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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05240-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05240-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Salud Total EPS-S S.A., por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05240-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05240-00
Demandante: SALUD TOTAL E.P.S.-S S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional1

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo2

La empresa Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del
Régimen Subsidiado, en lo sucesivo Salud Total EPS-S S.A., por intermedio de
apoderado judicial3, promovió acción de tutela contra el Juzgado 607 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, hoy Juzgado 807 Administrativo Transitorio de
Bogotá, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
salud, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad
jurídica y a la igualdad.

1 Sobre este tema se pueden consultar las sentencias del 28 de mayo de 2026. Exp. 11001-03-15-

000-2026-02282-00 y 4 de junio de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2026-02966-00, MP. Omar Joaquín
Barreto Suárez.
2 Índice 02 de Samai. Tutela radicada el 26 de junio de 2026.
3 La abogada Elizabeth Obando Charry, según mandato conferido por el señor Sergio Andrés Rico

Gil, quien, conforme el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, ostenta el cargo de quinto suplente del representante legal. El poder cuenta
con nota de presentación personal ante notario.

1
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Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05240-00

En criterio de la sociedad demandante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales se materializó con ocasión de los autos del 14 de noviembre de
2025, 11 de febrero y 26 de marzo de 2026, dictados al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-33-607-2025-00066-00/01
mediante las cuales se rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de
caducidad, se decidió el recurso de reposición contra dicha decisión, y se resolvió
la apelación contra la primera providencia, respectivamente.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en
consecuencia:

PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que fueron
conculcados por EL JUZGADO 607 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE
BOGOTÁ, homologado por el JUZGADO 807 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE
BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN ,
dentro del proceso 11001333360720250006601 como consecuencia de haber
proferido las siguientes decisiones Auto del 14 de noviembre de 2025, Auto del 11 de
febrero de 2026 y Auto del 26 de marzo de 2026.que vulneraron los derechos al
debido proceso, Derecho a la salud, acceso a la administración de justicia de Salud
Total EPS S - S.A.

SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL JUZGADO 607
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ, homologado por el JUZGADO 807
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C bajo radicado 11001333360720250006601 y
se ordene la emisión de una nueva decisión que respete las garantías fundamentales
invocadas en la presente acción de tutela.

TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro para
evitar que en el futuro se repitan las vulneraciones a los derechos mencionados en la
presente acción de tutela4.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Salud Total EPS-S S.A., presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Administradora de Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo sucesivo ADRES, en la
que solicitó se anularan los siguientes oficios: i) UTF2014-OPE-21868 del 08 de
mayo de 2017, ii) UTF2014-OPE-22536 del 01 de junio de 2017, iii) UTF2014-OPE-
23615 del 10 de julio de 2017 y iv) UTF2014-OPE-24771 del 28 de agosto de 2017.

4 Transcripción original del texto con posibles errores.

2
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Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05240-00

A través de los citados actos administrativos, la ADRES, con ocasión del proceso
de auditoría, realizó las glosas correspondientes a las cuentas de recobro
presentadas por la EPS por concepto de tecnologías en salud no cubiertas por el
plan obligatorio de salud.

El Juzgado 607 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, hoy Juzgado 807
Administrativo Transitorio de Bogotá, a quien correspondió el conocimiento del
presente asunto5, por auto del 14 de noviembre de 2025 dispuso el rechazo de la
demanda por cuanto había operado el fenómeno de caducidad. Al respecto, precisó
lo siguiente:

Dicho lo anterior, la contabilización del plazo de caducidad para los recobros 3028427,
8428627, 3029699, 7991691, 3028557 y 3031386 debe iniciar su contabilización a
partir de la comunicación del resultado definitivo de auditoría que corresponde a la
comunicación UTF2014-OPE-24771 del 28 de agosto de 2017, notificada el 31 de
agosto de 2017, por ser este el acto que contiene la comunicación de glosa impuesta
dentro del proceso ordinario de radicación conforme lo indica la norma especial, en
ese orden el término para presentar la demanda finiquito el día 01 de septiembre del
2020.

Contra la anterior decisión, en la oportunidad procesal correspondiente, la
demandante presentó escritos de reposición y apelación, siendo el último resuelto
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, el
26 de marzo de 2026 y en el que confirmó la decisión de primera instancia. Para
arribar a tal conclusión, explicó:

En resumen, el punto de partida para contabilizar la diligencia para interponer la
demanda a la luz de las reglas de transición es la fecha de comunicación del último
resultado de auditoría, respecto del cual se encuentra acreditado que:

• La comunicación UTF2014-OPE-24771 acto administrativo demandado, se notificó
el 31 de agosto de 2017, por lo tanto, el término de tres (3) años contemplado en el
artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo venció el 1º de septiembre de 2020.

• Si bien la parte actora presentó reclamaciones el 10 de septiembre de 2021, 21 de
mayo de 2021 y 24 de marzo de 2021, y sometió el cobro al proceso administrativo
especial de recobros de Acuerdo de Punto Final, APF, estas actuaciones no tienen la
virtualidad de interrumpir la prescripción.

5 Inicialmente la demanda había sido radicada ante el Juzgado 43 Administrativo del Circuito Judicial

de Bogotá, el cual, por auto del 14 de agosto de 2023, declaró su falta de competencia y dispuso el
envío del asunto a los juzgados de la sección primera de la misma ciudad, siendo radicado ante el
Juzgado 6 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, en aplicación de los
acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, remitió el asunto a los juzgados
administrativos transitorios, asignándose el asunto al Juzgado 609 Administrativo Transitorio de
Bogotá, que, mediante proveído 8 de mayo de 2025, ordenó desacumular las pretensiones de la
demanda en razón a cada uno de los actos administrativos demandados y asignándose al Juzgado
607 Administrativo Transitorio de Bogotá conocer de la legalidad del oficio UTF2014-OPE-24771 del
28 de agosto de 2017.
3
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• La demanda fue radicada el 30 de mayo de 2023.

• La suspensión de términos judiciales por la pandemia, desde el 16 de marzo de 2020
hasta el 1º de julio de 2020, no tiene incidencia en este proceso porque el término
para demandar venció el 1 de septiembre de 2020.

La anterior decisión se notificó a la parte demandante por anotación en estado el 6
de abril de 2026.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La sociedad demandante empezó su estudio explicando que en el presente caso se
encuentran acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para lo cual precisó en qué consiste cada uno
de ellos y cómo se tiene por demostrado en el presente asunto.

A continuación, acotó que se había configurado un defecto sustantivo dado que, en
su criterio, las accionadas incurrieron en una indebida interpretación del artículo 282
del Código General del Proceso, pues no se trata de un término de caducidad, sino
que es de prescripción y, en consecuencia, no era factible su declaratoria oficiosa,
sino que era menester que dicho modo extintivo fuera alegado por el deudor.

Adicionalmente, refirió que hubo una inadecuada interpretación del auto 1942 de
2023 dictado por la Corte Constitucional6, así como también del ordenamiento
jurídico laboral, dado que, reiteró, no era procedente disponer el rechazo de la
demanda cuando se esta en presencia de una reclamación de la naturaleza
presentada ante la ADRES.

Del mismo modo, acusó las providencias de un error derivado de la confusión entre
el término de prescripción del recobro contra el ADRES, y la oportunidad procesal
para acudir al sistema judicial. Desconociendo, para tales efectos, el propio Manual
de Auditoria que para tal efecto tiene la autoridad demandada.

Finalmente, reprochó que no se hizo un debido estudio de los efectos de los
acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en torno a la
suspensión de términos procesales con ocasión de la pandemia COVID-19.

1.5. Trámite de la acción de tutela

La Magistrada Ponente de la presente decisión, por auto del 10 de julio de 20267,
admitió la acción constitucional del asunto, tuvo como autoridades judiciales

6 Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 60

Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera. Controversias sobre recobros de
prestaciones no incluidas en el plan de beneficios de salud-PBS. MP. José Fernando Reyes Cuartas.
7 Ver índice 4 de Samai.

4
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Sección Primera, Subsección C y otro
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accionadas al Juzgado 607 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, hoy
Juzgado 807 Administrativo Transitorio de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, y solicitó el expediente
correspondiente al proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-33-607-2025-00066-00/01.

1.6. Intervenciones

Surtidas las notificaciones como consta en el expediente digital de Samai, se
recibieron las siguientes:

1.6.1. Juzgado 807 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá8

En primer lugar, explicó las principales actuaciones judiciales dadas en el medio de
control en el que se dictaron las providencias judiciales objeto de amparo en el
presente asunto.

Acto seguido, rindió un informe de las razones fácticas y jurídicas que sustentaron
la decisión de rechazó de la demanda, entre las que se encuentran, entre otras, la
aplicación de los parámetros fijados por la Corte Constitucional en el auto 1942 del
23 de agosto de 2023.

Adicionalmente, precisó como es el tratamiento del fenómeno de la caducidad en
este tipo de asuntos, siguiendo el derrotero fijado por la citada Corporación, en el
que se deben contabilizar 3 años a partir de la glosa que para tal efecto formule la
ADRES, la cual, en últimas, se erige en el acto administrativo sobre el cual se va a
realizar el juicio de legalidad.

Conforme lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda por
no existir la vulneración de los derechos fundamentales alegados.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C

La Magistrada Sustanciadora del auto del 26 de marzo de 2026 y proferido en el
contencioso subjetivo materia de la presente acción de tutela, rindió informe en el
que solicitó que se declare improcedente el amparo por tratarse de un caso en el
que se busca que el juez constitucional haga las veces de una tercera instancia.

Acotó que la decisión enjuiciada se acompasó con las reglas de transición que para
tal efecto fijó la Corte Constitucional, en especial lo atinente a la oportunidad que se

8 Ver índice 15 de Samai.

5
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tendría para la promoción de la demanda aplicando para tal fin el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo.

Refirió que sobre el asunto se han promovido múltiples acciones de tutela por parte
de diversas EPS, en las que el Consejo de Estado ha establecido reiteradamente
que el asunto no goza de relevancia constitucional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

De manera preliminar, conviene precisar que el estudio que hará esta Sección
recaerá únicamente frente al auto del 26 de marzo de 2026 dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, pues dicha
providencia judicial consolidó la situación jurídica de la accionante frente al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Acotado lo anterior, en atención a los antecedentes, las pretensiones invocadas por,
el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, corresponde a
la Sala abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, vulneró los derechos fundamentales de Salud Total EPS-S S.A., al haber
confirmado la decisión de rechazo de la demanda al interior del proceso
ordinario 11001-33-33-607-2025-00066-00/01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.

6
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró su
procedencia.11

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre
el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada
uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no
se erige en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 12,
la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de
este requisito de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de
seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de
uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal13 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la

12 M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Sentencia SU-103 de 2022.

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cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”15

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”16 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”17

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal19. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso Concreto

La Sala declarará improcedente la acción de tutela instaurada por Salud Total EPS-
S S.A., contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, por cuanto, conforme se expondrá a continuación, el asunto no goza
de relevancia constitucional.

El debate que se propone en el presente caso, más allá de poner en evidencia una
eventual tensión o afectación de derechos fundamentales, refleja las
inconformidades de la parte actora respecto a la decisión enjuiciada, pues lo que se
busca que el juez constitucional acoja la interpretación que, en sentir de la sociedad
demandante, resulta más acorde con sus intereses.

15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibid.

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Una lectura del auto del 26 de marzo de 2026, proferido por la autoridad judicial
accionada, permite evidenciar que éste no se encuentra permeado de un actuar
caprichoso o arbitrario, sino que, por el contrario, cuenta con argumentos jurídicos
sólidos y contundentes, en los que se explicó desde el punto de vista legal y
jurisprudencial las razones de rechazo de la demanda.

Adicionalmente, cabe la pena mencionar que la sociedad accionante en su escrito
de amparo transcribió varios apartes de fallos dictados por la Corte Constitucional,
así como también realizó una exposición con un lenguaje constitucional, pero que
vistos con detalle no permiten establecer un verdadero hilo conductor que permita
establecer las razones por las cuales la citada providencia judicial incurrió en el
yerro endilgado.

Incluso, nótese que los argumentos que fundamentan la acción de tutela guardan
similitud con los que fueron planteados en el escrito de reposición y apelación contra
el auto del 14 de noviembre de 2025 dictado por el Juzgado 607 Administrativo de
Bogotá, mediante el cual se dispuso el rechazo de la demanda. Es decir, en otros
términos, los reparos que acá se exponen en sede constitucional, ya fueron objeto
de escrutinio tanto por el a quo como por el ad quem en los autos del 11 de febrero
y 26 de marzo de 2026, respectivamente.

Lo anterior quiere decir, en otros términos, que respecto a la demanda promovida
por Salud Total EPS-S S.A., contra la ADRES, existen actualmente tres decisiones
judiciales que han indicado jurídicamente las razones por las cuales dicho asunto
ya no puede ser ventilado ante los jueces de la República.

En ese sentido, la Sala estima que la discusión en torno a dicha providencia, es un
debate que no trasciende más allá de la aplicación e interpretación de normas de
carácter legal, sin advertirse prima facie la forma en que se vulneraron las garantías
constitucionales de la accionante.

Conforme lo expuesto, se recuerda que la administración de justicia garantiza que
los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la parte actora busca mutar la acción constitucional en una
instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso, conforme
las etapas que para tal efecto estableció el legislador.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

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Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05240-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Salud
Total EPS-S S.A., por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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