Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02282-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02282-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02282-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
28 de mayo de 2026
Demandante: Salud Total EPS-S S.A
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02282-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02282-00
Demandante: SALUD TOTAL EPS-S S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Salud Total EPS-S S.A., por medio de apoderado, presentó acción
de tutela1 en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C y del Juzgado 607 Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Bogotá2, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, «a la violación a las garantías procesales como la seguridad
jurídica, [a] la igualdad ante la ley y la equidad» y a la prevalencia del interés
general.
Según la parte actora, las referidas autoridades judiciales vulneraron tales
garantías constitucionales con las providencias 20 de junio de 20253, 8 de agosto4
1 Samai, índices 1, 4 y 10. La tutela fue presentada el 19 de marzo de 2026. Mediante auto del 13
de abril de esta vigencia fue inadmitida y el 29 de abril se admitió.
2 Según el tutelante, homologado por el Juzgado 807 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial
de Bogotá.
3 Rechaza el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por caducidad.
4 No repone el auto del 20 de junio de 2025.
1
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Demandante: Salud Total EPS-S S.A
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y 8 de octubre5, que establecieron (i) la no aplicación de las reglas de transición
dispuestas por la Corte Constitucional6, sino del término de caducidad previsto en
el numeral 2-d del artículo 164 del CPACA y (ii) la presentación extemporánea de
la demanda, lo que condujo a su rechazo. Todo en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-34-005-2024-
00279-00/01, promovido en contra de la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)7.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:
PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que fueron
conculcados por EL JUZGADO 607 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE
BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
C- ORAL – BOGOTÁ dentro del proceso 11001333400520240027901 como
consecuencia de haber proferido las siguientes decisiones AUTO DEL 20 DE JUNIO
DE 2025, AUTO DEL 08 DE AGOSTO DE 2025 y AUTO DEL 08 DE OCTUBRE DE
2025, por medio de la cual se resuelve la apelación que vulneraron los derechos al
debido proceso, derecho a la salud, acceso a la administración de justicia de Salud
Total EPS S - S.A.
SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL JUZGADO 607
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
• SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C- ORAL – BOGOTÁ ultima decisión
notificada el mes de octubre del mismo año, bajo radicado
11001333400520240027901 y se ordene la emisión de una nueva decisión que
respete las garantías fundamentales invocadas en la presente acción de tutela.
TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro se
repitan las vulneraciones a los derechos mencionados en la presente acción de
tutela.8
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
La parte actora afirmó que, el 14 de mayo de 2024 demandó la nulidad parcial de
la comunicación UTF2014-OPE-25813 del 2 de noviembre de 2017 expedidas por
la cual el FOSYGA, negó el reconocimiento y pago de los recobros de las sumas
5 Confirma el proveído de primera instancia, esto es, el del 20 de junio de 2025.
6 El auto 1942 de 2023, fijó unas reglas (i) de aplicación inmediata, por el término de 6 meses
[desde el 6 de noviembre de 2023 hasta el 6 de mayo de 2024]; (ii) que implican la inaplicación
transitoria de las disposiciones de la Ley 1437 de 2011; y (iii) buscan brindar una respuesta a los
efectos adversos generados por el cambio jurisprudencial introducido mediante el auto 389 de
2021 [cambio de jurisdicción].
7 Entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente. Es asimilada a una Empresa Industrial y
Comercial del Estado, creada con el fin de garantizar el adecuado flujo de los recursos y los
respectivos controles.
8 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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de dinero que asumió por concepto de tecnologías en salud no cubiertas en el
Plan de Beneficios en Salud (en adelante NO PBS).
Indicó que la demanda correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que, mediante auto del 31 de marzo de 2025, lo remitió al
Juzgado 607 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo CSJBTA25-14 del 5 de marzo de la
misma vigencia9.
Además, afirmó que dicha autoridad judicial, mediante auto de 5 de mayo, dentro
del proceso con radicado 11001-33-34-005-2024-00279-00 inaplicó las reglas de
transición dispuestas por la Corte Constitucional en auto 1942 de 2023, dado que
la demanda se presentó por fuera de los seis meses siguientes de la publicación
del citado auto, que ocurrió entre el 5 de octubre – 5 de noviembre de 2023, lo
cual venció el 6 de mayo de 2024 y la demanda se formuló el 14 de mayo de la
misma vigencia.
Sostuvo que fue dicha corporación la que estableció que, dado que la
flexibilización suponía la inaplicación transitoria de las normas contenidas en la
Ley 1437 de 2011, dicho plazo no podía excederse más allá del señalado.
Indicó que se inadmitió la demanda y se le otorgó un plazo para que subsanara
los siguientes puntos:
1. Si bien señala que pretende la nulidad parcial de la comunicación UTF2014-
OPE-25813 del 02 de noviembre de 2017 denominada código paquete
auditado 0517, debe expresar con precisión y claridad en la misma
estructura presentada para la radicación, cuál de los 9 recobros objeto de
reclamación, están asociadas a dicha comunicación y que pretende debatir
en esta instancia. Además, deberá indicar i) Si los mismos fueron no
aprobados u objeto de aprobación total o parcial, evento en el cual debe
indicar con precisión cuales ítems del recobro quedaron pendientes y su
valor ii) la causal de glosa aplicada frente a cada ítem en cada número único
de recobro; y iii) si estas fueron objeto de subsanación u objeción,
relacionando el acto administrativo definitivo por el cual la administración
se pronunció respecto de dichos recobros en aras de establecer la
actuación administrativa y el detalle del estado actual de la solicitud de cada
recobro.
[…].
Manifestó que por auto de fecha 20 de junio de 2025, el Juzgado 607
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá dispuso rechazar la
9 «Por el cual se redistribuyen procesos de los Juzgados Administrativos de la Sección Primera de
Bogotá». ARTÍCULO 1°. Redistribución de procesos contra la ADRES. Los Juzgados 001, 002,
003, 004, 005, 006, 045 y 068 Administrativos de la Sección Primera de Bogotá, entregarán para
ser reasignados a los Juzgados 606, 607, 608 y 609 Administrativos transitorios de Bogotá, un total
de 350 procesos que versen sobre recobros de servicios de salud u otros conceptos, cuya parte
demandada sea la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud–
ADRES, según la siguiente distribución: […].
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demanda por caducidad, pues al no ser el demandante beneficiario de las reglas
de transición10, no procedía en este asunto la inaplicación transitoria de las
exigencias legales previstas en la Ley 1437 de 2011.
Advirtió que el Juzgado 607 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Bogotá negó la reposición mediante auto del 12 de junio de 2025, porque en este
caso, no le resultaba aplicables las reglas de transición y determinó que el trámite
de recobros es de carácter especial y reglado y finaliza con la comunicación de la
última glosa impuesta, sin que se pudiera contemplar la posibilidad de una
reclamación posterior para revivir los términos ya fenecidos, y mucho menos bajo
el amparo de los artículos 6 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, que establecen el agotamiento de la reclamación administrativa
como requisito previo para demandar y el reclamo del trabajador como motivo de
interrupción. Además, porque la flexibilización de los presupuestos procesales es
excepcional y no puede extenderse en el tiempo
Agregó que el 8 de octubre de esa vigencia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, confirmó la decisión de primer
grado.
1.4. Sustento de la vulneración
Reprochó un defecto sustantivo, pues las decisiones proferidas carecen de un
sustento jurídico adecuado y de una falta de análisis desde el punto de vista legal,
lo que tiene asidero al repasar los argumentos que fueron presentados en sede
de recursos y que no fueron estudiados apropiadamente por los despachos que
tuvieron en conocimiento el proceso judicial que hoy se discute en este trámite.
Hizo referencia a que se realizó una valoración inapropiada de los mandatos
contenidos en el artículo 282 del Código General del Proceso, pues lo que opera
para este caso es el término de prescripción, el cual no puede ser decretado de
oficio por el juez, por cuanto obedece a una facultad potestativa de las partes
procesales solicitar, a través de las excepciones correspondientes, su declaratoria
o renunciar a la misma, conforme a lo establecido por la misma codificación en
concordancia con el numeral tercero del artículo 175 del CPACA.
Sostuvo que la regla jurídica mencionada fue apreciada de forma incorrecta por
10 Reglas de transición: 1. Demandas en trámite ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral: i) al
momento de la expedición del Auto 389 de 22 de julio de 2021 y/o ii) al momento de expedirse el
Auto 1942 de 23 de agosto de 2023, y que, a partir del cambio de precedente: a) Fueron enviadas
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y esta adoptó una decisión de rechazo o
inadmisión; b) fueron remitidas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta máximo 6
meses después de la publicación del Auto 1942 de 23 de agosto de 20237, y aquella debe adoptar
una decisión de rechazo o inadmisión. 2. Demandas presentadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo con posterioridad a la expedición del Auto 389 de 22 de julio de
2021 y que, a partir del cambio de precedente: c) Fueron inadmitidas o rechazadas por incumplir
los requisitos de procedibilidad, según el medio de control elegido por el accionante; d) estaban en
trámite para el momento de expedición del Auto 1942 de 23 de agosto de 2023 y están en etapa
de estudio de admisibilidad. 3. Demandas por presentar: e) radicadas hasta máximo 6 meses
después de la publicación del Auto 1942 de 23 de agosto de 2023 por parte del Consejo Superior
de la Judicatura.
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las autoridades sujeto de reproche debido a que para éstas solo tiene aplicación
en materia civil, desconociendo que, en los procesos de carácter laboral, la
excepción de prescripción debe ser alegada por la parte interesada en el proceso,
no de forma oficiosa.
Indicó que el estudio realizado sobre los artículos 48811, 48912 y 151 del Código
Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social no fue acertado, pues de manera
integral estas normas indican que el término de la prescripción se interrumpe con
la reclamación administrativa. Además, sostuvo que tampoco se consideraron los
artículos 613 y 15114 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad
Social para computar los plazos y la interrupción que opera en la legislación
laboral.
Precisó que la comunicación UTF2014-OPE-25813 del 2 de noviembre de 2017,
acto administrativo demandado, se notificó el 3 de noviembre de 2017, y en
principio la demanda ante la jurisdicción laboral debió presentarse antes del 4 de
noviembre de 2020. También, señaló que, con la suspensión de términos por
pandemia, el plazo se extendió hasta el 19 de febrero de 2021. Además, advirtió
que la demanda fue radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativa el
14 de mayo de 2024, por ende, no se le aplicaron las reglas de transición del auto
1942 de la Corte Constitucional.
Añadió que tampoco se tuvieron en cuenta los acuerdos dictados por el Consejo
Superior de la Judicatura respecto de la suspensión de términos judiciales
producto de la emergencia sanitaria COVID-19 y el Decreto 564 del 15 de abril de
2020, por lo que la prescripción debía estudiarse bajo la normativa prevista para
la jurisdicción ordinaria laboral para corroborar que la EPS no se encontraba por
fuera del plazo para iniciar la acción respectiva.
Citó la providencia del 26 de septiembre de 2025, identificada con el radicado
15001-23-33-000-2020-02306-01(72.791) de la Subsección A, de la Sección
Tercera de esta corporación que se pronunció sobre la suspensión de términos
decretados por la pandemia y señaló que todos los jueces en su control de
legalidad y específicamente para contabilizar términos de caducidad o
prescripción están llamados a atender el ordenamiento constitucional y legal, y
ejecutar actuaciones en el mismo sentido que lo indicó esta decisión.
11 ARTÍCULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados
en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código
Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
12
ARTÍCULO 489. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION. El simple reclamo escrito del
trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe
la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un
lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.
13 ARTICULO 6º- Modificado por el art. 4, Ley 712 de 2001. Acciones contra entidades de derecho
público, administrativas o sociales. Las acciones contra una entidad de derecho público, una
persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social podrán iniciarse
sólo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente.
14 ARTICULO 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en
tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.
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Alegó un desconocimiento del precedente, en razón a que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C al resolver un
recurso de apelación contra el auto que rechazó una demanda dentro del proceso
bajo el radicado 11001-33-34-002-2022-00333-01, revocó una decisión de primer
grado, a partir del análisis de las reglas de transición establecidas por la Corte
Constitucional en Auto 1942 de 2023, lo cual provocó un precedente importante
acerca del modo de computar el término de prescripción como análogo de la
caducidad.
Por lo anterior, manifestó que la postura citada es contraria a la argumentación de
las autoridades judiciales que conocieron este caso, que entendieron que la
interrupción, por virtud de la reclamación administrativa, opera una vez la EPS
conoce el resultado de la auditoría (glosa de los recobros) y con la posterior
presentación de petición o manifestación escrita para su pago, lo que inicia el
conteo del término de los 3 años para invocar la acción judicial.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 13 de abril de 2026, el consejero ponente inadmitió esta acción
de tutela con el fin de que la parte actora remitiera el poder especial para acreditar
la legitimación en la causa por activa, requerimiento que fue atendido
oportunamente, por lo que mediante providencia del 29 de abril de la misma
vigencia se admitió y se notificó a los magistrados que integran la Subsección C
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al juez 607
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá.
Además, se ordenó vincular como terceros con interés al director general de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES) (entidad demandada en el proceso ordinario).
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1 Juzgado 807 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - Sección
Primera (antes Juzgado 607 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial
de Bogotá )15
Indicó que el 14 de mayo de 2024, mediante apoderada judicial, la sociedad
SALUD TOTAL EPS-S S.A., pidió declarar la nulidad parcial de la comunicación
UTF2014-OPE-25813 del 2 de noviembre de 2017, por la cual la ADRES negó el
reconocimiento y pago de los recobros que solicitó.
15 Mediante correo electrónico, del 4 de mayo de 2026, remitido a la Secretaría General de esta
corporación, informó que el expediente se encontraba en el Juzgado 5 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, despacho de origen, en virtud del acuerdo PCSJA25-12255, modificado por
PCSJA25-12278, artículo 5, parágrafo séptimo.
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Sostuvo que mediante auto de 5 de mayo de 2025, el entonces Juzgado 607
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso con
radicado 11001-33-34-005-2024-00279-00 inaplicó las reglas de transición
dispuestas por la Corte Constitucional en Auto 1942 de 2023, dado que la
demanda se presentó por fuera de los seis meses siguientes de la publicación del
Auto 1942 del 23 de agosto de 2023, que ocurrió entre el 5 de octubre – 5 de
noviembre de 2023, lo cual venció el 6 de mayo de 2024 y la demanda se formuló
el 14 de mayo de 2024.
Expresó que fue la propia Corte Constitucional la que dispuso que, dado que la
flexibilización suponía la inaplicación transitoria de las normas contenidas en la
Ley 1437 de 2011, dicho plazo no podía excederse más allá del señalado, por lo
que se inadmitió la demanda y se otorgó un plazo al demandante para que
subsanara los siguientes puntos:
[…]
1. Si bien señala que pretende la nulidad parcial de la comunicación UTF2014-
OPE-25813 del 02 de noviembre de 2017 denominada código paquete
auditado 0517, debe expresar con precisión y claridad en la misma estructura
presentada para la radicación, cuál de los 9 recobros objeto de reclamación,
están asociadas a dicha comunicación y que pretende debatir en esta instancia.
Además, deberá indicar i) Si los mismos fueron no aprobados u objeto de
aprobación total o parcial, evento en el cual debe indicar con precisión cuales
ítems del recobro quedaron pendientes y su valor ii) la causal de glosa aplicada
frente a cada ítem en cada número único de recobro; y iii) si estas fueron objeto
de subsanación u objeción, relacionando el acto administrativo definitivo por el
cual la administración se pronunció respecto de dichos recobros en aras de
establecer la actuación administrativa y el detalle del estado actual de la solicitud
de cada recobro.
2. Si bien el artículo 166.2 del CPACA establece que la parte interesada deberá
allegar los documentos que pretenda hacer valer como pruebas en la
controversia y el demandante advirtió que aportó como prueba el archivo
denominado BASE (BD cuentas) (BD recobros), lo cierto es que, consultado el
expediente, el referido archivo no está anexado. Lo mismo ocurre con el enlace
denominado “PruebasyAnexos 229E2020” al cual no se pudo tener acceso. En
ese orden es necesario que, al aportar dicha base se relacionen los recobros,
ítems, valores glosados, causal de glosa y demás información relevante que
corresponde a la comunicación UTF2014-OPE-25813 del 02 de noviembre
de 2017 denominada código paquete auditado 0517.
[…]
3. Por último, deberá aportar constancia de agotamiento de requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial de que trata el art. 161 de la ley 1437
de 2011 (…).
Precisó que vencido el término concedido la parte actora subsanó parcialmente lo
requerido, pues sostuvo que la comunicación demandada fue la que resolvió las
objeciones que formuló y aportó los enlaces de acceso a la información. No
obstante, el demandante se refirió a la inseguridad jurídica que ha generado el
cambio de jurisdicción en estos asuntos y advirtió que formuló la demanda bajo el
amparo de los 6 meses siguientes a la publicación del auto 1942 de 2023 dictado
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por la Corte Constitucional, por lo que consideró que no le era exigible el requisito
de procedibilidad ni se debía realizar el estudio de caducidad del medio de control
conforme al término de 4 meses previsto en el CAPCA.
Puntualizó que, mediante auto de 20 de junio de 2025, el Juzgado 607
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda por
caducidad, porque al no ser el demandante beneficiario de las reglas de transición,
no procedía, en este asunto la inaplicación transitoria de las exigencias legales
previstas en la Ley 1437 de 2011.
Argumentó que la normativa y la jurisprudencia del Consejo de Estado han
señalado que el término de caducidad en estos casos inicia su contabilización a
partir de la comunicación de la última glosa, sin que el trámite especial reglado
contemple la posibilidad de una reclamación posterior, con la que se puedan revivir
términos fenecidos y mucho menos bajo el amparo de los artículo 6, 151 y 489 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y del Código Sustantivo del
Trabajo, pues el primero se refiere, al agotamiento de la reclamación
administrativa como requisito previo para demandar y los otros hacen referencia,
de manera expresa, a que el simple reclamo del trabajador interrumpe el termino
prescriptivo de 3 años, sobre un derecho o prestación.
Sobre la aplicación de las reglas de transición precisó que la Corte Constitucional,
en el auto 389 de 22 de julio de 2021 varió su postura y determinó que los asuntos
relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en
el POS (hoy, PBS) corresponden al juez contencioso administrativo, en virtud de
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por
cuanto a través de estos se cuestionó por parte de una EPS un acto administrativo
proferido por la ADRES.
Señaló que mediante auto 1942 de 23 de agosto de 2023, la Corte Constitucional
se pronunció frente a las dificultades derivadas del cambio de jurisprudencia y
adoptó las siguientes reglas de transición:
Casos en los que serán aplicables las reglas de transición
1. Demandas en trámite ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral (i) al momento de
la expedición del Auto 389 de 22 de julio de 2021 y/o (ii) al momento de
expedirse el Auto 1942 de 23 de agosto de 2023, y que, a partir del cambio de
precedente:
a. Fueron enviadas a la jurisdicción de b. Fueron remitidas a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, y esta lo contencioso administrativo hasta
adoptó una decisión de rechazo o máximo seis meses después de la
inadmisión. publicación del Auto 1942 de 23 de
agosto de 2023, y aquella debe
adoptar una decisión de rechazo o
inadmisión.
2. Demandas presentadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
con posterioridad a la expedición del Auto 389 de 22 de julio de 2021 y que, a
partir del cambio de precedente.
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Demandante: Salud Total EPS-S S.A
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02282-00
c. Fueron inadmitidas o rechazadas d. Estaban en trámite para el momento
por incumplir los requisitos de de expedición del Auto 1942 de 23 de
procedibilidad, según el medio de agosto de 2023 y están en etapa de
control elegido por el accionante. estudio de admisibilidad.
3. Demandas por presentar, e) radicadas hasta máximo seis meses después de
la publicación del Auto 1942 de 23 de agosto de 2023 por parte del Consejo
Superior de la Judicatura.
Puso de presente que dicha corporación adoptó unas medidas excepcionales y
temporales que flexibilizaron los aspectos procedimentales de los procesos
adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, así:
i) las autoridades judiciales no deben exigir que se adelante el trámite de
objeción ante la ADRES para que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sea admitido;
ii) la conciliación en materia laboral no puede ser impuesta como requisito previo
al proceso judicial, aunque puede llevarse a cabo de forma voluntaria, por
tanto, los sujetos cobijados por las reglas de transición no debían agotar dicho
requisito;
iii) se debe contabilizar en cada caso el término de la prescripción que debió tener
en cuenta el juez laboral y de la seguridad social al momento de admitir la
demanda el cual se encuentra establecido en el artículo 488 del C.S.T. Solo
para efectos de la presente regla de transición, la prescripción pueda usarse
para efectos de valorar la diligencia de la parte al momento de presentar su
reclamación judicial.
Precisó que en este caso: i) la aplicación de las reglas de transición dispuestas
por la Corte, implican la inaplicación transitoria de las disposiciones de la Ley 1437
de 2011; ii) el termino de 6 meses previsto por ese cuerpo colegiado se considera
adecuado y prudencial para la adaptación a las nuevas regulaciones; iii) el juez se
encuentra habilitado para evitar que resulten beneficiados con las reglas de
transición las entidades que no cumplan con los requisitos de procedibilidad.
Aclaró que, mediante el auto 1942 de 23 de agosto de 2023, dicha corporación fijó
unas reglas de transición para estos casos y concedió un término de 6 meses para
estos procesos que comenzarían a contarse desde la publicación que realizara el
Consejo Superior de la Judicatura, es decir, que el término sería hasta el 6 de
mayo de 2024.
En esa línea, señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsecciones B y C han decidido varios asuntos relacionados con este
tema, por lo que citó las providencias del 4 de septiembre de 2025 y 4 de marzo
de 2026, respectivamente identificadas con radicados 11001-33-34-005-2024-
00268-01 y 11001-33-33-608-2025-00098-01.
En relación al término para presentar la demanda en estos casos, advirtió que el
término de caducidad por disposición legal inicia su contabilización a partir de la
comunicación de la última glosa impuesta en los procesos ordinarios de
radicación. A su vez, solo para efectos de las reglas de transición y según lo
dispuesto por la propia Corte, el término de prescripción previsto en el artículo 488
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Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02282-00
del Código Sustantivo del Trabajo (3 años) debe usarse para evaluar la diligencia
de la parte actora para formular la demanda judicial, sin que esto implique en
manera alguna la equivalencia entre la figura jurídica de la prescripción y la
caducidad.
Manifestó que como lo estimó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, en el auto del 28 de agosto de 2025, radicado
11001-33-33-609-2025-00063-01, en estos asuntos no tiene cabida la aplicación
de la figura de la interrupción de la prescripción prevista en el artículo 489 del CST
ni lo dispuesto en el 282 del CGP.
Aclaró que el tribunal reconoce que, si bien en virtud de las reglas de flexibilización
el plazo para valorar la diligencia de la parte actora para acudir a efectuar su
reclamo judicial es de 3 años y no de 4 meses, la figura de la prescripción extintiva
es propia de la jurisdicción ordinaria laboral y no puede confundirse con la
caducidad que además si puede ser declarada de oficio por el juez contencioso y
no admite ni interrupciones ni renuncias, por lo que la contabilización del término
debe iniciarse a partir de la comunicación de la glosa impuesta que constituye el
acto administrativo sobre el cual se realizará el respectivo control de legalidad.
Por lo anterior, citó la decisión del 25 de septiembre de 2024, con radicado 25000-
23-36-000-2022-00222-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C.
Además, dedujo que la flexibilización de términos se limita a lo dispuesto por el
Auto 1942 de 2023 de la Corte Constitucional, que no incluye la aplicación del
artículo 489 del CST, para lo cual mostró que en esa línea se encontraba la
Sección Primera, Subsección C del tribunal, según el auto de unificación de 24 de
septiembre de 2025 con radicado 11001-33-33-607-2025-00061-01.
Reiteró que el término de caducidad para estos asuntos se evalúa conforme a las
reglas dispuestas por el alto tribunal en los autos 389 de 2021 y 1942 de 2023,
con el fin de establecer la diligencia de la parte actora para formular la demanda
judicial, que para el caso concreto, está enmarcada respecto de lo dispuesto en el
artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, tres años desde la fecha
de comunicación de la última glosa impuesta en el proceso ordinario de radicación,
sin que ello implique en manera alguna la equivalencia entre la figura jurídica de
la prescripción y la caducidad.
Concluyó que el término se agota, mediante el procedimiento administrativo del
recobro y no por el ejercicio de la reclamación administrativa, prevista en el
ordenamiento laboral para acceder ante la jurisdicción ordinaria, mediante
elevación de escrito petitorio.
1.6.3. Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud – ADRES
Solicitó declarar improcedente la presente acción por falta de relevancia
constitucional, pues (i) la discusión propuesta es esencialmente legal y procesal;
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Sección Primera, Subsección C y otro
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(ii) se dirige a cuestionar la valoración e interpretación realizada por los jueces
naturales; (iii) no se evidencia una afectación iusfundamental autónoma y
trascendente.
Sostuvo que el núcleo de la inconformidad radicaba en la interpretación y
aplicación de normas procesales propias del medio de control contencioso
administrativo, particularmente frente a los requisitos de procedibilidad y admisión
de la demanda.
Advirtió que no se evidenciaba una discusión de naturaleza estrictamente
constitucional, sino una discrepancia frente a las determinaciones adoptadas por
los jueces naturales en ejercicio de sus competencias legales y funcionales.
Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la
entidad no ha vulnerado derecho alguno.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera -
Subsección «C»
Subrayó que en la providencia se analizó la aplicación de la regla de transición del
literal e) establecida por la Corte Constitucional en el Auto 1942 de 2023, relativa
a los procesos que «se inicien hasta seis meses después de la publicación por
parte del Consejo Superior de la Judicatura que se dispondrá en la parte
resolutiva».
Consideró que el término de seis meses debía contarse al finalizar el mes de
publicación del Auto 1942 de 2023, publicación que hizo el Consejo Superior de la
Judicatura el 5 de octubre de 2023. En consecuencia, concluyó que dicho término
transcurrió entre el 6 de noviembre de 2023 y el 6 de mayo de 2024.
Aseguró que, con fundamento en lo anterior, se estableció que el asunto no
encajaba en el universo de casos a los que se aplica la regla de transición, debido
a que la demanda fue presentada el 14 de mayo de 2024. Además, precisó que
dichas reglas tienen carácter excepcional, en tanto constituyen una respuesta
transitoria frente a los efectos adversos derivados del cambio jurisprudencial
introducido, mediante el Auto 389 de 2021 y, por lo tanto, no admiten
interpretaciones extensivas. También indicó que tuvo en cuenta la suspensión de
términos por pandemia.
Precisó que la demanda debía presentarse ante el juez laboral hasta el 19 de
febrero de 2021, pero no se hizo así, por lo tanto, se trataba de un nuevo litigio
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y por fuera del término de los 6
meses de los que trata la regla de transición.
Resaltó que se descartó la interrupción de la prescripción derivada de la
reclamación presentada por la EPS el 30 de octubre de 2020, porque no se trataba
de una reclamación laboral del empleado a su empleador, sino del procedimiento
especial de recobros, tramite reglado que consagra expresamente que el hito
temporal inicial del cómputo es la comunicación de glosas. Sobre este punto,
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Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02282-00
subrayó que en la parte considerativa de la sentencia se citó el precedente
aplicable de la respectiva sección.
Solicitó declarar improcedente la tutela, pues el accionante busca debatir en esta
instancia aspectos procesales y jurídicos definidos por el juez natural.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión Previa
En el informe rendido por la ADRES, esta entidad solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva, porque no ha vulnerado derecho alguno.
No obstante, esta petición será denegada por cuanto su vinculación obedeció al
posible interés que le asiste en las resultas del presente caso.
Esto, debido a que integró la parte demandada en el proceso dentro del cual se
profirió la providencia a la cual la accionante le atribuye el presunto quebranto de
sus derechos fundamentales, así que su comparecencia resultaba necesaria para
garantizar su derecho de defensa y contradicción por cuanto podría verse afectada
con la decisión que se adopte en este asunto.
De otra parte, de la revisión del escrito de tutela, se advierte que la solicitud va
dirigida contra el Juzgado 607 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, con ocasión de los autos que, en primera y segunda instancia,
respectivamente, rechazaron la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por el accionante.
Al respecto, se precisa que el análisis se centrará únicamente respecto de la
providencia emitida por el referido tribunal, por tratarse de la decisión que puso fin
a la controversia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C vulneró los derechos fundamentales a la salud, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, «a la
violación a las garantías procesales como la seguridad jurídica, a la igualdad ante
la ley y la equidad» y a la prevalencia del interés general, con la providencia del 8
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de octubre16 de 2025, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación
propuesto por la parte demandante contra del auto de 20 de junio de 2025
proferido por el Juzgado 607 administrativo transitorio de Bogotá, que rechazó la
demanda.
Todo en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-34-005-2024-00279-00/01, promovido en contra de
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES).
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad,
se abordará, ii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración17
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
201218, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta
16 Confirma el proveído de primera instancia, esto es, el del 20 de junio de 2025.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,
expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
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competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, pues no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.
En el presente caso, la parte actora le atribuye la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la salud, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, «a la violación a las garantías procesales
como la seguridad jurídica, [a] la igualdad ante la ley y la equidad» y a la
prevalencia del interés general, con la providencia del 8 de octubre19 de 2025, por
medio de la cual se resolvió el recurso de apelación propuesto por la parte
demandante contra del auto de 20 de junio de 2025 proferido por el Juzgado 607
administrativo transitorio de Bogotá, que rechazó la demanda.
Lo anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-34-005-2024-00279-00/01, promovido en contra
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES).
Ahora bien, del análisis de lo pretendido con la acción de tutela, resulta claro que
el reparo consiste, en síntesis, en el desacuerdo por parte de Salud Total EPS-S
S.A., frente al rechazo de la demanda del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por no aplicarse las reglas de transición establecidas
por la Corte Constitucional en el auto 1942 de 23 de agosto de 2023, por lo que el
juez no debió aplicar el término de cuatro meses correspondientes a esta acción
contemplada en el CPACA, sino el de la prescripción extintiva consagrada en el
artículo 488 del Código Sustantivo del trabajo en consonancia con el Código
19 Confirma el proveído de primera instancia, esto es, el del 20 de junio de 2025.
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General del Proceso que establece que la prescripción no se declara de oficio sino
a petición de parte.
Según la parte actora, el derecho de recobro de la EPS tiene la garantía procesal
instituida en el Código Sustantivo del Trabajo y el término de 3 años del artículo
488 debe interpretarse en concordancia con el artículo 489 que consagra la
interrupción de la prescripción con la reclamación administrativa, por lo que con la
presentación de la reclamación de 30 de octubre de 2020 se interrumpió el termino
y la demanda fue oportuna. Así, para Salud Total EPS-S S.A., se confundió el
trámite especial de recobro previsto en el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015 que
establece los términos y reglas para los recobros.
Frente a esta censura se advierte que Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, mediante el auto 463 del 8 de octubre de 2025
confirmó la providencia del 20 de junio de 2025, proferida por el entonces Juzgado
607 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó la
demanda, con base en la tesis de la subsección que indicó en los siguientes
términos: «En el presente caso de recobros por servicios de salud no incluidos en
el POS/PBS, NO resultan aplicables las reglas de transición establecidas por la
Corte Constitucional en el auto 1942 del 23 de agosto de 2023, por tratarse de una
demanda “nueva”, que se radicó más de 6 meses después de la publicación del
Auto 1942/2023. La demanda no cumple con el presupuesto procesal de la
caducidad de la demanda con medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, que en este caso es de 4 meses».
Adicionalmente, la providencia enjuiciada, hizo referencia a la sentencia T-760 de
2008, dictada por la Corte Constitucional y señaló que en esta decisión se habían
impartido órdenes especificas al Ministerio de Salud y Protección Social, para que
adoptara las medidas necesarias orientadas a la aprobación de los servicios de
salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), así como las
relacionadas con el derecho a su recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía,
FOSYGA.
Como consecuencia de lo anterior, en la providencia controvertida, el tribunal
explicó el trámite de recobros, para lo cual, puso de presente las resoluciones por
las que el Ministerio unificó su procedimiento y estableció las etapas. Además, en
la providencia advirtió que la Corte Constitucional, también reconoció que el
cambio jurisprudencial generó traumatismos para los usuarios de la administración
de justicia, por lo que, mencionó las reglas de aplicación del auto 1942 de 2023 y
explicó la postura de esa subsección respecto de las pautas de transición que
había dispuesto en la providencia de 28 de agosto de 2024, con radicado 11001-
3341-045-2022-00347- 01, en el que el demandante igualmente fue una empresa
promotora de salud (EPS Sanitas S.A.) y el demandado la ADRES.
Las reglas expuestas las explicó de la siguiente manera:
Según la regla de transición, el término que debió tener en cuenta el juez
laboral y de la seguridad social al momento de estudiar la admisión de la
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demanda, es el establecido en el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo:
“Artículo 488. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en
este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o
en el presente estatuto”.
En consonancia, se observa que el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, antes
de la modificación de la Ley 2294 de 202320, establecía:
a) El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con
cargo a los recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga será de tres (3) años
a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología
en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse
presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago
y se extingue la obligación para el Fosyga.
b) El término para la caducidad de la acción legal que corresponda, se contará
a partir de la fecha de la última comunicación de glosa impuesta en los
procesos ordinarios de radicación, por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS) o quien este designe.
c) En el caso de los recobros y reclamaciones que hayan sido glosados por el
Fosyga y sobre los cuales no haya operado el término de caducidad de la acción
legal que corresponda, solo se exigirá para su reconocimiento y pago los requisitos
esenciales que demuestren la existencia de la respectiva obligación, los cuales
serán determinados por el MSPS. Para tales efectos, las entidades recobrantes
deberán autorizar el giro directo del valor total que se llegue a aprobar a favor de
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habilitadas. El pago de las
solicitudes aprobadas estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de recursos
para cada vigencia, sin que haya lugar al reconocimiento de intereses moratorios
por las solicitudes que se presenten bajo este mecanismo.
Los procesos de reconocimiento y giro de los recursos del aseguramiento de
Seguridad Social en Salud quedarán en firme transcurridos dos (2) años después
de su realización. Cumplido dicho plazo, no procederá reclamación alguna.
(Negrillas fuera del texto original).
La Sala precisa que sólo para efectos de la aplicación de la regla de transición la
prescripción de que trata el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo se usa
para valorar la diligencia de la parte al momento de presentar la demanda.
Asimismo, esta subsección del tribunal indicó en la providencia cuestionada que a
partir del auto del 24 de septiembre de 2025, identificado con radicado 11001-33-
33-607-2025-00061-01, el criterio unificado es que «el término de prescripción no
se interrumpe con una reclamación posterior a la finalización del procedimiento
administrativo especial de recobros, debido a que, en primer lugar, las normas de
ese procedimiento administrativo especial consagran que el hito temporal inicial
es la comunicación de glosas; y en segundo lugar, porque este juicio no se refiere
a una reclamación del trabajador».
20 Literal modificado por el artículo 152 de la Ley 2294 de 2023, «por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida».
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Salud Total EPS-S S.A
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02282-00
Por lo anterior, la sala encuentra que el caso objeto de estudio no es relevante
desde el punto de vista constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
cuestionar el término de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho según el CPACA, aspecto que fue abordado y
zanjado por el juez natural. Además, porque esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, para
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Del análisis realizado se observa que la parte actora simplemente manifiesta su
inconformidad con las conclusiones y lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y lo que pretende es reabrir un
debate que se encuentra superado pues no existe una argumentación tendiente a
demostrar la grave violación de sus derechos fundamentales y solo plantea un
desacuerdo con la interpretación del término de caducidad para los procesos por
recobros judiciales. Lo anterior, con el fin de que el juez de tutela reevalúe la
postura finalmente adoptada por la autoridad judicial accionada, circunstancia que
es improcedente.
Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados
por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto
por la cosa juzgada.
Como se observa, la intención del accionante es imponer una postura que resulte
favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela e impide
al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Ahora bien, en lo referente al desconocimiento del precedente, a juicio de la parte
actora, la Sección Primera, Subsección C omitió aplicar su propio precedente
fijado al resolver una apelación en la que se revocó una demanda de primer grado,
bajo el radicado 11001-33-34-002-2022-00333-01, a partir del análisis de las
reglas de transacción establecidas por la Corte Constitucional en auto 1942 de
2023.
Nótese que, para respaldar la configuración del desconocimiento del precedente,
la parte tutelante citó solo la decisión referenciada anteriormente, pero no formuló
planteamientos que permitan deducir con claridad cómo la corporación enjuiciada
vulneró sus derechos fundamentales y desvirtuar las consideraciones que
respaldaron la decisión y afirmó que «la postura citada es contraria a la
argumentación de las autoridades judiciales que conocieron este caso, que
entendieron que la interrupción, por virtud de la reclamación administrativa, opera
una vez la EPS conoce el resultado de la auditoría (glosa de los recobros) y con
la posterior presentación de petición o manifestación escrita para su pago, lo que
inicia el conteo del término de los 3 años para invocar la acción judicial».
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02282-00
Por lo anterior, como se observa, la intención del accionante es imponer una
postura que resulte favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la
acción de tutela e impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de
fondo sobre el particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el debate de
instancia, la acción de tutela será declarada improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud – ADRES.
SEGUNDO: Declarar la improcedencia la acción de tutela presentada por la
sociedad Salud Total EPS-S S.A.
TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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