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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03365-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1.080 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03365-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

  2. ¿La acción de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional frente a la sentencia del 25 de noviembre de 2021 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado?

Reglas

  1. Cuando el asunto se limita a aspectos legales o económicos, sin que se advierta tensión evidente con una garantía fundamental, la tutela contra providencias judiciales carece de relevancia constitucional.

    «limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la»
  2. El actor debe justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta con aducir esa vulneración.

    «fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos»
  3. La acción de tutela contra providencias judiciales no puede erigirse en una instancia procesal adicional, porque solo protege derechos fundamentales y no discute el desacuerdo con la decisión.

    «mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para»
  4. Si no se cumple uno de los requisitos generales de procedencia, la tutela contra providencia judicial se declara improcedente sin analizar el fondo del asunto.

    «presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice»
  5. La acción de tutela no puede ser considerada una tercera instancia para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias propias del juez natural.

    «interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural»

Decisión

Confirma el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela contra la sentencia del 25 de noviembre de 2021, por no superar el requisito de relevancia constitucional. Ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de agosto de 2022 dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo formulada por el señor Darío José Montero Guerrero. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03365-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

29 de septiembre de 2022

Demandante: Darío José Montero Guerrero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03365-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01
Demandante: DARÍO JOSÉ MONTERO GUERRERO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÒN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO – SALA ORAL “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial – ausencia de relevancia
constitucional – confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por el señor Darío José Montero
Guerrero contra la sentencia proferida en primera instancia el 12 de agosto de
2022 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. En esta
providencia se declaró improcedente la presente acción de tutela por no superar
el requisito general de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Darío José Montero Guerrero, actuando por conducto de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado y la Sala Oral “A” del Tribunal
Administrativo del Atlántico. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana1.

2. La anterior transgresión constitucional se la adjudica a las sentencias
dictadas en primera y segunda instancia el 6 de noviembre de 2018 y el 25 de
noviembre de 2021, por las autoridades judiciales accionadas, dentro del
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 08001-23-
33-000-2016-00176-00/12. En las citadas decisiones se negaron las

1 El escrito de tutela se radicó por correo electrónico enviado el 21 de junio de 2022 a la
dirección web apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2 Promovido por el señor Montero Guerrero contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional.

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
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pretensiones propuestas por el actor.

1.2. Pretensiones

3. El accionante solicitó lo siguiente:

Con fundamento en los hechos antes relacionados, solicito a los Honorables
consejeros disponer y ordenar a la parte accionada CONSEJO DE ESTADO -
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B y del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO – SALA
ORAL A, y en favor de DARIO JOSE MONTERO GUERRERO, lo siguiente:

3.1.- Tutelar a mi poderdante DARIO JOSE MONTERO GUERRERO, sus
derechos constitucionales fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido
proceso, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de
justicia.

3.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, sírvase señor Juez
ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B y del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO – SALA ORAL A, para que en el menor
tiempo posible se sirva dictar nueva sentencia en la que sean evaluadas y
respetadas los derechos y garantías procesales y judiciales del señor DARIO
JOSE MONTERO GUERRERO, que le fueron violados al actor.

3.3.- Las demás que los Honorables consejeros estimen pertinentes y
necesarias, a fin de lograr la debida tutela de los derechos constitucionales
fundamentales violados por los accionados. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El 2 de octubre de 2014 se abrió indagación preliminar disciplinaria
contra Darío José Montero Guerrero, quien se desempeñaba como patrullero de
la Policía Nacional. Lo anterior con fundamento en que incurrió en las faltas de:
ausentarse del lugar de prestación del servicio sin permiso o causa justificada,
por presentarse reiteradamente tarde y por dejar de asistir sin una justa causa.

6. El 8 de mayo de 2015 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Policía Nacional profirió el fallo de primera instancia, en el que sancionó al
señor Montero Guerrero con destitución del cargo e inhabilidad general por 11
años. El 8 de abril de 2016 se confirmó la decisión y, por ende, fue retirado del
servicio mediante la Resolución N.º 02222 el 6 de mayo de 2016.

7. Inconforme con lo decidido dentro del proceso disciplinario, el señor
Montero Guerrero ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Lo anterior

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en procura de atacar la legalidad de los fallos disciplinarios de primera y
segunda instancia y la Resolución 02222 por la que fue desvinculado del
servicio. Adicionalmente, solicitó el reintegro a la institución y el pago de
salarios dejados de percibir sin solución de continuidad.

8. En sentencia de 6 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo del
Atlántico – Sala Oral “A” negó las pretensiones de la demanda. Al respecto,
expuso que al actor se le respetó su derecho de defensa porque se le notificó
del auto de apertura de la sanción, pero fue él quien decidió no solicitar un
abogado que lo representara. Adicionó que en materia disciplinaria no es
obligatoria la designación de un abogado.

9. El señor Montero Guerrero apeló el fallo del a quo y dicho recurso fue
resuelto por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 25 de noviembre de 2021. En esa oportunidad, se
confirmó lo decidido en primera instancia, con fundamento, ente otros, en que:
(i) el auto de apertura de la investigación disciplinaria le fue notificado y en este
le informaron los derechos de defensa que tenía (ii) fue informado en debida
forma de la audiencia y se le puso de presente que allí podía rendir versión
libre, pero no asistió, y, (iii) que no hubo error de notificación porque las
comunicaciones se enviaron a la dirección que él mismo suministró.

1.4. Sustento de la vulneración

10. El actor sostuvo que la sentencia reprochada adolece de defecto
sustantivo porque se le juzgó como persona ausente. Lo anterior dado que no
compareció a la audiencia del 27 de abril de 2015, y, pese a ello se llevó a cabo
la diligencia y ni siquiera se nombró un apoderado de oficio que lo representara.
Precisó que eso implica el desconocimiento los artículos 17 de la Ley 734 de
2002 y el 29 de la Constitución.

11. Manifestó que “la audiencia de suspensión y de la suspensión y nueva
fecha o reanudación” no se le notificó. Puso de presente que la entidad
accionada envió la comunicación a una dirección diferente a la que suministró
para esos efectos “y que presuntamente fue entregada a una persona que
nadie conoce”. A su juicio, esta situación conculca su derecho fundamental de
defensa.

12. Añadió que el proceso disciplinario fue adelantado con violación a los
principios de la investigación integral y el juzgamiento en materia disciplinaria
porque el operador jurídico disciplinario no cumplió el deber de examinar las
causales que exoneran de responsabilidad al investigado. Señaló que “no se
tramitaron las pruebas de oficio ordenadas y no practicadas en segunda
instancia y que eran tendientes a excluir la responsabilidad del disciplinado”.

13. Por último, aludió que no es abogado, que no conoce cómo funciona el
ordenamiento jurídico ni como se realizan los respectivos procedimientos. Por

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ello, debió ser representado por un profesional del derecho.

1.5. Trámite de primera instancia

14. En auto del 28 de julio de 2022, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó
notificar en calidad de accionados a la Sección Segunda, Subsección B de este
mismo cuerpo colegiado, a la Sala de Oralidad A del Tribunal Administrativo del
Atlántico y como tercero con interés a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

15. solicitó negar las pretensiones propuestas en el recurso de amparo, con
base en que el accionante tuvo conocimiento de todas las diligencias
disciplinarias adelantadas en su contra y pese a esto decidió no manifestar su
voluntad de nombrar un apoderado judicial para que ejerciera su
representación. Tampoco solicitó la designación por parte de la entidad de un
defensor de oficio.

16. Indicó que los cargos propuestos ante el juez constitucional fueron
puestos de presente en las dos instancias del proceso ordinario. Además,
explicó que el Inspector Delegado de la Región de Policía número 8 decretó y
practicó las pruebas testimoniales necesarias para garantizar el debido proceso
y garantías constitucionales del entonces investigado. Sin embargo, la
valoración del mencionado material probatorio no fue favorable a los intereses
del accionante y por esto resolvió confirmar la decisión proferida en primera
instancia por la Oficina de Control Interno disciplinario de la Policía Nacional
Metropolitana de Barranquilla.

17. Por último, señaló que, al pronunciarse sobre el recurso de apelación
interpuesto por el accionante, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
acertadamente, planteó la existencia de la convalidación por parte del
investigado de cada una de las actuaciones surtidas en el expediente
disciplinario. Por esto, los reproches expuestos en sede de tutela no tienen
vocación de prosperidad.

1.6.2. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y la Sala
de Oralidad A del Tribunal Administrativo del Atlántico, pese a ser
notificadas en debida forma de esta acción constitucional, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

18. En proveído del 12 de agosto de 2022, la Sección Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo

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constitucional, tras advertir que no resultaba satisfecho el requisito de la
relevancia constitucional. Explicó que no se puede usar el instrumento de tutela
como una tercera instancia, como lo pretende la parte actora.

19. Expuso que era evidente que lo que busca el demandante es que se
realice un nuevo análisis de los aspectos zanjados dentro del proceso
disciplinario. Esto, en la medida en que sigue proponiendo el mismo debate que
llevó al proceso ordinario.

20. Estableció que los cuestionamientos sobre que: (i) se le juzgó como
persona ausente, (ii) no se le designó un apoderado de oficio y con ello se le
vulneró su derecho de defensa, (iii) la presunta indebida notificación de distintas
providencias del proceso disciplinario, y, (iv) las irregularidades cometidas por la
entidad accionada son insubsanables; fueron desarrolladas y definidas
ampliamente en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.8. Impugnación

21. El señor Montero Guerrero solicitó que se revoque la decisión judicial de
primera instancia. Refirió que se ratificaba en los argumentos del escrito de
tutela. Insistió en que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana.

22. Manifestó que las irregularidades que se presentaron dentro del proceso
disciplinario dan lugar a convertirse en “vicios de forma y procedimiento del acto
administrativo demandado”. Expresó que las irregularidades citadas en el
escrito de tutela afectan la génesis del debido proceso y la defensa.

23. Señaló que no se puede establecer “un acto de convalidación de
nulidades acaecidas al interior del proceso verbal”, cuando el accionante no fue
asistido por un apoderado.

24. Iteró que no compareció a la audiencia de lectura del pliego de cargos y
que el hecho de que se le haya notificado el auto de apertura de la investigación
no tiene incidencia “porque en ese momento el juicio verbal no ha iniciado, este
empieza en la audiencia verbal disciplinaria”. Puso de presente, que, en todo
caso, no se realizó la lectura de los cargos pese a que ello es obligatorio. Indicó
que al no haber asistido se le debió nombrar un defensor de oficio.

25. Aseveró que la notificación de la citación a la audiencia se le envió a una
dirección distinta a la que aportó para tal fin y que “fue entregada a una persona
que nadie conoce”. Repitió que era deber del juez ordinario verificar las causas
de exclusión de responsabilidad del sujeto disciplinado y que “no se tramitaron
las pruebas de oficio ordenadas y no practicadas en segunda instancia y que
eran tendientes a excluir la responsabilidad del disciplinado”.

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26. Reprochó que se haya indicado que las falencias procesales fueron
subsanadas al no ser alegadas dentro del proceso disciplinario porque no se le
garantizó la defensa ni los principios mínimos del ejercicio de este derecho
fundamental. En el mismo sentido, insistió en que se le desconocieron los
principios de la investigación y juzgamiento en materia disciplinaria, como lo son
la investigación integral y la búsqueda de la verdad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
señor Darío José Montero Guerrero contra la sentencia de primera instancia
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el 12 de
agosto de 2022. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

28. Para la Sala resulta necesario explicar en este punto que, pese a que en
el escrito de tutela se objetan las sentencias del 6 de noviembre de 2018 y el 25
de mayo de 2021, dictadas en primera y segunda instancia dentro del
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-
33-000-2016-00176-00/1, el estudio que se efectúe se hará de cara a al fallo de
segunda instancia por ser el que finalizó el citado medio de control.

2.3. Legitimación en la causa

29. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

30. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de
un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados
no esté en condiciones de promover su propia defensa.

31. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se
estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto
de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de
las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

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32. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.

33. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del
amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el
fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del
demandante”.

34. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda3.

35. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
el señor Darío José Montero Guerrero formuló la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho cuya sentencia de segunda instancia se reprocha
por esta vía. Por tanto, es el titular de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la dignidad humana y de acceso a la administración de justicia que
reclama. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio del núcleo esencial de
las prerrogativas presuntamente transgredidas.

36. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Oralidad A y la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior por ser
las autoridades judiciales que dictaron las decisiones que el actor somete a
debate a través de este instrumento de amparo constitucional.

2.4. Problema jurídico

37. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente, la intervención allegada en el
trámite del proceso y el escrito de impugnación, corresponde a esta Sala decidir
si confirma, modifica o revoca el fallo del 12 de agosto de 2022 de la Sección

3 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de

2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.

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Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. Para el efecto, se resolverán los
siguientes cuestionamientos:

 ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

38. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
analizará lo siguiente:

 ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y de acceso
a la administración de justicia del señor Darío José Montero Guerrero al proferir
la sentencia del 25 de noviembre de 2021, en la que confirmó el fallo que negó
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho contra los fallos
disciplinarios y la Resolución 02222 de 2016 en la que se le retiró del servicio
de la Policía Nacional?

39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii)
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales6.

41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 7. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del

2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al

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42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.

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44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

45. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela

2.6.1. Tutela contra tutela

46. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia del 25 de
noviembre de 2021 proferida por la autoridad judicial accionada, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N.º 08001-23-
33-000-2016-00176-01.

2.6.2. Inmediatez

47. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día
siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en
segunda instancia (art. 302 CGP10). Lo anterior toda vez que se profirió el 25 de
noviembre de 2021, se notificó el 2 de febrero de 202211 y la acción
constitucional se radicó el 21 de junio de 2022.

48. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la
providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo, aun sin
establecer su fecha de ejecutoria.

49. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de
12
2014 , en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 200513. Esto, con el fin de determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial14.

10 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando

no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
11 Como se visualiza en el índice 18 del proceso ordinario en la plataforma Samai.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto

en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que

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2.6.3. Subsidiariedad

50. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial
ordinario. Al respecto, la Sala precisa que la providencia del 25 de noviembre
de 2021 resolvió el recurso de apelación que formuló la parte actora contra la
sentencia de primera instancia dictada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2016-00176-00/1.

51. Asimismo, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte
que no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en
los que sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y
causales establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el
mismo sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen
los presupuestos de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 2011, modificada
por la Ley 2080 de 2021.

2.6.4. Relevancia constitucional

2.6.4.1. Criterios establecidos en la Corte Constitucional

52. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional se
familiarizó con el término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de
200515 en la que se reitera, se señaló que la acción de tutela sólo es
procedente siempre y cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de
procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional.
Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión

sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
14 Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para

acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
15 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal

Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía
alusión a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera
instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces
ordinarios en una decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente
económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de
acción de garantías superiores.

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de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes. (Subrayado fuera de texto).

53. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple esta exigencia. Así, en reciente sentencia SU-103 de 202216, llamó la
atención sobre los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de verificar
si en un caso concreto se supera o no esta exigencia, los cuales se pasan a
mencionar:

107. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Esto, por cuanto las discusiones de orden
legal o aquellas relacionadas exclusivamente con derechos económicos deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos en el
ordenamiento jurídico para su trámite.
(…)
108. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. Sobre esto, reiteró
que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional. En esa medida, los asuntos en los que se invoca la protección de
derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y
aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia
constitucional.
(…)
109. Tercero, no debe ser una instancia adicional para reabrir debates
meramente legales. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara
en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de
carácter legal”. En ese sentido, la tutela en contra de una sentencia o laudo
arbitral exige valorar si la decisión se fundamentó en una actuación
ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las
garantías básicas al debido proceso.

110. Finalmente, y en cuarto lugar, la acción de tutela que tenga origen en
hechos adversos ocasionados por el mismo accionante, carece de relevancia
constitucional. Dicho de otro modo, toda vez que nadie puede alegar su propia
torpeza (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), no se puede pretender
el amparo de ciertos derechos, cuando su presunta vulneración haya sido una
consecuencia de un comportamiento reprochable del mismo accionante, tal y
como lo es un actuar negligente u omisivo dentro de un proceso judicial.
(Resalta la Sala).

54. Bajo esta línea argumentativa, para el Alto Tribunal Constitucional, la
acreditación de esta exigencia va más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, pues supone
16 Es preciso advertir que en aquella oportunidad revocó en sede de revisión una decisión
proferida por esta Sección que negó un amparo y en su lugar, declaró improcedente la acción
de tutela promovida por no encontrarse configurado el requisito de relevancia constitucional.

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justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel17.

55. De esta manera, en criterio de la Corte Constitucional se preserva la
competencia e independencia de las jurisdicciones diferentes a la Constitucional
e impide que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.

2.6.4.2. Criterios establecidos por el Consejo de Estado para
determinar cuándo un asunto reviste de relevancia constitucional

56. A su turno, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 19, adoptó de
manera expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la
sentencia C-590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela.

57. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que
la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.

58. Además, estableció que para que el asunto tenga relevancia
constitucional es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos:

El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena de rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso de que de la
acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será
rechazarla o declararla improcedente. (Subrayado propio del texto)20.

17 Corte Constitucional. Sentencias SU-573 de 2019, SU-103 de 2022 y T-210 de 2022.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-210 de 2022.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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59. De esta manera, la Sala Plena de esta Corporación estableció unos
parámetros generales para determinar cuándo un asunto reviste o no relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese
momento por la Corte Constitucional. Estos parámetros son los siguientes:

Finalidad de la relevancia Parámetros que se deben tener en cuenta para

Relevancia constitucional -
constitucional verificar si se cumple con los cometidos de la
relevancia constitucional

sentencia Sala Plena de
Proteger el principio constitucional de la Carga argumentativa:. El actor tiene la carga de argumentar el por
autonomía funcional de los jueces qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si
se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional

2014
Evitar que la acción de tutela se torne en un El procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
instrumento para involucrarse en asuntos que procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
corresponde a otras jurisdicciones. tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será
rechazarla o declararla improcedente.

60. Con fundamento en lo anterior, las diferentes Secciones de esta
Corporación han tenido en cuenta tales parámetros para estudiar cuándo un
asunto reviste o no de relevancia constitucional. Esto, ha llevado a que en la
mayoría de las Secciones se estime que este requisito no se cumple en los
eventos en los que se pretende utilizar el instrumento constitucional como una
tercera instancia, cuando existe falta o indebida carga argumentativa, frente a
asuntos de carácter económico y legal y cuando no hay una afectación del
núcleo esencial del derecho fundamental.

2.6.4.3. Criterios establecidos por la mayoría de la Sección Quinta

61. Ha existido una notoria tendencia de esta Sala de superar el requisito de
relevancia constitucional, al encontrar que las pretensiones de tutela comporten
el amparo de garantías de rango fundamental21.

62. Así, es recurrente en la jurisprudencia de esta Sección encontrar
superada esta exigencia, al advertir que subyacen los derechos al debido
proceso que se debe estudiar de acuerdo con los principios esenciales que
surgen del artículo 29 Constitucional y el derecho de acceso a la administración
de justicia cuyo contenido está determinado por el artículo 229 de la Carta
Política.

63. Para llegar a la anterior conclusión, la mayoría de los integrantes de la
Sección Quinta hacen un análisis sobre los siguientes aspectos: i) supuestos
fácticos expuestos en la demanda; ii) que en las pretensiones se alegue la
vulneración de derechos fundamentales; y iii) que se invoquen unos defectos
por la parte actora22.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 5

de agosto de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
22 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia del 19 de mayo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-02239-00. C.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.

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64. Sin embargo, es preciso señalar que la postura acogida por la mayoría
de la Sección Quinta de esta Corporación ha llevado a que la Corte
Constitucional en sede de revisión revoque sentencias de esta Sala de
Decisión. Esto, porque de conformidad al análisis de los criterios establecidos
desde la sentencia C-590 de 2005 se ha logrado determinar que los asuntos no
tienen relevancia constitucional23.

65. Por lo tanto, la Sala considera que es pertinente modificar la posición que
ha venido manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional,
en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se
limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de
una garantía constitucional.

66. Con esta posición, se pretende evitar que las acciones de tutela contra
providencia judicial se conviertan en una tercera instancia de los procesos
ordinarios, en especial de aquellos que son definidos en su última instancia por
el órgano de cierre en la materia.

67. Considera la Sala que, al asumir este nuevo criterio, la acción de tutela
cobraría importancia únicamente para aquellos asuntos de raigambre
constitucional, en los que se pueda advertir una tensión evidente entre una
garantía fundamental y los fallos cuestionados. Igualmente, dejaría por fuera
asuntos de mera legalidad, de contornos puramente económicos, en los cuales
es evidente que la intención de la tutela no es otra que satisfacer atribuciones
patrimoniales y no garantías constitucionales.

68. Así las cosas, de acuerdo con la línea argumentativa hasta aquí
planteada, es evidente que el estudio de la relevancia constitucional debe estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 2014, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.

23 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022. En aquella oportunidad revocó en sede de

revisión una decisión proferida por esta Sección que negó un amparo y en su lugar, declaró
improcedente la acción de tutela promovida por no encontrarse configurado el requisito de
relevancia constitucional.

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iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.

2.6.4.4. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación
de criterios en materia de relevancia constitucional

69. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta
y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre.

70. La acción constitucional inicialmente formulada reprochó las sentencias
dictadas dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho impetrado contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la
DIAN, en las que se incluyó como ingresos gravados la tarifa del IVA por los
servicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por
inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que
presentó por el año gravable 2010.

71. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la
Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no
encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad,
y negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la
Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

72. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección
Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de
tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto
a la Sección Primera, estudió los 6 requisitos fijados en basta jurisprudencia por
la Corte Constitucional. Pese a que los encontró satisfechos todos, salvo el de
la subsidiariedad frente a uno de los cargos, sobre la relevancia constitucional
determinó que “se invocaron los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados”.

73. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S.
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia
constitucional.

74. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el juez de

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tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de
seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de
uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad”.

75. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de
tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión
sea analizada a la luz de la Constitución”.

76. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal24 (Énfasis de la Sala).

77. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico25; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”26

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.

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Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”27 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”28.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto29, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal30. (Resaltado de la Sala)

78. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela
formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i)
no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente
económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida
porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.

2.7. Caso concreto

79. La Sala anticipa que confirmará el fallo del 12 de agosto de 2022 de la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no encontrar
satisfecho el requisito de la relevancia constitucional, por lo que pasa a
exponerse.

27 Sentencia SU-103 DE 2022.
28 Sentencia SU-128 de 2021.
29 Sentencia SU-573 de 2019.
30 Ibid.

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80. En primera medida, el actor precisó que este asunto revestía relevancia
constitucional y procedía el reproche de la sentencia del 25 de noviembre de
2021, por lo siguiente:

4.1.2.- Que la cuestión que se discute es de evidente relevancia constitucional,
ya que como se ha dicho es una situación de flagrante violación de los
derechos constitucionales fundamentales del actor y las garantías judiciales y
derechos instituidos en su favor al interior del proceso sancionatorio en análisis
y que es objeto de control judicial.

81. Ahora bien, al momento de fundamentar los cargos que le adjudicaba a
la sentencia cuestionada, indicó que estaba viciada, por estas razones: (i) se le
juzgó dentro del proceso disciplinario surtido al interior de la Policía Nacional
“como persona ausente”, (i) pese a no comparecer a la audiencia del 27 de abril
de 2015, no se le nombró un abogado de oficio, (iii) hubo indebida notificación
de la citación a la audiencia de lectura de cargos y la reanudación, y, (iv) se
adelantó el proceso disciplinario con violación al principio de investigación
integral y sin las “pruebas de oficio ordenadas y no practicadas”.

82. Ahora bien, para argumentar la presunta trasgresión al debido proceso y
a la defensa explicó que no se le nombró un apoderado judicial en el proceso
disciplinario. Es decir que el reproche puntual no cuestiona la providencia del 25
de noviembre de 2021, sino las actuaciones de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional.

83. Asimismo, no explicó en qué sentido se le conculcaron los derechos de
acceso a la administración de justicia ni a la dignidad humana. Esto implica que,
lo que persiguió el señor Darío José Montero Guerrero con la interposición de
esta tutela consistió en que el juez constitucional realizara nuevamente el
estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de
los derechos fundamentales sobre los que invocó la protección.

84. Es decir, que el actor no precisó de qué forma la providencia del 25 de
noviembre de 2021 transgredió sus derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia o a la dignidad
humana. A juicio de la Sala, el actor se limitó a reiterar los reparos presentados
ante las autoridades judiciales accionadas sobre el procedimiento surtido al
interior de la Policía Nacional.

85. Así, para esta Sala de Sección lo pretendido por el accionante es utilizar
este mecanismo de amparo constitucional como una tercera instancia del
proceso ordinario. Se reitera que sus reproches no cuestionan la providencia
supuestamente censurada, sino que pretenden poner en tela de juicio
nuevamente el trámite disciplinario y reiteran los argumentos que fueron
resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia del 25 de
noviembre de 2021.

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86. Se resalta que en el recurso de apelación que formuló contra la sentencia
del 6 de noviembre de 2018, expuso que quien se juzgue “como persona
ausente deberá estar representado a través de un apoderado judicial, si no lo
hiciere se designará un defensor de oficio”. También propuso que el proceso
disciplinario se llevó a cabo “con un agravante mayor, consistente en decisión
de suspensión de la audiencia y se intentó comunicar al disciplinado (…)”, pero
no se le notificó en debida forma y eso daba lugar a que se nombrara un
defensor de oficio.

87. Al analizar lo decidido por la autoridad judicial accionada en la sentencia
del 25 de noviembre de 2021, se observó que, en el auto del 2 de octubre de
2014, por medio del cual se dispuso la apertura de la investigación disciplinaria,
se ordenó en la parte resolutiva escuchar al investigado en versión libre.

88. No se encontró que después de ser notificado del auto de apertura de la
investigación, el señor Montero Guerrero hubiese solicitado la designación de
un abogado que lo representara. Asimismo, se le explicó en la sentencia
reprochada que en materia disciplinaria no es obligatorio comparecer a través
de apoderado. También se precisó que no hubo vulneración al principio de la
investigación integral porque la Policía Nacional practicó todas las pruebas que
necesitó para esclarecer la responsabilidad del investigado.

89. Se indicó que el 18 de abril de 2015 se dispuso la notificación del auto de
citación a la audiencia del 15 de abril de 2015 y en este se le formularon los
cargos. Se le hizo saber que la diligencia quedó programada para el 27 de abril
de 2015 a las 8:00 a.m. y que podría asistir solo o con un abogado para dar su
versión sobre los hechos y solicitar las pruebas que estimara pertinentes. No
obstante, a pesar de haberse citado a la audiencia no asistió y de ello se dejó
constancia en el expediente disciplinario.

90. Se anotó que la notificación de la fecha de la continuación de la
audiencia del 27 de abril fue notificada en estrados y a la dirección que él
indicó. Al respecto, precisó lo siguiente:

Deber aclararse que el demandante al momento de notificar el auto de citación a
audiencia dentro de sus datos personales anotó la dirección de su residencia la
Calle 50 A No 9-24 Sur 22, así mismo en la notificación de la apertura de la
indagación preliminar colocó la dirección de residencia Calle 50 A No 9-24 Barrio
Siete de Abril.

91. Explicó que, de conformidad con el artículo 17 del Código único
Disciplinario se designa defensor de oficio para la persona ausente, pero no fue
el caso del señor Montero Guerrero. Lo anterior porque fue notificado del auto
de apertura de la investigación, del auto de citación a la audiencia y porque fue
él quien decidió no asistir. En ese sentido, si bien es una obligación designar
apoderado de oficio para los ausentes, esto ocurre cuando la persona no tiene

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conocimiento del proceso, no cuando pese a ser comunicado decide no rendir
descargos ni asumir activamente su propia defensa.

92. De otro lado, determinó que la parte demandante actuó sin alegar la
supuesta nulidad por indebida notificación dentro del proceso disciplinario, y en
ese sentido, se debe entender que quedó saneada con su silencio.

93. Por último, explicó ampliamente que no se violó el principio de
investigación integral porque todas las pruebas practicadas y aportadas en el
proceso disciplinario apuntaron a que no hubo ninguna circunstancia que
acreditara que efectivamente tuvo calamidades domésticas. Contrario a ello, se
recaudaron testimonios que daban cuenta de que cuando no estuvo prestando
su servicio, fue encontrado departiendo con sus amigos.

94. Lo anterior deja en evidencia que el actor pretende utilizar esta acción de
tutela como una instancia adicional donde pueda volver a debatir lo expuesto en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con relación a los distintos
reparos que propuso sobre los actos proferidos dentro del proceso disciplinario.
En ese sentido, para la Sala el asunto no supera el requisito de la relevancia
constitucional.

95. Como se explicó ampliamente, a la hora de definirse una acción de tutela
contra una sentencia proferida por el órgano de cierre en la materia, se debe
estudiar el requisito de forma más rigurosa. Al respecto, se advirtió en líneas
atrás que la acción constitucional no propone ningún debate jurídico entorno a
la trasgresión de algún derecho fundamental y, en ese sentido, la acción de
tutela formulada por el actor carece de relevancia constitucional.

96. Para esta Sala es importante enfatizar que la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad. En especial cuando se pretenden cuestionar por
esta vía las decisiones de los órganos de cierre en la materia. Lo anterior en
garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y del respeto por
el precedente judicial.

2.9. Conclusión

97. Se confirmará el fallo del 12 de agosto de 2022 en el que la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la
tutela invocada por el señor Darío José Montero Guerrero. A dicha conclusión
se llega porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional.

98. Contrario a lo argüido en la impugnación, se dejó en evidencia que los
reparos formulados en sede de tutela pretenden someter nuevamente a debate
lo que analizó el juez natural de la causa.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de agosto de 2022 dictada por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la solicitud de amparo formulada por el señor Darío José
Montero Guerrero.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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