RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02284-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02284-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02284-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la empresa Salud Total EPS-S S.A. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02284-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de abril de 2026

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta [30] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02284-00
Demandante: SALUD TOTAL EPS-S S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

TEMAS: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de
procedibilidad adjetiva.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y, los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de
2024, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La empresa Salud Total EPS-S S.A., mediante apoderado judicial, presentó acción
de tutela1 con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y «a la seguridad jurídica».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
las providencias de 11 de julio de 2025, del Juzgado Seiscientos Siete
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se
rechazó el medio de control por caducidad, y de 24 de septiembre de 2025, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que
confirmó la decisión del a quo, dictadas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, identificado con el
radicado 11001-33-33-607-2025-00079-00/012.

1.2. Pretensiones

El accionante presentó las siguientes:

1 Mediante escrito radicado el 19 de marzo de 2026, a través del aplicativo web de recepción de

tutelas y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo
de Estado.
2 Para el año 2026 el expediente quedó a cargo del Juzgado Ochocientos Siete Administrativo

Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que fueron
conculcados por EL JUZGADO 607 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ
y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B- ORAL –
BOGOTÁ dentro del proceso 110013334005 2024 00268 01 como consecuencia de
haber proferido las siguientes decisiones Auto del 24 de septiembre de 2025
notificado el 30 de septiembre de 2025, Auto del 11 de julio de 2025 y Auto del 08 de
agosto de 2025, que vulneraron los derechos al debido proceso, Derecho a la salud,
acceso a la administración de justicia de Salud Total EPS S - S.A.

SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL JUZGADO 607
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN BORAL – BOGOTÁ notificada el mes de
noviembre del mismo año, bajo radicado 11001333360720250007901 y se ordene la
emisión de una nueva decisión que respete las garantías fundamentales invocadas
en la presente acción de tutela.

TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro para
evitar que en el futuro se repitan las vulneraciones a los derechos mencionados en la
presente acción de tutela3. [Mayúsculas sostenidas y negrillas originales]

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

La empresa Salud Total EPS-S S.A. ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, con el fin de controvertir la
legalidad del acto administrativo UTF2014-OPE-26644 de 29 de noviembre de
2017, que negó el reconocimiento y pago de gastos en que había incurrido por
cuenta de la cobertura efectiva de tecnologías no incorporadas en el Plan
Obligatorio de Salud-POS, y no financiadas en las unidades de pago por capitación.

Del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Seiscientos Siete
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, en
auto de 11 de julio de 2025, rechazó la demanda por caducidad. Como sustento de
la decisión, trajo a colación lo dispuesto por la Corte Constitucional en los autos 389
de 22 de julio de 2021, 1942 de 23 de agosto de 2023, así como por lo señalado por
las Subsecciones B de la Sección Tercera y C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sobre la aplicación de las normas procesales en
estos asuntos.

En ese orden, advirtió que en el caso en estudio el acto administrativo acusado fue
notificado el 28 de diciembre de 2017, con lo cual, en concordancia con lo señalado
en la referida jurisprudencia y lo consagrado en el literal b) del artículo 73 de la Ley
1753 de 20154, el término para presentar la demanda vencía el 29 de diciembre de
2020, lo cual no había sucedido, pues solo se radicó hasta el 24 de abril de 2024,
esto era, por fuera de la oportunidad de los 3 años.

Contra la anterior decisión, el extremo activo del litigio interpuso recurso de
apelación, del cual conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

3 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
4 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”».

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

Primera, Subsección C, corporación que, en providencia de 24 de septiembre de
2025, confirmó la decisión impugnada, para lo cual, después de referirse a la figura
de la caducidad, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contencioso
administrativa, así como también a la oportunidad procesal para su declaratoria y lo
dispuesto por la Corte Constitucional en el auto 1942 de 2023, advirtió que en el
presente caso a la entidad demandante no la cobijaba la caducidad de 4 meses ni
de 2 años, prevista en la Ley 1437 de 2011, sino la de 3 años consagrada en los
artículos 488 del CST, 151 del CPTSS y el entonces vigente 73 de la Ley 1753 de
2015, modificado por el artículo 152 de la Ley 2294 de 2023.

En ese orden, concluyó que, a partir de la notificación del acto administrativo
demandado, acaecida el 28 de diciembre de 2017, transcurrieron más de 5 años
hasta la fecha de radicación de la demanda, esto era, el 24 de abril de 2024, luego,
se interpuso por fuera del término perentorio y preclusivo con que contaba para ello.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora, después de referirse al cumplimiento en su caso de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, manifestó que en
las decisiones censuradas se incurrió en el defecto sustantivo, con lo cual se habían
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así como
a la seguridad jurídica.

En ese orden, señaló, en primer lugar, que hubo una «valoración inapropiada» de
los dispuesto en los artículos 282 del Código General del Proceso y 175 de la Ley
1437 de 2011, en relación con lo dicho por la Corte Constitucional en el Auto 1942
de 23 de agosto de 2023, comoquiera que, en su sentir, la prescripción no puede
ser declarada de oficio, en tanto es una facultad potestativa de las partes del
proceso la solicitud de la misma.

Asimismo, indicó que se apreció de forma incorrecta la mentada normatividad, al
afirmarse que ésta es solo aplicable en materia civil, por lo que se desconoció que,
en procesos de carácter laboral, la excepción de prescripción debe ser alegada,
luego, en su parecer, al hacerse la homologación de la caducidad por la
prescripción, se omitió la prohibición de la declaratoria oficiosa.

En segundo término, manifestó que, si bien en los autos enjuiciados se hizo alusión
a la aplicación de las normas de carácter laboral [artículos 488 y 489 del Código
Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social y, 6° y 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social], el estudio que se hizo de estas fue desacertado,
pues no se tuvieron en cuenta para computar los plazos y la interrupción que opera
en dicha legislación.

Aseveró que, en su caso el término de la caducidad no era «duro y puro», pues le
correspondía al juez analizarlo con sustento en lo dispuesto por la Corte
Constitucional, las normas de los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social y las del Estado de Emergencia generada por el Covid-19, que,
en su parecer, ampliaron los términos para el recobro judicial. En este punto, trajo
a colación un pronunciamiento de la misma autoridad judicial que al resolver el
recurso de alzada, en un caso parecido, revocó la decisión de rechazo, al advertir

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

que no era exigible la conciliación judicial ni aplicable el término de 4 meses de la
caducidad.

De otra parte, adujo la falta de aplicación de lo dispuesto por el Consejo Superior
de la Judicatura, respecto de la suspensión de los términos con ocasión de la
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, transcurrido entre el 16 de marzo
y el 1° de julio de 2020, luego, alegó que debió hacerse un estudio amplio de la
prescripción, con observancia de dichas particularidades, con lo cual se podía
concluir que se había acudido en tiempo en ejercicio de la acción judicial respectiva.

Sobre este tema trajo a colación la providencia de 26 de septiembre de 2025 de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
[15001233300020200230601], para afirmar que, discrepaba de lo señalado por el
tribunal censurado, según el cual, no se había hecho alusión a la referida
suspensión en el recurso de apelación, pues, los jueces en su función de control de
legalidad debían atender el ordenamiento constitucional y legal, tal como lo había
hecho la mentada Sala de Decisión de esta corporación.

A continuación, manifestó que, hubo una imprecisión del tribunal al apoyar su
conclusión en lo dispuesto en el literal b del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015 5,
pues se debió por parte del «juzgador de primera instancia» ejercer los respectivos
controles para establecer si la comunicación demandada correspondía a la última
emitida en el proceso de auditoría de resultados practicada, como lo habían hecho
otros operadores judiciales en aplicación del artículo 163 de la Ley 1437 de 2011.
Para este efecto citó el auto de 8 de mayo de 2025, del Juzgado Seiscientos Ocho
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
[11001333400120230035600].

Finalmente, hizo referencia a los diversos pronunciamientos judiciales que han
establecido la competencia para conocer del tema objeto de su asunto en diversas
autoridades, de donde advirtió que, si bien la Corte Constitucional señaló que ésta
recaía en la jurisdicción contenciosa administrativa, en la actualidad la jurisdicción
laboral también las estudia.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 24 de marzo de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C y al Juzgado Seiscientos Siete Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Bogotá, en calidad de accionados, y les otorgó el término de dos [2] días
para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Ochocientos Siete Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá al igual que a las demás partes, personas,
terceros y/o entidades que hayan participado en el proceso ordinario, para que, si
lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción, dentro de la misma
oportunidad concedida a la parte demandada.

5 b) El término para la caducidad de la acción legal que corresponda, se contará a partir de la fecha

de la última comunicación de glosa impuesta en los procesos ordinarios de radicación, por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) o quien este designe.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, solicitó
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictaron las providencias censuradas. Finalmente, reconoció a
la abogada Elizabeth Obando Charry como apoderada de la accionante.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C

El magistrado ponente de la decisión cuestionada de segundo grado deprecó la
negativa del amparo o, en su defecto, la declaratoria de improcedencia, en tanto lo
pretendido por la parte accionante era reabrir un asunto ya resuelto por el juez
competente y convertir el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

1.6.2. Juzgado Ochocientos Siete Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Bogotá

La titular de dicha célula judicial, después de referirse a los autos enjuiciados, así
como a la contabilización del término de caducidad en este tipo de procesos, solicitó
que se nieguen las pretensiones de la tutela.

1.6.3. Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud -ADRES-

La referida entidad, en su informe advirtió que no se cumplía con los requisitos de
relevancia constitucional, en tanto las providencias censuradas fueron proferidas
conforme a derecho, inmediatez por haber transcurrido cerca de 6 meses entre la
expedición de los autos y la interposición de la solicitud de protección superior y por
cuanto no se buscaba la corrección de un vicio procesal, en consecuencia, requirió
que se declare improcedente la tutela.

De otra parte, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no había
vulnerado ningún derecho fundamental de la parte accionante, pues, no era la
accionada ni había dictado las decisiones judiciales cuestionadas, por lo que no
existía fundamento legal para su vinculación en el presente trámite.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la empresa Salud Total EPS-S S.A., de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024, de la Sala Plena de esta corporación.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

2.2. Cuestiones previas

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud -ADRES-, solicitó que se declare en su caso la falta de legitimación en la
causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvincule del presente trámite, lo cual
será negado, comoquiera que la comparecencia de dicha entidad es en calidad de
tercero, dado el interés que le asiste en las resultas del proceso, en atención a que
fue la pare demandada en el contencioso.

De otra parte, en el presente asunto la parte actora le endilga la trasgresión de sus
garantías superiores tanto a la decisión de primera como de segunda instancia, no
obstante, el análisis que desarrollará esta magistratura se ceñirá a la dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, al ser la
que puso fin a la controversia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la salvaguarda de los derechos
fundamentales de la empresa tutelante, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la providencia de 24 de septiembre de 2025, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C que confirmó el auto de 11 de
julio de 2025, del Juzgado Seiscientos Siete Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Bogotá, mediante el cual se rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: [i] el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; [ii] los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional
y, de encontrarse superado, junto con los demás; [iii] el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine no se cumple el presupuesto
de la referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. [Énfasis de la Sala]

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
202210 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto
de una posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria.

Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
las prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 11.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
la empresa tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades
alegadas no contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las
razones del porqué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede y, en
segundo término, el asunto en discusión en este escenario es de mera legalidad,
luego, lo pretendido es utilizar la acción de tutela como una instancia adicional.

En efecto, si bien la parte actora planteó la configuración del defecto sustantivo, lo
cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo
establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-
215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como objetivo refutar
la conclusión de la autoridad judicial accionada, más allá de exponer como se
materializó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, no conlleva que el asunto puesto
en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la
competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir con la mencionada exigencia, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte

11 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

el reparo a la decisión del 24 de septiembre de 2025, a partir de la configuración del
yerro antes señalado, pero huérfanos de una línea conceptual de índole
constitucional que permita al funcionario judicial desarrollar, interpretar o aplicar la
Carta Política respecto al caso concreto.

Asimismo, deviene de manera indiscutible, el hecho notorio correspondiente a que
la controversia propuesta por la parte accionante se circunscribe a un debate de
interpretación meramente legal, al haberse cimentado en que el operador judicial
del proceso ordinario aplicó de forma equivocada las normas que gobernaban su
caso y lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 1942 de 23 de agosto de
2023, pues, en su sentir, si bien se hizo alusión a las normas de carácter laboral, no
se tuvieron en cuenta para efectos de la contabilización de la caducidad, además
que se ignoró que la prescripción no puede ser declarada de oficio, pues constituye
una facultad potestativa de las partes del proceso la solicitud de su configuración.
De igual forma, porque no se consideró la dispuesto por el Consejo Superior de la
Judicatura, respecto a la suspensión de términos por efectos del Estado de
Emergencia provocado por el Covid-19.

Sin embargo, al respecto el tribunal censurado, de forma clara le precisó a la parte
demandante sobre las disposiciones aplicables para efectos de la contabilización
del término de caducidad del medio de control, así:

No obstante, el estado de la cuestión se definió por la Corte Constitucional mediante
el Auto 1942 del 23 de agosto de 2023, a través del cual estableció reglas de
transición, “40. Visto el anterior panorama, en especial las dificultades que ha
generado el cambio de jurisprudencia del Auto 389 de 2021 para aquellos
demandantes que hayan optado o llegaren a optar por los medios de control de
nulidad y restablecimiento del derecho o de reparación directa y que no logren cumplir
los presupuestos procesales atinentes al agotamiento de recursos administrativos
(nulidad y restablecimiento) y la conciliación extrajudicial, así como formular la
demanda dentro del término de caducidad (cuatro meses o dos años), la Sala Plena
estima no solo necesario, sino también prudente, adoptar una decisión con efectos
temporales que facilite la transición frente al cambio jurisprudencial suscitado en
relación con la jurisdicción competente para conocer los recobros judiciales al Estado
por prestaciones de servicios de salud no incluidos en el plan obligatorio de salud
(Auto 389 de 2021). 41. Lo anterior, con la finalidad de evitar la imposición de una
carga excesivamente gravosa a la parte demandante en este tipo de procesos,
especialmente en lo que respecta a sus derechos al debido proceso, de acción y de
acceso a la jurisdicción, así como a las garantías de confianza legítima, seguridad
jurídica y la prevalencia del derecho sustancial como fin principal de la administración
de justicia; mandatos superiores que, según lo expuesto en los párrafos 10 a 12 de la
presente providencia, pueden resultar menoscabados con la eventual inadmisión o
rechazo de la demanda derivados del incumplimiento de los presupuestos de
procedencia y del término de caducidad o, con la expedición de decisiones
inhibitorias”.

3.4. De conformidad con lo que se expuso y se demostró en los acápites precedentes,
se establece que el presente caso se enmarca dentro del escenario 57.e del Auto
1942 de 2023 -Se inició hasta seis (6) meses después de la publicación por parte del
Consejo Superior de la Judicatura- efectuada a través de la Circular PCSJC23-31 de
20 de noviembre de 2023, por lo cual le es aplicable a su vez, las reglas 97-99
trascritas sobre el término de caducidad del CPACA.

[…]

De ahí que si bien no cubre a la Eps demandante la caducidad de cuatro meses ni la
de dos años que contempla el CPACA, sí la cobijaba y obligaba el lapso de tres años
fijado en los artículos 488, CST, 151, CPTSS y el entonces vigente artículo 73 de la

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

Ley 1753 de 2015 (Este último fue modificado por el artículo 152 de la Ley 2294 de
2023, que después la redujo a 18 meses).

Y así, se establece que a partir del oficio demandado UTF 2014-OPE-26644 notificado
el 28 de diciembre de 2017, transcurrieron más de cinco (5) años -Superó con creces
los tres años legales-, ya que la demanda se radicó en la jurisdicción contencioso
administrativa, el 24 de abril de 2024. Por lo tanto, no prospera el recurso de apelación
que se radicó.

[…]

De igual forma, frente al argumento consistente en que debe tenerse en cuenta para
el cómputo del término de caducidad, la suspensión de los términos judiciales dada
por el Consejo Superior de la Judicatura por motivos de salubridad pública y fuerza
mayor con ocasión a la pandemia COVID-19, se establece que a través del Acuerdo
PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura
suspendió los términos judiciales, por motivos de salubridad pública, decisión que se
mantuvo mediante los Acuerdos PCSJA20-11518, PCSJA-11519, PCSJA-11521,
PCSJA20-11526, PCSJA-11527, PCSJA-11528, PCSJA11529, PCSJA-11532,
PCSJA-11546, PCSJA-11549, PCSJA-11556 y PCSJA-11567. Posteriormente, a
través del Acuerdo PCSJA-11581 del 27 de mayo de 2020, se dispuso la reanudación
de términos judiciales, a partir del 1 de julio de 2020.

En el presente caso, el oficio demandado UTF 2014-OPE-26644 del 29 de noviembre
de 2017, fue notificado el 28 de diciembre de 2017, por lo que la presentación de la
demanda debía hacerse el 11 de enero de 2021, primer día hábil siguiente a la
vacancia judicial.

Sin embargo, entre el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020 se suspendieron los términos
de caducidad para efectos de presentar las demandas judiciales, por virtud de los
Acuerdos previamente indicados. Es decir, la suspensión fue por tres meses y medio.

Por lo que la parte demandante con la suspensión, contaba hasta el 26 de abril de
2021 (11 de enero de 2021 más 3.5 meses) para la radicación de la demanda; no
obstante, fue solo el 24 de abril de 2024 cuando la presentó ante los Juzgados
Administrativos de Bogotá.

Así pues, se observa que la empresa tutelante busca, en esta instancia, que el juez
constitucional desplace al operador judicial ordinario, para obtener la interpretación
y aplicación de las normas que gobiernan la situación, en la forma que considera
«correcta». Es decir, en otras palabras, pretende a través de la presente acción
obtener una decisión favorable.

Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al fallador de este escenario inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
administradores de justicia de la causa contenciosa; por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos de connotación constitucional
esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se
analizaran solo los pronunciamientos de dicho extremo procesal frente a la
interpretación o aplicación de las normas, sin el adecuado contraste de un indebido
e irracional estudio por parte de la autoridad judicial atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, se convertiría el mecanismo constitucional en una instancia
adicional.

En efecto, lo que se vislumbra es una inconformidad o discrepancia de la parte
accionante con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, para lo cual busca, por medio de
este mecanismo de amparo, que el asunto sea nuevamente estudiado, sin además
realizar el respectivo ejercicio hermenéutico de carácter constitucional y la
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salud Total EPS-S S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02284-00

demostración, prima facie, de una actuación injusta o caprichosa de dicha autoridad
judicial.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la
empresa Salud Total EPS-S S.A.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.