José Roberto Sáchica Méndez [fundamento jurídico 34].
18
La interventoría constituye un servicio de naturaleza inmaterial. En efecto, el artículo 2054 del Código Civil,
aplicable a este tipo de prestaciones en virtud del reenvío previsto en el artículo 2063 del mismo estatuto,
establece que el precio —esto es, la suma de dinero que paga quien se beneficia del servicio— constituye
un elemento esencial del contrato de arrendamiento de servicios inmateriales.
11
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
genera un mayor margen, ya que la remuneración está directamente ligada al gasto
real y documentado.
45. Además de la diferencia entre la metodología empleada para estimar el valor del
contrato en la etapa de planeación y la modalidad de remuneración pactada en el
contrato adjudicado, debe distinguirse esta última de la forma de pago del precio. La
modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que
debe pagarse por la prestación del servicio. Según el esquema acordado, este puede
corresponder a un precio fijo global, al reembolso de costos directos más una suma
fija, o a un monto calculado con base en un factor multiplicador aplicado sobre los
salarios del personal, incluyendo los costos de administración y la utilidad, entre otros.
Por su parte, la forma de pago determina cómo se efectúa el desembolso del precio
así definido, ya sea mediante cuotas periódicas, pagos por hitos, porcentajes de
avance físico de la obra supervisada u otra distribución temporal acordada por las
partes.
46. Al igual que la modalidad de remuneración, la forma de pago pactada también
puede implicar una asignación de riesgos entre las partes. Así, si se establece que un
precio fijo será desembolsado con base en el avance físico de la obra objeto de
seguimiento, el interventor asume un riesgo financiero: si dicho avance no es
significativo —incluso por causas no imputables a las partes — sus ingresos y su flujo
de caja disminuirán, pese a que sus costos operativos puedan permanecer constantes.
En ese escenario, deberá cubrir con recursos propios o mediante financiación externa
los compromisos derivados de sus obligaciones contractuales, como el pago de
salarios, prestaciones sociales y demás cargas laborales.
47. En síntesis, las entidades estatales no están obligadas a emplear una metodología
específica para estimar el valor de los contratos de interventoría en la etapa de
planeación ni para definir la modalidad de remuneración o la forma de pago del
contrato adjudicado. Dentro del margen de configuración que reconoce el
ordenamiento jurídico, pueden —con la debida justificación— adoptar la combinación
que mejor se adecue a la naturaleza, complejidad y riesgos del proyecto objeto de
vigilancia. En ese marco, es válido que se establezcan modalidades de remuneración
con componentes variables que trasladen al interventor ciertos riesgos previsibles o
que permitan compartir los efectos derivados de las vicisitudes que puedan
presentarse durante la ejecución del contrato de obra.
48. La libertad de elección entre alternativas19 no implica, sin embargo, libertad en los
fines que deben perseguirse con la atribución de configurar los pliegos de condiciones
y el contenido del contrato de interventoría que se proyecta celebrar. Al definir la
modalidad de remuneración y la forma de pago, se debe tener en cuenta que las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (Ley 80/1993,
art. 3). Igualmente, que los contratistas cooperan con ellas en el logro de sus fines y,
por tanto, tienen, entre otros derechos, el de recibir oportunamente la remuneración
19
También llamados "indiferentes jurídicos”, porque la decisión se fundamenta en criterios no incluidos en la
Ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración. Cfr. Eduardo García de Enterría y Tomás R.
Fernández, Curso de Derecho Administrativo, t. I, 8.ª ed. (Madrid: Civitas, 1998), p. 450.
12
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
pactada y que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la
vigencia del contrato (Ley 80/1993, art. 5.1).
49. En el caso particular de los contratos de consultoría (que incluye como una de sus
modalidades a la interventoría) debe tenerse en cuenta, además, que la mejor oferta
para la Administración no está determinada por el mejor precio, sino se define en
consideración a las calidades técnicas e intelectuales, pues, por las finalidades
públicas de tales encargos —estudios, diseños, proyectos, entre otros— el
componente intelectual se constituye en el factor decisivo de la selección 20. Esto se
refleja en las disposiciones legales que prohíben incluir el precio como factor de
escogencia en el concurso de méritos y que, como excepción a la regla general,
autorizan utilizar como factores de calificación criterios de experiencia específica del
oferente y del equipo de trabajo (Ley 1150 de 2007, art. 5.4). Igualmente, se reflejó en
la exposición de motivos del Proyecto de Ley 20 de 2005, que se convirtió en la Ley
1150 de 2007:
“Se crea una nueva modalidad de selección denominada ‘Selección de Consultores’,
pensada para aquellos casos en que la entidad requiere de la contratación de
servicios especializados con alto contenido de trabajo intelectual y en la que se busca
crear las bases para que las entidades contraten las mejores ofertas privilegiando las
condiciones técnicas de la propuesta y de experiencia y formación del oferente. Con
este enfoque se pretende superar la tendencia que tanto daño ha hecho a la industria
de la consultoría nacional, de evaluar las ofertas de ‘materia gris’ con base en el
precio, situación ésta que lleva a pauperizar el ejercicio de las disciplinas intelectuales
y a deteriorar la calidad del servicio que reciben las entidades estatales a este
respecto, dentro de los cuales la labor de interventoría de obra sería un buen ejemplo”
(Énfasis añadido)21.
50. Como consecuencia de lo anterior, incluso en los casos en que la remuneración
se determine mediante esquemas variables, el pago del precio correspondiente a los
servicios del interventor no puede quedar supeditado única y exclusivamente al avance
del contrato de obra. De lo contrario, el interventor podría terminar asumiendo los
efectos desfavorables de los incumplimientos de las obligaciones del constructor de la
obra y no de las suyas propias, que le implican incurrir en costos fijos para vigilar su
ejecución y mantener informada a la entidad contratante sobre los hechos que puedan
poner en riesgo el cumplimiento del contrato de obra (Ley 1474 de 2011, art. 84)22.
51.A partir de las consideraciones anteriores, la Sala analizará cuál fue la modalidad
de remuneración pactada en el Contrato de Interventoría y, en particular, si el
20
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 61.463, jul. 16/2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez [fundamento
jurídico 22].
21
Gaceta del Congreso 458 del 1º de agosto de 2005.
22
En este sentido, resulta ilustrativo lo previsto en la cláusula octava de la minuta del contrato de interventoría
de obra pública incluida en los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública
mediante la Resolución 725 del 19 de diciembre de 2024. En dicha cláusula se establece lo siguiente: “[La
Entidad podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere conveniente
para pagar el valor del contrato al Interventor. En todo caso, esta cláusula debe incorporar todos los
documentos y plazos necesarios para el pago, incluyendo el Pago Anticipado del contrato, en caso de que
se haya pactado.] // [La Entidad Estatal al momento de configurar la Forma de Pago, debe tener en cuenta
que el pago de la interventoría no debe estar asociado o depender única y exclusivamente del cumplimiento
y avance del contrato objeto de vigilancia, por lo cual se recomienda contemplar en mayor medida que el
pago se realice contra el cumplimiento de las obligaciones propias del contrato de interventoría]”. Según el
inciso final del parágrafo 7º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, este documento es obligatorio para todas
las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Cfr.
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/content/03-documentos-tipo-para-los-procesos-de-seleccion-
de-interventoria-de-obra-publica-de
13
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
Interventor tenía derecho a percibir un precio fijo (incluido el de la adición No. 1) o, por
el contrario, un precio variable supeditado al porcentaje de avance en la construcción
de la nueva sede administrativa de la Alcaldía Local de Usme.
La modalidad de remuneración convenida por el FDL Usme y el Interventor
52. La cláusula sexta del Contrato de Interventoría, denominada “valor del contrato”,
estipuló lo siguiente:
“CLÁUSULA SEXTA-VALOR DEL CONTRATO - El valor del presente contrato es de SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($688.344.000 M/CTE.). PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del presente contrato
incluye todos los tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA en razón de su ejecución,
de conformidad con la propuesta presentada” 23.
53. Por otra parte, la cláusula séptima del Contrato de Interventoría, titulada como
“forma de pago”, estableció:
“CLÁUSULA SÉPTIMA - FORMA DE PAGO: El valor del Contrato será cancelado por el Fondo de
Desarrollo Local Usme, de la siguiente manera: 1. Un diez por ciento (10%) una vez vencido el
primer mes de ejecución, la cual corresponde a la etapa de verificación de los Estudios, Diseños y
Presupuesto por parte del Contratista de Obra. 2. El ochenta por ciento (80%) mediante pagos
parciales mensuales de acuerdo al porcentaje de avance de la obra. 3. Un diez por ciento (10%) a
la finalización de la obra previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción suscrita con el
interventor y el supervisor del contrato, y, la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación
del Contrato de Interventoría. Todos los documentos de pago deberán ser aprobados por el
Supervisor del Fondo de Desarrollo Local de Usme. Así mismo, los impuestos y retenciones que
surjan del presente contrato, corren por cuenta del contratista, para cuyos efectos el Fondo de
Desarrollo Local de Usme hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que
ordene la Ley.
Nota 1: Todo pago está sujeto a la disponibilidad de la Programación Anual Mensualizada de Caja
PAC.
Nota 2: El Fondo de Desarrollo Local de Usme, solo adquiere obligaciones con el proponente
favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos
a terceros.
Nota 3: En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente
proceso haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyó como
reserva presupuestal, se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible.
Dado lo anterior el pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la
Resolución N° 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre vigente.
Nota 4: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de la factura y/o
cuenta de cobro, el informe y la certificación de cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la
certificación de cumplimiento el supervisor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de
las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del Contratista. El
contratista debe presentar las cuentas de cobro y/o facturas y la certificación de cumplimiento
expedida por la Interventoría dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes ante el
Fondo de Desarrollo Local de Usme, la cual realizará el pago respectivo después del día 15 del mes
siguiente a la fecha de presentación de los requisitos mencionados. La forma de pago estipulada en
este numeral estará sujeta a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja PAC, los
recursos disponibles en la Tesorería Distrital. La supervisión seria la responsable de realizar las
programaciones del PAC, esta se debe realizar el mes anterior al pago, en el caso que se programe
el PAC en el mes del respectivo pago este se realizará el mes siguiente a la programación del
mismo. El Contratista deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la
Ley 789 de 2004, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, y demás
normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. La cancelación del valor del contrato, por
parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme al contratista, se hará mediante el Sistema Automático
de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista que posea el contratista
en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en el momento
de suscripción del presente documento” 24.
23
Exp. digital, doc. 2, p. 42.
24
Exp. digital, doc. 2, pp. 42-43.
14
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
54. Para establecer el alcance de las cláusulas transcritas, la Sala debe realizar un
ejercicio hermenéutico que, de manera complementaria, considere tanto los fines y
principios de la contratación estatal —incluidos los mandatos de buena fe, igualdad y
equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan a los contratos conmutativos
(Ley 80 de 1993, art. 28)— como las pautas de interpretación de los contratos previstas
en la legislación civil (Ley 80 de 1993, art. 13; Código Civil, arts. 1618 a 1624)25.
55. La principal pauta de interpretación contractual, establecida en el artículo 1618 del
Código Civil, dispone que "[c]onocida claramente la intención de los contratantes, debe
estarse a ella más que a lo literal de las palabras"26. Dado que el contrato es obra de
ambas partes, el criterio hermenéutico impone establecer cuál es realmente la voluntad
común, sin anteponer la de una de ellas27. En este contexto, el punto de partida para
determinar dicha intención es la declaración vertida en el documento contractual. En
ausencia de elementos extratextuales que evidencien una discrepancia entre la
intención real y su expresión, debe respetarse el contenido semántico de las cláusulas
que no sean ambiguas, porque cabe suponer que los contrayentes buscaron reflejar
su acuerdo de voluntades en las palabras con que lo expresaron28.
56. En el caso concreto, la cláusula sexta definió el precio que debía pagar el FDL
Usme por los servicios del Interventor —el valor del Contrato de Interventoría—. A
diferencia de otros contratos, esta estipulación no contiene ninguna expresión que
indique que el monto pactado tiene un carácter meramente estimativo para efectos
fiscales o de constitución de garantías. Tampoco se estableció que la remuneración
del Interventor sería variable, en contraposición a fija. Por el contrario, el parágrafo
primero aclara que el valor acordado incluye “todos los tributos y demás costos” en
que incurra el Interventor en razón de la ejecución del negocio jurídico, lo que prima
facie permite concluir que se pactó bajo una modalidad de precio fijo o suma alzada.
57. Por su parte, la cláusula séptima, relativa a la forma de pago, dispuso que “el valor
del Contrato será cancelado por el Fondo de Desarrollo Local Usme, de la siguiente
manera (…)”. Esta redacción parte de la premisa de que deberá pagarse la totalidad
del precio fijado en la cláusula sexta. En consecuencia, en este primer nivel del análisis
25
En relación con el ejercicio de interpretación de los contratos, análisis in-extenso en: C.E., Secc. Tercera,
exp. 18.762, jul. 7/2011, C.P. Jaime O. Santofimio [fundamento jurídico 2.4]; y C.S.J., Cas Civil, SC3047-
2018, jul. 31/2018, M.P. Luis Alonso Rico Puerta [fundamento jurídico 2.4].
26
Sobre el particular, ha dicho la Sección Tercera de esta Corporación: “En tal sentido, el contenido de los
artículos 1602 y 1618 del Código Civil colombiano representa el principio y fin de la institución contractual, en
atención a que la autonomía de la voluntad, en condición de fuente de derechos y obligaciones, se objetiva
en el contrato y cobra desarrollo pleno cuando es interpretada y se le asignan efectos conforme a la intención
común de los contratantes” C.E., Secc. Tercera, exp. 38.619, jun. 30/2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth
[fundamento jurídico 12.1].
27
La Corte Suprema de Justicia ha indicado la prevalencia de la pauta de interpretación del artículo 1618 en
los siguientes términos: “Se tiene que en materia de interpretación de contratos en general, de investigación
de su sentido, significado efectivo y genuino, el criterio secular afianzado y reiterado muchas veces por la
jurisprudencia es el previsto en el artículo 1618 del Código Civil: “la voluntad humana es con respecto a ella
misma su propia ley.” Esto es, la voluntad común de las partes ha de recibirse como la regla principal o
estructural de la interpretación: es el “perno fundamental.” En una palabra, —siguiendo a Laurent—, el juez
no puede crear la norma contractual: ésta ha sido edificada por los contratantes” C.S.J., Cas Civil, SC4112-
2021, oct. 25/2021, M.P. Francisco Ternera Barrios [Fundamento jurídico 6.3].
28
En palabras de la Corte Suprema de Justicia: “si el convenio consagra cláusulas precisas y claras -que no
dan lugar a interpretaciones diversas-, lo allí pactado ha de recibirse como la nítida voluntad de los
contrayentes” C.S.J., Cas. Civil, sent. SC4527-2020, nov, 23/2020, M.P. Francisco Ternera Barrios
[fundamento jurídico C – 1].
15
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
textual, la Sala concluye que las partes pactaron un precio fijo. En el expediente no
hay elementos de juicio que permitan concluir que la intención de las partes, vertida
en el documento contentivo del negocio jurídico, fuera la opuesta: pactar una
modalidad de remuneración variable. Los actos previos a la celebración del negocio
jurídico no apuntan en otro sentido29. La redacción de las cláusulas sexta y séptima no
sufrió modificaciones desde el inicio del procedimiento de selección (estudios
previos30, proyecto de pliego31, pliego de condiciones definitivo32) y no se formuló
ninguna observación en relación con su alcance o entendimiento33.
58. La anterior interpretación no fue acogida por el Tribunal Administrativo, que
consideró que el siguiente apartado de la cláusula relativa a la forma de pago no solo
regulaba el cronograma de desembolsos, sino que también definía el precio a pagar
por los servicios del Interventor, transformándolo en variable y dependiente del
porcentaje de avance de obra:
“El valor del Contrato será cancelado por el Fondo de Desarrollo Local Usme, de la siguiente
manera: 1. Un diez por ciento (10%) una vez vencido el primer mes de ejecución, la cual corresponde
a la etapa de verificación de los Estudios, Diseños y Presupuesto por parte del Contratista de Obra.
2. El ochenta por ciento (80%) mediante pagos parciales mensuales de acuerdo al porcentaje de
avance de la obra. 3. Un diez por ciento (10%) a la finalización de la obra previa suscripción del acta
de recibo final a satisfacción suscrita con el interventor y el supervisor del contrato, y, la suscripción
de la correspondiente Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría”.
59. La Sala no comparte esta conclusión por varias razones.
60. En primer lugar, a diferencia de otros casos analizados por la Sección Tercera 34,
en este apartado de la cláusula séptima no se empleó expressis verbis ninguna fórmula
que sugiriera que la remuneración del Interventor tendría un componente variable.
29
“los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producción de un
consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario, una vez formado el consentimiento son
parte integrante de él, y su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera
intención de las partes, cristalizada en las cláusulas del contrato” C.S.J., Cas Civil, S-233-1989, jun. 28/1989,
M.P. Rafael Romero Sierra [fundamento jurídico 1].
30
Exp. digital, doc. 34 (1), pp. 33-59
31
Exp. digital, doc. 34 (1), pp. 69-197.
32
Exp. digital, doc. 34 (1), pp. 69-197.
33
Exp. digital, doc. 34 (1), pp. 332 a 343 y 352 a 368.
34
“Revisados los antecedentes fácticos y jurídicos que rodearon la ejecución del contrato no. 1977 – 101 de
2015, evidencia la Sala que desde el pliego de condiciones la Secretaría de Educación y la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte establecieron que la forma de pago del valor del contrato se componía de tres
(3) variables determinadas de la siguiente manera: a) Costos fijos mensuales, correspondientes al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato de interventoría, los cuales se cancelarían en pagos mensuales ‘vencidos
de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato’ (fl. 313 ibidem). | b)
Costos variables por avance de obra, correspondientes al sesenta por ciento (60%) del valor del contrato de
interventoría, pago que se componía en sí mismo ‘en tres pagos relacionados con el avance facturado por el
contratista de obra (30%, 60% y 90%).’ (ibidem). | c) Liquidación, esta última variable correspondía al diez
por ciento (10%) del valor del contrato de interventoría y se cumplía al momento de la suscripción del acta de
liquidación del contrato de obra y de la correspondiente liquidación del contrato de interventoría. (…) De la
revisión de los documentos que conforman el expediente no es posible extraer una conclusión diferente a la
que llegaron las partes en el acta de liquidación bilateral del contrato de consultoría no. 1977–101 de 2015,
pues, el contrato es claro en establecer una forma de pago variable que dependía del porcentaje de
cumplimiento que lograra alcanzar el contratista de obra objeto del contrato de interventoría objeto de análisis.
En ese contexto, para la Sala es claro que, el reconocimiento del costo variable correspondiente al sesenta
por ciento (60%) del valor total del contrato de interventoría dependía, exclusivamente, del avance efectivo
del contrato de obra objeto del contrato de consultoría, y como la propia interventoría determinó en el informe
final de dicho contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%, ese era
el porcentaje del costo variable que le correspondía al consorcio interventor, porcentaje efectivamente
reconocido por el Distrito Capital en el acta de liquidación de dicho negocio jurídico” C.E., Secc. Tercera, Sub.
B., exp. 68.622, sep. 11/2024, C.P. Fredy Ibarra Martínez [fundamentos jurídicos 5, 9 y 10].
16
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
61. En segundo lugar, esta interpretación no es la que mejor se adecúa al artículo
1622 del Código Civil, que indica: “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas
por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su
totalidad”. Este criterio parte de la premisa de que el contrato integra un conjunto de
acuerdos interrelacionados entre sí y que persiguen un fin común, por lo cual no es
acertado realizar una lectura aislada o independiente de cada cláusula como si se
tratara de disposiciones inconexas35. La pauta tiene estrecha relación con la regla
fundamental de interpretación del artículo 1618 del Código Civil, pues solo una lectura
integral del clausulado permite desentrañar el objetivo que proyectaron las partes al
obligarse.
62. Como lo señaló anteriormente la Sala, es necesario distinguir entre la modalidad
de remuneración y la forma de pago. La modalidad de remuneración define cuánto se
debe al consultor, es decir, el precio pactado por la prestación del servicio; la forma de
pago, por su parte, regula cómo se efectúa el desembolso de dicho precio. Pues bien,
si se entendiera que la cláusula séptima, relativa a la forma de pago, también modifica
o redefine el precio, introduciendo un componente variable en la remuneración, se
generaría una contradicción con la cláusula sexta, que establece una suma alzada y
no un valor estimado para efectos fiscales o de constitución de garantías.
63. En cambio, si se interpreta que el precio es fijo, no se genera contradicción entre
las cláusulas sexta y séptima; por el contrario, se mantiene su efecto útil y cada una
conserva, bajo su respectivo ámbito de regulación, los asuntos indicados en su título:
el precio, por una parte, y la forma de pago, por otra. A partir de esta comprensión, si
el Interventor cumple sus obligaciones, tiene derecho al pago de la totalidad del precio,
que es fijo, aunque el cronograma de desembolsos esté determinado por el avance de
la obra, lo que implica la asunción de un riesgo: si dicho avance no es significativo —
incluso por causas no imputables a las partes—, sus ingresos y su flujo de caja
disminuirán, pese a que sus costos operativos permanezcan constantes. Por ello, el
pago del ciento por ciento (100 %) del precio se desplazará en el tiempo, debiendo la
entidad estatal, al momento de la terminación y liquidación del contrato, haber
cumplido íntegramente su obligación para quedar a paz y salvo (Ley 80 de 1993, art.
60).
64. Los documentos del expediente evidencian que el contratista no adoptó conductas
incompatibles con la interpretación de que el precio era fijo y que su pago debía
completarse al momento de la liquidación del Contrato de Interventoría. El 25 de
noviembre de 2015, el Interventor presentó al FDL Usme la primera factura,
correspondiente al 10 % del valor del contrato, tras culminar la revisión de los estudios,
35
Sobre el particular, ha manifestado la Corporación: “Este criterio interpretativo pone de presente la
correlación que existe entre las partes constitutivas del discurso, como de cada manifestación del
pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen parte: correlación y referencia que hacen posible
la iluminación recíproca del significado entre el todo y los elementos constitutivos. Constituye un principio
evidente de técnica de interpretación textual, que al dirigirse a aclarar el sentido de una declaración de índole
jurídica, ordena que el significado de las declaraciones no puede ser segmentado, sino que debe ser atribuido
al conjunto de la intención del declarante; es decir, que en presencia de una o varias cláusulas, dentro de un
contrato; o de uno o varios artículos, dentro de una ley; o de una o varias leyes dentro del ordenamiento
jurídico; o de una o varias declaraciones, dentro de una propuesta para una licitación pública, se debe
considerar que hacen parte de un todo, y es por medio de la luz de cuanto emerge del conjunto de la
declaración entera, que se determina el sentido jurídico propio del objeto interpretado” C.E., Secc. Tercera,
exp. 16.100, feb. 11/2009, C.P. Ramiro Saavedra Becerra [fundamento jurídico 2.3.1.3].
17
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
diseños y presupuesto por parte del Constructor36. Posteriormente, entre febrero de
2016 y septiembre de 2017, radicó dieciséis facturas adicionales, cuyo valor se
determinó conforme al porcentaje de avance físico de la obra37. Finalmente, el 3 de
noviembre de 2017, radicó una última factura (No. 20), ajustada al porcentaje de
avance de obra alcanzado al término de la ejecución del Contrato de Interventoría 38.
65. Aunque durante la ejecución se efectuaron desembolsos parciales, una vez
concluido el plazo contractual, el Interventor solicitó que se reconociera el saldo
pendiente —que no pudo pagarse debido a que no se completó la obra— en la
liquidación. En comunicación del 15 de diciembre de 2017, remitida al alcalde local de
Usme, el Interventor expresó:
“Sin perjuicio de que a la fecha tampoco ha dado respuesta de la comunicación CIU-
INT/ALC66-GER-280--17 de fecha 2 de noviembre de 2017 donde hemos reclamado el
pago de los ingresos dejados de percibir debido a las demoras en la ejecución del
contratista de obra, los cuales deberían haberse efectuado acorde un avance de obra
programado, estimado en la suma de $1.204.602.000.
(…)
Adicionalmente, solicitamos a la Entidad proceder con la liquidación del contrato de
interventoría con el fin que se incluyan las presentes salvedades indicadas en esta
comunicación y en las anteriormente enviadas, y en ese sentido proceder con la
liquidación. Reiterando que esta interventoría colaborará con la entidad en los aspectos”39.
66. De igual manera, mediante escrito del 8 de mayo de 2018, reiteró que tenía
derecho a que en la liquidación se le reconociera el monto total de $1.204’602.000,
valor total del Contrato de Interventoría (incluida la suma pactada en la adición No. 1):
“Por otro lado, respecto a las reclamaciones esgrimidas por esta interventoría, será
ratificadas en el acta de liquidación del contrato donde se expresarán las salvedades al
momento de su suscripción, donde hemos reclamado el pago de los ingresos dejados de
percibir debido a las demoras en la ejecución del contratista de obra, los cuales deberían
haberse efectuado acorde un avance de obra programado, estimado en la suma de
$1.204.602.000”40.
67. Ahora bien, si se considerara que las anteriores pautas de interpretación no
permiten disipar la ambigüedad, y dado que las demás directrices (limitaciones del
contrato a su materia e interpretación por la naturaleza del contrato) no producen un
efecto distinto, debería aplicarse la regla subsidiaria prevista en el artículo 1624 del
Código Civil. En otros términos, si se acepta que la cláusula séptima del Contrato de
Interventoría es ambigua —en el sentido de que puede atribuirse por lo menos dos
significados: (1) que establece un precio variable o (2) que únicamente condiciona el
cronograma de desembolsos de un precio fijo—, entonces debe interpretarse contra el
FDL Usme, pues fue quien la redactó al elaborar la minuta del contrato41.
36
Exp. digital, doc. 34 (23), p. 223.
37
Exp. digital, doc. 6, p. 1.
38
Exp. digital, doc. 2, p. 385.
39
Exp digital, doc. 2, pp. 393-395.
40
Exp. digital, doc. 34 (78), p. 6.
41
Esta Sección ha aplicado la regla de interpretación contra proferentem en los siguientes términos: “las
cláusulas oscuras deben interpretarse en contra de quien las redactó o predispuso porque siendo de su
cuenta la confección de la cláusula se impone con más vigor en él la carga de la claridad pues así lo exige la
buena fe contractual, en especial si se tiene en cuenta el deber de información y el deber que tiene todo
18
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
68. En conclusión, aplicando las pautas hermenéuticas del Código Civil, la Sala
concluye que el precio a pagar por los servicios del Interventor era fijo, aunque el
cronograma de desembolsos estuviera determinado por el porcentaje de la obra
inspeccionada. No obstante, tratándose de un contrato estatal sometido al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la interpretación de
sus estipulaciones debe orientarse no solo por tales pautas, sino también por los fines
y principios que consagra el estatuto, así como por los mandatos de la buena fe y de
la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan a los contratos
conmutativos (Ley 80 de 1993, art. 28).
69. La interpretación según la cual el precio pactado era fijo, aunque la exigibilidad de
su pago y el cronograma de desembolsos estuvieran sujetos al avance de la obra, es
la que mejor se ajusta a la igualdad y al equilibrio entre prestaciones y derechos
propios de los contratos conmutativos. Además, es la que resulta más conforme con
los principios del EGCAP, particularmente el de selección objetiva de los consultores.
70. Según lo explicó recientemente la Sala en relación con otra controversia sobre la
forma de pago de un contrato de interventoría42, conforme al artículo 1498 del Código
Civil43, un contrato es conmutativo cuando las prestaciones asumidas por cada parte
se miran como equivalentes. En consecuencia, el contrato conmutativo se caracteriza
porque, desde su celebración, las partes delimitan de forma recíproca y proporcional
las obligaciones que asumirán, garantizando un equilibrio inicial entre los programas
obligacionales de cada contratante44. Aunque las partes pueden pactar modalidades
relativas a la exigibilidad de la contraprestación, tales estipulaciones no alteran la
existencia misma del derecho de crédito, sino únicamente el momento en que resulta
procedente exigir su satisfacción. Ello obedece a que el nacimiento y la exigibilidad de
una obligación constituyen momentos diferenciables en su ciclo vital, aunque en ciertos
casos puedan concurrir en el tiempo.
71. La conmutatividad de los contratos estatales sometidos al EGCAP no tiene, sin
embargo, un carácter enteramente subjetivo; la autonomía de la voluntad en la
determinación de la contraprestación a favor del Interventor está limitada por las
normas que presiden la formación del contrato45. En este sentido, las normas
contratante de velar no sólo por su propio interés sino también por el interés del otro ya que el contrato cumple
finalmente con una función económica y social. (…) siendo la Superintendencia General de Puertos la
predisponente ha debido ser clara al predisponer ya que si uno de los términos de la concesión era que dentro
de ésta no quedara comprendida el área de fondeo del Puerto de santa Marta, ha debido expresarlo de
manera clara e inequívoca pues de no hacerlo así cualquiera ambigüedad que no pueda ser superada
mediante las reglas subjetivas de interpretación deben ser resueltas en su contra, esto es contra poferentem”
C.E., Secc. Tercera, Sub. C, exp. 18.762, jul .7/2011, Jaime O. Santofimio [fundamentos jurídicos 2.2 y 3.3.2].
42
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 70.270, may. 05/2025, José R. Sáchica.
43
Artículo 1498 del Código Civil. “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se
obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez;
y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio”.
44
“el fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad
o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones
existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer
durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos
originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes” C.E., Secc. Tercera,
Subsecc. C, exp. 18.836, jun. 22/2011, C.P. Jaime O. Santofimio, [fundamento jurídico 1].
45
“Es de destacar que, en el ámbito del derecho privado, la equivalencia de las cargas mutuas tiene un efecto
meramente subjetivo en cuanto que, lo determinante de la figura, es que cada una de las partes, según su
libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que se obliga es similar o directamente
19
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
reglamentarias vigentes cuando se celebró el Contrato de Interventoría imponían a la
entidad estatal el deber de justificar objetivamente, en la etapa de planeación, el valor
estimado del contrato y el presupuesto oficial de contratación, lo que implica verificar
la suficiencia del precio para cubrir los costos en que debe incurrir el consultor por la
prestación de sus servicios (Decreto 1510 de 2013, art. 20.4). Igualmente, debía
rechazar las ofertas con valor artificialmente bajo, cuando no respondieran a
circunstancias objetivas del oferente o de su oferta, de modo que su aceptación no
pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato (Decreto 1510 de 2013, art. 20.4).
72. El Contrato de Interventoría se estructuró como un negocio jurídico conmutativo,
en la medida en que desde su celebración se establecieron obligaciones recíprocas y
equivalentes para las partes: el Interventor se obligó a realizar el seguimiento y control
de la ejecución del Contrato de Obra (cláusulas segunda y cuarta); como
contraprestación por esa labor, el FDL se comprometió a pagar “el valor del contrato
en las condiciones pactadas” (cláusula quinta)46. Esta conclusión se refuerza al advertir
que, en desarrollo del concurso de méritos, la entidad estatal modificó mediante
adenda el contenido de la minuta del Anexo 3 de la oferta, denominada "formulario de
propuesta económica e ítems a ejecutar", con el propósito de que los concursantes
desglosaran los costos de cada uno de los recursos (personal, administrativos y
equipos) comprometidos en la ejecución de las labores de seguimiento. Ello tenía
como finalidad verificar “la consistencia de la propuesta económica respecto de las
actividades descritas en la propuesta técnica”47, es decir, asegurar la proporcionalidad
entre el precio pactado y los recursos asignados, sin que dicha correspondencia se
supeditara al avance de la obra.
proporcional a la que recibe a título de retribución, sin que tengan ninguna incidencia aquellos elementos de
carácter objetivo que establece o fija el mercado. No ocurre lo mismo en el Derecho Público donde es evidente
que las prestaciones correlativas de las partes, en virtud del principio de la justicia conmutativa, tienen que
mantener una equivalencia siguiendo el criterio objetivo de proporción o simetría en el costo económico de
las prestaciones, lo que exige que el valor a recibir por el contratista, en razón de los bienes, obras o servicios
que le entrega al Estado, deba corresponder al justo precio imperante en el mercado. Con ello, se fija un
límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición dominante
de la administración, mantener el equilibrio del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del
contratista que se constituye en la parte débil de la relación contractual” Corte Const., sent. C-892 de 2001,
ago. 22/2001, M.P. Rodrigo Escobar [fundamento jurídico 4.3.1].
46
“CLÁUSULA QUINTA OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME. Además de
los derechos y deberes contemplados en el artículo 4o de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes
y los convenidos en el presente contrato, EL FONDO se obliga especialmente a: (…) 3 Pagar el valor del
contrato en las condiciones pactadas. (…)” Exp. digital, doc. 2, p. 42.
47
Exp. digital, doc. 34 (1), p. 224.
20
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
73. La interpretación opuesta, según la cual la remuneración era variable y dependía
del porcentaje de avance de la obra, resulta contradictoria con el equilibrio entre
prestaciones y derechos propios de los contratos conmutativos. Bajo esa perspectiva,
podría configurarse un escenario en el cual, pese a que el Interventor cumpla
diligentemente sus obligaciones —manteniendo disponibles los medios personales y
técnicos necesarios para ejercer sus funciones de control durante todo el plazo
contractual—, se vea privado del ochenta por ciento (80 %) de su remuneración si la
obra no avanza por causas ajenas a su gestión. Esta circunstancia implicaría que casi
la totalidad de la contraprestación por sus servicios quedaría sujeta a un alea, esto es,
a un acontecimiento incierto y ajeno al control del contratista, como el avance de la
obra. Ello lo aproximaría a un contrato aleatorio, dado que “el papel que juega el hecho
incierto es lo que permite trazar la línea divisoria, toda vez que, como se acaba de
decir, en la condición lo que está en juego es la consolidación o la eliminación del
negocio jurídico, en tanto que en el contrato aleatorio lo que el hecho contingente
determina es el contenido de él”48.
48
HINESTROSA, Fernando, Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El negocio
jurídico. Vol. II. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pág. 640.
21
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
74. Por otra parte, la Sala advierte que en la matriz de riesgos incluida en el numeral
31 del pliego de condiciones definitivo no se hizo referencia al avance de la obra objeto
de seguimiento técnico por parte del Interventor ni se tipificó como una circunstancia
determinante de la cuantía de la remuneración a la que este tendría derecho 49. Si el
FDL Usme hubiera pretendido trasladar los efectos desfavorables de este factor ajeno
al control del Interventor, estableciendo un esquema de remuneración variable en un
80 % —y no simplemente una forma de pago o cronograma de desembolsos ajustado
al avance—, habría debido preverlo expresamente para que los concursantes lo
consideraran al elaborar sus ofertas. Sin embargo, y al margen de la validez de una
estipulación semejante, ello no ocurrió, lo cual reafirma la conclusión previamente
expuesta.
75. En conclusión, la Sala considera que la cláusula sexta, al señalar que “el valor del
presente contrato es de $688.344.000 (…) [e] incluye todos los tributos y demás costos
en que incurra el CONTRATISTA en razón de su ejecución”50, estableció como
modalidad de remuneración un precio fijo o suma alzada, con la asunción de los
riesgos que ello implica51. A su vez, la cláusula séptima, que comienza indicando que
“[[e]l valor del Contrato será cancelado por el Fondo de Desarrollo Local Usme, de la
siguiente manera”, reguló la exigibilidad y el calendario de pagos del precio (no la
existencia del derecho de crédito), estableciendo un cronograma compuesto por tres
grupos de desembolsos.
76. El primer grupo corresponde a “Un diez por ciento (10%) una vez vencido el primer
mes de ejecución [que] corresponde a la etapa de verificación de los Estudios, Diseños
y Presupuesto por parte del Contratista de Obra”, respecto del cual las partes no tienen
discrepancias. El segundo corresponde al “ochenta por ciento (80%) [del precio]
mediante pagos parciales mensuales de acuerdo al porcentaje de avance de la obra”.
Como ya se concluyó, el hecho de que el Interventor no pudiera exigir el pago completo
debido al bajo avance de la obra no extinguía su derecho a percibir la totalidad del
precio pactado. No se trataba, como lo pudo interpretar la demandada y el Tribunal,
de una condición que no se cumplió para dar nacimiento a un derecho, pues de lo que
se trataba era de definir la época y momento para satisfacción de este, que era
preexistente sobre las bases que esta Sala ha explicado. En tal escenario, el saldo
pendiente debía trasladarse a la etapa de liquidación, instancia en la que se efectúan
los ajustes, revisiones y reconocimientos pertinentes para que las partes se declaren
a paz y salvo (Ley 80/1993, art. 60).
77. Finalmente, el último pago corresponde a “un diez por ciento (10%) [del precio] a
la finalización de la obra previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción
suscrita con el interventor y el supervisor del contrato, y, la suscripción de la
49
Exp. digital, doc. 34 (1), p. 248.
50
Exp. digital, doc. 2, p. 42.
51
“En efecto, en el sistema del precio global, el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos
que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista
también percibe los beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y
temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él. En otras palabras, en el sistema de
precio global fijo, la convención sobre una suma fija por el objeto del negocio jurídico implica un traslado de
riesgos al contratista el cual, por supuesto, no solo asume los mayores costos sino también los beneficios de
sus eficiencias y organización en el cumplimiento del contrato” C.E., Secc. Tercera, Subsecc. A, exp. 56.399,
jun. 8/2022, C.P. José Roberto Sáchica Méndez [fundamento jurídico 30].
22
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
correspondiente Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría”. A esta estipulación
le resultan igualmente aplicables los criterios ya expuestos.
78. En coherencia con la conclusión sobre la estipulación de una suma alzada y no
de una remuneración variable, la Sala concluye para efectos de lo que trajo a juicio la
demandante, que el hecho de que el Interventor no pudiera acreditar la suscripción del
acta de recibo final —debido a que el Contrato de Obra se extendió más allá de la
vigencia del Contrato de Interventoría por razones no imputables a él— no lo priva de
su derecho a recibir la remuneración pactada. Ello obedece a que el Interventor no
garantizó la terminación de la obra —como si se tratara de un contrato de garantía—,
ni el derecho a percibir el precio estaba sometido a una condición suspensiva (Código
Civil, art. 1530), como lo sería la suscripción del acta de recibo final de la obra; tampoco
el Interventor asumió un alea. Bastaba con que el Interventor ejecutara su prestación
conforme a lo pactado para que surgiera el derecho a la contraprestación, mientras
que la exigibilidad de su pago podía estar sujeta a ciertos requisitos contractuales, sin
afectar la existencia misma del derecho.
79. En concordancia con las anteriores conclusiones, quien exige un derecho
contractual debe acreditar su calidad de contratista cumplido; procede, entonces,
analizar si el Interventor cumplió integralmente sus obligaciones y, en caso afirmativo,
definir sobre si tiene derecho al pago que reclama.
El derecho del Interventor a recibir la totalidad del precio pactado
80. Los documentos que obran en el expediente acreditan que, aunque la obra no se
terminó dentro del plazo del Contrato de Interventoría, el Interventor cumplió las
obligaciones que le correspondían.
81. Para empezar, el informe final del supervisor designado por el FDL Usme, que
realizó un análisis pormenorizado del cumplimiento de cada obligación contractual52,
concluyó que el Interventor cumplió íntegramente sus compromisos53:
82. Igualmente, en el “acta de recibo final de la interventoría”, suscrita el 16 de
diciembre de 2019 por el Interventor y el supervisor designado por el FDL Usme, se
52
Exp. digital, doc. 34 (83), pp. 160-218.
53
Exp. digital, doc. 34 (83), p. 223.
23
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
indicó que hubo una ejecución del 100 % de las obligaciones derivadas del Contrato
de Interventoría54:
83. Finalmente, en el proyecto de acta de liquidación elaborado por la entidad estatal,
que no llegó a firmar el Interventor debido a los desacuerdos sobre los saldos incluidos
en el documento, se había incorporado el siguiente aparte55:
84. Aunque los elementos de juicio que evidencian las valoraciones del acreedor son
suficientes para justificar la inferencia probatoria sobre el cumplimiento de las
obligaciones del Interventor, los documentos producidos de forma coetánea a la
ejecución del contrato y su prórroga ratifican que los servicios se prestaron en debida
forma en sus múltiples componentes de seguimiento técnico, administrativo,
financiero, jurídico y ambiental.
85. El Contrato de Interventoría tuvo un plazo inicial de doce meses, que transcurrió
entre el 24 de septiembre de 2015 —fecha de suscripción del acta de inicio56— y el 23
de septiembre de 2016. Durante la vigencia de dicho plazo inicial, el Interventor
presentó once informes de interventoría:
No. Periodo Exp. digital
1 24 de septiembre a 31 de octubre de 2015 Docs. 34 (15) y 34 (16)
2 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2015 Docs. 34 (16) y 34 (17)
Docs. 34 (17), 34 (18) y 34
3 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2015
(19)
Docs. 34 (19), 34 (20) y 34
4 1 de enero a 31 de enero de 2016
(21)
5 1 de febrero a 29 de febrero de 2016 Docs. 34 (22) y 34 (23)
6 1 de marzo a 31 de marzo de 2016 Docs. 34 (24) y 34 (25)
Docs. 34 (26), 34 (27) y 34
7 1 de abril a 30 de abril de 2016
(28)
Docs. 34 (29), 34 (30) y 34
8 1 de mayo a 31 de mayo de 2016
(31) y 34 (32)
Docs. 34 (33), 34 (34) y 34
9 1 de junio a 30 de junio de 2016
(35)
10 1 de julio a 31 de julio de 2016 Docs. 34 (36) y 34 (37)
Docs. 34 (38), 34 (39) y 34
11 1 de agosto a 31 de agosto de 2016
(40)
86. El 23 de septiembre de 2016, las partes suscribieron un acuerdo modificatorio
mediante el cual prorrogaron el plazo del contrato por nueve meses y adicionaron el
valor de la interventoría. Durante la ejecución de la prórroga, el Interventor presentó
otros diez informes de interventoría, con periodicidad mensual:
54
Exp. digital, doc. 34 (83), p. 150.
55
Exp. digital, doc. 34 (83), pp. 268-274.
56
Exp. digital, doc. 34 (83), p. 139.
24
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
No. Periodo Exp. digital
Docs. 34 (41), 34 (42) y 34
12 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2016
(43)
Docs. 34 (43), 34 (44) y 34
13 1 de octubre a 31 de octubre de 2016
(45) y 34 (46)
Docs. 34 (47), 34 (48) y 34
14 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2016
(49)
Docs. 34 (50), 34 (51) y 34
15 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2016
(52)
Docs. 34 (53), 34 (54) y 34
16 1 de enero a 31 de enero de 2017
(55)
17 1 de febrero a 28 de febrero de 2017 Docs. 34 (56) y 34 (57)
Docs. 34 (58), 34 (59) y 34
18 1 de marzo a 31 de marzo de 2017
(60)
Docs. 34 (60), 34 (61) y 34
19 1 de abril a 30 de abril de 2017
(62)
20 1 de mayo a 31 de mayo de 2017 Docs. 34 (63) y 34 (64)
Docs. 34 (65), 34 (66) y 34
21 1 de junio a 23 de junio de 2017
(67)
87. Por último, el Interventor presentó el informe final de interventoría en julio de
201757. En cuanto al componente técnico, los informes detallan que el personal mínimo
exigido hizo presencia ininterrumpida en la obra durante los veintiún meses de
ejecución del contrato, circunstancia respaldada en las bitácoras anexas a cada
informe y recopiladas en el informe final. Dichas bitácoras documentan las visitas
diarias efectuadas tanto durante el plazo inicial (24 de septiembre de 2015 a 23 de
septiembre de 2016) como en la prórroga (24 de septiembre de 2016 a 23 de junio de
2017)58. Además, el cumplimiento del componente técnico se encuentra corroborado
en los informes finales de los especialistas en materia (i) estructural 59, (ii) eléctrica60,
(iii) de accesibilidad61 e (iv) hidrosanitario y de red contraincendios62, así como en la
certificación del estado final de la obra63 y en el registro fotográfico64.
88. Respecto del componente administrativo, la Sala nota que la totalidad de los
informes periódicos del Interventor incluyeron un reporte del estado general del
contrato, informes semanales, las actas de comité de obra, el seguimiento del personal
—del Constructor y del Interventor— y el seguimiento de la correspondencia enviada
y recibida en el mes supervisado, con copia de cada una de las comunicaciones65.
89. En cuanto al cumplimiento financiero, los veintiún informes mensuales de
interventoría presentados por el Interventor incluyeron un apartado que abarcaba,
entre otros aspectos: (i) el balance financiero, (ii) el plan de inversión del anticipo, (iii)
el análisis de los rendimientos financieros y (iv) el control presupuestal. En esta sección
se reportaron las novedades mensuales relacionadas con la tesorería, las
actualizaciones fiduciarias, la aprobación de facturas, la revisión de cuentas de cobro
57
Exp. digital, docs. 34 (67), 34 (68), 34 (69), 34 (70), 34 (71), 34 (72), 34 (73), 34 (74), 34 (75) y 34 (76)
58
Exp. digital, doc. 34 (71), pp. 108-231; Exp. digital, doc. 34 (71), pp. 231-239; doc. 34 (72), pp. 1-98).
59
Exp. digital, doc. 34 (68), pp. 304-326.
60
Exp. digital, doc. 34 (68), pp. 327-340.
61
Exp. digital, doc. 34 (68), pp. 357-395
62
Exp. digital, doc. 34 (68), pp. 341-356; 34 (69) p. 1.
63
Exp. digital, doc. 34 (69), pp. 24-153.
64
Exp. digital, doc. 34 (69), pp. 154-182.
65
Esta información obra en cada uno de los informes parciales de interventoría, contenidos en el
expediente digital en la ubicación referenciada en los párrafos 81 y 82.
25
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
y las órdenes de compra66. En concordancia con ese seguimiento permanente, en el
informe final de interventoría se incluyó un control final del balance presupuestal 67 y
del estado de la fiducia, el cual comprendió informes sobre la inversión 68, las
reprogramaciones del anticipo69, los rendimientos financieros70, los extractos
fiduciarios71 y la liquidación del fideicomiso72.
90. Respecto al componente jurídico, el expediente contiene evidencia suficiente de
que el Interventor ejecutó de manera diligente sus funciones de control. En relación
con la verificación del estado de cumplimiento del Contrato de Obra durante la vigencia
del plazo inicial, los documentos registran que, en diciembre de 2015, advirtió al
Constructor sobre atrasos respecto de lo programado73; en marzo de 2016, evidenció
el incumplimiento de compromisos de cortes de obra y formuló el primer y segundo
llamado de atención por incumplimiento74; en mayo de 2016, reiteró un nuevo llamado
de atención y recomendó al FDL Usme sancionar al Constructor75; y, en julio de 2016,
volvió a advertir sobre una situación de incumplimiento76.
91. Igualmente, durante la prórroga del Contrato de Interventoría, el Interventor
continuó ejerciendo sus funciones de control de manera diligente. En noviembre de
2016, formuló un llamado de atención por incumplimiento al Constructor 77; en
diciembre de 2016, advirtió al FDL Usme sobre la persistencia de incumplimientos78;
en enero de 2017, informó sobre el atraso de la obra79; en mayo de 2017, requirió
nuevamente al Constructor por la situación crítica de la obra y formuló otro llamado de
atención por incumplimiento; asimismo, en ese mismo mes, reportó la suspensión de
actividades80.
92. De otro lado, el expediente contiene evidencia de las actuaciones del Interventor
durante el plazo inicial y la prórroga, relacionadas con el seguimiento jurídico al estado
del Contrato de Obra y las solicitudes de acuerdos modificatorios. Así, (i) en febrero
de 2016, emitió concepto desfavorable frente a la solicitud del Constructor de
reprogramar el cronograma y suspender el Contrato de Obra81; (ii) en marzo de 2016,
se pronunció sobre la solicitud de prórroga presentada por el Constructor82; (iii) en junio
de 2016, no avaló una nueva solicitud de suspensión de la obra83; (iv) en agosto de
66
Esta información obra en cada uno de los informes parciales de interventoría, contenidos en el
expediente digital en la ubicación referenciada en los párrafos 81 y 82.
67
Exp. digital, doc. 34 (71), p. 37.
68
Exp. digital, doc. 34 (71), p. 39-42.
69
Exp. digital, doc. 34 (71), p. 43-53.
70
Exp. digital, doc. 34 (71), p. 54-70.
71
Exp. digital, doc. 34 (71), p. 71-86.
72
Exp. digital, doc. 34 (71), p. 87-103.
73
Exp. digital, doc. 34 (18), p. 41.
74
Exp. digital, doc. 34 (22), p. 1; doc. 34 (24), p. 114; doc. 34 (24), p. 121.
75
Exp. digital, doc. 34 (29), p. 194.
76
Exp. digital, doc. 34 (33), pp. 14-15.
77
Exp. digital, doc. 34 (43), p. 248.
78
Exp. digital, doc. 34 (50), p. 1; 35.
79
Exp. digital, doc. 34 (53), p. 1.
80
Exp. digital, doc. 34 (32), pp. 92-93, 104.
81
Exp. digital, doc. 2, p. 202.
82
Exp. digital, doc. 2, pp. 212-216.
83
Exp. digital, doc. 2, p. 254.
26
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
2016, presentó concepto favorable para la prórroga solicitada;84; (v) en febrero de
2017, remitió un informe sobre la situación del Contrato de Obra85; (vi) en marzo de
2017, solicitó al FDL Usme definir lineamientos frente a los diseños faltantes y cambios
contractuales, así como la celebración de una reunión para acordar su
implementación86; (vii) en abril de 2017, presentó un informe detallando el estado del
proyecto87; y (viii) en julio de 2017, entregó un nuevo informe de actualización sobre el
avance de la obra88.
93. Finalmente, en relación con el componente ambiental, los informes mensuales de
interventoría incluyeron un acápite denominado “Informe mensual de seguridad, salud
ocupacional y ambiental”, en el cual se reportaron los aspectos ambientales
correspondientes a cada periodo de vigilancia89. Toda la gestión realizada en este
ámbito fue sistematizada en el informe final presentado en julio de 201790. En
concordancia con lo anterior, el Interventor allegó un informe de seguimiento sobre la
disposición de residuos, que consignó la cantidad generada en metros cúbicos, el
porcentaje de reutilización y la identificación de las escombreras utilizadas
mensualmente entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, con el correspondiente
soporte de ingreso en la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente91. Además,
aportó los registros de entrega de materiales en cada una de las escombreras
autorizadas, cumpliendo así con las obligaciones de manejo ambiental92.
94. En síntesis, las pruebas obrantes en el expediente, incluidas las evaluaciones
elaboradas por el supervisor designado por el FDL Usme, acreditan que el Interventor
ejecutó adecuadamente las actividades objeto del Contrato de Interventoría durante
toda su vigencia. A la par de esta evidencia, la demandada no alegó un incumplimiento
de su parte.
95. Asimismo, las pruebas evidencian que, durante el período correspondiente a la
prórroga pactada en el adicional No. 1 —cuyo valor no fue pagado por la entidad—, el
Interventor mantuvo activo el personal mínimo comprometido para el cumplimiento de
sus obligaciones e incurrió en los costos asociados al pago de sus salarios y
prestaciones sociales, lapso en el cual el avance en la construcción de la obra fue del
30,9%93. El expediente contiene contratos de trabajo, comprobantes de egreso por
nómina emitidos por el Interventor, constancias de pagos a terceros en portales
bancarios, desprendibles detallados de nómina y constancias de pago de la planilla de
84
Exp. digital, doc. 2, pp. 268-278.
85
Exp. digital, doc. 34 (57), pp. 259-267.
86
Exp. digital, doc. 34 (58), p. 1.
87
Exp. digital, doc. 34 (60), pp. 72-78.
88
Exp. digital, doc. 34 (64), pp. 295-308.
89
Esta información obra en cada uno de los informes parciales de interventoría, contenidos en el
expediente digital en la ubicación referenciada en los párrafos 81 y 82.
90
Exp. digital, doc. 34 (81), p. 282.
91
Exp. digital, doc. 34 (81), pp. 283 a 301; doc. 34 (82), pp. 1-2
92
Exp. digital, doc. 34 (82), pp. 3-200; doc. 34 (83), pp. 1-15.
93
Según el informe mensual de interventoría No. 12, correspondiente al mes de septiembre de 2016,
con corte al 25 de septiembre —un día después de la suscripción de la prórroga—, el avance físico de
la obra era del 23,64 % (Exp. digital, doc. 34 (41), p. 37). Por su parte, conforme al informe final del
supervisor del Contrato de Interventoría (Exp. digital, doc. 34 (83), p. 223) y a la certificación de
cumplimiento elaborada por el Interventor —aunque esta última no fue firmada— (Exp. digital, doc. 34
(83), p. 236), el avance físico registrado al término del Contrato de Interventoría fue del 54,54 %. De lo
anterior se colige que, durante el período de prórroga, la obra presentó un avance adicional del 30,9 %.
27
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
aportes a seguridad social94. Además, en los informes mensuales de interventoría se
anexaron los soportes de pagos de seguridad social y parafiscales tanto de los
trabajadores del Interventor como de los del Constructor95. Estos documentos
acreditan que el Interventor vinculó al personal necesario y efectuó el pago de sus
salarios y prestaciones durante toda la vigencia del Contrato de Interventoría, tanto en
el plazo inicial como en la prórroga.
96. En los informes mensuales presentados por el Interventor se consignó la
asignación diaria de cada uno de los empleados a las labores de seguimiento del
Contrato de Obra96. Esta información es congruente con las actas de asistencia a los
comités de obra, en los que participó el personal asignado, y con los informes
semanales de interventoría, que detallan la ejecución efectiva de las actividades97. En
este contexto, está probado que el Interventor no solo mantuvo los vínculos laborales
e incurrió en los gastos de salarios y prestaciones sociales del personal al que se
comprometió, sino que, además, el recurso humano comprometido se destinó
efectivamente a cumplir las labores de seguimiento técnico, administrativo, financiero,
jurídico y ambiental del Contrato de Obra.
97. El dictamen pericial aportado por el demandante estableció que, solo por el
período correspondiente a la prórroga pactada en la adición No. 1 —cuyo valor no fue
pagado por el FDL Usme—, los costos directos del Interventor por concepto de salarios
y prestaciones sociales ascendieron a $252’899.659 (sin incluir otros costos directos
de equipos, ni los gastos generales o costos indirectos)98. La Sala encuentra fiable
esta conclusión, toda vez que la calidad de sus fundamentos no genera duda alguna:
corresponde a los soportes externos y a los comprobantes contables relativos a este
rubro99.
98. El cálculo se presentó claramente discriminado y detallado, desglosando el costo
correspondiente por cada empleado. Finalmente, los documentos anexos acreditan las
calificaciones profesionales y académicas del perito Sandra Yaneth Guarnizo Ortiz,
administradora de empresas certificada como perito avaluadora de empresas y experta
en cálculos financieros, contables y actuariales, quien ya había elaborado pericias
sobre la misma materia100. A lo anterior se suma que el FDL Usme no aportó un
dictamen para la contradicción de la pericia ni pidió que la perito compareciera a
94
Exp. digital, docs. 3 (pp. 1-68), 4 (pp. 1-122), 5 (pp. 1-14), 7 (pp. 1-68), 8 (pp. 1-122), 9 (pp. 1-14), 11
(pp. 1-94), 14 (pp. 174-197), 15 (1-195), 16 (pp. 1-201), 17 (pp. 1-223) y 18 (pp. 1-189).
95
Esta información obra en cada uno de los informes parciales de interventoría, contenidos en el
expediente digital en la ubicación referenciada en los párrafos 81 y 82.
96
Esta información obra en cada uno de los informes parciales de interventoría, contenidos en el
expediente digital en la ubicación referenciada en los párrafos 81 y 82.
97
Esta información obra en cada uno de los informes parciales de interventoría, contenidos en el
expediente digital en la ubicación referenciada en los párrafos 81 y 82.
98
Exp. digital, doc. 13, pp. 14-58. Según el dictamen, el valor ascendió a $257.253.663. No obstante, la
Sala no estima pertinente tomar en consideración el rubro de intereses moratorios por pago “fuera de
fecha” equivalente a $4.354.004). Lo anterior, dado que —como se explica posteriormente— no hay
lugar a sancionar por intereses moratorios al FDL Usme, ya que durante la ejecución del Contrato de
Interventoría no se cumplieron los presupuestos para hacer exigibles los desembolsos en favor del
Interventor, así que la exigibilidad de dichos montos se trasladó a la liquidación del Contrato de
Interventoría.
99
Exp. digital, docs. 3 (pp. 1-68), 4 (pp. 1-122), 5 (pp. 1-14), 7 (pp. 1-68), 8 (pp. 1-122), 9 (pp. 1-14), 11
(pp. 1-94), 12 (pp.1-32), 14 (pp. 174-197), 15 (1-195), 16 (pp. 1-201) y 17 (pp. 1-223).
100
Exp. digital, doc. 13, pp. 14-58.
28
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
audiencia para controvertir sus conclusiones, como tampoco puso en duda el
contenido del dictamen en sus alegatos101.
99. En conclusión, el Interventor cumplió sus obligaciones durante toda la vigencia del
Contrato de interventoría, incluida la prórroga pactada en el adicional No. 1, lo cual le
implicó incurrir en los costos necesarios para garantizar el seguimiento integral del
Contrato de Obra.
100. A partir de esta conclusión, y de las anteriores sobre la estipulación de un precio
fijo y el derecho del Interventor a exigir su pago íntegro por el cumplimiento de sus
obligaciones, la Sala procede a pronunciarse sobre la liquidación, en particular sobre
los saldos pendientes de pago, incluido el importe de la factura No. 21, respecto de la
cual el FDL Usme manifestó inconformidad en su recurso de apelación.
La liquidación judicial del contrato
101. De acuerdo con las conclusiones a las que arribó la Sala, el Interventor tiene
derecho a percibir el ciento por ciento (100 %) del valor pactado para la interventoría,
incluida la suma establecida en la adición No. 1, monto que asciende en total a
$1.204’602.000. Bajo este entendimiento, la Sala no encuentra atendible el reparo
formulado en la apelación por el FDL Usme, según el cual no había lugar al pago de
la factura No. 21, porque a través de este documento se efectuó el cobro del saldo
pendiente del precio inicial del Contrato de Interventoría.
102.A lo anterior cabe agregar que el FDL Usme reconoció tanto la existencia de esta
deuda como la suma pendiente de pago. En el informe final de supervisión, luego de
constatarse la ejecución del Contrato de Interventoría, el supervisor señaló que
quedaba un "valor a liberar al contratista" de $45’134.924, monto que coincide con el
valor de la factura No. 21102, Además, en el expediente reposa una comunicación del
16 de julio de 2018, en la cual la entidad solicitó ajustar el valor de la factura original
(No. 20), por considerar que la suma a pagar al Interventor ascendía precisamente a
$45’134.924:
“Con relación al Asunto de la referencia me permito informarle que, una vez revisado la
parte financiera del Contrato de Interventoría No 186 de 2015, por parte de la Supervisión
del Contrato se evidenció que la Factura N° 20 la cual está por un valor de $84'900.000,
debe ser corregido según lo estipula la "CLÁUSULA SÉPTIMA - FORMA DE PAGO: (…),
dicho valor debe ser por un valor de $ 45'134.924 (Cuarenta y cinco millones ciento treinta
y cuatro mil novecientos veinticuatro pesos) el cual fue presentado por la Supervisión del
FDLU a los Representantes del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA USME y el cual fue
101
Conforme al artículo 220 del CPACA, los dictámenes periciales aportados por las partes debían ser
debatidos en audiencia de pruebas, para lo cual era necesaria la convocatoria de los peritos. Sin
embargo, esta regla fue modificada por el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021, que estableció que la
contradicción de dictámenes aportados por las partes se rige por las reglas previstas en el Código
General del Proceso (CGP). De acuerdo con el artículo 228 del CGP, la parte contra quien se aduce un
dictamen puede solicitar la comparecencia del perito, aportar un dictamen de contradicción o realizar
ambas actuaciones, y el juez puede ordenar la citación del perito si lo estima necesario. En virtud del
artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, estas reglas se aplican a los procesos iniciados bajo la Ley 1437 de
2011 en los cuales no se hubieran decretado pruebas antes de su entrada en vigor, el 25 de enero de
2021. Como en el presente caso la audiencia inicial en la que se decretaron las pruebas se celebró el
31 de agosto de 2021, resulta aplicable el régimen previsto en el artículo 228 del CGP, sin que fuera
obligatoria la citación del perito a audiencia.
102
Exp. digital, doc. 34 (83), p. 223.
29
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
aceptado, para lo anterior se debe realizar una Nota Crédito a la Factura N° 20 y corregir el
monto a ser cancelado por parte del FDLU” 103.
103. En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la decisión del Tribunal que ordenó el
pago de la factura No. 21 como parte de los saldos a favor del Interventor en la
liquidación. En cuanto a los intereses moratorios, la sentencia de primera instancia
negó su reconocimiento al considerar que el Interventor no acreditó haber radicado,
durante la ejecución del Contrato de Interventoría, los documentos adicionales
exigidos contractualmente para exigir el desembolso del monto facturado. Así,
concluyó que la falta de pago no configuraba un incumplimiento atribuible a la entidad.
Contra esta decisión el Interventor no formuló reparo en su recurso de apelación; por
ende, no hay lugar a modificarla.
104.La Sala procederá a calcular el saldo a favor del Interventor ciñéndose al contenido
y alcances de la liquidación practicada por el Tribunal, que no fue objeto de reparo:
Liquidación contrato de interventoría No. 186-FDLU-2015
Precio pactado $1.204’602.000
Valor ejecutado $1.204’602.000
Valor pagado $643’147.126104
Saldo insoluto a favor del Interventor $561’454.874
105. El valor pendiente de pago ($561’454.874) se actualizará desde el 25 de diciembre
de 2017, fecha en la que expiró el plazo para la liquidación unilateral 105: Valor
actualizado = [Valor histórico * (IPC final abril 2025 / IPC diciembre de 2017)]. Esta
operación arroja un valor actualizado de $866’976.232, que se explica así:
$866’976.232 (Valor actualizado) = [$561’454.874* (149,66: IPC final / 96,92: IPC
inicial)].
106.Sobre la anterior suma no resulta procedente ordenar el pago de intereses de mora
conforme a lo solicitado por el demandante (pretensión 1.1.). Esta clase de intereses
se deben desde que el deudor de una obligación dineraria se constituye en mora
(Código Civil, art. 1617), fenómeno que presupone la exigibilidad del débito,
independientemente de si se requiere, o no, reconvención judicial. En este caso, la
obligación de pagar los saldos insolutos del precio pactado por los servicios de la
Interventoría no era exigible antes de la liquidación del contrato, pues su cumplimiento
sólo podía reclamarse a partir de dicha liquidación, momento en el cual surgía el deber
103
Exp. digital, doc. 34 (83), p. 258.
104
Este valor se extrae del informe final del supervisor del Contrato de Interventoría (Exp. 34 (83), p.
223) y coincide con el control de facturación del Interventor a la finalización del plazo contractual (Exp.
digital, doc. 6, p. 1).
105
La cláusula décima novena del Contrato de Interventoría estableció que las partes lo liquidarían de
común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación y que, si el contratista no se
presentaba o las partes no llegaban a acuerdo, sería liquidado unilateralmente por la entidad dentro de
los dos meses siguientes (Exp. digital, doc. 02, p. 44). El negocio jurídico tenía un plazo de 12 meses
calendario (Exp. digital, doc. 02, p. 43) contados a partir del acta de inicio, que se suscribió el 24 de
septiembre de 2015 (Exp. digital, doc. 02, p. 86). El 23 de septiembre de 2016, las partes prorrogaron
el plazo 9 meses contados a partir del 24 de septiembre 2016 (Exp. digital, doc. 02, p. 55), así que el
Contrato de Interventoría finalizó el 23 de junio de 2017. A partir del día siguiente, 24 de junio de 2017,
corrieron los 4 meses para que las partes lo liquidaran de común acuerdo—lo que no sucedió— término
que venció el 24 de octubre de 2017. El día posterior, 25 de octubre de 2017, empezaron a correr los 2
meses para la liquidación unilateral por parte del FDL, plazo que culminó el 25 de diciembre de 2017
sin que la entidad lo haya liquidado.
30
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
de satisfacer la prestación sin dilación. Por lo tanto, no es viable ordenar el pago de
esta sanción pecuniaria asociada al retardo culpable del deudor.
Costas
107.De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del CGP. Según el numeral 1º del artículo 365
del CGP, se debe condenar en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación. En este caso, el recurso de apelación se resolvió
desfavorablemente al demandado, porque no se accedió a su solicitud de revocar la
decisión de ordenar el pago de la factura No. 21. En contraste, el recurso de apelación
del demandante se resolvió de manera favorable, en el sentido de que, a raíz de la
alzada, se modificará parcialmente la sentencia apelada y se le reconocerá la totalidad
del precio del Contrato de Interventoría. En consecuencia, procede la condena en
costas a cargo del FDL Usme por esta instancia.
108.El artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 estableció que
en los procesos declarativos las tarifas de agencias en derecho para la segunda
instancia serán entre 1 y 6 SMMLV. Para su fijación, se deben tener en cuenta la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada, así como la cuantía del
proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad; además, las tarifas por porcentaje se deben aplicar inversamente al valor de
las pretensiones. El apoderado del Consorcio Infraestructura Usme no realizó ninguna
gestión con posterioridad a la presentación del recurso. Por tanto, respecto de las
agencias en derecho para la segunda instancia, se reconocerá el monto mínimo por
las cargas de vigilancia del proceso: un (1) SMMLV a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, según lo previsto en el artículo 366 del CGP.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por lo cual su parte
resolutiva será la siguiente:
“PRIMERO: Liquidar judicialmente el Contrato de Interventoría No. 186-FDLU de 2015,
celebrado entre el Consorcio Infraestructura Usme y el Fondo de Desarrollo Local de Usme,
y establecer que este último deberá pagar al Consorcio Infraestructura Usme la suma de
ochocientos sesenta y seis millones novecientos setenta y seis mil doscientos treinta y dos
pesos ($866’976.232), correspondiente al saldo no pagado y actualizado del valor total del
contrato.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.
31
Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)
Actor: Consorcio Infraestructura Usme
Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme
Referencia: Controversias contractuales
TERCERO: Sin condena en costas, conforme decantó en el anterior considerando.
CUARTO: Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos de proceso, y devuélvanse
los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados
dichos remanentes, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial.
QUINTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección ARCHÍVESE el
expediente dejando las constancias del caso”.
SEGUNDO: Condenar al Fondo de Desarrollo Local Usme a pagar en favor del
Consorcio Infraestructura Usme un monto de un (1) SMMLV a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia, por concepto de costas de la segunda instancia. Las costas se
liquidarán de manera concentrada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
según lo previsto en el artículo 366 del CGP.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
32
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.